Nagen, sin embargo, fue llevado al estado Apure y entregado a miembros del Ejército de Liberación Nacional, quienes lo llevaron a un sector de Colombia, cercano a la frontera. Fue liberado el 1 de marzo de ese año, previo pago de cinco millones de dólares. Las averiguaciones de la policía judicial determinaron la participación directa en este caso de los guerrilleros José Salomón Olarte y Raúl Ramos Buitriago, así como de otros dos que no fueron plenamente identificados. Todos ellos pertenecientes al ELN. Durante su cautiverio, Nagen fue cambiado en tres oportunidades de campamento. El encargado de la negociación por parte de los subversivos fue identificado como el Comandante Alonzo. No obstante, las averiguaciones también implicaron como supuesto autor intelectual al editor de un diario de Miami, Andrés Dielingen, quien fue extraditado a Venezuela en noviembre de 2003. Resultados de las búsquedas relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia y las Águilas Negras Como punto previo, es bueno aclarar que los archivos correspondientes a las Águilas Negras fu eron sumados a los de las AUC, debido a que el primer grupo es señalado como una derivación de la organización fundada por Carlos Castaño, con apenas tres años de actividad. La supuesta participación de paramilitares de derecha fue señalada en 17 expedientes judiciales. El más antiguo data del 26 de abril de 2001, e involucra a supuestos miembros de las AUC. El último caso fue abierto el 11 de diciembre de 2008, por una denuncia contra supuestos integrantes de las Águilas Negras. 2006 fue el año en el que las autoridades procesaron la mayor cantidad de denuncias contra los paramilitares, con 8. Le sigue 2008, con 6. Entre ambos años está el 82,3% de los expedientes. Este hecho llama la atención, pues fue en 2005 cuando el gobierno colombiano presionó a los miembros de esta organización para que se desmovilizaran, en atención al acuerdo de Ralito. Simultáneamente, se llevó a cabo la captura y extradición de Diego Murillo, un indicativo de la actitud que la administración de Álvaro Uribe tomaría desde entonces hacia los militantes de las AUC. En ninguno de los expedientes abiertos fue corroborada la vinculación de los imputados o investigados con los grupos paramilitares de Colombia. El delito denunciado con mayor frecuencia fue extorsión(52,9%). Hubo además, dos casos de intimidación(11,7%) que estaban en camino de convertirse en extorsiones, e igual número de averiguaciones por drogas. El 58,8% de los expedientes vinculados a estos grupos fue iniciado en el estado Táchira. Zulia es la segunda región con mayor porcentaje de denuncias(17,6%). No obstante, fueron iniciadas pesquisas judiciales sobre supuestos delitos de paramilitares en Portuguesa y el Distrito Capital. 13