quienes, en la práctica, deciden e imponen la dinámica del penal, desplazando la autoridad administrativa. Las únicas actividades de control que las autoridades civiles aún realizan son el conteo diario de los reclusos y la salida de los traslados. Otro factor condicionante de la violencia es el tráfico de estupefacientes y de armas de fuego en los penales. Anteriormente, las muertes y lesiones ocurridas dentro de los establecimientos eran producto de riñas con armas blancas o de fuego de fabricación carcelaria, es decir los chuzos y chopos. A partir del año 83, comienzan a aparecer las armas de fuego en los penales y actualmente se utilizan granadas, armas de alto calibre e incluso armas de guerra. Estaría también entre las causas de violencia carcelaria la práctica de traslados masivos de reclusos hacia otros establecimientos, por razones disciplinarias. Estas migraciones forzosas no hacen más que extender el conflicto, pues causan problemas en el establecimiento que recibe los trasladados. La política gubernamental en materia carcelaria durante los últimos 10 años. Aciertos y desaciertos Según las Memoria y Cuenta del Ministerio del Interior y Justicia(MIJ, luego Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia- MPPIJ), entre 1999 y 2008 la política penitenciaria estuvo ceñida a los mandatos contenidos en el artículo 272 de la CRBV y tuvo como marco el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 y el Primer Plan Socialista 2007 – 2013. Obsérvese que en ninguno de estos dos planes se hace referencia alguna a lo penitenciario. De la anteriormente mencionada investigación se desprende que la política penitenciaria de los últimos 10 años, con algunas peculiaridades, no se diferencia sustancialmente de las políticas elaboradas en los 40 años anteriores, visto que todas fueron concebidas para lograr la reinserción social del recluso, siendo las estrategias para ello siempre las mismas: mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y del personal; reducción del hacinamiento penitenciario; implementación de programas educativos y laborales. En las Memoria y Cuenta, las políticas aparecen confundidas con varios planes y proyectos que empiezan en el año 1999 con el Plan Estratégico de Gestión Penitenciaria 1999 – 2000 que pretendía, a corto plazo, masificar la participación de los reclusos en actividades productivas, deportivas, culturales y educativas, fortaleciendo las debilidades detectadas en los programas de atención, proyectando obtener cooperación inter e intrainstitucional. En el año 2000, se conoce el Plan Justicia 2000 entre cuyas metas se destacaba la clasificación de reclusos, la agilización en el otorgamiento de los denominados beneficios penitenciarios y la remodelación de los establecimientos y el Plan Nacional de Seguridad, que pretendía remodelar y equipar nueve establecimientos, transferir a los gobiernos municipales la administración de las cárceles y crear el Instituto Autónomo Penitenciario. En el año 2001, se encuentra mencionada como política la privatización de los establecimientos penitenciarios, desprendiéndose de ella un detallado plan para iniciar la concesión de cárceles a empresas privadas. En aquel 5