Fundamentos del derecho ambiental colombiano 270 En el mismo sentido, no podemos dejar de lado la denominada educa­ción hacia el desarrollo sostenible, que en virtud de los desarrollos interna­cionales en materia ambiental se ha planteado como aquella cuyo objetivo es alcanzar un equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico en un con­texto cultural particular. Esto en el marco de la realidad actual del entorno, que exige nuevos patrones de conducta y de conocimientos respecto a qué es la naturaleza y cómo funciona, para así educar, más allá de los muros de las instituciones de formación, a las presentes y futuras generaciones de cara a los retos en torno a la crisis del medio natural y la necesidad de mejorar las condiciones del planeta(Filut, 2018). 1. D esarrollo normativo de la educación ambiental en C olombia Instrumentos internacionales como la Declaración de Estocolmo de 1972 in­cluyeron entre sus principios la labor indispensable de educar en materias ambientales tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, para ampliar así los fundamentos de una opinión pública bien informada y de una conduc­ta de las personas, el sector productivo y los Estados basada en el sentido de responsabilidad por la protección y el mejoramiento del entorno, para garan­tizar las condiciones en las que el ser humano pueda desarrollarse en todos los aspectos(Principio 19). Con base en estas disposiciones, de manera previa a la expedición de la Carta política de 1991, Colombia consagró en la Ley 23 de 1973 el deber del Gobierno nacional de incluir dentro de los programas educativos de nivel pri­mario, medio, técnico y universitario cursos regulares sobre la conservación y salvaguarda del entorno(artículo 9°). Esto se consignó posteriormente en el artículo 14 2 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el cual dispuso que dentro de las facultades constitucionalmente reconocidas al Gobierno le corresponde re­2 Reglamentado mediante el Decreto 1337 de 1997, que se encuentra compilado en el De­creto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015.