adelante las reformas de las reformas y otra, aquellos que, aun con una orientación ideoló­gica similar, carecen de tales mayorías. Pero tal vez la mayor dificultad para la recons­trucción de una política laboral protectora resi­da en la permanencia, incluso en aquellos paí­ses que cuentan con gobiernos progresistas, de una política económica neoliberal o, por lo menos, de instrumentos heredados del perio­do anterior. Varios factores inciden en esa di­rección: el peso de los intereses económicos, la incapacidad o el temor para elaborar una alternativa y los compromisos preasumidos para gestionar desde la izquierda la política de la derecha. Y también, claro, la colonización cultural o ideológica, habida cuenta del gra­do de penetración del discurso neoliberal que, aunque está perdiendo legitimidad, permane­ce como una especie de conciencia colectiva de los equipos de gobierno, sea cual fuere su orientación política. Aquí hay que retomar lo adelantado en la in­troducción. ¿Puede ser considerada progre­sista una política que no aminora las desigual­dades, no redistribuye la renta ni genera un aumento de la inclusión social? La pregunta es válida ya que, en algunos países en que se han verificado los cambios laborales señala­dos, la continuidad de las grandes líneas de la política económica anterior ha hecho que las desigualdades se mantuvieran o que incluso se incrementaran. Ello fue posible por la me­jora relativa de los términos de intercambio. Como los precios de las exportaciones de las materias primas han mejorado sensiblemente en los últimos años, los aumentos salariales y las mejoras de las condiciones de trabajo im­pulsados por las reformas laborales posneo­liberales pudieron ser absorbidos. Además quedó un plus acumulado por el capital, que ha logrado mantener o incluso incrementar su diferencial sobre el trabajo. Esto se acentúa por la presencia de un im­portante sector informal y otro francamente excluido, ninguno de los cuales se beneficia directamente con la política laboral protecto­ra, focalizada en los asalariados más o menos 10 organizados. Enfrentamos así la paradoja de políticas laborales protectoras en el marco de políticas económicas que toleran la profundi­zación de la brecha de ingresos entre capital, por un lado, y trabajo y exclusión, por el otro. La política laboral introduce algunas mejoras en favor del trabajo pero, simultáneamente, la política económica tolera que aumenten las ventajas relativas del capital. La pregunta se impone: ¿es viable y eficaz o, por lo menos, sustentable, una política laboral progresista acompañada de una política económica más o menos conservadora? Finalmente, es común decir que la globali­zación dificulta una política laboral nacional protectora y eficaz. Esto, que es verdad hasta cierto punto, muchas veces opera como una excusa. En efecto, diferentes experiencias nacionales han demostrado que todavía hay un margen para la acción del Estado, que a menudo lo que falta no es espacio para esas iniciativas sino voluntad política para llevarlas a cabo. Al mismo tiempo, la globalización ha creado un espacio internacional –organismos internacionales, bloques de integración, ju­risprudencia internacional y acción sindical internacional– apto, si no para neutralizar, al menos para disminuir los obstáculos a la pro­tección nacional de trabajador. ¿Un modelo de política laboral progresista? Si efectivamente la ofensiva flexibilizadora/ desreguladora impuesta por el neoliberalismo ha perdido impulso, y si no se erigirá en un nuevo sistema hegemónico sustitutivo de las políticas laborales más o menos clásicas cen­tradas en el derecho del trabajo tradicional, se impone entonces la cuestión del posneolibe­ralismo. Después de la desregulación ¿qué? La restauración del derecho del trabajo tuitivo no será estrictamente tal. En rigor, una restau­ración nunca conseguirá un calco perfecto de la situación anterior, pues el tiempo no corre en vano. En todo caso, lo interesante sería de­terminar cuáles son los resultados del interreg-