Yo participo, tú participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia 226 Š Š Tribunal Nacional del Agua en Florianópolis(Brasil) en 1993, en el cual se examinaron casos por contaminación minera, radiactiva, por agrotóxicos y materia orgánica, así como los impactos sobre los siste­mas hídricos provocados por la construcción de represas en el territorio brasileño. Una de las razones para el establecimiento del Tribunal Internacional del Agua fue el fracaso de los sistemas oficiales de administración de justicia para controlar adecuadamente la contaminación de las aguas, y aunque en Colombia no hay un Tribunal Nacional del Agua, esta figura se constituye, sin duda, en una nueva alternativa para la solución de conflictos ambientales y en un precedente que puede ser utilizado en al ámbito nacional, caracteri­zado por su riqueza hídrica. O bstáculos y retos del derecho de acceso a la justicia ambiental El sustento constitucional y legal del derecho de acceso a la justicia ambien­tal dista mucho de la realidad de su ejercicio, tal y como lo sostiene Valencia (2014b), dadas las grandes dificultades que hay en materia de operatividad del sistema judicial, las diferencias económicas de las partes, los inconve­nientes financieros para el acceso a las instancias judiciales y administrati­vas, las formalidades procesales y demás factores que tienen incidencia en la manera en la que los ciudadanos individual y colectivamente pueden garan­tizar este derecho real y efectivamente. Al respecto, Walsh(2001) muestra los factores que contribuyen a la difi­cultad en el ejercicio del derecho a la justicia ambiental: 1) la falta de prepa­ración de los operadores judiciales y administrativos en materias ambientales debido a sus elementos técnicos y científicos; 2) la falta de conciencia am­biental; 3) los problemas estructurales de las instituciones en relación con el manejo, la administración y planificación de los recursos naturales y el am­biente; y 4) los costos que implica adelantar un proceso en estos asuntos. Por lo que Betancor(2014) considera necesario que el sistema judicial establezca de manera clara los legitimados para acudir a la jurisdicción o a las autorida-