ANALISIS DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? Las relaciones cívico-militares a 50 años del golpe Sebastián Monsalve E. Septiembre 2024 Durante la transición hubo avances importantes en reinstaurar relaciones cívicomilitares que fueran afines a la democracia, pero no se logró desmantelar toda la institucionalidad que sustenta la autonomía militar, ni la vigencia de la alianza FF.AA.-derecha. Desde la centroizquierda, se verifica la ausencia de un proyecto político de largo plazo respecto a las instituciones militares. Hoy, la militarización de la seguridad pública pone en cuestión el principio de la “vuelta a los cuarteles” y conlleva la exaltación de los valores castrenses en la vida pública, normalizándose la participación militar para resolver problemas sociopolíticos.

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? Las relaciones cívico-militares a 50 años del golpe Sebastián Monsalve E. Septiembre 2024 En cooperación con

Índice 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 1 2. LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES COMO PROYECTO POLÍTICO ............................................. 5 3. EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y LA ALIANZA ENTRE LA DERECHA Y LAS FF.AA. ................................. 7 4. LA DICTADURA MILITAR COMO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ALIANZA MILITAR-DERECHA ................................................................... 9 5. LA TRANSICIÓN Y LOS VAIVENES DE LA ALIANZA DERECHA-MILITARES ...................... 11 6. SITUACIÓN ACTUAL: ¿RETROCESO O NUEVA ETAPA EN LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES? .............................................................. 15 7. LA CENTROIZQUIERDA ANTE LA MILITARIZACIÓN .................................................................... 17 8. REFLEXIONES FINALES SOBRE LA VIGENCIA DE LA ALIANZA DERECHA-MILITARES ...................... 19 3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE 1. INTRODUCCIÓN Al conmemorarse 50 años del golpe de Estado cabe preguntarse qué queda del proyecto de la dictadura en materia de relaciones cívico-militares. Hablamos de“proyecto” porque el golpe no fue algo fortuito o espontáneo, sino el producto de un persistente esfuerzo realizado por ciertos actores civiles(políticos y empresarios) y militares, cuyo horizonte trascendía el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Es cierto que al momento mismo del golpe este proyecto no estaba completamente definido, sino que se fue consolidando durante el periodo dictatorial, pero sí estaba claro que buscaba imponer un nuevo orden político que exigía una completa transformación de las relaciones cívico-militares. (Robledo, 2021). 2 Sin embargo, sí se incluye una pequeña revisión de antecedentes porque cabe reconocer que cada uno de estos análisis es“hijo de su época”, es decir, cada uno de ellos resalta los aspectos que en su momento se encontraban en el centro del debate. De este modo, el presente análisis está influenciado por los aspectos que se han puesto de relieve a la luz de la discusión constitucional y la creciente militarización del orden público que vienen marcando la agenda política chilena en los últimos años. También es verdad que este proyecto no maduró como el dictador y sus secuaces esperaban, y que durante los 35 años de transición democrática se han realizado avances importantes para reinstaurar unas relaciones cívico-militares afines a un régimen democrático, lo que no implica negar que el proyecto político de la dictadura pinochetista haya tenido profundas consecuencias que todavía influyen en la sociedad chilena. En el ámbito de las relaciones cívico-militares esto se manifiesta en la vigencia, con modifi caciones, de la alianza entre las FF.AA. y la derecha política y, por contrapartida, con la falta de un proyecto político a largo plazo por parte de la centroizquierda para con las instituciones militares. 1 De cualquier modo, no se pretende realizar aquí una descripción exhaustiva de los acontecimientos que han conformado las relaciones cívico-militares en Chile durante estos últimos 50 años. Estos ejercicios de revisión ya se han hecho antes de manera exhaustiva, ya sea para anteriores conmemoraciones del golpe de Estado(Agüero, 2003; Milet, 2018), como para otro tipo de fechas significativas 1 Nos permitimos aquí utilizar las nociones de“derecha” y 2 Para un análisis más específico de las relaciones cívico-milita “centroizquierda” de forma bastante laxa para dar cuenta de res en Chile durante la primera década de la transición puede dos posiciones ideológicas frente a la irrupción política de los revisarse: Agüero, 2002 y 2006; Corvalán Márquez, 2001; y militares en 1973. Es decir, designan a las fuerzas políticas Portales, 2000. partidarias y opositoras a la dictadura, que durante la transición estructuraron la dinámica política. La derecha, expresada en la alianza entre la Unión Demócrata Independiente(UDI), y Renovación Nacional(RN) y, por otra parte, la centroizquierda, agrupada en la Concertación de Partidos por la Democracia, basada en la alianza entre la Democracia Cristiana(DC) y el Partido Socialista(PS). 4

LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES COMO PROYECTO POLÍTICO 2. LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES COMO PROYECTO POLÍTICO Si bien no podremos dar cuenta en profundidad de la discusión teórica en torno al concepto de relaciones cívico-militares en este documento, nos interesa resaltar su premisa central de la importancia de establecer una separación de lo militar y lo político, manifestada en la existencia de una institución castrense específica dentro del Estado, con ca racterísticas particulares respecto a otro tipo de organizaciones sociales. No obstante, es imprescindible asumir que las relaciones cívico-militares no operan como un ámbito aislado de la sociedad en su conjunto, por lo que su defi nición supone una discusión que se produce en el marco de una concepción del orden político del cual son parte y de los debates de hacia dónde se debería dirigir este. Es decir, expresa un proyecto político mayor o, al contrario, evidencia su carencia. De esta forma, el concepto supone una proyección política que se inserta en un marco político mayor respecto a cómo se concibe el régimen político del Estado. Es decir, definir los roles militares y las relaciones institucionales entre las FF.AA. y el sistema político no es ajeno a cómo se concibe la democracia. Con proyecto político nos referimos a una forma de encauzar las relaciones entre militares y civiles en función de un orden político mayor. Es decir, cada proyecto político supone, explícita o implícitamente, una visión particular sobre cuál es el tipo de relaciones cívico-militares apropiado a sus metas. No es lo mismo definir las relaciones cívico-militares adecuadas en el marco de un Estado democrático liberal 3 que en un régimen autoritario, uno de partido único, etc. Por ende, no se trata tan solo de una competencia entre civiles y militares por cuotas de poder, sino que implica diferentes concepciones respecto al rol que deben cumplir los militares en la sociedad. Podemos utilizar la clasificación que realizó García Pino (1998), quien identificó distintos paradigmas, a partir de los cuales, durante el siglo XX en Chile, se ha definido el rol de los militares dentro de la sociedad. Cada uno de estos 3 Es decir, basado en Estado de derecho, separación y equilibrio entre los poderes del Estado, alguna forma de representación electoral de las autoridades políticas, existencia de una sociedad civil, entre otras. paradigmas puede ser comprendido como parte de un proyecto político mayor, debido a que los roles asignados a las FF.AA. cobran sentido en el marco de un modelo de Estado y de desarrollo socioeconómico particular. Por ejemplo, el paradigma de la“abstención”, que imperó durante la década de 1930 tras un periodo de intervenciones militares en política, abogaba por la despolitización de las FF.AA., asignándoles como único rol velar por la seguridad externa y que su acción política no sólo debía ser neutral, sino inexistente. En cambio, durante los años cincuenta y sesenta, en el marco de las políticas del“desarrollo hacia adentro”, se impuso el paradigma de la“utilidad”, que buscaba involucrar a las FF.AA. en el desarrollo nacional, aprovechando su capacidad en recursos humanos y logísticos. Desde ambos paradigmas las relaciones cívico-militares se conciben de manera diferente. En el primer caso, se asume que los militares deben“volver a los cuarteles” y sus labores profesionales consistirán únicamente en la defensa de las fronteras. En cambio, en el segundo paradigma las funciones militares se amplían al ámbito del orden público y la seguridad interior, como un instrumento para generar la estabilidad que requiere el desarrollo. Es decir, la puesta en práctica de las relaciones cívico-militares está fuertemente influenciada por la forma en que los distintos actores políticos conciben el régimen democrático y el modelo de desarrollo en que se sustenta. De todos modos, es necesario tener en cuenta que estos paradigmas nunca se han producido en estado puro, sino que más conviven o se superponen cuando hay proyectos políticos poco definidos en la materia. En el caso de Chile, durante estos últimos 50 años no ha existido un consenso respecto a cómo entender el régimen democrático y, particularmente, desde el inicio de la transición democrática, gran parte de la lucha política se ha librado por transformar la“democracia protegida” instaurada tras el golpe de Estado de 1973. En este marco, las relaciones entre las FF.AA. y las distintas fuerzas políticas han ido mutando en la medida que los distintos proyectos políticos se disputaban el carácter del régimen político y el modelo de desarrollo. 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE En este marco, cabe destacar tres aspectos clave para entender la estructuración de esta relación en estos 50 años. En primer lugar, en este periodo los militares se han constituido en un sujeto político, con sus propios intereses y visiones del Estado, lo que les ha llevado a desarrollar una concepción propia respecto a cómo debe ser esta relación cívico-militar. En segundo lugar, una alianza histórica entre las FF.AA. y la derecha política, consolidada tras el golpe de Estado y la posterior dictadura, que se ha mantenido, con altibajos, durante todo el periodo transicional hasta la actualidad. En tercer lugar, la carencia de un proyecto común de la centroizquierda respecto a cómo abordar las relaciones cívico-militares y, en términos más concretos, a cuál debería ser rol de las FF.AA. en el marco de una democracia plena. 6

EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y LA ALIANZA ENTRE LA DERECHA Y LAS FF.AA. 3. EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y LA ALIANZA ENTRE LA DERECHA Y LAS FF.AA. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 supuso una total derrota de la política implementada por el gobierno de Allende hacia los militares y, en contrapartida, el éxito de la derecha por ganar a las FF.AA. para su objetivo de frenar el proceso de cambios sociopolíticos y económicos que estaba experimentando el país. Es decir, se puso en práctica lo que, en términos de García Pino(1998), se en tiende como el paradigma del“arbitraje politizado”, bajo el cual las distintas fuerzas políticas atribuían tácitamente a las FF.AA. un rol de árbitro en los conflictos internos de la sociedad. Recordemos que el presidente Allende, ante los intentos de desestabilización que enfrentó su gobierno desde fines de 1972 optó por nombrar algunos altos mandos militares como ministros de su gobierno. 4 Esta medida buscaba tanto dar confianza a los sectores de la oposición de que no se aceptaría la formación de grupos paramilitares de izquierda, como también para sumar a los militares al proyecto de reformas del gobierno(Corvalán Márquez, 2001). Si bien coyunturalmente las incorporaciones del alto mando militar en el gabinete ayudaron a estabilizar la situación política, no lograron incorporar al conjunto de las FF.AA. en el proceso de transformaciones. Para el gobierno parecía no haber contradicción en sus medidas. Por un lado, confiaba en que el“constitucionalismo” castrense y su principio de no deliberancia, garantizaban la lealtad institucional a la presidencia de la República, pero por otro lado, también confiaba en la necesidad de una activa participación de las FF.AA. en las grandes tareas del desarrollo y su contribución a la independencia económica (Arancibia Clavel, 2023). Ciertamente, no todos los sectores de la izquierda compartían esta estrategia. Algunos apostaban por infiltrar y subvertir las instituciones militares, y otros, por enfrentarse militarmente a ellas. Esta carencia de la izquierda de un proyecto compartido respecto al ámbito militar constituyó una fuente de grandes tensiones internas que lastraron al gobierno. En cambio, sí fructificaron los esfuerzos de la derecha por sumar a las FF.AA. al derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y el establecimiento de una dictadura transformadora, es decir, en su alianza para llevar a cabo un proceso político de largo aliento. Es cierto que no todos los sectores de la derecha participaron en la construcción de esta alianza, pero sí se terminaron plegando a ella tras el golpe de Estado. La construcción de esta alianza política no solo fue producto de una labor contingente de dirigentes políticos y empresarios con diversos miembros de la élite militar, sino que se venía forjando desde la década de 1960(Corvalán Márquez, 2001; Valdivia, 2003). Esto exigía abandonar una larga historia en que la oligarquía se había enfrentado a los militares con el objetivo de subordinarlos a su control, dado que en su visión sólo a ella le cabía un rol político determinante, relegando a los militares únicamente al control 4 A fines de 1972, el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, asumió en Interior; el contralmirante de la Armada, Ismael Huerta, en Obras Públicas; y el general de Brigada de la Fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda Donoso, en Minería. Sin embargo, estos no fueron los primeros ya que, entre abril y junio de 1972, el general de brigada, Pedro Palacios Cameron, se desempeñó como ministro en la cartera de Minería. Además de los cargos ministeriales, se incorporó a militares en diversos puestos de gobierno; por ejemplo, se nombró al general de brigada aérea, Alberto Bachelet, a cargo de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización(DINAC); se 7 entregó la dirección de los trabajos de la UNCTAD al general de división, Orlando Urbina, y se designó interventor de Ferrocarriles del Estado al general de división, Rolando González (Arancibia Clavel, 2023). Posteriormente, en agosto de 1973, el presidente Allende conformó un gabinete de“Seguridad Nacional” al que se incorpora en el ministerio de Hacienda el almirante Raúl Montero(comandante en jefe de la Armada); en Defensa, al general Carlos Prats(CJ del Ejército), en Obras Públicas y Transportes al general César Ruiz(CJ de la FACH), y en el ministerio de Tierras al general director de carabineros, José María Sepúlveda.

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE de fronteras. Ejemplos de esto fueron la política militar de Portales a partir de 1830, la disolución del Ejército tras la guerra civil de 1891 y la creación de las Milicias Republicanas en la década de 1930, dando cuenta de que esa relación no era necesariamente pacífica(Corvalán Márquez, 2001; Martínez Menanteau, 2022). Así, la derecha aceptaba renegociar las relaciones cívico-militares, renunciando a su tradicional objetivo de subordinar a los militares y otorgándole a los militares un rol central en la estructuración de la sociedad. Aquí cabe hacer una diferenciación con la postura golpista de la DC, que asumía que la intervención militar no debía dar pie a un nuevo régimen político, sino que solo debía “normalizar” la situación para devolver prontamente el poder a los civiles. Patricio Aylwin, entonces presidente de la DC y del Senado, el 19 de septiembre de 1973 expresaba su apoyo al golpe militar asegurando que: La Junta Militar de Gobierno ha expresado que su propósi to es hacer un Gobierno transitorio, no político, destinado a restablecer la normalidad institucional, económica y social del país y que devolverá el poder al pueblo tan pronto las circunstancias lo permitan(Aylwin, 1973, p. 4). Aquí nadie, aunque tenga las fuerzas de las armas puede imponerle al país un régimen constitucional y lo digo con la autoridad de quien, en este momento, estima que los chilenos debemos cooperar a que la Junta Militar de Gobier no cumpla la tarea de reconstrucción que se ha propuesto y restablezca el cauce de normalidad y[sic] institucionalidad de la república, pero no le reconozco la autoridad suficiente para imponerle a Chile una Constitución Política (Aylwin, 1973, p. 8). A diferencia de la derecha, la postura de la DC no suponía transformar las características de las relaciones cívico-militares vigentes. Solo se aceptaba una dictadura militar transitoria que restaurara el orden político y buscara el pronto retorno de los militares a sus cuarteles, una vez que se hubiera arreglado la situación política y económica. Es cierto que en un principio las FF.AA. carecían de un proyecto político completamente definido y que este solo fue conformándose con el paso de los años, pero lo importante es que desde el principio existió una voluntad de permanecer en el poder, desempeñando el rol central de una profunda transformación de la sociedad y el Estado. No hay que olvidar que este proceso supuso una lucha interna entre las diversas posturas políticas existentes dentro del mundo castrense: algunas, de carácter nacional-desarrollista(que propiciaban un activo rol económico de las instituciones militares); otras, constitucionalistas(que apelaban a una profesionalidad que los separaba de cualquier deliberación política y roles no castrenses); hasta otras posturas derechamente antidemocráticas y proclives a un rol de guardianes anticomunistas del régimen político. 5 Por eso, una de las primeras labores del gobierno militar fue homogeneizar políticamente a las FF.AA., reprimiendo o marginando a los militares identificados como pro-UP(por ejemplo, el caso del general Bachelet), así como también a cualquiera que pudiera representar una alternativa política interna(lo que terminó con la salida del comandante en jefe de la FACH, Gustavo Leigh). 6 En definitiva, la forma en que se ejecutó el golpe de Esta do y la posterior dictadura, trastocaron completamente las relaciones cívico-militares. A diferencia de lo que esperaba la DC, los militares no se subordinaron a los políticos, sino que llevaron a cabo el proceso en función de sus propios intereses, logrando invertir las relaciones de subordinación. Los políticos(tanto de derecha como demócrata cristianos) se pusieron al servicio de lo que determinaran los militares, reconociendo en la práctica que estos detentaban la fuerza real en ese momento. Por su parte, para las FF.AA. tampoco era tan evidente establecer una alianza con la derecha. La acción de los militares no solo apuntaba contra el gobierno sino también contra el sistema político en su conjunto, clausurando el Congreso y a los partidos políticos, tanto a los de izquierda como también a los opositores al gobierno de la UP: el Partido Nacional(de derecha) y a la DC(Corvalán Márquez, 2001). En este sentido, el golpe de Estado expresaba su capacidad para proyectarse políticamente de forma autónoma, siendo capaz de desarrollar un proyecto nacional en el cual los militares fueran los actores centrales, y de dialogar con los otros sujetos políticos de la sociedad en función de tal proyecto. Es decir, más allá de los apoyos políticos y financieros por parte de la derecha y de EE.UU., este no fue un golpe para entregar el poder a otro actor político, sino que fue organizado por y para los militares. 5 6 8 Para una revisión más detallada acerca de las distintas posturas políticas existentes en ese entonces en las FF.AA., véase Valdivia, 2003. Para una descripción de la represión interna en la Fuerza Aérea(FACh), véase Villagrán, 2002.

LA DICTADURA MILITAR COMO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ALIANZA MILITAR-DERECHA 4. LA DICTADURA MILITAR COMO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ALIANZA MILITAR-DERECHA La alianza entre militares y derecha no fue un acuerdo coyuntural, sino que se cimentó en función de un proyecto político mayor como era el de“refundar” el Estado y el modelo de desarrollo de Chile. Una de las expresiones más claras de esta voluntad refundadora la encontramos en la Declaración de principios del Gobierno de Chile, publicada por la Junta de Gobierno el 11 de marzo de 1974. En el apartado titulado“Una nueva y moderna institucionalidad: tarea para el actual gobierno”, queda en evidencia que el objetivo no era una dictadura transitoria que devolviera la “normalidad” al sistema político, sino que, por el contrario, pretendía transformarlo. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asu mido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad que recoja los profundos cambios que la época contemporánea ha ido produciendo. Sólo así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institu cional y materialmente al país requiere de una acción profunda y prolongada. El actual Gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un Gobierno de mera adminis tración, que signifique un paréntesis entre dos Gobiernos partidistas similares o, en otras palabras, que no se trata de una“tregua” de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron, por acción u omisión, en la virtual destrucción del país. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formadas en una escuela de sanos hábitos cívicos(Junta Militar de Gobier no, 1974, pp. 154-5). El factor clave para fundar una nueva institucionalidad era consolidar constitucionalmente el nuevo rol político de los militares, rechazando la idea de la“vuelta a los cuarteles”. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán, entonces, el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la Seguridad Nacional, en el amplio significado que dicho concepto tie ne en la época actual. Lo anterior no significa que las Fuerzas Armadas y de Or den vayan a desentenderse de su sucesión gubernativa, observando su desenlace como simples espectadores. Muy por el contrario, y como lo expusiera el propio Presidente de la Junta de Gobierno, ésta considera como parte de su misión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar, 7 que ya está surgiendo de la realidad de los hechos y que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual Gobierno(Junta Militar de Gobierno, 1974, pp. 155). Pero para que los militares cumplieran este rol político se requería dotar de autonomía institucional a las FF.AA. frente al poder civil. Esto suponía no solo que las FF.AA. no estuvieran sujetas al control político contingente de las autoridades democráticas(en temas de carrera militar, presupuestos, justicia, etc.), sino que también contaran con un margen de acción que les permitiera ejercer la tutela. Así, suponía institucionalizar un nuevo tipo de relaciones cívico-militares. Ejemplo de esto fue la asignación del rol de garantes de la institucionalidad; la dificultad para remover a los comandantes en jefe y su prerrogativa para proponer los ascensos, destinos y retiros de los miembros de la institución; la fijación de un presupuesto mínimo y un ingreso especial a través de la Ley Reservada del Cobre(Contreras y Salazar, 2020; Fuentes, 1995). 7 Texto en cursivas, en el original. 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE Este rol se encarnó en distintos aspectos de la nueva Constitución. Por ejemplo, en la inclusión de un capítulo exclusivo para las FF.AA., con lo que se les otorgaba una jerarquía constitucional similar a la de los otros tres poderes del Estado. Por otro lado, se les asignaba una labor de custodia del orden político que se ejercía mediante el Consejo de Seguridad Nacional(Cosena), diseñado como un órgano de control y vigilancia sobre la actividad del Gobierno. Pero la autonomía militar no solo fue institucionalizada en la Constitución de 1980, sino también en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, promulgada en las postrimerías del régimen militar. 8 En ambas se ampliaron y especificaron los roles militares, profundizando la autonomía administrativa y económica de las FF.AA. La aspiración militar de constituirse en un“poder de seguridad” coincidía con el objetivo de la derecha de instaurar una democracia autoritaria, donde los militares se erigieran como un actor suprapolítico que evitara el desvío del sistema político 9 . La derecha optaba mayoritariamente por un modelo de democracia autoritaria que permitiera el desarrollo del modelo neoliberal. Esto requería de un poder ejecutivo reforzado, pero también de una limitación de la voluntad popular representada por la política electoral. En este contexto, los partidos de la oposición a la dictadura(primero, los de la Unidad Popular y después, la DC), abandonan la idea de poner de su lado a las FF.AA. y, en cambio, asumen como objetivo la desmilitarización de la política bajo el modelo de la democracia liberal, reclamando que el retorno al régimen democrático exige la subordinación militar y su retirada a los cuarteles. De esta forma, comparten lo que se podría entender como un proyecto político respecto a los militares. Ciertamente, había matices entre los diversos partidos respecto a cómo llevarlo a cabo. Algunos sectores establecieron contactos con altos mandos para viabilizar el proceso, mientras que otros no contaban con ninguna vía de diálogo. Sin embargo, a diferencia del periodo de la UP, ningún sector de la oposición al régimen militar planteaba establecer una alianza con el mundo militar o pretendía instrumentalizarlo para sus propios fines. 8 La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas N° 18.948, fue publicada el 27 de febrero de 1990, es decir, pocas semanas antes de que asumiera el gobierno de Patricio Aylwin. 9 En un oficio enviado en 1977 a la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República(conocida como Comisión Ortúzar), en el que se indicaban las orientaciones fundamentales para la nueva Constitución, el general Pinochet defendía la“Creación de un“Poder de Seguridad” que contemple el papel de las Fuerzas Armadas en su deber de contribuir a garantizar la supervivencia del Estado, los principios básicos de la institucionalidad, y los grandes y permanentes objetivos de la Nación.”(Pinochet, 1977, p.4) 10

LA TRANSICIÓN Y LOS VAIVENES DE LA ALIANZA DERECHA-MILITARES 5. LA TRANSICIÓN Y LOS VAIVENES DE LA ALIANZA DERECHA-MILITARES 10 Tras el plebiscito de 1988, la alianza derecha-militares se mantuvo pero asumiendo un sentido defensivo, conservador, de la“obra” de la dictadura. Esto condicionó la dinámica de las relaciones cívico-militares durante el proceso transicional, ya que las FF.AA. reivindicaban mantenerse como un actor político de peso para evitar su completa subordinación al poder civil y, en alianza con la derecha, conservar la estructura política fundada durante el régimen militar(Fuentes, 1995). A pesar de este atrincheramiento de los militares, la transición democrática los obligó a asumir una serie de cambios sociopolíticos. Tanto los militares como la derecha tuvieron que negociar con la oposición una reforma constitucional en 1989, se mantuvieron las principales prerrogativas militares que les otorgaban un importante grado de autonomía en el nuevo régimen político(por ejemplo, la mantención de la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA., la conformación del Cosena, etc.). En ese marco, la alianza política con la derecha continuó siendo central para mantener el blindaje parlamentario que los militares necesitaban para defender su autonomía. En este marco, las FF.AA. exigían el reconocimiento de un nuevo estatus sociopolítico de los militares y no dudaron en proclamar la autonomía militar y la“no vuelta a los cuarteles”. En 1988, el general Jorge Ballerino lo expresaba de esta forma: [los] que desean la vuelta a un pasado superado, que no pueden pedir que el soldado se convierta en un autómata, en un funcionario más, en un compartimiento estanco, en un ser ciego, sordo y mudo, porque eso es una insensatez (Fuentes, 1995, p. 16). Poco después, a mediados de 1989, el general Pinochet, exigía a los próximos gobernantes: Abstenerse el poder político de una intervención improcedente en cuanto a la definición y aplicación de la política de Defensa, en particular, en lo que se refiere a materias de exclusiva competencia profesional de las FF.AA.(Modernización, estructuras de mando, organización interna de las instituciones, racionalización de sus estructuras, independencia de sus planes orgánicos de instrucción y docencia, sistemas de ingreso, ascensos y retiros del personal militar, planificación de guerra, y recursos, entre otros).(Fuentes, 1995, p. 24). Si bien el tono amenazador de estas palabras se fue atenuando con los años, siguió estando vigente la idea de que no se debía confiar o enclaustrar a los militares en sus cuarteles. Así lo planteaba el general Cheyre en su famoso discurso“Ejército de Chile: el fin de una visión”(2004), en el que reconocía la responsabilidad institucional del Ejército en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura: Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado, llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un protagonismo de éstas impropio de la condición militar (Cheyre, 2004, párr. 12). Esta visión de la autonomía militar de acuerdo con la cual la institucionalidad militar y las temáticas asociadas constituían un ámbito propio y exclusivo, sin mayor injerencia civil, se encarnó en los diversos programas de modernización implementados por las FF.AA. desde mediados de la déca10 Asumimos aquí una concepción larga de la transición, tomando como referencia la vigencia de la Constitución de 1980, por lo que va más allá del primer gobierno democrático, abarcando hasta el presente. 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE da de 1990 en adelante. 11 Estos tenían como objetivo una mejora material y organizacional, pero también expresaban su concepción acerca de sus nuevos roles ante los desafíos sociales y geopolíticos, así como también el carácter de la profesión y de cuál debería ser su posición en la sociedad (Monsalve, 2006). Si bien estos programas de modernización fueron apoyados por las autoridades civiles como una parte esencial de la transformación militar que requería la transición democrática, fue evidente que la iniciativa, diseño y puesta en marcha de la modernización fue netamente militar. Eran los militares quienes definían, seleccionaban, gestionaban y evaluaban los objetivos del proceso, sin mayor intervención civil en la toma de decisiones(Gutiérrez, 2001; Maldonado, 2004). De esta forma, las relaciones cívico-militares durante la transición asumieron una dinámica fuertemente tensionada entre, por un lado, unas FF.AA. que reclamaban autonomía y la ponían en práctica en sus procesos modernizadores y, por otro, unos gobiernos que intentaban instaurar, con mayor o menor intensidad, el principio de subordinación militar al poder civil. En este sentido, siguiendo a Agüero(2002), podemos distinguir cuatro fases de esta dinámica: a) confrontación(durante el primer gobierno transicional, presidido por Patricio Aylwin, entre 1990-1994); b) apaciguamiento(durante la primera parte del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre 1994 y 1998); c) catarsis (desde la detención de Pinochet en Londres en 1998 hasta las reformas constitucionales de 2005); d) estancamiento (desde las reformas constitucionales de 2006 hasta la actualidad). 12 La etapa de confrontación supuso el choque entre el nuevo gobierno democrático y unas FF.AA. en actitud defensiva, con Pinochet como comandante en jefe del Ejército. Fue una relación tensa, marcada por los intentos del gobierno de imponer su autoridad y avanzar en temas de DD.HH. y diversos actos de desafío a la autoridad presidencial por parte de las FF.AA.(desaire en la Parada Militar de 1990, boinazo, etc.). Por su parte, la derecha, reivindicando su alianza con los militares, se atribuía el rol de defensora política de la“obra” del régimen militar. En este marco, se desarrolló un diálogo político informal que permitió tender puentes entre civiles y militares, como parte de la restauración democrática. Posteriormente, con la asunción de Frei Ruiz-Tagle en 1994, se inició una segunda etapa, la del apaciguamiento, que se extendió hasta que en octubre de 1998 se detuvo a Pinochet en Londres. Esta etapa se caracterizó por el intento de forzar el cierre de la transición, por lo que se renuncia a confrontar a Pinochet, a profundizar en los temas de DD.HH. y a“civilinizar” 13 la política de defensa en un proceso que desembocó en el Libro de la Defensa Nacional de 1997. Aun así, se producen hechos que tensionan las relaciones cívico-militares como, por ejemplo, la cooperación castrense a la resistencia al encarcelamiento por parte de Manuel Contreras, y la oposición a la asunción de Pinochet como senador vitalicio, acogida por la bancada de la derecha. Este intento de apaciguamiento fracasó con la detención de Pinochet en Londres(1998). A partir de este hecho se va a originar una nueva etapa, la de catarsis, que se extiende hasta las reformas constitucionales de Ricardo Lagos (2005). Estas reformas desmantelaron varios de los elementos que conformaban la autonomía militar, consolidando la supremacía del poder civil. Entre otras medidas, se suprimió el artículo 90 de la Constitución que delegaba en las FF.AA. el rol de“garantes del orden institucional”, se restituyó al presidente la facultad para remover a los comandantes en jefe, se eliminó a los senadores nominados por las FF.AA. y se transformó el Cosena, dejándolo solo como un órgano consultor sin capacidad decisoria y con mayoría civil. Estas reformas no pueden entenderse sin tener en cuenta la crisis de la alianza de la derecha con los militares de ese periodo. Dos son los hechos que explican dicha crisis. En primer lugar, el derrumbe de la imagen de Pinochet como figura política tras su arresto en Londres y, particularmente, tras el descubrimiento de escandalosos casos de corrupción a los que estaba asociado él, su familia y altos mandos del Ejército, destacando el denominado Caso Riggs(2004). En segundo lugar, la campaña presidencial de 1999 va a incidir en el resquebrajamiento de la alianza militares-derecha. En esta, Joaquín Lavín, el candidato de la derecha más dura, va a obtener una sorprendente votación gracias, en gran medida, a que se fue distanciando de la figura de Pino chet y de la defensa del régimen militar. Por primera vez en casi 40 años, la derecha contempló la posibilidad de triunfar electoralmente, con lo que dejó de ser una fuerza a la defensiva, obstruccionista a los cambios, para comenzar a abrirse a reformas políticas. Por su parte, cuando las FF.AA. pierden los apoyos en la derecha entienden que necesitan reacomodar su posición y buscar nuevas vías de acercamiento al mundo civil. Si bien esto no se va a traducir en una alianza con la gobernante Concertación, sí va a dar pie a una política de acercamiento, que se reflejó tanto en la relación entre el presidente Lagos y el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, como también en la participación militar en la denominada Mesa de diálogo implementada en 1999 por el entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. 11 En la década de 1990 las tres ramas llevaron a cabo importantes programas de modernización. En el caso del Ejército se llamó“Plan Alcázar”, en la Armada fue el“Plan Océano” y en la FACH el“Plan Bicentenario”. 12 Cabe precisar que esta última fase no fue propuesta por Agüero, cuyo análisis llega hasta el 2005. 13 Usamos el término“civilinizar” para dar cuenta de los esfuerzos por incorporar civiles y sus perspectivas políticas y valóricas en el proceso de diseño y elaboración de la política de defensa. Es decir, supone el avance de los profesionales civiles sobre la estructura de la defensa(Malamud, 2014). Ciertamente el término correcto sería“civilizar”, pero dado que este apunta a otras dinámicas sociales y tiene una connotación valórica(se contrapone a salvaje, incivilizado, bárbaro, etc.) puede tergiversar el sentido que se pretende expresar aquí. 12

LA TRANSICIÓN Y LOS VAIVENES DE LA ALIANZA DERECHA-MILITARES La etapa de la catarsis pareció ser el momento culminante del proyecto político de la centroizquierda en orden a retornar a una“normalidad” democrática en las relaciones cívico-militares. También parecía que finalmente la alianza de militares y la derecha se había resquebrajado. Es cierto que aún quedaban pendientes algunos pilares de la autonomía militar(Ley del Cobre, justicia militar, política previsional, etc.), pero estos parecían aspectos secundarios que se podrían solucionar prontamente. De ahí que, a partir de 2006, tras la aprobación de las reformas constitucionales, podemos observar una cuarta etapa, que caracterizamos como la del estancamiento porque se entró en un periodo marcado por una situación de“letargo”, en el que se perdió el impulso para promover y consolidar cambios. Una clara manifestación de este“letargo” lo observamos en la malograda modernización del Ministerio de Defensa (Mindef). 14 Se asumía que con esta nueva institucionalidad se establecía una vía expedita para que los civiles se hicieran cargo de la Defensa y se consolidara el control civil sobre las FF.AA. Sin embargo, prontamente quedó claro que el proceso no iba a ser tan simple, en especial, porque en 2010 asumió el primer gobierno de derecha elegido democráticamente en más de 50 años, presidido por Sebastián Piñera, por lo que a la derecha le cupo el trabajo de implementar esta modernización(Robledo, 2021). Inmediatamente, el presidente Piñera cedió la nueva institucionalidad civil a los militares nombrando al saliente comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta Ferrer, como subsecretario de Defensa, con lo cual se promovió la contratación de militares en retiro para ocupar diversos cargos del Mindef(Milet, 2018). Un fenómeno parecido de tergiversación de las reformas lo encontramos en la derogación de la Ley 13.196, denominada“Ley Reservada del Cobre” 15 y su reemplazo por la ley 21.174. Este era uno de los grandes temas pendientes de la agenda para acotar la autonomía militar. Si bien en los gobiernos anteriores se habían hecho esfuerzos por modificar el sistema, siempre fueron frenados por la derecha en el Congreso. A pesar de que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera(2018-2022) se llegó a un acuerdo, la nueva ley no equiparó la definición presupuestaria de la Defensa a la de las demás áreas del Estado. El proyecto promovido por el gobierno estableció un sistema ambiguo 14 Ley 20.424 sobre el estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, de 2010. 15 Mediante esta ley, en 1958 se decretó que el 15% de los impuestos que debían pagar las empresas productoras de cobre (en ese entonces, en manos de privados extranjeros) sobre sus utilidades, se destinaría anualmente para inversiones en material militar para las FF.AA. Además, establecía un aporte mínimo de 8,5 millones de dólares, si es que ese 15% resultaba menor a esa cifra. A mediados de la década de 1970, ya en dictadura, se modificó la ley y se impuso que el 10% sobre los ingresos obtenidos por la venta de cobre al exterior por parte de Codelco se destinara a tales propósitos, definiendo un nuevo piso mínimo de 90 millones de dólares. Además, se dispuso que los ingresos se incorporaran a cuentas reservadas extrapresupuestarias, por lo que no se incluirían en la contabilidad pública. Finalmente, en 1985 mediante la ley reservada 18.445, se elevó el piso mínimo a 180 millones de dólares. que mantiene la particularidad de las FF.AA., garantizándoles un acceso a sustanciosos recursos sin necesidad de contar con la aprobación parlamentaria( La Nueva Mirada, 2024). 16 Por otra parte, la reforma constitucional de 2005 tampoco logró despolitizar a los militares. Aunque se eliminó la figura de los senadores designados y se minimizó el rol del Cosena, durante este periodo se mantiene la participación electoral de militares en retiro bajo el paraguas de los partidos de derecha, 17 dando cuenta de que se mantiene una vinculación política entre militares y la derecha política. En definitiva, a pesar de la reforma constitucional y los de más avances para democratizar la gestión de la Defensa, se generó un marco para la rearticulación de las relaciones entre la élite militar y la derecha, desechándose cualquier idea de quiebre de la histórica alianza derecha-militares. Esta rearticulación de la alianza incluso ha logrado sobreponerse a la evidencia de la corrupción institucional dentro del Ejército, con el caso denominado Milicogate. Es cierto que ya en la década de 1990 se habían destapado varios casos de corrupción en las FF.AA., 18 pero esta era la primera vez que los casos de corrupción tenían un carácter sistémico en el que se evidenciaba la participación de todos los estamentos militares, desde la suboficialidad hasta los altos mandos del Ejército. En este contexto, se ha procesado a los excomandantes en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer(2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba(2010-2014) y Humberto Oviedo(2014-2018), por malversación de caudales públicos. 19 Por otra parte, el emblemático exgeneral (r), Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006, fue condenado por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Es decir, todos los comandantes en jefe entre 2002 y 2018 han sido enjuiciados. 16 Aunque la ley pretende instaurar un nuevo sistema de finan ciamiento para la inversión bélica de las FF.AA., se establece un periodo de transición en el que se mantiene el aporte del 10% de las ventas de Codelco al exterior hasta el año 2032, asegurando hasta 2029 un aporte mínimo anual de 470 millones de dólares para adquisiciones de material militar. Para administrar los saldos de la“Ley del Cobre” acumulados al 31 de diciembre de 2017, se crearon dos fondos: El“Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de las Fuerzas Armadas” y el“Fondo de Contingencia Estratégico”(FCE). El primero se financió con el 55% del saldo acumulado y con un aporte mínimo anual otorgado en la ley de presupuestos, igual al aporte promedio de los últimos seis años anteriores al que se presupuesta. Por su parte, el FCE se financia con un aporte único del 20% de los fondos acumulados al 31 de diciembre de 2017. Estos recursos se mantienen en una cuenta reservada, en tanto su uso se efectuará por decretos reservados exentos de toma de razón y se contabilizarán fuera de la ley de presupuesto. 17 Actualmente es el caso del senador Kenneth Pugh, ex vicealmirante de la Armada, elegido para el periodo 2018-2026 como parte de la lista de Chile Vamos. Cabe mencionar que, en 2014, recién retirado, se incorpora al directorio de la derechista Fundación Piensa. 18 Entre los principales casos, se puede mencionar el contrabando de armas del Ejército a Croacia, el caso“pertrechos” en la Fuerza Aérea y el caso de los“pinocheques”, que involucró a un hijo de Pinochet en negocios con el Ejército. Para más detalles acerca de estos y otros caso, véase Orellana, 2004. 19 Para más detalles, véase Weibel, 2016. 13

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE Esta etapa también engloba el estallido social de octubre de 2019, 20 durante el cual el gobierno de Piñera ordenó el despliegue militar en las calles de las principales ciudades del país con el argumento de proteger la infraestructura esencial(transporte público, agua potable, electricidad, etc.). En los 10 días siguientes al estallido se llegó a desplegar casi 30 mil militares para intervenir en el control de las movilizaciones en 15 de las 16 regiones del país, algo que no se veía desde las protestas de la década de 1980 contra la dictadura militar. De todos modos, este masivo despliegue no logró contener las protestas, expuso a la ciudadanía a numerosos actos de violencia por parte de las FF.AA.(Amnistía Internacional, 2020) y, a su vez, sometió a los militares al rechazo social, desde recibir insultos en la calle hasta el ataque a cuarteles militares. Esta forma de recurrir a los militares no solo fue criticada por toda la oposición, sino que ni siquiera el Ejército la apoyó públicamente. Si bien no se produjeron mayores desencuentros públicos entre la autoridad y las FF.AA., esta situación hizo pensar que los militares y la derecha política ya no estaban completamente alineados en sus intereses, lo que abría una gran oportunidad para cerrar la transición superando una de las facetas políticas fundamentales que dieron origen al golpe de Estado y, posteriormente, sustento al régimen dictatorial. 20 Que se extendió, aunque con intensidad decreciente, hasta mediados de marzo de 2020, cuando irrumpe la pandemia del Covid. 14

SITUACIÓN ACTUAL: ¿RETROCESO O NUEVA ETAPA EN LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES? 6. SITUACIÓN ACTUAL: ¿RETROCESO O NUEVA ETAPA EN LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES? La victoria presidencial de Gabriel Boric supuso la esperan za de cerrar definitivamente la larga transición política. Por primera vez iba a gobernar una fuerza política nueva que prometía transformaciones estructurales al modelo de desarrollo. A la vez, se encontraba abierto el debate constitucional producto del estallido social de 2019, con lo cual parecía solo cuestión de tiempo para que se terminara con el legado de la dictadura y se pudiera cerrar definitivamente la transición. Sin embargo, en estos años de gobierno el proceso de cambio político se ha estancado, las principales reformas del gobierno de Boric no han visto la luz y ambos procesos constitucionales concluyeron en un completo fracaso. En el ámbito militar la situación ha sido más complicada aún. El gobierno ha implementado crecientemente el uso de los militares en asuntos de seguridad interna. Cabe recordar que el presidente Boric y el Frente Amplio se habían opuesto a la militarización de la seguridad pública llevada a cabo por el gobierno de Sebastián Piñera(Crónica Digital, 2021; El Líbero, 2022). Sin embargo, cuando el nuevo gobierno asumió en marzo 2022, se encontró con un complejo escenario de seguridad pública en tres grandes frentes: la macrozona sur, 21 la macrozona norte(esencialmente, la zona fronteriza con Perú y Bolivia) 22 y la Región Metropolitana. Aun así, el gobierno intentó una desescalada de la militarización. Una de las primeras medidas fue terminar con los estados de excepción que sustentaban el despliegue militar en la Araucanía. Pero a las pocas semanas esta postura sufrió un drástico cambio, volviendo a instaurarse los estados de excepción y a desplegarse militares en la Araucanía, situación que continua hasta el día de hoy, incluso con un incremento de militares desplegados(Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2023; Montes, 2022). En el caso de la zona norte, el gobierno reforzó la presencia militar en el área fronteriza recurriendo a la denominada Ley de Infraestructura Crítica(LIC). 23 Esta norma, propuesta originalmente en 2020 ante los eventos del“estallido social”, se presentaba como una alternativa legal para incorporar a las FF.AA. en tareas de orden interno sin necesidad de declarar un estado de excepción constitucional. Si bien, en su momento, este proyecto fue rechazado por la oposición de la época(izquierda tradicional, Frente Amplio y PC), en 2022 el gobierno de Boric lo recuperó, argumentando la necesidad de la norma para afrontar la crisis migratoria en la zona fronteriza con Bolivia, para lo cual se agregaron indicaciones que permitieron definir las fronteras como una infraestructura crítica(Ortiz, 2022; Rivera, 2023b). La implementación de la LIC constituyó un hito central del actual proceso de militarización porque legitimó constitucionalmente el despliegue militar, no solo en la zona fronteriza de Chile con Bolivia y Perú, sino también en cualquier otra parte del territorio nacional, como una labor permanente de las FF.AA. y no solo como una excepción ante una situación de emergencia(Álvarez y Gómez, 2022; Monsalve, 2022). En la actualidad se apela a esta normativa para militarizar áreas urbanas, principalmente en la Región Metropolitana, ante el aumento de los delitos violentos y homicidios. El nuevo gobierno no solo fue incapaz de revertir el proceso de militarización iniciado por la derecha, sino que ha terminado profundizándolo, incrementando el uso de militares en labores de seguridad pública y buscando desarro21 Comprende las regiones político-administrativas de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y la provincia de Arauco en la Región del Biobío. 22 Comprende las regiones político-administrativas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 23 Que modificó la Constitución Política para permitir al presi dente disponer la protección de ciertas infraestructuras por parte de la FF.AA. cuando exista peligro grave para ellas y así poder liberar a Carabineros de esta labor, destinándolos a preservar el orden público. 15

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE llar nuevos mecanismos legales que lo permitan. Esto ha influido fuertemente en el posicionamiento de los diversos actores políticos, observándose un reclamo por más militarización de la seguridad pública durante las campañas de aprobación o rechazo de las propuestas constitucionales y, posteriormente, en las actuales campañas municipales(Estrada, 2024). En este marco, han sido pocas las voces que se han opuesto frontalmente a extender la acción militar al orden interno, por lo que el debate se ha centrado más bien en el grado en que esto debe hacerse y la“protección” legal que se dará a la acción de las FF.AA.(Tralma y Vatel, 2024). Por su parte, los militares, al menos públicamente, se resisten a involucrarse en el ámbito del orden interno. Así lo expresaron tanto en el Congreso, el año 2023(Reyes, 2023; Román, 2023), como también en la reunión del Cosena convocado en febrero de 2024(Prensa Presidencia, 2024). En esta oportunidad, el general Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, ratificó su preocupación respecto a que el resguardo de la infraestructura crítica se vincula con aspectos de orden público, por lo que se necesita defi nir claramente si las FF.AA. estarán destinadas solo a proteger la infraestructura o también estarán a cargo del orden público. Para el general, la primera función no supone problema pues ya desarrollan este tipo de labores para sus propias instalaciones, pero se mostró reticente si se pretende que se hagan cargo del orden público, interactuando con la población, porque carecen de entrenamiento y equipos adecuados(Prensa Presidencia, 2024). En este debate los militares se han posicionado como un actor con opinión propia, que no necesariamente coincide con los planes del gobierno y carece de complejos para expresarla directamente en la arena política(Lee, 2024). Así, por ejemplo, la intervención de los comandantes en jefe de las tres ramas, en especial, la del general Iturriaga, el año 2023, ante la comisión de Defensa de la Cámara fue inmediatamente interpretada por la prensa como un acto de desautorización a las ministras de Defensa y de Interior ( El Mostrador, 2023). no quedan fácilmente impunes. A todas luces, esto es muy positivo, pero no necesariamente implica que las FF.AA. se hallen más cercanas a una lógica de separar tajantemente la defensa exterior de la seguridad interior. Más bien pareciera que están buscando negociar mejores condiciones para su intervención, especialmente, teniendo en cuenta la insistencia en que las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) sean más favorables a su accionar y la responsabilidad de los políticos(Carvajal Vega y Rivera, 2023; Rivera, 2023b). Esta discusión ha sido aprovechada por la derecha para escenificar su alianza con los militares. Sin oponerse a la militarización de la seguridad pública que ha impulsado el gobierno, ha logrado posicionarse como la defensora de los militares al presionar por establecer unas nuevas RUF que sitúen en el centro la protección legal a la acción militar. Es más, algunos sectores incluso han llegado a plantear la necesidad de dictar una amnistía para todos los militares y policías condenados o formalizados por delitos cometidos en el contexto del estallido social de 2019(Lillo, 2024). Otro ámbito en que notoriamente operó esta alianza fue durante el debate constitucional. Cabe recordar que, si bien la reforma constitucional de 2005 introdujo algunas modificaciones sustanciales, también dejó muchos aspec tos sin cerrar que fueron objeto de discusión. Por un lado, se propuso eliminar de la Constitución toda referencia al concepto de“seguridad nacional” y, especialmente, el capítulo sobre FF.AA. que figura en el código político actual. Los convencionales de la derecha, incluyendo a militares en retiro electos en sus listas, se opusieron completamente y defendieron la necesidad de mantener el rango constitucional de las FF.AA. 24 En esta reticencia militar a involucrarse en materias de orden público que exijan un contacto directo con la población podemos vislumbrar que los juicios a las violaciones de derechos humanos acaecidas en la dictadura, así como durante el estallido social de 2019, han tenido un efecto disuasorio dentro de las FF.AA., que saben que estos delitos 24 16 Para la Convención Constitucional fue electo Jorge Arancibia, excomandante en jefe de la Armada(1997-2001) y exsenador de la UDI(2002-2010). Para el Consejo Constitucional fue electo Ricardo Ortega, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea(2006-2010) y excandidato a senador por el Partido Republicano.

LA CENTROIZQUIERDA ANTE LA MILITARIZACIÓN 7. LA CENTROIZQUIERDA ANTE LA MILITARIZACIÓN Ante este panorama, si bien no se observan proyectos políticos bien definidos desde la centroizquierda hacia el ámbito militar, sí podemos vislumbrar algunos aspectos importantes que surgen a raíz del debate sobre la militarización de la seguridad pública. Estas diferentes posturas dan cuenta de un complejo debate respecto a cómo entender las relaciones cívico-militares y su impacto en el desarrollo del régimen democrático. Podemos identificar tres posicio nes dentro de la centroizquierda: a) instrumental, b) transformadora y c) transicional. a) La posición instrumental, planteada por el gobierno y diversos sectores del oficialismo, asume que los milita res componen un recurso disponible para ser usado en múltiples labores(no castrenses), para las que el Estado carece de otros instrumentos institucionales, o bien, estos son demasiado débiles para cumplir su función (incendios forestales, seguridad pública, migración, construcción de caminos rurales, etc.). En este sentido, es semejante al paradigma de la utilidad que se impuso durante las décadas de 1950 y 1960, de acuerdo con el cual se pretendía involucrar a las FF.AA. en el desarrollo nacional aprovechando su capacidad en recursos humanos y logísticos(García Pino, 1998). Sin embargo, en la actualidad no se observa un verdadero proyecto, es decir, una visión a largo plazo, sino que pareciera ser solo una respuesta coyuntural a ciertas tendencias de la opinión pública. Por lo mismo, en esta perspectiva no se cuestiona cómo podría afectar esto a las relaciones cívico-militares porque se sustenta en una confianza absoluta de las autoridades en que es posible un uso “aséptico” de la fuerza militar; es decir, que desplegar militares armados no implica un potencial peligro para la ciudadanía y el régimen democrático. b) La posición transformadora es una variante de la instrumental, con la cual comparte el argumento de que es un desperdicio no aprovechar los recursos subutilizados en unas FF.AA. que sólo estén limitadas a actuar para un conflicto armado interestatal. En cambio, asume que es necesario reformar las FF.AA. para que cumplan de mejor forma estas labores no castrenses. Desde esta perspectiva, el problema central respecto a las FF.AA. es cómo transformar esa organización creada para la guerra en una que cumpla además una función orientada a la comunidad. Por ejemplo, se destaca mucho el rol de las FF.AA. ante las catástrofes naturales y en labores de desarrollo económico, pero también, los cambios que exige su uso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. A diferencia de la postura instrumental, en esta perspectiva se rescata la visión de que“los soldados son el pueblo uniformado”, por lo que se asume la necesidad de realizar una profunda transformación de las FF.AA. con el objetivo de adecuarlas a una nueva forma de convivencia del mundo militar y civil o, más bien, entre los militares y el“pueblo”. Incluso se podría afirmar que desde esta perspectiva se asume que los actuales debates sobre la ampliación del rango de acción militar entrañan una oportunidad para“acercar” las FF.AA. al pueblo. c) La tercera posición que observamos es heredera del proyecto político de la transición, es decir, de ajustar a las FF.AA. exclusivamente a roles de defensa y retirarlas del ámbito interno. Por ende, es una perspectiva crítica de la política gubernamental por entender que esta conlleva un peligro para las relaciones cívico-militares al generar una desprofesionalización castrense, y una potencial amenaza a los derechos humanos. Además, al establecer nuevos roles para las FF.AA. se amplía el rango de acción militar en la estructura sociopolítica del país, lo que afecta las relaciones de poder entre los actores políticos y las FF.AA. ya que estas incrementan sus recursos, potencian sus roles políticos, aumentan su presencia social, etc., en detrimento del control civil democrático. Cabe preguntarse si alguna de estas perspectivas puede convertirse en la base para establecer un proyecto político a largo plazo por parte de la centroizquierda. La instrumental no lo permite porque supone que no hay cambios sustanciales en las relaciones cívico-militares, sino únicamente modificaciones específicas para perfeccionar el uso de los recursos militares. En cambio, en la postura transformadora sí hay atisbos de un horizonte político distinto ya que no solo exige repensar las relaciones cívico-militares, sino también reformar las instituciones castrenses tanto en su faceta operativa como en la formativa e, incluso, en la sim17

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE bólica. Sin embargo, aún no se encuentra explícitamente como proyecto político en el debate público. La tercera posición es la más argumentada, con más sustento teórico y tradición política. Aun así, sigue siendo un proyecto en el sentido de que el proceso emanado de la reforma constitucional de 2005 quedó estancado(la institucionalidad no está completa), con un camino avanzado, pero carece(hoy en día) de mayores defensores políticos y es débil para enfrentarse al auge securitario que vive el país. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que desde la centroizquierda se articule un nuevo proyecto político? En principio, podríamos pensar que la perspectiva instrumental es la que se encuentra en mejor posición al contar con mayor apoyo institucional y transversal, desde la derecha hasta la centroizquierda. Sin embargo, esta perspectiva supone un gran problema y es que un elemento en torno al cual gira el discurso gubernamental se refiere a la necesidad de que la izquierda supere su“trauma” con los militares producto del golpe de Estado y deje de concebirlos como enemigos políticos. Se plantea que nos encontraríamos ante un nuevo ciclo histórico en materia de relaciones cívico-militares que permite la militarización del orden público porque las actuales FF.AA. chilenas y el contexto político nacional son muy distintas a los de 1973. Precisamente, el presidente Boric declaraba en septiembre de 2022 que“hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad, pero tenemos que ofrecer seguridad a nuestra gente”(T13, 2022, párr. 5). En la misma línea apunta la ministra del Interior, Carolina Tohá. Al referirse a la militarización de la frontera norte, sostenía que la utilización de los militares en la seguridad interna depende del contexto, habiendo situaciones que lo ameritan, manifestando que: En una línea parecida se manifestaba el senador socialista Fidel Espinoza: Un gobierno, independiente de su color político, no puede tener dobles lecturas y actuar a medias tintas en estos temas. Lo que tiene que hacer es establecer un estado de excepción, utilizando todas las facultades, dejando de lado y atrás los traumas del pasado. No podemos esperar a tener más víctimas en Chile porque no se están adoptando todas las medidas necesarias para desarticular a estos grupos armados que han infundido temor en la población. Soy de izquierda, soy hijo de un ejecutado político y no tengo ningún trauma en que un militar esté en la calle contribuyendo a la seguridad de la población, como debe ser y como debió haber sido desde el primer día en el gobierno del Presidente Boric(Latorre, 2022, párr. 5). En definitiva, esta argumentación respecto a la superación del trauma tiende a vincular la oposición a la militarización con los efectos psicológicos provenientes del golpe de Estado, dejando la responsabilidad(la“culpa”) en quienes no quieren militarizar, como si fuera solo un problema psicológico más que político(ideológico). Esta idea del trauma conlleva una mirada histórica respecto al golpe de Estado y la memoria de la represión como su supuesta superación en función de los problemas de seguridad pública actuales. Lo que no deja de ser paradójico considerando que el propio gobierno buscó impulsar una agenda a favor de la memoria en el contexto del 50 aniversario del golpe militar. Estamos cumpliendo 50 años del Golpe de Estado y tene mos un Gobierno de izquierda en La Moneda. Yo creo que es deber de todos mostrar que la relación de la sociedad chilena con las Fuerzas Armadas es una relación que se basa en el cumplimiento de mandatos que entregamos a través de la Constitución y las leyes aprobadas en un Parlamento electo democráticamente. No tenemos que tener ningún complejo respecto a eso[...] No es que no tenga trauma con la historia que hay en Chile con las FF.AA., pero el trauma se refiere a cuando no se cumple la ley, a cuan do se viola la Constitución, cuando de[sic] pasan a llevar los derechos de las personas… No tengo ningún trauma respecto de un Parlamento que democráticamente le entrega un mandato a las FF.AA. 25 Le dice‘usted tiene esta tarea’, le pone un marco legal para hacerlo y le exige que cumpla esa tarea y que la cumpla de acuerdo a la ley [...] No hay que confundir en ningún momento esas dos cosas y parte de la madurez de un país que ha dejado atrás esa historia es ocupar a las FF.AA. para las cosas en las que puede aportar a la sociedad… Nosotros necesitamos como sociedad no mezclar, no confundir FF.AA. con violación a los derechos humanos 26 (Rivera, 2023a). 25 Texto en negritas, en el original. 26 Texto en negritas, en el original. 18

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA VIGENCIA DE LA ALIANZA DERECHA-MILITARES 8. REFLEXIONES FINALES SOBRE LA VIGENCIA DE LA ALIANZA DERECHAMILITARES Entonces, ¿qué podemos responder ante la pregunta que titula este artículo? Ciertamente, el proyecto de la dictadura de establecer una democracia“protegida” sustentada en una alianza derecha-militares está superado. La democracia actual puede tener muchas carencias, pero está lejos de ese modelo. Y eso, a pesar de que los avances políticos de la transición democrática no han disuelto dicha alianza, la cual se ha proyectado hasta la actualidad, ni que tampoco han logrado desmantelar completamente la institucionalidad que sustenta la autonomía militar. Si bien la reforma constitucional de 2005 restauró en gran medida la subordinación de las FF.AA. al poder civil, estas siguen manteniendo esferas de privilegio y de excepción dentro de la institucionalidad estatal, por lo que la autonomía que buscó consolidar la dictadura aún pervive sobre muchas áreas en que las FF.AA. mantienen un control sin una efectiva supervisión civil. La lógica instrumental de relaciones cívico-militares que está imponiendo en el gobierno, con apoyo de gran parte del oficialismo, no ayuda a revertir esta situación; al contra rio, hace temer que esta pueda agravarse. Al visualizarse a los militares solo como un instrumento a ser utilizado, no se asume el impacto que puede tener el hecho de ampliar, aún más, su accionar hacia la sociedad en la percepción de los militares como un sujeto político central que puede reclamar derechos y roles de acuerdo con tal categoría. Por eso, no basta la argumentación de que la acción militar responde a una orden de la autoridad política. También es necesario que esa misma autoridad controle sus impulsos de solucionar los problemas sociopolíticos por la vía militar. Sin este control, toda discusión sobre democratizar las relaciones cívico-militares carece de sentido. Por otro lado, la militarización de la seguridad pública pone en cuestión el principio de la“vuelta a los cuarteles”, que había sido tan relevante durante toda la transición política. En este sentido, el modelo instrumental de relaciones cívico-militares recuerda mucho a la lógica con que la DC asumió el golpe de Estado, en el sentido de que se podía utilizar la acción militar para enfrentar problemas políticos y que, una vez reinstaurada la normalidad, los militares volverían a sus cuarteles como si nada hubiera sucedido. Esta forma de concebir la militarización como si fuera una simple medida administrativa de recursos humanos, guiada por criterios de eficiencia, sin tener en cuenta la disputa ideológica que implica, niega la importancia de la división de roles entre las instituciones civiles y las castrenses para la conservación del régimen democrático, ya que es muy tenue la diferencia entre que los militares asuman un rol administrativo en el Estado y que empiecen a arbitrar la contingencia política y, por ende, desarrollen su propia definición de los fines colectivos que deben regir a la sociedad y actuar en función de ellos. Además, al pretender desconocer que este proceso implica la exaltación e institucionalización de los valores castrenses en la vida pública, se normaliza la aceptación social de la participación militar para resolver distintos problemas sociopolíticos. Un ejemplo de esto lo observamos en la discusión de las RUF, porque en ella se está debatiendo un elemento central de las relaciones cívico-militares, como es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Si este principio se subordina a la protección del accionar militar, para convencerlos de que participen en la militarización, entonces se habrá alterado el pilar central que da sentido democrático a estas relaciones. La razón de que este fenómeno esté siendo impulsado por un gobierno progresista puede tener varias explicaciones, pero ni el desconocimiento y desinterés de la centroizquierda sobre los temas de Defensa, ni mucho menos el supuesto“trauma” con los militares, permiten explicar este drástico giro. Podría ser que nos encontrásemos ante un nuevo paradigma de relaciones cívico-militares que puede llegar a traducirse en un proyecto político o, por el contrario, ante la negación de toda proyección de largo plazo, presentada como“pragmatismo”. Sea cual sea la respuesta, todas estas explicaciones pretenden excluir la dimensión ideológica 19

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES A 50 AÑOS DEL GOLPE que involucra la definición de las relaciones cívico-militares. Es más, se podría afirmar que tras las reformas de 2005 la centroizquierda ha sido incapaz de desarrollar un proyecto político de qué hacer con el mundo militar. Responder a la pregunta sobre qué queda de la dictadura es esencial para afrontar tanto el presente, como también un futuro que parece incierto y respecto al cual se generan diversos cuestionamientos. Por ejemplo, desde el sistema político chileno ¿se mantendrá esta búsqueda por establecer alianzas con los militares o, por el contrario, se producirá una reconfiguración de las dinámicas de la relación entre militares y el poder político, que nos aproxime a una relación político-militar de carácter democrático? Ciertamente, tal como demuestran los casos de Bukele, Bolsonaro o Noboa, la posibilidad de que la derecha nuevamente opte por renunciar a la democracia y establecer un régimen autoritario en alianza con los militares ya no parece totalmente algo privativo del pasado. Por su parte, para la centroizquierda la alternativa no puede ser crear su propia“alianza” con los militares porque esto sería ratificar, legitimar y proyectar a futuro la condición de sujeto político determinante de los militares. Pero tampoco se puede enredar en la retórica del“ejército del pueblo”, ni mucho menos, limitarse al puro pragmatismo coyuntural para instrumentalizar a los militares. Es necesario desarrollar un proyecto político que se haga cargo del actual peso sociopolítico de las FF.AA., al tiempo que defina claramente qué hacer ante este en defensa de un régimen democrático abierto a las transformaciones sociales. 20

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AUTOR FICHA TÉCNICA Sebastián Monsalve E. Licenciado en Antropología Social por la Universidad de Chile y Magister en Ciencia Política por la misma universidad. Es doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto (País Vasco-España). Se desempeña como investigador en el Instituto de Estudios Internacionales(INTE) de la Universidad Arturo Prat. Fundación Friedrich Ebert en Chile Hernando de Aguirre 1320| Providencia| Santiago de Chile Responsable Dr. Cäcilie Schildberg Representante de FES-Chile https://chile.fes.de https://fesminismos.fes.de Edición de contenido: Arlette Gay Directora de proyectos FES-Chile Edición de estilo: Guillermo Riveros Álvarez El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung{o de la organización para la que trabaja el autor}. ISBN 978-956-6138-90-7

¿QUÉ QUEDA DEL PROYECTO DE LA DICTADURA? Las relaciones cívico-militares a 50 años del golpe Este artículo reflexiona respecto a qué queda del proyecto de la dictadura que buscaba imponer una democracia“protegida” sustentada en una alianza derecha-militares. Si bien durante la transición democrática se han realizado avances importantes para reinstaurar unas relaciones cívico-militares afines a un régimen democrático, no se ha logrado desmantelar completamente la institucionalidad que sustenta la autonomía militar, ni menos aun la vigencia de la alianza entre las FF.AA. y la derecha política. Por contrapartida, desde la centroizquierda se observa la ausencia de un proyecto político a largo plazo para con las instituciones militares. La actual militarización de la seguridad pública pone en cuestión el principio de la“vuelta a los cuarteles”, que había sido tan relevante durante toda la transición política, y conlleva la exaltación e institucionalización de los valores castrenses en la vida pública, normalizándose la participación militar para resolver distintos problemas sociopolíticos. Lo anterior lleva a cuestionarse si estamos ante un nuevo paradigma de relaciones cívico-militares que puede llegar a traducirse en un proyecto político o, por el contrario, ante la negación de toda proyección de largo plazo, presentada como“pragmatismo”.