ANÁLISIS D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES PAZ Y SEGURIDAD GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA Inge Helena Valencia/ Juan Sebastián Carrejo Octubre de 2024 à El conflicto armado y las dinámicas extractivas tienen impactos sociales y ambientales; por tanto, la gobernanza ambiental enfrenta desafíos y oportunidades, especialmente en regiones biodiversas habitadas por comunidades étnicas. à El control territorial ejercido por actores armados y las economías ilícitas han intensificado las desigualdades; a su vez, la justicia ambiental es un pilar para la construcción de paz. à Para garantizar una paz ambientalmente sostenible se deben fortalecer los procesos comunitarios de defensa territorial, articulados con las necesidades locales. 1

PAZ Y SEGURIDAD GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA

CONTENIDO CONTENTS 1 INTRODUCCIÓN 4 2 CONFLICTO ARMADO Y CONTROL DE LA NATURALEZA: EL IMPACTO DE LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS EN LOS TERRITORIOS 5 3 PASOS HACIA LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA PAZ 9 3.1 Fortalecimiento de procesos de defensa territorial comunitaria.................................................9 3.2 Protección de líderes sociales y ambientales................................................................................11 3.3 Fortalecimiento de iniciativas institucionales.............................................................................12 4 REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES................................................................................14 REFERENCIAS....................................................................................................................................... 16

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA 1 INTRODUCCIÓN El conflicto armado en Colombia ha estado estrechamente vinculado a la explotación y apropiación de los recursos naturales. La presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y el desarrollo de actividades extractivas, legales e ilegales, han tenido importantes consecuencias ambientales, culturales y sociales en el país. Según Pérez (2021), el conflicto armado y el modelo económico que ha promovido el extractivismo en Colombia han contribuido a la deforestación, la contaminación de suelos y aguas, así como al desplazamiento forzado de comunidades locales. Estas dinámicas no solo han intensificado los conflictos ambientales sino que también han reflejado los conflictos políticos y sociales que atraviesan el país. En regiones ricas en biodiversidad, la explotación de recursos naturales se ha convertido en un medio de financiación de la guerra, exacerbando las dinámicas de violencia y profundizando las desigualdades y los conflictos sociales. En este contexto, la naturaleza, además de ser víctima directa del conflicto, ha sido utilizada también como una herramienta de poder y control territorial(Pérez, 2021). En respuesta a estas problemáticas, la gobernanza ambiental ha surgido como una estrategia fundamental para promover la paz, ya que se fundamenta en procesos participativos y democráticos para la gestión del acceso y protección de la naturaleza. Esta forma de gobernanza involucra a las comunidades locales, los gobiernos y las organizaciones civiles en la toma de decisiones relacionadas con el uso y la protección del medio ambiente. De este modo, se convierte en un elemento clave para abordar la complejidad de la gestión de recursos en regiones afectadas por el conflicto armado. La gobernanza ambiental se relaciona directamente con los esfuerzos de construcción de paz, pues reconoce que no existe una“paz total” sino múltiples fases y procesos de transformación que deben ser construidos desde los procesos comunitarios de defensa territorial, los métodos tradicionales de resolución de conflictos y las formas de organización comunitaria(Anacona, 2024). La participación de las comunidades en estos procesos es esencial para asegurar que los acuerdos de paz tengan un impacto positivo y duradero en los territorios. Un enfoque importante en Colombia ha sido la defensa de los territorios étnicos y comunitarios, y de los derechos de la naturaleza, como el caso de la Sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional que otorgó derechos especiales al río Atrato, lo que demuestra cómo los procesos de paz pueden alinearse con la protección ambiental. El objetivo de este artículo es analizar las dinámicas socioambientales que alimentan y se derivan del conflicto armado en Colombia, así como las iniciativas y acciones que pueden facilitar la consolidación de procesos de gobernanza ambiental para la construcción de paz en el país. El documento está organizado en tres apartados. A continuación se examinan las dinámicas del conflicto armado en Colombia y su relación con el acceso a economías ilícitas que tienen profundos impactos ambientales; después se discuten los desafíos y las oportunidades de la gobernanza ambiental como herramienta para la construcción de paz; por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones para avanzar hacia un modelo de justicia ambiental que garantice la equidad social y ambiental como pilares fundamentales de la paz en Colombia. 4

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA 2 CONFLICTO ARMADO Y CONTROL DE LA NATURALEZA: EL IMPACTO DE LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS EN LOS TERRITORIOS El conflicto armado en Colombia ha estado estrechamente vinculado a la naturaleza, impactando de manera diferencial a territorios biodiversos y a comunidades locales, especialmente a las poblaciones étnicas. Economías extractivas como la minería y la minería ilegal, la agroindustria y la existencia de cultivos de uso ilícito han generado múltiples conflictos entre comunidades locales, Estado, empresas multinacionales y actores armados que hacen presencia en los territorios, evidenciando la disputa por el acceso y control de la naturaleza. La relación entre los conflictos armados y la naturaleza ha sido explorada por autores como Paul Collier y Anke Hoeffler(1998), quienes a finales de la década de 1990 afirmaban que la razón principal por la cual se originan guerras civiles de larga duración en escenarios donde hay presencia de recursos naturales muy valiosos, eran las ganancias que estos dejaban. Si bien sus planteamientos sirvieron para evidenciar esta relación entre conflicto armado y naturaleza, no estuvieron exentos de críticas. De hecho, algunas de las más fuertes dieron como resultado nuevas interpretaciones que llamaban la atención sobre la necesidad de pensar esta relación más allá de la codicia o la consecución de bienes económicos, teniendo en cuenta otras variables, como el control territorial(Silva y Valencia, 2018). Para Macartan Humphreys(2005), por ejemplo, existen por lo menos seis mecanismos que pueden explicar la relación entre los recursos naturales y el comienzo de una guerra de larga duración. Ellos incluyen la debilidad estatal; la viabilidad: los recursos naturales podrían financiar guerras iniciadas por otros motivos; las redes: el grado en que esos recursos afectan la cotidianidad de las personas y cómo esto define su posición ante los conflictos; el reclamo: la dependencia de los recursos naturales, de hecho, podría estar asociada con quejas en lugar de la codicia; y la codicia de alguien de fuera: los rebeldes no necesariamente son codiciosos, hay terceros –como otros Estados, corporaciones, organizaciones– interesados en acceder a los recursos(Silva y Valencia, 2018). En el caso colombiano, veremos como, por ejemplo, en los últimos cinco años atendemos a una mayor presencia de actores armados en regiones ricas en biodiversidad, presencia que está estrechamente vinculada al control territorial para el acceso de economías ilícitas. De acuerdo con el informe publicado en 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc: United Nations Office on Drugs and Crime), de las 253.000 hectáreas de los cultivos de uso ilícito, el 48% se encuentra en áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 1 . Lo cual tiene relación con su configuración territorial, ya que esas áreas se caracterizan por tener amplias extensiones territoriales, poca presencia del Estado y una localización geográficamente estratégica para el cultivo de coca y el procesamiento y tráfico de cocaína. En regiones ricas en biodiversidad, como el litoral Pacífico y la Amazonia colombiana, vemos el aumento de la presencia de actores armados que buscan controlar rentas ilegales como la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y la deforestación o desarrollar ejercicios de control territorial para acceder a rutas asociadas al tráfico de drogas, victimizando a las poblaciones que habitan en estos territorios y poniendo en riesgo la protección de la biodiversidad(Unodc, 2022). 1 De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, la conformación de Sistemas de Áreas Protegidas obedece a una estrategia adelantada desde la firma del Convenio sobre diversidad biológica(1992), que según la Unesco se propone para alcanzar un manejo equitativo de la tierra, el agua y los recursos vivos, a favor de su conservación, usos sostenibles y distribución equitativa de los beneficios que puedan generar(Unesco, 2020). 5

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA En los últimos años vemos también que las economías ilícitas sobresalen por sus procesos de clusterización, ya que en regiones donde hay desarrollo de cultivos de uso ilícito predominan otras economías de ese tipo como la minería de oro, coltán o arrastre, lo que tiene profundos efectos, como el aumento de la deforestación, la contaminación de recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz: En estos lugares, los cultivos de coca se han convertido en una de las principales amenazas para la conservación, así como los incendios intencionados, la ganadería y el acaparamiento de tierras. Detrás de esta situación hay múltiples causas: el desplazamiento por la violencia y el conflicto; la presión por parte de grupos armados ilegales y actores que hacen parte de la cadena del narcotráfico(Fundación Ideas para la Paz, 2020). En el caso de la región Pacífico, que sobresale por su riqueza en biodiversidad y por contener varias zonas de protección ambiental, concentra el 42% del total de los cultivos de uso ilícito del país. Como lo hemos mostrado en trabajos anteriores(Valencia y Carrejo, 2024), según el censo de cultivos ilícitos de 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la región del Pacífico registraba 94.163 hectáreas destinadas al cultivo de coca, y según el“Informe de explotación de oro de aluvión”, de la misma oficina, de 94.733 hectáreas, el 40% del total de la minería ilegal se desarrolla en el departamento de Chocó. Esto significa que la región del Pacífico alberga casi la mitad de los cultivos ilegales y de las actividades relacionadas con la minería de enclave extractivo ilegal de oro en el país(Valencia y Carrejo, 2024), con consecuencias ambientales muy importantes para la región. Las consecuencias de esta situación para el Pacífico y otras regiones ricas en biodiversidad son diversas y complejas. Tanto los cultivos de uso ilícito como la minería de enclave extractivo ilegal han afectado negativa y profundamente la naturaleza y las poblaciones que habitan esos territorios. En el caso de la minería de enclave extractivo ilegal, por ejemplo, para el caso del río Quito, ubicado en el departamento de Chocó, desde 2010 aproximadamente se introdujeron retroexcavadoras para acceder al oro y al platino en excavaciones de terreno a cielo abierto. Los entables mineros o sitios donde operan estas máquinas se caracterizan por ser espacios donde se ha arrasado con toda la vegetación, que muchas veces queda sepultada bajo los materiales que se remueven, con profundos hoyos llenos de agua donde los brazos mecánicos remueven el terreno para desprender grandes cantidades del suelo y el agua que tienen mezclados los metales preciosos, erosionando la capa vegetal y teniendo impactos profundos en los ríos (Unidad de Restitución de Tierras, 2014: 164, en Galindo, Rasmussen y Valencia, 2019). Colombia es el país con mayor contaminación por mercurio en América. Se calcula que, anualmente, en las actividades relacionadas con la explotación de oro en el país se están liberando alrededor de ciento cincuenta toneladas de mercurio(Ministerio de Salud, 2018). En cuanto a su uso en el agua, es un contaminante persistente en el ambiente donde se transforma en metilmercurio, muy tóxico y además bioacumulable. Dado que se trata de una sustancia que persiste en el ambiente, al entrar en las corrientes de agua y volverse metilmercurio se mueve aguas abajo, introduciéndose en la cadena trófica, afectando a la fauna, la flora y a quienes usan los ríos tanto para obtener sus alimentos como para el resto de actividades vinculadas con él(Galindo, Rasmussen y Valencia, 2019). En el caso del Pacífico, en los ríos y sus alrededores se desarrollan la mayoría de las actividades cotidianas, ya que son los ejes alrededor de los cuales históricamente se ha organizado la vida en estos territorios. Otro de los impactos identificados por la entrada de la maquinaria pesada, en particular de las retroexcavadoras, es la disminución en la producción agropecuaria. La reducción de los recursos hídricos y la contaminación de los ríos también contribuyen considerablemente a la disminución de peces, lo cual afecta la seguridad alimentaria. Por otra parte, la dependencia de la minería, como una actividad casi exclusiva, ha menoscabado los cultivos de pancoger que caracterizaban los ciclos productivos de antaño. Antes, el ciclo de producción era diverso y satisfacía las necesidades locales; hoy,“todo tiene que comprarse”, y las actividades productivas se desarrollan 6

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA solo en función de la minería(Galindo, Rasmussen y Valencia, 2019). En el caso de los cultivos de uso ilícito, sobre todo de coca, y su transformación, generan daños sobre estos territorios con distintas consecuencias. Para la Fundación Ideas para la Paz su impacto más claro es la deforestación: con la consecuente pérdida de biodiversidad y afectaciones a los servicios ecosistémicos. En la mayoría de los casos, las zonas de cultivo están sobre suelos cuya única vocación es forestal, por lo cual la siembra implica transformar las características físicas y químicas de la tierra, generando fenómenos como la acidificación del suelo y la pérdida de biomasa. Otro problema es la contaminación de cuerpos de agua y suelos como resultado del mal manejo de fertilizantes, correctores de pH del suelo, y químicos durante la siembra y transformación de la hoja de coca en pasta base(Fundación Ideas para la Paz, 2020). Es importante señalar asimismo que la presencia de cultivos para usos ilícitos ha estado ligada a la llegada de grupos armados y a la consolidación del uso de la violencia, para tener el control sobre los territorios, especialmente sobre las áreas protegidas y los pobladores que las habitan. Con frecuencia, los grupos armados ilegales han recurrido a amenazas y agresiones para expulsar de las áreas protegidas a los funcionarios de parques naturales u obstaculizar sus funciones mientras que, de manera paralela, establecen manuales de conducta que regulan las relaciones con el ambiente y las personas(Fundación Ideas para la Paz, 2020). Es el caso del Parque Nacional Farallones de Cali, en el que desde 2020 ha aumentado la presencia de cultivos de uso ilícito, siendo el séptimo parque en el país, con 700 hectáreas de coca sembradas(mapa 1), y también foco para el desarrollo de actividades ligadas a la minería ilegal de socavón. Esta situación ha tenido efectos, desde el aumento de estas economías ilegales, además de las amenazas a funcionarios del parque natural y la construcción de vías ilegales en medio del territorio, que buscan conectarlo con la salida al océano Pacífico; hasta una amplio control territorial por parte de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc-Estado Mayor Central( EMC ), y sus acciones violentas, ejercidas especialmente en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Lo anterior nos demuestra que actualmente el acceso a rentas ilícitas por parte de actores armados, además de implicar la financiación de la guerra y los ejercicios de control territorial, tiene importantes impactos en la naturaleza, afectando la conservación de la biodiversidad y el futuro de las poblaciones que habitan en ellas, además de otras situaciones como la militarización de la naturaleza misma. 7

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA Mapa 1 Principales áreas protegidas(Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo Bari, Paramillo, Farallones, Munchique, Sanquianga, La Paya, Sierra de la Macarena) vs. economías ilícitas LEYENDA Áreas protegidas Presencia Evoa 2022 Densidad de cultivos de coca (ha/km 2 ) 0,1- 2,0 2,1- 4,0 4,1- 8,0 8,1- 10,0 10,1- 77,2 Upas campesinas Fuente: Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana(2024). 8

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA 3 PASOS HACIA LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA PAZ El conflicto armado y las dinámicas socioambientales en Colombia están intrínsecamente relacionados, reflejando cómo la explotación de los recursos naturales ha generado profundas desigualdades sociales y ambientales. Por lo tanto, la paz en Colombia depende no solo del cese de hostilidades sino también de la capacidad de las comunidades para participar en la toma de decisiones sobre sus territorios y garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales. Resolver estas dinámicas complejas es fundamental para lograr una paz estable y duradera, que integre las realidades territoriales y promueva la equidad social y ambiental como pilares de la reconstrucción de un país más justo. La idea de justicia ambiental se interpreta como las diversas luchas por propiciar la garantía de derechos, donde las comunidades afectadas demandan justicia ante los impactos desproporcionados del deterioro ambiental sobre los territorios. De esta manera, la interrelación entre medio ambiente, conflicto armado y paz en Colombia se establece de acuerdo con la idea de que la justicia ambiental no es solo una cuestión de acción estatal para la transformación y desarrollo de las regiones, sino una cuestión ética, cultural, política y social que implica hablar de paz desde los territorios, es decir, abordar la construcción de paz desde perspectivas locales y afrontar los conflictos socioambientales desde lo territorial, lo que implica un enfoque integral que reconozca la interrelación entre el territorio, sus pobladores, los recursos naturales y las dinámicas del conflicto armado. Por estas razones, proponemos tres aspectos fundamentales que permitan la consolidación de una gobernanza ambiental para la paz en Colombia: el fortalecimiento a procesos de defensa territorial comunitaria, la protección de líderes y lideresas sociales y ambientales, y el fortalecimiento de iniciativas institucionales que deben fortalecer su enfoque regional. 3.1 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DEFENSA TERRITORIAL COMUNITARIA El acceso a los recursos naturales ha sido fuente de conflictos y posible solución para la construcción de paz. En Colombia, los grupos armados han utilizado estos recursos como una fuente de financiación, lo que ha perpetuado el ciclo de violencia en regiones estratégicas de los departamentos de Cauca y Antioquia, en el Caribe y el Pacífico. Así, el acceso a economías ilícitas como la minería, los cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas(cocaína y marihuana) han permitido a estos grupos consolidar su poder en áreas donde el Estado tiene poca presencia​. Por ello, la construcción de una paz ambiental en Colombia representa un proceso multidimensional que va más allá del simple cese del conflicto armado. Involucra la protección del territorio que para muchas poblaciones étnicas es sinónimo de autonomía, identidad, libertad y garantía a la pervivencia de las propias formas de vida. El territorio ha permitido la subsistencia por medio de diferentes actividades, como los cultivos tradicionales que se reflejan en la reivindicación de activades económicas tradicionales, como la pesca, la agricultura y la minería, a la vez que ha permitido la reproducción de la vida social y cultural. Para muchas comunidades esto significa que su protección sea un legado que debe ser transmitido de generación en generación, razón por la cual el fortalecimiento de los procesos y organizaciones comunitarias son estratégicos para la defensa territorial. 9

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA Conviene señalar que en Colombia los procesos de defensa territorial y el reconocimiento institucional por parte del Estado a derechos territoriales para estas poblaciones se han desarrollado de manera diferencial. En el caso de las poblaciones indígenas, sus territorios tradicionales, reconocidos jurídicamente como resguardos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es de resaltar al respecto la firma reciente del decreto 1275 del 15 de octubre de 2024, que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales de sus territorios. En el caso de las poblaciones afrocolombianas, la ley 70 de 1993 reconoce los derechos a la titulación colectiva y al ejercicio de prácticas tradicionales de producción en estos territorios, que tienen características similares. Pero en las poblaciones campesinas los procesos de reconocimiento de derechos territoriales han sido parciales, lo que ha contribuido a la informalidad en sus territorios y a una posible conexión de esta situación con la expansión de cultivos de uso ilícito. Por ello creemos que la paz ambiental involucra la gestión equitativa de los recursos naturales, la participación comunitaria y la transformación estructural de las relaciones entre las comunidades, la naturaleza y el Estado. Es así como una de las principales reflexiones del seminario“Gobernanza ambiental para la paz” 2 se centró en que la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia requiere superar varios desafíos relacionados con la gobernanza ambiental, siendo prioritario el fortalecimiento de los procesos de defensa territorial comunitaria, que reconozca la defensa de los modo de vida de poblaciones comunitarias, siendo fundamental entender la relación entre el territorio y la defensa de la vida y, asimismo, de otras concepciones de seguridad y defensa. Lejos de concepciones ligadas a la militarización, la idea de defensa territorial rescata los valores del cuidado colectivo, de la cooperación con la vida humana y no humana, donde son fundamentales principios como la inclusión y la sostenibilidad: La incorporación de estas perspectivas inicia la construcción de una seguridad sostenible y democráticamente inclusiva. Por ejemplo, desde la cosmología relacional que comparten las comunidades indígenas y afrodescendientes, la interconexión de todo con todo significa que cualquier lente“multidimensional” de la seguridad debe tener en cuenta las relaciones que existen entre distintos grupos humanos y entre ellos y los no humanos, incluyendo la“naturaleza” que ha sido destruida para fines económicos(Tickner, 2020: 17). Por ello, una estrategia clave para la gobernanza ambiental es el fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, históricamente marginadas de las decisiones sobre el uso de sus territorios. Según el Informe final de la Comisión de la Verdad(2022), para prevenir nuevos conflictos y garantizar la justicia ambiental es fundamental el reconocimiento de los derechos territoriales​. Además, para alcanzar una paz estable y duradera son esenciales la implementación de procesos de consulta previa y la promoción de economías sostenibles basadas en los conocimientos tradicionales de las comunidades. Es importante decir que un número significativo de los conflictos socioambientales en Colombia se deben principalmente al desarrollo de actividades mineras, la deforestación, la construcción de hidroeléctricas y la agroindustria. Las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes suelen ser las más afectadas, ya que los proyectos extractivos se imponen en sus territorios sin considerar sus derechos y modos de vida (González Posso y González Perafán, 2022). Como respuesta, las comunidades han desarrollado mecanismos de resistencia como manifestaciones, bloqueos, tutelas y denuncias, fortaleciendo sus redes de apoyo y articulándose con organizaciones nacionales e internacionales para la defensa territorial. 2 El Seminario se llevó a cabo en la Universidad Icesi de Cali De acuerdo con la literatura especializada, la gobernanlos días 29 y 30 de agosto de 2024, en colaboración entre Fescol, la Universidad Icesi, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad de los Andes de Bogotá y Caribe za para la paz ambiental requiere un enfoque metodológico que establezca un diálogo entre diferentes formas Afirmativo. de conocimiento y priorice la sostenibilidad ambiental y 10

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA la gestión de los recursos naturales en la recuperación y prevención del conflicto(Pérez, 2021). En este sentido, la falta de un marco legal adecuado para proteger a estas comunidades y sus territorios limita los avances en la construcción de paz,​ como la importancia de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos y víctima del conflicto armado, sumado al impacto devastador de los megaproyectos extractivos sobre los territorios. Estas situaciones subrayan la necesidad de una gobernanza ambiental que integre las particularidades territoriales y culturales en los procesos de construcción de paz. La violencia ha afectado no solo a las personas, sino también a los ecosistemas, mencionando que los ríos, por ejemplo, se han convertido en fosas comunes, porque han recibido miles de víctimas, pero también debido al envenenamiento producto del uso de precursores para el procesamiento de cocaína o del mercurio en el caso de la minería. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza es clave en el marco normativo y fue resaltado por la Corte Constitucional en su concepto favorable a la aprobación por parte del Congreso del Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores del medio ambiente y destaca la necesidad de preservar los territorios de las comunidades vulnerables. Por ello, un primer paso para garantizar una gobernanza ambiental efectiva para la paz, radica garantizar y fortalecer los procesos de defensa territorial, entendiendo que la defensa territorial comunitaria implica la defensa de espacios y modos de vida particulares, en lo que cada vez cobra mayor vigencia la defensa de poblaciones y de la naturaleza misma, donde tanto humanos como naturaleza necesitan ser reparados y restaurados. 3.2 PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES Y AMBIENTALES De acuerdo con Martínez(2022), la paz ambiental territorial requiere una justicia ambiental que garantice la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus territorios y recursos, dado que sin resolver los conflictos socioambientales y las desigualdades históricas relacionadas con el control de la tierra y los recursos no será posible alcanzar una paz estable y duradera en el país. Por ello, las comunidades locales, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas han defendido sus territorios contra actividades extractivas, pero a menudo lo han hecho en un contexto de violencia exacerbada por la presencia de actores armados ilegales que buscan controlar estas zonas ricas en recursos naturales. Estas disputas han provocado el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes sociales que se oponen a la explotación de sus territorios​ (Indepaz, 2022). De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo(2024), durante 2023, 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento. Un total de diecisiete departamentos sufrieron desplazamientos forzados masivos, siendo Nariño el que enfrentó el mayor número de casos, con cincuenta y ocho incidentes que afectaron a 9.445 familias, compuestas por 23.483 personas. Después de Nariño, los departamentos más impactados fueron Chocó, con diecinueve eventos, y Valle del Cauca con dieciséis. Además, según datos de Indepaz, desde la firma del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) en 2016, se ha registrado el asesinato de 1.768 lideres sociales(ver figura 1). Estos datos reflejan cómo, a pesar de los esfuerzos por implementar el Acuerdo y mejorar la seguridad en el país, los líderes sociales siguen siendo un blanco recurrente de violencia, especialmente en zonas rurales y regiones con presencia de actores armados y conflictos socioambientales. Otro aspecto fundamental se relaciona con la criminalización creciente de los defensores del medio ambiente en Colombia, definidos como aquellos que defienden la biodiversidad y los derechos de las comunidades, quienes suelen ser víctimas de persecución y violencia. Cuando un líder comunitario es asesinado se pierde una parte esencial de la cultura y el tejido social de la comunidad, lo que constituye un ataque directo contra la pervivencia cultural de sus pueblos. Durante el mismo periodo(2016-2023) fueron asesinados setecientos doce defensores del medio ambiente, de los cuales tres11

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA cientos sesenta y cuatro eran indígenas, noventa y tres afrodescendientes, ciento veintidós campesinos y otros defensores de sus territorios(Indepaz, 2022). Según un informe de Global Witness(2023), en 2023 Colombia fue nuevamente el país más peligroso del mundo para defender el medioambiente y la naturaleza, pues setenta y nueve personas que ejercían este liderazgo murieron por asesinato, una cantidad que supone el 40% de los homicidios de líderes ambientales en el mundo. El Acuerdo de paz de 2016 significó la implementación de programas y reformas(Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos( PNIS ), restitución de tierras, Programas de desarrollo con enfoque territorial( PDET ), entre otros), así como la movilización de grupos sociales históricamente excluidos, que afectan directamente los intereses económicos y políticos de algunas élites locales. Lamentablemente, como en otros periodos históricos en Colombia, la violencia contra líderes sociales es la forma como las élites políticas intentan preservar el autoritarismo competitivo local. La previsible e intensa violencia contra líderes y lideresas sociales está asociada, pero no es solo el producto de la existencia de economías ilegales y actores armados no estatales. Los esfuerzos por parte de élites políticas locales y grupos armados no estatales por preservar formas de autoritarismo competitivo local también están detrás de esta violencia(Albarracín et al., 2020). Por ello, un segundo paso para garantizar una gobernanza ambiental efectiva para la paz radica en garantizar la protección a líderes sociales y defensores ambientales y desmontar los autoritarismos competitivos locales que respaldan estos asesinatos, como lo mostramos en trabajos anteriores(Albarracín et al., 2020). Figura 1 Asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, 2016-2023 Evolución anual 350 300 250 200 150 132 100 50 0 2016 208 2017 298 2018 279 2019 310 171 2020 2021 189 2022 181 2023 Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, 2023. 3.3 FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES El gobierno del presidente Gustavo Petro(2022-) ha planteado una política de paz total, la cual incluye una visión integral que vincula la paz con la justicia ambiental y la sostenibilidad. Esta política busca articular los esfuerzos de pacificación con la implementación de estrategias ambientales centradas en la protección de los territorios y la biodiversidad. Como parte de este enfoque se han promovido diálogos con actores armados y estrategias para fortalecer los Programas de desarrollo con enfoque territorial producto del Acuerdo de paz de 2016, con el objetivo de adelantar proyectos económicos sostenibles para el fortalecimiento del desarrollo regional en las regiones más afectadas por el conflicto, integrando la participación de las comunidades en la toma de decisiones y priorizando el uso sostenible de los recursos naturales​. 12

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA La implementación de estos programas ha enfrentado múltiples desafíos, entre ellos la corrupción y desfinanciación estatal que vivieron durante la administración del presidente Iván Duque(2018-2022) y la necesidad de articular su implementación con las agendas locales y regionales producto de las elecciones departamentales y municipales de 2023. Otros desafíos incluyen la continuidad de actividades extractivas ilegales y la violencia contra los líderes sociales y ambientales. A los que hay que sumar la continuidad de la presencia de grupos armados que continúan operando en las regiones donde se desarrollan estos proyectos y su pérdida de protagonismo, ya que han quedado supeditados a la política gubernamental de paz total. La falta de coordinación efectiva entre las políticas nacionales y las realidades locales dificulta la materialización de estos Programas para materializar una gobernanza ambiental mucho más inclusiva regionalmente. tección y garantía de los derechos ambientales y en la consolidación de la democracia participativa en asuntos ambientales. Al adherir al Acuerdo, el Estado se compromete a desarrollar las acciones para brindar el acceso de sus ciudadanos a la información sobre los impactos ambientales y a garantizar espacios de participación en los proyectos que puedan afectar el medio ambiente. Además, la ratificación refuerza el compromiso del país en la protección de los defensores ambientales, es decir, hace que el Estado asuma una política en esta materia, lo que es especialmente importante ante la profunda vulneración de derechos de líderes y lideresas ambientales. El Acuerdo también impulsa la implementación de mecanismos judiciales efectivos para la resolución de conflictos ambientales, contribuyendo así al fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Por otro lado, la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado colombiano en 2024 es un paso importante hacia la protección de los defensores ambientales y la promoción de transparencia en la gestión de los recursos naturales. El Acuerdo es el primer tratado ambiental de América Latina que busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Adoptado en 2018 y basado en el décimo principio de la Declaración de Río de 1992, está diseñado para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Además, tiene un enfoque particular en la protección de las y los defensores del medio ambiente, un asunto crucial en una región que enfrenta altos índices de violencia contra los líderes y lideresas. La ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado colombiano representa un avance significativo en la proEl Acuerdo de Escazú es un ejemplo de cómo se pueden implementar mecanismos de participación que garanticen los derechos de las comunidades afectadas por proyectos extractivos.​ Ahora bien, uno de los mayores desafíos en la construcción de una paz ambiental sostenible en Colombia es la falta de coordinación entre las políticas nacionales y las necesidades locales. A menudo, las políticas implementadas desde el nivel central no consideran las realidades territoriales, lo que genera desconfianza y resistencia por parte de las comunidades. Por ello consideramos que un tercer paso para garantizar una gobernanza ambiental efectiva para la paz radica en adecuar marcos legales y garantizar el fortalecimiento y la sincronía de iniciativas de carácter nacional(como los PDET o el Acuerdo de Escazú) con realidades locales y sus procesos de administración pública regional. 13

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA 4 REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES La naturaleza ha sido una víctima directa del conflicto armado, siendo utilizada como herramienta de poder y sometida a múltiples formas de destrucción. En este contexto, es evidente la interrelación entre la actual situación de violencia y los conflictos socioambientales en Colombia. El conflicto armado no solo ha sido financiado por actividades extractivas sino que ha exacerbado la competencia por el control de la naturaleza, lo que ha generado más violencia. Las comunidades que se encuentran en las regiones más afectadas por el conflicto son las mismas que enfrentan los mayores impactos de la degradación ambiental. Por tanto, la justicia ambiental se presenta como un eje fundamental para la construcción de paz, ya que implica una distribución equitativa del acceso a los recursos naturales, así como el reconocimiento de los derechos territoriales y bioculturales de las comunidades locales. Por ello, la gobernanza ambiental surge como una estrategia clave para la resolución de conflictos socioambientales y para la construcción de paz en Colombia. Entendida como un proceso participativo y democrático, permite integrar las perspectivas de las comunidades, el Estado y la sociedad civil en la gestión sostenible de los recursos naturales. Ejemplos como el reconocimiento de los ríos como sujetos de derechos y la implementación de los Programas de desarrollo con enfoque territorial demuestran que es posible alinear los procesos de construcción de paz con la protección ambiental. Sin embargo, la implementación de estas iniciativas enfrenta importantes desafíos, incluidos el fortalecimiento de gobernanzas armadas en regiones ricas en biodiversidad, los ataques a líderes y lideresas sociales y ambientales, la expansión de actividades extractivas ilegales y la falta de sincronía entre las políticas nacionales y las necesidades locales. El análisis de las dinámicas socioambientales en Colombia revela que la construcción de una paz estable y duradera depende no solo del cese del conflicto armado sino también de la capacidad de resolver las profundas desigualdades sociales y ambientales generadas por el modelo extractivo. La explotación de recursos naturales, tanto por actores legales como ilegales, ha contribuido a la degradación de los ecosistemas y al desplazamiento de comunidades locales, intensificando los conflictos ambientales y exacerbando la violencia en regiones ricas en biodiversidad. La Comisión de la Verdad formuló recomendaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, destacando la necesidad de acceso a la justicia, el desarrollo territorial sostenible, la prevención de conflictos por el uso de suelos y subsuelos y la reparación de las violaciones de derechos humanos ambientales y territoriales. Por ello, los procesos de reparación deben ser integrales y transformativos, enfocándose no solo en las personas sino también en los territorios y sus ecosistemas. Este enfoque aboga por replantear el concepto de víctima, entendiendo que la violencia afecta a las personas y, también, a la naturaleza. La reparación, por tanto, debe incluir la restauración de los ecosistemas, el reconocimiento de los derechos bioculturales y la construcción de una gobernanza transformativa que involucre a las comunidades locales. Para avanzar hacia una paz estable y duradera es necesario reconocer la interrelación entre el territorio, la naturaleza y las dinámicas del conflicto armado. La construcción de paz debe ir más allá de la ausencia de violencia, centrándose en la transformación estructural de las relaciones de poder y promoviendo una gober14

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA nanza inclusiva y transformativa. Esto implica fortalecer los derechos territoriales de las comunidades, promover la justicia ambiental y desarrollar políticas públicas que integren las realidades y necesidades locales. Solo mediante la creación de mecanismos efectivos de participación y la gestión equitativa de los recursos naturales se podrán superar las desigualdades estructurales y garantizar una paz estable y duradera en Colombia. El modelo extractivo ha sido uno de los factores que ha perpetuado los conflictos socioambientales en el país. En este sentido, la construcción de paz ambiental requiere repensar el modelo de desarrollo y la relación con los recursos naturales. Este proceso implica el establecimiento de una relación ética con la naturaleza, donde se reconozca al territorio como un sujeto de derechos y se fomente una economía orientada hacia la vida y la sostenibilidad(Delgado, 2024). La transición hacia una paz ambiental incluye la promoción de proyectos de desarrollo sostenible que respeten los ciclos vitales de la naturaleza y los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El decálogo de experiencias de construcción de paz ambiental en Colombia muestra la necesidad de un enfoque integral que incluya la participación de las comunidades, la promoción de la justicia ambiental, la transformación del modelo extractivo y el reconocimiento del territorio como sujeto de derechos. La paz ambiental no es solo la ausencia de conflicto violento sino el establecimiento de relaciones equitativas y sostenibles con la naturaleza, en las cuales las comunidades sean las protagonistas y las decisiones se tomen en función del bienestar colectivo y de la vida en todas sus formas. La consolidación de una paz estable y duradera requiere de un enfoque que contemple la justicia ambiental y ecológica, reconociendo los derechos de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos naturales. Uno de los mayores retos es integrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones, asegurando su participación activa y respetando sus derechos territoriales. En síntesis, la gobernanza ambiental para la paz plantea una visión transformadora que desafía los paradigmas tradicionales de desarrollo. Es una herramienta indispensable para lograr una verdadera transformación social y ecológica en Colombia, ya que busca integrar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en la agenda política y económica del país. 15

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA REFERENCIAS Albarracín, J., J. P. Milanese, M. Navarro, I. H. Valencia y J. Wolff. 2020.“La lógica política del asesinato de líderes sociales en Colombia: autoritarismo competitivo local y violencia en el posacuerdo”. Análisis. Paz y Seguridad. Noviembre. Fescol. Bogotá. Disponible en: https://library. fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16811.pdf Anacona Muñoz, A. 2024, 29 de agosto.“Interrelación de la violencia actual y los conflictos socioambientales en la región y el país”. Presentación en el Seminario Gobernanza ambiental para la paz. Universidad Icesi(Cali). Mesa Amplia de Organizaciones Ambientales del Valle. Collier, P. y A. Hoeffler. 1998.“On Economic Causes of Civil War”. Oxford Economic Papers. 50(4), pp. 563573. http://www.jstor.org/stable/3488674 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2022. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bogotá. https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hayverdad Defensoría del Pueblo. 2024, 29 de enero. Comunicado de prensa:“Durante el 2023 en Colombia, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento”. Defensoría del Pueblo. Recuperado de: https://defensoria.gov.co/-/ durante-el-2023-en-colombia-cerca-de-121.000-personas-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-masivo-y-confinamiento Delgado, J. C. 2024.“La resistencia de Fedepesan ante la degradación ambiental y la violencia armada en el Magdalena medio”. Ecología Política. 67, pp. 89-93. https://credhos.com.co/documents/informes/La-resistencia-de-Fedepesan-ante-la-degradaci%C3%B3n-ambiental-y-la-violencia-armada-en-el-Magdalena-Medio.pdf Fundación Ideas para la Paz( FIP ). 2024.“Los conflictos ambientales según los líderes sociales. Un llamado a aterrizar los nuevos planes de desarrollo locales. Resultados del Pulso# 5, sondeo aplicado en enero de 2024”. Disponible en: https://ideaspaz.org/publicaciones/especial/2024-02/los-conflictos-ambientales-segun-los-lideres-sociales ----------. 2020. Cultivos ilícitos y áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Por qué ha sido difícil avanzar y cuáles son las opciones. Notas estratégicas. 17. Disponible en: https://multimedia.ideaspaz.org/ media/website/ FIP_NE_PNN Cultivosilicitos_web_Corregido_Final.pdf Galindo, M. I., S. Rasmussen e I. H. Valencia. 2019.“Autonomía, mecanización y guerra: la trama del oro en el Pacífico colombiano”. Maguaré. 33(2), pp. 101-137 doi: https://doi.org/10.15446/mag.v33n2.86198 Humphreys, M. 2005.“Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution Uncovering the Mechanisms”. Journal of Conflict Resolution. 49(4), pp. 508-537. https:// doi.org/10.1177/0022002705277545 Global Witness. 2023.“Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática”. https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/siempre-en-pie-defensores-sept-2023 González Posso, C. y L. González Perafán. 2022. Conflictos socioambientales en Colombia. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz(Indepaz). Bogotá. Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana Cali. 2024.“Áreas protegidas vs. presencia de economías ilícitas”[Mapa]. Procesamiento de datos SIPE : IEI Javeriana, Cali. Datos: PNN , Runap, Min16

GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA justicia, Unodc, Observatorio de Drogas de Colombia, Evoa. Martínez-Abello, J. M. 2022.“Los conflictos ambientales en Colombia: una necesaria aproximación desde la cuestión de la paz”. Análisis Jurídico-Político. 4(8), pp. 251-274. https://doi.org/10.22490/26655489.5844 Ministerio de Salud y Protección Social. 2018.“Informe de estudios. Realizados en relación con la exposición a mercurio”. Yady Cristina González, contratista. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. https://www. minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/ RIDE / VS / PP / SA /informe-de-estudios-hg.pdf Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz. 2023. Líderes sociales, defensores de DD . HH y firmantes de acuerdo asesinados en 2023. Indepaz. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(Unodc)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos(Simci). 2024.“Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2023”. Unodc-Simci. Bogotá. Pérez, W. 2021.“Gobernanza ambiental y transformación social en Colombia”. Jurídicas. 18(2), pp. 281-296. https://doi.org/10.17151/jurid.2021.18.2.16 Rojas, C. y C. Montes. 2016.“El uso del mercurio en la minería artesanal del oro en Colombia”. En J. C. Henao y M. del P. Pachón(editores). Minería y desarrollo. Tomo 2. Medio ambiente y desarrollo en la actividad minera. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Tickner, A. 2020.“El concepto de la seguridad: aportes críticos”. Análisis. Paz y Seguridad. Noviembre. Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol). Bogotá. Recuperado de: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/laseguridad/16914.pdf Unesco. 2020.“El compromiso de la Unesco con la biodiversidad”. Unesco. https://www.unesco.org/es/biodiversity/commitment Valencia, I. H. y J. S. Carrejo. 2024.“La paz total en la región Pacífico: entre avances y retrocesos”. Análisis. Paz y Seguridad. Febrero. Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol). Bogotá. Valencia Peña, I. H. y L. Silva Chica. 2018.“Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el Norte del Cauca, Colombia”. Estudios Políticos. 52, pp. 172-193. https://doi.org/10.17533/udea.espo. n52a09 17

ACERCA DE LA AUTORA Y EL AUTOR PIE DE IMPRENTA Inge Helena Valencia. Phd en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales( EHESS ), París. Profesora y directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Icesi(Cali). Hace parte de la red de expertos de Global Initiative Against Organized Crime. Sus proyectos actuales de investigación y consultoría están orientados a comprender las dinámicas de violencia en el contexto del posacuerdo, el crimen organizado y la seguridad en el contexto de pospandemia. Juan Sebastián Carrejo Lince. Maestrante en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Icesi. Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos por la Universidad del Valle. Investiga sobre paz territorial y derechos humanos. Experiencia en la facilitación y formación de derechos humanos, participación política comunitaria y transformación de conflictos. Acompañamiento estratégico en procesos de construcción de paz territorial. Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Oliver Dalichau Representante de la FES Colombia Saruy Tolosa Coordinador de proyectos saruy.tolosa@fes.de Bogotá, octubre de 2024 SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reEl uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES . flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://colombia.fes.de

D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA à Este artículo analiza los desafíos y las oportunidades que enfrenta la gobernanza ambiental en Colombia, un país donde el conflicto armado y las dinámicas extractivas han generado profundos impactos sociales, culturales y ambientales, especialmente en regiones biodiversas habitadas por comunidades étnicas. A partir de las reflexiones del seminario“Gobernanza ambiental para la paz” se explora cómo el control territorial ejercido por actores armados y las economías ilícitas han intensificado las desigualdades, mientras que la justicia ambiental emerge como un pilar fundamental para la construcción de paz. à El estudio discute cómo el fortalecimiento de los procesos comunitarios de defensa territorial, junto a iniciativas como los Programas de desarrollo con enfoque territorial( PDET ) y el Acuerdo de Escazú, necesitan ser fortalecidos y articulados con las necesidades locales para garantizar una paz ambientalmente sostenible. Concluye que la paz en Colombia depende no solo del cese de hostilidades sino de una transformación estructural que reconozca tanto los derechos territoriales de las comunidades como los derechos de la naturaleza. 19