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ESTUDIOS FEMINISTAS DE SEGURIDAD DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Editora y organizadora Alessandra Jungs de Almeida Coeditoras Ana Luiza Vedovato Carolina Sampó Elany Almeida de Souza Isadora Cruxên Izadora Xavier do Monte Katherine Aguirre Olivia Tena Rose Marques Sofía Bosch Gómez Diseñadora Isabella Alves Institución organizadora Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe Organizaciones colaboradoras Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa e Internacional (NEGPEI), UFSC Data+ Feminism Lab, MIT Datos Contra el Feminicidio Women’s and Gender Studies, MIT Autoras(prefacios) Catherine D’Ignazio Katherine Aguirre Mónica Salomón Nidia Beltrán Autoras(capítulos) Agustina Ugolini Aimée Boeta Borja Alejandra Bahena Iturralde Alessandra Jungs de Almeida Anne Alessandra Cuadros Gutiérrez Carolina Mosquera Vera Doris Elena Ospina Muñoz Florencia D. Vega Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez J. C. D. Calderón Karoline Alvarado Lucía Camardon María Fernanda Noboa Mirtha Cucco García Natalia Romero Marchesini Natalia Tejero Rivas Olivia León Huacuja Patricia M. Garcia Iruegas Priscyll Anctil Avoine Republicanas Populares Romina Rajoy Rosimar Francelino Maciel Sofía Duarte Como citar este libro: Jungs de Almeida, Alessandra(ed.). Estudios Feministas de Seguridad desde América Latina y el Caribe. Florianópolis: UFSC, 2025. Catalogación en la fuente por la Biblioteca Universitária de la Universidade Federal de Santa Catarina E82 Estudios feministas de seguridad desde América Latina y el Caribe [recurso eletrônico]/ editora e organizadora, Alessandra Jungs de Almeida; coeditoras, Ana Luiza Vedovato...[et al.]; autoras, Agustina Ugolini...[et al.]. – Florianópolis: UFSC, 2025. 259 p.: gráfs., fots. E-book(PDF) ISBN 978-85-8328-317-1 1. Segurança internacional. 2. Feminicídio. 3. Violência contra a mulher. 4. Estudos feministas. I. Jungs de Almeida, Alessandra. II. Vedovato, Ana Luiza. III. Ugolini, Agustina. CDU: 396(7/8=6:729) Elaborada por la bibliotecaria Dênira Remedi – CRB-14/1396 Organización Colaboradores 2

06. Agradecimientos 08. Prefacio de Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe Nidia Beltrán Katherine Aguirre 11. Prefacio del Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa e Internacional, UFSC Mónica Salomón 13. Prefacio del Data+ Feminism Lab, MIT Catherine D’Ignazio 16. Introducción. Un avance colectivo y feminista sobre los estudios de seguridad desde América Latina y el Caribe Alessandra Jungs de Almeida Contenido 33. 1. APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS VIOLENCIAS RELACIONADAS CON EL GÉNERO 34. La conceptualización del feminicidio como teoría de seguridad crítica Natalia Tejero Rivas 40. Teoría feminista sobre la seguridad desde las organizaciones sociales: contribuciones conceptuales desde el quehacer político Carolina Mosquera Vera 50. 2. ACTIVISMO DE DATOS CONTRA EL FEMINICIDIO Y LA SEGURIDAD FEMINISTA 51. Luchar con números: el activismo de datos contra los femicidios/feminicidios en Argentina, Brasil y México Natalia Romero Marchesini 63. La violencia contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América Latina y el Caribe desde los estudios feministas de seguridad Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez 73. Activismo de datos para el análisis de los feminicidios transnacionales en América Latina y el Caribe Republicanas Populares 86. A experiência do método em rede para enfrentamento à violência contra mulheres e meninas em Rondônia Rosimar Francelino Maciel 3

97. 3. VIOLENCIAS RELACIONADAS CON EL GÉNERO: RESISTENCIAS, REPLANTEAMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN EL TERRENO 98. Y si pierdo el miedo, ¿qué me queda? Poesía trans/feminista sobre y contra la violencia de(l-os) género(s) J. C. D. Calderón 108. Autopsia verbal del feminicidio íntimo en Antioquia, 2015-2019 Doris Ospina-Muñoz 119. Una práctica pedagógica para la reflexión con perspectiva de género en la actuación policial en ámbitos rurales Romina Rajoy y Agustina Ugolini 129. Masculinidad hegemónica y violencias de género: Experiencia de intervención con hombres judicializados por violencia de género Mirtha Cucco García y Lucía Camardon Ciafardini 140. 4. ENFOQUES FEMINISTAS SOBRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD GUBERNAMENTALES 141. Políticas(feministas) de seguridad en Argentina: Una breve reflexión desde las teorías feministas sobre las políticas de género desplegadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2010 y 2016 Sofía Duarte 150. Estudios críticos feministas en seguridad: el desafío de redireccionar la conducción político-estratégica de la seguridad en Ecuador María Fernanda Noboa González 161. Los límites entre la integración de las mujeres y la reproducción de roles de género en las Fuerzas Armadas: el caso de El Salvador durante la emergencia por covid-19 Karoline Alvarado 171. Transparencia, rendición de cuentas y justicia fiscal: hacia el desmantelamiento del poder de los militares en México Olivia León 184. Disuasión focalizada enfocada en violencia doméstica desde una perspectiva feminista: estrategias potenciales para América Latina Patricia M. Garcia Iruegas 4

192. 5. POLÍTICAS DE(IN)SEGURIDAD Y VIOLENCIAS LETALES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 193. De palabras a acciones, ¿qué se está haciendo para acabar con la violencia de género en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Aimée Boeta Borja 202. La guerra contra las drogas en México y su impacto en la vida de las mujeres que maternan Alejandra Bahena Iturralde 211. El deficiente control de armas de fuego en Latinoamérica y su influencia en la seguridad de las mujeres Anne Alessandra Cuadros Gutiérrez 224. Tensión en la resistencia en América Latina: La seguridad de las personas defensoras de la naturaleza en Argentina, Chile y Colombia Florencia D. Vega 240. Conclusión. Nuestra arma, la resistencia político-académica feminista frente a las inseguridades Priscyll Anctil Avoine 250. Biografías de las contribuyentes 5

Agradecimientos La finalización de este libro es resultado de la colaboración entre diversos proyectos en distintas latitudes de América Latina y el Caribe, así como más allá de estas. Para la realización de este libro, quiero expresar mi agradecimiento al apoyo institucional de Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe, que no dudó en abrazar este proyecto feminista y colectivo en se guridad. Amassuru es una red de más de 700 mujeres de la región que trabajan en diversos ámbitos, como la academia, gobiernos, medios de comunicación, ONGs, activismo, entre otros. Varias mujeres de Amassuru participaron inicial mente en nuestro grupo de estudios titulado“Feminicidios y Estudios Femi nistas de Seguridad”, que culminó en este proyecto de escritura. Con su partici pación, distribuida por toda la región, este proyecto se fortaleció y alcanzó una relevancia local necesaria y sin precedentes. Este libro se enmarca en los debates de las Relaciones Internacionales, y por ello agradezco también el apoyo del Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa e Internacional(NEGPEI) de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. El grupo de lectura que dio origen a este libro era una actividad semestral que organizábamos en el NEGPEI, y la propuesta regional que dio origen a este proyecto fue acogida y apoyada por la directora del grupo, Mónica Salomón. El respaldo institucional del NEGPEI refuerza nuestra intención de si tuar esta obra en los debates contemporáneos de las Relaciones Internacionales. También quiero agradecer el apoyo del proyecto Datos Contra el Feminicidio y del Data+ Feminism Lab(Laboratorio de Datos+ Feminismo) del Massachu setts Institute of Technology(MIT). Este Laboratorio, por medio de la directora Catherine D’Ignazio, apoyó este proyecto desde el primer día. Los debates so bre Relaciones Internacionales fueron acogidos por este grupo y por el proyec to Datos Contra el Feminicidio, cuya interdisciplinariedad permitió integrar iniciativas activistas y personas de Latinoamérica que, de otro modo, quizás no se habrían sumado. En la misma línea, agradezco al programa de Women’s and Gender Studies del MIT, representado por Lerna Ekmekçioğlu, cuyo apoyo fue fundamental para que yo pudiera contar con el tiempo necesario para editar y organizar esta obra. A nivel institucional, también agradezco a la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES), especialmente a la FES Colombia y Brasil, que, por medio de Catalina Niño, no solo asumieron los costos de este libro, sino que también brindaron apoyo significativo a lo largo del proyecto. Por último, quiero expresar un especial agradecimiento a las co-editoras de este libro. Cada texto presentado aquí pasó por varias revisiones, incluyendo una evaluación de una editora. La evaluación fue realizada por Ana Luiza Vedo 6

vato, Carolina Sampó, Elany Almeida de Souza, Isadora Cruxên, Izadora Xavier do Monte, Katherine Aguirre, Olivia Tena, Rose Marques y Sofía Bosch Gómez, a quienes agradezco profundamente por su tiempo y compromiso. También quiero agradecer a la artista Isabella Alves por las ilustraciones de portada y la diagramación de este libro. Han sido las personas vinculadas a estos diversos proyectos quienes hicieron posible este libro, aportando su tiempo, apoyo financiero y simbólico para que esta obra pudiera materializarse. Con saludos feministas, les expreso mi agradecimiento y espero que disfru ten de una excelente lectura. Alessandra Jungs de Almeida, Cambridge, EE.UU., 2 de diciembre de 2024 7

Prefacio de Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe Nidia Beltrán Co-fundadora de Amassuru, Colombia Katherine Aguirre Investigadora del Instituto Igarapé de Brasil y co-fundadora de Amassuru, Colombia En los últimos años, la seguridad ha emergido como un asunto crucial en el debate público y académico, especialmente en América Latina y el Caribe, una región marcada por altos niveles de violencia y desigualdad. Sin embargo, a pesar de la atención que recibe, los enfoques tradicionales sobre seguridad y defensa han ignorado el enfoque de género y han sido negligentes en incorpo rar variables interseccionales como la etnicidad y la clase social. Esta omisión ha perpetuado políticas públicas ineficaces y, a menudo, discriminatorias que no logran capturar las complejas experiencias de violencia e inseguridad que enfrentan diversas personas en sus hogares, en las ciudades, en contextos de conflictos armados y frente al crimen organizado. Este libro, titulado Estudios feministas de seguridad desde América Latina y el Caribe, nace de la necesidad de llenar este vacío en el desarrollo de políticas de seguridad y defensa en la región. Resulta crucial incorporar esta perspectiva para abordar la violencia basada en género, que afecta desproporcionadamente a mujeres y las personas lesbianas, bisexuales y trans, históricamente invisibili zadas en los análisis de seguridad. Los feminicidios, la violencia sexual y los crí menes de odio no son problemas marginales, están profundamente conectados con las estructuras sociales y económicas que alimentan la violencia generaliza da de la región. Continuar ignorando estas realidades hace que los enfoques de seguridad se vuelvan incompletos e incapaces de ofrecer soluciones duraderas. Este libro contiene una recopilación de investigaciones y reflexiones de países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y México, entre otros, que buscan redefinir y ampliar nuestro entendimiento de la seguridad, ponien do en primer plano las voces y experiencias de las violencias de las cuales las mujeres y otros grupos históricamente marginados son víctimas, evidenciando esas desigualdades estructurales que se relacionan con los fenómenos de inse guridad, como crimen organizado o violencias urbanas. La Red Amassuru, como promotora de este proyecto, se ha dedicado a crear un espacio de discusión y visibilidad para las mujeres expertas en seguridad y 8

defensa en la región. La iniciativa surge de la necesidad de incorporar un en foque de género en las discusiones y decisiones relacionadas con la seguridad y defensa, y de considerar las intersecciones de género con otras identidades y contextos sociales. La falta de estas perspectivas y de la participación de muje res en la formulación de políticas, ha obstaculizado la capacidad para reconocer las variadas experiencias de violencia e inseguridad que enfrentan las personas en diferentes entornos, desde el ámbito doméstico, urbanos, políticos e incluso los criminales. Los capítulos de este libro exploran una gama de materias cruciales. Por ejemplo, se aborda la conceptualización del feminicidio no solo como un fe nómeno social, sino como un problema de seguridad crítica que requiere aten ción urgente. Se analizan también las políticas de seguridad del Estado desde una perspectiva feminista, cuestionando cómo los enfoques actuales pueden ser reformulados para incluir de manera efectiva a mujeres y otros grupos mar ginados. Además, se examinan aspectos como la integración de las mujeres en las fuerzas de seguridad y los desafíos que enfrentan al romper con los estereo tipos de género en estos espacios predominantemente masculinos. El libro incluye asimismo discusiones sobre la violencia letal relacionada con el género, analizando cómo las políticas y prácticas de seguridad en diferen tes países de la región pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres y otras minorías de género. Se destacan enfoques innovadores en seguridad urbana y doméstica que buscan responder de manera más efectiva a las necesi dades de las mujeres y otros grupos marginados mediante la ética del cuidado y el urbanismo feminista. Al ampliar nuestra comprensión de la seguridad para incluir estos enfoques feministas y de género, ampliamos también nuestra capacidad para desarrollar políticas públicas más inclusivas y efectivas. Durante mucho tiempo, las muje res han sido relegadas a roles estereotípicos o secundarios dentro de las insti tuciones, como la atención comunitaria o el cuidado de víctimas, mientras que los roles de toma de decisiones y liderazgo han permanecido en gran medida en manos de hombres. La inclusión de más mujeres en las discusiones e instan cias de toma de decisiones ha demostrado tener un impacto positivo, creando cambios estructurales y culturales que responden de manera más efectiva a las necesidades de diversos grupos sociales. La inclusión de mujeres en estos roles no debe limitarse a la representación numérica. Es fundamental que se les brinden las herramientas y el apoyo nece sarios para que ejerzan un liderazgo efectivo, con capacidad de incidencia real en las decisiones estratégicas y en la implementación de políticas. Esto implica la creación de espacios seguros y equitativos para su desarrollo profesional, así como el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres dentro del sector. 9

El libro es, entonces, no solo un llamado a repensar la seguridad desde un marco feminista, sino también una invitación a reconocer la experiencia y el conocimiento de tantas mujeres que, por medio de sus investigaciones, prác ticas y activismo, han desafiado las nociones tradicionales de lo que significa seguridad y defensa. Esperamos que esta obra sirva como una plataforma para continuar el diálogo y la acción en busca de una seguridad más justa, inclusiva y efectiva para todos y todas. Las mujeres tenemos un papel crucial en este proceso, no solo como beneficiarias, sino como agentes de cambio capaces de liderar transformaciones significativas en las políticas de seguridad y defensa. 10

Prefacio del Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa e Internacional, UFSC Mónica Salomón Profesora asociada de Relaciones Internacionales, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil Con gran satisfacción, el Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa e Internacional(NEGPEI), del que formo parte y lidero, presta su apoyo a esta obra. El Núcleo reúne a investigadoras e investigadores de grado y posgrado(maestría y doctorado) en relaciones internacionales de la Universidade Federal de Santa Catarina y está asociado también a su Instituto de Estudos de Gênero. Nuestras investigaciones abarcan todas las temáticas de la agenda de las relaciones inter nacionales, entendidas como las relaciones entre gobiernos y sociedades que atraviesan las fronteras y que transcurren a lo largo de todo el espectro que va desde el conflicto a la cooperación: diplomacia, seguridad, cooperación para el desarrollo, política exterior, derechos humanos, etc., analizadas siempre a par tir de la perspectiva o lente de género. La seguridad es una de las temáticas clásicas de nuestra área de estudios. De hecho, la disciplina académica de las relaciones internacionales nació en torno a los debates sobre seguridad internacional entre académicos liberales(los fun dadores de la disciplina, preocupados por buscar mecanismos institucionales que acabaran con las guerras) y los llamados realistas, quienes sostenían que la recurrencia del conflicto internacional era inevitable y a partir de ello justi ficaban políticas beligerantes y expansionistas. Durante décadas el foco de ese debate fue la seguridad del Estado y su dimensión militar. El fin de la Guerra Fría permitió una expansión del concepto, que por un lado pasó a entender se como multidimensional(abarcando por ejemplo la seguridad económica o la ambiental) y por otro a aplicarse no solo al Estado sino a los individuos. El concepto de seguridad humana refleja ese entendimiento. Naturalmente, la ampliación conceptual tiene implicaciones político-normativas importantes: más que fronteras militarmente seguras como fin en sí mismo, los gobiernos deberían buscar la satisfacción de las necesidades de los individuos y grupos que conviven y se relacionan dentro y a través de ellas. La manera feminista de entender la seguridad es compatible con el concepto de seguridad humana, de la misma manera que la manera feminista de enten der el desarrollo tiene gran afinidad con el concepto de desarrollo humano. Esto explica que, desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado, las relaciones internacionales en general y la problemática de la seguridad inter nacional en particular se examinaran, cada vez más, desde una perspectiva de 11

género informada por el feminismo. Aunque las perspectivas teórico-meto dológicas de los distintos análisis son muy variadas, lo que se ha hecho, bási camente, ha sido proceder a la desagregación por género de las distintas áreas o fenómenos considerados, destacando los papeles diferenciados de hombres y mujeres y vinculándolos a las jerarquías impuestas por el patriarcado. Se ha comprobado, invariablemente, que hombres, mujeres, y también quienes no se identifican con la asignación binaria de las categorías de género, experimentan de manera diferente y desigual los procesos estudiados por las relaciones inter nacionales, ya sean guerras, migraciones o políticas de desarrollo. A partir de esta constatación, y de la mano del activismo feminista, se han propuesto cam bios en los consensos internacionales sobre gobernanza global y en las políticas nacionales con el fin de avanzar hacia la igualdad de género. La investigación feminista tiene, invariablemente, objetivos políticos. Eso es patente en la presente obra. Sus capítulos contribuyen al enriqueci miento conceptual del estudio de la seguridad desde la perspectiva feminista y, al mismo tiempo, a la diseminación de las variadas estrategias con las que los activismos feministas –con foco en los latinoamericanos– enfrentan la violen cia de género en sus múltiples dimensiones. Se trata de una obra pertinente y necesaria en una región como la nuestra, que se caracteriza tanto por sus elevadísimos registros de violencia de género como por un movimiento femi nista bien organizado, desdoblado en organizaciones y redes de activistas que trabajan en asuntos específicos. El de la violencia de género, claro, es uno de los prioritarios. Saludo una vez más la iniciativa y espero que estimule a muchas otras jóvenes académicas y activistas a continuar este esfuerzo. 12

Prefacio del Data+ Feminism Lab, MIT Catherine D’Ignazio Profesora Asociada en el Departamento de Planificación y Estudios Urbanos del Massachusetts Institute of Technology(MIT), Estados Unidos Para Data+ Feminism Lab(Laboratorio de Datos+ Feminismo) es un gran honor apoyar este trabajo innovador sobre los estudios feministas de seguri dad. Este libro no solo se centra en los enfoques feministas de los estudios de seguridad: el proceso de su creación ha implicado métodos pluralistas, transna cionales y feministas de diálogo y cocreación. Se trata de un libro que atravie sa fronteras y límites nacionales, así como fronteras disciplinarias. Desafía los binarios simplistas, como las concepciones binarias del género en la violencia feminicida, así como los binarios que nos dicen que tenemos que ser académi cas/os/es o activistas, pero no ambas cosas. A través de sus páginas, aprendemos que algunas de nuestras mayores activistas feministas están creando en colabo ración algunas de las teorías más rigurosas sobre el feminicidio y la violencia de género. Y nos enteramos de que algunas de nuestras mejores académicas/es/os están en los espacios comunitarios, proporcionando apoyo directo y servicios a los movimientos feministas. Data+ Feminism Lab tiene su sede en el Departamento de Estudios Urba nos y Planificación del Massachusetts Institute of Technology(MIT), en Boston (Estados Unidos). Nuestra misión es utilizar datos y métodos computacionales para luchar por la justicia de género y racial, particularmente en lo que se re fiere al espacio y al territorio. Fundé el laboratorio en 2019, mientras vivía en Buenos Aires y revisaba Data Feminism con mi amiga y colaboradora Lauren F. Klein(D’Ignazio y Klein, 2020). Para mí, ese fue un año transformador. In vestigando más sobre el trabajo de María Salguero, la reconocida activista que produce datos sobre feminicidios en México, entré en contacto con grupos fe ministas en Argentina que estaban usando datos para visibilizar el feminicidio. Participé en marchas y pude experimentar y admirar la fuerza y la creatividad de los movimientos feministas latinoamericanos. Y conocí a Silvana Fumega y Helena Suárez Val, dos expertas en feminicidios y datos que rápidamente se convirtieron en queridas colaboradoras y amigas. Juntas, cofundamos el proyecto Datos Contra Feminicidio en 2019, e Isadora Cruxên se unió a nosotras como colíder en 2023. Nos motivó comenzar Datos Contra Feminicidio por la simple observación de que el activismo de datos de feminicidio es una estrategia muy extendida y cada vez más efectiva de los movimientos feministas en toda América, con esfuerzos crecientes en Europa y 13

África. Cuando empezamos a hablar más con las activistas de datos, les pregun tamos cómo podíamos ayudar a apoyar y sostener su trabajo, y nos dijeron que lo que querían era estar en comunidad unas con otras. Contabilizar los femi nicidios − documentar los casos, humanizar la vida de las mujeres, ayudar a las familias y comunidades afectadas por esta violencia − es un trabajo increíble mente difícil. Escuchamos una y otra vez que estar constantemente expuesto a una violencia brutal puede ser aislante y desmoralizante. Y, sin embargo, las activistas desarrollan estrategias de autoayuda y cuidado colectivo para poder mantener este trabajo(Suárez Val et al., 2023). Una de esas estrategias es crear comunidad, y esto es algo a lo que Datos Contra Feminicidio ha contribuido desde nuestros primeros eventos en línea en 2020. Cada año, alrededor del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizamos eventos virtuales y talleres sobre datos y feminicidio don de activistas, periodistas, empleados del sector público, académicas y más pue den conocerse, compartir consejos y estrategias y fortalecer nuestras energías colectivas y afectivas. Aunque el problema es siempre sombrío, es un espacio donde renovamos nuestros compromisos, establecemos nuevas relaciones y encontramos alegría en la lucha colectiva. Gráfico para el evento de noviembre de 2024 sobre feminicidio y cobertura mediática. Imagen de Alicia Jael Delgado. Por eso, con gran entusiasmo, el Laboratorio de Datos+ Feminismo apoyó la propuesta de Alessandra Jungs de Almeida y sus colaboradoras de organizar un grupo de lectura sobre estudios feministas de seguridad. Esa serie de conversa ciones se ha convertido ahora en su propia comunidad intelectual, así como en un libro con muchas contribuciones novedosas e importantes para fomentar el discurso sobre este asunto. Aunque el Laboratorio de Datos+ Feminismo no había contribuido al campo de las relaciones internacionales, nos enorgullece entablar este diálogo con tantas/os/es expertas/os/es estimadas/os/es compro metidas/os/es con la construcción de nuevos marcos teóricos y pruebas empí 14

ricas de la importancia de un enfoque feminista de los estudios de seguridad. Este trabajo es una afirmación de lo que colectivamente ya sabemos: juntas/os/ es somos más audaces, más inteligentes y más fuertes. Bibliografía D’Ignazio, Catherine; Klein, Lauren F. Data Feminism. Cambridge: MIT Press, 2020. Disponible en: https://data-feminism.mitpress.mit.edu/bienvenida. Suárez Val, Helena; Martínez Cuba, Ángeles; D’Ignazio, Catherine. Datos de feminicidio, trabajo emocional y autocuidado. 28 de julio de 2023. Medium.com. Diseño por Melissa Q. Teng. Disponi ble en: https://medium.com/data-feminism-lab-mit/datos-de-feminicidio-trabajo-emocional -y-autocuidado-fa0ba5daeb2b. 15

Introducción. Un avance colectivo y feminista sobre los estudios de seguridad desde América Latina y el Caribe Alessandra Jungs de Almeida Posdoctoranda en Estudios de Género, MIT, Estados Unidos. Doctora en Relaciones Internacionales, UFSC, Brasil. Co-fundadora de Amassuru, Colombia Nuestro libro: un proyecto feminista que empuja los márgenes al centro Este libro nació de encuentros de lectura entre latinoamericanas y caribeñas, en los cuales estudiamos los feminicidios desde las intervenciones feministas en los estudios de seguridad, especialmente a partir de las Relaciones Inter nacionales. Llegamos a esta discusión porque percibimos en nuestros países un problema común: al mismo tiempo que observábamos cómo las violen cias relacionadas con el género en América Latina y el Caribe se conectan sis témicamente, no encontrábamos literatura que discutiera diferentes tipos de violencia relacionada con el género desde una perspectiva internacional y fe minista contextualmente situada. Si en un primer momento nuestro diálogo se concentró en criticismos y frustración –preguntábamos dónde están las la tinoamericanas y caribeñas debatiendo estudios feministas de seguridad, por qué no se discuten las violencias hacia grupos LGBTQIA+, por qué la muerte sistémica de mujeres y niñas no sensibiliza recursos y políticas de los gobier nos–, pronto nos volvimos hacia el potencial de elevar colectivamente nues tras voces en un proyecto feminista que fuera tanto de análisis y creación de teorías relacionadas con la seguridad internacional desde y en América Latina y el Caribe, como de compartir experiencias de resistencia frente a las insegu ridades que vivimos. Nuestras inquietudes locales y regionales también formaban parte de debates más amplios en el área de Relaciones Internacionales. Entre las contribuciones recientes está el libro Feminist Security Studies in the Americas: Pushing the Fronteras, organizado por Priscyll Anctil(2025), cuya convocatoria fue el punto de partida para una reunión de autoras y autores de las Américas y más allá para reflexionar sobre la seguridad desde posiciones que usualmente no están pre sentes en estos debates: como las decoloniales, antirracistas y de clase. A partir de la organización del libro por Anctil surgió el grupo de lectura que fue el inicio de este libro, Estudios feministas de seguridad y feminicidios. Nuestro grupo de lectura fue organizado por Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe en 2023 y apoyado por el Data+ Feminism Lab 16

(Laboratorio de Datos+ Feminismo) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y por el Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa e Internacional (NEGPEI) de la Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC). En nuestros encuentros, que contaron con más de cien personas de diecisiete países, deci dimos transformar nuestras conversaciones y debates en textos que teorizan sobre y analizan problemas de seguridad internacional que forman parte de nuestra vida cotidiana. Así, este libro resulta de un esfuerzo colectivo, transnacional y feminista de activistas políticas, trabajadoras en las áreas de seguridad y defensa en gobier nos u organizaciones no gubernamentales, y académicas en y de América La tina y el Caribe. Nuestro principal objetivo es analizar nuestros problemas de seguridad desde una perspectiva feminista y, junto a eso, demostrar acciones de resistencia feminista que hemos organizado en la región o abrir caminos para otras acciones posibles desde abajo, sea de manera autogestionada en nuestras comunidades y/o en contacto con actores estatales. Optamos por usar el tér mino“estudios feministas de seguridad”(EFS), desarrollado por académicas de Relaciones Internacionales, para insertarnos en las conversaciones actuales en curso que conectan el nivel internacional, los estudios de seguridad y un enfo que feminista. Los estudios feministas de seguridad, tal como los concebimos aquí, son un término que nos reúne y nos hace colaborar para pensar y actuar sobre los problemas de seguridad desde una perspectiva feminista. Estos problemas conciernen a nuestro trabajo, a nuestro activismo, a nuestras investigaciones y a nuestras vidas. Aquí trabajamos en un proyecto que pretende ser útil para los grupos de los que formamos parte, que realizan trabajos y acciones similares y con los cuales dialogamos, pero también queremos que nos lean investiga doras e investigadores y profesionales de la seguridad que no necesariamente hacen análisis feministas. Esperamos que, tal vez, personas que desconocen o eligen ignorar estos problemas y análisis, finalmente consideren los pro blemas de los que hablamos por lo que son: problemas de seguridad. Pero también nos vemos a nosotras mismas como agentes en este proceso. Enten demos que somos nosotras, las mujeres y minorías organizadas que viven a la“sombra de las decisiones de los hombres de élite”, como dijo Carol Cohn (2011, p. 585), las más propensas a impulsar un cambio en la agenda de seguri dad y en las prácticas que esta conlleva. Aparte de eso, como latinoamericanas y caribeñas, entendemos que podemos, como dijo bell hooks(1984), traer los márgenes al centro, al presentar visiones del mundo desconocidas para quie nes viven en lugares que son percibidos como centrales para el desarrollo de teorías y decisiones de poder. 17

Seguridad y feminismo en las Relaciones Internacionales En el ámbito de las Relaciones Internacionales, las perspectivas de género comenzaron a incorporarse a partir de la década de 1990, más tarde que en otras disciplinas de las ciencias sociales, especialmente en los estudios sobre seguridad internacional, economía política internacional y política exterior (Salomón, 2016, 2022). En la seguridad internacional, incluso antes de que los estudios feministas de seguridad se consolidaran como un término que agrupa a una comunidad epistémica y de práctica, académicas como J. Ann Tickner (1992) y Cynthia Enloe(1993) situaban al género como una categoría central de análisis en la política y la seguridad internacionales. Tickner(1992), en su libro Gender in International Relations, señaló que una definición de seguridad que considerara la eliminación de la violencia física, estructural y ecológica sería compatible con las teorías feministas, permitien do a la seguridad ir más allá de la priorización de problemas militares, tradi cionalmente centrales en las Relaciones Internacionales, pero distantes de las experiencias de las mujeres. Enloe(1993), en su libro The Morning After: Sexual Politics at the end of the Cold War, demostró que durante la Guerra Fría las dife rencias de género fueron centrales para la militarización, lo que también hizo que la política mundial dependiera de esta militarización generizada. Para ella, la militarización durante ese periodo no fue un proceso natural, pero requi rió el entrenamiento de soldados que tradujera diferentes masculinidades en un estándar común para mantener alianzas entre países; necesitó mujeres que aceptaran roles de maternidad y de esposa y trabajo doméstico, y también po líticas públicas para limitar a las que cuestionaran estos roles. Trabajos sobre seguridad y género como los de Tickner(1992) y Enloe(1993) son la base para la consolidación de los estudios feministas de seguridad que se fortalecieron a partir de los años 2000, especialmente en comunidades aca démicas de Estados Unidos y Europa. Desde el surgimiento del término“estu dios feministas de seguridad”, académicas del Norte global que lo desarrolla ron han hecho contribuciones importantes, fundamentales para el desarrollo de los temas discutidos en este libro. Autoras como Laura Shepherd(2009, p. 216) observaron que“los estudios feministas de seguridad no deberían verse simplemente como‘mujeres haciendo seguridad’, o como‘añadir mujeres a las RI/estudios de seguridad’”, sino que van más allá al analizar y cuestionar las relaciones de poder y las nociones tradicionales sobre quiénes son los actores políticos en las Relaciones Internacionales y qué es lo que merece ser estudiado en estas. Annick T. R. Wibben(2011) demostró que las narrativas hegemónicas sobre qué son los problemas de seguridad se desarrollan a partir de visiones específicas del mundo, que usualmente marginan y borran narrativas diferen tes, aunque a veces traten los mismos problemas. Entre las narrativas borradas están las experiencias vividas cotidianamente por las mujeres. Debido a esta 18

marginación, Wibben(2011) sostiene que las definiciones tradicionales de segu ridad y su supuesta universalidad deben ser desafiadas para que consideren las preocupaciones feministas y sus narrativas. Por ejemplo, una noción tradicional establecida en los estudios de seguridad es la priorización de la seguridad del Estado como objeto referente, es decir, aquel que necesita ser protegido. En consecuencia, al discutir la seguridad in ternacional las investigaciones en los estudios de seguridad se centran tambi én en la seguridad del Estado, prestando especial atención a los debates sobre la guerra y amenazas a la seguridad nacional. Las feministas de este campo han disputado estas perspectivas políticas y análisis a lo largo del tiempo, cues tionando, por ejemplo, la supuesta“no-violencia” de los llamados momentos de paz y centrando el análisis en la violencia letal relacionada con el género en tiempos en que no hay guerra(Roberts, 2008; Shepherd, 2009; Marchand, 2013). Ejemplos de violencia en“tiempo de paz” son los feminicidios, las muer tes de niñas y mujeres cis y transgénero por causa de su género, que, aunque sistémicos y conectados con violencias transnacionales, tradicionalmente son ignorados por las Relaciones Internacionales. Por esas ausencias en el abordaje de estudios de seguridad, en este libro observamos las dinámicas relacionadas con género y seguridad a partir de un entendimiento amplio y multidimensio nal sobre qué es la seguridad, yendo más allá de los tiempos de guerra. El feminismo se entiende también como un proyecto político que tiene el po tencial de transformar los estudios de seguridad internacional(Sjoberg, 2010; Wibben, 2010, 2011; Cohn, 2011). Wibben(2010, 2011) define que lo que une a las autoras en los estudios feministas de seguridad es su compromiso feminista y sostiene que ya es tiempo de que el cúmulo de conocimiento de los movi mientos feministas en materias de paz, guerra y violencia tenga algún impacto en el campo de estudios de seguridad. En la misma línea, Urrutia, Villellas y Villellas(2020) exploran la importancia de reconceptualizar la seguridad desde una perspectiva feminista, destacando la necesidad de incluir el género como una dimensión central para comprender las inseguridades que enfrentan las mujeres y las identidades de género no normativas. En su análisis subrayan que la seguridad no puede entenderse únicamente en términos de protección estatal frente a amenazas externas, sino que debe considerar las experiencias de violencia y opresión vividas en lo cotidiano, tanto en ámbitos públicos como privados. Urrutia, Villellas y Villellas(2020) argumentan que, aun cuando el concepto de“seguridad humana” fue un avance al centrarse en las personas y comunidades, sigue sin abordar adecuadamente las desigualdades de género que atraviesan estas experiencias de inseguridad. Los estudios feministas de seguridad son, entonces, una respuesta a esta laguna, proponiendo una visión más amplia e inclusiva de la seguridad que tenga en cuenta la violencia multi dimensional que afecta a las mujeres en diversos contextos. 19

Abriendo las posibilidades de repensar el campo de seguridad, Carol Cohn (2011) nos provoca al preguntarnos si no deberíamos ser más ambiciosas que sólo conformarnos con existir como un subcampo de los estudios de seguridad, un área que tiene sus propias comprensiones ortodoxas sobre los problemas de seguridad, y nos invita a pensar en las modificaciones de los“estudios de segu ridad” a partir del proyecto político feminista. Cohn(2011, p. 583) señala que es importante“hacer una pausa y permitir que nuestras imaginaciones queden sin trabas sobre lo que el campo podría ser[...] para que nos empujen más allá de las fronteras que hemos heredado y de aquellas que hemos creado para noso tras mismas”, y pregunta“¿cuáles son los compromisos intelectuales y políticos que motivan nuestra investigación y cómo moldean no solo nuestro trabajo académico, sino también lo que podemos elegir llamar de esa manera?”. La provocación de Cohn(2011) nos incita a reimaginar los estudios feminis tas de seguridad y a ignorar las limitaciones que el propio campo de los estu dios de seguridad impone para responder a esta provocación. Este es el trabajo que realizamos en este libro. Reconociendo que el campo de seguridad sigue estando predominantemente dominado por referencias anglosajonas, lo que limita la diversidad de enfoques y experiencias prácticas que podrían enrique cer el debate(Urrutia, Villellas y Villellas, 2020), partimos del feminismo como proyecto político y de nuestros activismos para observar nuestros problemas de seguridad y cuestionar, a partir de esas realidades, lo que necesita transfor marse en la seguridad como práctica, pero también como campo de estudios desde y en la región. Así, nosotras, latinoamericanas y caribeñas, en este libro continuamos los análisis feministas en la seguridad internacional pero también basándonos en los conocimientos y contribuciones de autoras latinoamericanas feministas que abordan la violencia y su relación con género 1 . En este sentido, conside ramos trabajos que van más allá de las Relaciones Internacionales, pero que hacen análisis que son constituyentes de los problemas analizados aquí 2 . 1. Urrutia, Villellas y Villellas(2020) subrayan la importancia de las contribuciones latinoamericanas, especialmente en el estudio del feminicidio, para recentrar las interacciones entre violencia, contexto local y economía global en las discusiones sobre seguridad feminista. 2. Como señaló Sjoberg(2016) en su texto sobre qué son los estudios feministas de seguridad, las perspectivas feministas sobre la seguridad existían antes de que se acuñara este término en las Relaciones Internacionales, existen mientras este término se utiliza y probablemente seguirán existiendo incluso si deja de existir como un término que observa la seguridad internacional desde una perspectiva feminista. 20

Más allá de las Relaciones Internacionales: perspectivas feministas sobre violencias en América Latina y el Caribe Los estudios sobre violencias con perspectiva feminista y de género sobre y en América Latina y el Caribe no son recientes. La historia de la región y las re laciones de género, marcadas por el imperialismo europeo racista y patriarcal, han sido históricamente objeto de análisis por parte de autoras que piensan la violencia en este contexto. Entre ellas se encuentra Lélia Gonzalez(2020[1988]). En el texto“La categoría político-cultural de la amefricanidad”, aborda cómo la violencia colonial, racista e imperialista en América es racionalizada a partir de una supuesta superioridad eurocristiana, que es blanca y patriarcal. A partir de la resistencia de los colonizados, esta racionalidad, fortalecida en la segunda mitad del siglo diecinueve en Europa, resultó en el desarrollo de una violencia más“sofisticada” y con“nuevos contornos” por parte de los colonizadores(Gon zalez, 2020, p. 129), como los intentos racistas de alienación e internalización de esa supuesta superioridad racial y sexual de los colonizadores frente a los colonizados. Gonzalez(2020, p. 137) propone entonces el concepto de amefricanidade, para“reafirmar la particularidad de nuestra experiencia en América”, in corporando procesos históricos comunes, como la violencia esclavista, incluida la violencia sexual, que asentó los Estados nacionales en la región y cuyas con secuencias persisten hasta hoy –como en las ideologías racistas experimentadas cotidianamente por personas negras, incluida la violencia feminicida a mujeres negras que se invisibiliza cotidianamente. Muchas autoras también conectan la violencia relacionada con el género, especialmente los feminicidios, con la acumulación de capital por unos pocos –que usualmente tienen el poder de matar con impunidad– y la precarización económica y social de los cuerpos y territorios de las mujeres en el contexto capitalista(Monárrez Fragoso, 2011; Segato, 2016; Gago, 2020; Falquet, 2022). Julia Estela Monárrez Fragoso(2011) destaca en su obra la complejidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, una región mexicana fronteriza y transnacio nal, donde los cuerpos de mujeres, muchas veces pobres, son encontrados en terrenos baldíos, con ropas intercambiadas y con mensajes. Ella introduce el concepto de“feminicidio sexual sistémico” para describir cómo el poder pú blico, aliado con intereses económicos, permite una impunidad violenta que perpetúa estos crímenes. Las investigaciones de estos cuerpos en sufrimiento revelan una geografía internacional de opresión, donde las víctimas son esco gidas con base en discriminaciones de género, mientras que el mercado capi talista es privilegiado. Trabajos constituyentes también de este debate son los de Rita Laura Segato (2016), quien, entendiendo el patriarcado como una estructura arcaica pero aún presente en nuestra sociedad, hace que la guerra contra las mujeres sea posible. 21

Para Segato(2016), los feminicidios sustentan el pacto de poder patriarcal que necesita de víctimas para mantenerse. En el caso de Ciudad Juárez, las víctimas (las mujeres asesinadas) son el descarte de un proceso violento de pertenecía grupal entre hombres, en sus palabras“una forma de exhibicionismo” que es característica del régimen patriarcal en un“orden mafioso”(Segato, 2016, p. 41). La autora denomina el proceso por lo cual eso acontece la“pedagogía de la crueldad” –que es el hábito de la crueldad de la masculinidad hegemónica que se apropia de cuerpos, territorios y pavimenta caminos también para la acumu lación de capital. Segato(2016) también contribuye a ese debate con el concep to de“ femigenocidio”, llamando la atención sobre el factor público de la violencia feminicida, diferenciándola especialmente de la violencia interpersonal. Pro pone que todas las muertes por razones de género sean feminicidios, pero que la muerte sistémica y no personal, como las muertes de mujeres observadas en Ciudad Juárez, sean entendidas como femigenocidio –crímenes contra mujeres donde no hay esa relación personal. Basada en Gonzalez y su categoría de amerifricanidad, cita la categoría de“ amefricafemigenocidio”. Para Segato(2016), crear categorías, tipificar, forma parte de un proceso que lleva a que diferentes tipos de violencias sean comprendidos, investigados y, finalmente, juzgados. En el caso de Ciudad Juárez, Monárrez Fragoso(2011) sostiene que el activis mo feminista, tanto local como internacional, fue esencial para denunciar estas violencias y exigir justicia, presionando al Estado mexicano a crear leyes y co misiones, aunque insuficientes, para enfrentar esta crisis. Al observar la violen cia feminicida y el entramado de las luchas feministas latinoamericanas, Jules Falquet(2022) y Verónica Gago(2020) demuestran las posibilidades de resis tencia; tanto por medio del feminismo comunitario llevado a cabo por mujeres indígenas basado en una lucha contra el extractivismo, como por la resonancia de estas violencias patriarcales en los cuerpos de las mujeres en diferentes espa cios geográficos y temporales, lo que aproxima las luchas y genera resistencias internacionalmente conectadas. Para Gago(2020), estas proximidades no son aleatorias sino construidas a partir de la organización política que también re suena internacionalmente. Como veremos a lo largo de este libro, las luchas feministas en la región no solo exponen las fallas del Estado, sino que tejen asimismo una red de resisten cia transnacional que busca combatir la violencia de género en sus múltiples di mensiones y niveles. Esas resistencias acontecen de diferentes maneras. Como por medio del activismo de datos feminista en diferentes espacios geográficos (D’Ignazio et al., 2024), que abarca igualmente la producción de estadísticas sobre asesinatos para demostrar la violencia estructural y presionar a los go biernos(ver sección sobre Activismo de datos contra el feminicidio y seguridad feminista), mediante redes híbridas de observación de la violencia entre insti tuciones estatales y no estatales(ver texto de Francelino Maciel) o por medio de 22

nuevas pedagogías para recrear posibilidades de actuación policial y de seguri dad estatal(ver texto de Rajoy y Ugolini). Alineado con estos debates, el libro contribuye a estas discusiones propo niendo que las vidas de cientos de mujeres y niñas, cisgénero y transgénero, que son amenazadas y asesinadas diariamente en todo el mundo, sean un área de mayor investigación en los estudios de seguridad internacional. Además, a partir de nuestros activismos locales, demostramos diferentes maneras en las cuales, muchas veces sin los recursos y apoyo del aparato estatal, hemos ob servado, investigado y luchado contra las inseguridades que nos matan. Estas declaraciones políticas y de investigación feminista se basan en discusiones en curso relacionadas con el feminicidio y la seguridad con perspectiva feminista ( Jungs de Almeida et al., 2025; Anctil, 2025), pero avanzan al hacerlo desde la intervención de estudios feministas de seguridad y de una mirada regional para estos problemas. Breve nota sobre el feminicidio desde los estudios feministas de seguridad A lo largo de nuestras discusiones en cuanto grupo de lectura y posterior mente de escritura, reconocemos el régimen internacional patriarcal(Diniz y Gebara, 2022), capitalista neoliberal(Falquet, 2022) y colonial y racista(Castro y Lopes, 2024) en el que vivimos y sus intrincadas relaciones con las violencias relacionadas a los géneros. Las muertes de mujeres cis y transgénero, no solo en América Latina y el Caribe, sino también en países como Canadá y Estados Unidos, son una muestra impresionante y violenta de las conexiones estructu rales y transnacionales de este sistema patriarcal que impacta directamente las vidas de las mujeres en la región y el mundo. En Brasil, el Laboratório de Estu dos de Feminicídios(LESFEM) de la Universidade Estadual de Londrina(UEL) recopiló 1.062 casos de feminicidios consumados entre enero y julio de 2024 3 . En Colombia, el Observatorio de Feminicidios de Colombia, liderado por Re publicanas Populares, que también forman parte de este libro desarrollando el concepto de“feminicidio transnacional”, registró más de 485 casos de femini cidios en el país entre enero y agosto de 2024 4 . Este escenario se repite de ma nera consistente en otros países latinoamericanos y caribeños, como se puede observar en el mapa regional de MundoSur 5 . Aunque el feminicidio es reconocido como una violencia sistémica relacio nada con el género –como desarrollamos en este libro y argumentamos tambi 3. Disponible en: https://sites.uel.br/lesfem/monitor-brasil/. 4. Disponible en: https://observatoriofeminicidioscolombia.org/. 5. Disponible en: https://mlf.mundosur.org/lupa. 23

én en el libro editado por Anctil( Jungs de Almeida et al., 2025)–, sigue siendo un debate escaso en el campo de las Relaciones Internacionales. De la literatura existente en estas sobre el tema, Jacqui True y Maria Tanyag(2018), por ejem plo, consideran diferentes niveles de violencia y sus conexiones en las relacio nes internacionales para abarcar lo que llaman las diferentes dimensiones de la paz y la seguridad, conectando, por ejemplo, la violencia individual con la sistémica. Marianne Marchand(2013) observa la forma diferenciada en que el gobierno mexicano aborda el crimen organizado y los feminicidios. Aunque ambos problemas estén conectados y tengan un impacto social en la forma en que la sociedad mexicana sufre con la violencia, el crimen organizado recibe más atención y recursos del gobierno y de otros países y organizaciones in ternacionales que el feminicidio. Esta indiferencia, según la reflexión de Mar chand(2013), se debe a que el crimen organizado está inserto en una lógica de seguridad en la que el Estado es el actor privilegiado a ser protegido, como ya se señaló en esta introducción. Desde una perspectiva similar, Izadora Xavier do Monte(2023) demuestra cómo la guerra contra las drogas en Brasil está alineada con los debates inter nacionales sobre la cuestión y moviliza recursos, narrativas y construcciones identitarias en el ámbito público. En el caso de Brasil, el costo de esta política es ignorar la seguridad y las vidas particulares de las mujeres que enfrentan las consecuencias de esta política de(in)seguridad en su vida cotidiana, como la muerte y desaparición de sus hermanos, hijos y maridos(Xavier do Monte, 2023). La inseguridad ignorada de las mujeres que sufren las consecuencias de la guerra contra las drogas en Brasil es también una de las razones por las cuales los feminicidios son ignorados en la región. Desde una perspectiva narrativa, este problema suele vincularse con el ámbito privado, aunque desde hace déca das feministas activistas y académicas de diferentes regiones y áreas de estudio han argumentado que se trata de un tipo de violencia que es pública, dirigida a grupos sociales específicos(e. g., mujeres) y resultado de negligencia estatal (Young, 1990; Monárrez Fragoso, 2011; Segato, 2016; D’Ignazio, 2024). Además, el feminicidio tiene, en muchos lugares, una conexión transnacional visible, aunque ignorada: como en Ciudad Juárez en su relación con las ma quiladoras y el neoliberalismo globalizado(Monárrez Fragoso, 2011; Falquet, 2022) o en la Amazonia brasileña con el impacto de las grandes obras de mul tinacionales(ver texto de Francelino en este libro). Las formas tendenciosas en que los gobiernos y los medios de comunicación suelen enmarcar el femini cidio como un problema íntimo son una construcción narrativa que ignora la naturaleza sistémica de estos asesinatos y justifica la inacción o la omisión del gobierno(Oliveira y Rodrigues, 2021). Ignorar estos feminicidios como proble ma de seguridad pública es, por tanto, una elección estratégica o una narrativa (Wibben 2011) y no un accidente. 24

En los estudios de seguridad internacional, David Roberts(2008) presenta el concepto de“feminicidio estructural”. Roberts sostiene que la violencia le tal y no letal contra las mujeres, que ocurre a escala global, no es accidental ni exclusiva de los momentos de guerra. Entre otras cuestiones, se pregunta por qué las mujeres están muriendo en cantidades tan desproporcionadas. Cues tionamientos como este desafían lo que merece ser analizado en el campo de las Relaciones Internacionales, al poner en el centro las vidas de las mujeres. Sabemos que los problemas de seguridad, cuando se enmarcan adecuadamen te, reciben más recursos, atención mediática y respuestas gubernamentales e internacionales; sin embargo, muchas veces, estas respuestas son militarizadas. Por un lado, cuestionamos el campo de los estudios de seguridad para que con sidere los feminicidios como un problema de seguridad; por otro, demarcamos y buscamos también soluciones para este problema basadas en una perspecti va de seguridad enfocada en justicia, cooperación y cuidado(Philipson García, 2023), y no en más militarización, que, como se muestra en este libro(ver tex tos de Boeta y de León en este libro), tiende a generar más muertes y violencias contra las mujeres y niñas. Porque este libro es el resultado del trabajo colaborativo de un grupo de estudios sobre feminicidios y estudios feministas de seguridad, la mayoría de sus textos examinan la seguridad desde una mirada hacia la violencia letal relacionada con el género, especialmente el feminicidio. Aunque este sea el caso, es importante destacar que en diferentes capítulos también avanzamos en otros puntos en la agenda de los estudios feministas de seguridad en la re gión. Por eso, destacamos dos aspectos clave de la agenda de feminicidios en esos estudios. El primero es que el problema de los feminicidios, a pesar de ser crucial para un análisis de seguridad en la región, no representa la totalidad de los desafíos de seguridad que pueden ser analizados con lentes feministas. De hecho, tene mos la comprensión de que cualquier problema de seguridad puede ser exami nado desde una perspectiva feminista. Como argumenta Enloe(2004), enten demos que un análisis de género hace que las interpretaciones sobre diferentes asuntos de la política internacional sean más completas. Por eso, aparte del enfoque en feminicidios, en este libro hay capítulos sobre la participación de mujeres y personas trans en las fuerzas armadas, experiencias de entrenamien to de la policía en ambientes rurales, análisis de políticas gubernamentales en relación con el narcotráfico, entre otros, que no agotan, pero demuestran otras posibilidades de análisis feministas sobre la seguridad más allá de la violencia letal relacionada con género. El segundo punto es que rechazamos las visiones estereotipadas sobre la vio lencia de género en la región de América Latina y el Caribe en comparación con otras localidades y regiones. En nuestra región, mujeres y niñas son asesi 25

nadas debido a su género. Todavía, esta, lamentablemente, no es una realidad restringida a los países de donde venimos o vivimos. Como presenta Catherine D’Ignazio(2024) en Counting Feminicide, al explicar por qué estudia el feminici dio en las Américas y no solo en América Latina, existe el riesgo de que quienes nos lean desconsideren el feminicidio como un problema global al enfocarse únicamente en esta región, lo que, además de ser incoherente con la realidad de los países del Norte global 6 , también perpetúa estereotipos sobre la violencia en América Latina y el Caribe. A pesar de rechazar estos estereotipos, a lo largo de este libro, no dejamos de reconocer el feminicidio como problema relevante en la región, lo cual hace crucial analizarlo y que cuestionemos las políticas(o la ausencia de políticas) relacionadas con la violencia de género. Estructura del libro Desde La Plata en Argentina, pasando por estados brasileños en la Amazonia como Rondônia, cruzando Bogotá en Colombia y llegando a Ciudad de Méxi co, partimos de una perspectiva feminista y discutimos cómo concebimos la seguridad, las inseguridades, las respuestas o su ausencia desde los gobiernos nacionales a la violencia relacionada con los géneros y las acciones de activistas feministas desde abajo a esas violencias y negligencias estatales. En la primera sección,“Aproximaciones teóricas al feminicidio desde perspec tivas feministas”, Natalia Tejero Rivas se aproxima al concepto de feminicidio a partir de los debates críticos de seguridad. Tejero Rivas comparte que este está en el centro de la violencia en la región latinoamericana, al mismo tiempo que, al ser teorizado, desafía los estudios tradicionales de seguridad. En la misma secci ón, Carolina Mosquera Vera defiende la idea de que las organizaciones feministas que están en la primera línea de la protección y el cuidado de las mujeres tam bién desempeñan un papel importante en el desarrollo de la teoría feminista. Enfocándose en la justicia epistémica para dar centralidad al trabajo de organiza ciones de la sociedad civil, Mosquera Vera argumenta que los estudios feministas de seguridad se benefician al incorporar conceptos de activistas como“violencia sociopolítica de género”, que surge para explicar la violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos en el terreno. En la sección“Activismo de datos contra el feminicidio y la seguridad fe minista”, Natalia Romero Marchesini explica conceptos centrales del campo 6. Datos de 2017 sobre los Estados Unidos demuestran que, en ese país, diariamente tres mujeres son asesinadas por sus parejas(Violence Policy Center, 2019). Datos enfocados especialmente en Canadá, producidos por la iniciativa Safe Passage de la Native Women’s Association of Canada(NWAC), demuestran que hay por lo menos 1,400 casos reportados de mujeres, niñas, personas transgénero, de género diverso y de los espíritus indígenas desaparecidas y asesinadas (MMIWG2+) desde el inicio del siglo veinte(Safe Passage, n.d.). Más información sobre iniciativas de producción de datos sobre violencias letales relacionadas con género en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, puede encontrarse en el libro Counting Feminicide(D’Ignazio, 2024). 26

emergente de los estudios críticos de datos como“activismo de datos” y una de sus facetas, el activismo de datos“proactivo”: aquel que implica la producción de datos frente a un escenario de datos faltantes en relación con algún proble ma social. Romero Marchesini aborda iniciativas de activismo de datos contra el feminicidio en Argentina, Brasil y México, mostrando cómo la producción de datos de estos grupos da visibilidad a estas muertes, presentando patro nes y tendencias de la violencia de género que trascienden el nivel nacional. Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez analiza la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans en la región. Pérez Rodríguez señala que los feminicidios de mujeres LBT son más invisibilizados en los análisis tradicionales y, pre sentando datos de la Red Sin Violencia LGBTI, indica que de 2021 a 2023 418 mujeres LBT fueron asesinadas en diez países de la región. Observando casos relacionados con el crimen organizado transnacional y su conexión con estas muertes, el autor vincula estas tendencias regionales con la violencia letal re lacionada con el género. En la misma sección, Republicanas Populares sitúan las muertes de mujeres a partir de los conceptos de feminicidio transnacional y feminicidio transfron terizo, llamando la atención sobre la crisis multicausal en América Latina que resulta en la muerte de mujeres y que conecta la migración forzada, el narco tráfico y la militarización. Como organizadoras del Observatorio de Femini cidio de Colombia, las autoras afirman que su práctica es de un activismo de datos feminista, y que esta práctica es para ellas un método y estrategia para la defensa de la vida de las mujeres y la erradicación de la violencia feminicida en la región. Enseguida, Rosimar Francelino Maciel comparte las experiencias del método en red en Rondônia, en la Amazonia brasileña. Contextualizando la Amazonia como un lugar transnacional, donde circulan multinacionales y sus construcciones, el crimen organizado y el narcotráfico, Francelino Maciel afirma que el método en red de la Rede Lilás, que involucra en Rondônia a di versas instituciones gubernamentales y colectivos, es importante para enfren tar la violencia contra las mujeres de manera conjunta en la región. Entre las iniciativas de la Rede se encuentra el recientemente creado Observatório do Feminicídio em Rondônia(OFR). En la siguiente sección,“Violencias relacionadas con el género: resistencias, replanteamientos y experiencias en el terreno”, J. C. D. Calderón comparte sus poesías que hablan de violencias y, al mismo tiempo, cuestionan, por su exis tencia, la exclusión de la disciplina de Relaciones Internacionales de los temas que aborda. Calderón entiende la poesía como un medio creativo para la trans formación social y, cargada de sus experiencias, introduce a los debates de se guridad asuntos que aún pueden ser estudiados en el campo, como el acoso sexual en el contexto de los carteles y el feminicidio que sufrió la investigadora Raquel Padilla Ramos. En el capítulo siguiente, a partir de la práctica de autop 27

sia verbal del feminicidio, una entrevista diseñada para mejorar la información de casos prevenibles de feminicidio donde faltan datos oficiales, Doris Ospina -Muñoz analiza doce casos de feminicidio en el departamento de Antioquia, en Colombia. Para Ospina-Muñoz, a partir de la relación entre las víctimas y el fe minicida, así como de los acuerdos judiciales, los casos estudiados demuestran que las mujeres aún no son tratadas como sujetos a ser protegidos por el Estado, lo que para la autora debería ser responsabilidad de un Estado democrático “que desea mantenerse como tal”. La sección continúa con dos textos que abordan experiencias pedagógicas y de intervención sobre género en el terreno. Romina Rajoy y Agustina Ugolini comparten sus experiencias enseñando a mujeres y hombres policías en el in terior de Argentina en un diplomado de gestión estratégica para la conducción policial en entornos rurales. Con una perspectiva de género interseccional, las autoras analizan los debates que surgieron a lo largo del curso. Demuestran que, aunque la atención a la violencia de género no fue considerada un eje estratégico del currículo, en la práctica la necesidad de estas discusiones se im puso. Rajoy y Ugolini señalan que para una intervención policial efectiva es im portante transversalizar la perspectiva de género en todo el currículo policial. En la misma línea, Mirtha Cucco García y Lucía Camardón Ciafardini compar ten sus experiencias de trabajo con varones en la provincia de Río Negro, Ar gentina, involucrados en causas judiciales por violencia de género. Las autoras trabajaron con un grupo de siete varones mediante la Metodología de los pro cesos correctores comunitarios(ProCC), que busca construir con los varones una lectura crítica de lo cotidiano, cuestionando consensos sobre lo que se ha naturalizado. Las autoras definen el ProCC como un recurso complementario a las medidas judiciales y como un instrumento que permite avanzar más allá de las medidas punitivas y binarias, interviniendo en el continuo de la violencia que tiene manifestaciones locales, pero es estructural. La sección que sigue,“Enfoques feministas sobre políticas de seguridad gu bernamentales”, comienza con el texto de Sofía Duarte, quien analiza políticas públicas argentinas de 2010 a 2016 y su enfoque en la disminución de las de sigualdades de género en las fuerzas policiales y de seguridad del país. Duarte sostiene que hay en las políticas argentinas del periodo un vanguardismo, y que, aun cuando no sean abiertamente feministas, desencadenaron procesos de transversalización de género en las instituciones responsables. Enseguida, considerando que los debates sobre estudios feministas de seguridad no han sido incorporados en los debates de seguridad en América Latina, María Fer nanda Noboa González reflexiona sobre Ecuador y su crisis de seguridad. Ana lizando planes del Gobierno, como el plan Fénix que presenta las líneas de gestión de la seguridad gubernamental, Noboa González demuestra que esta planificación carece de una orientación feminista y crítica, apareciendo even 28

tualmente como narrativa, como en la educación para la paz. Posteriormente, Karoline Alvarado observa el uso de la imagen de la mujer militar durante la pandemia de covid-19 en El Salvador. Alvarado sostiene que, aunque las fuerzas armadas de El Salvador han permitido a las mujeres ocupar cargos importantes en la carrera, esto se hizo mediante un proceso que refuerza estereotipos y ro les de género, utilizando la imagen de la mujer militar como un tótem de pro tección nacional y asignando cargos de liderazgo relacionados con el cuidado. A continuación, Olivia León presenta críticas a la opacidad de los militares en México, lo que resulta en violencia directa hacia comunidades más vulnerables. La autora observa el aumento de la presencia pública militar y de los recursos destinados a las instituciones militares, lo que ha llevado al incremento de sus funciones en la distribución de bienes y servicios no necesariamente militares, sin que ello haya resultado en una disminución de la violencia en el país. Pa tricia M. García Iruegas analiza las políticas de disuasión focalizada que se han aplicado en Estados Unidos y se centran en prevenir la violencia de género. La autora se enfoca en su posible aplicación en América Latina desde una pers pectiva feminista. García Iruegas analiza los contextos de violencia doméstica en México y explora las oportunidades prácticas y teóricas para la implemen tación de la disuasión como política pública de seguridad; para la autora, es importante que para su implementación estas estrategias se discutan desde una perspectiva feminista y desde el contexto latinoamericano. Por fin, en la última sección,“Políticas de(in)seguridad y violencia letal rela cionadas con el género”, las autoras analizan críticamente las políticas de segu ridad, o su ausencia, que resultan en muertes de mujeres en la región. Aimée Boeta Borja hace un análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México(2018-2024) y evalúa los avances y retrocesos en relación con la violen cia de género en el país. Criticando la militarización del país mediante el uso de instituciones castrenses para la seguridad pública, Boeta Borja demuestra que la falta de presupuesto, las respuestas tardías y los constantes ataques al movi miento feminista evidencian la falta de interés de este gobierno en responder a los grupos sociales más vulnerables frente a la violencia. Alejandra Bahena Iturralde observa el impacto de la guerra contra las drogas en México en la vida de mujeres que son madres y ejercen la maternidad. Analizando las madres buscadoras de hijos e hijas desaparecidos y el aumento de mujeres cuidadoras en actividades criminales, Bahena Iturralde sostiene que la guerra contra las drogas, sumada a los roles de cuidadoras de las mujeres, las hace vulnerables a otras formas de violencia conectadas con sus actividades cotidianas. Anne Alessandra Cuadros Gutiérrez analiza la falta de control de armas de fuego en América Latina y el Caribe y cómo afecta desproporcionalmente la muerte de mujeres en la región. El texto de Cuadros Gutiérrez revela cómo la disponibilidad de armas de fuego aumenta el riesgo de abusos físicos y emo 29

cionales, incluidos feminicidios, y cómo hay una necesidad de regular regional mente el acceso a estas armas. Por último, Florencia D. Vega analiza los asesina tos de activistas ambientales y defensoras de la naturaleza en Argentina, Chile y Colombia. En estos casos, Vega demuestra que no es casual que las mujeres sean las protagonistas de la defensa de la naturaleza, dado que el extractivismo está conectado con la explotación tanto del cuerpo como de los territorios, lo que genera dominación sobre ellas. Para Vega, un escenario futuro sostenible solo será posible cuando se garantice el ejercicio de la defensa de la naturaleza bajo condiciones de seguridad y protección de sus derechos. Finalmente, Priscyll Anctil destaca en su conclusión cómo somos capaces de encontrar puntos de actuación y resistencia comunes en medio de la violencia. Resaltando el carácter translocal de nuestro pensamiento en este libro, a partir de las conexiones activistas y teóricas en lugares distintos, y las posibilidades de conectarnos a través de la resistencia y la esperanza feminista para defendernos colectivamente, Anctil propone que los estudios feministas de seguridad desde Abya Yala(EFSAY) se puedan basar en una política de los deseos para contrapo ner las inseguridades que nos atacan. Los capítulos de este libro navegan entre la crítica a los gobiernos por las po líticas de seguridad y la resistencia ya ejercida y posible contra las inseguridades y contra políticas de seguridad que no nos protegen, sino que usualmente gene ran más violencia. Consecuentemente, los textos a continuación disputan onto lógicamente el propio significado de seguridad en su campo político y teórico. ¿Qué seguridad es esta que permite que nos maten e ignora constantemente la posibilidad de protegernos como prioridad política? ¿Cuáles son las estrate gias comunitarias, organizacionales, teóricas y políticas que tenemos? Estas son preguntas clave que guían nuestros debates en este libro y nos inspiran a actuar desde y más allá de este proyecto colectivo. Bibliografía Anctil Avoine, Priscyll. Feminist Security Studies in the Americas: Pushing the Fronteras. New York: Palgrave Macmillan, 2025. Castro, Luciano Rodrigues; Lopes, Rafael Bittencourt.“Racismos e antirracismos nas/para as Relações Internacionais”. Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, vol. 12, no. 24, 2024. Disponible en: https://ojs.ufgd.edu.br/moncoes/article/view/18518. Cohn, Carol.“Feminist Security Studies”: Toward a Reflexive Practice. Politics& Gender. 7(4), pp. 581-586, 2011. Disponible en: doi:10.1017/S1743923X11000389. Diniz, Debora e Ivone Gebara. Esperança feminista. Río de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2022. D’Ignazio, Catherine. Counting Feminicide: Data Feminism in Action. Cambridge: MIT Press, 2024. Disponible en: https://direct.mit.edu/books/book/5767/Counting-FeminicideData-Femi nism-in-Action. 30

D’Ignazio, Catherine; Cruxên, Isadora; Martinez Cuba, Angeles; Suárez Val, Helena; Dogan, Ame lia; Ansari, Natasha. Geographies of missing data: Spatializing counterdata production against feminicide. Environment and Planning D: Society and Space, 2024. Disponible en: https://doi. org/10.1177/02637758241275961. Enloe, Cynthia. The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War. Berkeley: Univer sity of California Press, 1993. Enloe, Cynthia. The Curious Feminist: Searching for Women in a New Age of Empire. Berkeley: University of California Press, 2004. Falquet, Jules. Pax Neoriberalia: Mulheres e reorganização global da violência. São Paulo: Sobin fluencia Edições, 2022. Gago, Verónica. A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo. São Paulo: Elefante, 2020. Gonzalez, Lelia.“Por un feminismo afro-latino-americano”. En Por un feminismo afro-latino-a mericano, por Lelia Gonzalez, 139-151. Río de Janeiro: Zahar, 2020[1988]. hooks, bell. Feminist Theory: From Margin to Center. Boston: South End Press, 1984. Jungs de Almeida, Alessandra; Cruxên, Isadora; Radhakrishnan, Radhika; D’Ignazio, Catherine. Challenging(In)Security: Missing Data and Counterdata Production About Feminicide in the Americas. En Feminist Security Studies in the Americas: Pushing the Fronteras, editado por Pris cyll Anctil. New York: Palgrave Macmillan, 2025. Marchand, Marianne H.“Género y relaciones internacionales: una mirada feminista postcolonial desde América Latina”. En Introducción a las relaciones internacionales. América Latina y políti ca global, editado por A. Santa Cruz y L. Zamudio, 62-73. México: Oxford University Press, 2013. Monárrez Fragoso, Julia Estela.“El continuo de la lucha del feminismo contra la violencia o mo rir en un espacio globalizado transfronterizo: teoría y práctica del movimiento antifeminicida en Ciudad Juárez”. En La bifurcación del caos: reflexiones interdisciplinares sobre violencia fa locéntrica, editado por María Guadalupe Huacuz Elías. México DF: Universidad Autónoma Me tropolitana, 2011. Oliveira, Niara de; Rodrigues, Vanessa. Histórias de Morte Matada Contadas feito Morte Morrida: A narrativa de feminicídios na Imprensa brasileira. São Paulo: Drops Editora, 2021. Philipson García, Daniela.“Feminist Interventions: Resisting the Militarization of the Climate Crisis”. CFFP – The Centre for Feminist Foreign Policy, 2023. Disponible en: https://cffp.uber. space/wordpress/. Roberts, David. Human Insecurity: Global Structures of Violence. Londres: Zed Books, 2008. Safe Passage. Safe Passage Map An Initiative of NWAC – MMIWG2S+ Cases. Disponible en: https:// safe-passage.ca/. Salomón, Mónica.“Enfoques de gênero”. En Teorias e enfoques das relações internacionais: uma introdução, editado por Salomón, Mónica, p. 155–181. Intersaberes, 2016. Disponible en: https:// livrariaintersaberes.com.br/produto/teorias-e-enfoques-das-relacoes-internacionais-uma-in troducao/. Salomón, Mónica.“Género, Feminismo y Relaciones Internacionales”. En Mujeres y Política Ex terior en América Latina. Un mundo de desigualdades, editado por Claudia Fuentes-Julio, María José Henríquez Uzal, Natalia Escobar Ramírez y Pía Lombardo Estay, p. 41–60. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2022. Disponible en: https://fondodeculturaeconomica.cl/products/mu jeres-y-politica-exterior-en-america-latina-un-mundo-de-desigualdades. Segato, Rita Laura. La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficante de Sueños, 2016. Shepherd, Laura J.“Gender, Violence and Global Politics: Contemporary Debates in Feminist Security Studies”. Political Studies Review, vol. 7, no. 2: 208-219, 2009. Sjoberg, Laura.“Introduction”. En Gender and International Security, editado por Laura Sjoberg, 1-15. London: Routledge, 2010. 31

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1. APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS VIOLENCIAS RELACIONADAS CON EL GÉNERO 33

La conceptualización del feminicidio como teoría de seguridad crítica Natalia Tejero Rivas Universidad Libre de Bruselas, Bélgica Introducción Este artículo defiende la importancia de estudiar el feminicidio no solo desde el punto de vista académico, sino el contexto social, político y legal que lo lle varon a ser un concepto discutido cotidianamente. El feminicidio no se puede separar de los movimientos sociales que le dieron forma, del ámbito judicial que lo legitimó ante la ley ni del societal que permitió que fuera, más allá de un concepto, un atentado altamente reconocible. Adaptar los estudios feministas de seguridad a la realidad latinoamericana significa priorizar a quienes usualmente son privadas de privilegios y cuyo re conocimiento ante la justicia legal ha sido un logro fruto de las luchas sociales constantes. La conceptualización del feminicidio no se resume en un objeto de estudio, sino que implica un saber feminista originado en su mayor parte en América Latina. Su manera específica de ver lo que significa“seguridad” ale jándose de definiciones militarizadas del Estado coincide en gran parte con el objetivo de los estudios críticos de seguridad. En este artículo se hará referencia al“cuerpo feminizado” ya que esto conlleva un espectro más allá de la identi dad de mujer. En una jerarquía donde el hombre ejerce el poder sobre la mujer, conferir el estatus de femenino a un cuerpo no sólo existe para la diferenciaci ón hombre-mujer. Esto es también un ejercicio de poder donde se le resta valor a un cuerpo. Tal es el caso de las personas trans y no binarias no reconocidas por su entorno como tal. Por su enfoque en las violencias extremas hacia el cuerpo feminizado como el centro de su análisis, se convierte en un análisis que reta las maneras clásicas de estudiar la seguridad. Al examinar la conceptualización y la acción contra el feminicidio vemos la particularidad del enfoque latinoamericano de los estu dios feministas de seguridad. Las teorías críticas de la seguridad Como estudios críticos de seguridad se entiende un amalgamiento multidis ciplinario de teorías que nace a partir de la necesidad de reconceptualizar la noción de seguridad(Hendershot y Mutimer, 2018). Desde la concepción clási 34

ca el“objeto referente”, es decir el objeto que debe ser protegido de las actuales amenazas, es el Estado. Por lo que al pensar en“seguridad” es común invocar o pensar en asuntos tales como lo militar y la policía, las herramientas utilizadas para mantener al margen las amenazas al Estado. La construcción de la amenaza lleva a conferir tal magnitud de urgencia a un fenómeno que se aceptan medidas extremas como la militarización, los estados de sitio y la violación del derecho a la presunción de inocencia. Este dilema de seguridad(C.A.S.E. Collective, 2016) refleja una realidad donde entre más se intenta securitizar un fenómeno social para incrementarla, más se intensifica la sensación de inseguridad. Los discursos que apelan a la inexistencia o crisis de seguridad que legitiman acciones institucionales en respuesta, toman medidas que incrementan la inseguridad. Un ejemplo está en los condominios amuralla dos con el fin de proteger a los habitantes, que ocasionan su desconexión con el mundo exterior y mayor inseguridad, al vaciar las calles(De Oliveira, 2016). Las conclusiones de los académicos de seguridad crítica no distan de las que la academia latinoamericana ha obtenido gracias a la noción de femi nicidio. Organizaciones civiles, grupos de abogados, activistas y académicos preocupados por el asesinato masivo y sistémico de cuerpos feminizados han visto que esta es una crisis de seguridad. Sin embargo, estos grupos rechazan las lógicas convencionales para leer el fenómeno del feminicidio: se entiende que no puede ser resuelto por medio de la militarización, que crea un mayor peligro o punición. La conceptualización del feminicidio como un saber feminista latinoamericano El feminicidio es un crimen de odio en contra de las mujeres, que asesina a los cuerpos feminizados. Esta distinción es importante, ya que no es una violencia que afecta solo a las mujeres cisgénero: es una forma de homicidio cuya trans versalidad alcanza a diferentes minorías de género y sexuales. Entre las diferen tes formas de interpretar este acto destaca la definición de Marcela Lagarde: El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractu ra del Estado de derecho que favorece la impunidad(Lagarde, 2010 en Fregoso y Bejarano). Lagarde(2010) señala al feminicidio como crimen de Estado, una definición que muestra uno de los primeros usos extensamente aceptados resultado de una intersección entre la sociedad civil, el feminismo político y la academia. 35

La responsabilidad del Estado como habilitador es crucial para comprender completamente este fenómeno. Llegar a este punto solo fue posible gracias a la acción y reflexión de la sociedad civil y de comunidades en las que el feminici dio es o ha sido una cotidianidad de terror. El feminicidio pone de presente la importancia de la respuesta comunitaria ante la violencia sistémica y de Estado. La organización para difundir informa ción, buscar familiares y divulgar sobre la burocracia que involucra la búsqueda de justicia ha sido sobresaliente en América Latina. Ejemplos de esto son La Red de Mesa de Mujeres(de Ciudad Juárez), la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa(de Ciudad Juárez) y las Madres Buscadoras de Sonora. En décadas pasa das, este tipo de agrupaciones, actuando en tiempos de represión y dictadura, han desarrollado los mecanismos que sedimentaron los conocimientos y herra mientas de búsqueda. Tal es el caso de Eureka en México y las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Esto se unió a los reportes de organizaciones no guber namentales y la comunidad internacional, alarmados por el asesinato sistémico de mujeres tales como los de Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Lagarde en Fregoso y Bejarano, 2016). Su tipificación como delito en diferentes países de América Latina ha sido posible gracias a la movilización social y la presión de organizaciones de derechos humanos. El trabajo de la sociedad civil se une a los análisis académicos interesados en la violencia extrema y, en particular, los asesinatos. El estudio del feminicidio en la academia ha implicado preguntarse sobre la jerarquía social dada a la mu jer desde una dinámica interseccional. En otras palabras, es imposible entender la experiencia social, legal y académica del feminicidio sin tomar en cuenta la vulnerabilidad de mujeres en América Latina, no solo por su género, sino tam bién por la marginación social, racial y económica. El rol de la sociología de la violencia En general, en la sociología de violencia en América Latina el asunto de“ha cer morir” es central. El análisis del uso de los cuerpos como despersonalizados y vulnerables a una muerte vista por el statu quo como“aceptable” o incluso“ne cesaria” tiene un auge considerable en la región. La necropolítica 1 interesa a au tores que estudian el racismo dentro de una sociedad y Estado que consideran aceptable la muerte de personas racializadas(Cacho, 2012; Ferreira da Silva). En otras palabras, que los cuerpos ya de por sí vulnerables son marginados al punto que se les coloca en una categoría aparte, negado de las consideraciones y derechos más básicos de la población general, un fenómeno conocido como 1. Término acuñado por Achille Mbembe(2018) para señalar el poder social y político para dictar qué personas deben ser protegidas y a cuáles pueden ser matadas. 36

despersonalización. A la que se aúna la criminalización de los cuerpos, es decir, conjeturar la posible participación de las víctimas en actividades ilegales para explicar su muerte, volviéndolos así responsables de su propia muerte. La cual que supone una revictimización, una violencia post mortem, al conjeturar que la persona asesinada ha muerto por su propia culpa o como consecuencia de actos no legales en los que estaba involucrada. Ver el estudio del feminicidio como uno de seguridad crítica nos permite enfatizar las maneras específicas en que el cuerpo feminizado puede ser sometido a castigos sociales(como la exclusión), físicos(como la aceptación y ejercicio de la violencia) y post mortem(como los discursos que consideran a las víctimas como culpables de un comportamiento indeseable o inclusive criminal). Desde el feminismo los análisis sociales orientados a entender la margina ción abyecta y sus consecuencias mortales tomaron forma de un entendimien to del feminicidio como una subalternidad extrema(Camacho en Fregoso y Bejarano; Sagot, 2013). Aquí se ve la negación a la condición de ciudadano, lo que las vulnera mediante una cosificación según la cual el cuerpo feminizado es utilizado como una“ commodity”(Fregoso, 2006; Valencia, 2023) o como una extensión de la propiedad masculina(Segato, 2013). El fin del terror infligido al cuerpo es la desmoralización del enemigo(Segato, 2013) sin que se perciba o demuestre el reconocimiento del cuerpo feminizado como persona. Segato(2013) considera también que el feminicidio no puede entenderse sin las desigualdades propiciadas por el neoliberalismo. En efecto, en los análisis de la violencia extrema, los enfoques en la espectacularización de la violencia además de buscar entender por qué se utilizan violencias exterminadoras, ven en el sistema neoliberal un ámbito fértil para el derramamiento de sangre ex plícito(Valencia, 2010; Berlanga Gayón, 2015). Melissa Wright(2011) propor ciona un ejemplo de la despersonalización y criminalización de mujeres en Ciudad Júarez. Su estudio concluye que los feminicidios adquieren un discurso socialmente aceptado donde se supone que las mujeres asesinadas eran traba jadoras sexuales y por lo tanto merecedoras de muerte(Wright, 2011). Convencionalmente el tema de seguridad en la región se enfoca en temas como el crimen organizado y los grupos armados. En consecuencia, se banaliza la violencia de género dentro de un“orden de cosas”, por un lado, y se priorizan las operaciones, políticas y discursos que encuentran directamente compatibles con el combate a las“amenazas de estado” por el otro. Así, la perspectiva de las teóricas mencionadas nos destaca cómo en los contextos latinoamericanos los cuerpos masacrados son politizados(o instrumentalizados) para reforzar la no ción de urgencia bajo una lógica patriarcal. Tener al feminicidio como marco de análisis explica por qué se normaliza la muerte de cuerpos feminizados. Su conceptualización es por diseño un rico 37

análisis de seguridad desde un enfoque crítico, y en América Latina puede ser considerada como un saber local que dialoga con las actuales nociones de se guridad que estudian nuestras realidades y jerarquías sociales, cuestionando los estudios clásicos de seguridad. En una región en la que los discursos, estudios y políticas de seguridad suelen ser sinónimo de protección de Estado y donde las soluciones marginan a los cuerpos no normativos, esta perspectiva es necesaria. Nos cuestiona de la verdadera utilidad de medidas y respuestas que perjudican a los cuerpos feminizados al no atender la violencia sistémica de la que son parte y al poner en segundo plano la violencia de género. La noción de feminicidio es una producción local por medio de una experiencia empírica y una necesidad de reconocimiento legal frente a esta. En la conceptualización se ve un paso importante para reconocer una opresión precisa y forjar las herramientas de su resistencia. Este saber es imposible de comprender si se enajena de la teoría feminista. Nos exhorta a reflexionar de este saber particular desde una realidad precisa que ha guiado contextos similares. Muestra asimismo la necesidad de entender un mundo donde la muerte de mujeres es aceptable y al mismo tiem po donde las explicaciones de sus muertes hacen de sus víctimas las verdaderas responsables. Más allá de la tipificación del delito de feminicidio, la conceptua lización misma de este rompe y desmiente las conjeturas sociales que se forman para hacer la muerte de mujeres una especie de cotidianidad. Esta da las pautas para denunciar la disonancia entre el estereotipo de la mujer ejemplo que no sufría el fin del homicidio y la realidad devastadora que no respetaba tal regla. Conclusión Este artículo ligó las conversaciones de seguridad desde la perspectiva críti ca y la conceptualización del feminicidio, resaltando dos puntos importantes: primero, que el feminicidio se encuentra al centro del contexto latinoamerica no del estudio de violencia desde una perspectiva feminista. Lo cual funciona como un referente para los estudios de seguridad feminista. El segundo, que la conceptualización de feminicidio provee un enfoque crí tico que reta los estudios clásicos de seguridad. Por esto, el artículo invita al lector a leer el concepto de feminicidio como parte de un análisis dentro de los estudios de seguridad críticos. Esta provocación exhorta también a los lectores a ver los saberes locales como un punto de partida del diálogo académico en lugar de acoplarse a las conversaciones occidentalizadas. La conceptualización del feminicidio ha sido el resultado, por un lado, de la movilización social, así como de la atención que se le da a la discriminación ab yecta. Que empuja a comunidades altamente discriminadas a un punto donde su violentamiento es considerado aceptable y se les responsabiliza de su propia 38

muerte. En esta perspectiva el Estado, lejos de ser el ente que dictamina qué es seguridad, se convierte en un habilitador importante(y en ocasiones responsa ble) de la violencia extrema contra cuerpos discriminados. Finalmente, es necesario resaltar que la autora está consciente de las limitan tes que crea el movilizar el diálogo con disciplinas mayormente occidentaliza das por medio de la academia y se interroga así cuáles son las consideraciones que se debe tener con los saberes locales respecto a estos movimientos. Bibliografía Berlanga Gayón, Mariana.“El espectáculo de la violencia en el México actual: del feminicidio al juvenicidio”. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, v. 15, n. 4, p. 105128, 2015. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53743394006. Acceso en: 3 jun. 2024. Cacho, Lisa-Marie. Social Death: Racialized Rightlessness and the Criminalization of the Unpro tected.(Nation of Nations: Immigrant History as American History). NYU Press, 2012. Disponible en: https://muse.jhu.edu/book/19449. C.A.S.E. Collective. Critical Approaches to Security in Europe: A Network Manifesto. Security Dialogue, 2006. De Oliveira, André.“O condomínio seguro que converte as cidades brasileiras em inseguras”. El País, 2016. Hendershot, Chris; Mutimer, David.“Critical Security Studies”. En: Gheciu, Alexandra; Wohlfor th, William C.(eds.). The Oxford Handbook of International Security. Oxford Academic, 2018. Disponible en: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198777854.013.13. Acceso en: 5 abr. 2018. Lagarde, Marcela“Preface: Feminist Keys for Understanding Feminicide: Theoretical, Political, and Legal Construction”. En Fregoso, Rosa-Linda; Bejarano, Cynthia(eds.). Terrorizing Women: Feminicide in the Américas. Duke University Press, 2010. Mbembe, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tra dução de Renata Santini. São Paulo: N-1 edições, 2018. Ferreira Da Silva, Denise. No-Bodies. 2009. Griffith Law Review, 18:2, 212-236, DOI:10.1080/103 83441.2009.10854638 Fregoso, Rosa Linda.“‘We Want Them Alive!’: The Politics and Culture of Human Rights”. Social Identities, v. 12, n. 2, p. 109-138, 2006. Disponible en: https://doi.org/10.1080/13504630600583296. Fregoso, Rosa-Linda and Bejarano, Cynthia. Terrorizing Women: Feminicide in the Americas. Duke University Press. 2010. Disponible en: https://read.dukeupress.edu/books/book/1432/Ter rorizing-WomenFeminicide-in-the-Americas Sagot, Montserrat.“El femicidio como necropolítica en Centroamérica”. Labrys Estudos Femi nistas, n. 24, 2013. Segato, Rita Laura. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territo rio, soberanía y crímenes de segundo Estado. Tinta Limón, 2013. Valencia, Sayak.“Tijuana Cuir”. In: Rosas, G.; Loya, Mireya. The Border Reader. Duke University Press, 2023. Valencia, Sayak. Capitalismo Gore. Melusina, 2010. Wright, Melissa.“Necropolitics, Narcopolitics, and Femicide: Gendered Violence on the Mexico -US border”. Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 36, n. 3, 2011. 39

Teoría feminista sobre la seguridad desde las organizaciones sociales: contribuciones conceptuales desde el quehacer político Carolina Mosquera Vera Universidad de Varsovia, Polonia Introducción En este texto presento los desarrollos teóricos de dos organizaciones femi nistas que trabajan en la protección de las defensoras de derechos humanos, como un aporte conceptual dentro de los estudios feministas de seguridad. Se destacan las contribuciones de organizaciones como Sisma Mujer 1 , la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 2 , así como del Consorcio Oaxaca 3 , articulaciones políticas que han formulado conceptos clave como patrones de violencia sociopolítica de género contra defensoras de de rechos humanos, y la protección integral feminista, los cuales desarrollaré en este capítulo. La reconstrucción de estas experiencias se basa en información especializada recopilada a partir de los informes periódicos publicados por estas organiza ciones, así como en mi experiencia como investigadora por cerca de cinco años en una de las analizadas. Es importante destacar que si bien estas organizacio nes suelen estar en la primera línea de acción para proteger y cuidar a las mu jeres defensoras, también desempeñan un papel fundamental en el desarrollo continuo de teoría feminista, así como en el pensamiento político y técnico orientado a mejorar las estrategias de protección. En este sentido, el artículo se presenta como una propuesta de justicia episté mica, entendiendo que en muchos casos la academia considera el conocimiento 1. Sisma Mujer es una organización colombiana que desde 1998 trabaja en la construcción de paz desde perspectivas feministas, la protección de las defensoras de derechos humanos y por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Su sitio web es: https://sismamujer.org/. 2. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, fundada en 2010, articula organizaciones feministas y redes de defensoras de diversos movimientos sociales en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, para enfrentar la violencia y proteger los derechos humanos de mujeres y personas con identidades sexuales o de género diversas, fortaleciendo sus luchas y organizaciones. Su sitio web es: https://im-defensoras.org/. 3. El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C., fundado en 2003, es una organización feminista sin fines de lucro que promueve los derechos de mujeres, juventudes y niñeces desde los enfoques del buen vivir, cuidados y paz. Trabaja para influir en la legislación y políticas públicas, además de fomentar la capacitación y formación para el empoderamiento y la autonomía. Su sitio web es: https://consorciooaxaca.org/. 40

generado por las organizaciones sociales como literatura gris y no científica. En términos de Miranda Fricker(2017), esto sería una injusticia testimonial, ya que se subalterniza a estas organizaciones en la producción de conocimiento y se pone en entredicho la legitimidad de sus aportes conceptuales al no ser presentados en los formatos académicos tradicionales, como papers y journals, generalmente en inglés. Este capítulo es, por tanto, una apuesta por la justicia epistémica que busca dar centralidad a los aportes conceptuales y teóricos de estas organizaciones, con el objetivo de divulgar este conocimiento de manera que pueda ser integrado colectivamente por organizaciones en los ámbitos regional e internacional y por la literatura especializada en estudios feministas de seguridad. Violencia contra las defensoras de derechos humanos en América Latina En los últimos años, América Latina se ha constituido en la región con mayo res riesgos para la defensa de los derechos, especialmente los ambientales. Se gún Global Witness(2023), en 2022 cerca del 90% de los asesinatos de activistas ambientales tuvieron lugar en esta región, y más de un tercio de estos inciden tes ocurrieron en Colombia, la cifra más alta en el planeta. En el contexto actual, las personas defensoras de los derechos humanos, es pecialmente las mujeres, enfrentan riesgos adicionales debido a su activismo y defensa de sus comunidades. Muchas de estas defensoras pertenecen a grupos históricamente discriminados, como mujeres indígenas, afrodescendientes o miembros de la comunidad LGBTQ+(Corporación Sisma Mujer, Mosquera y Carrillo, 2022). Estas mujeres y personas defensoras LGBTQ+ desempeñan un papel crucial en la configuración de la vida comunitaria y la lucha por los de rechos fundamentales, incluyendo los derechos de las mujeres, de las personas LGBTQ+ y la protección del medio ambiente. En este sentido, su liderazgo de safía los roles tradicionales de género que las relegan a la pasividad y las ex cluyen de la esfera política. Por otro lado, las violencias que enfrentan estas defensoras de derechos hu manos, que van desde la difamación hasta el feminicidio, tienen como objetivo sancionar su participación en la esfera pública y reforzar las normas patriarca les de género. Por ello, diversas organizaciones feministas han caracterizado estas violencias como formas de violencia sociopolítica de género, reconocien do la estrecha intersección entre la violencia de género y la persecución política (Corporación Sisma Mujer, Mosquera y Carrillo, 2022). Un caso tristemente emblemático que ilustra estas victimizaciones específi cas es el feminicidio político de Berta Cáceres en 2016. Berta(4 de marzo de 1971-2 de marzo de 2016), lideresa indígena lenca y cofundadora del Consejo 41

Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras(COPINH), dedi có su vida a la protección de los territorios indígenas, enfrentando una serie de amenazas y difamaciones antes de ser asesinada. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha desempeñado un papel fun damental al acompañar su caso, visibilizando el escenario de impunidad que ha continuado y conceptualizando esta forma particular de violencia. Además, esta iniciativa ha sido crucial para dar a conocer la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de las mujeres, contribuyendo también al posicionamiento anual del 29 de noviembre como el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. En Colombia, organizaciones como Sisma Mujer han diseñado herramien tas de análisis y de incidencia política para impulsar mecanismos de protec ción desde una perspectiva de género. Al abogar por el derecho de las mujeres a defender derechos, estas organizaciones han respondido a la violencia so ciopolítica de género con estrategias feministas propias, lo que ha fortalecido su capacidad de organización y defensa, aspecto que será explorado con mayor profundidad a continuación. Contribuciones teóricas desde la práctica política en Abya Yala Diversas autoras han concebido los estudios feministas de seguridad como un enfoque crítico que analiza los problemas de seguridad desde una perspectiva de género. Esto implica resaltar cómo el discurso y las prácticas de seguridad tradicionales se ven moldeados por normas de género, dinámicas de poder y desigualdades(Sjoberg, 2016). Este campo ha explorado cuestiones como la vio lencia, el conflicto, la guerra, la paz y la política global desde una óptica femi nista. En este sentido, estos estudios pretenden examinar cómo las normas de género influyen tanto en la teoría como en la práctica de la seguridad(Chisholm y Stachowitsch, 2017), así como en la configuración de las amenazas y las res puestas en el ámbito internacional. Los siguientes dos apartados buscan avanzar en el reconocimiento episté mico y en los aportes realizados por las organizaciones de mujeres, especial mente desde Colombia y Mesoamérica. Estas contribuciones tienen como ob jetivo conceptualizar y proponer alternativas de protección para las personas defensoras de los derechos humanos desde una perspectiva feminista crítica arraigada en América Latina. Se destaca la atención especial hacia los riesgos enfrentados en un contexto caracterizado por desigualdades norte-sur y di námicas neocoloniales y racistas, las cuales reproducen matrices de opresión con particular intensidad en el sur global. Los estudios feministas de seguridad ganan mucho al incorporar estos saberes, ya que estas organizaciones trabajan 42

en contacto directo en los territorios con las mujeres y disidencias de género, lo que les otorga un privilegio epistémico para nutrir teóricamente el campo. Patrones de violencia sociopolítica de género contra defensoras de derechos humanos: perspectivas desde Colombia En el contexto del recrudecimiento de la violencia contra las personas de fensoras, especialmente las mujeres defensoras de derechos humanos, las or ganizaciones feministas de diferentes países han profundizado en la reflexión política y teórica para generar herramientas que les permitan proteger sus vi das desde una perspectiva feminista. Colombia, con una trayectoria notable en la defensa de los derechos humanos frente al prolongado conflicto armado, ha visto emerger mujeres víctimas de este conflicto que se han convertido en im portantes defensoras de derechos humanos(Mosquera, 2023). Desde los años noventa, las organizaciones de mujeres han trabajado para demostrar los im pactos diferenciales y desproporcionados que el conflicto armado ha tenido so bre las vidas de las mujeres y han incidido ante diversos organismos nacionales e internacionales para exigir una protección diferenciada para las defensoras de derechos humanos(Rettberg et al., 2022). Este contexto ha impulsado una agenda de posicionamiento de los derechos específicos de las mujeres defen soras, reconociendo el derecho a defender como un derecho propio, como ha declarado también la Asamblea General de las Naciones Unidas(2019). El esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de mujeres ha llevado al establecimiento de diferentes reconocimientos a nivel constitucional sobre la situación particular de violencia que afecta a las defensoras de derechos hu manos en Colombia. Destacan el Auto 092 de 2008 y el Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional, los cuales identifican la violencia diferenciada contra mujeres víctimas de desplazamiento debido al conflicto armado, así como el riesgo particular que enfrentan las lideresas. En el Auto 098 se ordenan medi das específicas para su protección. Continuando este camino de reconocimiento normativo, las organizaciones de mujeres han seguido trabajando en enriquecer conceptualmente la com prensión de las violencias. En este ejercicio, Sisma Mujer asumió la tarea de elaborar boletines de seguimiento periódico sobre la violencia que afecta a las defensoras de derechos humanos, con énfasis temáticos y seguimiento al Pro grama integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras 4 . Asimismo, contribuyó al desarrollo del concepto de violencia sociopolítica de género, definiéndola como aquella forma de violencia ejercida contra las lideresas y defensoras de derechos humanos por ser mujeres en una sociedad altamente 4. Disponibles en: https://sismamujer.org/lideresas-y-defensoras-publicaciones/. 43

discriminatoria y patriarcal, y por su labor en la defensa de los derechos huma nos y en el ejercicio de liderazgo, es decir‘por lo que son y por lo que hacen’ (Corporación Sisma Mujer, Mosquera, Carrillo 2022, p. 16). Esta violencia se caracteriza por contener dimensiones expresivas de género en las que se mate rializa la discriminación contra las mujeres defensoras, como ataques misógi nos, acoso sexual, calumnias, estigmatización, violencia simbólica y amenazas contra sus hijos, entre otras. En este sentido, esta organización ha caracterizado la violencia política de gé nero como un mecanismo destinado“a sancionar, limitar y silenciar el ejercicio político del liderazgo de las mujeres, que se emplea como‘castigo’ a la transgre sión de normas de género tradicionalmente impuestas sobre ellas”(Corporaci ón Sisma Mujer, 2022, p. 17). La manera en que se ejerce dicha violencia incluye dimensiones expresivas de género(marcas de género) que materializan la dis criminación contra las defensoras de derechos humanos. Además, los agresores de esta violencia pueden ir más allá de los actores tradicionales, incluyendo a grupos al margen de la ley, la fuerza pública y personas cercanas(Corporación Sisma Mujer 2022, p. 17). Basándose en esta caracterización, la organización presenta seis elementos que constituyen los patrones de violencia sociopolítica de género: 1) el tipo de violencia 5 ; 2) la técnica empleada y sus marcas de género 6 ; 3) los presuntos res ponsables en su noción ampliada; 4) la caracterización territorial de los riesgos para las defensoras; 5) los factores de vulnerabilidad que enfrentan las muje res defensoras; y 6) los escenarios de mayor riesgo(Corporación Sisma Mujer, 2022, p. 25). Estos desarrollos adquieren mayor importancia al analizar los impactos po líticos que tuvieron. Primero, fueron construidos de la mano de las organiza ciones de defensoras que trabajan territorialmente y enfrentan estos riesgos de manera directa. Segundo, constituyeron una de las herramientas de análisis que permitió llevar una perspectiva feminista a la Comisión Nacional de Ga rantías de Seguridad 7 , la instancia de más alto nivel en materia de protección para personas defensoras creada por el Acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-Ep(Fuerzas Armadas Revolucio 5.“Amenazas estereotipantes, violencia sexual contra ellas, sus familiares u otras mujeres de la organización, feminicidios, atentados, agresiones contra sus hijos e hijas, robo de información o equipos, estigmatización y calumnias, intentos de secuestro o desaparición forzada, ataques o intentos de ingreso a sus viviendas, ataques a las sedes de las organizaciones, señalamientos estereotipantes, acoso sexual, seguimientos y hostigamientos, campañas de desprestigio y criminalización, entre otras”(Corporación Sisma Mujer, 2022, p. 25). 6.“Crueldad extrema en la comisión del ataque, signos de violencia sexual, posición sexualizada del cuerpo de la víctima en caso de feminicidio, desnudez del cuerpo, agresiones que lesionan referentes de la identidad femenina, lenguaje humillante y/o sexista en amenazas, amenazas sexistas en entornos digitales, el hogar como espacio para la comisión de los ataques”(Corporación Sisma Mujer, 2022, p. 24). 7. Creada mediante el Decreto 154 de 2017. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79067. 44

narias de Colombia). En esta comisión, las plataformas de mujeres tienen un rol permanente como invitadas y contribuyen continuamente al desarrollo de políticas públicas para proteger a las personas defensoras en Colombia. De otro lado, esta conceptualización aporta al campo de los estudios de segu ridad al romper con la visión tradicional y androcéntrica que asocia los riesgos únicamente con las amenazas y los homicidios. La organización conceptualiza diversas manifestaciones de la violencia, incluyendo la violencia sexual, la es tigmatización, las calumnias, los señalamientos difamatorios y el acoso sexual, entre otros. Además, la ampliación de la noción de los presuntos victimarios más allá de los actores armados tradicionales para incluir también la esfera pri vada de la vida de las defensoras permite exigir medidas de protección especí ficas para mujeres que puedan enfrentar riesgos particulares incluso dentro de sus familias o comunidades. Finalmente, este marco desarrollado a partir del acompañamiento de defen soras en riesgo, y que se puede consultar en los documentos de la organizaci ón 8 , incorpora una perspectiva interseccional al considerar como factores de vulnerabilidad el habitar en zonas rurales o alejadas de las cabeceras municipa les, la pertenencia a grupos étnicos históricamente discriminados como indí genas y afrodescendientes o pertenecer a la comunidad LGBTQ+ en contextos territoriales con fuertes dinámicas patriarcales y cisheterosexistas. Protección integral feminista: el cuidado como eje central en la protección de las defensoras mesoamericanas Según el libro del Consorcio Oaxaca(2021), organización que hace parte de la plataforma de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Desde la resiliencia: sembradoras de esperanza. Protección integral feminista. Una propuesta de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, una apuesta por la continuidad de nuestras luchas 9 : La protección integral feminista es una propuesta teórica, metodológica y práctica que busca la protección y bienestar de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Esta propuesta se enfoca en fortalecer los movimientos socia les comprometidos con la transformación democrática desde la izquierda, considerando el alto riesgo que implica defender los derechos humanos en contextos de violencia y precariedad. 8. Disponibles en: https://sismamujer.org/lideresas-y-defensoras-publicaciones/. 9. Disponible en: https://consorciooaxaca.org/wp-content/uploads/2022/05/Desde-la-resiliencia.-Sembradoras-de-esperanza.pdf, otros recursos se encuentran disponibles en: https://im-defensoras.org/2022/12/protecci%C3%B3n-integral-feminista/. 45

La protección integral feminista busca contribuir a la integridad física y bienestar espiritual de las personas defensoras, fortale cer sus capacidades personales e institucionales, y prepararlas para enfrentar las circunstancias de riesgo y desgaste en las que desarrollan su labor(Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 2021, p. 20). Este libro es clave y proporciona múltiples contribuciones al campo de los estudios feministas de seguridad. Desde los enfoques que presenta, el tipo de activismo que promueve, el análisis integral de los riesgos(visibles e invisibles) y la ampliación del sujeto político de la protección integral feminista. Además, expande las esferas de intervención, subvirtiendo las comprensiones andro céntricas, militaristas e individualistas, y redefine dichas modalidades para ir más allá de la activación de mecanismos reactivos ante la materialización del riesgo, incluyendo dimensiones preventivas. Frente a esto, la intervención se realiza desde un marco aportado por las propias defensoras y aplicado en la práctica, el cual está acompañado de éticas específicas. A continuación, se resu men algunas de estas dimensiones. Los enfoques conceptuales que sustentan la protección integral feminista (PIF) abarcan diversas perspectivas, entre las que se destacan: el enfoque femi nista, que examina las estructuras patriarcales y las violencias de género; el po lítico, que impulsa un cambio social hacia la democracia y el progresismo; el de autocuidado, cuidado colectivo y sanación, que prioriza el bienestar individual y colectivo; el psicosocial, que aborda los impactos emocionales y psicológicos de la violencia; y el enfoque integral, que considera múltiples dimensiones del bienestar y fomenta la interrelacionalidad(Consorcio para el Diálogo Parla mentario y la Equidad Oaxaca 2021, pp. 26-31). Las directrices principales que orientan la protección integral feminista son variadas y complementarias, e incluyen diversos tipos de activismo: el activis mo seguro, que promueve entornos libres de riesgos y violencia; el saludable, que enfatiza el autocuidado físico y emocional; el gozoso, que busca la gra tificación y la creatividad en la defensa de derechos; el activismo crítico, que cuestiona las estructuras de poder; y el igualitario, que promueve la equidad y la inclusión. Se reconocen asimismo tanto los riesgos visibles, identificables y documentables, como los invisibles, menos evidentes, pero igualmente perju diciales, como el estrés emocional o la autocensura. Frente a esto, se desarrollan estrategias de prevención que buscan anticipar y mitigar los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos, fortaleciendo capacidades indivi duales y colectivas y creando condiciones para un entorno personal e institu cional seguros(Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 2021, pp. 33-38). 46

Por último, las estrategias y medidas de intervención en el marco de la pro tección integral feminista abarcan diversas áreas de acción para garantizar la se guridad, el bienestar y la sostenibilidad de las personas defensoras de derechos humanos. Estas intervenciones integrales buscan abordar las necesidades y los desafíos de manera holística, promoviendo la protección, el empoderamiento y la sostenibilidad en la labor activista, mediante la seguridad física, digital y jurídica, el autocuidado, cuidado colectivo y sanación emocional, la incidencia política, la articulación de redes y la sostenibilidad económica(Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca 2021, pp. 42-73). Mediante la síntesis de los principales aportes hechos por las defensoras me soamericanas, se evidencia que el concepto de protección integral feminista representa un aporte teórico y práctico en la preservación de los liderazgos de quienes defienden los derechos humanos. Como se puede observar en el informe más reciente de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, de la cual forma parte el Consorcio Oaxaca, la aplicaci ón de la perspectiva de protección integral feminista en sus acciones políticas permanentes ha permitido, por un lado, documentar las violaciones a los dere chos humanos contra las defensoras, sistematizar esta información y emplearla como acervo para la denuncia pública y la incidencia internacional, así como para la exigencia de mecanismos de protección ante el Estado. Por otro, esta es trategia ha servido como espacio articulador de la acción política. Según su úl timo boletín(IM-Defensoras, 2024):“Hoy articulamos a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica. Sólo entre 2018 y 2023, realizamos 19.045 acciones de acompañamiento, contribuyendo a la protección y el cuidado de 18.058 defensoras en riesgo”, lo que demuestra su implementación efectiva. Esta perspectiva implica asimismo una transformación teórica y epistémica al romper con dinámicas patriarcales y androcéntricas que limitan la comprensión de la protección únicamente en términos materiales y militaristas, como el uso exclusivo de chalecos antibalas o la protección armada a cargo de guardaespal das. La perspectiva de protección integral feminista, en cambio, destaca la im portancia de la prevención, la salud mental y la configuración de redes afectivas y emocionales. Además, amplía el sujeto de protección al incluir a comunidades indígenas, hombres defensores de la igualdad de género y grupos en particular riesgo. Esta aproximación enfatiza la necesidad de garantizar procesos colecti vos sostenibles por medio del cuidado mutuo y la generación de redes de apoyo, promoviendo un ejercicio político basado en el goce, la libertad y la vida digna. Esta guía se convierte así en una herramienta fundamental no solo para los activismos en Mesoamérica, América Latina y otros lugares, sino también para ampliar las nociones feministas de seguridad, entendida no solo como la au sencia de violencia, sino como las garantías para la sostenibilidad de una vida digna que coloca el cuidado en el centro. 47

Conclusiones Mi objetivo principal en este artículo fue ampliar la comprensión de las no ciones de seguridad en el contexto de la protección a las personas defensoras de derechos humanos. Para ello, recurrí a conceptualizaciones y aportes teóricos y prácticos de organizaciones feministas que han dedicado décadas a esta causa en la región. Destaco los valiosos aportes de dos organizaciones, Sisma Mujer y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, con énfasis en el trabajo desarrollado por el Consorcio Oaxaca en la conceptu alización y aplicación de la protección integral feminista. Es evidente una potencia teórica que se nutre de las acciones prácticas y po líticas de las organizaciones defensoras de derechos humanos en América La tina. En este sentido, el campo de los estudios feministas de seguridad, en un ejercicio de justicia epistémica, debe integrar estos aportes como un conoci miento situado que enriquece la reflexión política, conceptual y epistémica. Esta perspectiva, anclada en las experiencias de protección de las mujeres de fensoras, se erige como un punto de vista estratégico para contribuir a dicho campo del conocimiento. Por un lado, la herramienta de análisis de los patrones de violencia sociopo lítica de género proporciona un marco conceptual y una operacionalización que pueden orientar el trabajo de otras organizaciones. Permite un análisis in tegral de los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos desde una perspectiva feminista. En el segundo caso, la noción de protección integral feminista brinda nociones aplicables a otros ámbitos de la protección y cuenta con herramientas operacionalizables como los planes de protección integral feminista, que pueden ser utilizados a otros niveles, como las violencias basa das en género, y en cómo disminuir y prevenir riesgos en lo comunitario, prio rizando la sostenibilidad de las redes y las comunidades para cuidar a mujeres y personas LGBT en riesgo. Finalmente, el artículo reconoce también el pensamiento teórico sólido y ri guroso de las organizaciones que se materializa en su actividad política en la vida de las personas defensoras de derechos humanos. Estas organizaciones no solo conceptualizan y teorizan, sino que brindan además acompañamiento, inciden en políticas públicas, se involucran en la transformación de las realida des sociales y protegen a las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, la labor académica debe tender puentes que conecten estas teoriza ciones y conceptualizaciones con una audiencia global, visibilizando y citando la fuerza teórica de Latinoamérica en el campo de los estudios feministas de seguridad y, particularmente, en la protección desde una perspectiva feminista. 48

Bibliografía Asamblea General de las Naciones Unidas.“Situación de las mujeres defensoras de derechos hu manos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos huma nos”. A/HRC/40/60, 2019. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ G19/005/00/PDF/G1900500.pdf?OpenElement Chisholm, Amanda y Saskia Stachowitsch.“(Re)Integrating Feminist Security Studies and Femi nist Global Political Economy: Continuing the Conversation”. Politics& Gender, v. 13, n. 04, p. 710-715, 2017. https://doi.org/10.1017/S1743923X17000356 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C. Desde la resiliencia: sembra doras de esperanza. Protección integral feminista. Una propuesta de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Una apuesta por la continuidad de nuestras luchas, 2021. Disponible en: https://consorciooaxaca.org/wp-content/uploads/2022/05/Desde-la-resiliencia. -Sembradoras-de-esperanza.pdf Corporación Sisma Mujer, Cynthia Carrillo y Carolina Mosquera Vera.“Patrones de violencia sociopolítica de género contra lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia: claves conceptuales y metodológicas 2016- 2020”, 2022. Corporación Sisma Mujer. Disponible en: ht tps://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2022/06/PATRONES-DE-VIOLENCIA-DIGI TAL-V16-de-mayo-2022-1.pdf. Fricker, Miranda. Injusticia epistémica: el poder y la ética del conocimiento. Barcelona: Herder, 2017. Global Witness.“Casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas entre 2012 y 2022 por proteger el planeta”[Comunicado de prensa], 2023. Global Witness. IM – Defensoras.“Resumen ejecutivo. Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica 2012-2023”. Abril 2024. Disponible en: https://im-defensoras.org/2024/06/im-defensoras-documenta-mas-de-35-mil -agresiones-contra-defensoras-de-derechos-humanos-en-mesoamerica-desde-2012/. Mosquera Vera, Carolina.“Gender and sexuality in the Colombian armed conflict: from patriar chal oppression to feminist resistance”. Civitas Hominibus, nr 18/2023. https://doi.org/10.25312/ 2391-5145.18/2023_06cmv. Rettberg, Angelika, Luisa Salazar-Escalante, María Gabriela Vargas Parada y Laura Vargas Zabara ín.“El género en la intersección entre el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia: un balance”. Colombia Internacional, n. 112(octubre), p. 149-181, 2022. https://doi.org/10.7440/ colombiaint112.2022.06 Sjoberg, Laura.“What, and Where, Is Feminist Security Studies?”. Journal of Regional Security, v. 11, n. 2, p. 143-161, 2016. https://doi.org/10.11643/issn.2217-995X162SPS66 Urrutia Arestizábal, Pamela, Ana Villellas Ariño y María Villellas Ariño.“Seguridad feminista. Aportaciones conceptuales y desarrollo actual”. Informes 16/2020. Barcelona: Institut Català In ternacional per la Pau, Escola de Cultura de Pau, 2020. 49

2. ACTIVISMO DE DATOS CONTRA EL FEMINICIDIO Y LA SEGURIDAD FEMINISTA 50

Luchar con números: el activismo de datos contra los femicidios/feminicidios en Argentina, Brasil y México Natalia Romero Marchesini Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Universidad Nacional de La Plata(IdIHCS-CONICET/UNLP), Argentina Introducción En las últimas décadas, los estudios feministas de seguridad han abogado por una revisión de la concepción de seguridad, orientada hacia la vida y las necesidades de mujeres y personas con identidades de género no binarias(Ca landrón, 2014; Lascano, 2020). Esta nueva perspectiva reconoce de manera diferenciada las experiencias de seguridad e inseguridad en ámbitos públicos y privados y cuestiona la mirada androcéntrica y patriarcal en la formulación de políticas de seguridad(Sjoberg y Silva Sánchez, 2021; Urrutia Arestizábal et al., 2020). En la región latinoamericana, la reinterpretación feminista de la noción de seguridad aborda una amplia gama de asuntos, incluyendo, entre otros aspec tos, un análisis de los impactos de género en situaciones de conflicto armado, desplazamientos forzados, violencia sexual, trata de personas, militarización y sus vínculos con la construcción social de las masculinidades dominantes (Garré, 2010; Zamorano Villarreal y Capron, 2022). Además, explora la inse guridad en las experiencias diarias, examinando por ejemplo las prácticas de movilidad urbana de las mujeres y las diversas formas de violencia que llegan al extremo de los femicidios/feminicidios 1 . El papel desempeñado por movimientos feministas y activistas en la visi bilización de este último fenómeno ha sido objeto de estudio de un conjunto de investigaciones que han analizado cómo diversas organizaciones han em pleado la producción y circulación de números sobre las violencias de género, en general, y los femicidios/feminicidios, en particular, no sólo para propor cionar información, sino también para cuestionar la acción o inacción estatal en su abordaje(D'Ignazio, 2024; Engle Merry, 2016; Osborne, 2008; Varela y Trebisacce, 2021). 1. En este artículo empleamos el término femicidio/feminicidio cuando nos referimos a la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género, siguiendo las convenciones utilizadas en los países analizados, con el fin de respetar sus respectivos usos. 51

El objetivo de este artículo es ofrecer una breve exploración del activismo de datos en relación con los femicidios/feminicidios en tres países de América Latina: Argentina, Brasil y México. El activismo de datos se refiere a las inicia tivas de diversos actores que utilizan la generación de números, estadísticas y datos en general como un argumento político para visibilizar a grupos sociales ignorados, reivindicar derechos, defender intereses, promover transformacio nes sociales e interpelar a los sectores sociales dominantes en el tratamiento de problemáticas sociales. Mediante la revisión de fuentes secundarias de análisis, identificamos y des cribimos tres manifestaciones latinoamericanas de activismo de datos que han contribuido a generar conciencia sobre las violencias contras las mujeres y las niñas por motivos de género, así como a cuestionar las normas culturales y sociales que las perpetúan. Según el informe del Programa regional de la Ini ciativa Spotlight para América Latina; Argentina, Brasil y México promulgaron leyes sobre femicidios/feminicidios entre 2012 y 2015, incorporando en sus normativas la naturaleza estructural y sistémica de este complejo fenómeno (Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina- PRISAL, 2022). Aunque estos países destacan este aspecto y subrayan su carácter global, también es cierto que, como muestra el artículo del Observatorio de Femini cidios de Republicanas Populares(ver en esta publicación), en cada país este fenómeno y los esfuerzos por cuantificarlo presentan particularidades que me recen destacarse. En las páginas siguientes presentamos algunos resultados de nuestra inda gación. Examinamos quiénes son las personas o grupos que respaldan estas iniciativas ante la ausencia de registros oficiales, cómo presentan la informa ción a una audiencia más amplia y los objetivos que persiguen con los datos generados. Activismo de datos En el campo académico, el análisis de la cuantificación ha sido objeto de atención durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas ha ad quirido un interés generalizado en las ciencias sociales, desde una perspectiva epistemológica y política renovada. Diversas investigaciones han examinado aspectos que no siempre resultan evidentes, como la dimensión procesual y el reconocimiento de la diversidad de actores e instituciones implicados en los sistemas estadísticos, el carácter polémico y negociado de las cifras, así como la configuración de diversos conjuntos sociales que comparten la necesidad de emplear la cuantificación como una herramienta de lucha(Bruno et al., 2014; Didier y Bruno, 2021; Desrosiéres, 2014; Camargo y Daniel, 2021; Gutiérrez, 2022; Milán y Beraldo, 2024; Milán y Gutiérrez, 2015; Veloso Hirata et al., 2021). 52

Estos trabajos nos permiten comprender que la cuantificación no se limita ex clusivamente a las políticas de agencias gubernamentales. El análisis de la cuan tificación como una vía práctica idónea para abordar problemas sociales“desde abajo” muestra cómo múltiples actores involucrados en la generación de cifras, no necesariamente portadores de grandes habilidades matemáticas, sino pro cedentes de diversos orígenes, reconocen la importancia de disponer de datos para llevar a cabo un examen de la sociedad. Las lagunas en torno a cuestiones sociales y las estrategias empleadas por movimientos sociales contemporáneos para visibilizarlas, también han sido exploradas en investigaciones centradas en el activismo de datos vinculado a las desigualdades de género(Criado-Pérez, 2019; De Rosa, 2014; D'Ignazio y Klein, 2020). El trabajo de D'Ignazio(2024) subraya que la gran mayoría de los trabajos académicos e informes de activismo relacionados con los femicidios/ feminicidios comienzan destacando la ausencia completa o escasa disponibili dad, la falta de fiabilidad, el descuido o la falta de publicidad sobre los datos de esta forma extrema que alcanzan las violencias de género. Esta ausencia de datos, o lo que Jungs de Almeida, Klein y D'Ignazio(2024) denominan“ missing data”, se refiere a la información que falta o no se registra, a pesar de las exigencias sociales y políticas de recopilar y compartir ciertos da tos. Las autoras adoptan un enfoque amplio al definir este concepto, que abarca desde datos completamente ausentes hasta aquellos que son escasos, descuida dos, mal recopilados, eliminados intencionalmente, de difícil acceso o poco ac tualizados. Destacan que la falta de datos no es inherentemente buena ni mala. Por ejemplo, en determinados contextos, su ausencia puede servir como una estrategia de protección para ciertos grupos 2 . Según las autoras, el análisis debe enfocarse en el contexto social en el que se percibe la falta de datos, así como en quién solicita la información y a quién se dirige, en lugar de emitir juicios normativos. La definición de falta de datos que proponen, y que aquí recuperamos, incluye explícitamente una dimensión po lítica, ya que el grupo que solicita la información intenta responsabilizar a otro grupo o institución por su ausencia. Cuando esto ocurre en el contexto de gru pos minoritarios o marginados que demandan información al Estado, como mostramos más adelante, también están señalando el abandono institucional del grupo o asunto representado por esos datos. La cuantificación de los femicidios/feminicidios El desarrollo teórico sobre las violencias contra mujeres y niñas por razones de género se originó en el debate feminista anglosajón en la década de 1970. Diana Russell acuñó el término“femicidio” en 1976, señalando a los asesina 2. Para conocer más sobre el activismo de datos“reactivo”, véase Milán y Van der Velden(2016). 53

tos de mujeres perpetrados por varones debido a su condición de género. Esta concepción profundizó la comprensión de la naturaleza sexista y misógina de estos crímenes, previamente opacada por términos neutros como homicidio o asesinato(Russell y Harmes, 2001). En América Latina, este debate se amplió, en parte, tras los crímenes en Ciu dad Juárez(México), donde académicas y activistas se enfocaron en desarticu lar los argumentos que culpaban a las víctimas y consideraban estas violencias como asuntos personales(Dawson y Vega, 2023). Además, otros estudios resal tan la importancia de atender la“tolerancia social” como factor relevante en la incidencia de estos hechos. Marcela Lagarde y de los Ríos(2006) ha contribui do significativamente al analizar la falta de voluntad política para dilucidar es tos hechos, proponiendo el término“feminicidio” para visibilizar la impunidad que rodea a estas muertes y la responsabilidad estatal en su abordaje. Siguiendo estos lineamientos, las iniciativas que presentamos a continuación buscan demostrar, mediante la cuantificación, que los femicidios/feminicidios no son sucesos aislados ni excepcionales, abogando por un tratamiento adecu ado e instando a la acción. Argentina: un imperativo numérico que se volvió global En Argentina, la primera investigación sobre femicidios/feminicidios en el ámbito nacional se llevó a cabo en 2008, mediante el trabajo de la asociación civil La Casa del Encuentro, ante la falta de registros oficiales. Este estudio se basó en datos recopilados de periódicos de distribución nacional, provincial y agencias de noticias como Télam y DyN. Aunque las fuentes eran limitadas y proporcionaban una visión parcial al centrarse en casos noticiables, la estrate gia adoptada para visibilizarlos fue la presentación detallada de cada caso. D'Ignazio et al.(2022) demuestran que este propósito es común entre los proyectos de seguimiento de femicidios/feminicidios de la sociedad civil y for ma parte de una estrategia para“recordar” la vida de las mujeres y niñas. Las ONG no solo buscan cuantificar las muertes sino también humanizar los re cuentos. En ese sentido, las activistas de La Casa del Encuentro presentaban a las víctimas con nombre y apellido e incluso, en algunos casos, compartían fotos para destacar la gravedad y el alcance de la violencia de género. En 2009, la asociación estableció el Observatorio de Femicidios Adriana Ma risel Zambrano. A partir de entonces, comenzaron a difundir regularmente in formación sobre muertes violentas por motivos de género en el país, convirti éndose en pioneras en la materia. La información generada por el observatorio se difunde a través de los periódicos de mayor distribución y cobertura na cional. Se incluyen datos sociodemográficos de las víctimas, el tipo de vínculo 54

entre la víctima y el agresor, los lugares donde ocurren las muertes y si los agre sores tenían antecedentes o denuncias previas. Además, ofrecen detalles sobre la modalidad de las muertes y el tipo de armas empleadas en los femicidios/ feminicidios. En 2012, con la promulgación de la legislación nacional sobre esta problemá tica, las activistas también comenzaron a documentar el número de hijos e hijas que pierden a sus madres cuando estas son víctimas de femicidio/feminicidio. Asimismo, introdujeron términos como“femicidio vinculado” y“femicidio en la línea de fuego”, con el fin de analizar casos en los cuales un varón asesina a una o varias personas cercanas a las mujeres y niñas que busca controlar, así como a aquellas personas que se interponen o intentan prevenir agresiones hacia ellas en contextos de violencias de género. A esta iniciativa precursora se unieron otras. En 2015 se dio un aumento sig nificativo en la creación de observatorios de la sociedad civil dedicados a la vi gilancia de los femicidios/feminicidios, coincidiendo con el establecimiento del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 3 , como resultado de la movilización Ni Una Menos. Mediante este imperativo numérico, más de 150.000 personas, convocadas por diversas organizaciones de mujeres, se con gregaron en las cercanías del Congreso Nacional y en diversos puntos del país ante el aumento de los casos(imagen 1). Este acontecimiento marcó un hito sig nificativo en la agenda política nacional y generó efectos de repetición en otros países de la región y del mundo. Imagen 1. Marcha de Ni una menos. Plaza del Congreso, Buenos Aires, Argentina, 2015 Fuente: diario Clarín, Buenos Aires. 3. La decisión de crear un registro estadístico que abarcara casos judiciales relacionados con muertes violentas de mujeres por motivos de género respondió a tres principales demandas: el cumplimiento de diversos estándares de la comunidad internacional, la exigencia de normativas nacionales y las peticiones del activismo y la ciudadanía en general, las cuales se materializaron en la movilización Ni Una Menos(Romero Marchesini, en prensa). 55

La repetición de la movilización, que interpeló a personas de distintas latitu des, destacó la naturaleza global del fenómeno 4 . Simultáneamente, en Argen tina, a medida que se intensificaba la discusión sobre los asesinatos de muje res y niñas por razones de género, los informes de los observatorios también empezaron a incorporar datos sobre transfemicidios y travesticidios. Tal es el caso del Observatorio de violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, el Obser vatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana y el Observatorio Lucía Pérez, entre otros, que desempeñan un papel crucial en la recopilación y producción de datos sobre estas muertes. Estas organizaciones efectúan un monitoreo de las mismas, hacen el seguimiento de las causas penales, colaboran con las auto ridades gubernamentales proporcionando información adicional y comparten públicamente análisis críticos sobre el problema. Brasil: esfuerzos colectivos de cuantificación Los observatorios de femicidios/feminicidios en Brasil desempeñan un pa pel fundamental en la lucha contra las violencias de género al proporcionar análisis especializados en diversas regiones del país. Esto se debe a la naturaleza federal de su organización político-administrativa. Entre estos observatorios se encuentran el Laboratório de Estudos sobre Feminicídio(Laboratorio de Estudios de Feminicidio) de la Universidade Estadual de Londrina, el Grupo de Trabalho sobre Feminicídio(Grupo de Trabajo sobre Feminicidio) en Bahía y el Observatorio Néias. Estos esfuerzos son significativos para identificar, prevenir y denun ciar los femicidios/feminicidios, utilizando los medios de comunicación como fuente primaria de información y desarrollando estrategias para un registro exhaustivo( Jungs de Almeida et al., 2023). Estas iniciativas muestran también la importancia de fomentar la colabora ción y articulación entre activistas de datos de diversas latitudes, como ilustra el Fórum Cearense de Mulheres(Foro Cearense de Mujeres), organización que de nuncia públicamente, desde 2018, el subregistro de datos oficiales sobre homi cidios de mujeres y niñas en Ceará. Analiza cómo los datos sobre estos homici dios son ignorados por las autoridades estatales y lleva a cabo una cuantificación propia de femicidios/feminicidios basándose en una investigación de prensa, contrastando estos datos con los publicados mensualmente por la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará. Sus integrantes consideran que es necesario contar con datos alternativos, un contrapunto que permita discutir y proponer políticas públicas basadas en información y análisis capaces de abor dar eficazmente el problema(Fórum Cearense de Mulheres, 2023). 4.“América Latina será toda feminista: el impacto del Ni Una Menos nacido en Argentina”, El Destape, 03/06/2021. https://www.eldestapeweb.com/sociedad/ni-una-menos/america-latina-sera-toda-feminista-el-impacto-del-ni-una-menos-nacido-en-argentina-2021630410 56

En los últimos años, quienes integran el Foro han compartido experiencias de activismo de datos con movimientos feministas más amplios. En 2021, se pu sieron en contacto con integrantes de la iniciativa Datos Contra el Feminicidio, una acción conjunta entre el Data+ Feminism Lab del Massachusetts Institute of Technology, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos y Feminicidio Uruguay, que apoya prácticas locales relacionadas con la producción y el uso de datos de femicidios/feminicidios por parte de activistas de todo el mundo. Cuando conocieron a otras compañeras que, como ellas, buscaban fortalecer y crear estrategias de defensa de los datos sobre femicidios/feminicidios, adopta ron la noción de“contradatos” propuesta por D'Ignazio et al.(2022) y empleada en Datos Contra el Feminicidio. Esta noción se refiere a datos producidos por grupos de la sociedad civil o particulares para contrarrestar la falta de datos o cuestionar los oficiales existentes, así como desafiar las definiciones y prácticas oficiales que los miden y analizan. La producción de contradatos no solo llena las lagunas de los datos oficiales, sino que cuestiona también la parcialidad y la inac ción del Estado. Además, puede atraer la atención de los medios de comunicaci ón y del público, promoviendo transformaciones sociales y políticas y ayudando a la recuperación de las comunidades afectadas. Según las integrantes del Foro, esta expresión refleja el trabajo que han estado haciendo para llenar vacíos de in formación oficial y en otras ocasiones para apoyar su lucha por políticas públicas (Fórum Cearense de Mulheres, 2023). México: mapear la violencia extrema contra las mujeres y las niñas Los mapas son un terreno fértil para el activismo de datos. Según Gutiérrez (2022), la cartografía siempre ha sido una actividad política y un monopolio de los estados; por esta razón, han surgido movimientos de“contramapeo” en resistencia a las iniciativas gubernamentales. Un ejemplo del desafío al poder estatal sobre los mapas es la categorización de los usos de la tierra por parte de las comunidades indígenas, como se muestra en el trabajo de Offen(2009),“O mapeas o te mapean: mapeo indígena y negro en América Latina”, que ilustra cómo los mapas pueden usarse con fines emancipadores. Las experiencias mexicanas ofrecen un destacado ejemplo de cómo la car tografía en manos de activistas feministas se transforma en una herramienta orientada a la acción en procesos sociopolíticos y tecnológicos complejos, sir viendo de inspiración para otras iniciativas afines 5 . En 2005 comenzó a funcio nar el Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio, creado por in vestigadores e investigadoras del Colegio de la Frontera Norte, un instrumento 5. Un ejemplo de ello es el trabajo de Geochicas OSM, Técnicas Rudas(Geamática), Sonia Madrigal y Mundo Sur con el Mapa Latinoamericano de Feminicidios. Para conocer más sobre estos proyectos, consultar“Mujeres que mapean cómo las están matando” y“Nosotras tenemos otros mapas” en https://geoactivismo.org/. 57

que facilitó la construcción de una base de datos georreferenciada que recopiló información sobre asesinatos ocurridos entre 1993 y 2005. Gracias a esta her ramienta, el análisis de indicadores socioeconómicos y territoriales revela que la distribución espacial de femicidios/feminicidios en Ciudad Juárez guarda una relación significativa con zonas urbanas de bajos niveles socioeconómicos y déficit de infraestructura. Siguiendo esta misma línea, tres años después de la implementación de la legislación sobre femicidios/feminicidios en el país, la investigadora y activista feminista Ivonne Ramírez puso en marcha el proyecto de cartografía digital denominado Ellas tienen nombre, centrado en los casos de femicidios/femini cidios en Ciudad Juárez. Esta plataforma de libre acceso permite a las personas explorar un mapa de estas muertes cometidas en la ciudad desde 1993 hasta la actualidad, identificando características y espacios territoriales. Además, facilita la activación de un trabajo de memoria colectiva al recordar no solo números y datos, sino también relatos y experiencias de mujeres y niñas que ya no están (Díaz Muñoz, 2021). Otra iniciativa que se destaca es la de María Salguero, una ingeniera geofísica cuyo trabajo obtuvo reconocimiento nacional e internacional. En 2016 creó el Mapa Nacional de los Feminicidios(imagen 2), una herramienta interactiva ba sada en datos georreferenciados que utiliza información de la prensa nacional, fiscalías, procuradurías y entrevistas con familiares de las víctimas. Este mapa, que permite filtrar información por edad de las víctimas, relación entre vícti ma y victimario, ubicación y fecha de las muertes, así como datos del contexto femicida y situación legal de los implicados, se convierte en una valiosa fuente para comprender la problemática(Gutiérrez, 2022). Imagen 2. Mapa Nacional de los Feminicidios en México, 2017 Fuente: blog Yo te nombro: el mapa de los feminicidios en México. 58

Este enfoque colaborativo, conocido como“geoactivismo” o“mapeo colec tivo”, no se limita a ser un simple registro, catálogo o inventario de casos, sino que va más allá al posibilitar, mediante representaciones visuales, el desarrollo de investigaciones sobre patrones o características de los casos, contribuyendo a una comprensión integral de la problemática de los femicidios/feminicidios en el país. En definitiva, la creación de mapas en México ha tenido efectos sig nificativos al visibilizar de manera tangible la magnitud de la violencia de gé nero, mostrando gráficamente la distribución de los casos. Esta visualización, al igual que las anteriores iniciativas, contribuye a generar conciencia sobre la extensión del fenómeno y facilita la identificación de patrones, tendencias y factores de riesgo, permitiendo la formulación de estrategias de prevención más específicas. En suma, las iniciativas de Argentina, Brasil y México muestran cómo las activistas comprendieron desde temprano que llevar un registro detallado de la violencia extrema contra las mujeres y niñas eleva la visibilidad de este fe nómeno. No obstante, los informes de femicidios/feminicidios generados van más allá de un mero recuento de muertes: constituyen una manera de conferir un significado adicional procurando que las víctimas“cuenten”. Las activistas no registran estos crímenes por un interés per se en los números, cálculos o estadísticas, sino con el propósito de alertar sobre la magnitud y por ende la ur gencia de este problema, con la intención de prevenir y con el fin de respaldar sus demandas de políticas públicas concretas. Reflexiones finales La construcción de saberes sobre femicidios/feminicidios aporta significa tivamente a los estudios feministas de seguridad, al identificar patrones y ten dencias en las violencias de género que van más allá de las particularidades locales o nacionales. No obstante, analizar datos específicos ayuda a compren der mejor cómo y por qué ocurren estos crímenes, permitiendo una evalua ción más precisa para la seguridad de las mujeres y las niñas. En este artículo nos propusimos examinar brevemente algunas experiencias de cuantificaci ón de femicidios/feminicidios en tres países de América Latina. Como he mos observado, las iniciativas se centran en el uso de números no solo como alarmas sociales destinadas a generar reacciones, sino también como herra mientas políticas que buscan influir en el desempeño de las agencias estatales respecto de este fenómeno. En otras palabras, por medio de estas propuestas podemos percibir inicialmente su capacidad para actuar tanto como espacios de denuncia como instancias que apelan a las autoridades para abordar la problemática en cuestión. 59

Quienes lideran estas iniciativas son personas procedentes de ámbitos pro fesionales y militantes. Aunque apuestan por la utilización de diversas fuentes de información, ya sea mediante métodos analógicos o estrategias digitales más avanzadas, se basan principalmente en medios de comunicación. La presencia de“datos discordantes”, término acuñado por Suárez Val(2020), para destacar las disparidades en los enfoques conceptuales y metodológicos utilizados al re copilar dichos datos, subraya la complejidad inherente a la identificación, regis tro y visibilización de las muertes violentas de mujeres por motivos de género. También señala los desafíos que estas iniciativas enfrentan. Todas ellas iniciaron sus cuantificaciones basándose en información proporcionada por la prensa y, si bien no contaban con criterios metodológicos comunes y estandarizados para la generación de datos, el esfuerzo conjunto por alcanzar objetivos similares las ha llevado a establecer diálogos y a pensar en estrategias de abordaje similares, configurando en algunos casos una red activista de datos. En este contexto de diversificación, consideramos relevante subrayar la po sibilidad de retroalimentación entre países y enfoques colaborativos en la pro ducción de datos relacionados con las violencias contra las mujeres y las niñas. El caso de Argentina, por ejemplo, muestra que una iniciativa local respaldada por pares puede visibilizar con mayor éxito la magnitud y gravedad del proble ma de los femicidios/feminicidios en la región, sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos y generar un efecto dominó en el impulso del activismo de datos. De manera similar, las iniciativas de México en la visualización de femicidios/femi nicidios han sido repetidas en distintos escenarios, al permitir identificar áreas y grupos en mayor riesgo, posibilitar intervenciones más focalizadas y eficientes, así como detectar patrones y tendencias que de otro modo pasarían desapercibi dos. Por otro lado, el caso de Brasil ilustra cómo una red de datos transnacional puede valorar el trabajo de las activistas locales, impulsar nuevas perspectivas y brindar apoyo mutuo frente a los desafíos cotidianos de la cuantificación. Bibliografía Bruno, Isabelle; Didier, Emmanuel; Prévieux, Julien. Statactivisme. Comment lutter avec des nombres. París: La Découverte, 2014. Calandrón, Sabrina. Género y sexualidad en la Policía Bonaerense. San Martín: Universidad Na cional de Gral. San Martín-UNSAM Edita, 2014. Camargo, Alexandre D. P. R.; Daniel, Claudia.“Os estudos sociais da quantificação e suas impli cações na sociología”. Sociologias, v. 23, p. 42-81, 2021. Criado-Perez, Caroline. Invisible Women: Data bias in a world designed for men. Nueva York: Abrams Books, 2019. D'Ignazio, Catherine. Counting Feminicide: Data Feminism in Action. Cambridge: MIT Press, 2024. D'Ignazio, Catherine; Cruxen, Isadora; Suárez Val, Helena; Martínez Cuba, Ángeles; García Mon 60

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La violencia contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América Latina y el Caribe desde los estudios feministas de seguridad Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez Secretaría Técnica de la Red Sin Violencia LGBTI, Colombia Introducción Desde hace varios años, y según las tasas globales de homicidios por fuera de conflictos armados, América Latina y el Caribe figura como la región más violenta del mundo(UNODC, 2023a). Al mismo tiempo, de acuerdo con los registros existentes, es una de las regiones con las tasas más altas de homicidios de mujeres o feminicidios(UNODC, 2023b) y con el mayor número de casos de homicidios de personas trans y de género diverso(Transgender Europe, 2024). La persistencia de estos altos niveles de violencia ha sido objeto de múl tiples análisis, la mayor parte de los cuales se han dado desde las corrientes más tradicionales de los estudios de seguridad y han enfatizado en el crimen organizado como la principal causa. Estas interpretaciones tradicionales se han concentrado en hechos de violencia que involucran a hombres, tanto en calidad de victimarios como de víctimas. Como resultado, tienden a invisi bilizar las violencias contra las mujeres, incluyendo los feminicidios, incluso cuando están relacionados con las mismas dinámicas de macrocriminalidad. Frente a esto, investigadoras y teóricas feministas han cuestionado los sesgos masculinistas y estatocéntricos de los estudios tradicionales sobre seguridad (Hume y Wilding, 2015; Leone y Caballero, 2021). Al hacerlo, han planteado que el género no es un factor secundario a las dinámicas generales de violen cia y seguridad ciudadana, que solo entra en consideración cuando las vícti mas son mujeres. En este artículo resalto la utilidad de los estudios feministas de la seguridad, en particular la posibilidad de desarrollar un abordaje de los feminicidios como un fenómeno interseccional y multidimensional, para el análisis de la violen cia letal contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans(LBT) en América Latina y el Caribe. Para esto, utilizo los datos producidos por la Red Sin Violencia LGBTI para los años 2021-2023. Al hacerlo, argumento que esta perspectiva de los estudios feministas de seguridad(EFS) puede ayudarnos a comprender: 63

1) el lugar de las desigualdades por identidad de género y orientación sexual, incluso cuando no se hagan explícitas en forma de prejuicio como parte de las motivaciones individuales de los crímenes, y 2) la conexión entre esta forma de violencia con patrones de macrocriminalidad transnacional. Violencia letal contra mujeres LBT en América Latina y el Caribe Entre 2021 y 2023, fueron asesinadas por lo menos 920 personas LGBTIQ+ en los diez países de América Latina y el Caribe que hacen parte de la Red Sin Violencia LGBTI 1 . De estas, 418(45,4%) eran mujeres lesbianas, bisexuales y trans. La mayor parte de estos crímenes ocurrió en los países de Centroaméri ca y el Triángulo Norte, en donde fueron asesinadas 229 mujeres LBT durante este periodo, principalmente en México(143), Honduras(49) y Guatemala(27). La incidencia de estos crímenes fue menor en el área Andina, con la notable excepción de Colombia, en donde fueron asesinadas 137 mujeres LBT. Sin em bargo, a medida que la situación de orden público y seguridad ciudadana ha empeorado en otros países de la región, especialmente en Ecuador, también ha aumentado el número de mujeres LBT asesinadas en esos países. Las mujeres trans representaron la mayor parte de las víctimas registradas durante este periodo(332), seguidas de las mujeres cis lesbianas(80) y bisexu ales(14). Debido a la poca disponibilidad de fuentes, las barreras para el acceso a la información oficial y otros retos en el seguimiento y la documentación de casos de violencia contra mujeres LBT 2 , una buena parte de los casos no cuenta con suficiente información sobre otras características de las víctimas como su edad, identidad étnico-racial, nivel educativo u ocupación. De los casos en los que se dispone de esta información, se destaca que la mitad de las víctimas te nía 30 años o menos; la mayor parte ejercía el trabajo sexual(69) para obtener ingresos, seguidas de las estilistas(30) y comerciantes(29); doce de ellas fueron registradas como mujeres LBT afrodescendientes y otras nueve como indíge nas; y por lo menos 25 eran defensoras de derechos humanos, 14 eran migran tes, cinco se encontraban privadas de la libertad en instituciones de reclusión y tres tenían algún tipo de discapacidad. Por lo menos la mitad de todos los crímenes(207) fueron perpetrados en es pacios públicos y una tercera parte(87) en domicilios particulares. Las armas de fuego sobresalen como las más usadas para asesinar a las víctimas(38,9%). Por 1. Esta es una red de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas LGBTI en países de América Latina y el Caribe, y que produce información comparable sobre homicidios de personas LGBTI en la región. Los diez países que forman parte de ella son: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Más información en: www.sinviolencia.lgbt 2. Un análisis de las dificultades en la documentación de casos de violencia letal contra mujeres trans y, sobre todo, cis lesbianas y bisexuales se puede encontrar en: Pérez, Anaya y Aguilera“Boletín Temático: muertes violentas de mujeres lesbianas, bisexuales y trans”, 2023. 64

lo menos 27 de ellas habrían sido asesinadas por integrantes de grupos arma dos o de crimen organizado, especialmente en los países de Centroamérica y en Colombia, mientras que otras cuatro lo fueron por integrantes de la Fuerza Pública. También se destacan otros diez asesinatos que habrían sido perpetra dos por la pareja actual o anterior de la víctima; siete por clientes(mientras las víctimas ejercían el trabajo sexual); y otros tres por familiares o integrantes del hogar de las víctimas. Logros y límites del enfoque de violencia por prejuicio Los asesinatos de mujeres LBT, al igual que los feminicidios de manera más general, suelen ser invisibilizados en los análisis tradicionales sobre homici dios debido a sus marcados sesgos masculinistas(Hume y Wilding, 2015) y, deberíamos agregar, cisexista y heteronormativo. Estos sesgos son evidentes en el más reciente informe global de homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(UNODC, 2023c), el cual hizo énfasis, para América Latina y el Caribe, en el mayor número de homicidios de hombres como producto de dinámicas de crimen organizado(2023a), mientras que limitó el análisis de los asesinatos de mujeres a aquellos de carácter“íntimo”, es decir, a los cometidos por parte de sus parejas o de otros familiares(2023b). Es así como este tipo de análisis relega la violencia homicida contra las mu jeres al ámbito privado, masculiniza las principales dinámicas de seguridad ciudadana y oscurecen su relación con la violencia letal contra las mujeres, incluyendo las LBT. El enfoque de la violencia por prejuicio(Comisión Interamericana de De rechos Humanos, 2015) ofrece una alternativa, ya que permite identificar el prejuicio hacia la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual o las características sexuales de las víctimas como determinante de dis tintos hechos de violencia. Esto ha permitido ver que no son casos aislados e identificar patrones recurrentes de violencia contra las personas LGBTIQ+ facilitados por contextos sociales que reproducen los prejuicios y toleran la violencia contra esta población. Además, ha permitido identificar patrones de violencia por prejuicio que se reproducen en varios países de la región (Anaya, Pérez y Aguilera, 2023). Una falencia de este enfoque es que, cuando se usa para la calificación del móvil en casos concretos, de modo que facilite la prueba del prejuicio en la aplicación de instrumentos penales antidiscriminación(Escobar, 2016), pue de arrojar un alto subregistro. Esto debido a que las fuentes disponibles no suelen aportar información suficiente sobre las características de las víctimas, el tipo de violencia ejercida contra ellas, los responsables del crimen y el con 65

texto en el que ocurrieron los hechos, esto es, de los factores que se deben considerar al momento de calificar la motivación del crimen. Por esta misma razón, de los 418 asesinatos de mujeres LBT registrados entre 2021 y 2023, solo se logró determinar el móvil prejuicioso en 78 de hechos: 18,7%. En otras palabras, debido a la falta de información, en tan solo ese 18,7% de los casos podríamos concluir que las víctimas fueron asesinadas por el hecho de ser lesbianas, bisexuales o trans. Una segunda falencia del enfoque de la violencia por prejuicio es que, a pesar de su atención al contexto que facilita la violencia, la urgencia de calificar casos individuales según la percepción y la intencionalidad de parte del perpetrador termina por limitar el análisis a intercambios diádicos entre agresores y vícti mas individuales, propio de las aproximaciones positivistas a la violencia(Lee, 2019). Debido a esto, la posibilidad existente en la región de identificar patro nes de violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+ suele verse limitada a identificar casos similares en distintos países, pero manteniendo el análisis de la mayoría bajo el esquema de intercambios diádicos y, por lo mismo, muchas veces“privados”. Acá es donde los estudios feministas de la seguridad son espe cialmente relevantes. Aportes desde los estudios feministas de la seguridad al análisis de la violencia contra mujeres LBT Los estudios feministas de la seguridad aportan dos enfoques novedosos al tema del presente artículo. Por un lado, han permitido que pasemos de enten der los feminicidios como un“crimen de odio contra las mujeres” a adoptar una“perspectiva interseccional y multidimensional” de la violencia letal con tra las mujeres(Marchand, 2013, p. 69). Y, segundo, al hacerlo han demostrado que esta forma extrema de violencia contra las mujeres, lejos de tratarse de casos aislados y separados de las principales problemáticas de seguridad ciu dadana, constituyen“un problema sistémico de seguridad” en las Américas ( Jungs de Almeida, Cruxên, Radhakrishnan y D'Ignazio, 2025, p. 4; traducción propia). A continuación, aplicaré estas dos perspectivas a algunos de los ase sinatos de mujeres LBT registrados por la Red Sin Violencia que difícilmente podrían considerarse como crímenes motivados por el prejuicio. El primer grupo de casos a resaltar son los asesinatos de mujeres trans por parte de grupos de crimen organizado que las extorsionan mediante el cobro de“cupos” para que puedan ejercer el trabajo sexual en sectores bajo su con trol. Durante el periodo en consideración, por lo menos once mujeres trans trabajadoras sexuales fueron asesinadas en estas circunstancias, nueve de ellas en Perú y las otras dos en Ecuador y Guatemala. Solo en dos de estos casos 66

se cuenta con información adicional que nos permite pensar que el prejuicio también influyó en el tipo de violencia ejercida contra la víctima debido a que los ataques estuvieron acompañados de insultos hacia su identidad de género o al exceso de violencia usada para asesinarlas. En los demás casos, las víctimas fueron asesinadas en ataques sicariales con arma de fuego, un modus operan di asociado más con las disputas de grupos de crimen organizado que con los crímenes por prejuicio. Además, algunos estuvieron acompañados de adver tencias grabadas o escritas dirigidas a otras trabajadoras sexuales que se niegan a pagar los“cupos” y fueron difundidos por presuntos integrantes del Tren de Aragua. Por último, este tipo de ataques también se han dirigido contra muje res cisgénero que ejercen el trabajo sexual en estos contextos(Swiss Info, 2023; Tamayo, Mera y Almeida, 2023), es decir, no afectan únicamente a las mujeres trans debido a su identidad de género. El segundo grupo de casos relevantes son los asesinatos de mujeres lesbianas y trans que son instrumentalizadas por grupos de crimen organizado. Durante el periodo en consideración, registramos cuatro casos como estos en Colom bia, Guatemala, Honduras y México. Según las fuentes disponibles, las víctimas (dos mujeres lesbianas y dos mujeres trans) cobraban extorsiones o hacían otras labores de apoyo para grupos de crimen organizado, y por lo menos una fue asesinada mientras intentaba cobrar una extorsión y otra en un ataque sicarial. A estos se suman otros tres casos de mujeres trans asesinadas mediante sicaria to en México en los que las fuentes no indican que tuvieran alguna relación con estos grupos, pero en los que las autoridades indican que las víctimas presunta mente se dedicaban al narcomenudeo o tenían deudas por drogas. La mayor parte de todos estos casos fueron reportados por los medios de comunicación e investigados por las autoridades como crímenes con motiva ciones económicas o por“ajustes de cuentas” en el marco de disputas por el control de economías ilícitas. En efecto, en la mayoría sería difícil identificar el prejuicio como parte de las motivaciones individuales de los victimarios. Sin embargo, esto no quiere decir que las desigualdades de género(y, más es pecíficamente, por orientación sexual e identidad de género) no hayan tenido ninguna relación. Al aplicar una perspectiva interseccional y multidimensional a casos simi lares en la ciudad de Medellín, la Red Feminista Antimilitarista ha examinado cómo los asesinatos de mujeres mediante sicariato en un contexto de econo mías criminales pueden considerarse un feminicidio. En los casos en los que los crímenes son perpetrados por no pagar deudas con“pagadiarios”, las desi gualdades de género son determinantes al imponer mayores cargas de cuidado sobre las mujeres y, a la vez, menores oportunidades de ingresos y de acceso al sistema financiero, lo que empuja a muchas a recurrir a este tipo de préstamos (Castaño, 2022). Otros casos en los que las víctimas son asesinadas en retaliaci 67

ón por desarrollar(o por negarse a desarrollar) actividades de apoyo para gru pos de crimen organizado 3 también pueden considerarse feminicidios, ya que los grupos del crimen organizado aprovechan la mayor vulnerabilidad de las mujeres, especialmente las jóvenes y empobrecidas, para utilizarlas en labores de apoyo(Castaño, 2019). Esos análisis se pueden aplicar a los asesinatos de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual o de mujeres trans y lesbianas instrumentalizadas por gru pos de crimen organizado. Para las primeras, las desventajas estructurales de género se manifiestan en ciclos de exclusión y pobreza debido a su identidad de género, lo que hace que el trabajo sexual sea una de sus pocas opciones de supervivencia. Por lo tanto, el riesgo que enfrentan al ejercer esta actividad en un contexto de regulación violenta por parte de grupos de crimen organizado no puede separarse de la discriminación estructural basada en su identidad de género. Para las segundas, la vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres em pobrecidas que viven en contextos urbanos controlados por grupos de crimen organizado puede profundizarse por la falta de redes de apoyo como resultado de la exclusión por su identidad de género u orientación sexual. Esto facilitaría aún más su instrumentalización, al igual que ciertos estereotipos negativos que asocian a las mujeres trans con la delincuencia. Por estas razones, aun cuando la violencia contra ellas no esté directamente motivada por el prejuicio sino por lógicas de retaliación en contextos criminales, su ocurrencia no puede separar se de las desigualdades estructurales de género, identidad de género y orienta ción sexual que afectan sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, los estudios feministas de seguridad nos permiten com prender que la violencia letal contra las mujeres LBT no es una forma de vio lencia secundaria o separada de la relacionada con el crimen organizado trans nacional. En particular, podemos establecer una estrecha conexión entre los asesinatos de mujeres LBT con una de las principales preocupaciones en ma teria de seguridad ciudadana en la región: las extorsiones y otros crímenes vio lentos perpetrados por grupos de crimen organizado. En los últimos años, estos grupos han incrementado el uso de extorsiones como una de las principales formas para obtener financiamiento y ejercer con trol social en varios países de la región, especialmente en Centroamérica y en los países de la región Andina(Vásquez del Mercado y Félix, 2022). Las tra bajadoras sexuales no han sido meras víctimas incidentales o secundarias de estas dinámicas de macrocriminalidad; de hecho, han sido objeto principal de extorsiones por parte de grupos de crimen organizado transnacional como el 3. Una tendencia documentada en varios países de la región, en donde las mujeres más vulnerables son vinculadas de manera forzada a actividades de apoyo que constituyen“el eslabón más débil y de mayor subordinación en la cadena delictiva” como la venta de pequeñas cantidades de droga, el transporte de drogas o armas, la vigilancia, inteligencia o cuidados(Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina, 2021, p. 34). 68

Tren de Aragua desde su establecimiento en la frontera colombo-venezolana y a medida que ha expandido sus actividades a otros países como Ecuador y Perú (InSight Crime, 2023). En este contexto, los asesinatos de mujeres trans trabajadoras sexuales por el cobro de“cupos” en países como Perú dejan de ser hechos marginales y pasan al centro de los debates sobre seguridad ciudadana. En ese país, la vulnerabili dad financiera de buena parte de la población ha facilitado que grupos locales de crimen organizado hayan replicado los esquemas de extorsiones de grupos provenientes de Colombia(Doherty, 2024). Posteriormente, con la llegada de grupos de crimen organizado transnacional provenientes de Venezuela, como el Tren de Aragua, se han intensificado las disputas por el control del mercado de las extorsiones y se ha extendido cada vez más a las trabajadoras sexuales, incluyendo muchas mujeres trans. Es en este contexto en el que han aumen tado los asesinatos de mujeres trans trabajadoras sexuales en el Perú, especial mente como retaliaciones(y en advertencia) por el no pago de“cupos”(Chávez y Garro, 2023). Desde una perspectiva tradicional de seguridad, estos casos son una preocu pación menor. Tanto así que no son mencionados en los principales debates sobre(in)seguridad ciudadana en el Perú, a pesar de la importancia dada a la problemática de las extorsiones(Ipsos, 2024), ni en la Política nacional mul tisectorial de seguridad ciudadana al 2030, a pesar de que su quinto objetivo prioritario está relacionado con la disminución de los“delitos de alta compleji dad cometidos por bandas criminales que victimizan a la población”(Ministe rio del Interior[Perú], 2022, p. 109). Mientras que, desde una perspectiva de violencia por prejuicio, estos casos difícilmente podrían ser clasificados como crímenes motivados por el prejui cio hacia la identidad de género de la víctima, debido a su evidente motivación económica y a que no afectan únicamente a mujeres trans debido a su identi dad de género. En cambio, los estudios feministas de seguridad nos permiten comprender hasta qué punto el género es central para entender algunas de las principales problemáticas de seguridad ciudadana, no solo en Perú, sino en la mayor parte de los países de la región. En este sentido, la instrumentalización violenta de las mujeres trabajadoras sexuales(incluyendo las mujeres trans) es un elemento central de delitos de alto impacto como las extorsiones, aun cuan do afectan a amplios sectores de la población y no solo a las mujeres en ámbitos privados. Por último, desde los estudios feministas de seguridad reconocemos cómo la violencia letal contra las mujeres, incluyendo las mujeres trans, no se agota en un intercambio de agresiones entre un perpetrador y una víctima in dividual, y en las percepciones y motivaciones del primero para cometer un hecho violento aislado, sino que se inscribe en cadenas de interacciones que conectan a grupos de víctimas definidas, en parte, por su identidad de género, 69

pero también por su vulnerabilidad socioeconómica, con grupos organizados de victimarios a través de distintos niveles: no solo local y nacional, sino tam bién transnacional. Conclusiones En este artículo he examinado cómo los aportes de los estudios feministas de seguridad, en particular su aproximación a la violencia letal contra las mujeres como un fenómeno interseccional y multidimensional, pueden ayudarnos a lograr una mejor comprensión de la violencia letal contra las mujeres LBT en la región. En particular, nos permite entender el rol que tienen las desigualdades por identidad de género y orientación sexual en esta violencia, incluso cuando no se manifiesten de manera explícita en forma de prejuicios que motiven los crímenes. La crítica de los estudios feministas de seguridad a los sesgos masculinos (Hume y Wilding, 2015) y estatistas(Leone y Caballero, 2021) de la seguridad ciudadana también resulta de fundamental importancia, ya que demuestra que la violencia contra las mujeres no solo ocurre en el ámbito“privado” y, por lo tanto, no está desconectada de otras problemáticas, supuestamente más gene rales y“públicas”, de seguridad. Esto nos permite entender mejor la violencia contra las mujeres LBT como un problema central de seguridad ciudadana que está íntimamente ligado al crimen organizado. Por último, los estudios feministas de seguridad no solo proporcionan nue vas perspectivas sobre cómo analizar la violencia letal contra mujeres LBT en la región, sino, también, sobre cómo prevenirla. Al mostrar que esta violencia es un fenómeno“multidimensional e interseccional” y no solo un fenómeno uni dimensional determinado por el prejuicio, debemos reconocer que las estrate gias para hacerle frente a esta problemática deben ir más allá de erradicar los prejuicios. También nos muestra que la seguridad para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y de manera más general para todas las personas LGBTIQ+, no provendrá de las armas, sino que se tiene que avanzar en nociones holísticas y explícitamente feministas de seguridad humana(Leone y Caballero, 2021). Esto, necesariamente, pasa por una vida libre de prejuicios, pero también por la garantía de la seguridad social, laboral, alimentaria y de salud de esta población, y por la priorización del género en las políticas de seguridad que aborden los delitos de alto impacto y los desafíos de seguridad transnacional en los países de América Latina. 70

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Activismo de datos para el análisis de los feminicidios transnacionales en América Latina y el Caribe Republicanas Populares Centro de Conocimientos y Acción Política, Medellín, Colombia Introducción En el contexto global actual, diversos factores convergen para entender la violencia feminicida como una realidad que trasciende fronteras, ya que es un fenómeno que se presenta en muchos países, pero con características especí ficas en donde hay presencia de estructuras del narcotráfico que generan con textos de alta militarización. Así se menciona en el artículo“Crimen organi zado y violencia contra las mujeres: discurso oficial y percepción ciudadana” (Lira, Saucedo González y Saltijeral Méndez, 2016), en el que sostienen que el dominio de los espacios comunitarios por parte del narcotráfico produce más violencia sobre las mujeres y, al mismo tiempo, menos denuncias y salidas co lectivas para frenar estas violencias, ya que podrían presentarse retaliaciones hacia ellas y sus familias. Es por ello por lo que no basta con considerarla única mente como una problemática exacerbada por las crisis migratorias masivas en la región de América Latina y el Caribe. Es crucial situarla en el marco de una crisis multicausal más amplia que implica analizar la relación entre narcotráfi co y militarización y su presencia trasnacional que se evidencia con el dominio territorial de carteles de la mafia que se adscriben identitariamente a un país y que desarrollan labores de control, negociación y cuidado de sus negocios en las fronteras entre países. Establecemos la diferenciación conceptual entre transnacional y transfron terizo para hacer énfasis en el contexto territorial, histórico y social donde se cometen los feminicidios. Si bien ambos conceptos se han integrado en los estudios migratorios, consideramos importante generalizar el fenómeno de los feminicidios transnacionales, particularizando al tiempo los análisis de los feminicidios transfronterizos que se ven acrecentados en los territorios fron terizos donde intervienen diversos actores trasnacionales y diversas prácticas sociales, culturales, políticas y económicas de tipo legal e ilegal, que se configu ran y escriben sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, como lo ha demostrado para el caso de los feminicidios en Ciudad de Juárez la antropóloga Rita Laura 73

Sagato en su libro Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado: la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Es en este contexto que consideramos vital reconocer el papel del activismo de datos en la comprensión de los feminicidios transfronterizos, ya que per mite evidenciar particularidades que se difuminan en los análisis tradiciones sobre las violencias hacia las mujeres. Este artículo se propone abordar esta compleja intersección y resaltar la im portancia de analizar la violencia feminicida desde una perspectiva integral que tenga en cuenta sus diversos contextos. El activismo de datos para los estudios feministas de seguridad Desde el Observatorio de Feminicidios de Republicanas Populares –Centro de Conocimientos y Acción Política–, asumimos el activismo de datos como una herramienta poderosa para los estudios feministas de seguridad en Améri ca Latina y el Caribe. Asimismo, ubicamos este método de militancia colectiva como un escenario esperanzador para avanzar en políticas migratorias regio nales impulsadas por el gobierno actual de Colombia. Desde nuestra experiencia, asumir el activismo de datos ha sido fundamental para hacer visible la violencia feminicida, pero también para generar categorí as, registros y análisis de su carácter transnacional y transfronterizo. Es funda mental entender como las políticas de muerte patriarcales que se expresan en contextos locales responden a dinámicas globales. En tanto el modelo de la vio lencia hacia las mujeres se extiende como modelo para ejercer poder y control territorial por parte de bandas criminales o paraestatales que buscan y tienen más poder territorial que el Estado. Así lo expresa Rita Laura Segato al decir que la violencia ejercida por estructuras paraestatales sobre el cuerpo de las mujeres es algo planeado y diseñado, que evidencia el control y la superioridad en términos de poder territorial de las bandas criminales sobre los gobiernos democráticos(Segato, 2016, p. 22) Abordar los registros de feminicidios en el ámbito local en Colombia ha re velado la presencia de características sistemáticas en la violencia feminicida, notoriamente similares en los contextos regionales de América Latina. Esta aproximación nos ha permitido además identificar patrones recurrentes y su estrecha relación con los sistemas económicos, la expansión del narcotráfico, las economías criminales y los flujos migratorios masivos. Destacar la subrepresentación en los informes oficiales y revelar las inter secciones entre la violencia de género y otros factores, como la pertenencia étnico-racial, la clase social, la migración y la orientación sexual, es fundamen tal para desarrollar políticas y estrategias de seguridad más efectivas. Al situar 74

estas cuestiones en el centro de las políticas de seguridad es posible abordar de manera más integral las necesidades específicas de las mujeres y de personas que han sido marginadas, promoviendo así la expansión de una conciencia an tipatriarcal, pero además aportando a una vida digna y segura para las mujeres. En última instancia, el activismo de datos feminista 1 impulsa una mayor transparencia, rendición de cuentas y justicia para las víctimas de feminicidio, lo que, a su vez, fortalece la lucha por la erradicación de la violencia feminici da en la región. En este artículo presentamos un breve análisis del feminicidio transfronterizo a partir de la información generada por el activismo de datos que desarrollamos desde el Observatorio Colombiano de Feminicidios. Para ello partimos del contexto de la globalización y la delincuencia transnacional. Desde el Centro de Conocimientos y de Acción Política –Republicanas Popu lares–, hemos entendido que el activismo de datos requiere de análisis de con textos situados y en donde se problematicen las condiciones estructurales que hacen posible la existencia y la persistencia de los feminicidios. La globalización y la delincuencia transnacional: interconexiones en las economías criminales Tomando como punto de partida el feminicidio desde una perspectiva am plia e inserto no solo en el sistema patriarcal sino también en el capitalismo y en el sistema colonial moderno, afirmamos que las crisis actuales, múltiples y complejas, trascienden las ideas liberales del delito que plantean que el femi nicidio responde a un sentimiento de odio individualizado de un sujeto varón contra una mujer. Por el contrario, hemos comprendido que el entrecruce de sistemas de poder fundados en la violencia produce un sentimiento colectivo que va más allá de lo justificativo para convertirse es un mandato social o en una expectativa social que como tal debe cumplirse. La filósofa estadounidense Nancy Fraser(2023) describe así la crisis actual: El capitalismo caníbal, entonces, es el sistema al cual le debe mos la crisis actual. La verdad sea dicha, se trata de un tipo poco frecuente de crisis, en el cual convergen múltiples ataques de glo tonería. Lo que enfrentamos, gracias a décadas de financiarizaci ón, no es solo una crisis de desigualdad salvaje y trabajo precario mal remunerado, no“meramente” una crisis de cuidado y repro ducción social; no solamente una crisis migratoria y de violencia racializada, tampoco se trata“simplemente” de una crisis ecoló 1. El activismo de datos nace como la posibilidad de enfrentar la hegemonía racista, sexista y heteronormativa mediante la visibilización de cifras, datos y análisis que combatan estas formas y aporten a la construcción de análisis antirracistas, feministas, descolonizados. Para más información: D ' Ignazio, Klein, Livio, Niederer y Colombo(2021). En la misma fuente la práctica del feminismo de datos:“Conversaciones con Catherine D ' Ignazio, Lauren Klein y Maya Livio”, disponible en: https://doi.org/10.7764/disena.19.Interview.1. 75

gica en la cual un planeta en proceso de calentamiento vomita plagas letales, ni solo de una crisis política con un vaciamiento de la infraestructura, un militarismo en aumento y una prolife ración de hombres fuertes. No, es algo peor, es una crisis general de la totalidad del orden social, en la que todas esas calamidades convergen, se exacerban entre sí y amenazan con deglutirnos a todos(Fraser, 2023, p. 20). En el marco de esta crisis, la violencia feminicida que se presenta con recur rencia por fuera de las fronteras nacionales representa un desafío teórico y prác tico para investigadores y activistas que exige trascender las respuestas de cui dado y protección. Al respecto, diferentes disciplinas y campos de estudio han ido ampliando sus objetos de estudio retomando los postulados de las teorías feministas; uno de estos campos son las relaciones internacionales, en donde se ha desarrollado a profundidad la categoría“seguridad feminista”. Ha surgido asimismo una subescuela denominada“género y seguridad”, la cual se enfoca en analizar las dinámicas nacionales e internacionales de se guridad con el propósito de visibilizar las múltiples amenazas que enfrentan las mujeres en el mundo contemporáneo(Monroy y Vallejo, 2017). Uno de los principales objetivos de esta corriente es abordar la cuestión de si la seguri dad de las mujeres puede considerarse como un indicador central para la paz mundial y la estabilidad de los Estados. En esta vía, en las últimas décadas los estados nacionales han abordado las violencias contra las mujeres como un fenómeno visible, una preocupación pública y una violación de los derechos humanos. Así ha sido al menos en tér minos formales. Este formalismo implicaría que los Estados prestaran mayor atención a esta problemática, la incluyeran en su agenda política y fueran evalu ados en función de la eficacia de sus respuestas. Sin embargo, en las agendas re gionales de seguridad la cuestión de la regionalización del feminicidio frente a la expansión del crimen organizado no ha recibido aún la atención significativa que merece ni ha sido adecuadamente abordada ni desarrollada en el ámbito regional de seguridad. Esto representa una importante brecha en la compren sión de los problemas de seguridad en la región, que requiere una atención urgente y una acción coordinada tanto nacional como regionalmente. Por otra parte, pero como otro engranaje de esta misma problemática, con sideramos necesario mencionar que en el actual orden mundial se mantiene la división social, racial y sexual del trabajo, lo cual debería llevar a que cualquier problemática social, política o económica se analice teniendo en cuenta estos parámetros, definidos como formas de organización total de las sociedades que habitamos. En una sociedad jerarquizada bajo estos vectores de poder, siem pre serán las mujeres empobrecidas y racializadas como negras e indígenas(en 76

nuestro caso) sobre quienes recaerá con mayor fuerza la actuación de la delin cuencia trasnacional. Las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informa lidad, se despliegan hoy en un espacio intersticial que podemos caracterizar como paraestatal porque se encuentra controlado por corporaciones armadas con participación de efectivos esta tales y paraestatales. En esa esfera de para-estatalidad en franca expansión, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico(Segato, 2013). La comprensión de las violencias que viven las mujeres en la crisis global actual ha sido uno de los objetivos fundamentales del activismo de datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios, desde donde hemos desarrollado varias categorías y conceptos para destacar la interrelación entre la violencia feminicida, el militarismo y las economías criminales. Asimismo, a partir de la información emergente actualmente estamos articulando categorías que serán objeto de análisis posteriores, algunas asociadas a las condiciones raciales, ét nicas y etarias de las mujeres víctimas de la violencia feminicida en la región. Las categorías trabajadas a profundidad hasta la fecha incluyen el feminici dio por sicariato, el relacionado con la economía criminal y el perpetrado por bandas narcomafiosas. Este enfoque teórico sitúa la violencia feminicida en una relación directa con los problemas de seguridad priorizados por los esta dos en la región. La migración, la delincuencia trasnacional y el narcotráfico En los últimos años, lo que se ha denominado como migración masiva en América Latina ha sido más que una simple manifestación de crisis económi cas, cambios climáticos y aspiraciones individuales: ha significado también la exacerbación de la violencia racista y patriarcal en los países de la región. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística(Dane), en 2021 en Colombia la tasa de pobreza monetaria para las personas pertenecien tes al pueblo negro, afrodescendiente, raizal o palenquero fue de 46,1, mientras que para la población mestiza de 39,3(Dane, 2021). Además, durante mayo de 2024 la violencia feminicida neoliberal registró 345 feminicidios, de los cuales 6 fueron transfeminicidios(Republicanas Populares, 2024). Las actividades eco nómicas de las mujeres víctimas de feminicidios en Colombia son en su mayo ría trabajos informales, solo 24 tenían trabajos formales y en 192 registros no se cuenta con información. Estas condiciones de vida junto con formas depre 77

dadoras de acumulación por desposesión y explotación del cuerpo de mujeres, hombres, de personas disidentes sexuales y de niños y niñas pertenecientes a la clase trabajadora son los contextos en donde ocurren estos feminicidios. La masividad migratoria ha creado desafíos significativos para los Estados, pero también ha proporcionado nuevas oportunidades para la delincuencia transnacional en términos de acumulación por medio de economías crimina les. Según el Panel Científico por la Amazonía, en 2021 los porcentajes de oro extraído por economías ilegales en Venezuela eran de entre el 80 y el 90%, en Colombia del 80% y en Ecuador de 77%(Teran-Mantovani y Scarpacci, 2023). Estos son algunos de los datos que componen el contexto que ha dado lugar al surgimiento de redes de trata en todas sus variantes y dimensiones, así como a la promoción de la migración inducida y engañosa para trabajos forzados o ilegales dentro de las estructuras del narcotráfico. La expansión del narcotráfico, un fenómeno ilegal con ramificaciones en la economía, la política y, en última instancia, en el tejido estatal, ha dado lugar a un incremento del riesgo para las mujeres empobrecidas y asalariadas en las zonas fronterizas, tal y como ha sucedido en las fronteras de México en donde las mujeres se enfrentan no solo a la amenaza constante de perder sus vidas, sino también al control territorial ejercido por hombres en armas 2 . De acuerdo con Fregoso y Bejarano(2010), citado por Urrutia, Villellas y Villellas(2020), cuando el narcotráfico se infiltra profundamente en las es tructuras estatales y comienza a operar políticamente, socava varios pilares fundamentales del Estado moderno: la legitimidad, el monopolio del uso de la fuerza y, por ende, la capacidad de garantizar la seguridad ciudadana. Esta de sinstitucionalización aumenta la inseguridad que se ve agravada por la impo sición de un modelo económico neoliberal y han precipitado formas extremas de violencia en la región. Elementos como la localización geopolítica que implica entender las diná micas de poder globales y su influencia en las vidas cotidianas de las mujeres y cómo ellas, a su vez, afectan la política internacional(Enloe, 2022), a la vez que el concepto de“capitalización de las fronteras” como ese espacio contradictorio de consumo y crecimiento económico alimentado de diversas fuentes y formas de acumular capital(Eyzaguirre, 2014), sumado a la“desvalorarización( sic) econó mica de la mujer pobre en la frontera”(Fragoso, 2013), todos estos elementos se entrelazan y dan características particulares a los feminicidios transfronterizos. De manera específica y a modo de ejemplo, en México actores de la sociedad civil establecieron la conexión entre la violencia contra las mujeres en lugares 2. Al referirnos a la categoría de“hombres en armas” hacemos énfasis en las diversas estructuras armadas y en su formación, siguiendo la perspectiva de la feminista materialista francesa Jules Falquet(2011), que conceptualiza a los“hombres en armas” como una dinámica de poder, desligada de una mera identidad biológica y la considera un fenómeno y manifestación de la globalización neoliberal, la industria armamentista y la naturaleza masculinizada de la guerra, vinculada intrínsecamente a posiciones de clase y“raza”. 78

como Ciudad Juárez y la economía política de las zonas procesadoras de expor tación de su frontera norte(Wright 2011 en Urrutia, Villellas y Villellas, 2020, p. 14), posibilitando una conexión o relación clave para el análisis de las violencias en contra de las mujeres en las fronteras. Respuestas regionales Ante la actuación conjunta regional de la delincuencia, los Estados han tenido respuestas limitadas por sus propias legislaciones anacrónicas a los tiempos y fenómenos que enfrentan. Recientemente Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones(CAN), crearon la Red Andina contra el crimen trasnacional 3 . Esta nueva figura enfrenta como reto fundamental para las organizaciones feministas y de mujeres, incidir más en todas las instancias, para hacer efectivo un enfoque de seguridad feminista para poner en el centro del debate la transnacionalización del feminicidio y todos los problemas que se desatan de esta problemática. En el gráfico 1 se pre sentan los datos de los feminicidios en catorce países de la región durante 2022. Gráfico 1. Feminicidios en catorce países de América Latina, 2022 Fuentes: elaboración propia de Republicanas Populares, Centro de Conocimientos y Acción Política, con cifras de México: Secretaría de seguridad y protección ciudadana: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/ Estadisticas/Femicidio/Documentos/FEMICIDIOS_2022_al_22dejunio-dm-publicado1dejulio.pdf; Colombia: Red feminista antimilitarista. Observatorio feminicidios Colombia: https://observatoriofeminicidioscolombia.org/; Ecuador: Alianza por el monitoreo y mapeo de los Feminicidio en Ecuador. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Honduras: Cachattras. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Venezuela: Utopix. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur. org/lupa; Perú: Observatorio de feminicidios. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Bolivia: Fundación Aldea: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapa2022; Puerto Rico: Observatorio de equidad de género. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Nicaragua: Voces contra la violencia. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/ lupa; Chile: Corporación Miles. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Uruguay: Feminicidio Uruguay. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Paraguay: En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Panamá: Observatorio de feminicidio. En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Argentina: Mumalá(Mujeres de la Matria Latinoamericana). En Mundo Sur: https://mlf.mundosur.org/lupa; Costa Rica: Observatorio de género: https://observatoriodegenero.poderjudicial.go.cr/images/Estadisticas/Femicidio/Documentos/FEMICIDIOS_2022_al_22dejunio-dm-publicado1dejulio.pdf 3. En: https://www.comunidadandina.org/author/admin/. 79

De acuerdo con este doloroso registro regional, los datos de 2022 proporcio nados por organizaciones feministas, ciudadanas que hacen activismo de datos, revelan una preocupante realidad sobre la prevalencia de feminicidios en Amé rica Latina y el Caribe. La cantidad total en la región es alarmante, con México en primer lugar en la lista con 947 casos reportados, seguido de Colombia con 616, de los cuales 161 fueron atribuidos a bandas narcomafiosas y 104 a sicarios 4 . En Ecuador se cometieron 332 feminicidios, de los cuales 189 5 fueron a manos de la delincuencia organizada. Es preocupante ver que países con poblaciones más pequeñas, como Ecuador, Honduras y Venezuela, tienen también cantida des significativas de feminicidios, lo que sugiere que la violencia de género no está limitada por fronteras geográficas o tamaño de población. En resumen, los datos de feminicidios en América Latina y el Caribe mues tran una realidad preocupante y multifacética que requiere acciones urgentes y coordinadas en los ámbitos nacional y regional para prevenir la violencia de género y garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en la región. Ante el fenómeno de la migración masiva se han registrado feminicidios de mujeres venezolanas de manera recurrente. Desde el Observatorio hemos de cidido hacer seguimiento a la prensa que tiene un tinte fuertemente amarillista, racista y xenófobo, decisión que tomamos puesto que en estos medios es en donde hemos contado con mayor información. La migración masiva venezolana no puede verse como una violencia por fue ra de la geopolítica actual, menos sin la injerencia directa estadounidense. El contexto de la migración masiva de Venezuela ha estado más asociado a una es trategia internacional de Estados Unidos y sus aliados, siendo innegables tam bién los beneficios que les ha reportado la migración a los países de la región (Red feminista antimilitarista, 2022): En este sentido, hablar de geopolítica de las migraciones indi ca que en la región se establecen relatos que construyen ciertos imaginarios en torno a países que son clasificados como paraí sos, sitios idílicos, en donde todas las personas quisiéramos vi vir y acceder, pero que son en realidad espejismos de progreso y democracia; mientras hay sitios que son prosaicos, horribles, invivibles de los que hay que huir. Venezuela pasó de ser un país ejemplar y perteneciente al primer grupo, a formar parte del segundo grupo. Cuando esta estrategia geopolítica se pone en marcha está destinada a vaciar de recursos humanos a un esta do. La migración, en términos demográficos, tendrá un efecto 4. Observatorio Colombiano de feminicidios. Disponible en: https://observatoriofeminicidioscolombia.org/. 5. http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapa2022. 80

futuro en el país sobre‘el patrón reproductivo, que afectará la estructura por edad y sexo de la población nacional; desde el punto económico se podría esperar un vacío de habilidades y destrezas de la población económicamente activa’(Villarroel y Castaño, 2021, p. 127). Hemos encontrado asimismo que Colombia es uno de los países en donde se registra el mayor número de feminicidios contra mujeres migrantes venezo lanas. Si bien no hay un registro de la prevalencia, el fenómeno es visible y así ha sido reportado por la prensa; estos feminicidios se dan además en contextos en los que se incrementan con mucha fuerza violencias racistas y xenofóbicas. La forma como los medios han presentado la migración venezolana no es más que el aliento de la xenofobia, combinado con un patriarcado poderoso con su subsistema operando en los medios de comunicación. Detrás de cada titular de un feminicidio de una mujer migrante es perceptib le la carga semántica, simbólica y estigmatizante. Además, el acceso a la justicia y a derechos se ve limitado cuando las mujeres no tienen permisos, cédula o residencia: los sistemas colombianos de salud, educación y demás exigen pri mero un respaldo documental para recibir y tramitar solicitudes, denuncias y otras diligencias, un requisito que obstaculiza en caso de la migración de clase trabajadora y desocupada el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la pre sentación y recepción de denuncias por violencia contra ellas(Red feminista antimilitarista, 2022, p. 21). En 2023 en el sistema de información del Observatorio Colombiano de Fe minicidios registramos 51 de mujeres migrantes venezolanas, de los cuales 17 se atribuyen a banda narcomafiosa y 9 al sicariato, para un total de 26 feminicidios atribuidos a hombres en armas, el 51% de los registrados(gráfico 2). Gráfico 2. Feminicidios mujeres migrantes venezolanas en Colombia, 2018-2023 Fuente: Red feminista antimilitarista – Observatorio feminicidios Colombia. En: https://www. observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/reportes En este contexto, las mujeres venezolanas que migran hacia el resto de Amé rica Latina, pero principalmente hacia Colombia, se enfrentan a las siguientes 81

situaciones: 1) la oferta de trabajo en el campo de los servicios reproductivo y sexual en profesiones mal pagadas y estigmatizadas para las nacionales de los países receptores; 2) la presencia de agendas abiertamente antiderechos de las mujeres producto del giro al conservadurismo que ha tenido la región; 3) con países en los cuales la presencia e incremento de hombres en armas, al servicio de ejércitos legales e ilegales como el narcotráfico,“desempeñan un papel nada despreciable en la creación de la demanda y oferta de las mujeres de servicios” (Falquet, 2011), que representan un riesgo considerable a la vida de las mujeres. El gráfico 3 presenta los datos de los feminicidios de migrantes venezolanas en 2022 en seis países de la región. Gráfica 3. Feminicidios de mujeres migrantes venezolanas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, 2022. Fuente: para Colombia: Red feminista antimilitarista – Observatorio de feminicidios Colombia: https://www. observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/reportes. Para los demás países: Utopix: https://utopix.cc/serie/ femicidios/ A modo de conclusión: el impacto del feminicidio transfronterizo El feminicidio transfronterizo tiene un primer impacto notable en el aumen to de la inseguridad para las mujeres que migran. Esto se debe a la desinstitu cionalización profunda de los Estados y a la expansión de economías ilegales, como el narcotráfico, que cuentan con poderosas estructuras armadas. Este es cenario deja a las mujeres en una situación de desprotección, donde las estrate gias adoptadas para garantizar condiciones dignas de vida suelen ser limitadas en comparación con el poder y la fortaleza de las estructuras criminales a las que se enfrentan. La transnacionalización del delito, y en concreto del feminicidio, pone re tos profundos a la arquitectura institucional para garantizar la justicia y la su peración de la impunidad. Implica una estructura coordinada e integrada en la región, investigaciones penales que puedan ser compartidas y persecución 82

efectiva a los sujetos feminicidas que cruzan las fronteras para eludir la justicia. Se requiere de un mecanismo efectivo para obtener justicia para las mujeres y las víctimas sobrevivientes, un mecanismo que implica tener la base de datos de los feminicidas en la región para garantizar la justicia. En las fronteras donde ocurren los feminicidios es notable la presencia de economías criminales, con ganancias considerables que les otorgan impunidad y les permiten operar sin una persecución institucional efectiva. Estas organi zaciones pueden establecer prácticamente estados paralelos de control, reclu tar funcionarios públicos para sus estructuras y explotar sistemáticamente a mujeres y niñas. En estos entornos, las víctimas ya no solo son engañadas, sino que son privadas directamente de su libertad bajo la modalidad del secuestro con fines de explotación. Por otro lado, la migración de mujeres venezolanas hacia la región no puede entenderse sin considerar una visión geopolítica que sugiere una migración inducida por parte de Estados Unidos, en su búsqueda por redefinir su posi ción en la región y asegurar el acceso a recursos energéticos. Esta realidad de migración, acompañada de los feminicidios de mujeres migrantes, deja a nu merosos niños y niñas huérfanos en países donde muchos carecen de vínculos familiares y redes de apoyo, dado que sus familias se han desintegrado. A modo de referencia, en 2023 Colombia registró un número considerable de niños y niñas huérfanos. Nuestro reporte de feminicidios registra 48 menores huér fanos debido a la muerte de sus madres migrantes venezolanas, lo que refleja una política que parece castigar la pobreza de estas poblaciones por parte de las instituciones. Es vital contar con una política bilateral de protección para los niños y niñas huérfanas de madre. Se debe contar con una estrategia que brinde protección económica a quienes son víctimas indirectas del feminicidio como los menores de edad y las personas dependientes de la mujer, que a su vez en reiteradas ocasiones son también migrantes. El protocolo para el proceso de repatriación debe contemplar la posibilidad de otorgarles la nacionalidad en condiciones dignas para quedarse en el país receptor si allí tienen vínculos o relaciones afec tivas-familiares(Red feminista antimilitarista, 2023, p. 17). Frente a un caso de feminicidio surgen dilemas y desafíos relacionados con la repatriación, especialmente en países donde los derechos de las mujeres migran tes están condicionados por su estatus migratorio. Además, se plantea la preocu pación por la repatriación de niños y niñas huérfanos, quienes pueden carecer de familiares o tutores que se hagan cargo de su cuidado en su país de origen. En la región nos enfrentamos a la realidad de Estados con debilidades evi dentes, una legitimidad cuestionable y la influencia creciente de corporaciones armadas. La estrategia de proliferación de normas de protección y el aumento 83

del punitivismo no han logrado resolver el problema de la violencia feminicida. Es crucial por tanto pensar y desarrollar estrategias innovadoras y sólidas que tomen en cuenta todos estos elementos. Esto forma parte de la labor de investigación y activismo de datos, ya que nos permite abordar el feminicidio de manera más completa, reconocer las limitaciones de las medidas implementadas hasta ahora y aspirar a la creación de un nuevo orden social que supere el sistema actual, inmerso en una crisis permanente y destructiva. Establecer la existencia del feminicidio en el contexto de delincuencia trans nacional, en relación a la migración y la expansión de una delincuencia organi zada trasnacional que supera las fronteras, es un aspecto importante por tomar en cuenta para el activismo de datos y la producción teórico-práctica. La delincuencia organizada se adapta cada vez más al actual contexto geopo lítico y a las economías transnacionales, donde la frontera entre lo legal e ilegal es muy delgada, dado que sus actividades también lo son: tráfico de drogas y personas, trata de mujeres y niñas, así como explotación sexual y laboral, in versiones ilícitas, lavado de dinero. Por lo tanto, los Estados y gobiernos deben alinearse cada vez más con esta realidad. Para el Observatorio de Feminicidios Colombia sigue siendo un reto lograr un mayor análisis del racismo en los feminicidios tanto de nacionales como de los que suceden en el tránsito migratorio en donde este problema emerge con mayor fuerza. En esa medida, el activismo de datos como estrategia y método seguirá siendo un aliado fundamental para ampliar el conocimiento, pero so bre todo para generar estrategias de defensa de la vida de las mujeres situadas en sus realidades y en donde se analice a profundidad el efecto del capitalismo, por supuesto del patriarcado, pero además del racismo como estructuras de poder fundacionales de la violencia. Bibliografía DANE. Obtenido de dane.gov.co: Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ht tps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/CIDH_poblaci%C3%B3n_ narp.pdf, 2021. Enloe, Cynthia. Globalización y militarismo. Madrid: Trama Editorial, 2022. D'Ignazio, C.; Klein, L.; Livio, M.; Niederer, S.; Colombo, G.“Feminist Data Practices: Conver sations with Catherine D'Ignazio, Lauren Klein, and Maya Livio”. Diseña, n. 19. Disponible en: https://doi.org/10.7764/disena.19.Interview.1 Eyzaguirre, Luis B.“Frontera: una cartografía para la investigación de la comunicación”. Fronte ras – Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 6-26, 2014. Falquet, Jules. Por las buenas o por las malas: las mujeres en la globalización. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar/ Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de Género, 2011. 84

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A experiência do método em rede para enfrentamento à violência contra mulheres e meninas em Rondônia 1 Rosimar Francelino Maciel Abogada, Auditora de Control Externo, Coordinadora de la Rede Lilás de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Rondônia, Brasil La reinterpretación feminista de la seguridad parte del reco nocimiento de que las normas sociales de género y las desigual dades entre hombres y mujeres generan inseguridades interco nectadas en los ámbitos público y privado(Urrutia Arestizábal; Villellas Ariño, Villellas Ariño, 2020). Introdução O alto nível do risco de morte e de violência sexual a que estão expostas meninas e mulheres no estado de Rondônia, infelizmente, é o que motiva a luta de uma rede de pessoas e instituições por diminuí-lo. No caso de Porto Velho, capital de Rondônia, a atuação em rede tem sido eficaz no combate à violência contra mulheres e tem contribuído para avançar os estudos sobre o feminicídio. Rondônia está localizado na Amazônia Legal(Leis 5.173/66 e 31/1977) que é composta por nove Estados. De acordo com o IBGE(2022), a região apresenta a seguinte situação geopolítica: tem uma área territorial de 237.754,172 km², 1.158.196 residentes, uma densidade demográfica de 6,65 hab./km² e um IDH de 0,7. Aqui, a taxa de feminicídios quando não é a mais alta, é sempre uma das pio res do país. Em um crescimento alarmante, de 2022 para 2023 o salto foi de 5,5 para 11,2 na taxa de homicídios femininos, e de 1,8 para 3,1 em feminicídios, quando se mede a incidência do crime em relação à população estadual(Fó rum Brasileiro de Segurança Pública- FBSP, 2023). Importante destacar que na legislação brasileira o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, se é cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, a pena do homicídio é aumentada. 1. A última versão deste texto foi escrita no início de 2024, antes da Lei 14.994 de 2024 ser sancionada. 86

A violência sexual tem taxas tão graves quanto a de violência letal relacionada a gênero. Conforme observado pela Rede Lilás, articulação local que integra instituições governamentais e da sociedade civil, de janeiro de 2016 a agosto de 2023 foram registrados 7.970 casos de estupro, sendo 3.924 contra vulneráveis, que representam 49,23% das ocorrências. Essa onda nefasta desencadeia uma violência que carrega Rondônia para as piores taxas de gravidez na adolescên cia, mortalidade materna e infantil. Repercussão catastrófica. Tenebrosa. O cenário enseja, portanto, questionamentos impulsionados por vários fa tores, como o fato de Rondônia ser rota de tráfico internacional de pessoas, drogas, fauna e flora; ter sido palco de grandes obras como estradas, ferrovias e hidroelétricas gigantescas que proporcionaram grande fluxo migratório, em uma trama complexa, violenta, de grande repercussão e que exige a atuação das mais diversas áreas da ciência, dentre elas, os estudos feministas de segurança (EFS) que colocam a violência contra a mulher, e sua intrincada conexão inter nacional, no centro dos debates sobre segurança. Para Sjoberg(2021, p. 16, tradução nossa) os EFS não devem ter somente uma narrativa, mas devem conter“uma produção voltada para Relações Interna cionais, uma produção voltada para os estudos de gênero, uma produção que é direcionada para a política global, uma produção que é direcionada para as margens da política global e uma produção internamente referencial” 2 . E por abarcar várias narrativas, permite, portanto, que nos apropriemos deste con ceito para teorizar sobre Rondônia e a violência que ocorre aqui. A violência contra a mulher é uma epidemia que consome o mundo e a Amé rica Latina tem sido um local em que essa violência se expressa de maneira extrema(Monárrez Fragoso, 2011). O que acontece em Rondônia, com seus vieses peculiares, relacionados a estudos, classificações e aparato investigativo, também ocorre em outras cidades latino-americanas, como na mexicana Ciudad Juárez(Monárrez Fragoso, 2011, p. 130). Em reposta, há um grande esforço feminista para que os Estados e Governos não fiquem inertes frente à violência lançada contra os corpos de meninas e mulheres. Feminicídio: a violência extrema contra mulheres O termo feminicídio foi cunhado por Marcela Lagarde(2024, p. 8), feminista mexicana que o definiu como“um crime de Estado” a partir das mortes de mu lheres em Ciudad Juárez, no México, que simplesmente saiam para trabalhar e, vítimas do crime organizado, não voltavam para casa: 2. No original:“una producción de los EFS que esté orientada a las RRII, una producción que esté orientada a los estudios de género, una producción que esté orientada a la política global, una producción que esté orientada a los márgenes de la política global, y una producción que sea internamente referencial”. 87

Portanto, para diferenciar os termos, preferi a palavra femi nicídio para me referir ao conjunto de crimes contra a humani dade que contém os crimes, sequestros e desaparecimentos de meninas e mulheres num contexto de colapso institucional. Se trata de uma fratura do Estado de Direito que favorece a impu nidade. O feminicídio é um crime de Estado(Lagarde, 2024, p. 8, tradução nossa) 3 . No Brasil, o Código Penal passou a tipificar o feminicídio a partir da Lei n. 13.104/2015, como uma das qualificadoras do homicídio. O projeto nasceu em 2014, após a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPMI Violência Contra A Mulher No Brasil(Brasil. Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015): HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS § 2° Se o homicídio é cometido: [...]. FEMINICÍDIO VI- contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: [...]. Pena- reclusão, de doze a trinta anos. § 2 o -A Considera-se que há razões de condição de sexo femini no quando o crime envolve: I- violência doméstica e familiar; II- menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Embora se trate de uma evolução legal posterior à epidemia de mortes de mulheres em todo o território nacional, simbolicamente, trata-se do patriarca do estampado na própria lei, quando coloca o feminicídio como apenas uma majoração da pena do crime de homicídio e não uma tipificação autônoma. Quanto à disponibilização de dados e classificações, a Portaria n. 229/2018 unifica e padroniza classificações para envio de dados ao sistema nacional, chamado Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública(Sinesp). Também determina que comunicações de mortes em boletins de ocorrência policiais sobre feminicídio devem seguir o Código Penal. Este, por sua vez, sub divide as razões da condição do sexo feminino entre as decorrentes de violência doméstica e as relacionadas à discriminação de gênero. No entanto, o legislador definiu apenas a primeira – feminicídios decorrentes de violência doméstica, por via da Lei Maria da Penha de 2006, mas pouco ou nada existe sobre os casos de feminicídio por discriminação de gênero. 3. No original:“Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado”. 88

Por consequência, surgem discussões e correntes jurídicas sobre feminicí dio íntimo(dentro das relações domésticas) e feminicídio não íntimo(fora das relações domésticas), ressaltando a falta de consenso na classificação des ses casos pelas autoridades de segurança pública, o que não é exclusivo de Rondônia: Enquanto o feminicídio íntimo conta com o legado de um marco legal como a Lei Maria da Penha(considerada umas das três mais completas e avançadas do mundo pela ONU), outros contextos de feminicídio são menos reconhecidos pela socie dade e até por atores do Sistema de Justiça(Agência Patrícia Galvão, 2021). A Rede Lilás reúne dados de ocorrências policiais e atendimentos em uni dades de saúde desde 2016. O acesso aos dados se dava por meio do direito de petição e demoravam a ser entregues. Atualmente, os dados quantitativos de ocorrências estão disponíveis online. Embora a vigência da Lei do Feminicídio ter iniciado em 2015, a classificação de feminicídios em Rondônia passou a ser adotada pela segurança pública em 2018, assim considerados os casos em que não resta qualquer dúvida ao registrador, ou seja, quando o feminicídio ocorre no âmbito das relações domésticas. Quando se trata da causa“menosprezo ou discriminação à condição de mu lher”, não diferente dos demais organismos de segurança estaduais brasileiros, raramente há registros. Dessa forma, ao catalogar os dados, a Rede Lilás aponta todos os assassinatos de mulheres e aponta quais o governo tem indicado como feminicídio. São reunidos dados oriundos de diversas instituições(polícia militar, polí cia civil, perícia técnica, ministério público, tribunais) e também as notícias da imprensa, sob o olhar atento do controle social – exercido pelos conselhos de defesa dos direitos da mulher. Essa metodologia dá ênfase ao dado conjunto, porém sem desconsiderar o dado isolado de cada instituição, e visa devolver à sociedade informação transparente, apta a diversas análises, e à indução de políticas públicas efetivas e inteligentes. A violência contra a mulher em Rondônia A violência contra mulheres tem assolado o mundo inteiro, mas a América Latina se sobressai( El País, 2018). Nela, o Brasil é um dos que mais mata, e no Brasil, Rondônia foi o foco em 2022 e 2023(Fórum Brasileiro de Segurança Pública(FBSP), 2023). 89

Ademais, o Estado de Rondônia está localizado na Região Norte do Brasil, onde junto aos estados do Amazonas e Acre, se destaca com as maiores taxas de aprisionamento em geral e com os maiores números de aprisionamento de mulheres por tipos penais do grupo“drogas” ligadas a organizações criminosas (Maciel, 2022). Estudo anterior demonstrou que por Rondônia englobar o caminho da rota principal de tráfico de drogas, pessoas, animais e plantas, a situação geopolítica em que se encontram os estados amazônidas – em que impera a pobreza, a au sência de políticas públicas voltadas para educação, saúde e trabalho decente, favorece ao arrastamento de mulheres jovens para a atuação em organizações criminosas e resultando na violência extrema do feminicídio(Maciel, 2022). Assim, a criminalidade na região amazônica tem atingido meninas e mulhe res que são duplamente vitimadas: ao sofrerem a violência em seus próprios corpos e ao serem arrastadas para o crime quando prestam“apoio” aos compa nheiros celerados que compõem organizações/facções criminosas. A Amazônia não é apenas interestadual, ela é transnacional. Os problemas oriundos do crime organizado e do narcotráfico têm repercussão mundial e tem sido, portanto, tema central das relações internacionais(Picq, 2016). Toda via, nas práticas e análises sobre segurança não é transparente que as respecti vas forças e órgãos públicos responsáveis busquem vincular o crime organiza do às ocorrências de feminicídio ou às violências praticadas contra meninas e mulheres. No contexto latino-americano, Marchand(2013, p. 70) sugere que a guerra contra o crime organizado foi colocada em primeiro lugar pelo governo me xicano na agenda nacional e internacional, invisibilizando fatos e ocorrências sobre feminicídio. Outro fenômeno que requer atenção é a concentração de grandes obras reali zadas no decorrer da história, na região norte do Brasil, principalmente“nestas paragens do poente” 4 (Lima e Silva, 1940), em que houve intenso fluxo mi gratório e muitos homens e mulheres foram entregues à própria sorte. Não são poucas as histórias sobre avós ou bisavós que foram sequestradas de suas aldeias e“pegas a laço” para viver com seus algozes e assim se submeteram a relacionamentos abusivos, algumas pelo resto de suas vidas. Dentre essas obras, é possível citar a construção da linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, de 1907 a 1915, estrada de Ferro Madeira-Mamoré de 1907 a 1912, Usinas Hidroelétricas de Samuel, Santo Antonio e Jirau de 1980 a 2016, e o Ciclo da Borracha de 1890 a 1920. O material linguístico, geológico, etnográfico, iconográfico, ampla e detalhadamente produzido pela Comissão Rondon durante a construção da linha telegráfica, por exemplo, revela que o 5º 4. Trecho do Hino de Rondônia. 90

Batalhão de Engenharia deveria ter, enquanto durasse a obra, 350 praças efeti vas e 250 adidas, estes eram voluntários engajados,“aclimados, que pudessem resistir por muito ao clima do Madeira”. Todavia, em janeiro de 1913, Rondon relata:“só, sem um auxiliar sequer, tive que me entregar, no acampamento, a todos os serviços que a continuação da construção exigia”(Commissão de Li nhas Telegraphicas, 1915, p. 3). Estima-se que muitos tenham morrido em ra zão das adversidades climáticas ou doenças tropicais, mas é notório que muitos simplesmente tenham abandonado o serviço e fixado moradia no trecho. Fenômeno migratório semelhante ocorreu durante o ciclo da borracha, com a chegada dos Soldados da Borracha em Rondônia entre 1943 e 1945, e durante a construção da Ferrovia Madeira Mamoré, no período de 1907 a 1912: A essa altura, 22 mil trabalhadores estavam em Porto Velho. Eles foram recrutados em 25 países. Eram antilhanos, barbadia nos, brasileiros, chineses, cubanos, granadenses, espanhóis, in dianos, italianos, libaneses, mexicanos, norte-americanos, no ruegueses, poloneses, porto-riquenhos, poloneses, portugueses, russos, sírios e tobaguenses(Teixeira, 2015). A partir dos anos 1980 a 2016, outro grande fluxo migratório ocorre em Ron dônia com a construção de grandes usinas hidroelétricas: Samuel, Jirau e Santo Antônio do Madeira. Passaram-se, aproximadamente, cem anos desde a cons trução da linha telegráfica e da ferrovia. Evento contemporâneo, deixou muitas pessoas vivendo em situação de rua, visivelmente 90% homens, sem percepção de seu lugar no mundo. O impacto das usinas hidroelétricas no meio-ambiente é evidente, com a inundação de grandes áreas, resultando na perda de biodiversidade e no des locamento de famílias. Por exemplo, a Hidroelétrica de Samuel formou um reservatório de 540 km² com o reassentamento oficial de 238 famílias(Fearnsi de, 2005). Segundo o Movimento de Atingidos por Barragens(Movimento dos Atingidos por Barragens- MAB, 2011), mais de 650 famílias foram atingidas. O desabrigo e o crescimento populacional repentino, a partir da grande quantidade de funcionários vindos de vários lugares do país e do mundo para trabalhar nessas obras, aliado ao fato de que a Amazônia Legal é rota estratégi ca para quase todas as espécies de crime organizado, são fatores que influen ciaram no crescimento dos índices de violência contra meninas e mulheres. Por outro lado, uma grande rede de trabalho busca soluções, a exemplo do Projeto Abraço(Ferro, 2019) e das ações dos Movimentos Feministas em Ron dônia(Risa, 2022). Entre 2008 e 2016 foram executadas as obras de implementação das Usinas Hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau, no município de Porto Velho, acar 91

retando um fluxo aproximado de 80 a 100 mil pessoas a mais no território. A partir da frequência ao Projeto Abraço, verifica-se que no período estudado por Ferro, o número de agressores cresceu mais de 400%, saltou de 22 participantes em 2011 para 106 em 2012 e 121 em 2013/2016. Nessa trama complexa, questiona-se como é possível extinguir ou ao menos reduzir a violência contra meninas e mulheres, bem como questiona-se o papel do Estado diante desse cenário violento, face à demonstrada ausência ou inefe tividade de políticas públicas para mulheres na Região Amazônica. A experiência da atuação em rede em Rondônia Em Porto Velho, capital de Rondônia, o método de atuação em rede deu ori gem à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mu lher, a“Rede Lilás”. O método consiste no agrupamento de instituições, órgãos, agentes, coletivos de mulheres e pessoas que trabalham de forma integrada e cooperativa, compromissados por meio da assinatura de um pacto interinstitu cional, para o objetivo comum de enfrentamento à violência contra a mulher, sua proteção, atendimento e defesa de direitos. A Rede Lilás não é um órgão, mas uma integração de pessoas e instituições. O protocolo de atuação em rede no âmbito do município de Porto Velho foi assinado em 12 de março de 2010, a partir de estudo específico, cuja conclusão evidenciou que“a constituição de redes implica em uma nova forma de olhar e agir, exigindo responsabilidade coletiva das instituições governamentais e da sociedade”(Andrade e Pereira, 2010). Visando fortalecer as ações em rede, em 2016 foi criada a identidade visual da“Rede Lilás Porto Velho”, com o objetivo de incluir e priorizar o enfrenta mento à violência contra a mulher na agenda pública orçamentária, por meio do Orçamento Mulher, além de ações de capacitação dos agentes da rede de atendimento e das conselheiras de defesa de direitos das mulheres sobre a im portância do controle social. Apesar de desafios como a extinção de órgãos im portantes e a alta rotatividade de agentes, a colaboração entre os partícipes se intensificou, devido ao aumento do número de casos de feminicídios. Entre 2019 e 2021, por razões políticas e de saúde, como a Covid 19, as ações da Rede Lilás se distanciaram do cronograma usual, a integração entre os partícipes se tornou enfraquecida, e, se não por consequência, a violência contra a mulher aumentou(Fórum Brasileiro de Segurança Pública- FBSP, 2023). No mesmo período, Rondônia se destacou com a maior taxa de feminicídios no Brasil. Em 2022, em busca de soluções efetivas, a Rede Lilás firmou o Pacto Interins titucional para o Fortalecimento de Estratégias de Monitoramento e Enfrenta mento ao Feminicídio em Rondônia. Esse compromisso foi sucedido por uma 92

série de reuniões e estudos que deram origem, em 2023, ao Observatório do Feminicídio em Rondônia(OFR). Nesse caminho, a Rede Lilás está disposta a gerir e monitorar dados e trans formá-los em informação transparente, em conhecimento acadêmico e em políticas públicas efetivas a serem fiscalizadas pelo controle social, envolvendo a sociedade, o serviço público e especialistas de dados. O processo de instalação do OFR se deu por meio de uma grande cooperação institucional, para lidar com a urgência da violência contra a mulher e os altos níveis de risco de morte e abuso sexual, e se constitui como espaço público de monitoramento e diálogo, propositivo na construção e aprimoramento de estratégias e metodologias que permitam o enfrentamento à violência baseada em gênero e ao feminicídio, bem como à indução de políticas públicas junto aos órgãos vinculados à Rede Lilás. Nessa busca, a ação em rede logrou êxito em 2023 com a reinstalação do Organismo de Políticas para Mulheres na capital Porto Velho, por meio da Co ordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres, que tem por objetivo co ordenar e administrar ações e projetos específicos aos direitos humanos das mulheres no âmbito do município(LC Municipal n. 946/2023). Em 8 de março de 2024 ocorreu a instalação virtual do OFR, ocasião em que também foi disponibilizado o portal do projeto TCGEO RO LILÁS, voltado a analisar espacialmente dados sobre feminicídios e violências que o antecedem, com o objetivo de entender a violência contra a mulher, definir indicadores e promover a prevenção da violência através de dados e informações. Para 2024, a Rede Lilás construiu de forma colaborativa com seus partícipes um plano de ação que prevê a capacitação de agentes da rede, empregabilida de de mulheres em situação de violência, priorização do Orçamento Mulher, definição de fluxos e protocolos para os diversos casos de violência contra a mulher, gestão de dados, fortalecimento das redes municipais em Rondônia, e, por fim, uma coordenação sistêmica da Rede para garantir direitos de meninas e mulheres e combater a impunidade. Considerações finais No caso de Porto Velho, Rondônia, o método em rede tem sido eficaz no combate à violência contra mulheres e tem contribuído para avançar os estu dos sobre o feminicídio e as violências que o antecedem, a exemplo da busca pela priorização na agenda orçamentária pública, da capacitação dos agentes da rede de atendimento e das conselheiras de defesa de direitos das mulheres, além do espaço público de diálogo e transparência proporcionado pelo Obser vatório do Feminicídio em Rondônia. 93

O trabalho em rede, fortalecido com o monitoramento do feminicídio e ou tras violências, é crucial para demonstrar a efetividade de políticas públicas es pecializadas para mulheres. Nesse sentido, cabe à Rede Lilás estudar a história, analisar os fatos atuais, detectar falhas e oportunidades de melhoria em todos os sistemas: educação, saúde, segurança, gestão pública administrativa, finan ceira e orçamentária, e nos equipamentos da rede de proteção e assistência. Para operacionalizar devidamente a rede de atendimento e executar políticas públicas em Rondônia que salve a vida das mulheres, é essencial formar uma força-tarefa multidisciplinar, colaborativa, contínua, dinâmica e de compro metimento com a sociedade, envolvendo entidades cooperativas, Conselhos de Direitos das Mulheres, controle interno e externo da administração pública de todas as esferas. Essa é a sinergia necessária para que o método em rede seja fru tífero e se posicione como propulsor da extinção da violência contra a mulher. Por fim, necessário dizer que não somos apenas número. Somos mulheres, crianças, jovens, adultas, idosas. Cada número é uma lesão a cada uma e a cada um de nós. A repercussão dessa violência é nefasta e nossa colaboração enquan to agentes públicos, políticos e pessoas interessadas no cuidado mútuo é essen cial para que não tenhamos um estado“fraturado” e impotente. É necessário trabalhar em rede para acelerar as mudanças para vencer a violência e termos meninas seguras e mulheres confiantes e autônomas. Bibliografia Agência Patrícia Galvão. Dossiê Feminicídio, 2021. Disponível em: https://dossies.agenciapatri ciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/o-que-e-feminicidio. Acesso em: 10 fev. 2024. Andrade, F. C.; Risa; Pereira, V. R. N.(org.).“Porto Velho. Estudo sobre rede de atendimento às mulheres vítimas de violência: potencialidades e desafios no âmbito das instituições do municí pio de Porto Velho”. Acervo físico da Rede Lilás, 2010. Brasil. Código Penal. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Artigo 121. Disponível em: ht tps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 10 jan. 2024. Brasil. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada“com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. Disponível em: http://creativecommons.org/licenses/by -nc-sa/3.0/br/. Acesso em: 10 dez. 2023. Brasil. Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de zembro de 1940- Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13104.htm#art1. Acesso em: 10 jan. 2024. Brasil. Portaria n. 229, de 10 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a unificação e padronização das classificações e o envio de dados, definidos pelos entes federados, a serem implementados e fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e de Rastrea bilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas- Sinesp. Disponível em: http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2350. Acesso em: 10 jan. 2024. 94

Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas. Relatorio apre sentado por Cel. Cândido Mariano da Silva Rondon á Divisão de Engenharia(G. 5) do Departa mento da Guerra e á Directoria Geral dos Telegraphos. 3º Vol. Comprehendendo o segundo re latorio parcial correspondente aos anos de 1911 e 1912. Rio de Janeiro, 1915. Obras Raras Fiocruz. ICICT, 2017. Disponível em: https://www.icict.fiocruz.br/content/comiss%C3%A3o-rondon-acer vo-hist%C3%B3rico-dispon%C3%ADvel-online. Acesso em: 11 fev. 2024. El País.“América Latina é a região mais letal para as mulheres”. El País, México, Buenos Ai res, Bogotá, São Paulo, 27 de novembro de 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/bra sil/2018/11/24/actualidad/1543075049_751281.html. Acesso em 12 fe. 2024. Fearnside, Philip M.“Brazil’s Samuel Dam: Lessons for hydroelectric development policy and the environment in Amazonia”. Environmental Management, v. 35, n. 1, p. 1-19, 2005. DOI: 10.1007/ s00267-004-0100-3. Disponível em: http://philip.inpa.gov.br. Acesso em: 11 fev. 2024. Ferro, Alvaro Kalix.“O projeto Abraço e a violência contra a mulher: relevância de um olhar so bre o agressor para a desconstrução da violência de gênero”. Dissertação(Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça), Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho, 2019. Fórum Brasileiro de Segurança Pública(FBSP). 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: https://forumseguranca.org. br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf. Acesso em: 20 out. 2023. Lagarde y de los Ríos, María(2024). Por la vida y la libertad de las mujeres: fin al feminicidio. Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas, v. 9, n. 1, p. 01-26. doi: https://dx.doi. org/10.17979/arief.2024.9.1.9995. Acesso em 5 de fev. 2024. Lima, J. A. y Silva, J. M. Céus de Rondônia. Hino de Rondônia. Porto Velho, 1940. Marchand, Marianne H.“Género y relaciones internacionales: una mirada feminista“postco lonial” desde América Latina”, 2013. Disponível em: https://www.collegesidekick.com/study-do cs/3032451. Acesso em: 31 jan. 2024. Monárrez Fragoso, Julia Estela. El continuo de la lucha del feminismo contra la violencia o morir en un espacio globalizado transfronterizo: teoría y práctica del movimiento anti-feminicida en Ciudad Juárez. La bifurcación del caos: reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntri ca. Ciudad de México, 1ª ed., p. 109-134, 2011. Movimento dos Atingidos por Barragens(MAB). Página institucional. Disponível em: https:// mab.org.br/2011/09/08/sem-compensa-es-samuel-itapu-sofre/. Acesso em: 11 fev. 2024. ONU Mulheres. Diretrizes nacionais, feminicídio: investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Brasília, 2016. Disponível em: https://oig.cepal.org/ sites/default/files/diretrizes_para_investigar_processar_e_julgar_com_perspectiva_de_gene ro_as_mortes_violentas_de_mulheres.pdf Acesso em: 10 de fev. 2024. Pan American Health Organization. Addressing violence against women in health policies and protocols in the Americas: A regional status report. Washington, D.C.: PAHO, 2022. Avai lable from: https://doi.org/10.37774/9789275126387. Disponível em https://iris.paho.org/hand le/10665.2/56750. Acesso em 11 fev. 2024. Picq, Manuela.“Rethinking IR from the Amazon”. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 59, n. 2, 2016.Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbpi/a/KLZSYysr7QR6qnBHVhD zQ 4Q/?lang=en. Acesso em: 18 de junho de 2024. Porto Velho Brasil. Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qua lificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para in cluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1. Acesso em: 10 jan. 2024. Porto Velho. 1º Protocolo de orientação para atuação em rede de atendimento às mulheres víti mas de violência doméstica e sexual. Acervo físico da Rede Lilás, 2010. 95

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3. VIOLENCIAS RELACIONADAS CON EL GÉNERO: RESISTENCIAS, REPLANTEAMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN EL TERRENO 97

Y si pierdo el miedo, ¿qué me queda? Poesía trans/feminista sobre y contra la violencia de(l-os) género(s) J. C. D. Calderón Universidad Nacional Autónoma de México, México Introducción El número especial que editó Roland Bleiker(2000) sobre“Políticas poéticas mundiales” en la revista Alternatives: Global, Local, Political es un referente sobre la importancia de la poesía para cuestionar y para expandir los límites permi tidos por las normas disciplinarias acerca del contenido y de la forma de los textos que estudian lo internacional y la in/seguridad. Si bien la poesía ha sido históricamente reconocida en las relaciones internacionales como una fuente legítima de pensamiento y de inspiración sobre la política internacional(Aga thangelou y Ling, 2009; Bleiker, 2009; Manning, 1962), usualmente tiende a ser reducida a una materia prima que les académiques pueden explotar y apro piar para analizar y convertir en teorías. El mencionado número especial fue importante porque rompió con esa tendencia extractiva de la disciplina hacia la poesía. En cambio, mostró que escribir poesía y presentarla a la par de otros textos en formatos tradicionales permite el surgimiento de espacios creativos de reflexión crítica y de gestación de significados más amplios y más poten tes. A lo largo de los años, otros espacios han seguido esa práctica de escritura de poesía en revistas prestigiosas como Critical Studies on Security(Calderón y Munhazim, 2024; Jackson, 2014), International Feminist Journal of Politics(Corso, 2007) y Millennium: Journal of International Studies(Edkins et al., 2021). La poesía, como la planteo en este capítulo, busca evocar a les lectores las políticas que encontramos en el día a día del activismo trans/feminista/ queer/ cuir. En el cotidiano, las manifestaciones de les activistas van acompañadas de canciones, manifiestos y poemas de rebeldía y de lucha, algunas de las ideas políticas más revolucionarias se plasman en diarios poéticos y las letras de la música en la radio y en las listas de reproducción de las plataformas de música digital preferidas de les activistas infunden de vitalidad nuestros trabajos, ex plotaciones y resistencias. Para les académiques trans/feministas y queer /cuir, la poesía puede ser una ruta creativa de transformación social. Su flexibilidad y sus “licencias creativas” permiten a les poetas tanto plantear palabras nuevas para nombrar realidades ocultas por el poder(blanco y cisheterosexistas) como des 98

truir las reglas de escritura(binarias y heterocisnormativas) que limitan nuestros horizontes de sentido(Díaz Calderón, 2021a, 2021b). Pese a que la poesía poco a poco se abrió espacios en los estudios de seguridad feminista, es aún ahora difícil publicar poesía que no hable explícitamente sobre los temas canónicos de la disciplina. Este canon disciplinario se construyó en su mayoría sin la participación de mujeres, de personas racializadas, de aquelles con sexualidades y géneros no normativos, de las poblaciones fuera del Norte Global o de las universidades y de los espacios de creación de conocimiento que son consideradas como de élite(mayoritariamente blancos y cómplices de sistemas de dominación transnacionales)(Maliniak et al., 2011; Tickner y Wæver, 2009; Weber, 2015). Los poemas en este capítulo hablan de temas que aún no son estudiados en los estudios de seguridad feministas pues no solamente van más allá del Estado, de los mercados formales internacionales y de la guerra, sus temas principales, sino que toman en serio las problemáticas y los intereses de las personas que usualmente somos expulsadas de la disciplina por no poder o no querer replicar los tiempos, los espacios y las formas(de escritura) existen tes en la disciplina(Calderón et al., 2023, 2024). Así, si bien muchos estudios de seguridad feministas han logrado proponer preguntas que no están centradas en el Estado ni en los mercados formales internacionales ni en la guerra(Bue no-Hansen, 2015; Enloe, 1989; Stern, 2005; Tickner, 1992), pocas veces se ha logrado investigar temas como los de estos poemas que no tienen aún sus con trapartes en lenguajes académicos tradicionales(Calderón et al., 2023, 2024). El primer poema se empezó a gestar en mayo de 2021. Era un tiempo de luto y de transiciones. En ese mes viajé de Florida, Estados Unidos, donde estudiaba el doctorado, a Oaxaca, México, donde vive mi mamá. El primer borrador del poema se escribió pensando sobre todo en el asesinato de Raquel Padilla Ra mos. Uno de los casos que quería estudiar en mi tesis doctoral era la lucha de mujeres y de hombres yaquis de los Ocho Pueblos desde la época de la coloni zación hasta la actual. Ese caso lo aprendí de la investigación de Raquel. Tengo aún vívido en mi memoria leer sobre los dos procesos históricos que más es tudió y que la hicieron famosa: las historias de la deportación de personas ya quis de Sonora a Yucatán para trabajar en henequenales durante la dictadura de Porfirio Díaz y su retorno a Sonora después de la Revolución Mexicana(Padilla Ramos, 1995, 2006, 2018). Sin embargo, fue asesinada por su pareja sentimental en noviembre de 2019, en el semestre en que inicié mi doctorado. Durante mis caminatas por el centro histórico de Oaxaca de Juárez en los me ses siguientes, algunas imágenes emergieron en mi cabeza y terminaron en el poema como el cempasúchil y el mezcal. Estas imágenes buscan evocar rituales oaxaqueños de memoria. El cempasúchil es una flor que se usa para adornar los altares que se ponen en las casas, los negocios, las escuelas, los hospitales y los cementerios durante las celebraciones del día de los muertos en todo México. 99

El mezcal es una bebida alcohólica oaxaqueña y les oaxaqueñes tiramos al suelo un chorrito antes de empezar a tomar en memoria de nuestres difuntes, com partimos con elles. El resto del poema teje simbología religiosa con las imáge nes clásicas del activismo sobre feminicidios en México. Escribí el segundo poema en el verano de 2021, mientras habitaba la Casa de Estudiantes José Yves Limantour. Ese es un espacio de lucha y de resistencia es tudiantil que ofrece alojamiento casi gratuito a estudiantes que vienen de otros estados del país a estudiar a una universidad pública de la Ciudad de México. Yo iba de invitade de uno de los asociados de la Casa. Une asociade es une es tudiante que lleva viviendo en ella más de un año, que fue evaluade durante su periodo como nuevo ingreso para ver si se podía convertir en asociade y que tiene voto en las asambleas donde se toman las decisiones respecto a la Casa. La justificación de mi estadía en la Casa era que ese verano haría una investigación sobre la diplomacia de autodeterminación y de paz mundial por mujeres en el México revolucionario y posrevolucionario. La Casa tiene un inconveniente, se encuentra en una de las zonas más peli grosas de la Ciudad de México. En ese momento compartía territorio con el cartel Unión Tepito, el más poderoso de la capital. Meses antes de que llegara, la vecindad del edificio de al lado de la Casa fue desalojado por ese cartel y sembró miedo en les estudiantes. Así, el poema habla de mi participación como persona disidente sexual y de género en los juegos de supervivencia diarios en un espacio que me volvía a la vez en activista, en víctima y en cómplice de múl tiples formas de violencia. El poema fue leído por primera vez en el taller de política de la Casa. Ese taller era una actividad obligatoria para les estudiantes de nuevo ingreso. La generosa retroalimentación de les estudiantes me permitió repensar el lenguaje del poema y su función política dentro y fuera de la Casa. Además, mi participación en el taller me permitió ver cómo es posible implementar pedagogías poéticas para el aprendizaje y para la práctica de la política. El tercer poema lo empecé a escribir en mis caminatas nocturnas en Oaxa ca en enero de 2023. Lo inicié unos días después de que me enteré de que mi amiga con la que compartía departamento en la Ciudad de México fue violada mientras yo estaba de visita con mi familia en Oaxaca por las fiestas navideñas. Ella fue la primera persona con la que compartí el poema y me dio permiso de compartirlo con ustedes en este libro. Creo que el poema fue clave en el en tendimiento mutuo de los procesos que íbamos a llevar de manera individual y comunitaria para intentar remendar el tejido social que se quebrantó en aquel evento horroroso. Poéticamente, recuerdo tener inspiración de un juego poético que aprendí al leer a una buena amiga. Tuve que buscar el texto porque solamente recordaba el juego, no su contenido: 100

“He decidido no escribir sobre la tristeza, ¿qué sé yo de la tris teza?[…] A mí no se me ha muerto nadie. Una vez casi pierdo a mi padre, pero no se fue[…] Quiero llorarle[a mi abuelo], pero a mí no se me ha muerto. […] Quería cantar que era feliz, pero no sabía renunciar a la tris teza[…]”. Alejandra Retana Betancourt(2015). La honestidad de Alejandra en ese texto la recordaba muy bien, aunque las palabras exactas se me escaparan. Recordaba lo cuidadosa que fue al escribir. No se atrevió a contar lo que no sabe. Eso intenté hacer en el texto. Conozco múltiples teorías sobre las violencias de género de múltiples países, participo en el activismo por disminuir dichas violencias en México, he acompañado a víctimas de violación en la Ciudad de México y me han violado, pero, en esa ocasión, yo no estuve ahí. Concluyo esta introducción con una advertencia. Como sucede con el arte (Sylvester, 2009), la narrativa(Ravecca y Dauphinee, 2021) y la estética(Hozi ć , 2017), la poesía no es necesariamente liberadora ni inocente. También se usa en el cotidiano por políticas opresoras y genocidas. Además, el proceso de creaci ón poética puede reproducir desigualdades estructurales que privilegian cier tos poemas y ciertas poetas. Es por ello que la poesía debe ser leída de manera crítica, identificando y cuestionando cómo sus juegos poéticos permiten tanto como limitan, ¿a quién?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con quién? En respuesta a estas limitaciones, en otros textos he insistido en una práctica trans/feminista/ queer /cuir de escritura y de lectura colectiva de poemas donde la interpelación de otras personas permita atender a la violencia del primer borrador y donde la creación no se limite a las políticas individuales, sino que cultiven una plataforma de acción y de producción política comunitaria(Cal derón et al., 2023 ¿Qué clases de escrituras y de lecturas trans/feministas/ queer/ cuir en la academia y en el activismo se gestarán con este capítulo? Es la pre gunta de investigación trans/feminista/ queer /cuir que dejo. Una pregunta que solamente se podrá contestar empíricamente en los diálogos(académicos) y en las acciones(políticas) que tengamos y que hagamos en comunidad. Una comu nidad trans/feminista/ queer /cuir que estamos construyendo entre las personas que escribimos este libro y las que lo leerán y lo cuestionarán. Les leo. Las leo. Nos leo. Gestemos juntrans. 101

Vendada, envuelta y en la cajuela A Raquel Mis pupilas tienen restos óseos que la obsidiana no puede reflejar. Vi brotar cempasúchil del pavimento. A estas horas, ya no hacen falta las raíces. Ni inundando con mezcal todos los sobrantes de tierra fértil, aplacaremos a tantos difuntes. Hay pieles al aire que el limón no alcanza a cerrar y vivencias que vale la pena olvidar sin comprenderlas, sin siquiera intentar. Es la contemplación de un final que a los últimos pasos perdió sentido. Aún no sé cuánta agua queda en este cántaro. Pronto entenderé mi sed y si quedaré sediente. Así se caminan las arenas con aires segadores, sólo vibraciones y capas de lodo por rostro. Eventualmente las penas dan risa y los errores se tornan reaccionarios, premeditados. La soledad no acongoja, las multitudes se pueden frenar y los silencios se tornan canvas más desafiantes que exigentes. Es la poesía ojerosa de les sobrevivientes, de aquelles que se permiten los sentidos en momentos de escasez y que construyen una sutil sonrisa como andamiaje de la apatía o del desdén. Vi a mi Virgen suspirar, resignada. La atención que sigue al fastidio y que reposa, resistente, sin dar paso a otra ilusión. Pasó el beato de mis plegarias de ayer, ya ni por costumbre me hinqué. 102

Vendada, envuelta y en la cajuela, a la musa encontré. Momentáneamente me arrodillé y retiré las evidencias de las traiciones a sus promesas, las que pude discernir. El resto lo dejé para le siguiente que tenga gana para ofrecer o recoger. Al atardecer quedó la belleza de la indiferencia. El Narco entra a mi cama A la Casa del estudiante José Yves Limantour El tiempo dejó escarcha en las plantas de mis pies. ¿A los cuántos grados las lágrimas se tornan carámbanos que con sus pesos la mirada bajan? Los circuitos del Narco pasan por mi cama a las ocho y cuarto. Las calles vacías y hasta las ventanas resisten la reflexión. Esa es la opacidad del barrio que arriba llamaron bajo. Ando, ni arriba, ni abajo. Me encuentro en el peregrinaje de una desgracia que sabe a calma. En el compartir por unas semanas antes de partir a otra morada. Por eso veo sin comprender y me acerco con infantil andar a ese desconocido enterrado en mi cuerpo con murmullos. Tengo engarrotadas las manos y aun así mi piel percibe el cantadito rasposo del espacio entre Tepito, Lagunilla y Centro Histórico. ¿Escucharán el mío… mi acento, mi ritmo? Son las miradas cómplices de las reuniones en la baqueta cobrando piso. Son las carcajadas de saberse vives 103

en la esquina con les cuates. Es la abundancia de las cajas de cartón que crean hogar a les sin techo. Es la risa que perdí en la abundancia. Mi consuelo son la adaptación y la observación al esquivar marchantes, mercaderes y oficiales. Los bolsillos vacíos son la seguridad de la inseguridad. La pesadumbre en los ojos, un arma. El andar firme, el camino. En el toque de queda perdí la única terapia a mi ansiedad que mi sistema de salud permitía: el andar callejero al anochecer, el bombeado de sangre vital que sostiene las luchas con y en el cuerpo. Con el sol se iban los toros y sólo me quedaba su semen. No me atrevía a salir, ni les mayates a venir. La temperatura del colchón revelaba la presencia del trasiego silencioso con nombre propio. Esas son las opciones de mis decisiones y si no empiezas por nombrarlas, no me molestes con tus buenas intenciones. La verdad es que no soy yo quién necesita tus palabras, es más, no creo que elles necesiten nuestra baba. Y si pierdo el miedo, ¿qué me queda? 104

¿Es seguro? A Gabi Me preguntó Aún no Lo sé Le respondí No estuve ahí Tengo las mismas respuestas que aprendí en la guerra No sé si vigilaban con sigilo cada luz prendida El ritmo de tu andar La edad, la estatura y el sexo Quizá fue por casualidad esa noche Como una bala perdida O la hora exacta en el cotidiano. Hubo advertencias, claro En perspectiva fue mi culpa Tu culpa Del edificio Del Presidente Del Movimiento Del mundo Fue mi priorizar mundano, Tu ser valiente La preocupación pensada ajena La indiferencia La planeación O los resultados De repente se siente que no hubo culpables Que fue el patriarcado El capitalismo O el colonialismo Que fue por chingona Por luchadora De cerca, hay culpable, protocolos y procesos Hay pastillas, colectivas, hay amigas Hubo miedo Por dentro No lo sé No estuve ahí 105

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Autopsia verbal del feminicidio íntimo en Antioquia, 2015-2019 1 Doris Ospina-Muñoz Profesora titular, adscrita a la Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia, Colombia Introducción El feminicidio íntimo es el asesinato más violento de mujeres, presupone un agresor con quien la mujer tiene/mantuvo una relación sexo-afectiva que tras muta en odio y el tratamiento de la mujer como objeto de posesión(República de Colombia. Sentencia C297/2016). Es la prueba fehaciente de la vulnerabili dad de las mujeres en el espacio íntimo y de las medidas de protección que re quieren. Es también una demanda a la responsabilidad del Estado y la sociedad con el aseguramiento de los derechos de las mujeres. Esta investigación buscó comprender, desde sentencias ejecutoriadas, la actuación y el entorno del femi nicidio íntimo en Antioquia, después de la ley de feminicidio en Colombia. Se analizó el juzgamiento de los feminicidios íntimos, con atención a la víctima, el victimario y a la autopsia verbal. Asimismo, buscó reflexionar sobre el feminici dio como categoría de interés en los estudios feministas de seguridad(Urrutia, Villellas y Villellas, 2020, p. 13-16). Antioquia es uno de los 32 departamentos de la República de Colombia, el segundo más poblado del país, y su capital es Medellín. Hace parte del comple jo cultural“paisa” con tradiciones asentadas en el patriarcado y la idealización de la mujer madre. Con una larga historia de violencia sociopolítica, es uno de mayores receptores y expulsores de población desplazada en el país. La autopsia verbal, o autopsia psicológica o psicosocial(Figueroa y Nájera, 2015), es una entrevista semiestructurada diseñada para mejorar la informaci ón de casos de muerte prevenible, donde los registros son difíciles o de mala calidad. En este caso, se incorporó como un cuestionario, tomado del Mode lo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género(femicidio/feminicidio), 2014(Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014). 1. Artículo producto de la investigación:“Autopsia verbal del feminicidio íntimo en Antioquia, 2015-2020”, realizado con financiación del Comité para el desarrollo de la investigación de la Universidad de Antioquia, CODI. Agradezco la lectura y los comentarios de la profesora Lina María Noreña Castrillón, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. 108

En el periodo estudiado, 2015-2019, no hay una cantidad exacta de feminici dios en Antioquia. Según datos de la Fiscalía General de la Nación(2023), 653 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 273 fueron feminicidios(Observatorio Feminicidios Colombia, 2023), como se muestra en la tabla 1. Tabla 1. Distribución de las muertes de mujeres en Antioquia, 2015-2019 Años Fiscalía General de la Nación, Homicidio de mujeres Observatorio Feminicidios Colombia, Feminicidio 2015 SD SD 2016 126 SD 2017 166 55 2018 180 108 2019 181 110 SD: sin dato Elaboración propia, según fuentes de la Fiscalía General de la Nación y el Observatorio Feminicidios Colombia. Los datos no discriminan el tipo de feminicidio, pues la tipología aún está en construcción. En Colombia se habla de tres tipos básicos: el feminicidio íntimo o familiar asociado al trato de la mujer como posesión; el sexual, en el que la mujer es tratada como un objeto para usar y desechar, y el feminicidio en el contexto de grupo. La principal dificultad para establecer las cifras de feminicidio en Colombia es su definición como delito autónomo(Ley 1761 de 2015). Ello requiere ser com probado mediante investigación criminal, que corrobore las circunstancias de tiempo, modo y lugar del asesinato, el vínculo entre víctima y agresor, el ciclo de violencia y condiciones de subordinación o indefensión de la víctima previos a su muerte, entre otros factores contextuales que ayudan a establecer el móvil subjetivo del delito. Así, la Fiscalía tiene pendiente formalizar la información. De los feminicidios ocurridos y juzgados en Antioquia obtuvimos, mediante mecanismo de petición a juzgados penales, 70 sentencias ejecutoriadas entre 2015-2018. Se seleccionaron doce feminicidios íntimos, simples o agravados, sin asociación a otros delitos, con detención del agresor. No se incluyeron casos de 2019 porque el juzgamiento tarda, aproximadamente, un año. Los resultados de los doce casos analizados se presentan en dos secciones: 1) la relación víctima-victimario a partir de algunas variables sociodemográficas y, 2) una reflexión sobre los preacuerdos en el juzgamiento de los casos en Co lombia. El primero es reiterado en la literatura, el segundo apenas está siendo explorado y amerita ser comparado entre países de América Latina. 109

La relación víctima-victimario El juzgamiento de feminicidio íntimo debe demostrar la existencia previa de vínculo sentimental/sexual y del ciclo de violencia en la pareja, elementos que ayudan a establecer el móvil subjetivo del delito. En diez de las doce sentencias estudiadas se definieron las relaciones como conflictivas y tormentosas. Hay testimonios sobre las categorías de maltrato de la autopsia verbal: violencia física( golpes con las manos y objetos en la cara y otras partes del cuerpo, humillación, descalificación y ridiculización sistemática); violencia verbal u emocional( insultos, gritos, acercamiento físico amenazante, control de pertenencias, expresión de celos y sospechas continuas); violencia económica( control del dinero y sustracción de teléfonos celulares). En todos los casos, la violencia comenzó en el noviazgo y no se había denunciado, aunque familiares y allegados sabían del maltrato y que, en ocasiones, las mujeres respondían a este con violencia. Esta última circunstancia fue desventajosa para las mujeres. Se cuestionó la vulnerabilidad del hombre en la relación antes que la de la mujer. En uno de los casos, ella, la víctima, en días previos a su muerte hirió con una llave en una mano a su compañero; en el juicio se dijo que el agresor la mató por venganza, desconociendo los factores contextuales y dinámicos de una relación violenta, donde las mujeres usan estrategias, adecuadas o no, para protegerse(Arango, 2004). En otro caso, ella arañaba a su compañero cuando él ejercía control sobre el uso del celular. Desde 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses in corporó la valoración del riesgo que corren las mujeres de ser nuevamente agredidas, mostrando en 2020 que las mujeres violentadas entre los 25 y 38 años tienen la prevalencia más alta de riesgo extremo. Llamando la atención sobre la violencia en noviazgos adolescentes(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020). En la tabla 2 se muestra que cinco de los doce casos se presentaron en relaciones tempranas, de menos de un año de convi vencia, con hombres de igual o menor edad que la víctima(Casos: 6, 7, 9, 10, 11). 110

Caso 1 2 3 4 5 Tabla 2. Tiempo o duración de la relación de la víctima con el agresor, ocupación de la víctima y el victimario y relación de dependencia económica de la víctima Tiempo o duración de la relación de la víctima con el agresor 30 AÑOS (María Cecilia y Servio) Edad de la víctima 50 Edad del agresor 52 Ocupación de la víctima/ victimario Oficios varios/ Lavador de carros Dependencia /autonomía económica de las mujeres en relación con el agresor Independiente Motivo del feminicidio Celos 8 AÑOS (Mileidy y Ramiro 22 Andrés) Vendedora/ 38 Entrenador Independiente Ruptura fútbol 3 AÑOS 17 (Eva y Duván) 21 Estudiante/ Independiente Ruptura Albañil 3 AÑOS (María Alejandra y 18 Rubén Darío) 44 Ama de casa/ Dependiente Prestamista Celos SD, CON HIJOS ADOLESCENTES SD 41 Ama de casa/ Dependiente SD (Ana Luisa y Jhon Agricultor Jairo) 6 6 MESES 43 (Isabel y Jonathan) Comercio 29 sexual/Oficios Independiente varios Celos SD, RELACIÓN 7 ESPORÁDICA 34 (Yasmín y Duván) SD, RELACIÓN A 8 DISTANCIA 40 (Natalia y Juan David) 9 5 MESES 46 (Doris y Raúl) 10 7 MESES 25 (Diana y Juan) 11 8 MESES 21 (Dilia y Mateo) 12 4 AÑOS 19 (Soley y Giber) SD: sin dato 34 Ama de casa/ Independiente SD SD 35 Ama de casa/ Dependiente Conductor Ruptura 21 Ama de casa/ Independiente Ruptura Oficios varios 23 Vendedora/ Dependiente Intolerancia Albañil 21 Estudiante/ Independiente Ruptura Vigilante 25 Oficios varios/ Independiente SD Ruptura En cuatro casos(2, 3, 4, 12), la relación había comenzado siendo las muje res menores de edad. Sus padres habían intervenido para alejarlas del agresor, pero fue insuficiente para detener el maltrato. Se corrobora que las estrategias “naturalizadas” de la familia son insuficientes y, más bien, exacerban al agresor (Correa et al., 2013). Para algunos, desde el punto de vista ético la atención debe estar en la víctima para evitar la invisibilización de sus historias y favorecer el análisis del proble ma social y sistemático, así como llamar la atención sobre la función preventiva 111

de las leyes que castigan este delito. Para estos autores poner la atención en la vida de los agresores refuerza las representaciones del amor romántico que terminan justificando el feminicidio(Echeverría y Leguízamo, 2022). El consenso creciente sobre el rechazo al punitivismo como forma de pre vención del feminicidio contrasta con la idea de que el castigo penal sí tiene po tencial para reducir el delito, pero son las circunstancias contextuales de apli cación de la ley las que neutralizan el impacto de la norma(Álvarez y Acosta, 2021). Esta controversia requiere un giro epistemológico en cuanto a la configu ración de los delitos derivados de la violencia intrafamiliar y la justificación de las intervenciones y estrategias usadas para salvaguardar a las mujeres, pues los efectos de la aplicación de justicia, con frecuencia, revictimizan a las mujeres limitando el uso de las herramientas institucionales. Estas, más bien, profun dizan la vulnerabilidad de las mujeres al alejarlas temporalmente, no solo del agresor, sino también del lugar donde desarrollan su vida cotidiana y el cuida do, mientras el agresor transcurre con su vida sin mayores alteraciones(Alcázar y Valenzuela, 2022). Este giro no puede darse sin la ampliación interdisciplina ria y social de los contextos de discusión sobre las normas que protegen a las mujeres y las que castigan a quienes las vulneran. La ineficacia en la protección de las mujeres se ve favorecida por el perfil de los agresores, quienes, con trabajos informales, quedan desvinculados del siste ma de salud y de redes sociales primarias, dificultando la intervención. En este estudio, once de los agresores realizaban trabajos informales: lavador de carros (1), ayudante de construcción(2), entrenador de fútbol(1), prestamista(1), agri cultor(1), conductor(1), oficios varios(1) y sin dato(3); uno tenía vínculo laboral. Por su lado, las mujeres se desempeñaban como: amas de casa(5), vendedoras (3), comercio sexual(1), estudiantes(1), oficios varios(1) y sin dato(1)(ver tabla 2). La literatura sobre violencia doméstica muestra que tanto la dependencia como la autonomía económica de las mujeres se asocian con violencia domés tica. Muchas permanecen ancladas a relaciones violentas porque no pueden solventar los costos de la sobrevivencia lejos del maltratador. Para otras, la inde pendencia económica exacerba el control de los hombres y conduce a la ruptu ra(Olate, Maffei y Hernando, 2011). En ocho de los casos analizados se observa que las mujeres no dependían de los agresores, más bien, ellos se beneficiaban de condiciones de alojamiento que ellas les ofrecían. En cinco de estos casos, el motivo de feminicidio fue la ruptura. “Yo la maté”: preacuerdos y ocultamiento de la mentalidad feminicida Estudios indican que no hay un perfil feminicida. Cualquiera, en una cultura machista, puede justificar un feminicidio por su relación con los crímenes de 112

honor(Fernández, 2014). En la Tabla 3 se muestran las causas de la muerte y la pena impuesta a los agresores entre otros datos de los casos que ayudan a su comprensión. Tabla 3. Causas de la muerte y pena impuesta a los agresores Caso Tiempo de la relación Delito impugnado Pena impuesta en años Causa de la muerte según la sentencia Agravante Detención 1 30 años Feminicidio 17,8 Degollamiento Sin agravante Entrega voluntaria, tenía miedo de ser asesinado por grupos delincuenciales que tienen control del barrio 2 8 años Feminicidio 20,8* Desnucamiento Sin agravante Se entregó voluntariamente 3 3 años Feminicidio agravado** 4 3 años Feminicidio agravado 5 SD, con hijos Feminicidio adolescentes agravado 6 6 meses Homicidio agravado*** 41,6 31,25 34,8 33,3 Degollamiento Degollamiento Degollamiento Estrangulamiento En menor de edad Situación de indefensión y subordinación Delante de menores de edad No pudo demostrarse autoría Captura en flagrancia, intento de linchamiento Huyó, fue capturado Capturado en la casa, lo denuncia su hermano Nunca aceptó cargos, capturado 7 SD, relación Feminicidio 17,7 esporádica Estrangulamiento Sin agravante Huyó, capturado 8 SD, relación Feminicidio a distancia agravado 9 5 meses Feminicidio agravado 10 7 meses Feminicidio 31,3 34,4 17,4 Estrangulamiento Degollamiento Paro cardiaco en centro hospitalario, por heridas en cuello y tórax Situación de indefensión y subordinación Sevicia Sin agravante Huyó del país, capturado Capturado en centro hospitalario Entrega voluntaria, tenía miedo de ser asesinado por grupos delincuenciales que tenían control en el barrio 11 8 meses Feminicidio 15,5 Estrangulamiento Entrega voluntaria 12 4 años Feminicidio 39,2 agravado Degollamiento Delante de menor de 4 años Capturado en flagrancia, se autolesionó * En revisión de segunda instancia se desmintió el agravante de“indefensión, inferioridad” obteniendo una reducción de la pena inicial definida en 41.6 años ** La mujer era menor de edad *** La mujer se dedicaba a la prostitución 113

Cinco de los doce agresores, se entregaron llevando el arma homicida. Dos de ellos dijeron temer por su vida a manos de grupos delincuenciales que tie nen control de territorios en la ciudad(Alcaldía de Medellín. Secretaría de Se guridad y Convivencia, 2015). Dos de los doce fueron capturados en flagrancia, los demás fueron capturados. Lo que sucede con la entrega voluntaria, previa a la orden de captura, se lee en una noticia criminal del caso 1: Está libre, a pesar de que se entregó ante la Fiscalía, confesó su crimen y advirtió que quería ser capturado[…] y teme por su vida.“A mí me van a matar. Yo me presenté[…] a la Fiscalía y me soltaron[…]. Yo no sé qué hacer. Si así son las cosas, es muy fácil matar a alguien y volarse[…]”( Vanguardia, 2015). La explicación penal dice que en Colombia no pueden capturar al hombre que confesó, porque solo se puede arrestar a alguien en dos circunstancias: cuando es sorprendido en flagrancia o bajo orden de captura. En estos casos, se requiere verificar que el hecho existió y que hay elementos que indican que él fue el asesino. Entretanto, puede estar en su casa ( El Tiempo, 2015). El agresor del caso 2 permaneció en casa mientras se surtían los efectos de la orden de captura; posterior a ella, se le permitió la detención domiciliaria durante el proceso de acusación. En todos los casos, la entrega voluntaria fue atenuante de la pena y se partió del cuarto inferior que indica la ley, anudan do esta decisión con los preacuerdos y allanamientos, que otorgan una rebaja de un 1/4 o un 1/3 de la pena, dependiendo del momento del juzgamiento en que se establezcan. Estas decisiones son inspiradas en el derecho penal premial que, en virtud de la economía, la celeridad y la oportunidad procesal, cuando se corrobora la legalidad de los preacuerdos y se validan las pruebas mínimas para la imputación de los cargos, da por finiquitado el proceso de investigación y juzgamiento(Omaña, Ortiz y Villamizar, s. f). El preacuerdo beneficia a quienes aceptan su responsabilidad y no desgastan el sistema judicial. Se piensa que así se obtiene justicia y se resuelven los conflictos sociales derivados del delito, sin que el procesado y la víctima deban afrontar las cargas de un proceso(Cañón, 2022). En los casos de feminicidio, aunque no se tiene conocimiento sobre si las víctimas interpusieron medias de reparación, tampoco se conoce el significado que tiene para ellas los beneficios que reciben los agresores y si esa interpretación concuerda con su idea de justicia. A la luz del aumento de casos después de la promulgación de la ley Rosa Elvira Cely, el tratamiento punitivo parece no efectivo para la prevención del delito. De ahí que deba pensarse si en los crímenes contra la vida de las mujeres el esquema de beneficios que ofrece la justicia premial concuerda con el reconocimiento de 114

la justicia como una construcción de contenido social, sincrónica y contextuali zada con la comprensión de los derechos de las mujeres. El tratamiento premial del feminicidio parece generar un limbo moral que impide entender por qué algunos feminicidios generan vergüenza colectiva y otros tienden a ser socialmente justificados(Izcara, 2020). Además, parece re ducir el carácter preventivo de la ley. Algunos sostienen que la mera verificación de la legalidad del preacuerdo riñe con la averiguación de la verdad procesal(Cañón, 2022, p. 84). En Colom bia, la interrupción de la investigación criminal no permite profundizar en los motivos subjetivos del agresor, mediante interrogatorio y controversia de las pruebas; por tanto, los motivos quedan implícitamente concordantes con la cultura machista que ordena el control de la vida y el cuerpo de las mujeres. Para algunos estas son categorías ficcionales(Izcara, 2020), que alejan sustan cialmente de las razones subjetivas de los hombres para matar a las mujeres. Sugieren la necesidad de romper la ficción y develar la mentalidad feminicida: sus límites emocionales y su“razonamiento violento”. El ocultamiento de los motivos subjetivos deja a las víctimas como nacidas para repetir la historia de sus madres y sus abuelas, como si las mujeres no hubiésemos hecho nada para contrarrestar esta violencia, como si no tuviésemos consciencia del lugar en el mundo patriarcal( Jossa, 2021). En varios países de América latina se adoptaron salidas alternas al proceso penal para descongestionar el sistema judicial. Ninguno de ellos incorporó los preacuerdos para los delitos de feminicidio. Incluso algunos, como Guatemala, “prohibió la reducción de penas y las medidas sustitutivas dada la gravedad del delito y el continuo de violencia que se estaba ejerciendo contra las mujeres” (Cañón, 2022, p. 95). En esta postura jurídica los preacuerdos no contribuyen al esclarecimiento de la verdad. En Colombia, a quienes cometen feminicidio solo se les aplica un medio del beneficio del artículo 351 de la Ley 906/2004. No se permiten preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias, la atención sobre las circuns tancias de agravación es escasa y se descuentan porcentajes significativos de la pena cuando se reconoce la responsabilidad en el delito. ¿Por qué este es un estudio sobre seguridad feminista? La pregunta parece obvia; sin embargo, es necesario insistir en la idea de que la protección de la vida de las mujeres es un asunto ético y de responsabilidad de un estado democrático que aspire a mantenerse como tal. La muerte vio lenta de las mujeres y la manera como se les hace justicia son dos problemas de máxima importancia en la sociedad contemporánea en la línea de la corres 115

ponsabilidad internacional. Los resultados de este estudio muestran que, más allá del tratamiento punitivo del feminicidio, lo que está en juego son modelos y teorías del derecho que menguan la oportunidad de las mujeres a ser tratadas como sujetos de especial protección. De ahí, la necesidad de un giro epistemo lógico que revise el origen de los problemas que afectan la dignidad de las mu jeres y la configuración de los delitos asociados al espacio íntimo; la taxatividad de las penas en relación con esos delitos y la profundización conceptual que mengue la ambigüedad que las discusiones jurídicas han impuesto al concepto de feminicidio y a su potencial categórico para hacer efectivas las denuncias y el juzgamiento como delito. Independientemente de la capacidad del sistema penal para la prevención de este delito, de lo que se trata es de armonizar el sentido de justicia requerido por las víctimas y los victimarios a la luz de visio nes socio jurídicas que amplíen el horizonte comprensivo de este fenómeno. También implica, sin lugar a duda, repensar la fuerza vinculante del derecho internacional y la relación con el derecho interno de los países comprometidos con la protección de las mujeres. Es necesario superar la idea de que la inclusi ón de la perspectiva de género en el juzgamiento de los casos que afectan a las mujeres obedece más a razones de tipo ideológico que a razones de derecho. Esto requiere necesariamente de un enfoque de análisis interseccional que amplíe y profundice no solo en las variables asociadas al género, sino también en las otras condiciones del contexto que hacen del género una condición de vulnerabilidad. Bibliografía Alcaldía de Medellín. Secretaría de Seguridad y Convivencia. Plan integral de seguridad y con vivencia-PISC- 2016/ 2019, 2015. Disponible en: Plan integral de seguridad y convivencia del municipio de Medellín- Alcaldía de Medellín(medellin.gov.co). Acceso en: 15 nov. 2023. Alcázar-Campos, Ana; Valenzuela-Vela, Lorena.“Diálogos feministas sobre el giro punitivo de las políticas públicas: buena madre vs. buena víctima”. Athenea Digital, v. 22, n. 2, 2022. Disponible en: DOI 10.5565/rev/athenea.3142. Acceso en: 5 jul. 2023. Álvarez-Garavito, Carolina; Acosta-González, Hugo N.“El feminicidio en América Latina: un enfoque económico”. Revista Desarrollo y Sociedad, p. 11-42, 2021. Disponible en: DOI 10.13043/ DYS.88.1. Acceso en: 18 nov. 2023. Arango-Rojas, María Eugenia.“Proceso de salida de las mujeres de la violencia doméstica: com portamiento resiliente”. 2004. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/286650059.pdf. Acceso en: 25 oct. 2023. Cañón-La Rotta, María Camila.“Análisis de la figura de los preacuerdos en el tipo penal de femi nicidio”. Trabajo de grado para obtener el título de magíster en derecho penal. Universidad Santo Tomás de Aquino, Facultad de Derecho, 2022. Disponible en: 2022mariacamilacanonlarotta.pdf (usta.edu.co). Acceso en: 20 nov. 2023. Correa-Corredor, Marien Y.; Mendoza-Pérez, Noris; Rincón-Guauque, Clara M.; Arenas-Rue da, Yenny M.; Aguilar-Noriega, Erick J.; Villamizar-Mendoza, José. E.“El feminicidio: realidad o mentira dentro de la política pública colombiana”. DIXI, v. 15, n. 18, p. 77-100, 2013. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5572671. Acceso en: 17 en. 2019. 116

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Una práctica pedagógica para la reflexión con perspectiva de género en la actuación policial en ámbitos rurales Romina Rajoy Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios, Universidad Nacional de San Martín/ Fondo para la investigación para la ciencia y la tecnología/ Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich, Argentina Agustina Ugolini Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales, Universidad Nacional de Quilmes/ Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich, Argentina Presentación Este texto sistematiza las reflexiones de mujeres y hombres policías de la es pecialidad Rural de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre su actuaci ón en la prevención y atención a situaciones de violencias de género en ámbitos rurales. Dicha reflexión tuvo lugar en el marco del desarrollo de la diplomatura en Gestión de la Seguridad Rural dictada por el Instituto Universitario Policial Provincial“Crio. Gral. Honoris Causa Juan Vucetich”(en adelante IUV) 1 entre mayo y octubre de 2023. El objetivo general de dicha diplomatura fue profun dizar los conocimientos específicos sobre gestión estratégica para perfiles de conducción policial en entornos rurales. La primera cohorte estuvo compuesta por 67 agentes de Policía Rural, se desarrolló combinando las modalidades a distancia y presencial y se dictó durante el ciclo académico 2023 como parte de la oferta de extensión universitaria del IUV. A lo largo del curso, en el cual las autoras nos desempeñamos como docen tes 2 , en la reflexión de las/os estudiantes sobre sus experiencias profesionales como policías surgió recurrentemente la problemática vinculada a las situacio nes de violencias de género. La misma preferencia también se evidenció más tarde cuando seleccionaron mayoritariamente esta problemática para sus Tra bajos Integradores Finales(TIF) de cierre de cursada. 1. El IUV es la institución académica de nivel superior que organiza el Sistema de Formación Profesional, Especialización y Capacitación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, abocándose a una educación de calidad para el personal policial en particular y agentes del sistema de seguridad pública en su conjunto. Según su Proyecto Institucional, en su labor formativa integra aspectos humanísticos, técnicos y científicos, con especial atención a los derechos humanos, género y diversidad. Fue creado por Ley N° 15.110/ 2018 y oficializado por Decreto Provincial el 11 de enero de 2019. 2. Agradecemos especialmente al equipo docente policial: Julieta Gallardo, Marcelo Palumbo y Maximiliano Tonello, quienes nos acompañaron en esta experiencia. 119

Para esta comunicación analizaremos esos trabajos y los debates surgidos a lo largo del curso en los cuales observamos una dualidad en la perspectiva policial. Por un lado, las y los policías señalaron de modo explícito que entendían que una mirada interdisciplinaria podría mejorar el abordaje profesional que reali zan de las violencias de género. Por otro lado, al tener que reflexionar sobre su propia práctica en el cotidiano laboral se evidenció que presentan dificultades para tomar distancia profesional respecto de los prejuicios y estereotipos de gé nero que sostienen individualmente acerca de los entramados socioculturales y económicos de las comunidades rurales donde trabajan. Esta dificultad con duce a una operación de legitimación basada en prejuicios sobre las violencias de género, los hábitos culturales y las formas como se gestionan localmente los comportamientos problemáticos y la conflictividad en general, y en los víncu los intrafamiliares en particular. La reflexión fue posible mediante la articulación continua del bagaje teórico y normativo que presentaba la currícula con el saber práctico profesional del estudiantado. Mediante este escrito buscamos destacar, a partir de una práctica pedagógica, la utilidad de la integración del conocimiento teórico conceptual y la experiencia práctica profesional para potenciar la reflexión crítica del per sonal policial sobre su accionar, especialmente en situaciones de violencias de género, en las que los prejuicios y estereotipos influyen significativamente en la conformación de prácticas institucionales. Acerca de la organización del proyecto curricular La propuesta de una formación centrada en la gestión estratégica de la segu ridad contextualizada en ámbitos rurales se planteó como un campo innovador respecto de los enfoques tradicionales en materia de seguridad que muchas veces se definen en términos generales, invisibilizando o desconociendo las diferencias que cada territorio presenta. En ese sentido, esta iniciativa partió de reconocer la singularidad de las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires 3 , donde las características delictivas y las violencias difieren significativamente del entorno urbano. En consonancia con la estrategia provincial de gestión y gobernanza en se guridad, la diplomatura buscó fortalecer las capacidades de indagación y com prensión de la agencia policial acerca de las problemáticas criminológicas y de conflictividad y el entrecruzamiento de distintos tipos y formas de violencia; 3. La provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones en las que se divide el territorio de la República Argentina; está subdividida en 135 municipios que conforman la organización administrativa y territorial de la jurisdicción. La vasta extensión territorial y la diversidad de características geográficas y poblacionales hacen de la provincia de Buenos Aires una entidad heterogénea y de gran importancia en el contexto nacional argentino. Cerca del 90% de los municipios tienen características rurales, es decir que tienen localidades con poblaciones menores a los 2.000 habitantes y que no forman parte de conglomerados mayores. 120

entre ellas la violencia interpersonal, la institucional, la policial y las violencias de género(Rajoy, 2020; Caravaca y Garriga, 2022; Rajoy, 2023). En este con texto se pensó la oferta académica como una herramienta clave en términos de prevención y control del delito y las violencias, con miras a fortalecer integral mente la seguridad en las comunidades rurales. En esa línea el diseño curricular tuvo dos pilares: Enfoque integral y multiagencial para el abordaje del delito y las violencias en el ámbito rural, entendido como un espacio dinámico, heterogéneo y particular. Reconociendo las complejidades intrínsecas de estos territorios se puso énfasis en la necesidad del trabajo integrado entre la comunidad, diversas agencias estatales y niveles de gobierno. Planificación estratégica para la gestión de la seguridad para la coordinación de las capacidades institucionales particulares de cada territorio, fomentando el conocimiento de todas/os quienes integran el sistema público de seguridad. Como vemos aquí, la atención a las violencias de género y contra las mujeres en particular no se explicitó como lineamiento estratégico, sino que se insertó en un módulo temático específico. Los módulos temáticos fueron: Planificaci ón y gestión de la seguridad rural; Análisis criminal y tecnologías aplicadas a la seguridad rural; Análisis criminal específico de la seguridad rural, abordaje y resolución(dentro del cual se desarrollaron contenidos sobre violencias de género); y Gestión integral del riesgo. La currícula no enfatizó en las cuestiones de la identidad y las políticas de género como fundantes de las experiencias de seguridad e inseguridad, sino como una expansión o agregado. Según Holmes(2018) y Wendt(2017), esta falta de énfasis refleja una brecha entre las políticas de género en teoría y su implementación práctica, lo que las autoras pudieron ver en las operaciones de paz de la ONU. Holmes destaca la necesidad de una integración más profun da y continua de la perspectiva de género, mientras que Wendt señala que las políticas actuales a menudo no se traducen en acciones concretas, subrayando que el verdadero impacto de género en la seguridad aún se percibe como un complemento en lugar de un componente esencial. Más adelante veremos que en el desarrollo del curso el currículum fue pues to en tensión por la reflexión desde la práctica profesional que hicieron las/os estudiantes. Diversas/os autoras/es del campo de la pedagogía sostienen que hay distintos niveles de concreción curricular; nos referimos a que, tal como lo expresa Stenhouse(1987), existe un espacio de articulación entre la intención establecida en un diseño curricular y lo que sucede en la realidad. Esto supone la interrelación permanente entre el diseño y el desarrollo del currículum, y desde allí es que nos proponemos contribuir a un análisis desde los estudios fe 121

ministas de seguridad que potencie experiencias académicas como la que aquí examinamos. Con su reflexión las y los estudiantes develaron la posibilidad de pensar una transformación del currículum por medio de su experiencia. ¿A qué nos refe rimos con ello? Haciendo un ejercicio de“currículum evaluado”, es decir una evaluación como docentes que atañe no solo al aprendizaje estudiantil, sino que incluye nuestra propia práctica docente, tuvimos que alojar la emergen te constante de la problemática de violencias de género, y también hacer una evaluación y adaptación institucional del currículum prescripto para promover un entorno de aprendizaje más inclusivo y sensible a dicha emergencia. Desarrollo del curso y Módulo temático de género y violencias como expansión Como dijimos, el desarrollo del curso estuvo marcado por una reflexión constante sobre las vivencias asociadas a la intervención policial en casos de violencia de género. Esta inquietud se evidenció significativamente cuando las/ os estudiantes escogieron las clases centradas en estas problemáticas para la realización del TIF. Contenidos sobre teoría y perspectiva de género en el accionar policial en ámbitos rurales Los contenidos acerca de la perspectiva de género y la socialización de la teoría de género fueron incluidos en la currícula en pos de comprender y abor dar las complejidades específicas que caracterizan a las comunidades rurales en relación con los delitos y la violencia en general y en particular las violencias por motivo de género. En este contexto, se tuvo en cuenta que las dinámicas de género debían considerarse un factor crucial que proporciona una visión más amplia de las experiencias y vulnerabilidades particulares de mujeres y otros grupos identificados como vulnerables. No obstante, el diseño organizó estos contenidos como una sección dentro del módulo de abordajes específicos y no como un lineamiento transversal a toda la propuesta. Se tuvo en cuenta que en el ámbito de la ruralidad estas vulnerabilidades su ponen necesariamente desarrollar una mirada interseccional que considere la complejidad y diversidad de las experiencias individuales y colectivas(Vázquez Laba, López y Rajoy, 2018; Rajoy, 2019). Se promovió la reflexión sobre la im portancia de no generalizar al considerar“las mujeres” o“las violencias de géne ro” e incluir otras categorías como origen migrante, etnicidad, generación, clase 122

social y posición en el trabajo, especialmente en entornos rurales. Esta reflexión subraya la necesidad de estrategias que aborden tanto las manifestaciones evi dentes de violencias de género como las estructuras sistémicas que reproducen estas desigualdades. El abordaje de la perspectiva de género permitió generar una doble reflexión: por un lado, sobre la práctica profesional de las/os estudiantes como agentes públicos en relación con grupos vulnerabilizados; por otro, sobre las propias opresiones y violencias que atraviesan la vida cotidiana del personal policial, en particular la de las mujeres. En esta línea reflexiva, el enfoque dado a la teoría de género buscó generar procesos de reflexión crítica sobre los estereotipos de género, tanto individuales como colectivos, que subyacen en la gestión de la seguridad rural, reconociendo sus capacidades y liderazgo, y en particular a las mujeres policías. Este enfoque no solo contribuye a la equidad de género, sino que fortalece también la capacidad de respuesta del sistema público de segu ridad al aprovechar plenamente el potencial de todas/os los agentes, indepen dientemente de su género. Nuestro objetivo específico fundamental fue que las y los estudiantes interpelen su práctica profesional concreta socializando en el espacio del aula cómo abor dan las situaciones atravesadas por violencias de género. Como estrategias de en señanza comenzamos analizando cómo se articulaban esas prácticas concretas con los marcos normativos vigentes que regulan el accionar policial en la temática 4 . Este ejercicio de reconocimiento nos permitió evaluar en qué medida cono cían y observaban la normativa en su labor cotidiana, identificando fortalezas y debilidades. Los TIF centrados en género, violencias y ruralidad Si bien la currícula circunscribía la temática a una única sección, el grupo de estudiantes eligió mayoritariamente estos contenidos para desarrollar sus TIF en torno a la percepción de las violencias de género como problemática social y su rol en la mitigación de las mismas como agentes de seguridad pública. Tras revisar literatura, normativas y reflexiones colaborativas del Módulo te mático, en los TIF analizamos los prejuicios presentes en las prácticas laborales, y su impacto. Como docentes enfatizamos la perspectiva de género con enfo que situado e interseccional. Junto con las/os estudiantes creamos un análisis que resalta las violencias de género ligadas a la interculturalidad local y su papel en la prevención y mitigación de estas problemáticas. 4. Las normativas revisadas fueron: la Ley Nº 26.485(Conocida como ley de violencia de género), que refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; la 24417- Protección contra la violencia familiar, en Argentina; y la 12569, de protección contra la violencia familiar, provincia de Buenos Aires. 123

Entonces, ¿cómo influyeron las reflexiones colaborativas, la revisión de lite ratura y normativas, así como el enfoque interseccional de género en la percep ción y abordaje de los prejuicios presentes en las prácticas laborales de las/os estudiantes? En esta línea intentamos recuperar el impacto que vienen teniendo distintas políticas públicas en materia de género en desarmar estereotipos que aún persisten entre el personal policial frente a las situaciones de violencia de género. Por ejemplo, entre el alumnado se vislumbró cómo desde la promulga ción e intervención de la Ley Micaela 5 en la gestión pública la perspectiva de gé nero atraviesa las prácticas policiales cotidianas, presentando diferencias entre agentes varones y mujeres. En el aula nos encontramos con estudiantes que refieren conocer dicha nor mativa gracias a que desde 2019 reciben capacitaciones obligatorias sobre pers pectiva de género. Sin embargo, la mayoría las percibe como eventos puntuales y con escasa vinculación a su aplicación en su labor diaria, lo que había deriva do de modo contraproducente en una posición de negación frente a la temáti ca. Como respuesta, diseñamos herramientas para profundizar en la temática y su impacto en el trabajo policial. Revisamos nuestra propuesta pedagógica y decidimos: repasar las normativas en profundidad desde una mirada de aná lisis contextual y político, compartir material audiovisual sobre perspectiva de género en la gestión pública, revisar experiencias etnográficas sobre la gestión de la violencia por parte de agentes, y explorar experiencias de mujeres vícti mas de violencias de género en relación con la violencia institucional y policial. Estas estrategias nos permitieron identificar prejuicios arraigados en prácti cas y creencias comunes de las/os agentes respecto a las violencias de género. Notamos que estos prejuicios no eran uniformes entre hombres y mujeres, sino que surgían diferencias en las experiencias compartidas por ambos géne ros, las cuales luego se reflejaron en las reflexiones de los TIF. 6 En esta línea exploratoria detectamos que las mujeres lograban acercarse a los análisis de tipo interseccional si bien no conocían en profundidad la cate goría. Les resultó de interés dicho enfoque por lo cual profundizamos en ello dando cuenta de su utilidad para poner de manifiesto cómo las diferentes ca tegorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al presentarse de manera entrecruzada(Crenshaw, 1991; Mohanty, 2003; Lugones, 2005, Vi veros, 2015). 5. La“Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” (Ley N° 27499/18) es una ley nacional promulgada en 2019 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven militante social víctima de femicidio. 6. Es importante subrayar que los datos recopilados para este estudio provienen de los Trabajos Integradores Finales(TIF), los cuales representan una síntesis de los temas recurrentes elaborados por los estudiantes a lo largo del curso y manifestados en dichas tareas académicas. 124

El equipo docente trajo la pregunta sobre la visibilidad de las violencias que enfrentan las mujeres en el ámbito rural en comparación con las áreas urba nas. Se indagó sobre la capacidad de agencia de las mujeres rurales: ¿qué tipo de redes sociales establecen? ¿Son más limitadas o extensas en comparación con las áreas urbanas? ¿Qué oportunidades tienen para tejer esas tramas en sus entornos? Desde nuestra experiencia como investigadoras en zonas urbanas, sabemos que a menudo las mujeres encuentran en estas redes un punto de par tida para construir estrategias de supervivencia socioeconómica y emocional (Nejamkis, López y Rajoy, 2021; Gavazzo y Nejamkis, 2021). Desde una perspectiva intercultural presentamos el examen sobre la intersec ción entre la violencia y la vulnerabilidad socioeconómica en discusión al enfo que tradicional de víctima y victimario. Nos centramos en las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas en situaciones de ruralidad. Aunque el equipo docente no había investigado previamente en áreas rurales, nuestro acercamiento por medio de estudios con mujeres migrantes nos reveló las dificultades para acceder a la justicia, lo que puede desencadenar violencias vecinales, revanchas e incluso feminicidios(Rajoy, 2020): Los tipos hacen fiestas, toman de más y se la agarran con las mujeres(Notas en los TIF en relación al sentido común de algu nos estudiantes varones). Al explorar los relatos que recuperan los estudiantes registramos expresiones como la mencionada arriba, que refleja actitudes machistas y no solo denota violencia física, sino que sugiere también una concepción de las mujeres como propiedad masculina. Se destaca especialmente la imposición de relaciones se xuales no consensuadas, legitimando así ese acto de violación. Esta dinámica deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, limitando su autonomía reproductiva y exponiéndolas a la presión familiar, especialmente en viviendas precarias donde conviven muchas personas y que carecen de ambientes para la privacidad personal. Se identifican diversas formas de violencia que además del riesgo físico afectan la dignidad y autonomía de las mujeres. La normalización de estas actitudes que muestran los policías subraya la imperiosa necesidad de abordar la problemática. En los contextos rurales de la provincia de Buenos Aires las mujeres enfren tan desafíos significativos en la formación de redes comunitarias debido a la baja densidad poblacional y la alta familiaridad entre los residentes, lo que pue de inhibir la denuncia de violencias por el temor al estigma social y las opcio nes limitadas de movilidad. Las mujeres participantes en el curso destacaron la presencia de violencia económica en entornos rurales, especialmente en co munidades migrantes, evidenciada en trabajos domésticos no remunerados o 125

insuficientemente remunerados como el cuidado de animales y la labor agríco la familiar. Para las personas en situación migrante las dificultades son mayo res por la distancia cultural, idiomática o la falta de familiaridad con el entor no, lo que aumenta su vulnerabilidad. Además, se identificó un consenso en la necesidad de que las fuerzas policiales superen prejuicios arraigados como la percepción de la violencia doméstica como un asunto privado o desestimar la intervención argumentando que la conflictividad es producida por hábitos de consumos problemáticos de sustancias, especialmente el alcohol. Este acuerdo surgido del trabajo colaborativo en el espacio del aula enfatiza la importancia de pensar currículas con un enfoque comprensivo en la iden tificación y abordaje de las violencias para promover entornos de aprendiza je sensibles, sabiendo que policías más profesionalizadas serán mañana mejor prevención y protección de los derechos y la seguridad de todas las personas que habitan esta provincia. Reflexiones finales El enfoque que finalmente dimos a la teoría de género en esta diplomatura como reacción a lo que sucedió en el espacio del aula buscó generar procesos de reflexión crítica sobre los estereotipos de género, tanto individuales como colectivos, que subyacen en el trabajo policial en ámbito rural. Esto supuso la interrelación permanente entre el diseño y el desarrollo del currículum. En esta comunicación nos propusimos contribuir con un análisis desde los estudios feministas de seguridad que potencie experiencias académicas como la analizada. Indagamos los pilares del diseño curricular y el desarrollo del curso mos trando que aun cuando inicialmente no fue considerada como eje estratégico, la atención a las violencias de género se impuso en la práctica. La reflexión del estudiantado evidenció que estas problemáticas no son secundarias ni agre gadas, y que, en ese sentido, en la formación policial se debe transversalizar la perspectiva de género. Es necesario que las currículas prioricen el género no solo como una expansión; y que lo hagan interpelando la práctica policial co tidiana y no como capacitaciones externas y obligatorias que quedan ajenas al personal policial. Vimos además que a pesar de los avances normativos persisten prejuicios arraigados, como considerar la violencia doméstica como un asunto privado o explicarla por consumos problemáticos. Para una intervención efectiva es crucial desafiar estas concepciones. De esto se desprenden recomendaciones para mejorar el potencial de este tipo de prácticas pedagógicas: es fundamental priorizar la inclusión transversal de la perspectiva de género en todo diseño 126

curricular, entendiendo que la identidad y las políticas de género son fundantes de las experiencias de seguridad e inseguridad. Asimismo, se debe fomentar una intervención policial justa y equitativa mediante la revisión y superación de prejuicios arraigados, con especial énfasis en la diversidad intercultural. Bibliografía Caravaca, Evangelina; Garriga Zucal, José.““Tu hijo está tirado ahí, le dieron como cinco tiros”. Experiencias cotidianas de violencias en barrios vulnerables de Argentina”. Argumentos. Revista de Crítica Social, v. 25, p. 96-118, 2022. Crenshaw, Kimberlé.“Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”. Stanford Law Review, v. 43, n. 6, p. 1241-1299, 1991. Gavazzo, Natalia; Nejamkis, Lucila.“‘Si compartimos, alcanza y sobra’. Redes de cuidados co munitarios entre mujeres migrantes del Gran Buenos Aires frente al covid-19”. REMHU Revista Interdiscip. Mobil. Hum., v. 29, n. 61, p. 97-112, 2021. Holmes, Georgina.“Integrating gender perspectives into UN peacekeeping operations: Progress and challenges”. Journal of International Peacekeeping, v. 22, n. 3, p. 202-218, 2018. Lugones, María.“Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”. Revista Interna cional de Filosofía Política, n. 25, p. 61-76, 2005. Mohanty, Chandra T. Feminism without Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durnham: Duke University Press, 2003. Nejamkis, Lucila; López, María Belén; Rajoy, Romina.“Cuidado ambiental y agencia social: ex periencias de mujeres migrantes en Buenos Aires”. Reflexiones, v. 100, n. 2, p. 1-19, 2021. Rajoy, Romina.“Las no blancas. Cuando ser mujer, pobre y migrante te convierte en un caso no atendible frente a las violencias de género y los sexismos”. In: IV Jornada de jóvenes investigado res de ciencias sociales. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín, Escuela IDAES, 2019. Rajoy, Romina.“Las sobrevivientes. Una etnografía sobre la agencia en las mujeres víctimas de la violencia machista en el Área Reconquista”(Tesina de grado, 2016-2019). Universidad Nacional de San Martín, 2020. Rajoy, Romina.“Violencias entrecruzadas. 3 estudios de caso”. In: Caravaca, Evangelina; Garriga Zucal, José; Mancini, Inés(org.). Últimos y abollados. Violencias y vulnerabilidades en San Mar tín. 1. ed. San Martín: UNSAM Edita, 2023. Capítulo 6. Stenhouse, Lawrence. Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata, 1987. Ugolini, Agustina.“Violencias machistas y respuesta policial”. Revista Cordón, UNLZ, 2021. Dis ponible en: http://cordon.unlz.edu.ar/2021/05/15/violencias-machistas-y-respuesta-policial/. Ugolini, Agustina. Legítimos policías. Etnografía de lo ilegal entre policías de la provincia de Buenos Aires: Editorial Antropofagia, 2017. Ugolini, Agustina.“Reuniendo cómplices: sociabilidad cotidiana y lazos de complicidad entre policías”. In: Frederic, Silvia; Galvani, Fernando; Garriga, José; Renoldi, Bibiana(orgs.). De ar mas llevar. Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad. La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, 2013. Disponible en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/fpycs-unlp/20171102045703/pdf_1295.pdf. Ugolini, Agustina. La policía no es una fábrica. Editorial Académica Española, 2012. Vázquez, L.; López, M.; Rajoy, R.“La construcción colectiva de la decisión para garantizar de rechos. La organización de las mujeres frente a la violencia de género y el derecho al aborto en contexto neoliberal”. s. d. 127

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Masculinidad hegemónica y violencias de género: Experiencia de intervención con hombres judicializados por violencia de género Mirtha Cucco García Centro Marie Langer, Madrid, España Lucía Camardon Ciafardini Agencia Más Estado, Argentina Introducción Este artículo presenta una experiencia de intervención grupal con varones involucrados en causas judiciales por violencia de género, sujetos a monitoreo electrónico, llevada a cabo mediante el proyecto“Masculinidades hegemónicas y violencias. Fortalecimiento de equipos provinciales y dispositivos de inter vención”, en la provincia de Río Negro, Argentina 1 . La interpelación, en la erradicación de la violencia, a los privilegios y desi gualdades de género, y la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, no puede disociarse de otro tipo de desigualdades propias del sistema de do minación hegemónico neoliberal y patriarcal. Los estudios feministas de segu ridad han favorecido la consideración del enfoque interseccional, así como la noción de continuum de la violencia, en tanto perspectiva holística que vincula la violencia de género en el ámbito local con estructuras y dinámicas globales (Shepherd, 2009). El concepto de interseccionalidad de Crenshaw(1989) permite una compren sión más amplia de las diversas formas de opresión, que no actúan de mane ra independiente, sino que se superponen y se cruzan, creando experiencias únicas para las personas que se encuentran afectadas por múltiples formas de opresión. La interseccionalidad se presenta como una herramienta esencial para entender y combatir la discriminación en todas sus complejidades. La aplicación de este enfoque al trabajo con varones imputados por violen cia de género implica reconocer que estos varones, aunque perpetradores de violencia, pueden estar atravesados también por múltiples sistemas de opre sión y privilegio. Se trata de trascender posiciones binarias que contemplan a 1. Proyecto desplegado a principios de 2021. En la actualidad continúa su implementación en el ámbito provincial. Este estudio focaliza la experiencia piloto 2021. 129

los varones en su único rol de“victimario” y a la mujer en su rol de“víctima”, para avanzar hacia intervenciones más efectivas, relacionales y holísticas, que no solo buscan problematizar y evitar la comisión de hechos de violencia sino abordar asimismo sus causas subyacentes en un contexto amplio y complejo, de multiplicidad de formas de opresión y violencia. La Ley Nacional 26485 avanza en esta dirección multidimensional y holística del abordaje de las violencias y hace referencia a la necesidad de establecer es trategias de trabajo integral y relacional involucrando a los varones denunciados. Esto no soslaya la mujer como sujeto de seguridad, muy por el contrario, es con dición de garantía. El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro(Argentina) creó en 2019 el Área de Género para la protección de las víctimas de violencia de género, mediante los botones antipánico y el Sistema de monitoreo electró nico dual 2 (Instituto de Documentación e Información Política, 2022), que per mitieron contar con datos de las personas que sufren las violencias y del perfil de los varones imputados judicialmente. Mediante el apoyo de la Agencia Más Estado y del Consejo Federal de Inver siones se hizo un diagnóstico y se prestó una asesoría para la búsqueda de her ramientas de intervención con varones, complementarias a los dispositivos de seguridad preexistentes. Conscientes de la necesidad de trabajar los patrones y mandatos de la masculinidad hegemónica desde enfoques que contemplen la dimensión comunitaria, se optó por intervenir con dispositivos grupales capa ces de facilitar la elaboración y problematización de los mandatos hegemóni cos que permitan el cambio y la responsabilización, mediante la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios(ProCC) 3 . De autoría de Cucco(2006), es una concepción teórico-metodológica cuyo objetivo, como plantean Cucco y Sáenz(2013), es incidir en una lectura crítica de la cotidianidad, cuestionando los consensos establecidos de formas no salu dables de vivir y relacionarse, que se presentan como lo obvio naturalizado. Su cuestionamiento permite desarrollar niveles de protagonismo personal-social, condición necesaria para la construcción de alternativas, promoviendo una vida cotidiana más humana, más solidaria, más saludable. Aporta el esquema conceptual de los Supuestos Falsos(Cucco, 2013a), para el análisis de los mecanismos de articulación subjetiva inherentes a la construc ción histórico-social de los roles de género hegemónicos, que garantizan la re producción del sistema social. 2. El Sistema de monitoreo electrónico dual: tobillera electrónica para los varones y dispositivo, tipo teléfono celular, para la mujer que la medida judicial procura proteger. Ambos dispositivos electrónicos intentan evitar la aproximación a la distancia dispuesta por la autoridad judicial; la transgresión se registra en las pantallas de monitoreo. 3. Concepción teórico-metodológica con experiencia de más de 40 años en abordajes comunitarios, en el contexto español y latino y centroamericano: Cuba y Argentina. 130

Este esquema permite identificar cómo las lógicas patriarcales(Fernández, 1993): atributiva, binaria y jerárquica, se insertan en el sistema capitalista que las subsume, generando ya no solo relaciones de desigualdad, sino también relaciones de explotación. Describe cómo se articulan guiones que regulan los mandatos para hombres y mujeres como una unidad de producción social de trabajo productivo y trabajo reproductivo, muy funcional al sistema y que im plica una perspectiva heteronormativa. Esta perspectiva relacional(Losada, 2023, pp. 71-84) permite identificar las cuestiones de poder asentadas en la construcción de las identidades de géne ro hegemónicas, articuladas en un modelo de roles que es desigual, violento, funcional, genera malestares y sufrimiento, provoca desencuentro y enfrenta miento, y es un mecanismo de inclusión. Justamente la complementariedad de roles torna fundamental dar atención a la problematización y transformación de los patrones de masculinidad hegemónica. Cuando en la crítica a la masculinidad hegemónica se pone la mirada solo en el lugar de dominio, de una comodidad indiferente, de maltratadores en po tencia, como meras expresiones de herencia patriarcal, se soslaya el análisis y la atención de graves aspectos que conlleva el propio rol de hombre-trabajador, que debe cumplir un papel de proveedor en el marco de la crueldad de las re laciones de trabajo propias de las sociedades de mercado. El análisis de lo que Cucco(2013a) ha denominado Problemática Silenciada del Hombre(PSH) –porque no es visibilizada desde una perspectiva estructural– queda aún en tierra de na die. Esta cuestión está desvirtuando y bloqueando en alguna medida el avance de logros feministas. La construcción del rol del hombre, en tanto sujeto necesario de la maquina ria capitalista(Cucco, 2013b), implica lo que Segato(2022) llama“pedagogía de la crueldad”. El sostenimiento de su identidad y la base constitutiva de la misma lo hacen más susceptible a la crueldad, mezcla de violencia desafectivizada, tras tornos de la alteridad y una distancia de la responsabilidad de sus actos que lo transforman en un engranaje con poca conciencia de sí mismo y de la alteridad. Hay un complejo entramado de expropiaciones y compensaciones que debe mos dilucidar conjuntamente para no culpabilizar a cada hombre ni victimizar a cada mujer. Cómo se piensa el género tiene incidencias en las prácticas y puede dificultar el logro de relaciones horizontales e igualitarias y en particular evitar la violencia de género. El enfoque ProCC habilita espacios de reflexión en los que se analiza el ma lestar individual dentro de su significación colectiva y desarrolla herramientas personales para la transformación del rol de género hegemónico que permiten recuperar capacidad en la construcción de relaciones más saludables. La experiencia analizada se inició con un diagnóstico inicial para caracterizar la jurisdicción en relación a las problemáticas socioambientales, las violencias 131

y los delitos registrados; las políticas estatales y los equipos profesionales de los departamentos psicosociales del Área de Género; así como el perfil de varones destinatarios. Las entrevistas a 33 varones usuarios del dispositivo dual a partir de 2019 permitieron valorar algunas características: las edades estaban com prendidas entre 18 y 64 años; el 56% reportaba el secundario incompleto como instancia máxima educativa alcanzada; 63% pudo acceder a un empleo y el resto vivía de trabajos temporales. Se advierten problemas de vivienda en la mayoría de los varones e incluso alguno de ellos estaba en situación de calle; 32% con taba con antecedentes penales y 76% no registraba el uso anterior de tobilleras electrónicas-dispositivo dual. Se constata escasa o nula responsabilización sub jetiva respecto a los hechos(Observatorio del Delito y la Violencia, Provincia de Río Negro, 2021). Los equipos de profesionales de los departamentos psicosociales recibieron una formación de 60 horas en Metodología ProCC, y posteriormente tuvo lu gar el desarrollo del dispositivo grupal piloto. En cuanto a la obligatoriedad de la participación de los destinatarios de la estrategia de intervención, se dispuso un sistema de acuerdos puntuales con los defensores y las autoridades judicia les pertinentes y se pautaron compromisos para efectivizar una protocolizaci ón para futuros ingresos al sistema del dispositivo dual. Este artículo se plantea identificar los efectos de esta experiencia de trabajo con varones involucrados en causas judiciales por violencia de género, sujetos a monitoreo electrónico, mediante la implementación de la metodología ProCC. Diseño metodológico Considerando el objetivo propuesto, se recurrió a una metodología cualita tiva desde el enfoque de investigación integradora-transformadora(Córdova Llorca, 2010). Respecto a las fuentes primarias de obtención de información, se convocó a 7 varones involucrados en causas judiciales por violencia de género, bajo el sistema de monitoreo electrónico, concretándose la formación de un grupo de 6 asistentes. La tarea se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, por medio de 8 talleres de 2 horas cada uno, de frecuencia semanal. Se contó con fuentes secundarias, como el corpus de notas de obser vaciones del proceso grupal, supervisiones y entrevistas, realizadas en la instan cia diagnóstica, en la implementación y en la evaluación; y con los documentos institucionales y registros de transgresiones 4 . En relación a los métodos de obtención de información, se utilizó el método de Grupo Formativo(Cucco et al., 2022), método fundamentado que se pro 4. Son los registros a las transgresiones a las medidas que imposibilitan el acercamiento de los varones bajo monitoreo electrónico, en relación a las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género denunciados. 132

pone desarrollar la capacidad de autonomía, analizando lo cotidiano, norma lizado e invisibilizado, en este caso relacionado con los mandatos de la mascu linidad hegemónica, favoreciendo procesos de transformación. Se aplicó por medio del Programa ProCC de Masculinidad y violencias, cuyas sesiones cuen tan con una estructura de objetivos, contenidos, hilo conductor, recursos meto dológicos indicados y ejes para la devolución e implican la coordinación de un proceso grupal, todo lo cual operativiza que aflore un material rico y facilita su registro y categorización. Se utilizó la Observación sistemática para el Registro del proceso grupal. También se hicieron entrevistas a profesionales implicadas y a varones participantes. Para el procesamiento de la información se utilizó la técnica del Análisis de Contenido. Resultados El material analizado da cuenta de cambios registrados, organizados según cuatro categorías de análisis. Cambios en la percepción y problematización del hecho Como indicadores de inicio se verificó un acento puesto en los malestares que provoca la medida sancionadora, sin relación explícita al hecho que la pro vocó y sin hacer alusión a incidencias en patrones de conducta a raíz del uso del dispositivo electrónico. Las expresiones revelan cierto grado de enojo, disgusto e incomodidad frente a la situación y uso del dispositivo. Estos indicadores coinciden con elementos que aparecen en el diagnóstico previo. En la medida que se aportan elementos facilitadores para analizar la proble mática, se expresa una apertura y posibilidad de ahondar en ella. Se proble matizan sentimientos como la rabia, la injusticia, el explotar, la marca social, la exclusión, la culpa. Al comienzo no aparecen los términos‘dolor’ e‘inocen te-culpable’. Resignificar la queja, sus malestares y no hacer juicio, marcó un punto de inflexión:“Hay que hacerse cargo de lo que uno es”;“con rabia no se puede vivir”. Trabajar la masculinidad hegemónica y su relación con la construcción de la violencia, integrando los planos estructural, subjetivo y cotidiano, facilitó su de codificación y comprensión, trascendiendo las“lógicas binaria, atributiva y je rárquica”, según Waisblat y Sáenz(2013), y permitió identificar la intervención psicosocial con varones como elemento clave para la lucha contra la violencia: “Que me pongan simplemente el dispositivo electrónico, no me hace pensar en lo ocurrido[…]”. Esta necesidad es corroborada en otras intervenciones con va rones(Madrid Salud, 2016). 133

Aunque fue costoso enfrentarse a la interpelación de los mandatos hege mónicos con todas sus implicaciones, ya que sostienen pilares de la identidad, pudieron reconocer las expropiaciones y compensaciones del rol y abrir un espacio de cuestionamiento y alternativas. Se constató que pudieron expresar malestares sin caer en la lógica binaria ocupando el lugar de víctimas. Hablaron de ellos, pudieron interpelarse en relación a‘la prueba de hombría’. Se verificó la recuperación de“el poder hablar, tomar la palabra” frente a los hechos, dejar de ser“invisibles” en lo que sienten. Recuperar la palabra como mediación al acto es central para desestimar la violencia. Se constató que pudieron comprender la recuperación del ámbito doméstico y de cuidados como algo de valor propio y significativo. Esto fortalece la auto nomía, contribuye a resolver la dependencia de la mujer y limpia reproches y reclamos:“La alternativa es hacerme cargo de cuidar y saber dónde están mis cosas[…]”. Pudieron poner palabra a cómo desde los mandatos hegemónicos no se les habilita, y ellos no habilitan, la función paterna de cuidados. Pudieron recu perar dimensiones de su persona que los hacían sentir valiosos no solo como ‘proveedores’. Esto impacta en la autoestima y es otro distensor de la violencia. Decodificar estos planos estructurales y culturales de la violencia inserta en los mandatos del rol del varón fue permitiendo abrir un campo de posibili dades para su propia reparación, y salir de una posición pasiva, a la vez que rabiosa, frente a la punición. Así, frente al“enojo por separación de la familia, porque no me escuchan, por el estigma social, por humillación, porque la vida se hace más difícil”, aparece, el“te hace pensar lo ocurrido, y no solo hablar, sino reflexionar, la necesidad de responsabilizarse, el aprender a manejarse de otro modo, a corregir errores, dejar de lado pensamientos ajenos”, que alude a poder desprenderse de la mirada social que vigila el cumplimiento del manda to de ser“macho”. El hecho de ser escuchados, que se les pregunte cómo están, el cambio de trato con los operadores, permitió resignificar el dispositivo electrónico; y la restric ción de perímetros y horarios se planteó como algo que ayudó al autocontrol: “Eso también me ayudó a no ir al boliche, ni andar por ahí por la noche[…]”. Sociabilidad grupal, sentimientos de pertenencia y el valor del Dispositivo grupal ProCC Se pudo constatar que el Dispositivo grupal fue un espacio de seguridad psi cológica, capaz de alojar y facilitar la elaboración del dolor de hombre de tan tas maneras silenciado por mandato y que obstruye la posibilidad del cambio. Este dispositivo(Cucco, 2006) aporta una experiencia grupal diferente de otros 134

abordajes grupales, centrándose en el análisis de lo instituido naturalizado, en este caso, los mandatos que subyacen a la subjetividad del varón, sin cuyo aná lisis es difícil operar cambios en sus patrones de conducta en relación a la vio lencia de género. Ellos caracterizaron la experiencia como una oportunidad para adquirir nue vas herramientas y hacer transformaciones personales. Se pudo constatar que, desde el inicio, circuló la palabra entre compañeros y que, a medida que expe rimentaron lo grupal como lugar de pertenencia, pudieron gestionar lo que les pasaba. Rescataron la experiencia de ser escuchados como una novedad en sus biografías. El hacer circular la palabra con método permitió poner sobre la mesa, por parte de ellos, un tema tabú, nombrando“violencia”,“muerte” y“femicidio”: “En este momento donde ocurren tantos femicidios[…] hay situaciones de hombres que llegan a apuñalar, atarlas con cadenas, ahorcarlas[…], cuando te hacen la primera 3040 5 tendrían que mandarte a este grupo”. Las entrevistas posteriores a los varones dieron cuenta de la percepción de la necesidad de hacer extensivos a otras personas este tipo de enfoques y‘nuevos modelos’, en los que“[…] las mujeres están ahí para ser compañeras”:“Está bue no que se extienda esto[…] para que no parezca una idea de uno”, refiriendo a la necesidad del cambio colectivo. Expresiones relacionadas con la prevención o disminución de actos de violencia y transgresiones a la medida judicial Las profesionales involucradas notaron modificaciones sustanciales en lo que reconocen como autocuidados, que se reflejaron en cambios físicos significa tivos y en la reducción de las“violencias hacia ellos mismos o hacia terceros”, atribuyendo al trabajo grupal el hecho de que no se hayan registrado actos de violencia a partir de su puesta en marcha. Este tipo de hechos, y las agresiones hacia las mujeres y sus hijos o hijas, tenían lugar con asiduidad antes de la im plementación de la prueba piloto. La información recabada en las entrevistas muestra que el proceso de refle xión colectiva los dotó de herramientas para vincularse de otra forma con sus pares, con las mujeres, con las personas en general, con sus hijos e hijas:“Uno no tiene el título de padre o de marido[…] de acá te das cuenta de cuántos er rores tuviste y aprendes”. Por su parte, las entrevistas y los registros institucionales del monitoreo elec trónico mostraron una reducción significativa de las denominadas transgre 5. Ley Provincial de Violencia intrafamiliar. En el caso analizado, las personas ya se encontraban en instancias muy avanzadas de su proceso judicial/penal y un abordaje temprano podría contribuir a evitar la comisión de hechos de violencia. 135

siones o violaciones a las zonas restringidas o de exclusión dispuestas judicial mente para evitar el contacto entre el‘agresor’(varón) y la‘víctima’(mujer), que atribuyeron al“compromiso, comprensión y entendimiento de la medida judicial que se logró gracias al trabajo en los referidos encuentros”. El análisis de los registros oficiales en el marco del Proyecto arroja que, si en los dos meses previos a la implementación del grupo de varones se había re gistrado un promedio de 65 transgresiones mensuales(130 transgresiones en el bimestre), durante los dos meses de trabajo con varones se redujeron 47%, registrándose un promedio de 34 mensuales(69 en el bimestre), tal como lo muestra el gráfico 1. Gráfico 1. Evolución bimestral de las transgresiones de usuarios participantes del dispositivo de intervención, julio-diciembre de 2021 Fuente: elaboración propia a partir de registros del Área de Género(Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro). Si bien para afirmar concluyentemente la existencia de correlación entre la participación en el dispositivo grupal y la disminución de las transgresiones resultaría necesario contar con una muestra más amplia, estos resultados po drían indicar la posible influencia de este instrumento grupal sobre un factor fundamental en términos de la prevención de la reiteración de los hechos de violencia de género, tal como la transgresión a las zonas restringidas para evitar el contacto con las‘víctimas’. Relaciones con los espacios y organismos del Estado La reconstrucción de sus vínculos también tuvo su expresión hacia el per sonal del Estado con quienes se relacionaban habitualmente. Respecto al Área de Género, luego de la prueba piloto los varones comenzaron a relacionarse con ellas, ya sin identificarlas como el‘enemigo’, sino concibiéndolas como un 136

“lugar de alojo”; así lo expresaban las profesionales en relación a uno de los va rones, que había mostrado mayores resistencias y agresividad. Las expresiones de las profesionales dan cuenta asimismo del cambio en la forma de vincularse con el personal del 911(RN Emergencias), que contactaba con ellas para informar de las posibles transgresiones al perímetro dispuesto judicialmente. Asimismo, las profesionales manifestaron notar transformacio nes significativas no solo entre los varones, sino también en ellas mismas, al visualizar los resultados de la implementación de esta“novedosa metodología” y poder poner en cuestión sus propios preconceptos respecto al trabajo con va rones y la participación de los mismos en el proceso, señalando que“necesitan espacios propios y que los mismos son valorados”. Conclusiones Se constata la pertinencia del Dispositivo grupal ProCC como recurso com plementario a las medidas sancionadoras en varones involucrados en causas judiciales por violencia de género. Por medio de este espacio se ha podido veri ficar la necesidad de elaborar la Problemática Silenciada del Hombre como condi ción necesaria, aunque no suficiente, en el abordaje de la violencia. Dicha ela boración ha permitido la interpelación de la“prueba de hombría” con la que es violentado y violenta; ha habilitado la palabra en el varón como instrumento de mediación entre el sentir y el acto; ha contribuido al desarrollo de autonomía, lo que permitió acercarse a la expresión de los afectos y a la vivencia del cuida do y autocuidado de otro modo, así como al ejercicio de la paternidad más allá de su rol de proveedor. Cabe resaltar la comprobación de la disponibilidad y permeabilidad de los varones cuando cuentan con un espacio grupal adecuado y con elementos de análisis por fuera de la lógica binaria, pudiendo desarrollar aprendizajes, mostrar satisfacción, el deseo de la continuidad y de que llegue a otros/as. En este sentido, se constata que los varones valoraron la potencialidad preventiva de estos espacios y su necesidad tanto para ellos como para las mu jeres. La verificación de los cambios en la relación con los espacios y servicios de organismos del Estado con que se relacionan, así como la disminución de actos de violencia y transgresiones a la medida judicial, han sido de gran rele vancia. Se identificaron igualmente aspectos que permitirían incrementar el alcance y los resultados de este tipo de estrategias, tales como una mejora en los procesos de la sensibilización previa; la extensión de este tipo de dispositivos a los momentos primarios de detección de las violencias; y la necesidad de que el horario y los lugares de funcionamiento posibiliten el sostenimiento de la actividad laboral de los varones. Por último, señalar la constatación de que intervenir sobre la problemática silenciada del hombre con el Dispositivo grupal ProCC puede permitir avanzar 137

en la perspectiva de los estudios feministas de seguridad, al facilitar un instru mento de intervención con hombres que trasciende las medidas punitivas y binarias, para avanzar hacia programas que contemplen la problematización de los hechos de violencia y, de esta forma, la prevención y reducción de estos actos. Esto se constituye en una estrategia clave para intervenir en el continuum de la violencia, contemplando tanto las manifestaciones locales de los hechos como sus raíces estructurales globales. Bibliografía Córdova Llorca, María.“Enfoque de investigación Integradora-Transformadora en la investiga ción de la vida cotidiana”. In: La intervención sobre los malestares de la vida cotidiana: aportes de la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios. Madrid: Nuevos Escritores, 2010, pp. 162-87. Crenshaw, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Criti que of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chi cago Legal Forum, 1989. Disponible en: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1052&context=uclf Cucco García, Mirtha. ProCC: una propuesta de intervención sobre los malestares de la vida co tidiana. Del desatino social a la precariedad narcisista. Buenos Aires: Atuel, 2006. Cucco García, Mirtha; Sáenz Berbejillo Ana. Escuela para madres y padres. Una propuesta de transformación social. Madrid: Nuevos Escritores, 2013.(Contraconsenso). Cucco García, Mirtha.“Hombres y mujeres, ¿solo un problema de rosa y azul? La formación del sujeto que somos. Capitalismo, relaciones sociales y vida cotidiana”. Revista Sexología y Socie dad, v. 19, n. 2, 2013a. Disponible en: http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiay sociedad/article/view/194. Acceso en: 2 sept. 2022. Cucco García, Mirtha.“¿Engranajes que se desplazan, espacios que se abren? Superando el rol de proveedor o nuevas versiones renovadas”. In: Jornadas 2013/ Cuestiones de género: Los aportes ProCC, 2013b. La Habana. Disponible en: https://www.procc.org/publicacion/engranajes-que -se-desplazan-espacios-que-se-abren-superando-el-rol-de-proveedor-o-nuevas-versiones-re novadas/. Acceso en: 18 ag. 2022. Cucco García, Mirtha; Losada Cucco, Ayelén; Camardon Ciafardini, Lucía. Masculinidad hege mónica y violencia. Guía metodológica para el desarrollo del Programa ProCC de intervención comunitaria con varones involucrados en causas judiciales por violencia de género. Madrid: Aso ciación de Trabajadores y Trabajadoras en Salud para la Comunidad Marie Langer, 2022. Fernández, Ana. La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres. Buenos Ai res: Paidós, 1993. Instituto de Documentación e Información política.“Masculinidades hegemónicas y violencias. Fortalecimiento de Equipos Provinciales y Dispositivos de Intervención. Informe final”. Río Ne gro, Argentina: Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Río Negro, 2022. Ley 26.485 de 11 marzo 2009, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Boletín Nacional del 14-abril-2009. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/na cional/ley-26485-2009-152155 Losada Cucco, Ayelén.“Masculinidades: la necesidad de trabajar por el encuentro”. In: M. R. Aus sière et al.(eds.). De amuletos y artificios: reflexiones situadas en clave feminista desde terapia ocupacional. Buenos Aires: Fundación La Hendija, 2023, pp. 71-84. 138

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4. ENFOQUES FEMINISTAS SOBRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD GUBERNAMENTALES 140

Políticas(feministas) de seguridad en Argentina: Una breve reflexión desde las teorías feministas sobre las políticas de género desplegadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2010 y 2016 Sofía Duarte Universidad de Buenos Aires(UBA) y Universidad Nacional de Lanús(UNLa), Argentina Introducción La recuperación democrática de Argentina en 1983 trajo consigo el fin de la dictadura más cruenta sufrida por el país iniciada en 1976, caracterizada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en manos de las Fuerzas Ar madas y de Seguridad. A su vez, implicó diversas reconfiguraciones institucio nales con un impacto directo en la organización del Estado nacional y la am pliación de derechos hacia la ciudadanía. El fin de la dictadura promovió, por un lado, la separación de las esferas de de fensa y seguridad, imprimiendo la necesidad de redefinir sus competencias nor mativas, institucionales y hacia dentro de las organizaciones que las conforman (Sain, 2002; Frederic, 2013). De esta manera, entre fines de los 80 y principios de los 90 se aprobaron la Ley N° 23.554 de Defensa y la Ley N° 24.059 de Seguridad Nacional. La primera tuvo como objetivo designar las tareas vinculadas a la de fensa de la soberanía nacional a las Fuerzas Armadas(Ejército, Marina y Fuerza Aérea), mientras que la segunda imprimió a las Fuerzas Policiales y de Seguri dad(Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportua ria y Prefectura Naval) la responsabilidad de salvaguardar el orden interno y la seguridad pública. Por otro lado, la vuelta a la democracia en América Latina comenzó a confi gurar un nuevo andamiaje institucional vinculado a la promoción de igualdad entre los géneros. En Argentina, al igual que en el resto de los países de la re gión, el proceso de incorporación de esta perspectiva en las políticas públicas comenzó alrededor de los años 80. En ese momento fueron confluyendo las demandas de los movimientos feministas, los recursos materiales y simbólicos y las oportunidades que iban ofreciendo los sistemas políticos e instituciona les, generando ventanas de oportunidad para la instalación de estas reivindi caciones como tópicos de agenda pública(Guzmán, 2001). De esta manera, en 141

1987 se creó en Argentina la Subsecretaría de la Mujer como primer mecanismo promotor de los derechos de las mujeres. A medida que las reivindicaciones de los movimientos feministas iban avanzando terreno hacia el reconocimiento de derechos, se fueron creando nuevos y diversos mecanismos institucionales tales como leyes o agencias gubernamentales que no solo reconocían las reivin dicaciones de las mujeres sino también las del colectivo LGBIT+ 1 . Así, la trans versalización de las perspectivas de género en las políticas públicas fue confi gurando un andamiaje institucional cada vez más amplio, diverso e inclusivo. Las Fuerzas Policiales y de Seguridad se vieron interpeladas por ambos pro cesos, y en 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad, comenzaron a ser objeto de política pública bajo el paradigma de seguridad democrática(Minis terio de Seguridad, 2011; Fiuza, 2016). En este marco, esta nueva agencia in corporó al enfoque de género como un lineamiento transversal para la admi nistración y gestión de sus políticas y como un componente clave para lograr instituciones de seguridad más democráticas(Ministerio de Seguridad, 2011; Masquelet, 2008; Frederic y Calandrón, 2015). Esta decisión fue respaldada a su vez por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional que imprimen la obligación del Estado argentino de promover espacios libres de discriminación y de violencia entre los géneros, y a tomar un rol activo en la promoción de políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De esta manera, entre 2010 y 2016 2 el Ministerio de Seguridad de la Nación diseñó e implementó un conjunto de políticas públicas que buscaron, por un lado, reducir las brechas de género dentro de los cuerpos policiales y de segu ridad, y, por otro, promover actuaciones de las Fuerzas Policiales y de Seguri dad bajo los estándares de respeto a los derechos humanos. En aquel momen to, todas esas políticas fueron de vanguardia no solo por pensarse desde y para espacios androcéntricos y masculinizados como son las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sino también porque fueron pioneras dentro del poder ejecutivo nacional. Por ello, independientemente de que muchas de estas políticas continuaran vigentes hasta 2023, es interesante preguntarse ¿qué implicó la transversaliza ción del enfoque de género en el diseño de este conjunto de políticas públicas?, ¿cuál fue la población objetivo de las mismas?, ¿mujeres y personas del colectivo LGBTI+ o solo las primeras? En otras palabras, ¿estas políticas de seguridad fue ron diseñadas e implementadas desde un enfoque feminista? En un contexto de avance conservador y liberal en la República Argentina 3 , este artículo busca 1. La sanción en 2012 de la Ley de identidad de género fue un hito y un parteaguas en el reconocimiento civil y político de las identidades de género diversas en la República Argentina. 2. Este fue el periodo en el que las políticas mencionadas en este artículo no sufrieron modificaciones. Muchas de ellas fueron reformuladas a partir de 2016 con el cambio de gobierno. 3. Javier Milei, líder de la coalición conservadora y libertaria La Libertad Avanza(LLA), llegó a la presidencia de la República por medio del voto popular el 10 de diciembre de 2023. 142

describir y recuperar la experiencia de las políticas de género implementadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2010 y 2016 y promover una lectura crítica de las mismas a partir de los aportes de la teoría feminista. Las políticas de género del Ministerio de Seguridad La transversalización del enfoque de género como eje de gestión del Minis terio de Seguridad fue una de las líneas de trabajo más relevantes en la con formación de esta nueva agencia. En este marco, quien fuera designada como ministra, Nilda Garré, se había desempeñado como ministra de Defensa entre 2005 y 2010. Con una marcada impronta de derechos humanos, durante ese periodo de gestión Garré implementó una serie de políticas que promovieron la igualdad formal entre hombres y mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y que buscaron generar las condiciones de posibilidad para una igualdad real e integración sustantiva de las mujeres de las Fuerzas(Masson, 2020). Basada en esta experiencia y frente a su nuevo nombramiento como ministra de Seguridad, Garré buscó reproducir el proceso de transversalización del en foque de género del Ministerio de Defensa en las Fuerzas Policiales y de Segu ridad federales. En una publicación del Ministerio de Seguridad de la Nación, ella sostuvo que [...] no basta con incluir las cuestiones de género de modo declarativo. El desafío es modificar las prácticas cotidianas que continúan reproduciendo los estereotipos sociales, al ubicar a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad y discrimi nación que a sus pares varones(Federman y Mezza 2012, p. 8). De esta manera, el Ministerio desarrolló dos fuertes líneas de trabajo. La pri mera fue la creación de mecanismos que buscaron promover la igualdad y equi dad entre los géneros dentro de las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad. Así, se impulsaron un conjunto de medidas que buscaron fomentar la incorporación y permanencia de mujeres y personas del colectivo LGBTI+ dentro de las Fuer zas Policiales y de Seguridad con el objetivo de achicar las brechas de género en el desarrollo de carrera: licencia por maternidad y franquicia de lactancia para mujeres y personas gestantes sin impacto en el régimen de ascensos(Reso 469/11, 472/11 y 1079/11) y mecanismos para la adecuación de trato de personas del co lectivo LGBTI+ con transiciones de género en el desarrollo de su carrera(Reso 1181/2011). Otro de los dispositivos creados como parte de esta misma línea de trabajo fueron los Centros Integrales de Género(Reso 1021/2011), cuyo objetivo es bregar por el cumplimiento de la normativa detallada anteriormente y forta lecer el rol de la mujer y personas del colectivo LGBTI+ dentro de las Fuerzas. 143

La segunda línea de trabajo buscó transversalizar el enfoque de género en las intervenciones policiales hacia la ciudadanía. Así, se diseñaron diferentes guías de actuación orientadas a generar buenas prácticas policiales en materia de gé nero y seguridad ciudadana. Entre ellas se pueden encontrar las“Directivas para la coordinación de acciones a seguir para la atención de personas damnificadas en delitos contra la integridad sexual”(Reso 1167/2011), las“Pautas para la inter vención policial en casos de violencia en relaciones familiares” (Reso 505/2013) y la“Guía de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales para la investigación de femicidios en el lugar del hallazgo”(Reso 428/2013). Con el correr de los años y hasta 2023, estas políticas fueron mutando en vir tud de las diferentes necesidades del campo securitario en la República Argenti na, así como de circunstancias extraordinarias, como la pandemia covid-19, que requirieron la redefinición normativa e institucional de estos procedimientos. Sin embargo, esta batería de políticas y sus predecesoras en el Ministerio de De fensa resultaron de vanguardia en el proceso de transversalización del enfoque de género en el Estado nacional. Laura Masson(2020) afirma que las políticas de género del Ministerio de Defensa fueron avanzando terreno hasta 2016 en cuestiones que aún no eran discutidas en otros niveles de gobierno y agencias del Estado(Masson, 2020). En esta misma línea, pero con un menor tiempo de implementación, es posible advertir que las políticas de género del Ministerio de Seguridad fueron un parteaguas en la órbita de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, y que sentaron las bases y condiciones de posibilidad para una nueva institucionalidad en términos de género. Ahora bien, entre el diseño de una política de género y su implementación existe una brecha que invita a pensar necesariamente desde una mirada femi nista. Sin llegar a un análisis pormenorizado de cada una de estas políticas, en el siguiente apartado se expondrán algunas reflexiones a partir de la lectura de los textos normativos que les dan origen y los aportes de pensadoras y teóricas feministas. Políticas de género en Argentina e implicancias para su implementación Uno de los primeros elementos a tener en cuenta para analizar su implemen tación es que cada una de estas políticas considera al marco normativo nacional e internacional como base y antecedente para el desarrollo de la propuesta. Particularmente, toman singular relevancia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(CEDAW) y la Conven ción americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu jeres aprobada en 1996 bajo la Ley N° 24.632. Con la reforma constitucional de 1994 en Argentina, estos tratados y acuerdos internacionales tomaron jerarquía 144

constitucional, y desde ese momento funcionan como base para la generación de leyes y mecanismos nacionales para la protección y promoción de derechos en materia de género. En este sentido, a la voluntad política y experiencia de gestión de Nilda Garré (2010-2013) se suman tanto leyes nacionales como compromisos asumidos por el Estado Argentino en el ámbito internacional, generando las condiciones de posibilidad para que las políticas de transversalización del enfoque de género en las agendas de seguridad sean posibles. Sin embargo, para Virginia Guzmán(2001), si bien este marco facilita la ac ción pública, la generación de nuevas institucionalidades de género está con dicionada por el contenido de las normativas constitucionales y por las lógicas de funcionamiento del aparato político-administrativo que delimita las posibi lidades de dar lugar a una agenda de género(Guzmán, 2001). En este sentido, a la hora de analizar las normas nacionales e internacionales consideradas para el diseño de estas políticas, es posible observar que hablan de mujer y no de género. Esto genera un primer contrapunto con el objetivo de transversalización del enfoque de género planteado por el Ministerio de Seguridad, y por otro lado, delimita a la población objetivo de las políticas emanadas de esta agencia al ha cer referencia indirecta a las mujeres como destinatarias. ¿Cuáles son las implicancias de la reducción del concepto de género a la ca tegoría mujer? Desde la teoría feminista, una de las primeras consecuencias de esta asimilación es resumir una categoría diversa y multivariada como es la pri mera a una cuasi homogénea y universal como es la segunda. Para Fernández (2013), este devenir conceptual entre género y mujer excluye a las identidades de género y sexuales que no se ajustan a los parámetros indivisos de mujer y femi neidad. En otras palabras, esta categoría se traduce en un control político que ya sea directa o indirectamente legitima y deslegitima prácticas y experiencias. Por otro lado, la visión unívoca y homogénea de la categoría mujer a la hora de materializarse en política pública deja de lado ciertas intersecciones como clase social, cultura, religión, discapacidad(entre otras), fundamentales para promo ver y garantizar derechos de manera situada y comprensiva. En esta línea, para muchas pensadoras, particularmente quienes integran movimientos feminis tas decoloniales, negros y populares, la visión de mujer provista por los meca nismos institucionales vigentes para la generación de política pública interpela a un determinado grupo poblacional con ciertas características de femineidad y, por consiguiente, con un acceso definido a un tipo de ciudadanía. Al momento de analizar cada una de las iniciativas de género del Ministerio de Seguridad nos encontramos con varios panoramas. Con relación a las polí ticas de género con incidencia dentro de los cuerpos policiales y de seguridad, es importante señalar que si bien fueron pensadas bajo los mismos paraguas normativos, la población objetivo que prevalece es en gran medida de mujeres 145

cis 4 . Según datos de la Dirección Nacional de Políticas de Género, al año 2021, 23% del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales eran muje res, mientras que solo el 0,02% eran personas trans 5 . Además, en este subgrupo de políticas de género se encuentra la Resolución 1181/2011 que promueve la adecuación de trato al personal que integra las Fuerzas a su género autoper cibido, promoviendo políticas de respeto e inclusión en un sentido real del término género. Ahora bien, a la hora de analizar los textos normativos de las políticas de género y seguridad ciudadana los hallazgos son diferentes. Por un lado, las“Di rectivas para la coordinación de acciones a seguir para la atención de perso nas damnificadas en delitos contra la integridad sexual”(2011) no describen de manera pormenorizada las circunstancias en las que pueden llegar a darse situaciones de violencia sexual en diferentes grupos poblacionales(mujeres cis, niños, niñas, adolescentes, personas del colectivo LGBTI+, etc.) ni tampoco los contextos vinculares: intrafamiliar, entre vínculos sexo afectivos, entre desco nocidxs. Estas directivas promueven un solo tipo de intervención por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad a ser aplicada ante cualquier escenario vinculado con este delito, independientemente de sus necesidades en virtud del género y las circunstancias del hecho. Por otro lado, las“Pautas para la intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares”(2013) hacen referencia a un determinado contexto de vulneración de derechos que tiene lugar en el ámbito doméstico. Sin embargo, estas pautas toman como sinónimos a la“violencia doméstica”,“violencia en relaciones interpersonales”,“violencia en relaciones familiares” y“violencia de género”. Esta asimilación e igualación de términos resulta problemática ya que las diferentes denominaciones interpelan a universos poblacionales muy dife rentes entre sí; entre ellos varían las autopercepciones de la situación de vio lencia padecida, las circunstancias de ocurrencia de estos hechos y los recursos (materiales, simbólicos o culturales) de quienes se encuentran en esta situación para afrontar una intervención policial. En otras palabras, sería posible decir que no es lo mismo una intervención en una situación de violencia intrafami liar que una intervención en una situación de violencia por razones de género a una persona del colectivo LGBTI+ en la vía pública o en manos de una persona desconocida. Tampoco es lo mismo la intervención policial en un barrio de clase media urbana que en un barrio popular o en un espacio rural. Por último, es importante destacar que la“Guía de actuación para las Fuer zas Policiales y de Seguridad federales para la investigación de femicidios en el lugar del hallazgo”(2013) trasciende la visión homogénea de mujer y marca 4. Según la Real Academia Española(RAE), cisgénero un adjetivo que refiere a personas que se sienten identificadas con su sexo anatómico. 5. Esta información no es pública y fue consultada solo a los fines de este artículo. 146

un contrapunto respecto de las anteriores al referirse a mujeres e identidades de género femeninas. Sin embargo, tanto la Resolución como el instrumento de in vestigación no mencionan a la Ley de Identidad de Género N° 26.743(2012), normativa clave en Argentina a la hora de pensar la incorporación de la pobla ción LGBTI+ como destinataria de la política pública. Este punto, además de excluir a estas personas en su complejidad y resumirlas solo en una expresión o identidad de género que se adecúan al estereotipo de feminidad, circunscribe en gran medida al procedimiento policial en el lugar del hecho a las aproxima ciones propias de un femicidio íntimo, dejando de lado elementos contextuales que podrían dar cuenta de crímenes por odio de género 6 . Reflexiones finales Desde el momento de su diseño(2010 a 2013), las políticas de género del Ministerio de Seguridad tuvieron como trasfondo la idea de que la promoción de Fuerzas Policiales y de Seguridad más inclusivas y diversas generan Fuerzas Policiales y de Seguridad más democráticas. A modo de conclusión, es posible decir que las iniciativas descritas en este artículo fueron de vanguardia no solo por la decisión política de querer implementarlas en un universo creado por y para masculinidades, sino también por ser pioneras al buscar transversalizar el enfoque de género en un área de trabajo como la seguridad. Por otro lado, es importante señalar que este conjunto de políticas, además de promover mecanismos de incorporación y desarrollo de carrera de mujeres y diversidades buscaron el avance respetuoso de los derechos humanos en vir tud del género por parte del Estado sobre demandas de más y mejor seguridad ciudadana en términos de género. Este último grupo de políticas, sin demos trarse abiertamente feministas(pero sí con esta perspectiva), lograron posicio nar estas problemáticas en la agenda y, en consecuencia, desencadenar otros procesos hacia dentro de las instituciones responsables de implementarlas(las Fuerzas Policiales y de Seguridad) y hacia fuera para/con otras instituciones responsables de viabilizar el acceso a la justicia: ministerios públicos y poderes judiciales. En este sentido, su análisis no es un punto de llegada sino un punto de partida para pensar las consecuencias intencionadas y no intencionadas de la implementación de políticas que tienen como objetivo la transformación en términos de género de prácticas y procedimientos propios de las agencias po liciales y de seguridad. 6. Si bien no es objeto de este trabajo, es interesante mencionar que independientemente de que esta herramienta de actuación es limitada respecto de todas las identidades y expresiones de género del colectivo LGBTI+, fue de utilidad para la investigación de varios transfemicidios en la Ciudad de Buenos Aires por ser el único instrumento de investigación criminal hasta el momento que proveía de herramientas para el abordaje de estos crímenes. 147

Sin embargo, queda pendiente preguntar si estas políticas cooperaron a la percepción de más y mejor seguridad o, por el contrario, su implementación dio continuidad a la violencia perpetrada por terceros o generó la reproducción de estereotipos y estándares cis, hetero normativos por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. También nos invita a reflexionar sobre si es posible pensar en construir una seguridad en términos feministas montando estruc turas sobre andamiajes androcéntricos propios de estos ámbitos generizados. Por último, es importante señalar que este artículo se terminó de escribir a una semana del noveno#NiUnaMenos en Argentina, mismo momento en que el presidente de la República Argentina, Javier Milei(2023-) disolvió la Subse cretaría de Protección contra la Violencia de Género de la Nación. Esta agencia fue el último bastión de la que supo ser la máxima autoridad en materia de po líticas de género, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad(2020-2024), institucionalidad creada luego de años de reivindicaciones y lucha de los femi nismos argentinos. Se inaugura así un proceso de regresividad y el cese de la progresividad en materia de derechos de las mujeres y personas del colectivo LGBTI+. En este contexto, donde la incertidumbre se apodera de toda acción colectiva y política posible, recuperar experiencias como las examinadas en este artículo invita a repensar la lucha por proteger lo conseguido y las batallas constantes desde los feminismos en la academia, en la gestión pública y en las calles. Bibliografía Federman, Natalia; Meza, Victoria.“Género y seguridad ciudadana: en busca de la igualdad”. Mi nisterio de Seguridad de la Nación, 2012. Fiuza, Pilar.“El paradigma de la seguridad democrática: un abordaje desde la historia del presen te”. Estado& Comunes. Revista de políticas y problemas públicos, n. 3, p. 95-114, 2016. Frederic, Sabina.“Las trampas del pasado. Las Fuerzas Armadas y su integración al Estado demo crático en Argentina”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013. Frederic, Sabina; Calandrón, Sabrina.“Gender Policies and Armed Forces in Latin America’s Southern Cone”. Res militaris, v. 1, p. 1-15, 2015. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp. edu.ar/art_revistas/pr.10011/pr.10011.pdf. Guzmán, Virginia.“La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis”. Santiago de Chile: Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, 2001. Disponible en: http://repositorio.ce pal.org/bitstream/handle/11362/5878/1/S01030269_es.pdf. Fernández, Josefina.“Los cuerpos del feminismo”. In: Maffia, Diana(ed.).“Sexualidades migran tes”. Buenos Aires: Editorial Feminaria, 2003, p. 138-154. Masson, Laura.“¿Militares mujeres, mujeres militares o simplemente militares? Relaciones de género en el Cuerpo Comando”. In: Masson, Laura(ed.).“Militares argentinas: evaluación de políticas de género en el ámbito de la defensa”. 1. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Univer sidad de la Defensa Nacional, 2020. Masquelet, H.“Políticas públicas en materia de género en el ámbito de las fuerzas de seguridad”. Cuadernos de Seguridad, n. 8, p. 11-49. Buenos Aires: Ministerio de Seguridad de la Nación, 2008. 148

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Estudios críticos feministas en seguridad: el desafío de redireccionar la conducción político-estratégica de la seguridad en Ecuador María Fernanda Noboa González Investigadora y consultora internacional independiente, Ecuador Introducción Las reflexiones epistémicas y teóricas de los estudios críticos en seguridad y los estudios feministas de seguridad(EFS) no han sido incorporadas para enriquecer el debate de las políticas públicas en seguridad ni en la región de América Latina ni en países como Ecuador, donde la literatura es escasa. De hecho, han sido marginadas, impidiendo la profundidad estratégica y prospec tiva requeridas por parte de los conductores(as), decisores(as)de los Estados, los operadores(as) de la seguridad y sus instituciones. Este artículo es una reflexión teórica de algunos de los presupuestos de los estudios feministas de seguridad (Sylvester, 2010) en relación a las tensiones provocadas por contextos disrupti vos, por emergencias e inestabilidades dinámicas, que plantean problemáticas no resueltas y en permanente tensión en asuntos de género en la región y Ecua dor 1 que han sido motivo de la proliferación de debates que, dadas las condicio nes actuales del país, no pueden ser estáticos 2 . Así, comprender en profundidad las particularidades de esta problemática en la región y Ecuador exige ser conscientes de que vivimos en tiempos de transición entre certezas e incertidumbres estructuradas. Esto obliga a rebasar la mirada instrumental del estudio coyuntural de casos, situándonos de partida en debates ontoepistémicos insoslayables para una concepción de la seguridad transformadora y prospectiva; en definitiva, trascender análisis fundamentalis tas, simplistas y excluyentes, propios de los abordajes lineales, con posiciones estereotipadas –recetarios– de contradicciones binarias masculino/femenino, superficiales en la producción de conocimiento relacionado con la gobernanza en seguridad. 1. Esta reflexión se encuadra en varios de los presupuestos más relevantes y que han generado tensiones con la literatura ortodoxa. Alude a la transición hacia la mirada crítica de los estudios feministas de seguridad. 2. El análisis se hizo entre marzo/abril de 2024. 150

Este trabajo hace un recorrido por fases. En la primera se centra en discutir las nuevas condiciones paradigmáticas frente a la complejidad de las proble máticas de seguridad y los debates y tensiones generadas por la inclusión de las perspectivas de género como una emergencia fuerte en el pensamiento estraté gico regional y global. En la segunda se alude al recorrido y las reflexiones teó ricas puntuales en torno a las relaciones entre la disciplina y campos de estudio como son las relaciones internacionales, la seguridad y los estudios feministas en seguridad y sus aportes a la producción académica e investigativa, en me dio de un recorrido no lineal que evidencia varias de las problemáticas clave del género en las políticas públicas de seguridad, tales como la desfiguración del género en la conceptualización de la defensa, la militarización entre otras. La tercera fase se focaliza en las reconfiguraciones de los sentidos del poder y la gobernanza político-estratégica de la seguridad a nivel multiescalar y las proyecciones específicas y dinámicas puntuales de la megacrisis de seguridad en Ecuador. La cuarta y última engloba el debate de las líneas rectoras de la conducción de la seguridad por parte del gobierno actual, tomando en cuenta el plan Plurianual de Gobierno y algunos atisbos del denominado Plan Fénix. Finalmente, el análisis se cierra con algunas conclusiones. Nuevas reglas de juego en la incertidumbre regional y local El fin de las certezas implica la renovación de significados para el desarrollo de pensamiento estratégico(Manucci, 2021). Asimismo, la apropiación de nuevos paradigmas para comprender más ampliamente el mundo y las problemáticas de la seguridad trascendiendo la hegemonía masculina, como camino propicio para incursionar en dimensiones analíticas alternativas, que en Ecuador apare cen tímidamente desde el 2020. Se busca incursionar en problematizaciones integrales y relacionales entre sujeto/objeto, el sujeto no prescrito“como mas culino”, y la realidad como un cruce de“cosas que están allá afuera en la realidad para ser aprehendidas”(Rodríguez Zoya y Rodríguez Zoya, 2019), sino como un espacio emergente, disruptivo y adaptable que requiere visiones incluyentes. Se empieza a trabajar en algunas aproximaciones a las tipologías de violencias, análisis de discurso constitutivo de lógicas de poder patriarcales, temáticas de paz, vulnerabilidades, intersubjetividad, ética y construcción de paz. No obstante, el grueso de la literatura en seguridad en Ecuador silencia la voz de las mujeres, manteniéndose dentro de las posturas mainstream, que no pueden ser encasilladas en una sola línea sino que convergen en dos condi ciones fundamentales: la masculinización de la producción del conocimiento y discusión respecto de los asuntos de seguridad asentada en narrativas pa triarcales y excluyentes –que en su eje replican hegemonía de poder–; y la 151

ideologización del género, con implicancias de naturalización de situaciones de subordinación de las mujeres. Transitando un camino azaroso La interrelación entre el feminismo y la seguridad, primero y, luego, con las relaciones internacionales(Wibben, 2010), ha ido afianzándose en los estudios críticos en seguridad, y asociado a ellos el campo de los estudios feministas en seguridad. No obstante, las reflexiones aún disputan su reconocimiento frente a las posturas ortodoxas. Por ejemplo, el patriarcalismo hegemónico como for ma de dominación y exclusión; la perspectiva estado céntrica para“construir y escribir las amenazas a la seguridad”(Booth, 2007). Igualmente, las respuestas ante nuevos tipos de conflicto y violencia son aquellas que están a la mano y que ofrecen réditos de políticos y de legitimidad del gobernante de turno son una constante, a partir de discursos como cajas de resonancia que abogan por la militarización de la seguridad pública 3 –y que se instala en el imaginario de los ciudadanos como salida– en caso de crisis como ha ocurrido en Ecuador, especialmente durante los tres últimos gobiernos: Lenin Moreno(2017-2021); Guillermo Lasso(2021-2023); y Daniel Noboa(2022-). Militarizar la seguridad pública –en contextos de estados de excepción– pa rece haberse convertido en la fórmula para enfrentar una criminalidad multi sistémica que salió de control; asimismo, las doctrinas rectoras de los aparatos militares y policiales para el diseño de operaciones especiales(Dammert y Bai ley, 2007) corresponden a la perspectiva realista o dura para la gobernanza de la seguridad. Frente a esto, las posturas feministas han mirado estas problemáti cas desde nuevos espacios en donde el compromiso ético y la responsabilidad son clave, así como el manejo de los asuntos relacionados con la justicia y los derechos. Uno de ejes en la discusión feminista en seguridad es, precisamente, la mili tarización/militarismo, situación clave en Ecuador, a pesar de la existencia de una Cartilla de Género Fuerzas Armadas del Ecuador en el Ministerio de Defensa 4 , esta no tiene aplicación concreta. Frente a ello la literatura crítica adopta una mirada interdisciplinaria, no únicamente dentro de las corrientes feministas y discusiones de género en las relaciones internacionales(Wibben, 2018), sino también mediante razonamientos articulados a la ciencia política, los estudios de paz, la sociología, la geografía, entre otros, que incorpora discusiones rela 3. Esto ha sido palpable durante la grave crisis política y económica del gobierno del presidente Lenin Moreno(2019); las diversas crisis de seguridad por el inicio de la configuración de un Estado crimilegal durante el de Guillermo Lasso, 2022; y actualmente con la declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, enero de 2024. 4. Revísese la Cartilla de Género Fuerzas Armadas del Ecuador del Ministerio de Defensa de Ecuador en: https://www. defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/cartilla-genero-2017-marzo.pdf. 152

cionadas con la cooperación internacional y la gobernanza de la seguridad in cluyente. El abordaje interdisciplinario evidencia otras reflexiones tales como el valor de la subjetividad de las mujeres, los modelos de cooperación, las re configuraciones en la gestión de la justicia, cooperación y compromisos éticos. Estos debates focalizan las praxis socio-históricas 5 y políticas feministas –so bre todo cuando se alude a mujeres como parte de fuerzas armadas 6 – tratando también la categoría de género como elemento constitutivo de las relaciones sociales y forma marginal de poder que condicionan el pensar y actuar de los diversos actores, sobre todo, frente a las lógicas masculinas de actores que dise ñan y operan la seguridad. De hecho, el abordaje del militarismo como“ideo logía” y forma cotidiana de representar un mundo específico ante los/las civiles en el proceso de militarización(Åhäll, 2016), y su incidencia en el diseño de las políticas de seguridad, han sido preocupaciones clave en los estudios feministas de la seguridad y una tendencia en varios países de la región. Las discusiones de los estudios feministas de seguridad ya se focalizan tam bién en las denominadas prioridades estratégicas en seguridad(Segato, 2014), incorporándose también argumentaciones en torno a la ética del cuidado, la problemática de la construcción de las percepciones de inseguridad, la incor poración de nuevas violencias, los derechos humanos, la interseccionalidad, la desinstitucionalización familiar por cooptación forzosa, el recrudecimiento de la explotación sexual y redes de prostitución de adolescentes, la cibercrimina lidad sexual y la explotación de servicios domésticos al servicio criminal, entre otros. Adicionalmente, develar la“neutralidad” valorativa y la política androcén trica de producción de conocimiento científico en seguridad y desmitificar la “ideologización de género” en la construcción de las corrientes feministas de la seguridad, implica una postura más allá del margen: es hablar desde el otro lado, pensar desde la disidencia. Lo cual demanda mayor compromiso ético en el diseño de marcos analíticos de autorreflexión en seguridad en términos de transformación y humanización. Transicionalidad, juego de poder y lógicas decisionales La emergencia de los actuales escenarios de inseguridad multiescalares de riva de las discontinuidades y contradicciones multidimensionales: políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales. En el caso de la seguridad, la re configuración de la criminalidad organizada global ha catapultado crisis dis 5. Las praxis-históricas hacen referencia a todo el recorrido contextualizado de las luchas y desarrollo de las condiciones en las que las mujeres han hecho su camino y marcando tendencias. 6. El asunto de las praxis históricas de mujeres combatientes o vinculadas con la criminalidad que normalmente han sido invisibilizadas. 153

ruptivas en los países de la región. En Ecuador los entornos han sido estructu ralmente inciertos como una característica de país, sobre todo tras la pandemia covid; en ellos se atisban variados procesos interrelacionados entre actores(as) y mercados criminales; interacciones entre actores políticos, económicos, socia les y criminales; coexistencias multiescalares y multiespaciales y temporales 7 . Además, se evidencia sofisticación en tácticas y operaciones terroristas, su capacidad organizativa en el control de rutas y actores de negocios ilícitos de mercados criminales 8 ; la proliferación de una nueva geoeconomía de la droga –regional/global– sumada a factores estructurales(desatención estatal, desem pleo, insalubridad, pobreza, desarraigo, violencia de género) en concordancia con elevados niveles de corrupción e impunidad en diversos niveles de gobier no y territorios, ha sido el abono para la expansión de la criminalidad organi zada. Así, la concurrencia de alianzas entre grupos criminales a largo plazo o ad hoc en otros casos entre actores mafiosos, actores intermedios –prestadores de servicios–, actores penetrados en el Estado, actores externos criminales(mafias y pandillas) son dinámicas que deben ser comprendidas con ópticas feministas. Ecuador un país emblemático en la conducción patriarcal de la seguridad. Algunas líneas derivadas de esta perspectiva Al revisar los resultados del“estilo” de conducción y déficit de gobernanza de la seguridad durante el gobierno de Guillermo Lasso(2021-2023) y aún con el giro y proyección desde 2024 dado por el actual mandatario Daniel Noboa, se revelan aún posiciones ortodoxas-masculinizantes en la conducción de la seguridad. Esto es palpable en el diseño del Plan Fénix(diciembre 2022) 9 , que condensa las líneas operativas decisionales y de gestión de la seguridad del go bierno priorizando el control territorial y la defensa de la soberanía, conceptos clave de los postulados realistas de la seguridad. Muestra, con todo, mayor or ganicidad en los instrumentos y procedimientos para enfrentar la agudización de la crisis de seguridad. El Plan Fénix se derivó del Plan de trabajo plurianual para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador del movimiento Acción Democrática Nacional(2022), estratificado por ejes estratégicos. En se guridad se mencionan cinco ejes para abordar la inseguridad y violencia. 7. De acuerdo con el Global Initiative Against Transnational Organized Crime(2023) la medición del avance de la criminalidad asocia mercados criminales, actores criminales y niveles de resiliencia del Estado. 8. De acuerdo con el Global Initiative Against Transnational Organized Crime(2023), en Ecuador se sitúan diez mercados criminales. Revísese capítulo Ecuador. https://globalinitiative.net/ 9. Presidencia de la República del Ecuador.“El Plan Fénix se ejecuta, y este es un paso más para controlar al terrorismo y al crimen organizado”. https://www.youtube.com/watch?v=L8nvBdBX1lg. 154

Programa de Desarrollo Socioeconómico Inclusivo. Enfocado en la creación de oportunidades de empleo, mejoras en el ámbito educativo y acceso a ser vicios básicos. El objetivo es la reducción de la pobreza y desigualdad, factores de riesgo que conducen a la violencia que se vive en el país. Se atisba la inclusión de manera general. Reformas en el sistema judicial y policial. El trabajo de la policía y del sistema judicial es fundamental para resolver conflictos. Se implementarán políticas para mejorar el sistema judicial y policial. No enfatiza cuestiones de género. Programa de Participación Comunitaria. El objetivo es la creación de pro gramas de vigilancia comunitaria y denuncia ciudadana. Además, se abrirán espacios para el diálogo y la resolución de conflictos locales. Sin olvidar que se trabajará con las escuelas y familias para promover valores, respeto y tole rancia desde la infancia. Prevención del crimen mediante el diseño urbano. Iluminación en las calles, parques seguros y espacios públicos son parte de las medidas que se tomarán para prevenir los delitos en las calles. Se propone de manera general el espacio de diálogo, pero sin acotar discusiones de género. Mejoras en el sistema penitenciario. Se invertirá en infraestructura peniten ciaria para evitar la sobrepoblación en los centros de rehabilitación. Se garanti zará la seguridad, higiene y respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. También se formará y capacitará al personal penitenciario en resolu ción pacífica de conflictos, derechos y gestión de crisis; potenciar mejoras que norman y regulan medidas alternativas a la prisión preventiva. No se especifican temas de derechos ni género. Ciberseguridad. Se concibe un Programa de Desarrollo Socioeconómico In clusivo y Alfabetización Digital, cuyo objetivo es reducir los delitos cibernéti cos y fraudes en línea. Se capacitará al personal del sistema judicial y policial en estos ámbitos y se crearán unidades especializadas en ciberseguridad. La comunidad también debe participar con denuncias ante actividades sospecho sas en línea. A esto se sumará la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la que participarán el sector público y el privado. Al mencionar lo inclusivo, tampoco se deja específica la inclusión de género ni criterios de interseccionalidad. La única orientación más crítica tomada de los estudios feministas de segu ridad es la de Educación para la paz, que sólo aparece mencionada, lo que evi dencia el tratamiento del asunto como simple narrativa. De todos modos, en el desarrollo de el Plan de gobierno que es columna vertebral de su concepción subyacente de seguridad se ven los siguientes ele mentos: 155

Hegemonía masculina en la composición del órgano rector del sistema de seguridad. Así, el Consejo Público y de Seguridad del Estado(Cosepe) solo tiene como miembro a una mujer. No existe una contribución real –más allá de la mediatización– ni en el diseño de una política criminal ni en la toma anticipada de decisiones en seguridad ciudadana10 para asesoramiento y re comendaciones al presidente como lo estipula la ley; más aún si se considera que el cargo que ostenta la ministra del Interior no es definitivo; de hecho, la funcionaria Mónica Palencia renunció el 10 de abril de 2024 y pasó a ser mi nistra de Gobierno. Reiteración de los instrumentos de control frente a una inseguridad exa cerbada. El presidente Noboa dictó el primer decreto de estado de excepción acompañado de un rígido toque de queda durante dos meses11 en respuesta a la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso del país, cabecilla de uno de los grupos mafiosos de mayor influencia, los Chone ros. Esta decisión respondió también a la gravedad en los incidentes carcelarios de seis centros de privación de libertad del país(8 de enero de 2024) donde se mantuvo retenidos a guías penitenciarios, y a la par estallaron, sistémicamen te, incidentes por el anuncio de traslado de personas privadas de libertad, cuya reacción fue amedrentar al Gobierno que decidió no negociar con terroristas ni ceder a sus demandas. Dicha declaratoria de 60 días permite movilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional en los centros de privación de libertad y en las calles; el toque de queda restringe la movilidad de las 23h00 hasta las 05h00, suspendiendo temporalmente los derechos de libertad de tránsito, inviolabilidad de correspondencia, domicilio y libertad de asociación. Tal medida reviste un giro punitivo coyuntural frente a la emergencia que im plica la situación de seguridad actual y responde a la necesidad de tranquilizar a la ciudadanía desde el discurso de que esta medida es clave para recuperar la paz y el control efectivo sobre el territorio físico 12 , simbólico y el de sus propios cuerpos. Pero dichas disposiciones“duras” exigen una complementación con factores“blandos”: la provisión de legitimidad, transparencia y democratización para el diseño de una política pública integral, sostenible e incluyente. Con todo, además de estos factores instrumentales en la gestión de la seguridad, se requie 10. Revísese la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Artículos 6(composición) y 7(funciones). 11.“Mediante Decreto Ejecutivo No. 110 de 8 de enero de 2024 y No. 111 de 9 de enero de 2024, el presidente de la República del Ecuador declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y por existencia de conflicto armado interno, de acuerdo al artículo 164 de la Constitución de la República.“El estado excepción tendrá vigencia de 60 días, es decir hasta el 8 de marzo de 2024, y conlleva la limitación de[…] derechos constitucionales”. Véanse los derechos restringidos en: https://www.dentons.com/es/insights/articles/2024/january/12/decretos-ejecutivos-no-110-de-08-de-enero-de-2024-y-no-111-de-09-de-enero-de-2024. 12. Configura soberanía criminal: las cárceles o retaguardias de la criminalidad, y fuera de ellas zonas como la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán); El Oro, Esmeraldas, Los Ríos. 156

ren medidas para atender la anomia moral, al amortiguamiento emocional, la grave exacerbación de la ciudadanía frente a la insatisfacción, disconformidad, ansiedad asociada a la responsabilidad estatal de proteger y dar paz y respetar los derechos ciudadanos. Es así que cobran vigencia los presupuestos de los estudios feministas de se guridad con la recuperación de la comunidad y emancipación(Álvarez, 2013). Por ejemplo, surge la necesidad de investigar la problemática de la violencia femenina en la provincia de Azuay 13 , en las dimensiones física y sicológica: allí, 3 de cada 10 mujeres las han sufrido. El controvertido Decreto Ejecutivo 111(8 enero de 2024). Un chapuzón en la ortodoxia securitista Un verdadero sacudón significó para el país la exacerbación durante enero de 2024 de la crisis sistémica del sistema penitenciario nacional, con incidentes en centros de privación de libertad del país en las ciudades de Machala, Loja, Cuenca, Riobamba y Latacunga, donde fueron retenidos más de veinte guías penitenciarios, y a la par un intento de amotinamiento en la cárcel del Inca en la ciudad de Quito 14 el 8 de enero. A ello se sumó la fuga de dos cabecillas de las organizaciones criminales más grandes y de mayor influencia: alias Fito de los Choneros, que fugó de la Cárcel Regional de la ciudad de Guayaquil, y alias Capitán Pico de la banda de los Lobos; esto destapó una crisis sin precedentes en seguridad y debilidad del sistema penitenciario, a lo que se añade la tasa de 48,2 de muertes por cada 100.000 habitantes con la que cerró 2023 15 . Coches bomba, incendios, vacunas, ingresos violentos a casas de salud e incluso –un hecho inédito– la irrupción de hombres encapuchados y armados a un canal de televisión de Guayaquil, RTC 16 , amenazando a trabajadores y obligándolos a pedir que la Policía se retirara de su cerco externo, generando pánico mientras se transmitía en vivo. El conjunto de estos factores y la presión generalizada de la ciudadanía para recuperar la paz y tranquilidad nacional desencadenó en la promulgación del Decreto 111 17 por parte del presidente. Este instrumento, entre otras acciones, ordena la militarización de la seguridad pública con la figura de la existencia de 13. En Azuay el 85,1% de las mujeres ha sufrido violencia física en sus relaciones de pareja, frente al 87,3% del total nacional. Nueve de cada 10 mujeres separadas viven violencia de género en Azuay. En el ámbito nacional el porcentaje más alto es en las mujeres divorciadas. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ sitio_violencia/presentacionazuay.pdf 14. https://www.expreso.ec/actualidad/ambiente-exteriores-carcel-inca-185093.html 15. Las cifras corresponden a los estudios permanentes del Ministerio del Interior y la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional(DGI). También revísese https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2023/ 16. https://www.youtube.com/watch?v=6OIkxTN7z3w 17. https://www.comunicacion.gob.ec/decreto-ejecutivo-n-111/8 enero de 2024 157

un conflicto armado interno para recuperar la soberanía territorial. Las Fuer zas Armadas pasan a conducir en movilización nacional todas las operaciones, teniendo como fuerza auxiliar a la Policía Nacional para la neutralización de la criminalidad y su control dentro de todos los centros de privación de libertad y los espacios exteriores donde han intentado tener el control, en las zonas “calientes”. Los grupos criminales han sido ligados a la criminalidad organiza da transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Precisamente 21 grupos criminales son considerados terroristas y declarados como objetivo militar para su neutralización definitiva: Águilas, Águilas Killer, AK7, Caballerros Oscuros, Chonekillers, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Ganster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, P27, Tiburo nes, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Dicho decreto se inscribe en una óptica tradicional de la seguridad como salida para controlar una criminalidad asimétrica que se multiplica a velocidad inusitada. Con ello, se silencia el debate de los estudios feministas de seguri dad como se explicó anteriormente 18 y se desarrolló durante la parte inicial del texto. Esto revela un débil desarrollo académico e investigativo de los estudios feministas de seguridad, lo que redunda en la ausencia de aportes en el dise ño de las políticas públicas y en la gestión o toma estratégica para lograr una gobernanza de la seguridad. Expertas e investigadoras han incursionado en la academia, especialmente de la Universidad Andina, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad del Azuay y la FLACSO. Paralelamente, varias expertas han trabajado en consultorías expertas y en vocerías de opinión nacional e internacional en torno a las temáticas puntuales, pero sin acceder a los espacios de construcción y gestión de decisiones estratégicas. Conclusiones Los nuevos contextos, teatros operacionales y conducción de operadores de la seguridad cobijados por la figura del conflicto interno armado en Ecuador exigen ser repensados desde los estudios feministas de seguridad. Un cono cimiento con mayor rigor y visión estratégica al servicio de sociedades más incluyentes, con políticas públicas, mecanismos de gestión y legitimación y dis cursos que permitan al conductor(a) estatal, tomadores(as) de decisión y ope radores(as) de la seguridad acatar responsabilidad social y compromiso ético frente a la ciudadanía y demandas sociales de paz y tranquilidad. Por ello, la incertidumbre y los eventos emergentes deben valorarse en tanto oportunidades para innovar el pensamiento que sea estratégico e incluyente de 18. Para ver el balance el proceso de militarización del Estado, revísese https://www.ministeriodelinterior.gob.ec/mas-de-36-mil-operativos-desplegados-por-el-bloque-de-seguridad/ 158

los estudios feministas de seguridad para la innovación y transformación de la sociedad ecuatoriana. En este mismo sentido, la mirada de género en la con ducción político-estratégica de la seguridad en Ecuador exige conocimiento anticipado y alertas tempranas derivadas de los aportes analíticos y pragmáti cos de los estudios feministas de seguridad, contando de partida con cartogra fías claras de la problemática de inseguridad actual, más allá del discurso oficial. En este orden de ideas es imprescindible develar la ideologización de las pers pectivas analíticas de género, construidas y diseminadas por las visiones orto doxas, una tarea obligada de expertas e investigadoras ecuatorianas mediante la institucionalización de redes de apoyo, trascendiendo el sesgo político de la ex clusión. Los conceptos de los estudios feministas de seguridad deben entender se como“no neutrales”, arraigando el debate de la subjetividad como un valor ético y humanizado en el campo de estudio que permita que en el país la litera tura parta de nuevas agendas de investigación. Adicionalmente, es imprescindi ble superar la contradicción demonizada ortodoxia/heterodoxia en seguridad; se ha de abogar por pensamiento holístico y consiliente; no se puede pulverizar la historia y trayectoria de los estudios de seguridad, pero tampoco se pueden silenciar las nuevas agendas de investigación y marcos analíticos de los estudios feministas de seguridad y su incidencia adaptada a la propia realidad. Finalmente, la incorporación de un pensamiento alternativo a la seguridad, que rebase los conceptos rígidos, las categorías fundamentalistas y permita abrirse a otras posibilidades, más flexibles, abarcativas, integradoras e inte grales, permitirá a los diversos actores(as) y comunidades de la sociedad y en distintos niveles repensar e innovar el diseño y la ejecución de políticas, planes y proyectos de seguridad que incluyan el sentido de género como un dere cho nuclear. El desarrollo de políticas de seguridad con enfoque feminista de varias corrientes y con variadas temáticas, como se ha mencionado, sin duda contribuirá a la transformación estructural de la sociedad ecuatoriana, de ma nera sostenible para las generaciones venideras. Bibliografía Åhäll, Linda.«The dance of militarisation: A feminist security studies take ‹on the political›». Cri tical Security Studies, v. 4, n. 2, p. 154-168, 2016. Disponible en: https://doi.org/10.1080/21624887 .2016.1153933. Acceso en: 5 jun. 2024. Álvarez, Angie Larenas.«La confluencia entre estudios críticos de seguridad y seguridad humana: dinámicas de inclusión y superación». Relaciones Internacionales, v. 23, n. 2, p. 81-98, 2013. Booth, Ken.“Theory of World Security”. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Dammert, Lucía; Bailey, John.“¿Militarización de la seguridad pública en América Latina? Pro blemas y desafíos”. Foreign Affairs Latinoamérica, v. 7, n. 2, p. 61-70, 2007. Ecuador. Ley Seguridad Pública y del Estado. Ley 0 Registro Oficial Suplemento 35 de 28-set.2009. Última modificación: 9-jun.-2014. Vigente Asamblea Nacional/Ecuador. 159

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Los límites entre la integración de las mujeres y la reproducción de roles de género en las Fuerzas Armadas: el caso de El Salvador durante la emergencia por covid-19 Karoline Alvarado Dirección de Gestión Educativa, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, El Salvador Introducción En los últimos años la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas se ha in crementado paulatinamente. En el mundo anglosajón existen esfuerzos sólidos por promover políticas de incorporación del enfoque de género en este tipo de instituciones. No obstante, en nuestras latitudes, a pesar de la aparente apuesta por eliminar las brechas de género en el ámbito laboral y fortalecer el reconoci miento social de las mujeres en entornos históricamente masculinizados, la ética de los cuidados enmarca estas dinámicas. La lógica de la reproducción de valores patriarcales por medio de la asignación de estereotipos y roles de género en su trabajo sigue prevaleciendo. En ese sentido, tomando como caso de estudio a El Salvador, este artículo analiza el uso de la imagen de la mujer militar como figura protectora en una estrategia de salud pública con tintes populistas durante 2021, y cómo esto genera contradicciones en el ámbito de la seguridad desde una pers pectiva feminista. En el primer apartado se hace un breve recorrido relacionado con las dispo siciones internacionales sobre la incorporación del enfoque de género en las instituciones castrenses y su efecto en Latinoamérica. En el segundo se descri be cómo la ética de los cuidados nos sumerge en la relación intrínseca entre el ámbito de la seguridad y la asignación de roles y estereotipos de género en el trabajo de las mujeres en las Fuerzas Armadas. En el tercero se analiza cómo el gobierno de El Salvador profundizó la esencialización de la figura de la mujer militar como un tótem de protección nacional ante los cuestionamientos sobre su gestión durante la emergencia por covid-19, aunado a los múltiples señala mientos por corrupción. Por último, se plantean una serie de reflexiones finales como aportes hacia los estudios feministas de seguridad(EFS). 161

La incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas Aunque muchas feministas nos neguemos a esta idea y suene sumamente irónico y contradictorio partiendo de los valores que promovemos desde un enfoque crítico, lo cierto es que la perspectiva de género llegó, y hace algunos años ya, a las Fuerzas Armadas. En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial de las instituciones castrenses tanto en forma como en contenido 1 . En palabras de Lucero(2018), la sola presencia femenina y el reco nocimiento de otras identidades de género dentro de las instituciones armadas cuestionan profundamente la esencia androcéntrica al ser militar, construida sobre cimientos patriarcales con comportamientos discriminatorios y de asig nación de roles. La incorporación de las mujeres en trabajos que solían ser ostentados por hombres data del origen de diversas luchas populares para romper con la des igualdad de oportunidades en lo formal y lo real. Asimismo, debido a la escasez de mano de obra. Sin embargo, relacionado al ámbito de la seguridad, en el mundo anglosajón, desde organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas(ONU), durante los últimos años se ha impulsado la cons trucción de marcos normativos para la aplicación de políticas de género en las Fuerzas Armadas, principalmente en los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte(Otan). Tal es el caso de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU(2000), la cual representa el marco de referen cia actual para las políticas de género en las Fuerzas Armadas y en las distintas misiones militares internacionales, tendente a aumentar la representación de las mujeres en los niveles de toma de decisiones y en lo que estas instancias deno minan“gestión de conflictos” y“procesos de paz”. En Latinoamérica, los procesos de democratización iniciados en las déca das de los ochenta y noventa provocaron cambios en la composición de los ejércitos para dar apertura a la integración de mujeres en sus filas y que su participación tuviera relevancia, al menos aparentemente, en la toma de de cisiones designándolas como ministras de Defensa, por ejemplo, Nilda Garré en Argentina(2005-2010); Michelle Bachelet en Chile(2002-2004); Azucena Berrutti en Uruguay(2005-2008) y Rosa Adelina Barahona en Nicaragua(des de 2019 hasta la fecha). Se esperó que esta visibilidad de las mujeres en las instituciones militares permitiera la incorporación de los derechos humanos en la formación militar, dado el perfil progresista de varias de estas funciona rias(Lucero y Cóvolo, 2008). No obstante, el giro ideológico hacia la derecha ha transformado la perspectiva sobre la defensa y la seguridad, incluyendo la 1. Antes de continuar, aclaro que en este artículo no pretendo defender una postura de respaldo hacia las Fuerzas Armadas por el mero hecho de encontrar representación de mujeres en ellas; más bien, pretendo explorar las implicaciones que esto tiene en otras dimensiones de la realidad sociopolítica de El Salvador. Me declaro feminista antimilitarista. 162

identificación de amenazas, lo que a su vez redefine el papel y las acciones de las Fuerzas Armadas. En El Salvador, por su parte, han transcurrido 24 años desde que las Fuerzas Armadas(FAES) hicieron la primera convocatoria para incorporar a mujeres en sus filas. Tiempo después, en 2015, se creó la Unidad de Género Institucio nal. De acuerdo con la información oficial, la mayor parte de los cargos que las mujeres desempeñan en la institución están relacionados con tareas de auxilio y servicio, administración, servicios de logística, servicios de salud, protección social y comunicaciones(Fuerza Armada de El Salvador, 2020). Al respecto, en el Cuadro 1 se pude observar la distribución de la participación de las mujeres militares en los distintos rangos que existen en la institución. Cuadro 1. Rangos que ocupan las mujeres en la Fuerza Armada de El Salvador, 2020. Grado Cantidad Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán/TTE. Navío Teniente/TTE. de Fragata Subteniente/TTE. Corbeta Suboficiales Cadetes Tropa Administrativas Total 01 01 22 21 31 45 03 42 452 921 1,539 Fuente: Fuerza Armada de El Salvador. Incorporación de la mujer en la Fuerza Armada. 2020. Disponible en: https:// www.asociacioncolegiosdefensaiberoamericanos.org/images/seminarios_online/2020_VI_Seminario_Portugal/20201110_ Conferencia_8_El_Salvador_Esp.pdf. Hasta aquí, los datos confirman dos hechos: la FAES ha abierto la posibilidad de asignar cargos importantes a las mujeres, pero, en el proceso, se ven reflejados los estereotipos y roles de género que muestran a las militares liderando áreas fuera de aquellas que constituyen una función estratégica y, más bien, lideran áreas que tienen actividades profundamente relacionadas con los cuidados. 163

La ética de los cuidados y su relación con el ámbito de la seguridad Fierke(2015) sostiene que el cuidado, al igual que la seguridad, es una rela ción entre aquellos que necesitan protección y un protector o cuidador. Desde los feminismos se reconoce que las mujeres han ejercido el trabajo reproduc tivo, como diría Federici(2004), a lo largo del ciclo de la vida(y de la historia misma para la acumulación del capital). El trabajo reproductivo se refiere a las actividades no remuneradas, generalmente desarrolladas por mujeres, que sostienen la fuerza de trabajo y son esenciales para el funcionamiento de la sociedad capitalista. Sin embargo, macrosocialmente, estas ideas sobre las fi guras protectoras se basan en un imaginario colectivo moldeado por el sistema patriarcal. Este sistema ha establecido que son los hombres(padres, hermanos, policías, militares) quienes tradicionalmente asumen la función de protección. Pero ¿qué ocurre cuando estas figuras representativas cambian y son las muje res las que asumen roles considerados masculinos? Las conversaciones sobre la presencia de las mujeres y la perspectiva femi nista en el ámbito de la seguridad superan día con día cada vez más aquellas posturas negacionistas que insisten en que no hay nada más que agregar al paradigma dominante de la gestión de las violencias, primordialmente por parte de los Estados. La corriente de pensamiento feminista ha logrado intro ducir a la discusión la ética de los cuidados como aspecto esencial para tener en consideración en este escenario, partiendo de la premisa de que todo ser humano es vulnerable y, en paralelo, toda relación que fomenta el cuidado tiene un valor incuestionable(Robinson, 2011). La ética del cuidado conlleva examinar las prácticas de cuidados que históricamente han sido feminizadas, asignadas principalmente a las mujeres, para que las realicen de forma sacri ficada y voluntaria. La construcción de las nociones sobre los asuntos de género en las institu ciones de defensa y seguridad refleja precisamente cómo los Estados han prio rizado y fortalecido una imagen masculina relacionada con la agresividad y la dominación como características propias de la efectividad para la gestión de las violencias, haciendo una distinción entre las prácticas masculinizadas y las prácticas feminizadas, las cuales fomentan discusiones acaloradas respecto a la eficacia del Estado, como el máximo ente protector, y los actores que fungen como brazos armados que garantizan dicha protección. En El Salvador las prácticas masculinizadas representadas en actos como, por ejemplo, la presentación de militares portando armas de alto calibre ante el anuncio de una estrategia de seguridad pública 2 ; militares realizando allana 2. En el país no hay una distinción clara entre los ámbitos de defensa y seguridad debido, principalmente, a que la participación de los militares en tareas de seguridad pública se ha mantenido a lo largo de los últimos 30 años, a pesar de que esta función es inconstitucional y viola lo establecido en los Acuerdos de paz de 1992. 164

mientos injustificados en casas de barrios empobrecidos que han sido domi nados por pandillas o, incluso, videos de TikTok mostrando cómo los militares detienen de manera arbitraria y agreden físicamente a juventudes por tener tatuajes mientras ellos(los militares) expresan seriedad e indiferencia en sus rostros ante los reclamos de familiares de personas inocentes, permite que los discursos de mano dura 3 emitidos por líderes populistas, y que hacen uso del populismo punitivo 4 , sean interiorizados de mejor manera por la población para generar legitimidad y respaldo a sus decisiones políticas, a cuenta de la promo ción de antivalores como la negligencia, el odio y la discriminación. Pero, por otro lado, es interesante cómo las prácticas feminizadas(es decir, aquellas donde las mujeres militares no están relacionadas con los enfrenta mientos armados sino con actividades de carácter humanitario donde se refle jan otro tipo de valores como la solidaridad, la paz, el respeto y la tolerancia) crean una dualidad en las percepciones de la sociedad(no precisamente exclu yentes entre sí) que respalda, por un lado, las acciones de mano dura por parte de los militares como muestra fehaciente de la protección que el Estado brinda hacia su población, y, por otro, el trabajo que las mujeres militares que ejercen para garantizar el mismo bienestar, pero con otras formas, quizá, más“pacífi cas”. La asignación de los roles de género en el trabajo militar permite dilucidar cómo las mujeres militares proyectan fuertemente los compromisos sociales de cuidado y mantenimiento de la paz en un país. Esta premisa es la que invita a provocar las reflexiones en torno al papel que desempeña la imagen de es tas actoras en coyunturas específicas. Durante la emergencia por la covid-19 en El Salvador, esta imagen se perfiló estratégicamente y de manera conveniente, evidenciando lo que se ha planteado en este artículo sobre la construcción de las prácticas feminizadas en la Fuerzas Armadas, pero ahora enmarcadas en un contexto de crisis social a cargo de un gobierno populista como el del presidente Nayib Bukele(2019-2024, 2024-) 5 3. La mano dura, en el contexto de la seguridad pública, se refiere a un conjunto de políticas represivas y punitivas que buscan reducir la delincuencia mediante el aumento de la presencia policial, la aplicación estricta de las leyes, el encarcelamiento masivo y el endurecimiento de las penas. 4. El populismo punitivo es una estrategia política que utiliza el derecho penal para obtener créditos electorales. 5. Desde la definición más general de lo que significa populismo, la figura de Nayib Bukele se inserta perfectamente debido a que, durante su incursión en la carrera política, en su estrategia ha utilizado un lenguaje emocional cargado de promesas y eslóganes fáciles de recordar: el dinero alcanza cuando nadie roba”. Ha presentado los problemas sociales y políticos de manera binaria, como una lucha entre el bien y el mal:“estamos del lado correcto de la historia”,“no somos parte de los mismos de siempre”. Ha hecho promesas difíciles de cumplir, por ejemplo, construir el aeropuerto de La Unión, un nuevo hospital Rosales, entre otras obras de infraestructura; llevar el crecimiento de la economía a tasas del 4% anual o incrementar el presupuesto de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública del país, a la cual, actualmente le adeuda más de 50 millones de dólares. Finalmente, Bukele se ha caracterizado por culpar a grupos externos de los problemas históricos o coyunturales del país(partidos políticos tradicionales, cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas, entre otros), fomentando la polarización social y presentándose como el único defensor de la voluntad popular. 165

La mujer militar: un tótem para Nayib Bukele en la emergencia por covid-19 Latinoamérica experimenta un renovado protagonismo de las Fuerzas Ar madas. Este proceso de remilitarización ahonda en uno de sus rasgos singulares: el uso de los militares desde un componente visual en situaciones de crisis po líticas y cuestionamiento de los mandatarios(Verdes-Montenegro, 2019). En la actualidad, son los líderes denominados outsiders 6 quienes parecen hacer mejor uso de este recurso. En esa línea, estos políticos no temen un golpe de Estado sino, más bien, la imposibilidad de recurrir al estamento militar en cualquier situación de crisis, ya sea si es preciso disuadir una protesta o simplemente para darles prestigio o popularidad(Isacson, 2019). Además, los mandatarios tam bién terminan por ceder beneficios a los militares o convergen con sus priori dades o agendas para tenerlos de su lado. Tomando en cuenta este factor, la gestión de la pandemia de la covid-19 en los años 2020 y 2021 acarreó la ampliación de funciones y poderes del Estado, incluyendo la ampliación de los roles del Ejército(Resdal, 2020). Recurrir a las instituciones militares para gestionar la crisis implicó, en gran medida, poner en riesgo a la población que ya enfrenta cotidianamente el uso desproporcio nado de la fuerza de los agentes de seguridad y los abusos de autoridad. Con la llegada de la covid-19 a El Salvador fue necesario implementar medidas que agilizaran su contención. Por ejemplo, cuando llegó el primer lote de vacunas para proteger a la población de esta enfermedad se requirió una coordinación efectiva entre diversas instituciones, acontecimiento en el cual la FAES, con sus principios de orden y disciplina, fue la institución designada para resguardarlas. Luego de toda la gestión gubernamental para contener los efectos de la co vid-19 en 2020, en 2021 y con la puesta en marcha del Plan de vacunación co vid-19 el protagonismo volvió a las Fuerzas Armadas. La población salvadoreña recuerda la imagen de la comisionada Karla Trigueros, asesora médica del Co mando de Sanidad Militar, como una de las principales referentes para imple mentar el proceso de vacunación(ver Figura 1), recibiendo una amplia aproba ción por parte de la sociedad. Esta fue la primera vez que en el país se desarrolló un operativo de semejante envergadura liderado por una mujer militar. 6. Son personas que se presentan ante la sociedad como la encarnación de una fuerza política emergente que rompe con el status quo del sistema político-partidario de un país. 166

Figura 1. Entrevista a la comisionada Karla Trigueros Fuente: Secretaría de Prensa de la Presidencia. X. 24 de marzo de 2021. Disponible en: https://x.com/SecPrensaSV/ status/1374823896835362819?s=20. La ejecución del Plan de vacunación sugirió priorizar acciones a cargo de las Fuerzas Armadas desde el Comando de Sanidad Militar(Cosam), entidad que monitoreó la distribución, custodia y logística de las vacunas, dejando en un segundo plano al Ministerio de Salud, por medio del Centro Nacional de Bioló gicos(Cenabi) para el resguardo de las vacunas, asegurando mantener la cadena de frío necesaria para su conservación. Según lo reportado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la comisionada Karla Trigueros se mantuvo monito reando todo este proceso entre marzo y septiembre de 2021. En este punto es menester añadir algunos elementos aportados por los estu dios feministas de seguridad sobre la imagen de las mujeres en el ámbito de la defensa y la seguridad. Desde un enfoque interseccional, formamos parte de un sector de la población que acumula vulnerabilidades que se entrecruzan a lo largo del ciclo de vida. Es decir, todas las mujeres somos potenciales víctimas de sufrir algún tipo de violencia. Lo que no es fácil admitir es que, en palabras de Sjoberg y Gentry(2007), las que ejercen tareas de seguridad también son responsables de perpetrar la violencia, a veces igual o más que los hombres. Al respecto, las autoras sostienen que, una vez parte del grupo, se espera que ellas adopten normas misóginas y violentas exhibidas por sus homólogos masculi nos, pero también se espera de ellas un instinto maternal y de cuidados. En ese orden de ideas, si planteamos el rol de Karla Trigueros en El Salvador dirigiendo operativos de seguridad o defensa en otros contextos fuera del ám bito de la sanidad pública, por ejemplo, en el despliegue de cientos de militares 167

en comunidades populares de la capital o de la zona rural para realizar capturas masivas de personas sin vínculos con estructuras criminales, incluyendo agre siones y abusos durante estas intervenciones, ¿las impresiones de la sociedad salvadoreña sobre ella hubieran sido las mismas?, ¿sería Karla Trigueros la re presentación del monstruo en el que se pueden convertir las mujeres si no per manecen sosteniendo los roles y estereotipos de género que se esperan de ellas, aun cuando forman parte de una instituciones esencialmente violentas como las Fuerzas Armadas? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la imagen que se construyó sobre ella durante 2021 en El Salvador(desde las prácticas estereoti padas de cuidado sobre cuáles son los roles de las mujeres), contribuyó también a lavar la imagen de Nayib Bukele. De manera paralela al proceso de vacunación, en el que la comisionada Tri gueros tenía el objetivo de mostrar efectividad de la gestión realizada por el gobierno de Bukele, gracias al periodismo de investigación se dieron a conocer irregularidades en el uso de fondos públicos y reservas de información por parte del Órgano Ejecutivo durante la crisis por covid-19 en 2020 que implicó dudas sobre el proceso de entregas de paquetes alimentarios, la compra de im plementos sanitarios como mascarillas, botas y aires acondicionados, incluso la construcción del Hospital Nacional El Salvador. Bukele promovió la ejecución de medidas que, en teoría, eran relativas al control de la pandemia, no obstante, tuvieron el propósito de restringir el acceso a la información sobre el uso de las asignaciones presupuestarias para ese ámbito en el que utilizó el mecanismo del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres(Fopromid) para evitar los procedimientos de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administra ción pública(Lacap). A simple vista pareciera que nada de lo anterior hizo eco en el imaginario colectivo por más evidencias que se presentaran. La población expresó que el principal logro de su gobierno hasta ese momento había sido la gestión de la emergencia sanitaria(Iudop, 2021). Solo importaba la proyección del trabajo que la comisionada y las demás instituciones involucradas estaban adelantando para llevar a cabo el plan de vacunación y, con ello, asegurar el bienestar de to das y todos los salvadoreños. Reflexiones finales Desde cierto punto de vista, la incorporación de mujeres en las Fuerzas Ar madas representa un hecho significativo para reconocer sus capacidades fuera de los límites que establecen los estereotipos y roles de género en trabajos que históricamente han sido ejercidos por hombres. Las propuestas desde el mundo anglosajón para incorporar políticas de género en las instituciones castrenses 168

han promovido que ellas puedan acceder a cargos que les permitan ser tomado ras de decisión(aunque la representación siga siendo mínima) más allá de ejer cer tareas que se enmarcan como asignaciones consideradas“naturales” para ellas por ser mujeres, principalmente aquellas relacionadas con los cuidados. Desde el ámbito de la seguridad, la ética de los cuidados se introduce como una perspectiva indispensable que pone sobre la mesa los cuestionamientos so bre qué significa sentirse segurx frente a determinadas situaciones, quiénes son las personas que cuidan y qué implica esto para las instituciones públicas encar gadas de gestionar la violencia y la criminalidad cuando es latente la construc ción de prácticas masculinizadas(caracterizadas por la agresión/dominación) y prácticas feminizadas(caracterizadas por el respeto/solidaridad) que generan percepciones de seguridad maleables que dan lugar a que líderes populistas se aprovechen de los discursos manoduristas para obtener réditos electorales. La remilitarización es un concepto clave que ha permitido abonar a las re flexiones contemporáneas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la región y esto se ha visto reflejado en el respaldo que las FAES sostienen hacia un presi dente populista como Nayib Bukele para proyectar una imagen de efectividad, principalmente en la gestión de la crisis de la covid-19 durante la cual se reve laron una serie de cuestionamientos por corrupción y faltas a la transparencia. La representación de Karla Trigueros como parte de las Fuerzas Armadas para liderar el Plan de vacunación, aunada a la campaña mediática que hubo para posicionarla como una figura esencialista de protección nacional, dio lugar a un análisis al que resulta importante darle continuidad: ¿las mujeres en seguridad deben permanecer ostentando una imagen de incorruptibilidad?, ¿no es esto caer en los esencialismos que allanan el camino a que se sigan reproduciendo roles y estereotipos de género?, ¿qué implicaciones tiene esto en el abordaje feminista que promueve nuestra incorporación en los espacios históricamente masculinizados?, y, por último, ¿las mujeres en seguridad pueden ser violentas? Esas son algunas preguntas esenciales para el desarrollo del campo de los estu dios feministas de seguridad en Latinoamérica. Bibliografía Corporación Latinobarómetro.“Informe anual: Adiós a Macondo”, 2021. Disponible en: https:// www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=0. Federici, Silvia.“Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria”. Autonomedia, 2004. Fierke, Karin.“Critical Approaches to International Security”. Cambridge: Polity, 2015. Fuerza Armada de El Salvador.“Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas: Estudio de caso El Salvador”, 2020. Isacson, Adam.“What is Latin America’s Political Turmoil Doing to Civilian Control of the Mili tary?”. Commentary WOLA, 2019. 169

Iudop.“La población salvadoreña evalúa la situación del país al final del año 2021”, 2021. Leone, Mariana y Caballero, Sergio.“Estudios feministas de seguridad y ética del cuidado: la se guridad en Latinoamérica a raíz de la pandemia”. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, n. 31, p. 43-61, 2021. Lucero, Mariel.“La larga marcha de las mujeres en las Fuerzas Armadas Latinoamericanas”. Nue va Sociedad, n. 278, p. 144-150, 2018. Lucero, Mariel y Cóvolo, Mariana.“La perspectiva de género en las relaciones internacionales. El estudio de caso de países con Ministerios de Defensa a cargo de mujeres”. Ponencia presentada en la IX Jornada de Historia de las Mujeres y XV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 30 de julio a 1 de agosto, 2008. Resdal.“La labor de fuerzas militares en contexto de crisis covid-19”, 2020. Robinson, Fiona.“Rethinking Human Security”. In: The Ethics of Care: A Feminist Approach to Human Security. Philadelphia: Temple University Press, 2011. Sjoberg, Laura y Gentry, Caron.“Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in Global Poli tics”. Zed Books, 2007. Verdes-Montenegro, Francisco.“La(re)militarización de la política latinoamericana”. Documen to de Trabajo, no. 14. Fundación Carolina, p. 16-52, 2019. 170

Transparencia, rendición de cuentas y justicia fiscal: hacia el desmantelamiento del poder de los militares en México Olivia León Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, México, y maestra en Estudios en Desarrollo en el Instituto de Posgrados en Ginebra, Suiza Introducción En América Latina la historia de la militarización nos es muy cercana. Desde los gobiernos militares del siglo pasado(Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, por ejemplo) hasta el reciente incremento de medidas militares en la seguridad pública en El Salvador(2019) y Ecuador(2023) ante las crisis de inseguridad y de violencia local y regional. En México existe desde 2006 una guerra famosa por insensata. Desde la de claración de la guerra contra las drogas por parte del entonces presidente Felipe Calderón(2006-2012), el país ha caído en un ciclo de violencia e inseguridad que ha permeado de diferentes maneras y en varios sectores. Con una legiti midad casi nula, Calderón creó un enemigo público nacional completamente nuevo(acompañado y promovido por Estados Unidos). El nuevo enemigo pú blico: las drogas. Un rally round the flag casi de manual. Así, dirigió la atención pública hacia un problema inexistente en ese entonces: la inseguridad provo cada por el tráfico y el consumo de drogas. Este cambio de paradigma y de narrativa le permitió redirigir y reformular los esfuerzos políticos, económicos y sociales sin contrapesos democráticos. La violencia no disminuyó con la mi litarización, sino que empeoró, sumiendo al país en una crisis de violaciones a los derechos humanos. Desde la declaratoria de guerra contra las drogas, ha habido un despliegue militar de los cuarteles a las calles y un aumento paulatino en sus capacidades operativas, no solo en materia de seguridad pública, sino también adminis trativa. Además, observamos la multiplicación de actores armados no estatales (grupos de crimen organizado o de autodefensa) y el debilitamiento del estado de derecho y de impartición de justicia en muchas zonas del país. En este texto, se entiende el proceso de militarización en México como aquel en el que los cuerpos castrenses cumplen con labores originalmente dirigidas 171

por civiles, se privilegia la lógica militar en los ámbitos político, social y econó mico y, además, las instituciones militares adquieren mayor poder económico y político. Estos procesos han atentado históricamente contra valores torales del feminismo, como la justicia, la equidad social, económica y política, la se guridad, la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Así, las críticas desde el feminismo hacia la militarización son relevantes de posicionar porque hemos visto una relación cercana entre la militarización y el aumento en violencia armada contra las mujeres. También, el feminismo ha reconocido a los militares como responsables de forma repetida por abusos, violaciones y despojos a comunidades históricamente vulneradas y disidentes, incluyendo a los pueblos originarios y a la comunidad LGBTQI+. Además, el feminismo se ha posicionado una y otra vez en contra de las guerras y la militarización y ha promovido de forma categórica los ejercicios colectivos y democráticos que privilegian el cuidado y los derechos humanos. Además de criticar la militarización por crear los problemas que pretende resolver, este texto presenta dos críticas a este proceso desde el feminismo con perspectiva interseccional y desde el sur global. La opacidad con la que operan los cuerpos militares ha permitido violencias directas y a los derechos de varias comunidades históricamente vulneradas. También, el incremento en capacida des y presencia militar resulta en el acaparamiento de recursos e impide aten der los problemas que generan la violencia desde su raíz. Definiendo militarización En los estudios de seguridad hay una discusión creciente sobre si hablamos de militarización o militarismo. Por militarización entendemos la adopción de estrategias, tecnologías y una mentalidad militar en diversos aspectos políticos, sociales y culturales. El militarismo es la ideología que privilegia y glorifica el po der militar, aboga por mayor presencia militar en las labores locales e interna cionales y normaliza el involucramiento de los cuerpos militares en las proble máticas sociales y políticas(Tickner, 2022). Basadas en la experiencia mexicana desde 1995-2012, Morales y Pérez Ricart(2014) reconceptualizan el proceso de militarización en México y lo definen como la adquisición de lógicas militares por parte de las instituciones policiacas acompañado del empoderamiento de las instituciones castrenses(Morales y Pérez Ricart, 2014). Organizaciones ex pertas en el tema definen a la militarización como“la transferencia de funciones y presupuesto a las fuerzas armadas originalmente pensados para instituciones civiles”(Intersecta, MUCD, PPD, 2024). Este texto entiende por militarización el proceso histórico en el que las fuer zas armadas cumplen con labores de seguridad pública que originalmente eran civiles(de seguridad, operativas y administrativas), la adquisición de estrategias 172

militares por parte de instituciones policiales y civiles y el empoderamiento de las instituciones castrenses en el ámbito administrativo, político y presupuestal. Contexto Dieciocho años después de la declaratoria de guerra por Felipe Calderón, hoy el mapa político, económico y social en el país también se ha complejizado: primero, vemos instituciones públicas con debilidades estructurales que se han visto inmersas en pugnas por el ejercicio de poder(financiero, social, territorial) entre el crimen organizado y actores estatales. Guillermo Trejo y Sandra Ley (2020) describen un área gris de la criminalidad, en donde dos esferas se cruzan y permiten el crecimiento de grupos de crimen organizado. Por un lado, un Estado debilitado y, por el otro, la presencia del crimen organizado. Ambos fac tores se alimentan entre sí. Esta área se puede ver, por ejemplo, donde agentes del estado son parte de redes informales de protección hacia criminales y sus actividades(Trejo y Ley, 2020). Segundo, México es un país que resalta por su desigualdad extrema. El hom bre más rico del país es también la persona más rica de América Latina y el Caribe y él solo concentra lo que la mitad más pobre posee –63,8 millones de personas–(OXFAM, 2024). Hoy, los catorce ultrarricos de México concentran casi el 60% de la riqueza nacional. En este contexto de desigualdad, es relevante indicar que dicha desigualdad extrema está íntimamente relacionada con la pobreza en el país y que ambos factores también dirigen a un sector poblacional a la marginalidad social y eco nómica. Es decir, que existen condiciones socioeconómicas que promueven un ambiente de carencias y que permiten e incluso promueven que algunas perso nas terminen de una forma u otra como miembros de algún grupo de crimen organizado. Karina García(2022) demuestra algunos de los factores comunes en 33 exmiembros de grupos del crimen organizado en México que permitieron o promovieron su membresía en dichos grupos:“se autodefinen como‘ellos’, los marginados de la sociedad”, con la“‘mala suerte’ de nacer pobres y marginados”. Además, halló que todos sus entrevistados habían sido víctimas de violencia(do méstica, de pandillas y maltrato o abuso infantil), habían abandonado la escuela antes de terminar la primaria(por abandono o por ser expulsados) y habían te nido varios intentos de suicidio(García Reyes, 2022). Encuentra que existe una narrativa de reproducción de la violencia que es aspiracional(buscan tener más dinero y estar mejor posicionados que antes) y machista: existe la idea de que‘un hombre de verdad’ es agresivo, violento, mujeriego y no puede mostrar miedos ni vulnerabilidad(García Reyes, 2020). 173

Militarización en México: desarrollo y efectos Por muchos años, las funciones militares en México se vieron limitadas a algu nas acciones de seguridad pública o antidrogas. Sin embargo, en las últimas dos décadas hemos visto la exacerbación del proceso de militarización bajo el argu mento de que las fuerzas armadas son las únicas que pueden mantener la seguri dad pública frente a grupos de crimen organizado. El proceso de militarización en México desde 2006 a la fecha se observa en dos rubros principales, ambos atravesados por su opacidad justificada bajo el argumento de seguridad pública. Primero, el cambio de paradigma en la política de seguridad pública hacia una lógica de militarización se refleja en el despliegue de fuerzas de seguridad en las calles. Según los reportes anuales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2001 se desplegaron 19.893 elementos, en 2006 fueron 37.253 y en 2011, 52.690. El último reporte que publicaron, en 2019, reportó el mismo número(gráfico 1)(Atuesta y Vela, 2020) 1 . La administración actual(de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, 2018-2024) desapareció a la Policía Federal (civil) y creó a la Guardia Nacional(en papel definida civil pero el 82% es gestio nada y operada por militares)(Intersecta, MUCD y PPD, 2024), que hoy tiene las facultades de actuar, junto con los militares, en contra de grupos de crimen organizado. Por el contrario, desde el 2006, la cifra de policías desplegados en el país ha disminuido de unos 434.000 efectivos a 231,491 policías activos en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI). En los años siguientes, se observó una disminución en el número de policías, llegando a 225.544 en 2020 y a 221.281 en 2021​(El Universal, 2022)​​(INEGI, 2021). Así, hemos visto que la seguridad pública en México se ha militarizado. Segundo, el aumento de funciones y presupuesto dedicado a las instituciones castrenses a costa de otros organismos civiles de gobierno. Así, los militares se han involucrado en más funciones del quehacer estatal como la distribución de bienes y servicios, la aplicación de vacunas durante la pandemia, la parti cipación en la construcción de obras de infraestructura, el reparto de despen sas, la administración de aeropuertos y aerolíneas, el control migratorio y la administración del comercio exterior(Sánchez y Álvarez, 2022) 2 . Lo anterior es parte de un ciclo que se autorreproduce: al adquirir nuevas capacidades, los militares tienen mayor visibilidad y poder económico, social y político, y dicha ampliación de capacidades y de poderes implica la proliferación de los valores militares en esferas originalmente civiles. 1. Es pertinente anotar que hay razones para cuestionar este último dato y que llama la atención que no haya más información actualizada(y pública) sobre el despliegue de militares después del 2019. Una forma de medirlo también es con los datos que hay sobre la Guardia Nacional, que en papel es civil pero hoy 8 de cada 10 de sus miembros son militares o marinos. 2. Para más información detallada sobre lo militarizado en México, referirse al Inventario nacional de lo militarizado(2024). 174

Las instituciones castrenses, tradicionalmente menos transparentes que las civiles, no están sujetas a los mismos estándares de rendición de cuentas y transparencia. Esta falta de supervisión adecuada permite que muchas de sus actividades se desarrollen fuera del escrutinio público y legal, lo que dificulta el monitoreo y la evaluación independiente de sus acciones. A través de ins trumentos como los convenios, decretos presidenciales o fideicomisos, se ha permitido transferir presupuesto de instituciones civiles a cuerpos militares sin pasar por el escrutinio del Poder Legislativo. Por ejemplificar con uno de es tos instrumentos, MUCD(2023) demostró que las fuerzas armadas de México coordinan el 15% de los fideicomisos sin estructura orgánica del país, lo que significa que no están obligados a reportar sus ingresos ni gastos, ni están obli gados a contar con un Comité que vigile la buena gestión del fideicomiso. Ese cambio de narrativa y de paradigma junto con la falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas en el ejército han tenido consecuen cias negativas en la seguridad, la impartición de justicia, los derechos huma nos, la democracia y el medio ambiente 3 , principios torales del feminismo. Así, podemos decir que la militarización es problemática para el feminismo por diferentes razones. Gráfico 1. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena) desplegados para la “protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales”, por año, 2001-2019. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional(2001−2019) apud Atuesta y Vela, 2020, p. 18. 3. Para más información sobre estos efectos, ver el trabajo de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia(MUCD), Intersecta, Data Cívica, Programa de Políticas de Drogas(PPD), Centro Prodh y posicionamientos de organizaciones internacionales como la CoIDH, Human Rights Watch y la ONU. 175

Primero, el empleo de los militares en el combate al crimen organizado des encadenó incidentes violentos en las comunidades. Sus operaciones se relacio nan directamente con el incremento de homicidios tanto en hombres como en mujeres(Atuesta y Vela, 2020). En el ámbito regional, la Corte Interameri cana de Derechos Humanos(CoIDH) condenó el actuar de las fuerzas armadas mexicanas en cinco casos, en los que se les acusa por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación de derechos procesales y agre siones sexuales(Ortega y Huete, 2021). Estos casos paradigmáticos también han demostrado la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas por parte de la sociedad civil y de la justicia ordinaria local hacia la institución militar nacional. Segundo, la presencia militar ha tenido implicaciones en la seguridad de las mujeres. Desde 2006, hemos visto un cambio significativo en la frecuencia y el tipo de violencia que sufren las mujeres en el país. Mientras que de 2000 a 2006, 3 de 10 homicidios de mujeres eran a mano armada, entre 2018 y 2020 esta violencia aumentó: 6 de cada 10 casos se perpetraban con arma de fuego (CEE y otros, 2021). Este cambio en la violencia a las mujeres está relacionado con varios factores de la militarización: por un lado, un aumento en el flujo de armas militares nacionales y de Estados Unidos que terminan en manos de los miembros de grupos de crimen organizado y de civiles. Por otro lado, este cambio en la violencia a las mujeres en este periodo también puede ser explica do por la ampliación de valores militares, como el uso de la fuerza e ideas que vinculan la masculinidad con la violencia. Tercero, el proceso de militarización en México es inconstitucional y aun así ha avanzado sus operaciones. Por ejemplo, el artículo 129 constitucional dispone que, en tiempos de paz, las autoridades militares solo pueden desem peñar funciones estrictamente vinculadas a la disciplina militar. La Constitu ción mexicana estipula que las tareas de seguridad pública deben ser llevadas a cabo por fuerzas civiles. Sin embargo, la creación y operación de la Guardia Nacional, con una estructura y disciplina influenciadas por principios militares, desafía este mandato constitucional, diluyendo el carácter civil de la seguridad pública​(Said y Vela, 2024). Cuarto, el crecimiento de las instituciones militares en el país se ve reflejado en una distribución singular de los recursos públicos(gráfico 2).“Las facultades de las instituciones castrenses no solo se extienden al campo de la seguridad pública, sino a la Administración pública en su totalidad, lo que se traduce en que cada vez tienen más recursos, tanto humanos como financieros”(Intersec ta, 2023a, p. 3). 176

Gráfico 2. Presupuesto de las fuerzas armadas de México, 1994-2021 Fuente: Intersecta, 2023a, p. 5. Desde la sociedad civil y la academia ha habido fuertes críticas hacia la es trategia de seguridad militarizada. Con el creciente movimiento feminista en México y en el mundo, es pertinente analizar algunos argumentos feministas en contra de los procesos de militarización. Apuntes feministas a la militarización Desde hace décadas, varias pensadoras y movimientos feministas ya se han posicionado en contra de la guerra y la militarización. Recientemente, Federici (2024) estableció que: Si somos coherentes con lo que se dice cada 8 de marzo, cuan do expresamos nuestra solidaridad con las mujeres de todo el mundo, debemos rechazar y oponernos[a] cualquier tipo de guerra, debemos oponernos al incremento de gasto militar y a la ampliación de ejércitos. Cada vez vivimos en ciudades más militarizadas, más securitarias y punitivistas( sic). El movimiento feminista debería dejar de perseguir a las mujeres que ejercen el trabajo sexual y centrarse en generar un movimiento que diga 177

claramente‘no’ a la guerra. No hay nada más violento que una guerra(Federici, 2024, n.p.). Cynthia Enloe y Rita Segato han explorado cuáles son los efectos directos e indirectos de políticas de militarización en la vida cotidiana de las mujeres (Enloe, 2000 y 2014; Segato, 2016) y argumentan cómo este tipo de dinámicas de poder y violencia estatal contribuyen al patriarcado, ya que transforma las relaciones de género. Ann Tickner(2001) describió cómo la militarización y las políticas de seguridad militarizada tienen en sus raíces una profunda mas culinidad, así como sus efectos en las mujeres y otros grupos históricamente vulnerados. Su propuesta es la búsqueda de seguridad más allá del Estado y más en los cuidados. Además, textos como el de Laura Sjoberg y Sandra Via(2010) permiten dilucidar una mejor ruta crítica que se aleje de las guerras y la milita rización internacional. Sin embargo, las feministas del sur global son quienes han señalado que las experiencias latinoamericanas, africanas, asiáticas y cari beñas desafían las perspectivas feministas hegemónicas del norte global. Así, el feminismo desde el sur global incluye una contextualización histórico-cultural; reconoce las estructuras de dominación y la historia colonial que moldean las realidades de las poblaciones(Mohanty, 1988). También coloca como eje cen tral la perspectiva interseccional para entender las formas simultáneas de opre sión entre las experiencias(Segato, 2016). En el caso concreto de México, la primera traducción de estas preocupaciones está en la exigencia por la transparencia y rendición de cuentas de sus activida des por las Fuerzas Armadas como un ejercicio feminista de reconocimiento de las violencias del pasado y como desmantelamiento del poder actual. Los cuer pos militares han sido los responsables directos de una variedad de violaciones a comunidades que han sido violentadas por el Estado histórica y sistémica mente(Segato, 2016). Desde los feminismos con perspectiva interseccional y como feministas del sur global, es crucial señalar que la opacidad de la que se benefician las fuerzas armadas(en su gestión, presupuesto, discrecionalidad y operatividad) ha permitido que, con o sin la dirección expresa de autoridades civiles, este cuerpo haya violado repetidamente los derechos humanos de mu jeres, pueblos originarios, personas racializadas, en situación de calle, infancias, adolescentes, consumidorxs de sustancias psicoactivas, activistas, trabajadorxs agrícolas, rurales y sexuales, campesinxs, personas de la diversidad sexogenéri ca, migrantes, con alguna discapacidad, defensorxs del medio ambiente. Estas y otras comunidades han sido y son violentadas por parte del Estado, por medio de las fuerzas armadas. La lógica de la guerra y la militarización inscribe en los cuerpos de las mujeres y otros grupos vulnerados una serie de mensajes de poder y control(Segato, 2016). En contextos de desigualdad y de pobreza como los hay en México y el resto de América Latina, instituciones tan poderosas como lo son las fuerzas armadas –instrumentalizadas por el Estado– crimina lizan a la pobreza y las luchas de estas poblaciones. La militarización, sostiene Segato(2016), es la continuación de prácticas coloniales de ocupación y explo 178

tación; por un lado, por su presencia física y, por el otro, por la imposición de un modelo de desarrollo occidentalizado. Como organización experta en la materia, Ortega y Huete(2021) concluyen: las Fuerzas Armadas son de las autoridades más opacas a ni vel nacional. Es difícil saber, con detalles, qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y cómo miden si sus objetivos se cum plen o no, incluso para temas que no pueden argumentarse de seguridad nacional, como las capacitaciones que reciben sus elementos en derechos humanos y género. Saber con certeza cómo usan la fuerza, a quiénes detienen, hieren o matan—in cluidas mujeres— durante el ejercicio de sus labores es una ta rea imposible(Ortega y Huete, 2021, n.p.). Así, la exigencia por parte de la sociedad civil –organizada o no– para la transparencia total de esta institución, puede ser entendida como una lucha feminista. Nancy Fraser ha dicho que la justicia social y la democracia son prin cipios torales del feminismo. También ha abogado por una justicia participati va y por la necesidad de estructuras transparentes y equitativas(Fraser, 2008). Fraser aboga por nuevas esferas públicas en donde las mujeres(y otros grupos vulnerados) sean agentes activos en la toma de decisiones que les afectarían. Siguiendo esta lógica, hoy tenemos el argumento(o la lucha) por la democracia para exigir transparencia y rendición de cuentas ante un cuerpo de dominación que ha demostrado una gestión, administración y operación opacas a lo largo de su historia. Esta exigencia por la transparencia es un mecanismo para el des mantelamiento de estructuras verticales y de dominación que ejercen violen cias de forma sistemática en nombre del Estado. Es una lucha por la posibilidad de rendición de cuentas. El segundo argumento está centrado en el acaparamiento de recursos por parte de un sector. Como hemos visto en México desde que Calderón decidió privilegiar a lo militar, ha habido un crecimiento exponencial en sus capacida des operativas y administrativas, ergo, en su presupuesto. Así, como el análisis de OXFAM sobre la desigualdad encontró que: Once de los catorce ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, conce siones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado(OXFAM, 2024, p. 1, énfasis de la autora). 179

La decisión política de transferir masivamente“la riqueza de lo público a una proporción de personas en lo privado” también aplica para el sector militar. El mismo informe indica que“hablar de riqueza es hablar de poder”, y en el caso mexicano observamos que existe una decisión política de beneficiar a las élites de forma desproporcionada. El gobierno mexicano cuenta con 30 secretarías, poderes, órganos autónomos, entidades y empresas productivas del estado. De ellas, la Sedena fue la novena dependencia que más recursos ejecutó y la Semar (Secretaría de Marina), la decimoquinta. De acuerdo con estos datos, la Sedena y la Semar juntas(fuerzas armadas) recibieron y ejecutaron más recursos que el Poder Judicial y el Legislativo, juntos(gráfico 3). Gráfico 3. ¿Cuánto dinero gastaron en 2021 las instituciones federales? En millones de pesos de 2022 Fuente: Intersecta, 2023a, p. 7. Estos datos permiten concluir que los recursos dirigidos(o acaparados por) las fuerzas armadas no están siendo dirigidos hacia programas que podrían atender de forma más sostenida dos de los principales problemas que mantie nen activa la crisis de violencia en el país. Por un lado, la desigualdad rampante –no solo económica, sino también de oportunidades— y, por el otro, la repro ducción de las violencias individuales, comunitarias y sociales(en el ámbito nacional). Desde los feminismos se aboga por la construcción de futuros más 180

justos y en paz para todas las personas, así como por mayor participación activa por parte de las mujeres y otros grupos en los espacios de toma de decisión. En especial, se busca una agenda feminista transversal, incluyendo las decisiones fiscales. Por ejemplo, la lucha por una justicia fiscal busca“que el dinero pú blico ayude a reducir las brechas de desigualdad y que garantice los derechos de las mujeres y niñas de manera efectiva, situando a las personas en el centro de las decisiones fiscales”(Intersecta, 2023b). Si contextualizamos esto en el escenario planteado en México, también es posible exigir, como demanda fe minista, que se ponga en el centro una búsqueda activa de prevenir y atender las violencias al nivel individual, lo que Karina García(2022) explora como factores cruciales en las vidas de las personas(hombres, principalmente) que terminan siendo parte de los grupos de crimen organizado –perfil que coin cide bastante bien con el de los militares, por cierto. Este esfuerzo, sin duda alguna, requiere de presupuesto. Conclusiones Proponer a los militares como un cuerpo capaz de solucionar una crisis de violaciones y de inseguridad suele ser una estrategia política sumamente atrac tiva y viable ya que, a corto plazo, puede tener efectos, aunque no sea el caso de México. Además, la narrativa prohibicionista y punitiva es mucho más atractiva para el electorado a pesar de que, en los hechos, las promesas de seguridad no sean cumplidas. Buena parte de la sociedad civil mexicana y la academia han señalado el fracaso de la estrategia militar por parte de tres sexenios ya y han marcado rutas de acción urgentes para retomar cierto grado de estabilidad. Al gunas de las propuestas incluyen la regularización de las drogas con una pers pectiva de salud y de reducción de riesgos y daños, el retiro total de los milita res de las calles y su debilitamiento presupuestal, a la par del fortalecimiento de las policías. Esto último requiere de un análisis quirúrgico y un proceso de fortalecimiento institucional, que implica, claro, presupuesto, capacitaciones y una mayor cooperación entre otras instituciones, por ejemplo, las fiscalías. Hay quienes señalan la urgencia de que la policía pueda desarrollar tareas de investigación. Además, es impostergable el control de tráfico de armas y una negociación para la regularización de las drogas como un ejercicio bilateral entre Estados Unidos y México. Estas demandas son, sin duda, también feministas, que tienen en el centro la búsqueda perpetua por construir un futuro justo y en paz, con políticas que le apuesten a la desintegración de desigualdades en un país en el que lxs jóvenes se sienten desechables, han vivido violencias desde sus infancias y cuyo contex to de pobreza y marginación les parece inescapable. Desde los feminismos es necesario cuestionar las estructuras violentas y de dominación que perpetúan 181

las mismas violencias. Para lograr justicia necesitamos saber la verdad, y la ver dad se consigue con el ejercicio activo de desmantelamiento radical de los sis temas de candado que benefician únicamente a los históricamente protegidos. Bibliografía Atuesta, Laura y Vela, Estefanía.“Las dos guerras”. Intersecta, 2020. Disponible en: https://www. intersecta.org/posts/las-dos-guerras. CEE, Justicia, E., Intersecta y Data Cívica.“Violencia de género con armas de fuego en México”. CDMX, 2021. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/Informe-Ar mas.pdf. Data Cívica.“Evaluación para el diseño del nuevo registro nacional de personas desaparecidas”. Marzo de 2019. Disponible en: https://registros-desaparecidos.datacivica.org/. El Universal.“Disminuye el número de policías en el país”. 8 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disminuye-el-numero-de-policias-en-el-pais/. Enloe, Cynthia.“Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics”. University of California Press, 2014. Enloe, Cynthia.“Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women’s Lives”. Univer sity of California Press, 2000. Federici, Silvia.“Silvia Federici: El Feminismo debería dejar de perseguir el trabajo sexual y cen trarse en decir‘no’ a la guerra”. Entrevista de María Martínez Collado, 8 de junio de 2024. Dispo nible en: https://www.publico.es/mujer/silvia-federici-feminismo-deberia-dejar-perseguir-se xual-centrarse-decir-no-guerra.html. Fraser, Nancy.“Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World”. Columbia University Press, 2008. García Reyes, Karina.“La delgada línea entre víctimas y victimarios de la guerra contra el nar cotráfico en México”. 20 de enero de 2022. Disponible en: https://blogs.lse.ac.uk/latamcarib bean/2022/01/20/guerra-drogas-mexico-victimas/. García Reyes, Karina.“Morir es un alivio: 33 exnarcos explican por qué fracasa la guerra contra la droga”. 9 de enero de 2020. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/01/09/planeta_fu turo/1578565039_747970.html. INE.“Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024”. 8 de junio de 2024. Disponible en: https://prep2024.ine.mx/publicacion/nacional/presidencia/nacional/candidatura. INEGI.“Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal”. CDMX, 2021. Disponible en: https://www. inegi.org.mx/programas/cnspe/2021/. Intersecta.“Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado? Un análisis de los recursos militares desde una perspectiva feminista”. 2023a. Disponible en: https://www. intersecta.org/posts/dinero-hay-en-que-lo-invierte-el-estado. Intersecta.“Redistribución, justicia fiscal y género en México”. 2023b. Disponible en: https://www. intersecta.org/posts/lanzamiento-del-informe-redistribucion-justicia-fiscal-y-genero-en-mexi co. Intersecta, MUCD y PPD.“Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los proce sos de militarización en México”, 2024. Mohanty, Chandra Talpade.“Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discour ses”. Feminist Review, v. 30, p. 61-88, 1988. 182

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Disuasión focalizada enfocada en violencia doméstica desde una perspectiva feminista: estrategias potenciales para América Latina Patricia M. Garcia Iruegas Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos La violencia de género y la importancia de enfocarnos en América Latina La violencia de género es una emergencia global que afecta a millones de personas todos los días. A partir de la pandemia de covid-19, múltiples estudios muestran cómo la violencia doméstica y el feminicidio, el tipo de violencia letal contra las mujeres, se han intensificado en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la UNFPA(United Nations Population Fund: Fondo de Población de las Naciones Unidas), en dicha región,“se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo”(UNFPA, n. d.). El feminicidio ha registrado alarmantes aumentos en los últimos años. Cifras del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) señalan que“Honduras es el país con la tasa(6 por cada 100.000 habitantes) más alta mientras que Brasil concentra el número absoluto de casos más alto de la región”(Cepal, n. d.). Existen diversas aproximaciones teóricas para definir y entender las causas de la violencia de género. Por lo tanto, se puede definir como un problema social complejo y multidimensional reflejado en“todo acto de agresión, física o psí quica, basado en la superioridad de un sexo sobre otro”(Araujo-Cuauro, 2018, p. 139). En el caso de América Latina, estudios académicos como el de Castro y Riquer(2003) apuntan a condiciones predominantes de un sistema patriarcal y una ideología basada en los roles de género. La violencia doméstica, que se manifiesta dentro del hogar y deriva de la vio lencia de género, también se agudizó en los últimos años a partir de la pande mia de Covid-19. De acuerdo con medios de información y difusión masiva como Reuters: Las medidas de confinamiento en América Latina están ayu dando a retrasar la propagación del COVID-19, pero están te 184

niendo una consecuencia más oscura e indeseada: un incre mento en los casos de abuso doméstico, en una región donde casi 20 millones de mujeres y niñas ya sufren violencia sexual y física(Sigal, Ramos, Martínez y Machicao, 2020, n.p.). Actualmente, existe una variedad de estrategias regionales y locales para abordar el problema de la violencia de género, la violencia doméstica y el femi nicidio. Investigadoras expertas en políticas públicas sobre género hacen notar que en América Latina“la principal propuesta de solución para la prevención y erradicación de este problema es emplear estrategias en beneficio de las mu jeres, que fomenten su acceso a la educación, trabajo y participación ciudada na”(Ramírez Velásquez, Alarcón Vélez y Ortega Peñafiel, 2020). Además, varios países en la región han trabajado en integrar la legislación sobre violencia con tra las mujeres, específicamente la figura penal del feminicidio. Lo que la llevó a ser catalogada como pionera global en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer(Frayssinet, 2019). Mientras los esfuerzos actuales por erradicar la violencia de género se cen tran en la prevención, es fundamental también estructurar acciones locales para prevenirla a corto plazo. Por tanto, es importante explorar cómo otras partes del mundo están abordando el problema desde una perspectiva de po líticas públicas, específicamente desde la perspectiva de la intervención. En el ámbito internacional existen estrategias innovadoras que buscan integrar los esfuerzos nacionales y regionales actuales en materia de procuración de justi cia, articulación de servicios públicos, comunitarios y sistemas de información para generar acciones en lo local. Ejemplo de ello es la disuasión focalizada, una metodología que ha sido implementada localmente, sobre todo en Esta dos Unidos y que busca integrar el esfuerzo de distintas agencias que trabajan directamente en la reducción de la violencia. En este texto mostraré qué es la disuasión focalizada y por qué es importante abordarla desde una perspectiva de análisis de política pública para Latinoamérica. Además, en la última sección plantearé algunas áreas de oportunidad para el desarrollo de una perspectiva feminista desde la metodología de disuasión focalizada. ¿Qué es la disuasión focalizada y por qué debería de interesarnos? La metodología de disuasión focalizada, desarrollada en Estados Unidos a mediados de la década de 1990, es un enfoque estratégico orientado a disuadir comportamientos delictivos específicos concentrados en un número determi nado de personas. Este método emplea sanciones selectivas para disuadir de las actividades delictivas al tiempo que hace hincapié en los beneficios potenciales de abstenerse de seguir conductas ilícitas.“El supuesto subyacente es que las ta 185

sas de delincuencia serán más bajas cuando los beneficios no superen los costos de cometer un delito”(Braga y Weisburd, 2012, p. 324). Ciudades estadouniden ses 1 han reportado resultados favorables al adaptar esta estrategia para combatir la violencia armada, especialmente los homicidios y las lesiones, al combinar dicho enfoque con la colaboración de equipos multidisciplinarios de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para la atención de la violencia La primera adaptación de disuasión focalizada en América Latina realizada en la Ciudad de México ha sido documentada y reporta resultados prometedo res en los últimos años(Alzaga, 2023). Dicha adaptación se llevó a cabo en un sector piloto de la Ciudad de México y mientras no se enfoca específicamente en violencia doméstica, es importante puntualizar que es la primera en su tipo en la región. Alzaga(2023) menciona en su publicación que datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportan una reducción de 59,3% en la incidencia de homicidios dolosos en el sector de implementación. Múltiples or ganizaciones de la sociedad civil y académicas han trabajado junto al gobierno de la ciudad en el proceso de adaptación para América Latina. Sin embargo, hay grandes áreas de oportunidad para hacer evaluaciones del programa en la Ciu dad de México, ya que no se ha realizado una evaluación de impacto del progra ma para entender si la reducción de homicidios que se refleja en cifras oficiales deriva de la implementación del programa. Debido al éxito de esta metodología en distintas regiones alrededor del mun do, se han desarrollado diversas adaptaciones de la disuasión focalizada. En 2004, el Departamento de Policía de High Point, North Carolina, Estados Uni dos, introdujo una nueva variante de la disuasión centrada en la violencia do méstica e intrafamiliar: la Iniciativa contra la Violencia Doméstica Centrada en el Agresor(OFDVI: Offender-Focused Domestic Violence Initiative), que supu so un cambio con respecto al enfoque convencional de centrarse únicamente en la víctima dentro de la respuesta del sistema de justicia penal a la violencia doméstica. Consideramos por tanto importante analizar los elementos de la estrategia, la única en su tipo con una evaluación externa disponible al público. Al respecto, Sechrist y Weil(2018, p. 5) mencionan: Muchos defensores de las víctimas y activistas consideraban que se había llegado al límite de la eficacia de la intervención contra la violencia doméstica si el sistema de justicia penal se guía centrándose únicamente en la víctima. La OFDVI era úni ca en el sentido de que daba el siguiente paso, que era centrarse en el delincuente y evitar revictimizar a las víctimas aliviando 1. Algunos ejemplos de implementación y sus resultados: Operación Ceasefire en Boston, Massachusetts, demostró reducciones del 63% en homicidios de jóvenes; Operación Peacekeeper en Stockton, California, registró reducciones del 43% en homicidios por arma de fuego. Ver Braga y Weisburd(2012). 186

las barreras sistémicas en el proceso judicial(Sechrist y Weil, 2018, p. 5). La estrategia tiene tres objetivos principales: 1) garantizar la protección de las víctimas tras los incidentes; 2) modificar el comportamiento de los delincuen tes mediante la disuasión; y 3) optimizar los recursos de emergencia para res ponder rápidamente a los incidentes. La metodología contempla asimismo un sistema de identificación de los ofensores, evaluación, tipos de notificaciones y monitoreo. El sistema de categorización de ofensores tiene cuatro niveles(D, C, B y A) según la gravedad y reincidencia de los delitos de violencia doméstica. Cada nivel tiene criterios específicos, protocolos de notificación y medidas de monitoreo e investigación, con acciones más severas a medida que el nivel del ofensor aumenta(Sechrist y Weil, 2018). El mismo documenta argumenta que, en el caso de High Point, los delitos más graves y letales eran cometidos usual mente por un número muy reducido de personas. También se demostró que los agresores reincidentes por violencia doméstica suelen cometer otros delitos no relacionados y cuentan con un amplio historial delictivo, no relacionados con los incidentes domésticos. Las notificaciones son distintas para cada nivel y están diseñadas no solo para cambiar el sistema de convicciones y prácticas del ofensor, sino influenciar el comportamiento y su toma de decisiones relacionadas con cometer actos de violencia doméstica al entender las consecuencias. Durante las notificaciones se contempla reducir el contacto policial y aumentar la coordinación con servi cios sociales especializados y apoyo comunitario para el buscar la rehabilitación del agresor y comunicarle que la violencia doméstica no será tolerada en esta comunidad. Algunos ejemplos de recursos pueden ser tratamientos de salud mental, terapia, rehabilitación para el abuso de substancias, empleo, vivienda, entre otros. En el caso de High Point, el Centro de Justicia para la Familia(Fa mily Justice Center) trabaja en coordinación con el departamento de policía y otras organizaciones comunitarias para proporcionar servicios como refugio, apoyo en desarrollo de planes de seguridad, servicios legales y médicos, en tre otros. Es fundamental que estos servicios especializados se encuentren en coordinación directa con las agencias de justicia para lograr interrumpir futu ros ciclos de violencia. Es importante mencionar además que la implementa ción de esta metodología no reemplaza la atención y oferta de servicios sociales gubernamentales y comunitarios que deben de recibir las víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, un eje prioritario de la estrategia es la coordinación multidisciplinaria en la que las agencias al frente de una estrategia de disuasión focalizada trabajen en coordinación con las agencias que brindan atención a víctimas de violencia doméstica(Sechrist y Weil, 2018) La propuesta de la disuasión focalizada es un enfoque de intervención que integra distintos rubros y organizaciones y busca articular el trabajo de distintas 187

agencias públicas con una importante participación de la comunidad. Aunque inicialmente la metodología fue aplicada como una estrategia policial, en los últimos años distintas ciudades la han expandido hacia una perspectiva orga nizacional que integra el esfuerzo de agencias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para apostar por un nuevo enfoque de seguridad pública. Es fundamental también que se articulen canales de comunicación y coordina ción entre los esfuerzos actuales en términos de legislación y prevención de la violencia de género para generar una perspectiva holística en su combate. La disuasión focalizada desde una aproximación feminista: áreas de oportunidad para implementadores Aunque el enfoque de la disuasión focalizada ha demostrado resultados po sitivos en materia de evaluación de política pública y una perspectiva de crimi nología, como la reducción de los incidentes con lesiones fatales a las víctimas, aún existen áreas de oportunidad, sobre todo desde una perspectiva teórica fe minista. La disuasión focalizada no se ha abordado desde la perspectiva de una política feminista de seguridad y es importante integrarla al debate de dicha perspectiva ya que es una metodología con alcance internacional. Adicional mente, es fundamental considerarla desde la interseccionalidad: Elaborando en lo que se conoce como el análisis de la in terseccionalidad, …[se] aborda la violencia contra las mujeres como un núcleo donde la clase social, la etnia, la raza, la edad, la sexualidad, etc., se intersectan con la opresión de género para producir formas diferenciadas de desigualdad y, consecuente mente, de vulnerabilidad(Sagot Rodríguez, 2017, p. 64). Al no abordar esta metodología desde una perspectiva feminista y de inter seccionalidad existe el riesgo de no abordar problemas sistémicos en materia de igualdad de género, algo que ya sucede desde la implementación actual de esta metodología de política pública. En el caso mexicano, por ejemplo, es impor tante desarrollar una visión multidimensional de la violencia para comprender las desigualdades estructurales y las dinámicas de poder que integran la violen cia contra las mujeres. Algunos países de la región también han recurrido a la militarización de la seguridad pública, lo que representa un desafío para la erradicación de la vio lencia contra las mujeres(Ramalho, Diamint y Sánchez, 2020). En México, el gobierno ha apostado por un enfoque militarista, al aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y su participación en el resguardo de la seguridad pública. En respuesta a dicha opción, organizaciones como la Red Feminista Antimilita 188

rista han alzado la voz para alertar sobre las amenazas de la militarización a los derechos humanos de las mujeres en la región.“Investigaciones y consultas rea lizadas por la Red Feminista Antimilitarista revelan que la presencia de las fuer zas armadas en el espacio público, lejos de generar seguridad, provoca ansiedad, inseguridad y miedo entre las mujeres”(Equis Justicia para las Mujeres, 2023). En consecuencia, es fundamental desarrollar modelos latinoamericanos de implementación desde la interseccionalidad. La metodología de disuasión fo calizada brinda oportunidades y puede ser replanteada para abordar de manera más efectiva el riesgo potencial de abuso continuo a las víctimas de violencia doméstica, mientras aboga por reformas sostenibles en la respuesta del sistema de justicia penal ante este tipo de violencia. En los últimos 50 años, la respuesta de la justicia penal a la violencia de pareja ha evolucionado de patriarcal y apática a ser cada vez más punitiva debido en gran parte a los esfuerzos de los defensores de las mujeres que han sufrido vio lencia(Harper y Gover, 2019, pp. 20-21). Durante su concepción, la disuasión focalizada y otras estrategias para aten der la violencia doméstica contemplaban enfoques punitivos, como arrestos obligatorios en ciertas situaciones. Sin embargo, se ha comprobado que estos enfoques tienen consecuencias negativas, como, por ejemplo:“en estados con arresto obligatorio, existía una gran probabilidad que se arrestara tanto a la víctima como al ofensor”(Harper y Gover, 2019, p. 9). Adicionalmente, estas medidas no contemplaban procesos de rehabilitación para las personas encar celadas por delito de violencia doméstica. Por lo que existe una gran área de oportunidad para desarrollar una perspectiva no punitiva y con respeto a los derechos humanos que priorice la prevención y la rehabilitación de ofensores. A pesar de tener áreas de oportunidad para reformar el enfoque punitivo, la evaluación de la metodología de la disuasión focalizada enfocada en violen cia doméstica ha encontrado resultados prometedores como beneficios de la seguridad de las víctimas y reducción de arrestos relacionados con violencia doméstica 2 . Es importante mencionar que debido a la ausencia de datos se han encontrado limitaciones para entender los efectos de la estrategia desde la pers pectiva de las víctimas. Un enfoque que sería valioso abordar desde la intersec cionalidad y las perspectivas teóricas feministas de seguridad para desarrollar datos desde la perspectiva de las víctimas y entender el verdadero impacto local y regional de estas estrategias. Si bien la metodología busca categorizar a los ofensores en niveles, también se debe desarrollar un sistema de seguimiento para las víctimas. 2. Sechrist y Weil(2018) mencionan cómo a partir del sistema de notificaciones implementado en High Point, North Carolina, se obtuvo una mayor comprensión de las características de los agresores, por ejemplo: edad promedio, historial criminal y datos de reincidencia. Dichos datos son esenciales al momento de mejorar programas de prevención e intervención de violencia doméstica. Se registró igualmente una reducción del 20% en arrestos relacionados con violencia doméstica y una reducción del 20% de lesiones a víctimas durante el arresto. 189

Adicionalmente, uno de los grandes beneficios que ha surgido de la estrategia es la creación de equipos multidisciplinarios de trabajo. Lo cual ha dado como resultado la identificación de grandes vacíos en el sistema de justicia y servicios sociales locales y estatales(Sechrist y Weil, 2018). Dichas prácticas de colabora ción entre instancias gubernamentales tienen el potencial de conducir a impor tantes reformas en el sistema de justicia y cómo se conceptualiza la justicia en distintos niveles. El caso de High Point(el único en su tipo con un enfoque en violencia do méstica) y la primera adaptación de la metodología en la Ciudad de México re presentan nuevas aproximaciones que otras regiones pudieran retomar en sus propios contextos y así trabajar para reducir las brechas del sistema de justicia para la reducción de la violencia doméstica y, en consecuencia, la violencia de género. Lo que nos lleva cuestionar el paradigma actual de la prevención y la interrupción de la violencia de género en América Latina y re imaginar un sis tema de justicia con una perspectiva feminista y de género. Consideraciones finales En este texto hemos analizado brevemente el contexto de la violencia domés tica y el feminicidio en México, explorando oportunidades teóricas y prácticas para su abordaje desde la perspectiva de la disuasión focalizada. Como se men cionó, existe un camino por recorrer ya que la disuasión focalizada aún no ha sido explorada a profundidad para valorar si representa una opción para Amé rica Latina. Si bien hay diferencias importantes entre los sistemas de justicia estadounidenses y los latinoamericanos, estructuralmente son similares, como, por ejemplo, la existencia de agencias de prevención y procuración de justicia, sistema penitenciario, cortes y departamentos de policía. El análisis presentado subraya que existe una gran área de oportunidad para adaptar algunos de los principios de la disuasión focalizada desde una perspectiva feminista, lo que podría impulsar reformas en el sistema de justicia para lograr reducciones sos tenibles en los casos de violencia doméstica en México y en la región. Es crucial que las estrategias de disuasión focalizada se analicen, discutan e implementen desde una perspectiva feminista e interseccional para un contex to latinoamericano. Lo cual permitiría no solo tratar de manera más efectiva las desigualdades estructurales que alimentan la violencia de género, sino que garantizaría intervenciones desarrolladas de acuerdo con las diversas formas de opresión que experimentan las mujeres en la región. Además, al importar y adaptar metodologías extranjeras, es vital que estas estrategias se ajusten a las realidades locales y a las necesidades específicas de la población, teniendo en cuenta las diferencias culturales, económicas y sociales que pueden influir en la efectividad de la intervención. En dichos procesos se debe contar con la partici 190

pación de gobiernos de todos los niveles, de la sociedad civil y de instituciones académicas, para contar con una colaboración multidisciplinaria. En definitiva, estas reflexiones resaltan la importancia de un enfoque integral y adaptado a las realidades de América Latina, que no solo responda a la violencia de género de manera inmediata, sino que busque también erradicarla a largo plazo mediante políticas públicas inclusivas y sensibles a las dinámicas sociales y de género. Bibliografía Araujo-Cuauro, Juan Carlos.“La violencia contra las personas sexo-género diverso, su tratamien to en el sistema jurídico venezolano”. Telos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, v. 20, n. 1, p. 129-158, 2018. Disponible en: https://doi.org/10.36390/telos201.07. Alzaga, Ignacio.“Bajan 59% los homicidios en 3 años con estrategia Alto al Fuego de la SSC”. La Silla Rota, 2023. Disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/2023/3/26/bajan-59-los-ho micidios-en-anos-con-estrategia-alto-al-fuego-de-la-ssc-420961.html. Braga, Anthony A. y Weisburd, David L.“The Effects of Focused Deterrence Strategies on Crime”. Journal of Research in Crime and Delinquency, v. 7, n. 3, p. 323-467, 2012. Castro, Roberto y Riquer, Florinda.“La investigación sobre violencia contra las mujeres en Amé rica Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos”. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 135-146, enero-febrero, 2003. Cepal.“Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Feminicidio”. n. d. Disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio. Equis Justicia para las Mujeres.“La militarización de la seguridad pública, amenaza permanente para los derechos humanos de las mujeres”, 25 de noviembre de 2023. Disponible en: https:// equis.org.mx/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-amenaza-permanente-para-los-dere chos-humanos-de-las-mujeres/. Frayssinet, Fabiana.“América Latina rearma su estrategia contra los feminicidios”, 2019. Dispo nible en: https://ipsnoticias.net/2019/04/america-latina-rearma-su-estrategia-contra-los-femi nicidios/. Harper, Shannon B. y Gover, Angela R.“A Feminist Perspective on the Criminal Justice System Response to Domestic Violence”. Handbook of Interpersonal Violence Across the Lifespan, p. 1-30, 2019. Ramalho, Antonio J.; Diamint, Rut; Sánchez, Lisa.“La militarización de la seguridad y el regreso de los militares a la política en América Latina”. Paz y Seguridad. Análisis, marzo 2020. Ramírez Velásquez, Joana Carolina; Alarcón Vélez, Ricardo Agustín; Ortega Peñafiel, Sebastián Andrés.“Violencia de género en Latinoamérica: estrategias para su prevención y erradicación”. Revista de Ciencias Sociales(Universidad de Zulia), v. XXVI, n. 4, p. 260-275, 2020. Sechrist, Stacy M. y Weil, John D.“Assessing the Impact of a Focused Deterrence Strategy to Combat Intimate Partner Domestic Violence”. Violence Against Women, v. 24, n. 3, 2018. Sagot Rodríguez, Montserrat.“¿Un mundo sin feminicidios? Las propuestas del feminismo para erradicar la violencia contra las mujeres”. CLACSO, 2017. Disponible en: http://repositorio.ciem. ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/223. Sigal, Lucila; Ramos, Natalia A.; Martínez, María Isabel; Machicao, Mónica.““Otra pandemia”: violencia doméstica aumenta en América Latina durante cuarentena”, 27 de abril de 2020. Dis ponible en: https://www.reuters.com/article/idUSKCN2291KI/. UNFPA.“Violencia Basada en Género”. n. d. Disponible en: https://lac.unfpa.org/es/temas/vio lencia-basada-en-g%C3%A9nero. 191

5. POLÍTICAS DE (IN)SEGURIDAD Y VIOLENCIAS LETALES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 192

De palabras a acciones, ¿qué se está haciendo para acabar con la violencia de género en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Aimée Boeta Borja Consultora independiente, México Introducción Desde el inicio de la“guerra contra las drogas”, en México ha habido un in cremento en los homicidios hacia mujeres, y estas han percibido una mayor prevalencia de violencia psicológica, física y sexual dirigida hacia ellas(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021). La deuda hacia las mujeres deja da por los sexenios de los presidentes Felipe Calderón(2006-2012) y Enrique Peña Nieto(2012-2018) es innegable; por ello, cuando Andrés Manuel López Obrador(2018-2024) ganó las elecciones se esperaba un cambio, pues eso era lo que había prometido durante todos sus años de campaña. Ahora, con el fin de su mandato, es importante conocer los avances y retrocesos en asuntos clave como la violencia de género. Esto no con el propósito de atacar la figura de López Obrador, sino de cuestio nar la efectividad de su administración para acabar con la inseguridad median te el aumento de la militarización y centralización del poder que se ha presen ciado en su sexenio. Al igual que el efecto que sus discursos en sus conferencias matutinas diarias, conocidas como La Mañanera, han tenido en la forma en la que el gobierno atiende la violencia de género, pues el tener un espacio diario en el que su voz se escucha constantemente, genera que todos sus discursos se conviertan en la visión oficial del poder ejecutivo sobre la problemática. Este escrito busca, por medio del examen de notas de prensa, artículos de opinión de personas expertas, reportes de organizaciones de la sociedad civil e informes generados por el gobierno mexicano, al igual que de los discursos del presidente, analizar si las acciones realizadas, no solo en la política de seguridad sino también en programas y políticas centradas en acabar con la desigualdad de la mujer han tenido el resultado requerido para llamar al gobierno de An drés Manuel López Obrador como el más feminista, tal como lo han denomi nado miembros de su equipo, y si sus soluciones han disminuido realmente la violencia de género. 193

La violencia de género en los sexenios anteriores La llegada al poder de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México entre 2016 y 2012, marcó un hito en la historia del país, al declararle la guerra a las drogas y sacar de los cuarteles a los militares para enfrentar a los narcotrafi cantes, provocando así“un aumento en los asesinatos”( El País, 2016), no solo dirigido hacia los narcos, sino también hacia toda la sociedad mexicana, afec tando a las mujeres(Atuesta y Vela, 2020, p. 85). Si bien la violencia de género no era algo nuevo, pues desde la década de los noventa en lugares como Ciudad Juárez ya había casos alarmantes de feminicidio, como lo señaló Beatriz Gui llén(2022), lo cierto es que una vez declarada la guerra contra las drogas pode mos apreciar una escalada de violencia hacia las mujeres, ya que de 1985 a 2006 se habían registrado un total de 29.823 muertes violentas de mujeres, mientras que de 2007 a 2019 se registraron 33.501, siendo 2018 el año más violento con tra ellas, al registrar 3.752 mujeres asesinadas(UN Women México, 2020, p. 33). A pesar del incremento de la violencia, ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto modificaron la estrategia de militarizar la seguridad pública. Sumado a lo anterior, aun cuando ambos hablaban de disminuir la violencia de género, ninguno logró este cometido, todo lo contrario: la violencia subió año tras año, causando mayor descontento social y un mayor sentimiento de inseguridad por parte de las mujeres(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2023, p. 8). En el caso del presidente Enrique Peña Nieto(2012-2018), de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano(ONC)(2019) la prevención o el combate a la violencia de género estuvo presente en tan solo diez de sus discursos, sobre todo en el periodo 2015-2017. La ausencia del asunto se sumó a la falta de re conocimiento del delito de feminicidio en varios casos. A pesar de que en 2012 este se había tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal, durante su mandato tan solo tres mil 56 asesinatos de mujeres fueron calificados como feminicidio, aunque la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impu nidad señaló que hubo“12 mil 374 casos más de mujeres asesinadas a golpes, as fixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación”(Gandaria, 2020), cuyos asesinatos no fueron reconocidos como feminicidio por parte de las autorida des haciendo perceptible la falta de enfoque de género al enfrentar estos casos. Frente a esta situación, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), liderado por Andrés Manuel López Obrador, buscó presentarse como una opción feminista en las elecciones de 2018, y simpatizantes suyas generaron un documento titulado“Femsplaining: Hablemos nosotras”, el cual presentaba propuestas para abonar a la igualdad de género en siete aspectos: educación y cultura, independencia económica e inclusión laboral, acoso y vio lencia, feminización de la pobreza, salud reproductiva, violencia y acceso a la justicia y administración pública con perspectiva de género. Con el objetivo de 194

atraer el voto femenino y atender una problemática que iba volviéndose más importante en el imaginario colectivo, al mencionar la necesidad de que las instituciones de gobierno deberían construir y socializar la perspectiva de gé nero(Abre Más los Ojos, p. 22). En cuanto a la seguridad, esta continuó siendo parte del debate en las eleccio nes de 2018, y López Obrador se oponía abiertamente a la estrategia de segu ridad que se utilizaba desde el sexenio de Felipe Calderón, al considerarla una estrategia reduccionista que tenía soluciones únicas y unidimensionales que no atendían a las causas reales de la violencia. Incluso en su propuesta de Plan na cional de paz y seguridad 2018-2024 señalaba que para poder enfrentar la raíz de los problemas de la violencia se requerían estrategias de seguridad“multi dimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales”(López Obrador, 2018, p. 2). Con este tipo de afirmaciones podría parecer que las propuestas de la candi datura de López Obrador atendían varios aspectos mencionados por los estu dios feministas de seguridad(EFS), los cuales señalan la importancia de poner de“manifiesto la multidimensionalidad de la seguridad, la pluralidad de acto res y de ámbitos de acción relevantes para la provisión de seguridad”(Urrutia, Villellas y Villellas, 2020, p. 22). Es importante hacer notar que el mencionar la multidimensionalidad de la seguridad no genera que automáticamente esta se vuelva feminista e incluirla en su propuesta no significa que se materialice. Aun cuando es imposible negar que de forma inicial la propuesta estaba presente y la promesa de cambio también. Por ello, la sociedad de entonces decidió inclinarse por su candidatura, a pesar de detalles que preocupaban a analistas, como era el hecho de que se planeaba mantener a“las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia”(López Obrador, 2018, p. 16), y aunque las autoras de la seguridad feminista argumentan que“la violencia feminicida tiene un vínculo con las prácticas de violencia extrema y militari zación cotidiana”(Urrutia, Villellas y Villellas, 2020, p. 15). Por lo que se podía suponer que se iban a reproducir las mismas políticas de seguridad presentadas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, en los que el militarismo permeaba las soluciones multidimensionales que atendieran problemas que tenían más de una fuente, como es el caso de la violencia de género. ¿El gobierno más feminista? Una vez en el poder, López Obrador estableció un gabinete con paridad de género, un hito histórico para el país, pues las mujeres no habían ocupado car gos tan importantes, destacando el nombramiento de Olga Sánchez Cordero 195

como titular de la Secretaría de Gobernación. Sumado a lo anterior, se instau ró la política exterior feminista como la política base para llevar las relaciones exteriores del país, buscando así presentar a México como un país incluyente. Estas acciones se podrían tomar como excelentes primeros pasos para tener un gobierno con mayor perspectiva de género. Lamentablemente la realidad fue otra: la asignación de mujeres en cargos de poder no estuvo acompañada de un análisis en el cual desde el feminismo se pudiera responder de forma inter sectorial a las áreas de oportunidad que cada secretaría presentaba. La paridad en el gabinete y la política exterior feminista 1 no se tradujeron en la generación de soluciones sustantivas que beneficiaran a las mujeres, más bien, con el paso del tiempo el gobierno denotó que muchas de sus acciones carecían de pers pectiva de género. Para señalar un ejemplo, en 2020 la Fiscalía General de la República(FGR), liderada por Alejandro Hetz Manero, propuso eliminar el tipo penal de femini cidio del Código Penal único y redefinirlo como homicidio agravado. Lo cual causó descontento de activistas, pues eliminaría“una categoría que analiza la violencia contra las mujeres”(Melgar, 2020), desapareciendo todos los esfuer zos hechos por estas para que el gobierno reconozca crímenes dirigidos hacia ellas solo por ser mujeres, y obstaculizando los esfuerzos para investigar el pro blema de forma apropiada. Al final, debido al revuelo causado, la propuesta quedó desechada. En el mismo año, López Obrador, al ser confrontado por los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, los cuales obtuvieron gran atención mediáti ca por la crueldad de los crímenes, no hizo ninguna mención a la violencia de género, sino que adjudicó los crímenes a una crisis de valores provocada por la corrupción y el neoliberalismo, causando el descontento de miles de muje res que decidieron salir a las calles a protestar. El presidente, en vez de validar las demandas de las mujeres que buscaban justicia y protección por parte de su administración acusó a las manifestantes, declarando que“de repente los conservadores se disfrazaron de feministas”( Expansión Política, 2020). Con lo que acentuaba mucho más las diferencias entre el movimiento feminista y su administración. En el transcurso de los años las diferencias no hicieron más que incrementar se. Otro ejemplo de la minimización del problema de violencia de género por parte del poder ejecutivo ocurrió en 2020, cuando el mandatario declaró que el 90% de las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres eran 1. Las críticas a la ejecución de la política exterior mexicana no son exclusivas al caso mexicano, también han existido críticas en el caso canadiense al no desarrollar políticas de“manera integral, intersectorial y menos centrada en Occidente; privilegiado el simbolismo sobre el proceso”(Bouka, Yolande, 2021). Es importante tomar en cuenta estas críticas, no para desvirtuar la importancia de la política exterior feminista, sino para que se pueda generar una política incluyente que beneficie a las comunidades marginadas, que han sido desfavorecidas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 196

falsas( Animal Político, 2020), ignorando los datos oficiales de feminicidio que demostraban su incremento, a pesar de la cuarentena por el covid: de acuer do con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022), de 973 feminicidios registrados en 2019, pasaron a 978 en 2020. Empe ro, el discurso de López Obrador continuaba negando la información e incluso declaró,“estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a quienes ase sinan mujeres, a los feminicidas”, y se mantenía firme en que los problemas se estaban atendiendo de raíz. Dicha aseveración carecía de fundamentos, pues el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Pipa sevm), que se planteó como plan rector para erradicar la violencia por medio de distintas actividades, no comenzó a ejecutarse hasta 2021, tres años después de que el presidente tomara posesión, mostrando una falta de voluntad política por desarrollar realmente acciones que disminuyeran la violencia de género. Y aunque el Pipasevm parecía ir en línea con el enfoque multidimensional al buscar disminuir las violencias contra las mujeres mediante la implementa ción de medidas preventivas de los factores de riesgo; promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de la violencia; fomentar la procuración e impartición de jus ticia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias nacionales competentes; e impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Al momento de ejecutar el programa se notaron carencias al“no generar la información apropiada para dar seguimiento y monitoreo a la implementación de políticas”(Santana, 2023), debido a que los indicadores no contaban con elementos suficientes para establecer una correlación causa-efecto. Tampoco llegaron a ejecutarse medidas preventivas importantes para des normalizar la violencia de género, como la campaña creada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres(Conavim) llamada“Vacúnate contra la violencia”, que buscaba crear conciencia sobre la cultura de la no violencia contra las mujeres y planteaba aplicarse en 2021, pero que de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (2021) no pudo llevarse a cabo por falta de presupuesto. Como parte de las actividades del Pipasevm se planteaba también reeducar a los agresores, para reinsertarlos socialmente sin que fueran un riesgo para las mujeres, pero nin guna actividad al respecto se desarrolló. El problema presupuestario no solo ha afectado las campañas mencionadas, sino que se ha extendido en muchas de las instituciones dedicadas a abordar la igualdad de género. De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 en su Anexo 13, destinado a atender las desigualdades de género, aunque incrementó 197

sus cantidades,“su asignación no prioriza los programas orientados a cerrar las brechas de género como la prevención y atención de violencia contra las muje res(0,08%) y la salud materna, sexual y reproductiva(0,5%)”(Instituto Mexicano para la Competitividad, 2023). Teniendo un presupuesto muy reducido para atender a las víctimas. En cambio, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembran do Vida recibieron un gran porcentaje del presupuesto, a pesar de no contar con enfoque de género. La falta de presupuesto, las medidas tardías y los ataques constantes al mo vimiento feminista demuestran la falta de interés por parte del gobierno del presidente López Obrador de atender las necesidades de las mujeres, quienes de acuerdo con el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI(2024) han au mentado su percepción sobre la prevalencia de la violencia a lo largo de su vida, pasando de 66,1% en 2016 a 70,1% en 2021. Asimismo, según el Banco Nacio nal de Datos de Conavim,“se registraron 270.273 casos de violencia contra las mujeres, lo que significó un crecimiento de 119,1%, respecto de lo reportado en 2019”(Auditoría Superior de la Federación, 2021, p. 33). Conclusiones Es importante recordar que, en el caso de la seguridad, esta es“simplemente, no más(o menos) de lo que la gente dice que es”(Von Boemcken y Schetter, 2016, p. 3), lo que significa que las prioridades de seguridad de un gobierno de penden mucho de la perspectiva de las personas que lo conforman, y en el caso de la administración liderada por Andrés Manuel López Obrador es claro que la prioridad no se encuentra en atender la violencia de género. En cambio, el presidente optó por una visión de seguridad más tradicional, con estrategias inmediatas y punitivas, a pesar de sus críticas iniciales a este tipo de métodos. Siguiendo la pauta generada por Felipe Calderón, López Obrador ha mantenido a los militares en las calles e incluso ha extendido su actuar en otras áreas, lo que perpetúa a su vez la visión de que una mano dura es la solu ción para acabar con los problemas, invisibilizando“otros tipos de violencia y problemas de seguridad”(Marchand, 2013). Una visión que debe abandonarse para acabar con la violencia de género, pues soluciones violentas solo generan reacciones violentas, en las que quien domine tiene el poder. Y en una sociedad patriarcal como la mexicana, que alguien quiera presentarse como poderoso termina en ataques hacia las mujeres, al ser vistas como menos, lo cual puede verse claramente con el incremento de los feminicidios y el sentimiento de in seguridad por parte de las mujeres. 198

La visión militarizada carece del entendimiento generado en el estudio de seguridad feminista que señala la interconectividad de la violencia, donde la violencia hacia la mujer es un síntoma de la violencia generalizada hacia toda la población. Buscar resolver el problema de violencia de género puede no pa recer una prioridad teniendo en cuenta la existencia de amenazas a la seguri dad más mediáticas, como son las acciones del narcotráfico, pero al atenderlo también se atienden otras problemáticas estructurales, como es el caso de la desigualdad, una de las causas del narcotráfico. Es así que, al continuar con la visión tradicional, se pierden de vista solucio nes alternativas que pueden mejorar la forma de vida de las mujeres y la socie dad, ya que la visión militarizada se opone a otros tipos de estrategias, como las de reeducación a agresores o campañas de concientización sobre la violencia de género, que requieren de mayor esfuerzo por parte de las autoridades y no presentan resultados tan atractivos discursivamente como el actuar militariza do y punitivo. Sumado a lo anterior, es importante recalcar que con la militarización la opo sición no es tolerada, generando violencia por parte del Estado hacia la misma ciudadanía, perpetuando un ciclo de inseguridad. Ya que los militares violan los derechos humanos de la ciudadanía, al ser desplegados en tareas de seguridad pública, cometiendo“ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin redu cir los niveles desorbitantes de violencia”(Human Rights Watch, 2022). Una forma clara de observar esto es con el movimiento feminista, que al aumentar su activismo en los últimos años se encontró con la intolerancia de un gobierno que, con sus reacciones, de manera tal vez accidental, ha fortalecido la percep ción de los agresores de que pueden continuar con sus acciones sin consecuen cias, porque si el presidente no cree en las llamadas de auxilio, ¿las mujeres cómo pueden sentirse seguras de denunciar, sin temor de que las desestimen? En conclusión, el tener mujeres en puestos de poder, generar programas que señalen la importancia de la multidimensionalidad y adjudicarse el título de protector de las mujeres no hace que un gobierno se vuelva feminista. Para que tenga perspectiva de género, hay que generar una comprensión multidimen sional que va de lo local a lo macro sobre la situación actual, con soluciones integrales que vayan desde la educación, la economía, la política y la seguridad, con un presupuesto vaya a las áreas que más lo requieren y no estén centradas solo en beneficiar la imagen pública del gobierno en turno, alejándose de vi siones de seguridad tradicionales y enfocándose en encontrar alternativas más inclusivas, centradas en las minorías que resultan los más vulnerables frente a la violencia. 199

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La guerra contra las drogas en México y su impacto en la vida de las mujeres que maternan Alejandra Bahena Iturralde Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Tec de Monterrey CEM, México Introducción En 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon(1969-1974), declaró la guerra contra las drogas con el objetivo de parar la crisis nacional de adicciones a estupefacientes como la heroína. La narrativa adoptada por Estados Unidos de prohibición al consumo, producción y venta de drogas ilegales se ex pandió globalmente generando una presión particular sobre los países produc tores de estupefacientes(Garat, 2021). En América Latina, la presión por com batir a grupos dedicados a la producción y venta de drogas llevó a los gobiernos de la región a implementar medidas alineadas con la guerra contra las drogas. Desde 2006, siguiendo el modelo de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, México ha desarrollado acciones de combate a grupos del crimen orga nizado caracterizadas por la persecución de grupos delincuenciales dedicados al trasiego de drogas, la militarización de la seguridad pública y políticas de prohibicionismo, situación que ha resultado en el incremento de los niveles de violencia como homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, atrocida des y masacres(Brewer, 2021). En su disputa por el control de territorio con el Estado mexicano, grupos del crimen organizado han utilizado prácticas como el reclutamiento forzado, el secuestro de jóvenes y demostraciones de violencia extrema. Esta situación ha tenido impacto no solo en la vida de los hombres, quienes suelen ser los principales objetivos de reclutamiento y homicidio, sino también en la de las mujeres, especialmente aquellas viven en zonas con alta presencia de grupos criminales(Chomczyński, 2023). En los últimos años se ha observado el incremento en la participación de mujeres en actividades criminales, ya sea por coerción por parte de sus parejas, por necesidad o en búsqueda de protección(International Crisis Group, 2023), situación que ha derivado, a su vez, en el aumento de la criminalización y el encarcelamiento de las mujeres en México. De acuerdo con datos de la Se cretaría de Seguridad Ciudadana, el 86% de las mujeres en prisión son madres (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2024). Por otra parte, la ola de desapariciones de hombres y mujeres en zonas de presen 202

cia criminal ha llevado a que familiares de las víctimas, en particular mujeres (madres, hermanas, sobrinas, etc.), se organicen en grupos de búsqueda para encontrar a las y los desaparecidos, siendo ellas también objeto de amenazas y violencias por parte del crimen organizado(Prior, 2023). Si bien son múltiples los análisis sobre el impacto de la guerra contra las drogas en México, este artículo busca contribuir a los estudios feministas de seguridad desde el enfoque de la micropolítica 1 , entendida como“la vida coti diana de los sujetos”, para analizar la forma en la que esa guerra y las políticas prohibicionistas han contribuido al incremento de nuevas formas de violencia contra las mujeres que ejercen la maternidad. En este sentido, como objeto de análisis se utilizarán dos ejemplos. Inicialmente se examinará de qué forma el reclutamiento y la desaparición de personas por parte del crimen organizado obliga en muchas ocasiones a las madres a suspender su vida cotidiana para buscar a sus familiares desaparecidos a pesar del poco apoyo del Estado y los peligros que conlleva este tipo de búsquedas. Por último, se abordará la incur sión creciente de mujeres madres y cuidadoras en actividades delictivas y la mayor criminalización que pueden enfrentar por su condición de género y por su origen y clase social. La guerra contra las drogas en México La guerra contra las drogas fue declarada en diciembre de 2006 por el re cién electo presidente Felipe Calderón(2006-2012) después de su disputada victoria electoral. La decisión de desplegar al ejército mexicano en el estado de Michoacán se debió a los altos niveles de violencia que había allí por las activi dades criminales del grupo delictivo conocido como la Familia Michoacana. El despliegue se extendió a otros lugares de la República que mostraban indicios de disputa territorial con el Estado(Rosen y Zepeda Martínez, 2015). A esta de cisión se sumó la implementación de políticas de prohibición como la destruc ción de campos de marihuana y el aumento de las penas por venta y consumo de estupefacientes, así como el arresto de líderes de los grandes cárteles de la droga(Rosen y Zepeda Martínez, 2015). A largo plazo, el resultado de estas po líticas ha sido la escisión de grupos criminales, la desaparición de algunos de ellos y la multiplicación de otros 2 , complejizando el escenario criminal del país. Las administraciones de Enrique Peña Nieto(2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador(AMLO)(2018-2024) han mantenido la misma línea de comba 1. La micropolítica considera que la vida cotidiana de los sujetos y su vida privada también es política e incide en la configuración del campo social. La identidad, la memoria, la pertenencia y el afecto, resaltando el peso de las emociones y de las redes afectivas creadas que pueden crear puntos de resistencias(Cardinale y Winer, 2022). 2. Mapa criminal de México 2019 – 2020. Lantia Intelligence. Disponible en: https://acortar.link/OLrUWS. 203

te al crimen organizado y la militarización de la seguridad pública 3 , con algu nas variaciones. En campaña, AMLO propuso una nueva visión para abordar la estrategia de seguridad en México que se alejara del prohibicionismo y el uso de la violencia por parte del Estado. Ya en su mandato, López Obrador desapa reció la Policía Federal, una institución civil encargada de la seguridad pública federal, creó la Guardia Nacional(GN), vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena) en su rama operativa y conformada por exmilitares. Si bien las fuerzas de seguridad estatales cuentan con capacitaciones en torno a dere chos humanos y están obligadas a respetarlos, la presencia del ejército mexica no y de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública ha resultado en el incremento de situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos y de violencia de género por parte del Estado(Ibarra, 2021). De acuerdo con el re porte“La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz” de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (2020), el 63,8% de los casos de violaciones a derechos humanos fueron perpe trados por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina(Semar). Según un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez(Centro Prodh), en muchos de estos casos las víctimas sue len ser mujeres, niñas y adolescentes, quienes sufren de violencia sexual por parte de las autoridades y otras veces suelen morir en medio del fuego cruzado (Centro Prodh, 2024). El aumento de la violencia contra las mujeres: el caso de las madres buscadoras En el contexto de violencia criminal el incremento de homicidios(gráfico 1) y desapariciones de hombres es más alto que el de las mujeres. Los hombres suelen morir a manos de otros hombres y las víctimas suelen estar relacionadas con algún delito, actividad criminal o agresiones mutuas(Datos macro, 2022), mientras que los feminicidios suelen ser en la esfera privada y a manos de fami liares o conocidos como parejas, novios, etc. En este sentido, la violencia contra las mujeres en México ha mostrado un incremento constante en los últimos años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP), entre 2006 y 2021 se registraron 43 mil fe minicidios y la desaparición de 18 mil mujeres(Gobierno de México. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2023), siendo niñas y mujeres de entre 14 y 29 años las principales víctimas de estos delitos(Loaiza, 2023). Si bien las causas y dinámicas de la violencia contra las mujeres y hom 3. La militarización de la seguridad pública en México se entiende como la“La subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar, normalmente expresada por la preeminencia de los mandos militares sobre los civiles tanto en la ejecución de operativos o maniobras tácticas como en la toma de decisión estratégica y política”(Cano, 2019). 204

bres son distintas, en ambos casos se observa la misma tendencia al alza tanto en desapariciones de hombres y mujeres como en feminicidios y homicidios de hombres(Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2023), mostrando que las estadísticas coinciden con el inicio de la llamada gue rra contra las drogas en México. Gráfico 1. Número de homicidios de hombres y feminicidios en México, 2006-2022 Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres(SIESVIM). Por lo general, cuando se analizan los homicidios de hombres vinculados a la guerra contra las drogas en México, se excluyen las dinámicas de género que resultan de estos homicidios. Es decir, las mujeres pueden ser víctimas de fe minicidios, violaciones, desapariciones y explotación sexual no solo por parte de sus parejas, sino de las fuerzas armadas y el crimen organizado. No obstante, si hombres cercanos a su círculo familiar o sus comunidades son reclutados, desaparecidos o asesinados, la vida de las mujeres(particularmente las madres de estas víctimas) también es impactada significativamente. En muchos casos, las madres de familia quedan solas y asumen por completo los cuidados fami liares y económicos de sus familias e hijos. Por otro lado, la poca disposición y capacidad del Estado de hacer justicia puede resultar en una revictimización de las madres, quienes sufren por la pérdida de sus familiares y generalmente no se les proporciona las herramientas adecuadas para obtener justicia. Frecuentemente, son las mujeres, madres, hermanas familiares quienes, ante la incapacidad del Estado de resolver casos de desaparición y feminicidios, se han organizado para encontrar pistas que les ayuden a obtener respuestas y justicia. De acuerdo con Julia Monárrez(2011), fueron mujeres organizadas y colectivos feministas quienes impulsaron la visualización del problema de vio lencia de género en la crisis de feminicidios en Ciudad Juárez en la década de los noventa. Actualmente, y como respuesta al incremento de las desaparicio 205

nes en México en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, grupos de mujeres siguen buscando nombrar y encontrar a las y los miles de desapare cidos en el país. Este es el caso de las llamadas“madres buscadoras”, grupos de mujeres encabezados en su mayoría por madres de personas desaparecidas en regiones de alta criminalidad y donde existen frentes abiertos entre grupos del crimen organizado(Estrada, 2023). Las madres buscadoras, quienes destinan tiempo y recursos propios para buscar a sus familiares desaparecidos en zonas de alto peligro, pocas veces son apoyadas por el Estado. En algunos casos, reci ben apoyo en especie como herramientas de búsqueda y protección de autori dades en las zonas donde buscan pistas sobre sus familiares(Flores, 2024). Sin embargo, por otro lado, el gobierno ha llegado a borrar datos de personas des aparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda(Martínez, 2024). Asimismo, no les proporciona la protección necesaria a pesar de las constantes amenazas que reciben por parte de organizaciones criminales. Recientemente se dio a conocer el caso de Lorena Lazcano, una madre buscadora del estado de Gua najuato que fue secuestrada en su casa por integrantes del crimen organizado (Rosete, 2024). En este estado, colectivos de búsqueda reportan el asesinato de once madres buscadoras, mientras que las cifras oficiales del Estado registran seis(Punto y Aparte, 2023). El caso de Lazcano como hermana de un desapare cido, como buscadora, madre y esposa de víctimas y mujer secuestrada refleja las múltiples formas en las que la violencia derivada de la guerra contra las dro gas atraviesa la vida de las madres. Criminalización de las mujeres y madres El caso de las madres buscadoras en México representa una respuesta de re sistencia por parte de las mujeres y madres ante las dinámicas y consecuencias de la guerra contra las drogas. Sin embargo, es importante analizar cómo por el contrario la presencia de alta criminalidad y esfuerzos de combate a esta resul tan en la participación de las madres en dinámicas delictivas. De acuerdo con el último reporte de la organización Reinserta(2023) en los últimos años ha aumentado el número de mujeres en México involucradas en actividades delic tivas. En 2017, el porcentaje de la población en prisión era del 5,4%, de mujeres mientras que en 2021 aumentó a 7,5%(Loaiza, 2023). Encuestas a mujeres en prisión en México muestran que la mayoría son madres solteras provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables que comienzan a delinquir por dis tintas razones, siendo la más común la obtención de ingresos para su sustento y el de su familia(Loaiza, 2023). Algunas de ellas están encarceladas sin haber delinquido, pero suelen llegar ahí por acusaciones de sus parejas y la facilidad de procesarlas derivada de condiciones socioeconómicas y de género. 206

Independientemente de la guerra contra las drogas y la violencia del crimen organizado, México es un país con altos niveles de violencia de género y esta violencia suele ser mayormente ejercida por parte de parejas y familiares de las mujeres(Índice de Paz, 2023). Por esta razón, algunas de las que ingresan a las filas del crimen organizado declaran hacerlo para obtener algún tipo de protec ción y poder que no pueden adquirir fácilmente por otras vías. Esta situación refleja su necesidad de garantizar su seguridad e integridad por medios propios (Loaiza, 2023). Las probabilidades de que una mujer se involucre en actividades delictivas y de crimen organizado aumentan cuando su pareja o algún otro fa miliar es miembro de alguna organización criminal. En estos casos, las mujeres suelen ser forzadas por sus parejas a participar en distintas actividades delicti vas. Incluso cuando no existe coerción por parte de un tercero, la influencia del contexto(normalización de la violencia, aspiración a estereotipos de estilos de vida vinculados con el crimen organizado) en el que se vive en pareja y en co munidad, así como el consumo de drogas, puede contribuir a la participación de las mujeres en el crimen organizado(International Crisis Group, 2023). Los roles de las mujeres en el crimen organizado generalmente son variados, pero salvo excepciones, no suelen alejarse de las estructuras patriarcales que existen fuera de la criminalidad. Es decir, la mayoría trabaja para jefes hombres y los estereotipos asociados con roles de cuidado hace que se les perciba como menos confrontativas, buenas en tareas administrativas, leales ante el miedo de la amenaza a ellas y a su familia y que pueden pasar desapercibidas ante las autoridades(Borders, 2023). Pocas mujeres llegan a ocupar puestos altos en las cadenas de mando del crimen organizado por lo que, en la mayoría de las oca siones, son subordinadas a tareas de narcomenudeo y vigilancia. No obstante, las personas que cometen este tipo de delitos de“bajo perfil” tienden a ser más propensas a ser detenidas y encarceladas por narcomenudeo debido a la faci lidad con la que pueden ser identificadas y procesadas, así como al poco poder económico y de influencias que ostentan en la cadena de mando(Fleetwood y Leban, 2021). En este sentido, la probabilidad de que la mayoría de las mujeres que ingresan al crimen organizado ya sea por coerción, influencia o voluntad propia termi nen en prisión es significativamente alta. A pesar de que el número de hombres encarcelados por delitos relacionados con el crimen organizado es más alto que el de las mujeres, en los últimos años muestra una tendencia al alza(Borders, 2023). Las mujeres también son más propensas a ser encarceladas sin ningún tipo de juicio previo y una vez dentro de prisión suelen ser menos visitadas por sus familiares que los presos del sexo masculino(Youngers y Rosin(eds.), 2005). La mayoría de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con el cri men organizado son madres solteras y proveedoras de sus hijos(Loaiza, 2023). El 86% de las que están en prisión son madres, muchas de las cuales comparten 207

su reclusión con sus hijas e hijos(Así Legal, 2021). Sus hijos, además, tienden a ser menores de 18 años y, al quedar encerradas sus madres, es más probable que sean captados por la delincuencia(Loaiza, 2023). El sistema penitenciario femenil suele ser insuficiente por lo que algunas mujeres convictas se localizan en prisiones mixtas, situación que favorece condiciones de violencia hacia ellas por parte de los prisioneros hombres e incluso los guardias(Así Legal, 2021). Conclusión Las mujeres en México viven desigualdades estructurales vinculadas a un sis tema patriarcal en el que el hecho de ser mujer aumenta también las probabi lidades de ser víctimas de feminicidio, violación sexual o violencia de género. Considerando que es un país con altas tasas de violencia y desigualdad, las me xicanas también atraviesan situaciones de disparidad social y económica que incrementan la dificultad de vivir una vida libre de violencia. Sumado a estas condiciones, el rol de las mujeres tanto como madres como proveedoras de cuidados, las hace vulnerables a otras formas de violencia que resultan de sus actividades cotidianas y que surgen ante respuestas a la presencia de la crimi nalidad y la violencia que se desprende del combate a esta. Las madres buscadoras, que buscan a sus familiares en zonas de alto riesgo, son solo un ejemplo de cómo las mujeres que cuidan responden ante un con texto de violencia propiciado por el crimen organizado y las fuerzas del Estado. Por otro lado, las propias desigualdades estructurales de género fomentan la participación de mujeres en su mayoría madres en actividades delictivas, ya sea como búsqueda de sustento económico, acceso a un cierto tipo de protección y de poder o como otra forma de dominación masculina. En la academia y la política, cuando se analizan el crimen organizado y la guerra contra las drogas en México, se suele dejar de lado el impacto que esta situación tiene en la vida de las mujeres que ejercen la maternidad más allá de estereotipos asignados a sus roles. Por otro lado, el estudio de las acciones de las madres en contextos de criminalidad y sus consecuencias puede ofrecer una herramienta de análisis adicional al escenario del contexto criminal en México. Este análisis contribuye a los estudios feministas de seguridad en América La tina y México, particularmente desde la lucha iniciada en Ciudad Juárez por el nombramiento, visualización y exigencia de justicia de las mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza. Es necesario seguir analizando y visibilizando las vio lencias ejercidas hacia las mujeres y sus roles de maternidad en contextos de alta violencia y criminalidad. 208

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El deficiente control de armas de fuego en Latinoamérica y su influencia en la seguridad de las mujeres Anne Alessandra Cuadros Gutiérrez Scrap Weapons, Reino Unido Introducción Existen poco más de mil millones de armas pequeñas y ligeras diseminadas por todo el mundo, lo que tiene importantes consecuencias en la violencia y la seguridad global. La conexión entre la posesión de armas y las nociones arrai gadas de masculinidad añade otra capa de complejidad a este problema, ya que, en muchos contextos, la tenencia se asocia con autoridad, privilegio y poder, influyendo negativamente en la dinámica de la violencia de género. Esta pose sión no solo refuerza estereotipos de género, sino que representa también una amenaza particular para las mujeres, ya que las armas en manos de hombres que adhieren a nociones tóxicas de masculinidad pueden exacerbar situaciones de violencia doméstica y otras formas de violencia basada en el género. La posesión incontrolada de armas de fuego, mayoritariamente en manos de hombres, es una amenaza sustancial para la seguridad de las mujeres: el 51% de casos de víctimas de feminicidio fueron asesinadas a manos de sus exparejas (Amnesty International, 2023). Se estima que en el mundo circulan alrededor de 900 millones de armas de fuego, y cerca del 75% pertenece a particulares (Small Arms Survey, 2013). Esta realidad contribuye a un escenario donde las mujeres enfrentan un riesgo elevado, especialmente en entornos de violencia de pareja y familiar. Para abordar el elevado número de armas de fuego asociado a la violencia contra las mujeres resulta primordial implementar controles de armas efecti vos. Esto demanda un respaldo sólido por parte de los estados y sus organismos pertinentes. La colaboración entre los estados de la región es esencial; va más allá de la simple implementación de políticas internas o prohibiciones. La ver dadera eficacia reside en un esfuerzo conjunto y coordinado para frenar este incremento mediante el control de armas, donde la principal labor también está en su mercado ilegal. El tráfico ilegal de armas opera de manera transfronteriza; la cooperación regional se convierte en un componente fundamental para enfrentar este desa fío de manera integral. Es crucial entender que sólo mediante esfuerzos coor 211

dinados se pueden lograr avances significativos. No se trata solo de medidas internas; es indispensable el trabajo conjunto entre países vecinos, como por medio de tratados bilaterales o regionales, para poder contar con un real con trol de armas de fuego en los países, de esa forma trayendo consigo eficiencia y sostenibilidad a las iniciativas para controlar y reducir la presencia de armas de fuego en manos de hombres o bandas delictivas que posteriormente va a acarrear consigo muchos casos de feminicidios. Este artículo busca destacar la estrecha relación entre el ineficiente control de armas y la afectación desproporcionada en las mujeres en la región latinoame ricana entre 2013 y la actualidad, 2024. Desde la exploración del vínculo entre el acceso a armas de fuego y la violencia doméstica, hasta el análisis crítico de los desafíos legales y lagunas en el control de armas en el contexto latinoameri cano, culminando en estrategias para mitigar el impacto de las armas en la vio lencia de género un punto crucial para garantizar la seguridad de las mujeres. El vínculo entre el acceso a armas de fuego y la violencia doméstica La conexión entre la disponibilidad de armas de fuego y el aumento de la violencia doméstica es un fenómeno que merece una atención detallada, es pecialmente cuando estas representan una amenaza significativa para los dere chos humanos de las mujeres(WILPF, 2016). Small Survey ha corroborado que los hogares que cuentan con armas de fuego no son tan seguros como se podría suponer. Por el contrario, son propicios para el abuso físico y emocional, espe cialmente dirigido hacia las mujeres(Small Arms Survey, 2013). El mayor porcentaje de incidencia de violencia de pareja ocurre en el ho gar; un claro ejemplo es México, con 13,82% en relación a violencia con armas de fuego, teniendo desde 2020 uno de los mayores porcentajes(Global Peace Index, 2021). Estudios realizados durante pandemia por UNLIREC(Centro Re gional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en Améri ca Latina y el Caribe) han demostrado que el uso de armas de fuego en el hogar ha generado grandes problemas psicológico en las mujeres, por el temor de convertirse en víctimas especialmente durante pandemia de Covid-19(20202021). A pesar de que gran parte de la sociedad tiene la idea que tener armas de fuego puede generar seguridad para las mujeres, en realidad incrementa los riesgos de amenazas, accidentes y asesinatos en el seno familiar. Las armas desempeñan un papel crucial en la intimidación y el abuso a largo plazo de las mujeres, escalando a menudo a situaciones peligrosas debido a que su presen cia en el hogar puede alterar la dinámica de poder, dejando a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad. 212

En el 2005, en Río de Janeiro, el 60% de 615 mujeres que denunciaron abusos por parte de su pareja en las comisarías especiales para mujeres dijeron que su pareja tenía un arma; el 69% de ellas dijeron que había sido utilizado para amenazarla. Además, el 73% sostuvo que la presencia de un arma les impedía reaccionar ante la violencia, y el 68% que se sentían incapaces de terminar la re lación por temor a que su pareja la usará(IFP, 2011, p. 21). La situación en Brasil en los últimos años no ha cambiado, por el contrario, ha empeorado, habién dose incrementado: las cifras más cercanas a la actualidad muestran del incre mento de 473,6% de muerte de mujeres durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), cuando se permitió el uso de las armas de fuego a civiles desde 2018 hasta 2022(BBC, 2022). Hablar de violencia con armas de fuego dentro del hogar se pasa por alto a menudo, ya que la mayoría de las muertes y lesiones relacionadas con armas de fuego en todo el mundo ocurren fuera de este. Sin embargo, su papel en la violencia doméstica o de pareja es una cuestión crítica que requiere atención. Al examinar las estadísticas de Small Arms Survey, se encuentra que datos provenientes de ciento once países y territorios demuestran que cada año son asesinadas aproximadamente 66.000 mujeres, 17% del total de homicidios in tencionales. Estos feminicidios generalmente ocurren en el ámbito doméstico y uno de cada tres de estos feminicidios se comete con arma de fuego(Small Arms Survey, 2013, p. 18). La mayoría de las mujeres son victimizadas en sus hogares, y las distinciones entre armas pequeñas“legales” e“ilegales” no son particularmente significativas, ya que en ambos casos siguen siendo víctimas. En Latinoamérica, donde el control de armas es débil, los índices de abuso do méstico son significativamente muy altos. En México, con frecuencia las muje res son víctimas de violencia doméstica con armas de fuego(Equis, 2021). En Colombia, la proliferación de armas pequeñas ha exacerbado la violencia doméstica(Peace Women, 2016). Se refleja en el aumento de feminicidios re lacionados con armas de fuego. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz(FIP), entre 2010 y 2019, el 60% de los feminicidios en el país fueron cometidos con armas de fuego, muchas de las cuales eran de fácil acceso en contextos de violencia intrafamiliar y conflictos armados(FIP, 2020). En Ar gentina, la presencia de armas en el hogar está correlacionada con un mayor riesgo de feminicidio. Un estudio realizado por el Observatorio de Femicidios de Argentina revela que, en 2018, aproximadamente el 25% de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego, y en muchos de estos casos, el agresor tenía acceso a un arma dentro del hogar(Observatorio de Femicidios, 2018). Este patrón reiterado destaca la necesidad urgente de mejorar la regulación del acceso para proteger a las mujeres en sus propios hogares(Amassuru, 2023). En muchos casos, las mujeres corren riesgos debido a armas pequeñas en manos de personas de su entorno cercano o familiar. Los perpetradores, ya 213

sean“criminales” o personas conocidas, pueden utilizar armas de fuego como forma de intimidación o coerción, especialmente en los feminicidios. Su ad quisición y uso desproporcionado por parte de los hombres crean una brecha de poder significativa, representando una amenaza para la vida, la integridad física y la libertad de las mujeres, estrechamente ligada a la imposición del pa triarcado. Estudios en Argentina, Brasil, Colombia y México, muestran cómo las armas de fuego están implicadas en un alto porcentaje de feminicidios y violencia de género, y subrayan la necesidad de políticas estrictas para contro larlas(Amassuru, 2023). Desafíos legales y lagunas en el control de armas: un análisis crítico en el contexto latinoamericano La efectividad del control de armas en América Latina se ve comprometida por desafíos legales significativos, y en la actualidad el incremento de su uso ile gal no es relevante en los mandatos de muchos de los presidentes de la región. En esta sección exploramos la compleja red legal que regula el acceso y la po sesión de armas de fuego en la región, identificando deficiencias que facilitan el acceso a estos instrumentos letales y contribuyen a la escalada de la violencia de género. Comercio ilegal y brechas en el rastreo de armas La violencia con armas en América Latina añade complejidad a su control de bido al comercio ilegal. Mientras que en Colombia existen legislaciones restric tivas con un monopolio estatal en la comercialización de armas(García y Vélez, 2020), en países como México la debilidad en el control permite el acceso fácil a las ilegales, exacerbando la violencia(Astorga y Shirk, 2010). Esta disparidad subraya la necesidad de enfoques específicos, contextualizados y regulaciones más estrictas en ciertos contextos para abordar efectivamente la violencia ar mada. Muchos países han buscado fortalecer sus regulaciones en relación a las armas de fuego, sin embargo, no han tenido mucho éxito por el tráfico ilegal de armas que ingresan de diversos países. Un claro ejemplo es México en el 2019 con su fortalecimiento en regulación sin éxito por el ingreso ilegal de armas de fuego en su frontera con Estados Unidos. Un informe del Congreso de Estados Unidos indicó que aproximadamente el 70% de las armas recuperadas en esce nas de crimen están vinculadas a ventas en Estados Unidos. Esto evidencia que, a pesar de los esfuerzos regulatorios internos, el contrabando de armas y la falta de coordinación con los países vecinos limitan la efectividad de las medidas adoptadas por México. 214

El tráfico de armas sigue siendo facilitado por las diferencias en las leyes de control de armas entre México y Estados Unidos, donde las regulaciones son más laxas. Esto demuestra que, a pesar de los esfuerzos nacionales, el éxito en la lucha contra el contrabando de armas requiere una colaboración más amplia y coordinada entre países de la región y, en casos extremos, prohibir la posesión de armas, estas medidas no han logrado impedir completamente el flujo de no autorizadas, generando una situación preocupante y que plantea desafíos a la seguridad regional. Algo esto han podido ser visible en los hechos delictivos observados en Ecuador a comienzos de 2024, hechos que constituyen un claro ejemplo del peligro representado por el mercado ilegal de armas, de origen peruano(OjoPúblico, 2024), y transportadas de frontera a frontera sin ningún tipo de cuidado o seguridad por parte de los estados ecuatorianos y peruanos. En este contexto, la accesibilidad preocupante a las armas de fuego se des taca como un riesgo inminente para la seguridad pública y en especial para la de las mujeres. Algunos países han intensificado sus esfuerzos reguladores en torno a la adquisición de armas, como Brasil, que con la llegada del presidente Luis Inácio Lula da Silva(2023-) cambió el decreto sobre“el uso responsable de armas” en cuanto a armas de fuego y municiones, limitando su uso por par te de civiles, a diferencia del gobierno anterior, a diferencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha impulsado la búsqueda de normativas más restrictivas para el uso de armas de fuego por civiles, la realidad en Colom bia ha sido que las regulaciones existentes, como el Decreto 2267 de 1991, se han mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de los años. Este decreto reafirma la necesidad de contar con restricciones para la posesión y el uso de armas, pero no ha sido efectivo en su implementación ni en la adaptación a las nuevas dinámicas de violencia que enfrenta el país. A pesar de las intenciones de la administración de Petro, la falta de un marco normativo más robusto y actualizado ha permitido que continúen los problemas de tráfico ilícito de ar mas y su uso en la violencia urbana. Según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos(CERAC), el 60% de los homicidios en Colombia están relacionados con el uso de armas de fuego, lo que subraya la urgencia de fortalecer las regulaciones existentes y promover una mayor armonización con las políticas de control de armas en la región. Sin un enfoque integral que con temple tanto la restricción como el monitoreo efectivo de las adquisiciones de armas, los esfuerzos por reducir la violencia seguirán siendo insuficientes. Estas medidas no han logrado evitar por completo el acceso no autorizado a armas hasta la actualidad, evidenciando la necesidad de estrategias más efectivas y con base en las necesidades actuales. El desafío inherente al control efectivo sobre los destinatarios finales de las armas adquiridas ilegalmente agrega otra capa de complejidad a la situación. Además, las brechas críticas en el monitoreo de las adquisiciones subrayan la 215

necesidad urgente de medidas más rigurosas para rastrear la circulación y el destino final de estos arsenales, cuestionando la efectividad de los sistemas ac tuales. Un ejemplo que ilustra las brechas críticas en el monitoreo de las adqui siciones de armas es el caso colombiano, donde el desarme y la regulación de armas se han complicado por la falta de un sistema efectivo de seguimiento. En Colombia, aunque el gobierno ha implementado medidas para desactivar y controlar las armas de fuego, existen importantes lagunas en el monitoreo de las adquisiciones. A menudo, las licencias para la compra de armas no se supervisan de manera rigurosa, lo que permite que algunas armas adquiridas legalmente terminen en manos de grupos armados ilegales. Por ejemplo, en 2020, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre el aumento de homicidios en ciertas regiones donde el tráfico de armas era un problema persistente. Las investigaciones revelaron que muchas de las armas utilizadas en estos crímenes habían sido adquiridas legalmente, pero luego ha bían sido desviadas hacia el mercado negro. Esto indica que las brechas en el monitoreo de las adquisiciones permiten que las armas caigan en manos equi vocadas, comprometiendo los esfuerzos de seguridad y desarme en el país. La falta de un registro centralizado y de protocolos de seguimiento en el pro ceso de venta y adquisición de armas crea un entorno propicio para el contra bando y el uso indebido de armamento, destacando la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de monitoreo y supervisión en la región. Perspectiva de género en el control de armas de fuego El control de armas pequeñas es crucial para reducir conflictos, crímenes y violencia, sentando las bases para el desarrollo y la estabilidad. Sin embargo, la falta de consideración de género en las políticas y leyes limita la eficacia de las intervenciones, subestimando las complejidades que las mujeres enfrentan ante la violencia armada. En el ámbito internacional, la Agenda 2030 y la Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women- CEDAW (en español, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri minación contra la Mujer) proporcionan marcos esenciales, destacando la ne cesidad de abordar la violencia armada desde una perspectiva de género, que muchos estados siguen invisibilizando en su normativa. La integración de género en el control de armas contribuirá directamente a eliminar toda forma de violencia y discriminación contra mujeres y niñas a terminar la violencia contra las mujeres y a lograr una seguridad completa (UNIDIR, 2016). La integración de género en el control de armas es crucial por que las mujeres y niñas sufren desproporcionadamente de la violencia armada, especialmente en contextos de violencia doméstica y de género. Al tener en 216

cuenta estas realidades, las políticas pueden ser más efectivas en prevenir dicha violencia. Además, abordar las desigualdades de género en la regulación de ar mas promueve una mayor seguridad, ya que involucra a mujeres en la toma de decisiones, lo que contribuye a crear entornos más seguros y justos para todos​ (CSJN). Este es otro aspecto invisibilizado con frecuencia por los gobiernos en Latinoamérica, permitiendo así una mayor vulneración hacia un sector especí fico de la población y sin lograr una seguridad pública completa. Es crucial entonces enfocarse en grupos vulnerables, como mujeres, niñas y personas LGBTQ+. Conocer sus experiencias específicas es esencial para to mar medidas equitativas y efectivas, que permitan lograr seguridad de manera completa. Necesidad de armonización regional El tráfico ilegal de armas de fuego ha alcanzado proporciones alarmantes en América del Sur y Asia Occidental, representando más del 80% de los destinos de estas(UNODC, 2020). Además de compartir esta problemática, ambas re giones comparten también la falta de una respuesta conjunta efectiva de sus continentes para enfrentar este incremento preocupante. Contrario a la diná mica del tráfico de armas, que ha demostrado éxito en su cometido gracias al trabajo conjunto de diversos actores en las regiones, la respuesta por parte de los países afectados no ha sido igualmente colaborativa. La falta de una estra tegia regional unificada dificulta la contención de este tráfico, un fenómeno que a menudo se asocia con niveles elevados de violencia delictiva y conflictos internos. Los países donde se fabrican las armas de fuego y aquellos donde se desvían hacia el mercado ilícito no siempre coinciden. Esta diferencia resalta la necesi dad de una cooperación internacional más estrecha para rastrear y prevenir las desviaciones hacia canales ilegales. En los últimos estudios de la United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC (en español, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Amé rica Latina y el Caribe, especialmente Argentina y Colombia, han reportado grandes cantidades de armas de fuego incautadas, lo que subraya la magnitud del problema(UNODC, 2020). Sin embargo, en este caso también la falta de un enfoque colaborativo regional dificulta los esfuerzos contra ese contrabando. Armonizar políticas y legislaciones de control de armas entre los países de la región permitiría una respuesta más efectiva al tráfico ilícito y mejoraría la ca pacidad de rastreo y confiscación de las ilegales. Un ejemplo de la importancia de un enfoque colaborativo regional en el control del contrabando de armas se puede encontrar en la Iniciativa de Seguridad de Centroamérica(CARSI). Esta 217

iniciativa, que incluye a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, busca abordar de manera conjunta el crimen organizado y el tráfico ilícito de armas en la región caribeña. Esta armonización es crucial para reducir su acceso en contextos domésticos, protegiendo así a las mujeres de la violencia de género y mejorando su seguridad. Estrategias para mitigar el impacto de las armas en la violencia de género: un enfoque integral para la seguridad de las mujeres El vínculo existente entre la adquisición de armas de fuego y la violencia de género en Latinoamérica es un desafío complejo que no es exclusivo de la nor mativa; por esa razón exige respuestas más rápidas y eficientes de diversos or ganismos de los estados. A continuación, se mostrarán estrategias propuestas para reducir el impacto de las armas en la violencia de género, enfocándonos en aquellos factores clave que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres en la región. Formación en género para profesionales de la justicia Enfrentar la violencia de género requiere no solo la aplicación de la ley, sino también la presencia de profesionales de la justicia debidamente capacitados en cuestiones de género. La falta de sensibilidad en este ámbito puede constituir una brecha que propicia la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas en casos de violencia contra las mujeres, sobre todo cuando las organizaciones que deben trabajar en conjunto empiezan a fallar. Es imperativo que jueces y agentes de la ley reciban capacitación especializa da para abordar eficazmente los casos relacionados con la violencia de género. La falta de sensibilidad de género se manifiesta a menudo en la clasificación errónea por parte de la policía de asesinatos de parejas íntimas como acciden tes o suicidios. Este problema persiste en varios países y regiones, como se ha evidenciado en Canadá, Guatemala y México, donde las muertes a veces son encubiertas o insuficientemente investigadas(Small Arms Survey, 2013). Un desafío adicional surge cuando agentes de policía y otros funcionarios utilizan sus armas de fuego para cometer actos de violencia sexual contra las mujeres(Amnesty International, 2005). En tales situaciones, muchas mujeres temen resistirse, ya que perciben que cualquier acto de oposición puede poner en riesgo sus vidas. La capacitación integral en género para los profesionales del orden es una herramienta fundamental para erradicar la impunidad y ga rantizar un acceso equitativo a la justicia en casos de violencia de género. 218

Control estricto del comercio ilegal de armas En la lucha contra la violencia de género en América del Sur, el combate al tráfico ilegal de armas es un pilar esencial. La creación de estrategias regio nales coordinadas es fundamental para controlar y prevenir el flujo ilícito de armas, contribuyendo significativamente a reducir el armamento en manos equivocadas. Según el Small Arms Survey(2016), la disponibilidad de armas de fuego está correlacionada con tasas más altas de violencia de género. En lugar de centrarse únicamente en un“control estricto” a nivel nacional, el problema del tráfico ilegal de armas en América del Sur requiere una cooperación sólida entre países. Las estrategias regionales permitirán abordar de manera integral los puntos de origen, rutas de tránsito y destinos finales de las armas ilícitas. La colaboración entre las naciones mediante el intercambio de información, inteligencia y la implementación de medidas conjuntas fortalecerá las capaci dades colectivas para evitar que las armas caigan en manos criminales, como se sugiere en el informe de UNODC(2020) sobre el tráfico de armas en la región. La reducción de la disponibilidad de armamento letal resultante del tráfico ilícito tendrá un impacto directo en la violencia de género, al limitar el acce so de individuos con intenciones violentas a estas armas. Un estudio de CAP Action(2022) muestra que las políticas de control de armas efectivas pueden contribuir a la reducción de la violencia. Este enfoque, enraizado en la colabo ración regional, será un paso fundamental hacia la construcción de entornos más seguros y la protección efectiva de las mujeres contra la violencia armada. Investigación y monitoreo continuo La investigación sobre la intersección entre armas de fuego y violencia de género ha sido muy escasa, ya que, lamentablemente, no ha sido una priori dad para muchos. Para suplir esta carencia es imperativo desarrollar estrategias de intervención que no solo generen tendencias, sino que faciliten también la evaluación de la efectividad de las políticas, permitiendo ajustes dinámicos ba sados en evidencia. Históricamente, las políticas y las investigaciones sobre armas pequeñas han pasado por alto la importancia del género en la configuración de actitudes y comportamientos hacia las armas de fuego(Small Arms Survey, 2013). Este va cío en la comprensión abarca desde quién las posee y utiliza hasta las circuns tancias específicas en las que hombres y mujeres se convierten en víctimas de la violencia con esas armas. Para superar las limitaciones en la investigación sobre la relación entre ar mas de fuego y violencia de género, es esencial diversificar las fuentes de in formación. Informes policiales, encuestas de victimización, registros de salud 219

pública, encuestas de hogares, registros judiciales y estudios específicos sobre víctimas o perpetradores pueden proporcionar un panorama más completo. Un aspecto crucial para considerar es la relación entre masculinidades y ar mas de fuego. Las normas sociales y culturales a menudo condicionan su pose sión con la virilidad y el poder masculino, perpetuando la violencia de género. Cualquier estrategia de control de armas, ya sea pedagógica o de comunicacio nes, debe explorar este elemento vital para reducir la demanda. Así, campañas educativas y de sensibilización deben desafiar estas nociones tradicionales de masculinidad. Además, el enfoque de género en el control local de armas debe incluir res tricciones específicas para personas vinculadas a casos de violencia doméstica, de género o sexual. Muchos países de América Latina y el Caribe han mejorado sus normativas para quitar los permisos de armas a individuos investigados por estos delitos, representando un punto de entrada crucial para una política de género efectiva. Finalmente, la participación de mujeres en discusiones internacionales de control de armas, como el Tratado sobre el Comercio de Armas(Arms Trade Treaty- ATT) y el Programa de Acción de la ONU(PoA), es fundamental. Inte grar las perspectivas de género en estas agendas de desarme puede fortalecer las políticas globales y locales, asegurando que enfrenten adecuadamente las necesidades y riesgos específicos de las mujeres. Conclusiones Esta investigación revela la conexión crítica entre la disponibilidad de armas de fuego y la violencia doméstica, destacando cómo estas armas aumentan el riesgo de abuso físico y emocional de las mujeres en contextos familiares. La falta de distinción significativa entre armas“legales” e“ilegales” en términos de impacto en la seguridad de las mujeres subraya la necesidad urgente de polí ticas más estrictas de control que protejan efectivamente a las mujeres en sus hogares. Los estudios en Argentina, Brasil, Colombia y México muestran cómo la presencia de armas en el hogar está relacionada con mayores tasas de femi nicidio y violencia de género, resaltando la importancia crucial de mejorar la regulación del acceso para salvaguardar a las mujeres. En cuanto a los desafíos legales y las lagunas en el control de armas en Amé rica Latina, se identifica una compleja red legal que facilita su acceso y posesión ilegal. La diferencia entre países como Colombia, con legislaciones restrictivas en la adquisición de armas de fuego pero que de igual manera siguen siendo afectadas por el mercado ilegal difícil de controlar ya que este muchas veces este se encuentra pasando fronteras.Aunque parece contradictorio proponer 220

soluciones locales y, a la vez, una armonización regional, ambos son necesarios. Los enfoques locales responden a contextos específicos, mientras que la armo nización evita que las armas fluyan desde países con leyes más débiles. Este equilibrio permite enfrentar el tráfico y la violencia transfronteriza de manera más efectiva. La falta de monitoreo efectivo sobre las adquisiciones ilegales de armas y las deficiencias en los sistemas actuales resaltan la urgencia de medidas más rigu rosas para rastrear y prevenir el flujo ilegal. La perspectiva de género en el control de armas resalta la necesidad de po líticas inclusivas que consideren las experiencias específicas de mujeres, niñas y personas LGBTQ+. Integrar el enfoque de género en las políticas de control de armas es crucial no solo para eliminar la violencia y discriminación contra estas poblaciones vulnerables, contribuye también a garantizar una seguridad integral. La falta de consideración de género en las políticas y leyes actuales li mita la efectividad de las intervenciones, evidenciando la necesidad urgente de políticas más inclusivas y equitativas. Finalmente, la necesidad de armonización regional en el control de armas en América Latina es un desafío significativo. Aunque países como Argentina y Colombia han reportado grandes incautaciones, la falta de una estrategia re gional colaborativa dificulta los esfuerzos contra su contrabando y circulación ilegal. Armonizar políticas y legislaciones permitiría una respuesta más efecti va al tráfico ilícito de armas, mejorando la capacidad de control y protección en contextos domésticos. Esta armonización es crucial para reducir el acceso y mejorar la seguridad de las mujeres frente a la violencia de género en toda América Latina. Bibliografía Amassuru.“Boletín Amassuru Gensac: Primera edición”(2023). SEHLAC. Disponible en: https:// sehlac.org/boletin-amassuru-gensac-1. Acceso en: 24 de setiembre de 2024. Amnesty International.“Control de armas: La violencia armada”. Disponible en: https://www. amnesty.org/es/what-we-do/arms-control/gun-violence/. Acceso en: 24 de setiembre de 2024. Amnesty International.“Actos de violencia armada en las Américas”, 2023. Recuperado de: ht tps://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/act300012005es.pdf. Acceso em: 25 de jun. Amnesty International.“The impact of guns on women’s lives”. Oxford: Amnesty Interna tional, 2005. Disponible en: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/08/ac t300012005en.pdf. Acceso em: 13 de enero de 2024. Astorga, G.,& Shirk, D. A.“The drug war in Mexico: A 2010 assessment”. U.S.-Mexico Security Collaboration. Acceso en: 24 de Septiembre de 2024. 221

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Tensión en la resistencia en América Latina: La seguridad de las personas defensoras de la naturaleza en Argentina, Chile y Colombia Florencia D. Vega ONG Defensoría Ambiental, Chile Introducción En tiempos en que la crisis climática es indiscutiblemente eje central en los foros internacionales y en que Latinoamérica atraviesa fuertes crisis de segu ridad pública debido a la velocidad con la que mutan las diferentes formas de violencia organizada, el papel que desempeñan quienes encarnan la lucha por la naturaleza y protección del medio ambiente se torna en un problema de seguridad. La violencia permea la cotidianeidad de las personas defensoras de la na turaleza, cuya conexión con los territorios va mucho más allá de los intereses económicos y se relaciona con un modo de habitar el espacio. Nuestro continente lidera una desafortunada lista que lo sitúa como la re gión del mundo que cuenta con el número más elevado de activistas ambien tales asesinados/as, de acuerdo con datos de 2022 1 . Más aún, las mujeres son quienes cargan con el costo mayor de la violencia, por su involucramiento y relación con la defensa de los territorios y por su exposición a las amenazas de rivadas de ello, las que atentan contra su integridad física, seguridad personal y derechos humanos. El rol central de la mujer en la defensa y conservación tiene que ver con que el daño ambiental afecta directamente a sus realidades cotidianas y compro mete la integridad de su núcleo familiar, así como sus recursos y medios de subsistencia básicos. Tan solo en 2020 se registraron 15 asesinatos de mujeres defensoras del ambiente y del territorio. Los testimonios y las cifras se conjugan para relatar una realidad en la que ser indígena, afrodescendiente, ser mujer y defender la naturaleza son factores de alto riesgo para la vida en nuestra región. Este artículo se sitúa geográficamente en Latinoamérica, donde existen vastos sectores en que la seguridad no está institucionalizada, o bien, no logra impo nerse sobre los actores criminales o económicos que se valen de una pluralidad 1. Global Witness: https://www.globalwitness.org/es/. 224

de mecanismos y herramientas para atravesar las barreras estatales y hacerse con el control de los territorios, ya sea por vía legítima o ilegítima. Puntual mente se analizan los casos de Argentina, Chile y Colombia en relación a la situación de las mujeres defensoras de la naturaleza o activistas ambientales. Seguridad, activismos, feminismos Es consabido que la seguridad es una parte central de la misión de los Esta dos para administrar sus recursos y territorios, y se conoce también que con el curso de la historia el concepto ha mutado y ha adquirido nuevas variables de análisis. Por ello, es fundamental entender a la seguridad hoy como un ámbito de la política estatal que implica una relación entre orden y seguridad pública, para otros, seguridad ciudadana e incluso seguridad nacional, en referencia a las decisiones que emanan del Estado para proteger sus intereses. Ante la va riedad de denominaciones, para este artículo se acoge la conceptualización de seguridad humana, que en palabras de Guillermo Fernández: va más allá de la seguridad individual e integridad física y la custodia de bienes, y de la preocupación de ser víctima de vio lencia o de la delincuencia, e incorpora una serie de otras di mensiones sociales distintas a la seguridad que –de acuerdo a esta noción– son trascendentales para entregar protección a la población: seguridad económica, alimentaria, salud, ambiental, comunitaria y política(Fernández, 2023, p. 1). Este enfoque, tal como se describe en la imagen 1, conjuga elementos de los derechos humanos, componentes del desarrollo cuya característica intrínseca es la libertad, y tiene la paz en el centro de sus propósitos. 225

Imagen 1. La seguridad humana vincula tres enfoques Fuente: PNUD, 2012. Por lo demás, el término no deja de generar controversia en tanto se mate rializa muchas veces en solo uno de sus elementos, propiedad de los Estados, que es el monopolio del uso de la fuerza traducido en estrategias de seguridad y/o defensa, presupuesto para las policías locales, y presupuesto para las Fuer zas Armadas o adquisición de armamento. La forma de emplear(o no) estos recursos, impacta de manera sustantiva en las comunidades, que no siempre se autoperciben como protegidas o resguardadas por las instituciones formuladas para dichas funciones. En cuanto a la seguridad con enfoque de género, término abordado por los estudios feministas de seguridad, es un ejercicio analítico que antecede a la no minalización del concepto como tal. Esto significa que la perspectiva feminista tiene presencia en los estudios de seguridad incluso con anterioridad a que los estudios feministas de seguridad fueran denominados en esos términos, quizá, de una manera más extensa de lo que muchas lo hacemos hoy en día(Sjoberg, 2021, p. 3). Con lo cual, la necesidad de incorporar el feminismo en la inves tigación sobre seguridad, y viceversa, han demostrado ser un factor clave para desarrollar prospectiva y formular políticas que aborden situaciones en distintos niveles del ámbito público. Apostando a una perspectiva aún más determinante, Laura Sjoberg(2021, p. 16) sugiere que la academia feminista, y el activismo feminista, tratan funda 226

mentalmente sobre la seguridad, razonamiento que está estrechamente ligado a la premisa que este estudio sostiene, de que la inseguridad e injusticias so cioambientales vierten sus consecuencias principalmente en las mujeres como sujetos víctima en proporción mayor al resto de la población afectada por situa ciones problemáticas en el medio ambiente. En adición, la autora reproduce de las corrientes feministas la tesis de que el género es“conceptualmente, empíri camente y normativamente esencial para el estudio de la seguridad internacio nal”(Sjoberg, 2021, p. 15) En cuanto a la defensa de la naturaleza, existe el activismo ambiental(proam biental o socioambiental), ya sea como una pieza fundamental de la lucha por la conservación del medio ambiente o como una herramienta para la justicia ecológica. Más reciente y específicamente, el activismo ambiental feminista o ecofeminismo incorpora la visión de género a la mirada sobre el cuidado del medio ambiente y destaca el rol de las mujeres al momento de garantizar la protección de ecosistemas frágiles, la capacidad de las familias para sobrevivir a los desastres naturales y la gestión justa, eficiente y sostenible de los recursos (Núñez, 2022). En paralelo, la diversidad de intereses y la complejidad del tejido social que caracteriza la región latinoamericana, cuyos grupos sociales están alcanzados en mayor o menor medida por problemas como la discriminación histórica o estructural, legados coloniales, crimen organizado, corrupción y crisis climá tica, se acentúan en un contexto de policrisis 2 . Una vez más, quienes históri camente han sido más vulnerables a estos contextos han sido las mujeres, los pueblos indígenas(flagelados por distintas campañas genocidas a lo largo de la historia), afrodescendientes, personas en situación de movilidad humana, des plazados ambientales, infancias y comunidad LGTBIQ+. Las situaciones de conflicto en las que se han visto envueltos muchos de los grupos mencionados dejan entrever que la lógica del ciudadano no necesaria mente coincide con la de la vida política. A su vez, la policrisis, fenómeno que es producto indiscutido del modo de producción capitalista neoliberal y que conlleva crisis económica, ambiental y geopolítica, entre otras aristas, que se han acumulado y transformado durante las últimas décadas, representa las contradicciones propias de una proyección del futuro que intenta ser sosteni ble solo mediante formalidades. Por su parte, en su razón de ser, la política viene dada por la naturaleza so cial de los seres humanos como herramienta de gestión de la conflictividad, para lo cual se desagrega en instituciones de todo tipo que escalan desde el ni 2. Edgar Morin y Anne-Brigitte Kern introdujeron el término policrisis en su libro Terre-Patrie, en 1993. Afirmaron que“no existe un único problema vital, sino muchos problemas vitales, y es esta compleja intersolidaridad de problemas, antagonismos, crisis, procesos incontrolados y la crisis general del planeta la que sigue siendo el problema vital número uno”. En 2023, durante la reunión anual del Foro Económico de Davos, se retomó el concepto para definir el nuevo orden mundial, quedando descrito en el resumen del encuentro. 227

vel local hasta el internacional. La característica gregaria de los seres humanos es la que impulsa la asociación en comunidades y sociedades, y las dinámicas de poder reflejan cómo los intereses, moldeados por estructuras económicas y culturales, se traducen en asociaciones con objetivos definidos por aspira ciones y una construcción de visión de futuro. El activismo ambiental viene a formar parte de estas complejas estructuras con una visión de mundo que aboga por una convivencia sana con el medio ambiente, una perspectiva de modelo económico que dista del afán acumula tivo propio del capitalismo y el neoliberalismo, y una lucha multinivel por jus ticia ambiental, que se centra en servirse de las herramientas jurídicas, civiles y políticas que el sistema dispone para defender los territorios y su uso conscien te por las comunidades, poniendo en tela de juicio el concepto de desarrollo económico tradicional. Desde este punto de vista(explicado en términos muy generales) y considerando las falencias de los sistemas de justicia ambiental y de la institucionalidad para la protección y conservación del medio ambiente en sur global, la seguridad de los activistas, que para este caso denominaremos defensoras/es de la naturaleza, se convierte en un tópico central en el quehacer diario, susceptible de ser abordado por los estudios feministas de seguridad. Más aún cuando la seguridad, en terminología de las ciencias sociales y aplicada a la concepción del Estado, comprende las amenazas que afectan al individuo, al entorno y a la organización política(Lucio Vásquez, 2020, p. 171). En los ca sos que revisamos en este artículo, la seguridad se reclama en coyunturas de corrupción, abuso del uso de las fuerzas de orden público, control de los terri torios por organizaciones que se arrogan el dominio de los espacios locales y la imposición de normas a sectores donde el Estado no llega, y en el marco que las consecuencias del extractivismo y la actividad industrial imponen para la salud y los derechos humanos. Bajo amenaza: tres escenarios para la defensa del territorio en América Latina Latinoamérica abarca cerca de 20 millones de km², 33 países, y alberga más de 500 lenguas. Más del 8% de la población mundial habita las tierras de la re gión, con un total aproximado de 652 millones de personas(Cepal, 2023). El estigma de la región(desde el siglo XIX) ha sido la condición de subdesarrollo o el apelativo de“países en vías de desarrollo”, desde el que se articulan la totali dad de las lógicas de las relaciones internacionales y que da cuenta de las limi taciones para un desarrollo económico sustentable y la posibilidad de elegir el modelo económico que permita sobrellevar la vida en sociedad sin devastar el medio que la sostiene: la tierra y los ecosistemas. 228

La región enfrenta históricamente(y con mayor énfasis desde la introduc ción de las reformas liberales que caracterizaron la agenda de los países duran te la década de 1980) conflictos ambientales que tienen su origen en la acción humana, en su mayoría por explotación económica de tipo industrial y a gran escala, y en la que es común ver involucrados capitales extranjeros. Las relacio nes comerciales se plantean en términos de desigualdad y extractivismo. Esta dinámica no genera desarrollo por muchos motivos, como la no distri bución de las utilidades, la falta de incentivos para generar inversiones en otros sectores de la economía, y fundamentalmente porque no respeta los ciclos de regeneración natural de los recursos y devasta ecosistemas completos, atentan do contra la vida humana, animal y vegetal que habita en ellos, por lo que no es sostenible en el tiempo. En nuestro continente el contexto de conflictividad se caracteriza por la afec tación del equilibrio ecológico de reservorios de biodiversidad(Defensoría Ambiental, 2023, p. 5), un escenario que genera vulnerabilidad para las perso nas defensoras de la tierra y la naturaleza. Si sumamos el modelo económico extractivo liderado por grandes conglomerados de industrias contaminantes, el poder económico en juego y las lógicas políticas que conservan clivajes simila res a los que caracterizaban la economía y sociedad coloniales, comprendere mos la situación de riesgo que enfrentan las resistencias al extractivismo. En un proscenio en que la institucionalidad ambiental es poco eficiente y la defensa pública especializada en asuntos ambientales es nula o incipiente, las amenazas a la integridad física y psíquica de los/as defensores/as toman distin tas formas y ostentan cifras lamentables. Un aspecto particular para destacar, visible en las estadísticas, es el caso de las mujeres que dedican su diario vivir a la lucha contra la amenaza extractiva, liderando la resistencia y exponiéndose a amenazas aún mayores. Como organización no gubernamental que se dedica hace más de siete años a abordar desde el punto de vista jurídico y político los conflictos socioambien tales, con un enfoque de género y derechos humanos, la Defensoría Ambiental desarrolló durante el bienio 2022-2023 una serie de actividades de vinculación con organizaciones territoriales y de la sociedad civil que se resumen en dos publicaciones tituladas“Herramientas para el cuidado colectivo frente a con flictos socioambientales en los territorios. Experiencias y riesgos que enfrentan organizaciones defensoras de la naturaleza en Colombia, Argentina y Chile”, en su primera y segunda edición(2022 y 2023, respectivamente). A partir de este material se relata la situación de las personas defensoras en los países aludidos, la que se presenta de forma sucinta a continuación. 229

Chile En el Chile actual(y en general, en la región) el contexto de conflictividad am biental se caracteriza por la afectación del equilibrio ecológico de reservorios de biodiversidad, poniendo en riesgo la salud, las actividades económicas locales de sus habitantes y la integridad física y psíquica de quienes luchan para defen der los territorios(Defensoría Ambiental, 2023, p. 5). Las personas defensoras de la naturaleza enfrentan un escenario de desigualdad en el que los grandes conglomerados y oligopolios de las industrias que lideran la producción en el país ostentan un aparato defensivo consolidado y asesorías legales y económicas que les permiten operar con libertad. La institucionalidad ambiental se conso lidó recién a partir de 2008 de la mano del Primer plan de acción nacional de cambio climático, a partir de lo cual se desarrollaron una serie de instrumentos que cimentaron el complejo entramado normativo-institucional del país. La estabilidad política de Chile ha favorecido que ciertos asuntos ambientales se mantengan en agenda de forma permanente y logren sobrevivir a diferentes gobiernos. Los tópicos a los que se hace referencia con mayor énfasis son la meta de carbono neutralidad para 2050, más recientemente la ratificación del Acuerdo de Escazú(2022), y problemas socioambientales como la deforesta ción(lo cual abarca la proliferación de incendios intencionales), la salmonicul tura y la contaminación de las aguas y el aire en zonas de sacrificio 3 , entre otros. La amenaza actual del avance de la industria del litio sobre territorios de las comunidades del salar de Atacama pasa a engrosar la lista de focos de conflicto que a corto plazo son potencialmente críticos y revisten un riesgo para las per sonas defensoras. Con un ingente nivel de institucionalización en materia ambiental, el con texto actual está exigiendo mayor grado de fiscalización de las instituciones para el cuidado del medioambiente y de los protocolos para aprobar acciones que intervengan ecosistemas, sobre todo luego de salir a la luz durante 2021 un informe de la Contraloría General de la República que determinó que el 44,2% de las denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente entre 2016 y 2019 no tuvo gestiones asociadas, lo que da cuenta de la ineficiencia que durante años fue normalizada en la institucionalidad referente a temas medioambientales(Defensoría Ambiental, 2023, p. 13). En este marco, y consi derando la evaluación de los estándares de seguridad de las personas defenso ras de la naturaleza, siete organizaciones defensoras 4 del país dieron cuenta de las principales amenazas extractivistas que reconocen en sus territorios(Defen soría Ambiental, 2023, p. 17), en un proceso de levantamiento de información 3. El término zonas de sacrificio se acuñó en Chile y se utiliza para describir un lugar o zona habitada, cuya calidad de vida y entorno medio ambiental ha sido afectada por la actividad industrial instalada(Vivanco, 2022). 4. Movimiento Salvemos La Leonera, Colectivo Visitante, Salvemos Bosque Algarrobo, Organización Eco Yeco, Movimiento No a Minera Tierras Raras en Penco y MODATIMA. 230

organizado por Defensoría Ambiental, a saber: forestal; salmonicultura; mine ría; eólica; inmobiliaria; e hidroeléctrica. En cuanto a los derechos fundamentales de las personas defensoras, se re conocen 12 amenazas principales en Chile(Defensoría Ambiental, 2023, p. 17): discriminación laboral por ser activista; amenaza policial o institucional; ame nazas a niñas, niños y adolescentes; amenazas a la integridad espiritual del bien natural y la comunidad; difamación y/o descalificación en espacio público y/o redes sociales; criminalización; amenaza a la integridad espiritual del bien na tural y la comunidad; amenazas, hostigamientos y persecución a integrantes por“terceros”(vinculados a empresarios); violencia sexual o de género; amena za a la vida e integridad física y psíquica; falta de asesoría jurídica específica de confianza; e intervención de comunicaciones. Colombia En Colombia, por su parte, la distribución y el uso de las tierras es una de las características de las dinámicas sociales que condicionan la lucha por la defen sa de la naturaleza: tanto las situaciones medioambientales como conflictos en los que se ven envueltos las/os defensores de la naturaleza están signados en mayor o menor grado por la propiedad o dominio de los territorios, y el grado de alcance que el Estado ejerce sobre cada uno de esos sectores, muchas veces, en connivencia con los grandes conglomerados de la economía extractivista (Defensoría Ambiental, 2022, p. 8) Organizaciones mencionan que existe una doble lucha, con autoridades y fuerzas paramilitares, que impacta en el acceso a la tierra y la seguridad y de fensa de los territorios(Defensoría Ambiental, 2022, p. 7). En América Latina, la región con mayor peligrosidad para las personas defensoras del medio am biente y derechos humanos, Colombia es el país que ostenta el mayor número de homicidios por año registrados en este marco, por lo que se trata de una zona crítica para resguardar la integridad de las personas defensoras. Los tópicos medioambientales que se encuentran en el centro del debate en Colombia son la deforestación, el ordenamiento de tierras, la ganadería exten siva y la extinción de especies, por nombrar algunos. Además, la producción del carbón y minerales han sido transversales a lo largo del tiempo como par te del debate medioambiental(Rico, 2017). Es necesario resaltar que al menos 60 proyectos de energía eólica en el departamento de La Guajira, en el norte del país, a manos de empresas extranjeras y nacionales, buscan el comercio de energía con otras empresas y países, desplazando y generando conflictos con diversos clanes wayúu presentes en la zona norte de la península(Plataforma Defensores de la Tierra y del Territorio, 2023, p. 10). En cuanto a la extracción 231

del carbón, se reportan afectaciones en la salud de la población indígena wayúu del centro y sur del mismo departamento, así como comunidades campesinas, indígenas yukpa y afrodescendientes del vecino departamento del Cesar(Pla taforma Defensores de la Tierra y del Territorio, 2023, p. 11). Con la diversidad de frentes de lucha que se abren, las personas defensoras se ubican al centro del foco de violencia. En el departamento de Santander, organizaciones juveniles, afrodescendientes y de derechos humanos denuncia ron amenazas de muerte, desplazamiento forzado y exilio, relacionados con la oposición ciudadana a dos pilotos de fracking. Hacia finales de 2022, aprove chando los últimos meses de su administración, el gobierno del presidente Iván Duque(2018-2022) otorgó licencias ambientales y aprobó proyectos mineros, petroleros y de agronegocio con consecuencias graves para las comunidades afectadas. Esas medidas fueron apoyadas, además, por decisiones judiciales del Consejo de Estado(el tribunal de lo contencioso-administrativo), que mostra ron una tendencia regresiva en la jurisprudencia, como el caso de los dos pilo tos de fracking(Plataforma Defensores de la Tierra y del Territorio, 2023, p.11). Un aspecto a destacar en el caso de Colombia es que, cuando se trata de pueblos indígenas el ataque a sus miembros en términos de proporcionalidad del daño, es mayor que sus consecuencias en comunidades no indígenas, además porque dichos ataques van asociados directamente con la destrucción de lenguas, va lores, tradiciones y cosmovisiones de culturas milenarias, que se ven afectadas por la violencia empresarial y estatal(Plataforma Defensores de la Tierra y del Territorio, 2023, p. 17). Argentina En Argentina el escenario actual es complejo dada la situación política luego de que a fines de 2023 asumiera un gobierno que se autodefine como“liberta rio y anarcocapitalista”. El debate está tomado por las consecuencias del abru mador ajuste económico y del escandaloso índice de pobreza 5 , que ha superado el nivel registrado en la peor crisis del país en el siglo XXI, en 2001. En este contexto de violencia estructural contra la clase media, los sectores más vulne rables y la población en general, las personas defensoras de la naturaleza ven agudizado el tenor de sus luchas, desprotegidas materialmente por un sistema en el que cada vez es más difícil el acceso a los bienes de la canasta básica y en el que se impone el paradigma del Estado ausente o invisible. La perspectiva de género, incluso, que se aborda ampliamente en el ejercicio de los ecofeminismos, fue prohibida de forma transversal en todos los ejes de 5. En enero de 2024 la pobreza superó el 57%, según datos del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. 232

la administración pública, dando marcha atrás a los avances socioculturales de las luchas feministas de las últimas décadas en consonancia con las tendencias globales de desarrollo cultural. En la misma tónica, el gobierno de Javier Milei (2023-2027) ha sido enfático en la eliminación de las regulaciones existentes sobre las actividades productivas en los ecosistemas protegidos; los ejemplos más drásticos pueden observarse en el decreto de necesidad y urgencia(DNU) de fines de 2023 mediante el que se deroga la ley de tierras, que ponía límites a la posesión de tierras rurales, y un fondo que incentivaba las energías renova bles(Gardel, 2023), misma idea que se propuso en la ley de manejo del fuego. Glaciares, humedales, bosques, parques nacionales y grandes extensiones marinas se ven hoy abandonados a la voluntad económica y capacidad de nego ciación que los conglomerados del modelo extractivo primario puedan ejercer, sin que la institucionalidad ambiental sea un obstáculo. Tal es el caso de la dero gación de la ley 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, que genera un contexto de disminución de la transparencia en operaciones mineras, lo que deja un espacio amplio para la maniobra de actividades contaminantes. La actividad de las personas defensoras de la tierra, que será clave para prote ger los territorios, peligra a la luz de un gobierno que no les garantiza seguridad ni transparencia, pues su postura es la de no intervenir en forma alguna en la devastación de los ecosistemas siempre y cuando se promueva la rentabilidad de las actividades económicas-industriales. Con todo ello, no pueden dejar de abordarse dos aspectos sustanciales para comprender el contexto argentino y las acciones asociadas al cuidado de la na turaleza y defensa de los derechos humanos. Por un lado, la enorme biocapa cidad del país, lo que lo constituye en un actor clave para aportar y bregar por una transición energética regional y global. Por otro, la implementación del Acuerdo de Escazú tendrá implicancias para la sociedad en tanto su aplicación permitirá el aumento gradual y sostenido de la participación ciudadana en ma teria de medio ambiente, lo que supone una disminución de riesgos para la integridad física de las/os defensores de la naturaleza(Defensoría Ambiental, 2023, p. 10), siempre que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para ejecutar las disposiciones de este tratado, lo que parece no ser una prioridad para el gabinete de Javier Milei. El panorama recogido por Defensoría Ambiental al vincular organizaciones defensoras de la tierra de Argentina, Chile y Colombia muestra que hay preo cupaciones comunes que aquejan a las personas defensoras 6 , pero condiciones y determinantes particulares de cada territorio, que vienen dados por las ca racterísticas geográficas, históricas, y la coyuntura económica y política de cada 6. El avance del extractivismo, la corrupción al servicio de megaproyectos industriales que amenazan el equilibrio ecosistémico, amenazas de muerte seguidas por violencia física, desplazamiento forzado y exilio, intimidación, heridas con armas contundentes o de fuego homicidios, etc. 233

sector analizado. Los hallazgos dieron cuenta de que a pesar de las fronteras y las diversas caras del extractivismo y las amenazas a la naturaleza en sus terri torios, los defensores ambientales viven situaciones muy similares, que afectan sus derechos fundamentales(Defensoría Ambiental, 2023, p. 15). Una lectura de la violencia hacia personas defensoras con perspectiva de género Que las mujeres tienen un rol protagónico en la lucha por la defensa de la na turaleza es una premisa que está suficientemente fundamentada en la evidencia que entregan cifras sobre mujeres jefas de hogar, lideresas ambientales, muje res en situación de pobreza a consecuencia de condiciones ambientales, y más acremente, en el número de mujeres violentadas o asesinadas por defender la naturaleza. Al respecto, cabe destacar que el 70% de los pobres del mundo son mujeres, de acuerdo a estadísticas informadas por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), lo cual explica por qué, en condiciones vulnerabilidad y en contextos de conflictos ambientales, las muje res sean las principales promotoras de los cambios y de la defensa de la tierra. Paralelamente, el rol de las mujeres en los activismos ambientales viene dado además por la búsqueda de un lugar desde donde expresar opiniones y tomar decisiones con capacidad de incidir en la política. No resulta menor considerar que en América Latina, el promedio de la proporción de escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales continúa siendo muy escaso, llegando sólo al 25.5% del total disponible(CEPAL, 2023). Desde algunos puntos de vista se elabora la idea de que el encontrarnos histó ricamente excluidas de nuestra dimensión filosófica, jurídica y política, provo có el impulso a la acción de las mujeres para analizar su situación y defender su valor y sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación respecto a los hombres(Vicente, 2021, p. 1). Lo cierto es que las lideresas son generalmen te quienes asumen la resistencia frente a las amenazas extractivas, puesto que ven afectadas sus realidades más cotidianas, comprometiendo la integridad de la familia, de la organización en la que participan o de sus medios de sub sistencia(Defensoría Ambiental, 2023, p. 5). Al observar la situación de riesgo que enfrentan las resistencias al extractivismo en Latinoamérica, la Defensoría Ambiental advierte la importancia de la defensa pública especializada y del rol activo de las mujeres defensoras de los territorios y la naturaleza(Defensoría Ambiental, 2023, p. 5), la cual debe contener además la perspectiva de género y de derechos humanos con el objetivo de enfrentar de forma integral los con flictos de seguridad que se dan en la defensa de la naturaleza. Si intentamos situar esto en un marco teórico, vemos que el enfoque hegemó nico tiene como correlato, en el plano de la realidad social, el auge del neolibe 234

ralismo como modelo de gestión global, que imprime una forma particular de política y de cooperación internacional: efectivista, operativista e instrumenta lista(Cardinale y Winer, 2022, p. 14), lo cual funciona como base del paradigma patriarcal que sitúa a la mujer como responsable y encargada de encarnar las luchas corpóreas por la protección de su entorno, como una más de las labores de cuidado que se le atribuyen de forma indisociable y que la sitúan en una posición de riesgo y exposición. Como casos emblemáticos en nuestra región podemos citar el asesinato de la líder indígena defensora de la naturaleza Berta Cáceres, cuyo homicidio se perpetró en Honduras en 2016 en el contexto de la lucha por la protección de los territorios lenca. En Chile, Macarena Valdés, activista socioambiental, fue asesinada ese mismo año como consecuencia del sicariato empresarial. Era una opositora férrea al proyecto hidroeléctrico que pretendía instalarse en Panguipulli(provincia de Valdivia) por la empresa de origen austríaco RP Global. En Colombia, la activista y dirigente Leydi Correo Valle fue hallada sin vida en septiembre de 2018 cerca de su hogar, en la región rural de Guayabal de Pená(departamento de Antioquia). En Argentina, donde aún resuena con fuerza el caso de Santiago Maldonado, recordamos con grave indignación el asesinato de la defensora de derechos humanos Sandra Cabrera, en febrero de 2004. Casos similares se repiten a lo largo del continente. Desde la óptica de los feminismos decoloniales de América Latina y el Caribe y su mirada interseccional en el campo, la cuestión de la subalternidad, la dife rencia, la inequidad y el neoliberalismo, las formas concretas que adquieren en el sur global y en la región(Cardinale y Winer, 2022, p. 14) tienen que ver con las características de nuestro continente, en donde la violencia se manifiesta con rasgos muy claros hacia las mujeres, en sus distintas formas de expresión. Además, de acuerdo a la percepción de los pueblos originarios en la relación construida entre seres humanos y naturaleza, la tierra y el territorio no están disociados del cuerpo, sino que forman parte integral de él, por lo que ejercer la violencia sobre el cuerpo y el territorio es ejercerla también sobre las mujeres. Por eso, los ejercicios de defensa están protagonizados por mujeres, aunque no sean siempre visibles(Romo, Espinoza y Alvitres, 2021). En este sentido, resulta clave hacer una lectura feminista de la situación de las personas defensoras, la amenaza a la seguridad y, al mismo tiempo, sus invaluables contribuciones al desarrollo sostenible y a la democracia. Reflexiones finales El recorrido por nuestra región que hace la Defensoría Ambiental y el com plemento que este análisis aporta, junto a la observación del contexto en los tres países en los que se ha hecho foco(Argentina, Chile y Colombia), contribu yen a reforzar la visión sobre la necesidad apremiante de elevar los estándares 235

de seguridad y derechos humanos para las personas defensoras de la tierra y la naturaleza. Por otro lado, se insta a cuestionar la magnitud, el alcance y los efectos ecosis témicos de los grandes emprendimientos industriales que se han instalado en la región, a los que día a día se suman nuevas propuestas y proyectos que en un contexto de lobby y corrupción se abren paso para ponderar las utilidades econó micas –no redistributivas– por sobre la sostenibilidad de la actividad económi ca y los derechos de la naturaleza. Los grandes conglomerados y monopolios de la economía extractiva se adaptan más rápidamente a las formalidades nor mativas e institucionales para lograr imponerse incluso dentro del marco de la ley, pero transgrediendo los derechos elementales de las personas y poniendo en peligro la integridad física y mental. Son aparatos que han desarrollado es trategias de derecho corporativo eficaces para introducir sus proyectos mante niéndose dentro de los márgenes aceptables de la debida diligencia. Asimismo, la situación de violencia contra los ambientalistas en América La tina pone de manifiesto una preocupante vulneración de la seguridad humana y la debilidad institucional en la región, que en algunos casos se presenta a la luz del dilema entre problema real versus problema institucional. Tal es el caso de Chile, que si bien ha construido una reciente pero robusta institucionalidad ambiental que promueve la protección de los ecosistemas, en la práctica dia ria no son pocos los reclamos que se ingresan a la Superintendencia de Medio Ambiente por irregularidades en megaemprendimientos que no se acogen a la norma o se saltan pasos importantes de los mecanismos que la ley define para el funcionamiento de empresas de estas características, evidencia de que el problema real de una forma de producción consciente y sostenible aún no se ha desarrollado. En cuanto a la seguridad humana, la deuda es aún mayor, y podría decirse que histórica. Si revisamos las cualidades de este concepto y las contraponemos con la realidad material de las personas defensoras en Latinoamérica, existe una clara escisión entre el escenario óptimo y el que registramos en nuestras sociedades, en las que la seguridad económica, alimentaria, política y ambien tal se miden en números negativos. Tal es así que la lucha por la protección del medio ambiente se convierte en un campo de batalla en el que los defensores enfrentan amenazas constantes, intimidación y, en muchos casos, violencia ex trema que resulta en torturas y homicidios. Paralelamente, se enfatiza que la degradación medioambiental y el cambio climático afectan en mayor medida a las mujeres debido al acceso desigual a recursos naturales, servicios públicos e infraestructura y sobrecarga de respon sabilidad en la economía de subsistencia, la producción agraria y doméstica (Heins, 2019). Sin embargo, en el abordaje de las relaciones de las personas con el ambiente y en la problemática del cambio climático se ha considerado mar 236

ginalmente la perspectiva de género y su incorporación en los ámbitos norma tivos y de diseño de respuestas es relativamente reciente. En la Agenda 2030 no quedó claro el vínculo entre la igualdad de género y la dimensión ambiental del desarrollo sostenible(Cepal, 2023a, p. 13). Hoy en día el foco está puesto en el Acuerdo de Escazú y su aplicación. Se trata de un tratado único en su especie que pone por primera vez a Latinoamé rica en el centro del análisis, y el único en el mundo que pondera los derechos humanos y derechos de las personas defensoras de la tierra y la naturaleza. Al momento de escribir estas líneas(marzo de 2024) cerca de la mitad de los pa íses lo habían ratificado, y se espera que el resto logre involucrarse a mediano plazo con el objetivo de establecer un consenso regional en torno al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos am bientales. El desafío actual es lograr generar instrumentos para una aplicación efectiva de sus disposiciones. En el contexto de policrisis generalizada que se describe a partir de algunas aproximaciones contenidas en el análisis, es imperativo reconocer la importan cia de aplicar el concepto de seguridad humana en el ámbito ambiental, espe cialmente considerando las características únicas de este tópico. Para abordar de manera efectiva las amenazas y violencias que enfrentan los ambientalistas en América Latina es fundamental un enfoque que integre la perspectiva de género y los derechos humanos, aplicando el ámbito de justicia que se corres ponda con la magnitud y gravedad de los actos perpetrados contra las personas defensoras. El análisis precedente se constituye entonces en un aporte para pensar la se guridad desde una perspectiva feminista y la justicia climática desde una eco sistémica. Ampliar estos conceptos y hacerlos dialogar entre sí no solo implica cuestionar las nociones tradicionales de seguridad, sino que, además, releva da tos que dan cuenta del impacto superlativo que las mujeres, los pueblos indíge nas y las minorías reciben en forma de violencia al ejercer el rol de defensores y defensoras de la naturaleza. Un escenario futuro sostenible solo será posible cuando se consideren los derechos de la naturaleza como categoría jurídica y cuando se garantice el ejercicio de su defensa bajo condiciones de seguridad y protección de derechos. Bibliografía Cardinale, María Eugenia y Winer, Sonia.“Lo personal es político y es internacional: contribu ciones feministas, interseccionalidad y relaciones internacionales”. Relaciones Internacionales, n.º 49, p. 11-30, 2022. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8292801. Cepal, Observatorio de América Latina y el Caribe. La dinámica demográfica de América Latina y su impacto en la fuerza de trabajo, 2023. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicacio nes/68798-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2023-la-dinamica-demografica. 237

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Conclusión. Nuestra arma, la resistencia político-académica feminista frente a las inseguridades Priscyll Anctil Avoine Profesora Titular Asociada del Departamento de Estudios de Guerra de la Swedish Defence University, Suecia Let me begin by saying that I came to theory because I was hurting – the pain within me was so intense that I could not go on living.[...] I saw in theory then a location for healing(bell hooks, 1991, p. 1). Estoy escribiendo estas líneas conclusivas en un estado à vif, una expresi ón que convoca una sensación extremadamente sensible, aquella que nos hace sentir que ya no hay capas de protección, que la piel está profundamente irrita da del dolor. Estamos finalizando este libro colectivo en un momento en que se despliegan guerras y genocidios delante de nuestros ojos, exponiendo el poder del capital-militarizado global. Estamos à vif de tantas violencias en el Medio Oriente, en las geografías Sur-Norte de Abya Yala, en una reactuación de las lógicas militaristas en Europa con la invasión de Ucrania, con la agudización de las violencias extractivas neoliberales y feminicidas en todos los territorios. Y, todos los días, estamos presenciando violencias coloniales, guerras y despojos asediando Afganistán, Congo, Gaza, Haití, Kurdistán, Líbano, Sudán, Yemen. Más que nunca, necesitamos un libro como este para pensar colectivamente frente al recrudecimiento del discurso fascista, la necropolítica en Argentina, el neoparamilitarismo en Colombia, los feminicidios a escala global, el apartheid de género en Afganistán, el incremento de los cultivos ilícitos y la militarización de las intervenciones en su contra, la institucionalización de prácticas carcela rias deshumanizantes en El Salvador y, en todas las latitudes, la criminalización de los cuerpos marginados, feminizados, trans, disidentes. Al mismo tiempo, las comunidades resisten, encontrando un eje común de defensa de la vida frente a tanto horror. En medio de los ataques de genocidio, guerra y múltiples violencias, ¿cómo se piensa en las(in)seguridades desde un enfoque feminista, antirracista y descolonial? ¿Cómo encontramos poder para seguir narrando resistencias? Últimamente, parece que ya no podemos imagi nar futuros feministas noviolentos. En esta conclusión me quiero detener en esta posibilidad. 240

Siento que este libro abre esta posibilidad. Mientras escribo estas líneas, es tamos también preparando, desde los movimientos sociales y la academia, un periodo de conmemoración de veinticinco años de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad para este 2025. Eso nos convoca a una reflexión crítica sobre su al cance, su despliegue, sus desafíos y sus traducciones en diferentes territorios. Así que, en la escritura de estas conclusiones-aperturas, quiero pensar este libro como una‘grieta’(Walsh, 2017) hacia la posibilidad de una esperanza radical. Quiero escribir desde esta emoción que ha guido décadas de movimientos de mujeres, feministas, trans, queer en Abya Yala, y más allá. Los textos compilados en este volumen interpelan una serie de reflexiones que apuntan a expandir nuestra mirada sobre el concepto de seguridad, pero, sobre todo, a reclamar un lugar político contencioso, rebelde: escribir, pensar y conceptualizar la seguridad desde Abya Yala. Desde las márgenes, las amefri canidades(Gonzalez, 1988), el paradigma otro(Mignolo, 2005), el sentipensar (Escobar, 2013). Desde unas posturas feministas, interseccionales, queer, desco loniales, antirracistas. Es un privilegio para mí cerrar-abriendo grietas de pensamiento-acción, de sentipensar con las personas autoras de este libro que marca un precedente en los estudios feministas de seguridad en Abya Yala(EFSAY). De este modo, me quiero enfocar en dos elementos: 1) nuestro pensamiento translocal feminista sobre la seguridad; y 2) sobre la posibilidad de trazar hilos de resistencia en este mundo que intenta despojarnos de la posibilidad de la vida y de la esperanza feminista, rebelde, gustosa y cuidadora. La expansión del saber feminista sobre seguridad: reconceptualización, entramados epistémicos y multiescalaridad La creación del conocimiento se hace en colectiva y, en este volumen, las personas autoras nos convocaron a una reflexión sobre el camino que nos han abierto las ancestras, precursoras y luchadoras que nos antecedieron(Coen ga-Oliveira, 2024). Los textos insisten sobre los múltiples aportes, desde Abya Yala, al concepto multidimensional de seguridad. Podríamos llamar eso un en tramado epistémico de esos aportes que tienen sus fuentes entre varias aristas de la cocreación del conocimiento. En la trama narrativa de este libro se evi dencian los aportes de las activistas de Abya Yala, los viajes sur-norte y vice versa, la translocalidad y traducción de los conceptos conexos y las propuestas de las feministas en relaciones internacionales. En breve, una larga historia de creación de conocimientos sobre la temática entre las puntas árticas y antárti cas de nuestro territorio. Pues si bien todas hemos tenido un contacto previo con las teóricas anglosajonas, nuestros idiomas e idiosincrasia han tenido otros 241

locus de enunciación(Ribeiro, 2020). Para muchas de nosotras, eso implica una forma de“terrorismo lingüístico”(Anzaldúa, 2017), de contestaciones teóricas y metodológicas y de desaprender nuestras certezas epistémicas. Quiero en esta sección pensar este sincretismo teórico que nos ha convocado translocalmente por medio de reuniones, conversaciones y nuevos horizontes epistémicos. Entramados epistémicos y reconceptualización Los análisis feministas sobre seguridad, violencia y guerra no son nuevos en Abya Yala –tanto como en el norte global– estos análisis existían mucho an tes del uso de estudios feministas de seguridad como campo de investigación (Sjoberg, 2016). Como lo demuestran los diversos capítulos en este libro, mu chos estudios se han desarrollado para evidenciar la magnitud de la guerra con tra los cuerpos y el carácter central del activismo feminista frente a la violencia feminicida en el continente. Varias teóricas en Abya Yala han ofrecido análi sis sobre la necropolítica(Esguerra Muelle, 2017) o la necrobiopolítica(Bento, 2018), mostrando como el sistema colonial-neoliberal y los estados“dejan mo rir”, precarizan o matan ciertos cuerpos(Coenga-Oliveira, 2024). Los feminis mos descoloniales también han propuesto análisis de la militarización de la tierra y de las luchas contra el extractivismo y los proyectos coloniales disfra zados de“desarrollo”(Córdoba Cárdenas, 2021; Espinosa-Miñoso et al., 2022). Otras autoras han mostrado el sostenimiento histórico del paramilitarismo y de las elites sociales mediante el despojo de tierras y de las masacres(Hristov, 2015). Muchas han denunciado la violencia policial y militar contra los cuerpos feminizados, negros, marginados en las favelas, los barrios populares y en ter ritorios indígenas(Ota, 2021; Veillette, 2021). Además, varias han trabajado el impacto diferenciado de las guerras en los cuerpos feminizados, pero también las militancias de las mujeres en grupos armados y organizaciones criminales (Dietrich Ortega, 2014; Nieto-Valdivieso, 2020). De este modo, Abya Yala tuvo sus propias herramientas teóricas para concep tualizar la seguridad y eso debe ser enmarcado dentro de un contexto particular desde la conquista de sus cuerpos-territorios(Gómez Grijalva, 2012) con la co lonización euro-patriarcal y luego, con el imperialismo. Si bien las contribucio nes se alinean con las feministas anglosajonas y la idea de subversión del relato hegemónico(Cockburn, 2010) sobre la guerra, la militarización y la seguridad, también, forman un bloque contencioso que aboga por la inclusión de saberes desde distintas latitudes, contestando los términos de la producción académi ca del norte global. Así, en Abya Yala se han constituido –en contraposición a la ego-política(Grosfoguel, 2009)– una geo-corpo-política(Coenga-Oliveira y Anctil Avoine, 2019), donde se piensan y politizan las corporalidades precari zadas. Es la posibilidad de ver que la experiencia vivida de las inseguridades 242

ofrece un lugar epistémico y de teorización que permite contestar las catego rías analítico-políticas que se tienen, como lo discuten varios textos de este vo lumen, como entre otros, los de Olivia León, JCD Calderón, Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez y Doris Ospina-Muñoz. Así, como lo menciona Natalia Tejero Rivas en este libro, las inseguridades y violencias como lo son los feminicidios tienen que ser comprendidas a partir de las vivencias de los movimientos socia les que laboran incansablemente para contrarrestar su ocurrencia. Este libro se teje, entonces, sobre estas herencias teóricas, buscando crear en tramados epistémicos y mostrar una creciente voluntad de consolidación del campo de EFSAY. Así, desde diferentes horizontes, se proponen diálogos teó rico-prácticos entre las geografías políticas, mostrando un esfuerzo de síntesis entre diferentes corpo-localizaciones y ampliando las fronteras epistémicas. Por ejemplo, JCD Calderón nos invita a incluir la poesía como un locus de te orización en estudios internacionales sobre la seguridad, como“una ruta crea tiva de transformación social”, Romina Rajoy y Agustina Ugolini nos proponen pensar una práctica pedagógica para trabajar la seguridad en la práctica profe sional del personal policial y María Fernanda Noboa González nos convoca al “pensar desde la disidencia”. De este modo, las contribuciones del libro expo nen que, desde las diferentes latitudes del continente, se están creando conoci mientos subversivos sobre seguridad como un término multisemántico pero, sobre todo, político. Un conocimiento político que se sostiene en unas pro puestas feministas integrales, enfocadas a lo interseccional(ver, por ejemplo, Rajoy y Ugolini, este volumen), al cuidado radical, a la protección comunitaria y la defensa del territorio-vida. En suma, los capítulos son unas respuestas feministas que reconceptualizan las premisas epistémicas que han marcado un campo de investigación sujetado a una visión militar, androcéntrica y anglosajona. Así que un mensaje poderoso de este libro es que la circulación del conocimiento sobre seguridad, guerra y violencia no puede ser unilateral: ya es multilateral y el“norte” global tiene mu cho por aprender del“poder liberatorio” del“sur” global, como nos recuerda Magalhães Texeira(2024). Es crear un sistema de“resonancia mundial desde el Sur”(Gago, 2019: 15). Multiescalaridad de los frentes conceptuales y teóricos En su capítulo, María Fernanda Noboa González redirecciona el enfoque so bre la seguridad en Ecuador, convocando a las personas lectoras a reflexionar sobre su carácter multiescalar. Propone una mirada sobre“los actuales escena rios de inseguridad multiescalares” e invita a adoptar un enfoque multiespacios y multitemporalidades a las inseguridades vividas en Abya Yala. Así, las teoriza ciones feministas de la seguridad compiladas en este libro hacen un llamado a 243

repensar la multiescalaridad de nuestros análisis: los artículos muestran cómo “determinar quién está necesitando protección por el Estado es un acto cargado y político”(Hagen, 2016, p. 316). El espacio público –como es el caso en los va rios textos sobre la militarización de la ciudadanía en México con el“despliegue militar de los cuarteles a las calles”(Olivia León, este volumen)– no es un lugar seguro para los cuerpos femeninos y feminizados. Pero tampoco lo es el priva do. En muchos de los textos se explican las entrañas y las líneas borrosas entre seguridad civil-comunal y estatal-militar y eso, en diferentes localizaciones de Abya Yala, por ejemplo, los casos de Colombia, El Salvador, México y Ecuador. Los estudios feministas de seguridad han podido demostrar que las institucio nes patriarcales-coloniales-racistas que se supone que nos protegen, en reali dad, crean inseguridades. Esta multiescalaridad y multidimensionalidad de las guerras contras los cuerpos feminizados nos convoca a empujar los límites de nuestras conceptualizaciones teórico-prácticas: no existe tal división entre el despliegue del poder en la‘casa’, el‘matrimonio’ y la‘intimidad’ frente a las for mas‘públicas’ de ejercer el poder en la esfera del Estado, lo internacional, etc. Por tanto, la seguridad es comprendida aquí, en este volumen, desde las vi vencias propias de sus multifacéticas consecuencias. Los textos nos interpela ron para pensar la seguridad desde este locus de enunciación, a partir de una perspectiva multiescalar, encorporada(Anctil Avoine, 2022): las(in)seguridades se inscriben en y a través de los cuerpos y se vivencian desde varias tempora lidades y espacialidades. Las diferentes contribuciones muestran cómo desde un“norte” global –aquel teóricamente blanqueado, eurocentrado, androcén trico– se han operado varias formas de invisbilización de estas vivencias y esos saberes que provienen del“sur” global sobre seguridad, violencia y opresión. Las definiciones mismas de la guerra, la militarización y las(in)seguridades han ido opacando no solo formas de conocimientos –injusticias epistémicas– sino también saberes prácticos que construyeron maneras alternativas de concebir la protección como comunitaria y feminista. Por eso, algunas autoras aluden a la necesidad de incluir otras formas de conocimiento, por ejemplo, el produci do por parte de las colectivas y ONG, como es el caso del capítulo de Carolina Mosquera Vera, quien nos invita a“dar centralidad a los aportes conceptuales y teóricos de estas organizaciones”. La multiescalaridad significa también escalas teóricas distintas, que buscan ir más allá de las binariedades(Dijkema et al., 2024). Por ejemplo, como nos invita Gago(2019), las personas autoras de este libro han querido pensar la violencia feminicida desde otros modos de ver y analizar, más allá de las visiones que confinan a las mujeres y cuerpos feminizados a una posición de víctima. Se han dedicado a mostrar que los EFSAY proponen un movimiento intelectual que nos permite salir de esta caja y pensar la interseccionalidad de las opresiones y la interrelación entre las geografías del miedo, muchas veces conectadas con la violencia fronteriza o ligada al tráfico de drogas y armas. 244

Resistir desde las subversiones teóricas, prácticas y políticas No podía pensar en una conclusión otra que la que retorna a uno de los pun tos esenciales de teorizar desde los feminismos: la resistencia. Reclamar la re sistencia como propia, como nuestra, en un ejercicio político translocal de asu mir que la postura académica feminista va ligada a la militancia en la justicia social. Retomando lo que elaboran las autoras de Republicanas Populares(en este volumen) con el feminismo de los datos en relación con la migración, se trata de formular un“método de militancia colectiva” para pensar la seguridad feminista. Porque la noción de seguridad en Abya Yala no puede ser analizada desde otro lugar que aquel que integre las múltiples formas de resistencias que configuran la“potencia feminista” en la región(Gago, 2019). Así que, a modo de clausura de este escrito, quiero revisitar la centralidad de las resistencias translocales y feministas que tomaron una forma particular, más ampliada y masiva, en la última década en el continente. Quiero hacer este apartado sobre las resistencias por lo que no se puede hablar de seguridad sin entender que, para las mujeres y cuerpos feminizados y disidentes, la protec ción es un acto político que se vive en colectivo, desde una política feminista de la amistad insurgente(Anctil Avoine, 2020). Y eso se vive en los cuerpos. Es el vínculo que se teje entre lo íntimo, lo personal, lo global y el combate para poner fin a las diversas escalas de opresión sistémicas. Como nos enseñó Paulo Freire(1984), la minimización de nuestro potencial creativo y de pensamiento crítico solamente refuerza a los que nos oprimen. Así que los altos niveles de inseguridades que afectan nuestros territorios requieren ampliar los límites de la creatividad y de la radicalidad. Y, esperamos,(re)encontrar vías de cuida do radical y seguridad comunal para enfrentar las violencias –lo que Carolina Mosquera Vera, basándose en la contribución de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, llama en su capítulo“la protec ción integral feminista”. En la última década, las resistencias en Abya Yala contra las inseguridades que asedian, violentan y confinan los cuerpos feminizados han tomado for mas multitudinarias y han creado puentes transfronterizos. Al tiempo que ha crecido el activismo en contra de los feminicidios, se han dado herramientas –por ejemplo, el feminismo de los datos(D’Ignazio y Klein, 2020)– para con trarrestar el borramiento y la invisibilización de la guerra contra los cuerpos feminizados. En particular, las mujeres, los cuerpos feminizados y las colectivas indígenas y negras en Abya Yala han mostrado al mundo el significado de la re sistencia encorporada. Butler(2015) ha teorizado esto como la performatividad colectiva, aquella que se desarrolla en la posibilidad de la asamblea, espontánea, de los cuerpos que se elevan contra la precariedad, la violencia, la guerra, las inseguridades, los feminicidios. Es por medio de la unión de los cuerpos en el espacio público de la asamblea que ocurre la resistencia del cuerpo colectivo 245

frente a las injusticias sistémicas y las inseguridades diarias. No depende de un sujeto colectivo previo, sino que el“nosotres” está promulgado por la misma asamblea de los cuerpos,“plurales, persistiendo, actuantes”(Butler, 2015, p. 59). Es también lo que la autora Verónica Gago(2019) ha llamado la huelga feminis ta, la cual, por medio de la potencia feminista empuja los límites espaciales y temporales de los cuerpos en revuelta contra las violencias de género. Del mis mo modo Souza y Sélis(2020) han teorizado las movilizaciones en Brasil con la resistencia contra Bolsonaro con el hashtag#Elenão como una disrupción de los cuerpos femeninos en el espacio público –una convocación de los cuerpos en lucha contra la opresión fascista. En estas diversas formas de protestas plurales(Nijensohn, 2022), las activistas han utilizado las fallas del propio sistema en contra de sí mismo, las estrate gias translocal/transfronterizas, la exposición de la violencia policial, el arte y la performance como acciones poderosas de contrapoder y resistencias a las inseguridades(Fortin et al., 2022; Piazentini y Zimkovicz, 2025; Serafini, 2020). Por ejemplo, las madres estuvieron en las primeras líneas de las protestas del estallido social en Colombia entre 2019 y 2021, y Las Tesis lograron producir un himno transfronterizo antipatriarcal y contra la violencia estatal, policial y machista. Estas coaliciones multisectoriales han mostrado, por medio de sus estrategias transversales y translocales(Paarlberg-Kvam y Anctil Avoine, 2019), la potencia de la resistencia encorporada y multiespacial contra las insegurida des –desde la práctica, han puesto el cuerpo a lo que es la teoría de los estudios feministas de seguridad. En efecto, estos movimientos plurales han teorizado, desde sus colectivas y partir de sus cuerpos, formas alternativas de seguridad, donde se cuidan las amigas –no el Estado o la policía. Es una forma de rabia co lectiva, pero también de empoderamiento y de solidaridad que imagina otros espacios afuera de los parámetros de las huelgas tradicionales(Gago, 2019). Al final, los EFSAY buscan también recuperar“las voces de mujeres comba tivas que han sido ocultadas e invisibilizadas por el feminismo hegemónico” (Espinosa-Miñoso et al., 2022, p. xi). Las protestas masivas que marcaron los úl timos años en el continente tienen sus raíces en las ancestras que combatieron las opresiones patriarcales y coloniales y en la larga historia de las insurgencias y rebeliones en América Latina(Gago, 2019). Eso posibilita rastrear una mili tancia política feminista y anticolonial que resiste a los sistemas de opresión y demuestra que estas luchas colectivas han expuesto que la potencia del cuerpo es tanto individual como colectiva(Gago, 2019, p. 14). Apertura y deseo radical bell hooks(2010, p. 10) nos invitó a considerar el pensamiento crítico como una‘apertura radical’( radical openness) mientras que, en plena pandemia, el 246

pensador indígena Ailton Krenak(2020) nos convocaba a contar“una historia más para postergar el fin del mundo”. Quizá quiero terminar por esa misma provocación para los estudios feministas de seguridad, ¿cómo podemos utilizar la narración de las historias de(in)seguridades como“sitios de dislocación, de subversión semiótica”(Guerra Pérez, 2018, p. 96)? Y, por lo tanto, ¿cómo pensa mos en espacios de disonancia epistémica que permita rearticular los saberes, complejizar las teorías y hacer temblar las certezas del saber colonial-patriarcal? ¿Cómo creamos otras realidades, aquellas que permiten pensar vidas novio lentas? Como dice Alessandra Jungs de Almeida en la introducción de este volu men, nuestra intención con este escrito es una“declaración política y de inves tigación feminista” que buscar tejer una“red de resistencia transnacional”. Así, este libro es el inicio de un programa de investigación translocal sobre las(in) seguridades, lo cual nos exige coraje, imaginación y creatividad, en un círculo epistémico de reinvención constante. Mediante los escritos de Enloe, Cohn, Sjoberg y Wibben hemos podido ampliar los límites de nuestra imaginación y nuestras resistencias políticas –en pensar un compromiso académico y políti co, feminista, desde los territorios de Abya Yala. ¿Cómo los EFSAY pueden empujar las fronteras de su actuar también deslo calizando más allá de lo que se entiende por Abya Yala? Ojalá creando solida ridades translocales y utilizando las herramientas políticas e intelectuales que producen las feministas desde el continente para analizar la política global y los conflictos y las violencias que nos asedian. Este libro habla sobre eso: sobre nuestro activismo translocal, nuestro trabajo académico y en colectivas, nues tras vidas. Y quizás esto descansa sobre una política del deseo; el deseo de crear intersti cios de contrapoder frente a las inseguridades en Abya Yala. Una política del de seo para un cambio radical implica pensar“la ampliación de lo que deseamos como posible aquí y ahora”(Gago, 2019, p. 14). Así, quiero proponer, a manera de apertura para esta conclusión, que pensemos juntes nuestro compromiso con unas formas de resistencias político-académica feministas a las insegurida des. Que volvamos al corazón del carácter emancipatorio y del poder liberador de teorizar desde la idea más primaria que ha animado los estudios feministas de seguridad en diversas latitudes: la radical lucha para la justicia social. Bibliografía Anctil Avoine, Priscyll.“Somos las putas amas: por una política de la amistad insurgente”. Revista Lüvo, vol. 7, n. 2, p. 45-47, 2020. Anctil Avoine, Priscyll. L’entre-deux mondes. Corps, émotions et militance dans la réincorpo ration des farianas dans le nord-est de la Colombie. PhD Dissertation, Université du Québec à Montréal, 2022. 247

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Biografías de las contribuyentes Agustina Ugolini Socióloga y Magíster en Antropología Social. Docente y Directora del Departamento de Seguridad Pública y Ciudadana del Instituto Universitario Policial Provincial“Juan Vucetich” de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Docente de la Maestría en Crimi nología de la Universidad Nacional de Quilmes e integrante del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales(LESYC). Desarrolla investigaciones en el campo de los estudios sociales sobre las fuerzas de seguridad, con énfasis en problemáticas de seguridad públi ca. Además, cuenta con experiencia en gestión pública y asesoramiento técnico a orga nismos gubernamentales en el área de la Defensa, Seguridad y Derechos Humanos. Sus líneas de investigación son los sentidos sobre lo legal/ilegal en las prácticas cotidianas de las fuerzas de seguridad; y las condiciones laborales de las/os agentes policiales y su impacto en el desempeño laboral. Aimée Boeta Borja Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, realizó un intercambio acadé mico en Université Lyon 3 en Francia, cuenta con un Diplomado en Seguridad Nacio nal, Democracia y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y el Museo de Memoria y Tolerancia. Actualmente trabaja en la ejecución de programas que pro mueven la democracia y participa como Secretaria de Desarrollo Administrativo en la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación. Alejandra Bahena Iturralde Coordinadora de la Concentración en Paz, Seguridad y Conflicto en la carrera de Rela ciones Internacionales del Tec de Monterrey CEM y especialista en inteligencia y gestión de riesgos en Jaguar. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoame ricana Ciudad de México y tiene una Maestría en Paz y Seguridad Internacionales por Kings College London(Departamento de Estudios de Guerra). Se ha desempeñado en temas de cooperación internacional y seguridad y justicia y sus temas de experiencia e interés son seguridad y Derechos Humanos, seguridad nacional en México, seguridad y género y conflictos en Medio Oriente. Alessandra Jungs de Almeida Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. Trabaja como investigadora postdoctoral asociada al Women’s and Gen der Studies Program en el Massachusetts Institute of Technology(MIT) y también como investigadora afiliada al Data+ Feminism Lab(MIT) y al Núcleo de Estudos de Gênero da Política Externa e Internacional(UFSC). Magíster en Relaciones Internacionales por la UFSC y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidade Federal de Santa Ma ria(UFSM), con período de formación en la Universidad de Santiago de Chile(USACH). Como académica feminista, su trabajo se centra en los derechos reproductivos y las vio lencias letales relacionadas con el género. Su base teórica en estas áreas está fundamen tada en un enfoque interdisciplinario que conecta Relaciones Internacionales, Estudios Críticos de Datos y Estudios Feministas y de Género. Es co-fundadora de Amassuru. 250

Ana Luiza Vedovato Doctoranda en Ciencia Política en la Northwestern University, donde se especializa en los campos de Relaciones Internacionales y Política Comparada, con un enfoque regional en América Latina. Su agenda de investigación se centra en la relación entre la guerra y el orden internacional. Su trabajo actual explora cómo la formación del Es tado-nación latinoamericano fue moldeada por la búsqueda de reconocimiento de so beranía externa y de membresía internacional a través de la violencia y la construcción racial, y cómo este contexto contribuyó a consolidar normas modernas de soberanía internacional. Anne Alessandra Cuadros Gutiérrez Abogada en Perú por la Universidad San Ignacio de Loyola(USIL) con doble especiali dad es derecho internacional y derecho internacional humanitario, Youth Champions por el Desarme por las Naciones Unidas, actualmente interna en la Organización de Estados Americanos en el Comite en contra del Terrorismo y Asistente de Proyecto en Scrap Weapons en Reino Unido con interes en Disarme, no proliferación y control de armas y género. Carolina Mosquera Vera Socióloga colombiana con Maestría GEMMA en Estudios de la Mujer y de Género(Es paña y Polonia). Cuenta con siete años de experiencia en investigación sobre los dere chos humanos de las mujeres, en particular, la violencia contra las mujeres en contextos de guerra y de transición hacia la paz, las defensoras de los derechos humanos y su participación política. Asistente de investigación en la Universidad de Varsovia en el proyecto Abortion Figurations, del Consejo Europeo de Investigación. Carolina Sampó Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, posee un doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Cien cias Sociales, una maestría en Estudios Internacionales y una licenciatura en Ciencia Po lítica. Ha sido consultora internacional en cuestiones de seguridad y crimen organizado. Sampó ha publicado decenas de artículos científicos en revistas de alto prestigio. Sus líneas de investigación son: crimen organizado, género y violencia en América Latina. Catherine D’Ignazio Académica, artista, diseñadora y madre hacker que se centra en la tecnología feminis ta, la alfabetización en datos y el compromiso cívico. D’Ignazio es profesora asociada de Planificación y Ciencias Urbanas en el Departamento de Planificación y Estudios Urbanos del MIT. También es Directora del Laboratorio de Datos+ Feminismo. El li bro de D’Ignazio, Feminismo de Datos(MIT Press 2020), en coautoría con Lauren F. Klein, traza un rumbo hacia prácticas de ciencia de datos más éticas y empoderadoras. Su nuevo libro, Counting Feminicide: Data Feminism in Action(MIT Press 2024), destaca cómo la ciencia de datos convencional puede aprender mucho del trabajo de atención y memoria de las activistas feministas en todo el continente americano. 251

Doris Elena Ospina Muñoz Doctora en Filosofía, Psicóloga, Magister en Salud Colectiva. Integrante del grupo de investigación salud de las mujeres, adscrito a la Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia-Colombia. Énfasis de investigación en violencia doméstica, género y sa lud. Docente en las áreas de ética y cuidado, investigación cualitativa, salud colectiva y filosofía de la ciencia. Elany Almeida de Souza Abogada e Internacionalista. Actualmente cursando posdoctorado en Relaciones Inter nacionales/PPGRI/UFSC. Doctorado en Estudios de Defensa PPGCM/ECEME/IMM. Magíster en Derecho por la Universidad Federal de Santa Maria(UFSM). Especialista en Derecho Civil/Metodología de la Educación Superior/UNISUL. Se desempeñó como Asesora Jurídica en MP/RO, en la Amazonía brasileña, con experiencia en las áreas de Derecho Público: combate a la improbidad administrativa, delitos ambientales, crimen organizado, acción civil pública, derechos humanos, responsabilidad por daños am bientales y afines. Desarrolla investigaciones en las áreas de Paz y Seguridad Interna cional, Estudios Estratégicos y de Defensa, Políticas Públicas y Gobernanza Ambiental, Política Exterior Brasileña para el Medio Ambiente, Organismos Internacionales, Coo peración e Integración Regional. Florencia D. Vega Analista en políticas y asuntos internacionales. Candidata a Magíster en Estudios Inter nacionales por la Universidad de Santiago de Chile(Usach). Se desempeña en la ONG Defensoría Ambiental, organización dedicada a la defensa del medio ambiente con en foque de género y DD.HH. y que ha servido a comunidades afectadas por algunos de los casos de conflicto ambiental más emblemáticos de Chile. Ha investigado y publicado en temáticas de seguridad, defensa, medio ambiente y género, y relaciones internacio nales. Ha sido asesora en temas de seguridad y criminalidad para áreas de las FF.AA. de Chile. Ha sido invitada como co-autora a realizar publicaciones para el Colegio In teramericano de Defensa, Washington. Licenciada en estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Chile(Usach), con periodo de formación en la Universidad de Congreso(UC) y en la Universidad Nacional de Cuyo(UnCuyo), ambas en Argentina. Forma parte de la red de mujeres investigadoras en seguridad y defensa Amassuru. Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez Antropólogo y MSc en Desigualdades y Ciencias Sociales de la London School of Eco nomics. Ha trabajado por más de nueve años en la promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+, la justicia social y la construcción de paz. Hizo parte de la Secre taría Técnica de la Red SinViolencia LGBTI que agrupa a diez organizaciones que tra bajan por los derechos de esta población en América Latina y el Caribe, y actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para la prevención de VBG y la garantía de derechos de personas LGBTIQ+. 252

Isabella Alves Artista visual, investigadora y diseñadora. Es estudiante en la Maestría en Artes Visua les de la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), donde desarrolla la in vestigación La Sabiduría textil: prácticas textiles como cosmopercepciones contracoloniales y feministas en comunidades de Brasil y México. Actualmente es becaria del Centro Brasileiro de Estudos da América Latina(CBEAL) de la Fundação Memorial da América Latina (FMAL) en el programa de extensión de investigaciones sobre el tema Conocimientos indígenas para el siglo XXI. Con un título académico en Diseño Gráfico por la Universidad Federal de Pernambuco(UFPE, 2011), ha desarrollado recursos gráficos para proyectos de arte, cultura y activismo político. Sigue colaborando con organizaciones brasileñas como la campaña por derechos reproductivos Nem presa nem morta y la Escola de Ativismo. Isadora Cruxên Profesora de Negocios y Sociedad en la Universidad Queen Mary de Londres e investi gadora asociada en el Data+ Feminism Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Junto con Catherine D’Ignazio, Silvana Fumega y Helena Suárez Val, lidera Da tos Contra el Feminicidio, un proyecto que busca comprender la producción de datos sobre feminicidio y apoyar a su comunidad de práctica. Su trabajo se centra en proce sos de movilización política y explora métodos participativos de investigación y plani ficación. Tiene un doctorado en Economía Política, Desarrollo y Planificación del MIT. Izadora Xavier do Monte Las actividades de investigación de Izadora se centran en la dinámica de la(in)seguri dad utilizando el género como categoría de análisis. Articulan el vínculo entre las polí ticas macro de seguridad y las experiencias cotidianas mediante el uso de herramientas sociológicas. Tiene un doctorado en sociología de la Université de Paris 8; una maestría en estudios de género de la EHESS(París), así como una licenciatura en relaciones in ternacionales de la Universidad de Brasilia(UnB). Ha enseñado en la Université de Lille, Université de Paris 8 y en la UnB. Fue investigadora asociada en el Clúster de Concursos de Excelencia de Escrituras Liberales de la Freie Universität y en el Centro Maria Siby lla Merian Convivencia-Desigualdad en América Latina del CEBRAP-USP. J. C. D. Calderón Activista-academique trans/feminista, poeta y educadore de a pie. Ha publicado en múltiples revistas de revisión por pares en las disciplinas de Relaciones Internacionales, Estudios de Género, Literatura y Matemáticas. Co-editó la sección especial sobre“In/se guridades imaginadas y vividas por medio de la poesía” en Critical Studies on Security(con Ahmad Qais Munhazim, 2024), el número especial sobre“El estudio de las Relaciones Internacionales desde perspectivas queer/cuir y trans/feministas” para Relaciones Internacionales(con Gloria Cuesta Noguerales, 2025) y el número especial sobre“Poéticas/ políticas feministas negras transnacionales”(con K. Melchor Quick Hall, 2025). 253

Karoline Alvarado Socióloga feminista y maestrante en Criminología y Políticas de Prevención en la Uni versidad Centroamericana“José Simeón Cañas”(UCA). Posee experiencia en evalua ción de políticas públicas de seguridad en El Salvador y elaboración de investigaciones temáticas con enfoque de derechos humanos: desplazamiento forzado interno, vio lencia contra las mujeres, personas privadas de libertad, defensoras de derechos hu manos, función policial y remilitarización. Karoline trabajó 5 años como Investigadora en Derechos Humanos en el Servicio Social Pasionista(SSPAS). Actualmente se dedica a la docencia universitaria en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer(USAM). Katherine Aguirre Economista colombiana con maestría en estudios del desarrollo el Graduate Institute de Ginebra(Suiza). Investigadora del Instituto Igarapé de Brasil y una de las coordina doras de Amassuru Mujeres sobre Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe. Katherine ha trabajado en Colombia, en el Centro de Recursos para el Análisis de Con flictos(CERAC) y en la Fundación Ideas para la Paz(FIP), así como en Suiza en el Small Arms Survey(SAS). Está interesada en la investigación sobre medición y estrategias de prevención de la violencia con enfoque de género en Latinoamérica, así como nuevos abordajes sobre el crimen ambiental, violencia contra las mujeres y alternativas en la región amazónica. Lucía Camardon Licenciada en Sociología(UBA); Máster en Políticas Públicas para el Desarrollo con In clusión Social(FLACSO). Consultora especializada en análisis de datos y gestión con enfoque de género y de derechos. Posee más de 15 años de experiencia de trabajo lide rando e integrando equipos en proyectos de consultoría, gestión, e investigación, desde el sector público, privado, ONGs y organismos internacionales. Se desempeñó como Subsecretaria de Prevención del Delito y Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro(2017-2020) y como consultora espe cialista para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Federal de Inversiones. Fue coordinadora de Producción y Sistematización de Información en el CNPT(20202022). Integra Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe. Participó en calidad de investigadora de proyectos financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, del Insti tuto Gino Germani(UBA) y la Universidad Nacional de General Sarmiento(UNGS). Ha participado de estudios y publicaciones vinculados al análisis multidimensional de las violencias y masculinidades hegemónicas. 254

María Fernanda Noboa Doctora en Estudios Internacionales de FLACSO/ Ecuador. Investigación en Estudios Estratégicos y de Seguridad. Docencia por casi 20 años en universidades ecuatorianas y extranjeras. Múltiples publicaciones de alto impacto y capítulos de libros en: RRII, Seguridad e Inteligencia. Revisora y evaluadora de revistas indexadas de Colombia y México. Asesora e instructora de varias unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas -2003-2021- instructora y conferencista de la Academia de Guerra del Ejército y de la Fuerza Aérea, de la Escuela Conjunta de Inteligencia Militar y de la Academia de Estado Mayor Conjunto. Mirtha Cucco García Dra. en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Psicolo gía Social. Título de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Autora de la Metodo logía de los Procesos Correctores Comunitarios(ProCC) y de numerosos programas de capacitación profesional y de Intervención comunitaria sobre los malestares de la vida cotidiana. Forma parte del departamento de Dirección del Centro de Salud Comuni taria“Marie Langer” de Madrid(España) que, en una trayectoria de más de 45 años, ha contribuido a generar importantes desarrollos en España, Argentina y Cuba, a través de sus específicos aportes teóricos, metodológicos y prácticos. Se han confrontado los re sultados con especialistas de distintos países en el marco de congresos, encuentros, jor nadas y conferencias; se han organizado jornadas internacionales en Cuba; y se cuenta con varios libros y numerosos artículos científicos. Mónica Salomón Profesora asociada de Relaciones Internacionales de la Universidade Federal de Santa Catarina(Florianópolis, Brasil), miembro de su Instituto de Estudios de Género y tam bién investigadora del Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento(CNPq). Es Doctora en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre 2014 y 2020, fue una de las dos coordinadoras del Área Temática“Política Exterior” en los encuentros de la Asociación Brasileña de Ciencia Política. Sus investigaciones y publi caciones abordan diferentes actores y niveles de análisis(desde subnacional hasta su pranacional) de las políticas exteriores. Su trabajo actual se centra en las intersecciones entre género y política exterior. Natalia Romero Marchesini Profesora y Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata(UNLP, Argentina); Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO, Brasil) y candidata a Doctora en el pro grama Estudios Sociales Interdisciplinarios de Europa y América Latina(Argentina-Ale mania). Actualmente, es becaria doctoral de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas(CONICET) con sede laboral en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales(IdIHCS/UNLP-CONICET). Integra el Núcleo de Estudios sobre Seguridad en la provincia de Buenos Aires(NESBA, UNLP), Argentina. 255

Natalia Tejero Rivas Es doctorante en ciencias políticas en la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente investiga la convergencia del poder militar y el poder policial en las prácticas de se guridad latinoamericanas, así como la producción de enemigos políticos a partir de la violencia criminal. Ha publicado previamente en la editorial Palgrave Macmillan. Nidia Beltrán Economista colombiana con maestría en ciencias económicas de la Universidad Na cional de Colombia. Su experiencia incluye el trabajo con el sector privado, organiza ciones no gubernamentales en Bogotá-Colombia, Gobierno Nacional en Buenos Ai res-Argentina y organismos internacionales como la OEA. Ha trabajado en programas de prevención del delito, evaluación de políticas públicas de seguridad y análisis y ad ministración de sistemas de información estadística criminal. Interesada en temas de generación, uso y análisis de datos para el diseño de políticas basadas en evidencia y desarrollo de propuestas y capacidades del estado en políticas públicas para la preven ción del delito. Cofundadora de Amassuru. Olivia León Huacuja Maestra en Estudios en Desarrollo por el Instituto de Posgrados de Ginebra(Suiza) y Politóloga internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas – CIDE–(México). Se especializa en temas de seguridad, construcción de paz, justicia y género. Investiga, escribe, es consultora y trabaja en proyectos sobre justicia restaura tiva y justicia transicional en México con personas privadas de la libertad y familiares en búsqueda de personas desaparecidas en México. Es Coordinadora de Programas de Mira: feminismos y democracias y docente de Ciencias Sociales y Antropología. Olivia Tena Guerrero Doctora en Sociología, Maestra y Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), adscrita al Programa de Investigación Feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Cuenta con el reconocimiento de Investigadora Nacional. Sus líneas de investigación son sobre condición masculina, mujeres en la policía y formación policial en materia de género. Es integrante de la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género-GENRED. Ha impartido conferencias en foros nacionales e internacionales e imparte un seminario sobre Metodología Cualita tiva para la Investigación Feminista en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 256

Patricia M. Garcia Iruegas Actualmente cursa el segundo año de la Maestría en Planeación Urbana del Departa mento de Estudios Urbanos y Planeación del MIT. Sus temas de investigación se cen tran en la implementación de estrategias de reducción de la violencia basadas en evi dencia y en la participación de la comunidad para la construcción de la paz en América Latina. Antes de llegar al MIT, trabajó en el desarrollo de estrategias de reducción de la violencia y evaluaciones organizacionales del sistema de justicia en México. Actual mente, Patricia es Asistente de Investigación en el Data+ Feminism Lab y participa en el desarrollo de herramientas para organizaciones de la sociedad civil contra la violen cia de género. Priscyll Anctil Avoine Investigadora en Estudios Feministas de Seguridad y Profesora Titular Asociada del Departamento de Estudios de Guerra de la Swedish Defence University(Suecia). Su trabajo se centra en la militancia política de las mujeres en insurgencias de izquierda y en escenarios de posguerra, especialmente en Colombia y Nepal. Priscyll tiene más de 10 años de experiencia en investigación y consultoría de género con ONGs, organi zaciones de la sociedad civil, universidades y colectivas feministas y de mujeres. Tam bién, es directora y militante de la Fundación Lüvo, una colectiva comprometida con la formulación de proyectos feministas y antirracistas y la publicación de la Revista Lüvo. Republicanas Populares Somos un centro de acción y pensamientos que, mediante la producción de conoci miento, la alfabetización popular y la comunicación, disputa sentidos y prácticas hege mónicas en lo cultural, aportando a la transición democrática de Colombia. Contribui mos a las luchas contra el racismo, el patriarcado, el heterosexismo y el clasismo como elementos fundamentales del colonialismo en nuestra sociedad. Romina Rajoy Es antropóloga feminista y becaria doctoral en Antropología por el Fondo para la In vestigación Científica y Tecnológica(FONCYT) de Argentina. Es licenciada en Antropo logía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales(EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín(UNSAM). Además, cuenta con un Diploma en Género(s), Po lítica(s) y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento(UNGS) y un Diploma Superior en Sustentabilidad y Justicia Social otorgado por el Consejo Latinoa mericano de Ciencias Sociales(CLACSO). Actualmente, se desempeña como docente e investigadora en la secretaria Academica, del Instituto Universitario Juan Vucetich (IUV). También es docente de grado en la EIDAES(UNSAM) y en la Universidad Nacio nal de Almirante Brown(UNAB). Es Co- coordinadora del programa Migrantas en Re conquista EIDAES/UNSAM Ha publicado numerosos trabajos académicos, incluyendo artículos y capítulos en libros, así como materiales de divulgación tales como cuader nillos, manuales de pedagogía comunitaria y artículos periodísticos. Sus principales áreas de investigación incluyen género, violencias, vulnerabilidades socioeconómicas y ambientales, y políticas de seguridad.Adicionalmente, trabaja como consultora y aseso ra popular en proyectos asociativos en el Área Reconquista del Partido de General San Martín, su lugar de origen. 257

Rose Marques Abogada brasileña, doctoranda en el Programa de Postgrado en Derecho de la Univer sidad Federal de Pernambuco(UFPE). Especializada en Género, Diversidad y Derechos Humanos(UNILAB) y Máster en Evaluación de Políticas Públicas(UFC). Es profesora de Derecho Penal y Procesal Penal. Investigadora del Grupo Asa Branca de Crimino logía(UFPE). Investiga sobre violencia, feminicidio y crimen organizado. Activista fe minista y miembro del Fórum Cearense de Mulheres. Trabaja como conferenciante y formadora en temas de género, políticas públicas para las mujeres y derechos huma nos. Actualmente es Coordinadora de Proyectos en el Instituto Maria da Penha- IMP. Rosimar Francelino Maciel Abogada, Auditora de Control Externo, Coordinadora de la Rede Lilás de Enfrenta mento à Violência contra a Mulher em Rondônia. Licenciada en Derecho y Teología. Postgrado en: Administración Pública; Derecho Civil y Procedimiento Civil; Ciencias Religiosas y estudios avanzados sobre el crimen organizado. Auditora Externo de Con trol- Tribunal de Cuentas del Estado de Rondônia- Brasil; Coordinadora de la Red Lilás Porto Velho – Rondônia/Brasil para combatir la violencia contra las mujeres y Abogada que actúa en las áreas Civil, Administrativa, de Seguridad Social y penal en Porto Velho-RO. Experiencia en el área de la Administración Pública, Gestión de Perso nas y Derecho, con énfasis en Seguridad Social, Derecho Administrativo, Civil, Procesal Civil, Violencia Doméstica y Organizaciones Criminales. Sofía Bosch Gómez Investigadora y docente en la Facultad de Artes, Medios y Diseño(CAMD) de la Univer sidad Northeastern en Boston, y profesora afiliada al Burnes Center for Social Change y el GovLab. Es diseñadora e investigadora, interesada en la innovación en el servicio público y la pedagogía del diseño. Obtuvo su doctorado por parte de la Universidad Carnegie Mellon y ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal mexicano en el desarrollo de servicios digitales, realizando investigaciones de diseño, pruebas de experiencia del usuario, diseño de servicios y comunicación visual. Sofía Duarte Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires(UBA), Diplomada en Género y Gestión Institucional por la Universidad Nacional de la Defensa(UNDEF) y candidata a Magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Profesionalmente, ha coordinado numerosas iniciativas y proyectos en materia de género y seguridad, tanto desde el ámbito público, académico y en vinculación con organismos internacionales. Actualmente es consultora e investigadora independiente en temáticas de género, feminismos, políticas públicas, policía y fuerzas de seguridad. 258

Organización Colaboradores 259