P E R S P E C T I VA CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EXPERIENCIAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA Mariana Blanco/ Óscar Vargas, compiladores Diciembre 2024 La transición energética en América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de proteger a las comunidades y evitar prácticas extractivas en las energías renovables. Como resultado de la conferencia organizada por el Proyecto TSE y la Fundación Friedrich Ebert Colombia, se presenta esta compilación de textos que reflejan las perspectivas discutidas sobre energías comunitarias, la transición del carbón, el rol de los sindicatos, luchas locales y los retos y oportunidades de la transformación. Colombia es hoy una guía y un ejemplo a seguir para los países de América Latina y el Caribe. La Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, la Política Nacional de Reindustrialización y la propuesta de reforma al Código Minero, han sido valiosos instrumentos de política pública para avanzar en esta agenda.

CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EXPERIENCIAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA

© Friedrich-Ebert-Stiftung Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica, 2024 Yautepec 55, col. Condesa, Cuauhtémoc, C. P. 06140, Ciudad de México Teléfono:+52(55) 5553 5302 https://fes-transformacion.fes.de/ FES Transformación Social-Ecológica @fes_tse Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica Comuníquese con nosotros para solicitar publicaciones: transformacion@fesmex.org La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores ni compromete a las instituciones con las cuales estén relacionados por trabajo o dirección. Responsable Astrid Becker Directora del Proyecto Regional FES Transformación Social-Ecológica en América Latina Corrección de estilo Alejandra Hernández Cuidado editorial ICO- Inteligencia Creativa Formación Mirta Ripol Fe de erratas En una versión anterior de esta publicación, fechada diciembre de 2024 y publicada en la DigBib de la Friedrich Ebert Stiftung el 13 de marzo de 2025, aparecía Nelson Ravelo como único autor del texto“Claves para una transición energética justa: las experiencias de Energías Comunitarias”. Sin embargo, este texto es una coautoría de Nelson Ravelo y Mateo Talero, cuyo crédito se añadió en esta versión actualizada en mayo de 2025. ISBN: 978-607-8887-25-5 3

ÍNDICE INTRODUCCIÓN 5 óscar vargas , coordinador de proyectos , fes colombia Capítulo 1 EN LA GUAJIRA, LA IDEA DE 7 una transición justa se apaga poco a poco joanna barney Capítulo 2 LA RESISTENCIA LOCAL FRENTE A 12 la gran y mediana minería en Putumayo constanza carvajal Capítulo 3 EL ROL DE LOS SINDICATOS 20 en la Transición Energética Justa marely cely Capítulo 4 LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 25 EN LA TRANSICIÓN DEL CARBÓN EN COLOMBIA enfocado en los territorios y la realidad social igor díaz Capítulo 5 CLAVES PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA: 30 las experiencias de energías comunitarias nelson ravelo y mateo talero 4

INTRODUCCIÓN ÓSCAR VARGAS, COORDINADOR DE PROYECTOS, FES COLOMBIA La transición energética se ha posicionado en los últimos años como una de las prioridades del gobierno de Colombia bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Esto obedece a los compromisos internacionales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero(GEI) y así mantener el incremento global de temperatura por debajo de los 1.5°C, pero también a la necesidad de preparar la industria nacional ante el inminente declive del mercado internacional del carbón, del cual Colombia ha sido dependiente en las últimas tres décadas. Más allá de esto, el gobierno también ha reconocido las demandas planteadas desde la sociedad civil y la academia por que esta transición energética sea verdaderamente justa, integrando a los trabajadores del sector y a las comunidades históricamente afectadas por el extractivismo de combustibles fósiles en los esfuerzos de planeación e implementación de la transición, así como en el goce de sus beneficios en el largo plazo. En este sentido, Colombia es hoy una guía y un ejemplo a seguir para los países de América Latina y el Caribe, muchos de los cuales aún no contemplan la transición energética como una prioridad dentro de sus planes de gobierno. La Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, la Política Nacional de Reindustrialización y la propuesta reforma al Código Minero han sido valiosos instrumentos de política pública para avanzar en esta agenda. De igual manera, la estrategia de Comunidades Energéticas ha sido una innovadora herramienta para fortalecer la democratización energética del país, a partir de la generación, la comercialización y el uso eficiente de la energía a partir de fuentes renovables desde esquemas comunitarios de gestión. Lo anterior no debe leerse como un elogio sin reservas al gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, estos avances son el resultado de décadas de luchas y debates desde los territorios y desde las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, a pesar de los avances que deben reconocerse en este ámbito, la transición energética dista mucho de ser perfecta. Esta ha generado e intensificado numerosos conflictos socioambientales en el país, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de medir el impacto real de estas políticas en los territorios y sus habitantes. A manera de ejemplos, se ha criticado la falta de planes de cierre de las minas de carbón a cielo abierto y de políticas de protección laboral—como se demostró en 2021 con la crisis que causó el cierre intempestivo de las minas La Jagua y Calenturitas, lo que resultó en el despido de 7 000 trabajadores en el departamento del Cesar—. También se han cuestionado los potenciales impactos socioambientales de los nuevos megaproyectos de energías renovables en La Guajira, o de los proyectos de extracción en ciernes de minerales críticos para la transición energética, como el cobre y el níquel en Antioquia, Córdoba y Putumayo. 5

Este compendio emerge de la Tercera Conferencia de Transformación Energética en América Latina y el Caribe, que tuvo lugar el 19 y 20 de agosto de 2024 en Bogotá, Colombia. Aquí se recogen seis contribuciones críticas a la discusión desde orillas diversas, incluyendo comunidades locales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Joanna Barney, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz(Indepaz), analiza las problemáticas que ya se están manifestando con la entrada de los megaproyectos eólicos en la Alta Guajira, replicando las dinámicas sociales del extractivismo de carbón sobre las comunidades indígenas Wayuu. Constanza Carvajal, lideresa ambiental, explica la situación en Mocoa, Putumayo, y la amenaza de la explotación de cobre—un llamado mineral crítico para la transición energética— que tendría nefastas consecuencias sobre los ríos y ecosistemas de la Andino Amazonía. Marely Cely, colaboradora del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Justo del Sector Minero Energético de Colombia(Cipame), discurre sobre el papel crítico de los sindicatos en la transición energética justa a la hora de garantizar que esta genere empleos dignos, proteja derechos fundamentales y distribuya de forma justa la riqueza generada. Igor Díaz, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), presenta la experiencia de su sindicato a la hora de velar por los intereses de los trabajadores del complejo minero Cerrejón en La Guajira, en el marco de la transición energética. Por último, Nelson Ravelo de Censat Agua Viva aborda la importancia de las energías comunitarias como una práctica central de la democratización energética desde la autonomía de las comunidades locales. Extendemos nuestro profundo agradecimiento a las y los autores de este documento por la vasta generosidad que nos demuestran a la hora de compartir sus reflexiones en este medio. A Astrid Becker, Mariana Blanco y Mariel Navarro del Proyecto Regional FES Transformación Social-Ecológica en América Latina por su liderazgo a la hora de hacer realidad esta publicación. 6

1 EN LA GUAJIRA, LA IDEA DE una transición energética justa se apaga poco a poco joanna barney Desde el año 2017, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz(Indepaz), hace seguimientos a proyectos eólicos y a su convivencia con algunas comunidades locales de la Guajira colombiana. Esto nos ha permitido tener, entre otros estudios, una visión de estos proyectos con las voces de las comunidades indígenas Wayuu, sobre todo aquello que consideran justo la transición energética que se adelanta en sus territorios ancestrales. Para este artículo, me enfocaré en la industria eólica, entendiéndola como un avance en la transición energética propuesta desde el gobierno pasado por el presidente Iván Duque(2018-2022). Es así que desde el año 2019 documentamos y publicamos, 1 como una suerte de alerta temprana, un libro con conflictos que, de no atenderse, pondrían en jaque los proyectos propuestos por las multinacionales para ese territorio. En ese primer estudio, como en los que le han seguido, las empresas han contado con la posibilidad de responder al escrito y plasmar su punto de vista. 2 De esas primeras recomendaciones, las empresas han reconocido que la participación de la comunidad Wayuu debe transcender a los acuerdos de compensación que se negocian en el marco de la consulta previa. Desgraciadamente, la idea de hacer sociedades con las comunidades para la explotación del viento ha caído en figuras retóricas que hablan de ser socios sin serlo. Hoy en día, se sigue negociando las compensaciones que serán usadas por las comunidades para la realización de proyectos productivos en sus territorios. Los valores, según los acuerdos conocidos por Indepaz, no superan los 137.000 pesos colombianos mensuales; 3 esta cifra se torna más preocupante si se toma en cuenta que el recurso no bajará, en cascada, a todos los miembros familiares. Lo anterior, por supuesto, solo es una consideración económica, pues las afectaciones espirituales de ceder parte del territorio, en algunas partes sagrado, es sencillamente inconmensurable. Otras recomendaciones relacionadas con la legitimidad de las vocerías y presentadas por las comunidades a, la entonces, ministra de Minas y Energía Irene Vélez, 4 no han avanzado a la misma velocidad con la que avanzan las intenciones de las empresas por desarrollar proyectos dentro del resguardo de la Alta y Media Guajira. Dichas solicitudes, efectuadas en el marco de la hoja de ruta para la transición energética justa, están, según las comunidades, engavetadas. Independiente de los obstáculos, el actual gobierno se siente presionado por encontrar fuentes alterna1 Ver más en: https://indepaz.org.co/portfolio/el-viento-del-este-llega-con-revoluciones-2da-edicion/ 2 Ver respuestas: https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-empresas-de-energ%C3%ADa-llenan-de-parques-e%C3%B3licos-a-la-guajira-desplazando-pueblos-ind%C3%ADgenas/ 3 En casi todos los casos los proyectos se presentan por los 25 años de producción del proyecto eólico, por lo que las cifras se oyen muy altas, pero al dividirlo por los años y meses y por el número de miembros de las comunidades los valores oscilan entre los 80.000 y los 140.000 mensuales por individuo. 4 Ver solicitudes en: https://indepaz.org.co/memorias-de-la-reunion-del-17-de-diciembre-de-2022-en-riohacha-conlaspropuestas-al-pnd-de-la-comunidad-wayuu-en-lo-que-respecta-a-la-transicion-energetica-justa/ 7

tivas de energía, como la eólica, y dinamizar el sector con la exportación de nuevos productos energéticos como el Hidrógeno verde, bajo la premisa de usarlos para sustituir las exportaciones de combustibles fósiles. 5 Y es que esos diálogos son, hasta ahora, el talón de Aquiles del relacionamiento entre las comunidades, las empresas y el mismo gobierno. Sin ese diálogo, los cimientos de la transición en la Guajira penden de un hilo. Es justo reconocer que el gobierno, desde las altas esferas, se ha preocupado de entender las dinámicas de las comunidades Wayuu y ha propendido cambios, al menos en el discurso, para generar nuevos espacios de entendimiento. Desgraciadamente, aterrizar las ideas, buenas en su mayoría, no ha sido posible debido a que las viejas prácticas persisten, principalmente en la forma como los funcionarios entablan comunicación con los Wayuu, ello se evidencia en el facilismo con que algunos de los enlaces territoriales de los ministerios, o entidades nacionales y locales, asumen esta responsabilidad. Los mayores esfuerzos se están limitando a acompañarse con palabreros, esperando que eso resuelva todos los conflictos. Pero los palabreros, como todos, tienen que actuar en armonía con las autoridades ancestrales y según el tipo de conflicto. El entendimiento y el diálogo genuino incluye a todos. Si se fracasa en este punto y solo se juega al desgaste de las comunidades, puede que lleguen a firmarse los acuerdos en papel, pero con ello no se garantiza la aceptación social de los proyectos, lo que llevaría a nuevos paros y conflictos entre familias Wayuu que propenden cada una y desde su entendimiento, por los beneficios de sus apuchis. 6 Es, cuando menos, injusto que del engranaje de errores que se cometen siempre sean los Wayuu los señalados de ser conflictivos y difíciles, y no se haga un real escarnio hacia los eslabones más fuertes de esta cadena. HABLEMOS DE LO JUSTO Desde el entendimiento de justicia, se debe considerar el estado de bienestar de las comunidades Wayuu, reconociendo que el grado de abandono estatal los llevó, por muchos años, a percibirse más venezolanos, país con el que limitan, que colombianos. El actual panorama es una comunidad empobrecida, sin acceso al agua y, en la gran mayoría del área del resguardo, sin conexión al Sistema Interconectado Nacional(SIN). La vulneración de sus derechos fundamentales es tan extrema, que existen variadas sentencias que los respaldan, entre las que se destaca la Sentencia T-302 de 08 de mayo de 2017, donde se declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional a raíz de la falta de garantías frente a los derechos a la salud, así como la carencia de agua potable, seguridad alimentaria de la comunidad en general, especialmente los niños wayuu. Para revertir este abandono y garantizar el debido seguimiento a dichas problemáticas, se insta al Estado a entablar un diálogo con las autoridades ancestrales, sin este acercamiento todos los esfuerzos y recursos invertidos en el bienestar de la comunidad Wayuu serán en vano. Misma suerte corre la transición energética justa, sin un real compromiso al diálogo y a la negociación, los proyectos podrán ser licenciados pero, el proceso de construcción y funcionamiento, corre peligro de no llegar a buen puerto, como fue el caso del parque eólico de Windepchi de la empresa Enel, 7 el cual, en su fase de construcción, debió suspender la obra y abandonar el proyecto por falta de licencia social. 5 Ver discurso en: https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-durante-el-lanzamiento-del-Instituto-Colombiano-del-Petroleo-y-Energias-240731.aspx 6 Núcleo familiar de linaje femenino. 8

Otra consideración de justicia es la tesis usada por el Estado y por las empresas cuando tratan de homogenizar las responsabilidades sobre la descarbonización, argumentando la crisis climática que asecha al mundo. Este planteamiento en zonas como la Guajira es, cuando menos, irónica, teniendo en cuenta que el estilo de vida de las comunidades indígenas genera uno de los impactos ambientales más bajos, no solo de Colombia, sino del mundo. Y, si bien es cierto que en el departamento de La Guajira se ha explotado gas y carbón por más de cuatro décadas, entre otras cosas, estas industrias no solo no han dinamizado la economía de dichas comunidades, quienes tienen como principal fuente de supervivencia el turismo de naturaleza, la ganadería de chivos y ovejos, la pesca y la producción y comercialización de tejidos de mochilas y chinchorros, sino que, además, les han dejado un legado de desplazamiento y despojo a lo largo y ancho del departamento(Corral, 2021). Los combustibles fósiles extraídos de su departamento no han sido para el beneficio local en ningún aspecto. ALGUNAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES de la transición energética justa desde la perspectiva Wayuu Comencemos con una aclaración, La Guajira colombiana(también existe la venezolana) no es un amplio desierto como la suelen referenciar. Según el sistema de Holdridge de zonas de vida, el departamento cuenta con una amplia diversidad de climas, pasando desde el bosque pluvial montano, hasta el matorral desértico subtropical, catalogándose mayormente como bosque seco tropical(Corporación, 2011). Su zona rural está, en su mayoría, habitada por la comunidad indígena Wayuu con alrededor de 400.000 individuos, lo que la convierte en la más numerosa de Colombia(Guerrero, 2010). Esta aclaración es clave para no dejarse llevar por la idea romántica de un desierto inhóspito, de espacio libre, colonizable y carente de biodiversidad. Y es que en los 20.848 km 2 que componen la península de la Guajira, no solo existe un variado clima, ahí también conviven diferentes visiones, a veces contradictorias, sobre un mismo territorio. Dentro de ese contraste de percepciones, donde los indígenas Wayuu, dueños ancestrales de dichos vastos territorios, protegidos en su mayoría bajo la figura constitucional de resguardo, se han encontrado con que su árida casa es también apetecida por foráneos por ser una fuente inmensa de energía(González y Barney, 2019). Lo que no se esperaban los Wayuu es que, en la parte más emblemática de su territorio ancestral, donde Kai(sol) y Jouktay(viento) arrecian con más fuerza, en el sector conocido como la Alta Guajira, se vieran enfrentados a una nueva forma de extractivismo que, ondeando la bandera de las energías verdes, solicitan “compartir” sus territorios por el“bien común”, convirtiendo la energía en commodities. 8 7 Ver más: https://indepaz.org.co/lo-que-no-cuenta-enel/ 8 Ver más en: https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/transicion-energetica.aspx 9

Mapa_Empresas Punta Gallinas Puerto Estrella Manaure Parque eólico Jouktai Taroa Puerto Estrella Cabo de la Vela Irraipa Mar Caribe Taguaira Nazareth El Cardón Castillete Puerto López Uribia NOTA: La ubicación de las colectoras y las líneas de transmisión en el mapa, son aproximadas. No se identificaron las coordenadas Dibulla Centros Poblados Colectora 1 C R o i l o e h ct a o c r h a a 2 Colectora 3 Límite Municipal Límite Departamental Vía Férrea Territorio Wayúu Parques eólicos Wayúu Esp Cabo de la Vela A. Cardonal Manaure Uribia Maicao Hatonuevo Albania Barrancas Venezuela A. Bahía Honda A. Zona G Golfo de Venezuela Centros Poblados Antes de la medición Límite Municipal Límite Departamental Vía Férrea Territorio Wayúu Línea E200 Línea colectora 2 Línea Windpeshi Línea Majayura-Cuestecitas Línea Tumawin Colectora 1 Estación Cuestecitas Distracción A. Mangas TV2 San Juan del César Fonseca GERCOL RENOVABLES BLUEFLOAT ENERGY BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT ENERFIN/ ELECNOR ALUPAR EPM A. Los Haticos El Molino Villanueva Urumita La Jagua del Pinar EDF&AMDA MAINSTREAM RENEWABLE POWER AES ENEL ARGOS M&A DE LA SOCIEDAD ACCIONA OAK CREEK COLGEOLICA MPC GUALICA EDP GERCOL RENOVABLES Mapa 1. Proyección de proyectos para los próximos 20 años(Barney, J., 2023). Ahondando en la problemática, con las comunidades ancestrales existen otros peligros que van más allá de la pérdida de sus territorios, no solo despojándolos de sus formas de vida y cosmovisiones, sino que además afecta su entendimiento del mundo, dado que al ser simbióticos conscientes, sienten en carne propia, cualquier daño a su ecosistema. Como nos lo recuerda una líder Wayuu del Cabo de la Vela,“sin territorio no somos nada”. Lo anterior con el agravante de que esta pérdida de sus formas de vida está socialmente minimizada. En palabras de Wade Davis: (…) el genocidio, el exterminio físico de un pueblo, es condenado universalmente. El etnocidio, sin embargo, la destrucción del modo de vida de un pueblo, en muchos ámbitos se tolera y respalda como política apropiada para el desarrollo. La modernidad ofrece la justificación para la privación de los derechos de muchos grupos, frecuentemente con el verdadero objetivo de asegurar la extracción de recursos naturales a escala industrial en territorios ocupados durante generaciones por pueblos indígenas, cuya presencia continuada en dichos parajes resulta inconveniente(Davis, 2015). CONCLUSIONES A los indígenas Wayuu se les culpa de no hacer fácil la transición en sus territorios, se les culpa de los paros y del desorden de las autoridades, lo que a su vez dificulta el trabajo del Estado para convencerlos de entregar sus territorios a cambio de un recurso de compensación ambiental, el cual es considerado por las poblaciones como compensaciones injustas. La dignidad de los indígenas se disuelve entre nuestras razones, necesitamos la energía y en la Guajira abunda. En lo que va corrido de los últimos años la intensión de instalar proyectos eólicos ha seguido el 10

lineamiento de convencer a los indígenas Wayuu de que las empresas y las comunidades pueden ser buenos vecinos, se hablan de beneficios compartidos sin exponer claramente, aun siendo obligación, la información financiera de los proyectos que se ejecutan, si las comunidades lo permiten, con la mínima información de los impactos, tanto económicos como ambientales y socioculturales. Es así que, bajo el entendimiento amplio de los Wayuu ancestrales, lo que ocurre en la Guajira y la transición energética, nada tiene que ver, hasta el día de hoy, con su idea de justicia. BIBLIOGRAFÍA Barney, J.(2023): Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento Wayuu. Bogotá, Indepaz. Corporación Autónoma Regional, D. L. G.(2011): Atlas Ambiental del Departamento de la Guajira. Riohacha, Colombia: Corporación Autónoma Regional de la Guajira Corral Montoya, F. A., et al.(2021): Hechos, realidades y perspectivas de la minería de carbón en el Cesar y La Guajira. Editorial Unimagdalena. https://10.21676/9789587464634 González y Barney(2019): El viento del este llega con revoluciones. Bogotá, Indepaz. Guerreiro Yandira, et al.(2010):“Una aproximación al estudio de las construcciones interrogativas en wayuunaiki/guajiro” en Multiciencias. vol. 10, No 1, enero-abril 2010, pp. 21-28. Universidad del Zulia, Punto Fijo. Véase pp. 21. Wade D,(2022): Los guardianes de la sabiduría ancestral. Sílaba Editores. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá. 11

2 LA RESISTENCIA LOCAL FRENTE A la gran y mediana minería en Putumayo CONSTANZA CARVAJAL INTRODUCCIÓN Mocoa es la capital del departamento de Putumayo, territorio fronterizo ubicado al sur del país a 690 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia. La noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017 esta ciudad fue noticia mundial, pues tres horas de intensas lluvias produjeron una tragedia que enlutó a sus habitantes al desbordarse sus principales ríos y quebradas, más el deslave de algunas de sus montañas. Según los registros oficiales el saldo que dejó fue de aproximadamente 22.000 víctimas, 56 personas desaparecidas y más de 320 muertos. Los días que le siguieron a la tragedia estuvieron teñidos de un color ocre y olor a barro y, en medio de las empalizadas, las víctimas, heridos y muertos; animales y enceres; escombros y vehículos apiñados por la fuerza de las aguas; vecinos sobrevivientes, cuerpos de rescate, personal de las fuerzas militares y gente solidaria, procuraron rescatar del barro los seres vivos. En medio de este caos, autoridades de todos los niveles se intentaron coordinar, generando declaraciones contradictorias que afirmaban que esto era una tragedia anunciada que llenaba de rabia e impotencia la sensación de luto. Apenas había pasado un año de la conmemoración de la tragedia del 31 de marzo, cuando un anuncio sorprendió a la ciudadanía de Mocoa y a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal(JAC) de las veredas Pueblo Viejo y Monclart. Era una invitación a participar de la socialización de los inicios de la fase de explotación minera por parte de la empresa canadiense B2 Gold. Esta noticia tuvo como respuesta la gran movilización de mayo de 2018. Entre quienes acudieron se destaca la participación de estudiantes de colegios, líderes de organizaciones sociales, juntas de acción comunal, indígenas, campesinos, mujeres, habitantes de diferentes rincones de la ciudad, concejales y algunos diputados. La caminata arrancó del parque General Santander hasta la vereda Pueblo Viejo, lugar al que fueron citados los presidentes de JAC, autoridades locales, ambientales y la Agencia Nacional de Minería(ANM). Entre la población se escucharon arengas como multinacionales fuera del país, el agua vale más que el cobre, todavía huele a barro, entre otras consignas que animaron la movilización en medio de un día de lluvioso. Efectivamente se activa la memoria y los sentidos ante una noticia de esta magnitud, el recuerdo del olor entre la descomposición que implicó la tragedia, el barro, la misma lluvia cayendo durante la movilización, nos recordaba la fragilidad humana y del territorio, ¡hay familias que todavía buscan a sus seres queridos! Si bien no se ha determinado a la fecha las causas de la tragedia de marzo de 2017, sí está claro la fragilidad de estas montañas, es así como una 12

convocatoria copiosa del pueblo, que tenía un manejo institucional terminó orgánicamente direccionada por delegados de las organizaciones sociales quienes orientaron el espacio para designar una serie de tareas a la institucionalidad presente, con el único propósito de promover la protección del territorio, entre los principales compromisos se destacan: 1. Al Concejo municipal y al alcalde de la ciudad, crear un acuerdo municipal que proteja el territorio de la amenaza minera de metales. 2. A la Asamblea Departamental, solicitar que la empresa B2 Gold presente un informe sobre las labores adelantadas en el territorio. El diputado Euler Guerrero, quien acompañó la movilización, inmediatamente se puso en la tarea, pero la multinacional respondió negativamente puesto que ya no era dueña de los títulos sobre los cuales le pedían información dado que los vendió a la compañía canadiense Libero Copper and Gold Corporation. 3. A Corpoamazonia Territorial Putumayo, cumplir con el proceso de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa(RFPCARM). 4. La ANM se comprometió a realizar una visita de verificación sobre el área intervenida por la empresa. El dinamismo de los liderazgos y el compromiso de concejales llevó a que, finalmente, el 6 de diciembre de 2018 se aprobara por unanimidad el Acuerdo municipal 020, cuyo objeto principal consistió en proteger el patrimonio ecológico y cultural del municipio, blindándolo de todas las actividades relacionadas con la gran y mediana minería metálica. El acuerdo se sostuvo jurídicamente hasta el 31 de julio de 2024. Algunas tareas sostenidas a partir del acuerdo fueron: resistir, contener, aprender, investigar, orar, caminar, hacer amigos, parceros, panas, servir de mediadores entre las realidades sociales y la academia; también comprender, entender, confrontar, luchar, interpelar, reclamar, herir y llorar. Estas son partes de las dimensiones de la vida de los seres humanos que movidos por el sentimiento de amenaza ante la destrucción del hábitat, de lo que consideramos nuestro, de lo conocido y disfrutado, como en el caso de este territorio al que decidimos, en una acción política, llamar el corazón hídrico de la Andino-Amazonía. Es claro que en este proceso de lucha y resistencia por las territorialidades en la región Andino-Amazónica no es nueva, viene luchando contra años de olvido por parte del gobierno nacional, a pesar de ser una reserva ecológica de suma importancia para el país, y para el mundo entero. Es por eso que se hace urgente que se reconocer que este territorio está siendo objeto de una tragedia mayor, y es el megaproyecto vial llamado Variante San Francisco- Mocoa, conocido también como proyecto Ancla, el cual parte en dos la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa(RFPCARM); y es precisamente en el accionar de las organizaciones que resisten a este megaproyecto, que comenzamos a sentipensar el territorio, a co-razonar(Escobar, 2014; 2020; 2024), obedeciendo las pulsión de la vida e interpelando a la memoria, para integrar estos elementos en la lucha por la defensa de este territorio frente a la multinacional canadiense Libero Copper and Gold Corporation, quienes han denominado su trabajo exploratorio como: Proyecto Mocoa, así como frente a los títulos mineros, ambos proyectos amenazan a la RFPCARM, los resguardos indígenas y territorialidades campesinas (ver mapa 1). 13

Mapa 1. Mocoa sus bondades y amenazas. Mapa elaborado por Guillermo Martínez. Presentado en la Conferencia de las Partes(COP) 16 de Biodiversidad. Cali, 25 de noviembre de 2024. PROCESOS SOCIALES SOBRE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA de la Cuenca Alta del Río Mocoa La RFPCARM está ubicada en dos municipios del territorio noroccidental del departamento de Putumayo, fue creada por la Junta Directiva del Instituto de los Recursos Naturales(Inderena) mediante el Acuerdo No 014 del 25 de abril de 1984. Comprende un área de 34.600 hectáreas de las cuales, aproximadamente, 17.763,6 hectáreas, equivalente al 51,34%, pertenecen a el municipio de Mocoa, y el 48,56% al municipio de San Francisco. Esta reserva se creó con el objetivo de proteger los ríos que conforman la cuenca alta del río Mocoa, y así garantizar el caudal de agua suficiente para el desarrollo de un proyecto: la construcción de una central hidroeléctrica, que se proponía en su momento, para abastecer la demanda de energía eléctrica de la capital del departamento. En la década de los ochenta se destaca las acciones del Movimiento Cívico en la ciudad, el cual con sus procesos de lucha y resistencia consiguió la atención del Estado. La población solicitaba una vía que le diera salida al centro del país, producto de ello se dio apertura a la vía 14

Mocoa – Pitalito; se creó la RFPCARM, quedando a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales(ANLA) y, aunque no se logró construir la micro central, se consiguió, después de varios años, la interconexión eléctrica y otros derechos políticos. Los logros conseguidos por el Movimiento Cívico en los años 80 cimentaron las bases para las luchas actuales y nos muestran un camino: la organización social. Para el desarrollo del proyecto vial variante San Francisco – Mocoa, se constituyeron dos veedurías ciudadanas: una en San Francisco y la otra en Mocoa. La veeduría de Mocoa identificó, en su ejercicio de vigilancia y control, los altos impactos de este megaproyecto vial que parte en dos una reserva altamente conservada y que, gracias a las bondades de la biodiversidad que concentra, es laboratorio permanente para investigadores académicos que se dedican a analizar la fauna y la flora de la región. Asimismo, la veeduría de Mocoa, identificó el bajo y limitado nivel de atención de las entidades ambientales a las que les corresponde el seguimiento frente a su intervención, debido a que se autorizó la sustracción de parte de la reserva en desarrollo del proyecto vial. Esta veeduría advierte sobre el gran impacto que tendrá en la conservación de este ecosistema y en la configuración socioespacial del Piedemonte Andino-Amazónico. Sumado a estas acciones, es importante resaltar la movilización de todos los cabildos del Valle de Sibundoy frente a las amenazas de este proyecto vial(ver Imágenes 1 y 2), que vulneró el derecho fundamental a la Consulta Previa libre e informada, pues este proyecto vial atraviesa varios resguardos indígenas y el camino de uso ancestral denominado Sachamates, por lo que debían ser consultados ante la construcción de dicho proyecto. El recorrido realizado en el año 2012, partió del municipio de Santiago atravesó todo el Valle hasta San Francisco. Imágenes 1 y 2. Movilización en contra de la construcción de la Variante San Francisco – Mocoa Registro fotográfico de la autora. 15

Adicional a este reconocimiento del derecho ancestral que ellos tienen sobre el territorio, están los derechos conferidos bajo las escrituras ancestrales adquiridas por el Taita Carlos Tamabioy con el pago en oro a la Corona Española por sus propias tierras a finales del siglo XIX. Una acción visionaria que la sociedad occidental desconoce y que les confiere el derecho a decidir sobre lo que pasa en el Valle de Sibundoy y Mocoa, puesto que es el área territorial que abarca la escritura o Titulo Ancestral. LA AVALANCHA DE MOCOA, un evento preparatorio Volviendo a este evento, que está en la memoria junto con la incertidumbre y los múltiples argumentos sobre las causas, la veeduría ciudadana de Mocoa convocó a un Foro de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, celebrada el 25 de septiembre de 2017, con el propósito de instalar el primer Observatorio Ambiental Ciudadano. Expertos de diferentes áreas del conocimiento compartieron sus hallazgos e investigaciones sobre este territorio, también participaron líderes y lideresas indígenas que han caminado estas montañas. La Alianza Departamental de Mujeres, en coordinación con la ONG Ambiente y Sociedad, también adelantaron un foro con miras a comprender las amenazas sobre el territorio; igualmente, expertos fueron convocaron para explicar las múltiples y posibles causas de este evento que enlutó al municipio. Estos espacios se convierten en la escuela para los procesos sociales en los cuales el conocimiento experto se vuelve popular. La magnitud de la información compartida se condensa en varias conclusiones entre las que sobresalen: 1. Que la tragedia de Mocoa fue anunciada a las autoridades y a la cual no se le prestó la suficiente atención. Contó con un estudio científico cuya veracidad por acción u omisión pretende ser desvirtuada en los tribunales judiciales, por el poder(Caracol Radio, 2017). 1 2. El Piedemonte Andino-Amazónico es un territorio privilegiado, pues está geoestratégicamente ubicado entre la Amazonía y el Macizo colombiano. Debido a que el Valle de Sibundoy es el territorio de menor altura de la Cordillera de los Andes, le confiere, geográfica y espacialmente, una condición especial pues recibe los vientos del Pacífico lo que provee a la naturaleza de características únicas que se expresan en su rica biodiversidad y también en especies que hoy están en peligro de desaparecer por la ruptura del hábitat como: el oso de pelo negro de anteojos, la danta de páramo, el gallito de roca y el jaguar; entre las especies vegetales en peligro de desaparecer encontramos el mopa–mopa, de donde se extrae el barniz de pasto, el cual fue declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en diciembre del 2020. 3. Los aprendizajes adquirido sobre los ríos aéreos y las relaciones ecosistémicas entre las partes altas de estas montañas donde nacen las aguas que, a su vez, alimentan la vertiente Noroccidental Amazónica la cual, junto con la confluencia diaria de la temperatura en el océano Atlántico permite la formación de las masas de agua que, finalmente, retornan a estas montañas. Este proceso armónico que lleva siglos gestante en el planeta, está ahora en peligro a causa de la deforestación en la Amazonía. 1 Justicia: caracol radio. Fiscalía imputará cargos a la gobernadora de Putumayo. Junto a Sorrel Aroca, la imputación incluye al actual alcalde y exalcalde Mocoa. 29/11/2017 – 17:09 h COT. https://caracol.com.co/radio/2017/11/29/ judicial/1511989203_608526.html 16

4. También ver en su complejidad cómo los proyectos extractivistas impactan a largo plazo el territorio. En el 2010 se realizó el estudio sísmico para el bloque denominado San Gabriel, sobre la parte alta de la reserva que también involucra al Resguardo de Yunguillo. Producto de la extracción de recursos naturales se presentan fracturas del territorio desde el año 2013 en la vereda San Martin y, debido a ello, algunas familias informan al alcalde Elver Cerón(2012-2015), acerca de daños en sus propiedades. En igual sentido llama poderosamente la atención que uno de los Bloques Mineros, el FJT 141, se traslapa con el proyecto vial. Así, crece la certeza de que la variante San Francisco – Mocoa está en función del proyecto extractivista minero y no para mejorar la movilidad de la población que habita este territorio, como discursivamente se ha presentado. 5. La sabiduría ancestral advierte sobre los peligros de la fractura territorial con el impulso del Proyecto de la Variante San Francisco – Mocoa, especialmente en lo relacionado con la ruptura de este precioso ecosistema, en el que la confluencia de los vientos dejarían expuestos a vendavales a los municipios por los que atraviesa la Variante. Durante el proceso de reconstrucción de la ciudad tras la tragedia de 2017, se constituyeron varias veedurías ciudadanas con la pretensión de velar por la correcta inversión de recursos. Desafortunadamente, las decisiones y alcances de las respuestas a esta tragedia se concentraron en el poder centralizado del país con la anuencia de las autoridades locales y departamental. Sin embargo, la veeduría por la reconstrucción de Mocoa ha capitalizado aprendizajes que progresivamente ha activado para aportar en el proceso de defensa territorial sumándose al cuidado de las montañas. EL 2018, ENTRE LA MOVILIZACIÓN HUMANA y las amenazas del territorio en Mocoa La movilización de mayo de 2018 permitió a la ciudadanía de Mocoa conocer que otra empresa canadiense, la corporación Libero Copper and Gold, ingresaba al territorio con las tareas de adelantar trabajos de exploración minera de cobre, molibdeno, oro y demás minerales, a partir de las concesiones otorgadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe(2002-2010) y, obtener licencia y aceptación social de estos proyectos extractivistas, ante el inmenso rechazo de la ciudadanía frente a las pretensiones de explotación minera de sus montañas. Para los movimientos sociales hay con consenso generalizado acerca del cambio de camiseta, es decir, el neoextractivismo que se impulsa desde empresas canadienses presentes en este territorio. La experiencia social acumulada por los actores sociales, y la ciudadanía en general, es un argumento para la defensa de la vida, para el querer continuar habitando Mocoa y, de paso, los eventos naturales, o de causas antrópicas, fungen como recordatorio de que este territorio tiene fragilidades. Nuevamente el 12 de agosto de 2018, un día de intensas lluvias inundó y se llevó parte de la infraestructura suspendida que dejó la tragedia del año 2017. El Acuerdo Municipal, además de ser una respuesta a una expresión ciudadana, también se sustenta en la lectura que se hace sobre la geografía del territorio: sus variables climáticas, de fallas geológicas; de confluencia hídrica y el reconocimiento de sus habitantes en la que confluyen población campesina, colonos, afrodescendientes e indígenas. Asimismo, Mocoa es la segunda ciudad receptora de población desplazada víctima de la violencia y del conflicto armado interno, quienes aún padecen ante la falta de atención estatal. 17

Así, la lucha de los actores sociales en Mocoa reconoce la realidad territorial, puesto que se enfrenta a una empresa que, en su accionar discursivo, se presenta como buen vecino, pero desde su llegada hasta la actualidad, invisibiliza y se niega a reconocer el conflicto socioambiental que ha generado, la ruptura del tejido social, las discordias generadas al interior de las comunidades indígenas, en particular en el Resguardo de Condagua. De otro lado, la entidad departamental responde a la ignorancia del mercado capitalista, que desconoce las realidades territoriales y califica el accionar de los actores y movimientos sociales de atrasados, de ir en contra del desarrollo y de no estar a tono con las urgencias de las precariedades económicas del personal contratado por la empresa. Los burócratas de turno justifican y promueven en la institucionalidad departamental el Proyecto Mocoa, argumentando que genera empleo para la población a la que, desde la institucionalidad, han sido incapaces de resolverle sus necesidades laborales. Es en medio de estas coyunturas territoriales, desde diversas organizaciones y colectivos sociales se camina en la juntanza Guardianes de la Andino Amazonía, en procura de adelantar actividades que promueven el cuidado del territorio. Los jóvenes hablan con sus pares y acompañan procesos colectivos; en igual sentido, las organizaciones de mujeres Asomi, que cohesionan su trabajo frente a la defensa del agua, las montañas y la vida, como expresión de esperanza ante el apremiante discurso de la transición energética cuyo mineral estrella es el cobre, se unen a esta lucha. En este caminar de constante aprendizaje, las organizaciones pulen su discurso, manifestando que están de acuerdo con la transición, pero cuestionan acerca de ¿quién debe transitar? ¿cómo? ¿por qué? ¿para quién? y ¿para qué? Con la claridad que el sistema capitalista aprovecha toda tragedia o crisis, en este caso la climática, para reinventarse y continuar con el mismo sistema de producción extractivista. Por ahora la expresión es transición sí, pero no aquí. Así, las organizaciones sociales que confluyen en la juntanza de Guardianes de la Andino-Amazonía, se sostienen en un permanente accionar entre la investigación y la indagación en diferentes fuentes; compartir con otras plataformas y organizaciones socioambientales para proponer otras salidas al pretendido extractivismo; hacer frente a la intención de confundir que adopta la empresa minera en diferentes medios de comunicación y por redes sociales, usando y abusando, de las declaraciones del gobierno para conseguir la aprobación de su intervención en el territorio, más aún desde que inicia el actual gobierno de presidente Gustavo Petro, dado que la transición energética es su bandera de gobierno. Debido a esto, es valioso todo el lobby que realizan los colectivos y las organizaciones sociales de la mano de ONG y organizaciones del nivel nacional, para visibilizar y confrontar estos discursos. Además de compartir la problemática, es de suma importancia conocer otras experiencias que nutran la construcción de consensos, tal es el caso de la campaña impulsada por Iglesias y Minería en Europa que buscan la desinversión minera de multinacionales extractivas y que se mantengan los minerales bajo tierra, en las montañas, donde nace el agua para la vida. El camino atravesado a nivel jurídico parte desde elevar peticiones a nivel individual ante las respectivas entidades responsables, como la Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como ante el poder judicial, por parte de ciudadanos preocupados, veedurías, organizaciones, concejales, diputados y congresistas de la Colombia Humana. Esta tarea permite la construcción de argumentos jurídico políticos que evidencia los años de intensa defensa territorial. En general se puede afirmar que los actores políticos de Mocoa, haciendo uso del ejercicio ciudadano y del derecho a habitar el 18

territorio del Piedemonte Andino-Amazónico, hacen gala de estrategia y de diversas formas de lucha; entre festival y festival, los invitados de honor son las especies del territorio, se hace eco de la música, el arte y aportes de la academia para contribuir en el fortalecimiento de los procesos sociales, la comprensión, el corazonar y sentipensar el territorio que se optó por habitar. BIBLIOGRAFÍA Caracol Radio:“Fiscalía imputará cargos a la gobernadora de Putumayo. Junto a Sorrel Aroca, la imputación incluye al actual alcalde y exalcalde Mocoa” en Caracol Radio. Justicia, 2017. https://caracol.com.co/radio/2017/11/29/judicial/1511989203_608526.html Escobar, A.(2014): Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, 189 pp. http://biblioteca. clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf :“Política pluriversal: lo real y lo posible en el pensamiento crítico y las luchas latinoamericanas contemporáneas” en Tabula Rasa, Núm. 36, 2020, pp. 323-354. DOI: https://doi. org/10.25058/20112742.n36.13 :“Sentipensar con la tierra. Transiciones: puentes transatlánticos para diseñar redes entre Sures y Nortes” en Re-visiones, Núm. 10, 2020, 18 pp. https://revistas.ucm.es/index.php/ REVI/article/view/96918 19

3 EL ROL DE LOS SINDICATOS en la Transición Energética Justa MARELY CELY INTRODUCCIÓN El papel de los sindicatos es fundamental para el desarrollo de una Transición Energética Justa (TEJ). En primer lugar, es importante reconocer históricamente la influencia de la organización sindical y las huelgas en la lucha contra diversos paradigmas a nivel nacional e internacional. Un claro ejemplo de esto son los primeros actos de resistencia colectiva de la clase obrera frente a la represión en las industrias de nuestro país, en los que figuras como Betsabé Espinal y María Cano jugaron un papel crucial(Cano Acosta, 2022). Ellas sentaron las bases para construir un movimiento sindical a lo largo del territorio, promoviendo una participación efectiva, no solo en las relaciones laborales, sino también en aquellos factores que, a pesar de ser inherentes, han ignorado repetidamente la voz de los trabajadores y del pueblo. Esto incluye, por supuesto, el desafío de la transición energética en la actualidad. La TEJ en América Latina ha cobrado gran relevancia al problematizar tanto la crisis climática como las desigualdades sociales. Una transición justa implicaría no solo la adopción de tecnologías sostenibles, sino también la creación de empleos dignos, el reconocimiento de la responsabilidad por parte de quienes históricamente se han beneficiado del modelo extractivista y una garantía efectiva de los derechos de los trabajadores y las comunidades por parte del Estado. En efecto, es fundamental que el sindicalismo proponga una nueva estructura para un modelo productivo centrado en la sostenibilidad. Esto requiere la elaboración de una hoja de ruta que incluya enfoques específicos para abordar la TEJ como un componente integral de las relaciones laborales. A continuación, se presentan una serie de enfoques desarrollados por el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Justo del Sector Minero Energético de Colombia(Cipame) que articulan un proceso metodológico necesario para consolidar esta visión dentro del movimiento sindical. ENFOQUES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA ENFOQUE DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Para desarrollar este enfoque, los diversos instrumentos mediante los cuales se le impone al Estado el deber de propugnar por el bienestar común y el goce efectivo de derechos de todas las personas, deben ser examinados a través de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, pues las condiciones de vida digna son una característica prevalente para una 20

transición justa. En este sentido, la Constitución Política Colombiana de 1991 en su preámbulo establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, pero, ¿qué implicaciones tiene tal denominación para efectos prácticos? Esto implica: … un énfasis en lo social por parte del que hacer de la administración pública, a partir del cumplimiento de los fines esenciales del Estado en búsqueda del bienestar general, es decir de la satisfacción de necesidades fundamentales de la población que se materializan en el bienestar de la población, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y el respeto por los derechos y garantías constitucionales(Cipame, 2023, 7). A partir de este enfoque, se reconoce la responsabilidad del Estado en la formulación de políticas públicas que incluyan la TEJ, la lucha contra las desigualdades sociales y la disminución de las necesidades básicas insatisfechas como un asunto de interés público, donde el Estado debe ser un actor principal. Mediante la consulta previa, se busca proteger integralmente a todos los actores involucrados en este proceso, incluyendo a las comunidades, los trabajadores y la ciudadanía en general. Sin embargo, no se puede ignorar la influencia de las multinacionales extractivistas que han estado establecidas en el territorio por más de 90 años. Atribuirles de manera absoluta la responsabilidad de actuar en el marco de la transición justa sería una falta de responsabilidad por parte del Estado en sus diversos niveles. Asimismo, resulta imprescindible integrar dentro de esta discusión los mecanismos de los cuales se debe valer el Estado en sus representaciones de carácter nacional, regional y local para la dirección, planificación y ejecución de un sistema político y económico que atienda una realidad asociada a una transición focalizada en el respeto por la dignidad humana y los derechos en su esfera tanto individual como colectiva. El Estado tiene un papel central en la construcción de una transición minero-energética justa, al ser el ente facultado para establecer directrices que respondan a los desafíos ambientales, económicos y sociales del país. La transición no debe ser vista únicamente como un cambio en el modelo energético, sino como una oportunidad para fortalecer la justicia social, proteger el medio ambiente y construir un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible para todos. ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL La responsabilidad empresarial se ha entendido como aquellos deberes de la empresa, los cuales van más allá de lo contemplado en el ámbito contractual de su actividad económica, integrando las poblaciones afectadas directa e indirectamente como consecuencia de su modelo económico. En este contexto, se exige una debida diligencia y el reconocimiento de la culpa patronal, en la que las empresas deben anticipar, prevenir y mitigar los impactos negativos de sus operaciones sobre los derechos humanos, el ecosistema y la economía local. Este compromiso, con la debida diligencia, implica realizar evaluaciones rigurosas y continuas, tomar medidas para reducir los riesgos en cada etapa de sus actividades y rendir cuentas de sus acciones y resultados, tanto a los organismos de control como a las comunidades involucradas. Desde la perspectiva del sistema capitalista moderno, ha surgido una falacia que sostiene que los territorios donde se concentran actividades extractivas experimentan un mayor desarrollo para sus habitantes. Sin embargo, la realidad es completamente opuesta. Un claro ejemplo es el departamento de La Guajira, donde se lleva a cabo minería de gran, mediana y pequeña escala, y donde las comunidades sufren constantes vulneraciones a sus derechos fundamentales. Este aspecto se abordará con mayor profundidad en el enfoque comunitario. En relación a esto, los sindicatos han realizado un contrapeso frente a las arbitrariedades y la concentración 21

de la riqueza. A través de la triada de la libertad sindical(asociación, negociación y huelga) se ha luchado por una justa redistribución de la riqueza en las convenciones colectivas, la estabilidad en el trabajo, mayores garantías frente a la responsabilidad empresarial y la conservación de los recursos naturales. ENFOQUE CIENTÍFICO El sindicalismo debe encaminarse hacia la presentación de alternativas en el sistema minero energético de los territorios, evaluar nuevas formas de transformación de la energía atendiendo al panorama mundial en el que“ha surgido una generalizada presión de cambio hacia gobiernos y seres humanos debido a las evidencias del cambio climático, pero sobre todo tomando como base los devastadores resultados en caso de no contar con un cambio de fondo; hoy más que nunca se hace necesario limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero” (Cipame, 2023, 36). Sin embargo, esta presión debe entenderse de manera que los trabajadores no carguen con el peso de la transición, los sindicatos pueden asumir un rol proactivo en la defensa del ambiente y los derechos de los trabajadores, basando sus propuestas en estudios científicos y evaluaciones de impacto ambiental. Esto incluye la colaboración con centros de investigación y la incorporación de criterios de sostenibilidad en las propuestas sindicales. Tienen como base la promoción de estos criterios en todas las actividades del sector minero-energético, desde la extracción de recursos hasta el consumo final. No obstante, este enfoque enfrenta una problemática que debe abordarse en paralelo: la asimetría en la acumulación de conocimiento y en la participación, que recae principalmente en los empleadores. La desinformación y las dificultades en la promoción de un proceso educativo sobre la transición energética representan un reto para el sindicalismo, el cual debe trabajar en la concientización previa de los efectos y roles en la TEJ; esto es fundamental para que las decisiones se tomen con una comprensión clara de las implicaciones y responsabilidades que esta transición implica para todos los actores involucrados. ENFOQUE LABORAL En este enfoque el activismo sindical desarrolla estrategias considerando los desafíos que implica una transición justa. Uno de sus principales interrogantes es ¿qué sucederá con la fuerza laboral de los sectores tradicionales de energía que enfrentarán la pérdida de empleos al producirse un cambio en la matriz energética? Por ello, estos lineamientos se deben orientar hacia garantizar que“los trabajadores afectados por la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono sean protegidos y que se les brinden oportunidades para la reconversión laboral y la capacitación necesaria para trabajar en nuevos sectores y empleos verdes”(Cipame, 2023, 43), reconociendo el impacto que genera el cambio en la matriz productiva y entendiendo que el trabajo constituye el medio para la tutela y satisfacción de las necesidades básicas. En complemento a lo anterior, al hablar de este enfoque, necesariamente se debe abordar la estructuración de rutas que contengan esferas de protección del trabajo digno tales como la preservación del empleo, reconstrucción de puestos de trabajo armonizados con el proceso de transición y acciones de cuidado para los trabajadores. Para dicho fin, se pueden implementar figuras como la reconversión laboral que es un proceso que tiene como objetivo reintegrar laboralmente a los trabajadores que, a pesar de tener habilidades específicas, no pueden ejercerlas debido a circunstancias externas y a la falta de alternativas para mantenerse en el mercado laboral. 22

ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO Sumado a esto, un elemento intrínsecamente relacionado a la dignificación de las relaciones laborales en el marco de la TEJ son los enfoques diferenciales, entre ellos el enfoque de género, que debe estar inmerso en la planificación y ejecución de esta transición, bajo el entendido que diversos grupos poblacionales han sido históricamente violentados e invisibilizados en el mundo del trabajo. La mujer, a quien se le han asignado las labores del hogar, las cuales han sido consideradas como simple actividades que no crean riqueza, deben transigir a un nuevo modelo que erradique las violencias en el mundo del trabajo, algunas conocidas como: techos de cristal que son aquellas limitaciones impuestas en el mundo de trabajo que impiden o limitan el acceso de mujeres y grupos socialmente vulnerables a puestos de trabajo con mayor ímpetu o capacidad adquisitiva; a su vez, los suelos pegajosos son otra forma de violencia estrechamente relacionada, puesto que impiden precisamente salir de las circunstancias de trabajo que generan precarización. En el caso en concreto, no se puede desconocer que a lo largo del tiempo el sector minero-energético ha sido un espacio predominantemente ocupado por hombres, lo que ha excluido a muchas mujeres de oportunidades de empleo, formación y participación en la toma de decisiones, y ha generado brechas salariales y de derechos laborales significativas. De ahí se desprende el valor esencial de incorporar el enfoque diferencial de género en las políticas de transición energética, a fin de garantizar que este cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible sea también un avance en términos de igualdad y justicia social. Por tales motivos, se deben implementar acciones afirmativas encaminadas a la dignificación del trabajo y examinar la manera en cómo impactan las nuevas políticas en ciertos grupos. ENFOQUE COMUNITARIO Y EDUCATIVO Como último enfoque, el sindicalismo incentiva un enfoque comunitario para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a los habitantes de los territorios quienes resultan, en la gran mayoría de casos, siendo coaccionados a ceder en su autonomía por medio de despojos, violencias y desconocimiento de sus derechos a la participación y la pluralidad como una base del Estado Social de Derecho.“El enfoque de territorio para el diseño de una hoja de ruta que oriente la creación e implementación de la política pública de transición justa en Colombia se centra en la necesidad de considerar las particularidades y necesidades específicas de cada territorio en el proceso de transición hacia una economía más sostenible”(Cipame, 2023, 64) Por consiguiente, se busca fortalecer la participación de los actores locales estableciendo un proceso de transición que se encuentre articulado con diferentes visiones desde el sector periférico, estatal, empresarial y obrero-sindical. Son estos actores los que aducen a la formación de las nuevas generaciones en temas socioambientales con el fin de transformar la percepción antropocéntrica y capitalista que obedece al enriquecimiento de unos pocos, hacia una economía circular y sostenible en el tiempo, que otorgue prevalencia a la sostenibilidad por encima del utilitarismo. 23

CONCLUSIÓN Los sindicatos poseen un papel esencial en la TEJ, no solo como actores que trabajan por la dignidad en el trabajo y la redistribución de la riqueza, sino también como sujetos colectivos que impulsan una transformación estructural en el sector minero-energético. Este cambio exige que el sindicalismo proponga alternativas concretas que protejan tanto el medio ambiente como el bienestar de los trabajadores. Por lo tanto, es imprescindible que el sindicalismo avance hacia propuestas metodológicas que integren criterios de sostenibilidad, asegurando que el cambio en la matriz energética integre las distintas coyunturas e impactos que puede ocasionar esta transición. BIBLIOGRAFÍA Cipame.(2023): Elementos para la hoja de ruta que orientará una política pública para la transición energética justa en Colombia, Bogotá: Cipame, 8 pp. Cano Acosta, M.A.:“La primera huelga en Colombia la lideró esta mujer” en Las2orillas [página web] 8 de marzo de 2022.<https://www.las2orillas.co/la-primera-huelga-en-colombia-tuvo-rostro-de-mujer/> 24

4 LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA TRANSICIÓN del carbón en Colombia enfocado en los territorios y la realidad social IGOR DÍAZ CONTEXTO NACIONAL En Colombia, como en muchos otros lugares, la transición de la explotación del carbón, se ha conceptualizado desde un punto de vista mayoritariamente técnico y económico. Es decir, la transición se restringe a un cambio tecnológico de fuentes de energía fósil, entre esos el carbón, hacia fuentes de energía renovable, como la solar, eólica, hidroeléctrica, hidrógeno verde y otros. Gran parte de la política pública actual sobre energía y transición se concentra en megaproyectos con energía solar o eólica, la apertura de nuevas grandes explotaciones mineras o en continuar promoviendo megaproyectos de energía hidroeléctrica. Si bien esta visión, que confina la transición a una dimensión tecnológica, suele predominar en el discurso público, son diversos los esfuerzos para cuestionar el modelo actual de extracción y uso de la energía, por ejemplo, se propone desfosilizar los sistemas energéticos y cuestionar las lógicas de exclusión y apropiación inherentes al modelo actual, que han desembocado históricamente en extractivismos desenfrenados y en desequilibrio social. CONTEXTO REGIONAL Una transición enfocada en la descarbonización de los sistemas energéticos, debe incluir el impulso desde abajo, es decir, tener en cuenta las bases sociales que promueven estos procesos, buscando que estos se den de manera justa, teniendo en cuenta aspectos de suma importancia como el enfoque de género, el territorio y la soberanía. Solo así estaríamos enfocados en no repetir la historia del extractivismo de carbón. Un cambio tecnológico que no proponga modelos alternativos de relacionamiento con el territorio y con quienes lo habitan, se arriesga a repetir o profundizar importantes afectaciones del pasado inmediato. Justo esto es lo que critican y anticipan algunas organizaciones sociales como Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz(Indepaz) y Censat Agua Viva, en sus análisis de los nuevos megaproyectos eólicos, solares e hidroeléctricos que se proponen en el marco de la transición energética en Colombia. Con este artículo, buscamos profundizar sobre esta discusión de la mano de diferentes comunidades que habitan los territorios afectados por la minería de carbón en el país, más específicamente a las comunidades del Cesar y las comunidades indígenas wayuu y afro de la Guajira, 25

con mayor énfasis en los municipios de Barrancas y Hatonuevo. Con esas comunidades, se ha adelantado un proceso de intercambio de saberes para discutir la pregunta: ¿Qué impulsos se identifican desde los territorios carboníferos de Colombia para desarrollar transiciones energéticas a nivel nacional y local, que sean justas, incluyentes y verdaderamente democráticas? Estos conceptos son parte de un proceso colectivo de reflexión, debate e investigación entre académicos, activistas, líderes sindicales y lideresas sociales y comunitarios. En este se busca compartir propuestas desde las bases para exigir y propiciar los cambios sociales, políticos y económicos necesarios hoy en día para lograr una transición energética más allá de los combustibles fósiles en Colombia, específicamente en las diferentes áreas de extracción de carbón en los territorios del Cesar y la Guajira, donde se adelanta el extractivismo carbonífero. REALIDAD SOBRE TRANSICIÓN DE CARBÓN: CESAR Cuando revisamos la situación real del departamento del Cesar y su corredor minero, encontramos un cierre obligado de las operaciones mineras generadas por una decisión estratégica, desde el punto de vista económico, a favor de la empresa Glencore, quien desarrollaba procesos extractivistas de carbón por medio de tres empresas en la zona: Consorcio Minero Unido, S.A.(CMU) y Carbones de la Jagua, S.A.(CDJ), pertenecientes al Grupo Prodeco, y Mina Calenturitas. Con esta decisión unilateral por parte de la empresa multinacional de la devolución y recepción de los tres títulos mineros por parte del Estado colombiano, se generan despidos masivos en la empresa y un acoso social en una región dependiente de las operaciones minera de carbón. Contrario a la realidad de los trabajadores y de la comunidad del Cesar, hoy la multinacional GLENCORE genera ganancias operacionales en el departamento, aun habiendo devuelto las minas de carbón al Estado colombiano y sin el desarrollo de operaciones mineras, ya que no devolvió el área de recepción de carbón dentro del área de mina, ni su incidencia en la vía férrea que es del 40% de la concesión de la misma, la cual comparte conjuntamente con otras dos multinacionales, así como el embarque de carbón con la empresa Puerto Nuevo, S.A.(ciénaga) de una empresa filial. La decisión del cierre de la empresa y devolución de los títulos mineros, genera despidos masivos de más de 1.200 trabajadores y una recesión económica afectando a la región y, al llamado, corredor minero, con impactos sociales devastadores después del cierre de las tres minas de carbón. Detrás de toda esta realidad social y laboral se detecta una deficiencia en la política estatal de transición energética frente a los procesos laborales, sociales y ambientales en el Cesar. El gobierno ha intentado cambiar la visión del territorio de un corredor minero por un corredor de vida, planteamiento o política estatal que apoyamos, pero las evidencias demuestran que aún falta mucho por hacer para lograr una diversificación y una reconversión productiva que genere alternativas a desarrollar en la región para una salida justa de la extracción del carbón. Para nuestra organización sindical, el mayor impacto es la situación de desempleo que asumen miles de obreros que dependían directa y exclusivamente de la explotación minera y, que hoy en día, están sin alternativas productivas, por lo que se hace necesario y urgente un plan de reconversión productiva para lograr una estabilidad social y laboral en la región. 26

REALIDAD SOBRE TRANSICIÓN DE CARBÓN: GUAJIRA Se proyecta para el departamento de la Guajira el cierre de una mina para el año 2034. Esta decisión genera una alta preocupación ya que no existen planes estratégicos gubernamentales, ni empresariales, para proceder con el cierre de la mina de manera justa. La preocupación del gobierno nacional es lograr, con el tiempo, desarrollar planes estratégicos frente a un cierre de mina con antelación y de allí nace el decreto 997 del 2024 para la identificación, priorización, delimitación e implementación de los distritos mineros especiales para la diversificación productiva. Si bien la sanción del decreto 997 de 2024 provee a las comunidades y a los trabajadores de algunas alternativas para avanzar en la discusión social en la transición del extractivismo de carbón, existe un hecho innegable en este proceso y es que, desde el gobierno anterior, donde se definió la política de transición, con más inconvenientes y desaciertos desde la perspectiva social, se desconoce a las comunidades y no se garantiza una transición laboral ni ambiental. En esa perspectiva se inició la implementación de proyectos alternativos de energía renovable (eólica y fotovoltaica) que no garantizan ninguna estabilidad social ni laboral para la población de la Guajira. La implementación y los supuestos beneficios de estos proyectos de transición, además de contar con un deficiente diagnostico social, no cuentan con políticas claras para diversificar productivamente la producción de energía, ni mucho menos con estrategias de reconversión laboral, ya que las opciones productivas son limitadas en todos los sectores productivos de departamento. Hemos venido confiando, como organización sindical, que los planes estratégicos del gobierno nacional(Ministerio de Minas y Energía, Ministerios del Trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otros) puedan desarrollarse comunitariamente y avanzar en esos objetivos sociales que deben fungir como alternativas ante el cierre inminente de la minería de carbón, el gobierno ha avanzado en el proceso de las comunidades energéticas(implementación social de manera incluyente), pero las estadísticas demuestran que no es suficiente con ese solo proyecto y, menos, con el poco involucramiento social que hubo ante la adjudicación de las mismas. De la misma forma, el gobierno nacional ha venido implementando espacios sociales abiertos en el departamento de la Guajira a los cuales ha llegado con un amplio equipos de sus más importantes ministerios encargados y enfocados en el proceso de transición que debe darse en este territorio, interactuando con actores territoriales(trabajadores y comunidades) para escuchar y definir propuestas alternativas a esta situación que, si no se organiza, con tiempo puede ser igual de critica a lo que hoy se está viviendo el departamento del Cesar. Dentro de los esfuerzos que se están desarrollando en el departamento se ha venido trabajando conjuntamente con el SENA y la Central Unitaria de Trabajadores(CUT) en cómo lograr un futuro sin carbón, analizando enfoques de reconversión productiva y nuevas oportunidades laborales en el sector de producción energética. 27

PROPUESTAS ALTERNATIVAS para la transición energética de carbón justa en el Cesar y la Guajira La Unión Sindical Obrera(USO), el Sindicato de trabajadores de la electricidad(Sintraelecol) y el Sindicato Nacional de trabajadores de la industria del carbón(Sintracarbón), se han unido en la creación de un Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Justo del Sector Minero Energético de Colombia(Cipame), con quien se vienen desarrollando un proyecto piloto que cuenta con el apoyo de la Federación de Trabajadores de Holanda(FNV) y la Universidad Holandesa de Wageningen, quienes asesoran y acompañan a organizaciones de trabajadores y comunitarias en el diseño y gestión de proyectos en la región de la Jagua de Ibirico, municipio situado en el noreste del país en el departamento del Cesar, zona de extracción de carbón de la empresa Glencore. Junto al Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa(TTJ), en el cual están presentes varios sindicatos del sector energético como Sintracarbón, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y Energética(Sintramienergética), el Sindicato Nacional de Trabajadores, Enfermos y Discapacitados del Sector Minero(Sintradem), el Sindicato de Trabajadores de la empresa Drummond Ltd.(Sintradrumond) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Carbones del Cerrejón(Sintracerrejón), se viene impulsando un pliego único de los trabajadores del sector carbón frente a la transición de carbón en Colombia, asumiendo el liderazgo en la orientación para la participación social de los trabajadores en los procesos de Comunidades Energéticas, y hemos propiciado espacios de comunicación, concertación y análisis ante el gobierno nacional. Asimismo, estamos implementado proyectos educativos enfocados en la capacitación de nuestros afiliados, haciendo apertura en participación de las comunidades en el proyecto de formación de afiliados y lideres comunitarios sobre transición energética justa, con el apoyo de la Central de Trabajadores de Alemania DGB. También venimos implementado un proyecto de formación enfocado específicamente en la reconversión productiva y fortalecimiento de las organizaciones sociales para la participación activa en los proyectos de transición energética justa, en conjunto con el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo(Iscod) y la Unión General de Trabajadores(UGT). Venimos organizando desde Sintracarbón, conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía, la embajada de Alemania y la Organización GIZ de Alemania, lo que hemos denominado como la Cumbre minera por la diversificación productiva y la transición energética justa en la Guajira, esta propuesta fue considera en nuestro anterior pliego de peticiones y condensada en nuestra convención colectiva de trabajo donde se define el compromiso y la participación de la empresa multinacional Cerrejón, dentro del proceso de discusión de la cumbre. Se ha incluido dentro de la convención colectiva vigente una comisión entre Sintracarbón y Cerrejón para tratar el tema principal de cierre de minas y la discusión de la transición energética posterior al cierre oficial, así como las responsabilidades legales y sociales de la empresa con los trabajadores y las comunidades. Algunas de las acciones principales que determinan la dimensión social con base en la Ley 2099/21 de transición energética son: 1. Trabajo directo con los grupos étnicos de las regiones para planificar iniciativas apropiadas para cada comunidad, incluyendo sus necesidades, prácticas y tradiciones. La declaración de utilidad pública y de interés social a las actividades de promoción y desarrollo de fuentes no convencionales de energía. 28

2. Priorización de proyectos de fuentes no convencionales de energía(FNCE) o que estén incorporados dentro de los planes de energización rural sostenible a nivel departamental y/o regional a fin de incentivar la metodología elaborada para este fin. Tenemos unos objetivos que queremos que sean parte de las conclusiones de la próxima cumbre, unido al objetivo del gobierno de la implementación del decreto de los distritos espaciales mineros: generar propuestas productivas para industrialización de nuestras regiones (agro industria, turismo, pesca y otros); brindar garantías laborales frente a las FNCE, exigiendo a las multinacionales posicionar empresas en la región que garanticen las necesidades eólicas y fotovoltaicas para la puesta en marcha de los proyectos; generar estrategias políticas, sociales y empresariales enfocadas en la estructuración de un proceso activo para la transición energética, con todos los actores en función de alternativas industriales y productivas. 29

5 CLAVES PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA: las experiencias de Energías Comunitarias NELSON RAVELO Y MATEO TALERO ¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS COMUNITARIAS? Los diálogos de saberes e intercambios de experiencias que se han realizado entre comunidades que trabajan energías alternativas en Latinoamérica han sentado las bases para trabajar la energía más allá de los derivados de combustibles fósiles y otros vectores energéticos convencionales, incluyendo prácticas como la agroecología, la gestión comunitaria del agua, el procesamiento de los alimentos y el rescate de la biodiversidad. Tal es el caso de las cerca de 150 iniciativas que se han inscrito a la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa, 1 la cual expone un mapeo a nivel latinoamericano de organizaciones, comunidades, barrios o familias que vienen materializando acciones colectivas que podrían transformar el modelo energético existente. El objetivo de esta exhibición es el reconocimiento de la importancia de la transición energética justa, así como estimular entre las iniciativas el intercambio y articulación, posibilitando el encuentro con otros actores sociales interesados en el tema(como tomadores de decisión e investigadores) y ampliar el debate sobre la transición energética justa(Roa Avendaño y Carrillo Rodríguez, 2024). Una parte de las organizaciones que convocan la exhibición, junto a otras que se han inscrito en ella, vienen liderando la creación de dichos espacios de encuentro, autodenominándose Energías Comunitarias(EC). A pesar de tener orígenes y trayectorias diferentes, sus experiencias de gestión comunitaria de la energía comparten como horizonte enfrentar los efectos de la crisis climática a través de una perspectiva de justicia ambiental. En esa medida, se busca dignificar todas las formas de vida que han sido afectadas por el modelo energético prevalente y, así mismo, evitar el surgimiento de nuevos territorios de sacrificio. Las EC trabajan en pro del reconocimiento y conceptualización de la particularidad de los procesos que se vienen dando hace décadas en los territorios. En la construcción conceptual ha habido distintas etapas y hallazgos que abordan tanto lo técnico, como lo político-conceptual, así como la íntima relación de ambas dimensiones. Dentro de la dimensión técnica se ha recogido el saber humano nutrido con el tiempo y las experiencias, traspasado de generación en generación; las tecnologías que se desarrollan, transforman y apropian en el territorio, en las 1 www.transicionenergeticajusta.org 30

épocas y en la escala de las necesidades. Un ejemplo de estos son las cartillas elaboradas en procesos pedagógicos de apropiación tecnológica de deshidratadores solares y estufas eficientes de leña(Rankin y Roa, 2023; Rankin, Roa, Soler y Gualdrón, 2024). Por otra parte, la dimensión político-conceptual ha enfatizado en la urgencia de responder preguntas como ¿energía para qué? ¿energía para quién?(Censat Agua Viva, 20021) ¿qué efectos tiene esta energía? y analizar si las relaciones sociales alrededor de la producción y uso de una energía están cuestionando también la transformación estructural del sistema en el que habitamos. En este proceso las EC también se han nutrido de otras luchas y conceptos como la búsqueda de soberanía, que aborda también el problema de la tecnología y el conocimiento en las transiciones energéticas. En ese sentido reivindican la descentralización, relocalización y diferenciación de la generación de energía(Kothari, et al, 2019). Estos abordajes plantean un desafío epistémico para reconsiderar nuestro territorio, no como un mero depósito de recursos naturales, sino como un todo sociocultural donde uno encuentra el sentido de la existencia y donde se basan y arraigan los proyectos de vida políticos conscientes, responsables y placenteros(Kothari, et al, 2019). Por lo tanto, las EC buscan abordar de forma integral la transformación energética, incluyendo dentro de su análisis componentes socioculturales de los procesos de producción de energía, trabajando en distintas dimensiones de forma paralela: el autoabastecimiento familiar y local; las nuevas prácticas y usos de la energía evitando su derroche y despilfarro; promover la descentralización de la generación; atender los problemas asociados a la escasez y contaminación de aguas, el saneamiento básico, la deforestación, la pérdida de fertilidad del suelo; contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y, garantizar el acceso universal a la energía y a la captación, tratamiento y cosecha de agua limpia, entre otros aspectos(Censat Agua Viva, 2023). A continuación, desarrollamos tres ámbitos en los que este ejercicio de conceptualización y reconocimiento ha materializado varias reflexiones, además de reconocer algunos desafíos presentes. CAMBIOS COMPORTAMENTALES Y CULTURALES Si bien las EC parten de la colectividad, también consideran esfuerzos individuales que van desde transformaciones de hábitos, como reducir el despilfarro de energía o aprovechar los residuos orgánicos e inorgánicos de la vida cotidiana, hasta cuestionar los modelos de producción y la promoción de estilos de vida basados en el consumo excesivo de energía. Actualmente la sociedad está sumergida en una lógica de aumento ilimitado del gasto energético que ignora toda reflexión frente al origen de esta, o el impacto del volumen del gasto energético y su costo, al punto de que la mayoría de la ciudadanía desconozca el contenido de un recibo para el pago del servicio de energía. Esta lógica impacta diferentes dimensiones de la vida cotidiana, por ejemplo, la movilidad, en la que prima el deseo y uso de vehículos particulares, a pesar de que sean trayectos cortos e, incluso, para una sola persona. Un vehículo como un Renault Sandero, que pesa 1.070 kg, según las especificaciones técnicas de la compañía, que transporta a una persona de 80kg o 100 kg en una distancia de 1 o 2 kilómetros, utiliza energía principalmente para la movilización del carro en sí y no del servicio a la persona. Detrás de la idea de comodidad en realidad está el estatus del consumo, pero no la racionalidad o eficiencia energética. 31

Algo similar ocurre con la producción y manejo de residuos. El concepto de basura no existe en el resto de la naturaleza, puesto que todo residuo de un proceso en realidad hace parte de otros ciclos naturales, algunos más cortos y otros más largos en el tiempo, pero todos son aprovechados por el ecosistema. Este concepto en realidad nace con nuestro modelo de vida actual, en el que prima un consumo desmedido y, por ende, una producción cada vez mayor de residuos que, por las transformaciones que han sufrido y el mal manejo que se les da, rompen o dificultan su integración a los ciclos de aprovechamiento por el ecosistema. En ese sentido, la simple acumulación de estos residuos es una fuente más de problemas socioambientales. Tanto la movilidad como el manejo de residuos, tienen alternativas más eficientes como el uso del transporte público o la reducción de uso de plástico de un solo uso, la separación y el aprovechamiento de residuos. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para la transformación de los modelos de vida o de las prácticas de vida a escala individual es la constante promoción del estatus y prestigio que genera el consumo. Entonces, se hace urgente la construcción de arquetipos o modelos de vida que no estén cimentados sobre el derroche y el despilfarro de la energía, sino que se construyan aspiraciones a modelos de vida que estén en armonía con la dignificación y cuidado de la vida. A pesar de que estos cambios son una posibilidad alcanzable, la construcción de estos modelos de vida no es una tarea exclusivamente personal, ya que hay todo un sistema cultural, económico y de medios de comunicación que refuerza estos imaginarios de vida energívoros, es decir, que consumen mucha energía, como un lugar deseable. Por esto resulta necesaria una transformación estructural del sistema socioeconómico en el que habitamos. ORGANIZACIÓN SOCIAL Cuando el cambio de hábitos individuales empieza a verse limitado, son las acciones colectivas las que amplifican su alcance. Estas, por su parte, no son el simple resultado de la suma de esfuerzos personales. Cuando una comunidad se organiza por un propósito en común construye también una identidad colectiva a través de los sentidos, las formas de hacer y la historia de éxitos y fracasos. En esa medida, los colectivos permiten la emergencia de repertorios culturales que podrían transformar, en este caso, la cultura hegemónica dependiente de los combustibles fósiles. Tal es el caso de las experiencias inscritas en la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa y las lideradas por las EC. Para construir este tipo de acciones colectivas no basta con capacitaciones técnicas en la administración, operación y mantenimiento de una alternativa de generación de energía, la prioridad debe ser la construcción o fortalecimiento de sujetos políticos colectivos. Esa es, tal vez, la principal fortaleza de las EC, pues además de ser lideradas por organizaciones con trayectoria reconocida en las temáticas ambientales y arraigo territorial, han concentrado muchos de sus esfuerzos en la reconstrucción del tejido social, la valoración de los saberes y modos de vida de las comunidades y, de manera más general, en el fortalecimiento de sus organizaciones. Una acción colectiva en el tema energético, por más innovadora o pertinente que sea para un territorio, no se sostendrá en el tiempo si no hay una comunidad cohesionada y convencida de la necesidad de cambiar su relación con la energía y, en general, con el resto de la naturaleza. Si no hay una comunidad organizada y con proyectos de vida colectivos construidos, pueden verse manipuladas para aceptar modelos de desarrollo que agravan la crisis que vivimos. Por el contrario, una organización sólida, además de sostener un proyecto comunitario, podría 32

tener clara la necesidad de tener condiciones reales de participación, de acceso a información, evidenciando conflictos de intereses y relaciones de poder desiguales. Por todo esto, las EC, aunque incluyen la dimensión técnica, le han dado principal relevancia a la formación política y a la construcción de sujetos políticos colectivos(Soler-Villamizar y Rankin, 2021; Censat Agua Viva, 2022). Para esto han realizado intercambios, escuelas y otros espacios formativos en los que se han incorporado perspectivas pedagógicas como la educación popular ambiental(Figueredo, 2009) o la educación campesino a campesino. Uno de los desafíos de esa formación ha sido la comprensión del concepto de autonomía, este suele asociarse a la posibilidad que tiene una organización de tomar decisiones o tener capacidades para ser independientes de terceros que, usualmente, ocupan un lugar de mayor poder(Estado, capital privado, las iglesias, ONG e incluso la cooperación internacional). Aunque es una visión con causas históricas, corren el riesgo de olvidar que la posibilidad de tomar decisiones o de tener capacidades técnicas también tiene una base material que las limita; y, así como le suele pasar a los espacios de participación, le puede pasar a esta autonomía, y es que se limite a ser simplemente una formalidad. Aunque muchas de las iniciativas de las EC han sido en red, enfrentan el mismo desafío que otros proyectos populares, como la economía solidaria o la agroecología. Hay experiencias emblemáticas en su discurso y prácticas, pero mientras siga prevaleciendo el actual modelo energético, podrían llegar a enfrentarse a normativas regresivas y que parecen tan absurdas como un“impuesto al sol”(Europa Press, 2018). Por eso mismo, es importante apuntar a construir una autonomía, entendida como capacidad colectiva y no como privilegio de unos pocos. INCIDENCIA Este tipo de iniciativas deben ser conscientes que la cultura que enfrentan tiene una base material. El horizonte debe ser la transformación de la estructura en su totalidad, pues de lo contrario esta podrá asfixiar por separado cada experiencia, por más prometedora que parezca. Una expresión de esa estructura es la política pública. Esa comprensión fue la que llevó a varias de las iniciativas de EC a buscar espacios de diálogo directo con el actual gobierno, luego de ver que había levantado las banderas de la transición energética justa. El desafío ha sido traducir las apuestas y lenguajes populares a textos que tengan claridad y viabilidad jurídica y que dialoguen con las promesas del gobierno. Ejercicio que se hace más complejo al tener conciencia que se desconfía de la normativa existente, por ser esta misma la que ha dado sustento jurídico, o dejado vacíos, para que el modelo energético fósil y extractivista predomine. La disposición y proactividad de estas organizaciones llevó a la creación de la Mesa de Energías Comunitarias(MEC), un espacio constituido por varias organizaciones de EC para facilitar el diálogo, la construcción de acuerdos y de compromisos con el Ministerio de Minas y Energía (MME). Lamentablemente son pocos los logros que hasta el momento se han alcanzado. En los dos años del gobierno actual ha avanzado la formulación y ejecución de la estrategia de comunidades energéticas, sin embargo, el decreto de reglamentación sigue teniendo una visión reduccionista de la energía(Ministerio de Minas y Energía, 2024a), mientras la Resolución 40137 no incluyó a las energías comunitarias en los criterios para focalizar recursos. La esperanza reciente está en que la MEC lidera un nuevo proyecto de resolución del MME en la que 33

se pretende integrar cambios al registro de comunidades energéticas, para que se incluya las EC como uno de los criterios de focalización de recursos. Sin embargo, se mantiene la preocupación pues el Ministerio de Minas y Energía aún no entiende el papel que las EC podrían ocupar como aliados en una política tan ambiciosa como la de comunidades energéticas. Además de ser promotores, su experiencia podría ayudar a identificar otros grandes retos que deben atenderse si lo que se busca es que los impactos de la política se sostengan en el tiempo. Uno de ellos, es la integralidad de la propuesta y la consecuente necesidad de incorporar efectivamente más ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, este debe construir una estrategia formativa de más largo aliento al menos con dos públicos. Por un lado, la formación técnica y política de organizaciones que construyan proyectos de vida; y, por otro, la formación de una masa crítica más amplia dispuesta a la transformación cultural que salga de la dependencia de los combustibles fósiles. En esa medida no basta con una formación técnica de algunas horas, sino que necesita nuevos currículos en diferentes niveles educativos que cuestionen la relación entre la sociedad con el resto de la naturaleza y que tenga tiempos adecuados. El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe liderar la investigación que permita el desarrollo de alternativas técnicas apropiadas a los diferentes contextos del país. Las energías comunitarias han identificado diferentes aspectos de los biodigestores tipo salchicha que podrían ser susceptibles de mejora e incluso podrían facilitar el desarrollo de una normatividad que los fomente. Tener claro los rangos de funcionamiento de los filtros de azufre, los problemas que pueda traer la composición del gas tanto para la cocción como para la salud, o qué tipo de material podría usarse, bien sea para reemplazar el plástico que se usa en la estructura o para prolongar su vida útil, evitando la cristalización. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe incorporar en su política de extensión rural la asistencia pedagógica y técnica que complemente la formación de las comunidades. Sin embargo, no es el único ministerio que puede estructurar esta política, pues la extensión técnica en temas energéticos también debe impactar las áreas urbanas. Este tipo de políticas debe enfrentar la falta de personal capacitado en el país para hacer asistencia técnica, como ocurre con el caso de los sistemas fotovoltaicos para los cuales es difícil encontrar servicio técnico que haga mantenimiento a los inversores integrados. Estas dificultades, más que simple voluntad política, requieren la articulación de más actores y actrices como los que se ha pretendido reunir a través de la Red Nacional de Conocimiento para la Transición Energética Justa- Red TEJ(Ministerio de Minas y Energía, 2024b). Sin embargo, tendrán que ser las mismas EC las que busquen asistencia dentro de las universidades y/o instituciones de investigación, sectores más críticos, pues aún en la Red TEJ y en los ministerios, sigue primando una visión tecnicista de la transición, e incluso desconocen las causas de la crisis climática, argumentando que basta con diversificar la matriz energética. 34

BIBLIOGRAFÍA Censat Agua Viva(2021): Somos la energía. Guía para la planeación de proyectos de energía a escala comunitaria en Colombia. Bogotá: Censat Agua Viva. (2022): Las canastas de tecnologías y prácticas: una propuesta para la soberanía energética y alimentaria de Lo Bueno del Monte, Finca Tosoly y Fundación UTA. Bogotá: Censat Agua Viva. (2023): Promoción y fortalecimiento de las Energías Comunitarias en Colombia. Bogotá: Censat Agua Viva. Europa Press:“El Gobierno deroga el‘impuesto al sol’ y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo” en Europa Press Economía, 2018. https://www.europapress.es/economia/ energia-00341/noticia-gobierno-deroga-impuesto-sol-reconoce-derecho-autoconsumir-peajes-cargo-20181005134627.html Figueredo, J.:“Bases Conceptuales y Metodológicas de la Educación Popular Ambiental. Sus principales enfoques” en Figueredo, J., Pérez, M., Santos, J. y Freye, B.: Ecología Política y educación popular ambiental. T 2. La Habana, Cuba, 2009. Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F., y Acosta, A.(2019): Pluriverso: un diccionario del posdesarrollo. Quito: Editorial Abya-Yala. Ministerio de Minas y Energía(2024a): Resolución 40137 de 2024. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía. (2024b): Invitación a integrar la red nacional de conocimiento para la Transición Energética Justa – RedTEJ y elección de su consejo temporal para poblaciones y organizaciones sociales, Bogotá: Ministerio de Minas y Energía. Rankin, A. y Roa, C.(2023): Guía de formación Nº 1: Deshidratadores solares, Censat Agua Viva, Bogotá. Rankin, A., Roa, C., Soler, J y Gualdrón, N.(2024): Guía de formación Nº 2: estufas eficientes de leña. Bogotá: Censat Agua Viva. Roa Avendaño, T. y Carrillo Rodríguez, E.C.:“Revolución energética. Un enfoque comunitario para la transformación socioecológica” en TNI, 2024. https://www.tni.org/en/article/ energy-revolution Soler-Villamizar, J. P. y Rankin, A. J.:“Energías comunitarias para la transición justa” en Gestión y Ambiente, 24, 2021, pp. 252–266. https://doi.org/10.15446/ga.v24nSupl2.92941 35

ACERCA DE LOS AUTORES Joanna Barney Directora del área de empresas, derechos humanos y medio ambiente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz(Indepaz). Es psicóloga y tiene una maestría en Paz y Resolución de Conflictos por la Pontificia Universidad Javeriana. Nelson Ravelo Co-coordinador del Área de Energía y Justicia Climática de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. Es físico por la Universidad Nacional de Colombia y tiene un Magíster en Tecnología para el Desarrollo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Constanza Carvajal Lidereza socioambiental de Mocoa. Marely Cely Abogada y pedagoga. Magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Santander y de la Universidad Pedagógica Nacional. Defensora de derechos humanos, docente e investigadora sobre trabajo decente y transición justa. Igor Díaz Fiscal de la junta directiva nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón(Sintracarbón). Es líder histórico de este sindicato, del cual ha formado parte por más de 30 años. Mateo Talero Integrante del Área de Energía y Justicia Climática de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. Es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa la Maestría en Comunicación y Medios, también en la Universidad Nacional de Colombia. Óscar Vargas Coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia(Fescol). Es filósofo por la Universidad de Heidelberg y maestro a en Relaciones Internacionales de la Universidad Libre de Berlín. SOBRE ESTE PROYECTO El Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica reconoce la necesidad de encontrar nuevos caminos de desarrollo viables y sustentables, tanto en la dimensión social como en la ecológica, para hacer frente a las múltiples crisis asociadas con los modelos económicos predominantes. Acompaña debates sobre alternativas a los modelos de desarrollo. Analiza y promueve políticas públicas que sean socialmente justas y ecológicamente sustentables. Además, busca construir puentes con los debates en Europa y otras regiones para abrir espacios de diálogo. La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores ni éste compromete a las instituciones con las cuales esté relacionado por trabajo o dirección. 36

EXPERIENCIAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA La transición energética es una prioridad creciente en América Latina y el Caribe, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y buscar alternativas económicas a los combustibles fósiles. Sin embargo, se plantean preocupaciones sobre cómo garantizar la protección de los trabajadores, las comunidades y la ciudadanía en este proceso, y cómo evitar replicar prácticas extractivas en las industrias de energías renovables. En este contexto, el Proyecto TSE, junto con la Fundación Friedrich Ebert Colombia, organizó una conferencia en Bogotá en agosto de 2024 para evaluar los avances en Colombia. El encuentro reunió a expertos, legisladores y activistas. Como resultado, se propone esta compilación que refleja las perspectivas discutidas. Sirve, además, para actualizar sobre la situación de la transición energética en Colombia. Los diferentes textos abordan el concepto de Energías Comunitarias, la transición del carbón, el rol de los sindicatos, las luchas locales, y las oportunidades y retos en el proceso de la transición. Colombia es hoy una guía y un ejemplo a seguir para los países de América Latina y el Caribe. La Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, la Política Nacional de Reindustrialización, así como la propuesta reforma al Código Minero, han sido valiosos instrumentos de política pública para avanzar en esta agenda. http://www.fes.de/stiftung/internationale-arbeit