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© Friedrich-Ebert-Stiftung, 2024 La Friedrich-Ebert-Stiftung(FES), fundada en 1925 en Alemania, es una institución privada de utilidad pública comprometida con las ideas de la Democracia Social. Lleva el nombre del primer presidente del Estado alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, y es portadora de su legado en cuanto a la configuración política de la libertad, la solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde la Fundación, en el interior y exterior de Alemania, con sus programas de formación política, de cooperación internacional y de promoción de estudios e investigación.. Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica, 2024 Yautepec 55, col. Condesa, Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México Teléfono: +52(55) 5553 5302 https://fes-transformacion.fes.de/ FES Transformación Social-Ecológica @fes_tse Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica Comuníquese con nosotros para solicitar publicaciones: transformacion@fesmex.org La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores ni compromete a las instituciones con las cuales estén relacionados por trabajo o dirección. Responsable Astrid Becker Directora del Proyecto Regional FES Transformación Social-Ecológica en América Latina Ilustración, Diseño de portada e nteriores Minerva Rivas Revisión ortotipográfica y de estilo ICO Inteligencia Creativa ISBN: 978-607-8887-33-0

Introducción MARIANA BLANCO, MARIEL NAVARRO Y CATALINA NIÑO, COMPILADORAS DICIEMBRE 2024 5

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ÍNDICE 09 Introducción Catalina Niño y Mariana Blanco 15 La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética Maritza Islas Vargas 27 Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Elvira Cuadra Lira 38 Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista Carlos Tornel 57 Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica – Relatoría de la primera reunión presencial Relatoría: María Alejandra Rico Grupo de Trabajo Regional

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Introducción INTRODUCCIÓN Catalina Niño y Mariana Blanco, 31 de diciembre de 2024 América Latina es la región más violenta del mundo. Aunque no hay guerras abiertas, los niveles de violencia homicida son muy altos y la población enfrenta diversas situaciones de riesgo que generan una gran percepción de inseguridad. La criminalidad organizada, las amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, el desplazamiento forzado a causa de la pobreza o la persecución política, la extrema vulnerabilidad de la población migrante son todos fenómenos que contribuyen a esa percepción. También es la región más desigual del mundo: el 10% de los que más ganan, percibe de media 12 veces más que el 10% de los más pobres(BID, 2024). La desigualdad afecta sobre todo a las comunidades rurales y étnicas –indígenas y afrodescendientes– que viven en zonas remotas y en condiciones muy precarias, pero los sectores pobres y marginados de las ciudades también se ven desproporcionadamente afectados. Las mujeres, especialmente las jefas de hogar, son particularmente vulnerables. 9

Introducción E sta situación afecta en mayor o menor medida a los países de Mesoamérica. En esta subregión la situación se vuelve todavía más compleja porque la destrucción del medio ambiente y la crisis climática agudizan muchos de estos problemas, en especial para los sectores más pobres. Siendo América Latina una de las zonas más vulnerables al cambio climático, los países mesoamericanos viven desde hace décadas el incremento de eventos climáticos extremos, como huracanes y tormentas tropicales. Dichos fenómenos se están agudizando cada año, haciendo más compleja la recuperación de los ecosistemas, las economías y las sociedades. Esta situación contribuye a la creciente migración de poblaciones y comunidades hacia el norte del continente. Sin embargo, la relación entre el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, por un lado, y las dinámicas de violencia e inseguridad, por el otro, no han sido suficientemente analizadas ni en el caso de la región latinoamericana, en general, ni menos aún en el contexto de los países mesoamericanos. Lo que sabemos se refiere sobre todo a la violencia contra líderes y defensores ambientales, y aquí de nuevo la región se lleva el triste primer lugar a nivel mundial. Nos hace falta comprender mejor cómo se interconectan estos fenómenos en los territorios y mapear las respuestas, tanto desde los gobiernos nacionales y locales como desde las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades étnicas y campesinas. 10

Introducción Este documento es un esfuerzo por contribuir a estos análisis. Partiendo de un estudio general, realizado por Maritza Islas, sobre la estrecha relación entre extractivismo y cambio climático, y cómo el primero debería considerarse parte de los elementos que agudizan la crisis climática en el mundo y también en América Latina. El texto pone en el centro el tema de cómo la transición energética –que hoy en día se ve como un paso fundamental para la mitigación del cambio climático– puede también profundizar ciertas dinámicas extractivistas en esta subregión latinoamericana. Por su parte, Elvira Cuadra describe y analiza los escenarios de violencia e inseguridad en Mesoamérica, relacionándolos con las dinámicas de la delincuencia, criminalidad, crimen organizado y violencia política que existen en los diferentes países mesoamericanos. También estudia la manera en que estos escenarios siguen en constante cambio debido a diversos factores endógenos y exógenos. A través de un análisis regional y del caso mexicano, Carlos Tornel aborda la estrecha relación que están teniendo el aumento de la militarización y el extractivismo en América Latina, así como la confluencia entre capitalismo, extractivismo y militarismo a diferentes niveles. Este fenómeno es permitido por los procesos intrínsecos del propio Estado. El resultado es la creciente participación de 11

Introducción las fuerzas armadas en dinámicas que facilitan y profundizan megaproyectos extractivistas. El corazón del documento contiene la relatoría de las discusiones y testimonios de los actores que participaron en una reunión presencial en la Ciudad de México, los días 25 y 26 de septiembre de 2024. Estos actores son expertos, activistas y defensores de derechos humanos y ambientales en Mesoamérica. Todos ellos brindaron su conocimiento sobre la situación de las dinámicas de violencia, extractivismo, transición energética y militarización que se vive en cada uno de sus países y territorios. Participaron compañeras y compañeros de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. La relatoría resume los testimonios y da un panorama sobre dinámicas similares en la subregión mesoamericana. Se incluyen también casos específicos por país, donde se ejemplifica la relación entre violencia, militarización y extractivismo en territorios específicos. Al final del documento se busca visibilizar también algunas reflexiones sobre posibles soluciones a esta compleja situación. Los escenarios de extractivismo, violencia y militarización que enfrenta Mesoamérica son cada vez más críticos. No obstante, esperamos que esta iniciativa y este informe sean un pequeño paso para comenzar a construir redes y conocimientos colectivos que nos permitan alcanzar mayores niveles de justicia ambiental y de seguridad, entendida en un sentido amplio, para nuestros países. 12

Introducción Nos gustaría dar un agradecimiento especial a las defensoras y los defensores de derechos humanos y ambientales que participaron en este grupo de trabajo. Ellos aportaron su tiempo, conocimiento y testimonios, en ocasiones de situaciones de violencia que les atraviesan de manera cercana en sus territorios. Es importante también destacar el constante trabajo que todos ellos realizan en cada uno de sus países. Referencias Banco Interamericano de Desarrollo(BID, 2024).“Las complejidades de la desigualdad en América Latina y el Caribe”. Disponible en https://www.iadb.org/es/noticias/las-complejidades-de-la-desigualdad-enamerica-latina-y-el-caribe 13

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Introducción LA PARADOJA EXTRACTIVISTA: ENTRE LA TRIPLE CRISIS PLANETARIA Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA MARITZA ISLAS VARGAS 15

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La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética E n su informe Perspectivas de recursos globales (UNEP, 2024), el Panel Internacional de Recursos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconoció finalmente algo que los pueblos latinoamericanos y caribeños han sabido y experimentado desde hace siglos: el extractivismo es el principal impulsor de la triple crisis planetaria, compuesta por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis por contaminación y residuos. Con este diagnóstico, los organismos internacionales y diversos gobiernos promueven la llamada transición energética como la solución más viable para enfrentar la triple crisis planetaria. Sin embargo, esta estrategia presenta una gran paradoja: requerirá más de tres mil millones de toneladas de minerales y metales para la generación de energía eólica, solar y de otras fuentes(Banco Mundial, 2020). En otras palabras, el extractivismo se presenta como el medio para resolver los problemas que él mismo generó. La extracción y el procesamiento de energía y materia, tales como combustibles fósiles, minerales, minerales no metálicos y biomasa generan más del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero(GEI) y 40% de los impactos sobre la salud relacionados con las partículas en suspensión. Si se considera el cambio de uso de la tierra, los impactos climáticos aumentan a más del 60%. Asimismo, la agricultura y la silvicultura son responsables de más del 90% de la pérdida total de biodiversidad y el estrés hídrico relacionados con el uso de la tierra(Banco Mundial, 2020). 17

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética En América Latina y el Caribe, el extractivismo no sólo ha involucrado la remoción de grandes volúmenes de naturaleza para la exportación(Gudynas, 2009), sino también la imposición de dispositivos estructurales –mercados, instituciones financieras, cadenas de valor globales, mecanismos fiscales, tratados de libre comercio, legislaciones–, a través de los cuales ciertos grupos o entidades adquieren la capacidad de control y disposición sobre los territorios de otros(Machado, 2013), así como de dinámicas tendientes al reforzamiento de la violencia. Los territorios y sus respectivos ecosistemas son estructurados como espacios subordinados y explotados como zonas de sacrificio para el abastecimiento de las economías-sociedades donde tiene lugar el procesamiento y consumo asimétrico de recursos(Gudynas, 2009). En las comunidades atravesadas por el extractivismo se observa, además de la sobreexplotación de sus ecosistemas y habitantes, la exacerbación de una triple violencia de corte capitalista, racista y patriarcal. Capitalista porque los territorios son vaciados de valor ecológico, simbólico, histórico, cultural, paisajístico y social, y se ven reducidos a meras mercancías, importantes únicamente en términos de su valor económico y de su contribución a la maximización de las ganancias de unos pocos actores(Martínez Alier, 2004; Svampa, 2013). Racista porque crea jerarquías de superioridad e inferioridad que justifican la dominación y la opresión sobre los otros 18

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética (López, 2020). De tal modo, los impactos destructivos del extractivismo se transfieren hacia poblaciones que se asumen como sacrificables, aniquilando diversas formas de ser, conocer y habitar los territorios. Patriarcal porque refuerza y recrudece las violencias machistas ya existentes, desplazando a las mujeres de la toma de decisiones sobre los territorios, e imponiendo estructuras laborales masculinizadas que exacerban estereotipos sexistas, confinan a las mujeres al espacio doméstico y las vuelven más vulnerables a la violencia machista(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2018). A estos procesos se suman la violación de los derechos humanos y la exacerbación de la conflictividad socioambiental, que hacen de la región latinoamericana una de las más peligrosas para personas defensoras de la Tierra y el ambiente(Global Witness, 2024). Las promesas incumplibles de la transición energética Tal como se piensa desde el discurso hegemónico, además de aumentar la violencia, la transición energética incrementa el extractivismo fósil y minero, toda vez que no aspira a modificar el perfil metabólico de la sociedad –es decir, los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos–. Antes bien, lo que busca es garantizar su funcionamiento(Bringel y Svampa, 2023). 19

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética Tampoco cuestiona las desigualdades entre los países de ingresos más altos y las economías empobrecidas, donde los primeros consumen seis veces más materiales per cápita y son responsables de diez veces más impactos climáticos per cápita que los segundos(UNEP, 2024: xiv). Hasta la fecha, las energías renovables no reemplazan a los combustibles fósiles, sino que se suman al portafolio de fuentes de energía que requiere la economía capitalista para funcionar. El consumo total de energías a nivel global se incrementa cada año. Sin embargo, en 2019, 41% del incremento se dio en forma de energías renovables(British Petroleum, 2020). No se cumplen ni la promesa de descarbonizar la economía ni la de desmaterializarse. A nivel global, el uso de materiales se ha triplicado en los últimos 50 años y sigue creciendo a un ritmo medio superior al 2.3% anual. Asimismo, se calcula que la extracción de recursos materiales podría aumentar casi un 60% respecto de los niveles de 2020 para 2060, pasando de 100 a 160 mil millones de toneladas(UNEP, 2024: xiv). Dicha tendencia muestra que, en el marco de una economía capitalista que supone la expansión permanente y acelerada de sus actividades, es imposible cumplir la promesa de que la tecnología hará más eficiente el consumo de recursos. La conciliación entre crecimiento económico infinito y menor consumo energético, aunque discursivamente atractiva, es físicamente imposible. 20

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética Desde 1990, la eficiencia global de los materiales ha mejorado poco. De hecho, la eficiencia comenzó a disminuir alrededor de 2000(UNEP, 2016). Esto quiere decir que, pese a las innovaciones tecnológicas que se han dado en los últimos lustros, cada vez se requieren más energía y materia por unidad del producto interno bruto(PIB). Con lo anterior en mente, puede entenderse que la urgencia por la transición energética esté más relacionada con la necesidad de algunas economías de mantener sus niveles actuales de producción y consumo, así como con el interés de determinados actores, sobre todo empresariales, de explorar nuevos mercados en un contexto de emergencia ambiental y climática. Hasta ahora, el modelo de transición energética, propuesto principalmente por los Estados centrales y las corporaciones, reproduce las desigualdades y dinámicas del modelo fósil. Es decir, se trata de un modelo centralizado en pocas manos, que privatiza las ganancias mientras exacerba y socializa los costos sociales y ambientales. La expansión de las fronteras extractivas –impulsada por el agotamiento de los recursos de fácil acceso geopolítico y geológico, y las“oportunidades” que ofrecen las nuevas técnicas de extracción–, sumada a los efectos acumulativos de la devastación ambiental, incrementa constantemente el número de poblaciones afectadas por el extractivismo. 21

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética En la región latinoamericana y caribeña, ya son evidentes las consecuencias de este modelo. En Ecuador, por ejemplo, se observa una creciente explotación de la madera de balsa, impulsada por la demanda de China para la fabricación de aerogeneradores(Artacker et al., 2024). La extracción de cobalto y litio afecta gravemente a Argentina, Bolivia y Chile en lo que se conoce como “triángulo del litio”. En toda América Latina, acechan los megaproyectos de paneles solares e infraestructuras de hidrógeno que incrementan aún más el acaparamiento de tierras(Bringel y Svampa, 2023: 52). Además de insostenible e injusta, la transición energética de tipo corporativo y tecnocrático es muy endeble, pues depende de minerales críticos que son muy escasos en la naturaleza, como el litio, el cobalto, el grafito, el indio y las tierras raras. En este punto, es importante señalar que el límite biofísico de esta transición no sólo radica en el agotamiento de los minerales, sino también en la capacidad del sistema planetario para seguir absorbiendo sus desechos. Ante este escenario, resulta crucial la organización colectiva contra la exacerbación del modelo extractivista. En este sentido, las propuestas que emergen de los movimientos climáticos, las luchas antimineras y, en general, del ecologismo popular vislumbran otros caminos posibles, orientados hacia una descarbonización social y ambientalmente justa. 22

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética Estos promueven la desinversión en combustibles fósiles, la democratización de la toma de decisiones sobre la transición, y la descentralización y desprivatización de las tecnologías y la generación de energía. Es fundamental explorar y respaldar estas alternativas si buscamos garantizar no sólo una simple transición tecnológica, sino una verdadera transformación ecosocial. Es importante tener en cuenta que la transición energética no es inherentemente justa ni forzosamente ecológica o sostenible. Para que eso suceda, será necesario replantear los modelos de producción y consumo, y garantizar una distribución equitativa de beneficios y costos, así como respetar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia de las comunidades afectadas por los proyectos energéticos y extractivos. Si bien es cierto que, para afrontar la triple crisis planetaria, es necesaria, entre otras medidas, una modificación de la matriz energética, esto no puede hacerse a costa de la salud de los ecosistemas ni de la integridad de pueblos enteros. Si la transición no es justa, no será una verdadera solución. 23

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética Bibliograf ía Artacker, T.; Bonilla, F.; Bravo, E. y Yánez, I.(2024).“Los impactos invisibles de la energía eólica. Cómo el boom de energías renovables en China acelera la explotación de la balsa en Ecuador”. En Fernández Soriano, A.L.; Gutiérrez, O.; Islas Vargas, M. y Jacobi, P.R.(Coords.), Expresiones del metabolismo social capitalista en América Latina: sujetos, conflictos y contrapropuestas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. Disponible en https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250692/1/Expresiones-metabolismo.pdf Banco Mundial(2020). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. Washington: Climate-smart mining facility. Bringel, Breno y Maristella Svampa(2023),“Del‘Consenso de los commodities’ al‘Consenso de la Descarbonización’”, Nueva Sociedad, núm. 306, julio-agosto. www.nuso.org British Petroleum(2020). Statistical Review of World Energy. Disponible en https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/ corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bpstats-review-2020full-report.pdf Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo(2018).“(Re)patriarcalización de los territorios. La lucha de las mujeres y los megaproyectos extractivos”. Ecología Política, núm. 24. Global Witness(2024). Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. https://www.globalwitness.org/es/ Gudynas, Eduardo(2009).“Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”. Extractivismo, política y sociedad, Quito, Centro Andino de Acción Popular, Centro Latino Americano de Ecología Social. López, Atsiry(2020).“Agroextractivismo y racismo ambiental: La industria porcícola en el estado de Yucatán”. GEOPAUTA, vol. 4, núm. 4, pp. 93-112. Disponible en https://www.redalyc.org/journal/5743/574365129007/html/ Machado Aráoz, Horacio(2013).“Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial: Las paradojas de Nuestra América en las fronteras del extractivismo”. Rebela, núm. 3(1), 118-155. 24

La paradoja extractivista: entre la triple crisis planetaria y la transición energética Martínez Alier, Joan(2004).“Los conflictos socioecológicos distributivos y los indicadores de sustentabilidad”, Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, vol.1:21-30. Svampa, Maristella(2013).“‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”, Nueva Sociedad. Disponible en https://nuso. org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/ United Nations Environment Programme(UNEP, 2016). Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend – Pathways to a liveable planet as resource use spikes. Nairobi: International Resource Panel. Disponible en https://wedocs. unep.org/20.500.11822/44901 __________(2024). Global material flows and resource productivity. Nairobi: International Resource Panel. Disponible en https://www.unep.org/resources/report/global-material-flows-and-resource-productivity-assessment-report-unep 25

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Introducción ESCENARIOS Y TENDENCIAS DE LA SEGURIDAD EN MESOAMÉRICA ELVIRA CUADRA LIRA 27

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Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica M esoamérica, la región geográfica que comprende México y Centroamérica, ha sido históricamente un territorio de tránsito entre las dos masas continentales del hemisferio americano. Está integrada por ocho países independientes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Actualmente tiene una población estimada de 180.5 millones de habitantes(M), de los cuales la mayoría se localiza en México(129.5M) y el resto en Centroamérica(51M). De ellos, una cuarta parte son jóvenes en el rango etario que va de los 15 a los 24 años. A pesar de su potencialidad y riqueza, Mesoamérica pasa por una aguda crisis que tiene entre sus rasgos más relevantes las condiciones de pobreza e inequidad en la que vive más de la mitad de su población, con pocas oportunidades de acceso a educación, salud y servicios básicos; altos índices de desempleo y economías informales; efectos graves del cambio climático y la vulnerabilidad ambiental, así como el establecimiento de nuevos autoritarismos, militarismo, militarización, altos niveles de corrupción y una cada vez más creciente influencia del crimen organizado en las estructuras estatales y al más alto nivel. Dos de los efectos más funestos de este escenario son los altos niveles de inseguridad y violencia que experimenta toda la región. En su conjunto, estos escenarios alimentan los flujos de migración y desplazamiento forzado de personas originarias de Mesoamérica y de otras regiones geográficas que intentan llegar a Estados Unidos. 29

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Dinámicas de violencia e inseguridad Los escenarios de la inseguridad en Mesoamérica se pueden analizar desde tres dinámicas: a) delincuencia y criminalidad; b) crimen organizado, y c) violencia política. En cada una de ellas es posible identificar tendencias diferenciadas de comportamiento. Los datos relacionados con la delincuencia y criminalidad, generalmente provenientes de fuentes oficiales, muestran tendencias a la baja desde hace varios años, particularmente en 2021. Por ejemplo, en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, todos los países muestran una disminución significativa. El caso más destacado es El Salvador desde la implementación del llamado“modelo Bukele”. Sin embargo, la tasa de Costa Rica se ha incrementado de manera importante durante los años más recientes, mientras que México mantiene una tasa alta estimada en 29, con ligeras variaciones entre 2018-2022. Los femicidios, otra forma de violencia letal, muestran un comportamiento distinto a la tasa de homicidios porque, además, se han incrementado los niveles de saña y crueldad con los que las mujeres son asesinadas. La violencia sexual también muestra niveles preocupantes en todos los países y afecta principalmente a niñas y adolescentes. Uno de los hechos delictivos que más influye en la percepción y las condiciones de seguridad son los robos. 30

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Las estadísticas muestran una tendencia general a la disminución en la región, con excepción de Costa Rica y México, donde la tasa por cada 100 mil habitantes muestra un incremento a lo largo del tiempo. Sin embargo, existen variaciones significativas en las tasas que presenta cada país. De acuerdo con datos de Latinobarómetro(2015, 2016, 2017, 2018, 2020), la percepción de la seguridad como un problema disminuyó en todos los países de la región. Aunque en todos los casos había una tendencia de disminución sistemática, el declive más importante se produjo en 2020. A pesar de la disminución en la percepción de la seguridad como problema, el índice de victimización tuvo un comportamiento distinto. México, Panamá y Honduras son los países que muestran los índices más altos de victimización. Reconfiguración del crimen organizado De acuerdo con distintos reportes especializados, los grupos de crimen organizado transnacional están experimentando un proceso acelerado de reconfiguración en todo el mundo. El continente americano es el tercero con los mayores niveles de criminalidad, y los actores criminales, principalmente extranjeros, han incrementado su capacidad de influencia desde la pandemia por el Covid-19, mientras que los Estados se han convertido cada vez más en los principales medios para facilitar las economías ilícitas. Tal es el caso de México y Honduras. 31

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Dos factores clave son que la mayoría de los gobiernos se localizan en el rango de democracias deficientes, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, de manera que su resiliencia frente a la influencia del crimen organizado transnacional es baja. La existencia de conflictos sociales y el tratamiento que los gobiernos le dan a ese tipo de situaciones también disminuye esa resiliencia. Las principales actividades de crimen organizado transnacional identificadas en Mesoamérica son los delitos financieros, que incluyen el blanqueo de capitales; la trata y tráfico de personas; el tráfico de armas; el comercio de cannabis; el tráfico de drogas como cocaína, drogas sintéticas y heroína, y la extorsión y cobros ilegales por protección. De acuerdo con el Índice global de crimen organizado 2023 (GI-TOC, 2023), la criminalidad, los mercados criminales y la influencia de actores criminales se incrementó en Centro y Norteamérica durante 2023, mientras que la capacidad de resiliencia frente al crimen organizado disminuyó en Centroamérica. El mismo reporte señala que, durante la pandemia, los grupos criminales identificaron nuevos nichos y modalidades de operar, como la extorsión, la ciberdelincuencia y el mercado negro de productos esenciales. Dichos grupos no dejaron de realizar esas actividades una vez que las sociedades recuperaron su normalidad. 32

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Por otra parte, entre las tres regiones del hemisferio, Centroamérica es la que tiene el índice más alto de criminalidad y el nivel más bajo de resiliencia, de manera que es una zona vulnerable frente al alto nivel de interconexión y transnacionalidad de los mercados criminales. Creciente violencia política Mesoamérica se ha convertido en una región donde prevale la violencia política. Esta es ejercida principalmente por los Estados y los grupos criminales. Algunos de los ejemplos más críticos se pueden observar en México durante la pasada campaña electoral, con el asesinato de candidatos y candidatas en diferentes estados, así como los asesinatos y ataques sistemáticos a periodistas. Honduras es otro caso donde la violencia política se ha ensañado en contra de los defensores de los territorios y el medio ambiente. De acuerdo con los informes de algunos organismos internacionales, es el país con el riesgo más alto para realizar ese tipo de defensoría. Uno de los casos más críticos es Nicaragua, donde el gobierno ha instalado un estado policial desde hace varios años, ejerce una fuerte vigilancia y control político sobre la ciudadanía y mantiene una política de persecución en contra de diferentes grupos de personas a los que considera opositores. 33

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica En otros países de la región se han presentado diferentes episodios de movilización y conflictos sociales que incluyen incidentes de violencia política. Algunos casos son Panamá, con las protestas en contra de la minería; Costa Rica, en rechazo a los recortes presupuestarios a la educación, y Guatemala en 2023, después de las elecciones presidenciales y en rechazo a los intentos por suspender los resultados electorales. Varios análisis comparados realizados por CETCAM(Barberena, 2023; CETCAM, 2023; Ramírez, 2023) revelan que, en general, los contextos autoritarios que vive Mesoamérica han significado serias restricciones a los derechos y libertades ciudadanas. Estas incluyen al menos ocho formas diferentes de persecución a personas defensoras, organizaciones sociales, medios de comunicación y periodistas independientes, así como el uso de la judicialización como forma de criminalización. Escenario actual Mesoamérica es una región donde el escenario y las condiciones de la seguridad están cambiando desde hace años por la influencia de factores endógenos y exógenos. El comportamiento de los indicadores a través del tiempo muestra tendencias que se pueden considerar frágiles porque, aunque han disminuido en el tiempo, se encuentran en contraste con otras tendencias importantes, como el incremento de las diferentes formas de violencia y los índices de victimización que prevalecen. 34

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Por otra parte, a nivel territorial existen dinámicas de violencia y criminalidad que resultan en indicadores muy por encima de las tendencias nacionales e incluso regionales. Factores endógenos, como las difíciles condiciones de vida y las pocas oportunidades de inserción educativa y laboral, especialmente para las poblaciones jóvenes, ejercen una influencia importante como dinamizadores de ciertas formas de violencia e inseguridad. Además, alientan los flujos migratorios y el desplazamiento forzado. Por otra parte, la región se encuentra bajo presión de factores que se podrían considerar exógenos en tanto se relacionan con fenómenos transnacionales, como el crimen organizado, en especial el narcotráfico internacional y las reconfiguraciones que sus dinámicas de operación están experimentando; los flujos de migrantes irregulares que transitan por la región y se han incrementado durante los últimos años a causa de problemáticas sociales, pero también de la inestabilidad política, y los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad ambiental que afectan a numerosas poblaciones. Aunque algunas políticas de seguridad se puedan considerar exitosas, como en el caso salvadoreño, lo cierto es que son reactivas y, en general, muestran una preocupante tendencia hacia el endurecimiento, la adopción de enfoques punitivos y la militarización de la seguridad. En un contexto de democracias frágiles e instituciones débiles, esto representa un riesgo. 35

Escenarios y tendencias de la seguridad en Mesoamérica Bibliograf ía Barberena, J.(2023). Autoritarismo en Centroamérica. Persecución penal ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. San José: CETCAM. Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica(CETCAM, 2023). Nuevos autoritarismos, derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica. San José: CETCAM. Global Initiative against Transnational Organized Crime(GI-TOC, 2023). Índice global de crimen organizado 2023. Ginebra: GI-TOC. Infosegura(s.f.). Contribuciones a las políticas públicas de seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Infosegura, USAID, PNUD. Ramírez, K.(2023). Defensores bajo ataque. Persecución a personas defensoras de derechos en Centroamérica. San José: CETCAM. United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC, 2024). Intentional Homicide. Tomado de DataUNODC: https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims World Prison Brief(2024). World Prison Brief Data. Tomado de World Prison Brief: https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador 36

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Introducción MILITARIZACIÓN Y EXTRACTIVISMO VERDE: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA CAPITALISTA CARLOS TORNEL 38

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Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista E n México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, 2018-2024) profundizó, más que cualquier otra administración, la participación de las fuerzas armadas en un total de 27 áreas de casi todos los ámbitos de la vida pública. La Guardia Nacional, originalmente concebida como una fuerza civil, se militarizó rápidamente y, junto con el ejército y la marina, ahora tiene múltiples responsabilidades a su cargo: la construcción de aeropuertos; la administración del Banco del Bienestar; el desarrollo del(mal llamado) Tren Maya; la remodelación de hospitales; el combate al huachicoleo; 1 la vigilancia de las fronteras; la distribución de programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, y la distribución de fertilizantes, así como la administración de puertos y aduanas(Centro PRO, 2022). Esta creciente participación de las fuerzas armadas en la vida pública del país no es una anomalía. En América Latina, la tendencia hacia la militarización ha sido utilizada tanto por gobiernos de derecha como de izquierda: desde la militarización de territorios mapuches en Chile bajo el gobierno de Gabriel Boric, con el fin de garantizar“la movilidad de la mercancía”, pasando por la declaración de un estado de emergencia en Honduras por Xiomara Castro, que permitió la militarización de la policía, las prisiones y los sistemas judiciales, hasta el uso de militares en El Salvador para imponer un estado de sitio y disparar contra supuestos miembros de“pandillas criminales”(Kyle y Reiter, 2023). 1 Robo y venta ilegal de combustible. 40

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista Fuerzas armadas y extractivismo en América Latina La creciente dependencia en las fuerzas armadas se enmarca en un proceso de profundización del extractivismo en la región, y, al mismo tiempo, revela un síntoma más profundo de la crisis estructural del capitalismo. Por un lado, la militarización es, en parte, una respuesta al agotamiento del valor y a la dislocación sistémica del capitalismo, lo que evidencia la incapacidad del sistema para reproducirse en sus propios términos(Jappe, 2017; Ornelas, 2023). La disminución progresiva de la dependencia del trabajo vivo en la producción de valor ha llevado a una bifurcación en el sistema capitalista hacia un modelo que se sostiene cada vez más en dinámicas de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Esta dislocación de las fuentes“tradicionales” de producción de valor y plusvalía ha incrementado la dependencia del capitalismo en la guerra y la violencia como métodos para obtener naturaleza, energía, alimentos, minerales y trabajo“baratos”(Patel y Moore, 2017). Recurriendo a nuevas justificaciones que buscan reformular viejas formas de colonialismos para apropiarse de trabajo y energía no remunerados, el resultado ha sido una paradójica pero creciente dependencia del capitalismo en los Estados y en su capacidad para manipular el uso de la fuerza a través de grupos armados que operan tanto en esferas legales como ilegales. 41

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista Estos grupos resultan esenciales para imponer un régimen extractivo cada vez más violento que se normaliza y se presenta como“necesario” –habitualmente bajo el pretexto de la seguridad nacional y a través de la declaración de estados de excepción o emergencia–, con el fin de preservar mitos liberales y desarrollistas, como la“democracia representativa”, el“desarrollo sostenible” o el“crecimiento verde”. Por otro lado, en América Latina, el extractivismo ha sido una constante del capitalismo durante los últimos cinco siglos (Acosta, 2013). Sin embargo, los últimos 30 años han marcado una transición de los consensos extractivistas, pasando del“Consenso de Washington” –dictado por el pacto del mercado y el neoliberalismo– al“Consenso de los Commodities” –un modelo extractivo basado en la exportación de minerales no procesados, promovido por gobiernos progresistas o de centroizquierda para capturar rentas y financiar programas sociales, sin romper o transformar las estructuras capitalistas/ desarrollistas(Svampa, 2015). Recientemente, se ha dado paso a lo que Breno Bringel y Maristela Svampa(2023) denominan como el“consenso de la descarbonización”, que inaugura una nueva fase de acumulación por desposesión del capitalismo. Este consenso naciente plantea un pacto capitalista global orientado hacia la“transición energética” o el“desarrollo 42

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista sostenible”, bajo el argumento benevolente de“descarbonizar”, “mitigar” y“adaptarse” al cambio climático exacerbado por el propio capitalismo. Esto ha permitido identificar nuevas zonas de expansión y oportunidades de inversión. La proliferación de megaproyectos de energía solar y eólica, junto con el desarrollo de tecnologías como la geoingeniería, no sólo añade una“capa” adicional al modelo extractivo existente –creando nuevos intereses en la minería de los llamados “minerales críticos”, la ocupación y el despojo de tierras–, sino que también actúa como un espejismo que permite la reformulación de antiguos patrones coloniales, como la noción de Terra Nullius: tierras consideradas“vacías”,“ociosas” o“mal utilizadas”, ahora con un“potencial” para descarbonizar la economía(Gómez-Barris, 2017; Tornel y Montaño, 2023). Si, como señala Patrick Wolfe(2006), el objetivo final del colonialismo es asegurar el acceso a la tierra, el extractivismo verde y el consenso de la descarbonización representan un nuevo giro en el modelo de acumulación capitalista, inaugurando una fase de colonización aún más amplia(Isla, 2022; Lang et al., 2024), ahora justificada en nombre de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Los resultados son contundentes: América Latina se ha consolidado como la región más peligrosa para las personas defensoras del territorio. En la última década, se han documentado al menos 2,100 asesinatos, la mayoría relacionados con la minería y el desarrollo de megaproyectos 43

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista (Global Witness, 2024). México refleja esta tendencia, con al menos 204 asesinatos –una cifra conservadora–, mientras que los asesinatos y desapariciones vinculados a la llamada “guerra contra el narcotráfico” han dejado un saldo de 36,000 víctimas sólo durante el sexenio de AMLO(Paley, 2023). Bajo el pretexto de garantizar la“seguridad nacional” o de proteger la“soberanía”, los Estados han justificado una mayor militarización frente a amenazas como el crimen organizado, la crisis climática, emergencias sanitarias tipo la pandemia de covid-19, o incluso la interrupción del tránsito de mercancías y las cadenas de suministro. Estas circunstancias han sido utilizadas como una vía para instaurar estados de sitio permanentes, institucionalizando la emergencia como norma(Agamben, 2005). Un caso particularmente notable es el del crimen organizado, que opera tanto como justificación para los estados de emergencia, como en una confluencia de fuerzas que, según Dawn Paley(2014), ofrece una“solución” a largo plazo para los problemas del capitalismo. Combinando el terror con la implementación de políticas neoliberales, y abriendo territorios previamente inaccesibles al capitalismo globalizado, la distinción entre lo“lícito” y lo “ilícito” ha sido clave para el funcionamiento del capitalismo, que, como plantea Segato(2015), se sostiene a través de una “segunda economía”. 44

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista La interacción entre capitalismo, militarismo y extractivismo La llamada“segunda economía” no es ajena, sino central al capitalismo. Es una vía a través de la cual el capitalismo logra expandirse hacia territorios y formas de producción que antes eran inaccesibles. La nomenclatura oficial de “crimen organizado” o“cárteles de drogas” suele invisibilizar las industrias y cadenas de valor que se benefician de estas actividades, las cuales incluyen empresas transnacionales, banqueros, accionistas y, en muchos casos, a las propias fuerzas represivas del Estado(Paley, 2014). Reconocer la centralidad de las economías“ilícitas” implica comprender que la distinción entre lo lícito y lo ilícito no sólo es un eje clave del modelo extractivo-colonial, sino que ha sido parte del capitalismo durante los últimos 500 años a lo largo de sus diferentes regímenes de acumulación. Por tanto, la distinción resulta de las relaciones de poder que caracterizan y legitiman ciertas formas de acumulación mientras que excluyen otras(Terán, 2023). Recuperando el argumento de Agamben(2017: 2-3),“los poderes y las instituciones no están hoy deslegitimados porque hayan caído en la ilegalidad, sino más bien al contrario: la ilegalidad es tan difusa y generalizada porque los poderes han perdido toda conciencia de su legitimidad”. Lo extraordinario del momento actual radica en la paradoja de la creciente porosidad del Estado y la progresiva dependencia 45

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista en economías criminales que difuminan las fronteras entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, y esfuman la influencia y articulación de las instituciones oficiales y extraoficiales(Terán, 2023). Dicho de otra forma,“el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejaron de ser excepcionales para convertirse en estructurales y estructurantes de la política y la economía”(Segato, 2015: 76). La creciente difuminación de las fronteras entre estas esferas supone una ruptura con la forma tradicional de definir las intervenciones militares y los enfrentamientos armados del siglo XX y principios del XXI. La militarización y los conflictos bélicos ya no se limitan a enfrentamientos entre Estados; ahora atraviesan la vida económica y social, colocando la seguridad nacional y la organización logística del capitalismo en el centro. En su lugar, emergen como parte de un“régimen de guerra perpetua”, en el que gobernanza y administración militar están profundamente entrelazadas con las estructuras capitalistas, y viceversa(Hardt y Mezzadra, 2024). Así, la corporativización de las fuerzas armadas y la militarización de las corporaciones fomentan una cultura militar basada en una“pedagogía de la crueldad”. Esta promueve una nueva forma de guerra cuyo objetivo no es la victoria sobre un enemigo concreto, sino la guerra en sí misma –es decir, la guerra se convierte en una forma de existencia. La confluencia entre la crisis sistémica del capitalismo, el extractivismo y el militarismo se manifiesta en varios niveles. 46

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista En primer lugar, se observa una creciente militarización de los territorios como una forma de dominar y disciplinar las resistencias. Los conflictos socioecológicos en América Latina revelan una dependencia cada vez mayor en el uso de la fuerza por parte de los Estados para garantizar la acumulación por desposesión, desde la construcción de megaproyectos hasta la minería –tanto lícita como ilícita–, y para perpetuar una cultura del miedo que inhibe e inmoviliza la organización local(Zibechi, 2023). La militarización actúa como una estrategia de contrainsurgencia, acompañada de tácticas de ingeniería social que buscan manufacturar el consentimiento y legitimar el avance de los procesos extractivistas. Estas acciones incluyen el uso de propaganda, operaciones psicológicas, mecanismos de participación y reconocimiento, así como la provisión de seguridad y desarrollo social como herramientas de persuasión(Verweijen y Dunlap, 2021). En segundo lugar, el despliegue de las fuerzas armadas se presenta como una respuesta“natural” ante las declaraciones de estados de emergencia o ante la inseguridad para garantizar y salvaguardar los intereses de seguridad nacional. La creciente presencia del crimen organizado funciona paradójicamente como una forma de legitimar los estados de sitio, al tiempo que ofrece una alternativa para aquellas personas consideradas“desechables” o“inútiles” ante los ojos del capitalismo(Jappe, 2017), ofreciéndoles identidad, propósito o una vía de subsistencia(Terán, 2023). 47

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista En tercer lugar, se propone un“enverdecimiento” de la industria militar y la guerra(Bigger y Neimark, 2017; Edwards, 2023), que, además de actuar como una forma de“lavado verde” de las intervenciones militares, se convierte en una estrategia para generar nuevos espacios de valorización y acumulación en zonas de conflicto. El militarismo verde en México y sus consecuencias En México, el discurso político que proclama el fin del neoliberalismo funciona como un espejismo, ocultando la naturaleza profundamente capitalista y extractivista del gobierno de AMLO y la llamada“cuarta transformación”(4T). Lejos de romper con las estructuras del capitalismo, la 4T ha reconfigurado el territorio nacional para facilitar las inversiones y el tránsito del capital mediante megaproyectos como el Tren Interoceánico, el mal llamado Tren Maya, la construcción de aeropuertos y una megarrefinería estatal. La estrategia de AMLO(y su partido, Morena) ha consistido en captar el descontento popular y el desencanto con las élites partidistas, creando una estructura clientelar que depende de caciques locales y regionales, evitando así una verdadera transformación del modelo económico, político y social(Olvera y Gutiérrez, 2023). El resultado ha sido una creciente dependencia en las fuerzas armadas para garantizar el desarrollo y la legitimidad 48

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista de estos proyectos, acompañada de una guerra integral de desgaste y baja intensidad que relega los derechos de comunidades indígenas, campesinas y otros grupos marginados, con el fin de proteger los intereses del capital. Esta estrategia ha llevado al uso de discursos populistas de corte inmunológico, que criminalizan a migrantes, defensores del territorio, periodistas y activistas, etiquetándolos como “delincuentes”,“terroristas”,“amenazas a la seguridad nacional” o“extremistas”(Fryba, 2023). Dos ejemplos clave evidencian la violencia epistémica inscrita en el proyecto de la 4T y su alianza con las fuerzas armadas para articular el extractivismo y el despojo. El caso del Tren Maya muestra una apuesta por el etnocidio bajo el disfraz de“etnodesarrollo”, como lo propuso Fonatur en su Manifestación de Impacto Ambiental(Giraldo, 2022), profundizando el despojo y destrucción de la naturaleza con un enfoque colonial y clientelar que pretende llevar el “desarrollo sostenible” a la región. Asimismo, el caso de Ayotzinapa, sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, revela cómo el gobierno de AMLO se ha aliado con las fuerzas armadas, protegiendo sus intereses y perpetuando la impunidad en crímenes de Estado, a pesar de la abrumadora evidencia en contra del ejército(Gibler, 2023). 49

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista Las alternativas y el internacionalismo desde los“abajos” La supeditación del Estado al capitalismo ha dado lugar a un“giro ecoterritorial” en América Latina, promoviendo horizontes políticos alternativos más allá del Estado, el mercado y las democracias formales. Este giro pone en el centro la convergencia de diversos lenguajes y marcos emancipatorios, comunitarios y colectivos que replantean las luchas por la defensa del territorio y la resignificación de una “buena vida”(Svampa, 2018). Diversas configuraciones de“sociedades en movimiento” – compuestas por comunidades rurales, urbanas, periurbanas, indígenas y campesinas, entre otras– han territorializado sus luchas a través de la resistencia al capitalismo y la “reexistencia”, es decir, nombrando y proponiendo nuevas formas de ser, estar y conocer el mundo(Leff, 2017). Estas luchas desafían y rompen las estructuras capitalistas de producción de valor en defensa de las condiciones materiales y simbólicas que garantizan la reproducción de la vida común. Desde lo cotidiano, emergen propuestas de soberanías alimentarias y energéticas, la recuperación de verbos –como comer, aprender, habitar y sanar–, frente a sustantivos – alimentación, educación, vivienda y salud– que regresan la agencia y las capacidades a entidades locales y colectivas frente a la contraproductividad y la dependencia enajenante en las instituciones del Estado(Esteva, 2022). 50

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista En gran medida, estas prácticas surgen o adquieren carácter político como respuesta al avance del extractivismo y al recrudecimiento de la violencia en sus territorios. En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona(EZLN, 2005), los zapatistas proponen un diálogo para“construir desde abajo y por abajo una alternativa a la destrucción neoliberal”. En sintonía con su viaje a la“Europa insumisa”, en 2021, y reconociendo las nuevas formas de guerra, el zapatismo ha articulado un internacionalismo desde los muchos“abajos”, reconociendo las diversas formas de rebeldía en diferentes territorios, sin importar si se sitúan en el norte o en el sur del planeta. Dicho de otra forma, el internacionalismo que surge no pretende imponer una propuesta de liberación y un camino alternativo universal, sino que plantea construir un pluralismo radical a partir del cual sea posible transformar las pedagogías de la crueldad en pedagogías emancipatorias, ontológicas y liberadoras. Lo anterior implica la construcción de territorialidades más allá del Estado como una forma de propiciar diálogos y encuentros entre estas alternativas. Siguiendo la formulación zapatista, estas alternativas se articulan en torno a un rechazo compartido: un“‘No’ en común” o un rotundo“¡Ya basta!”, que da paso a una pluralidad de alternativas propias de cada territorio, historia y proceso(Esteva, 2022). 51

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista Aunque es anatema para muchos pensadores – particularmente en el ámbito de la sociedad civil–, la autodefensa será parte de muchos de estos procesos. Como señala Gelderloos(2021), la no violencia no sólo ha servido para deslegitimar a los grupos que buscan un cambio profundo, estructural y radical a través de una diversidad de tácticas, sino que también ha sido clave para justificar el uso de la fuerza en la opresión, pero no en la resistencia. Resulta paradójico interpretar este momento del capitalismo, caracterizado por una cuarta guerra mundial –que se libra desde la cotidianidad y en los cuerpos-territorios–, sin contemplar un esquema de autodefensa. A pesar de ello, la justificación del uso de la fuerza o la violencia contra la infraestructura y la opresión no implica reducir el debate sobre la autodefensa a una simple valoración de su legitimidad, sino entenderla como parte integral de la construcción de otros horizontes políticos más allá del Estado, el mercado y la democracia. Dicho de otra forma, la autodefensa –como la que se practica en Rojava(Siria), Cherán(Michoacán, México), en los territorios zapatistas(Chiapas, México) o en los del Cauca colombiano– es parte de una diversidad de tácticas que proponen agrietar el capitalismo. En vez de buscar alcanzar las estructuras de poder“allá arriba”, se empeñan en transformar y defender la realidad cotidiana desde donde otros mundos son posibles. 52

Militarización y extractivismo verde: dos caras de la misma moneda capitalista Bibliograf ía Acosta, A.(2013).“Extractivism and Neoextractivism: Two Sides of the Same Curse”. En Miriam Lang& Dunia Mokrani(Coords.), Beyond Development: Alternative Visions from Latin America (pp. 61–86). Fundación Rosa Luxemburg/ Abya Yala Ediciones. Agamben, G.(2005). The State of Exception. London: University of Chicago Press. Bigger, P. y Neimark, B.(2017).“Weaponizing Nature: The Geopolitical Ecology of the US Navy’s Biofuel Program”. Political Geography, 60: 13-22. Bringel, B. y Svampa, M.(2023).“Del‘Consenso de los Commodities’ al‘Consenso de la Descarbonización’”. Nueva Sociedad, 306: 51-70. Centro PRO(2022). Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. De Parres, F.(2023). Internacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. CLACSO. Edwards, N.(2023). Resisting Green Militarism: Building Movements for Peace and Eco-Social Justice. World Peace Foundation. Tufts University. Esteva, G.(2022). Gustavo Esteva: A Critique of Development and Other Essays. London: Routledge. EZLN(2005). Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Disponible en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/ Fryba(2023). Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Chiapas, México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Gelderloos, P(2021). The Failure of Non-violence. Olympia: Detritus Books. Gibler, J.(2023).“The Instruction: How the Lopez Obrador Administration Blew Up the Ayotzinapa Investigation”. NACLA – Report on the Americas, 55(4): 437-447. Giraldo, O.F.(Ed.)(2022). Conflictos entre mundos. Negación de la alteridad, diferencia radical, ontología política. México: ECOSUR, INAH, ENAH. 53

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Introducción 56

Introducción CRISIS CLIMÁTICA, EXTRACTIVISMOS Y VIOLENCIA EN MESOAMÉRICA RELATORÍA DE LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL DEL GRUPO DE TRABAJO REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Relatoría: María Alejandra Rico 57

Introducción 58

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional L as dinámicas de violencia en América Latina no pueden entenderse fuera del contexto de desigualdades e injusticias ambientales que producen las economías extractivas en la región. Así, hablar de crimen organizado supone abordar las economías lícitas e ilícitas; las disputas por el control de los recursos naturales, los territorios y las poblaciones; la militarización y la violencia proveniente de los Estados. En este sentido, los daños socioambientales están estrechamente ligados a las formas de violencia que anteceden y siguen al acaparamiento de tierras, la extensión de monocultivos y el cambio de uso de los suelos. Todo ello, en medio de crecientes amenazas a la democracia y un auge del autoritarismo y la extrema derecha alrededor del mundo. Los efectos del cambio climático aparecen en este escenario para profundizar problemáticas de largo y mediano plazo. Sin embargo, mientras este fenómeno concentra la atención del Norte global, son menos visibles las violencias y desigualdades que lo subyacen y que son bien conocidas en el Sur global, particularmente en América Latina. Esto hace especialmente relevante que los liderazgos socioambientales de la región tengan una voz propia en las discusiones globales, a fin de hacer visibles el trasfondo y los impactos de las agendas que se promueven para afrontar las consecuencias del cambio climático, así como aquellas centradas en la transición energética. 59

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional Este texto recoge y sintetiza las reflexiones de la primera reunión presencial de un Grupo de Trabajo Regional sobre Crisis Climática, Extractivismos y Violencia en Mesoamérica. Dicho encuentro convocó a participantes con trayectorias destacadas en la defensa de los derechos sociales y ambientales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Este espacio planteó la discusión desde Mesoamérica como una región que muestra la complejidad de las relaciones entre las violencias, los extractivismos y el cambio climático. Es claro que se trata de fenómenos que trascienden los límites nacionales, a través de proyectos extractivos de gran escala y una oleada de gobiernos autoritarios de derecha e izquierda en la mayor parte de la zona. Este Grupo de Trabajo tiene un antecedente importante. En 2022, el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo(SIPRI, por sus siglas en inglés) y el proyecto de seguridad regional de la Friedrich-Ebert-Stiftung en América Latina formaron un grupo de trabajo regional latinoamericano sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad en América Latina con expertos y expertas de diez países latinoamericanos. El informe que surgió de estas discusiones(Delgado et al., 2024) abordó cuatro ejes: gobernanza; extractivismo y cambios en el uso del suelo; justicia ambiental y climática, y protección de la naturaleza y los territorios. Algunas de las conclusiones de este documento fueron un punto de partida para la conversación desde y sobre Mesoamérica. 60

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional Las luchas socioambientales en el contexto de nuevos y viejos extractivismos(y sus viejas y nuevas violencias) Una vez situada la conversación sobre el estado de la relación entre violencias y extractivismo en los países de Mesoamérica, los participantes del Grupo de Trabajo dieron cuenta de su lectura sobre esta relación desde perspectivas nacionales, subregionales y locales. MÉXICO En México, el inicio de la“guerra contra el narco” en 2006, bajo el liderazgo del entonces presidente Felipe Calderón, fue un punto de inflexión para el ajuste y reordenamiento del crimen organizado en el país. También lo fue para que, tras un proceso progresivo de militarización, se hiciera borrosa la línea divisoria entre el crimen organizado y el Estado: todos los grupos armados están involucrados en el acaparamiento de los territorios. Durante los gobiernos de Felipe Calderón(2006-2012) y Enrique Peña Nieto(2012-2018), la estrategia de control estuvo marcada por el terror, el incremento de la violencia ejercida por actores estatales y la vulneración a los derechos humanos. 61

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional En cambio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) promovió el control a través de estrategias de intimidación e inició la construcción de varios megaproyectos que han significado una reorganización del territorio. La presencia de las fuerzas armadas en todos los rincones del país inhibe la participación y el involucramiento de las comunidades. Además, esta presencia ha conllevado la extensión de las prácticas y estéticas patriarcales en los territorios, lo que ha desatado violencias de género que no se habían visto antes en las comunidades. Al mismo tiempo, en este periodo se echaron a andar procesos para minar la organización comunitaria. Las comunidades están divididas entre la defensa de la autonomía y la política partidista oficial. La militarización de los territorios ha cambiado la lógica en cuanto a quién está a cargo de las tareas ambientales. Las consultas de información sobre los asuntos ambientales de esos megaproyectos ahora se tienen que dirigir a las fuerzas armadas. Lo mismo sucede con los litigios ambientales. Esta situación, y la mera presencia militar, inhibe a la población para oponerse a los megaproyectos. 62

CASO 1: LA COMUNIDAD DE TANCÍTARO, MICHOACÁN(MÉXICO) Grupo de Trabajo La preeminencia del crimen organizado en todos los territorios pone la esperanza en los pueblos y las comunidades que resisten a los órdenes criminales, a veces dentro de burbujas pequeñas. Esa es la historia del municipio de Tancítaro, en el estado de Michoacán, que es el primer productor y exportador de aguacate en México y el mundo, con cerca de dos millones de toneladas cosechadas en 2023(Agencia AFP y Sánchez, 2024). El 16 de noviembre de 2013, las comunidades del municipio se organizaron para expulsar de su territorio a las organizaciones de crimen organizado y construir una red territorial de vigilancia y protección, una nueva policía—el Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro— y otras formas de organización comunitaria que el año pasado cumplieron una década(González, 2023). En este periodo, la defensa de la autonomía ha sido permanente, pues detrás de los cárteles hay empresas multinacionales que aceleran el cercamiento de los territorios. Cada vez es más difícil contrarrestarlas. El tráfico de armas agudiza la situación de violencia, pues a estos territorios llegan las armas que se desechan de las grandes guerras(Ucrania, Franja de Gaza). Entretanto, los procesos de certificación ambiental del aguacate minan la economía local al no considerar a los productores medianos y pequeños. El gobierno mexicano no muestra interés en sentarse a dialogar con las comunidades sobre estas problemáticas, a pesar de definirse como el gobierno de los pueblos. 63

CASO 2: GÉNERO, DESAPARICIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE(MÉXICO) Florina Mendoza Jiménez Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios de América Latina han defendido sus territorios, pero también sus identidades, corporalidades y saberes, al hacer frente a múltiples estrategias invasoras, colonizadoras y bélicas. Las acciones y experiencias colonialistas han impuesto un patrón de poder hegemónico mundial, trazando órdenes sociales, políticos, económicos y culturales que se han desarrollado a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Rita Segato lo denomina conquistualidad y se refiere a él como un acto de continuidad de las condiciones impuestas que se reafirman constantemente a partir de prácticas que han ido perpetuando estas imposiciones. La siguiente cita sintetiza la idea: De la colonialidad se consuma un retorno a la conquistualidad[…] Para nuestro continente, América Latina, las formas extremas de crueldad que se expanden desde México, América Central y Colombia hacia el sur, su atmósfera dramática, caótica y crecientemente violenta, pueden ser atribuidas a la idea de que en nuestros paisajes la Conquista nunca se completó, nunca fue consumada, y es un proceso continuo todavía en marcha(Segato, 2016: 99). 64

El análisis que hace Segato es fundamental en términos de la continuidad de las violencias ejercidas hacia poblaciones originarias, entendidas como procesos continuos y constitutivos en nuestros territorios. Así, la empresa colonizadora no concluye, sino que persiste y se actualiza con el paso del tiempo. Esto se traduce en despojos y desplazamientos forzados, así como en desapariciones y asesinatos de defensoras y defensores. Frente a ello, la participación de las mujeres“indígenas” en la defensa del territorio se comprende desde el entendimiento de éste como una extensión de sus propios cuerpos que, por lo tanto, se debe cuidar, proteger y también sanar. De manera focalizada, planteo la experiencia de tres comunidades: Mier y Terán, Ndoyonoyuji y Guerrero Grande en el municipio de Atatlahuca, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Además de haber sido desplazadas de manera forzada, estas comunidades sufrieron asesinatos y aún demandan la aparición de cuatro personas, entre ellas, la defensora Irma Galindo, desaparecida el 28 de octubre de 2021. Es relevante señalar que prácticas extractivistas, como la tala clandestina de los bosques, no se generan sin el conocimiento y consentimiento de varios niveles de gobierno, ya sean municipales, locales o estatales, dimensión que deja a las comunidades expuestas a tácticas de despojo de sus territorios. México está catalogado como uno de los países más peligrosos a nivel mundial para las defensoras y defensores del 65

territorio. Global Witness(2022) advierte que 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021. De ellas, prácticamente la mitad eran“indígenas”, y cerca de dos tercios de los asesinatos sucedieron en los estados de Oaxaca y Sonora, en donde se identifica mayormente la presencia de compañías mineras, además de actividades de tala de bosques. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) recuerda que, cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas las personas en sus contextos de defensa, desprotección que se extiende a las zonas de cuidado. En las últimas décadas, las mujeres en México y América Latina han hecho frente a problemáticas que tienen una dimensión más amplia, en términos globales y extractivistas, con la apropiación de los“recursos naturales”(Olivera Bustamante et al., 2014: 38). Es clave señalar que estas afectaciones son un atentado contra la continuidad de la existencia de diversas culturas en México y el mundo, pero también contra la salvaguarda del medio ambiente y el equilibrio de la vida en el planeta. 66

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional PANAMÁ La situación de Panamá es distinta en tanto que es un país sin ejército. En su lugar, tiene fuerzas civiles: la Policía Nacional de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval(Senan), el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras. Aunque no hay militarización en sentido estricto, sí hay un papel de las fuerzas civiles en la regulación de los conflictos socioambientales, principalmente en la protección de intereses privados. Así sucede con la privatización de las zonas costeras y la limitación del acceso a las playas para la población panameña por parte de los oficiales de policía. En el último periodo de elecciones, fueron reelegidos varios diputados de la Asamblea Nacional investigados por vínculos con el narcotráfico. Se ha denunciado el uso de la dignidad legislativa para hacer acuerdos de compra del suelo marino en el Atlántico de Panamá y su usufructo en concesiones de hasta 10 años, el blanqueo de capitales y la venta de áreas costeras, así como la entrada de los bonos de carbono para el acaparamiento de los territorios colectivos donde habitan poblaciones originarias en Panamá. La población se ve afectada por el encarecimiento del costo de la vida, la limitación de la libre circulación por el territorio 67

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional panameño y las amenazas a los liderazgos que denuncian el vínculo corrupto entre los negocios extractivos, los líderes políticos y el daño a la biodiversidad. En la sombra de los paraísos fiscales revelados en las investigaciones sobre los Panama Papers, hay también denuncias sobre trata de personas y tráfico de madera. El Tapón de Darién, en la frontera con Colombia, es el primer paso en Centroamérica hacia Estados Unidos. Por allí cruzan a diario hasta 2,500 personas. Se enfrentan a una ruta peligrosa con ríos caudalosos, trochas y poca agua potable, pero también a grupos de crimen organizado que lucran de la migración y ejercen control del territorio a través de la violencia sexual y otras violaciones a los derechos humanos. La crisis humanitaria es de tales dimensiones que aún no se considera el impacto ambiental. En la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, uno de los lugares donde hubo resistencia a la minería, hay una persecución a las personas que resistieron. Además, en donde se resistió, hay presencia de narcotráfico. Actualmente, continúa habiendo personas perseguidas. 68

CASO 3: EL CONTRATO MINERO(PANAMÁ) Grupo de Trabajo En 2023, la Suprema Corte de Justicia de Panamá declaró inconstitucional una concesión estatal de explotación minera de cobre otorgada a una compañía canadiense. La historia del contrato-ley de la concesión evidencia la falta de transparencia que tiene lugar en estos acuerdos y negocios. Firmado en 1997, se habilitaba a la empresa minera First Quantum a explotar durante 20 años la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, con posibilidad de prorrogar este derecho por 20 años más. Organizaciones de la sociedad civil interpusieron una demanda en 2009, pero fue en 2017 que la Suprema Corte dio un fallo de inconstitucionalidad por la violación al acceso a un medio ambiente sano y limpio. El contrato sólo se hizo público en 2021, lo que aumentó el descontento ciudadano. En 2023, el gobierno panameño renegoció el contrato sin participación ciudadana. Tras varias semanas de protesta, este nuevo acuerdo fue, nuevamente, declarado inconstitucional(BBC News Mundo, 28 de noviembre de 2023). 69

CASO 4: MILITARIZACIÓN DISFRAZADA EN PANAMÁ Sharon Pringle Félix Existe una conexión entre los asuntos de seguridad y los de índole ambiental. Como otros países de la región, Panamá no es la excepción. Echar una mirada a las entrañas de los diversos Panamás que existen en 75,517 km² es un ejercicio amplio y retador que da cuenta de cómo las dinámicas de violencia se juntan con los temas ambientales. Esto fue posible en torno a la mesa de trabajo sobre Crisis climática, extractivismo y violencia en Mesoamérica, propuesta por los proyectos regionales de Transformación Social Ecológica y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. El caso panameño es complejo. Se trata de un territorio que pasó de una dictadura militar de 21 años, luego de una ocupación estadounidense de casi un siglo, a darse golpes de pecho por no tener un ejército. Es un lugar que, según los estándares de seguridad, está entre los países más seguros de la región. De ahí el fenómeno de recepción migratoria masiva, más allá de ser un paso de personas en movilidad hacia el norte. 70

Pese a lo anterior, en el interior de algunas zonas hay una “militarización disfrazada”. Se trata de áreas costeras donde hay complejos residenciales que han privatizado el acceso a las playas, además de puertos, áreas protegidas e islas donde hay un aparato de seguridad que no está lejano a las dinámicas que existían otrora. Las prácticas de militarización no han impedido el golpe del extractivismo, pese a que hay un aparato configurado para“proteger” dichas zonas. Es decir, cada instancia de seguridad de fronteras, aire, mar y tierra no dista de tener las normas que aplicaba Estados Unidos con sus bases, ni de las situaciones de represión que se padecieron durante la dictadura que terminó en 1989. A pesar de la competitividad que muestra hacia afuera, Panamá arrastra males que la hacen parecer un volcán dormido que puede despertar en cualquier momento. Recientemente, medios locales dieron cuenta de que el actual gobierno de José Raúl Mulino desplegó un aparato de seguridad con decenas de autos en zonas populares tachadas como“zonas rojas”. En esas acciones, más de 600 personas fueron aprehendidas por diversos delitos, incluyendo robos y otros tipos de actos. Esto, en momentos en que no dejan de aparecer en la prensa hechos de corrupción del gobierno pasado, algunos de ellos vinculados a sobornos para que la Asamblea Legislativa aprobara un contrato minero. 71

Los implicados no han dado respuesta a estas acusaciones concretas ante la justicia. Dicha permisividad, a un año de los sucesos que conmocionaron a la región, debido a las movilizaciones de la población, no parece acercarse al fin esperado de llevar a la justicia a los responsables de negociar con los bienes de todo un país. A un año de pedir que no se concedan extracciones en territorio panameño, muchas zonas costeras y áreas de riqueza ecológica viven esa militarización disfrazada que no las protege, sino que las secuestra, además de que se llevan a cabo perfiles raciales de los campesinos afrodescendientes y grupos originarios que las han cuidado desde siempre. 72

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional GUATEMALA Guatemala, por su parte, es un país exportador de materias primas para la generación de energía eléctrica, a saber, petróleo y minerales. Esto implica la llegada de megaproyectos que acentúan la violencia contra las mujeres, especialmente indígenas, que son quienes lideran las luchas contra el extractivismo y quienes realizan los plantones frente a las empresas mineras. Al hacerlo, se exponen a la estigmatización al interior de sus propias comunidades, que consideran que deben permanecer en sus casas. Los proyectos mineros e hidroeléctricos también desencadenan otros problemas sociales, como el alcoholismo, que a su vez profundiza la violencia intrafamiliar. Por último, la militarización de los territorios va de la mano con el ejercicio de violencia sexual contra las mujeres indígenas, como sucedió con la minería de El Estor y La Puya. Quienes violentan a las mujeres pueden ser los trabajadores que llegan desde fuera de los territorios, los funcionarios de las multinacionales, la policía o los militares. Múltiples violencias se suman así para ejercer control y poder sobre mujeres y territorios. Es al norte de Guatemala –en la región de Petén, Alta Verapaz– donde se concentran la minería y los monocultivos, y al mismo tiempo donde se aglutina la mayor pobreza del país, agudizada por la escasez de agua. En el país se puede observar la introducción de semillas transgénicas y una situación de injusticia en el trabajo agrícola, ya que, a pesar 73

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional de que los diferentes miembros de la familia realizan jornadas de trabajo, este es cobrado únicamente por el hombre. Mientras las mujeres y las juventudes libran batallas dentro de sus propias comunidades para construir estrategias de participación y visibilización, muchas de ellas con la identidad indígena en el centro, hacia afuera se enfrentan a multinacionales que intentan evadir las consultas comunitarias, en gran medida porque las pierden. El pueblo xinka ha dicho no a la minería en múltiples consultas populares. Un hito, que cumple 12 años, es la consulta de Mataquescuintla, Jalapa, en la que el 98% de la población votó no a los proyectos minero-energéticos en su territorio. En 2013, la Corte de Constitucionalidad la declaró como la primera consulta vinculante a escala nacional e internacional. Hoy se conmemora como un triunfo de la organización comunitaria en la defensa del territorio(Álvarez, 23 de noviembre de 2023). La llegada de Bernardo Arévalo(2024) a la presidencia puso de relieve una disputa por la democracia contra la corrupción que se libra desde los territorios más vulnerables. Quienes estuvieron al frente de esa lucha fueron las personas más pobres y discriminadas, así como los pueblos indígenas, quienes tuvieron una importante participación para que ganara el gobierno actual. Una vez en el gobierno, el gabinete ministerial fue compuesto paritariamente por hombres y mujeres, pero sólo una mujer indígena. Allí hay una deuda vigente. 74

CASO 5: EL ENCARCELAMIENTO DE BERNARDO CAAL XOL(GUATEMALA) Grupo de Trabajo Bernardo Caal Xol es un maestro, sindicalista y defensor de los derechos de la tierra y el territorio del pueblo maya q’eqchi’. En 2015, Bernardo defendía los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica Oxec II sobre los ríos Oxec y Cahabón en el departamento Alta Verapaz. Bernardo presentó varios recursos legales y en 2017 las cortes guatemaltecas reconocieron que se había violado el derecho a la consulta previa de las comunidades. Como consecuencia, Bernardo fue acusado de atacar a empleados de Etzone, S.A., contratista de Oxec, S.A. En 2018, fue condenado a siete años de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado. Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones de la sociedad civil centroamericana, revisó el expediente y, al no encontrar evidencia de que Bernardo cometiera delitos, lo declaró un preso de conciencia. El 24 de marzo de 2022, salió de prisión por buen comportamiento, pero no fue declarado inocente y su proceso continúa abierto (Amnistía Internacional, 25 de marzo de 2022). 75

CASO 6: CRIMINALIZACIÓN DE BERNARDO CAAL Y LA DEFENSA DEL RÍO CAHABÓN: EXTRACTIVISMO, VIOLENCIA Y LA CRISIS CLIMÁTICA EN GUATEMALA Glenda Yojana Ixtabalán El caso de Bernardo Caal está directamente vinculado con el modelo extractivista que prevalece en Guatemala, donde empresas transnacionales y nacionales han buscado explotar los recursos hídricos para la generación de energía, a menudo a costa de las comunidades indígenas. El río Cahabón es uno de los más grandes de Guatemala, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, en la región norte. Su importancia no sólo deriva de su extensión, sino de su relevancia cultural, ecológica y económica. Recorre varios municipios, entre ellos Cahabón, San Pedro Carchá y Laquín, conocidos por sus comunidades maya q’eqchi’, quienes dependen de él para su sustento. El río se ha visto impactado por la construcción de varias hidroeléctricas que han alterado los caudales y afectado el acceso al agua de miles de familias q’eqchi’. Estas plantas hidroeléctricas, como Oxec I y II, no sólo han causado graves daños ambientales, sino que han agudizado el conflicto social en la región(Martínez-Alier, 2019). 76

En 2011, la empresa hidroeléctrica Oxec, S.A., inició la construcción de la hidroeléctrica Oxec II en el río Cahabón, sin consultar a las comunidades locales. Bernardo Caal se opuso a la construcción debido a los impactos ambientales y sociales que podría generar. En 2015, Caal fue detenido y acusado de“incitación a la violencia” y“daños a la propiedad” por su participación en protestas pacíficas. En represalia por su liderazgo, fue arrestado y en 2018 lo condenaron a más de siete años de prisión por robo agravado y detenciones ilegales, cargos que las organizaciones de derechos humanos han denunciado como fabricados para silenciar su activismo. Amnistía Internacional declaró a Bernardo Caal un preso de conciencia, argumentado que“su encarcelamiento responde a una campaña de criminalización de su activismo por la defensa de los derechos ambientales y colectivos de las comunidades indígenas”(Amnistía Internacional, 2022). Su encarcelamiento impactó profundamente a su familia, dejándolos emocionalmente afectados y económicamente vulnerables. Su esposa e hijos han sufrido estigmatización, miedo e incertidumbre por su ausencia, lo que ha debilitado la estabilidad de su hogar. Caal, líder indígena q’eqchi’, fue condenado por su lucha contra proyectos hidroeléctricos que afectaban a su comunidad. Su encarcelamiento envió un mensaje de intimidación a otros líderes indígenas y activistas, buscando 77

disuadirlos de resistir a la explotación de recursos naturales. Sin embargo, también inspiró movilizaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Su criminalización simboliza la marginación histórica de los pueblos indígenas y su lucha por preservar sus tierras y recursos sagrados. La lucha de Caal por proteger los ríos es también una defensa de la identidad cultural y espiritual de su pueblo, profundamente conectada con la tierra. En este caso, el extractivismo está vinculado con el despojo territorial de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos colectivos. Además de ver comprometido su acceso al agua, las comunidades sienten que se pone en crisis su relación cultural y espiritual con el territorio. Según Gudynas(2020), el extractivismo no sólo implica la extracción de recursos naturales, sino la imposición de una lógica económica que desestima las formas locales de vida y genera conflictos ambientales y sociales. Es importante enfatizar que la criminalización de Bernardo Caal por la defensa del río Cahabón se debe analizar desde varios aspectos, como la violencia sistémica contra los defensores del territorio o defensores ambientales, el extractivismo en Guatemala y la relación de estos fenómenos con la crisis climática, especialmente en regiones indígenas. Es necesario destacar la manera en que las industrias extractivas, como la hidroeléctrica, desplazan a las comunidades y contaminan sus tierras y aguas. 78

Los proyectos hidroeléctricos en el río Cahabón han privatizado el agua y reducido el acceso a este recurso vital para las comunidades. Este patrón de criminalización no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de violencia contra los defensores ambientales en Guatemala y América Latina en general, donde, en ocasiones, la industria extractiva y el Estado han actuado conjuntamente para deslegitimar a quienes se oponen a la explotación de recursos naturales. La expansión de megaproyectos hidroeléctricos en Guatemala ha sido presentada como una solución para generar energía“limpia”. Sin embargo, estas actividades suelen tener consecuencias negativas sobre el medio ambiente local y global. En el caso del río Cahabón, la construcción de represas ha alterado gravemente los ecosistemas fluviales, afectando la biodiversidad y agravando los efectos del cambio climático. Es importante indicar que el cambio climático, alimentado por la destrucción de los ecosistemas y la alteración de los ciclos naturales, afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, que dependen directamente de esos entornos para su subsistencia(Gudynas, 2020). En este sentido, la lucha de Caal y las comunidades q’eqchi’ es no sólo una defensa de sus territorios, sino una resistencia frente a un modelo de desarrollo que contribuye a la crisis 79

climática. La criminalización de defensores del territorio, como Caal, refuerza un sistema que busca perpetuar el control sobre los recursos naturales, incluso cuando esto significa la destrucción de los ecosistemas y la vulneración de los derechos humanos. El encarcelamiento de Bernardo Caal Xol es un ejemplo paradigmático de cómo la defensa del territorio en Guatemala enfrenta la oposición de intereses poderosos que priorizan la explotación de los recursos por encima del bienestar de las comunidades y la sostenibilidad del planeta. La criminalización de los defensores del territorio no sólo es una violación a los derechos humanos, sino que también contribuye a profundizar la crisis climática, ya que obstaculiza la protección de los medios naturales de vida esenciales para mitigar los impactos del cambio climático. 80

CASO 7: LUCHA Y RESISTENCIA DEL PUEBLO XINKA Glenda Yojana Ixtabalán El pueblo xinka se asienta principalmente en el sureste de Guatemala, y ha estado históricamente en lucha por la defensa de su territorio y medios de vida. En los últimos años, esta resistencia se ha intensificado debido a la creciente presión de las industrias extractivas –especialmente la minería–, que han impactado gravemente a sus comunidades. Las concesiones otorgadas a empresas extranjeras para explotar los recursos minerales han generado conflictos que evidencian la violencia estructural, el modelo extractivista imperante y su relación con la crisis climática. Uno de los casos más emblemáticos de la lucha del pueblo xinka contra el extractivismo ha sido su oposición al proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources(ahora Pan American Silver). Esta mina de plata, una de las más grandes del mundo, ha sido objeto de controversia por sus impactos ambientales y la falta de consulta previa a las comunidades afectadas, en violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El proyecto minero se encuentra en San Rafael Las Flores, un territorio ancestralmente habitado por el pueblo xinka. 81

Las comunidades locales han denunciado que la mina ha causado la contaminación del agua, el desvío de ríos y la degradación de los suelos, afectando su agricultura y subsistencia. Como señala Martínez-Alier(2019), el extractivismo en territorios indígenas implica“una lógica de despojo y apropiación de los bienes naturales, en la que se prioriza el beneficio económico sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios”. El pueblo xinka ha recurrido a la resistencia pacífica, organizando consultas comunitarias donde la mayoría de la población ha rechazado la presencia de la mina. Sin embargo, pese a los resultados de estas consultas, el gobierno guatemalteco ha permitido que la empresa continúe con sus operaciones, lo que ha exacerbado las tensiones en la región. En 2013, la empresa Tahoe Resources fue acusada de ordenar un ataque armado contra manifestantes pacíficos que protestaban frente a la mina. El informe de Amnistía Internacional(2016) documenta cómo la violencia contra los defensores del territorio ha aumentado significativamente en Guatemala, con líderes indígenas enfrentando criminalización, persecución y, en muchos casos, asesinato. El uso de la fuerza por parte de las empresas extractivas, en connivencia con el Estado, refleja un patrón de violencia sistemática dirigido a silenciar a los defensores de derechos humanos y ambientales. 82

En este contexto, la criminalización de líderes indígenas como una estrategia para deslegitimar su lucha es evidente. Como explica Solano(2019),“la violencia en las regiones afectadas por proyectos extractivos no es incidental, sino parte de un sistema que utiliza la represión para asegurar la continuidad del modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales”. Es importante indicar que la minería de metales preciosos requiere enormes cantidades de agua y energía, lo que exacerba el estrés hídrico en las comunidades locales y acelera la degradación ambiental. Gudynas(2020) señala que “el extractivismo está directamente vinculado con la crisis climática, ya que destruye los ecosistemas que son vitales para la regulación del clima global y el mantenimiento de la biodiversidad”. En el caso del pueblo xinka, la degradación de sus tierras afecta su capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático, como sequía y variaciones en los patrones de lluvia, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria y su forma tradicional de vida. Además, el pueblo xinka sostiene que su relación con la tierra no es meramente económica, sino espiritual, y que la destrucción de sus territorios también afecta su identidad y cosmovisión. Esta conexión profunda con el territorio y la naturaleza está en el centro de la lucha contra el 83

extractivismo. No sólo se busca preservar los recursos para las generaciones futuras, sino también defender una forma de vida en armonía con el medio ambiente. Por último, es importante evidenciar que la resistencia del pueblo xinka frente a proyectos como la mina Escobal no sólo es una lucha por la defensa de su territorio, sino también por la justicia climática y el reconocimiento de sus derechos. La criminalización de los líderes xinka y la violencia que enfrentan son indicativos de cómo el modelo extractivista, impulsado por intereses corporativos y gubernamentales, sigue perpetuando la desigualdad y el despojo en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. 84

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional COSTA RICA El cambio climático está provocando una desestructuración importante en Costa Rica, un país que tampoco tiene ejército, pero donde hoy en día se observa la presencia de grupos criminales disputando el control territorial. Estos cambios en los ecosistemas están llevando a una reducción del espacio, por ejemplo, en las costas, mermando la actividad de la pesca. Hay una creciente privatización y gentrificación de las playas, donde se puede observar territorios privados a los que no llega la institucionalidad. Esto tiene el efecto de aumentar la pobreza estructural en las regiones costeras, dejando a la población más vulnerable frente a las actividades ilícitas y el crimen organizado. En consecuencia, la violencia ha aumentado a lo largo de últimos años, en particular el homicidio. Este crecimiento está relacionado con que Costa Rica se convirtió en un punto de trasiego de droga hacia el norte. Los grupos de crimen organizado se despliegan en los territorios para establecer áreas de operación. Para hacerlo, talan zonas boscosas y construyen aeropuertos clandestinos. Simultáneamente, tienen operadores políticos que van a las comunidades y“compran” a los liderazgos, por ejemplo, mediante la financiación de la infraestructura hídrica para poblaciones. También financian campañas políticas en alianza con el sector piñero. 85

CASO 8: EXPANSIÓN PIÑERA(COSTA RICA) Grupo de trabajo En las áreas rurales de las fronteras sur y norte de Costa Rica, el sector piñero genera 30,000 empleos, pero a costos sociales y ambientales muy altos. Esta economía, aunque legal, se beneficia de la tala ilegal para instalar monocultivos de piña, destruyendo los bosques, cerca o dentro de las áreas naturales protegidas. Allí se erosionan los suelos hasta quedar desérticos; hay dragados de humedales; se contaminan mantos acuíferos, y se fumigan agroquímicos que afectan también a las comunidades. Muy pocos emprendimientos cuentan con estudios de impacto ambiental. Al extenderse, los sembrados de piña causan la desaparición de cultivos de yuca y plátano. También deterioran la diversidad de fauna, compuesta de lapas, venados, perezosos y aves. El sector también está presentando situaciones de trata de personas, sobre todo en la frontera con Nicaragua. Se caracteriza por la precarización laboral, que afecta significativamente a los migrantes que no tienen acceso a derechos laborales por su condición irregular. Las jornadas extenuantes inhiben la cohesión social, se corrompe a los líderes de las asociaciones de desarrollo y a muchos pastores de iglesias, infiltrando los movimientos sociales. En definitiva, es una actividad económica que desplaza la vida social y comunitaria. 86

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional El gobierno de Rodrigo Chaves(2015) intenta revertir la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en 2010, obtenida gracias al apoyo masivo de la población, que hace de Costa Rica un país de tradición jurídica ambientalista. Ante la existencia de minería artesanal liderada por grupos del crimen organizado, el poder ejecutivo asegura que es mejor una minería“legal”, así sea perjudicial para la naturaleza y las poblaciones, que una minería“ilegal” promovida por el crimen. Es el caso de la invasión que comenzó en 2015 en Crucitas, la zona de minería de oro más grande de Centroamérica. Al mismo tiempo, el gobierno usa argumentos xenófobos que calan en la población, puesto que los grupos armados son responsables del tráfico de personas con migrantes nicaragüenses que trabajan en la minería artesanal. De esa forma, se promueve un antagonismo hacia los liderazgos socioambientales, que también son los principales enemigos del crimen organizado, lo que los pone doblemente en riesgo. Sin escapar del populismo que impacta a otros países de la región, la institucionalidad pública costarricense está debilitada, con un poder judicial que intenta hacer contrapeso a los embates que provienen de los otros poderes públicos, el empresariado y los grupos de crimen organizado, y al mismo tiempo con una constante invitación por parte del gobierno a la confrontación con los sectores ambientales. En el país se puede observar una creciente narrativa de permisividad hacia la violencia, así como una incapacidad del gobierno para entablar el diálogo. 87

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional Existe entonces un aumento de la migración y, con él, un aumento del discurso xenófobo y un crecimiento de la violencia a partir de que Costa Rica se ha convertido en un punto de trasiego de cocaína, mientras que se han debilitado las fuerzas policiales para enfrentar dicha situación. NICARAGUA En Nicaragua, el régimen dictatorial de Daniel Ortega se sostiene sobre el terrorismo de Estado ejercido por el ejército, la policía y grupos paramilitares, apoyados por los bancos y el capital financiero. Así, se ha visto una escalada de la represión a partir de las protestas populares de 2018. A pesar de la ilegitimidad internacional de su gobierno, el país muestra un crecimiento económico estable y recibe financiamiento de entidades como el Fondo Monetario Internacional(FMI) y el Banco Mundial. Lo anterior se fundamenta en economías extractivas, como la ganadería extensiva, la pesca de arrastre(prohibida en Costa Rica), el tráfico de especies, la minería legal e ilegal, la exportación de oro y plata y el cultivo de palma africana – además de 141 concesiones mineras en territorios indígenas–. Esto ha provocado niveles muy altos de deforestación e incidencia de incendios, la contaminación de fuentes hídricas y la afectación de áreas protegidas. 88

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional El cierre de espacios cívicos, la disminución del gasto social, los crímenes de lesa humanidad y una política fiscal agresiva con la ciudadanía ha detonado una migración masiva. El régimen también se ha capitalizado a través del narcotráfico y el tráfico de especies, así como gracias a los ingresos obtenidos en las rutas migratorias(de latinos, africanos y asiáticos). Se calculan más de 400 personas desnacionalizadas y una migración del 10% de la población nativa. Hay una criminalización sistemática y cierre de espacios cívicos sin distinción, así como graves violaciones a los derechos humanos. Además, se han extendido la política neoextractivista, los megaproyectos y la falta de consultas previas libres e informadas. 89

CASO 9: BIOCLIMA(NICARAGUA) Grupo de trabajo En 2020, el proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan había sido apoyado por Fondo Verde del Clima, órgano de las Naciones Unidas creado en el marco del Acuerdo de París para financiar la lucha contra el cambio climático, con una dotación de 116 millones de dólares. En 2021, varias organizaciones de la sociedad civil, indígenas y afrodescendientes denunciaron irregularidades en la implementación del proyecto por parte del gobierno nicaragüense, pasando por encima de los derechos de las comunidades, como el de consulta previa. El gobierno de Daniel Ortega había concesionado cerca del 60% de la Reserva de la Biósfera de Bosawás, y desde la aprobación del proyecto habían sido asesinados 13 pobladores indígenas del territorio, incluyendo dos menores de edad. Tras cuatro años de pulso legal, el Fondo Verde sujetó la aprobación del proyecto a ciertas condiciones que garanticen su transparencia(Alonso, 12 de abril de 2024). 90

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional HONDURAS Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores o defensoras ambientales. Según Global Witness, desde 2010 han sido asesinados al menos 149 defensores y defensoras, en muchos casos a manos de la policía y el ejército. La extradición y condena por narcotráfico en Estados Unidos del expresidente José Orlando Hernández(Moynihan, 8 de marzo de 2024) fue un paso importante para combatir la impunidad de su clase política, pero varias de las estructuras criminales que representaba siguen vigentes. En el país hay una agenda ambiental securitizada: desalojos y desplazamientos para evitar la deforestación, batallones verdes y la creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que ha realizado 33 desalojos violentos a grupos de campesinos indígenas Ante la preeminencia del pensamiento militar para gestionar estos conflictos, lo ambiental se vuelve una arena pública en disputa. El gobierno de Xiomara Castro(2022) no ha revertido esta tendencia y ha continuado la militarización de los territorios, así como la criminalización y el enjuiciamiento de quienes se oponen a los proyectos mineros y agroextractivos. 91

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional Hacia afuera del gobierno hay políticas contra la minería y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hacia adentro prevalecen los compromisos económicos con las élites locales, incluso aquellas vinculadas al narcotráfico y la narcominería. Se suma a esta situación que el país se ha vuelto un productor de droga. La zona de la Tocoa y la Mosquitia, donde fue asesinado Juan López, se ha transformado en un área de trasiego. Asimismo, ha aumentado la explotación minera. Desde 2013, el gobierno ha concesionado las reservas de hierro a empresas chinas. Hay concesiones mineras en por lo menos 25 áreas protegidas. 92

CASO 10: GUAPINOL Y SECTOR SAN PEDRO(HONDURAS) Grupo de trabajo En el municipio de Tocoa, departamento de Colón, está en desarrollo un megaproyecto extractivo que compromete a los ríos Guapinol y San Pedro, la quebrada Ceibita y el Parque Nacional Carlos Escaleras. Dirigido por el grupo EMCO, el proyecto supone la extracción de óxido de hierro de áreas protegidas, una planta de peletización y la producción de energía mediante la quema de petróleo de coque, altamente contaminante. Varias comunidades de Tocoa instalaron el Campamento de Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, así como cabildos abiertos para hablar públicamente sobre los impactos del megaproyecto. En respuesta, el Estado militarizó la zona y emprendió una campaña de criminalización y judicialización de las comunidades. Cuatro líderes han sido asesinados. El caso más reciente es el de Juan López. 93

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional EL SALVADOR La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prórroga número 32 del Régimen de Excepción, que comenzó en marzo de 2022. El modelo de seguridad ahora impuesto se basa en la suspensión de las garantías constitucionales, la automatización de los procesos –capturas sin mayores pruebas, capturas en flagrancias y detecciones por actividades ilícitas– y la automatización de la prisión previsional. El órgano judicial no tiene capacidad de respuesta ni de control. En este periodo, al menos 73,000 personas fueron detenidas y a la mayoría se le impuso prisión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) ha recibido denuncias sobre detenciones ilegales y arbitrarias, sistemáticas y generalizadas; allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes(CIDH, 4 de septiembre de 2024). Por añadidura, hay una opacidad completa en los datos, ya que son reservados. A partir de 2021 se reporta un aumento de la presencia militar en los territorios. El Régimen de Excepción también ha servido para intimidar territorios organizados, así como para amenazar y desplazar a poblaciones que se atraviesan en proyectos de infraestructura urbanística, turística y extractiva, además de rutas de narcotráfico. 94

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional También se ha usado para criminalizar a las personas defensoras ambientales, al detener a sus familiares y acusarlos de pertenecer a pandillas. La estrategia del miedo ha funcionado, y las organizaciones sociales, los periodistas y las personas con diversidad sexogenérica están paralizadas, sintiendo que hay un contexto en el que no vale la pena exponerse, pues los discursos de odio han calado en buena parte de la sociedad salvadoreña. También hay una institucionalidad debilitada, particularmente el poder judicial, que no es independiente. De este modo, el Estado tiene el papel de facilitar el extractivismo y hacerlo exprés. El gobierno está recuperando las tierras de cooperativas que no estaban regularizadas, aumentando así el acaparamiento. Al mismo tiempo, se está apostando por el agroextractivismo a través del aumento de la frontera de la caña. Las playas se están poniendo a disposición de urbanizaciones y se nota un aumento de la gentrificación. También se observa un fenómeno de control territorial para que los empresarios puedan construir. 95

CASO 11: AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL PACÍFICO(EL SALVADOR) Grupo de trabajo El Aeropuerto Internacional del Pacífico, que se construye en la zona oriental del país, es un proyecto insignia del gobierno de Nayib Bukele(2019). Su ejecución ha implicado la aprobación de leyes ad hoc que le permiten al gobierno expropiar y fijar los precios de las propiedades de la zona –muy por debajo de su valor comercial–(Miranda y Chávez, 29 noviembre de 2023), con poca transparencia sobre las consultorías que dieron lugar al proyecto y denuncias de corrupción en el licenciamiento ambiental, pues el aeropuerto se construye en un área protegida: un sitio Ramsar de bosque manglar. Esto es posible porque el Ministerio de Ambiente cambió el uso del suelo de área protegida a área urbanizable. La zona también está asociada al tráfico de drogas y había sido previamente abandonada por el Estado. 96

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional PANORAMA REGIONAL En varias de las experiencias relatadas sobre los diversos países de la región hay algunos nodos que atan cabos que suelen considerarse de manera independiente. Uno de los factores más reiterados es el involucramiento del crimen organizado en las actividades extractivas lícitas e ilícitas, desde su papel en el desplazamiento forzado de poblaciones en los territorios sobre los que se proyectan megaobras, la intimidación y el ejercicio de la violencia en contra de las comunidades organizadas y la explotación de migrantes en condición irregular, hasta su alianza con élites locales para el lavado de dinero y la captura de los poderes político, legislativo y judicial. En este último punto aparece lo que el grupo denominó corrupción extractiva, como el engranaje que promueve y facilita los marcos jurídicos y la impunidad necesaria para que las empresas actúen de manera“legal”, aunque estén perjudicando al medio ambiente y las poblaciones locales. Todavía más, hay indicios de que la inversión pública en infraestructura y grandes obras busca potenciar las rutas típicas de diversos tipos de tráfico ilegal. Si bien no se trata de diagnósticos exhaustivos, hay un vínculo claro entre la violencia ejercida por grupos armados, legales o ilegales, los proyectos extractivos, el debilitamiento de la democracia y, como un punto común en Mesoamérica, 97

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional la alta exposición y riesgo que enfrentan las y los defensores ambientales, quienes corren el velo sobre estas relaciones. El trabajo de defensa y organización comunitaria es una forma de contrarrestar el cierre progresivo de espacios cívicos o la estigmatización de las formas de organización comunitaria. Respuestas de gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones sociales: herramientas ambivalentes, discursos con sombras y alternativas para la movilización Las respuestas de los gobiernos ante el tipo de tramas que se expusieron en el acápite anterior tienen un carácter ambivalente, aun cuando se trata de iniciativas de protección de los derechos de los defensores, las defensoras y las comunidades. Muchos de los instrumentos legales y marcos jurídicos para la protección del medioambiente y sus defensores y defensoras son herramientas para los movimientos sociales, pero con frecuencia tienen problemas de transparencia, efectividad y voluntad política que van en detrimento sus objetivos. Por ejemplo, los mecanismos de protección de defensoras y defensores en México(Gobierno de México, 3 de mayo de 2016) y Honduras(Poder Legislativo de Honduras, 2015) son un referente para la región, pero no son lo suficientemente eficientes a la hora de prevenir delitos graves y amenazas a la seguridad contra estas personas. 98

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional En esta categoría también están las plataformas de información ambiental, que a veces no están actualizadas o no son del todo accesibles, y la firma y ratificación de pactos, acuerdos y convenios internacionales, tales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT). No pocas veces, estas adhesiones a favor de los derechos humanos y ambientales ocurren en escenarios en los que al mismo tiempo se hacen modificaciones normativas a favor de las empresas extractivas. En esta vía, la creación de espacios de consulta y participación ciudadana puede pervertirse en escenarios de validación burocrática de los proyectos, sin facilitar la discusión y participación comunitaria real. Otra respuesta extendida de los gobiernos tiene que ver con la utilización de las fuerzas armadas y policiales para intervenir en conflictos socioambientales, a través de la intimidación, la estigmatización y la violencia directa. Se crean de esta manera espacios de inseguridad que inhiben la participación y estigmatizan, aun dentro de las mismas comunidades, a quienes se oponen a los grandes proyectos extractivos. Minar la cohesión comunitaria, al favorecer a ciertos grupos o sectores dentro de las poblaciones, es una estrategia cada vez más común por parte de empresas y Estados. El poder judicial ha jugado un rol de contrapeso a los excesos del ejecutivo, especialmente en Costa Rica y Panamá, al detener proyectos que abiertamente violan las normativas locales e 99

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional internacionales. En otros países de la región, el poder judicial ha sido instrumentalizado para estigmatizar y criminalizar la organización comunitaria. En cuanto a los organismos multilaterales que asumen un rol en estos conflictos, la CIDH y las Naciones Unidas aparecen como los más destacados. La primera, a través de los informes de país, las visitas in loco, las medidas cautelares y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La segunda, mediante recomendaciones, comunicaciones urgentes, informes, pactos y convenciones. Las organizaciones de cooperación internacional también juegan un papel de aliadas que financian y sirven de plataforma de diálogo para la sociedad civil. Finalmente, bancos internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) y el Banco Mundial pueden ejercer presión al condicionar el financiamiento a los Estados. Sin embargo, todo lo anterior viene con costos políticos y sociales atravesados por el paternalismo y las relaciones desiguales entre el Norte y el Sur globales, por ejemplo, con la imposición de agendas globales que no siempre representan las prioridades de la región y los condicionamientos sobre los tipos de organizaciones y discursos que son reconocidos en estos marcos. Finalmente, surgen las iglesias de distintas denominaciones, ya sea como aliadas con una capacidad de movilizar afectiva y moralmente a las comunidades, o como actores para la desmovilización y la estigmatización de las luchas sociales. 100

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional El trabajo y las alianzas para empezar a andar el camino hacia otras formas de vivir, producir y gobernar Ante este ajedrez, las organizaciones comunitarias hacen lecturas para posicionarse estratégicamente y adelantar sus propias agendas y procesos. También para activar los engranajes institucionales y el apoyo internacional hasta donde no afecten su autonomía. No es un proceso fácil, y los procesos organizativos pueden verse afectados. Las estrategias aplicadas por los pueblos abarcan el litigio estratégico, la investigación aplicada, las redes y protocolos de protección y autocuidado, la construcción de narrativas y medios de comunicación alternativos, el fortalecimiento identitario y el diálogo político. El Grupo de Trabajo identificó algunas estrategias necesarias en el interior de los movimientos y en su relación con otros actores sociales para avanzar en el tránsito hacia el mundo que queremos: sistemas más democráticos que permitan que las comunidades decidan de acuerdo con sus formas de vida y necesidades; Estados basados en la participación ciudadana y la transparencia; la disminución de los cuerpos armados a su mínima expresión; el reconocimiento de los límites de los recursos naturales, y la construcción de modos de vida menos consumistas. A la pregunta sobre qué es posible hacer, se destacó la necesidad de despatriarcalizar desde el interior de las 101

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional comunidades y movimientos, a partir del reconocimiento y la valoración del cuidado en todos los espacios de la vida, incluida la política, y la importancia de considerar las emociones y actitudes que entran en juego, no como algo adicional a las luchas sociales, sino como parte constitutiva de éstas. Aprender a hablar y negociar reconociendo a los otros y las otras(aunque piensen y actúen distinto) parece algo pequeño, pero se vuelve una acción estratégica. Se trata de buscar y crear otras formas de hacer política, de involucrarse y ser sujetos políticos. Asimismo, hay que visibilizar las experiencias que están funcionando en las comunidades, más allá de lo desesperanzador del contexto general: la creación de hidroeléctricas y cooperativas comunitarias para producir lo que se necesita, sin explotar a la naturaleza o a las personas, es una experiencia de ciertos municipios de Guatemala que con certeza existe con sus propias formas y estrategias en distintos territorios. Se trata de trascender el diagnóstico pesimista y buscar la posibilidad de la esperanza y la justicia. 102

Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional Bibliograf ía Agencia AFP y Sánchez, A.(28 de junio de 2024).“Michoacán es el mayor productor mundial de aguacate, más de la mitad de la cosecha se exporta a EU”. Telediario MX. https://www.telediario.mx/nacional/michoacan-el-mayor-productor-de-aguacate-en-el-mundo Alonso, J.(12 de abril de 2024).“Por vulnerar derechos: Nicaragua pierde fondos millonarios”. DW. Disponible en https://www.dw.com/es/nicaragua-pierde-millones-de-fondos-clim%C3%A1ticos-por-vulnerar-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/a-68798842 Álvarez, G.(23 de noviembre de 2023).“Mataquescuintla: conmemoran 11 años de la primera consulta municipal que le dijo No a la minería”. Nómada. https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-minera-no-lo-tendra-facil-la-consulta-a-los-xinkas-es-mas-compleja/ Amnistía Internacional(2016). Violencia contra defensores y defensoras del territorio en Guatemala. Recuperado de Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/ __________(25 de marzo de 2022).“Guatemala: Bernardo Caal Xol nunca debió pasar un día en prisión”. Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/03/guatemala-bernardo-caal-xol-should-never-have-spent-a-day-in-prison/ BBC News Mundo(28 de noviembre de 2023).“Corte declara inconstitucional el millonario contrato minero que desató masivas protestas en Panamá”. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/articles/cg6pgpewkyno Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH, 2021). Medida cautelar MC-1050-21. Disponible en https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/348.asp __________(4 de septiembre de 2024).”CIDH publica informe sobre Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador”. Disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/207.asp&utm_content=country-slv&utm_term=class-ip 103

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Crisis climática, extractivismos y violencia en Mesoamérica Relatoría de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Regional Olivera Bustamante, Mercedes, Bermúdez Urbina, Flor María y Mauricio Arellano Nucamendi(Coords.)(2014) Subordinaciones estructurales de género, las mujeres marginales de Chiapas frente a la crisis. México, Centro de Derechos Humanos de la Mujer, UNICAH, CESMC. Poder Legislativo de Honduras(2015). Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Disponible en https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/619-ley-de-proteccion-para-las-y-los-defensores-de-derechos-humanos-periodistas-comunicadores-sociales-y-operadores-de-justicia Segato, Rita(2016). La guerra contra las mujeres, traficantes de sueños. Versión en línea. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf Solano, L.(2019). Minería, resistencia y criminalización en Guatemala: el caso del pueblo xinka y la mina Escobal. Fundación Heinrich Böll. 105

ACERCA DE LOS AUTORES Elvira Cuadra Lira Socióloga nicaragüense. Licenciada en Sociología por la UCA de Nicaragua y maestra en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO), sede Ecuador. Fue investigadora asociada del Centro de Investigaciones de la Comunicación(CINCO) y directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas(IEEPP). Exiliada en Costa Rica desde 2018, actualmente dirige el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica(CETCAM). Maritza Islas Vargas Socióloga, especialista en Economía Ambiental y Economía Ecológica. Maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencias de la Sostenibilidad(Universidad Nacional Autónoma de México). Ha colaborado con instituciones de educación superior, gubernamentales y de la sociedad civil. Es coordinadora del grupo de trabajo Metabolismo Social, Justicia Ambiental del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales(CLACSO) e integrante de la Red Mexicana de científicos y científicas por el clima(RedCiC).

Glenda Yojana Ixtabalán Trabajadora social, lideresa maya-k’iche’, con estudios sobre descolonización, defensa de territorio, género y diversidad. Ha sido ponente en congresos a nivel nacional e internacional, y ha publicado artículos en libros y revistas. Laboró para Trocaire y ahora lo hace para la Seattle International Foundation. Florina Mendoza Jiménez Pertenece a la“nación de la lluvia”, Ñuu Savi. Forma parte del Colectivo Ve’i Ñuu Savi,“casa de la nación de la lluvia”, y de la Red de Futuros Indígenas que aglutina a defensorxs de la tierra a nivel nacional y de Centroamérica. Acompaña y acciona con las luchas de los pueblos originarios, los movimientos sociales, las autonomías y la lucha a mujeres en la defensa del territorio y participación política. Cursó el doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana. Sharon Pringle Félix Oriunda del oeste panameño, tiene estudios en Comunicación Radiofónica y Periodismo. Está por sustentar la Maestría de TICS enfocada al Aprendizaje. Es directora de epiCA, Escuela Popular Itinerante Citlalli Fernández Pringle, desde donde coordina procesos en territorios con mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas. Es la representante en Panamá de la Red Centroamericana de Estudios Afrodescendientes-REAC.

María Alejandra Rico Es antropóloga y magíster en Periodismo, con experiencia en estrategias de comunicación para audiencias como entidades públicas, la academia, organizaciones sociales y de cooperación internacional. Investiga, escribe y edita sobre seguridad y justicia en América Latina. Actualmente es asistente de proyectos de la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) en Colombia y está a cargo de las comunicaciones del proyecto de seguridad regional de la FES para América Latina y el Caribe. Carlos Tornel Es escritor, investigador, traductor y activista residente en Ciudad de México. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham(Reino Unido). Su trabajo se ha centrado en la politización de la crisis climática y la descolonización de la justicia energética. Es miembro del Tejido Global de Alternativas.

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO Adriana Ramírez, Movimiento Político Rebelión Verde El Salvador Amaru Ruiz Alemán, Fundación del Río Carolina Hidalgo Herrera, abogada experta en resolución alternativa de conflictos Florina Mendoza, Red de Futuros Indígenas Gabriela Carreón Lee, Territorios Diversos para la Vida A.C.(TerraVida) Glenda Ixtabalán, Liga Maya de Guatemala Heidy Murillo Quesada, UNOVIDA Lucía Vijil Saybe, Centro de Estudio para la Democracia(CESPAD) María Alejandra Kapell Serrano, Movimiento Ciudadanía Activa María de Fátima Camey, Liga Maya de Guatemala Nuria Yamada, Movimiento en defensa de los bosques y agua de Tancitaro Pedro Landa, Plataforma Internacional contra la Impunidad en Honduras Sharon Pringle Félix, Fundación Épica Panamá Verónica Reyna, Servicio Social Pasionista SSPAS

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