PERSPECTIVA CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (IN)JUSTICIA CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA Nora Cabrera Velasco Diciembre de 2024 La injusticia climática se manifiesta como un entramado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la naturaleza. Esto afecta a nuestras sociedades y ecosistemas, sobre todo a los más vulnerables, y erosiona las bases de la justicia social y ambiental En América Latina, es fundamental responder a la pregunta: ¿cómo construir justicia climática para las comunidades ya afectadas y las más vulnerables? Desde una perspectiva jurídica regional, la justicia climática debe fundamentarse en las preguntas y respuestas de las propias comunidades, adaptándose a sus realidades e incorporando los principios de“exigencia, cumplimiento y adecuación” de las normas.

CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (IN)JUSTICIA CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA

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ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 5 II. LA HISTORIA DE EL BOSQUE: 8 UN CAMINO HACIA LA JUSTICIA CLIMÁTICA III. EVOLUCIÓN JURÍDICA DEL CASO 11 1. EL INICIO DE LA PÉRDIDA 2. ACOMPAÑAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 3. ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO Y DE INCIDENCIA ANTE LAS AUTORIDADES 4. INCIDENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO 5. EL RETO ACTUAL EN LA PROPIA COMUNIDAD 6. EL RETO DE LO ESTRUCTURAL IV. EL CAMINO HACIA LA JUSTICIA CLIMÁTICA 13 APENAS COMIENZA V. AÑO DE DEFINICIONES: VÍNCULO ENTRE 15 CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS VI. DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS 17 Y JUSTICIA CLIMÁTICA 1. REFORMAR LOS MARCOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 2. FORTALECER LA GOBERNANZA 3. FOMENTAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL CLIMÁTICA VII. CONCLUSIÓN: TEJER LA JUSTICIA CLIMÁTICA 19 REFERENCIAS 21 4

INTRODUCCIÓN Para construir justicia climática hay que empezar por entender qué es la injusticia climática en los territorios más afectados. Para mí, entender la injusticia climática fue caminar en 2021 junto a las personas de El Bosque (Tabasco, México), recorriendo la costa para ver lo que quedaba de su comunidad. Fue escuchar a la señora Yuyi compartir el miedo que sentía cada noche al escuchar el mar tocando a su puerta –una amenaza constante que no podía ignorar–. Aunque la erosión costera y el aumento del nivel del mar, exacerbados por el cambio climático, ponían en riesgo su hogar, no podía abandonarlo. Allí vivía con sus nietos, a quienes podía alimentar gracias a la pesca, porque sabía que sólo tenía que salir al río o el mar y regresaría con comida. Fue observar a niñas y niños jugando despreocupados sobre las mallas de pesca, a pocos metros de su escuela primaria –la cual ya sabía la ciencia que desaparecería en cuestión de meses, pero ni ellos ni su abuela lo sabían–. Fue escuchar a señora Guadalupe preguntarse, con angustia, qué harían si el mar les arrebataba la casa que habían construido con toda una vida de esfuerzo. Estos momentos no sólo me ayudaron a comprender la injusticia climática, sino a sentirla en su verdadera dimensión humana. Cuando caminas esos territorios, no sólo entiendes la injusticia climática, también la sientes. Y con ello viene una responsabilidad inmensa: sentirla sin tener que vivirla en carne propia. Porque, a quienes la sentimos sin padecerla directamente –todavía– en su dimensión de tragedia humana nos toca enfocarnos en acompañar el proceso de resistencia y sumar para que la historia de esas personas no se convierta en nuestra historia y en la de la gran mayoría. Jurídicamente, la injusticia climática se manifiesta como un entramado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la naturaleza que afecta a nuestras sociedades y ecosistemas, sobre todo a los más vulnerables, y erosiona las bases de la justicia social y ambiental. Comienza por violar el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y sigue por vulnerar los derechos a la vida, la libertad, la integridad personal, la protección a la familia, la propiedad, la residencia y el desarrollo progresivo. La crisis climática no reconoce fronteras, pero afecta desproporcionadamente a quienes menos han contribuido a su origen. A resultas de estas preocupaciones, en la última década se ha desarrollado con más fuerza el concepto de que todas las personas tenemos el derecho a un clima seguro, habitable y estable. Garantizarlo es el gran reto de nuestros tiempos. El Acuerdo de Paris fue el tratado internacional que contribuyó a reconocerlo y contextualizarlo como un derecho humano. El Acuerdo de Escazú nos ayuda a implementar esas realidades en la región de Latinoamérica y el Caribe. En este momento, desde diferentes realidades, estamos viviendo y observando el modo en que 5

ese derecho es transversal para gozar de otros, como la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a la electricidad. Así también lo han ido desarrollando diversas cortes constitucionales, como la mexicana y la colombiana(Carrillo Bañuelos, 2024). Es indiscutible que el mundo está inserto en una crisis planetaria que comprende el trance climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Todo ello amenaza la vida tal como la conocemos. Hasta ahora, y desde la Revolución Industrial, la temperatura de la Tierra ha aumentado considerablemente como resultado de la intensa actividad humana, con un incremento promedio aproximado de 1.45°C por encima de los niveles preindustriales(OMM, 2024), acercándonos peligrosamente al umbral de 1.5°C a 2°C que el Acuerdo de Paris identifica como un punto de inflexión. También sabemos que, más allá de ese límite, los impactos serán exponencialmente devastadores y más difíciles de revertir(OMM, 2022). El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático(IPCC) ha presentado diversos escenarios sobre el incremento de dióxido de carbono (CO 2 ), metano(CH 4 ) y otros gases de efecto invernadero. Según los modelos climáticos que incorporan estos escenarios, se prevé que la temperatura media global anual podría aumentar entre 2 y 6°C hacia el año 2100. Ahora bien, la única forma de enfrentar esta crisis climática, y su impacto correlacionado con las diversas crisis ambientales, es frenar estas tendencias para que la variación de estas estimaciones se quede en el menor aumento posible, que permita un clima estable y seguro. Es decir, necesitamos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero(GEI), particularmente CO 2 y CH 4 , y ello depende de las políticas que gobiernos, grandes empresas emisoras y sociedades adopten para mitigar las emisiones en el presente y el futuro(IPCC, 2023). Por ello, más allá de la mitigación de gases de efecto invernadero, y de forma paralela, en América Latina también es fundamental responder a la pregunta: ¿cómo construir justicia climática para las comunidades ya afectadas y las más vulnerables? Según el último informe del IPCC, América Latina es una de las regiones más expuestas a los impactos del cambio climático. Esta afirmación se confirma con los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno(IDMC, por sus siglas en inglés), que reporta que, en los últimos 10 años, cerca de 24.5 millones de personas se desplazaron internamente debido a desastres como tormentas e inundaciones(IDMC, 2024). Asimismo, el Banco Mundial proyecta que, para 2050, hasta 17 millones de personas podrían convertirse en desplazadas internas en la región(Kumari Rigaud, et al., 2018). Los factores que impulsan esta movilidad humana forzada incluyen fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, incendios forestales y el aumento del nivel del mar, junto con la degradación ambiental y los desastres socioambientales. Así lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) en su Resolución No. 2/24 sobre Movilidad Humana Inducida por el Cambio Climático, publicada el 26 de diciembre de 2024. Ante este panorama, el desafío en nuestra región es trazar una ruta para la aplicación de justicia climática que incorpore los principios de“exigencia, cumplimiento y adecuación” de las normas, con un enfoque comunitario que responda a la pregunta: ¿cómo construir justicia climática en América Latina? 6

Desde una perspectiva jurídica regional, esta ruta debe fundamentarse en las preguntas y respuestas de las propias comunidades, adaptándose a sus realidades. Sin embargo, la experiencia también nos enseña que no podemos esperar que estas soluciones surjan únicamente de las resistencias comunitarias. Pretender que la carga de resolver la crisis recaiga exclusivamente en las comunidades, que ya enfrentan profundas inequidades estructurales, sería doblemente injusto. Es imprescindible el apoyo coordinado de los gobiernos, las corporaciones más contaminantes y la sociedad en su conjunto para garantizar soluciones efectivas y equitativas. 7

II La historia de El Bosque: un camino hacia la justicia climática Para ejemplificar este desafío, considero fundamental referirme a las resistencias comunitarias. En este documento, me concentraré en el caso de El Bosque(Tabasco, México). Haber tenido la oportunidad de acompañar su proceso y coordinar su estrategia legal me permite ilustrar algunos de los éxitos alcanzados, los retos enfrentados y los desafíos que se vislumbran a futuro. 1 Para entender su dimensión histórica, es mejor hacerlo a través del testimonio de Áurea y Yesenia, presentado ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la Audiencia Pública de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, realizada en Manaos, Brasil, el 28 de mayo de 2024. Sus palabras reflejan no sólo la realidad de su comunidad, sino también las profundas implicaciones de la crisis climática en los derechos humanos. Somos Áurea y Yesenia, madre e hija, habitantes de una comunidad de pescadores llamada El Bosque, en Tabasco, México. Una comunidad que está desapareciendo por el cambio climático. Estamos aquí porque en los últimos años hemos perdido casi todo. Somos lo que ustedes llaman desplazadas climáticas. Entre 2005 y 2020 perdimos más de 500 metros de nuestra geografía por el aumento del nivel del mar y los nortes. 2 Primero, perdimos la costa, luego los árboles y el poco de manglar que teníamos, incluso los pinos que le dieron su nombre a nuestra comunidad y, finalmente, en 2019, perdimos la primera línea de casas. El mar ha avanzado y no retrocede. Nosotras perdimos nuestras casas en 2022. Desde entonces, mi familia y yo vivimos en una casa de lámina que tuvimos que construir en el campo de fútbol de la comunidad; sin agua potable, sin drenaje y sin electricidad suficiente para refrigerar nuestros alimentos o nuestra insulina. Incluso nuestros pozos de agua se han salado. Pero no sólo hemos tenido pérdidas materiales, perdimos nuestras raíces, nuestros vecinos, lo que nos hacía comunidad. Aunque tenemos un espacio provisional para la escuela de nuestros hijos, las clases son irregulares y notamos que nuestros hijos no están aprendiendo igual. No tenemos kínder y la secundaria sólo tiene clases tres días por semana. Hay niños que ya sabían leer y ahora deletrean; mi nieta de siete años ahora confunde las letras. 1 Es importante precisar que, como se podrá observar, existen constantes que impactan de manera transversal la agenda regional en América Latina. 2 El norte es un fenómeno meteorológico caracterizado por vientos intensos y fríos que soplan desde el norte o noroeste. 8

Por si fuera poco, esto no ha acabado. Vivimos en riesgo permanente de volver a ser evacuadas en cada tormenta, con mucho riesgo para nuestros niños y adultos mayores por las inundaciones y las corrientes que se forman. Cuando esto sucede, salimos bajo la lluvia a albergues improvisados y con condiciones inadecuadas. Pasamos algunos días ahí y después nos obligan a volver a lo que queda de nuestros hogares. Regresamos sin saber cuánta tierra se transformó en mar. Algunas personas han necesitado terapia por el estrés y la angustia. Los niños lloran de miedo cuando hay norte y no quieren seguir en la comunidad. El mar nos arrullaba y ahora nos despierta, nos quita el sueño. Algunas familias han tenido que rentar, pero no ha sido fácil porque somos pescadores sin ingresos fijos. Nadie ha salido de El Bosque por gusto. Ahí lo teníamos todo. Para las autoridades, somos un problema, pero esto no es nuestra culpa. Por años intentamos pedir ayuda del gobierno, primero para que hiciera algo para evitar la erosión de la costa, y después, para ser reubicadas. No sabíamos a quién acudir, no hay una ley para esto, no hay puertas que tocar. Gracias a Dios llegaron las asociaciones, nos organizamos con ellas y formamos una estrategia. En noviembre de 2022 hicimos una rueda de prensa en la comunidad para dar a conocer que lo que nos estaba pasando era consecuencia del cambio climático. Fue un grito de auxilio. Tuvimos mucha atención de la prensa local, nacional e internacional, pero nada pasó. Catorce días después de esto perdimos las escuelas, la iglesia y la tercera línea de casas, incluyendo las nuestras. No hubo respuesta del gobierno. Hasta febrero de 2023,[cuando] un periodista le preguntó por nuestro caso en una rueda de prensa al presidente de México y[éste] dio la orden de que nos atendieran, pero no pasó nada. En marzo de ese mismo año hicimos una solicitud para un programa de vivienda social, que no es para reubicar comunidades desplazadas por cambio climático, pero fue lo único que encontramos. Así empezó el proceso formal de reubicación. Esto ha sido bueno, pero fue un milagro que nos tomaran en cuenta; otras comunidades del país que están pasando por situaciones similares no han tenido la misma suerte y no están siendo atendidas. Aún con toda la atención que hemos tenido, el proceso ha sido difícil y lento. Ya va más de un año y todavía seguimos esperando en la incertidumbre. Algunas familias ya firmaron convenios para recibir sus casas, pero otras familias de la comunidad todavía no saben si serán reubicadas. Nos prometieron en un documento oficial que la comunidad sería reubicada a más tardar en septiembre de este año. Estamos a cuatro meses y las obras no han iniciado. Van más de siete meses sin que ninguna autoridad visite la comunidad. Desde que inició el proceso de reubicación, ya pasamos una temporada de huracanes y frentes fríos con muchas dificultades y nos preocupa que no tenemos a dónde ir. Pero el problema no termina con ser reubicadas, porque nos preocupa mucho cómo vamos a vivir en el nuevo territorio, a las orillas de la ciudad de Frontera, cuando somos gente de mar. Tenemos una profesión, pero no tenemos estudios. En Frontera, las mujeres no podemos trabajar. Uno tiene que cuidar a los hijos en la ciudad, no se puede llevar a los hijos al trabajo. 9

Claramente, las respuestas que existen las diseñó alguien en un escritorio, lejos de la realidad que vive una comunidad como la nuestra. Hasta para exigir nuestros derechos hay complicaciones: nuestra compañera Guadalupe no está aquí con nosotras porque el Estado mexicano le negó su pasaporte. Pero no nos cansamos de exigir y de alzar la voz por nuestra comunidad y los demás pueblos que injustamente están pagando por esta crisis que no provocamos. Nuestra desesperación y urgencia es porque en cuatro días empieza la temporada de huracanes en el Atlántico. Ese miedo del futuro que ustedes sienten cuando escuchan del cambio climático, nosotras lo estamos viviendo. Y hoy, ante ustedes, juezas y jueces, les pedimos que, cuando piensen en el aumento del nivel del mar y la erosión costera, cuando escuchen sobre una tormenta tropical o un huracán en el Golfo de México, piensen en nuestra comunidad, en nosotras dos y en nuestros hijos… Estamos sufriendo porque el gobierno no quiso hacer su trabajo cuando pudo actuar a tiempo. No hizo nada. Ahora la destrucción ya avanzó mucho, pero cuando esto empezó, se pudo evitar mucho sufrimiento. Hoy, les pedimos que hagan lo que está en su poder por nuestra comunidad y muchas otras que están viviendo lo mismo o que pronto lo vivirán. Obliguen a los gobiernos a ponerse en nuestro lugar; a que existan procesos de ayuda dignos y rápidos; a que respeten nuestros derechos humanos; a que nos escuchen. No cometan el mismo error de nuestro gobierno; hagan todo lo posible, hagan su parte en la historia de la crisis climática. Somos la primera comunidad reconocida como desplazada climática en nuestro país, pero no seremos la última. Este testimonial tuvo lugar el 28 de mayo de 2024. El 14 de noviembre del mismo año, las autoridades mexicanas entregaron viviendas a 51 familias de la comunidad, logrando reubicar El Bosque en un nuevo territorio localizado en el mismo municipio de Centla, Tabasco. Éste fue un gran logro por y para la comunidad, aunque la lucha continúa(Guillén, 2024). Ahora, el desafío es la adaptación al nuevo territorio, incorporar a las familias que quedaron fuera del proceso y, por supuesto, enfrentar la causa misma de la crisis climática y sus efectos, entre ellos la falta de una política de adaptación que haga frente a estas realidades. Como expresó la propia comunidad:“Somos los primeros, pero no seremos los últimos”. 3 3 Este testimonial se puede escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=6jKnWMs4sbw&t=6s 10

III Evolución jurídica del caso Para entender cómo las resistencias comunitarias son clave en la construcción de la justicia climática, resulta esencial revisar de manera amplia la evolución jurídica que permitió llegar a este punto. El caso de El Bosque ejemplifica tanto los éxitos alcanzados como los retos que persisten, y sirve como un reflejo de los desafíos transversales que afectan a la región en su conjunto. 1. EL INICIO DE LA PÉRDIDA Desde 2019, los habitantes de El Bosque comenzaron a perder sus casas, calles, escuelas, servicios básicos, vida colectiva y forma de subsistencia debido a la erosión costera. Poco a poco, el mar arrasó sus hogares, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad extrema. La gente realmente no sabía qué sucedería, si el mar retrocedería nuevamente o no. La información sobre los riesgos se transmitió mucho tiempo después, con base en información gestionada por la doctora Lilia Gama Campillo, quien ha estudiado las implicaciones de la elevación potencial del nivel del mar para la población costera de Tabasco(Gama Campillo, et al., 2023). En ese momento, las Altas de Riesgo no se encontraban actualizadas y no consideraban en alto riesgo a esta comunidad. Las autoridades no les habían informado los escenarios posibles. Tampoco se les había sensibilizado sobre las consecuencias de la crisis que estaban enfrentando ni sobre la prevención de violación sistémica de derechos humanos. Básicamente, la comunidad se encontraba en total desamparo por parte de las autoridades. 2. ACOMPAÑAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL En 2022, tres organizaciones de la sociedad civil –Nuestro Futuro, A.C., Conexiones Climáticas y Greenpeace México– unimos esfuerzos para apoyar y acompañar a la comunidad. Nuestro objetivo era impulsar que las autoridades mexicanas reubicaran a los habitantes de manera justa, digna y planificada, para de forma paralela impulsar acciones estructurales de mitigación y adaptación al cambio climático, tanto en el contexto nacional como en el regional. 3. ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO Y DE INCIDENCIA ANTE LAS AUTORIDADES Acompañados de una estrategia de comunicación, el 14 de abril de 2023, se presentaron solicitudes formales de integración al Programa de Vivienda Social 2023 ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu) y la Conavi. Se entregaron solicitudes originales firmadas por jefas y jefes de familia de la comunidad, junto con documentos de 11

identificación. Asimismo, Nuestro Futuro, A.C., presentó un escrito solicitando la activación del programa para atender las necesidades de estas familias. Las vías de acceso a la justicia en casos como éste no son claras. Desde la sociedad civil, fue necesario que buscáramos una ruta de acceso y con ello identificar la estrategia jurídica que permitiera a la comunidad hacer frente a la crisis humanitaria en la que se encontraba en el menor plazo posible. Necesitaban vivienda y tener clara su fuente de ingreso económico para garantizar su seguridad alimentaria. En ese momento, un juicio llegaría tarde para que pudieran ser reubicados como comunidad; por ello, hubo que analizar diversos escenarios y qué mecanismos jurídicos administrativos podrían funcionar para hacer frente a sus realidades. Antes de atender lo estructural, había que poner en el centro las necesidades de las víctimas climáticas. Asimismo, había que pensar y resolver con perspectiva de justicia climática los problemas de las comunidades vulnerables, y garantizar los derechos humanos que la comunidad veía como prioritarios –en este caso, la vivienda. Por ello, buscamos programas cuya activación se pudiera solicitar, además de brindarles un acompañamiento constante para adaptar estos mecanismos a su realidad. Este paso, que no había sido implementado por el gobierno, evidenció que las soluciones vigentes no estaban diseñadas para abordar problemas derivados de la crisis climática, como la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Al inicio del proceso, en 2021, estos fenómenos no eran percibidos como un problema público que requiriera una atención estructural y generalizada. 4. INCIDENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO En la medida de las capacidades de las organizaciones, se mantuvo un acompañamiento constante a la comunidad mediante estrategias de comunicación, incidencia y apoyo jurídico. Ante la urgencia de la situación, este esfuerzo buscaba garantizar resultados tangibles para la comunidad, privilegiando sus necesidades previo al proceso estructural. 5. EL RETO ACTUAL EN LA PROPIA COMUNIDAD Actualmente, el trabajo continúa con el acompañamiento a las familias que no fueron incluidas en el padrón de reubicación. Además, es crucial atender las necesidades de adaptación de la comunidad en su nuevo entorno. Para este último punto, el acompañamiento posterior a la reubicación ha sido nulo por parte de las autoridades. Asimismo, identificamos que este proceso no se está analizando con la dimensión necesaria para generar los protocolos y programas que permitan enfrentar la problemática. 6. EL RETO DE LO ESTRUCTURAL Son enormes los retos en Tabasco, en México y en toda Latinoamérica en materia de políticas de adaptación frente a la crisis climática. La actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas(NDC, por sus siglas en inglés) en 2025, la formulación de los Planes Nacionales de Adaptación(NAP) y las políticas nacionales de adaptación deben partir de testimonios de resistencia como el de El Bosque, entre muchos otros. Estas experiencias son clave para diseñar políticas públicas que respondan a las realidades del territorio. Por ello, este punto se desarrolla en el siguiente apartado. 12

IV El camino hacia la justicia climática apenas comienza Entender el problema estructural de la justicia climática implica reconocer que, con la reubicación de la comunidad, apenas se inicia otro momento de exigencia de justicia climática. Lo que ha sucedido hasta ahora forma parte de un proceso de deuda social con enfoque de justicia que sólo podrá transmutar en justicia climática cuando se atiendan las causas estructurales y se asegure el proceso de adaptación de la comunidad a su nuevo entorno. Por ello, considero crucial insistir en los seis puntos que presenté ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública sobre emergencia climática y derechos humanos. Los mismos son esenciales para construir justicia climática en la región a partir de la conflictividad comunitaria generada por los impactos climáticos, y para abordar las necesidades reales de las comunidades afectadas. 1. Actualizar de manera coordinada los atlas nacionales y subnacionales de riesgos por fenómenos climáticos, considerando la vulnerabilidad, e informar de los riesgos con fundamentos científicos y soluciones de adaptación. Los mismos se deben dar a conocer de manera clara y transparente a las personas afectadas en las proyecciones. 2. Accionar una política ejecutable de adaptación al cambio climático que incorpore el desplazamiento interno como un tema prioritario, distinguiendo entre fenómenos climáticos repentinos y los de evolución lenta. Eso permitirá atender cada supuesto bajo parámetros adecuados. 3. Establecer un protocolo de coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales para el desplazamiento forzoso, designando una autoridad responsable para evitar incertidumbre por parte de la comunidad. 4. Redefinir el estándar de refugios temporales para responder a fenómenos de mayor intensidad y duración. Esto permitirá reducir la violación de derechos durante los puntos álgidos de la crisis humanitaria. 5. En casos de fenómenos climáticos de evolución lenta que no se puedan enfrentar con adaptación pura, como la erosión costera y el aumento del nivel del mar, asegurar una reubicación planificada que garantice la participación de toda la comunidad, especialmente mujeres y jóvenes, en todas las etapas del proceso. Esa es la única forma de garantizar los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras. 6. Abrir vías de justicia climática inmediata para resolver casos específicos de violación de derechos humanos, durante y después del proceso. Es fundamental seguir construyendo justicia climática desde las propias preguntas de las comunidades: ¿Cómo adaptarse a un nuevo entorno? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? ¿Cómo se reconstruyen procesos tan esenciales como la seguridad alimentaria? Estas interrogantes son actuales, pero hay que recuperar las preguntas y respuestas del pasado 13

para tener un punto de partida que contribuya a garantizar que lo logrado hasta ahora sea el inicio de un cambio estructural orientado a impedir que se repitan historias como la de El Bosque. En El Bosque, la crisis climática se manifestó como una sentencia lenta y cruel para una comunidad de pescadores artesanales que vieron desaparecer su territorio. Aunque su geografía se desvaneció, su territorialidad persiste como un testimonio de resistencia. Esta comunidad, situada originalmente entre el río Grijalva y el Golfo de México, enfrentó una desaparición territorial acelerada por el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Lo que alguna vez fue una península vibrante, con un kilómetro de playa donde la gente se dedicaba a la pesca, ahora es un lugar donde las casas han sucumbido al mar y los pinos secos emergen entre las plataformas petroleras que dominan el horizonte. Ahora, la comunidad pertenece a una nueva territorialidad en donde se volverá a escribir su historia. Estas pérdidas no son sólo estadísticas; son historias de familias que han visto desaparecer sus hogares, escuelas y medios de subsistencia. La experiencia de El Bosque se suma a la de muchas otras comunidades en la región, como Guna Yala(Panamá); Cedeño(Marcovia, Choluteca, Honduras); Twuliá(La Guajira, Colombia), y comunidades haitianas en las Bahamas. Estas historias fueron narradas durante la primera audiencia en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó la migración inducida por el cambio climático en América Latina y el Caribe, análisis que culminó con su resolución ya mencionada(CIDH, 2024). En este contexto, es importante mencionar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) subraya que América Latina enfrenta una convergencia de crisis que requiere soluciones integrales para garantizar la justicia climática. Para este propósito, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas(NDC, por sus siglas en inglés) que cada país debe generar bajo lo dispuesto en el Acuerdo de París se presentan como una herramienta esencial. Estas contribuciones no sólo marcan el camino hacia la reducción de emisiones, también son una pieza clave en la construcción de estrategias adaptativas y en la implementación de soluciones que respondan a las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables(PNUD, 2023). Bajo esta línea, es relevante vincular las NDC con los compromisos adquiridos en la COP29 celebrada en Bakú, donde los países acordaron una nueva meta de financiamiento climático de 300 mil millones de dólares anuales para 2035. Este acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones, representa un avance en la cooperación internacional. Sin embargo, como han señalado diversos expertos, la cifra es insuficiente frente a los desafíos actuales. Los especialistas estiman que será necesario aumentar este financiamiento a 1.3 billones de dólares anuales para abordar de manera efectiva los impactos del cambio climático(Parra, et al., 2024). Además, se requiere la creación de mecanismos claros y transparentes que aseguren el ejercicio adecuado de estos recursos, priorizando las regiones más afectadas y las comunidades más vulnerables. Este financiamiento debe contemplar tanto proyectos de mitigación como de adaptación, garantizando que los sectores público y privado trabajen de manera coordinada. Es un esfuerzo que no sólo permitirá atender las necesidades urgentes, sino que debe también ser clave para implementar proyectos transformadores que fortalezcan la resiliencia climática y promuevan una transición justa en América Latina y el Caribe. 14

V Año de definiciones: vínculo entre crisis climática y derechos humanos El año 2024 ha sido clave para avanzar en la definición del vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos. Esta tarea, fundamental para abordar la emergencia climática, está enfocada en establecer estándares claros sobre las responsabilidades de los Estados. Si estas responsabilidades no están bien definidas, resulta complejo asegurar reparaciones con coercibilidad y generar acciones efectivas para mitigar los impactos. En este contexto, la construcción de una hoja de ruta hacia la justicia climática debe analizar los avances en los tribunales internacionales más relevantes. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH) como la Corte Internacional de Justicia(CIJ) están abordando cuestiones fundamentales que marcarán un antes y un después en la relación entre derechos humanos y cambio climático. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia y Chile han solicitado una Opinión Consultiva para clarificar el alcance de las obligaciones estatales—tanto individuales como colectivas— en respuesta a la emergencia climática, según el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Esta solicitud subraya la importancia de considerar las afectaciones diferenciadas de la crisis climática sobre diversas regiones, grupos poblacionales y la naturaleza misma, así como su impacto en la supervivencia humana(Corte IDH, 2023). 4 La opinión solicitada busca determinar los estándares que los Estados deben cumplir para garantizar un medio ambiente sano como un derecho autónomo e interdependiente con otros derechos sustantivos y procesales protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También aspira a guiar políticas públicas urgentes, equitativas y sostenibles para enfrentar la emergencia climática, promoviendo un enfoque basado en los principios de justicia, equidad y cooperación regional. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia(CIJ, 2023) está considerando preguntas relacionadas con las responsabilidades globales frente al cambio climático. En particular, está examinando cómo las acciones u omisiones de los Estados contribuyen a las violaciones de derechos humanos a nivel internacional. Este tribunal busca aclarar cómo los Estados deben cooperar y actuar para prevenir daños irreparables al medio ambiente, y garantizar la protección de las generaciones presentes y futuras. La consulta liderada por Vanuatu y respaldada 4 A la fecha de realización de este documento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no emite su resolución de la Opinión Consultiva sobre Derechos Humanos y Emergencia Climática. 15

por múltiples Estados busca establecer parámetros legales claros sobre cómo las obligaciones internacionales existentes—incluyendo las derivadas del Acuerdo de París y otras normativas climáticas— deben implementarse para proteger tanto a las comunidades vulnerables como a los ecosistemas afectados. Estas iniciativas en ambos tribunales reflejan la creciente urgencia de abordar el cambio climático desde una perspectiva integral que combine derechos humanos, justicia ambiental y cooperación internacional. La emergencia climática afecta desproporcionalmente a las comunidades vulnerables, exacerbando desigualdades existentes. Este contexto exige que las decisiones tomadas por las cortes sean inclusivas y tomen en cuenta consideraciones interseccionales que aborden los impactos diferenciados de la crisis en grupos específicos, como niños, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Además, es crucial vincular estas decisiones con los derechos de las generaciones futuras, garantizando su protección y bienestar frente a la crisis climática. Frente a la incertidumbre que enfrentan las comunidades vulnerables y las generaciones más jóvenes, construir un lenguaje común de justicia climática basado en experiencias comunitarias no sólo es fundamental, sino que se ha convertido en un tema de supervivencia. Este enfoque permitirá establecer marcos legales efectivos que impulsen acciones concretas para mitigar los impactos y prevenir futuras crisis. Como año de definiciones, 2024 ofreció una oportunidad para consolidar principios que conecten derechos humanos y justicia climática en un esfuerzo por garantizar el futuro. Sin embargo, su implementación en los próximos años también será determinante. La hoja de ruta hacia la justicia climática debe ser clara: aprender de las experiencias comunitarias, establecer un marco de responsabilidades estatales robusto y garantizar que ningún individuo o comunidad sean ignorados en la lucha por el derecho al futuro. Hay que construir un camino que prevenga la repetición de historias en las que las pérdidas y violaciones sistémicas a derechos humanos avanzan sin límites. 16

VI Democracias latinoamericanas y justicia climática Las democracias latinoamericanas tienen un papel crucial en liderar la transformación hacia una justicia climática efectiva. Esto implica fortalecer e implementar marcos normativos, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. La implementación efectiva de este tratado es fundamental para asegurar que las soluciones sean inclusivas y respetuosas de los derechos humanos. La justicia climática, y sus repercusiones en la justicia social y ambiental, es mucho más que un marco teórico; es una herramienta transformadora que busca resolver las desigualdades estructurales exacerbadas por la crisis climática y garantizar un futuro equitativo. En América Latina, estas justicias se construyen desde las preguntas y necesidades de las comunidades que enfrentan los efectos más devastadores del cambio climático. Las preguntas planteadas por las comunidades no sólo desafían las estructuras de poder, también exigen respuestas que prioricen la dignidad, los derechos humanos y la sostenibilidad. Los testimonios revelan que la justicia climática no es sólo una cuestión de reparación, sino de resiliencia: reconstruir vidas, comunidades y renovar sistemas legales que sean más resilientes. En ese sentido, para que la justicia climática se convierta en una realidad, es necesario transformar nuestros modelos políticos, constitucionales y legales. Las democracias latinoamericanas tienen un papel crucial en esta transformación. Esto incluye: 1. REFORMAR LOS MARCOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES Incorporar explícitamente los derechos ambientales como derechos fundamentales en las constituciones nacionales, y garantizar su implementación efectiva. Discutir los derechos de la naturaleza como parte del entendimiento colectivo, no sólo desde la construcción teórica, sino recuperando los conocimientos comunitarios en la región. 2. FORTALECER LA GOBERNANZA La gobernanza juega un papel esencial en la construcción de la justicia climática en América Latina. En una región marcada por profundas desigualdades sociales, económicas y ambientales, y que al mismo tiempo alberga una megabiodiversidad, garantizar que las comunidades tengan una voz activa en las decisiones que afectan sus vidas es un requisito fundamental para avanzar hacia soluciones sostenibles y equitativas. 17

El Acuerdo de Escazú destaca como un pilar para fortalecer la gobernanza democrática en materia ambiental. Este tratado regional adoptado en América Latina y el Caribe establece tres derechos fundamentales: el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia. Para implementar una gobernanza climática efectiva, es necesario, de inicio, garantizar la representación comunitaria en la toma de decisiones. Las comunidades más afectadas por la crisis climática, como El Bosque, deben tener una representación activa en los procesos de formulación de políticas. Esto incluye la creación de mesas de diálogo y comités comunitarios que integren sus necesidades y propuestas en los planes de acción climática. Asimismo, hay que: • Fortalecer los mecanismos de acceso a la información. La transparencia es clave para asegurar que las comunidades puedan participar de manera informada. Esto implica garantizar que los datos sobre riesgos climáticos, proyectos de desarrollo y recursos disponibles sean claros, actualizados y accesibles. • Crear sistemas accesibles de acceso a la justicia climática y ambiental. Muchas comunidades latinoamericanas enfrentan barreras legales y económicas para acceder a la justicia. Establecer tribunales especializados y mecanismos de resolución de conflictos adaptados a las realidades locales es esencial para garantizar que los derechos de estas comunidades sean respetados. • Promover la educación climática y ambiental. Empoderar a las comunidades a través de la educación es crucial para fortalecer su capacidad de participación. Esto incluye la creación de programas educativos sobre justicia climática, derechos ambientales y mitigación de impactos climáticos. El fortalecimiento de la gobernanza no es sólo un requisito técnico, sino un compromiso ético con las comunidades que enfrentan los impactos más devastadores de la crisis climática. La experiencia demuestra que, cuando las comunidades tienen acceso a la información, participan activamente y cuentan con herramientas legales efectivas, las soluciones climáticas son más inclusivas y duraderas. Este enfoque, respaldado por el Acuerdo de Escazú, representa un paso significativo hacia una justicia climática efectiva en América Latina. 3. FOMENTAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL CLIMÁTICA Es decir, reconocer y reparar las injusticias históricas relacionadas con el cambio climático, incluyendo el desplazamiento forzado y la pérdida de medios de vida. En ese sentido, se debe promover la cooperación regional en América Latina para unificar esfuerzos a través de tratados como el Acuerdo de Escazú. Esto permite enfrentar los desafíos compartidos en diversos temas, entre ellos, el cambio climático. Para ello, los esfuerzos ante las cortes son fundamentales para entender las conflictividades y desde ahí preparar los sistemas de reconocimiento de injusticias. Por supuesto, también sigue en pie la interrogante de qué sucede en el contexto del debilitamiento o las transiciones en las democracias latinoamericanas y, en ese contexto, qué papel fungirá la justicia climática y ambiental. 18

VII CONCLUSIÓN: TEJER LA JUSTICIA CLIMÁTICA Tal como se resaltó en la introducción, la justicia climática comienza con reconocer la injusticia climática en los territorios más afectados. Es una tarea que requiere caminar esos territorios, escuchar sus historias, sentir la responsabilidad de actuar y trabajar desde los marcos jurídicos que promuevan equidad y sostenibilidad. El Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú nos ofrecen herramientas esenciales, pero de las resistencias y sus acompañamientos depende darles vida a través de acciones concretas que transformen la realidad de las comunidades. La experiencia de El Bosque demuestra que, aunque el camino es complejo, hay formas de lograr justicia climática si trabajamos desde las preguntas de las comunidades y colocamos sus necesidades en el centro de soluciones tejidas en conjunto. En este caso, el acompañamiento de la sociedad civil fue fundamental. Este enfoque no sólo beneficia a las comunidades afectadas; también fortalece nuestras democracias y garantiza un futuro sostenible para toda la región. A medida que enfrentamos los desafíos de la crisis climática, es necesario recordar que no hay justicia social sin justicia climática. Este principio guía nuestras acciones y define el tipo de sociedad que queremos construir: una donde la equidad, la sostenibilidad y la dignidad sean los pilares de nuestro futuro compartido. La fotografía de la incertidumbre en El Bosque, con sus casas erosionadas por el mar y sus escuelas bajo el agua, tiene el potencial de convertirse en la imagen de todas y todos si no actuamos con urgencia y determinación. La crisis climática nos obliga a detenernos en las preguntas que las comunidades afectadas han planteado desde audiencias y mesas de trabajo, pero sobre todo en las caminatas en el territorio. Comprender este contexto implica aceptar que la crisis climática no se ajusta a los tiempos políticos ni a las teorías abstractas; en cambio, demanda respuestas inmediatas y tangibles que puedan convertirse en guías para la acción. Cada reto erosiona no sólo el territorio físico, sino también las bases de la justicia social y ambiental. Frente a esta realidad, nuestra tarea es clara: actuar con urgencia, escuchar con atención y construir soluciones que reconozcan y respeten la dignidad de las comunidades afectadas. Con frecuencia viene a mi mente una conversación que tuve en una de mis primeras caminatas por la comunidad de El Bosque. Un niño me dijo:“Abogada: no van a dejar de venir hasta que tengamos casa y escuela, ¿verdad? Otras personas han venido varias veces, nos ven, nos preguntan y no regresan”. 19

Esa pregunta sencilla cambió mi manera de ver el derecho y, sobre todo, la forma en que entiendo la justicia climática. Desde el principio, el niño destacó las necesidades de atención, casa y escuela. En ocasiones, se tienen que tejer soluciones que vienen de esos comentarios. Esas preguntas, que más bien son respuestas, nos recuerdan que las soluciones no deben venir en forma de salvadores externos, sino como respuestas integrales que nacen del contexto y de las propias vivencias de quienes enfrentan los impactos de la crisis climática. Nos enseñan que hay que escuchar a todos, empezando por la niñez y las generaciones más jóvenes. El caso de El Bosque simboliza lo que está en juego para millones de personas en América Latina y el Caribe. Estas historias van más allá de un llamado a la acción; son un recordatorio de que la justicia climática no es sólo una meta, sino una herramienta esencial para garantizar el derecho al futuro. Desde las preguntas hasta las respuestas, desde las necesidades locales hasta las acciones regionales, la justicia climática es el puente que conecta los derechos humanos y de la naturaleza con la sobrevivencia de nuestro planeta y quienes lo habitamos. 20

REFERENCIAS Carrillo Bañuelos, J. A.(2024). Jurisprudencia climática comparada. Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Recuperado de https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/ Publicaciones/archivos/2024-12/Jurisprudencia-Climatica.pdf Cejil con 30 organizaciones de América Latina(2024). Por primera vez, la CIDH analizará la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(Cejil). Recuperado de https://cejil.org/comunicado-de-prensa/por-primera-vez-la-cidh-analizara-la-migracion-por-efectos-del-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe Cobos, G., et al.(2023). Nuestro futuro: Opinión consultiva sobre emergencias climáticas y derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH). https:// www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-32/12_nuestro_futuro.pdf Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH)(2024). Resolución sobre Movilidad Humana Inducida por el Cambio Climático. No. 2/24. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2024/Resolucion_cambio_climatico.pdf Corte IDH(2023). Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ soc_1_2023_es.pdf Corte Internacional de Justicia(CIJ)(s.f.). Recuperado de https://www.icj-cij.org/es Gama Campillo, L., et al.(2023). Implicaciones de la potencial elevación del nivel del mar para la población costera de Tabasco, México. Estudios Demográficos y Urbanos, 38(1), 283-320. Recuperado de http://dx.doi.org/10.24201/edu.v38i1.1999 Guillén, B.(2024, 21 de noviembre). La victoria de El Bosque: los primeros desplazados climáticos de México son reubicados. El País(México). Recuperado de https://elpais. com/mexico/2024-11-21/la-victoria-del-bosque-los-primeros-desplazados-climaticos-de-mexico-son-reubicados.html Internal Displacement Monitoring Center(IDMC)(2024). 2024 Global Report on Internal Displacement. Ginebra. Recuperado de https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2024/ 21

Kumari Rigaud, K., et al.(2018). Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. World Bank Group. Recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/29461/WBG_ClimateChange_Final.pdf Noticias ONU(2024). El cambio climático en la Corte Internacional: el mayor caso jamás presentado ante un tribunal mundial. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2024/12/1534791 Organización de las Naciones Unidas(ONU)(2019). A/HRC/41/39/Corr.1: El cambio climático y la pobreza – Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Corrección. Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, https://www. ohchr.org/es/documents/thematic-reports/climate-change-and-poverty-report-special-rapporteur-extreme-poverty-and Organización Meteorológica Mundial(OMM/ WMO)(2022). Estado del clima mundial en 2022. OMM-No. 1316. Recuperado de https://library.wmo.int/idurl/4/68512 __________(2024, 5 de junio). Es probable que en los próximos 5 años la temperatura mundial supere temporalmente en 1.5°C los niveles preindustriales. WMO News. Recuperado de https://wmo.int/es/media/news/es-probable-que-en-los-proximos-5-anos-la-temperatura-mundial-supere-temporalmente-en-15-degc-los Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático(IPCC)(2023). Cambio Climático 2023: Informe de síntesis del sexto informe de evaluación del IPCC(AR6). https://www. ipcc.ch/report/ar6/syr/ Parra, F., et al.(2024, 24 de noviembre). 300 mil millones de dólares para 2035: la meta financiera de la COP29 queda corta para enfrentar la crisis climática. Climate Tracker LATAM. Recuperado de https://climatetrackerlatam.org/historias/300-mil-millones-dedolares-para-2035-la-meta-financiera-de-la-cop29-queda-corta-para-enfrentar-la-crisis-climatica/ Pinto-Bazurco, J. F.(s.f.). La Opinión Consultiva sobre Obligaciones de los Estados Frente al Cambio Climático: ¿El inicio de una nueva etapa en el camino hacia la justicia climática? Recuperado de https://spdiojs.org/ojs/index.php/RPDI/article/download/333/771?inline=1#_ftn1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD)(2023, 5 de julio). El cambio climático es un asunto de justicia: he aquí por qué. PNUD – Noticias e historias. Recuperado de https://climatepromise.undp.org/es/news-and-stories/el-cambio-climatico-esun-asunto-de-justicia-he-aqui-por-que Testimonios de El Bosque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos(2024). Nuestro Futuro, A.C. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6jKnWMs4sbw&t=6s 22

ACERCA DE LA AUTORA IMPRESIÓN Nora Esther Cabrera Velasco Es abogada litigante y activista en temas de crisis climática. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cofundadora y directora de la asociación civil Nuestro Futuro. Es profesora en el Tec de Monterrey. Fue reconocida por Forbes como una de las 30 mentes más sostenibles de México. Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) México Responsable: Astrid Becker Directora del Proyecto Regional FES Transformación Social-Ecológica en América Latina transformacion@fesmex.org Coordinadora de proyectos: Mariana Blanco Puente SOBRE ESTE PROYECTO El Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica reconoce la necesidad de encontrar nuevos caminos de desarrollo viables y sustentables, tanto en la dimensión social como en la ecológica, para hacer frente a las múltiples crisis asociadas con los modelos económicos predominantes. Acompaña debates sobre alternativas a los modelos de desarrollo. Analiza y promueve políticas públicas que sean socialmente justas y ecológicamente sustentables. Además, busca construir puentes con los debates en Europa y otras regiones para abrir espacios de diálogo. La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores ni éste compromete a las instituciones con las cuales esté relacionado por trabajo o dirección. 23

(IN)JUSTICIA CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA Es indiscutible que el planeta está inserto en una crisis planetaria que comprende el trance climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Todo ello amenaza la vida tal como la conocemos. Además, según el último informe del IPCC, América Latina es una de las regiones más expuestas a los impactos del cambio climático. La única forma de enfrentar esta crisis climática, y su impacto correlacionado con las diversas crisis ambientales, es frenar estas tendencias para que la variación de estas estimaciones se quede en el menor aumento posible. Esto contribuiría a un clima estable y seguro. La justicia climática implica combatir las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la naturaleza. En el caso latinoamericano, debe fundamentarse en las preguntas y respuestas de las propias comunidades, adaptándose a sus realidades. Es imprescindible el apoyo coordinado de los gobiernos, las corporaciones más contaminantes y la sociedad en su conjunto para garantizar soluciones efectivas y equitativas. Para ejemplificar el desafío de construir la justicia climática, es fundamental referirse a las resistencias comunitarias. Este documento, centrado en el caso El Bosque(Tabasco, México), ilustra algunos de los éxitos alcanzados, los retos enfrentados y los desafíos que se vislumbran a futuro, después de que la autora acompañó y coordinó la estrategia legal de esta resistencia. http://www.fes.de/stiftung/internationale-arbeit