ANÁLISIS GTPSI Octubre 2025 Paz y seguridad en Ecuador: Una agenda desde la sociedad civil organizada Oficina Ecuador Créditos Editora: © Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador FES-ILDIS Av. República 500 y Martín Carrión, Edif. Pucará 4 to piso, Of. 404 Quito-Ecuador- Telf.:(593) 2 2562-103 Casilla: 17-03-367 www.ecuador.fes.de info.ecuador@fes.de Coordinación editorial: Anahi Macaroff Autoras y autores: Grupo de Trabajo de Política Públicas de Seguridad Integal-GTPSI8 Diseño y diagramación: g creativedesign Ilustración de portada: María Belén Guerrero Impresión: Digital ISBN: 978-9978-94-258-1 Primera edición, octubre 2025 Quito-Ecuador Los contenidos de esta publicación se pueden citar y reproducir, siempre que sea sin fines comerciales y con la condición de reconocer los créditos correspondientes refiriendo la fuente bibliográfica. El uso comercial y la reimpresión de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) están prohibidos sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Otras publicaciones de Friedrich-Ebert-Stiftung las encuentra aquí: ↗ https://.ecuador.fes.de/mediateca GTPSI Octubre 2025 Paz y seguridad en Ecuador: Una agenda desde la sociedad civil organizada Contenido Presentación........................................................ 4 Introducción.......................................................  6 ¿Qué es este catálogo?............................................. 6 ¿Por qué lo elaboramos?............................................ 6 ¿Quiénes y cómo lo elaboramos?..................................... 7 ¿Cómo utilizar el catálogo?.......................................... 7 1. Seguridad, Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana................... 9 La ausencia de libertad para vivir sin miedo. La vida cotidiana asediada por la violencia........................................... 10 Ausencia de libertad para vivir sin miseria. La imposibilidad de “llegar a fin de mes”............................................... 13 Nuestros principios............................................... 14 2. Iniciativas Urgentes para Enfrentar la Crisis de Inseguridad.............. 17 3. OE1. Erradicar y Prevenir el Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes(NNA) por el Crimen Organizado................. 19 Iniciativa 1: Institucionalizar de manera permanente el “Comité para la Prevención del Reclutamiento”........................ 19 Iniciativa 2: Diagnóstico espacial del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado............. 21 Iniciativa 3: Mapear las redes de buena gobernanza comunitaria para el fortalecimiento del tejido social............................... 22 Iniciativa 4: Implementar protocolos de seguridad y programas comunitarios educativos en las instituciones educativas públicas.......... 23 Iniciativa 5: Establecer un cuerpo de Promotores Juveniles Comunitarios orientado a contener la deserción escolar............................. 24 4. OE2. Reconstruir el Tejido Social con enfoque de género................ 26 Iniciativa 6: Fortalecer la aplicación de la ruta de la justicia para atender la VBG.............................................. 26 Iniciativa 7: Comedores escolares como espacios para la prevención y la contención de VBG.................................. 27 Iniciativa 8: Construir agendas de seguridad humana desde las comunidades y los barrios.......................................... 29 Iniciativa 9: Establecer un cuerpo de promotores y promotoras de paz comunitaria................................................ 30 5. OE3. Promover la Seguridad Humana a través del fortalecimiento institucional de la fuerza pública y de la Justicia....................... 33 Iniciativa 10: Crear una plataforma ciudadana para la reinstitucionalización del Sistema de Seguridad y Justicia............... 34 Iniciativa 11: Transversalizar la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en la Fuerza Pública Nacional y en las entidades locales con actividades complementarias en materia de seguridad y control del orden público................................................. 35 Iniciativa 12: Crear un consorcio de generación y análisis de información entre organizaciones de Universidades, OSC e instituciones de seguridad y justicia.................................. 36 Iniciativa 13: Implementación de controles cruzados intra e interinstitucionales para combatir la captura de las instituciones de Seguridad y Justicia por parte del crimen organizado................. 37 Iniciativa 14: Reinstitucionalización del Sistema de Rehabilitación y Reinserción Social............................................... 39 Iniciativa 15: Plan de Auditoría Integral para el Combate de Flujos Financieros Ilícitos en Ecuador................................. 40 Iniciativa 16: Listado de ideas y propuestas adicionales que deben ser analizadas y desarrolladas al corto y mediano plazo para el fortalecimiento institucional de los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia............................................ 42 Agradecimientos................................................... 44 Referencias bibliográficas............................................ 48 Presentación Ecuador atraviesa un momento crítico. La violencia se ha extendido con particular crudeza en las zonas costeras y fronterizas afectando la vida cotidiana de miles de personas. Frente a esta realidad, la respuesta del Estado y de ciertos sectores de poder se ha centrado casi exclusivamente en la represión y en la retórica de la “guerra”. Sin embargo, esta estrategia aplicada sin controles ni el acompañamiento de otras políticas más integrales, ya ha sido probada en otros países de América Latina y ha demostrado no ser eficaz: no reduce la violencia, erosiona la confianza ciudadana, habilita prácticas autoritarias y genera graves violaciones a los derechos humanos. Ante este panorama, Paz y seguridad en Ecuador: Una agenda desde la sociedad civil organizada surge como una respuesta urgente y necesaria. El objetivo de este documento es enriquecer el debate público con propuestas que se atrevan a mirar más allá de las soluciones inmediatas y punitivas, y que se orienten hacia una visión integral, democrática y sostenible de la seguridad. Por supuesto, el documento no pretende abordar en su totalidad un problema tan complejo, ni dar respuesta a todas sus aristas, pero sí busca abrir un debate que nos permita pensar en acciones simultáneas y de distinta duración y en la cual se involucre a toda la sociedad. El documento que aquí se presenta es el resultado de un esfuerzo colectivo que, desde mediados de 2023, reunió a decenas de personas expertas en seguridad, derechos humanos, justicia, seguridad pública, sistema penitenciario y cooperación internacional. Desde FES Ecuador, y acorde a nuestras líneas de trabajo que buscan fortalecer el diálogo social, impulsamos la creación de un Grupo de Trabajo de Políticas de Seguridad Integral, el cual facilitó este proceso, con el valioso aporte de organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Misión Alianza, la Universidad de las Artes, Paz y Esperanza, y el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles. El resultado es este documento al cual entendemos como catálogo de ideas, iniciativas, aprendizajes de experiencias tanto nacionales como extranjeras y propuestas de política 4 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. pública que parten de una convicción compartida de que: la seguridad debe ser entendida como parte de la agenda de derechos. El enfoque de este documento se aleja del punitivo como respuesta unívoca. En su lugar, propone comprender la violencia como un fenómeno multicausal, profundamente vinculado a la seguridad humana. Esto implica reconocer que la protección de la población va más allá del control policial o penitenciario: requiere garantizar derechos, fortalecer la cohesión y el diálogo social, ampliar oportunidades y atender de manera integral las causas que generan violencia y exclusión. Este catálogo se dirige a los responsables de la formulación y ejecución de políticas públicas en todos los niveles del Estado, incluidos los gobiernos locales, cuya acción suele ser invisibilizada a pesar de su importancia en la gestión de la seguridad. En varios apartados se mencionan ministerios que, debido a las políticas de reducción del Estado, ya no existen como tales, entre ellos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos o el Ministerio de Cultura. Su desaparición institucional no implica que esas funciones hayan dejado de existir: allí donde se alude a estos ministerios, la referencia debe entenderse hacia la institucionalidad vigente encargada de garantizar los derechos y responsabilidades en esos ámbitos. Desde la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador mantenemos nuestro compromiso de ser un centro de pensamiento progresista y un facilitador de diálogos democráticos. Acompañamos este proceso convencidos de que nuestro papel es contribuir a generar espacios de encuentro y reflexión crítica, sin sustituir la voz de quienes desde la sociedad civil enfrentan cotidianamente las consecuencias de la violencia. Reconocemos que este documento solo ha sido posible gracias a la generosa contribución de sus autoras y autores, cuyos nombres, por motivos de seguridad, solo figuran sí dieron su consentimiento explícito. Esperamos que este catálogo sirva de herramienta de incidencia y de faro que orienta la discusión hacia soluciones más justas, democráticas y sostenibles. Invitamos a quienes leen estas páginas a sumarse a este esfuerzo colectivo, convencidas de que la paz y la seguridad solo serán posibles si se construyen como derechos de todas y todos, y no como privilegios reservados a unos pocos. Tina Hennecken Representante Fes-Ecuador Anahi Macaroff Coordinadora de proyectos Fes-Ecuador Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 5 Introducción ¿Qué es este catálogo? “Acciones Urgentes para enfrentar la Crisis de Inseguridad en el Ecuador” es un catálogo de ideas, iniciativas, acciones, programas y políticas alternativas para hacer frente al auge de la violencia en el país, especialmente en la Costa y en las fronteras norte y sur. A través de este documento, el Grupo de Trabajo de Políticas de Seguridad Integral de FES Ecuador, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Misión Alianza, la Universidad de las Artes, Paz y Esperanza, y el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, contribuyen a la discusión pública con propuestas que superan las respuestas punitivistas y las políticas de“mano dura” predominantes en la agenda nacional. ¿Por qué lo elaboramos? Las razones para elaborar este catálogo son dos: En primer lugar, buscamos alimentar la discusión pública con ideas alternativas, basadas en evidencia, que han demostrado eficacia tanto en Ecuador como en otros países de la región. En los últimos tres años, tanto las demandas de una parte importante de las élites como las respuestas estatales se han centrado, de forma excluyente, en el uso de la coerción, la represión y la“mano dura”. Como ha ocurrido en otros países de América Latina, estas medidas no solo han sido ineficaces, sino que han legitimado prácticas autoritarias, derivando en violaciones a los derechos humanos(CDH, 2025). En segundo lugar, este catálogo busca contrarrestar una paradoja estructural en los fenómenos de violencia: quienes más la sufren son, a menudo, quienes menos voz tienen en los debates públicos. Los discursos sobre violencia en Ecuador están siendo producidos principalmente por generadores de opinión de estratos medios y altos, que viven experiencias más distantes del fenómeno. En contraste, este catálogo fue elaborado también por personas trabajadoras y habitantes de barrios urbano-marginales de Guayaquil y Esmeraldas, quienes 6 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. viven la violencia en su cotidianidad. En un primer momento, a partir de la realización de tres grupos focales y en un segundo momento, mediante la elaboración y discusión de iniciativas. ¿Quiénes y cómo lo elaboramos? Este catálogo fue elaborado por decenas de personas desde mediados de 2023, a partir del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas de Seguridad Integral de FES Ecuador. Este grupo se compone de personas expertas en seguridad, derechos humanos, justicia, fuerza pública, comunidad, sistema penitenciario y cooperación internacional. Con base en un cuestionario delphi y reuniones iniciales, se establecieron dos criterios fundamentales: → Incorporar a personas trabajadoras de organizaciones sociales de barrios afectados por la violencia estatal y criminal. → Diseñar un catálogo integral que articule iniciativas“de abajo hacia arriba”( bottom-up) y“de arriba hacia abajo”( top-down). A partir de noviembre de 2023, se organizaron grupos focales con habitantes de barrios marginalizados y racializados en Guayaquil. Se abordaron preguntas sobre la vida cotidiana, los impactos diferenciados por género y las condiciones de trabajo de líderazgos comunitarios. Ambas conclusiones motivaron al Grupo de Trabajo de Políticas Públicas de Seguridad Integral de FES Ecuador a fortalecer sus lazos con organizaciones comunitarias, organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades y oficinas de cooperación internacional principalmente de Guayaquil. Dichas organizaciones fueron el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Misión Alianza, la Universidad de las Artes, Paz y Esperanza, el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles y una pluralidad de organizaciones y personas participantes de estos espacios y redes. La primera experiencia de trabajo conjunto tuvo lugar entre 9 y el 12 de noviembre de 2023, con la realización de 3 grupos focales orientados a responder las siguientes preguntas: → ¿Cuáles son las condiciones laborales y quiénes cuidan de las trabajadoras y trabajadores que cuidan los lazos sociales y el tejido comunitario en territorios urbanomarginalizados y asediados por la violencia en Guayaquil? → ¿Cómo es la vida cotidiana de las y los habitantes de un barrio urbano-marginalizado asediado por la violencia en Guayaquil? → ¿Cuáles son los impactos diferenciados en términos de género en la vida cotidiana de mujeres habitantes de barrios urbano-marginalizados y asediados por la violencia en Guayaquil? Los grupos focales se realizaron afuera de la ciudad. Los nombres y las referencias geográficas de las personas participantes fueron seudonimizados y los resultados de los tres grupos focales fueron devueltos a todas las personas participantes. El diagnóstico de los grupos focales fue socializado con todo el Grupo de Trabajo y las organizaciones aliadas, con el objetivo de sostener un marco común de entendimiento del problema y enriquecer la generación de propuestas con las experiencias de la vida cotidiana de las personas invitadas a los grupos focales. Finalmente, el 11, 12 y 13 de abril de 2024, más de 40 personas de diversas partes del país -pero predominantemente de Quito y Guayaquilnos dimos cita en la Universidad de las Artes para elaborar el presente catálogo. Las cinco mesas de trabajo que organizaron nuestras propuestas fueron: 1. Restauración de territorios vulnerados 2. Políticas de protección para la Niñez y la Adolescencia 3. Políticas para el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 4. Políticas para la protección de Mujeres y Niñas 5. Políticas para el cuidado de trabajadoras, trabajadores y liderazgos comunitarios El catálogo que tienes entre manos es el producto de este proceso. En un primer momento, Joselyn Pispira y Blanca Rivera tomaron todos los materiales elaborados por los más de 40 autoras y autores(participantes del taller) para sistematizarlos y estructurar una primera versión. Ese documento se benefició de las devoluciones generosas del Grupo de Trabajo de Seguridad Integral de la FES y también de lecturas atentas y ediciones generosas y extensivas de Anahí Macaroff, Carla Álvarez, Blanca Rivera, Constantin Groll y Agustín Burbano de Lara. ¿Cómo utilizar el catálogo? Acciones Urgentes para enfrentar la Crisis de Inseguridad en el Ecuador está dirigido a formuladores de políticas públicas de las instituciones estatales responsables de velar por la protección de la ciudadanía, incluyendo la multiplicidad de instancias del Estado, el gobierno nacional y los gobiernos locales, que generalmente no son contemplados dentro de las estrategias primarias de seguridad. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 7 Este catálogo puede ser utilizado por cualquier persona u organización que busque explicar la violencia como un fenómeno multicausal y que apueste por la incidencia sociopolítica de propuestas que no se limiten al repertorio de la“mano dura”. Paz y seguridad en Ecuador: Una agenda desde la sociedad civil organizada constituye una respuesta a la creciente necesidad de abordar la inseguridad desde un enfoque integral, entendiendo que para lograr resultados sostenibles en materia de seguridad ciudadana es necesario promover derechos y garantías fundamentales para la seguridad humana. Sin una integración conceptual adecuada entre seguridad ciudadana y seguridad humana, es difícil generar una protección integral para la población que trascienda la mera seguridad física de las y los ciudadanos. Este documento ha sido elaborado por organizaciones comunitarias, sociales y defensoras de derechos humanos comprometidas con la construcción de paz, los derechos humanos, la justicia social y la justicia de género. Cualquier persona, organización o entidad, tanto de la sociedad civil como del Estado, puede tomar sus ideas para implementarlas según el diseño original o adaptarlas a otras realidades e instituciones particulares y concretas. 8 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 1. Seguridad, Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana Seguridad es uno de los conceptos que más significados -y adjetivos- ha acumulado en las ciencias sociales. Es, al mismo tiempo, una premisa y un producto de nuestro relacionamiento en sociedad. Esto significa que la seguridad constituye un problema a resolver en todo ordenamiento social. Siguiendo las reflexiones de Jaguaribe y Rivarola(2009), en un sentido amplio, la seguridad es la protección que una persona y/o un grupo de personas puede garantizar respecto de su entorno. En términos objetivos, mide la ausencia de amenazas; en términos subjetivos, la ausencia de temor. Uno de los primeros conceptos de seguridad fue el de seguridad estatal , cuyo foco estaba puesto en el mantenimiento del orden público -el Estado absolutoa cualquier costo. Para limitar este concepto, el liberalismo desarrolló la noción de seguridad ciudadana :“Para la seguridad ciudadana, la prioridad es la seguridad de las personas como un derecho exigible ante el Estado.(…) Implica no solo el respeto por la integridad física y moral de las personas, sino también el derecho a disfrutar de los demás bienes jurídicos(…) y de la protección del Estado frente a cualquier privación arbitraria, sea cual fuere su origen” (Jaguaribe y Rivarola, 2009:327). El problema de este concepto radica en que, históricamente, se delegó casi exclusivamente a la actuación de las fuerzas policiales. Esto relegó por largo tiempo la formulación de políticas públicas preventivas y situacionales, imprescindibles para que el Estado garantice de manera sostenible la protección de las personas y sus diversas formas de organización social. Para contrarrestar este sesgo, la sociedad civil y los Estados han introducido otras nociones más amplias, que facilitan la incorporación de elementos fundamentales, como la participación ciudadana y la garantía -por parte del Estado- de derechos económicos, sociales, culturales y de cuarta generación. Uno de los conceptos que ha enriquecido esta visión es el de seguridad humana . Como categoría, la seguridad humana forma parte oficialmente del discurso público desde 1994, año en que el PNUD publicó el informe Nuevas dimensiones de la seguridad humana. En este informe, se articulan dos conceptos aparentemente lejanos -seguridad, por un lado, y desarrollo humano, por otro-, relacionando la seguridad del Estado con el desarrollo social de personas y pueblos. La seguridad humana es un enfoque integral que sitúa a las personas en el centro de las políticas de seguridad, y enfatiza tanto la protección como el fortalecimiento de su capacidad de agencia para garantizar bienestar y dignidad(IIDH& PNUD, 2012). Este enfoque se estructura en siete dimensiones clave: 1. Seguridad económica que busca asegurar un ingreso básico y un empleo digno; 2. Seguridad alimentaria que garantiza el acceso a alimentos suficientes y nutritivos; 3. Seguridad en la salud que aboga por la protección frente a enfermedades y el acceso a servicios de salud; 4. Seguridad ambiental que se enfoca en la protección ante desastres naturales y el deterioro del medio ambiente; 5. Seguridad personal que aborda la protección frente a la violencia física; 6. Seguridad comunitaria que promueve la cohesión social y la protección de identidades culturales; 7. Seguridad política que garantiza la protección de los derechos humanos y la participación en la vida política. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 9 “La batalla por la paz debe ser librada en dos frentes. El primer frente es el de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para vivir sin temor, y el segundo es el frente económico y social, en el cual la victoria significa conquistar la libertad para vivir sin miseria. Solo la victoria en ambos frentes puede asegurarle al mundo una paz duradera”. -Edward Stettinus, 1941 citado en Fernández(2023) Desde fines del siglo XX hasta la actualidad, el concepto de seguridad humana se ha desarrollado en dos dimensiones principales: 1. La libertad para vivir sin miedo 2. La libertad frente a la miseria y la necesidad La primera ha sido promovida por la Red de Seguridad Humana, fundada en 1999 por Canadá y Noruega 1 . Esta red ha centrado sus esfuerzos en la protección de la población civil en contextos de conflicto armado, en la lucha contra la proliferación de armas pequeñas y militares, la erradicación de minas antipersonales, la protección frente a grupos de delincuencia organizada y el tráfico de drogas y otros delitos. Por su parte, la segunda dimensión ha tenido desarrollos más diversos, tanto en países centrales como en los Estados del Sur Global. A continuación, se exponen dos ejemplos: → Pacto Africano de No Agresión y Defensa Común (2005): En su artículo 1, literal k, define la seguridad humana como la capacidad del individuo para satisfacer sus necesidades básicas cotidianas. → Una doctrina de seguridad humana para Europa (2004): Define la seguridad humana como la libertad de las personas frente a inseguridades básicas derivadas de violaciones a los derechos humanos. La diversidad de definiciones de seguridad humana desde la perspectiva de“libertad para vivir sin miseria o necesidad” refleja que las amenazas específicas y concretas son distintas según el contexto regional. Este documento se construye bajo un enfoque integral de seguridad humana. La relevancia de esta concepción radica en ofrecer un marco de acción que no solo responda a necesidades inmediatas, sino que impulse transformaciones sostenibles hacia un entorno más justo y seguro, libre de miedo y de necesidad. En la siguiente sección se presentará un análisis detallado de las causas de la inseguridad, así como las estrategias propuestas y las acciones urgentes que deben ser adoptadas por autoridades y sociedad para garantizar la seguridad humana en todas sus dimensiones. La ausencia de libertad para vivir sin miedo. La vida cotidiana asediada por la violencia Desde el 1ero de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, al menos 618 2 personas fueron asesinadas dentro de los entornos penitenciarios. 331 personas en 2021; 144 en 2022, 67 en 2023 y 76 en 2024(este último año, durante un contexto de militarización de las prisiones). Estos asesinatos tuvieron lugar, principalmente, durante 11 violentas masacres carcelarias documentadas entre 2021 y 2023. Ecuador empezó a preocuparse por los niveles de violencia que se habían gestado en sus cárceles algunos años antes, especialmente a partir del 23 de febrero de 2021, cuando tres motines carcelarios ocurrieron de manera simultánea en la Penitenciaría del Litoral, la Cárcel de Turi, el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga y la Cárcel Regional Guayas. El saldo de ese trágico día fue de 79 personas asesinadas. En las cárceles no se vive. El hacinamiento; las redes y mecanismos cotidianos de intimidación y extorsión; la corrupción institucional; la colusión entre fuerza pública, funcionarios estatales y grupos de delincuencia organizada; los paisajes de violencia interpersonal y sexual; el tráfico de drogas, armas y cuerpos; la falta de alimentación; la reaparición de enfermedades superadas a fines del siglo XX; la ausencia de vacunación; las estructuras delincuenciales internas de poder; los sistemas de cuotas y manutención que involucran a familiares de las personas privadas de libertad; la falta de infraestructura digna; el reclutamiento forzado; la total ausencia de control estatal; y, sobre todo, el miedo 1  La Red de Seguridad Humana(HSN) está conformada por Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Países Bajos, Noruega, Suiza, Eslovenia, Tailandia y Sudáfrica. La Red surgió durante la campaña sobre minas terrestres y se dio a conocer en Noruega en 1999. Para más información ver: http://www. humansecuritynetwork.org/ 2  De acuerdo a la base de datos anual del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores(2021-2023) y el Informe preliminar sobre situación cárceles en el Ecuador en contexto de ocupación militar del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(2024). Disponibles en: https://www.atencionintegral.gob.ec/estadisticas/ y https://nube.interfabu.com/s/qpqPxb5wPpdYAAK 10 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. constante a una arbitraria-pero real- pena de muerte, son solo algunos de los factores con los que las personas privadas de libertad, sus familias y seres queridos deben aprender a sobrevivir(Friedrich-Ebert-Stiftung: 2023). Sin intención de ser alarmistas, la muerte es el destino de quienes no se adaptan a estos perversos regímenes totalitarios de dominación(servidumbre) y explotación económica. En 2021, cuando la violencia intracarcelaria se convirtió en un problema público, pocos hubiesen imaginado que esas mismas dinámicas de control poblacional mediante la violencia serían replicadas, meses después, en varios barrios urbano-marginales y racializados de ciudades como Esmeraldas, Durán, Machala o Guayaquil. Para finales de 2023, ya no quedaban dudas; la vida cotidiana en ciertas cárceles ecuatorianas guardaba cada vez más paralelismos con la de algunos barrios gobernados por grupos de delincuencia organizada. Balaceras, armas, personas asesinadas o heridas, reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes desde los 11 años, cámaras IP en intersecciones que transmiten en tiempo real a centros de vigilancia criminal, pérdida del derecho al espacio público y comunitario, reducción de márgenes de negociación para actividades sociales, violencia sexual, posesión y señorío arbitrario y violento sobre cuerpos ajenos -con fines sexuales o delictivos-, desplazamientos forzados, puestos de control en los accesos a los barrios, disputas territoriales y las llamadas“vacunas” semanales -un sistema tributario paralelo aplicado a viviendas y comercios-, tráfico de armas, drogas y personas, son solo algunas de las formas en que la violencia, que inicialmente estalló en las cárceles, comenzó a moldear el día a día de cientos de miles de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en algunos de los territorios más destituidos, tanto material como simbólicamente, del Ecuador(Friedrich-Ebert-Stiftung: 2023). La violencia en Ecuador es un fenómeno histórico y multicausal (Burbano de Lara: 2023). Explicar cómo se llegó hasta la situación actual excede el propósito del presente documento. Sin embargo, es necesario reconocer que la violencia contemporánea en Ecuador no puede entenderse sin considerar múltiples factores estructurales y coyunturales, entre ellos: → El proceso de desmantelamiento de las capacidades institucionales, coercitivas, regulatorias y económicas del Estado -el llamado Estado“obeso”-; → El proceso de paz en Colombia; → La firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que favoreció especialmente a las economías agroexportadoras; → Un proceso histórico de empobrecimiento de los trabajadores en haciendas bananeras y camaroneras; → La decisión del Estado ecuatoriano de no mitigar los impactos negativos de la pandemia de COVID-19 en los estratos socioeconómicos más empobrecidos; → La destrucción de instituciones fundamentales del sistema de seguridad, como el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica de Drogas; → El intercambio informal de desregulación y autarquía a cambio de gobernabilidad(mediante represión e inteligencia) entre el Ejecutivo y la Fuerza Pública; → Las políticas neoliberales, entre otras. A pesar de no ser las únicas mercancías involucradas en el espiral de violencia, la droga y la minería ilegal han emergido -como ya ha ocurrido en otras partes del continentecomo las dos principales bases materiales de la violencia. De esta manera, se entiende mejor por qué, a partir del año 2021, Ecuador comenzó a experimentar un auge súbito de violencia en su vida cotidiana. Quizás el mejor indicador de este fenómeno sea el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, que en un lapso de cuatro años - desde fines de 2020 hasta fines de 2023 - pasó de 8 a 46, convirtiendo al país en uno de los más violentos de la región(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, 2025) Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2023 se registró un aumento del 500% en homicidios de adolescentes entre 15 y 19 años en comparación con 2019. De forma similar, UNICEF(2024) denunció que la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentó un 640%, pasando de 104 en 2019 a 770 en 2023. Las escuelas no han estado al margen de esta violencia: varias de ellas se han convertido en territorios en disputa, donde docentes y estudiantes son amenazados por alumnos o familiares vinculados a grupos de delincuencia organizada(GDO). Estos grupos sostienen mercados ilegales dentro de los establecimientos educativos y extorsionan a miembros de la comunidad escolar. Solo en 2023, la Unión Nacional de Educadores(UNE) acompañó a 80 docentes en procesos de denuncia de extorsión ante la Fiscalía. La mayoría, sin embargo, no denuncia por temor a represalias(Cañizares, 2024). Esta violencia se ha concentrado principalmente en la región costera, las fronteras norte y sur, y en algunos enclaves mineros de la Amazonía y la Sierra. Provincias como Esmeraldas y Los Ríos superaron la tasa de Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 11 85 homicidios por cada 100 mil habitantes(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, 2025). No obstante, este indicador no refleja toda la violencia que enfrentan las poblaciones de estas provincias. A la muerte se suman el robo, asalto, extorsión, violencia sexual y, en algunas localidades, reclutamiento forzoso, desplazamientos forzados y control territorial y de movilidad ejercido por grupos del crimen organizado(Friedrich-Ebert-Stiftung: 2023). En el ámbito carcelario, la falta de regulación y la corrupción facilitan el abastecimiento ilícito y la explotación de los familiares de las personas privadas de libertad(PPL), perpetuando ciclos de pobreza y violencia. Según un estudio de Kaleidos(2021), el costo mensual para los familiares de personas privadas de libertad varía entre$124 y$251, destinado a cubrir necesidades básicas como alimentación, artículos de aseo, visitas familiares y seguridad. En total, los familiares cubren entre el 37% y el 45% del gasto mensual de sus parientes en prisión. El estudio también reveló que las mujeres -en su mayoríasoportan la carga económica y afectiva de tener un familiar encarcelado(Kaleidos, 2021). Además de los gastos básicos, los familiares enfrentan costos adicionales, como el pago por protección dentro de los centros penitenciarios, lo que ha favorecido la consolidación de mafias carcelarias. Tras la declaratoria de conflicto armado interno y la fuga del líder de uno de los GDO en enero de 2024, el Estado ecuatoriano tomó el control de las cárceles a través de su militarización. Sin embargo, persisten las denuncias de tortura y tratos inhumanos(CDH, 2024), mientras los familiares de las PPL continúan asumiendo los gastos de salud, alimentación y“protección”(Bargent& Noroña, 2024). La expansión de las economías ilícitas y la extorsión se ha incrementado de forma exponencial. Una encuesta del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) reveló que 3 de cada 10 empresas fueron víctimas de extorsión durante 2023(OECO, 2023). Adicionalmente, el aumento de denuncias por secuestro elevó la presión ciudadana sobre las autoridades gubernamentales. En respuesta, estas han adoptado medidas parciales, unidireccionales y de corto plazo, como la militarización de la seguridad pública(Meléndez y Vergara, 2024). Según Luis Córdova(2024), director del Programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, existen tres tipos de vulnerabilidades: → Relativas al gobierno y gobernanza del sector seguridad. El Gobierno ecuatoriano enfrenta dos problemas centrales en materia de seguridad. Primero, carece de capacidad para proporcionar “inteligencia contextual” 3 , imprescindible para comprender los flujos ilícitos, la criminalidad y la violencia, y actuar con estrategia. Segundo, existe una“brecha de impunidad”, resultado de un sistema judicial debilitado y colapsado, evidenciado por la baja tasa de resolución de homicidios, lo que debilita la efectividad de las políticas de seguridad pública. → Relativas al proceso de elaboración de las políticas públicas de seguridad. En este ámbito se identifican al menos dos retos graves. Primero, la necesidad de optimizar la planificación estratégica, recabando datos confiables y ajustándose rápidamente a las transformaciones en criminalidad y violencia. Segundo, la importancia de involucrar a la sociedad civil, incluidas víctimas y familiares, para garantizar que las respuestas reflejen demandas reales y evitar el aislamiento institucional asociado a una militarización excesiva. → Relativas al proceso de implementación de las políticas de seguridad. Primero, la ausencia de mecanismos robustos de supervisión externa y rendición de cuentas en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que favorece la infiltración criminal. Segundo, la falta de esfuerzos estatales para analizar y reformar la cultura organizacional dentro de estas instituciones, en las que ya se han detectado prácticas ilícitas. Otro factor que incide en la ausencia de libertad para vivir sin miedo es la falta de capacidad de respuesta del sistema de protección para abordar la violencia basada en género(VBG). En este marco, el Estado ha optado por reducir el presupuesto destinado a la atención y prevención de la VBG. Esta reducción ha contribuido a la invisibilización de la violencia de género frente a otras formas de violencia criminal -como las desapariciones forzadas y los feminicidios-, así como frente a la declaratoria de conflicto armado interno, donde se han reportado formas de violencia sexual como arma de guerra y desapariciones extrajudiciales. Todo ello agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Según Fundación ALDEA en 2024 se registraron 274 femicidios. Del total, 11 estaban embarazadas, y el 35% corresponde a agresores con vínculo sentimental con las víctimas. El promedio de edad de las víctimas fue de 36 años. De las mujeres asesinadas, 79 eran madres, lo que dejó aproximadamente 131 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad. Este tipo de violencia fractura los tejidos familiares y sociales, al vulnerar derechos 3  En el contexto de la seguridad, la inteligencia contextual se refiere a la capacidad de recopilar, analizar y utilizar información relevante del entorno, las circunstancias y los datos disponibles para tomar decisiones informadas y efectivas en la prevención, detección y respuesta a amenazas o riesgos. Implica integrar múltiples fuentes de información y comprender el contexto específico de una situación para generar una respuesta adecuada y oportuna 12 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. fundamentales, como el de niños, niñas y adolescentes (NNA) a crecer bajo la protección de una familia. Esta fractura se convierte, además, en un factor de riesgo adicional para el reclutamiento forzoso por parte de grupos de delincuencia organizada(GDO). En relación con este reclutamiento, las niñas y mujeres en ciertos territorios son utilizadas con fines de explotación sexual, convirtiéndose en víctimas de trata de personas(CDH, 2023 y Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023). Esto las convierte, a su vez, en blancos vulnerables de los operativos vinculados al conflicto armado interno, sufriendo violaciones y abusos por parte de la fuerza pública(Human Rights Watch, 2024). Muchas veces, en lugar de ser reconocidas como víctimas, estas mujeres son erróneamente criminalizadas y consideradas integrantes de los GDO. Otro punto a considerar es la violencia de género dentro de las fuerzas públicas, donde se ha revelado un preocupante patrón de abuso y encubrimiento. Casos recientes, como los feminicidios de Aidita Ati, María Belén Bernal y Dayana Lamiña, han evidenciado la gravedad de esta situación: mujeres asesinadas por uniformados dentro de instalaciones policiales o militares. Estos incidentes subrayan la impunidad institucional y la falta de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres dentro de las entidades responsables de garantizar la seguridad pública. La respuesta del Estado ha sido insuficiente, no solo en relación con mujeres y niñas, sino también frente a las disidencias sexuales(FRANCE 24, 2024). Desde el estado de excepción del 9 de enero, se han denunciado violaciones a la dignidad humana, en particular contra personas privadas de libertad de la comunidad LGBTIQ+, cuyas familias han reportado casos de tortura y violencia sexual, frente a un silencio institucional persistente. Organizaciones de la sociedad civil y diversos reportajes han denunciado esta preocupante tendencia, señalando que la militarización y la cultura de machismo estructural en las fuerzas públicas exacerban la vulnerabilidad de mujeres y diversidades, tanto civiles como miembros activos de estas instituciones(CDH, 2024). Las estructuras comunitarias también se han debilitado, ya que el temor ha llevado a la población a encerrarse en sus hogares. Un diagnóstico de seguridad y protección realizado por CEPAM-G(2023) en las parroquias Ximena y Tarqui de la ciudad de Guayaquil mostró cómo la delincuencia organizada ha afectado la dinámica de relacionamiento comunitario. En algunos sectores, los espacios públicos -como parques o canchas deportivashan sido ocupados por GDO, impidiendo que funcionen como espacios de convivencia y esparcimiento. Asimismo, los grupos focales realizados por el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas de Seguridad Integral señalaron que el miedo y la indefensión son percepciones comunes entre los participantes. En este sentido, el diagnóstico de CEPAM-G indica que la violencia actual incorpora un componente de espectacularización, cuyo propósito es naturalizar su presencia en el territorio. Los medios de comunicación juegan un papel dual y significativo en la perpetuación de la violencia, al exponer constantemente a la población a contenidos que legitiman relaciones violentas de género y difunden la narcocultura. Este enfoque incluye la representación glamurizada de la vida de los narcotraficantes, quienes son retratados como figuras de poder y éxito, lo que puede resultar atractivo para adolescentes y jóvenes(Pardo, 2018). Desde la psicología, la teoría del priming sugiere que la exposición repetida a estos contenidos incrementa la probabilidad de adoptar patrones de comportamiento y normas culturales que fomentan la violencia y el crimen como medios válidos de resolución de conflictos y ascenso social(sobre la teoría del priming ver Kahneman, 2011). Ausencia de libertad para vivir sin miseria. La imposibilidad de“llegar a fin de mes” Ecuador enfrenta una situación crónica en varios indicadores sociales y económicos. En 2023, la tasa de desempleo alcanzó el 5,7%, con mayor impacto en las áreas rurales y entre comunidades indígenas(UNICEF, 2023). Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado. La pobreza continúa siendo un problema significativo, afectando al 27,7% de la población (aproximadamente 4,6 millones de personas ). Esta situación se agrava en las zonas rurales, donde la pobreza alcanza el 46% y la pobreza extrema, el 17,4% (INEC, 2024). La falta de empleo y de derechos laborales constituye una problemática crítica, especialmente en los territorios más vulnerables, donde predominan la informalidad y la precariedad laboral . Testimonios de habitantes de barrios afectados por el crimen organizado transnacional muestran que sobreviven con empleos informales, sin acceso a seguridad social ni protección legal. Al no poder acceder a crédito formal, muchas personas recurren a prestamistas informales o“chulqueros”, cayendo en ciclos de endeudamiento insostenibles (Friedrich-Ebert-Stiftung en Ecuador, 2023). Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 13 La desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños , con una incidencia aún mayor en las poblaciones indígenas, donde alcanza el 40,7% (UNICEF, 2023). La falta de higiene, agua potable y saneamiento es una de las principales causas: el 36,7% de niños y niñas menores de 5 años consume agua contaminada con heces fecales (INEC, 2023). En el Censo 2022, se evidenció que el 34,2% de las viviendas del país no cuenta con acceso a alcantarillado, y que el 15,50% no tiene conexión al servicio de agua por red pública(INEC, 2024). Según Fundación Ayuda en Acción(2024), 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable; esta cifra se duplica en zonas rurales, donde 5 de cada 10 personas ponen en riesgo su salud por consumir agua contaminada. La brecha en salud se evidenció fuertemente durante la pandemia de COVID-19, no solo por la escasez de camas UCI( 1.183 camas, equivalentes a 1,4 por cada 100 mil habitantes ), sino también por las desigualdades entre provincias y sectores sociales: el 57% de la población no tiene seguro de salud. Además, se reveló la falta de pertinencia entre la formación de profesionales de la salud y las necesidades reales de los territorios(Grupo FARO, 2021). El embarazo adolescente sigue siendo un desafío urgente. En el grupo de edad de 15 a 19 años , se registran 47,3 nacimientos por cada mil adolescentes . Entre enero y agosto de 2024, el Monitoreo de Embarazo Adolescente del MSP reportó 8.337 partos adolescentes . De enero a abril del mismo año, se documentaron 772 embarazos por violencia sexual en niñas , de los cuales el 65% ocurrió en el entorno familiar , según el movimiento Niñas No Madres(SWI, 2024). El embarazo adolescente y la deserción escolar son factores que refuerzan el ciclo intergeneracional de pobreza y exclusión (UNICEF, 2023). La mortalidad materna también evidencia inequidades en el acceso a atención médica adecuada, especialmente en zonas rurales. La salud mental es otra área crítica. Se ha observado un aumento en los casos de depresión y ansiedad , como consecuencia de la crisis económica y la violencia(VOA, 2024). Una encuesta del Ministerio de Salud Pública reveló que el 20% de NNA presenta síntomas depresivos o ansiosos, y un 10% ha considerado o intentado suicidarse (World Vision, 2023). Tras la pandemia, el sistema educativo sufrió un retroceso. Entre 2019 y 2020 se registró una caída significativa en las tasas de matrícula, de la cual el país aún no se recupera. Para el período 2023–2024, la tasa de deserción escolar fue del 1,88% , con provincias como Morona Santiago(5,10%), Pastaza(3,69%) y Esmeraldas(3,17%) particularmente afectadas (Ministerio de Educación, 2024). Durante ese mismo año lectivo, 64.024 estudiantes en ocho provincias de la Costa y Galápagos no se matricularon respecto al año anterior. Las tres principales causas del abandono escolar son: falta de dinero(24,9%), movilidad(13,1%) y trabajo infantil(7,1%) (Ministerio de Educación, 2023). Estas cifras muestran un significativo debilitamiento del sistema educativo. La Unión Nacional de Educadores(UNE) ha señalado que la violencia es un factor agravante de la deserción escolar y una amenaza directa a la seguridad de docentes. En educación superior, solo el 26% de las personas en edad universitaria accede a ese nivel. En provincias como Napo, esta tasa apenas alcanza el 5% (Mideros, 2023). Una problemática muchas veces invisibilizada es el escaso acceso a vivienda digna y servicios básicos. Hasta 2019, la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares reportó 1.108 sitios con esta problemática(El Comercio, 2019). Adicionalmente, proyectos habitacionales sin acompañamiento social y económico han agravado la situación. Tal es el caso de Socio Vivienda 2 en Guayaquil, con 24.000 habitantes , donde se ha evidenciado la necesidad de una política pública de vivienda integral(Letamendi, 2023). Los factores expuestos muestran distintas formas en que Ecuador está aún lejos de alcanzar dos dimensiones esenciales para la seguridad humana: l a libertad de vivir sin miedo y la libertad de vivir sin miseria. El Estado necesita una visión estratégica y sostenible , que no se limite a intervenir territorios conflictivos con declaratorias de estado de excepción , sino que aborde de manera integral todos los factores que perpetúan y exacerban la espiral de violencia. Nuestros principios Prevención: De acuerdo con el informe Human Security Now de la Comisión de Seguridad Humana(2003), el principio de prevención busca anticiparse a los riesgos y amenazas que puedan comprometer la integridad, el bienestar y/o los derechos de las personas. Se fundamenta en la identificación temprana de peligros potenciales y en la implementación de acciones para reducir o eliminar su probabilidad de ocurrencia. En este sentido, la prevención gestiona el riesgo. Sin una estrategia de prevención efectiva, los esfuerzos por combatir la violencia se vuelven reactivos, es decir, limitados a mitigar los síntomas sin abordar las raíces del 14 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. problema. En el contexto de Ecuador, donde la violencia criminal y la pobreza son desafíos persistentes, la prevención se plantea como una vía indispensable para evitar el agravamiento de estos fenómenos. Esta propuesta contempla no solo la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas, sino también la promoción de una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos. En el campo de la gestión de riesgos, la prevención es una estrategia más eficaz y menos costosa: prevenir el delito es más barato en términos económicos y sociales que reaccionar cuando ya ha ocurrido. En el campo de la prevención, la UNODC(2023) ha recopilado una serie de recomendaciones retomadas en esta propuesta. La prevención del delito se clasifica en tres niveles: 1. Prevención primaria, que busca reducir las oportunidades de cometer delitos en la sociedad en general, por ejemplo, mediante el diseño de entornos más seguros. 2. Prevención secundaria , dirigida a personas o grupos en riesgo de involucrarse en actividades delictivas, a través de intervenciones como programas educativos o comunitarios. 3. Prevención terciaria , que se enfoca en quienes ya han cometido delitos, con el objetivo de evitar la reincidencia mediante programas de rehabilitación y reintegración social. Adicionalmente, se reconocen distintos t ipos de prevención: → Prevención situacional o ambiental , basada en la mejora del entorno físico e infraestructural para reducir las oportunidades de cometer delitos. Se fundamenta en teorías como la elección racional, la prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED) y la teoría de las actividades rutinarias. → Prevención social , orientada al fortalecimiento del control social informal mediante programas desde instituciones clave como la familia y la escuela. Su objetivo es intervenir sobre factores estructurales y relacionales que inciden en la conducta delictiva. → Prevención comunitaria , que promueve la participación activa de la ciudadanía en el fortalecimiento del tejido social y territorial, priorizando valores compartidos y mecanismos de control comunitario. Estas perspectivas -niveles y tipos de prevenciónpueden y deben ser aplicadas de manera transversal y complementaria(UNODC, 2023). Evaluación de no causar daños(Do not harm assesment): De acuerdo con Mary B. Anderson(1999), la evaluación de “no causar daños” es un principio que debe ser aplicado por organizaciones humanitarias, ONG, agencias de desarrollo y otros actores, con el fin de prevenir y mitigar los posibles efectos negativos no contemplados de sus acciones en las comunidades y las personas que buscan apoyar. Este enfoque se orienta por la identificación temprana de riesgos y efectos colaterales, y por la prevención de consecuencias no deseadas de la intervención, tales como: → Conflictos comunitarios → Generación de dependencia de la ayuda → Reforzamiento de desigualdades existentes → Exclusión de grupos vulnerables, entre otros Además, este principio exige que los proyectos sean sensibles al contexto , considerando de forma integral las dinámicas culturales, políticas y económicas del territorio de intervención. Esto implica entender las lógicas locales , las relaciones de poder existentes y los impactos simbólicos y materiales de las acciones propuestas. Principio de responsabilidad: Cualquier iniciativa o intervención sociopolítica en el Ecuador contemporáneo debe promover activamente el principio de responsabilidad. Ante la mala práctica política -cada vez más frecuente- por parte de autoridades y tomadores de decisiones, tanto nacionales como locales, de eludir sus obligaciones y trasladar la culpa a terceros por los problemas sociales y la falta de respuestas adecuadas, se vuelve imperativo recuperar y enfatizar este principio como eje central de la acción pública. De acuerdo con la Norma Humanitaria Esencial(2014) de CHS Alliance, la responsabilidad consiste en la obligación de funcionarios, políticas, instituciones, organizaciones y gobiernos de asumir las consecuencias de sus decisiones y acciones, garantizando que estas promuevan el bienestar colectivo, respeten los derechos humanos y eviten causar daño. Este principio exige actuar con diligencia, transparencia y rendición de cuentas , especialmente en contextos marcados por la violencia, donde está en juego la vida, la seguridad y la dignidad de las personas. Integralidad. El informe anteriormente mencionado, Human Security Now, nos invita a emplear un concepto Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 15 integral de seguridad humana , que considere múltiples dimensiones del bienestar para garantizar una protección efectiva y sostenible para las comunidades y las personas. Este principio reconoce que la seguridad humana no se limita a la ausencia de violencia o amenazas físicas, sino que también abarca dimensiones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas y de salud. Es decir, la seguridad humana implica condiciones estructurales que aseguren a las personas vivir con dignidad, estabilidad y posibilidad de desarrollo personal y colectivo. Esto significa que las estrategias orientadas a fortalecer y democratizar las capacidades coercitivas del Estado deben estar en armonía con políticas preventivas y restaurativas, orientadas a reconstruir el tejido social mediante acciones de bienestar, cuidados y promoción de derechos. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo: Estos principios son adaptaciones de la literatura sobre gobernanza y desarrollo. El principio de abajo hacia arriba ( bottom-up) promueve la participación activa de las comunidades afectadas por la violencia en el diseño e implementación de políticas, estrategias o programas. De esta manera, se garantiza que las respuestas cuenten con su consentimiento, reflejen sus realidades y estén adaptadas a sus necesidades específicas. Por su parte, el principio de arriba hacia abajo ( top-down) se enfoca en promover una planificación estructurada y una distribución adecuada de recursos desde los niveles superiores del Estado -tanto nacional como local-, así como desde organismos multilaterales. Aunque pueden parecer contradictorios, la combinación de ambos enfoques es esencial para lograr intervenciones integrales, sostenibles y eficaces en el marco de la seguridad humana. La articulación entre la acción estatal estructural y la participación comunitaria asegura tanto legitimidad social como capacidad operativa. 16 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 2. Iniciativas urgentes para enfrentar la Crisis de Inseguridad Con el propósito de abordar y enfrentar las múltiples dimensiones de la inseguridad que afectan a nuestra sociedad -y para ofrecer soluciones concretas que promuevan una seguridad integral-, esta propuesta desde la sociedad civil organizada contempla los niveles de prevención desarrollados por la UNODC(2020) , los cuales se clasifican de acuerdo con sus características temporales , la forma de intervención propuesta y la población objetivo . Si bien estos enfoques tienen su origen en el campo de la salud pública , han sido adoptados por diversos autores y organizaciones para la prevención del delito. En este marco: → La prevención primaria se orienta a intervenir antes de que ocurra la violencia, con enfoque en la población general ; → La prevención secundaria busca mitigar los efectos de la violencia ya ocurrida, enfocándose en poblaciones vulnerables ; → La prevención terciaria se centra en la rehabilitación de víctimas y en prevenir la reincidencia en personas que han cometido delitos(UNODC, 2020). Las respuestas basadas en la “mano dura” y la militarización no solo han fracasado en brindar seguridad a las comunidades, sino que a menudo han exacerbado la violencia y generado altos costos para la democracia, la seguridad y los derechos humanos (Meléndez y Vergara, 2024). En contraste, esta propuesta plantea iniciativas urgentes construidas junto a la sociedad civil para transformar la realidad y ofrecer respuestas alternativas al enfoque bélico. Su base teórica se fundamenta en el enfoque de seguridad humana y en la prevención del delito. Las acciones propuestas no pretenden abarcar todos los problemas estratégicos que enfrenta el Ecuador en el marco del conflicto actual, sino que se centran en tres objetivos estratégicos priorizados por los actores participantes en este proceso colectivo: → OE1 Erradicar y prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes(NNA) por parte del crimen organizado → OE2 Reconstruir el tejido social con enfoque de género → OE3 Fortalecer la seguridad humana a través de las instituciones de seguridad y justicia Para alcanzar estos objetivos estratégicos, se requiere una acción colectiva , que considere: → Las dimensiones de la seguridad humana → Los niveles de prevención del delito → Los resultados esperados en cada una de las acciones propuestas Cada acción está organizada en función de un esquema metodológico que responde a preguntas clave para su implementación efectiva: → ¿ Por qué? Justificación: aborda necesidades urgentes ante la crisis de inseguridad. → ¿Para qué? Propósito u objetivo de la acción. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 17 → ¿Para quién? Público objetivo principal, con identificación de actores responsables y secundarios. → Descripción de la acción: Se detallan sus componentes, metodología y recursos requeridos. → Experiencias similares: Se revisan antecedentes nacionales o internacionales relevantes en contextos comparables. → Resultados esperados: Se establecen metas claras, centradas en la reducción de la violencia y la mejora de la seguridad. 18 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 3. OE1 Erradicar y prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) por el crimen organizado La inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles críticos (OECO, 2023), especialmente en lo que respecta al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes(NNA) por parte de grupos de delincuencia organizada (CDH, 2023; UNICEF, 2024). Este fenómeno constituye una grave violación de los derechos humanos , según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH, 2023), ya que coloca a los NNA en situaciones de riesgo extremo y perpetúa ciclos de violencia y descomposición social en las comunidades afectadas. Los NNA son reclutados por grupos criminales para ampliar su base operativa y ser utilizados en actividades como el tráfico de drogas , la extorsión e incluso, en algunos casos, como combatientes o informantes . Aunque este fenómeno no es nuevo, ha adquirido nuevas dimensiones con el fortalecimiento del crimen organizado. Estadísticas de la CIDH indican que miles de NNA son víctimas de reclutamiento forzado cada año en América Latina, con casos especialmente graves reportados en países de la región(Orozco, 2015). Las consecuencias del reclutamiento son devastadoras : los menores son expuestos a violencia extrema , son desarraigados de sus entornos comunitarios , lo que desintegra el tejido social y dificulta gravemente su reintegración social, educativa y emocional. Además, la falta de respuesta efectiva del Estado y la ausencia de políticas públicas de protección integrales agravan esta crisis, dejando a los NNA en situaciones permanentes de vulnerabilidad (CIDH, 2023). Iniciativa 1: Institucionalizar de manera permanente el “Comité para la Prevención del Reclutamiento” Objetivo: Tomando en consideración que el Ministerio del Interior actualmente lidera el desarrollo del“Comité para la Prevención del Reclutamiento”, esta iniciativa propone dotar al Comité de una institucionalidad propia, con estrategias orientadas a la prevención, mitigación del riesgo, protección y desvinculación de NNA de redes del crimen organizado. Justificación: El reclutamiento forzoso, el uso, la vinculación y la explotación de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos de delincuencia organizada representa una de las formas más graves de violencia que enfrentan comunidades en situación de vulnerabilidad en Ecuador. La exposición creciente de NNA a la delincuencia, al sistema penal, y a redes emergentes del crimen organizado ha sido ampliamente documentada(Ministerio del Interior, 2024; Infobae, 2025; World Vision, 2025; El Universo, 2023; CDH, 2023; TAG International, 2024; Indómita, 2024, entre otros). Actualmente, Ecuador ha iniciado la creación de un dispositivo interinstitucional con base en el documento“Estrategia para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”. Sin embargo, este dispositivo presenta un problema estructural: carece de capacidades humanas, financieras e institucionales permanentes y exclusivas que le permitan desarrollar e implementar políticas efectivas de prevención, mitigación, protección y desvinculación. El Comité incluye actualmente representantes del Ministerio del Interior, Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 19 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio del Deporte, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición, y BANECUADOR B.P. No obstante, la experiencia demuestra que estructuras interinstitucionales débiles y sin autonomía han sido ineficaces, como en el caso del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, que fracasó en reproducir los logros de entidades anteriores como la Secretaría Técnica de Drogas(SETED). Descripción: El Comité debe convertirse en una instancia estatal con carácter autónomo, conformada por las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Debe contar con recursos financieros, técnicos y humanos exclusivos para su operación sostenida. Sus competencias deberán abarcar desde la prevención temprana, la mitigación de riesgos, la desvinculación(rescate) y la reinserción integral de NNA. Esta articulación entre funciones del Estado busca mejorar la coordinación nacional, dar respuestas integrales y sostenibles, y restaurar la confianza comunitaria en las instituciones públicas. Experiencias nacionales e internacionales: La experiencia cercana más efectiva es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización(ARN) de Colombia. Creada en 2011 bajo el nombre de Agencia Colombiana para la Reintegración(ACR) y renombrada en 2016 como ARN, su propósito principal es liderar y coordinar los procesos de reincorporación y normalización de personas que han dejado de participar en grupos armados ilegales, incluyendo excombatientes de las FARC-EP, el ELN, las Autodefensas y otros grupos relacionados con el conflicto armado, así como, en algunos casos, menores de edad desvinculados de estas organizaciones. Aunque el contexto histórico del conflicto armado en Colombia difiere notablemente del caso ecuatoriano, es una experiencia de la cual hay como sacar valiosos aprendizajes en procesos como: → Reincorporación: Diseña e implementa programas para facilitar la reintegración social y económica de excombatientes en la vida civil, incluyendo acceso a educación, formación laboral, apoyo psicosocial y generación de ingresos. → Normalización: Promueve la reconciliación y la convivencia en comunidades afectadas por el conflicto, trabajando con víctimas, excombatientes y autoridades locales para construir paz territorial. → Atención a Menores Desvinculados: La ARN tiene un programa específico para niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados de grupos armados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF). Este programa se enfoca en la restitución de derechos, atención psicosocial, educación y reintegración familiar o comunitaria, siguiendo las directrices del Derecho Internacional Humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño. → Gestión Interinstitucional: Colabora con otras entidades estatales, organizaciones internacionales (como la ONU) y ONG para garantizar un enfoque integral en los procesos de reintegración. → En México y Colombia han existido varios programas realizados por organizaciones no gubernamentales, entidades nacionales, organismos multilaterales y gobiernos locales, orientados hacia este propósito. Aunque su alcance ha sido variable, se han orientado por instrumentos como: → La Guía sobre el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados: Desarrollado por UNICEF(2007) propone un enfoque integral y multidisciplinario para elaborar protocolos que incluye atención psicológica, reintegración educativa, y apoyo a las familias. Además, subraya la necesidad de colaboración entre instituciones estatales, organizaciones civiles y la comunidad para garantizar la protección y recuperación efectiva de estos menores, promoviendo su reintegración social y el respeto a sus derechos humanos. → Reintegración comunitaria de excombatientes en Colombia: una mirada desde lo territorial(Cárdenas Díaz& Pérez Páez, 2018) recoge una serie de iniciativas que han dado resultado tras protocolos y metodologías desarrolladas en torno a este tema, como por ejemplo el Modelo de Reintegración Comunitaria: tejiendo redes para la paz y la reconciliación desde la imaginación moral, el cual consiste en 5 fases: i) alistamiento, ii) diagnóstico participativo, iii) formación ciudadana, iv) proyecto comunitario y v) evaluación comunitaria. → Voces de jóvenes excombatientes (Keairns, 2004,), cuyo enfoque desde la psicología es un aporte al análisis cultural a partir de la vivencias de niñas y mujeres ex combatientes, brinda importante recomendaciones para quienes trabajan en este tipo de acciones. Población potencialmente beneficiaria: Niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes en comunidades urbanas y rurales en situación de vulnerabilidad y riesgo ante el reclutamiento forzoso y la vinculación al crimen organizado. Según el Ministerio del Interior(2024), esta población se estima en al menos 1.900.000 NNA. Entidades estatales y actorías relevantes: Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, 20 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organismos Multilaterales y No Gubernamentales, Academia, Organizaciones Comunitarias. Resultados esperados: 1. Protocolos de rescate y reintegración social de NNA sobrevivientes. 2. Estrategias de Prevención para Población Vulnerable. 3. Estrategias de mitigación para NNA en situación de riesgo inminente. Iniciativa 2: Diagnóstico espacial del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado Objetivo: Identificar los territorios y las poblaciones con mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad ante el reclutamiento forzado, la utilización y la vinculación de niños, niñas y adolescentes(NNA) por parte de grupos de pandillas, organizaciones delincuenciales y delincuencia organizada(GDO). Justificación: La necesidad de este diagnóstico surge ante la creciente incidencia del reclutamiento forzoso de NNA en contextos de violencia y conflicto. Comprender dónde, cómo y bajo qué condiciones ocurren estas situaciones es esencial para diseñar e implementar intervenciones eficaces, focalizadas y sensibles al contexto. Actualmente, la falta de información precisa, desagregada y actualizada sobre las áreas más afectadas limita gravemente la capacidad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para actuar preventivamente. Las respuestas generalistas tienden a ignorar las diversas realidades territoriales, lo que resulta en políticas ineficientes o incluso contraproducentes. Descripción: La propuesta consiste en realizar un diagnóstico espacial integral de las zonas más afectadas por el reclutamiento, uso y vinculación de NNA en redes del crimen organizado. Este diagnóstico se construirá sobre la base de tres ejes analíticos: 1. Dinámicas criminales y estadísticas post-delictivas: análisis de homicidios, desapariciones, delitos sexuales, microtráfico, extorsión, etc. 2. Factores socioeconómicos y culturales de riesgo: pobreza, deserción escolar, embarazo adolescente, desempleo, informalidad, violencia intrafamiliar, etc. 3. Capacidades estatales y comunitarias de respuesta: presencia institucional, nivel de organización comunitaria, infraestructura crítica y servicios básicos disponibles. A partir de esta información se elaborará un índice de vulnerabilidad territorial que permitirá establecer zonas prioritarias de intervención, así como grupos poblacionales en mayor riesgo. Se sugiere triangular metodologías cualitativas, estadísticas(ciencia de datos) y de análisis geoespacial. La información estadística no debe concentrarse solamente en registros de Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Sistema ECU 911, sino que también debe integrar estadísticas de educación, salud, actividades económicas, acceso a seguridad social, agua potable, alcantarillado, suelo, productividad judicial, numérico de policías y militares en el sector, infraestructura crítica y estratégica, dinámicas de los centros de rehabilitación social cercanos, entre otras. Experiencias internacionales: En el caso colombiano, se han implementado diagnósticos sistemáticos en regiones afectadas por el conflicto armado, permitiendo identificar áreas de mayor vulnerabilidad, evaluar los factores de riesgo y orientar las intervenciones públicas. En particular, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha liderado la elaboración de diversos informes que han influido en la formulación de políticas públicas: → Informe 2014: “Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico”. Este informe subraya las particularidades culturales y étnicas de las comunidades afectadas, promoviendo una aproximación interseccional. → I nforme 2020: “Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Retos de la política pública de prevención”. Evalúa los desafíos institucionales y territoriales que enfrenta la implementación efectiva de la prevención. → I nforme 2021: “Dinámicas actuales de reclutamiento, uso y utilización de NNA por parte de grupos armados ilegales o delincuencia organizada”. Este documento ofrece una caracterización profunda de los actores armados involucrados y las rutas de reclutamiento, además de proporcionar recomendaciones dirigidas a las entidades estatales responsables de la protección integral de los NNA víctimas de estos delitos (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2021). Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad(ONC) elaboró en 2021 el documento técnico“Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo”. Este estudio adopta una aproximación cuantitativa y una perspectiva macro, permitiendo estimar la población infantil y adolescente en riesgo potencial de Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 21 reclutamiento. Además, ofrece una guía metodológica útil para el diseño de políticas públicas, basándose en indicadores de exclusión, violencia estructural, pobreza y acceso desigual a servicios básicos. Población potencialmente beneficiaria: Niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento forzoso, utilización y vinculación por parte de Grupos de Delincuencia Organizada. Entidades estatales y actorías relevantes: Esta acción está dirigida principalmente a las autoridades estatales nacionales(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como gobiernos locales. El levantamiento de la información se debe hacer en articulación con las organizaciones comunitarias, defensoras de derechos humanos, academia y profesionales expertos en seguridad humana. Resultados esperados: 1. Índice geoespacial de vulnerabilidad o riesgo de reclutamiento forzoso, utilización y vinculación de NNA en grupos de delincuencia organizada. 2. Información estratégica para diseñar proyectos de prevención y distribuir eficientemente recursos. 3. Sensibilizar a personas tomadoras de decisión y de la sociedad civil sobre el reclutamiento forzado, promoviendo una respuesta coordinada y basada en evidencia. Iniciativa 3: Mapear las redes de buena gobernanza comunitaria para el fortalecimiento del tejido social Objetivo: Identificar, visibilizar y fortalecer las redes comunitarias existentes que contribuyen a la prevención del reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes (NNA) y a la construcción de condiciones de resiliencia frente a la violencia en territorios vulnerables. Justificación: El fortalecimiento del tejido social es una herramienta clave para prevenir la violencia y, particularmente, para resistir el avance del crimen organizado en comunidades empobrecidas o marginadas. En este contexto, las redes de buena gobernanza comunitaria-conformadas por actores locales, organizaciones sociales y comunitarias, asociaciones religiosas, colectivos de mujeres, redes de cuidado, entre otrosjuegan un papel crucial como mecanismos de resistencia, protección y reconstrucción social. Actualmente, la falta de un mapeo sistemático y actualizado de estas redes constituye una limitación significativa para el diseño de políticas públicas eficaces. Esta omisión no solo debilita la capacidad del Estado para articular respuestas efectivas, sino que invisibiliza el rol de los actores comunitarios que operan como el“último muro invisible de contención” frente a la violencia. Descripción: El mapeo de redes de buena gobernanza comunitaria para el fortalecimiento del tejido social se lo puede realizar a través de dos estrategias distintas. La primera es a través de una campaña activa de registro público en el que las distintas organizaciones comunitarias de la sociedad civil inscriben su información en un registro público -seguro y confidencial- en el que se cargarán medios de verificación de la información básica sobre las organizaciones sociales comunitarias, su trabajo cotidiano y sus redes de pertenencia. La segunda estrategia de levantamiento de información es a través de marchas exploratorias y barridos en las que, dentro de un perímetro definido de manzanas, se realiza un relevamiento a través de entrevistas a informantes significativos que ocupen un rol de liderazgo en el barrio. Ambas estrategias pueden cruzar la información relevada con el Registro Único de Organizaciones Sociales, con el propósito de complementar los datos a través de registros administrativos. Experiencias nacionales: En Ecuador se tiene experiencias de redes de buena gobernanza en territorios afectados por la violencia, en el marco del trabajo con NNA en escuelas. La Red del Noroeste de Guayaquil , luego de organizar el IV Encuentro de la Sociedad Civil convocó a una Mesa de Gobernanza Colaborativa por las Escuelas Seguras: Esta iniciativa , que contó con la participación de varias instituciones de educación superior como: la Universidad Casa Grande, el Instituto Tecnológico Liceo Cristiano, la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Artes y varias Organizaciones de la Sociedad Civil como: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Misión Alianza Noruega, Fundación Juconi, Coaliciones Antidrogas CADCA, entre otras. Esta iniciativa coordinó una intervención integral en escuelas priorizadas en el noroeste de Guayaquil, en temas de infraestructura, fortalecimiento pedagógico y actividades con enfoque de niñez y juventud. En respuesta a la convocatoria realizada por la Red, se convocó y se contó con la participación de las siguientes instituciones: Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para territorializar una estrategia efectiva que permita tener escuelas seguras, ante el cierre por las vacaciones. A pesar de los desafíos y falta de recursos, esta experiencia destaca cómo la colaboración entre universidades, OSC y el Estado puede generar un impacto positivo en comunidades vulnerables. Otra experiencia de los logros del trabajo en redes de niñez y juventud es el de la Red Nacional Wambra Kunapak Yuyay Kuna . Esta red es un espacio de vocería para la incidencia, exigibilidad y veeduría del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que nació, con el respaldo de World Vision . La Red está conformada por 585 jóvenes y adolescentes, de 14 a 18 años, de ocho provincias del país(Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos). Cada uno de sus integrantes tiene formación en liderazgo, participación 22 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. ciudadana, derechos humanos e incidencia política, quienes entre sus logros, suman el “Pacto Político por la Niñez y Adolescencia del Ecuador 2017=2021” documento firmado por los Ministros de Trabajo, Inclusión, Industrias y Productividad, entre otros, como parte de la incidencia para fomentar la responsabilidad social empresarial, comunitaria y estatal para erradicar la violencia y el trabajo infantil(World Vision, 2018). Población potencialmente beneficiaria: Niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento forzoso, utilización y vinculación por parte de Grupos de Delincuencia Organizada. Entidades estatales y actorías relevantes: Esta acción está dirigida principalmente a las autoridades estatales nacionales(Ejecutivo) así como gobiernos locales. El levantamiento de la información se debe hacer en articulación con las organizaciones comunitarias, defensoras de derechos humanos, academia y profesionales expertos en seguridad humana. Resultados esperados: 1. Base de datos territorializada sobre organizaciones locales, comunitarias y sociales, así como programas y redes que actualmente promueven la gobernanza y la prevención de la violencia, a través de iniciativas culturales, deportivas, tecnológicas, de emprendimiento y de cualquier otra índole con fines de construcción de paz. 2. Talleres y mesas de trabajo con los actores identificados para compartir mejores prácticas y desarrollar estrategias conjuntas. 3. Involucramiento de formuladores de política pública de gobiernos locales y nacionales, así como asistencia técnica de la cooperación internacional, para conocer más sobre el trabajo en red y el apoyo que requieren por parte del Estado. Iniciativa 4: Implementar protocolos de seguridad y programas comunitarios educativos en las instituciones educativas públicas Objetivo: Transformar las instituciones educativas en entornos seguros, protectores y libres de violencia, mediante la implementación de protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo, así como programas educativos y comunitarios que promuevan el desarrollo de habilidades sociales, culturales y emocionales para la vida cotidiana. Justificación: La escuela ha dejado de ser un espacio seguro para el desarrollo social de la niñez y la juventud. En los últimos años, lamentablemente, cientos de instituciones educativas del país se han convertido en escenarios de disputa entre grupos de delincuencia organizada, quienes las utilizan para el reclutamiento forzado y la realización de actividades ilícitas (Cañizares, 2024). Esta situación requiere una intervención estructural, que no solo proteja a los niños, niñas y adolescentes(NNA) del reclutamiento forzoso y del involucramiento en economías ilegales dentro del entorno escolar, sino que también les brinde herramientas para su desarrollo integral y para mantenerse a salvo frente a las diversas expresiones de violencia que amenazan sus vidas. Actualmente, el Ministerio de Educación cuenta con el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales, el cual -aunque representa un avance importanterequiere una revisión integral, tanto por parte del propio Ministerio de Educación como del Ministerio del Interior. Esto se debe a que el plan no contempla rutas claras de actuación ni mecanismos de respuesta ante nuevas realidades de riesgo, tales como: → La presencia de armas dentro o en las inmediaciones de las instituciones educativas. → La ocurrencia de balaceras en los exteriores de los planteles. → La venta de mercancías ilícitas dentro de las escuelas. → El reclutamiento forzoso, uso o vinculación de NNA por parte de grupos delictivos. Descripción: Esta iniciativa pretende trabajar de manera dual. Por un lado, se enfoca en gestionar el diseño y la implementación de programas curriculares y extracurriculares que faciliten la adquisición de habilidades y capacidades para que cientos de miles de niños, niñas y adolescentes(NNA) puedan construir planes de vida alejados de las amenazas y riesgos asociados a la violencia. Por otro lado, busca diseñar e implementar protocolos de actuación y respuesta que conviertan a las escuelas en espacios verdaderamente seguros, capaces de enfrentar los riesgos y amenazas que han emergido en los entornos escolares y en las comunidades educativas en los últimos años. La acción propuesta incluye la implementación de programas comunitario-educativos como“Mingas por la Niñez, Adolescencia y Juventud”, inspirados en experiencias exitosas previas a menor escala, pero adaptadas a las necesidades específicas de los territorios más vulnerables. Estos programas se centran en procesos artísticos, pedagógicos y terapéuticos, e integran acciones como: → La creación de espacios culturales y deportivos para la paz y la convivencia. → La formación integral de adolescentes. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 23 → El desarrollo de proyectos como orquestas sinfónicas barriales. → El fortalecimiento de la participación juvenil. Estas actividades están diseñadas para promover el liderazgo, el sentido de pertenencia y la participación comunitaria, como mecanismos preventivos frente al reclutamiento forzoso y otras formas de violencia. Experiencias nacionales e internacionales: En Ecuador, organizaciones como Fundación Hilarte y Fundación Huancavilca han implementado programas similares, utilizando el arte, el deporte y la educación como herramientas de cambio social en comunidades vulnerables, de otros espacios como la Universidad de las Artes y organizaciones de cooperación internacional como Misión Alianza Noruega , después de“Noruega”. Estas son algunas las experiencias locales en el Ecuador, que resultan inspiradoras en el contexto de construcción de paz a través del arte. Otra de estas iniciativasde es el movimiento de Batucadas Populares , donde la niñez y la juventud de los barrios más golpeados por la violencia en Guayaquil utilizan los tambores como una forma de resistencia ante la xenofobia y la criminalidad. A nivel regional, iniciativas como los“Parques Bibliotecas Medellín” en Colombia, los Centros Comunitarios de Paz (COMPAZ) en Brasil, y las UTOPÍAS en Iztapalapa , México, han demostrado como la inversión pública en estas iniciativas curriculares y extracurriculares pueden ser efectivas en la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la cohesión social a través de programas educativos y culturales. Población potencialmente beneficiaria: Niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del Ecuador en riesgo de reclutamiento forzoso, utilización y vinculación por parte de Grupos de Delincuencia Organizada. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerios que deben liderar la iniciativa: Ministerio de Educación y Ministerio del Interior. Otros ministerios relevantes: Gobierno, Cultura, Deporte, Mujer y DDHH, MIES, Salud, Agricultura. Gobiernos Autónomos Descentralizados. Como actores secundarios para la implementación, están las Organizaciones de la Sociedad Civil(fundaciones, federaciones, agrupaciones, colectivos, entre otras). Resultados esperados: 1. Una estrategia nacional para enriquecer las mallas curriculares de las escuelas con clases que faciliten la adquisición de técnicas y capacidades sociales, emocionales y prácticas que les permita construir un proyecto de vida lejos de los riesgos que implica la vinculación o el reclutamiento forzoso en economías violentas. 2. Un programa extracurricular en las instituciones educativas del país para que NNA puedan hacer un mejor uso del tiempo libre, a través de programas educativos, artísticos, recreativos, culturales, científicos, deportivos, entre otros. 3. Una nueva versión del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales que atiendas las nuevas realidades violentas que están experimentando y que ponen en riesgo el proyecto de vida de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes. Iniciativa 5: Establecer un programa de Promotores Juveniles Comunitarios orientado a contener la deserción escolar Objetivo: El objetivo de esta acción es fortalecer las redes de promotores juveniles comunitarios organizados, con el fin de reducir la deserción escolar y mitigar sus impactos negativos en los proyectos de vida de adolescentes y jóvenes. Justificación: Las estadísticas más recientes sobre deserción escolar en Ecuador evidencian un aumento alarmante, impulsado por la crisis económica, la inseguridad y los efectos persistentes de la pandemia. La violencia, particularmente en contextos urbanos vulnerables como Guayaquil, ha sido un factor determinante. Según los Datos Abiertos del Ministerio de Educación, durante el año lectivo 2023-2024, 64.024 estudiantes no se matricularon en comparación con el ciclo 2022-2023 en ocho provincias de la región Costa y Galápagos. En Guayas, una de las provincias más afectadas, la deserción escolar es especialmente significativa debido a los altos niveles de inseguridad y pobreza. Aunque no se dispone de cifras desagregadas exclusivamente para la provincia de Guayas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reportó en 2023 que más del 50% de los estudiantes en sectores como Monte Sinaí(Guayaquil) abandonaron la escuela a causa de la violencia dentro de los centros educativos y el reclutamiento forzado por parte de bandas delictivas. En el mismo periodo(2023-2024), 38.238 estudiantes no se matricularon, en un contexto nacional donde se registraron apenas 1.780.368 estudiantes matriculados, la cifra más baja en los últimos seis ciclos académicos. De manera acumulada, se estima que aproximadamente 102.262 estudiantes no se matricularon a nivel nacional durante este periodo. Descripción: La acción consiste en convocar y contratar a jóvenes bachilleres de barrios y comunidades vulnerables para realizar trabajo social en el ámbito educativo. Preferentemente, se buscará a jóvenes recién graduados y graduadas que tengan la capacidad y la confianza necesarias para relacionarse con sus pares de grados inferiores, actuando como referentes para motivarlos a culminar el bachillerato e identificar a quienes han desertado del sistema escolar, con el fin de animarlos a retomar sus estudios. 24 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Las y los promotores comunitarios serán capacitados en diversas habilidades que potencien el cumplimiento de sus objetivos, tales como liderazgo, resolución de conflictos y planificación de proyectos comunitarios. Además, recibirán un certificado de primer trabajo, lo cual les proporcionará una base para ingresar al mercado laboral formal. También se fomentará que cuenten con apoyo para aplicar a becas en instituciones de educación superior y/o desarrollar emprendimientos que fortalezcan sus planes de vida y mejoren sus condiciones socioeconómicas. Antes de asumir sus funciones, las y los jóvenes promotores comunitarios deberán completar un proceso de capacitación que les permita acompañar a sus pares etarios, prevenir la deserción escolar y fomentar la culminación del bachillerato entre quienes, por razones como embarazo adolescente, movilidad o falta de accesibilidad, no han podido finalizar sus estudios en las distintas modalidades ofrecidas por el Ministerio de Educación. Los promotores juveniles comunitarios se encargarán de organizar y facilitar charlas, talleres y actividades con los jóvenes de su comunidad, promoviendo la orientación vocacional, el manejo de emociones y la resolución de conflictos. El componente clave de esta iniciativa es la empatía generada por la cercanía etaria y el trabajo en sus propios entornos comunitarios. Experiencias nacionales e internacionales: En Ecuador ya se han realizado procesos similares en el marco del Programa de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación (2017), en el que se capacitó a jóvenes para que sean promotores comunitarios de manera voluntaria. Sin embargo, para los fines de esta acción es vital que el proceso sea llevado de manera remunerada para que el trabajo de las y los promotores sea sostenible y experimentado como algo digno. Otra iniciativa que también funcionó de manera voluntaria para la juventud fue el proceso de formación de estudiantes facilitadores de “Para Hacerlo-RuranKapak” llevado a cabo por UNFPA(2023), donde se capacitó a jóvenes estudiantes en la ruta para prevenir el embarazo adolescente, mostrando resultados positivos en los territorios donde se realizó. Estos procesos han demostrado que, con el apoyo adecuado, los jóvenes pueden convertirse en promotores de paz en sus comunidades. Población potencialmente beneficiaria: Niños, niñas, adolescentes de comunidades con altas tasas de deserción escolar. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio de Educación. Ministerio de Salud. Ministerio del Interior. Resultados esperados: 1. Se espera que esta acción permita la canalización de necesidades de las comunidades educativas, la capacitación de los jóvenes respecto a su plan de vida, y la obtención de un certificado de primer trabajo. 2. A largo plazo, se anticipa una mejora en las condiciones de vida de la comunidad, lo que contribuirá significativamente a prevenir el reclutamiento de jóvenes por grupos delictivos. El fortalecimiento de la cohesión social y la creación de oportunidades económicas sostenibles serán claves para el éxito de esta acción. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 25 4. OE2 Reconstruir el Tejido Social con enfoque de género El incremento de la violencia criminal en Ecuador ha provocado una creciente invisibilización de otras problemáticas estructurales no resueltas(ALDEA, 2023), que deben ser abordadas si se pretende enfrentar el auge de la violencia en la vida cotidiana desde una perspectiva integral y con enfoque de género. Según la Fundación Aldea, en 2024 se registraron 274 feminicidios en el país. Este total incluye 269 casos cometidos durante el año y 5 mujeres reportadas como desaparecidas en 2023, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en 2024. De estos casos, 126 fueron feminicidios íntimos, familiares o sexuales, 14 transfeminicidios y 129 feminicidios vinculados a estructuras criminales. Las provincias más afectadas fueron Guayas(76 casos), Manabí(39) y Los Ríos(24). Las provincias con mayores registros fueron nuevamente Guayas(91 casos), Manabí(43) y Los Ríos (40). Al menos 31 de las víctimas eran niñas o adolescentes, incluyendo 16 menores de 7 años. Como consecuencia de estos crímenes, 184 niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad. Resulta especialmente preocupante que 37 de las víctimas tenían antecedentes de violencia y 8 contaban con boletas de auxilio vigentes, lo que indica que al menos 45 casos podrían haberse prevenido mediante una intervención estatal oportuna y efectiva. En primer lugar, la ausencia del Estado y la precariedad social y económica, han facilitado la penetración territorial por parte de grupos criminales, y ha impactado negativamente en la participación política de los liderazgos comunitarios, especialmente -aunque no exclusivamentede mujeres lideresas. En segundo lugar, este mismo fenómeno ha profundizado el deterioro de las condiciones socioeconómicas en que las familias de barrios urbanos y rurales marginalizados, asediados por la violencia, intentan llegar a fin de mes. En tercer lugar, tanto como consecuencia de lo anterior las comunidades afectadas están experimentando un aumento de la violencia basada en género. A las formas persistentes de violencia de género, se suma el dominio y control ejercido por líderes de Grupos de Delincuencia Organizada(GDO) sobre los cuerpos de las mujeres y niñas que habitan los territorios bajo su poder. Por último, cobra especial relevancia al reconocer que el trabajo de cuidado -ejercido por una madre, abuela, tía, hermana, vecina o cualquier otro familiarconstituye el último muro invisible de contención frente a la vinculación de niños, niñas y adolescentes(NNA) con redes criminales(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023). Para reconstruir el tejido social desde un enfoque de género, proponemos la implementación de cinco acciones estratégicas que mejorarán las condiciones para el ejercicio del trabajo de cuidados, la prevención y atención oportuna ante casos de violencia basada en género, así como la promoción y, sobre todo, la protección de la participación comunitaria. Iniciativa 6: Fortalecer la aplicación de la ruta de la justicia para atender la Violencia Basada en Género (VBG) Objetivo: Fortalecer los sistemas de prevención, seguimiento e intervención en casos de VBG, con el fin de mejorar la protección y seguridad de mujeres y niñas a través de la acción colectiva. 26 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Justificación: La intensificación de la VBG en el contexto del conflicto armado interno en Ecuador, se ha observado una preocupante invisibilización de los femicidios y las agresiones sexuales vinculadas a la violencia criminal. Esta vulneración de derechos no se ha manifestado únicamente en los espacios privados y/o comunitarios, sino también en espacios estatales como cuarteles policiales y militares. Antes esto, es imperativo dinamizar el cumplimiento de los protocolos existentes y garantizar la transparencia en el accionar del Estado para la atención de casos de VBG, con la veeduría y el respaldo activo de organizaciones de la sociedad civil. Descripción: La implementación de esta acción se centra en el fortalecimiento integral de todas las instancias que conforman las Rutas de Atención a VBG, contando con aliados estratégicos que tengan impacto tanto en áreas urbanas como rurales(Ministerio de la Mujer y DDHH, 2023). Se propone establecer plazos específicos para cada etapa del proceso, a fin de asegurar una atención oportuna y eficaz a las víctimas. Ello implica preveer una inversión significativa en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de respuesta, tanto del Estado como de la sociedad civil. También se require capacitar de manera integral a los funcionarios responsables de implementar la política pública de prevención de la VBG en los territorios y de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. La Ruta de Atención en el sistema de justicia busca ofrecer soluciones locales mediante una articulación colaborativa entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados(GAD) y el sistema de justicia a nivel central, con el acompañamiento estratégico de organizaciones de la sociedad civil, como universidades, fundaciones y otras entidades formales e informales que brinden soporte técnico y comunitario. El trabajo coordinado con organizaciones que operan territorialmente en la prevención de la VBG permitirá a los actores institucionales identificar y fortalecer modelos de gestión eficaces y culturalmente pertinentes. Cumplir con los plazos establecidos reducirá la percepción de impunidad, incentivando a más víctimas a presentar denuncias. Esto también facilitará la difusión comunitaria de los protocolos, acelerará los procesos judiciales y mejorará el acceso a mecanismos de protección como refugios seguros y casas de acogida temporal. Tener una Ruta clara de Atención busca no solo fortalecer el funcionamiento del Sistema de Justicia en la atención a víctimas de VBG, sino también involucrar activamente a toda la sociedad en esta lucha, promoviendo la transparencia, el compromiso ciudadano y la movilización colectiva para la erradicación de la violencia. Experiencias nacionales e internacionales: Iniciativas como la que viene realizando en Guayaquil y Milagro Fundación Paz y Esperanza con el programa de ciudadanía e igualdad de género, desde donde no solo han brindado atención a víctimas de VBG desde el apoyo legal, psicológico y espiritual, sino que también promueven programas de incidencia política en la lucha contra la VBG con talleres de prevención y empoderamiento. Así también la iniciativa de CEPAM Guayaquil con el Centro de Atención Integral, con una línea telefónica directa de denuncia desde donde se brinda atención psicológica, legal y de trabajo social para acompañar a las víctimas a salir de los ciclos de violencia a través del empoderamiento de sus derechos. Población potencialmente beneficiaria: Niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas víctimas de violencia basada en género. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos Multilaterales. Resultados esperados: 1. Aumento en la inversión estatal destinada a la prevención, seguimiento e intervención en casos de violencia basada en género(VBG), lo que a mediano y largo plazo debería reducir significativamente los casos de VBG y femicidios. 2. Transparentar las brechas y los tiempos de atención. 3. Desarrollar estrategias locales que garanticen una atención oportuna, de calidad y calidez para las víctimas. Iniciativa 7: Comedores escolares como espacios para la prevención y la contención de VBG Objetivo: Promover comedores escolares comunitarios como espacios estratégicos de prevención y liderazgo comunitario, para atender dos de las problemáticas más urgentes en los territorios urbanos y rurales asediados por la violencia: la escasa alimentación y la violencia basada en género. Justificación: La creación y fortalecimiento de comedores escolares comunitarios constituye una acción prioritaria frente al deterioro de las condiciones de vida en Ecuador. Según el Informe de la FAO sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo(2021), la inseguridad alimentaria moderada o severa en el país aumentó del 20,7% en 2014-2016 al 36,8% en 2018-2020, afectando aproximadamente a 6,7 millones de personas. Para 2022, la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación(ESAA) del proyecto Siembra Desarrollo de Rimisp mostró un agravamiento alarmante, especialmente en provincias Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 27 como Guayas(excepto Guayaquil) y Los Ríos, donde la inseguridad alimentaria moderada a severa se incrementó hasta alcanzar el 47,4% y el 63,3%, respectivamente. Este fenómeno ha sido más severo en hogares rurales y aquellos liderados por mujeres, lo que subraya la necesidad de intervenciones con enfoque de género y territorial. En este contexto, los comedores escolares comunitarios no solo garantizan una alimentación digna y regular para niñas, niños y adolescentes(NNA), sino que además pueden convertirse en espacios protectores frente a múltiples formas de violencia. Gestionados con la participación activa de las comunidades, y especialmente de mujeres lideresas y cuidadoras, estos espacios promueven la contención emocional, el acompañamiento, y el fortalecimiento de redes sociales comunitarias. Además de su función alimentaria, estos comedores deben integrarse a procesos pedagógicos, culturales y terapéuticos orientados a la prevención de la violencia basada en género(VBG), la promoción del liderazgo comunitario y el desarrollo integral de NNA. Su gestión debe priorizar la participación de mujeres, maestras, madres de familia, lideresas barriales y cuidadoras, fortaleciendo sus capacidades organizativas y su rol en la defensa de los derechos humanos y la seguridad humana en sus comunidades. Descripción: Esta acción busca atender de manera integral la violencia basada en género(VBG) y la creación de espacios de contención comunitaria. La implementación se centrará en dos frentes: por una parte, la creación de comedores comunitarios en escuelas públicas ubicadas en territorios priorizados por su alta vulnerabilidad a la violencia; por otra, la transformación de estos espacios para que no solo provean una alimentación saludable, sino que también funcionen como centros de aprendizaje y empoderamiento comunitario. Para lograrlo, es fundamental la articulación entre los espacios educativos, organizaciones campesinas y la comunidad organizada. La iniciativa requiere que, desde el Estado central, se asignen fondos sostenibles para el funcionamiento de los comedores, los cuales, además, deben generar empleo para madres de la misma comunidad. Estos espacios no solo garantizarán el acceso a una comida nutritiva, sino que también ofrecerán un programa de talleres y capacitaciones orientados a la prevención de la VBG y otras problemáticas críticas, como las nuevas masculinidades, la salud mental, la prevención del suicidio, el consumo problemático de sustancias y la prevención del embarazo adolescente. El desarrollo de esta propuesta deberá trabajarse de manera articulada con la agenda del Ministerio de Educación(MINEDUC), la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el apoyo de fundaciones, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Los comedores escolares comunitarios deben ser entendidos como espacios estratégicos para la prevención de la violencia y el fortalecimiento del liderazgo comunitario, mientras se atienden necesidades básicas como la alimentación. Ofrecer una dieta saludable representa también una oportunidad para reunir a la comunidad educativa -padres, madres, docentes y estudiantesen un espacio común que fortalezca la cohesión social, mejore la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes(NNA) y fomente redes de aprendizaje orientadas a la promoción de derechos y la prevención de la violencia en contextos afectados por el crimen organizado. Experiencias nacionales e internacionales: Aunque existen múltiples iniciativas alrededor de comedores escolares que brindan servicios a estudiantes y población en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas funcionan a través de fundaciones u organizaciones sin fines de lucro. Un ejemplo es la Fundación Place of Hope, en Cotacachi, que prioriza la atención a adultos mayores. Sin embargo, son escasas las propuestas que aprovechan la concentración de la comunidad educativa como un modelo integral de trabajo en red para la prevención de la violencia. Un ejemplo destacado es el comedor escolar del Liceo Cristiano Monte Sinaí, impulsado por la Fundación Un Lugar de Esperanza. Esta fundación ha desarrollado, durante más de 13 años, un modelo de gestión basado en economía circular, en el que las madres de los estudiantes trabajan dentro del comedor escolar a cambio de acceder a programas para concluir su escolaridad(la mayoría son madres adolescentes que no finalizaron el bachillerato), becas universitarias para continuar carreras en educación inicial y párvulos, becas escolares para sus hijos, y alimentos para sus familias (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023). La implementación de una agenda programática dentro de los comedores comunitarios permite fortalecer redes de aprendizaje y prevención de la violencia basada en género (VBG). Para ello, no solo se requiere trabajar con mujeres, sino también romper ciclos de violencia mediante un trabajo transformador con y para hombres, en espacios seguros que promuevan masculinidades positivas. Experiencias como las de la Fundación Paz y Esperanza, en Guayaquil y Milagro, con su taller Repensando las nuevas masculinidades(Instituto Paz y Esperanza, 2023), enfocado en hombres y jóvenes en territorios de alta conflictividad, son ejemplos valiosos. Asimismo, la Confederación de Radios Populares del Ecuador(CORAPE) ha implementado talleres dirigidos a hombres migrantes y de comunidades de acogida en Esmeraldas, Tulcán, Ibarra y Lago Agrio, abordando las masculinidades no violentas. Según su estudio de impacto del programa Masculinidades en Movimiento, el 96% de los participantes afirmó que es posible desaprender los mandatos de la masculinidad que generan violencia y discriminación contra las mujeres (CORAPE, 2023). 28 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Población potencialmente beneficiaria: Niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas víctimas de violencia basada en género. Entidades estatales y actorías relevantes: Gobiernos Autónomos Descentralizados(GADs) cantonales y provinciales. Organizaciones orientadas a generar bancos de alimentos. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ministerio de Mujer y los Derechos Humanos. Organizaciones de la Sociedad Civil. Organismos Internacionales y Multilaterales. Resultados esperados: 1. Incremento de la seguridad alimentaria. 2. Reducción de índices de violencia basada en género. 3. Reducción de delitos de oportunidad en las comunidades. 4. Fortalecimiento del tejido social con un enfoque de género. 5. Coadyuvar a la prevención del reclutamiento de NNA por grupos de delincuencia organizada. 6. Mejorar la calidad de vida en estas comunidades vulnerables. Iniciativa 8: Construir agendas de seguridad humana desde las comunidades y los barrios Objetivo: El objetivo de esta acción es realizar diagnósticos participativos que permitan recoger datos precisos, sistematizados y testimonios cualitativos sobre las necesidades reales de las comunidades más afectadas por la violencia. Esto permitirá diseñar intervenciones más eficaces, con enfoque territorial, cultural y de género, adaptadas al contexto local. Justificación: Como ya se mencionó existe una paradoja estructural en la mayoría de los fenómenos de violencia en América Latina, y es que las personas con mayores carencias son al mismo tiempo, quienes más sufren la violencia y quienes tienen posiciones menos privilegiadas para decir algo sobre ella a nivel público. Los discursos recientes sobre violencia en Ecuador son elaborados por personas generadoras de opinión, generalmente de estratos medios y altos, que experimentan la violencia -sin duda-, pero de formas más distantes y menos frecuentes que los sectores urbanos marginalizados y racializados. Como resultado, las descripciones predominantes sobre la violencia no recogen las experiencias de quienes la viven mas de cerca. Esta propuesta busca incidir sobre esta injusticia estructural en los modos de responder colectivamente a la definición de la inseguridad como problema, así como a sus posibles soluciones. Descripción: La propuesta consiste en la realización de talleres participativos en comunidades afectadas, con un énfasis especial en la inclusión de mujeres y niñas. A través de estas actividades se recopilarán datos y testimonios que permitan identificar las brechas de desigualdad y violencia. De esta manera, se obtendrá información más precisa sobre diversas manifestaciones de violencia estructural, tales como la falta de acceso a agua potable, vivienda digna, educación, empleo digno, atención en salud y los efectos del cambio climático, entre otros factores. Con esta información, se desarrollarán agendas comunitarias de seguridad humana, que detallarán las necesidades y prioridades de intervención en cada territorio. Estas agendas, elaboradas por las propias organizaciones barriales, serán mediadas por universidades y organizaciones no gubernamentales, con el fin de proteger a líderes y lideresas en la presentación de sus demandas ante el Estado y otros actores. Para que esta acción funcione, debe ser ejecutada por tres actores fundamentales: el gobierno autónomo descentralizado(municipalidad o prefectura), la Policía Nacional(desde su eje preventivo) y las organizaciones comunitarias y barriales. El taller debe cumplir tres objetivos: → Poner en común las principales demandas de la comunidad. → Priorizar una de las problemáticas identificadas. → Acordar un plan de acción en el que la comunidad, el gobierno local y la Policía Nacional intervengan desde el ámbito específico de sus competencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana. En un periodo de no mas de ocho semanas se debe realizar el seguimiento correspondiente a la actuación de cada una de las instituciones involucradas. Al término de este ciclo, se debe convocar a una reunión de evaluación y priorización de una nueva problemática, dando inicio a un nuevo periodo de ocho semanas. Es importante señalar que esta acción puede ser particularmente útil para mejorar el relacionamiento con el eje preventivo de la Policía Nacional, con la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Experiencias nacionales e internacionales: Una experiencia destacada de construcción de agendas desde abajo hacia arriba es la iniciativa Favela 3D de Gerando Falcões, un modelo de transformación comunitaria integral desarrollado en Brasil. Este proyecto involucra activamente a la comunidad en la identificación de necesidades, la capacitación de líderes y la mejora de la infraestructura. Además, empodera a mujeres y jóvenes, fomentando la resiliencia y generando oportunidades económicas. Sus resultados evidencian cómo la acción comunitaria coordinada puede reducir la violencia y mejorar la calidad de vida en contextos vulnerables(FAVELA 3D, 2022). Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 29 Otro caso emblemático es la acupuntura social implementada en Medellín, que consistió en intervenciones urbanas puntuales y estratégicas para revitalizar áreas afectadas por la violencia. Estas acciones contaron con la participación de todos los sectores: público, privado, universidades, ONG, líderes barriales, asociaciones culturales, deportivas, artísticas, entre otros. Proyectos como el Metrocable, las escaleras eléctricas de la Comuna 13 y la construcción de bibliotecas públicas acercaron servicios básicos y culturales a comunidades marginadas. Estas intervenciones mejoraron la movilidad, fomentaron el sentido de pertenencia y crearon espacios seguros para la interacción social(Goyret, 2018). Al involucrar activamente a los residentes en el proceso de transformación, se logró una reducción significativa en los índices de criminalidad, demostrando que las intervenciones urbanas bien planificadas pueden ser catalizadoras de cambio social y de seguridad ciudadana. A nivel local, la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito ha desarrollado una iniciativa inspirada en estos modelos, denominada Barrios por la Vida, la Paz y la Seguridad. Su objetivo es mejorar la convivencia ciudadana y la seguridad en los barrios de la ciudad, mediante la participación activa de la comunidad, la Policía Nacional y el Municipio, siguiendo un modelo de gestión similar al descrito previamente. El programa busca identificar y comprender de cerca las problemáticas específicas de cada barrio para generar acciones de mejora. Promueve la construcción de una cultura de paz a través del fortalecimiento de la organización e identidad barrial y comunitaria. Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad coordina esfuerzos con la Policía Nacional y otras entidades municipales para apoyar las iniciativas de seguridad en los territorios. Entre sus actividades se incluyen encuentros vecinales, jornadas comunitarias, talleres de priorización de problemáticas, pruebas de alarmas comunitarias, cine-foros, ferias y operativos de control interinstitucional. Como resultado de estas reuniones, el Municipio de Quito ha coordinado operativos específicos para el control del espacio público, así como intervenciones urbanas necesarias para atender las problemáticas priorizadas. Población potencialmente beneficiaria: Ciudadanos y ciudadanas de barrios y comunidades asediados por la violencia y los problemas de convivencia ciudadana en la vida cotidiana. Entidades estatales y actorías relevantes: Gobiernos Autónomos Descentralizados(GADs) cantonales y provinciales. Ministerio del Interior. Ministerio de Salud. Ministerio de Educación. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ministerio de Mujer y los Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura. Asamblea Nacional. 30 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Organizaciones de la Sociedad Civil. Organismos Internacionales y Multilaterales. Resultados esperados: 1. Mapas detallados de necesidades y brechas en las comunidades afectadas para la formulación de políticas públicas y programas de intervención. 2. Abordajes integrales de las problemáticas de seguridad alimentaria, seguridad en salud y seguridad ambiental, entre otras dimensiones de la seguridad humana. 3. Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para elevar sus demandas ante las instituciones gubernamentales de manera democrática, asegurando que sus voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Iniciativa 9: Establecer un cuerpo de promotores y promotoras de paz comunitaria Objetivo: Capacitar a líderes y lideresas comunitarios con herramientas que les permitan actuar como agentes de paz en sus territorios. De esta manera, se fortalecerá su capacidad de agencia y su contribución a la reconstrucción del tejido social. Justificación: Esta acción se plantea como una alternativa frente a las estrategias de mano dura, las cuales han demostrado ser insuficientes para abordar las causas estructurales de la inseguridad(Meléndez Sánchez& Vergara, 2024). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(UNODC) y ONU Mujeres han promovido, en los últimos años, procesos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a mujeres y jóvenes, especialmente en comunidades vulnerables, con el propósito de fomentar la paz, prevenir el crimen y fortalecer la resiliencia comunitaria frente a la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Aunque el término“Promotoras de Paz” no aparece de forma explícita en los documentos oficiales de estas agencias, sí se trata de una iniciativa que ha venido desarrollándose en América Latina durante las últimas décadas. Su propósito es fortalecer los liderazgos territoriales para que puedan responder de manera más efectiva a las realidades de sus contextos, organizando soluciones factibles y sostenibles a nivel local. Descripción: La implementación de programa promotoras de paz comunitarios no reemplaza a las Fuerzas de seguridad sino que, busca generar un mecanismo comunitario de resolucion de conflictos a partir de la cercania, y debe tener un canal directo con las primeras para cuando el conflicto escale. Esta propuesta se presenta como una solución efectiva para reconstruir el tejido social y prevenir el crimen. El programa estará integrados por promotoras comunitarias, quienes se encargarán de articular interinstitucionalmente las agendas comunitarias para cerrar las brechas de violencia estructural, enfocándose en la provisión de servicios básicos, la mejora de la infraestructura y la promoción de la seguridad comunitaria en sus territorios. Al incorporar a la comunidad en estos esfuerzos, no solo se aborda la manifestación de la violencia, sino también sus causas subyacentes, promoviendo una convivencia pacífica y equitativa a largo plazo. Esta acción consiste en identificar, a través de ONG con legitimidad en los territorios, a mujeres lideresas. A través de procesos de capacitación en trabajo social, metodologías participativas y mediación de conflictos, estas mujeres podrán abordar las necesidades urgentes de sus comunidades. Su rol será fundamental en la implementación de programas de prevención de la violencia, el fomento del desarrollo y la promoción de la paz y la seguridad en sus entornos. Las Promotoras de Paz participan en actividades como: → Prevención de la violencia: Promueven espacios seguros y actividades culturales, deportivas o educativas para reducir la influencia de las bandas criminales. Un ejemplo de esto es el programa Juega Vive, que utiliza el deporte como herramienta para prevenir el delito entre jóvenes. → Fortalecimiento del tejido social: FFacilitan diálogos comunitarios, talleres de resolución de conflictos y campañas contra el discurso de odio y la discriminación. Por ejemplo, en el marco del proyecto del Fondo de Consolidación de la Paz(PBF) en Guayaquil, se han creado espacios de paz para desarrollar capacidades de gestión pacífica de conflictos entre jóvenes. → Prevención del reclutamiento forzoso: En Guayaquil, donde el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes(NNA) por bandas criminales representa una amenaza crítica, las Promotoras de Paz trabajan para ofrecer alternativas a los jóvenes. Estas incluyen formación en habilidades de liderazgo y acceso a servicios educativos y recreativos, reduciendo así su vulnerabilidad ante la cooptación criminal. → Lucha contra la violencia basada en género(VBG): En coordinación con iniciativas como la Iniciativa Spotlight, las Promotoras de Paz sensibilizan a la comunidad sobre la VBG, apoyan a las víctimas y promueven la equidad de género. En este marco, la UNODC ha respaldado herramientas como FemicidiosEC, presentada en 2022, para registrar y prevenir casos de violencia extrema contra mujeres. Experiencias nacionales e internacionales: En colaboración con ONU Mujeres el PNUD, la UNODC implementa proyectos orientados a fortalecer la resiliencia comunitaria, especialmente en zonas afectadas por la delincuencia organizada, como Guayaquil. Estos proyectos tienen como objetivos principales prevenir el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes(NNA) y abordar la violencia basada en género(VBG). Las experiencias previas de formación de promotoras comunitarias en Ecuador han evidenciado resultados positivos en la construcción de paz y la cohesión social en contextos vulnerables. Por ejemplo, el proyecto Ciudadanía: repensando el territorio post-terremoto, desarrollado por Somos Ecuador, constituye una guía de promotores(as) comunitarios que ofrece un enfoque participativo y práctico para la promoción de derechos humanos y la prevención de la violencia. Esta guía ha permitido empoderar a las comunidades para identificar y resolver sus propios problemas(Rodríguez, 2020). De forma similar, la iniciativa de JICA Ecuador, a través de su Manual de Promotores Comunitarios, documenta el proceso de capacitación en gestión de riesgos y desastres, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades ante eventos adversos y promoviendo la organización comunitaria como herramienta clave para la seguridad humana(JICA, 2015). Por otro lado, la formación de promotores comunitarios en salud mental por parte de HIAS Ecuador ha sido fundamental para brindar apoyo psicosocial y protección a personas refugiadas y migrantes. Esta iniciativa ha contribuido a mejorar la integración y el bienestar de poblaciones vulnerables, especialmente en el abordaje de problemáticas relacionadas con la salud mental (HIAS, 2024). Estas experiencias destacan la efectividad de los programas de formación de promotoras comunitarias como una estrategia integral para abordar la violencia, la inseguridad y la exclusión social. Las promotoras se consolidan así como agentes fundamentales para la transformación social en sus territorios. En el barrio Bastión Popular, el Centro Polifuncional ZUMAR, respaldado por el proyecto PBF de la ONU (implementado por UNODC, ONU Mujeres y PNUD), representa un ejemplo concreto del rol de las Promotoras de Paz. Este centro ofrece servicios gratuitos de salud, deporte, cultura y formación en habilidades laborales, con especial atención a mujeres, niños y jóvenes. Es reconocido como una“isla de paz en un mar de caos”, debido a su papel en la contención de la pobreza y la violencia en una zona con alta presencia del crimen organizado. Población potencialmente beneficiaria: Ciudadanos y ciudadanas de barrios y comunidades asediados por la violencia en la vida cotidiana. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 31 Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, organizaciones de la sociedad civil, academia, cooperación internacional y organismos multilaterales. Gobiernos Autónomos Descentralizados. Reultados esperados: 1. Mejora en la organización de las relaciones comunitarias en torno a la resolución de conflictos, la prevención de las violencias y la puesta en marcha de iniciativas de reducción de las brechas de género 2. Mujeres lideresas como agentes de cambio dentro de sus comunidades, promoviendo el desarrollo sostenible y la paz a largo plazo. 32 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 5. OE3 Promover la Seguridad Humana a través del fortalecimiento institucional de la fuerza pública y de la Justicia Uno de los señalamientos más frecuentes sobre la crisisde inseguridad que experimenta el país está relacionado con la instrumentalización -ya sea por vías mercantiles o coercitivasde la fuerza pública y del sistema de justicia por parte del crimen organizado. Esta instrumentalización ha debilitado la capacidad del Estado para combatir la criminalidad y la violencia, ha reducido los márgenes de acción del poder democráticamente constituido sobre las distintas funciones del Estado y ha fortalecido las capacidades del crimen organizado para expandir sus patrones delictivos y asegurarse impunidad. El colapso del sistema penitenciario es quizás uno de los factores más visibles, aunque no el único. Las cárceles están superpobladas y se han convertido en una mezcla de centros de poder y reclutamiento para las organizaciones criminales, así como en espacios militarizados sin una política efectiva de rehabilitación, lo que continúa agravando la crisis de seguridad(CDH, 2024). Las políticas de seguridad implementadas en los últimos años han sido ineficaces, con respuestas fragmentadas que no han logrado desmantelar las estructuras criminales. En algunos casos, estas políticas incluso han intensificado la violencia, como es el caso de la permisividad frente a la proliferación de armas de fuego -tanto legales como ilegales(Álvarez, 2024). Finalmente, la debilidad institucional, caracterizada por la corrupción y la falta de independencia, ha generado una percepción generalizada de impunidad y una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía. Las acciones que se proponen a continuación están orientadas a fortalecer la seguridad humana mediante un enfoque integral que contemple la institucionalización de los sistemas y subsistemas de la fuerza pública y del sistema de justicia. Estas acciones buscan atender raíces estructurales y operativas de los problemas actuales, promoviendo una transformación profunda de su funcionamiento y de su relación con la ciudadanía. Al mismo tiempo, se prioriza el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y rehabilitación, de manera que la seguridad humana no sea únicamente una respuesta a las crisis, sino una condición sostenida, cimentada en un sistema institucional sólido y confiable. Este enfoque integral es clave para restaurar la confianza pública y construir un entorno más seguro y justo para todas las personas. Para que este acápite sea verdaderamente integral, se incluye una acción centrada en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, surgida en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de la Resolución 1325 del año 2000. Esta resolución reconoció el impacto diferenciado de los conflictos armados en mujeres y niñas, así como la necesidad de su participación en la construcción y mantenimiento de la paz. La agenda se articula en torno a cuatro pilares principales: la prevención de conflictos; la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones; la protección frente a la violencia; y la asistencia y recuperación en contextos postconflicto. Aunque su implementación inicial se centró en las fuerzas multinacionales de pacificación y reconstrucción, con el tiempo sus orientaciones transformadoras se han trasladado hacia los cuerpos policiales y, desde allí, a diversas entidades con competencias directas o complementarias en materia de seguridad y control del orden público a nivel local. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 33 “La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad reconoce a las mujeres como actoras fundamentales en la transformación de los conflictos y evidencia que se obtienen mejores y más duraderos resultados cuando las mujeres participan en la prevención de conflictos, la recuperación temprana de crisis o emergencias, los procesos de diálogo, la mediación y negociación, así como en la planificación e implementación de políticas de seguridad” (ONU Mujeres Ecuador, 2021). La participación de las mujeres en los procesos de paz, incrementa la probabilidad de que un acuerdo de paz dure al menos dos años en un 20%, y al menos quince años en un 35%. Un análisis de 40 procesos de paz realizado por ONU Mujeres en 2015 demostró que, desde el final de la Guerra Fría, hay mayor probabilidad de alcanzar un acuerdo cuando las mujeres ejercen una influencia significativa en las negociaciones. Por ejemplo, en Colombia(1998–2002), donde la participación femenina fue limitada, hubo menos probabilidades de lograr o implementar acuerdos. En contraste, en Guatemala(1989–1999) y México(Chiapas, 1994–1997), donde las mujeres tuvieron una fuerte incidencia, los acuerdos fueron más eficaces. La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es integral: no solo promueve la democratización política -estratégica y operativade las entidades supranacionales, nacionales y locales en el territorio, sino que también contribuye a democratizar y fortalecer las relaciones de género al interior de sus organizaciones. Iniciativa 10: Crear una plataforma ciudadana para la reinstitucionalización del Sistema de Seguridad y Justicia Objetivo: El objetivo principal de esta iniciativa es promover la reinstitucionalización de los sistemas de seguridad y de justicia a través de una plataforma de veeduría ciudadana que promueva el cumplimiento de la normativa vigente”. Esta plataforma, además, impulsará reformas legales clave y propondrá medidas concretas para sancionar la corrupción dentro de los sistemas de seguridad y justicia. Justificación: La creación de una plataforma ciudadana para la reinstitucionalización del sistema de seguridad y justicia surge como una respuesta a la creciente inobservancia de la normativa que regula el funcionamiento de los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia en el Ecuador. A esta problemática se añade que la participación de múltiples actores del sistema en actividades ilícitas ha debilitado la confianza ciudadana en estas instituciones, comprometiendo el estado de derecho y la seguridad en el país. Uno de los ejemplos más notables de cómo en el Ecuador no se está cumpliendo con el sistema normativo vigente que regula y organiza los sistemas y los subsistemas de seguridad lo constituye la desaparición del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Esta entidad está instituida a nivel de ley orgánica, en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, no obstante, Lenin Moreno lo desapareció con el Decreto Ejecutivo Número 7 del 25 de mayo de 2017. Lo mismo ocurrió con la Secretaría Técnica de Drogas, instituida legalmente en los artículos 22 y 23 de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de la Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización. Lenin Moreno la desapareció mediante Decreto 376 del 23 de abril de 2018. Descripción: La acción propuesta se centra en la creación de una plataforma ciudadana para la reinstitucionalización del sistema de seguridad y justicia, un espacio colaborativo que reunirá a diversos actores de la sociedad civil y el estado con el fin de monitorear el cumplimiento de la normativa legal que organiza y regula los sistemas y los subsistemas de seguridad y justicia. Esta plataforma también podrá medir el impacto que ambos sistemas tienen desde cada uno de los espacios de pertenencia de las OSC. Además, desde esta plataforma se promoverán reformas legales clave y se propondrán medidas para sancionar la corrupción dentro de los sistemas de seguridad y justicia. Experiencias nacionales e internacionales: Una referencia significativa en este sentido se encuentra en México, donde se creó la Plataforma para la Construcción de Paz, una iniciativa que reúne a numerosas organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de articular esfuerzos entre diversos sectores e instituciones. Esta plataforma analiza cifras oficiales del gobierno e interviene activamente para generar una discusión más amplia e inclusiva sobre los principales problemas públicos del país. Mediante la participación de múltiples voces y la integración de diferentes agendas, la plataforma facilita un espacio de diálogo y cooperación orientado a construir una sociedad más justa. Un aspecto clave de esta iniciativa es su enfoque en la denuncia de casos de personas desaparecidas y desplazadas por la violencia, utilizando estos datos como base para impulsar acciones concretas que fortalezcan el Estado de derecho y promuevan una justicia más transparente y eficiente. Esta experiencia subraya la importancia de la participación 34 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. ciudadana en la defensa de lo público y en el fortalecimiento activo de las instituciones democráticas (ICIP, 2024). República Dominicana también constituye una referencia valiosa en cuanto a buenas prácticas cívicas de observación, a través de la organización Participación Ciudadana. Esta plataforma ha instalado observatorios realmente operativos, dedicados a monitorear, analizar y denunciar malas prácticas dentro del sistema público, enfocándose en la participación activa de la ciudadanía para combatir la corrupción y promover la integridad en la administración pública. Mediante la recopilación y análisis de datos, este proyecto genera informes que funcionan como herramientas para incidir en la implementación de políticas más justas y transparentes. Además, fomenta la creación de redes de colaboración entre ciudadanos y organizaciones, ampliando el alcance y el impacto de sus acciones. Se trata de un modelo integral de participación ciudadana que busca no solo prevenir el delito, sino también fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad democrática (Participación Ciudadana, 2024). Población potencialmente beneficiaria: Ciudadanía en general Entidades estatales y actorías relevantes: Consejo de Participación Ciudadana. Organizaciones de la Sociedad Civil. Academia y universidades. Organismos multilaterales y de cooperación Internacional. Oficiales de la fuerza pública en servicio pasivo. Resultados esperados: 1. Monitoreo permanente del cumplimiento de la normativa vigente. 2. Reformas legales basadas en evidencia y alineadas con el respeto a los derechos humanos para los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia. 3. Incremento de la confianza y la transparencia en y de los sistemas de seguridad y justicia. 4. Sensibilización a personas decisoras políticas sobre la importancia de la reinstitucionalización del sistema de seguridad. 5. Compromisos multipartidistas e intersectoriales. 6. Apoyo de agencias multilaterales para proteger los derechos y la dignidad de la ciudadanía. 7. Transparencia del gasto y la inversión en los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia del país. Iniciativa 11: Transversalizar la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en la Fuerza Pública Nacional y en las entidades locales con actividades complementarias en materia de seguridad y control del orden público Objetivo: Integrar la perspectiva de género en todas las entidades y políticas de defensa, seguridad y convivencia ciudadana del Ecuador. Justificación: Aunque Ecuador se ha sumado a la tendencia mundial de abrir la participación y el gobierno de las fuerzas públicas y las entidades de seguridad a las mujeres, tanto la paridad de género como la implementación efectiva de una perspectiva integral de género en las políticas y en las instituciones de seguridad siguen siendo cuestiones pendientes. Existen avances significativos impulsados por mujeres que han abierto camino tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional durante las últimas décadas. No obstante, es necesario transversalizar una estrategia integral que trascienda las conquistas parciales y aisladas. Esto no solo permitirá responder de manera más adecuada a las necesidades específicas de mujeres y niñas, sino que también fortalecerá el rol las mujeres como agentes de cambio en la prevención de conflictos, en el liderazgo de las instituciones de seguridad y en la construcción de la paz y ayudará a prevenir casos de violencia de género dentro de las mismas instituciones de seguridad. Descripción: Instar a los gobiernos -tanto central como localesa integrar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad(MPS) en todas las políticas de seguridad y prevención, garantizando dos aspectos fundamentales. Por una parte, que dichas políticas promuevan la paridad de género, la justicia laboral, la conciliación entre la vida laboral y familiar, y la erradicación de toda forma de violencia dentro de la fuerza pública. Por otra parte, que las políticas e intervenciones incorporen una verdadera perspectiva de género en su diseño, implementación y resultados. Esto implica precautelar los intereses y fomentar la participación activa de mujeres y niñas en la comunidad, pero, sobre todo, democratizar las relaciones de género en los territorios afectados por la violencia. Esto significa, por ejemplo, que las decisiones estratégicas y presupuestarias en dichos territorios deben contar con la participación de mujeres con poder de decisión, y que se deben promover espacios de diálogo consultivo con lideresas comunitarias y niñas de las comunidades intervenidas en el contexto del conflicto. Experiencias nacionales e internacionales: En América Latina y el Caribe se han logrado hitos significativos relacionados con la implementación de la Resolución 1325. Uno de los ejemplos más destacados es el caso colombiano, con la inclusión de 100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, orientadas a terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera(ONU Mujeres Colombia, 2018). Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 35 También sobresale el caso de Sepur Zarco, en Guatemala, donde un grupo de abuelas logró una sentencia transformadora por las violaciones sistemáticas de esclavitud sexual y doméstica sufridas durante el conflicto armado interno(UNAMG, 2016). A nivel local, otro ejemplo relevante es el del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que en diciembre de 2024 promulgó la primera Política Metropolitana de Género para Entidades con Actividades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Control del Orden Público del país. Esta política aplica a todas las instituciones complementarias de seguridad del DMQ(Cuerpo de Bomberos de Quito, Cuerpo de Agentes de Control de Quito, Agencia Metropolitana de Seguridad, Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Empresa Pública EMSEGURIDAD y Agencia Metropolitana de Tránsito) y está orientada a: → Erradicar las violencias al interior de dichas instituciones. → Democratizar el liderazgo institucional a partir de la paridad de género. → Promover la justicia laboral. → Mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Población potencialmente beneficiaria: Ciudadanos y ciudadanas de barrios y comunidades asediados por la violencia en la vida cotidiana. Ciudadanos y ciudadanas de los 221 cantones del Ecuador. Servidores estatales y públicos de entidades nacionales y locales con actividades complementarias de seguridad. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Policía Nacional. Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos. Agencias Nacionales y Metropolitanas de Tránsito. Gobiernos Autónomos Descentralizados. Academia. Organizaciones de la Sociedad Civil. Redes de mujeres expertas en seguridad. Resultados esperados: 1. Incorporación de mujeres en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de paz en Ecuado. 2. Democratización de las relaciones de género en las entidades de seguridad. 3. Políticasde seguridad más inclusivas, efectivas y sostenibles. 4. Fortalecimiento de la confianza de la comunidad en las instituciones públicas. 5. Asegurar que los compromisos asumidos por el Estado en relación con la Agenda MPS se cumplan y se supervisen de manera efectiva. Iniciativa 12: Crear un consorcio de generación y análisis de información entre organizaciones de Universidades, OSC e instituciones de seguridad y justicia Objetivo: El objetivo de esta acción es transparentar la información sobre el accionar de las instituciones de seguridad y justicia, tanto en sus intervenciones operativas como en los resultados de sus acciones y planes estratégicos. Esto permitirá contrastar prioridades, presupuestos e intervenciones desde una perspectiva de seguridad humana y respeto a los derechos fundamentales. Además, busca establecer indicadores que midan la eficiencia de las intervenciones a corto plazo y que contribuyan a la reducción de la impunidad y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y justicia. Justificación: En los últimos años no ha existido la posibilidad de realizar un seguimiento transparente y oportuno a la información a partir de la cual se han adoptado decisiones y políticas públicas en el ámbito de seguridad y justicia, lo que ha generado sospechas sobre en qué medida las propuestas actuales están realmente basadas en evidencia técnica y científica consistente. Por el contrario, el secretismo y la difusión selectiva de información con indicadores parcializados -como la cantidad de incautaciones, el número de integrantes de pandillas, organizaciones delincuenciales, grupos de delincuencia organizada y grupos armados, el número de personas aprehendidas, la cantidad de operativos ejecutados o el número de efectivos movilizados, entre otrosno reflejan con certeza la efectividad de las intervenciones. Adicionalmente, la manera en que estos datos han sido utilizados para describir los problemas actuales ha preparado, de forma intencionada, las soluciones actualmente vigentes. Esto ha contribuido a la ausencia de diagnósticos alternativos sólidos. Si bien es comprensible que ciertos temas deban mantenerse en reserva por razones estratégicas, ello no exime a las instituciones de seguridad y justicia de su responsabilidad de rendir cuentas de forma transparente sobre su operatividad y gestión. Esta acción es crucial para generar información pública confiable sobre las intervenciones de dichas instituciones, lo que permitirá abordar las problemáticas de manera integral y basada en evidencia, recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho. Descripción: El Gobierno Central, a través de los ministerios responsables de la política de seguridad del 36 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. país, debe asumir la responsabilidad de convocar a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para que sean protagonistas de esta acción. Estas entidades deberán trabajar de manera conjunta en la recopilación, el análisis y la difusión de datos relevantes sobre seguridad y justicia, asegurando que la información generada se utilice para mejorar las políticas públicas y restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Esta acción requerirá de la asistencia técnica de la cooperación internacional para establecer un espacio de diálogo, trabajo e interacción confiable con universidades y OSC, bajo parámetros técnicos y científicos que garanticen la efectividad de la metodología de recolección y análisis de datos. La acción consiste en la creación de un consorcio conformado por universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del sistema de seguridad y justicia. Este consorcio será responsable de analizar el impacto de las políticas de seguridad, evaluar la efectividad de las operaciones y proponer mejoras continuas basadas en evidencia. La transparencia será un eje fundamental, especialmente en lo relacionado con la política de control de armas, dada su estrecha vinculación con el aumento de la violencia armada en Ecuador. Experiencias nacionales e internacionales: Iniciativas similares en otras áreas han demostrado que la colaboración entre la academia, la sociedad civil y el gobierno puede generar políticas más efectivas para abordar problemas públicos. Por ejemplo, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina trabaja de manera continua desde hace más de 30 años en los ejes de ciencia, práctica y política para el desarrollo sostenible en los Andes. Esta trayectoria les ha permitido ejecutar proyectos, conformar redes de trabajo y plataformas de gobernanza, así como desarrollar metodologías innovadoras y herramientas tecnológicas para la generación de información científica, el fortalecimiento de capacidades de socios y beneficiarios, y el diseño de instrumentos de política para la gestión sostenible del territorio andino(CONDESAN, 2024). En el ámbito de la construcción de paz, el Consorcio para el Desarrollo Comunitario en Colombia trabaja para fomentar una paz integral y sostenible a través del Sistema de Iniciativas de Paz(SIP). Conformado por una red de organizaciones, este consorcio se enfoca en promover una paz duradera, fortalecer los procesos de reconciliación y apoyar la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto. Sus esfuerzos incluyen el desarrollo de proyectos comunitarios, el fortalecimiento de capacidades locales y la promoción de la participación activa de las comunidades en los procesos de paz. Así, busca mejorar la cohesión social y contribuir a la estabilidad del país en el contexto postconflicto (Consorcio para el Desarrollo Comunitario, 2017). Población potencialmente beneficiaria: Ciudadanía en general. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Centro de Inteligencia Estratégica, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Policía Nacional. Fuerzas Armadas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Universidades, Medios de Comunicación. Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de Cooperación Internacional. Resultados esperados: 1. Aumento de la transparencia y la confianza en las operaciones estadísticas de los sistemas de seguridad y justicia. 2. Abordajes con mayor efectividad e inteligencia para la prevención de conflictos. 3. Promoción de un mayor sentimiento de responsabilidad en la gestión de la seguridad pública y en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia para mejorar la seguridad en el país. 4. Fortalecimiento de la relación interinstitucional entre el Estado y OSC, principalmente academia y ONG con incidencia en temas de construcción de paz y desarrollo. 5. Aumento del nivel de confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia. 6. Innovación en los indicadores de gestión e impacto que reflejen mejoras reales en la seguridad del país. 7. A largo plazo, esta acción contribuirá al fortalecimiento del estado de derecho y a la construcción de una relación de confianza mutua entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. Iniciativa 13: Implementación de controles cruzados intra e interinstitucionales para combatir la captura de las instituciones de Seguridad y Justicia por parte del crimen organizado Objetivo: El objetivo principal de la implementación de controles cruzados intra e interinstitucionales en las instituciones de seguridad y justicia es combatir la captura de dichas instituciones por parte del crimen organizado -o lo que la ciudadanía identifica coloquialmente como“depuración”. De esta manera, se fortalece la actuación operativa y estratégica de las instituciones de seguridad y justicia, garantizando su integridad y eficacia. Los mecanismos de control cruzado, tanto intra como interinstitucionales, operan de forma reactiva y preventiva. Justificación: Los controles intra e interinstitucionales en las instituciones de seguridad y justicia son cruciales debido a la captura de estas entidades por parte del crimen organizado. La participación de policías, militares, jueces y servidores públicos en actividades ilícitas ha facilitado el fortalecimiento de estos grupos. Esta Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 37 infiltración compromete gravemente la democracia, el Estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones, dejando a la sociedad vulnerable y expuesta a mayores niveles de criminalidad. Este proceso de captura -tanto por medios mercantiles como coercitivosha sido posibilitado por el lento y progresivo desmantelamiento de las capacidades estatales para ejercer un control cruzado interno, tanto intra como interinstitucional. Un ejemplo de ello es el Acuerdo Ministerial 0173 del 21 de julio de 2017 del Ministerio del Interior, el cual eliminó la prueba poligráfica como filtro de confianza para el reclutamiento policial. La identificación y eliminación de elementos instrumentalizados por las economías criminales, así como la implementación de mecanismos de prevención y control que eviten nuevas infiltraciones, fortalecerán la seguridad ciudadana y la integridad de las instituciones estatales. Descripción : La responsabilidad de diseñar controles intra e interinstitucionales recae en el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Inteligencia Estratégica, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el SRI, la UAFE, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Estas acciones deben ser coordinadas por personal especializado, libre de conflictos de interés, para asegurar su eficacia y legitimidad. La participación de organizaciones de derechos humanos y la supervisión independiente por parte de organismos internacionales de cooperación también son fundamentales para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos en este proceso. La acción propuesta se estructura en varias etapas interconectadas, comenzando con el fortalecimiento de una unidad especializada en inteligencia y seguridad interior, dedicada al seguimiento de la implementación de los controles intra e interinstitucionales. Adicionalmente, esta unidad se encargará de investigar, monitorear y neutralizar amenazas contra el cumplimiento de las misiones constitucionales de las instituciones de seguridad y justicia. Se implementarán pruebas de confianza, evaluaciones psicológicas y análisis socioeconómicos continuos a los miembros de las fuerzas públicas hasta el cuarto grado de consanguinidad, con el fin de identificar y separar a quienes estén involucrados en actividades ilícitas. Paralelamente, se fortalecerán los procesos de investigación de asuntos internos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con énfasis en la recuperación de la honra institucional. En el sistema de justicia, se implementará un sistema de investigación e inteligencia conforme a protocolos internacionales de calidad, garantizando así la eficacia y la transparencia en las operaciones. Además, se empleará tecnología avanzada para la interceptación y el análisis de información, lo cual será clave en la lucha contra las redes criminales. Finalmente, el uso de Big Data e inteligencia artificial permitirá anticipar amenazas y planificar operaciones de seguridad de manera más efectiva, optimizando la respuesta ante posibles riesgos. Experiencias nacionales e internacionales: Un modelo similar ha sido implementado en Alemania, donde la Agencia para la Protección de la Constitución actúa como un órgano de inteligencia especializado en salvaguardar la democracia y la Constitución. La experiencia alemana demuestra que la creación de una agencia especializada puede ser altamente efectiva para identificar y neutralizar amenazas internas, así como para prevenir la infiltración de grupos ilícitos en las instituciones del Estado. Este sistema de inteligencia se enfoca en la prevención y el combate del extremismo violento, utilizando estrategias de desradicalización que van más allá de la mera vigilancia e incluyen la inversión en programas educativos, trabajo juvenil y reintegración social. Este enfoque integral y proactivo no solo protege la seguridad ciudadana, sino que también refuerza el Estado de derecho y promueve una sociedad más segura y resiliente(Koehler, 2021). Colombia destaca frecuentemente en la literatura y en los análisis regionales como un caso notable por sus esfuerzos en fortalecer los controles institucionales en el sector de seguridad y justicia, aunque no está exenta de problemas. Ha establecido mecanismos de coordinación entre la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial para combatir el crimen organizado transnacional, que serían significativos para Ecuador. Uno de los documentos donde estas estrategias se plasman de manera integral es la Política Pública y el Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la paz y la seguridad. Chile también es reconocido por sus esfuerzos en controles institucionales, particularmente por su Política Nacional contra el Crimen Organizado de 2022, que involucra a 17 instituciones públicas para desmantelar redes criminales. Sin embargo, su enfoque es más reciente y menos consolidado que el de Colombia, que lleva décadas desarrollando estas capacidades. Población potencialmente beneficiaria: Ciudadanía en general. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Centro de Inteligencia Estratégica, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, UAFE, SRI, Corte Nacional de Justicia. Resultados esperados: 1. Un sistema preventivo y reactivo de control eficaz para combatir a las redes de 38 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. delincuencia organizada que operan tanto dentro como fuera de las instituciones del Estado. 2. Incremento de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia, garantizando que estas actúen con integridad y transparencia. 3. Reducción significativa de la desviación misional de las instituciones de seguridad y justicia. Iniciativa 14: Reinstitucionalización del Sistema de Rehabilitación y Reinserción Social Objetivo: Retomar el control efectivo de los centros penitenciarios de Ecuador, garantizando los derechos y la dignidad humana de las personas privadas de libertad (PPL) y sus familias. Esto se logrará mediante la creación de un sistema de rehabilitación y reinserción social que procure romper el ciclo de violencia y facilite la reintegración de las PPL en la sociedad, a través de un modelo de gestión con indicadores sociales que apunten a disminuir los niveles de reincidencia y a aumentar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Justificación: La crisis carcelaria en Ecuador ha sido resultado de la falta de una política pública eficiente de rehabilitación y reinserción social, lo que ha llevado al descontrol estatal en los centros de privación de libertad (Kaleidos, 2021). La actual política de militarización ha generado efectos adversos, incluyendo torturas y violaciones de derechos humanos, lo que subraya la necesidad urgente de un cambio integral en la gestión penitenciaria(CDH, 2024). El notable crecimiento de las tasas de población carcelaria en Ecuador - con un incremento del 469.29% en los últimos 20 años - refleja un enfoque fallido en la gestión de la seguridad ciudadana(CIDH, 2022). Este aumento exacerbado responde principalmente a políticas que priorizan el encarcelamiento como solución a la inseguridad, impulsando la aplicación excesiva de la prisión preventiva y limitando los beneficios penitenciarios dirigidos a la excarcelación(CIDH, 2022). Hasta 2022, más del 39% de la población carcelaria se encontraba en prisión preventiva, una medida que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en la norma, contribuyendo al hacinamiento crítico en las cárceles (CIDH, 2022). Esta situación demanda un cambio urgente hacia un sistema carcelario que establezca espacios realmente separados en función de los delitos y que priorice la rehabilitación y la reinserción social por encima del encarcelamiento masivo. Descripción: Es necesario que el Gobierno Central asuma esta responsabilidad mediante la reinstitucionalización del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el cual debe reemplazar al SNAI(Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores). De esta manera, Ecuador contará con una entidad con amplio alcance territorial y capacidad para ejecutar una política pública a largo plazo, basada en un modelo de gestión eficiente de rehabilitación y reinserción social. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados también tienen la responsabilidad del control y uso del suelo alrededor de los Centros de Privación de Libertad, con el fin de generar espacios seguros que faciliten el control y la gestión de estos centros, así como la atención a grupos de atención prioritaria. Como actores secundarios, se requiere del apoyo de organismos de derechos humanos, universidades, observatorios y organizaciones basadas en la fe, que acompañen los procesos y ejerzan veedurías orientadas a mejorar el sistema de rehabilitación y reinserción social. La articulación de todos estos actores es fundamental para construir una política pública sostenible, que se inicie con una voluntad política inmediata de intervención. Es fundamental que los centros de rehabilitación social se articulen con planes nacionales de desvinculación y reinserción de niños, niñas y adolescentes reclutados, utilizados y/o vinculados a pandillas. También es crucial que cuenten con modelos de administración penitenciaria diferenciados según el tipo de pena. Y, sobre todo, que dejen de funcionar como regímenes sociales de gobierno y explotación económica de las personas privadas de libertad y de sus familiares. Experiencias nacionales e internacionales: Es difícil encontrar referencias nacionales e internacionales integralmente satisfactorias en América Latina. No obstante, hay algunos casos que sirven para examinar en detalle. El modelo de rehabilitación del Estado de Maranhão, en Brasil, es un ejemplo destacado de transformación penitenciaria. Allí se logró una reducción del 98% de homicidios dentro de las cárceles a través de una gestión integral que incluye la categorización de las personas privadas de libertad(PPL), la modernización de infraestructuras y la implementación de programas de alfabetización y trabajo. Este enfoque no solo mejoró la seguridad interna, sino que también impulsó la producción dentro de los centros penitenciarios, con PPL fabricando uniformes, adoquines para el sistema público, entre otros productos(Andrade de Oliveira, 2024). Otro ejemplo es el modelo APAC -Asociación de Protección y Asistencia a los Condenadosen Minas Gerais, Brasil, que prioriza la educación y la reintegración social de las PPL en un entorno sin armas ni presencia policial dentro de las instalaciones. Este modelo, gestionado por organizaciones de la sociedad civil, ha demostrado ser eficaz en la reducción de la reincidencia, Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 39 bajando las tasas de un alarmante 85% a entre 10% y 15% en comparación con las cárceles tradicionales. Además, destaca por su enfoque comunitario, involucrando a familiares, universidades, empresas privadas y organizaciones basadas en la fe en el proceso de rehabilitación(Rezende e Santos, 2024). A nivel nacional, Costa Rica constituye una buena referencia a pesar de las altas tasas de hacinamiento carcelario que aquejan a toda América Latina. Por una parte, Costa Rica es uno de los países que mejor ha transversalizado un enfoque de derechos humanos y reinserción social en su sistema penitenciario. El sistema es progresivo, permitiendo a las PPL avanzar en etapas (régimen cerrado, semiabierto y abierto) según su comportamiento y participación en programas de rehabilitación. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Criminología (INC) gestiona centros penitenciarios que ofrecen educación formal(primaria y secundaria), capacitación técnica(electricidad, carpintería, agricultura) y programas culturales y deportivos. En 2019, según el Ministerio de Justicia, más de 4,000 PPL participaron en actividades educativas y laborales, lo que representa un esfuerzo significativo para la reinserción. Esto ha tenido un efecto deseable para el resto de la región: la baja tasa de reincidencia. Estudios del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente(ILANUD) indican que la tasa de reincidencia en Costa Rica es de aproximadamente el 20%–25%, una de las más bajas de la región, comparada con el 50%–70% en países como México o Brasil. A esto se suma la participación ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia, trabajan en conjunto con el Ministerio de Justicia para promover programas de prevención del delito y reinserción social 4 . Población potencialmente beneficiaria: Los más de 32 941 personas privadas de la libertad(promedio del año 2024 según el SNAI) y sus familiares. La ciudadanía en general. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio Coordinador de Seguridad. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Comités de Familiares por Justicia en Cárceles, Organismos de Derechos Humanos, Centro de Inteligencia Estratégica, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, Agencias de Cooperación Internacional, Academia, Organismos de la Sociedad Civil. Resultados esperados: 1. Transformación de las cárceles en un sistema efectivo de rehabilitación y reinserción social a través de un modelo de gestión integral. 2. Recategorización técnica de las personas privadas de libertad(PPL), asignándolas a espacios diferenciados según su nivel de seguridad(mínima, mediana y máxima). 3. Nuevos centros penitenciarios diseñados para reducir el hacinamiento y mejorar la atención integral en salud física y mental. 4. Tecnologías avanzadas para el monitoreo de ingresos y movimientos internos y para identificar actos de corrupción y extorsión. 5. Desconexión del espectro radioeléctrico en las prisiones. 6. Aceleración de los procesos judiciales para aquellos que han cumplido su pena, facilitando su reinserción social. 7. Política pública de mediano y largo plazo enfocada en la prevención y la justicia restaurativa, utilizando el trabajo y la educación como herramientas para romper el ciclo de violencia que afecta a las PPL y sus familias. 8. Disminución en la reincidencia delictiva. Iniciativa 15: Plan de Auditoría Integral para el Combate de Flujos Financieros Ilícitos en Ecuador Objetivo: Fortalecer la integridad financiera y la transparencia en Ecuador mediante la identificación, prevención y represión de flujos financieros ilícitos, con un enfoque en el lavado de activos, el financiamiento del crimen organizado y la corrupción en instituciones de seguridad y justicia. Esto incluye: → Detectar y sancionar actividades ilícitas en sectores clave(financiero, extractivo, seguridad). → Mejorar el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI/GAFILAT. → Restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas de los sistemas y subsistemas de seguridad, justicia, y del sector financiero y empresarial. Justificación: La auditoría se justifica por la creciente instrumentalización del ecosistema financiero y empresarial por parte del crimen organizado, con vínculos entre funcionarios públicos, privados y grupos delictivos, cuyo objetivo es lavar las ganancias de las economías ilícitas. 4  Ver al respecto Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.(2019). Informe sobre programas de rehabilitación en centros penitenciarios. San José, Costa Rica. También Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.(s.f.). Análisis de sistemas penitenciarios en América Latina: Tasas de reincidencia y condiciones carcelarias. Recuperado de https://www.ilanud.or.cr/. Finalmente, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.(2020). Informe anual sobre el estado de los centros penitenciarios. San José, Costa Rica: Autor. 40 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Una auditoría integral ayudaría a identificar y eliminar las condiciones que posibilitan estas conexiones. Basada en el enfoque del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), resulta viable y necesaria ante el contexto de inseguridad, corrupción y compromiso internacional con la transparencia financiera. Su organización debe ser estructurada, participativa y respaldada por tecnología y estándares internacionales. Los objetivos de combatir el lavado de activos y la corrupción, junto con una justificación basada en la crisis actual y precedentes exitosos, prometen resultados como la reducción de flujos ilícitos, el fortalecimiento institucional y una mayor confianza ciudadana. Descripción: La auditoría debe organizarse a partir de 3 referencias complementarias: la del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica(GAFILAT) y el Global Finantial Integrity(entidad privada). Primera fase: conformación de un equipo auditor con representantes de la UAFE, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Fiscalía General del Estado, las superintendencias, la academia, el sector privado, el Centro de Inteligencia Estratégica y expertos internacionales. Se deberá incluir observadores de la sociedad civil para garantizar la transparencia. El equipo elaborará una planificación enfocada en sectores vulnerables al lavado de activos, como el sistema financiero, el comercio exterior(facturación comercial ilícita), el sector extractivo(minería y petróleo), y las instituciones de seguridad(Policía Nacional y sistema penitenciario). La metodología se basará en las 40 recomendaciones del GAFI/GAFILAT, utilizadas por GFI, combinadas con análisis de brechas de valor(v alue gap analysis) para detectar flujos financieros ilícitos en el comercio. Segunda fase: Inicio de la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. Se deberán integrar bases de datos de la UAFE, el Servicio de Rentas Internas(SRI), el Banco Central del Ecuador y registros aduaneros, utilizando herramientas de big data y análisis de GFI para identificar patrones de transacciones sospechosas. Se realizarán entrevistas confidenciales a actores del sector privado. También se podrá comprar información a personas que revelen vulnerabilidades en los sistemas actuales. Tercera fase: Análisis exhaustivo del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI/GAFILAT, especialmente en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Se evaluará la efectividad de los sistemas ALA/CFT(anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo), siguiendo la metodología de evaluaciones mutuas del GAFILAT. Se pondrá énfasis en sectores de alto riesgo, como la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción en instituciones de seguridad, basándose en reportes de la UAFE y GFI. El análisis examinará cómo los cambios en la regulación financiera, empresarial, extractiva, económica, tributaria y de comercio exterior han abierto ventanas de oportunidad para los flujos ilícitos. Cuarta fase: Implementación de medidas correctivas que incluyan reformas legales y fortalecimiento de capacidades regulatorias y operativas.Para garantizar la transparencia del proceso, los resultados deberán publicarse en formatos de datos abiertos. Experiencias nacionales e internacionales: El fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF) de Colombia es una referencia significativa. El país vecino del norte ha enfrentado desafíos significativos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, lo que llevó al fortalecimiento de su Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF), creada en 1999. Entre 2010 y 2024, la UIAF implementó algunas auditorías integrales para mejorar la detecciónde flujos ilícitos, inspiradas en las 40 Recomendaciones del GAFI y apoyadas por diversos organismos. Este proceso generó algunas publicaciones de importancia 5 . La experiencia colombiana es relevante para Ecuador debido a similitudes en los desafíos de narcotráfico y crimen organizado. La colaboración con GFI y la integración de plataformas ciudadanas como Avisora podrían replicarse en el plan propuesto, fortaleciendo la UAFE. Población potencialmente beneficiaria: La ciudadanía en general. Entidades estatales y actorías relevantes: Unidad de Análisis Financiero y Económico(UAFE), Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Centro de Investigación Estratégica, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencias, Servicio de Rentas Internas, Academia, GAFI, GAFILAT, Global Financial Integrity (GFI), organizaciones de la sociedad civil y personas expertas internacionales. Resultados esperados: 1. Reducción de flujos financieros ilícitos. 2. Identificación de transacciones sospechosas del sector financiero y empresarial, con especial énfasis en el comercio exterior y la minería ilegal. 3. Una mejora de la 5 Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF) de Colombia.(2020). Informe de gestión 2019-2020: Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Bogotá, Colombia: Autor. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/publicaciones Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 41 capacidad de la UAFE, la Policía Nacional, el SRI, las Superintendencias de Bancos y de Compañías y la Fiscalía General del Estado para prevenir y sancionar el lavado de activos, mediante capacitación y asistencia técnica. 4. Sanciones efectivas y procesamiento penal de funcionarios corruptos. 5. Mayor transparencia a través de la publicación de informes en formatos de datos abiertos. 6. Mejora en la calificación de Ecuador en las evaluaciones mutuas de GAFILAT 6 . Iniciativa 16: Listado de ideas y propuestas adicionales que deben ser analizadas y desarrolladas al corto y mediano plazo para el fortalecimiento institucional de los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia Objetivo: Informar a la opinión pública y a la ciudadanía en general sobre algunas iniciativas adicionales para el fortalecimiento institucional de los sistemas y los subsistemas de seguridad y justicia que deberían ser analizados, desarrollados e implementados al mediano plazo. Justificación: El desmantelamiento institucional de las capacidades estatales, sumado a la emergencia de nuevas condiciones estructurales de la región y a la profundización de la ruptura y la descomposición del lazo social amerita una revisión profunda de los diseños y las capacidades de los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia. Descripción: 1. Retomar el proyecto de Código Orgánico de Seguridad(COSE) , presentado en la Asamblea en mayo de 2021, el cual contempla cuatro libros: Ley de Inteligencia, Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley para la Gestión de Riesgos y Emergencias. Debería agregarse una ley específica para regular y proteger el trabajo de los guías penitenciarios. En su concepción, el COSE entiende la seguridad como un sistema interdependiente, lo cual facilita la articulación y coordinación de acciones. 2. Profesionalizar a los funcionarios del Centro de Inteligencia Estratégica y garantizar su permanencia en el sistema, de acuerdo con la normativa vigente (pruebas de confianza cada dos años, formación superior acreditada de cuarto nivel). Se debe evitar que cada transición política gubernamental implique el desperdicio de capacidades humanas e institucionales en las que se han invertido recursos públicos. 3. Reformar el capítulo sexto del Código Orgánico Integral Penal(COIP) , actualmente denominado “Delitos contra la estructura del Estado constitucional”, y renombrar su sección única como “Delitos contra la seguridad del Estado”. Esta reforma debe ser cuidadosamente analizada. Aunque ampliaría las competencias de las Fuerzas Armadas en ausencia de estados de excepción, también podría profundizar su policialización y alejarlas aún más de sus misiones fundamentales. Se podría considerar la creación de una nueva entidad con capacidades híbridas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dedicada exclusivamente a estos delitos. Esta agencia especial de inteligencia y seguridad interior cumpliría funciones de búsqueda de información sobre hechos o actores que pongan en peligro la Constitución y la democracia(similar a la Agencia para la Protección de la Constitución en Alemania). 4. Crear un programa sobre“Paz y Seguridad” , como parte de los proyectos educativos que giran alrededor de las nociones de“Cultura de Paz”, a ser impartido en todas las unidades educativas e institutos de educación superior. 5. Modernizar el sistema ECU-911 , revisando sus capacidades de acoplamiento con los sistemas y subsistemas de seguridad y justicia. 6. Conformar salas especializadas en la Función Judicial , conforme al artículo 160 de la Constitución. 7. A ctivar y fortalecer los convenios de cooperación subregional(CAN) en materia de lucha contra las drogas ilícitas, estableciendo mecanismos de integración con objetivos medibles. Se puede tomar como referencia los“Centros de Fusión de Información Fronterizos” existentes entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. 8. Generar una política y estrategia nacional integral de seguridad y bienestar , como paso fundamental para integrar las capacidades del Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Justicia y el Sistema Nacional de Cuidado y Bienestar. 9. Promover una estrategia de contrainteligencia y seguridad , articulada a una estrategia nacional de seguridad(actualmente inexistente), mediante estándares de selección de personal para el sector público, normas de acceso y manejo de información sensible, y seguridad en la infraestructura física y digital del Estado. Esto requerirá actualizar la normativa que regula el funcionamiento del sector público. 10. Modernizar el sistema de vigilancia y protección de las áreas estratégicas del Estado , incorporando componentes tecnológicos. 11. Garantizar una selección idónea de jueces y fiscales , quienes, además de cumplir con los 42 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. estándares legales, deberán someterse a pruebas de confianza anualmente. De la misma manera, se debe garantizar su seguridad personal. 12. Asegurar una selección adecuada de aspirantes a militares y policías en los institutos de formación, con la aplicación de pruebas de confianza periódicas durante su carrera. 13. Conformar un observatorio especializado en política criminal , con atribuciones para acceder a información sobre la judicialización de casos relacionados con la violencia criminal, el Crimen Organizado Transnacional(COT), y las acciones tomadas por la Fiscalía respecto de reportes de transacciones inusuales elaborados por la UAFE. 14. Fortalecer los centros de salud comunitarios y la red de salud rural , priorizando la atención a niños menores de 10 años y recién nacidos. 15. Robustecer el sistema de inspecciones de trabajo . Este instrumento, crucial para cualquier Estado, no solo se limita a fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes, sino que es el pilar para fomentar una cultura de prevención en el ámbito laboral. Una inspección del trabajo eficiente y proactiva puede incidir en todos los aspectos que están bajo su competencia: desde las relaciones laborales y los salarios hasta las condiciones de seguridad y salud, y la correcta aplicación de la normativa de empleo y seguridad social. Al garantizar un control riguroso y una vigilancia constante, el Estado puede no solo sancionar las infracciones, sino también educar y estimular a las empresas a cumplir con sus obligaciones, contribuyendo así a un entorno laboral más seguro, justo y digno para todos. 16. Estudiar mecanismos para incorporar a las guardias indígenas al Sistema Nacional de Seguridad , como parte del subsistema de seguridad rural y comunitario, dotándolas de capacidades tecnológicas para alertar a las autoridades sobre situaciones de riesgo. Su financiamiento provendrá de recursos generados por licencias ambientales, un porcentaje de actividades extractivas en desarrollo, futuras concesiones, y remates de maquinaria decomisada en operaciones contra la minería ilegal. Estas estructuras estarán bajo control del Ministerio del Interior y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, y no podrán portar armas. Población potencialmente beneficiaria: La ciudadanía en general. Entidades estatales y actorías relevantes: Ministerio Coordinador de Seguridad. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Comités de Familiares por Justicia en Cárceles, Organismos de Derechos Humanos, Centro de Inteligencia Estratégica, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, Agencias de Cooperación Internacional, Academia, Organismos de la Sociedad Civil. Resultados esperados: Avanzar en el proceso de construcción de una estrategia y una política nacional e integral para los sistemas y subsistemas de seguridad, justicia, cuidados y bienestar. reflexionar y tomar un camino distinto, uno que esté guiado por la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 43 Agradecimientos La Friedrich-Ebert-Stiftung en Ecuador y todas las personas integrantes del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas de Seguridad Integral de la FES(GTPSI-FES) extienden su reconocimiento y su agradecimiento a todas las organizaciones, autoras y autores que constan en los acápites siguientes. El GTPSI está conformado por un equipo multidisciplinario de personas, con experiencias y experticias muy diversas, tanto en el ámbito de la gestión estatal y la formulación de políticas públicas como en el trabajo desde organizaciones comunitarias, académicas y de derechos humanos. El GTPSI tiene una coordinación central de la ciudad de Quito y cuenta con la participación de personas de distintas ciudades del país con una sólida experiencia en seguridad y convivencia ciudadana, construcción de paz y fortalecimiento del tejido social. Comité Organizador Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(CDH) desde su fundación en 1982, ha sido un baluarte en la promoción, análisis y defensa de los Derechos Humanos en Ecuador. Su enfoque integral hacia la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos ha inspirado y fortalecido nuestras propias iniciativas. La visión y misión del CDH, han sido guías esenciales en nuestro esfuerzo por construir un futuro más justo y digno para todos. Agradecemos sinceramente su colaboración y compromiso. Misión Alianza Noruega Es una organización de cooperación internacional al desarrollo, misionera, diaconal e interdenominacional que trabaja en Guayaquil, desde 1994, en los territorios de mayor vulnerabilidad social. Ejecuta proyectos para el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo, en la búsqueda de una sociedad de inclusión, justicia y equidad en temáticas relacionadas con la prevención de la violencia, la inclusión económica y la salud comunitaria. El apoyo incondicional de Misión Alianza Noruega para la construcción de este documento ha sido esencial. Agradecemos profundamente su compromiso por ser una organización entregada a la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia a nivel global. A la vez el apoyo incondicional en todo el proceso desde la conceptualización metodológica hasta la ejecución del taller ha sido fundamental para tener este documento como resultado. 44 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Nación de Paz Valoramos profundamente la labor de Nación de Paz en la persona de Nelsa Curbelo, en su esfuerzo continuo por ofrecer soluciones a la violencia que afecta a niños, adolescentes y jóvenes. Su dedicación a la prevención de conflictos y al desarrollo positivo a través de las artes urbanas y la cultura de paz ha sido una fuente de inspiración para la convocatoria y construcción de este documento ante la crisis de inseguridad. Agradecemos su asesoría al GTPSI para la definición y el enfoque de esta propuesta. Universidad Casa Grande La Universidad Casa Grande, es una institución académica comprometida con la formación integral de profesionales éticos, innovadores y socialmente responsables. Su enfoque en la inclusión, la diversidad y la equidad de género, junto con su excelencia académica, contribuyen significativamente al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Además, agradecemos su hospitalidad al albergar las reuniones preparatorias en su sede, donde se repensaron las distintas formas de construir políticas públicas, partiendo desde el problema público. Este esfuerzo facilitó la integración de iniciativas comunitarias y la protección de los sujetos de derecho, elementos centrales de este documento desde su concepción. Universidad de las Artes La misión de la Universidad de las Artes de Guayaquil se centra en la formación integral de profesionales en el campo de las artes, fomentando la innovación, la creatividad y el compromiso social en cada uno de sus estudiantes. La colaboración con una institución que valora la intersección entre la educación artística y la responsabilidad social ha enriquecido enormemente esta iniciativa. La Universidad de las Artes de Guayaquil no solo proporcionó un espacio físico para albergar la construcción de este documento, sino que también ofrece un entorno inspirador que resuena con nuestros objetivos de buscar soluciones inclusivas y efectivas a los desafíos actuales. Esta alianza ha permitido un diálogo enriquecedor y ha fortalecido nuestro compromiso conjunto hacia la construcción de paz y el desarrollo de políticas públicas más justas y equitativas. Agradecemos profundamente a la Universidad de las Artes de Guayaquil por ser una parte vital de este esfuerzo colaborativo y por su constante apoyo en la promoción de una sociedad más justa y pacífica. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 45 Coordinación general Constantin Groll Anahí Macaroff Agustín Burbano de Lara V. Blanca Rivera Equipo de coordinación del seminario Carla Álvarez Carolina Andrade Luis Córdova Alarcón Susana Cheppe Danny Diaz Javier Gutierrez Paúl Murillo Billy Navarrete Carolina Portaluppi Edición general del catálogo Anahí Macaroff Agustín Burbano de Lara V. Blanca Rivera Carla Álvarez Sistematización del seminario Yanina Gómez Laura Guatemal Diana Mazzini Erika Moreno Joselyn Pispira Christian Ubilla Colaboradoras y colaboradores Álvarez, Carla Docente-Investigadora. IAEN. Doctora en Estudios Políticos por FLACSO-Ecuador, especialista en políticas de seguridad, control de armas y narcotráfico, así como en política internacional y geopolítica de la Antártida. Profesora Titular en la Escuela de Seguridad y Defensa, con amplia trayectoria investigadora y publicaciones en revistas indexadas. Andrade, Carolina Secretaria General de Seguridad. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Máster en Asuntos Públicos por la Universidad Panthéon-Sorbonne con más de 14 años de experiencia liderando proyectos de Seguridad e Inteligencia Estratégica con enfoque local y regional, especializada en crimen organizado ambiental y lavado de dinero en la Amazonía. Bastias, Fernando Abogado, Coordinador de Área de Protección. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(CDH). Abogado de la Universidad de Guayaquil, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, coordinador del área de protección del CDH Guayaquil y maestrante en derecho constitucional por la UASB. Defensor de DDHH. Bone, Juana Francis Sociólogo. Especialista en estudios políticos, violencia urbana y políticas públicas para la seguridad y la convivencia ciudadana. Sociólogo. Especialista en estudios políticos, violencia urbana y políticas públicas para la seguridad y la convivencia ciudadana. 46 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Burbano de Lara V., Agustín Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito. Sociólogo. Especialista en estudios políticos, violencia urbana y políticas públicas para la seguridad y la convivencia ciudadana. Chiriboga Escobar, Valeska Politóloga. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(CDH). Politóloga con experiencia en derechos humanos y género, liderando procesos de incidencia política, investigación y desarrollo comunitario. Ha coordinado observatorios sociales, diseño de políticas públicas en educación sexual y reproductiva, investigaciones sociales con énfasis en derechos humanos y procesos de supervisión de cumplimiento de sentencias internacionales. Delgado, Paola Magíster en Desarrollo Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. Fundación FACE. Directora del Centro Alas de Libertad en Manabí. Díaz, Danny Coordinador de proyecto Por Un Milagro con Cultura de Paz. Paz y Esperanza. Ingeniero Agrónomo y Tecnólogo en Teología, actualmente maestrante en Economía con mención en Desarrollo Rural. Se desempeña como promotor social, articulando conocimientos técnicos y comunitarios en procesos de desarrollo sostenible. Dumes, Karen Coordinadora de Proyectos Sociales con Enfoque de Derechos. Fundación JUCONI Psicóloga clínica con experiencia en intervención psicosocial, prevención de la violencia y protección en la niñez, en sectores altamente vulnerables. Actualmente en coordinación de proyectos que fortalecen el tejido comunitario y promueven entornos seguro. Espinoza, Martha Directora Ejecutiva. Fundación JUCONI-Ecuador. Con estudios en Psicología Clínica, 25 años de experiencia en atención a NNA y familias que viven situaciones de violencia, en entornos sociales adversos. Groll, Constantin Ex representante FES Ecuador. Martinez, Camila Directora. Centro de Estudios Sociales, Comunitarios y Urbanos (CESCU). Socióloga y maestrante en Sexología, con experiencia en organización barrial, economía popular e investigación urbana. Integra el Movimiento de Barrios en Lucha, donde acompaña procesos de formación política con mujeres y jóvenes como herramientas de empoderamiento y transformación social. Morales, Ana María Fundadora-Directora. Comité de Familiares por una vida Digna dentro y fuera de Cárceles(CoFaViD). Trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos de personas privadas de libertad. Muñoz, Pamela Magíster en Seguridad y Defensa/ Magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Internacionalista especializada en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Seguridad. Experta en la generación de alianzas de alto social. Murillo, Paúl Coordinador Área Comunitaria. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(CDH). Defensor de Derechos Humanos. Navarrete, Billy Presidente. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(CDH). Licenciado en Comunicación Social con formación en resolución de conflictos, criminología, derechos humanos y cine documental. Integra el Grupo de Trabajo Regional sobre Alternativas al Desarrollo y el Consejo Directivo de Grupo Faro, además de ser vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y de CEPAM Guayaquil. Páez Von Lippke, Luis Docente-Investigador. Universidad de las Artes. Actualmente dirige el proyecto de vinculación con la comunidad La Esnaqui: Espacios Culturales de Paz y Convivencia. Rivera, Blanca Asesora de cooperación. Misión Alianza Noruega Ecuador. Profesional con más de 15 años de experiencia en cooperación internacional y construcción de paz, especializada en estudios de seguridad humana y prevención de violencia. Ha trabajado junto a organismos internacionales, sociedad civil y sector público, impulsando políticas, evaluaciones y proyectos con enfoque de género y derechos humanos. Sánchez, Patricia Directora. Vida Urbana. Investigadora en estudios urbanos con énfasis en asentamientos informales, políticas de vivienda y procesos de producción social del hábitat. Villacrés, Alfredo Consultor. Red Ecuatoriana de Cooperación y Desarrollo. Profesional con experiencia en gestión de proyectos de desarrollo local, experto en políticas publicas,cultura de paz, derechos humanos y gobernanza. Experto en gestión de financiamiento y asistencia técnica internacional. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 47 Referencias bibliográficas African Union(2005) The African Union Non-Aggression and Common Defence Pact. January 01, 2005. Disponible online en: https://au.int/en/treaties/african-union-nonaggression-and-common-defence-pact ALDEA.(2023, 10, 3). ¡ALERTA! En Ecuador son 238 femi(ni)cidios en 2023, al menos 130 en sistemas criminales- ALDEA. Fundación ALDEA. Obtenido Agosto 23, 2024, de https://www.fundacionaldea.org/noticiasaldea/mapas2023septiembre Álvarez, C.(2024, 06, 30). 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