ANALISIS Matías Piña Octubre 2025 Desafíos y reformas del sistema político chileno

Ficha técnica Editor Fundación Friedrich Ebert en Chile Hernando de Aguirre 1320 Providencia Santiago de Chile Responsable Dr. Cäcilie Schildberg Representante de la FES Chile https://chile.fes.de/ @feschile Edición de contenido: Christian Sánchez Ponce Director de proyectos El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. ISBN 978-956-6410-24-9 Encontrará más publicaciones de la Friedrich-Ebert-Stiftung aquí: ↗ www.chile.fes.de/publicaciones

Matías Piña Octubre 2025 Desafíos y reformas del sistema político chileno

Tabla de contenido 1. Introducción...................................................... 3 2. Diagnóstico...................................................... 4 a) Democracia: entre la valoración y la desconfianza.................... 4 b) Partidos político e institucionalidad electoral........................ 6 c) Paridad en elecciones: tarea pendiente.............................. 7 d) Participación ciudadana.......................................... 9 3. ¿Cómo avanzamos?............................................... 11 a) Reformas a corto plazo: en búsqueda de coordinación parlamentaria.... 11 b) Reformas a largo plazo: profundización de la democracia, representación y participación.................................... 12 Bibliografía........................................................ 13

1. Introducción En los últimos años, la idea de que el sistema político chileno requiere reformas ha ganado relevancia en la agenda pública y legislativa. Diversos proyectos de ley y discusiones parlamentarias han puesto de manifiesto la percepción generalizada de que los mecanismos actuales de representación, coordinación y participación presentan limitaciones importantes, que afectan tanto la gobernabilidad como la legitimidad de las instituciones. Esta preocupación no es exclusiva de Chile: en un mundo cada vez más complejo, los sistemas políticos enfrentan presiones derivadas de la pluralidad social, la polarización política y la demanda ciudadana por mayor representatividad, transparencia y efectividad. Al mismo tiempo, resulta fundamental diferenciar entre los ajustes técnicos, que buscan corregir problemas puntuales y operativos, y las reformas sistémicas, que tienen un carácter estructural y requieren un replanteamiento más amplio del funcionamiento del sistema político. Mientras los primeros permiten aliviar tensiones inmediatas o mejorar la eficiencia de ciertos procesos, los segundos buscan sentar bases sólidas para la representación, la cohesión institucional y la confianza ciudadana en el mediano y largo plazo. Reconocer esta distinción es clave para diseñar estrategias que no se limiten a paliativos, sino que apunten a establecer incentivos que fortalezcan la estabilidad y legitimidad de la democracia chilena. En este contexto, junto a la Fundación Friedrich Ebert (FES), realizamos una serie de talleres durante el primer semestre de 2025 con otros centros de estudio pertene cientes al mundo progresista. El objetivo de estos encuentros fue elaborar un diagnóstico de los principales desafíos que enfrenta nuestro sistema político y de las posibles reformas que podrían ser impulsadas por este sector. Durante las sesiones, se identificaron dos horizontes de tiempo: reformas que deben implementarse en el corto plazo y reformas a desarrollar en el largo plazo. Estas últimas, de carácter más sistémico, requerirán de un trabajo conjunto y constante entre los diferentes actores del progresismo (academia, centros de estudio, partidos políticos), con el fin de empujarlas durante el próximo ciclo político que se aproxima. A continuación, se presenta un breve diagnóstico sobre cuatro temas que fueron recurrentes en los talleres: democracia y sus desafíos en Chile; partidos políticos y sistema electoral; género y paridad; y participación ciudadana. Tras el análisis, se incluyen reflexiones sobre los dos horizontes temporales antes mencionados, así como posibles reformas y/o agendas a seguir para abordar los desafíos identificados. Desafíos y reformas del sistema político chileno 3

2 Diagnóstico a) Democracia: entre la valoración y la desconfianza Puntos claves: • La ciudadanía valora la democracia como idea, pero está insatisfecha con su funcionamiento práctico. • Existe una profunda desconfianza en instituciones como el Congreso(8%) y los partidos políticos(3%). • La polarización afectiva y la desvinculación con los partidos tensionan la convivencia democrática y pueden erosionar la adhesión a la democracia. Según el último Informe de Desarrollo Humano(IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD)(2024), un 75% de las personas está dis puesta a votar todas las veces que sea necesario si ello fortalece la democracia y un 76% cree que el voto tiene efec tos concretos en el país. Asimismo, un 58% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno(aunque un 21% admite que en ciertas circunstan cias preferiría un régimen autoritario). Sumado a ello, un 73% prefiere que las decisiones de los liderazgos se tomen consultando a todas las personas afectadas, aun cuando ello implique que los procesos sean más lentos(PNUD, 2024). En este sentido, la adhesión ciudadana a la idea de mocrática se mantiene mayoritariamente alta. Sin embargo, la adhesión al régimen democrático convive con una profunda insatisfacción respecto a su funcionamiento. Solo un 17% piensa que la democracia funciona bien, mientras que un 81% la evalúa como regular o mala. Esta tensión revela una paradoja: la democracia es valorada como principio normativo y como forma de organización política, pero en la práctica no es percibida como un régimen capaz de responder a las demandas ciudadanas. A esto se suma la idea de que las élites políticas son incapaces de lograr acuerdos y liderar los cambios. El IDH muestra que un 59% de los chilenos considera que a los lí deres políticos“no les importa” la opinión de la gente, mientras que un 57% de las personas declara que“Chile no tiene liderazgos capaces de conducir los cambios que el país requiere”(PNUD, 2024). El desencanto también se refleja en la baja confianza hacia las instituciones democráticas, particularmente el Congreso y los partidos políticos. De acuerdo a la última encuesta CEP(marzo-abril 2025), ambas se ubican en los últimos lu gares de confianza ciudadana, con apenas un 8% y un 3%, respectivamente. El Poder Judicial registra cifras algo más altas, aunque igualmente preocupantes: un 14% en el caso de los Tribunales de Justicia y un 15% en el Ministerio Pú blico. En contraste, las instituciones de orden y seguridad muestran niveles considerablemente superiores: 60% para la PDI, 54% para Carabineros y 51% para las Fuerzas Arma das. Las municipalidades, por su parte, alcanzan un 24% de confianza. Nivel de confianza en las instituciones Gráfico 1 Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CEP Nº 93, Marzo-Abril 2025. 4 Fundación Friedrich Ebert

Existe una diversidad de interpretaciones que buscan explicar el escenario actual. Araujo(2024) señala que Chile se encuentra en un proceso de“politización sin identificación”, es decir existe un interés sostenido por lo público y una disposición a participar en acciones colectivas, pero acompañado de un fuerte distanciamiento respecto de partidos, instituciones y programas políticos. La tensión radica en que, aunque existe adhesión a los principios democráticos y una valoración abstracta del voto(como muestra la IDH), predomina al mismo tiempo el rechazo a los resultados concretos de la democracia, el escepticismo sobre el impacto real de las elecciones y la percepción de que“nada cambia”. Esta“paradoja democrática” se despliega también en el plano individual: la ciudadanía valora lo democrático como horizonte, pero rechaza las formas institucionales de la política, alimentando una relación volátil y frágil con la representación(Araujo, 2024). En paralelo, el país también experimenta nuevas formas de polarización política que tensionan la convivencia democrática. Meléndez(2022) observa que, en el contexto de una caída en la identificación partidaria tradicional, surgen nuevas formas de vinculación política. Entre ellas se encuentran el partidismo negativo, que refleja el rechazo hacia partidos específicos; la identidad anti-establishment, caracterizada por el rechazo hacia múltiples partidos; y los apartidistas, que no presentan sentimientos positivos ni negativos hacia las organizaciones políticas. A su vez, Segovia(2022) señala que la“polarización afectiva”, entendida como la tendencia a percibir negativamente a los partidarios opuestos y positivamente a los propios, ha aumentado en los últimos años(aunque con vaivenes desde los años 90), afectando tanto a personas con identificación partida ria como a aquellas que no se identifican con ningún partido. Estas dinámicas muestran cómo, incluso sin partidos fuertes, las emociones y actitudes hacia la política articulan las percepciones de la ciudadanía y su vínculo con el sistema político. Otros autores observan que la polarización es un fenómeno que viene“desde arriba” y estaría produciendo una“polarización desarticulada”: las élites políticas se polarizan en sus discursos y estrategias, pero esto no se traduce en un realineamiento estable del electorado. Así, estaríamos frente a una brecha entre sectores dirigentes que se polarizan, pero con la existencia de un gran segmento de votantes que permanece alienado del sistema y con alta volatilidad, desconectado tanto de las viejas como de las nuevas élites. Esto explicaría la existencia de un“péndulo electoral” en las últimas elecciones, con alternancia brusca de opciones muy disímiles, mientras persiste un malestar difuso hacia todo el sistema(Luna, 2024). Esta tensión también se ex presa en la“villanización” de las élites, una percepción social que responsabiliza a los liderazgos políticos del estancamiento y deterioro del país, convirtiéndolos en los principales culpables de los problemas que afectan a Chile (PNUD, 2024). Por último, Cox, Cubillos y Le Foulon(2025) muestran que la polarización no solo influye en percepciones y conductas políticas, sino también en la adhesión a la democracia. En un experimento durante el plebiscito de 2022, inducir sentimientos de antagonismo redujo significativamente la aceptación de principios democráticos entre los participantes. En otras palabras, incluso sin partidos fuertes, la lógica emocional de“amigo/enemigo” puede debilitar la disposición a aceptar resultados electorales y justificar medidas antidemocráticas. Dado el escaso arraigo partidario en Chile, esto es una señal de alerta: la polarización podría erosionar la legitimidad del régimen democrático si los perdedores perciben a los ganadores como una amenaza intolerable. El panorama, brevemente resumido, tanto desde la evidencia de encuestas como de estudios académicos, apunta a lo mismo: una tensión en la democracia chilena entre su valoración normativa y su funcionamiento práctico. La ciudadanía mantiene una alta adhesión a los principios democráticos y reconoce la importancia del voto, pero percibe que las instituciones y los liderazgos políticos no logran generar resultados efectivos ni canalizar adecuadamente sus demandas. Esta paradoja se ve reforzada por la polarización, el surgimiento de nuevas identidades desconectadas de los partidos políticos y la visión crítica hacia el rol de las elites políticas en la conducción de los cambios. Estas dinámicas tienen implicancias directas para la discusión de reformas políticas. Por un lado, preservar la valoración normativa requiere fortalecer la legitimidad institucional, garantizar transparencia y promover mecanismos que refuercen la confianza ciudadana. Por otro lado, abordar el descontento implica aumentar la capacidad de respuesta de la democracia mediante una participación más efectiva, rendición de cuentas y atención oportuna a las demandas sociales. Solo equilibrando la protección de los valores democráticos con la mejora de su desempeño real será posible reforzar la estabilidad política y legitimar el régimen democrático. Sabemos que la democracia liberal a nivel internacional se encuentra en crisis. En 2024, solo 29 países fueron consi derados democracias liberales, transformándose en el régimen de gobierno minoritario a nivel mundial 1 (V-DEM, 2025). Se observan procesos de“erosión democrática”, ca racterizados por el desmantelamiento gradual de instituciones clave por parte de agentes específicos, generalmente líderes electos, que aprovechan oportunidades de acceso, control y permanencia en el poder para debilitar el 1 V-Dem entiende la democracia como un concepto multidimensional sustentado en distintos principios: electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativo e igualitario. El núcleo indispensable es la democracia electoral, que requiere elecciones libres, justas y periódicas; sufragio universal; competencia efectiva entre partidos y candidatos; libertad de expresión, medios y sociedad civil; y que los cargos electos ejerzan poder real. A partir de este núcleo, V-Dem añade la dimensión liberal, que enfatiza los límites al poder ejecutivo a través del legislativo y judicial, así como el respeto al Estado de Derecho y a las libertades civiles. Su principal medida es el Índice de Democracia Liberal (IDL), que combina ambos elementos: las instituciones de la democracia electoral y los controles liberales al poder. Desafíos y reformas del sistema político chileno 5

régimen desde dentro(Kneuer, 2021). Como explican Levitsky y Zibblat(2018), hoy las democracias ya no suelen caer de manera abrupta, sino que se debilitan paulatinamente a través de esta erosión institucional. A nivel comparado, Chile continúa siendo clasificado como una democracia liberal plena; no obstante, considerando el panorama internacional, no puede descartarse la posibilidad de una eventual erosión democrática. En este contexto, resulta importante atender a las dinámicas de desafección ciudadana y a cómo estas podrían, en ciertos escenarios, propiciar liderazgos con rasgos populistas que tensionen las bases del sistema institucional. b) Partidos político e institucionalidad electoral Puntos claves: • Los partidos enfrentan desconfianza ciudadana y escaso arraigo social, lo que limita su capacidad de representar a una ciudadanía con altos niveles de desconfianza. • Las reglas actuales de listas abiertas y pactos electorales fomentan la competencia individual entre candidaturas, debilitando la disciplina y coherencia programática de los partidos. • La alta presencia de candidatos independientes y la incorporación de votantes con baja identificación partidaria aumentan la dispersión parlamentaria y dificultan la coordinación legislativa, generando tensiones en el equilibrio entre representación y gobernabilidad. La tensión democrática analizada anteriormente también se expresa de manera institucional a través de los partidos y en las reglas que estructuran la competencia electoral. En toda democracia representativa, los partidos cumplen funciones esenciales de expresión de preferencias, intermediación, agregación de intereses y canalización de demandas ciudadanas. En Chile, sin embargo, los partidos atraviesan una profunda crisis de legitimidad y confianza que se ha extendido en el tiempo. En la actualidad, solo un 34% de la población se identifica con algún partido político (CEP, 2025) y cerca de 511 mil personas militan en algún partido político, lo que equivale al 3,26% del último padrón electoral(Servel, s/f). Si bien el sistema de partidos chileno fue considerado por muchos años como estable e“institucionalizado”, especialmente bajo las reglas del sistema binominal, desde fines de los 2000 comenzaron a evidenciarse signos de desafec ción ciudadana. En este sentido, se ha sostenido que los partidos chilenos poseen un carácter“desarraigado”(Luna y Altman, 2011) o“encapsulado”, esto es, paralizado a nivel de elites y socialmente desvinculado(Bargsted y Maldonado, 2018). Estos rasgos serían parte de la explicación del bajo nivel de confianza que generan en la ciudadanía. La reforma electoral de 2015(Ley Nº 20.840), que reempla zó al sistema binominal, buscó abordar parte de estos defectos, particularmente el ordenamiento en dos grandes coaliciones que limitaba la entrada de nuevas fuerzas políticas. El objetivo de la reforma fue abrir el sistema a través de una mejora en la representatividad mediante una serie de cambios: el aumento de escaños en ambas cámaras(de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 senadores), la reducción del número de distritos de 60 a 28 y de circunscripciones de 19 a 15, y la ampliación de la magnitud de los distritos y circunscripciones(de 3 a 8 diputados y de 2 a 5 senadores, según población). Además, se estableció una cuota de género que impide inscribir más del 60% de candidaturas del mismo sexo a nivel nacional(Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2017). Si bien estas reformas respondieron a un diagnóstico correcto y permitieron la integración de sectores políticos anteriormente excluidos, también se han asociado a transformaciones en el sistema de partidos, como la proliferación de colectividades pequeñas y una mayor fragmentación parlamentaria(Toro Maureira y Noguera, 2024; Bunker, 2018). Es importante remarcar que estas dinámicas no pue den atribuirse únicamente a la reforma electoral, sino que deben entenderse a la luz de dos reglas que permanecieron inalteradas: la posibilidad de conformar pactos y el formato de listas abiertas. En un contexto de crisis de representación -como se señaló en la sección anterior- estas reglas han tendido a fomentar la personalización de la política y a reducir la coherencia programática(Piña, Suárez-Cao y Sajuria, 2024). Como muestran Carey y Shugart(1995), en los sistemas proporcionales con listas abiertas los candidatos compiten no sólo contra otras listas, sino también contra sus pares al interior de la misma, lo que incentiva la diferenciación individual y debilita la cohesión partidaria. En contraste, en las listas cerradas el éxito depende de la“marca” partidaria y del control de los líderes sobre las nominaciones. En consecuencia, el diseño institucional vigente en Chile no solo favorece campañas crecientemente personalistas, sino que también dificulta la disciplina parlamentaria, incrementa los costos de negociación y limita la capacidad de los partidos para articular políticas consistentes(von Schoultz y Papageorgiou, 2019; Carey, 2007; Rahat, 2024). En paralelo, desde la demanda ciudadana se observa un creciente apoyo a los candidatos independientes, explicado por el rechazo a los partidos tradicionales y la identificación positiva con la etiqueta“independiente”. De acuerdo a Titelman y Sajuria(2024), esta etiqueta genera mayor ad hesión en los votantes que aquellas partidistas, lo que se explica por la animosidad señalada anteriormente. Este fenómeno se expresó con fuerza en la Convención Constitucional de 2021, donde cerca del 40% de los escaños fueron obtenidos por listas independientes, permitidas de manera excepcional para dicha elección. 6 Fundación Friedrich Ebert

Los independientes también participan en la dinámica legislativa, ya que las reglas electorales permiten su incorporación en listas de partido. En la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados de 2021, 36 candidaturas indepen dientes asociadas a partidos y un independiente fuera de pacto obtuvieron escaños, equivalentes al 24% del total (García-Huidobro, Pacareu y Chuaqui, 2024). Tal como se ñalan Mascareño, Rozas y Pacareu(2025), la presencia de estos independientes ha contribuido a la fragmentación del parlamento, aumentando la dispersión de votos y dificultando la coordinación de los bloques. Esto refuerza la polarización dentro del legislativo al generar divisiones internas dentro de los sectores, limitando la capacidad de negociación y la fluidez del proceso legislativo. En este sentido, se debe avanzar hacia la implementación de reglas que fomenten la disciplina partidaria y la coordinación, a la vez que se reduzca el poder de los denominados“grupo de chantaje”(Toro Maureira, 2023). Otras reformas importantes a la legislación electoral han sido los cambios en la voluntariedad y obligatoriedad del voto. En 2012, la Ley Nº 20.568 estableció la inscripción au tomática y el voto voluntario, medida orientada a frenar la caída en la inscripción electoral, pero que derivó en la participación más baja desde 1989 para las elecciones municipa les del mismo año(Morales y Contreras, 2017). Posterior mente, tras el plebiscito constitucional de 2022, realizado bajo voto obligatorio, se restableció de forma permanente esta condición mediante la Ley Nº 21.524, aplicada por pri mera vez en la elección de consejeros constitucionales de 2023. Los efectos de estos cambios aún están por verse en la primera elección presidencial y legislativa de 2025. La última reforma implicó la incorporación de facto de un porcentaje de la población que, aunque estaba inscrita en el registro electoral, no participaba habitualmente en las elecciones. Este grupo, identificado por Palestini y Medel (2025) como"ciudadanos retirados", representa entre el 20% y 25% del electorado y se caracteriza por su baja parti cipación, escaso interés en la política y mínima confianza en las instituciones. Gracias a la movilización de este segmento, la última elección municipal de 2024 alcanzó una participación del 84,89% del padrón electoral, es decir, más de 13 millones de votantes de un total de 15 millones. En comparación, en la elección municipal de 2021, la participa ción fue de apenas 43,31% del padrón, cerca de 6,5 millo nes de votantes de un total de 14,9 millones, aunque ese proceso se realizó en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19. El aumento en la participación es sustan cial y coherente con los registros de los procesos constituyentes recientes: plebiscito de salida del primer proceso constituyente(86,2%), elección del Consejo Constitucional de 2023(82,55%) y plebiscito de salida del mismo(85,03%) (Servel, s/f). Las reformas electorales de los últimos años han buscado responder a déficits de representación, pero también han derivado en una mayor fragmentación partidaria, que dificulta el trabajo legislativo, la irrupción de independientes y la personalización de las campañas. Al mismo tiempo, el voto obligatorio amplió la participación efectiva de una ciudadanía con baja identificación partidaria y altos niveles de desconfianza. Estos efectos muestran que todo rediseño institucional implica tensiones y que no existe una solución única para resolver los desafíos que emergen. Así, se vuelve necesario encontrar reformas que mejoren la representación política sin aumentar los efectos negativos de la fragmentación, como la menor coordinación parlamentaria y la personalización de la política. c) Paridad en elecciones: tarea pendiente Puntos claves: • Pese a la ley de cuotas de 2015, de carácter transitorio has ta las elecciones de 2029, la representación de mujeres en el Congreso sigue siendo insuficiente, aunque ha aumentado progresivamente. • Los procesos constitucionales implementaron mecanismos de paridad de salida efectivos, logrando órganos paritarios inéditos. • Las elecciones de 2024 mostraron un retroceso en la repre sentación femenina en cargos regionales y municipales, donde no hay reglas de paridad obligatorias Históricamente, las mujeres han enfrentado una notoria subrepresentación en los espacios de toma de decisión política en Chile. Aunque constituyen más de la mitad de la población, su presencia en cargos de representación popular y en posiciones de influencia institucional ha sido persistentemente menor, reflejando las barreras estructurales que limitan su participación política efectiva(Garrido, 2024). Para corregir este déficit democrático, la reforma electoral de 2015 introdujo una serie de artículos transitorios que es tablecen condiciones en favor de una mayor representación de mujeres en el Congreso. En particular, la Ley Nº 20.840 fijó que, para las elecciones de 2017, 2021, 2025 y 2029, nin guna lista podrá superar el 60% de candidatos de un mis mo género a nivel nacional, buscando asegurar una distribución más equilibrada entre hombres y mujeres. Asimismo, la norma incorporó incentivos económicos para promover la participación femenina: los partidos de las mujeres electas recibirán 500 Unidades de Fomento(UF) por cada una, y las candidatas tendrán derecho a un reembolso adicional de 0,01 UF por cada voto obtenido, desti nando recursos concretos para fortalecer su inclusión y representación en el Congreso(Biblioteca Nacional del Congreso, s/f). Siguiendo a Le Foulon y Suárez-Cao(2018), si bien la Ley Nº 20.840 establece una cuota de género alta(40% de can didaturas), presenta limitaciones en su diseño. La normativa no regula la posición de las candidatas en las listas, deDesafíos y reformas del sistema político chileno 7

jando a los partidos la decisión sobre su ordenamiento, lo que puede afectar sus posibilidades reales de elección(si bien nuestro sistema presenta listas abiertas, la posición en la misma no es irrelevante). El mecanismo de cumplimiento es estricto, ya que se rechazan listas que superen el 60% de un mismo sexo. Sin embargo, existen algunos vacíos: no se exige reemplazar parlamentarias por mujeres en caso de suplencias y el techo máximo de 60% se aplica a nivel na cional y no distrital, lo que permite a los partidos concentrar candidatas en distritos poco competitivos o utilizarlas de manera meramente decorativa(Arce, 2021). Por último, la impugnación de candidaturas por el Servicio Electoral puede alterar el equilibrio de género exigido en las listas, constituyendo una posible válvula de escape al cumplimiento de la cuota. En la primera aplicación de esta ley, en las elecciones parlamentarias de 2017, se observaron algunas de las limita ciones señaladas, así como los cambios inducidos en las estrategias electorales de los partidos. La cuota no se aplicó de manera homogénea en todos los distritos, ya que todas las coaliciones presentaron menos del 40% de candida tas en al menos diez de ellos, con variaciones significativas que oscilaron entre casos sin mujeres postulando y otros con porcentajes muy superiores al mínimo exigido. Para la Cámara de Diputados se presentaron 960 candidaturas, de las cuales 397 fueron mujeres(41,4% del total), mientras que para el Senado se presentaron 132 candidaturas, de las cuales 54 fueron mujeres(40,9% del total)(Observatorio Congreso, 2020). Durante el año 2025 se llevará a cabo la tercera elección parlamentaria con la cuota de género. A modo descriptivo, la siguiente tabla resume la composición de la Cámara de Diputados en la elección inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la ley(2013) y las dos sucesivas con su aplicación(2017 y 2021) 2 . Como se observa, la primera aplicación de la cuota aumentó el porcentaje de diputadas en la Cámara, aunque aún lejos del 40%. La elección de 2021 mejoró este porcentaje, acercándose a la cuota. Si bien esta tendencia es positiva, todavía falta para alcanzar la paridad en el Congreso, considerando que la cuota será efectiva únicamente hasta las elecciones de 2029. Número de diputadas y diputados electos- Elecciones 2013, 2017 y 2021 Tabla 1 Año Diputadas Diputados Total% de mujeres 2013 19 2017 35 2021 55 101 120 15,8% 120 155 22,6% 100 155 35,4% Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Electoral. 2 Cabe recordar que, como fue señalado, la reforma electoral introdujo un cambio en el número total de cupos en la Cámara de Diputados(de 120 a 155) y en el Senado(de 38 a 50). Además, el Senado se renueva por partes, por lo que analizar la composición de la Cámara nos permite un acercamiento más directo a los efectos de la cuota. Los procesos constitucionales anteriormente mencionados incorporaron mecanismos de paridad más exigentes que lo dispuesto en la ley electoral. En particular, la elección de Convencionales Constituyentes de 2021 contó con reglas de paridad inéditas a nivel comparado. La Ley Nº 21.216 dispu so que las listas debían encabezarse con una mujer y alternar sucesivamente entre hombres y mujeres, estableciendo que ningún sexo podía superar el 50% de las candidaturas cuando el número de postulantes fuera par, y que en caso de ser impar la diferencia no podía exceder de uno(conocidas como“listas cebra”). Asimismo, se garantizó la paridad de salida mediante una regla de corrección en la asignación de escaños: cuando un sexo quedaba sobrerrepresentado en un distrito, el escaño correspondiente se reasignaba a la candidatura mejor votada del sexo subrepresentado, dentro del mismo partido o lista, y en su defecto dentro del pacto. Gracias a esta normativa, la Convención Constitucional se constituyó como el primer órgano paritario del mundo, alcanzando una representación de 49,3% de muje res(68 escaños) y 50,7% de hombres(70 escaños)(Garrido, 2024). En el segundo proceso constitucional, la paridad de género se consolidó como el único mecanismo de inclusión que se mantuvo constante en todos los órganos involucrados: la Comisión Experta, el Consejo Constitucional y el Comité de Admisibilidad, cada uno compuesto en un 50% por muje res. A diferencia de 2021, cuandose aplicó la paridad de sa lida a nivel distrital, en 2023 el sistema debió adaptarse a las circunscripciones senatoriales, la mayoría con un número impar de escaños, lo que hacía inviable replicar la fórmula anterior. Para corregir posibles desequilibrios, el Congreso estableció un mecanismo de reemplazo que operaba en función del total de votos por lista o pacto: los candidatos del sexo sobrerrepresentado con menor votación en una circunscripción podían ser reemplazados por candidatos del sexo subrepresentado dentro de la misma lista o pacto. Este ajuste tuvo como consecuencia que, a diferencia de 2021, en esta ocasión fueran principalmente los hombres quienes debieron ceder escaños, garantizando así el equilibrio de género en la composición final del órgano (Suárez-Cao y Cortés, 2025). Aún cuando ambos procesos resultaron en el rechazo de las propuestas constitucionales, la experiencia en la implementación de mecanismos paritarios para la conformación de órganos deliberativos es fundamental para pensar en reformas futuras a la ley electoral. Los resultados de las elecciones regionales y municipales de 2024 muestran que, fuera del proceso constitucional, la paridad en Chile sigue siendo una deuda pendiente. La ausencia de mecanismos institucionales obligatorios explica que ninguna mujer haya resultado electa como gobernadora regional, revirtiendo los avances de 2021, cuando tres mujeres alcanzaron el cargo (18,8% del total). Además, de los 13 gobernadores/as que buscaban la reelección(dos mujeres y once hombres), el 82% de los hombres la obtuvo, mientras que ninguna mujer lo logró. En el caso de las alcaldías, la representación fe8 Fundación Friedrich Ebert

menina se redujo levemente pasando del 17% en 2021 a un 16,5% en 2024, con regiones enteras sin alcaldesas 3 . Estos resultados evidencian que, en ausencia de cuotas o reglas de corrección, los partidos siguen privilegiando candidaturas masculinas, perpetuando las brechas de género en los espacios de mayor poder ejecutivo y en la representación local y regional(Garrido, 2024) 4 . Así, la paridad sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país. d) Participación ciudadana Puntos claves: • La ciudadanía muestra interés en participar en el proceso político, pero no exclusivamente a través de canales tradicionales como las elecciones. • Los procesos constituyentes experimentaron con mecanismos de democracia directa, como la Iniciativa Popular de Norma(IPN), con resultados diversos. • Aunque estos mecanismos pueden aumentar la legitimidad del sistema político, su impacto depende del diseño institucional y la voluntad política para acoger las demandas ciudadanas. En los últimos años, el rol de la ciudadanía en los procesos políticos del país se ha vuelto cada vez más relevante. Han proliferado formas de participación no institucionalizadas, como los movimientos sociales, así como la capacidad crítica y de escrutinio sobre la política formal a través de canales como las redes sociales. Sumado a ello, el vínculo entre el Estado y la población se ha transformado, pasando de una lógica burocrática vertical hacia una de gobernanza más horizontal(Peters, 2005), con exigencias cada vez ma yores de transparencia y rendición de cuentas. De este modo, aunque persista una significativa desafección y pérdida de confianza en las instituciones, la ciudadanía sigue mostrando interés en la política y busca involucrarse mediante vías alternativas y/o complementarias. Algunas democracias incorporan dentro de su institucionalidad los denominados mecanismos de democracia directa (MDD), entendidos como instancias formalmente reconocidas en las cuales los ciudadanos pueden emitir su opinión o decidir sobre materias específicas de política pública, más allá de los procesos electorales tradicionales(Altman, 2010; 2018). Estos mecanismos buscan mantener a la ciu dadanía como actor activo, con capacidad de influencia directa más allá de los procesos eleccionarios tradicionales. De particular interés son los mecanismos iniciados“desde abajo”( bottom-up), que requieren la activación por parte 3 Con excepción de la Región de Magallanes, en ninguna región del país las mujeres alcanzaron a gobernar la mitad de los municipios. En Arica y Parinacota y en Ñuble no se eligió a ninguna alcaldesa, y en siete regiones las mujeres obtuvieron el control de solo un 10% o menos de las alcaldías, un fenómeno especialmente marcado en la zona centro-sur(Garrido, 2024). 4 Para el caso de consejeras regionales y concejalas, las primeras pasaron de un 36% en 2021 a un 32% en 2024, mientras que las segundas permanecen estancadas en un 33% en ambos comicios, sin que ninguna región alcanzara la paridad. de la ciudadanía, como la Iniciativa Popular de Norma (IPN); esta permite proponer proyectos de ley o reformas constitucionales, fomentando la corresponsabilidad y la vinculación de la sociedad con la elaboración de normas. Los MDD presentan efectos positivos potenciales, entre los que destacan: el incremento de la participación ciudadana y la deliberación pública; el fortalecimiento de la legitimidad de decisiones importantes; la posibilidad de ejercer control sobre las elites políticas; y la canalización de demandas ciudadanas en contextos donde los partidos son débiles o poco representativos(Altman, 2018; Budge, 2006). Sin embargo, su implementación puede conllevar ciertos riesgos, tales como: la potencial erosión de la democracia representativa si su recurrencia es excesiva; la vulneración de derechos de minorías ante mayorías circunstanciales; y la desigualdad en la capacidad de organizar campañas, que favorece a actores con mayores recursos(Altman, 2018; Van Crombrugge, 2021). En este sentido, el diseño institucional de los MDD requiere un equilibrio cuidadoso: deben garantizar acceso efectivo a la participación y corresponsabilidad ciudadana, sin socavar la estabilidad de los procesos representativos ni la protección de derechos fundamentales. En el caso de Chile, la participación ciudadana se encuentra garantizada principalmente a través de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que establece instancias de consulta, acceso a información y mecanismos de incidencia en la gestión estatal. No obstante, esta normativa no incorpora instrumentos de democracia directa como los plebiscitos, referendos o iniciativas populares de norma, por lo que la intervención ciudadana se circunscribe a espacios de carácter consultivo y no vinculante(Biblioteca Nacional del Congreso, s/f). De este modo, el marco legal vigente asegura un cierto grado de apertura institucional, pero mantiene limitada la posibilidad de que la ciudadanía influya de manera directa en la elaboración de normas o decisiones de carácter constitucional. Recientemente, los procesos constituyentes de 2021 y 2023 incorporaron este tipo de mecanismos, lo que nos permite, aunque de manera limitada, un acercamiento a su uso. Durante la Convención Constitucional, se implementaron diversas modalidades de participación, siendo las IPN 5 las más masivas e innovadoras. En dos meses se ingresaron 6.105 propuestas, de las cuales 2.496 fueron declaradas ad misibles y contaron con la participación de cerca de un millón de personas. Setenta y ocho iniciativas alcanzaron el umbral de 15.000 firmas en al menos cuatro regiones y fue ron discutidas principalmente en la Comisión de Derechos 5 Según el reglamento de la Convención, cualquier persona o grupo podía presentar propuestas de carácter constitucional a la Convención. Aquellas iniciativas que juntaran al menos 15.000 firmas, provenientes de un mínimo de cuatro regiones distintas, adquirían el mismo estatus que las propuestas formuladas por los convencionales, debiendo ser discutidas y votadas en igualdad de condiciones. Complementariamente, se contemplaron los llamados encuentros autoconvocados, instancias presenciales o virtuales en las que la ciudadanía, por iniciativa propia, podía reunirse para deliberar sobre asuntos constituyentes (Delamaza, 2025). Desafíos y reformas del sistema político chileno 9

Fundamentales. Finalmente, trece quedaron íntegramente en el texto constitucional, mientras que otras fueron refundidas o incorporadas parcialmente. Un análisis posterior mostró que 23 iniciativas se incluyeron completamente, 47 de forma parcial y solo 8 no tuvieron presencia en el texto final(Delamaza, 2025). Este proceso demostró cómo las IPN pueden ampliar la correspondencia entre los intereses ciudadanos y la acción legislativa, garantizando un espacio institucional adicional para la participación proactiva de la ciudadanía. Sin embargo, también reveló limitaciones: no todos los mecanismos previstos pudieron implementarse, como los Plebiscitos Intermedios Dirimentes o las Jornadas Nacionales de Deliberación, debido a falta de legislación o tiempo. Además, la masividad inicial disminuyó en la etapa de discusión de normas(Delamaza, 2025). En el proceso constitucional de 2023, la participación ciu dadana fue más acotada y regulada que en la Convención de 2021-2022. Aunque se dispuso de mayores recursos, au tonomía y tiempo de planificación que en el proceso anterior, el marco normativo restringió el alcance de la participación, limitándose a enmiendas sobre el anteproyecto de la Comisión Experta y condicionándola a las bases institucionales del proceso. De las 31 IPN presentadas, solo 2 fue ron incorporadas íntegramente y 10 de manera significati va, lo que reflejó una incidencia reducida en el texto final. En definitiva, pese a la mejora en la organización y la sistematización, el proceso participativo tuvo un alcance muy inferior al de la Convención, y la propuesta del Consejo fue finalmente rechazada en el plebiscito de salida(Delamaza, 2025). En síntesis, la experiencia de las iniciativas populares de norma muestra que los mecanismos de democracia directa pueden ampliar los espacios de participación y contribuir a la legitimidad de los procesos, pero su impacto efectivo depende tanto del diseño institucional como de la disposición de los representantes para acoger y procesar las demandas ciudadanas. En la medida en que estas instancias permiten a los electores ejercer un rol activo más allá de los comicios, pueden abrir canales de control e incidencia sobre los procesos políticos en escenarios de debilitamiento partidario. No obstante, su consolidación requiere acompañarse de una educación cívica robusta, capaz de dotar a la ciudadanía de herramientas críticas y sostenibles para interactuar de manera informada y responsable con las instituciones democráticas. 10 Fundación Friedrich Ebert

3 ¿Cómo avanzamos? a) Reformas a corto plazo: en búsqueda de coordinación parlamentaria Los desafíos identificados en las secciones anteriores, junto con las posibles alternativas de política pública para enfrentarlos, requieren de un enfoque sistémico que considere las interrelaciones entre las distintas dimensiones del sistema político. Entre estas, la coordinación parlamentaria se presenta como un área relevante, dada su influencia sobre la capacidad del Congreso para generar mayorías estables, implementar políticas y representar de manera efectiva a la ciudadanía. Actualmente existen dos proyectos de ley en tramitación en el Congreso que abordan esta dimensión, si bien con medidas diferentes. Las medidas de corto plazo que propone cada proyecto buscan atender parte de esta problemática, reconociendo que son un avance parcial y no una solución integral a los problemas estructurales que afectan la gobernabilidad y la representatividad del sistema político chileno. Aun así, su implementación podría generar mejoras tangibles en la disciplina parlamentaria, la coherencia programática y la eficiencia legislativa, sentando las bases para reformas más profundas en el mediano y largo plazo. El proyecto“Modifica la Carta Fundamental, en lo relativo al sistema político y electoral”(Boletín Nº 17.253-07), ac tualmente en segundo trámite constitucional, busca reducir la fragmentación parlamentaria mediante la implementación de un umbral electoral del 5% para acceder a la asig nación de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, así como la cesación del cargo para parlamentarios que renuncien a su partido o comité parlamentario. Paralelamente, el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo(Boletín Nº 17.640-06), en primer trámite constitucional, estable ce nuevas condiciones para la formación de partidos políticos y candidaturas independientes. Entre las que destacan: la ampliación del número mínimo de regiones requeridas para constituir un partido(de 3 en la actualidad a 8), el aumento del porcentaje de afiliados necesarios(de 0,25% del padrón electoral al 0,5%, revirtiendo la modifica ción de la ley de 2015) y la prohibición de que los organiza dores de partidos sean candidatos durante los cuatro años siguientes a su inscripción. También pretende limitar el financiamiento público de los partidos para aquellos que no cuenten con representación parlamentaria. Estas medidas buscan evitar la proliferación de“emprendimientos políticos” con baja capacidad de coordinación, promoviendo estructuras más sólidas y estables dentro del Congreso. El umbral electoral, si bien apunta a incentivar la consolidación de partidos y coaliciones, requiere un análisis cuidadoso. Su implementación puede favorecer a partidos grandes y limitar la representación de minorías o grupos subrepresentados, además de inducir coaliciones frágiles que no aseguran mayor disciplina parlamentaria una vez en el Congreso. Por ello, su eficacia dependerá de la interacción con otras reglas del sistema electoral, como la magnitud distrital, las listas abiertas o cerradas y la posibilidad de pactos. Además, el umbral agrega una capa extra de dificultad a un proceso de conversión de votos en escaños que de por sí resulta complejo, lo que podría tener impactos en la legitimidad del sistema. A nivel comparado, países que han implementado este tipo de políticas para reducir la fragmentación, como Italia, no han logrado este objetivo(Toro, 2023). Otros países que cuentan con un umbral y tienen sistemas políticos más similares al nuestro, como Brasil, tampoco han resuelto su problema de fragmentación(García-Huidobro, Pacareu y Chuaqui, 2024). En el caso chileno, donde los partidos han debilitado sus vínculos con las bases sociales, establecer un umbral electoral como medida principal para reducir la fragmentación corre el riesgo de profundizar los problemas del sistema en lugar de corregirlos. De manera paralela, las medidas referentes a la cesación de cargo por transfuguismo y el fortalecimiento de los comités parlamentarios, incluyendo la figura del Jefe de Comité, constituyen instrumentos concretos para promover la disciplina interna, definir estrategias legislativas y mejorar la coordinación en la asignación de miembros a comisiones y la gestión de intervenciones en sala. En conjunto, estas reformas representan un primer paso, aunque limitado, para abordar los problemas de gobernabilidad y coordinación en el Congreso. Aún cuando el umbral electoral tiene efectos debatibles en términos de representatividad, las medidas sobre partidos, candidaturas, comités parlamentarios y pérdida de escaño fortalecen la estructura institucional y establecen condiciones para mejorar la coordinación parlamentaria y reducir el transfuguismo. La combinación de estos instrumentos puede contribuir a reducir el personalismo y los bloques de chantaje, ofreciendo incentivos para la estabilidad de los partidos y la disciplina parlamentaria. Aún así, la tramitación de esos proyectos aún es incierta, y algunas disposiciones no entrarían en vigencia de inmediato. Desafíos y reformas del sistema político chileno 11

b) Reformas a largo plazo: profundización de la democracia, representación y participación Una reforma integral al sistema político debe, en primer lugar, reconocer que los problemas que aquejan al sistema son de carácter estructural y no meramente institucional. Existe un escenario complejo, marcado por un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones, particularmente los partidos políticos y el Congreso, así como un sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. A pesar del apoyo normativo generalizado, hay una percepción de que la democracia no está resolviendo los problemas que aquejan a la ciudadanía. Como señala el PNUD (2024), incluso luego de los dos procesos constitucionales fallidos persiste un deseo de cambio,“especialmente que las cosas sean de otro modo, ni como son ahora ni como eran antes”. Para ello, se requiere recomponer los vínculos entre la ciudadanía y las elites políticas, así como integrar la visión y la voz de la primera en los procesos políticos. En pocas palabras, se debe reforzar la democracia , no solo en su dimensión electoral, sino como régimen que asegura derechos a sus ciudadanos y que estructura el horizonte normativo de la comunidad política. En segundo lugar, y vinculado a la representación, la revitalización de los partidos políticos se presenta como un requisito importante para fortalecer la democracia en Chile. Como instituciones clave, los partidos deben funcionar de manera más efectiva, representando con mayor precisión los intereses de la ciudadanía y adoptando prácticas de transparencia y rendición de cuentas que permitan reconstruir la confianza pública. Sin embargo, las reglas electorales actuales generan incentivos contrarios a este objetivo: las listas abiertas promueven la personalización de las candidaturas, mientras que los pactos electorales diluyen la identidad programática de los partidos y favorecen estrategias de corto plazo centradas en maximizar votos más que en consolidar proyectos colectivos. En conjunto, estas dinámicas refuerzan los personalismos y obstaculizan la formación de partidos sólidos, cohesivos y con capacidad de gobernabilidad. Por ello, resulta necesario introducir reformas que corrijan estos incentivos, como el cierre de las listas electorales para incentivar coherencia programática y disciplina partidaria, así como prohibir los pactos electorales, de manera que la competencia se centre en la identidad y los proyectos de cada partido, promoviendo instituciones más estables, responsables y vinculadas con la ciudadanía. Un tercer eje fundamental se refiere a la paridad de género a nivel político 6 . Las brechas persistentes en la representación de mujeres, tanto en el parlamento como en los gobiernos locales, muestran que las medidas actuales resultan insuficientes. A largo plazo, se requiere avanzar hacia mecanismos de paridad permanentes y transversales en todos los niveles de representación política , acompañados de políticas que faciliten la participación efectiva de mujeres en la vida pública, incluyendo el acceso a financiamiento, redes de apoyo y condiciones que permitan conciliar responsabilidades familiares y políticas. Además, la paridad no puede ser una“moneda de cambio” en reformas al sistema político. Su tramitación debe ser independiente, sin integrarse a paquetes de reforma donde, eventualmente, podría transarse a cambio de apoyo a otras iniciativas. Finalmente, el fortalecimiento del sistema político demanda profundizar la participación ciudadana de manera sostenida , generando nuevas instancias de incidencia en las políticas públicas. Más allá de los procesos electorales, es necesario debatir la institucionalización de espacios de deliberación que acerquen a la ciudadanía a la toma de decisiones, incorporando mecanismos de democracia directa como las IPN, que complementen la representación parlamentaria. Esto requiere generar confianza en dichas instancias y evaluar la interacción entre los mecanismos, asegurando que sus resultados tengan efectos reales sobre la formulación de políticas y que mantengan el equilibrio entre incidencia ciudadana y tramitación legislativa. En suma, las reformas de largo plazo deben apuntar a recomponer el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Ello supone concebir el proceso de reforma no como una intervención aislada, sino como una estrategia sostenida de fortalecimiento democrático. Solo mediante transformaciones estructurales será posible enfrentar los déficits actuales y consolidar un sistema político más legítimo, representativo y resiliente frente a los desafíos del futuro. 6 Sobre este punto, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer de 2025, el gobierno de Gabriel Boric ingresó una reforma a la Constitución Política de la República que busca reconocer expresamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el proceso electoral(Boletín N° 17.506-07). 12 Fundación Friedrich Ebert

Bibliografía Altman, D. (2010). Direct Democracy Worldwide. Cambridge University Press. Altman, D. (2019). Citizenship and Contemporary Direct Democracy. Cambridge University Press. Araujo, K. (2024). Política sin identidad y adhesión al rasgo: Sectores populares en Chile. Democracia y Derechos Humanos. Friedrich Ebert Stiftung Arce-Riffo, J. (2021, 20 de agosto). El magro resultado de la ley de cuota de género: la democracia chilena sigue incompleta. CIPER Chile. Recuperado de https://www.ciperchile.cl/2021/08/20/el-magro-resultado-de-la-ley-decuota-de-genero-la-democracia-chilena-sigue-incompleta/ Bargsted, M. A.,& Maldonado, L. (2018). Party identification in an encapsulated party system: The case of postauthoritarian Chile. Journal of Politics in Latin America, 10(1), 29–68. https://doi.org/10.1177/1866802X1801000102 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile(BCN).(s.f.). Ley Chile: Portal de legislación chilena. Recuperado de https://www.leychile.cl/ Budge, I. (2006). Direct and representative democracy: Are they necessarily opposed? Representation, 42(1), 1–12 Bunker, K. (2018). La elección de 2017 y el fraccionamiento del sistema de partidos en Chile. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 9(2), 204-229. Carey, J. M.,& Shugart, M. S. (1995). Incentives to cultivate a personal vote: A rank ordering of electoral formulas. Electoral Studies, 14(4), 417439. Carey, J. M. (2007). Competing principals, political institutions, and party unity in legislative voting. American Journal of Political Science, 51(1), 92-107. Centro de Estudios Públicos (2025). Estudio nacional de opinión pública: Encuesta CEP N.° 93, marzo–abril de 2025. Cox, L., Cubillos, P.,& Le Foulon, C. (2025). Affective polarization and democratic erosion: evidence from a context of weak partisanship. Political Science Research and Methods, 1–8. doi:10.1017/ psrm.2025.10019 Delamaza, G. (2025). Participación ciudadana y plebiscitos como innovación democrática institucional: Un análisis del proceso constitucional chileno 2021–2023. Friedrich Ebert Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/22269.pdf García-Huidobro, L. E., Pacareu, T.,& Chuaqui, A. (2024). Umbrales electorales y fragmentación parlamentaria: mito y realidad. Centro de Estudios Públicos. https://www.cepchile.cl/investigacion/umbrales-electorales-yfragmentacion-parlamentaria-mito-y-realidad/ Garrido, C. (2024). Lejos de la paridad: Elecciones municipales y regionales en Chile 2024. Friedrich Ebert Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/21767.pdf Kneuer, M. (2021). Unravelling democratic erosion: who drives the slow death of democracy, and how? Democratization, 28(8), 1442–1462. https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1925650 Le Foulon, C.,& Suárez-Cao, J. (2018). Parlamentarias 2017 y mujeres: ¿el vaso medio lleno o medio vacío? En J. Suárez-Cao& L. Miranda(Eds.), La política siempre ha sido cosa de mujeres: Elecciones y protagonistas en Chile y la región(pp.[número de páginas]). FLACSO Chile. Levitsky, S.,& Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown Publishing. Luna, J. P. (2024). Disjointed Polarization in Chile’s Enduring Crisis of Representation. Latin American Politics and Society, 66(2), 72–101. doi:10.1017/lap.2024.19 Luna, J. P.,& Altman, D. (2011). Uprooted but stable: Chilean parties and the concept of party system institutionalization. Latin American Politics and Society, 53(2), 1–28. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2011.00115.x Mascareño, A., Rozas, J.,& Pacareu, T. (2025).“Mi compromiso es con la gente”: El peso de los independientes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Centro de Estudios Públicos. Recuperado de https://www.cepchile.cl/investigacion/mi-compromiso-es-con-la-genteel-peso-de-los-independientes-en-la-camara-de-diputadas-y-diputados/ Meléndez, C. (2022). The Post-Partisans: Anti-Partisans, AntiEstablishment Identifiers, and Apartisans in Latin America. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108694308 Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2017). Reformas políticas en Chile 2014–2016: Análisis sobre las modificaciones al sistema político chileno durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Morales Quiroga, M.,& Contreras, G. (2017). ¿Por qué se aprobó el voto voluntario en Chile? Razones y argumentos que impulsaron la reforma. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 8(2), 105–138. https://doi.org/10.7770/RCHDYCP-V8N2-ART1216 Observatorio Congreso. (2020). Informe: Presencia de mujeres en el Congreso Nacional – Marzo 2020. Observatorio Congreso. Recuperado de https://observatoriocongreso.cl/wp-content/uploads/2021/07/InformePresencia-de-Mujeres-en-el-Congreso-Nacional-Marzo-2020.pdf Palestini, S.,& Medel, R. M. (2025). The‘Withdrawn Citizen’: Making Sense of the Failed Constitutional Process in Chile. Bulletin of Latin American Research. https://doi.org/10.1111/blar.70019 Peters, B. G. (2005). Gobernanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de democracia o nuevas formas de control? Foro Internacional, XLV(4), 599–618. Piña, M., Suárez-Cao, J.,& Sajuria, J. (2024). La democracia necesita ideas, no personas: Personalización de la política en Chile. Friedrich Ebert Stiftung. Recuperado de https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/21484.pdf Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).(2024). Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024: ¿Por qué nos cuesta cambiar? Conducir los cambios para un Desarrollo Humano Sostenible. PNUD. Recuperado de https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/informe-sobre-desarrollohumano-en-chile-2024 Rahat, G. (2024). Party types in the age of personalized politics. Perspectives on Politics, 22(1), 213–228. https://doi.org/10.1017/S1537592722000366 Segovia, C. (2022). Affective polarization in low-partisanship societies. The case of Chile 1990–2021. Frontiers in Political Science, 4, 928586. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.928586 Servicio Electoral de Chile (Servel).(s.f.). Estadísticas de datos abiertos. Recuperado de https://www.servel.cl/centro-de-datos/estadisticas-de-datos-abiertos4zg/ Suárez-Cao, J.,& Cortés Yáñez, N. (2025). Paridad de género como innovación democrática institucional: Un análisis del proceso constitucional chileno 2021–2023. Friedrich Ebert Stiftung. Recuperado de https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/21932.pdf Desafíos y reformas del sistema político chileno 13

Titelman, N.,& Sajuria, J. (2023). Why vote for an independent? The relevance of negative identity, independent identity, and dealignment in a pro-independent political environment. Party Politics, 0(0). https://doi.org/10.1177/13540688231196423 Toro Maureira, S.,& Noguera, A. (2024). Chile: La deriva del sistema político y el fracaso del nuevo proceso constitucional. Revista de Ciencia Política, Ahead of Print. Recuperado de https://www.scielo.cl/pdf/revcipol/2024nahead/0718-090X-revcipols0718-090x2024005000110.pdfSciELO Toro Maureira, S. (2023, abril 20). ¿Más poder para los partidos?(¿y menos para los parlamentarios?). Tercera Dosis. Recuperado de https://terceradosis.cl/2023/04/20/mas-poder-para-los-partidos-ymenos-para-los-parlamentarios/Tercera Dosis+2Tercera Dosis+2 Varieties of Democracy (V-DEM).(2025). Informe sobre la Democracia 2025: 25 años de autocratización – ¿Democracia truncada? Instituto V-Dem. Recuperado de https://www.v-dem.net/documents/62/V-Dem_Democracy_ Report_2025_spanish_lowres.pdf von Schoultz, Å.,& Papageorgiou, A. (2019). Policy or person? The electoral value of policy positions and personal attributes in the Finnish open-list system. Party Politics, 27(4), 767–778. https://doi.org/10.1177/1354068819891048 14 Fundación Friedrich Ebert

Autor Matías Piña: Cientista Político de la Universidad Diego Portales e investigador de Espacio Público. Sobre este documento: Este documento tiene como objetivo aportar al debate sobre reformas al sistema político. Fue elaborado por Matías Piña, investigador de Espacio Público. Agradecemos la participación de los siguientes centros de estudio en los talleres que hicieron posible la elaboración de este documento: Casa Común, Centro de Estudios del Desarrollo(CED), Chile 21, Ciudadanía Inteligente, Horizonte Ciudadano, Institu to de Ciencias Alejandro Lipschutz(ICAL), Igualdad, Nodo XXI y Rumbo Colectivo. También agradecemos a Julieta Suárez-Cao por sus comentarios. Las opiniones aquí presentadas son responsabilidad del autor. Desafíos y reformas del sistema político chileno 15

Desafíos y reformas del sistema político chileno El sistema político chileno enfrenta múltiples desafíos. Por un lado, persiste una crisis de representación reflejada en los bajos niveles de identificación partidaria y la desconfianza hacia instituciones democráticas. Por otro lado, los incentivos actuales dificultan la coordinación legislativa y afectan la tramitación de proyectos relevantes para la ciudadanía. Los partidos muestran escaso arraigo social, mientras las reglas electorales fomentan la competencia individual, debilitando la disciplina partidaria y la coherencia programática. A ello se suman los pendientes en materia de paridad de género. Estos problemas no se resuelven con ajustes aislados, sino que requieren una mirada sistémica que fortalezca los vínculos entre ciudadanía e instituciones. La combinación de desconfianza ciudadana y debilidad partidaria amenaza la gobernabilidad democrática, por lo que resulta urgente recomponer los incentivos del sistema y garantizar mejores condiciones de representación. Este estudio propone reformas para fortalecer la democracia. A corto plazo, se plantea avanzar en aquellos proyectos de ley que mejoren la coordinación parlamentaria y disminuyan los fenómenos de discolaje y transfuguismo en el Congreso. A largo plazo, se proponen listas cerradas sin pactos electorales, mecanismos permanentes de paridad de género y la implementación de instrumentos de democracia directa como las Iniciativas Populares de Norma como alternativa para mejorar la participación ciudadana. Más información sobre el tema se puede encontrar aquí: ↗ www.chile.fes.de/publicaciones 16 Fundación Friedrich Ebert