35 AÑOS de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos

Autoras Virginia Guzmán Barcos Subdirectora Centro de Estudios de la Mujer Teresa Valdés Echenique Coordinadora, Observatorio de Género y Equidad Edición Fabiola Gutiérrez González Coordinadora de Comunicaciones, Corporación Humanas Diseño y diagramación Amaya Rojas Arnal *Esta publicación cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Chile. El uso comercial de este documento está prohibido sin previa autorización escrita de las organizaciones que lo publican. ISBN: 978-956-6410-26-3

35 AÑOS de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos

ÍNDICE I. Presentación 5 II. Antecedentes 7 1. Un poco de historia 7 2. La construcción de las agendas feministas(1990-2025) 9 III. Derechos y ciudadanía de las mujeres 1990-2025 11 1. Cambios en la situación y experiencias de las mujeres(1990-2025) 11 1.1 Transformaciones demográficas y socioculturales en Chile(1990-2025) 12 1.2 Derecho a una vida libre de violencias, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la privacidad 17 • 1.2.1 La violencia contra las mujeres 17 • 1.2.2 Derechos sexuales y reproductivos 18 1.3 Derechos sociales y económicos: Justicia distributiva 19 • 1.3.1 La división sexual del trabajo: el doble trabajo de las mujeres 19 • 1.3.2 La situación y posición de las mujeres en el mercado laboral 20 • 1.3.3 Cambios a nivel educacional 23 1.4 Avance en los derechos políticos, civiles y culturales 26 • 1.4.1 Lo personal es político 27 • 1.4.2 La representación política 28 2. Cuidados y ciudadanía 30 IV. La institucionalización de género en el Estado 32 V. Conclusiones y desafíos 34 ANEXO I 38 ANEXO II 46

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 5 I. PRESENTACIÓN Este escrito busca aportar al debate sobre la construcción de estrategias y agendas feministas en un escenario complejo y desafiante para las fuerzas progresistas y democráticas. Hoy las sociedades se presentan más fragmentadas y diversas, lo que tensiona a las instituciones democráticas que deben adaptarse a estas nuevas dinámicas. Al mismo tiempo enfrentan una multicrisis global: crisis geopolítica y conflictos armados vinculados a la disputa por nuevas hegemonías, crisis climática y crisis de cuidados, junto con una creciente concentración de la riqueza, mayores desigualdades y un lento crecimiento económico. En un contexto atravesado, además, por la expansión de una economía criminal que erosiona la democracia y el desarrollo sostenible y equitativo. En este marco, los desplazamientos poblacionales y los flujos migratorios presionan los equilibrios sociales y los sistemas de protección pública. Las personas son presionadas a migrar entre otras razones, por las guerras, las crisis políticas, económicas, la crisis climática. Ellas no tienen sus derechos garantizados ni cuentan con infraestructuras adecuadas en los países de llegadas, al contrario, a menudo suelen ser objeto de discriminación y xenofobia. Las migrantes están expuestas al abuso, la extorsión y violencia sexual durante todo el proceso migratorio y a la explotación de su trabajo en los lugares de llegada. La crisis climática afecta particularmente a las mujeres campesinas y a las poblaciones urbanas más vulnerables. En paralelo, las fuerzas conservadoras y de ultraderecha, presentes tanto a nivel global como en cada sociedad, buscan frenar y revertir avances culturales y democráticos. Lo hacen impulsando propuestas represivas y autoritarias que atentan contra los principios democráticos, mientras las fuerzas progresistas sostienen la necesidad de profundizar la participación ciudadana, la deliberación y la representación para garantizar la soberanía popular, la transparencia institucional, la equidad y el bienestar colectivo. La revolución tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial han ampliado de manera inédita las capacidades cognitivas, la disponibilidad de información y las posibilidades de comunicación, gestión económica, política y administrativa. Sin embargo, la sobreinformación genera dificultades en la toma de decisiones, fomenta el aislamiento social y abre espacio a nuevos usos antidemocráticos de las redes, entre ellos un tipo devastador de violencia digital.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 6 En este contexto de incertidumbre, surgen temores y sentimientos de impotencia que son aprovechados por la ultraderecha para reinstalar órdenes excluyentes y autoritarios, frenando las aspiraciones de transformación. Frente a ello, este documento reafirma la agencia de las fuerzas progresistas y del feminismo, destacando su papel como fuerza clave de resistencia democrática y como motor de innovación hacia formas de vida más justas, solidarias y sostenibles. El movimiento feminista y de mujeres, con la experiencia y recursos acumulados a lo largo de su historia, puede renovar los vínculos entre ciudadanía, política e instituciones públicas. Tiene la capacidad de asegurar una distribución más equitativa de recursos frente a las crisis, fortalecer la práctica democrática en la gestión de los desafíos contemporáneos y proyectar una visión de futuro que libere el debate de la presión del presente inmediato.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 7 II. ANTECEDENTES 1. Un poco de historia El movimiento feminista y de mujeres ha estado presente en el corazón de los procesos democráticos a lo largo de la historia. Desde posiciones históricamente subordinadas—excluidas del espacio público, del acceso a la educación y al mercado laboral— las mujeres han luchado por la igualdad y por condiciones de vida paritarias con los hombres. En sociedades regidas por valores patriarcales, los hombres detentaban los derechos asociados a la vida pública mientras las mujeres eran relegadas al ámbito privado, con escasas oportunidades de desarrollo y sometidas a la autoridad masculina, que imponía su voluntad y sus deseos. Sin embargo, en todas las culturas y a lo largo de distintos momentos históricos, las mujeres han resistido estas formas de dominación, impulsando luchas para ampliar sus derechos en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Se trata de una resistencia persistente que, pese a los avances logrados, ha debido enfrentar enormes obstáculos provenientes de quienes perciben esas demandas como una amenaza a sus privilegios. En Chile destacan las propuestas y estrategias de acción del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile(MEMCH 1935-1953), organización feminista pionera en la articulación de las demandas de las mujeres. Su agenda vigente hasta el día de hoy día ha orientado las luchas de las siguientes generaciones. Las nuevas generaciones han recogido la posta de sus antecesoras, quienes conquistaron derechos fundamentales como el sufragio—que abrió paso al voto universal—, la representación política, el acceso a la educación, la posibilidad de generar ingresos propios y la capacidad de decidir sobre sus vidas. Estas conquistas han sido decisivas para ampliar la igualdad, la libertad y la autonomía de todas las personas, sin distinción de sexo, clase, generación o etnia. En el ámbito internacional, los liderazgos feministas han tenido un carácter pacifista, antibelicista, que también se expresa en las coyunturas de conflictos internos. El movimiento feminista y de mujeres ha sido motor de profundas transformaciones culturales, institucionales y normativas, impulsando cambios en la distribución de bienes y servicios que se adaptan a las condiciones de vida de las mujeres y eliminan su exclusión en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda. Asimismo, ha promovido reformas legales orientadas a reducir la dependencia económica y social de las mujeres respecto de los hombres, abriendo camino a su plena participación en todos los espacios de la vida social. Gracias a su impulso, la ciudadanía es

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 8 hoy más consciente de las estructuras que limitan el bienestar y de la necesidad de fortalecer la democracia mediante igualdad, deliberación y participación. Las luchas feministas han puesto en evidencia la distancia que persiste entre el reconocimiento formal de los derechos universales y su ejercicio efectivo. El acceso real a esos derechos sigue condicionado por la posición social, las normas institucionales, los discursos y estereotipos de género y la pertenencia a determinados grupos sociales, étnicos o generacionales. El feminismo ha puesto en primer plano el valor del cuidado, de los vínculos humanos y de las actividades cotidianas como bases esenciales de la vida en común y del planeta. Sus aspiraciones de igualdad, libertad, autonomía y solidaridad proyectan un horizonte deseable: una sociedad justa, abierta, con lazos sociales sólidos y capacidad creativa, donde todas las personas encuentren un lugar digno para desarrollar sus vidas, tanto individuales como colectivas. En este sentido, las demandas feministas han sido decisivas para cuestionar estructuras dominantes de carácter antidemocrático. Las mujeres han liderado movimientos que transformaron la manera de entender lo público y lo privado, reclamando espacios históricamente negados. Estos avances no solo han beneficiado a quienes los protagonizaron, sino a toda la sociedad, al consolidar derechos que trascienden los géneros y al fomentar una convivencia basada en la equidad y el respeto mutuo.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 9 2. La construcción de las agendas feministas(1990–2025) La agenda feminista—concebida como un conjunto de objetivos, aspiraciones y prioridades para la acción política— constituye un proceso dinámico, permanentemente redefinido a partir de la experiencia acumulada, la capacidad de incidencia de los movimientos de mujeres y las condiciones históricas más o menos favorables a las transformaciones democráticas. En su carácter plural y en constante cambio, refleja tanto las conquistas alcanzadas como aquellas tensiones que persisten en torno a la igualdad de género como las nuevas experiencias de discriminación y exclusión de sectores específicos de mujeres. Desde la transición democrática en los años noventa hasta la actualidad, las demandas feministas se han expandido y articulado con luchas sociales, económicas y culturales más amplias. El feminismo se ha consolidado como un actor clave en la profundización democrática, en la ampliación de derechos y en la construcción de nuevas formas de ciudadanía, aunque ha debido enfrentar resistencias estructurales y embates conservadores que desafían su continuidad y consolidación. En la década de 1990, en el marco de la recuperación democrática en América Latina, las organizaciones de mujeres se consolidaron y el movimiento feminista se expandió con fuerza, aportando de manera decisiva al proceso democrático. Las mujeres ampliaron su presencia en el mercado laboral, en instituciones y en espacios políticos y culturales, impulsando transformaciones desde abajo que enfrentaron, sin embargo, resistencias y discriminaciones persistentes. En esta etapa, parte del movimiento orientó sus esfuerzos a incorporar sus demandas en la agenda pública, en políticas y programas de gobierno, visibilizando la violencia contra las mujeres, la pobreza femenina y las discriminaciones legales. También exigió una redistribución equitativa de recursos y acceso igualitario a la educación, el empleo, la salud y la vivienda. La denuncia de la división sexual del trabajo y del“doble trabajo”-la“doble jornada”- resultó clave para poner de relieve la sobrecarga femenina, mientras que la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión impulsó la creación de una institucionalidad de género, el establecimiento de cuotas y, más recientemente, la exigencia de la paridad. La agenda se amplió así hacia el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, así como a la incorporación de la perspectiva interseccional 1 . A partir de 2010, en un contexto de desaceleración económica, crisis del modelo neoliberal y emergencia de nuevos movimientos sociales, cobraron centralidad temas como la interseccionalidad, la diversidad sexo-genérica, la autonomía sobre los cuerpos—incluyendo la anticoncepción de emergencia y el aborto—, y la articulación con luchas sociales, ambientales, culturales y antiracistas. 1 Refiere a la superposición e interacción de género, raza, clase social u orientación sexual que crea experiencias únicas de opresión o privilegio para una persona.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 10 Un pilar fundamental de este proceso ha sido la capacidad de las mujeres de organizarse en redes y prácticas colectivas que han permitido compartir experiencias, fortalecer la autoestima, generar fuerza personal y colectiva, y producir cambios subjetivos. Estas dinámicas han promovido la sororidad, el empoderamiento y un diálogo más amplio con actores sociales e instituciones estatales. Las propuestas feministas—desde la eliminación de normas discriminatorias en el Código Civil, la aprobación de leyes contra la violencia, la educación sexual integral, la despenalización del aborto en tres causales, la paridad en todos los espacios sociales y públicos, hasta el reconocimiento del derecho al cuidado— se han sostenido en la producción de información y conocimiento sobre las diversas experiencias sociales, atravesadas por género, clase, edad, lugar de residencia, etnia y orientación sexual. Al mismo tiempo, se han nutrido de nuevos marcos teóricos que han enriquecido la comprensión de la realidad, visibilizando la interdependencia de la vida humana, cuestionando dicotomías rígidas entre razón y afecto, y reivindicando el valor del cuidado en la reproducción social. Este acervo teórico y político ha puesto de relieve la contradicción entre desigualdad de género y valores democráticos, fortaleciendo la necesidad de institucionalización de la igualdad de género, reformas legislativas y participación activa en el diseño e implementación de políticas públicas. Todo ello ha consolidado ideas progresistas y democráticas, aunque también ha provocado la reacción de fuerzas conservadoras y de extrema derecha que buscan revertir lo alcanzado.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 11 III. DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 1990- 2025 1. Cambios en la situación y experiencias de las mujeres(1990–2025) En la década de 1990, la vida cotidiana de las mujeres en Chile seguía condicionada por un modelo de género hegemónico y por valores conservadores que restringían sus experiencias y oportunidades. Tres décadas después, ese modelo ha perdido fuerza, tanto en lo normativo como en las prácticas sociales y en las subjetividades colectivas e individuales. En su lugar se han abierto paso formas más diversas de comportamiento de género y un mayor reconocimiento del derecho a la igualdad y a la autonomía de las mujeres. Entre 1990 y 2025, el país atravesó profundas transformaciones demográficas, económicas, socioculturales y políticas que han ampliado, aunque de manera desigual, las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Estas posibilidades dependen de la posición social en las relaciones de clase, género, generación y etnia que configuran la experiencia de vida de cada una. La disminución de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida al nacer, la diversificación de los hogares y los cambios en los patrones familiares, junto con una mayor apertura cultural hacia la sexualidad han configurado nuevos escenarios para la vida privada y la autonomía personal. Paralelamente, se han producido avances en el reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales y políticos, así como en el acceso al derecho a vivir una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica y el derecho a los cuidados. No obstante, estos logros no significan la superación de las desigualdades de género. En ausencia de un marco jurídico de derechos garantizados, de una infraestructura social adecuada, los cambios pueden traducirse en mayores niveles de precariedad, especialmente para las mujeres de los sectores más pobres, migrantes, campesinas y de mayor edad. Las bases estructurales de la desigualdad persisten bajo nuevas formas y se reconfiguran en los escenarios actuales, mientras emergen desafíos globales que ponen a prueba la construcción de sociedades más democráticas, participativas y justas. Es preciso prestar especial atención a la situación y derechos de las mujeres mayores en momentos de incremento de la esperanza de vida y la mayor vulnerabilidad que esto puede acarrear debido a la ausencia de recursos sociales, económicos, infraestructurales y normativos para hacer frente a sus nuevas condiciones de vida.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 12 1.1 Transformaciones demográficas y socioculturales en Chile(1990–2025) Hoy las mujeres cuentan con más años de vida independiente antes de emparejarse o tener hijos, postergan el matrimonio y la maternidad, reducen el número de hijos y exploran formas diversas de convivencia. El aumento de hogares monoparentales y de jefaturas femeninas, junto con la disminución del hogar nuclear, son expresiones visibles de esta transformación. Sin embargo, la persistente sobrecarga de cuidados, la brecha salarial, la violencia de género y el insuficiente reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, continúan limitando el pleno ejercicio de su ciudadanía. Algunos indicadores demográficos: Indicador 1990 2025(estimado) Cambio y consecuencias Esperanza de vida al Hombre: 69 años Hombre: 79,1 años nacer Mujer: 75 años Mujer: 84,5 años Aumento de longevidad, especialmente en mujeres, con desafíos en pensiones y cuidados. Fecundidad (Tasa General de Fecundidad) 2,6 hijos por mujer Madres adolescentes 11,78%(1992) (mujeres de 15 a 19 años) ~1,16 hijos por mujer 2%(2024) Descenso sostenido, asociado a mayor escolaridad y participación laboral femenina. Reducción de embarazos en adolescentes asociada a mayor escolaridad y a políticas públicas Edad promedio al primer hijo 23,5 años 28 años(2023) Postergación de la maternidad Edad promedio al 25 años matrimonio(mujeres) 33 años Postergación de las uniones formales Edad promedio al matrimonio (hombres) 27 años 36 años Postergación de las uniones formales Nacimientos fuera del matrimonio 30% 70% Convivencias previas al matrimonio, segundas uniones. Legislación no discriminatoria. Convivencia previa al Minoritaria matrimonio Jefatura de hogar femenina 20,2% de los hogares Mayoritaria Cambios culturales 47,7% de los hogares Autonomía económica, violencia (2022) intrafamiliar, mayor pobreza. Estructura por edad Pirámide joven Pirámide envejecida Envejecimiento general, con impacto en mujeres solas o jefas de hogar.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 13 Indicador 1990 2025(estimado) Cambio y consecuencias Adultos mayores (65+) 6,6%(Censo 1992) 14% (Censo 2024) Mayoría de mujeres, muchas en hogares unipersonales con bajos ingresos. Población inmigrante 0,8% Censo 1992 1,3% Censo 2002 4,4% Censo 2017 8,8% Censo 2024 1.608.650 personas (51,7% Mujeres) Venezuela 41,61% Perú 14,51% Colombia 12,3% Bolivia 10,45% Fenómeno nuevo con impacto demográfico, económico, social y cultural. Se asocia al aumento de delitos y crimen organizado. Fuentes: DEIS – MINSAL; CEPAL/CELADE; INE/Registro Civil; CASEN Transformación de los tipos de familia: Tipo de familia Nuclear tradicional Monoparental femenina Extendida Hogares unipersonales (personas solas) Uniones de hecho/ convivencias 1990 2025(estimado) Impacto en las mujeres Modelo predominante 18–20% hogares Común en sectores populares Bajo porcentaje (8,3%) En franco descenso ~30% hogares Persistente, en descenso En aumento (21,8%) Deja de ser el modelo central Aumento sostenido; se asocia a mayor pobreza. Mujeres sostienen cuidados en redes ampliadas. Crece por envejecimiento y postergación del matrimonio. Minoritarias y sin reconocimiento legal Más frecuentes, sin reconocimiento legal Desafíos en protección jurídica de mujeres y niñez.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 14 Transformaciones ocurridas en el orden de género a lo largo de la historia de Chile entre 1900 y 2025. Período 1900–1930 Chile oligárquico 1930–1973 Modernización, industrialización 1973–1989 Dictadura militar 1990–2010 Transición a la democracia 2011–2025 Estallido feminista y disidencias Representaciones dominantes de género - Mujer ligada al hogar, maternidad y moral. - Hombre proveedor y ciudadano pleno. - Exclusión femenina del espacio público. - Madre abnegada vs. mujer trabajadora. - Estereotipos de género desde cine y publicidad. - Retradicionalización - Mujer madre de la patria. - Invisibilización de diversidades. - Ciudadanía de las mujeres. - Identidades de género visibilizadas parcialmente. - Desnaturalización de roles. - Reconocimiento de identidades no binarias. Procesos socioculturales claves - Consolidación del Estado-nación. - Feminismo ilustrado. - Demandas por derechos civiles. - Derecho a voto(1934, 1949). - Expansión de educación femenina. - Urbanización. - Represión a los movimientos sociales, feminista y LGBT. - Extenso movimiento de resistencia femenina. - Arte y cultura popular. - Institucionalidad de género(SERNAM). - Políticas públicas para la igualdad de género - Incremento de la participación laboral y política. - Movilizaciones feministas(2018). - Ley de identidad de género 21.120(2018) - Proceso constituyente paritario. Transformaciones culturales - Emergencia de discursos que cuestionan el rol doméstico. - Visibilidad de mujeres intelectuales y educadoras. - Nuevas representaciones: obreras, líderes, profesionales. - Imágenes de mujeres resistentes. - Mujeres en las calles - Discursos alternativos clandestinos. - Agenda pública incluye demandas de las mujeres organizadas - Mayor diversidad en medios. - Debate sobre violencia y derechos sexuales. - Reconocimiento de las diversidades - Imaginarios de cuerpos diversos. - Cultura digital como espacio de disputa.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 15 Cambios en Expectativas y Motivaciones de las Mujeres en Chile(1990–2025) La siguiente tabla resume los principales cambios en las expectativas y motivaciones de las mujeres en Chile entre 1990 y 2025. Ámbito Proyecto de vida y familia Trabajo e ingresos Tiempo y cuidados Derechos y corporalidad Participación pública y política Cultura y educación Juventudes y sentidos de autonomía Desarrollo y bienestar Situación de las mujeres en 1990 Matrimonio y maternidad temprana como hito central. Expectativas/motivaciones en 2025 Fuentes Mayor control reproductivo y biográfico: INE(2023); CEPAL postergar o no tener hijos; diversidad de(2022); MDSF arreglos familiares.(2023) “Ayuda” o complemento del ingreso del hogar; empleos feminizados. Autonomía económica como meta: empleos formales, carrera y salario propio, emprendimientos. Cuidado no remunerado naturalizado como “responsabilidad femenina”. Enfoque restrictivo en derechos sexuales y reproductivos. Subrepresentación persistente. Expectativa de corresponsabilidad y servicios de cuidado; valoración del tiempo propio. Búsqueda de derechos plenos: de la Interrupción Voluntario del Embarazo en 3 causales al debate de derecho al aborto por plazos; vida libre de violencias. Educación no sexista. Reconocimiento de la diversidad de género Paridad y liderazgo como expectativa legítima. INE(2024); Ministerio del Trabajo(2023); PNUD(2022) MMEG& INE (2015, 2022); CEPAL(2021) MINSAL(2025); Observatorio Ley Aborto(2023); BCN(2024) Red chilena contra la Violencia hacia a las mujeres BCN(2015); SERVEL(2022) Sexismo más naturalizado en instituciones y currículos. Expectativas ancladas en“buen empleo– matrimonio–hijos”. Enfoque material básico. Demanda de educación no sexista y ambientes libres de acoso Acceso equitativo a oportunidades en el campo de la cultura y los medios de comunicación Mayor énfasis en autonomía, bienestar y diversidad de trayectorias. Bienestar ampliado(salud mental, tiempo, ambiente) con lente de género. MINEDUC(2019); Observatorio de Igualdad de Género(2018) INJUV(2015, 2022); PNUD (2020) PNUD(2022); CEPAL(2021)

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 16 Ámbito Aumento de la esperanza de vida Situación de las mujeres en 1990 Expectativas/motivaciones en 2025 Carreras laborales hasta los 60 años, arreglos de cuidado familiar, bajas pensiones “Envejecimiento positivo”. Demanda de visibilidad de vulnerabilidad y necesidades específicas: dependencia, soledad, pobreza, extensión trabajo de cuidado. Fuentes SENAMA(2021), INE(2022), PUC(2020) Fuentes consultadas · Montecino, S.(2006). Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno. Santiago: Catalonia. · Donoso, C.(2021). Historia del feminismo en Chile. Siglo XX y XXI. LOM Ediciones. · Gárate, M.(2012). La revolución capitalista de Chile(1973–2003). Santiago: Uqbar. · Valdés, X.(2004). Género y cultura en Chile: una perspectiva crítica. Santiago: LOM. · Observatorio de Igualdad de Género CEPAL. Informes 2010–2023. · PNUD Chile.(2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. · PNUD Chile.(2022). Auditando el futuro: género, juventudes y territorio. · INE(2022) Envejecimiento en Chile. · PUC(2020). Mujeres y envejecimiento: brechas y desafíos · SENAMA(2021). Envejecimiento en Chile: diagnóstico y consulta ciudadana

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 17 1.2 Derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la privacidad La creciente incorporación de los problemas de la vida privada, de lo personal en la agenda pública deriva de las luchas feministas del siglo 20, cuando el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile(MEMCH) exigió, ya en 1935, la emancipación en el orden biológico(de la maternidad obligada) y posteriormente, cuando las feministas instalaron la consigna“lo personal es político” y se movilizaron exigiendo derechos relacionados con lo que el Código Civil excluía del ámbito público: la violencia doméstica, la sexualidad y la reproducción. 1.2.1 Violencia contra las mujeres La violencia contra las mujeres ha estado en el centro de la agenda feminista y de las políticas públicas desde el retorno a la democracia. En el debate parlamentario de 1994, impulsado por el movimiento feminista y la naciente institucionalidad de género, se evidenció la resistencia de algunos sectores, que tendían a normalizar una supuesta norma cultural sobre el derecho masculino a ejercer violencia psicológica, física o sexual sobre la pareja. La aprobación de la Ley N.º 19.325 (194), centrada en la violencia intrafamiliar y no en la violencia contra las mujeres como tal, reflejó los límites de aquel debate. A partir de las deficiencias de esa primera ley, y gracias al rol clave del movimiento de mujeres y de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se impulsaron nuevas normativas destinadas a prevenir y sancionar la violencia de género. Entre ellas destacan la penalización de la trata de personas, la ampliación de los delitos sexuales, la tipificación del femicidio, la sanción del acoso sexual en espacios públicos, laborales y en la educación superior, así como medidas de protección a las víctimas. Este proceso culminó en la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres(Ley 21.675) en 2024. Pese a estos avances, la violencia intrafamiliar—ya sea en la pareja, expareja o en relaciones de pololeo— sigue siendo la más extendida. Según la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres, ENVCM 2024, más de un tercio de las mujeres declara haberla sufrido a lo largo de su vida. Prevalencia de violencia intrafamiliar(mujeres de 15 a 65 años) 2008 37,5% 2012 32,6% 2017 38,2% 2020 41,4% 2024 33,4% Porcentaje que declara haber sufrido violencia intrafamiliar a lo largo de su vida. ENVIF-VCM.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 18 Entre 2005, cuando se tipificó la violencia intrafamiliar, y 2024, las denuncias pasaron de 72.271 a 102.841 mujeres víctimas. Las tasas por cada 100.000 habitantes aumentaron levemente: de 940,4 en 2006 a 958,1 en 2024(CEAD, Ministerio del Interior). En cuanto a los femicidios, desde la entrada en vigor de la ley 20.480(2010) se han registrado entre 34 y 49 casos anuales, con el máximo en 2010 y el mínimo en 2016. En 2024, la cifra fue de 44(MinMujeryEG). Sin embargo, preocupa el incremento de los femicidios frustrados, que superan los siete por cada femicidio consumado(319 en 2024). El impacto de la violencia también se refleja en la salud de las mujeres, estrechamente ligada además a la sobrecarga de cuidados y labores domésticas. La salud mental constituye uno de los indicadores más claros: según la Encuesta Nacional de Salud 2017, la prevalencia de síntomas depresivos en mujeres(21,7%) más que duplica la de los hombres(10%). Desde que la depresión fue incorporada al GES, los casos abiertos en mujeres han triplicado los de los hombres, con una razón entre mujeres y hombres de 349,2 por cada 100 hombres en 2018, 309,8 en 2022 y 300,5 en 2024. 1.2.2 Derechos sexuales y reproductivos En Chile, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ha sido fruto de una disputa constante entre el movimiento feminista, los sectores conservadores y la iglesia. Durante el gobierno del Presidente Aylwin se impulsaron iniciativas para incorporar la educación sexual en el currículo escolar, pero la oposición de sectores conservadores y de las iglesias retrasó su implementación. Solo en 2010, con la Ley 20.418 sobre información, orientación y prestaciones en materia de fertilidad, se estableció la obligatoriedad de impartir programas de educación sexual en la enseñanza media en establecimientos reconocidos por el Estado. El acceso a métodos anticonceptivos también se amplió, incluyendo la anticoncepción de emergencia como un derecho de libre acceso y una oferta más amplia de métodos en los consultorios de salud y la rebaja de precios en cadenas de farmacias. En 1990, el 19,7% de las mujeres entre 15 y 49 años tenía necesidades de anticoncepción insatisfechas; en 2022, esa cifra descendió a 7,6% (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, Naciones Unidas). Gracias a las luchas feministas y al impulso de la presidenta Michelle Bachelet, en 2017 se aprobó la Ley 21.030 que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Su aplicación, sin embargo, ha enfrentado serias trabas por la creación del derecho a la objeción de conciencia institucional y la débil exigencia a los servicios de salud de garantizar este derecho a todas las mujeres, en especial a las adolescentes y jóvenes. Entre 2018 y 2023, sólo una de cada cuatro mujeres que consultó accedió efectivamente al procedimiento. La reciente aprobación de un nuevo Reglamento busca corregir estas limitaciones.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 19 Implementación de la Ley 21.030(2018 – junio 2025): Casos constituidos Distribución por causal Fuente: MINSAL, junio 2025. 6.567 ingresos Riesgo de vida de la madre: 1.962(29,9%) Inviabilidad fetal: 2.924(44,5%) Violación: 1.681(25,6%) 1.3 Derechos sociales y económicos: Justicia distributiva La injusticia de género en el ámbito distributivo se refleja con claridad en los derechos económicos y sociales de las mujeres. Persiste la división sexual del trabajo como eje organizador de las sociedades, lo que se traduce en una distribución desigual de recursos esenciales: tiempo, tierra, crédito, capital, bienes materiales, consumo, protección frente a riesgos vitales, empleo y sus retribuciones. En el mercado laboral, las mujeres se concentran en ocupaciones y jerarquías segregadas y enfrentan mayores obstáculos para sostener y proyectar sus trayectorias profesionales y, en consecuencia, reciben pensiones más reducidas que los hombres. 1.3.1 La división sexual del trabajo: el doble trabajo de las mujeres La división sexual del trabajo y el doble trabajo realizado por las mujeres tienen efectos directos en la feminización de la pobreza y en las trayectorias de vida y laborales de las mujeres, lo que contribuye a profundizar las desigualdades de género en el mercado laboral. Muchas mujeres latinoamericanas y caribeñas forman parte de cadenas globales de cuidados hacia países europeos o de mayores ingresos, para hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidado en las ciudades que inmigran. De esta manera existe una transferencia de los trabajos de cuidados de unas mujeres a otras de distintos países, tanto dentro como fuera de la región. Según la Encuesta de Uso del Tiempo(ENUT 2023) en un día tipo, en promedio, las mujeres destinan 4:57 horas al trabajo no remunerado(TNR) versus 2:52 horas de los hombres, es decir, las mujeres ocupan diariamente 2:05 horas más que los hombres en TNR. Esto incluye trabajo doméstico, trabajo de cuidados a integrantes del hogar, trabajo voluntario y ayudas a otros hogares, y se refleja en todos los tramos etarios, destacando el grupo entre 25 a 44 años, con una brecha de género aún mayor, con 2:32 horas más dedicadas diariamente por las mujeres. En un alto porcentaje declaran sentir más agobio al intentar compatibilizar el cuidado de niños, niñas y adolescentes con las responsabilidades de su trabajo remunerado.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 20 Distribución de la carga total de trabajo en un día tipo(población 15 años y más) Tipo de trabajo Trabajo en ocupación Trabajo no remunerado Total horas Mujer 56% 44% 10:58 Hombre 70,6% 29,4% 9:49 Esta distribución desigual de trabajo no remunerado no sólo impacta directamente en la autonomía de las mujeres y limita sus oportunidades de participación en el mercado laboral y la vida pública, sino también constituye un subsidio del trabajo de cuidado y domésticos no pagado al Producto Interior Bruto(PIB) 2.3 Según el Banco Central de Chile, en 2020 el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alcanzó el 25,6% del PIB, correspondiendo un 17,5% al aporte de las mujeres y un 8,1% al de los hombres. Esta cifra representa un aumento de 4,8 puntos porcentuales respecto de 2015 y supera la contribución de todas las ramas de la actividad económica, incluidas las más relevantes del país, como los servicios financieros, la minería y la construcción. 1.3.2 La situación y posición de las mujeres en el mercado laboral Desde 1990 en adelante la incorporación de las mujeres al mercado laboral es progresiva, pasando de 36,4% de las mujeres en edad de trabajar en 1995, a 52,6% en 2025, y si bien la pandemia produjo un retroceso importante su participación se ha ido recuperando. La tasa de ocupación, por su parte, aumentó, de 29,4% en 1990, a 35,1% en 2000, a 43,4% en 2015, a 52% en 2022(Ministerio de Desarrollo Social). La ocupación informal se redujo de 36,4% en 2006 a 29,9% en 2022. 2 Valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado, como un año o un trimestre. 3 El reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la región ha seguido un largo camino, desde el año 2010(Consenso de Brasilia de la Conferencia de América Latina y el Caribe), cuando por primera vez se caracteriza el derecho al cuidado como un derecho universal en un acuerdo intergubernamental avanzando hacia el reconocimiento de la necesidad de un sistema social de cuidados, que abarca el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado y el compromiso con su construcción en la reciente XVI Conferencia regional sobre las mujeres realizada en México. Históricamente, el cuidado fue una responsabilidad asignada a los hogares y las familias, particularmente a las mujeres y ha permanecido invisible. El sistema económico valorizó solo el trabajo remunerado en el mercado. La sobrecarga de cuidados limita la posibilidad de las mujeres de percibir ingresos propios, y de destinar tiempo al autocuidado, el esparcimiento y otras actividades centrales para su autonomía, entendida como“la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones, en el contexto histórico que las hace posible.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 21 En 2022, el 27,6% de las mujeres ocupadas lo hacía en el comercio, 10,2% en servicios financieros y el 44% en otros servicios, sólo 7,1% en manufacturas, 4,25% en agricultura y 3,8% en transporte, actividad en la que han aumentado su participación. Sólo 3,4% eran empleadoras, 75,1% asalariadas y 21,5% eran cuenta propia o familiar no remunerada. El 75,7% participaba en actividades de baja productividad(Encuestas de Hogares). La tasa de desocupación femenina se mantiene por sobre la tasa masculina, llegando a 13,7% en 2020, en pandemia y a 10% en 2022. Sin embargo, el porcentaje de las mujeres sin ingresos propios se redujo de 41,5% en 2000 a 17,6% en 2022. Asimismo, entre las jóvenes entre 15 y 24 años, el porcentaje de aquellas que no trabajan por ejercer tareas de cuidado no remunerado en el hogar se redujo de 16,7% en 2000 a 5,6% en 2022. La pobreza en los hogares encabezados por mujeres también se redujo desde el año 2006, en que alcanzaron al 28,1%(versus 25,2% de los encabezados por hombres), al año 2022, en que fueron sólo el 6,9%(versus 4,5% de los encabezados por hombres). Sin embargo, en 2022 hay 130 mujeres en situación de pobreza por cada 100 hombres en dicha situación(CASEN 2022). La brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido paulatinamente, desde 33,3% en 2000 a 21,7% en 2022(Encuestas de hogares). Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Suplementaria de Ingresos(ESI) de 2024, la brecha de género en el ingreso de la ocupación principal a nivel agregado fue del-24,4% en desmedro de las mujeres. Esto significa que, en promedio, las mujeres ganan casi una cuarta parte menos que los hombres en su ocupación principal. La prevalencia de mujeres en empleos de alta calificación aumentó en 11,5 puntos porcentuales (de 29,7% en 2014 a 41,2% en 2024), superando el aumento en hombres(5,4 pp). Sin embargo, la brecha de género de ingresos laborales en el segmento de alta calificación no muestra progreso alguno en la última década, incluso con un ligero aumento de-32,0% en 2014 a-33,5% en 2024. Se observa una brecha positiva(2,1%) a favor de las mujeres a nivel agregado entre las ocupadas de 15 a 24 años, debido a la composición del empleo, en donde las mujeres de este rango etario tienen una mayor inserción en empleos de alta calificación en comparación a los hombres. Para el resto de los tramos etarios, la brecha de género en el ingreso aumenta con la edad: 25 a 39 años: -18,5%; 40 a 59 años:-30,9%; 60 años y más:-34,7%. La situación de las mujeres trabajadoras por cuenta propia informales es preocupante, con una caída real de sus ingresos en 2024. Desde 1990 se han aprobado numerosas leyes que han mejorado las condiciones laborales de las mujeres. Estas reformas han contribuido a reducir los efectos más clamorosos de las desigualdades estructurales y a ampliar el ejercicio de las mujeres de sus derechos laborales y económicos. Aunque persisten problemas en el proceso de implementación y cumplimiento efectivo de las leyes.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 22 Entre las leyes más relevantes destacan: • Prohibición del test de embarazo como requisito laboral(1998). • Ratificación de convenios de la OIT sobre maternidad y responsabilidades familiares. l Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad(2000), que garantiza derechos como la licencia de maternidad y pausas para la lactancia, y el Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares(1981), que promueve la igualdad de oportunidades y la no discriminación. • Derechos parentales: acceso a salas cuna(2002), permiso paternal(2005) y extensión del postnatal y postnatal parental(2011). • Eliminación de la discriminación hacia las trabajadoras de casa particular(2008, 2014 y 2016). • Ley de igualdad salarial(2009), aunque de difícil fiscalización. • Prevención y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo(2024). • Regulación del teletrabajo(2024). • Avances en condiciones generales de empleo: aumento del salario mínimo y reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales(2024). • Sector pesquero: garantías de condiciones laborales equitativas y participación de mujeres en comités de manejo(2024). • Apoyo a microempresarias mediante legislación y políticas públicas que han fortalecido su autonomía económica y el sustento de sus familias. • Pago efectivo de pensiones alimenticias y legislación sobre corresponsabilidad parental, mejorando las condiciones de vida de madres e hijos/as. Junto a los cambios en la segregación horizontal de hombres y mujeres en las ocupaciones dentro de las empresas y entre los distintos sectores productivos se observan también transformaciones en la segregación vertical. Es decir, la distribución de hombres y mujeres dentro de la jerarquía de la organización empresarial o corporativa. El sexto reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2024 revela que la participación de mujeres en directorios es ascendente, con un aumento pronunciado de 11 puntos porcentuales en el período de análisis de cuatro años. Sin embargo, la reducción de la brecha avanza a un ritmo lento. Chile se encuentra en el cuartil más bajo respecto a la participación de mujeres en los directorios de empresas de países de la OCDE.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 23 Participación de mujeres en empresas según nivel jerárquico 2021 a 2024(*) 2021 2022 2023 2024 Trabajadoras 40,1% 38,8% 39,2% 39,5% Mujeres gerentas de primera línea 20,8% 22,5% 22,4% 23,6% Directoras 13,0% 14,7% 16,3% 24,0% (*) 377 empresas que informan para los 4 años Fuente: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Fundación ChileMujeres. 2024. VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile. Para el año 2024 se reportaron 361.710 mujeres trabajadoras en 500 entidades que informaron, equivalente al 39,6% del total de personas trabajadoras. En los cargos de gerencia de primera línea, de un total de 6.182 personas solamente 1.580 son mujeres, lo que representa 25,6%. En los directorios, el nivel más alto de responsabilidad de las empresas, predominan los hombres: de un total de 4.137 personas en cargos directivos, 914 son mujeres, representando solo 22,1% del total. La Ley N°21.757(“Más mujeres en directorios”), recién promulgada, establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Plantea una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas, crea un Comité Asesor para alcanzar la Equidad en los Directorios de las Empresas y entrega incentivos adicionales en la contratación pública a las empresas que cumplan con los porcentajes recomendados. Las empresas deberán justificar públicamente si adoptan o no la sugerencia. 1.3.3 Cambios a nivel educacional La educación constituye uno de los pilares más decisivos para la autonomía económica de las mujeres, en tanto amplía sus oportunidades de acceso al trabajo remunerado, mejora sus ingresos y fortalece su capacidad de negociación en distintos ámbitos de la vida social y familiar. Su impacto se observa en varios planos: acceso al empleo, mejora de los ingresos y seguridad económica, aumento del poder de decisión y facilitación del desarrollo de un espíritu crítico de los estereotipos de género, promoción de nuevas aspiraciones laborales y profesionales lo que facilita el acceso a los derechos.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 24 Los niveles educativos de las mujeres han mostrado avances significativos, impulsados por cambios legislativos como la obligatoriedad de la educación escolar completa(1997) y de la educación parvularia(2007), así como la gratuidad en la educación superior(2017). Entre las mujeres de 30 a 59 años, el promedio de años de estudio aumentó de 9,1 en 1995 a 12,8 en 2022. La matrícula femenina en educación superior también creció, pasando del 45,7% en 1995 al 53,3% en 2024. Sin embargo, en el ámbito de las carreras tecnológicas se observa un retroceso: la proporción de mujeres matriculadas cayó de 28,1% en 1995 a 24,5% en 2024. Porcentaje de matrículas en la educación superior según formación académica, sexo y área de conocimiento, Chile 2020 Área de formación Tecnología Ciencias básicas Administración y comercio Derecho Arte y arquitectura Agropecuaria Humanidades Ciencias sociales Educación Salud TOTAL Pregrado Mujeres Hombres %% 24 76 47 53 49 51 55 45 56 44 60 40 61 39 65 35 69 31 73 27 55 45 Magíster Mujeres Hombres %% 24 76 38 62 42 58 45 55 52 48 47 53 48 52 55 45 69 31 64 36 51 49 Doctorado Mujeres Hombres %% 33 67 41 59 29 71 34 66 44 56 52 48 43 57 51 49 59 41 58 42 43 57 Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 2020, Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Diciembre 2020 https://observa.minciencia.gob.cl/estudios/primera-radiografia-de-genero-en-ciencia--tecnologia--conocimientoe-innovacion Cifras más recientes muestran una tendencia al alza en la matrícula femenina en carreras STEM(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), gracias a incentivos como programas de equidad y cupos adicionales. No obstante, hay desigualdades marcadas según la disciplina: mientras en áreas como Ciencias Naturales las mujeres ya constituyen casi la mitad de los estudiantes, en Ingeniería o TIC(Tecnologías de la Información y Comunicación) los porcentajes son significativamente más bajos.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 25 El siguiente cuadro muestra cómo los diferentes niveles educativos influyen en las oportunidades laborales y en la autonomía económica de las mujeres. Se evidencia que, a mayor nivel educativo, mayores son las posibilidades de acceso a empleos calificados, ingresos estables y capacidad de decisión económica. Nivel educativo Oportunidades laborales Efectos en la autonomía económica Básico incompleto Educación secundaria Educación técnica/ profesional Educación universitaria Postgrado(magíster/ doctorado) Inserción en empleos informales, precarios y de baja productividad. Alta probabilidad de subempleo o dependencia económica. Acceso a empleos formales básicos, con mejores condiciones contractuales. Mayores posibilidades de movilidad laboral. Acceso a ocupaciones más calificadas en sectores intermedios y especializados. Inserción en ocupaciones de alta calificación, profesiones liberales y cargos de responsabilidad. Mayor acceso a redes profesionales. Acceso a altos cargos directivos, académicos y de investigación. Mayor movilidad internacional. Escasa autonomía financiera; dependencia del ingreso de terceros; mayor riesgo de pobreza, especialmente en hogares monoparentales. Mejora la capacidad de sostener ingresos propios; reducción parcial de la dependencia económica; mayor estabilidad en el hogar. Aumento significativo de ingresos; mayor capacidad de ahorro y acceso a crédito; fortalecimiento de la independencia financiera. Autonomía económica sólida; capacidad de negociación en el hogar y en la sociedad; posibilidad de romper ciclos intergeneracionales de desigualdad. Consolidación de la autonomía económica; liderazgo social y político; incidencia en políticas públicas y transformación cultural. Referencias bibliográficas CEPAL.(2022). Autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Lagarde, M.(1996). Género y feminismo: desarrollo humano y democracia. México: Horas y HORAS. Nussbaum, M.(2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press. ONU Mujeres.(2023). El progreso de las mujeres en el mundo 2023. Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Sen, A.(1999). Development as Freedom. Oxford University Press. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación(2020) Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Las ocupaciones simples y rutinarias, ejercidas en gran medida por mujeres, están desapareciendo como consecuencia de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Al mismo tiempo surgen nuevas ocupaciones que exigen habilidades distintas y contenidos formativos renovados. Si no se producen cambios sustantivos en la escolaridad y en los sistemas de formación, y si no se eliminan los estereotipos de género que condicionan las trayectorias educativas y laborales, muchas mujeres quedarán excluidas de sectores clave del mercado de trabajo, aun cuando ello no afectará de igual manera a mujeres de diferentes niveles socioeconómicos.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 26 1.4 Avance en los derechos políticos, civiles y culturales A lo largo de las últimas tres décadas, diversas leyes y políticas públicas han contribuido a fortalecer la autonomía política y el reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos de derechos. Entre las más relevantes se encuentran: la ratificación de la CEDAW, la creación de una institucionalidad de género al más alto nivel, primero con el Servicio Nacional de la Mujer(1991), después Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género(2015); las reformas en regímenes matrimoniales; el fin de la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos(1998); el reconocimiento constitucional de la igualdad jurídica(1999); los Planes de Igualdad y el Sistema de Género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión(PMG); la ley de divorcio(2004); la ley contra la discriminación(2012); la reforma electoral con cuota de género(60/40) y con financiamiento público para promover la participación de mujeres en partidos políticos; la incorporación de mujeres en directorios y comisiones sindicales; el reconocimiento de la identidad de género(2018); el matrimonio igualitario (2021); y la paridad en los procesos constitucionales de 2021 y 2022. A ello se suma la reciente incorporación de criterios de igualdad en sectores tradicionalmente masculinizados, como la pesca. El ejercicio de los derechos políticos, civiles y culturales está estrechamente ligado al reconocimiento de las mujeres como personas plenas de dignidad y con derecho a expresar sus visiones y exigir garantías específicas. Entre estas, resulta fundamental el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados—remunerado o no— como una actividad social y económicamente necesaria, condición indispensable para vivir una vida libre de violencia y ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos, concebidos como parte integral de los derechos humanos. En este marco, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado constituye un pilar esencial para la participación política y ciudadana en igualdad de condiciones. Este reconocimiento trasciende los enfoques limitados a la satisfacción de necesidades básicas o a la atención de grupos catalogados como vulnerables, para afirmar su valor universal y su anclaje en la dignidad humana. Se sustenta en los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, y forma parte de los derechos humanos ya consagrados en pactos y tratados internacionales, siendo además reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) 4 . La Corte es clara: cuidar es una condición para que otros derechos se hagan posibles, como la salud, la educación, el trabajo o la participación en la vida colectiva. Si no hay cuidados, no hay igualdad. Si no hay apoyos, se perpetúa la exclusión y la pobreza. Establece que el cuidado no es una responsabilidad que las personas deben enfrentar solas, sino que los estados deben adoptar las medidas legislativas y administrativas para garantizarlo a quienes lo requieran. Los estados tienen la obligación de actuar. 4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte-IDH) reconoció el derecho autónomo al cuidado en su Opinión Consultiva Nº31 de 2025, estableciendo que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 27 1.4.1 Lo personal es político La acción colectiva, la asociatividad de las mujeres tiene una larga historia desde inicios del siglo 20, ligada a las necesidades experimentadas en distintos períodos y lugares, y favorecida por cambios legislativos, como la ley 16.880 de 1968 que legalizó las juntas de vecinos y los centros de madres, entre otras organizaciones comunitarias. La organización de las mujeres y sus redes de ayuda mutua han sido claves para sostener el doble trabajo que enfrentan, brindándoles contención y apoyo en situaciones de crisis y vulnerabilidad. No obstante, esta capacidad asociativa cotidiana, que contribuye a“tejer sociedad desde abajo”, sigue siendo poco reconocida o registrada en las estadísticas oficiales sobre participación social. En contraste, otras formas de organización sí han recibido reconocimiento y permitido visibilizar a las mujeres como sujeto colectivo, desempeñando un papel fundamental en la elaboración de demandas específicas de género y en la implementación de políticas sociales. Recién desde el año 2000 la encuesta CASEN incorporó preguntas sobre participación social. Sus resultados, para la población de 12 años y más, muestran una disminución de la participación durante la década del 2000, un repunte sostenido hasta 2017 y una nueva caída en 2022, aunque con niveles siempre más altos en los sectores rurales. Participación femenina en alguna organización social(mujeres de 12 años y más) Urbano Rural País 2000 % 31,6 38,3 34,2 Fuente: CASEN de cada año 2009 % 18,4 27,3 19,5 2013 % 21,5 35,2 23,1 2017 % 26,8 39,2 28,3 2022 % 24,9 36,8 26,2 La participación femenina se da en un abanico de organizaciones: comunitarias, deportivas y culturales, organizaciones que promueven agendas o intereses, y también en partidos políticos. Es habitual que las mujeres participen en más de una organización. De acuerdo con la encuesta CASEN 2022, las mujeres participan en mayor medida en organizaciones religiosas, vecinales, territoriales, deportivas, de adultos mayores, de padres, culturales, de mujeres y gremiales. La participación femenina en partidos políticos no alcanza al 1%.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 28 Participación femenina en organizaciones sociales(Mujeres de 10 años y más) 2022 Tipo de organización Urbana Juntas de vecinos u otra organización territorial(comité de aguas, comité de allegados, otros) Club deportivo o recreativo Organización religiosa o de iglesia Agrupaciones culturales, artísticas o patrimoniales Grupos de identidad cultural(asociaciones indígenas, círculos de inmigrantes, otros) Agrupaciones juveniles o de estudiantes(scout, centros de alumnos, otros) Agrupaciones de mujeres(centros de madres, talleres de mujeres, organizaciones de mujeres y/o género, otros) Agrupaciones de adulto mayor(club de adulto mayor, asistentes de centros de día, otros) Grupos de voluntariado(bomberos, damas de colores, cruz roja, voluntarios en instituciones de caridad, otros) Grupos de autoayuda en salud Agrupación ideológica(partido político) Agrupación corporativa(sindicato, asociación gremial, colegio profesional, otros) Centro de padres y apoderados Otra % 26,5 10,1 28,7 4,5 1,5 2,1 4,0 7,9 1,8 0,9 0,8 3,8 4,6 2,8 Fuente: CASEN 2022 Rural % 45,2 5,9 21,7 2,9 8,5 0,7 2,9 6,5 0,7 0,4 0,2 1,2 1,9 1,3 País % 29,4 9,4 27,6 4,3 2,6 1,9 3,8 7,7 1,6 0,8 0,7 3,4 4,2 2,5 1.4.2 La representación política Entre 1995 y 2025 se observa un aumento sostenido en la presencia de mujeres en cargos de representación y autoridad, impulsado en gran medida por la acción del movimiento feminista que ha presionado a los gobiernos a cumplir los compromisos internacionales en materia de igualdad (CEDAW, Plataforma de Acción de Beijing, entre otros). Destacan los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, que promovieron gabinetes paritarios, la representación equilibrada en el Congreso y cuotas de género en directivas sindicales, y recientemente en directorios de empresas.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 29 Sin embargo, persisten importantes déficits en alcaldías, concejalías, gobernaciones y cargos de alta dirección pública, donde la ausencia de leyes de cuota limita el acceso de las mujeres a estos espacios de poder. Participación y acceso al poder de las mujeres 1995-2025 INDICADOR/AÑO Mujeres ministras Mujeres Subsecretarias Mujeres Intendentas/ gobernadoras(*) Mujeres Ministras en Corte Suprema Mujeres Ministras en Cortes de Apelaciones Mujeres Diputadas Mujeres Senadoras(elegidas democráticamente**) Mujeres alcaldesas Mujeres concejalas Mujeres dirigentas sindicales Mujeres en alta dirección pública, Nivel Jerárquico I*** Mujeres en alta dirección pública, Nivel Jerárquico II**** 1995 % 15,8 3,6 7,7 0,0 27,5 7,5 5,3 7,2 12,5 2000 % 31,3 25,9 23,1 0,0 34,0 11,7 5,3 7,9 17,0 2006 % 50,0 48,4 46,2 5,3 35,6 15,0 5,3 12,2 21,1 25,8 52,8 2010 % 27,3 31,0 26,7 25,0 n/d 14,2 13,9 12,5 23,0 45,6 43,3 2012 % 18,2 22,6 20,0 2016 % 34,8 37,5 13,3 2018 % 33,3 33,3 33,3 2022 % 58,3 50,0 18,8 2025 % 50,0 57,9 0,0 23,8 23,8 25,0 38,1 52,9 n/d 14,2 13,9 12,5 23,0 46,7 43,3 15,8 15,8 12,5 24,9 28,1 43,3 42,0 22,6 23,3 11,9 24,7 30,6 41,9 45,9 35,5 24,0 17,1 32,5 34,9 28,9 47,1 34,8 24,0 16,1 35,8 26,5 42,6 37,3 41,1 35,7 31,9 Notas: (*) Desde 2021 son elegidos democráticamente (**) Considera sólo los Senadores/as elegidos/as por votación popular. Se excluyen los senadores vitalicios e institucionales. A contar del 11 de marzo del 2006 se eliminan los cargos de senadores designados y vitalicios. (***) El nivel jerárquico I corresponde a jefaturas de servicios. La autoridad que les nombra es la o el Presidente de la República y son cargos de su confianza. (****) El nivel jerárquico II corresponde a jefaturas de división y de direcciones regionales. La autoridad que les nombra es la jefatura de servicio y son cargos de su confianza. Fuentes: Guía Silber, Directorio de Instituciones de Chile, mayo 1995, abril 1998, abril 2000, abril 2003, diciembre 2006, junio 2009, Santiago. Cámara de Diputadas y Diputados. www.estadisticasdegenero.cl

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 30 2. Cuidados y ciudadanía Uno de los logros más importantes del movimiento feministas ha sido visibilizar y resignificar el sentido del cuidado. El cuidado se ha constituido en un nuevo campo de elaboración teórica y de producción de conocimientos, y ha dado lugar a una variedad de prácticas y redes sociales, a la elaboración de políticas y de nuevas institucionalidades. El cuidado atraviesa la vida de millones de mujeres de distintas edades y orígenes: urbanas, rurales, migrantes, trabajadoras. Está presente en las experiencias cotidianas y en las trayectorias de vida, y se relaciona directamente con la forma en que se produce y se reproduce nuestra sociedad. Es clave en los procesos de socialización, de formación de subjetividades, de valores, en las normas y oportunidades cotidianas. Moldea el tipo de relación que establecen distintos grupos sociales, mujeres y hombres migrantes no migrantes de distinto origen étnico y racial. Influye en la producción económica, en la política, en la institucionalidad y en las relaciones económicas entre países. En su organización se reflejan muchas desigualdades: de género, de clase, de origen étnico o racial, entre migrantes y no migrantes, entre mujeres y hombres. En definitiva, poner el cuidado en el centro de la vida social es una condición indispensable para construir democracias más justas y economías sostenibles. En el presente las sociedades enfrentan una profunda crisis de cuidados debido a cambios sociodemográficos. El envejecimiento de la población, en especial el aumento de quienes superan los 80 años, la baja en las tasas de fecundidad, los cambios epidemiológicos, con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, hacen que aumenten las personas mayores que requieren apoyo, al tiempo que disminuye el número de jóvenes disponibles para cuidar, unido a las transformaciones en la composición de los hogares y tipos de familia, la participación laboral femenina, las migraciones. En muchos países, las personas migrantes se han convertido en una fuerza clave en el trabajo de cuidado, sobre todo en el servicio doméstico, el cuidado de niños, de personas enfermas y dependientes y de personas mayores. Esto visibiliza nuevas desigualdades, ya que son trabajos mal remunerados, con baja protección laboral y, en ocasiones, en condiciones de vulnerabilidad. A ello se suman los impactos de la crisis climática, que intensifican las necesidades de asistencia y protección.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 31 Pese a ello, la organización del cuidado sigue recayendo de forma desproporcionada en las mujeres, mientras que la oferta pública y de mercado resulta insuficiente y fragmentada. El desafío no es sólo el trabajo no remunerado, sino que el trabajo de cuidados remunerado sigue siendo precario y mal pagado, con sobrerrepresentación de mujeres. Las proyecciones advierten que, en los próximos años, la demanda de cuidados para personas mayores de 65 años superará la de niños y niñas menores de 15, transformando la composición de la carga de cuidados y configurando un desafío estructural de gran envergadura para el país y las sociedades actuales. La falta de una organización social del cuidado justa y equitativa afecta negativamente la vida de las mujeres, limita su autonomía económica y política, y reproduce desigualdades de clase, género, etnia y nacionalidad. También afecta la cohesión social, la calidad de vida de las personas dependientes y la sostenibilidad de las economías. Superar esta crisis requiere pensar en una nueva organización social del cuidado, en nuevos pactos sociales que reconozcan el cuidado como un derecho y como una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades, el mercado, los hombres y las mujeres. Para ello es clave invertir en sistemas integrales de cuidado, con infraestructura, servicios y apoyos públicos; valorar y profesionalizar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado; incorporar a las personas migrantes con derechos plenos en el sector; promover la corresponsabilidad entre géneros y generaciones.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 32 IV. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE GÉNERO EN EL ESTADO La acción del campo feminista y de los movimientos feministas que lo integran, así como sus alianzas con otros movimientos sociales, actores/as públicos, culturales y políticos, han contribuido a legitimar la igualdad y autonomía de género como un eje de la democracia y de la justicia. A través de la incidencia sobre otros movimientos y organizaciones y sobre el Estado, ha sido posible que se aprueben reformas legales y se implementen políticas, planes y programas que contrarresten los mecanismos que producen desigualdades de género en la sociedad. Estas reformas dotan de mayor estabilidad a los logros alcanzados por el movimiento y organizaciones feministas y se erigen como resistencia a las embestidas conservadoras. Desde la ratificación de la Convención CEDAW(1989) y la adopción de una agenda para la igualdad por el primer gobierno democrático, la institucionalización de la igualdad de género en el Estado ha sido continua, no sólo con la creación del SERNAM, posteriormente Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino con el desarrollo de instrumentos destinados a incorporar la meta de la igualdad en todos los ámbitos de acción pública, a transversalizar la perspectiva de género en las instituciones, en las políticas y programas. Se trata de evaluar con detalle las implicancias que tiene para mujeres y hombres cualquier acción planificada, incluida la legislación, las políticas o los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles, en todas las esferas políticas, económicas y sociales, conocer en qué medida se benefician por igual o se perpetúan la desigualdad, la discriminación y la violencia basada en el género, porque las políticas y leyes no afectan del mismo modo a mujeres y disidencias sexuales, no son neutras. Los planes de igualdad, el Consejo de Ministros/as para la Igualdad, las Metas ministeriales de género, el Sistema de Equidad de Género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión(PMG de Género, premiado en 2002 por el BID), la Norma Chilena NCH-3262(gestión igualdad y conciliación), el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género y finalmente, la instalación de responsables de la igualdad de género en todos los ministerios y la Integración de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género al Comité Político dan cuenta de este proceso de institucionalización de género en el Estado. Todos y cada uno de los Ministerios dan cuenta anual de los avances en los compromisos ministeriales, los ministerios sectoriales y también los ministerios centrales, como el Ministerio de Hacienda, que este año presentó el Informe“Presupuesto con Perspectiva de Género. Etiquetado de Género. Presupuesto 2025”, de la Dirección de Presupuestos, que reveló que un 22,53% del gasto público estimado tiene una contribución directa o indirecta a la igualdad de género 5 . 5 Los derechos económicos representan la mayor contribución(64,05%), seguidos por los derechos sexuales, reproductivos y a la salud integral(19,33%) y los derechos sociales y culturales(11,59%). El gasto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social explica el 45,0% del total(Pensión Garantizada Universal, Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez, Aporte Previsional Solidario), el gasto del Ministerio de Salud, un 18,7% y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un 17,2%.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 33 Las distintas instancias de género en el Estado pueden constituir un motor de innovación en la difusión de nuevas concepciones sobre las relaciones de género, de nuevas formas de recoger y elaborar información de la realidad en la que actúan. Para ello, multiplicar las coordinaciones interministeriales, ampliar los planes de igualdad en los ministerios a nivel central y regional, y presionar a favor de un presupuesto etiquetado por género. Finalmente, estas instancias promueven la participación de las mujeres en los distintos espacios de interlocución del Estado y la sociedad que les permita plantear demandas y soluciones frente a los problemas que les conciernen como mujeres y ciudadanas y acceder en igualdad de condiciones a los beneficios, servicios y recursos. La aprobación de la política exterior feminista bajo el gobierno de Gabriel Boric, presentada por la Cancillería el 12 de junio de 2023 y de un Plan de Acción 2024-2025, expresa los avances del movimiento feminista en el ámbito de la política internacional que aborda las relaciones de poder entre los Estados en temas de la geopolítica, de los tratados y acuerdos internacionales relativos a la gobernanza y al libre comercio. Históricamente, de estos espacios han sido excluidas las mujeres y con ello la difusión y el debate de las concepciones y posiciones feministas sobre los derechos humanos, la seguridad, los conflictos internacionales, la guerra y la paz.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 34 V. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS En las últimas tres décadas, el campo feminista—integrado por colectivos, organizaciones, redes contra la violencia hacia las mujeres, movimientos por los derechos reproductivos y agrupaciones de académicas, profesionales y mujeres en la política— ha logrado visibilizar las múltiples dimensiones de la desigualdad de género y su vínculo con otros sistemas de dominación. A pesar de tensiones y resistencias, el feminismo ha profundizado en la comprensión del carácter interseccional del género y de sus causas, logrando que sus propuestas y movilizaciones permeen tanto la vida cotidiana como la política y la institucionalidad. Gracias a ello, la igualdad de género se ha consolidado como un valor democrático, y se ha fortalecido el consenso en torno a la necesidad de construir marcos normativos más justos y equitativos, basados en procesos deliberativos y participativos. Las instancias de género creadas en el Estado han contribuido en este proceso: han difundido nuevas concepciones sobre las relaciones de género, elaborado diagnósticos que transparentan realidades antes invisibilizadas y aportado al reconocimiento de los aportes de las mujeres en distintos ámbitos. Además, han impulsado formas innovadoras de gestión mediante coordinaciones interministeriales e intersectoriales, creando espacios de interlocución y participación que permiten a las mujeres plantear demandas, proponer soluciones y acceder en igualdad de condiciones a servicios y recursos públicos. Estos cambios han tenido efectos directos en la vida de las mujeres, aunque no exentos de tensiones. Muchas han experimentado beneficios concretos que les han permitido proyectar no solo sus vidas familiares, sino también sus trayectorias personales y colectivas. Dichas transformaciones responden a múltiples causas: la reestructuración económica que amplió oportunidades laborales, los cambios demográficos y socioculturales—como el acceso a mayores niveles educativos y nuevas expectativas de vida— y las reformas legislativas impulsadas por el movimiento feminista, junto con la institucionalidad de género, que ha dotado a las mujeres de marcos de protección y defensa de sus derechos.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 35 Desafíos actuales El movimiento feminista enfrenta hoy un escenario caracterizado por sociedades más complejas y plurales, marcadas por la globalización y la aceleración de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial. La organización social y económica, así como la creciente participación en espacios digitales, han diversificado trayectorias, intereses y expectativas, generando escenarios fragmentados y heterogéneos. Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la comunicación y la incidencia en la vida social y política. Si bien facilitan la interacción instantánea y la acumulación de conocimiento global, también generan riesgos: sobrecarga informativa, fragmentación de saberes, paralización en la toma de decisiones y dependencia tecnológica que erosiona la cohesión social y amplía las brechas de acceso. En el plano político, la falta de regulaciones en entornos digitales fomenta la difusión de noticias falsas y discursos de odio, debilitando el debate público, intensificando la polarización y amenazando derechos fundamentales como la privacidad. Frente al impacto de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial en el mundo laboral, resulta imprescindible asegurar la participación femenina en el debate y en la toma de decisiones sobre la organización del trabajo, las jerarquías internas y el ejercicio de la autoridad. Repensar la relación entre el empleo remunerado y las labores de cuidado requiere construir nuevas formas de organización productiva y social que redistribuyan las responsabilidades de cuidado entre mujeres y hombres, así como entre las distintas instituciones sociales. El Estado, mediante sus políticas públicas; las empresas, a través de sus normas laborales y organizacionales; y las familias, con la corresponsabilidad de hombres y mujeres, deben asumir el compromiso de responder a las necesidades de cuidado, apoyo y protección de la niñez, la adolescencia, las personas enfermas, dependientes y los adultos mayores. Asimismo, el avance en los derechos políticos y civiles requiere de una justicia cultural que desmantele los prejuicios, estereotipos y representaciones de género que subordinan y desvalorizan a las mujeres. La representación política de género se vincula con el papel del Estado y con las reglas de decisión que estructuran la distribución de recursos y el reconocimiento social, así como con los criterios de pertenencia y ciudadanía que aseguran la participación en las deliberaciones públicas y una representación equitativa en los procesos de toma de decisiones. A estos desafíos se suman transformaciones estructurales de alcance global: la crisis climática, los cambios demográficos, los desplazamientos poblacionales y el fortalecimiento del narcotráfico y de redes delictivas transnacionales, que incrementan la inseguridad, erosionan la vida comunitaria y debilitan la democracia.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 36 Antifeminismo En este contexto, las fuerzas de ultraderecha y sectores conservadores han desplegado una ofensiva cultural contra los proyectos democráticos y progresistas. El antifeminismo ocupa un lugar central en esta estrategia: presenta al feminismo como amenaza a la familia, la religión y la civilización, niega la existencia del patriarcado y justifica las desigualdades apelando a la meritocracia. Su propagación se da principalmente en entornos digitales mediante comunidades organizadas, campañas contra la“ideología de género”, memes, hashtags y algoritmos que amplifican discursos de odio. Su peligrosidad también se debe a la red global de organizaciones e individuos que prestan apoyo financiero a este tipo de campañas y los mismos dueños de las plataformas digitales quienes no restringen o incluso fomentan la difusión de discursos de odio en sus plataformas. Las mujeres en política, periodistas, artistas, creadoras digitales, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, así como mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, trans y trabajadoras sexuales, son objetivos privilegiados de estas campañas. Sin embargo, son también las mujeres —en especial las jóvenes— quienes han contenido en gran medida la avanzada conservadora, expresándose en las urnas contra proyectos de extrema derecha. En contraste, sectores de hombres jóvenes tienden a respaldar esas opciones, en parte como reacción a la pérdida de privilegios vinculados a la virilidad, el control sobre las mujeres y la estabilidad material de generaciones previas. No obstante, la ultraderecha parece haber reconocido este desafío y empuja tendencias como las‘trad-wives’ para convencer a las mujeres jóvenes de asumir imágenes tradicionales de la feminidad. Hacia una agenda feminista renovada La historia del feminismo demuestra que la acción colectiva es el principal recurso de quienes poseen menos poder. Desde allí emergen nuevas ideas, prácticas y formas de transformar la sociedad. El cuestionamiento feminista a la división sexual del trabajo y a la separación entre producción y reproducción abre la posibilidad de construir sociedades más integradas, con una redistribución equitativa del trabajo y de los cuidados. El trabajo no remunerado de las mujeres, que subsidia silenciosamente la economía, sigue siendo tratado como un recurso“inagotable” y gratuito. Frente a ello, las feministas proponen avanzar hacia una sociedad de los cuidados, como horizonte de sostenibilidad inclusiva que priorice la vida y el planeta por sobre la acumulación de capital. Esto implica atender la profunda crisis de cuidados que atraviesa nuestras sociedades.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 37 Frente a los desafíos actuales, resulta urgente redoblar esfuerzos para superar la fragmentación social y abrir espacios de diálogo que permitan respuestas colectivas. Es necesario ocupar tanto los espacios públicos como los digitales, desplegando la imaginación política y construyendo plataformas seguras que protejan frente a la violencia digital. Del mismo modo, se requiere fortalecer los vínculos entre mujeres, reconociendo diferencias pero también elaborando agendas comunes desde experiencias compartidas: el doble trabajo, la vulnerabilidad frente al poder, los obstáculos al control sobre el propio cuerpo, la menor independencia económica y la subrepresentación política. En definitiva, las transformaciones en la vida cotidiana y en la subjetividad de las mujeres, la conformación de redes y la defensa de los derechos conquistados, junto con una institucionalidad que las visibilice y proteja, constituyen pilares fundamentales para una agenda feminista renovada, capaz de enfrentar con fuerza colectiva los retos de nuestro tiempo.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 38 ANEXO I Legislación para la igualdad de género 1989-2025 Marco normativo internacional e institucionalidad de género • 1989: Decreto 789— Promulga la CEDAW. • 1991: Ley 19.023— Crea el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM. • 1994: Primer Plan de Igualdad de Oportunidades SERNAM 1994-1999 • 1997: Políticas de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Rural • 2000: Consejo de ministros para la Igualdad de Oportunidades • 2001: Metas ministeriales de igualdad de género. • 2002: Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades 2000-2010 • 2002: Sistema de Equidad de Género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión(PMG de Género). • 2009: Tercer Plan de Igualdad SERNAM 2010–2020. • 2012: Norma Chilena NCH-3262(gestión igualdad y conciliación). • 2015: Ley 20.820— Crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Crea fondo para equidad de género destinado a favorecer la asociatividad y el liderazgo de las mujeres que depende del presupuesto anual de la nación • 2017: Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género. • 2018: Cuarto Plan Nacional de Igualdad 2018-2030. • 2022: Integración del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al Comité Político. Trabajo • 1993: Ley 19.250— Modifica contrato de trabajo y protección. • 1994: Ley 19.299— Base de cálculo del subsidio maternal. • 1997: Ley 19.505— Permiso por enfermedad grave de hijo/a. • 1998: Ley 19.591— Prohíbe test de embarazo.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 39 • 1999: Decreto 1.907— Ratifica convenios OIT sobre maternidad y responsabilidades familiares. • 2000: Ley 19.670— Fuero para adoptantes. • 2002: Ley 19.824— Obligatoriedad de salas cuna. • 2005: Ley 20.047— Permiso paternal. • 2007: Ley 20.166— Derecho a amamantar. • 2008: Leyes 20.279, 20.336— Derechos de trabajadoras de casa particular. • 2008: Decreto 236— Convenio 169 OIT(pueblos indígenas). • 2009: Leyes 20.348, 20.399— Igualdad salarial y derecho a sala cuna para padre. • 2011: Ley 20.545 crea post natal parental • 2014: Ley 20.761 extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos e hijas y perfecciona normas sobre protección de la maternidad • 2014: Ley 20.786— Descanso y remuneración trabajadoras de casa particular. • 2014: Ley 20.787 mejora las condiciones salariales y la estabilidad laboral de trabajadoras que preparan alimentos, manipuladoras de alimentos en contratos con el JUNAEB • 2016 Ley 20.891 perfecciona el permiso postnatal y el ejercicio del derecho a la sala cuna para funcionarias y funcionarios públicos eliminando el tope de remuneración para pago permiso postnatal parental y permitiendo que la madre funcionaria pública pueda utilizar la sala cuna del servicio ministerio del padre menor cuando ambos sean funcionarios públicos • 2016: Decreto 34— Convenio OIT 189. Establece normas para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, con el objetivo de garantizarles derechos laborales y condiciones de trabajo decentes. Este convenio busca promover la igualdad de trato, la protección social y el respeto a los derechos fundamentales de este sector laboral, que a menudo se encuentra en situación de vulnerabilidad. • 2017: Ley 21.063 de Seguro para el acompañamiento de los niños y niñas que crea un seguro obligatorio de carácter solidario para madres y padres trabajadores y trabajadoras de hijos e hijas hasta los 15 o 18 años afectados por una condición grave de salud para que puedan ausentarse de su trabajo por un tiempo determinado a través de licencia médica. Seguro SANNA • 2019: Ley 21.155— Protección lactancia. Sanciona a aquel que arbitrariamente prive a una madre de ejercer su derecho de amamantar.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 40 • 2023: Decreto 122— Convenio OIT 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Establece un marco para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el ámbito laboral, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. • 2023: Ley 21.561 Reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 40 hrs. semanales • 2023: Ley 21.578 alza del salario mínimo se contemplaron 3 alzas escalonadas llegándose a 500.000 en julio del 2024 • 2024: Ley 21.645— Protección maternidad, paternidad y teletrabajo. Modifica el Código de trabajo sobre la protección a la maternidad paternidad y vida familiar y regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica • 2024: Ley 21.709 establece reglas de igualdad de género para la designación de representante del sector pesquero artesanal en los comités de manejo • 2024: Ley 21.698 regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación vaya a incorporar normas sobre enfoque de género en su administración • 2025: Ley 21.751 nuevo reajuste según el IPC acumulado entre julio y diciembre del 2025 que se aplicará en enero del 2025. Además esta ley estipuló un reajuste de los tramos de la asignación familiar aumentando la cobertura y los beneficios de los actuales afiliados del mismo modo fijó un esquema de subsidios para apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas en el pago de esta alza de ingreso mínimo Violencia • 1994: Ley 19.325 Establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar • 1995: Ley 19.409 Penaliza el tráfico de personas. • 1998: Decreto 1640— Convención Interamericana contra la violencia hacia la mujer. • 1999: Ley 19.617— Delitos sexuales. • 2005: Ley 20.005- Tipifica y sanciona el Acoso Sexual • 2005: Ley 20.066- Violencia intrafamiliar. • 2007: Ley 20.207— Prescripción delitos sexuales. • 2010: Ley 20.427 Maltrato al adulto mayor • 2010: Ley 20.480— Modifica el Código Penal y la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar tipificando el femicidio aumentando las penas

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 41 aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio • 2011: Ley 20.507— Tráfico ilícito y trata. • 2016: Ley 20.968— Tortura y tratos crueles. • 2017: Ley 21.013— Nuevo delito de maltrato. Tipifica un nuevo tipo de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial - menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. • 2019: Ley 21.153—Sanciona penalmente el acoso sexual en espacios públicos. • 2020: Ley 21.212— Amplía el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer por motivos de odio, menosprecio o abuso de género, e introduce la figura delictual de“suicidio femicida”. Ley Gabriela. • 2021: Ley 21.378— Establece el monitoreo telemático. • 2021: Ley 21.389 – Junto con crear el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, consagra la violencia económica, entendida como conductas que vulneran la autonomía económica o patrimonial de la mujer o la subsistencia familiar, como el incumplimiento reiterado del pago de pensiones de alimentos. • 2022: Ley 21.523— Protección a víctimas: mejora las garantías procesales de las víctimas de delitos sexuales, protege los derechos de éstas, y evita su revictimización. Ley Antonia • 2023: Leyes 21.565- Establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias. Incluye una pensión mensual para hijos e hijas menores de 18 años, acceso preferente al sistema de protección social y derecho a protección laboral. • 2024: Ley 21.643 Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”- Ley Karin. Fortalece la legislación contra el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. • 2024: Ley 21.675- Establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, conocida como“ley integral”. Reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y crea mecanismos para su protección. • 2025: Ley 21.733 que Modifica los cuerpos legales que indica, estableciendo como inhabilidad para obtener una licencia de conducir profesional el haber sido condenado por delitos de connotación sexual.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 42 Derechos civiles • 1994: Ley 19.335 de Régimen de Participación en los Gananciales, que modifica diversos textos legales discriminatorios hacia las mujeres en los Códigos Civil y Penal, como el adulterio • 1998: Ley 19.585- modifica el Código Civil en materia de Filiación, reconoce la igualdad jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, amplía la patria potestad de la madre y mejora la situación hereditaria del cónyuge • 2004: Ley 19.947— Nueva ley de Matrimonio civil que sustituye la Ley vigente desde 1884 • 2005: Ley 20.030— Ajusta los procedimientos relacionados con la determinación de la filiación. • 2012: Ley 20.609— Establece medida contra la discriminación(Ley Zamudio) • 2018: Ley 21.120— Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género • 2020: Ley 21.264— Suprime impedimento de segundas nupcias. • 2021: Ley 21.400— Regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo • 2022: Ley 21.515— Mayoría de edad como requisito para matrimonio. Educación • 1997: Ley 19.532— Jornada escolar completa. • 2007: Ley 20.162— Educación parvularia obligatoria. • 2015: Ley 20.845— de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado • 2017: Ley 21.040— Crea el Sistema de Educación Pública. • 2018: Ley 21.091— Educación superior consagra el financiamiento institucional para la gratuidad. • 2021: Ley 21.369— Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior • 2025: Ley de Modernización de Educación Parvularia.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 43 Familia • 1999: Ley 19.620— sobre adopción de menores, que equipara a los hijos adoptados a los de afiliación matrimonial y no matrimonial • 2001: Ley 19.741— Abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. • 2005: Ley 19.968— Crea los Tribunales de familia. • 2007: Leyes 20.152, 20.172— Simplificación juicio alimentos y derecho directo a asignaciones. • 2008: Leyes 20.239, 20.286— Compensaciones y modificaciones a tribunales de familia. • 2009: Ley 20.383— Salida de menores del país. • 2015: Ley 20.830 Crea el Acuerdo de Unión civil y regula las relaciones de vida y bienes de las personas unidas en convivencia que no tienen vínculo matrimonial. Incorpora a parejas del mismo sexo • 2016: Ley 21.247— Beneficios para cuidadores. • 2021: Ley 21.389— Crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos (RNDPA), un registro electrónico que articula medidas legales para garantizar el cumplimiento de las pensiones, incluyendo retenciones de devolución de impuestos o remuneraciones, y la negación de licencias de conducir o pasaportes a deudores. 2021: Ley 21.400 modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo • 2022: Ley 21.484— Responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, establece un procedimiento especial para el cobro efectivo de deudas, permitiendo la retención de fondos de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros del deudor, y estableciendo la responsabilidad del Estado de investigar su patrimonio. • 2022: Ley 21.515 modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio • 2025: Nueva Ley de Adopción

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 44 Salud, derechos sexuales y reproductivos • 2000: Ley 19.688— Derecho a la educación para estudiantes embarazadas. • 2001: Ley 19.779— Ley del SIDA. • 2006: Normas sobre regulación de la fecundidad. • 2010: Ley 20.418— Derechos en regulación de la fertilidad. Sobre información orientación y prestaciones en materia de fertilidad. Asimismo establece la obligatoriedad de implementar programas de educación sexual en la enseñanza media en establecimientos reconocidos por el Estado. • 2012: Ley 20.584— Derechos y deberes en atención de salud. • 2017: Ley 21.030— Interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de la vida de la madre de inviabilidad fetal letal y en caso de violación norma técnica de acompañamiento y atención integral en torno a las prestaciones que garantiza la ley • 2021: Ley 21.371— Muerte gestacional y perinatal. Autonomía económica- producción • 2002: Ley 19.749— Microempresas familiares. • 2024: Ley 21.698— Caletas pesqueras y género. • 2024: Ley 21.757 –Ley“Más Mujeres en Directorios”. Establece una meta gradual de participación, comenzando con un 80% de representación máxima para un mismo género en los primeros años, y reduciéndola al 60% de forma definitiva, con el objetivo de alcanzar la paridad de género. Protección social • 2004: Ley 19.966— Garantías en salud(GES). • 2008: Ley 20.255— Reforma previsional. Crea sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez. • 2009: Ley 20.379— Sistema de protección social. • 2012: Ley 20.595— Ingreso ético familiar y subsidio al empleo femenino. • 2020: Ley 21.302— Servicio nacional de protección a la niñez. • 2022: Ley 21.430- Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. • 2022: Ley 21.456— Reajusta ingreso mínimo mensual, asignación

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 45 familiar y maternal, y subsidio familiar, otorga un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas. • 2025: Ley 21.735— Nuevo sistema mixto de pensiones. • 2025: Política Nacional de Apoyos y Cuidados(2025-2030) Ciudadanía y participación • 1999: Ley 19.611— Reforma a la Constitución: reconoce la igualdad jurídica entre hombres y mujeres como un valor superior y garantía del derecho de igualdad • 2015: Ley 20.820— Crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Crea fondo para equidad de género destinado a favorecer la asociatividad y el liderazgo de las mujeres que depende del presupuesto anual de la nación • 2015: Ley 20.840— Fin del binominal y sistema proporcional. Criterio de paridad de género en la conformación de listas de candidaturas parlamentarias. Se establece que ni hombres ni mujeres pueden superar el 60% del total de candidaturas declaradas por los partidos políticos • 2016: Ley 20.900- Fortalecimiento y transparencia de la democracia. Financiamiento: al menos el 10% de lo aportado deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres. • 2016: Ley 20.911 crea asignatura y plan de formación ciudadana para los establecimientos el educacionales reconocidos por el Estado • 2016: Ley 20.915— Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización • 2016: Ley 20.940— Modernización relaciones laborales con enfoque de igualdad y equidad de género. Establece que 1/3 de las/os integrantes de directorios de sindicatos deben ser mujeres, al menos una debe formar parte de comisiones negociadoras sindicales, cuando no aplique cuota e incluye normas que favorecen la conciliación de la vida laboral familiar y personal de mujeres y hombres, temas que pueden ser incorporados en los procesos de negociación • 2020: Ley 21.216— Paridad de género en candidaturas y en la organismos constituyentes. • 2024: Ley 21.709— Igualdad de género en sector pesquero. • 2024: Ley 21.757 –Ley“Más Mujeres en Directorios”. Establece una meta gradual de participación, comenzando con un 80% de representación máxima para un mismo género en los primeros años, y reduciéndola al 60% de forma definitiva, con el objetivo de alcanzar la paridad de género.

35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos 46 ANEXO II La legislación y la institucionalidad para la igualdad(1989 – 2025) Por temas y períodos presidenciales MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL E INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO TRABAJO VIOLENCIA DERECHOS CIVILES EDUCACIÓN FAMILIA SALUD, DD SS y RR AUTONOMÍA ECONÓMICA PROTECCIÓN SOCIAL CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 1989 1991 1992 1993 PATRICIO AYLWIN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 EDUARDO FREI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 RICARDO LAGOS 2006 2007 2008 2009 BACHELET 2010 2011 2012 2013 PIÑERA 2014 2015 2016 2017 BACHELET 2018 2019 2020 2021 PIÑERA 2022 2023 2024 2025 BORIC TOTAL XX X X XX XX 14 X X X X X X X 2 2 4 X X XX X X X XX XX XX X X XX X X X X XX X X X 4 3 7 7 3 7 14 17 X XXX X X XXX X X X XX X X X XX X 5 9 14 4 4 8 XXX XXX XX X X X X X XX XXXX 8 13 21 X XXX XXXX 27 X XXX XX XXX 21 X XX X 9 X X X 7 XX XX X 13 X 7 3 XX X XX X 9 X XX 10 5 11 11 15 120 16 24 120 NOTA: Los Presidentes asumen en marzo del año siguiente de su elección.

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