ANÁLISIS Pilar Uriona Noviembre 2025 La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática Análisis de las elecciones generales 2025 Centro Regional Democracia y Feminismos

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Pilar Uriona Crespo Noviembre 2025 La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática Análisis de las elecciones generales 2025

Índice 1. Introducción.................................................... 3 2. Contexto histórico del avance hacia la paridad en Bolivia............... 4 2.1. Algunos antecedentes clave.................................... 4 2.2. Apropiación social e institucional de la demanda de paridad......... 5 2.3. Mecanismos de propuesta y deliberación: La Agenda de las Mujeres.. 6 3. Elecciones nacionales 2025........................................ 8 3.1. La etapa de las postulaciones y de modificación normativa para la representación......................................... 8 3.2. Los resultados y la conformación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional....................................... 9 3.3. Género y planes de gobierno: tendencias referidas a la igualdad sustantiva...................................... 10 4. Conclusiones y recomendaciones.................................. 12 Referencias........................................................ 16

1. Introducción Para fortalecerse en el tiempo, la institucionalidad democrática representativa ha requerido del desarrollo de tres elementos básicos: i) un sistema de normas jurídicas referidas a la necesidad de dar respuesta a problemáticas que afectan la efectividad de la participación y la representación políticas, cumpliendo las premisas universales de igualdad y libertad en los procesos de postulación y elección de candidaturas; ii) la apropiación institucional, partidaria y ciudadana de tales marcos procedimentales, para exigir su cumplimiento; y iii) la generación de mecanismos y espacios de diálogo que permitan desarrollar una cultura de propuesta promovida desde la acción colectiva, concertada y deliberativa que conecte al gobierno con la sociedad civil. En Bolivia, país que desde 2006 se encuentra intrínseca mente influido por los contenidos y alcances de un proyecto sociopolítico que valida lo plurinacional como referente de inclusión social, el reconocimiento de la ciudadanía como comunidad política y la incorporación de nuevos sujetos sociales y sus agendas reivindicatorias facilitó la promoción de un debate en torno a la consolidación de la democracia intercultural y sus lineamientos. Dicho debate incluyó la paridad democrática y la participación de las mujeres, el papel de los pueblos indígenas originarios campesinos en la construcción de la democracia comunal y representativa y el tema de la democracia interna partidaria. En el caso de la paridad, su adopción como criterio de representación igualitaria ha sido el fruto de la incidencia social y política realizada por los movimientos y las organizaciones sociales de mujeres desde hace más de una década. Actualmente aún funciona gracias a un trabajo de propuesta, vigilia y seguimiento en sucesivos procesos electorales nacionales y subnacionales del grado de incorporación de la representación femenina en equivalencia de condiciones en las listas partidarias de candidaturas. Para 2025, año en el que se celebra un nuevo proceso elec toral nacional en el país, orientado a la elección de representantes del poder ejecutivo y legislativo, la paridad y la alternancia continúan siendo criterios técnicos y sociales respetados en la construcción de las listas de candidaturas. En esa línea, y tomando en cuenta que, tras la publicación oficial de los resultados referidos a la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se constata que la representación de las mujeres alcanza un 52,4%, el presente texto apunta, en primer lugar, a rescatar el proceso histórico a partir del cual se logró instalar la paridad como práctica cumplida por los partidos y organizaciones políticas que participan en la democracia representativa. En segundo lugar, presenta el contexto y las peculiaridades en medio de las cuales se realizaron las elecciones nacionales de 2025, que por primera vez remiten a la realización de una segunda vuelta o balotaje para la definición de los cargos de presidente y vicepresidente. En tercer lugar, el documento presenta los resultados electorales a partir de un enfoque en el que se examina el alcance de la paridad numérica y sus implicancias en materia de democratización de un posible enfoque de género o feminista en la praxis legislativa futura, teniendo en cuenta la existencia de una Agenda de las Mujeres impulsada en cada elección a partir del 2011 y cómo la misma se encuen tra de algún modo representada en los planes de gobierno de los partidos con mayoría parlamentaria en la gestión 2025-2030. Por último, junto con las conclusiones, se plantea un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta a futuro, en el marco de otros procesos electorales como los que se celebrarán en 2026 a nivel subnacional, en materia de mante nimiento del avance en el campo representativo en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, pero también considerando cuestiones referidas al mantenimiento o avance de una agenda política de derechos de las mujeres sobre la que se viene trabajando desde hace quince años en el país. La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 3

2. Contexto histórico del avance hacia la paridad en Bolivia 2.1. Algunos antecedentes clave Existen varios hitos de avance hacia la consolidación de la ciudadanía política de las mujeres en Bolivia que han contribuido al posicionamiento de la paridad como un valor democrático a nivel representativo. Para alcanzarlos, han sido fundamentales las acciones de articulación, movilización y exigibilidad impulsadas por los movimientos de mujeres para situar la problemática de género en el terreno del campo electoral, cuestionando los mecanismos de conformación de listas de candidaturas y generando un proceso de lobby para demandar la inclusión de género como enfoque mediante el recurso a medidas de acción afirmativa. En 1997, y con el fin de consolidar una cultura de derechos, se avanzó un paso más en la lucha contra la exclusión en el terreno de la participación, al introducirse en la Ley Electoral un artículo referido al sistema de cuotas que procuraba garantizar que las mujeres obtuvieran al menos un 30% de re presentación en las instancias de deliberación, toma de decisión y participación que integraban la Cámara de Diputados. Esta conquista colectiva fue obtenida mediante un largo trabajo que incluía negociaciones, acciones de sensibilización y diálogo con los jefes de partido emprendidas a través de representantes del Foro Político de Mujeres, instancia colectiva de organizaciones de la sociedad civil que demandaba la introducción de elementos como la transversalización o la equidad de género en la política pública. Sin embargo, aunque la aplicación de las cuotas justamente se legitimó como una forma de obtener la igualdad de oportunidades en la participación política en la práctica, incorporar las mismas no sólo a nivel de las diputaciones plurinominales, sino también en las uninominales fue un proceso costoso. Los cambios de contexto que en la primera década de este siglo condujeron a plantear la necesidad de redefinir el pacto constituyente con la realización de una Asamblea Constituyente –cuyos/as integrantes serían elegidos/as desde la modalidad representativa–, también reintrodujeron en el debate político la cuestión de las cuotas. En esa línea, mujeres de diversas organizaciones sociales demandaron acceder a ese espacio con un 30% de repre sentación. Esta propuesta fue recogida en la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente y, una vez puesta en marcha, estos mismos grupos instaron a que los derechos específicos de las mujeres fueran incluidos en la norma máxima. A la luz de estos procesos surgió el Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia, que constató que, para no ser marginadas del campo del cambio estructural que estaba atravesando Bolivia, era esencial recurrir a la incidencia política y a la consolidación de alianzas con hombres y mujeres representantes en las comisiones de la Asamblea, para que los mismos problematizasen la subalternidad de género registrada en lo económico, lo social y lo político, en el marco de una cultura patriarcal. Esta politización del género en la instancia constituyente (2007-2009), y la acción sostenida de las mujeres que vigila ban que el nuevo texto constitucional incorporase su perspectiva, dan como resultado concreto la transversalización en la norma máxima de 34 artículos que hacen referencia al reconocimiento explícito de sus derechos específicos en los campos político, social, económico, cultural y civil. Lo anterior permitió también obtener un resultado simbólico, que fue el posicionamiento del movimiento de mujeres como interlocutor válido y con capacidad para hacerse escuchar, legitimando sus discursos dentro de la institucionalidad democrática. Y es desde ese nuevo posicionamiento que, para las elecciones nacionales de 2009, se consiguió que la Ley del Ré gimen Electoral Transitorio, mecanismo que regularía ese proceso, incluyera entre sus artículos la aplicación de los principios de equivalencia y alternancia, garantizando además que las mujeres ocupasen posiciones titulares en las listas de candidaturas a presentarse. En ese marco, desde la sociedad civil organizada, se instaló la campaña“Listas para las listas” con la que las organiza ciones de mujeres involucradas asumieron el compromiso de movilizarse para vigilar el cumplimiento de la ley. Al hacerlo, constataron que los partidos y las organizaciones políticas en carrera electoral no estaban dispuestas a dejar de lado su construcción patriarcal ni a ceder espacios de poder para dar cabida a la presencia de las mujeres en los campos institucionales, pues en la confección de sus listas cometieron varias irregularidades con el fin de disponer candidatos en los lugares asignados para candidatas. 4 Fundación Friedrich Ebert

Como respuesta, el movimiento de mujeres inició una práctica de vigilancia, replicada luego en las elecciones de 2014 –primer momento en el que se aplicó la nueva Ley del Régimen Electoral o Ley 026–, que incluía la paridad y la alternancia como medidas obligatorias. Dicha práctica consistió en revisar constantemente la composición de las listas presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral para asegurarse de que las mismas integrasen un 50% de muje res. Estas estrategias de seguimiento y control social lograron generar una respuesta institucional favorable, gracias a la cual se garantizó un avance numérico en lo que a representación descriptiva se refiere. Como vemos, en esa suma de avances escalonados que se fueron consiguiendo desde la década de 1990 en el posicio namiento del tema de los derechos políticos de las mujeres, se dejó de exigir una cuota para el ejercicio de poder representativo para pasar a demandar la mitad del mismo. En esa línea, es importante destacar aquí que, para 2010, un paso sumamente importante para garantizar la paridad como práctica que poco a poco se consolida, fue la aprobación de la Ley 026. En la misma, dentro de los principios de la democracia intercultural se incluye la equivalencia, la cual, además de la igualdad de oportunidades y la equidad de género como sustento, aplica la paridad y la alternancia como criterios para la conformación de listas de candidatas y candidatos a todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Sin embargo, existe una debilidad en esta ley, en la medida en que no establece mecanismos de control o sanción al incumplimiento de este principio de equivalencia. Así, los logros en materia de la paridad alcanzada en el campo legislativo, a nivel nacional y subnacional, han sido mérito de la movilización de los colectivos y organizaciones de mujeres y sus campañas. Estas acciones, sin embargo, no se desplegaron en otros campos: por ejemplo, a nivel de un ejercicio de presión social para que en las candidaturas al poder ejecutivo se aplicase la paridad, cuestión que recién en 2025 y, gracias a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, se vuelve obligatoria desde 2030. O, en el caso de las siete cir cunscripciones especiales indígenas, donde tampoco se realizó un seguimiento sobre los criterios empleados para designar representantes de los pueblos indígenas minoritarios a los espacios de representación correspondientes en la Asamblea Legislativa. Hasta la fecha, desde 2009, sólo se ha contado con cuatro mujeres indígenas. Por tanto, esta sigue siendo una problemática por explorar, para entender sus causas e incidir en las mismas. Finalmente, cabe destacar que en 2018 se aprobó la Ley 1096 o Ley de Organizaciones Políticas, que se analizará también en el siguiente acápite desde la perspectiva de la apropiación, mediante la cual, para profundizar la democracia paritaria, se obliga a partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a incluir en sus estatutos orgánicos un régimen interno de despatriarcalización que garantice la equivalencia, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en el artículo 16 de esta norma se presenta una contradicción en relación a los contenidos de la Ley 026: se destaca que se priorizará la aplicación de las nor mas y procedimientos propios en el manejo de la democracia interna de los pueblos indígenas originarios campesinos, tema que puede manipularse de acuerdo con interpretaciones diversas que incluso sostengan que la exclusión de las mujeres del campo del liderazgo es parte de su cultura. 2.2. Apropiación social e institucional de la demanda de paridad Como ya se ha visto, el proceso de elaboración y adecuación normativa que demandó la implementación de la Constitución instaló en el país un debate respecto a la necesidad de actualizar los contenidos de las leyes que regulan el campo de acción de las organizaciones políticas. En ese marco, plantear cómo democratizar a nivel interno a estos actores y otorgarles un conjunto de normas a seguir para que sean los que vayan gestando la consolidación de la democracia en sus vetas representativa, participativa y comunal fue un desafío planteado entre 2010 y 2012, con el fin de llegar al próximo proceso electoral na cional con un panorama legal mejor definido respecto a las reglas de juego a seguir. Así, a lo largo del proceso de campaña preelectoral llevado adelante en Bolivia, en 2014 se registró el desenvolvimiento de un acontecimiento inédito: la puesta en marcha paralela de otra campaña, la campaña“50-50. Paridad es ahora”, impulsada por el movimiento de mujeres en todo el territorio nacional. Desde su lanzamiento, la campaña se mostró a sí misma no como otra actividad más de propaganda política orientada a favorecer los intereses de algún partido político, de una organización ciudadana o de algún sector especial, sino como una acción comunicacional y política legítima del movimiento de mujeres organizado que planteaba dos objetivos reivindicatorios concretos: i) mostrar que, en un momento como el actual, que posiciona como relato discursivo la inclusión de la diversidad en la esfera institucional, es imposible concebir la democracia sin comprender que las mujeres son una fuerza política activa, que al constituir más de la mitad de la población es La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 5

imprescindible incluir su presencia en el campo político de manera paritaria; ii) y destacar también que, en tanto sujetas políticas, las mujeres cuentan con una propuesta sustantiva, que han venido construyendo de forma colectiva y que pretende demostrar que el desmontaje del patriarcado constituye una ficha clave para la construcción del Estado plurinacional. Ambos objetivos necesariamente tuvieron que leerse a la luz de la perspectiva histórica que muestra que, para llegar a planteárselos como tales, el movimiento de mujeres ha tenido que explorar estrategias de ejercicio de influencia que –desde el periodo que va de la profundización democrática abordada en la década de 1990 hasta el tiempo ac tual–, la incidencia política, bajo sus distintas formas, ha sido una herramienta esencial para incluir propuestas ciudadanas al campo de lo público institucional. En esa línea, la campaña“50-50” se constituyó en una he rramienta de difusión y apropiación social de la agenda de la paridad y de la agenda de los derechos de las mujeres en su posicionamiento frente a un sistema de dominio patriarcal. Por otro lado, la campaña se presenta como la encrucijada o punto de intersección que insta al movimiento de mujeres a pensar la línea de su evolución futura, a partir de la reflexión de lo que implica transitar de un proceso de lucha centrado en la demanda de inclusión política numérica en el campo representativo y participativo como una cuestión de justicia, a otro que supone enfocar el ingreso de las mujeres en la arena política como una cuestión de ejercicio de poder propositivo en torno a sus reivindicaciones como grupo social. Es decir, como un proceso de despliegue de lo deliberativo para incluir en el debate público una agenda con propuestas de transformación estructural que no busca aparecer tan solo como una agenda de sector, sino como parte fundamental de toda la agenda política de construcción de una democracia intercultural. Ahora bien, en 2018, desde el Órgano Electoral Plurinacio nal se analizó la posibilidad de generar una construcción participativa, dialogada y argumentada de un proyecto de ley de organizaciones políticas, impulsando la discusión conceptual desde cuatro líneas: la temática, vinculada a la paridad democrática y la participación de las mujeres; la referida al papel de los pueblos indígenas originarios campesinos en la construcción de la democracia intercultural; el tema de la democracia interna y las cuestiones referidas al financiamiento de campañas y al transfuguismo político. Ello condujo finalmente a la promulgación de la Ley de Or ganizaciones Políticas(2018), que marca los principios de la democracia intercultural y paritaria, de la libre determinación y el autogobierno como ejes de promoción de nuevas actorías políticas(por ejemplo, las organizaciones políticas de los pueblos indígenas originarios campesinos), más allá de los partidos. Con el desarrollo y adopción de esta ley, se efectúa entonces una apropiación institucional del concepto de paridad como tal, que condujo finalmente a que el Órgano Electo ral Plurinacional destacase como elemento clave de democratización social la existencia de un régimen propio de manejo técnico y político representativo favorable a las mujeres en la conformación de las listas. Sin embargo, quedaron algunas cuestiones pendientes: una de ellas tuvo que ver con la cuestión de exigir paridad en la militancia y la constatación de que varios sectores políticos contemplan la cuestión de género como una demanda casi sectorial de un colectivo de mujeres y no como una temática que involucra el abordaje complejo de lo que implica igualdad plena en una democracia. Igualmente, el tema de la inclusión de la paridad en la conformación del binomio político que se postula a los cargos ejecutivos de presidencia y vicepresidencia tampoco fue considerado. En suma, el proceso de elaboración colectiva de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas facilitó que la democracia paritaria y sus principios o valores fueran trabajados además a nivel de sensibilización y seguimiento o monitoreo, siendo destacable como hito en ese sentido la creación de un Observatorio de la Paridad Democrática, con el fin de generar conocimiento, análisis y producción de información en materia de participación y representación política de las mujeres, de las mujeres indígenas originarias campesinas y de denuncia de casos de acoso y violencia política. Por último, resulta necesario mencionar un tema procedimental importante, que se trabajó en 2021 y se relaciona con la introducción de las llamadas“listas cebra”(Tavera y Exeni, 2025), en las cuales se constataba que, cuando se establecía que la suplencia de una mujer titular de un cargo político representativo la ejercía otra mujer, los casos de violencia o acoso político se reducían enormemente. 2.3. Mecanismos de propuesta y deliberación: La Agenda de las Mujeres En las elecciones nacionales de 2014, el resultado inmedia to de la campaña“50-50” fue lograr la inclusión de 48% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incrementándose el porcentaje desde un 30%, alcanzado en las elecciones generales de 2009, antes de la promulgación de la Ley 026 de Régimen Electoral. Ese mismo año, se instalaron en el debate público electoral los contenidos de una Agenda Política desde las Mujeres. Dicha agenda fue construida colaborativamente, recogiendo las demandas reivindicatorias de mujeres de organizaciones sociales mixtas y de mujeres, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los derechos específicos de las mujeres y el género, y de activistas feministas, definiendo cinco ejes estratégicos de acción: la democratización del poder y participación política de las mujeres; el desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado; las garantías y condiciones para ejercer el derecho a vivir li6 Fundación Friedrich Ebert

bres de violencia; la cuestión de la autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres; y, por último, el impulso de la autonomía económica de las mujeres. Hasta las elecciones nacionales de 2025, esta agenda ha servido para generar procesos de incidencia política orientados en las campañas electorales a demandar a los candi datos y candidatas de los partidos en competencia la aprobación, ajuste o defensa de normativas favorables a los derechos de las mujeres. Sin embargo, la práctica habitual es que los candidatos a los cargos de presidencia y/o vicepresidencia usualmente no asistan a los diálogos convocados para el posicionamiento de la agenda política, enviando a alguna candidata o candidato a la Asamblea Legislativa a participar en los mismos. La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 7

3. Elecciones nacionales 2025 3.1. La etapa de las postulaciones y de modificación normativa para la representación El día 17 de agosto de 2025 fue fijado como fecha oficial para el desarrollo de la decimoctava elección nacional en el país, habiéndose presentado ante el Órgano Electoral Plurinacional un total de 2.122 postulaciones a cargos titu lares y suplentes, de las cuales 1.061(50%), correspondían a mujeres. En ese contexto, hasta finales de mayo, se habían presentado a la competencia electoral un total de diez partidos y alianzas políticas, cada uno de los cuales inscribió su programa y quedó a la espera de la habilitación de candidatura y de sus listas. Las alianzas que presentaron sus candidatos para los cargos a la presidencia y vicepresidencia fueron: Unidad; Libre-Libertad y democracia; Libertad y Progreso-ADN; Fuerza del Pueblo; y la Alianza Popular. De todas ellas, sólo las dos últimas presentaron como candidata a la vicepresidencia a una mujer(Fuerza del Pueblo y Alianza Popular). Los partidos inscritos fueron: el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP); el Movimiento de Renovación Nacional(Morena); Súmate-Autonomía para Bolivia; el Partido Demócrata Cristi L a a n s a o lian ( z P as D qu C e p ) r , es y ent e ar l on P su a s r c t a i n d di o dato N s p u ar e a v lo a s ca G rg e os n a e la r p a re c si i d ó en n cia P y a vi t ce r p i r ó etica sidencia fueron: Unidad; Libre-Libertad y democracia; Libertad y Progreso-ADN; Fuerza del (NGP). En este caso, sólo Morena presentó candidaturas Pueblo; y la Alianza Popular. De todas ellas, sólo las dos últimas presentaron como candidata qu a e la v c ic u ep m res p ide l n ía cia n a u c n o a n muj l e a r(F p u a erz r a id de a l P d u , eb c lo o y n Ali E an v za a Po C pu o la p r). a como candidata a la Presidencia. Las otras organizaciones políticas mantuLos partidos inscritos fueron: el Movimiento Al Socialismo(MAS-IPSP); el Movivi m e i r e o nt n o de c R a e n no d va i c d ió a n t N u ac r i a on s al n (M e o t re a na m ); S e ú n m t at e e-A m uto a no s m c í u a p l a in ra a Bo s liv e ia n ; el s P u art t id o o t D a elidad. mócrata Cristiano(PDC), y el Partido Nueva Generación Patriótica(NGP). En este caso, sólo Morena presentó candidaturas que cumplían con la paridad, con Eva Copa como candidata a Gráfico 1 la Presidencia. Las otras organizaciones políticas mantuvieron candidaturas netamente masUbicación ideológica de las culinas en su totalidad. fuerzas políticas participantes en las Gráfico 1 elecciones generales de 2025 en Bolivia Ubicación ideológica de las fuerzas políticas participantes en las elecciones generales de 2025 en Bolivia Centro Izquierda Alianza Unidad PDC Izquierda Alianza Popular MAS Centro Derecha Fuerza del Pueblo ADN Derecha Alianza Libre Súmate Elaboración propia en base a los marcos programáticos de cada partido o Alianza(Órgano Electoral PlurinaElaboración propia en base a los marcos programáticos de cada partido o Alianza cional, 2025). (Órgano Electoral Plurinacional, 2025). Luego de que el Tribunal Supremo Electoral constatara la validez de los requisitos presentados para ingresar como fuerza política al proceso electoral nacional, quedaron en pie únicamente ocho fuerzas, descartándose el NGP y Morena. En este último caso, hay que señalar que la candidata a la presidencia de Morena, Eva Copa, en declaraciones a la prensa, señaló que las razones por las que el frente político se retiró de la carrera electoral estuvieron relacionadas con el ejercicio de presiones y prácticas de violencia política; estas involucraron ataques sistemáticos en redes sociales, con amenazas y sexualización de su imagen. Así mismo, denunció hostigamiento de otras fuerzas políticas e infiltraciones internas para desestabilizar su candidatura. En ese contexto, a nivel de tendencia política, quedaron como instancias representantes de una línea izquierdista solamente el MAS-IPSP y Alianza Popular, cuyos candidatos emergieron de la fragmentación vivida al interior del partido de gobierno. En los meses siguientes, sin embargo, aún no se tuvo claridad en cuanto a la conformación final de las listas de candidaturas, las cuales no terminaban de conformarse, en algunos casos, o aparecían con candidaturas inhabilitadas, habiéndose contado con un listado oficial incompleto y desconocido del todo para el 19 de agosto. En ese proceso, de acuerdo con el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer(2025), no quedaba claro si las ocho organizaciones políticas cumplían en efecto con los principios de paridad y alternancia establecidos en la normativa vigente ya que, de las listas conocidas, si bien las mujeres representaban un 50% o, en algunos casos, muchas de ellas se ubicaban en candidaturas titulares, la existencia de nóminas incompletas(28, de acuerdo con el Observato rio), sin titulares ni suplentes, impedían apreciar si se respetarían o no los mandatos legales referidos a la paridad. En detalle, el Observatorio destacó que, tres días antes de la elección, el PDC sólo contaba con un 48% de presencia femenina en sus listas titulares 1 de senaduría, ADN conta1 En Bolivia, las listas se componen de candidatas que figuran como titulares del cargo político y que por ley deben contar con una persona suplente, que por el principio de alternancia debe ser del sexo opuesto. Por ejemplo, una candidata titular debe tener de suplente a un candidato en la lista. En orden sucesivo, debe figurar un candidato titular varón para cumplir con la alternancia vertical y su suplente debe ser una mujer. 8 Fundación Friedrich Ebert 14

ba con mujeres encabezando las listas únicamente en tres ción introducidos en la norma máxima y en el marco de un departamentos mientras que, en el ámbito plurinominal, proceso de despatriarcalización asumido como horizonte APB Súmate reportaba un 48% y Alianza Libre un 49% de orientador de política pública desde 2010 en el Estado. mujeres titulares. Finalmente, en diputaciones uninominales, Libertad y Progreso ADN sólo incluyó un 38% de mujeres en las candida 3.2. Los resultados y la conformación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional turas titulares y en los casos de las diputaciones especiales indígenas, el PDC presentó tan sólo un 33% de mujeres ti- De acuerdo con los datos oficiales del Tribunal Supremo tulares. Electoral, presentados el 26 de agosto de 2025, los resulta dos de la votación emitida el día 19 fueron los siguientes: Además de lo arriba mencionado, en el escenario de prepa- el PDC, con Rodrigo Paz y Edman Lara a la cabeza, con ración de las elecciones nacionales 2025 surge sin embargo una votación total de 32,15% sobre el total de votos válidos un hito importante, relacionado con la consolidación de la(77,79%), obtiene el primer lugar; el segundo, la Alianza Li paridad en las representaciones, y que se vincula con la bre de Jorge“Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, con un emisión de una sentencia constitucional, la SCP 26,68% de los votos; en tercer lugar, se ubica la Alianza 0040/2025, mediante la cual el Tribunal Constitucional Unidad, de Samuel Doria Media y José Luis Lupo, con un Plurinacional(TCP), determinó que, a partir de las siguien- total de 19,85% de los votos. tes elecciones generales(año 2030), se aplicase obligato riamente el criterio paritario en las candidaturas a la presi- Por su parte, Alianza Popular contó con un 8,39%, APB Sú dencia y vicepresidencia. mate con un 6,64% y el MAS IPSP con un 3,19%. Finalmen te, FP aparece con un total de 1,65% de los votos y ADN Si bien la Ley 026 o Ley del Régimen Electoral recogió ya con 1,46. Así mismo, se registró un total de 19,69% de votos en 2010 como principio de la democracia intercultural la nulos y 2,52% de votos en blanco y el proceso electoral equivalencia, definida como una combinación de equidad también estuvo marcado por cierto nivel de ausentismo o blanco y el proceso electoral también estuvo marcado por cierto nivel de ausentism de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y abstención(13%). hombres para el ejercicio de sus derechos, re te c n o c g ió end ( o 13 la %). paridad y la alternancia como criterios obligatorios a la hora de conformar las listas partidarias de presentación de candidaturas a la Asamblea Legislativa Plurinacional(art. 2), no existía nada establecido en la Ley en función a los Resultados eleccion G e r s áfico 2 generales 2025 Gráfico 2 Resultados elecciones generales 2025 binomios de candidaturas para los cargos máximos del poder ejecutivo, en cuanto a la obligatoriedad de la paridad. Así, en el periodo 2010-2019, los procesos electorales cele brados no contaron con mujeres postuladas por los partidos para la presidencia y vicepresidencia. % de votos válidos 6,64 3,19 1,65 1,46 8,39 32,15 Solamente en 2014 y 2020, se presentaron binomios con candidaturas femeninas para el Ejecutivo cuando, en el pri19,85 mer año, el PDC presentó a una mujer como candidata a la vicepresidencia(Tomasa Yarhui) y en 2020, Ruth Nina fue 26,68 nominada por PAN Bol a ese mismo cargo, en el marco de la elección convocada para retomar el proceso electoral como mecanismo legitimador de la conformación del poder público, tras la crisis política vivida en 2019. PDC Alianza Libre Alianza Unidad Alianza popular De acuerdo con la sentencia, la obligatoriedad de extender la paridad al binomio ejecutivo responde a la necesidad de seguir profundizando los principios de la democracia intercultural y paritaria, pasando de un marco declarativo a uno efectivo. Súmate MAS IPSP FP ADN Elaboración propia en base a la publicación oficial de resultados del OEP-Acta de Cómputo 2025. Gráfico 3 Comportamiento población votante 2025 En esa línea, el Tribunal Constitucional define su determinación como una“decisión histórica”, que aparece a su vez como una estrategia de impacto para el avance de una democracia sustantiva, ya que apuntaría a recoger la agenda política de las mujeres en uno de los ámbitos clave de Ausentismo toma de decisiones políticas, cualificando con ello aún más el alcance de la paridad y del principio de no discriminaVotos válidos % Población votante La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 9 Votos blancos

PDC Súmate Alianza Libre MAS IPSP Alianza Unidad FP Alianza popular ADN Comportamiento pob G l r a áfi c co i 3 ón votante 2025 Gráfico 3 Comportamiento población votante 2025 % Población votante Ausentismo Votos válidos supraestatales, 3 donde seis de los siete puestos son ocupados por hombres. Para cerrar este acápite, es importante destacar que, en este largo camino por la paridad, dicho principio ya no es solamente el contenido principal de un reclamo simbólico, sino más bien una realidad que insta a pensar otros campos de acción, para afianzar la igualdad sustantiva. Es decir, para poder incluir al campo de lo deliberativo los temas que la Agenda de las Mujeres define como prioritarios y que señala son cuestiones estructurales que deben ser afectadas si se quiere profundizar en un avance que registre cambios en la cultura política del país. Votos blancos Votos nulos 3.3 Género y planes de gobierno: tendencias referidas a la igualdad sustantiva 0 10 20 30 40 50 60 70 Los porcentajes alcanzados por los dos partidos más votados en las elecciones de agosto llevaron a organizar una Elaboración propia en base a la publicación oficial de resultados del OEP-Acta de segunda vuelta electoral o balotaje, lo cual, en su momenElabor C ac ó i m ón pu p t r o o 2 p 0 ia 25 en . base a la publicación oficial de resultados del OEP-Acta de Cómputo 20 t 2 o 5. , llevó a preguntarse cómo el gobierno que asumiría la gestión 2025-2030 podría incluir demandas propias de una agenda feminista o, al menos, elementos vinculados con el Una vez consolidados los resultados finales, el TSE compartió la composición oficial de la Asamblea Legislativa Pluricump 1 l 8 imiento de objetivos de desarrollo internacionalmente pactados vinculados a la igualdad de género. nacional, según la cual el 52,4% de los escaños fue ocupado por mujeres. Así, de los 166 asambleístas electos/as, 87 son En esa línea, ha sido importante distinguir dos campos de mujeres(52,41%) y 79 hombres(47,59%), A nivel de la Cá- instalación de narrativas a lo largo del 2025: un campo que mara de Diputados, 66 de los 130 curules serán ocupadas responde propiamente a los objetivos de una campaña por mujeres; en el Senado, de las 36 senadurías, 21 corres- electoral, orientada a ganar votantes a favor de una línea ponden a mujeres, hecho inédito a tener en cuenta en la partidaria en el marco clásico de la carrera electoral; y ese historia de la democracia con inclusión de género en Boli- otro campo que, de alguna manera, ha sido esbozado via. Así mismo, por primera vez, las diputaciones uninomi- como lineamiento programático discursivo en los planes de nales alcanzaron más del 50% de mujeres electas como ti- gobierno, cuyos contenidos son orientativos de las posibles tulares. 2 posturas que el partido ganador y los partidos con representación legislativa vayan a asumir en el periodo 2025Tenemos entonces que, desde el recuento recogido por la 2030 en el campo del desarrollo humano y de la política Coordinadora de la Mujer(2024), en el marco de un análi- social. sis histórico de los últimos 43 años(desde 1982) a nivel de composición representativa por sexo en el campo legislati- Si bien en los debates políticos preelectorales se insistió en vo nacional, en estas cuatro décadas, 396 mujeres resulta- priorizar las visiones económicas y político-jurídicas de los ron electas en 11 procesos frente a un total de 1.367 varo- candidatos y candidatas en carrera, en respuesta al problenes. ma que en Bolivia se ha posicionado como esencial en los tres últimos años, relacionado con la crisis económica que Sin embargo, la misma institución ha destacado que en las atraviesa el país, han surgido también propuestas electoradiputaciones plurinominales o indígenas-especiales, la bre- les favorables a una visión de reconocimiento de la autonocha de género sigue siendo pronunciada. Por ejemplo, ape- mía económica de las mujeres o de elementos esenciales nas el 14,2% de los escaños indígenas corresponde a muje- de lucha contra las violencias. Por ejemplo, el PDC ha lanres. Algo similar ocurre en los espacios de representación zado ideas de reconocimiento de una forma de salario a otorgarse mensualmente a todas las mujeres en tanto contribuyentes a las políticas del cuidado y su ejercicio cotidiano. 2 En Bolivia, la elección de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional responde a un sistema mixto, en el que la mitad de los representantes y las representantes se elige de las circunscripciones plurinominales y la otra mitad por el de las uninominales. En el primer caso, los candidatos y las candidatas provienen de las listas cerradas que presentan los partidos políticos en cada departamento. En el segundo, los representantes y las representantes son elegidos o elegidas directamente por los votantes y las votantes, aunque son propuestos/as por un partido u organización política, y representan a un área geográfica específica. La paridad y alternancia en titularidad y suplencia se aplica también a las diputaciones uninominales. 3 Las representaciones supraestatales en Bolivia son los representantes y las representantes electos y electas del país ante organismos parlamentarios internacionales, como el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano cuya misión en estas instancias internacionales consiste en coordinar y fortalecer la participación de Bolivia, así como involucrarse activamente en procesos de integración regional en la línea de desarrollo que apoya el país, a través de la emisión de resoluciones y declaraciones. 10 Fundación Friedrich Ebert

Sin embargo, una vez conformado el gobierno, es muy probable que los lineamientos a priorizar guarden relación con la estabilización económica y que la Agenda de las Mujeres quede nuevamente relegada a un segundo o tercer plano, mientras se llevan a cabo reformas estructurales o ajustes específicos a la política de desarrollo del país. Cabe destacar aquí también que, a lo largo de las campañas, se han lanzado ya ideas vinculadas a la posibilidad de generar reformas legales, incluidos algunos artículos de la Constitución, siendo importante destacar que conquistas normativas históricas y fundamentales, como las referidas a la Ley 348 o Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, han sido también objeto de debate o cuestionamiento. Por ello, es importante observar cómo un tema tan importante en materia de calidad democrática y de convivencia social, como la lucha contra la violencia de género, es abordado en los planes de gobierno de los partidos que a nivel legislativo en el próximo quinquenio ostentarán el poder de decisión. En el caso de la Ley 348, por ejemplo, desde Alianza Libre se ha señalado en más de una oportunidad que no se ad vierte que la norma tenga un problema de contenido, sino que la misma se ha transformado en una herramienta de extorsión desde instancias de un sistema judicial corrupto, que no la impulsa en su cumplimiento, por un lado, y la distorsiona, por otro, para que sea un mecanismo de amenaza y deslegitimación de ciertas actorías sociales y políticas. Por su parte, el PDC, al menos en base a las declaraciones de Edman Lara, sí señalaba su intención de revisar la ley e incluso abrogarla, sin abrirse a un debate que incluyese su tratamiento en la restructuración del poder judicial. Lo que sí quedó claro, en todo caso, es que ninguna de las fuerzas políticas en competencia promovió activamente un discurso que destacase que la violencia contra las mujeres y su naturalización y difusión constituye un problema estructural y de derechos humanos que hay que situar en el centro de la agenda pública. Para cerrar este punto, hay que señalar que el proceso electoral nacional se clausuró con la segunda vuelta realizada el 19 de octubre. En la misma, de un total de 94,57% de votos válidos emitidos, con 0,73% en blanco y 4,69% nulos, el PDC obtuvo un 54,96% de apoyo ciudadano, mientras que la Alianza Libre, un 45,04%. La victoria del PDC en el ámbito del Ejecutivo marca entonces un nuevo ciclo político en Bolivia, que llevará a reorientar las dinámicas sociales instaladas a lo largo de dos décadas de vigencia de un proceso posconstituyente en el que se apuntó a consolidar políticas sociales en las que el género y la despatriarcalización ocuparon la agenda de gobierno. Sobre todo desde el abordaje de la lucha contra las violencias como un eje de desarrollo clave, así como desde la recepción que tuvieron puntualmente otras demandas propiamente feministas vinculadas, por ejemplo, a la autonomía corporal(cumplimiento de sentencias constitucionales que despenalizan el aborto o educación sexual integral). Queda por ver si en este nuevo giro político que vive el país, y pese a que constitucionalmente Bolivia se caracteriza por ser un Estado laico, los anteriores avances se mantienen, o, al igual que en varios países de la región, los avances sustantivos irán perdiendo terreno, mediante el avance discursivo de otros referentes de corte más tradicionalista, que sitúan el campo familiar y religioso como los modelos de ordenación de las normas sociales y culturales sobre los que dinamizar la política. La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 11

4. Conclusiones y recomendaciones Pensar los límites de los derechos políticos de las mujeres desde una retrospectiva histórica en Bolivia exige examinar paralelamente el nivel de empoderamiento de los movimientos y organizaciones de mujeres para articular, en primer lugar, agendas de exigibilidad compartidas en torno a la representación y, en segundo, exigir al Estado la apertura de canales de propuesta y su efectiva recepción para la participación. Sobre todo, porque la principal apuesta de las mujeres y sus movimientos en tanto grupos sociales en el campo político ha sido modificar las estructuras del poder oficial, mediante una incidencia sostenida(que se extiende a los procesos electivos subnacionales), para potenciar la igualdad y la concertación de consensos. Sin embargo, y a pesar de que los obstáculos encontrados en el camino hacia la paridad remiten a la prevalencia de lógicas patriarcales de ejercer la representación, es necesario destacar que las acciones desplegadas por el movimiento de mujeres para concretar la misma tuvieron varios impactos significativos. El primero de ellos se vincula con el hecho de que la puesta en marcha de sucesivas campañas públicas, abordando la temática de la equivalencia y paridad desde 2010, termi nó instalando en el imaginario colectivo la idea de que la construcción del Estado plurinacional, por medio del ejercicio del poder colectivo, era una tarea de hombres y mujeres. Y que si bien estas últimas pueden encarar situaciones de subordinación que impidan el despliegue pleno de su poder de decisión, esto no significa que carezcan de capacidad de agencia y de propuesta. Por tanto, aunque se pueda considerar que la infrarrepresentación de las mujeres en espacios de deliberación y puestos de decisión tanto dentro de los partidos como de las agrupaciones o alianzas políticas y los espacios institucionales dio cuenta de un histórico déficit democrático, ello no implica que se deba abandonar la cuestión de la representación sustantiva. La misma ante todo muestra que justamente el concepto de representación no equivale al de empoderamiento. En esa línea, en el próximo quinquenio constituirá todo un reto observar cómo las acciones de incidencia por los derechos específicos de las mujeres encuentran aliadas partidarias en el espacio legislativo y si es posible o no crear un frente de mujeres políticas que se comprometan a incluir una agenda de género y/o feminista. Otro impacto importante dice relación con que, aunque en un inicio se haya enfatizado en su connotación numérica, el concepto de paridad poco a poco se ha ido ubicando en todos los espacios de opinión y en el imaginario públicos, así como también lo han hecho la noción de justicia y equidad de género, siendo a estas alturas políticamente incorrecto y censurable apelar al argumento de los roles de género y la división de lo público-privado para justificar la exclusión de las mujeres de los espacios de deliberación legislativa. Un tercer impacto se registra en el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones que componen el movimiento de mujeres por la paridad y que, como producto de su participación en las distintas iniciativas de incidencia política, han adquirido maestría en el manejo de las dinámicas de ejercicio de influencia apelando al campo político y comunicacional. De igual manera, dicha incidencia ha sido posible gracias a la articulación de un trabajo en red comprometido con los intereses estratégicos del movimiento, en la construcción de alianzas aprovechando las potencialidades y las experiencias de trabajo diversas, y en la movilización colectiva como medio para posicionar una visión de cambio político a largo plazo que se ha ido construyendo gradualmente (entre 2006 y 2014), y confluye ahora bajo el paraguas de la despatriarcalización. Por último, un cuarto impacto radica en la modificación del contenido básico de un factor que muchas veces ha servido para perpetuar un sistema patriarcal: el campo normativo. Es evidente que este ha sido apropiado por el movimiento de mujeres para transformarlo a su favor apelando a la introducción de la igualdad de género como criterio de reformulación del mismo, tarea que ha sido acumulativa y ha requerido muchísimo esfuerzo. En esa medida, contar con un respaldo normativo discursivo ha contribuido a dinamizar las lógicas de recomposición del sistema político, impulsando a agilizar el proceso de ingreso masivo de las mujeres al campo de la representación, sin dar cabida a debates en que se cuestione o no su capacidad de comportarse como actoras políticas, sino reafirmando más bien la obligatoriedad de respetar cualquier principio electoral orientado a la democratización del poder. Por otro lado, si bien algunas instituciones de la sociedad civil que no participaron en campañas y representantes de los partidos y de los movimientos sociales problematizaron 12 Fundación Friedrich Ebert

la realización de la vigilancia por la paridad con el argumento de que la ley bastaba en sí misma para garantizar que las listas cumplieran con los criterios favorables a las mujeres, quienes se involucraron de cerca en el desarrollo de esas estrategias han señalado que incidir políticamente, aún si se contaba con el respaldo legal, era imprescindible. De hecho, en su experiencia vital, el movimiento de mujeres de Bolivia ha comprobado que, si no se articula para exigir el cumplimiento de una ley, la misma corre el riesgo de ser vulnerada o modificada, generando un retroceso en las conquistas obtenidas en términos de inclusión cuantitativa. En lo cualitativo, ha sido decisivo a su vez vincular la demanda de la corrección de la subrepresentación femenina en lo numérico con la cuestión de la inclusión de una propuesta política propia para enriquecer la cualidad deliberativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante la socialización de la Agenda Política de las Mujeres, que viene posicionándose desde 2014 en todos los procesos elec torales. Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí, desde la experiencia de Bolivia, es importante destacar que la paridad en las listas ha podido hacerse realidad gracias a la existencia de un conjunto de oportunidades que el entorno político ofreció paulatinamente y que principalmente fueron: i) la existencia de una normativa favorable a la paridad y a la alternancia, en concordancia con los principios constitucionales que suponen el telón de fondo para posicionar la paridad como una lucha reivindicatoria y de la aprobación de un reglamento que garantice la inclusión de procedimientos técnicos, así como de instrumentos informáticos que impidieron cualquier intento de vulneración de las disposiciones de la Ley 026 respecto a la alternancia y a la obligatoriedad de situar en un 50% a las mujeres en candi daturas titulares; ii) poder contar con una Ley Contra el Acoso Político que anima y motiva a las mujeres lideresas y bases de los movimientos sociales y a las que se afilian a los partidos políticos a asumir sin temor un rol político protagónico, aunque dicho delito político, como se vio en el caso de Morena, aún sigue poniéndose en práctica de manera encubierta. iii) la gran expectativa, hoy cumplida, que tenían las mujeres de las distintas organizaciones sociales y de la sociedad civil, de que la normativa se cumpla y ellas pudieran ingresar al campo de lo estatal para desempeñarse como muje res políticas y adquirir el status que el cargo puede darles, comprobando que el ingreso efectivo al campo público ya no les está vetado. iv) el trabajo con instancias gubernamentales como el Tribunal Supremo Electoral, bajo una lógica de no confrontación, sino más bien de alianzas, que incluyó el apoyo de figuras políticas clave del campo ejecutivo y legislativo con las que ya se había trabajado previamente, favorables a la causa de la igualdad de género, y que presentaba a ambas partes, sociedad civil organizada y Estado, como actores que requieren sumar esfuerzos para garantizar la consolidación del principio de inclusión como criterio de reordenación del poder político; v) lo atractivo que el discurso de género presenta para los partidos políticos en campaña para ganar electorado, lle vándolos a mostrar que cumplen con la ley para potenciar su propia oferta, sumado al temor de enfrentar la inhabilitación de listas en caso de tratar de franquear las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. vi) existencia de una red articulada de instituciones y organizaciones de mujeres diversas que ya contaban con una historia de trabajo compartido en el tema y que pusieron a disposición de la paridad su voz, sus aprendizajes y sus diversas fortalezas y recursos, empleando la vigilancia ciudadana y la concientización pública como principales herramientas para realizar seguimiento a los compromisos y a la aplicabilidad de las normas electorales. vii) el aprovechamiento de las coyunturas favorables para posicionar la demanda de paridad como un elemento clave para consolidar el proceso de cambio sociopolítico en búsqueda de la justicia social, en la línea inclusiva presentada desde la Asamblea Constituyente. Entre las mismas cabe destacar, por un lado, la apropiación de la paridad y la alternancia como causa a promocionar desde el Tribunal Supremo Electoral para reposicionar su imagen y revalidar su actuación que, sucesivamente, desde 2014, estaban siendo cuestionadas a partir de los conflictos desatados en torno a su imparcialidad, a la repartición de escaños y a la habi litación e inhabilitación de candidaturas. viii) Y, finalmente, contar con una agenda mediática abierta que revela el creciente interés público en el tema que se promueve, así como el uso de los medios de comunicación y redes sociales, aprovechando su carácter masivo y que ofrece la oportunidad de captar amplio respaldo a su posición, informando y sensibilizando a las audiencias más importantes para ganar su apoyo. Si bien, como acabamos de ver, son varios los elementos que confluyen para que la paridad se ejecute en el país, es importante considerar que la misma sigue estando inscrita en un momento histórico en el que las estructuras machistas y patriarcales no han perdido vigencia y, más bien, se vienen reforzando, sobre todo en el campo del ejercicio de la violencia contra las mujeres. Este elemento justifica en sí mismo la realización de nuevas acciones de incidencia, como reto a instalar en el debate político en el periodo 2025-2030, examinando si reapare cen o no viejos discursos patriarcales que no han perdido vigencia y que relegan temas clave de la agenda, como la violencia, a un segundo plano. La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 13

Por otro lado, es posible vislumbrar un conjunto de elementos que entran en tensión con la paridad, transformándose en obstáculos que desafían al movimiento de mujeres a problematizar sus avances en lo cualitativo y a ir replanteando sus estrategias de incidencia. Entre los mismos, destaca el desconocimiento generalizado pero, sobre todo, el desconocimiento de las propias fuerzas políticas en carrera de los alcances y significados de la paridad, y de las consecuencias prácticas y reales de su aplicación en términos de uso de los espacios de poder institucional para incluir propuestas de ejercicio de los derechos específicos de las mujeres. Por ello, dichas fuerzas muchas veces ingresan al periodo electoral sin tener idea de cómo pueden captar candidaturas femeninas a último momento, ya que en los años pasa dos han mantenido el modelo masculinizado de lo partidario y de lo organizativo, que privilegia la presencia de hombres en sus filas y en la toma de decisiones, lo que incluye justamente la definición misma de las candidaturas. Otro elemento a tener en cuenta se vincula con la pugna por cuotas de poder en espacios de representación de otras diversidades, como las que se relacionan con los pueblos indígenas originarios campesinos, por ejemplo. Los mismos cuentan, desde 2009, con mecanismos de representación que se efectivizan en lo legislativo mediante las circunscripciones especiales(siete en total), con el fin de corregir la desigualdad vivida por su exclusión del campo de la toma de decisiones políticas. En esa línea, los procesos de designación de candidaturas para este tipo de circunscripciones requieren ser mejor examinados, ya que en ellos median usos y costumbres, y es importante tener en cuenta si en esos procesos la paridad desempeña o no un papel importante, anticipando las po sibles tensiones que pueden producirse entre identidad étnica y cultural y representación de género. De hecho, la Ley 026 y la Ley 1096 entran en contradicción, ya que si bien la primera, en la sección que trata sobre las circunscripciones especiales indígenas, prescribe que se consideren estrictamente los criterios de paridad y alternancia, en la segunda no se hace mención al tema y se destaca más bien que lo que debe primar en las prácticas democráticas de participación comunitaria son los usos y costumbres, que no son claros y/o pueden estar sustentados también en valores machistas. De igual modo, de acuerdo con un estudio reciente de Oxfam, CESSU y Coordinadora de la Mujer(Montero et al., 2025), sobre paridad, en el ámbito indígena, aunque a nivel del discurso formal y simbólico se promueve la complementariedad, las mujeres indígenas siguen siendo subrepresentadas en los ámbitos de participación y toma de decisiones. Así mismo, si bien se señalaba como una oportunidad la apertura de los medios de comunicación y de su agenda a la inclusión de la temática de paridad y el trabajo acumulado en estas décadas sobre uno de los ejes clave de la Agenda Política de las Mujeres, el que se refiere a la violencia contra las mujeres, ampliar la cobertura mediática para las prioridades del movimiento de mujeres es siempre un desafío constante, así como lograr que las noticias y notas sobre paridad se posicionen como temas netamente políticos. Considerando lo anterior, pensar cómo se gestionará a futuro el proceso de consolidación de la democracia intercultural y paritaria, requiere ubicar la discusión tomando en cuenta los siguientes puntos: i) Que la democracia intercultural y paritaria no es una for ma de gobierno que apunta a borrar otras expresiones de democracia a las que se las puede valorar como insuficientes, como puede ocurrir en el caso de la democracia representativa. Más bien, la democracia intercultural es una práctica que pretende articular las otras democracias rescatando los procedimientos y principios positivos que las mismas aportan en la línea de profundizar la democratización. De hecho, en el contexto boliviano, lo que un debate intercultural permitiría generar en relación con el concepto de democracia, si es que no se modifican sus bases discursivas con el cambio de ciclo político que se inicia en 2026, es que sus vetas representativa, participativa y comunal sean vistas como perfectibles. ii) Que no se parte de cero en el proceso de construcción ins titucional del Estado plurinacional, pues el cambio social y político instalado con la Asamblea Constituyente no buscaba hacer tabla rasa de todo lo acumulado a nivel histórico en lo que a gestión de conflicto y a la generación de consensos se refiere. Si bien existen líneas de argumentación y de análisis social que apuntan a que con el proceso constituyente se refunde todo, radicalizando la democracia, es preciso comprender que el ejercicio de las diversas ciudadanías en Bolivia es relativamente reciente, dados los procesos de exclusión que promovieron las lógicas de poder colonial y patriarcal que marcaron la historia del país. Por tanto, no se puede esperar que ese cambio se origine automáticamente, dado que se trata de un proceso y, como tal, ocurre de manera gradual. iii) Que crear institucionalidad supondrá“promover un nuevo conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los/as integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola”(Correa y Noé, 1998, p. 85), tarea progresiva en la medida en que hay reglas for ma les y no formales que cambian lentamente. Sin embargo, no hay que perder de vista que también aparecen momentos de ajuste intenso que muestran la rela14 Fundación Friedrich Ebert

ción compleja entre continuidad y cambio y que terminan definiendo, o al menos condicionando, un tercer concepto importante, que es el de la calidad democrática. Sin embargo, en los últimos años, ha aparecido una nueva narrati va conservadora, que enarbola el ataque contra la denominada“ideología de género”, que promueve el retroceso en los derechos adquiridos y se opone al avance del liderazgo real de las mujeres. Si bien la calidad de la democracia, como ya se ha dicho, se encuentra estrechamente relacionada con el contenido de la cultura política predominante y con el análisis crítico de las coyunturas históricas sobre las que la misma se asienta, es importante destacar que el diseño institucional también la afecta, debido a que el mismo establece las reglas de juego democrático. En un proceso de transformación intensa como el que se ha experimentado en Bolivia en las últimas décadas, en términos de avance hacia la inclusividad, dicho diseño no puede soslayar el reconocimiento de la ciudadanía plena, en lo civil, lo político y lo social como el cimiento que sostiene a la estructura democrática, ya que ese reconocimiento expresa la vigencia de los derechos y las libertades que constituyen a la democracia como ordenamiento político. Contribuir a este debate requerirá entonces, en primer lugar, garantizar la paridad a la luz de su posicionamiento como nuevo referente simbólico, no desplazable ya del campo público, por la legitimidad que el concepto ha obtenido en los espacios de discusión pública, tras la incorporación de la equivalencia en la participación de mujeres y hombres como principio constitucional. La paridad, por tanto, constituye ya en Bolivia un emblema de lucha, que se erige como tal en virtud de la recuperación de la memoria de las luchas históricas de las mujeres emprendidas décadas antes para conquistar sus derechos políticos. Al respecto, cabe señalar que las mujeres parlamentarias, concejalas, asambleístas, candidatas no electas y electoras necesitan ser conscientes de que la incorporación de la paridad, como demanda en las leyes y en los debates legislativos y públicos, ha sido una cuestión muy luchada y prácticamente arrancada de las manos del patriarcado y que de ninguna forma los avances obtenidos son un regalo hecho por el Estado o los sucesivos gobiernos. Sin embargo, esta reivindicación simbólica aún no ha calado en las raíces de reproducción del machismo ni lo ha desestabilizado como práctica que confronta, silencia y paraliza a las mujeres como sujetas políticas; no se ha transformado en imaginario compartido. Y, aunque inicialmente la paridad exigía transformarse en referente, un segundo reto es el de pasar a la práctica efectiva, haciendo de ella un modo de expresión política que defina cuál sería el objeto de contar con la presencia femenina en los espacios legislativos. En suma, si la idea de par remite al desarrollo y existencia de dos perspectivas que se construyen y redefinen de forma paralela, incorporarla al ámbito legislativo y de decisión supondrá pensar esos espacios como lugares en los que la diferencia asume un rostro y una voz específicos que expresan por qué y cómo se quiere participar y proponer proyectos propios en la esfera política. La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 15

Referencias Correa, E. y Noé, M. (Eds.)(1998). Nociones de una ciudadanía que crece. FLACSO. Montero, L., Elías, D. y Carballo, P. (Coords)(2025, julio). La paridad en tiempos de crisis. De los avances a las amenazas[Informe]. Oxfam en Bolivia, Coordinadora de la Mujer y CESU-UMS. https://lac.oxfam.org/wp-content/uploads/2025/07/La-Paridad-entiempos-de-crisis.pdf Observatorio de Género Coordinadora de la Mujer (2025, mayo). La democracia paritaria en los documentos constitutivos de los partidos políticos y alianzas[Boletín]. https://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/archivos/ publicaciones/La_democracia_paritaria_estatutos_partidos_ compressed_554.pdf Tavera, C.& Exeni, J. L. (2025, enero). Las“listas cebra”: hito de la paridad. Tejedoras, año 5, núm. 5, 65-81. Órgano Electoral Plurinacional, OEP. https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2025/05/revista_ tejedoras_5-1.pdf Normativa básica consultada Constitución Política del Estado (2009). 7 de febrero de 2009(Estado Plurinacional de Bolivia). http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/app/webroot/archivos/ CONSTITUCION.pdf Ley 018 (2010). Ley del Órgano Electoral Plurinacional. 16 de junio de 2010. https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2017/01/Ley_018.pdf Ley 026 (2010). Ley del Régimen Electoral. 30 de junio de 2010. https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf Ley 243 (2012). Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. 28 de mayo de 2012. https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/cartilla_ley_243%20 %281%29.pdf Ley 348 (2013). Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ley_348_0_1.pdf Ley 1096 (2018). Ley de Organizaciones Políticas. 1 de septiembre de 2018. https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/08/LeyN%C2%B01096.pdf 16 Fundación Friedrich Ebert

Autora Pilar Uriona Crespo es politóloga y feminista. Ha cursado una Maestría en Filosofía y Ciencias Políticas en CIDES-UMSA. En 2009 participó de los procesos de in cidencia para incluir la paridad en la Ley del Régimen Electoral transitorio y en las cinco leyes estructurales del Estado plurinacional. Entre 2012 y 2017 fue representante en Bolivia del Instituto Internacional de Historia Social (Holanda). Actualmente se desempeña como evaluadora de proyectos de ayuda al desarrollo y como facilitadora de cursos, diplomados y maestrías vinculadas a los temas de teoría crítica, feminismos y educación popular. La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática 17

La paridad en Bolivia: emblema de lucha democrática Análisis de las elecciones generales 2025 En Bolivia, la consolidación de la paridad como principio y práctica aplicables al sistema electoral tomó más de un cuarto de siglo, periodo en el que se desplegaron iniciativas ligadas a las cuotas, las propuestas ciudadanas a nivel normativo, sobre todo, desde los movimientos y organizaciones de mujeres de todo el país, así como la vigilancia y seguimiento a las listas de candidaturas y la incidencia política. Una vez lograda la representación numérica o descriptiva, una tarea urgente fue avanzar hacia una representación sustantiva, que se tradujo en la construcción colectiva de una Agenda Política de las Mujeres que, desde 2015, busca avanzar en el ejercicio efectivo de sus derechos específicos y en una concepción feminista de la participación ciudadana. Dicha Agenda propone posicionar la paridad como un elemento esencial en un escenario en el que se ensayó la democracia intercultural, siendo un reto también analizar aún cómo es posible incluir una mayor representación de las mujeres líderes de Tierras Bajas y sus preocupaciones y propuestas vitales en espacios como las circunscripciones especiales indígenas o en cargos ejecutivos en municipios del ámbito rural sin sufrir acoso político. Más información sobre el tema se puede encontrar aquí: ↗ www.fesminismos.fes.de/publicaciones 18 Fundación Friedrich Ebert