DOSSIER N°1 Noviembre 2025 Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo Reflexiones para el progresismo chileno Oficina FES en Chile

Ficha técnica Editor Fundación Friedrich Ebert en Chile Hernando de Aguirre 1320 Providencia Santiago de Chile Responsable Dr. Cäcilie Schildberg Representante de la FES Chile https://chile.fes.de/ @feschile Edición de contenido: Christian Sánchez Director de Proyectos Edición de estilo: Guillermo Riveros Álvarez El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. ISBN 978-956-6410-35-5 Encontrará más publicaciones de la Friedrich-Ebert-Stiftung aquí: www.chile. fes.de/publicaciones

Diciembre 2025 Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo Reflexiones para el progresismo chileno

Índice I. Prefacio ........................................................................................................................... 3 II. Crecimiento económico y desarrollo ...................................................................... 5 1. Crecimiento económico en Chile 1990-2024: Una trayectoria de rendimientos decrecientes...................................................................................6 2. Propuestas para una agenda de crecimiento sostenido e inclusivo............... 12 1. Profundizar la modernización del Estado................................................... 12 2. Nuevas y mejores políticas públicas para una economía más competitivas y con una matriz productiva de mayor complejidad........ 12 3. Un reimpulso exportador............................................................................... 13 4. Impulsar proyectos de desarrollo productivo a nivel territorial.............. 15 5. Elaborar una estrategia nacional de desarrollo para las MIPYMES....... 15 6. Reorientación de las políticas públicas en capital humano avanzado..15 7. Diseño de una Política Nacional de Capacitación Laboral..................... 16 A modo de síntesis y conclusión........................................................................... 16 Bibliografía....................................................................................................................... 17 III. No solo por nosotras ............................................................................................... 18 1. Introducción.............................................................................................................. 19 2. Diane Elson y el sesgo masculino......................................................................... 21 3. Las convergencias del desarrollismo chileno...................................................... 23 4. ¿Y las mujeres? El sesgo masculino en el estudio de caso............................... 25 5. El sesgo masculino como violencia simbólica.................................................... 27 6. El problema del crecimiento poblacional exógeno............................................ 29 7. El problema del sesgo(y el sesgo sobre el sesgo)............................................. 31 8. Propuestas para el futuro....................................................................................... 33 a. Estudio de la fertilidad con perspectiva feminista.................................... 33 b. Reconocimiento coordinado del trabajo no remunerado a nivel académico y político.......................................................................... 33 c. Reformulación de los modelos económicos............................................... 33 d. Políticas públicas que reconozcan la existencia de discriminación sistémica en el mercado laboral........................................ 33 e. Revisión de los sistemas contables nacionales.......................................... 33 f. Reconocer el carácter político del desarrollo que incorpore la inequidad de género de manera estructural.......................................... 34 9. Conclusión................................................................................................................. 35 Referencias....................................................................................................................... 36 Autores............................................................................................................................. 38

I. Prefacio Hace ya varios años se viene escuchando un mantra en la discusión pública:“Chile está estancado”; desde las diferentes posiciones políticas se hacen reclamos apuntando a un“estancamiento estructural” que es posible observar en la economía nacional ya desde fines de la primera década de este siglo. Sobre esta situación, algunos desde miradas más propias de lo que ha sido sentido común en la economía predominante, apuntan a que el problema es de crecimiento y no demoran en levantar recetas ya conocidas: bajar los impuestos, flexibilizar normativas medioambientales y también la fuerza laboral. Otros, desde una mirada menos ortodoxa, se han abierto a la idea de que la estrategia de desarrollo que protagonizó Chile en las últimas décadas pareciera haber tocado techo y se hace necesario el abrirse a pensar en nuevas posibilidades que den un remezón estructural a nuestra economía. Pero la economía se ha mantenido sin mayores alteraciones y el campo de la política no ha sido capaz de instalar este tema como algo preponderante en la discusión nacional. Las últimas décadas han sido de fuertes transformaciones de distinto tipo para Chile: la cultura se ha visto transformada y cuestiones que eran silenciadas hace 20 años hoy son parte de nuestros cuerpos legales, como el matrimonio igualitario; la política ha visto la irrupción de múltiples partidos y hemos vivido gobiernos de muy diverso tipo; y la sociedad también ha sufrido fuertes cambios. Pero lo que pareciera mantenerse incólume es nuestra estructura económica y productiva: muy centrada en la explotación de materias primas para la producción, aunque basada en los servicios para la mayor parte de la fuerza laboral. Para aquellos que nos posicionamos desde una perspectiva progresista basada en la justicia social, la situación de la economía chilena amerita un cambio profundo. Una sociedad más justa y que atienda de manera efectiva los derechos sociales necesita aportar mayores recursos, y eso no se hace posible sin renovar los lineamientos desde los que se estructura esta misma. Si bien desde el progresismo han existido iniciativas sobre este tema, creemos que ha faltado la posibilidad de articular una conversación en el tiempo, que tenga múltiples actorías, y desde la cual se logre ir construyendo una posición conjunta. Con este primer dossier la Fundación Friedrich Ebert quiere iniciar un ciclo de trabajo y de diálogo en el progresismo con el objetivo de avanzar hacia la propuesta de una agenda para una nueva estrategia de desarrollo desde este mundo político. Como fundación, presente en Chile desde 1967, hemos trabajado incansablemente por la articulación de las fuerzas democráticas y progresistas y por el diálogo y el intercambio con Alemania en la defensa de la democracia; el actual momento político y social del país hacen más que necesaria la construcción de propuestas claras y específicas desde el mundo de las izquierdas, con el horizonte de lograr instalarlas en el mediano plazo. Las fuerzas de cambio deben ser capaces de mostrarle al país posiciones claras respecto del Chile que imaginan y anhelan construir. Y también resulta muy importante para nosotros ayudar a fortalecer el diálogo sobre desarrollo económico entre las fuerzas progresistas de Chile y Alemania. Este primer dossier contiene dos artículos de carácter muy distinto, pero que creemos básicos y complementarios para el inicio de la conversación. El primero es un texto conjunto de los economistas Mauricio Jelvez y Osvaldo Rosales, ambos autores nos entregan una mirada al desarrollo económico de Chile en el período posterior a la dictadura cívico-militar, el cual más allá de los avances en reducción de la pobreza y del crecimiento en los primeros años ha entrado posteriormente en un ciclo de rendimientos decrecientes debido a diversos factores que Mauricio y Osvaldo nos plantean y que explican de manera estructural el estancamiento de la economía. El texto finaliza con una interesante propuesta de distintas líneas de acción para avanzar a una estrategia de desarrollo. Un punto a destacar de este trabajo es que logra levantar un elemento muy importante para el mundo progresista, desde 1990 cada vez que Chile ha tenido mejores resultados en su economía es porque se ha alejado del recetario neoliberal ortodoxo; por ello, el rol del Estado en la estrategia de desarrollo es un elemento ineludible y que requiere ser problematizado. En el segundo artículo, la economista Trinidad Moreno nos llama a una reflexión sobre un tema que debiera ser fundamental en cualquier aporte sobre estrategia de desarrollo en el mundo progresista. Aplicando, desde una mirada feminista, la obra teórica que levanta el sesgo masculino en las visiones sobre el desarrollo para el caso chileno, y levantando la experiencia de otros países que muchas veces son vistos como modélicos, como es el caso de Corea del Sur, pero que esconden una separación que es profundamente política: la separación del trabajo remunerado respecto del no remunerado. Trinidad nos propone varios puntos clave para la superación de ese sesgo masculino, y hace un énfasis más que necesario en la necesidad ineludible de la inclusión del género como un eje estructutante en la discusión sobre desarrollo económico. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 3

Ambos artículos si bien refieren a temas distintos, son perspectivas absolutamente necesarias para dar inicio a la conversación que queremos partir con este primer dossier; y esperamos lograr desarrollar otras muchas reflexiones y conversaciones, desde las cuales podamos estructurar una mirada progresista con elementos comunes para replantear la estrategia de desarrollo de la economía chilena. 4 Fundación Friedrich Ebert

II. Crecimiento económico y desarrollo Hacia una agenda compartida Mauricio Jelvez/ Osvaldo Rosales Diciembre 2025 Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 5

1. Crecimiento económico en Chile 1990-2024: Una trayectoria de rendimientos decrecientes El inicio de la transición democrática supuso un cambio significativo en el manejo de la política económica respecto de la impronta neoliberal que había imperado, sin contrapesos, durante la dictadura cívico-militar. La necesidad del cambio de enfoque se fundaba en un diagnóstico crítico del desempeño de la dictadura caracterizado por una alta inestabilidad y un bajo crecimiento promedio en un período de diecisiete años. A esto se suma la pesada herencia social, con casi el 40% de la población en situación de pobreza y los elevados niveles de desigualdad económica y social. Los resultados alcanzados en la primera década dieron cuenta de un desempeño exitoso. El crecimiento económico alcanzó una tasa promedio anual de 6,1% y la población afectada por la pobreza se redujo desde un 38,7% en 1990 a un 20,6% el año 2000. Si bien se registraron avances en el ámbito de la desigualdad, éstos no tuvieron la dimensión de los indicadores anteriores. Así, mientras en el período 1981-1991 la relación entre el quintil más rico y el más pobre fue en promedio de 19,9 veces, entre 19922002 fue de 15,3 veces. Sin embargo, cabe consignar que, durante la primera década de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se pueden diferenciar dos ciclos. El primero, altamente expansivo de la economía, con un crecimiento anual promedio de 7,1% entre 1990-1997. Este verdadero milagro económico encuentra su fundamento en un amplio y coherente abanico de cambios sustantivos introducidos a partir de 1990 en las políticas fiscales, monetarias, cambiarias y regulatorias que actuaron virtuosamente sobre el conjunto de la economía y que permitió situarnos, al mismo tiempo, cerca de la frontera productiva, estimulando exportaciones con un mayor valor agregado, apoyadas en la estabilidad del tipo de cambio real. El segundo, mucho menos dinámico: con un crecimiento del PIB promedio anual de 1,95% entre 1998-1999 como consecuencia del impacto de la crisis asiática en nuestra economía y un cierto debilitamiento de las políticas contra-cíclicas –que habían proporcionado una mejor protección ante las turbulencias externas, como ocurrió frente a la crisis del tequila–. Entre las principales causas que generaron una mayor vulnerabilidad de la economía chilena ante esta crisis, destacan: i) decisiones de políticas macroeconómicas que abrieron espacios a una excesiva apreciación cambiaria y la aparición de desequilibrios en las cuentas externas; ii) cambio en las prioridades del Banco Central que privilegió sin contrapeso el control inflacionario en desmedro de otros objetivos macroeconómicos; y iii) debilitamiento de las regulaciones para controlar la entrada excesiva de capitales foráneos. Estos cambios en el manejo de la política macroeconómica se fueron produciendo entre los años 1996 y 1997 (Ffrench-Davis, Varias Ediciones). La ralentización del crecimiento económico en los dos últimos años de la década del 90 alertó acerca de dos factores que se manifestarían, con mayor o menor intensidad, con el devenir de nuestra democracia. Uno, la vulnerabilidad de nuestra economía ante los ciclos externos y, dos, el debilitamiento de políticas activas contra-cíclicas como antídoto para enfrentar los ciclos de contracción económica. En el año 1998, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD alertaba sobre las insuficiencias e ineficiencias de nuestro actual“modelo de modernización”. Mientras el país crecía a altas tasas(7,4% el año 1997 en que se realizó el estudio de campo), los salarios reales aumentaban, la inflación y el desempleo disminuían considerablemente. Esto coexistía con una baja sostenida de la pobreza, con una sensación de inseguridad respecto encontrar empleo en la mayoría de la gente(según la base empírica de este Informe). Al mismo tiempo, no estaba convencida que la educación proporcionara un mejor futuro para sus hijos e hijas, no confiaba en poder costear una atención médica oportuna y de buena calidad y temía tener ingresos insuficientes para vivir dignamente su vejez. Se hacía evidente que el buen desempeño en los principales indicadores económicos no era suficiente para satisfacer las expectativas de una sociedad que aspiraba a un crecimiento económico inclusivo y con grados crecientes de igualdad y protección social. Al iniciarse del gobierno del presidente Ricardo Lagos se esperaba que, con el cierre de la brecha recesiva de 1999 (caída del PIB en-0,3%), se iniciaría un nuevo ciclo expansivo de crecimiento económico, con niveles similares a los del período 1990-1997. Sin embargo, esta expectativa no se correspondía con la realidad, toda vez que la demanda agregada se encontraba estancada y los ingresos tributarios habían disminuido como consecuencia de la contracción de los dos años anteriores, lo que supuso una restricción de recursos para financiar su programa de gobierno. 6 Fundación Friedrich Ebert

En ese contexto, el gobierno impulsó una regla de política fiscal que operaba bajo el concepto de balance fiscal estructural. Esta idea de tipo keynesiana, aunque con restricciones que limitaron su potencial, ha representado un avance significativo en la dirección de perfeccionar la política fiscal y ciertos aspectos del manejo macroeconómico. Como veremos más adelante, una de las virtudes de esta política fue que estableció un mayor pragmatismo en la gestión de los ciclos económicos puesto que la fórmula de ahorrar en los tiempos de“vacas gordas” y gastar en los tiempos de“vacas flacas” se convirtió en un instrumento útil para enfrentar los ciclos recesivos propios e inevitables de una economía de mercado abierta como la chilena. Aun cuando las altas expectativas no se hayan cumplido del todo, no deja de ser positivo que el ciclo posterior a la crisis asiática y hasta antes de la emergencia de la crisis subprime, arrojó un crecimiento económico promedio anual entre los años 2000-2007 de 5%. Este promedio se alcanzó a pesar de que en el quinquenio 1998-2003 se produjeran ciertos deterioros en la performance del desempeño económico y social en, a lo menos, dos aspectos relevantes. Por una parte, el deterioro en el funcionamiento del mercado laboral que se manifestó en un desbalance entre el aumento del número de ocupados (3,3%) y el aumento de las personas en edad de trabajar (9%), sumado a una baja de un punto porcentual en la tasa de participación laboral y un alza del desempleo abierto de 4 pp. Por otra parte, una regresión en el desempeño del objetivo de equidad, en donde, se produjo un incremento en la desigualdad del ingreso, medida por el cociente entre los quintiles extremos, el que pasó de 13,7 en 1992-1995 a 16,4 en 1998-2002. Al iniciarse el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la economía venía con la inercia de un ciclo expansivo, por lo que en sus dos primeros años se alcanzó un crecimiento promedio anual de 5,6%, jalonado principal pero no exclusivamente por el aumento significativo desde el año 2003 del precio del cobre y otras materias primas exportadas. Este ciclo se verá interrumpido por una nueva crisis importada, esta vez desde los EE.UU., haciendo retroceder el crecimiento económico a un promedio de 1,35% entre los años 2008 y 2009. Si bien la crisis subprime tuvo una envergadura a nivel global y afectó a la economía chilena, con un ajuste recesivo en 2009 con una caída del PIB de-1,1%, el país logró una reactivación con mayor velocidad de lo que se preveía en ese entonces. La efectividad en el manejo de esta crisis se explica por la decisión oportuna del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de aplicar un conjunto de medidas contra-cíclicas intensivas que, si bien generaron un déficit efectivo de 4,4% del PIB y una expansión del gasto público de un 17%, permitieron atenuar significativamente los efectos económicos y sociales de esta crisis. Además, estas medidas lograron que en el último cuatrimestre de su gobierno (noviembre 2009-febrero 2010), se produjera un proceso de reactivación con un aumento del PIB cercano al 4%. Los fundamentos económicos que le dieron sustento a la ejecución de estas políticas contra-cíclicas fueron, principalmente, la calidad del fisco como acreedor neto frente al resto del mundo, los niveles significativos de superávit fiscal y de la cuenta corriente y una relajación monetaria intensa, aunque algo rezagada por parte del Banco Central. A ello se sumó la fuerte repatriación de fondos soberanos acumulados en el período anterior como consecuencia del alto precio del cobre. De esta manera, concluían dos décadas de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, cuyo desempeño económico y social destacaban un crecimiento del PIB promedio anual de 5,2% y una disminución de la pobreza desde el 38,7% a un 15,1%. Este ciclo, a su vez, nos proporciona un conjunto de rasgos estructurales de nuestra economía: i) La marcada dependencia de la economía local a los ciclos expansivos y/o recesivos a nivel global; ii) La superioridad de las políticas macroeconómicas heterodoxas y pragmáticas frente al recetario de la ortodoxia neoliberal para producir un mayor y más sostenible crecimiento económico. Una derivada que podemos extraer de esta afirmación es que cada vez que debilitamos o descuidamos las políticas económicas –como las que se habían aplicado en el período 1990-1995– nuestro crecimiento económico pierde dinamismo; iii) Frente a la ocurrencia de factores exógenos(crisis importadas, catástrofes naturales o sanitarias) que afectaban el desempeño de la nuestra economía, se requiere de una gestión muy proactiva del Estado, como la forma más efectiva para reducir o atenuar sus efectos; iv) El crecimiento económico, siendo indispensable, muestra un alcance moderado para corregir la excesiva desigualdad del país; v) El desempeño de ambas décadas, esto es, un promedio anual de 6,1% y 4,25% en los períodos 1990-1999 y 2000-2009, respectivamente, nos alertaba sobre el inicio de un ciclo de rendimientos decrecientes en términos de crecimiento económico. A pesar de las señales tempranas sobre el desempeño decreciente de nuestra economía, lo cierto es que los gobiernos posteriores a 2010 no reaccionaron oportunamente ante la necesidad de mantener la dinámica de crecimiento, particularmente en el plano económico de “reformas a las reformas” que se habían aplicado con tanto éxito en los períodos previos. Menos aún se avanzó en identificar y aplicar cambios sustantivos en la estrategia de desarrollo productivo del país. Lo anterior, queda de manifiesto en la tasa promedio anual de crecimiento entre 2010 y 2024 que alcanzó a un exiguo 2,9%. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 7

Con todo, al inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, la reactivación venía tomando fuerza, aunque fue interrumpida por el gran terremoto de febrero del 2010. Este evento hizo aún más pertinente la mantención de la tendencia de aumento del gasto para la reconstrucción, en un contexto macroeconómico que disponía de la holgura suficiente para seguir utilizando la capacidad productiva disponible. Si bien este gobierno logró un nada despreciable crecimiento promedio entre 2010-2013 de 5,3%, hacia el final de su período había descendido la tasa al 3,3% con una marcada tendencia a la baja para cerrar en su último cuatrimestre con una tasa de 2,9%. En los tres primeros años se había realizado una buena gestión para el cierre de la brecha recesiva, sin embargo, nuevamente se volvió a producir una excesiva apreciación cambiaria y se incubó un déficit fiscal al impulsarse nuevos gastos permanentes, sin velar responsablemente por sus respectivos ingresos permanentes y apostando de modo temerario a la permanencia de un alto precio del cobre. El manejo de la economía durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, arroja un balance de luces y sombras en que destacan los siguientes aspectos. En el plano positivo, el país disponía de activos líquidos equivalentes al 11% del PIB, una tasa de interés baja, el Banco Central contaba con reservas internacionales netas equivalentes al 15% del PIB y una elevada formación bruta de capital(FBKF). En el plano negativo, se observaba un déficit fiscal estructural como consecuencia de una falta de rigor en el manejo fiscal, un tipo de cambio real sobre-apreciado lo que se expresaba tanto en un desequilibrio comercial como de la cuenta corriente que llegó a un déficit del 4,1% del PIB en 2013, aun cuando en ese mismo año el precio del cobre había alcanzado un valor promedio de US$3,32/lb. A ello se sumaba una marcada ralentización en la diversificación de las exportaciones, así como en el quantum de empresas exportadores(si se compara 2013 respecto de 2008) y, por último, hacia el termino de ese gobierno, se evidenció una tendencia a la baja en la FBKT. Cada vez se hacía más evidente que las inercias en el manejo económico no eran suficientes para enfrentar las barreras estructurales que estaban presentes en la economía y que limitan, más allá del apalancamiento que generaban los ciclos externos favorables, la sostenibilidad del crecimiento. Este gobierno desatendió o ignoró la oportunidad de desarrollar una propuesta técnicamente sólida que permitiera iniciar un camino diferente en la estrategia de desarrollo, como lo hubiera posibilitado la política de selección de clusters diseñada en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La hipótesis más plausible para explicar esta oportunidad perdida radica probablemente en el sesgo ideológico de su coalición de gobierno respecto del rol del Estado en la economía. Visto en perspectiva, resulta evidente que la mantención del impulso reactivador, originado a raíz de la crisis subprime y reforzado con las iniciativas de reconstrucción post terremoto, produjo resultados positivos en ciertos aspectos económicos al gobierno: principalmente durante los tres primeros años, con una tasa de crecimiento promedio, el buen desempeño del mercado de trabajo y una inflación controlada. En ese sentido, puede decirse que el“piloto automático” le respondió bien a este gobierno. Sin embargo, al elevar el estándar de evaluación, este gobierno fracasa en su capacidad para impulsar alguna idea nueva o proyecto sustantivo para favorecer o inducir un punto de inflexión que nos permitiera resolver alguna de las fallas estructurales, ya sea en el campo económico o social, que venían desde antes. En ese contexto, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se constituyó bajo la promesa de iniciar el camino hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, proceso que se proyectaba a través de tres grandes ejes: la Reforma Educacional, la Reforma Tributaria y una Nueva Constitución. Si bien este impulso transformador daba cuenta de la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden político, económico y social del país y representaba una respuesta a a ciertas demandas ciudadanas que se habían incubado a lo largo de nuestra transición democrática. Sin embargo su implementación debía ocurrir en un contexto de restricciones en el plano económico como consecuencia de una fuerte contracción en el precio del cobre(en el cuatrienio del presidente Piñera su valor promedio anual fue de US$3,7/lb, mientras que en el de la presidenta Bachelet, fue de US$2,6/lb); una intensa caída en la inversión minera como consecuencia de la evolución normal de los ciclos de maduración de los proyectos; y la profundización de la incertidumbre del entorno externo y su contagio a la mayoría de los países de la región. Estas reformas estructurales tuvieron un doble impacto que afectó el desempeño del gobierno. Por una parte, la propuesta de una reforma tributaria progresiva generó una fuerte reacción en la derecha política y económica, contribuyendo a un escenario de polarización política que perdura hasta ahora. Por otra, provocó una pérdida de centralidad o de importancia relativa del crecimiento económico dentro de otras prioridades gubernamentales. La acentuación del decrecimiento en las exportaciones, el desequilibrante aumento en las importaciones, el estancamiento de la productividad, el fin del ciclo de elevados precios de los recursos naturales, la política del Banco Central con un sesgo pro-cíclico respecto del tipo de cambio, la cuenta de capitales y la demanda interna por bienes locales, eran señales poderosas para que se impusiera la aplicación de un shock reactivador, como se había hecho con tanto éxito en su primer gobierno. No obstante, aquello no ocurrió, y el resultado fue un magro desempeño en términos de crecimiento que alcanzó una tasa anual promedio del 1,8% entre 2014 y 2017. 8 Fundación Friedrich Ebert

El segundo gobierno del presidente Piñera, se instaló con altas expectativas en su coalición y en el propio mandatario. Se anunciaba el inicio de una“segunda transición para transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza”, lo que se realizaría por medio de la proyección de dos períodos de gobierno sucesivos del mismo signo. Como había ocurrido al inicio de su primer gobierno, nuevamente recibía una economía en su fase de recuperación luego de un ciclo bastante moderado en el desempeño de la tasa de crecimiento económico. En el trimestre enero-marzo de 2018 el crecimiento del PIB promedio fue de 4,7% para alcanzar en el segundo trimestre del año 2018 un promedio de 5,3%. Sin embargo, entre III 2018-III 2019 el crecimiento del PIB descendió a 2,6%, esto es, hasta antes de la ocurrencia del estallido social y cuyo efecto sobre la economía provocó una caída del PIB de -2,1% en el cuarto trimestre de 2019(BC). Las cifras del desempeño económico de su primer año y medio de gobierno pusieron en evidencia que los fundamentos para el excesivo optimismo con que asumió el gobierno, sumado a sus afanes por“enmendar el rumbo” seguido por el segundo gobierno de Michelle Bachelet y responder a sus partidarios ante la demanda de enmarcar en un nuevo“relato” su oferta programática, contrastaron con una realidad bastante más compleja de lo esperado. Entre los hechos adversos que marcaron el período, destacan: i) las cifras que evidenciaban serios problemas fiscales, que lo llevaron a desechar el compromiso de rebajar el impuesto corporativo de 27% a 25%; ii) el informe de la agencia clasificadora de riesgo Moody’s, que rebajó la clasificación de riesgo del país de Aa3 a A1, por los problemas fiscales y la incapacidad de elevar de manera sostenida el crecimiento. Frente a esta baja, el gobierno atribuyó la responsabilidad a su antecesor, argumentando que el déficit venía creciendo demasiado rápido desde antes y que la deuda pública se había duplicado. No obstante, la propia agencia desmintió esta afirmación, aclarando que“el deterioro lo empezamos a observar desde 2010 y fue gradual, pero constante y persistente… Ahí están los números”; iii) el informe del INE del trimestre mayo-julio registró un aumento del desempleo al 7,3%, que se compara negativamente con el 6,9% de igual trimestre del año anterior; y iv) la Encuesta de Percepciones de Negocios que realiza el Banco Central dejó en evidencia que importantes agentes económicos percibían niveles de actividad menores a los esperados, y que estaban preocupados por la lentitud en los procesos de licitación de obras públicas tras la instalación de las nuevas autoridades(Rivera, 2018). La intención original de este gobierno por instalar un nuevo ciclo suponía introducir un punto de inflexión en el diseño e implementación de las políticas públicas y económicas que estuvieran más acordes con el recetario neoliberal. Bajo esta lógica, se estimaba que es en el mal funcionamiento o en el exceso de Estado donde radicarían las fallas que impiden el desarrollo. Así, se desechaba a priori la contribución del Estado para impulsar nuevas y necesarias políticas de desarrollo productivo, junto con descartar otras reformas que alteren las estructuras que determinan la actual distribución del poder y de ingresos en el país. Sin embargo, la emergencia de dos crisis durante este gobierno(estallido social y COVID-19), obligó al gobierno a abandonar parcialmente su ideario neoliberal a favor de la aplicación de políticas contracíclicas destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales adversos de ambas crisis y contribuir hacia la normalización del funcionamiento de la economía del país. En términos de crecimiento económico, su promedio anual fue de 2,6%, el segundo peor desempeño desde los noventa después del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. En este mismo período de gobierno, se registró un retroceso en el PIB de-6,1% en 2020, la peor caída desde los tiempos de la dictadura y una pérdida de empleo que afectó, en el peak de la pandemia, a dos millones de trabajadores y trabajadoras. Tras este annus horribilis, el crecimiento económico se encumbró a una tasa del 11,7%. La explicación de la enorme fluctuación entre las tasas de crecimiento económico en estos dos años obedece a lo que se puede caracterizar como las dos caras de una misma moneda, asociadas al manejo de la política fiscal en cada período. En efecto, mientras en el 2020 la política fiscal estuvo rezagada frente a la necesidad de actuar oportunamente de manera anticíclica por los efectos económicos y sociales negativos que estaban generando la pandemia del COVID-19. En contraste, en 2021 se produjo un shock de demanda debido a la inyección artificial y episódica de liquidez en la economía –equivalente a un 25% del PIB– como consecuencia tanto de los fuertes impulsos fiscales realizados por el gobierno del presidente Piñera(con un aumento del gasto público real del 30%) como de la autorización por parte del Parlamento de tres retiros de ahorros desde las AFP. A esto se sumó un shock de oferta, producto de la interrupción de la logística del comercio exterior a consecuencia de la pandemia que provocó un importante aumento de los precios de los bienes importados. La conjunción de ambos shocks devino en 2022 en un aumento de la inflación a un 12,8%, niveles que no se conocían en Chile desde hace treinta años. Este episodio inflacionario gestado el 2021 obligó al gobierno del presidente Gabriel Boric a reestablecer una política fiscal severa y responsable para enfrentar el déficit fiscal heredado(-7,6% del PIB). Por otro lado, el Banco Central inició un ciclo de creciente restricción monetaria con el propósito de controlar la inflación, llevando la tasa de política monetaria a un peak de 12,25%. Estas medidas, aunque necesarias para restablecer los equilibrios macroeconómicos, tuvieron efectos negativos sobre la actividad económica, reflejados en un crecimiento del PIB de sólo un 2,2% en 2022 y de 0,5% en 2023, junto a un débil desemIdeas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 9

peño del mercado laboral. No obstante, la estrategia logró un control inflacionario que permitió cerrar el año 2023 con una variación del IPC de 3,9%, aunque al cierre de 2024 la tasa anualizada aumentó a un 4,5% y un crecimiento del PIB, mayor al esperado, del 2,6%, acompañada de una sostenida recuperación del mercado laboral. Así, de mantenerse las proyecciones para el presente año, resulta del todo plausible que este gobierno alcance al final de su período un crecimiento del PIB promedio anual del 2%. En cualquier caso, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha contribuido a sentar las bases para un mayor crecimiento en el mediano y largo plazo, desafío ineludible considerando que el PIB potencial del país está estancado en un rango cercano al 2%. Esta contribución se sustenta en la puesta en marcha de ciertas iniciativas que buscan aprovechar las ventajas competitivas que el país posee, mediante el desarrollo de las industrias del litio e hidrógeno verde para capitalizar su alta demanda a nivel mundial. A ello se suman la creación de una Banca de Desarrollo(AFIDE), la construcción industrial en madera de viviendas sociales, los cambios en la normativa asociados a los permisos y autorizaciones que regulan los proyectos de inversión, entre otras. Hasta este punto, la revisión de esta trayectoria del crecimiento económico en los últimos 35 años conduce a una conclusión ineludible: si bien el país, en democracia, ha mostrado un desempeño en lo político, económico y social marcadamente superior al experimentado en dictadura bajo el paradigma neoliberal, lo cierto es que las políticas públicas y económicas que hemos implementado en este período democrático no han sido del todo suficientes y efectivas para evitar una trayectoria de rendimientos decrecientes en lo económico. En otras palabras, Chile no ha logrado alcanzar una trayectoria de crecimiento estable, sostenido e inclusivo como el que ha caracterizado a los países actualmente desarrollados. Estas discontinuidades en nuestro crecimiento económico, se aprecian en el gráfico siguiente: Crecimiento del PIB(1990- 2024) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central de Chile. Al respecto, antes de adentrarnos en la formulación de una agenda procrecimiento que supere la inercia en que hemos caído, nos parece necesario examinar con mayor detalle tres factores subyacentes que ayudan a comprender el deterioro en nuestro desempeño económico. Estos son: la caída en la productividad, la pérdida en el dinamismo exportador y la excesiva concentración en la actual matriz productiva basada, principalmente, en la explotación de recursos naturales. Mientras que en las primeras dos décadas de la transición democrática las caídas del crecimiento estuvieron asociadas, principalmente, a los ciclos de la economía mundial (crisis asiática y subprime), en la última década la ralentización de nuestro crecimiento se explica más bien por un conjunto de factores estructurales que dan cuenta de ciertas omisiones y deficiencias vinculadas a una estrategia procrecimiento. Nos enfrentamos, por tanto, a un problema complejo y de carácter multicausal, cuyo abordaje requiere considerar tanto su dimensión macroeconómica como microeconómica. Por ejemplo, en el plano macroeconómico destaca el nivel y volatilidad del tipo de cambio real, toda vez, que éste de ser más alto, aporta a una mayor competitividad a ciertas industrias y se facilita una mayor diversificación de las exportaciones. En la dimensión microeconómica, la mayor concentración de los mercados tendría un impacto significativo en la capacidad de las empresas emergentes para acceder a los mercados domésticos, en tanto condición previa para una eventual expansión regional (Benavente et al, 2024). Revisemos algunos de los factores que han incidido en el menor crecimiento desde hace más de una década. Mientras en la década de 2000, el crecimiento potencial del PIB giraba en torno a tasas del orden del 5% y 6%, en la actualidad es alrededor del 2%. En materia de innovación, cuyo vínculo con la productividad y el crecimiento es directa, sólo el 24,4% de las empresas son activas en este ámbito, lo que ubica a Chile en el penúltimo lugar entre los países de la OCDE. A ello se suma el bajo gasto en investigación y desarrollo(I+D), también muy por debajo del promedio de la OCDE, siendo en el 2024 de 0,38% del PIB vs un 2,68%, respectivamente(PNUD,2024). A su vez, la productividad total de factores agregada muestra una tendencia sostenida a la baja desde la década de los noventa en adelante, habiendo crecido ésta de un promedio anual de 3,3% en el quinquenio 1991-1995 a una caída de-0,9% en el trienio 2021-2023. En el ámbito de la calidad de la educación, las cifras no son muy alentadoras. La prueba PISA 2022 arroja resultados muy por debajo del promedio de la OCDE en los tres campos de conocimiento evaluados; matemáticas, lectura y ciencias. Estos resultados indican que el 56% de los estudiantes de más de quince años no alcanzan el nivel 10 Fundación Friedrich Ebert

mínimo de competencias básicas en matemáticas y carece de habilidades fundamentales para interpretar y resolver situaciones cotidianas simples, lo que se ve agravado por las profundas diferencias en los aprendizajes según su origen socioeconómico. Del mismo modo, la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos(PIAAC) de la OCDE 2016, reveló que un 48% de la población adulta chilena presenta un bajo rendimiento en comprensión lectora y razonamiento matemático, lo que evidencia altos niveles de analfabetismo funcional. Más recientemente, el Informe de Habilidades de Adultos 2023 de la OCDE reporta que más de la mitad de nuestros adultos presenta dificultades en numeración y alfabetización y que una parte importante tiene un dominio limitado en las habilidades digitales(Vargas, 2024). Si bien existe un amplio consenso en torno a la urgencia de enfrentar la caída del crecimiento y sobre los principales ámbitos de acción en que deben concentrarse los esfuerzos, este acuerdo resulta parcial. Esto se debe a que, este acuerdo se diluye al momento de atribuirle la debida importancia a un componente de carácter estructural que limita el crecimiento: la baja diversificación y complejidad de la matriz productiva del país y el rol que debiéramos asignarle al Estado. Este último, además de fijar las reglas y procedimientos que hagan más eficientes a los mercados, debería asumir un rol más activo en la formulación y ejecución en las políticas de desarrollo productivo. Si bien el crecimiento de las exportaciones fue un motor determinante en el crecimiento de nuestra economía, lo cierto es que éstas se concentraron en gran parte en recursos naturales y productos primarios los que, a su vez, se caracterizaban por niveles relativamente bajos de sofisticación y con bajas conexiones con el resto de la economía(Benavente et al, 2024). Es precisamente esta condición la que permite comprender con mayor claridad la pérdida de dinamismo de la economía del país. Revisemos algunas cifras(Espacio Público, 2024). Entre 1990 y 2007 las exportaciones reales crecieron a una tasa promedio anual de 8%, en el período 2009-2023 éste fue de sólo 0,3% promedio anual, situándonos en el peor desempeño entre los países de la OCDE y el segundo más bajo de América Latina. En 2023, las exportaciones mineras representaron algo más del 50% del valor total exportado, aun cuando la ley del mineral cayó de un 1,2% a 0,7% entre 1990 y 2022. Asimismo, las exportaciones de madera(tonelaje) y uvas cayeron en un 45% y un 35% desde el 2018 al 2023, respectivamente. Si bien las exportaciones de cerezas se han multiplicado en cinco veces desde 2012, ello no ha sido suficiente para compensar la caída en otros productos. En paralelo, se verifica un claro deterioro de Chile entre 2000 y 2022 en el ranking de complejidad de las exportaciones desde el lugar 66 al 78 entre 133 países evaluados. Al respecto, Lauterbach(2015), al analizar la dinámica de la ventaja comparativa para Chile, Finlandia, Australia y Argentina(todos ricos en recursos naturales), demuestra que Chile es el único país que no incorporó exportaciones de muy alto valor a su matriz productiva entre 2003 y 2012. Por lo mismo, la sostenibilidad de nuestro crecimiento se encontraría debilitada al no incorporar suficiente conocimiento que agregue valor a su producción y, en particular, a sus exportaciones por la vía de la innovación de procesos y productos, así como la incorporación de capital humano y conocimientos de vanguardia a su matriz productiva. A partir de este diagnóstico, es posible concluir que el deterioro de nuestro crecimiento obedece a factores estructurales asociados a un cierto agotamiento de la estrategia y/o modelo de crecimiento seguido hasta ahora. Por ello, son múltiples las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de rediseñar una nueva estrategia procrecimiento(Jelvez, 2025). Entre estas, las principales: i) reconocer que el deterioro ha sido paulatino y sostenido a lo largo del período desde iniciada nuestra transición democrática; ii) reconocer que, en una economía pequeña y abierta al mundo como la chilena, las políticas macroeconómicas con sesgo neoliberal afectan negativamente el entorno para un crecimiento sostenido; iii) distinguir entre las iniciativas que, aunque necesarias y pertinentes, tienen un impacto marginal en el crecimiento frente a aquellas de mayor complejidad que van dirigidas a mover la frontera del actual PIB potencial; y, iv) diseñar políticas públicas y económicas que respondan coherentemente a las preguntas ¿qué tipo de crecimiento buscamos? y ¿para qué queremos crecer? Estas interrogantes nos remiten a un conjunto de principios y exigencias ineludibles: crecer protegiendo el medio ambiente; lograr un crecimiento que favorezca al conjunto de la economía real, corrigiendo la alta heterogeneidad estructural que caracteriza al conjunto del aparato productivo del país; crecer distribuyendo de manera justa los frutos de la riqueza; convertir las ventajas comparativas de nuestros recursos naturales en ventajas competitivas, agregando valor y conocimiento a la actual matriz productiva del país, entre otras. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 11

2. Propuestas para una agenda de crecimiento sostenido e inclusivo 1. Profundizar la modernización del Estado. Un Estado que funcione con altos estándares de eficiencia constituye una condición sine que non para apoyar la implementación de una agenda procrecimiento. Algunas de las iniciativas a considerar son: profundización de la descentralización fiscal y administrativa; modernizar el Estatuto Administrativo del Empleo Público; robustecer el rol de la Contraloría General de la República para el control efectivo de la legalidad de los actos de la administración del Estado; aprobación de normas que permitan la elaboración de presupuestos plurianuales; alivianar la carga burocrática que dificulta la oportuna ejecución de los proyectos de inversión públicos y privados. En este ámbito se sugiere establecer un procedimiento de tramitación preferente para proyectos de infraestructura en zonas con escasez hídrica; crear la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas; hacer vinculante las evaluaciones de la DIPRES de los programas públicos con la decisión de permanencia o cierre de éstos; introducir mayor sinergia entre aquellos programas públicos que, como consecuencia de una dinámica de compartimentalización en el funcionamiento del Estado, responden a un propósito común y/o van dirigidos a la misma población objetivo y, por tanto son fuente de ineficiencia en el gasto público; ampliación de la ADP a gobiernos regionales, municipales, y en cargos claves de instituciones públicas, entre otros. 2. Nuevas y mejores políticas públicas para una economía más competitiva y con una matriz productiva de mayor complejidad. Un rol más activo del Estado debiera ser una parte esencial de una nueva estrategia de crecimiento económico, orientada a reducir la excesiva dependencia que tenemos en la explotación de los recursos naturales con bajo valor agregado. A continuación, se presentan algunos ejemplos de estas oportunidades. 2.1 Diseño e implementación de una estrategia para el desarrollo de energías renovables, sobretodo, en los campos solar y eólico. Se estima que el potencial solar de Chile alcanza los 1.000 GW, mientras que el potencial eólico se sitúa en torno a los 200 GW. Diseñar e implementar políticas públicas que fomenten la inversión pública y privada en estas áreas nos puede permitir, simultáneamente, ser un líder en exportaciones de energía limpia y generar un nuevo sector económico que contribuya a desplazar los actuales rangos del PIB potencial y diversificar la actual matriz productiva (Erices, 2024). Para capitalizar esta oportunidad es necesario fomentar la educación profesional, formación técnica y capacitación en materia de energías renovables, garantizando que las comunidades locales se vean favorecidas con esta transición mediante la creación de un entorno más inclusivo y sustentable. Asimismo, se requiere modernizar la infraestructura energética, la integración de tecnologías verdes con redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía hasta asegurar una mayor robustez de nuestro sistema energético. 2.2 Aplicación de políticas que fomenten una mayor acumulación de conocimientos. Tres son, a lo menos, las líneas de trabajo interdependientes que se debieran considerar para este objetivo(Hidalgo, 2024). i) Fomentar las tecnologías de ciclo corto, es decir, aquellas cuyo desarrollo e implementación requieren plazos reducidos. Un ejemplo de estas es la Inteligencia Artificial. Si bien Chile no posee una masa crítica en este campo, sí tiene algunos referentes nacionales exitosos que nos pueden ayudar a trasmitir el know how para impulsar nuevos emprendimientos. Además, el país cuenta con profesionales destacados en los campos de la física, biología, estadística y economía que son los requerimos para el desarrollo de proyectos de IA. Ello debiera enmarcarse en la definición de una estrategia de Inteligencia Artificial enfocada en industrias donde Chile tiene ventajas competitivas y ampliar las competencias del Centro Nacional de Inteligencia Artificial(CPC, 2025). ii) Promover una política de migración selectiva para atraer conocimiento nuevo que apoye la innovación en los procesos productivos y/o el desarrollo de nuevos emprendimientos. A la vez, se debiera potenciar un enfoque de desarrollo de conocimiento como una red global en que se busque maximizar la contribución al país de los pocos expertos que tenemos en ciertos temas más allá del lugar en que residan; iii) Reinstalar e impulsar la implementación de una Política Nacional de Clusters, elaborada el año 2007 por Boston Consulting. Su activación exige revisar y actualizar dos componentes esenciales de la misma. a. Revisar sí los requerimientos identificados para disponer de un nivel adecuado en las plataformas 12 Fundación Friedrich Ebert

habilitadoras 1 que condicionan los mejoramientos de productividad y el crecimiento en cada uno de los sectores seleccionados, registran avances o se han mantenido en niveles similares a los diagnosticados en ese entonces. 2 b. Actualizar el programa de inversión destinado a la implementación efectiva de las principales iniciativas vinculadas a cada sector(en su momento se calculó que esta inversión fluctuaría en un monto entre US$1000 y US$1400 millones). iv) Mantener y profundizar las Políticas de Desarrollo Productivo(PDP) vinculadas a la industria del litio e hidrógeno verde. El actual gobierno ha generado las bases de estas PDP sobre las cuales tenemos la oportunidad de avanzar y acelerar su implementación. Si bien hasta ahora la estrategia del litio se ha concentrado, principalmente, en la captura de rentas mediante la alianza público-privada a la que se han agregado algunas iniciativas para dotarnos de capacidades y competencias como son la creación del Instituto Público de Litio y Salares y la exigencia de producción especializada con valor agregado para uso del litio de a lo menos en un 25%. La continuidad y profundización de esta segunda línea de la estrategia dependerá de las decisiones de los futuros gobiernos. En cambio, la estrategia en torno al hidrógeno verde se ajusta en mayor medida a las exigencias y características propias de una política de desarrollo productivo. Sobre la base de reconocer dos atributos potenciales de esta riqueza como son que su costo marginal de producción puede llegar a ser el más bajo a nivel mundial y que su contribución a la descarbonización de Chile al 2050 puede aportar a un 25% de la meta, el Estado ha impulsado una serie de iniciativas cuyo alcance y complejidad sobrepasan el objetivo de captura de rentas. La instalación del“Comité CORFO Hidrógeno Verde”; la disponibilidad de financiamiento público(facility) de hasta un 10% para los proyectos de inversión destinados a los productores de energía verde; proveedores encadenados en la industria, formación de competencias para incentivar la contratación de chilenos y chilenas; la exigencia de contenido nacional(p.e. piezas y partes) y el financiamiento público en infraestructura habilitante(p.e. puertos y carreteras), representan componentes sustantivos de una PDP. Otra iniciativa relevante de este gobierno, cuya continuidad debieran asumir los gobiernos sucesivos, se refiere a la generación de una oferta futura, en calidad y cantidad suficiente, para la construcción industrializada en madera de viviendas sociales que contribuyan a enfrentar el déficit actual del orden de 600 mil viviendas. Este proyecto se 1 Capital humano; ciencia y tecnología: infraestructura y recursos: marco normativo y legal y; finanzas y comercio. 2 Programas de formación y capacitación específica para los sectores seleccionados, sistemas de incentivos público-privado para la inversión en I+D para los clusters, modelos de gestión territorial con foco en el desarrollo económico y que faciliten el arbitraje de conflictos intersectoriales, procesos regulatorios específicos para las necesidades de cada sector, aumento o estancamiento de la inversión destinada al fortalecimiento de la imagen país, etc. encuentra en una fase inicial, en la cual el Estado, a través de CORFO, ha dispuesto de recursos destinados a financiar estudios de ingeniería para el desarrollo de tecnologías eficientes que hagan posible la construcción industrializada en este tipo de viviendas. Si esta convocatoria entrega los resultados esperados, se hará necesario impulsar un conjunto variado de medidas complementarias para contar con una PDP vinculada al sector forestal, tales como: i) la adecuación de la normativa vigente que establece los requisitos para la construcción de viviendas sociales, ii) creación de incentivos tributarios y/o subsidios para fomentar el desarrollo de esta industria, iii) apoyo de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo(AFIDE), iv) la ejecución de programas de capacitación dirigidos a los trabajadores de la construcción con el fin de desarrollar las competencias técnicas para la construcción en madera. 3. Un reimpulso exportador 3.1 Exportaciones y política comercial Frente a las amenazas proteccionistas provenientes del Norte global, es importante profundizar la diversificación exportadora, tanto en términos de mercados como de productos. La economía mundial enfrenta actualmente un ciclo caracterizado por la imprevisibilidad y la creciente influencia de tendencias proteccionistas, donde la geopolítica tiende a prevalecer sobre las decisiones de comercio e inversión. Este contexto plantea una amenaza significativa para economías abiertas como la chilena, por lo que se hace imprescindible redoblar el compromiso exportador y avanzar hacia una mayor diversificación de mercados. Dado que este escenario podría durar décadas y, por ende, el país debe desarrollar estrategias de búsqueda de nuevos mercados y en alianzas internacionales que permitan sostener y actualizar el multilateralismo. La diversificación no solo implica ampliar el número de destinos para nuestros productos, sino también consolidar relaciones que aporten estabilidad y oportunidades frente a posibles restricciones comerciales. Para una economía pequeña y abierta como la de Chile, es crucial mantener el compromiso permanente con el multilateralismo, con un comercio basado en reglas y la búsqueda de alianzas con socios relevantes en este objetivo, fortaleciendo vínculos con la UE y otros socios destacados. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 13

3.2 Una agenda de competitividad. Impulsar las exportaciones no solo implica firmar acuerdos, requiere también consolidar el acceso a mercados internacionales con una agenda de competitividad que incluya facilitación comercial, detección de oportunidades, capacitación y apoyo a la pequeña y mediana empresa(PYMES) exportadoras. Para promover las exportaciones es clave apoyar con más recursos el desarrollo productivo y tecnológico de las PYMES, y facilitar su acceso a capacitación, promoción internacional y asistencia técnica. Si estos programas incorporan la dimensión territorial y colaboran con gobiernos regionales y organizaciones locales, el impacto en la producción y el empleo será más efectivo. Es importante profundizar la articulación institucional entre las políticas comerciales, las estrategias de promoción de exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa, la internacionalización de empresas y la innovación tecnológica. La formación de recursos humanos y el respaldo a las PYMES formarán parte esencial de esta articulación. 3.3 Una institucionalidad más robusta para el reimpulso exportador Una mejor coordinación entre ministerios y agencias de comercio exterior e inversión ayudaría a dar mayor relevancia a la internacionalización en la agenda pública, evitando duplicidades y descoordinaciones. Esto podría requerir cambios institucionales para fortalecer la cooperación entre CORFO, ProChile, InvestChile, SENCE y organismos de apoyo a PYMES. Un funcionamiento adecuado de los mecanismos de coordinación interministerial puede facilitar los compromisos de cooperación público-privada. De este modo, se podría avanzar en actividades más profundas relacionadas con la promoción de exportaciones, la facilitación del comercio y la internacionalización de empresas, buscando generar sinergias y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La política comercial debiera aprovechar los acuerdos existentes y fortalecer su conexión con el desarrollo productivo, la innovación, la capacitación y la atracción de inversiones. De este modo, la diversificación exportadora y los avances en internacionalización se pueden vincular mejor con otros esfuerzos estratégicos del país. Un enfoque integral como el descrito puede facilitar que la promoción exportadora se vincule de manera directa con la economía interna, estableciendo conexiones entre el sector exportador y otros ámbitos productivos, potenciando el efecto multiplicador de la actividad exportadora sobre el producto, el empleo y los salarios. A modo de ilustración, hasta mediados de 2025 se han anunciado 77 proyectos de hidrógeno verde, con catorce ya operativos a nivel piloto. Para ese año, seis proyectos de gran escala estarán en evaluación ambiental, con una inversión cercana a US$44 mil millones. Esto, junto al avance en litio y cobre, refuerza el potencial de Chile en la descarbonización global. La mencionada articulación ente ministerios y agencias vinculadas a comercio e inversiones debería hacerse notar en alianzas público-privadas que aprovechen esta oportunidad histórica. 3.4 Diversificación de empresas exportadoras La concentración en las exportaciones limita el impacto en el empleo total, especialmente en países con bajo desarrollo del sector manufacturero. Por ello, diversificar productos y agentes exportadores es clave para reducir la heterogeneidad estructural. El mercado regional sigue siendo el más relevante para las PYMES latinoamericanas, que tienen baja internacionalización; así, promover el comercio intrarregional debe ser prioritario en cualquier estrategia. En esa orientación, crecerá el espacio para que se eleve el número de PYMES exportadoras. 3.5 Más conocimiento en nuestras exportaciones, sin olvidar exportaciones manufactureras y de servicios El principal reto interno es agregar valor, conocimiento y tecnología a las exportaciones primarias. Incorporar conocimientos, tecnología e ingeniería en nuestras exportaciones mineras, acuícolas, forestales y agrícolas es lo que permitirá recuperar valores más altos de exportaciones. Dependiendo de cada rubro, será necesario abordar desafíos específicos –como la gestión del agua, disponibilidad de infraestructura, las regulaciones y las exigencias de sostenibilidad–, favoreciendo siempre la gestación de eslabones de manufacturas y servicios más cercanos a estas actividades, de modo que las exportaciones de recursos naturales sigan avanzando en términos de sofisticación tecnológica y creación de empleos de calidad. Ejemplos como el de ASMAR demuestran que es posible exportar productos de manufactura avanzada. Además, impulsar los servicios calificados es clave, ya que son el sector más dinámico en el comercio mundial y también en nuestras exportaciones. 3.6 Fortalecer el comercio intrarregional Es esencial fortalecer el comercio con América Latina, donde destaca la diversificación de exportaciones y la mayor participación de manufacturas y PYMES, especialmente en América del Sur. La convergencia gradual entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, así como los avances con Argentina y Brasil, son fundamentales para consolidar una presencia regional y aumentar la participación de PYMES exportadoras. 14 Fundación Friedrich Ebert

La opción más inmediata para que los países de la región se integren en cadenas de valor está en el mercado regional, gracias a su alto comercio de manufacturas. Para una mayor integración productiva es fundamental mejorar el entorno normativo, reducir barreras comerciales, facilitar el comercio y unificar normas en inversión, servicios y aspectos técnicos. Además, es necesario cerrar brechas de infraestructura física para mejorar la conectividad y promover un desarrollo territorial más equilibrado. Una transformación productiva que contribuya a reducir las desigualdades requiere aumentar y mejorar el empleo productivo, así como fortalecer una mayor presencia de las PYMES, de las manufacturas y de los servicios en las exportaciones. Estas características están mejor representadas en el comercio intrarregional que en cualquier otro tipo de comercio. El mercado regional es clave para las exportaciones de valor agregado, conocimiento y empleo, y constituye el principal destino para empresas manufactureras y PYMES exportadoras. El crecimiento de la clase media en América Latina y el Caribe ha aumentado su atractivo. Además, ante el proteccionismo y menor crecimiento global, el mercado regional puede amortiguar una posible caída de la demanda externa. 4. Impulsar proyectos de desarrollo productivo a nivel territorial. A lo largo de territorio nacional existen distintas dotaciones relacionadas con un conjunto de recursos materiales, humanos, institucionales y culturales que conforman su potencial de desarrollo. Estos se manifiestan en la estructura productiva, el mercado de trabajo, la capacidad empresarial, el conocimiento tecnológico, la infraestructura de soporte y acogida y su patrimonio histórico y cultural (Vázquez, 2005). Sobre estas bases, siguiendo un modelo de desarrollo endógeno, se debiera diseñar e implementar en cada región y/o provincia del país una estrategia de desarrollo productivo. Los lineamientos para un plan de acción de esta naturaleza debieran considerar los siguientes criterios: i) priorizar como áreas de actividad económica aquellas en las cuales el territorio posee objetivas ventajas comparativas; ii) potenciar al máximo los espacios de cooperación público-privada en el desarrollo e implementación de los proyectos acordados; iii) distinguir y validar dos esquemas de intervención en la puesta en marcha de los proyectos entre aquellos sectores que presentan un potencial en el encadenamiento productivo de las PYMES con las grandes empresas existentes en el territorio y aquellos relacionados con emprendimientos como unidades de negocios independientes que pueden ser operados por microempresas y PYMES; iv) asumir que, en una primera etapa, el apalancamiento del sector público será determinante e imprescindible para el éxito de los proyectos tanto en términos de asesoría técnica como en recursos financieros para inversión (infraestructura y equipamiento) y capital de trabajo; y v) maximizar la generación de sinergias de la intervención pública a través de la mayor integración y coordinación posible en la agregación de los programas pertinentes para cada proyecto de desarrollo productivo seleccionado. 5. Elaborar una estrategia nacional de desarrollo para las MIPYMES. Atendiendo a que el universo de las EMT corresponde a un conjunto de características y capacidades muy diversas, se requiere diseñar un programa de apoyo que comprenda una oferta de políticas públicas que dé cuenta de las necesidades y requerimientos específicos de éstas. Independiente que se trate de empresas PYMES exportadoras o con potencial de exportación, de empresas proveedoras a compañías de mayor tamaño, de aquellas que elaboran productos finales o de microemprendimientos, todas debieran ser priorizadas en la asignación de recursos públicos dirigidos a mejorar sus actuales niveles de productividad y competitividad. Este programa debiera estructurarse de manera modular y operar con un esquema de ventanilla única, de forma que todo el instrumental disponible –financiamiento para inversión y/o capital de trabajo, capacitación y apoyo técnico dirigido al mejoramiento de la productividad, apertura de nuevos mercados, instrumentos de fomento y apoyo para la exportación, estrategias de marketing y comercialización, entre otros– se asignen en concordancia con los planes de negocios de las EMT. Una iniciativa específica dirigida a aliviar la presión que tienen las MIPYMES en el manejo de su liquidez consiste en establecer un régimen de pago de IVA contra pago efectivo de la factura(CPC, 2025). 6. Reorientación de las políticas públicas en capital humano avanzado. Varias son las líneas de acción que se deben aplicar para contar con una mayor y mejor dotación de este recurso. Entre las principales destacan: aumentar el gasto en I+D mediante la formulación de metas establecidas con perspectiva de mediano y largo plazo; revisar y readecuar los currículos de educación superior de manera de que los aprendizajes adquiridos conecten de mejor forma con las demandas y desafíos de los sectores productivos y las expectativas de empleabilidad de sus egresados; habilitar la entrega de micro credenciales o certificaciones específicas a Instituciones de Educación para facilitar que las personas puedan convalidar sus aprendizajes a lo largo de su vida para obtener títulos académicos; capacitación para optimizar el uso de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial; agilizar el procedimiento de revalidación, convalidación y reconocimiento de títulos profesionales, técnicos y grados académicos obtenidos en el extranjero y Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 15

la convalidación de competencias y actividades curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. En el ámbito de la investigación en ciencia y tecnología, se necesita sincronizar los criterios en la asignación de recursos escasos, de acuerdo a objetivos de carácter nacional tales como: impacto en la calidad de vida de las personas; contribución al mejoramiento de determinadas políticas públicas; introducción de innovación en procesos productivos; mejoras de eficiencia en la producción de bienes y servicios de manera que éstos obtengan una alta ponderación técnica en la elegibilidad de los proyectos con fondos públicos. 7. Diseño de un Política Nacional de Capacitación Laboral. La oferta actual de políticas activas y pasivas del mercado laboral, entre las que se destaca la de capacitación laboral, se caracterizan por un alto nivel de dispersión y atomización, baja inversión, deficiente focalización e insuficiente vinculación entre capacitación y productividad. Por ello, mejorar la dotación de capital humano en el país exige relevar este componente mediante una política de carácter universal y permanente. Los criterios a considerar para este propósito debieran incluir, entre otros: i) un sistema integrado de la oferta de programas, incentivos y subsidios que posibiliten el desarrollo de una trayectoria ascendente a lo largo de la vida laboral de las personas; ii) con foco en el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad, productividad y adaptabilidad a un entorno cada vez más tecnológico; iii) con énfasis en los contenidos que mejoren las competencias en materia de alfabetización, numeración y habilidades digitales de la fuerza de trabajo, especialmente, en la población mayor a los treinta años; iv) con una fuerte vinculación del SENCE con las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo y los sectores productivos para la definición de las ofertas programáticas a nivel territorial; y con componentes de discriminación positiva a favor de los jóvenes, mujeres y MIPYMES. Esta política debería apoyarse en estudios prospectivos que consideren tanto la amenaza de pérdida de empleos por automatización como las oportunidades derivadas de la demanda mundial por una economía verde, la expansión del sector servicios y los cambios en el consumo de nuevas generaciones(Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, 2022). A modo de síntesis y conclusión En los 35 años transcurridos desde el inicio de la transición democrática, y bajo una estrategia económica que hemos denominado de“crecimiento con equidad”, el país ha experimentado el período de mayor prosperidad de su historia republicana. La aplicación de esta estrategia nos muestra un desempeño notablemente superior al alcanzado en dictadura bajo el modelo neoliberal. Mientras en dictadura el crecimiento económico promedio anual fue del 2,9% y nos legó una pobreza que afectaba al 38,7% de población, en democracia el crecimiento promedio ha sido de 4,2% y la población en situación de pobreza descendió en el año 2022 a un 6,5%. Este período, con sus luces y sombras, también nos deja ciertas enseñanzas que debemos saber aquilatar. La primera, probablemente la más importante, es que cada vez que el país se alejó del recetario neoliberal, registró mejores resultados, no solo en términos de un mayor crecimiento, sino que también en la efectividad de la mitigación o superación de los efectos de las crisis importadas sobre la economía y la sociedad. La segunda enseñanza, refiere a que la entrada a la fase más aguda de rendimientos decrecientes, esto es, desde el 2014 en adelante, estaría dando cuenta de un agotamiento inevitable de la estrategia seguida hasta entonces. En consecuencia, el momento actual nos obliga a repensar y reformular nuestra estrategia de desarrollo. Desde una perspectiva progresista, existen diversos elementos clave que deben considerarse para orientar un nuevo camino a seguir. Entre ellos destacan los siguientes: i) Asignarle al Estado un rol más activo en la economía apoyado mediante una planificación indicativa que nos permita reconocer y potenciar aquellas áreas de actividad en donde el país posee mayores ventajas comparativas y/o competitivas. Este rol del Estado debiera privilegiar las alianzas público-privado, sin desechar que, en algunos ámbitos productivos, sea aconsejable asignarle la predominancia al Estado o al sector privado, si las características y especificidades de cada proyecto así lo aconsejan. 2) Privilegiar aquellas áreas de actividad que aporten a una mayor diversificación de la actual matriz productiva y que ofrezcan mayores oportunidades para agregar valor en términos de innovación, conocimientos y apertura de nuevos mercados. iii) las iniciativas de políticas públicas y económicas que vayan dirigidas a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las Empresas de Menor Tamaño. iv) Introducir como eje transversal de esta estrategia los objetivos de inclusividad y mayor igualdad para el conjunto de la sociedad chilena. 16 Fundación Friedrich Ebert

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III. No solo por nosotras El sesgo masculino como limitante para el desarrollo económico Trinidad Moreno S. Diciembre 2025 18 Fundación Friedrich Ebert

1. Introducción En 2013, el economista francés Thomas Piketty publicó su obra más conocida hasta el momento: El capital en el siglo XXI(Piketty, 2013). El libro fue ampliamente celebrado por economistas, científicos sociales y políticos progresistas alrededor del mundo. Paul Krugman, el aclamado economista estadounidense y ganador del premio Nobel de Economía en 2008, llegó a calificarlo como“el libro de economía más importante del año y, quizá, de la década”. El principal argumento de Piketty, con sustento en un largo y meticuloso análisis documental, propone que a lo largo del siglo pasado las tasas de rendimiento del capital(r) superaron consistentemente las tasas de crecimiento de la economía(g). Esta diferencia, resumida en la ya famosa relación r> g, habría sido, según el francés, la principal causa del sostenido aumento en la concentración de la riqueza en las economías capitalistas durante el periodo. El éxito de El capital en el siglo XXI fue avasallador: llevó a Piketty a recibir el premio Yrjö Jahnsson en 2013 y la Medalla de la Academia Británica en 2014. El libro además posicionó a su autor como uno de los economistas vivos más influyentes del mundo y transformó su obra en lectura indispensable para políticos, analistas y académicos. Sin embargo, como ocurre con toda obra de impacto, El capital en el siglo XXI no estuvo exento de críticas, varias de las cuales resonaron en círculos académicos y políticos. Un ejemplo es la de Gregory Mankiw, profesor de economía de Harvard y uno de los macroeconomistas más importantes de Estados Unidos, quien calificó la argumentación de Piketty como débil y la acusó de apoyarse más en una postura ideológica que en una base teórica sólida (Mankiw, 2015). Otra crítica que recibió atención, proveniente del ala más progresista, fue la de Acemoglu y Robinson, autores de Por qué fracasan los países, quienes reprocharon a Piketty su desatención al rol de la política, la tecnología y los conflictos sociales en el proceso de acumulación económica(Acemoglu& Robinson, 2015). Las críticas provenientes de la economía feminista recibieron mucha menos atención. Entre ellas, uno de los principales cuestionamientos apuntó a la omisión del rol del género en la configuración de la desigualdad económica (Perrons, 2014). Pero otras objeciones fueron más profundas. En particular, economistas feministas como Diane Elson criticaron uno de los supuestos centrales del modelo de Piketty: la idea de que el crecimiento demográfico es exógeno al funcionamiento de la economía(Elson, 2018). Este supuesto implica pensar la reproducción social como un fenómeno independiente del trabajo, los salarios y la acumulación. Para Elson, esta simplificación no solo carece de justificación teórica, sino que además pone en riesgo la validez de los resultados de Piketty. La crítica de Elson, sin embargo, pasó casi inadvertida. Pese a su relevancia, no ocupó el mismo espacio en el debate público ni académico, quizás porque su observación apuntaba más lejos: hacia las raíces mismas del pensamiento económico moderno. Décadas antes, Elson había advertido que la economía y las políticas de desarrollo operan con un sesgo masculino, una inclinación estructural a considerar la experiencia masculina como universal y a relegar la experiencia femenina al margen del análisis. Así, la elección teórica de Piketty no sería una excepción, sino un ejemplo más de un patrón persistente en la disciplina económica. Cuando incluso las corrientes más críticas de la economía han podido omitir la centralidad del género en la producción y distribución de la riqueza, se vuelve relevante examinar qué ocurre en los márgenes, en esos otros campos donde la promesa del desarrollo también se escribe en masculino. Tal es el caso de los estudios del desarrollo económico chileno, una corriente que rara vez ha dialogado con la economía feminista. Este ensayo busca explorar ese distanciamiento a partir del marco teórico propuesto por Diane Elson, para indagar cómo la idea misma de desarrollo puede cargarse de un sesgo que limita tanto su alcance analítico como su promesa emancipadora. El análisis revela que, incluso dentro de los enfoques progresistas del desarrollo chileno, las mujeres permanecen en los márgenes del relato. En los modelos, los textos y los casos emblemáticos, el sujeto del desarrollo sigue siendo masculino, abstracto, desprovisto de cuerpo y de límites. La literatura del desarrollo, al privilegiar nociones de productividad, empleo y crecimiento, ha heredado una mirada que asume al trabajo y la reproducción como esferas separadas. Esta separación, aparentemente técnica, es profundamente política: al situar el trabajo no remunerado fuera de la economía, también lo sitúa fuera del valor. Así, el desarrollo se concibe como un proceso que ocurre sobre las espaldas de las mujeres, sin que ellas sean reconocidas como protagonistas de su sostenimiento. La revisión de la literatura muestra, además, que las brechas de género rara vez son abordadas como un Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 19

problema estructural, sino como una consecuencia o externalidad de la desigualdad general. Incluso los proyectos más ambiciosos de transformación económica mantienen intacta la división sexual del trabajo, naturalizando la idea de que el progreso puede medirse sin mirar quién lo habita. La mayoría de estos enfoques continúa tratando el trabajo productivo y el reproductivo como esferas separadas, aunque ello implique ignorar no solo la evidencia empírica, sino también los cambios demográficos profundos y contemporáneos que cuestionan la validez de esta separación. En un país donde la fecundidad disminuye, el envejecimiento se acelera y el tiempo de cuidado se vuelve un recurso escaso, seguir pensando el desarrollo al margen de la reproducción social es insistir en modelos que han dejado de conversar con la realidad. Cuando la justicia social se limita a la distribución del ingreso y no a la redistribución del tiempo, la desigualdad de género se vuelve invisible, y con ella el costo real del desarrollo. Porque no se trata solo de nosotras. Reconocer este sesgo no es un gesto moral, sino un acto de lucidez. Nombrar las ausencias permite mirar de nuevo lo que siempre estuvo ahí: el trabajo, el tiempo y la vida de las mujeres sosteniendo el desarrollo. Solo cuando el género deje de ser una nota al pie y se convierta en parte del texto, el desarrollo podrá escribirse en plural y entenderse como un avance para todos y no solo para algunos. 20 Fundación Friedrich Ebert

2. Diane Elson y el sesgo masculino “La historia no se repite, pero rima” es una famosa frase, frecuentemente utilizada para ilustrar cómo ciertos fenómenos han aparecido en patrones cíclicos a través de la historia. Uno de estos fenómenos son los juicios errados –y, en retrospectiva, incomprensibles– en la toma de decisiones de influyentes y admirados estrategas. La aparición cíclica de estos errores de juicio a través de la historia ha sido explicada con el concepto de“sesgos cognitivos”(Tversky& Kahneman, 1974): desviaciones del pensamiento racional, donde la incapacidad para distinguir entre realidad objetiva y subjetiva nubla la eficiencia y eficacia del proceso cognitivo. Uno de los sesgos cognitivos descritos por la academia es el“sesgo de género”, por el cual se atribuyen de manera inconsciente y errada ciertas características a algún grupo a raíz de su género. El sesgo de género es descrito tanto como causa como consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la creencia –infundada pero extendida– de que los hombres son mejores líderes que las mujeres en contextos laborales ha sido usada para explicar, entre otros fenómenos, la menor cantidad de mujeres en puestos de liderazgo corporativo. A su vez, esta falta de mujeres en posiciones de liderazgo perpetúa el sesgo y dificulta su cuestionamiento y superación. En 1991, la economista británica Diane Elson editó El sesgo masculino en el proceso de desarrollo donde describió un fenómeno análogo: la tendencia, presente en los distintos niveles del desarrollo económico, a operar sistemáticamente a favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres, frecuentemente bajo la apariencia de neutralidad de género(Elson, 1991). Se trata de un fenómeno estructural que atraviesa el proceso de desarrollo en su conjunto, desde las teorías económicas que lo sustentan hasta las políticas públicas y las normas culturales que lo reproducen. La relevancia del concepto va más allá de su dimensión ética. Para Elson, el sesgo masculino no solo perpetúa la subordinación estructural de las mujeres, sino que también limita la capacidad del propio desarrollo económico al distorsionar el análisis, restringir la eficiencia de las políticas públicas y reducir el aprovechamiento del potencial productivo y social de las mujeres. Su crítica marcó un punto de inflexión al introducir el género como una variable analítica en la economía del desarrollo, pero también anticipó debates más amplios sobre justicia económica, trabajo no remunerado y políticas macroeconómicas con perspectiva de género(Elson, 2000, 2017; Elson& Sharp, 2010) Décadas más tarde, Elson aplicó esta mirada crítica al debate contemporáneo sobre desigualdad iniciado por Piketty. En su artículo“Intersections of Gender and Class in the Distribution”(2018), señaló que El capital en el siglo XXI“ignora la dimensión de género no solo por omisión temática, sino por una falla en sus supuestos estructurales” (Elson, 2018). En particular, cuestionó que Piketty asumiera un crecimiento demográfico exógeno al sistema económico, como si las decisiones sobre reproducción y cuidado fueran independientes del empleo, los salarios o el gasto público. Para Elson, esta separación carece de sustento empírico, ya que el proceso de reproducción social está intrínsecamente entrelazado con la dinámica económica. Las decisiones de las mujeres y sus familias sobre maternidad y trabajo doméstico no se toman en el vacío, sino dentro de contextos económicos donde los incentivos salariales, las políticas de cuidado y el gasto estatal influyen directamente. Así, incluso un modelo sofisticado y progresista como el de Piketty reproduce, sin advertirlo, los mismos patrones de sesgo masculino que Elson había identificado décadas antes. Lejos de haber perdido vigencia, el análisis de Elson parece hoy más relevante que nunca. La incertidumbre generada por las inéditas y persistentes bajas tasas de fertilidad en todo el mundo reabre preguntas sobre el vínculo entre reproducción social, desigualdad y sostenibilidad económica. Si el desarrollo depende de una estructura que sistemáticamente desvaloriza el cuidado y la reproducción–actividades históricamente femeninas–, entonces el sesgo masculino no es solo un problema de justicia, sino también una limitación estructural para el desarrollo económico mismo. Los estudios del desarrollo económico constituyen un campo donde el marco analítico de Elson resulta especialmente pertinente. En primer lugar, porque la literatura clásica del desarrollo, especialmente en América Latina, ha tendido a ignorar las dimensiones de género pese a sus profundas implicancias teóricas y empíricas. En segundo lugar, porque las nociones centrales del desarrollismo –productividad, trabajo, salario y valor– están definidas en términos que reproducen la división sexual del trabajo y, por ende, son vulnerables al sesgo masculino. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 21

Explorar el caso chileno permite observar cómo estas limitaciones persisten incluso en enfoques progresistas del desarrollo. Justamente con este fin, en este ensayo examino algunas de las convergencias teóricas predominantes en las propuestas de desarrollo nacional, especialmente las narrativas sobre crecimiento, industrialización y salarios, con el fin de identificar posibles formas de sesgo masculino en su formulación y aplicación. Siguiendo la pauta metodológica de Elson, la evidencia se aborda en dos vías. En primer lugar, analizo cómo la ausencia explícita de género en los análisis empíricos invisibiliza la desigualdad de género e incluso sesga el análisis sobre equidad económica. En segundo lugar, identifico instancias donde el género aparece de forma subordinada, como variable secundaria o decorativa, ocultando posibles relaciones endógenas, lo que podría llegar a limitar la validez de las conclusiones. Finalmente, se proponen algunas líneas de acción orientadas a superar el sesgo masculino en la teoría y práctica del desarrollo, con el objetivo de avanzar hacia un paradigma más inclusivo, eficiente y sostenible, no solo en beneficio de las mujeres, sino en favor de un desarrollo que permita el bienestar de todas y todos. 22 Fundación Friedrich Ebert

3. Las convergencias del desarrollismo chileno Si bien el foco de Thomas Piketty no es el desarrollo económico en el sentido clásico, su obra dialoga con la de numerosos académicos que han buscado imaginar modelos alternativos al neoliberalismo para Chile y para el Sur Global. Las corrientes más importantes –el estructuralismo latinoamericano y otras afines como el neoestructuralismo y el institucionalismo–, coinciden en que alcanzar el desarrollo no consiste únicamente en lograr un aumento sostenido del producto, sino en transformar de manera profunda la estructura productiva. Desde esta perspectiva, la desigualdad, la precariedad laboral y la dependencia externa no se resuelven con crecimiento agregado: requieren un cambio deliberado en la forma en que se organiza la producción, se distribuye la riqueza y se define la inserción internacional. En este marco, la mayoría de los autores destacan la urgencia por superar el extractivismo, diversificar la matriz productiva, aumentar el valor agregado y avanzar hacia una industrialización sustentable. Comparten así una crítica al neoliberalismo, cuya implementación ha perjudicado el crecimiento económico y limitado la convergencia hacia los niveles de ingreso de países desarrollados (Briceño Ruiz, 2024; Di Filippo, 2009; Foxley, 1993, 2016; Infante B.& Sunkel, 2009; Martner F., 2007; Martner, 1999; Mayol& Ahumada, 2015; Petersen et al., 2019; Solimano& Zapata-Román, 2019, 2024; Torres& Ahumada, 2022). El objetivo de sus propuestas es construir una economía menos dependiente, capaz de resistir shocks externos, donde el empleo formal, estable y con salarios suficientes sea la norma. Estas propuestas se apoyan en marcos analíticos que dialogan con los modelos dominantes. Un caso emblemático es el modelo de Solow, piedra angular de la economía neoclásica del crecimiento. Allí, el desarrollo depende de acumulación de capital, progreso técnico y crecimiento demográfico. Sin embargo, tanto la tecnología como la demografía se tratan como variables externas al modelo, condiciones dadas e independientes de la dinámica económica(Solow, 1956). En estos modelos la innovación aparece como flujo externo, y el crecimiento poblacional se asume como una tasa estable que garantiza mano de obra. Frente a esta visión, el estructuralismo latinoamericano propuso otra lectura. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), economistas como Raúl Prebisch subrayaron que la tecnología no se difunde homogéneamente, sino de manera concentrada en el centro y de forma subordinada en la periferia. La demografía tampoco es neutra: el rápido crecimiento poblacional y la mecanización agrícola liberaban mano de obra que, sin industrialización, derivaba en desempleo. Así, la transformación productiva debía pensarse en relación con el contexto histórico y las estructuras de poder que moldean la economía mundial(Bielschowsky, 2009; Briceño Ruiz, 2024; Di Filippo, 2009). La crítica a los modelos ahistóricos se refleja en la noción de centro y periferia desarrollada por la CEPAL. Aunque el término haya perdido notoriedad, su lógica mantiene vigencia: el desarrollo no es un proceso universal, sino resultado de posiciones estructuralmente desiguales. Esta perspectiva conecta con el institucionalismo, que muestra que las trayectorias de convergencia hacia altos ingresos dependieron de instituciones sólidas y de políticas públicas activas(Acemoglu& Robinson, 2013, 2019). En una línea similar, el economista surcoreano Ha-Joon Chang, sumamente influyente en el desarrollismo contemporáneo chileno, ha argumentado que los países industrializados recurrieron a políticas proteccionistas antes de recomendar la liberalización a otros(Chang, 2007). El contraste queda así en evidencia: mientras la economía neoclásica enfatiza disciplina macroeconómica, apertura comercial y acumulación de capital humano como fórmulas universales para el desarrollo, las corrientes desarrollistas en cambio plantean trayectorias coyunturales, marcadas por realidades históricas, instituciones y decisiones políticas. Los primeros conciben el crecimiento como proceso homogéneo; los segundos, como una experiencia situada y conflictiva. En este escenario, los estudios de caso cumplen un papel central como contrapunto a las visiones universales. No se plantean desde el desarrollismo como recetas, sino como forma aprender de experiencias históricas donde se transitó desde posiciones de desventaja hacia estructuras económicas más sólidas. La experiencia de Corea del Sur suele presentarse como paradigmática(Chang, 2006; García-Quero& Ahumada, 2017; Mella Lobos et al., 2025; Petersen et al., 2019). En apenas medio siglo, el país pasó de ser un territorio agrario devastado por la guerra a una economía industrializada y diversificada. Este proceso se sostuvo en la planificación estatal, en la inversión sostenida en educación, en la protección de sectores estratégicos y en la creación de conglomerados industriales que articularon la innovación tecnológica con la expansión de Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 23

mercados. El resultado fue una diversificación acelerada de la matriz productiva y la transformación de un país periférico en una economía con niveles de ingreso propios de los países desarrollados. En una clave distinta, los países nórdicos se han convertido también en referencia para algunos autores quienes destacan cómo la experiencia nórdica demuestra que es posible combinar competitividad con igualdad social. Allí, el Estado asumió un papel protagónico no solo como garante de derechos universales en educación, salud y pensiones, sino también como promotor de mercados laborales regulados y formales articulados por la negociación colectiva. El bienestar se entendió como un derecho y no como un residuo del crecimiento. En estas experiencias, la cohesión social y la igualdad no se conceptualizan como el resultado de fuerzas espontáneas, sino de la acción deliberada del Estado y de pactos sociales que buscaron equilibrar competitividad con inclusión(Ahumada et al., 2022; Ahumada, 2021; Álvarez et al., 2022; Ducoing et al., 2018). 24 Fundación Friedrich Ebert

4. ¿Y las mujeres? El sesgo masculino en el estudio de caso A pesar de ser propuestas con una clara raíz humanista, donde se comparte como objetivo la búsqueda de una distribución más equitativa de los recursos, el sesgo masculino en los postulados más frecuentes en la literatura del desarrollo económico chileno es evidente. Se manifiesta en distintos niveles: a veces de manera sutil y otras de forma explícita. Entre estas últimas, una de las más claras sería la visión del desarrollo como proceso ciego al género, como si los países, sus instituciones y sus trayectorias económicas pudieran describirse sin considerar que los sujetos económicos tienen género y que la distribución de poder entre hombres y mujeres es determinante para los resultados. Esta omisión permite, ciertamente, una descripción más estilizada de la realidad. Sin embargo, su carácter de sesgo se revela en lo que implica: la inequidad de género opera de manera externa al sistema económico. Sostener esta independencia significa así omitir una larga y consistente literatura que ha mostrado la existencia de roles productivos diferenciados, de brechas de género en salarios, de una subrepresentación de las mujeres en sectores de mayor retorno económico y de numerosas limitantes de acceso a empleos de calidad para las mujeres. Bajo estas condiciones, del mismo modo que un alto PIB per cápita pierde representatividad si se ignora la distribución del ingreso, evaluar supuestos“éxitos” productivos sin atender a las brechas de participación y salario por género puede invisibilizar desigualdades centrales en la experiencia social del desarrollo. La omisión se vuelve aún más difícil de justificar si se considera que tanto los enfoques estructuralistas fundacionales como escuelas más contemporáneas han situado la desigualdad de ingreso en el centro de sus diagnósticos (Acemoğlu& Robinson, 2013; Infante B.& Sunkel, 2009; Mayol& Ahumada, 2015; Petersen et al., 2019). Si la pobreza y la desigualdad son concebidas como obstáculos al desarrollo, y su superación como un objetivo central, resulta incoherente que las brechas entre hombres y mujeres en materia económica reciban un tratamiento marginal, pese a su amplia documentación. Lo que emerge, entonces, no parece ser una omisión racional, sino la expresión de un sesgo masculino persistente que naturaliza estas asimetrías y las relega como si no fueran parte del problema del desarrollo. Una de las consecuencias del sesgo masculino por omisión es especialmente relevante y se hace visible en la caracterización de éxito implícita en los estudios de caso. Cuando el éxito se mide a través de indicadores observados como “ciegos” al género, resulta factible –e incluso esperable– que se valore positivamente a países y sociedades donde el acceso al desarrollo buscado ha sido sumamente desigual. Corea del Sur funciona como ejemplo ilustrativo de este punto. Entre 1960 y 2000, su ingreso per cápita se multiplicó más de diez veces, con tasas anuales cercanas al 7%, pasando de niveles similares a Ghana a alcanzar hoy un PIB per cápita comparable al de países como España o Italia (Chang, 2006). El llamado“milagro coreano” habría supuesto alzas sostenidas del PIB y mejoras sociales en múltiples dimensiones: reducción drástica de la pobreza, universalización de la educación y logros sanitarios equiparables a los de Europa. Sin embargo, esos avances coexisten con marcadas desigualdades de género en los planos cultural, económico, social y político. En el Global Gender Gap Report 2024, Corea del Sur ocupó el puesto 94 de(World Economic Forum, 2024). Según la OCDE(2025), la brecha salarial se situó en 2023 en torno al 29%, la más alta entre los países de ingresos alto(OECD, 2025). El Gender Social Norms Index del PNUD reveló además en 2023 que cerca del 90% de los hombres coreanos exhiben sesgos de género, y que esta cifra, en vez de disminuir, había aumentado respecto al período 2010-2014(United Nations Development Programme, 2023). Los indicadores globales van acompañados en dinámicas internas ampliamente documentadas. En el mercado laboral surcoreano las mujeres enfrentan segregación ocupacional, subrepresentación en posiciones directivas y discriminación en ascensos, reforzada por estereotipos que asocian liderazgo y autoridad con lo masculino y lo femenino con el trabajo doméstico y de cuidados(Kwon& Doellgast, 2018; Sabitkyzy, 2023). Además, el mercado dualizado coreano, dividido entre empleos protegidos y precarios, sitúa a las mujeres de manera desproporcionada en el segundo grupo, aumentando la inestabilidad de sus trayectorias profesionales. La discriminación se extiende también al ámbito de la contratación. Casos documentados revelan prácticas explícitas de manipulación de procesos para excluir a mujeres de empleos de calidad, incluso en sectores regulados(C. Kim& Oh, 2022). Así, aun cuando logran insertarse en empresas grandes o en el sector público, las mujeres enfrentan barreras adicionales, Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 25

y aunque sus incrementos salariales puedan ser similares al de los hombres, sus probabilidades de promoción son menores Estas desigualdades se entrelazan con fenómenos de sobre calificación, donde muchas mujeres altamente formadas terminan en trabajos por debajo de su nivel educativo, en parte por la escasez de empleos de calidad creados por los conglomerados industriales como por las prácticas de discriminación(Ahmed Lahsen et al., 2024; C. Kim& Shin, 2024). Este desajuste tiene efectos sobre su bienestar subjetivo: a pesar de su mayor nivel educativo, las mujeres mantienen expectativas de retorno económico sistemáticamente más bajas, lo que atenúa la brecha con sus pares hombres a costa de una normalización de la desigualdad de oportunidades(Ahmed Lahsen et al., 2024). La discriminación también se manifiesta en fenómenos como el acoso sexual laboral. Una encuesta nacional a proveedores de servicios de salud mostró que 28,1% de las mujeres reportaron acoso en el último año, frente a 5,6% de los hombres; la experiencia de acoso está asociada a síntomas depresivos, lo que refuerza que la violencia de género en el trabajo no es solo un problema cultural, sino de salud pública(Yoo et al., 2019). A estas desigualdades se suman diferencias en salud y bienestar. Estudios comparativos muestran que las mujeres surcoreanas tienen un riesgo significativamente mayor que los hombres de reportar mala salud auto percibida, un patrón poco común a nivel internacional(S. Y. Lee et al., 2016). La persistente desigualdad en el trabajo no remunerado agrava este panorama: pese a altos niveles educativos y a una creciente participación laboral, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado(Park et al., 2022; Ryu& Kim, 2021). La escasa corresponsabilidad masculina y las limitadas políticas de conciliación generan sobrecarga, con efectos sobre su salud física y mental. Más allá del ámbito laboral, la inequidad se proyecta en la esfera privada y cultural. En Corea del Sur, los valores confucianos han dificultado históricamente el reconocimiento de la violencia doméstica como problema social, tratándola como un asunto familiar y no como una violación de derechos humanos(Ryu& Kim, 2021). A pesar de reformas legales desde los noventa, la resistencia cultural limita su implementación efectiva, y la incidencia de la violencia de género en la pareja sigue siendo en Corea más alta que en países de ingresos similares(C. Kim & Ferraresso, 2022; J. Y. Kim et al., 2016). Asimismo, aunque Corea presenta bajas tasas generales de homicidio, es uno de los pocos países donde las mujeres superan el 50 % de las víctimas(Lu et al., 2023), lo que podría reflejar cómo, incluso en un contexto de baja violencia general, la violencia letal contra las mujeres en Corea es un problema persistente y poco discutido. 26 Fundación Friedrich Ebert

5. El sesgo masculino como violencia simbólica Lo anterior ha mostrado cómo, en el proceso de desarrollo económico caracterizado cómo exitoso, las mujeres pueden quedar profundamente relegadas. Corea del Sur ilustra con particular claridad esta contradicción: en apenas medio siglo pasó de ser un país agrario devastado por la guerra a una economía industrializada con altos niveles de ingreso. Sin embargo, ese crecimiento coexiste con una profunda desigualdad de género, lo que pone en entredicho la caracterización de éxito de una sociedad donde el desarrollo ha convivido –e incluso tolerado– normas de género rígidas, prácticas de discriminación y una violencia sexista que continúa siendo normalizada. Más llamativo aún es que, en el plano político, estas desigualdades no aparecen como prioridad. Por el contrario, en los últimos años el antifeminismo se ha consolidado como fuerza social y electoral. La elección de Yoon Suk-yeol en 2022 se sostuvo en gran medida en hombres jóvenes movilizados por un discurso explícitamente hostil al feminismo. Una de sus promesas centrales fue eliminar el Ministerio de Igualdad de Género, medida difícil de interpretar como modernización en un país que combina la mayor brecha salarial de la OCDE con graves problemas de violencia contra las mujeres. En lugar de reforzar la institución encargada de enfrentar estos desafíos, se optó por suprimirla(Manek, 2023). Esta decisión sugiere que el sesgo masculino podría no solo empobrecer el análisis de los procesos de desarrollo, sino también operar como mecanismo de relegación política de las mujeres: en la caracterización de Corea como un caso de éxito, las desigualdades de género pasan a un segundo plano y dejan de ser percibidas como problemas urgentes. La hostilidad antifeminista contemporánea no parece ser un fenómeno marginal, sino uno normalizado en la esfera pública y digital. Figuras feministas reciben amenazas, insultos y campañas de desprestigio(J. Kim, 2023), lo que genera un clima de intimidación que desalienta la participación política de las mujeres. Este escenario se ha entendido como parte de un backlash frente a los avances de las mujeres, en el cual se han difundido discursos de victimización masculina. Investigaciones recientes describen la expansión de un“sexismo moderno” que niega la existencia de discriminación contra las mujeres y presenta las políticas de igualdad como privilegios injustos(S. C. Lee, 2024). En este contexto de persistente inequidad de género y una documentada discriminación sistémica en contra las mujeres, el sesgo masculino que celebra la trayectoria económica de Corea del Sur al tiempo que ignora estas realidades, puede mostrar una segunda arista aún más problemática. Porque la omisión de la inequidad de género en una caracterización de éxito no solo perpetúa la idea de que el éxito económico como un fin de mayor relevancia, aun cuando las mujeres tengan poco acceso a este. También podría funcionar como herramienta de violencia simbólica, imponiendo valores, normas y percepciones del grupo dominante como las legítimas y naturales(Bourdieu & Kauf, 1999; Bourdieu& Wacquant, 2008). Esto no implica intencionalidad, pues el sesgo de masculino –como todo sesgo cognitivo– es inconsciente. Pero la intencionalidad no es necesaria para el ejercicio de la violencia simbólica. Su carácter de violencia no proviene de la intención del que la ejerce, sino que de su utilidad como una herramienta de control, legitimización y perpetuación del orden establecido. Si el sesgo de género se entiende no solo como una consecuencia de la inequidad, sino también como una herramienta que la reproduce, entonces no sorprende que la inclusión en el análisis de indicadores de igualdad generados por organismos internacionales pueda resultar no solo insuficiente, sino incluso obstaculizar la generación de soluciones efectivas y de largo plazo al problema. Esto se ha observado en países como Suecia, Noruega y Dinamarca, donde diversas académicas han llamado a replantearse el uso de indicares como el Gender Equality Index de la Unión Europea que, según su percepción, ocultan la profundidad del problema y la extensión de sus consecuencias, al construirse con métricas que ocultan formas de opresión estructurales como lo son la incidencia de la violencia de género(Strid et al., 2023). Esto se ha aplicado incluso para explicar la llamada “paradoja nórdica”, que describe cómo, a pesar de ubicarse de manera consistente en los primeros lugares de los índices internacionales, estos países presentan tasas de violencia de pareja y de acoso sexual significativamente más altas que la media europea. 1 Estudios han mostrado que la narrativa colectiva de una nación igualitaria podría no solo invisibilizar estas formas de violencia, sino también dificultar que las víctimas reconozcan y verbalicen sus 1 Según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mientras que el promedio de la UE es de 22% de mujeres que reportan haber sufrido violencia de pareja en algún momento de su vida, las cifras en los países nórdicos alcanzan 28% en Suecia, 30% en Finlandia y 32% en Dinamarca. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 27

experiencias, al percibirse como casos aislados y no como consecuencias de fenómenos estructurales(Ali et al., 2023; Gracia& Merlo, 2016; Wemrell et al., 2020, 2022). Los paralelismos en los análisis de Corea del Sur y países nórdicos evidencian el sesgo masculino como un fenómeno habitual y fundacional. Este sesgo no se revela solamente en la exclusión de las mujeres de los modelos o en la omisión de desigualdades específicas; también puede construirse a través de narrativas de éxito que relegan activamente los problemas de género, tanto en contextos de rápido crecimiento económico como en sociedades de bienestar avanzado. En ambos casos se observa cómo el sesgo podría incluso funcionar como herramienta de violencia simbólica. Cuando la caracterización de éxito no considera la complejidad del fenómeno de la opresión de la mujer, funciona como una máscara política que presenta como admirables procesos que, en realidad, han mantenido a las mujeres en una posición de vulnerabilidad. Reconocer este punto no significa negar los avances económicos o sociales de estas naciones. Más bien, subraya la complejidad y las consecuencias del sesgo de género y muestra que, mientras el género siga tratado como un aspecto secundario, los diagnósticos y las políticas de desarrollo permanecerán incompletos y sus desafíos serán más difíciles de alcanzar. 28 Fundación Friedrich Ebert

6. El problema del crecimiento poblacional exógeno El sesgo masculino que se expresa en la omisión de la inequidad de género es quizás el más documentado y el más intuitivo. Corregirlo no requiere necesariamente una reformulación estructural de los modelos actualmente utilizados, ni mucho menos una revisión profunda de lo que se entiende por desarrollo económico. Sin embargo, existe otra dimensión del sesgo masculino que está más enraizada, es más profunda y todavía es poco discutida. Este sesgo“oculto” se expresa, por ejemplo, cuando se recurre a la figura de un trabajador en teoría representativo, pero que difícilmente describe el ciclo de vida y las limitantes estructurales que enfrentan las mujeres como sujetos económicos. Esto se manifiesta en que, en la mayoría de los modelos y teorías en las que convergen los economistas del desarrollo chileno –tal como en el propuesto por Piketty–, la reproducción social se asume como exógena al funcionamiento del modelo económico. Esto podría entenderse como una extensión del problema de invisibilizar el trabajo no remunerado, pero resulta aún más problemático porque, a diferencia de algunas actividades no remuneradas domésticas y de cuidado, el trabajo reproductivo no tiene sustitutos en el mercado. Omitirlo en los modelos implica que ni siquiera se estén usando supuestos sesgados sobre el fenómeno: simplemente se lo elimina. En el caso de los modelos de desarrollo inter temporales, equivale a considerar un flujo de trabajadores determinado de manera independiente a los parámetros del sistema. Fuera de considerarse relevantes, el crecimiento demográfico es en los modelos uno de los determinantes más claros del crecimiento económico. Sin embargo, estos trabajadores siguen apareciendo de manera automática, en cada periodo, de manera espontánea. Este supuesto, que evidentemente resulta necesario justificar, se entendía hasta hace poco como uno razonable, asumiéndose la posibilidad hipotética de movimientos migratorios masivos. Sin embargo, el descenso de la fertilidad es hoy un fenómeno global, que afecta tanto a países con altos niveles de desarrollo como a economías emergentes, donde la caída en nacimientos, absoluta y relativa, ha sido drástica y sin precedentes: si bien en 1950 el promedio mundial era de 4,84 hijos por mujer, en 2021 esta cifra se había reducido a 2,23, es decir, menos de la mitad en apenas setenta años(Naciones Unidas, 2025). La sostenida disminución en la tasa de fecundidad se ha observado incluso en regiones con tasas históricamente muy por encima al reemplazo. 2 Por ejemplo en África subsahariana, aun cuando el cambio ha sido más lento que en otras regiones, la transformación sigue siendo notable. En 1950, las mujeres de la región tenían en promedio casi 7 hijos; en 2021 la cifra había descendido a 4,3(Naciones Unidas, 2025). Aunque la región todavía conserva la tasa de fertilidad más alta del mundo, esta disminución en pocas décadas refleja que la tendencia descendente es universal, incluso en los contextos históricamente más prolíficos. Países desarrollados con altos índices de igualdad de género y que por décadas habían mantenido tasas de fertilidad cercanas o por encima del reemplazo poblacional han también registrado caídas pronunciadas y sostenidas en los últimos años. En el caso sueco, por ejemplo, se observa que el descenso de la década de 2010 se concentró en los nacimientos de primer hijo, sin grandes diferencias por origen migratorio o región de residencia(Ohlsson-Wijk& Andersson, 2022). Países fuera de África que históricamente han concentrado gran parte de la población mundial también han visto cambios dramáticos en su fertilidad. En India, el país más poblado del mundo en la actualidad, la tasa de fertilidad ha bajado drásticamente en las últimas décadas, de 5,6 en 1971 a 2,0 en 2023, lo que la ubica por debajo de la tasa de reemplazo poblacional(Naciones Unidas, 2025). Bangladesh es otro ejemplo: con una tasa global de fecundidad de 5,5 hijos por mujer en 1985, ya en 2017 había llegado a 2,2. Esta es una de las caídas más rápidas documentadas en un país de bajos ingresos, comparable en velocidad a la de naciones mucho más desarrolladas. Asimismo, se ha observado cómo algunos países en desarrollo están mostrando caídas en su tasa de fertilidad que no se corresponden con su nivel de crecimiento, siendo aún más bajas que la de países desarrollados. Brasil, el país más poblado de Latinoamérica, tiene una tasa general de fecundidad bajo el reemplazo desde 2001, llegando actualmente a solo 1,6. Por su parte México, el país hispanohablante más poblado del mundo, muestra tasas generales de fecundidad bajo el reemplazo desde 2015, con la última cifra disponible alcanzando solo 1,9. La tendencia se observa y es aún más dramática en los países con mayor PIB per cápita de la región. Chile pasó de una 2 La tasa de reemplazo se considera generalmente de 2,1 hijos por mujer(Urquidi, 2005). Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 29

tasa de fertilidad que llegó a un máximo de 4,7 en 1962 a una tasa de 1,25 en 2022, y se encuentra bajo la tasa de reemplazo desde 1998(Naciones Unidas, 2025). Hasta ahora, la demografía ha sido incapaz de entregar una respuesta única a la baja fertilidad. Una de las explicaciones más utilizadas proviene del ámbito económico: el aumento sostenido de los costes de vivienda, educación y crianza ha elevado de manera significativa el costo de oportunidad de tener hijos, especialmente en países de ingresos altos(Bloom et al., 2025). Sin embargo, aun reconociendo la centralidad de estos factores materiales, la evidencia muestra que los incentivos económicos por sí solos no han sido suficientes para revertir la tendencia. Los casos de Japón y Taiwán ilustran cómo, a pesar de programas de conciliación y subsidios a la crianza, las tasas de fertilidad siguen desplomándose porque estas políticas no logran transformar las estructuras de género en el hogar ni en el trabajo(Raymo et al., 2015). Esto evidencia que las estrategias centradas únicamente en transferencias monetarias o beneficios fiscales difícilmente reviertan el descenso si no se acompañan de cambios institucionales y culturales profundos. Los costos económicos son decisivos, pero se entrelazan con desigualdades de género que amplifican el rechazo femenino al matrimonio y la maternidad en contextos patriarcales(Cho et al., 2015). 30 Fundación Friedrich Ebert

7. El problema del sesgo(y el sesgo sobre el sesgo) La dificultad para identificar causas únicas y la ausencia de un precedente histórico comparable complican la tarea de proyectar un nuevo equilibrio demográfico. Sin embargo, el fenómeno de la baja fertilidad ya ha tenido efectos poblacionales de importante magnitud. Naciones Unidas, que hasta 2022 estimaba que la población global alcanzaría los 10,9 billones pasado el 2100, tuvo que corregir sus estimaciones, adelantando el peak poblacional a 2086 y disminuyendo el numero a 10,4 billones(United Nations, 2022). Dos años después, volvió a ajustar sus pronósticos, cambiando el peak poblacional a 10,3 billones a mediados de 2080 y a solo 10,2 billones en el año 2100(Naciones Unidas, 2025). En este contexto, la desconexión entre la evidencia empírica y una parte importante de la academia –y en particular la de desarrollo económico–, resulta no solo irracional, sino también preocupante. Utilizar supuestos libres de sesgos es fundamental para la solidez empírica de los modelos, no solo en el desarrollo económico sino para todas las ciencias sociales. Esto no solo es relevante para el grupo particular afectado por el sesgo: también importa para quienes se ven favorecidos por supuestos distorsionados. De hecho, considerando que son aquellos en la posición de privilegio los que formulan y toman las decisiones de política, son justamente ellos quienes más podrían perder por causa de los sesgos. En este sentido, la falta discusión sobre la sensibilidad de los modelos de desarrollo a supuestos demográficos alternativos –pero más realistas– resulta especialmente paradójica. Una posible explicación a esta paradoja es el fenómeno denominado“sesgo de género sobre el sesgo de género”: los trabajos académicos que describen y problematizan el sesgo de género son menos publicados, menos citados y son peor evaluados por sus pares(Cislak et al., 2018; Handley et al., 2015). Además, el sesgo de género es particularmente problemático por su capacidad intrínseca de fortalecerse con en el tiempo, pues su superación requiere la voluntad de reconocerlo, especialmente por parte de los grupos privilegiados que más se benefician de su reproducción. Se desconoce si Diane Elson, al publicar en 1993 El sesgo masculino en el proceso de desarrollo, anticipó que los fenómenos demográficos contemporáneos evidenciarían la relevancia de su tesis respecto a las consecuencias de los sesgos de género, y que harían de su análisis una herramienta útil para interpretar y evaluar las consecuencias de la falta de respuestas de la academia. Tampoco si habría previsto que, a menos de diez años de su análisis de El capital en el siglo XXI, supuestos demográficos como los usados por Piketty difícilmente podrían ser utilizados sin una justificación de su factibilidad empírica. El aporte de Diane Elson permite comprender que la omisión del género –ya sea en la falta de un análisis particular sobre las mujeres o en los supuestos de investigación–, resulta profundamente dañina para las teorías sociales, incluido el desarrollo económico. Asimismo, evidencia una falta de rigurosidad para evaluarlos críticamente. En el caso demográfico, por ejemplo, implica evaluar a priori hasta qué punto los supuestos se basan en la evidencia observable y no en creencias sexistas sistemáticas. Más específicamente, una primera reflexión para el desarrollismo podría ser sobre hasta qué punto los supuestos demográficos que utilizan –explícitos o implícitos– descansan en la idea de que, mientras existan mujeres, la reproducción social está asegurada. La actual ausencia de una reflexión en esta dirección hace más probable que existe un“sesgo sobre el sesgo”. Esta sería una(falta de) respuesta sumamente irracional, considerando que los datos muestran, año a año, una caída en la fecundidad que no solo se profundiza, sino que en muchos casos se acelera. Reflexionar sobre porqué se han aceptado y usado modelos que podrían no ser sostenibles bajo crecimientos poblacionales negativos no tiene solo el objetivo de generar modelos más inclusivos. Tiene también como objetivo contar con modelos que se alineen con la realidad. Esto no implica desechar por completo los marcos teóricos existentes; por el contrario, es indudable que su aporte podría ser crucial para generar hipótesis sobre los factores económicos y sociales detrás del cambio demográfico actual y sus consecuencias. El desarrollo económico no aporta solo propuestas técnicas: es también un campo político y simbólico. Reconocer que incluso los modelos de desarrollo progresistas, a pesar de sus promesas de justicia social, siguen arrastrando un marco que reproduce las jerarquías patriarcales de valor no implica desestimar ni a la obra ni a sus autores. Significa, más bien, aceptar que para que haya una verdadera transformación, el género no puede ser un apéndice ni un agregado, sino un eje estructurante del análisis y del diseño de políticas. Esto supone cuestionar no solo qué se Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 31

produce y cómo, sino también qué vidas se sostienen, a qué costo, y para beneficio de quién. Como plantearon Elson y muchas otras economistas feministas, incorporar este enfoque no es solamente para pensar un desarrollo que no se sostenga sobre la sobrecarga silenciosa de más de la mitad de la población. Es también porque solo así se puede pensar un desarrollo que sea democrático, inclusivo y, sobre todo, factible. También es imposible saber cómo sería el panorama actual, tanto a nivel económico, social y demográfico, sería distinto si la reproducción social se hubiera estudiado como factor endógeno en el funcionamiento del sistema, o si, de manera más general, el sesgo masculino hubiera recibido más atención. Sin embargo, ahora es prioritario mantener una visión propositiva. Dado que la fertilidad es un fenómeno profundamente atravesado por el género, debe considerarse la amenaza del surgimiento de discursos alarmistas que dificulten una discusión democrática sobre la reproducción social. En este contexto, una academia económica activa en la investigación y en la elaboración de políticas es necesaria para lograr que los cambios demográficos se transformen en una oportunidad: la oportunidad de situar el trabajo no remunerado en general, y de la reproducción social en particular, como elementos necesarios, estructurales e históricamente invisibilizados en la generación de valor. 32 Fundación Friedrich Ebert

8. Propuestas para el futuro El feminismo ofrece herramientas esenciales para que un proyecto de desarrollo económico progresista incorpore en sus análisis no solo la reproducción social como un fenómeno endógeno, sino también las problemáticas y brechas que enfrentan las mujeres. A continuación, se presentan algunas propuestas: a. Estudio de la fertilidad con perspectiva feminista. Es fundamental abordar la caída de la fertilidad desde una mirada feminista y basada en evidencia empírica. En el caso de Chile, una opción concreta sería la creación de una comisión nacional para el estudio de la fertilidad y reproducción social, encargada de estudiar, debatir y proponer políticas públicas. Existen antecedentes exitosos, como la “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”(2014), compuesta por expertos nacionales e internacionales, que combinó análisis técnico con participación de la sociedad civil. b. Reconocimiento coordinado del trabajo no remunerado a nivel académico y político. La academia económica y la política pública deben dejar de tratar el trabajo doméstico y de cuidados como un fenómeno ajeno a la actividad productiva. Aunque distinto del empleo formal, este trabajo genera valor y es imprescindible: sin cuidado no hay fuerza de trabajo; sin crianza no hay generaciones futuras; sin alimentación, limpieza y afecto no hay sostenimiento de la vida. No obstante, al quedar fuera de la noción de productividad, queda también fuera del modelo de desarrollo. Contar con una definición seria y consensuada de qué entendemos por trabajo es una deuda urgente, ya que los discursos divergentes siguen generando incoherencias en la política pública. Por ello, es fundamental que el reconocimiento del trabajo no remunerado ocurra de manera coordinada tanto en el diseño de políticas como en la producción académica. De poco serviría que las universidades avancen en integrar el cuidado como parte central de la economía si, al mismo tiempo, las políticas públicas continúan restringiendo la noción de trabajo únicamente a la actividad remunerada en el mercado. c. Reformulación de los modelos económicos. Como advierte Diane Elson, uno de los errores de la economía dominante –incluidas sus corrientes heterodoxas– es asumir que la reproducción social ocurre de manera automática. Este supuesto refleja un sesgo masculino que debilita la validez de sus análisis. No basta con reconocer que la acumulación de capital es un problema estructural, como plantea Piketty, o que se requiere diversificar la producción, como enfatizan economistas del desarrollo. Es indispensable incorporar explícitamente el trabajo reproductivo y las normas sociales en los modelos económicos, porque son determinantes en el sostenimiento del sistema. d. Políticas públicas que reconozcan la existencia de discriminación sistémica en el mercado laboral. Muchas mujeres no acceden a empleos de calidad porque ya están trabajando intensamente en el ámbito doméstico o deben aceptar empleos precarios, informales y mal remunerados para compatibilizar el cuidado. El mandato del“empleo pleno” como único camino al bienestar resulta excluyente y penaliza a quienes no pueden adaptarse a ese ideal masculino. Reconocer la centralidad del cuidado implica repensar las políticas laborales, de protección social y de conciliación. e. Revisión de los sistemas contables nacionales. Como señaló Marilyn Waring en su libro Si las mujeres contaran, los sistemas estadísticos y el propio PIB ignoran el trabajo no remunerado, tratándolo como inexistente. Esta omisión naturaliza una idea sesgada de productividad que vuelve invisible el sostén cotidiano de la vida humana. Corregir este sesgo requiere incorporar el cuidado y el trabajo doméstico en las cuentas nacionales, lo que permitiría diseñar políticas económicas coherentes con la realidad social. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 33

f. Reconocer el carácter político del desarrollo que incorpore la inequidad de género de manera estructural. El desarrollo económico no es solo un proyecto técnico, sino también político y simbólico. Quién cuenta como sujeto del desarrollo, qué actividades se consideran productivas, cómo se distribuyen beneficios y costos: todas son preguntas atravesadas por el género. Los modelos progresistas chilenos, a pesar de su énfasis en la justicia social, siguen replicando marcos que refuerzan jerarquías patriarcales de valor. Para una verdadera transformación, el género no puede ser un agregado ni un apéndice, sino un principio estructurante. Ello exige cuestionar no solo qué se produce y cómo, sino también qué vidas se sostienen, a qué costo y en beneficio de quién. Como plantearon Elson, Waring y otras economistas feministas del Sur y del Norte, necesitamos contabilizar lo históricamente desestimado. Solo así será posible imaginar un desarrollo que no dependa de la sobrecarga silenciosa sobre la mitad de la población. 34 Fundación Friedrich Ebert

9. Conclusión El presente ensayo muestra primero cómo el sesgo en el desarrollo es un fenómeno que se puede observar en dimensiones distintas y cómo en todos los casos, produce efectos negativos para la sociedad. Es, además, un llamado a mirar aquello que los indicadores dejan fuera y a revisar los supuestos que los modelos dan por sentados. Si el desarrollo aspira a ser un proyecto democrático, debe reconocer que la reproducción social y el trabajo reproductivo no son márgenes de la economía, sino su condición de posibilidad. Solo cuando el género deje de ser un apéndice y se convierte en principio organizador del análisis, la medición y la política, podremos hablar de transformaciones que no se construyan sobre la fatiga invisible de las mujeres. En este ejercicio, los aportes de académicas como Diane Elson han sido fundamentales. Además de El sesgo masculino en el proceso de desarrollo, su propuesta de las“3R”(Reconocer, Reducir y Redistribuir el trabajo no remunerado) sigue siendo una herramienta decisiva en un campo donde la academia y la política pública a menudo se detienen en el diagnóstico, sin avanzar hacia propuestas concretas. Al mismo tiempo, este análisis invita a reflexionar sobre un posible“sesgo sobre el sesgo”: la difusión relativamente limitada de sus ideas, a pesar de su originalidad y alcance, ilustra cómo el género puede influir no solo en los objetos de estudio, sino también en el reconocimiento de quienes piensan alternativas. Retomar sus planteamientos aquí no es solo un gesto de justicia intelectual, sino también un recordatorio de que corregir estos sesgos es una tarea urgente para construir marcos de desarrollo más justos, robustos y democráticos. Ideas para avanzar a una nueva estrategia de desarrollo 35

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Autores Mauricio Jelvez. Ingeniero Comercial, UACH. Estudios de doctorado en ESADE, Barcelona. Tesis doctoral en economía del desarrollo. Diplomado en Reingeniería de Procesos de Negocios. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, UCh. Diplomado en Historia del Arte, PUCV. Se ha especializado en economía del desarrollo productivo, PYMES y Sistema Financiero. Se ha desempeñado como consultor de la OIT, BID y PNUD; académico del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, USACH. Ex Subsecretario del Trabajo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Coordinador del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Autor del libro Chile: un camino al desarrollo integral. El valor para cambiar u la paciencia para prosperar. Osvaldo Rosales V. Economista de la Universidad de Chile y magíster en Economía. Fue docente en Cepal-Ilpes en temas de política económica, desarrollo económico y relaciones económicas internacionales en varios países latinoamericanos, asesor regional en la Secretaría Ejecutiva y director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal. En 2000 el ex presidente Lagos lo nombró director general de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, en cuya gestión encabezó las negociaciones de acuerdos de libre comercio de Chile con la Unión Europea, EE. UU., Corea del Sur y la Asociación Europea de Libre Comercio; también inició las conversaciones para un acuerdo con China. Ha sido docente, conferencista y asesor de gobiernos en China, Corea del Sur, Egipto, Malasia, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y Suecia. Es uno de los fundadores en Chile del Foro de Política Exterior y del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Trinidad Moreno. Economista(Universidad de Chile), con un master en análisis económico(Universidad de Chile), master en Métodos de Investigación Social(London School of Economics) y actualmente es candidata a doctora en Sociología de la Universidad de Oxford. Su interés de investigación es desigualdad de género, uso de tiempo y trabajo reproductivo. 38 Fundación Friedrich Ebert

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