L A CONSTRUCCIÓN DEL “ CAMPO HUMANITARIO ” EN EL CON.LICTO ARMADO R ESUMEN La regularización del conflicto armado que vive Colombia supone abordar numerosos temas. Uno de ellos es la construcción del campo humanitario que se expresa básicamente en los actos humanitarios, los compromisos humanitarios y las experiencias de recuperación del ejercicio autónomo de la ciudadanía por parte de las comunidades en zonas de conflicto. Dicho tema se examina en el presente Policy Paper de manera particular, en lo relacionado con el papel que podría cumplir el gobierno nacional. Las autoridades, en el cumplimiento de su deber de proteger la vida, la honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia, pueden recurrir a otros medios idóneos, adicionales o complementarios a la actividad de la fuerza pública, mediante la promoción del campo humanitario. Este mecanismo permite incidir en ámbitos geográficos o sociales donde otras políticas y acciones no pueden hacerlo. El documento analiza la posición de las autoridades nacionales en la construcción del campo humanitario y presenta recomendaciones que concilian los intereses y costos políticos, militares, éticos y jurídicos del Estado en la conducción de la guerra y las exigencias humanitarias en favor de la población civil. E l propósito de este documento es el de formular recomendaciones para la construcción, ampliación y consolidación del campo humanitario, concepto cuyo alcance se describe un poco más adelante. Las recomendaciones que aquí se plantean quieren ser viables y prácticas y están dirigidas, fundamentalmente, al gobierno nacional. No obstante, es fácil inferir de ellas propuestas de acción para muchos otros actores: las autoridades regionales y locales, las organizaciones sociales y las comunidades, por ejemplo, e incluso los miembros de los grupos armados irregulares. El campo humanitario, como se lo concibe en estas líneas, puede ser definido como: • el conjunto de las iniciativas, gestiones, logros y experiencias que se producen en el conflicto armado, • ya sea en el marco o como resultado de la interlocución que adelantan las autoridades y las organizaciones o los voceros de la población civil con los grupos armados irregulares, en procura de respeto por la vida, la integridad, la libertad y los bienes de esta última y en relación con situaciones localizadas y específicas, L A VERSIÓN INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO PUEDE VERSE EN EL LIBRO C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EDITADO POR . UNDACIÓN S OCIAL Y . ESCOL . B OGOTÁ , .EBRERO DE 2004 B OGOTÁ , C OLOMBIA E NERO 2004

• ya sea a consecuencia de las presiones y los llamados de orden general de estas autoridades y voceros sobre dichos grupos, para que se sometan a las normas humanitarias, E l gobierno nacional ha mostrado muchas reservas frente al aquí llamado campo humanitario y ha emitido diversas declaraciones al respecto –por eso el peso fuerte en la construcción del campo desde el ámbito gubernamental ha corrido a cargo de las autoridades regionales y locales–. • y que tienen el efecto de reducir o suprimir el impacto de dicho conflicto sobre la población civil. Cuanto se dice en las líneas precedentes sobre la aludida población puede hacerse también extensivo a los miembros de las organizaciones y grupos armados que por cualquier causa(herida, captura, enfermedad, rendición) han dejado de participar en las hostilidades. En últimas, la intervención de las autoridades y de las comunidades o sus voceros en el campo humanitario está inspirada por valores humanitarios. Son éstos los que sirven de plataforma para reclamar o solicitar a los grupos irregulares determinados comportamientos. El hecho de que esos valores amparen necesidades e intereses específicos no los hace desmerecer. Y lo caracN o obstante, Colombia se encuentra obligada por numerosos tratados internacionales a promover la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y las autoridades tienen el deber de proteger la vida, integridad, libertades y bienes de todos los habitantes del territorio. terístico del campo humanitario, según aquí se lo concibe, es que cuenta con los actores armados irregulares como sujetos capaces de determinarse de acuerdo con una interlocución con las autoridades o la sociedad civil o unos llamados o presiones ejercidos por éstas, que se orienten a poner en práctica valores éticos, políticos o jurídicos de orden humanitario. El gobierno nacional ha mostrado muchas reservas frente al aquí llamado campo humanitario y ha emitido diversas declaraciones al respecto –por eso el peso fuerte en la construcción del campo desde el ámbito gubernamental ha corrido a cargo de las autoridades regionales y locales–. C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA No obstante, Colombia se encuentra obligada por numerosos tratados internacionales a promover la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y las autoridades tienen el deber de proteger la vida, integridad, libertades y bienes de todos los habitantes del territorio. Para cumplir esas obligaciones y deberes, las autoridades tienen que acudir a cuantos medios lícitos sean procedentes. Y entre dichos medios se encuentra la construcción del campo humanitario, el cual presenta una capilaridad y una capacidad de penetración que le permiten alcanzar espacios adonde no llegan otras vías de protección de la población, y donde esta última no dispone de otros medios de amparo. Para superar las reservas que las autoridades nacionales tienen al respecto, podría partirse de ciertas aperturas que el propio gobierno ha tenido frente a la construcción del campo humanitario. Afortunadamente, la actitud de las autoridades ante el campo humanitario es más compleja que la plasmada en sus pronunciamientos formales. En efecto, en los hechos, esa posición combina los siguientes elementos: 1. El mantenimiento de dispositivos legales que permiten realizar aproximaciones humanitarias(del tipo de los contemplados en la Ley 782 de 2002); 2. La tolerancia frente a las gestiones humanitarias regionales(que comienza por no promover su judicialización); y 3. La autorización presidencial a algunas de esas gestiones-que se confiere de manera excepcional y mediando el compromiso de mantener informado al propio Presidente de la República-. Tanto mientras fue gobernador del departamento de Antioquia como en su carácter de primer mandatario, el actual Presidente de la República ha autorizado gestiones humanitarias específicas, pero a condición de ejercer un control estrecho sobre las mismas. Para dar algunos ejemplos: cuando era gobernador de Antioquia autorizó gestiones conducentes a la liberación de una misión de observación electoral de la OEA, y unos acuerdos entre la “Comisión .acilitadora de Paz de Antioquia” y el ELN para que esta agrupación guerrillera permitiera que la empresa Cementos Rioclaro siguiera operando; como Presidente nombró una comisión exploratoria del acuerdo humanitario( canje humanitario) con las. ARC ; permitió, dentro de ciertos límites, que el gobernador encargado de Antioquia estableciera contactos con esa organización guerrillera en busca de la liberación del gobernador en ejercicio y del consejero de paz de ese mismo departamento, y autorizó a la iglesia católica la realización de diálogos tendentes a obtener la liberación de siete turistas extranje-

ros secuestrados en septiembre de 2003 en la Sierra Nevada de Santa Marta. Más aún: a poco de asumir la primera magistratura llegó a darle una suerte de bendición anticipada a ese tipo de gestiones al decirle a los alcaldes del oriente de Antioquia que hicieran “la blanda” mientras él hacía “la dura”. En el alto gobierno no hay, pues, una oposición de principio a las aproximaciones humanitarias. Sin embargo, no se ha producido una formulación expresa de los criterios que lo guían al encarar las gestiones humanitarias. Ahora bien, esto último no significa que el gobierno haya procedido de manera irracional o errática al respecto: en todos los casos, el gobierno parece haber hecho un balance de los costos y los beneficios de la respectiva gestión y haber actuado en concordancia con ese balance. Al mismo tiempo, se ha negado a permitir que esa ponderación y la posibilidad de determinar una línea de conducta con arreglo a ella, se descentralice, para recaer en las autoridades regionales y locales o en otras instancias de poder social o comunitario, lo cual tiene consecuencias muy desfavorables para la construcción del campo humanitario. Con todo, el gobierno tiene razón al recelar de una dispersión de los esfuerzos humanitarios que conduzca al fortalecimiento político y militar de los grupos irregulares y, en últimas, a la prolongación de la contienda armada. A continuación, se presentan propuestas que, moviéndose en un plano más específico, se hacen cargo de esas reservas, pero buscan darles salidas que no comprometan la construcción de campo humanitario. I. P ONDERAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA GESTIÓN HUMANITARIA Y PROCEDER DE ACUERDO CON ESA PONDERACIÓN Para avanzar en el adecuado manejo de los problemas humanitarios convendría elaborar una matriz que registrara las ventajas humanitarias y los costos previsibles de las respectivas gestiones(así como las medidas por adoptar para eliminar o reducir dichos costos). Ese instrumento conceptual permitiría, además, introducir ciertos grados de descentralización y participación de las autoridades locales y la sociedad civil en las gestiones humanitarias, sin sacrificar la unidad de criterio. Las gestiones humanitarias pueden generar, básicamente, costos de cuatro tipos: éticos, jurídicos, políticos y militares. El tipo de eventos en que se causan, de manera más típica, costos éticos, es el de los acuerdos o pactos que proscriben determinadas infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pero están concebidos o redactados de tal manera que convalidan implícitamente(o parecen hacerlo) otras prácticas igualmente contrarias a las normas humanitarias. Estos efectos no deseables se pueden enervar dándole a los pactos humanitarios una estructura de declaraciones unilaterales cruzadas. En las que le correspondan a las autoridades nacionales o locales, o en las de la sociedad civil, debe dejarse en claro que el respectivo pacto no convalida las conductas que no están contempladas en él pero que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Debe dejarse constancia, asimismo, de que el gobierno y la sociedad civil seguirán exigiendo el cumplimiento de todas las normas humanitarias aplicables a los E n el alto gobierno no hay, pues, una oposición de principio a las aproximaciones humanitarias. Sin embargo, no se ha producido una conflictos internos, y continuarán formulación expresa denunciado todos los actos que las violen. Para mayor precaución, debe evitarse que las declaraciones unilaterales de los de los criterios que lo guían al encarar las gestiones humanitarias. grupos irregulares se refieran solo a un aspecto o dimensión de una práctica proscrita: por ejemplo, a la suspensión de determinados tipos de secuestro o desapariciones forzadas(y no de todos los secuestros y las desapariciones) o al uso de los cilindros de gas para atacar determinados objetivos(y no a la supresión, pura y E l gobierno tiene razón al recelar de una dispersión de los esfuerzos humanitarios que conduzca al fortalecimiento político y militar de los grupos irregulares y, en últimas, dura, de los cilindros de gas a la prolongación como arma de guerra). de la contienda armada. Acarrearían costos jurídicos de significación los pactos, compromisos y otras gestiones humanitarias que quebrantaran el ordenamiento jurídico nacional. No es del caso examinar a espacio la cuestión en este documento, pero puede decirse que el ejecutivo cuenta con amplia capacidad de maniobra para emprender o autorizar gestiones humanitarias sin que se produzca tal quebrantamiento. Los artículos 3 y 6 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 –que forman parte del bloque de constitucionalidad – y el artículo 3 de la Ley 782 de 2002, proporcionan al gobierno amplios medios jurídicos para realizar aquel tipo de gestiones, incluyendo la celebraC ONSTRUCCIÓN DEL « CAMPO HUMANITARIO EN EL CON.LICTO !

ción de diálogos y determinados tipos de pactos humanitarios con los grupos armados irregulares. El punto más complejo, al respecto, es si el poder ejecutivo puede tomar determinaciones que pertenecen L os costos políticos se relacionan con los de manera exclusiva a la órbita del poder judicial. En el peor de los casos, los problemas que se derivan de ello pueden sortearse réditos de legitimación, prestigio y protagonismo que pueden obtener los grupos irregulares con ocasión de las acciones poniendo en juego la iniciativa legislativa y la capacidad de promover la expedición de leyes para fines humanitarios con que cuenta el gobierno. humanitarias. Los costos políticos se relacionan con los réditos de legitimación, H ay que mantener, asimismo, bajo control los costos militares. Las prestigio y protagonismo que pueden obtener los grupos irregulares con ocasión de las acciones humanitarias. Es común que esos grupos pretendan que moiniciativas humanitarias destas concesiones humanitarias que debiliten efectivamente a la fuerza pública o fortalezcan militarmente a los grupos irregulares deben ser descartadas. (frecuentemente de impacto local) repercutan ampliamente en su favor en el escenario nacional, y está bien que el gobierno impida que se salgan con la suya. No obstante, hay que tener también presente que toda gestión humanitaria que no dé lugar a s i se les dan los elementos de análisis pertinentes, la fuerza pública –y la ciudadanía en general–, pueden costos desproporcionados, contribuye a la buena imagen del gobierno: la ciudadanía espera de las autoridades que no abandonen a las víctimas de las infracciones del Derecho Internacional Humanitario y aplaude lo que entender muy bien que el hagan al efecto. esfuerzo militar del Estado contra los grupos irregulares no es para nada incompatible con la Hay que mantener, asimismo, bajo control los costos militares. Las iniciativas humanitarias que debiliten efectivamente a la fuerregularización del za pública o fortalezcan militarconflicto y la construcción del campo humanitario. mente a los grupos irregulares deben ser descartadas. Con todo, casi siempre será posible encontrar fórmulas para conciliar los fines humanitarios con la neutralización de eventuales costos militares. C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA " Es indudable que ciertas gestiones humanitarias pueden llegar a tener un impacto desfavorable sobre la moral de combate de la fuerza pública, pero todo dependerá de la manera como el alto gobierno maneje, frente a las fuerzas militares y de policía, la cuestión de los deberes del Estado en la construcción del campo humanitario. De acuerdo con lo expuesto más arriba, si se les dan los elementos de análisis pertinentes, la fuerza pública –y la ciudadanía en general–, pueden entender muy bien que el esfuerzo militar del Estado contra los grupos irregulares no es para nada incompatible con la regularización del conflicto y la construcción del campo humanitario. Para manejar los problemas derivados de los efectos no buscados de las iniciativas y gestiones que conforman el campo humanitario sería pertinente: definir con precisión(buscando maximizarlos) cuáles son los impactos directos de la actuación por realizar: las vidas que se salvarán, las personas cuya libertad se recuperará, los bienes que se preservarán; identificar las ventajas colaterales de la gestión: su capacidad para contrarrestar por vía general determinadas infracciones del Derecho Internacional Humanitario, el contenido y la amplitud del mensaje que transmite, su incidencia en la ampliación de las apuestas humanitarias de los actores armados...; identificar los costos o consecuencias colaterales nocivas de la gestión[y buscar neutralizarlas con arreglo a lo expuesto más arriba en esta misma sección]; [] realizar un balance de las ventajas y desventajas, directas e indirectas de todo orden, que se derivarán de la iniciativa humanitaria en cuestión; adoptar la iniciativa en todos los casos en que las ventajas superen a las desventajas, y adoptarla, asimismo, cuando exista equilibrio entre ventajas y desventajas o cuando no sea claro el resultado del balance de los pros y los contra, aplicando la pauta de darle prioridad a los propósitos humanitarios concretos que se persiguen –las vidas que se preservarán, las personas que serán restituidas al seno de sus familias y de sus instituciones, los bienes que serán rescatados…–. Como quiera que sea, [c]uando unas mismas metas humanitarias puedan ser alcanzadas con fórmulas que acarreen diversos grados de costos, se debe escoger la que los comporte menores[;s] iempre se deben buscar caminos que aligeren a los fines humanitarios de secuelas no pretendidas.

II. P ASAR DEL MERO CONTROL A LA PROMOCIÓN Y MODULACIÓN DEL CAMPO HUMANITARIO Según ya se ha dicho, el campo humanitario no puede construirse sin el concurso de las comunidades y las autoridades regionales y locales. Pero es difícil que pueda consolidarse y expandirse si el alto gobierno no presta su concurso al efecto. Como es obvio, ese concurso no puede limitarse al control de las gestiones humanitarias. Se requiere que el gobierno nacional las module, en el sentido de darles vía libre –mientras no comporten costos desproporcionados–, legitimarlas, prestarles apoyo institucional(asesoría, medios logísticos) y facilitar los aprendizajes mutuos y otras articulaciones entre las experiencias que se desarrollen en las diferentes regiones del país y frente a los distintos actores armados. Ahora bien, siempre habrá que cuidarse de que la intervención del gobierno nacional sobrepase los límites que le corresponden y entre en el terreno de la suplantación de las autoridades locales y la sociedad civil. Pero la modulación del campo quizá demande algo más: contribuir a darle un sentido y una orientación de conjunto a las experiencias e iniciativas de que se trata. El Informe Nacional de Desarrollo Humano aporta ciertas claves al efecto. Sobre el tema humanitario, dice, debe adoptarse un enfoque que tenga en cuenta las actitudes de los actores relevantes frente al tema(obstáculos, aperturas); conciba la humanización del conflicto no como un acto, sino como un proceso basado en la modificación(voluntaria, presionada, negociada o forzada) de esas actitudes[,] y combine el realismo de la gradualidad con la permanente exigencia de que los actores armados cumplan con la totalidad del DIH. En busca de perfilar una orientación de conjunto para el campo al que se viene haciendo referencia, un buen recurso consiste en esbozar algunas rutas o itinerarios de humanización gradual de la confrontación armada. Sin embargo, es posible que por ahora no estén dadas las condiciones para que ese ejercicio tenga consecuencias prácticas. Esto no implica que deba renunciarse a él, sino que debe complementárselo con algunas tareas menos ambiciosas. En primer lugar, partir de lo que el campo humanitario está dando actualmente de sí mismo en las regiones y ayudarle a desarrollar las líneas que parezcan más promisorias. En segundo lugar, poner en marcha un programa piloto nacional sobre alguna cuestión humanitaria especialmente sensible –a esto último se dedica una recomendación particular–. III. I DENTI.ICAR Y CAPACITAR MEDIADORES La construcción del campo humanitario descansa, en muy alta medida, en la figura de los mediadores, es decir, las instituciones o las personas que tienden puentes entre las víctimas de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y los grupos armados irregulares. E l campo humanitario no puede construirse sin el concurso de las comunidades y las autoridades regionales y locales. Pero es difícil que pueda consolidarse y expandirse si el alto gobierno no presta su concurso al efecto. Para ser exitoso, el mediador debe reunir, entre otras, las siguientes condiciones: a) conocer bien su región, y a las comunidades y a los actores armados que existen en ella; b) ceñirse a un idéntico código de conducta frente a todos los grupos armados irregulares y demandar de S ería muy pertinente que el alto gobierno identificara a esos mediadores, deliberara todos ellos respeto por la vida, con ellos sobre los la integridad, la libertad y los bienes de toda la población; c) hacer saber a todos los grupos irregulares que desarrolla frente a sus adversarios armados la misma clase de gestiones, y d) no actuar a espaldas de las autoridades civiles ni de la fuerza púcriterios que deben orientar el quehacer humanitario, les proporcionara información y formación, estableciera canales de coordinación blica. de su trabajo y les Con frecuencia, esos mediadores están insertos en instituciones como la iglesia católica u otras iglesias, o en las estructuras de brindara otras formas semejantes de apoyo (como el soporte logístico). la administración departamental o municipal(consejeros de paz, consejeros de convivencia). En este último caso, cumplen difíciles funciones en busca de construir condiciones de convivencia y gobernabilidad regional. Sería muy pertinente que el alto gobierno identificara a esos mediadores, deliberara con ellos sobre los criterios que deben orientar el quehacer humanitario, les proporcionara información y formación, estableciera canales de C ONSTRUCCIÓN DEL « CAMPO HUMANITARIO EN EL CON.LICTO #

coordinación de su trabajo y les brindara otras formas semejantes de apoyo(como el soporte logístico). En un plano de más alcance, sería conveniente que el gobierno dialogara con las entidades del sistema de las Naciones Unidas en Colombia, con la Defensoría del Pueblo y con la Iglesia CatóY a existen experiencias de orden nacional sobre las cuales se podría avanzar en relación con la protección de la misión médica. La principal es el lica, sobre la posibilidad de asignarles a algunas de ellas, con carácter general y permanente, determinadas tareas para la construcción del campo humanitario. Ese tipo de instituciones podría asumir en la promoción del campo un perfil más elevado que el proceso de preparación y del gobierno nacional –los esfuersuscripción de la “Declaración de Compromiso por el Respeto a la Misión Médica”, expedida en Bogotá el 3 de diciembre zos de este último siempre corren el riesgo de suplantar la iniciativa de las autoridades locales o de la sociedad civil; además, el gobierno central es el antagonista directo de los grupos insurgentes–. de 2003. L os mecanismos de verificación son los IV. C OMENZAR POR UN PROGRAMA PILOTO dientes de las gestiones humanitarias. Es posible Como se ha expresado, el campo humanitario ya es una realique el gobierno se avenga dad en el país. Lo novedoso sería a modular e impulsar el campo humanitario pero sin entrar al terreno de la verificación, porque éste tiene unos visos de equiparación entre las la intervención del gobierno en orden a modularlo e impulsarlo. Para estos últimos efectos convendría poner en marcha un programa piloto de promoción de actos y compromisos humanitarios referidos a una materia espartes en torno a su pecífica. mutuo control, que son difíciles de asumir para las autoridades nacionales. Entre las cuestiones que podrían constituir la materia del programa ninguna parece ofrecer mejores posibilidades inmediatas que la protección de la misión médica, por razones como las siguientes: a) se trata de un tema sobre el que existe un corpus normativo y conceptual muy desarrollado en el ámbito internacional; b) lo que se haga sobre él redunda en las formas más imprescindibles y urgentes C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA de la atención que debe recibir la población afectada por el conflicto armado; c) es una $ cuestión de la mayor sensibilidad para las entidades humanitarias especializadas, como la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Colombiana, que podrían asesorar muy profesionalmente los respectivos esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil; d) es también una cuestión de mucho interés para todos los grupos armados irregulares y para la fuerza pública, porque tiene que ver con el tratamiento que reciben sus miembros más vulnerables, los heridos y los enfermos. A todo lo anterior hay que agregar que ya existen experiencias de orden nacional sobre las cuales se podría avanzar en relación con la protección de la misión médica. La principal es el proceso de preparación y suscripción de la “Declaración de Compromiso por el Respeto a la Misión Médica”, expedida en Bogotá el 3 de diciembre de 2003. V. N O OLVIDAR LOS MECANISMOS DE VERI.ICACIÓN Los mecanismos de verificación son los dientes de las gestiones humanitarias. Es posible que el gobierno se avenga a modular e impulsar el campo humanitario pero sin entrar al terreno de la verificación, porque éste tiene unos visos de equiparación entre las partes en torno a su mutuo control, que son difíciles de asumir para las autoridades nacionales. Con todo, el horizonte de la verificación debe estar siempre presente, y se deben dar pasos prácticos en la respectiva dirección. Por fortuna, hay un amplio repertorio de medios de verificación, adaptable a las más diversas circunstancias. En efecto, ella puede basarse en: a) los buenos oficios de mediadores nacionales e internacionales; b) árbitros que resuelvan diferencias sobre supuestas o reales violaciones de los compromisos de las partes; c) reuniones de los representantes de las partes, a solicitud de éstas, los mediadores o los árbitros, y d) sometimiento de las controversias a la Comisión Internacional de Encuesta prevista por el Protocolo I, Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. VI. R ECONSTRUIR LA MEMORIA DEL CAMPO HUMANITARIO Y PROMOVER LA RE.LEXIÓN SOCIAL SOBRE EL MISMO Para superar la fragilidad de la construcción del campo humanitario es indispensable rescatar la

memoria histórica del proceso y abrir una dinámica de deliberación social e investigación académica que ayude a trazarle una orientación de conjunto, partiendo de las realidades humanitarias en curso. VII. A SIGNAR A UNA INSTANCIA EJECUTIVA DE APOYO AL PRESIDENTE , EL CONTROL Y , SOBRE TODO , LA MODULACIÓN DE LAS GESTIONES HUMANITARIAS Si el gobierno quiere hacer prevalecer sus razones para controlar las gestiones humanitarias, debe cuando menos, permitir que ese control no sea ejercido directamente, o exclusivamente, por el Presidente de la República. Sobre el primer mandatario debería recaer tan solo la supervisión de la marcha general de esas gestiones y el manejo de los casos cuya especial envergadura lo amerite. Disponer de criterios explícitos de ponderación de costos para determinar si una acción humanitaria se justifica, permitiría delegar en otra instancia el aludido control. En todo caso, debe tratarse de una instancia cercana al propio Presidente. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz podría fungir como responsable de la tarea. Esto permitiría superar los problemas derivados del carácter eventual y ad hoc de las autorizaciones presidenciales. La designación de una instancia ejecutiva de alto nivel para ocuparse de lo humanitario se hace más indispensable si se tiene en S i el gobierno quiere hacer prevalecer sus razones para controlar las gestiones humanitarias, debe cuenta que no basta controlar las cuando menos, permitir respectivas gestiones, que adeque ese control no sea más de eso hay que modular el conjunto del campo en cuestión. La modulación exige desplegar una serie tan amplia de iniciativas y actividades, que escapa a ejercido directamente, o exclusivamente, por el Presidente de la República. la posibilidad de quedar ubicada bajo la personal y directa responsabilidad del Presidente. L A DESIGNACIÓN DE UNA INSTANCIA EJECUTIVA DE ALTO NIVEL PARA OCUPARSE DE LO HUMANITARIO SE HACE MÁS INDISPENSABLE SI SE TIENE EN CUENTA QUE NO BASTA CONTROLAR LAS RESPECTIVAS GESTIONES , QUE ADEMÁS DE ESO HAY QUE MODULAR EL CONJUNTO DEL CAMPO EN CUESTIÓN . L A MODULACIÓN EXIGE DESPLEGAR UNA SERIE TAN AMPLIA DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES , QUE ESCAPA A LA POSIBILIDAD DE QUEDAR UBICADA BAJO LA PERSONAL Y DIRECTA RESPONSABILIDAD DEL P RESIDENTE . C ONSTRUCCIÓN DEL « CAMPO HUMANITARIO EN EL CON.LICTO %

C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA TEMAS CRÍTICOS Y PROPUESTAS P OLICY P APER N ÚMERO 1. L A CONSTRUCCIÓN DEL “ CAMPO HUMANITARIO ” EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 2. V ERDAD , JUSTICIA Y REPARACIÓN EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 3. D ESMOVILIZACIÓN Y REINSERCIÓN EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 4. S EGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 5. D ESARROLLO Y GOBERNABILIDAD EN REGIONES A.ECTADAS POR LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS Y EL CON.LICTO ARMADO E STE DOCUMENTO.UE ELABORADO POR C ARLOS V ICENTE DE R OUX R ENGI.O , CON LA ASESORÍA DEL EQUIPO CONSULTIVO CON.ORMADO POR C ATALINA B OTERO M., O LGA L UCÍA G AITÁN G., S AÚL E MIR R AMÍREZ Q., Á LVARO V ILLARRAGA Y EL PADRE D ARÍO E CHEVERRY . C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA & El proyecto«Conflicto y Seguridad Democrática, Temas críticos y propuestas» es un consorcio entre la.undación Social y.riedrich Ebert Stiftung en Colombia-. ESCOL . E STA PUBLICACIÓN Y EL PROYECTO.UERON POSIBLE GRACIAS A LA SUBVENCIÓN ENTREGADA POR LA E MBAJADA DE LA R EPÚBLICA DE A LEMANIA EN C OLOMBIA . E L ANÁLISIS Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO NO RE.LEJAN NECESARIAMENTE LAS OPINIONES DE LA E MBAJADA DE LA R EPUBLICA DE A LEMANIA ,. ESCOL , LA . UNDACIÓN S OCIAL O DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL PROYECTO . E STOS ESCRITOS EXPRESAN LOS PUNTOS DE VISTA DE SUS AUTORES . E L EQUIPO COORDINADOR DEL PROYECTO ESTUVO DIRIGIDO EN SU COMIENZO POR C ARLOS V ICENTE DE R OUX R ENGI.O , Y POSTERIORMENTE POR A UGUSTO R AMÍREZ O CAMPO .