D ESARROLLO Y GOBERNABILIDAD EN REGIONES A.ECTADAS POR LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS Y EL CON.LICTO ARMADO R ESUMEN El presente Policy Paper plantea que el desarrollo y la gobernabilidad en las regiones profundamente afectadas por el conflicto armado y la dependencia de las drogas ilícitas suponen el replanteamiento consensuado(Estado y Sociedad) de una política basada en la apertura de espacios de investigación sobre la problemática de las drogas en todas sus fases, y la participación de las comunidades afectadas por la producción, el tráfico y el abuso de sicoactivos. Asimismo, el escrito afirma la necesidad de definir la institucionalidad capaz de implementar y proyectar una política concertada y el establecimiento de pautas y procesos de seguimiento de la política para que pueda ser evaluada periódicamente. El documento examina las dificultades más relevantes de la política antidrogas de Colombia y formula recomendaciones orientadas a la revisión del Plan Colombia, de manera especial, en su componente social; a la diferenciación de los sujetos involucrados en la economía de la droga con el objeto de despenalizar la conducta de los pequeños cultivadores; a la recuperación de la legitimidad del Estado; a la gobernabilidad y al desarrollo alternativo..inalmente, el documento insiste en que es preciso incorporar nuevos criterios sobre la corresponsabilidad internacional y propiciar un acercamiento regional latinoamericano para la creación de espacios de interlocución, coordinación y toma de decisiones basados en el reconocimiento del nuevo y complejo escenario interdependiente del problema de las drogas. I. R ECOMENDACIÓN PRELIMINAR E n primer lugar, un tratamiento que permita mejorar la relación beneficio costo de la estrategia antidroga para el país, requiere de la sociedad y del gobierno, el establecimiento de un acuerdo para una política de Estado en esta materia. Dicho acuerdo permitiría que se proyecten las decisiones en el mediano y largo plazo, incluyendo la vigencia y desarrollo de la institucionalidad existente. Asímismo, fortalecería las condiciones de legitimidad interna y, como consecuencia, mejoraría la capacidad de negociación internacional frente al tema. Tres condiciones básicas son necesarias para la implementación de este objetivo: • Que dicho acuerdo Estado- Sociedad para el manejo de la producción de ilícitos y del L A VERSIÓN INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO PUEDE VERSE EN EL LIBRO C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EDITADO POR . UNDACIÓN S OCIAL Y . ESCOL . B OGOTÁ , .EBRERO DE 2004 B OGOTÁ , C OLOMBIA E NERO 2004

abuso de drogas esté basado en la apertura de espacios a la investigación científica sobre el problema de las drogas en todas sus fases y en la participación de comunidades rurales y urbanas afectadas por la producción, incidencia del tráfico y problemas por el abuso de sicoactivos. • Que la definición de la institucionalidad responda a esas pretensiones estratégicas, es decir, que posibilite S e recomienda la elaboración de una propuesta integral a cargo de la Alta Consejería para la Acción Social que reúne a la ACCI, la Red de la implementación y proyección de una política concertada y que sea a la vez el soporte para la definición o reformulación de los compromisos internacionales, sin detrimento de los compromisos en esa materia adquiridos por el país. Solidaridad y al Plan Colombia, basada en la • Que se establezcan pautas y procesos(en el gobierno nacioformulación de un plan nal, los gobiernos locales y las estratégico de recuperación social de las zonas vulnerables a los cultivos ilícitos y al conflicto. organizaciones sociales) de seguimiento de la política de modo tal que se puedan evaluar sus resultados periódicamente. Estas pautas, basadas en estudios rigurosos e interdisciplinarios, serían la base para la transparencia de un debate público que permita reformular objetivos o S e propone a los responsables del diálogo innovar las metodologías de intervención. Estados Unidos- Colombia balancear mejor la orientación de la ayuda norteamericana hacia el II. A JUSTES AL COMPONENTE SOCIAL DEL P LAN C OLOMBIA componente social y el • Se recomienda la elaboración fortalecimiento del tejido social en las zonas vulnerables a la economía de los cultivos ilícitos. de una propuesta integral a cargo de la Alta Consejería para la Acción Social que reúne a la ACCI, la Red de Solidaridad y al Plan Colombia, basada en la formulación de un plan estratégico de recuperación social de las zonas vulnerables a los cultivos ilícitos y al conflicto. Su puesta en marcha requiere que los proyectos seleccionados tengan un alto potencial para C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA generar sinergias entre ellos, de modo que puedan crear economías de escala en la provisión de infraestructura social. Este plan no puede formularse sin que esté articulado a los ejercicios locales y regionales de planeación participativa de desarrollo, de tal modo que se asegure la pertinencia social, la legitimidad, la eficacia y la eficiencia de la programación y ejecución de los proyectos. • En ese sentido, el.ondo de Inversiones para la Paz debe abstenerse de emprender proyectos por etapas si su financiación no está asegurada, sobre todo cuando se trate de obras en las que el beneficio social del proyecto sea nulo, mientras no se concluya en su totalidad. Así mismo, todo programa que se ejecute sin la licencia ambiental correspondiente debe ser suspendido hasta tanto no se asegure el cumplimiento de este requisito. • Se propone a los responsables del diálogo Estados Unidos- Colombia balancear mejor la orientación de la ayuda norteamericana hacia el componente social y el fortalecimiento del tejido social en las zonas vulnerables a la economía de los cultivos ilícitos. • Se recomienda a los países europeos concretar la totalidad de su ofrecimiento para la financiación de programas sociales en las zonas vulnerables a los cultivos ilícitos y al conflicto, sobre la base de la propuesta integral de recuperación social arriba señalada. • Se sugiere la agrupación de los programas Jóvenes en Acción del Plan Colombia y Campo Joven del Ministerio de Agricultura en un solo programa de subsidios condicionados a la permanencia del menor de edad en el sistema educativo. Los recursos para la financiación de este subsidio surgirían de la reorientación de los programas mencionados. Se propone al sector privado, especialmente a los gremios del sector agropecuario, aportar una porción de los recursos. El programa cubriría a los jóvenes de los municipios identificados como vulnerables en el Informe Nacional de Desarrollo Humano.

III. P ROPUESTAS PARA LA DI.ERENCIACIÓN DE LOS SUJETOS INVOLUCRADOS EN LA ECONOMÍA DE LA DROGA • Se propone la descriminalización del pequeño cultivador. Esto significa la reforma de la Ley 30 de 1986 y la Ley 599 de 2000. El criterio para definir al pequeño productor puede ser fijado conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y la Alta Consejería para la Acción Social. • Tal medida debe hacer parte de la creación de una Estrategia Nacional de Erradicación Manual de los cultivos ilícitos, que le dé la oportunidad a aquellas comunidades que desean una solución distinta a las fumigaciones. Dicha estrategia debe basarse en la elaboración de una cartografía social del problema de los cultivos ilícitos, e incluir los municipios vulnerables, lugares en donde se adelantará un programa preventivo. El soporte para la implementación de esta estrategia debe ser la confianza y los acuerdos concertados entre el Estado, las comunidades organizadas y las entidades territoriales de orden local y regional. • Las medidas de fuerza contra el circuito de drogas deben desarrollarse prioritariamente, en aquellas partes asociadas a la actuación de organizaciones creadas para la obtención de beneficios propios de las economías ilegales. • Se debe apoyar y facilitar el desarrollo de un estudio científico sobre el impacto de las fumigaciones aéreas en la salud de las personas y el medio ambiente, adelantado por entidades independientes de los Estados implicados. La finalidad es evaluar periódicamente y con criterios de transparencia y responsabilidad, la política de drogas incluyendo las técnicas de erradicación. El carácter indiscriminado de la aspersión aérea golpea principalmente al pequeño cultivador y crea así condiciones de empoderamiento pragmático de los grupos armados ilegales. La suspensión de la fumigación debe hacerse de manera inmediata sobre aquellas áreas en las cuales se desarrolle la Estrategia Nacional de Erradicación Manual. Esta estrategia debe incluir las áreas de parques naturales y zonas protegidas. • Se recomienda que a la población obligada a salir de su lugar de residencia, bien como consecuencia de amenazas de los actores armados para que siembren o no erradiquen los cultivos ilícitos, o en razón del impacto de la fumigación, se le reconozca el carácter de desplazada y como consecuencia sea objeto de los proS e sugiere la descriminalización del pequeño cultivador. Esto significa la reforma de la Ley 30 de 1986 y la Ley 599 de 2000. gramas, planes y proyectos El criterio para definir al del Sistema Integral de Atenpequeño productor puede ción a Población Desplazada. ser fijado conjuntamente • .inalmente se aconseja repor el Ministerio de glamentar el artículo 7 de la Agricultura y la Alta Ley 30 de 1986 con el fin Consejería para la Acción de garantizar los derechos culturales de las comunidaSocial. des indígenas con respecto a la coca, tanto en su uso como en su comercialización. IV. P ROPUESTAS PARA MEJORAR LA LEGITIMIDAD DEL E STADO Es necesario que la provisión de servicios sociales a cargo de una gestión compartida entre el Estado, el sector privado, la cooperación internacional y las comunidades se oriente de manera más preventiva que reactiva. Esto significa que la L a asignación de recursos hacia las zonas vulnerables a los asignación de recursos hacia las cultivos ilícitos no puede zonas vulnerables a los cultivos ilícitos no puede tomar en cuenta sólo a las zonas que albergan cultivos, sino también a las que están en riesgo de hacerlo, a fin de evitar incentivos perversos en la lógica de expansión de las siembras. La forma como se gestionen las tomar en cuenta sólo a las zonas que albergan cultivos, sino también a las que están en riesgo de hacerlo, a fin de evitar incentivos perversos en la lógica de expansión de las siembras. inversiones nacionales en estas regiones, incluyendo las que corresponden al componente social del Plan Colombia, debe obedecer, para afianzar su legitimidad, a los criterios de: D ESARROLLO Y GOBERNABILIDAD EN REGIONES A.ECTADAS POR LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS • Oportunidad. Es decir, atención diligente de las demandas socioeconómicas y !

de mejoramiento de la gobernabilidad local. Para ello, el Ministerio del Interior y de Justicia en su calidad de ente rector de la política de descentralización debe coordinar con las administraciones locales un sistema de alertas y respuestas tempranas(no necesariamente en términos de recursos) a las manifestaciones reivindicativas de la L as inversiones deben dirigirse hacia nudos críticos de la problemática regional, que permitan economías de escala en la generación población. • No dispersión. En otras palabras, las inversiones deben dirigirse hacia nudos críticos de la problemática regional, que permitan economías de escala en la generación de opciones socioeconómicas legales, más de opciones que a proyectos puntuales en un socioeconómicas legales, más que a proyectos puntuales en un sinnúmero de áreas no complementarias y con poco potencial de transformación y sostenibilidad. sinnúmero de áreas no complementarias y con poco potencial de transformación y sostenibilidad. • Cumplimiento. Cada acuerdo, cada anuncio de inversión debe ser cabalmente cumplido. El costo de no cumplir es prohibitivo en términos de legitimidad. E l.ondo Nacional de Regalías y la Alta V. P ROPUESTAS SOBRE LOS PROBLEMAS DE Consejería para la Acción GOBERNABILIDAD Social deben dar Es un acierto que el Plan Nacioprioridad a la financiación de proyectos de desarrollo alternativo presentados por iniciativa de varias entidades territoriales asociadas. nal de Desarrollo reconozca los criterios básicos para el ordenamiento del territorio, dentro del cual se incluyen, entre otros, los conflictos de uso por las diferencias agroecológicas en el uso potencial del suelo en áreas con cultivos ilícitos o en aquellas que se encuentran amenazadas por su extensión. Ello significa un avance que permite dar una orientación más regional y realista a la política de desarrollo alternativo. No obstante, su viabilidad depende de la transformación de las condiciones políticas locales. Ello implica: C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA " • .ortalecer la institucionalidad estatal regional para recuperar la gobernabilidad local. Esto exige un conjunto de medidas orientadas a disminuir la influencia política local y nacional de cualquier grupo que restrinja la capacidad y autonomía del Estado. A este propósito contribuyen la categorización de departamentos ya que puede permitir diversos grados de gestión tutelada por el gobierno nacional, y la actualización del censo electoral en tanto que morigera la sobre-representación en el Congreso de las regiones menos pobladas, que generalmente corresponden a aquellas en las que los grupos ilegales, incluso los armados, tienen a través de ciertas alianzas políticas, mayor poder de penetración en el Estado. • Recomendar que el.ondo Nacional de Regalías y la Alta Consejería para la Acción Social den prioridad a la financiación de proyectos de desarrollo alternativo presentados por iniciativa de varias entidades territoriales asociadas. Las inversiones así realizadas generarían mayores economías de escala y serían más susceptibles al control ciudadano que al clientelismo armado. • Proponer la creación de unidades departamentales encargadas de apoyar acciones colectivas locales como los programas de desarrollo y paz. Estas unidades trabajarían en coordinación con la Red de Programas de Desarrollo y Paz en el propósito de construir iniciativas de participación comunitaria que aglutinen ( bounding), empoderen( empowerment), y generen lazos de interdependencia ( bridging). Estas iniciativas deben conducir al fortalecimiento de la participación ciudadana, y evitar la fragmentación de mecanismos sectoriales. VI. P ROPUESTAS SOBRE LA BASE DE UNA NUEVA VISIÓN DE LA RECIPROCIDAD Y CORRESPONSABILIDAD INTERNACIONAL • Las organizaciones sociales, los gremios económicos y las agencias del Estado deben buscar la ampliación de su marco internacional de relaciones en materia de drogas. En tal sentido, deben propiciar un acercamiento regional latinoamericano que supere la retórica recurrente en estos asuntos para pasar a formular un espacio de interlocución, coordinación y de decisiones regionales, basadas en el

reconocimiento al nuevo y complejo escenario interdependiente del problema de las drogas. Como consecuencia de lo anterior, deben propiciar, también, nuevos espacios de negociación hemisféricos, fundados en procesos cualificados de presentación del problema desde una perspectiva regional. • Desde el ángulo de las relaciones bilaterales con Washington, la búsqueda de un diálogo debe fundarse en la incorporación de nuevos criterios sobre la corresponsabilidad internacional y en una evaluación rigurosa de la estrategia más importante de los últimos años en su componente antidrogas como lo es el Plan Colombia. Para ello, deben incorporarse las pautas señaladas en las recomendaciones preliminares sobre política de drogas y los criterios de participación de la comunidad científica. • La ampliación de la interlocución internacional bajo los criterios ya esbozados debe darse en relación con los países de Europa y la misma Unión Europea. Se debe buscar desarrollar de manera conjunta criterios claros sobre el tratamiento de problemas asociados con la oferta de algunas drogas, asimismo el conocimiento y la apropiación de las distintas experiencias de manejo de problemas asociados con el abuso de drogas, producción de drogas sintéticas y, en general, el desarrollo de una agenda que se corresponda con la nueva situación mundial del problema y la renovación de la corresponsabilidad. VII. P ROPUESTAS SOBRE DESARROLLO ALTERNATIVO Y PROBLEMA AGRARIO En la búsqueda de una incidencia sobre aquellas condiciones estructurales que están en la base de los síntomas de los cultivos ilícitos, se recomienda: • La vía más directa para el necesario cierre de la frontera agraria consiste en la ampliación de los territorios indígenas y afrocolombianos. Esto puede hacerse mediante la ampliación de las zonas de resguardo en la amazonia y en la orinoquia lo que implica la adecuación de la ley de fronteras para asegurar la integridad de las reservas en esas áreas. • El corolario lógico del cierre de la frontera agraria es la reubicación de colonos que ocupan territorios indígenas, promoviendo su traslado hacia zonas de reserva campesina. El incentivo más expedito para ello es el de disponer de sitios de llegada atractivos. Estos sitios están previstos en la legislación(Ley 160 de 1994 y Decreto 1777 de 1995), como las Zonas de Reserva L a vía más directa para el necesario cierre de la frontera agraria consiste en la ampliación de los territorios indígenas y afrocolombianos. Esto puede hacerse mediante Campesina. Tal medida es la ampliación de las zonas óptima, siempre y cuando se de resguardo en la reforme el mencionado Decreto con el propósito de posibilitar el establecimiento de estas zonas en las mejores tierras y no en las áreas frágiles de la frontera agraria. • Para hacer viable el cierre de amazonia y en la orinoquia lo que implica la adecuación de la ley de fronteras para asegurar la integridad de las reservas en esas áreas. la frontera agraria y la reubicación de la población, es preciso mejorar la aplicación de la legislación sobre extinción del dominio. Se propone que el sector privado lidere junto con las organizaciones sociales un observatorio a la aplicación de la Ley 793 y de la Ley 785 de 2002. Asímismo, que el Consejo Nacional de Estupefacientes delegue en el Ministerio de Agricultura y en la Alta Consejería de Acción Social, el desarrollo de programas inscritos en las cadenas productivas, que incluyan P ara hacer viable el cierre de la frontera agraria y la reubicación de la población, es preciso mejorar la aplicación de la legislación sobre extinción del dominio. la generación de valor agregado y garantías de comercialización para racionalizar el uso de cada hectárea con vocación agrícola a la que se extinga el dominio. • Para la integridad de los territorios afrocolombianos se requiere la reforma del Código de Minas con el propósito de aumentar las restricciones para la explotación minera en dichas áreas. También es necesario que las asociaciones entre empresas y comunidades para la explotación agroindustrial no modifiquen los títulos colectivos que dan lugar al fraccionamiento de la tierra de las comunidades, para lo D ESARROLLO Y GOBERNABILIDAD EN REGIONES A.ECTADAS POR LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS #

cual se requiere adelantar grandes delimitaciones colectivas en el litoral del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, con el fin de evitar compras individuales en estas áreas. • El Ministerio de Agricultura, en coordinación con Proexport y lo que sería la Alta Consejería para la Acción Social, debe a su vez liderar la creación de un sistema de comerS i bien los cultivos de uso ilícito y otros aspectos de la economía del narcotráfico son una de las fuentes de financiación de los grupos armados, el cialización de los productos de la economía campesina. Este sistema requiere del apoyo del sector privado –en especial de las cadenas de hipermercados– para mejorar no sólo el perfil de buen productor(capacidad de innovación y aprendizaje) del campesitratamiento exclusivo de no, sino también el de buen los cultivos en el marco de vendedor con destrezas en la dila política de seguridad termina subvalorando la dimensión económica y social de la problemática. ferenciación de productos mediante la incorporación de algún atributo de calidad(para mercados orgánicos, ambientales, etcétera). L a cooperación internacional debe, en materia de desarrollo alternativo, propender por construir metas claras en el fortalecimiento de los derechos humanos, gobernabilidad y reglas de juego para el poder local y regional y frente a los espacios de participación de las comunidades. VIII. P ROPUESTAS SOBRE DESARROLLO ALTERNATIVO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL La cooperación internacional debe buscar la visibilidad, la interlocución y el desarrollo de programas con entidades, organizaciones y procesos del nivel local y regional, enmarcados en el fortalecimiento de la sociedad de esas áreas. En aquellas zonas sobre las cuales comunidades indígenas y afrocolombianas tienen derechos de autonomía, se debe privilegiar el respeto a sus entidades territoriales, y buscar el fortalecimiento de las organizaciones sociales. C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA $ Así mismo, la cooperación internacional debe, en materia de desarrollo alternativo, propender por construir metas claras en el fortalecimiento de los derechos humanos, gobernabilidad y reglas de juego para el poder local y regional y frente a los espacios de participación de las comunidades. Si bien los cultivos de uso ilícito y otros aspectos de la economía del narcotráfico son una de las fuentes de financiación de los grupos armados, el tratamiento exclusivo de los cultivos en el marco de la política de seguridad termina subvalorando la dimensión económica y social de la problemática. La cooperación internacional debe velar por rescatar un tratamiento que mantenga el reconocimiento de esas causas y que constituyen una de las fuentes de legitimidad de los programas de desarrollo alternativo. En ese contexto, debería priorizar y acompañar técnica y financieramente las propuestas dirigidas a fortalecer y/o crear la seguridad alimentaria de las comunidades, una de las principales fuentes de empoderamiento social, resistencia contra la guerra y principio de prevención del desplazamiento forzado y la crisis humanitaria. La política de cooperación debe privilegiar una estrategia preventiva en materia de cultivos, lo cual quiere decir que no debe prevalecer el carácter contraprestacional de los programas a cambio de la erradicación que deben adelantar los campesinos e indígenas. En muchos sitios, economías sin cultivos ilícitos deben soportar crisis profundas que en múltiples casos estimulan la participación en actividades ilícitas. • Las políticas de cooperación deben privilegiar estrategias relacionadas con la prevención, la reducción de impactos y la creación de alternativas de manejo de los problemas asociados a los ecosistemas frágiles, que son fuente importante en el suministro de servicios, recursos y un ambiente sano. En ese sentido, la política de guardabosques del Presidente Uribe debe ser complementada con una estrategia más amplia de aprovechamiento económico y social de la biodiversidad, para lo cual se requiere mucho más que el manejo meramente forestal. Para tal fin, deben apropiarse recursos para la investigación básica, la sistematización de información, los procesos pedagógicos y, en general, el desarrollo de políticas de Estado en materia de protección y manejo ambiental. Se propone que los recursos obtenidos internacionalmente como resultado de la persecución al lavado de activos sirvan

de base para la constitución de un fondo administrado por Colciencias para tal fin. • Dentro de la estrategia enunciada, se recomienda la promoción y el apoyo a centros piloto de Erradicación Manual con recursos del mecanismo de los Swaps. En varias ocasiones se ha propuesto que la comunidad financiera internacional abra cupos de sustitución de pago de servicio de deuda por erradicación manual de cultivos ilícitos. El anuncio hecho por el Gobierno Nacional, el 29 de octubre del 2003, de concertar con las instituciones internacionales de crédito la disminución del servicio de la deuda a fin de “lograr su mejor utilización económica y social”, es una oportunidad que se abre para esta propuesta. Debe encargarse al Ministerio de Agricultura la administración de los recursos liberados, la coordinación y el monitoreo (junto con las secretarías departamentales de agricultura y las organizaciones campesinas) de las tareas de erradicación manual. Dichas acciones deben suponer una coordinación con las autoridades antinarcóticos encargadas de identificar las áreas de cultivos ilícitos. El pago a los campesinos por las tareas de erradicación debe E n varias ocasiones se ha propuesto que la comunidad financiera internacional abra cupos de sustitución de pago de hacerse –como lo propone el servicio de deuda por Informe Nacional de Desaerradicación manual de rrollo Humano– sobre la base del número global de hectácultivos ilícitos. reas erradicadas, con el fin de hacer del control social entre el campesinado, el mejor mecanismo para el seguimiento. D ESARROLLO Y GOBERNABILIDAD EN REGIONES A.ECTADAS POR LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS %

C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA TEMAS CRÍTICOS Y PROPUESTAS P OLICY P APER N ÚMERO 1. L A CONSTRUCCIÓN DEL “ CAMPO HUMANITARIO ” EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 2. V ERDAD , JUSTICIA Y REPARACIÓN EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 3. D ESMOVILIZACIÓN Y REINSERCIÓN EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 4. S EGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL CON.LICTO ARMADO N ÚMERO 5. D ESARROLLO Y GOBERNABILIDAD EN REGIONES A.ECTADAS POR LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS Y EL CON.LICTO ARMADO C ON.LICTO Y S EGURIDAD D EMOCRÁTICA EN C OLOMBIA & E STE DOCUMENTO.UE ELABORADO POR R ICARDO V ARGAS Y M AURICIO U RIBE , CON LA ASESORÍA DEL EQUIPO CONSULTIVO CON.ORMADO POR A STRID M ARTÍNEZ Y Y AMILE S ALINAS . T ANTO LAS CONSIDERACIONES COMO LAS PROPUESTAS SE APOYAN Y BUSCAN A LA VEZ , DESARROLLAR LOS APORTES CONSIGNADOS EN EL I N.ORME DE D ESARROLLO H UMANO 2003 DEL P NUD , ASÍ COMO DEL TEXTO DE V ARGAS , R., “D ROGAS , C ON.LICTO A RMADO Y D ESARROLLO A LTERNATIVO ”, A CCIÓN A NDINA C OLOMBIA , 2003. El proyecto«Conflicto y Seguridad Democrática, Temas críticos y propuestas» es un consorcio entre la.undación Social y.riedrich Ebert Stiftung en Colombia-. ESCOL . E STA PUBLICACIÓN Y EL PROYECTO.UERON POSIBLE GRACIAS A LA SUBVENCIÓN ENTREGADA POR LA E MBAJADA DE LA R EPÚBLICA DE A LEMANIA EN C OLOMBIA . E L ANÁLISIS Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO NO RE.LEJAN NECESARIAMENTE LAS OPINIONES DE LA E MBAJADA DE LA R EPUBLICA DE A LEMANIA ,. ESCOL , LA . UNDACIÓN S OCIAL O DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL PROYECTO . E STOS ESCRITOS EXPRESAN LOS PUNTOS DE VISTA DE SUS AUTORES . E L EQUIPO COORDINADOR DEL PROYECTO ESTUVO DIRIGIDO EN SU COMIENZO POR C ARLOS V ICENTE DE R OUX R ENGI.O , Y POSTERIORMENTE POR A UGUSTO R AMÍREZ O CAMPO .