1 ANALISIS Y PROPUESTAS O T R O S T I T ULOS Democracia, Género y Equidad: aportes para el debate sobre los mecanismos de acción afirmativa El Sobreendeudamiento Soberano en Debate Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo Fragmentación Socioeconómica y Desigualdades: Desafíos para las Políticas Públicas Cancún y las Promesas Incumplidas. Los países pobres se rebelan en la OMC Mercociudades y la IX Cumbre de Montevideo: La Emergencia de un Nuevo Actor de la Integración Regional La Izquierda Uruguaya y la Hipótesis de Gobierno Algunos Desafíos Político-Institucionales Uruguay en la Región y en el Mundo: Concepto, Estrategias y Desafíos Notas a Propósito de los Desafíos del Movimiento Sindical Uruguayo Políticas Públicas de Comunicación: El ausente imprescindible Desafíos y Dilemas de la Izquierda en la Antesala del Gobierno La Asociación Interregional MERCOSUR- Unión Europea: Desafíos del proceso de Negociación Pobreza y Desigualdad en Uruguay Claves para del diseño de un Programa de Superación de la Pobreza Externa La Larga Marcha hacia la Igualdad Social Aporte Comparados en Estrategias de Políticas Sociales Argentina- Brasil- Chile Disyuntivas en Uruguay ante un Nuevo Gobierno C ONSTANZA M OREIRA N IKI J OHNSON J ORGE J AURI P ROGRAMA C IENTIS D ANILO V EIGA A NA L AURA R IVOIR A LMA E SPINO S OLEDAD S ALVADOR D ANIEL C HASQUETTI G ERARDO C AETANO J UAN P ABLO L UNA R AFAEL P IÑEIRO J AIME Y AFFÉ P ROGRAMA DE I NSERCIÓN I NTERNACIONAL E I NTEGRACIÓN R EGIONAL C RISTINA Z URBRIGGEN N ATALIA D OGLIO L UIS S ENATORE G USTAVO G ÓMEZ G ABRIEL P APA C ECILIA A LEMANY G USTAVO D E A RMAS N ELSON V ILLARREAL Los trabajos publicados son de exclusiva responsablidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ebert. Se admite la reproducción total o parcial, a con 2 dición de mencionar la fuente y se haga llegar un ejemplar. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG diciembre 2005 3 Rafael Sanseviero Investigador en violencias y derechos humanos; consultor de FESUR para este trabajo. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG FESUR Representación en Uruguay Plaza Cagancha piso Casilla Suc Pluna e mail: fesur@fesur org uy http://www fesur org uy Tels:()// Fax:() 4 Indice I. INTRODUCCIÓN II. CONCLUSION III.SEIS SEÑALES DE ACCESO AL CASO URUGUAYO IV. LA AMPLIACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO CONVERGENCIA DISCURSIVA ENTRE SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y GOBIERNO PROGREISTA EN URUGUAY V. LA DISPUTA POR LA LEGITIMIDAD DE REPRESENTACIÓN DE LO SOCIAL, LO POPULAR LO DEMOCRÁTICO Y PROGRESISTA. VI. UNA AGENDA ABIERTA VII. BIBLIOGRAFIA ANEXO 5 9 11 13 25 42 44 46 5 6 I. Introducción En este trabajo se ofrecen los fundamentos, metodología y algunas conclusiones generales(con mayor detención sobre algunas especificidades de Uruguay) que resultan de un estudio comparado sobre los sentidos, formas y contenidos que adquieren las relaciones entre los gobiernos progresistas, diferentes expresiones de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El objetivo general del proyecto fue producir insumos para la construcción de un nuevo nivel de reflexión colectiva sobre las principales tendencias presentes en las trayectorias nacionales y sus posibles implicancias para el desarrollo de proyectos político culturales definidos como progresistas. El fundamento de un estudio comparado está dado por la inflexión de novedad política con que ha sido asumida la presencia del progresismo en algunos gobiernos de América del Sur, así como por la rica historia de participación que caracteriza a estas sociedades. De un modo general se puede identificar a importantes sectores de la sociedad civil organizada como parte del bloque político y social del progresismo; aunque es notorio que no toda expresión de sociedad civil organizada es progresista, ya sea en el sentido de coincidir con las orientaciones generales discursivas de los partidos actualmente en el gobierno ni tampoco como expresión de sociabilidades democráticas. Tal el caso, por ejemplo, de la Fundación Paz Ciudadana de Chile que tiene una fuerte ingerencia en la construcción de una agenda de seguridad pública de carácter regresivo, o los movimientos«pro vida» que en todos los países de la región exhiben públicamente la violencia de su intolerancia cada vez que la«legalización del aborto» traspasa ciertos límites de aceptación en la opinión pública. Aunque estas expresiones encuadran dentro de las categorías de sociedad civil organizada, nosotros hemos trabajado sobre aquel sector que identificamos como parte del campo político social del progresismo, quedando para otros desarrollos la posibilidad de abordar este tema 7 en un universo más comprehensivo de sociedad civil. Vale la pena dejar constancia que en una mirada regional, resulta más sencillo encontrar definiciones aceptablemente abarcativas de las sociedades civiles, que producir una definición comprehensiva de esta re-configuración del imaginario político que ha dado en llamarse el progresismo. Tanto las trayectorias anteriores de los partidos que componen las elites gobernantes progresistas, como las respuestas que ensayan frente a diferentes problemas en el plano económico, social, político, cultural, constituyen obstáculos para una caracterización que los abarque a todos. 1.1 El progresismo como ilusión y como prácticas. Uruguay comparte con los otros países considerados en el estudio algunos rasgos: las fuerzas políticas gobernantes son herederas de los movimientos políticos y sociales que promovieron los procesos de democratización de los años 80'; acceden al gobierno o desarrollan posiciones críticas-con diferentes énfasis- a los modelos socioeconómicos de corte neoliberal; sustentan plataformas discursivas y, en algunos casos prácticas, de profundización democrática; el acceso al gobierno de estos partidos ocurre en el marco de densos procesos de acumulación de fuerzas o estallidos sociales donde la sociedad civil organizada y la ciudadanía movilizada juegan un rol destacado. La anterior es una aproximación coincidente con otras ya producidas en el marco de estudios desarrollados por la Fundación Ebert 2 ; resulta adecuada para una definición genérica de los partidos y la orientación de los programas de gobierno, pero poco ayuda para afrontar la interrogante política y cultural de si el progresismo está representando la apertura a una disrupción en las relaciones de poder históricas al interior de las nuevas democracias 3 . Tal es, a mi juicio, la ilusión progresista abierta en-y acerca de- las sociedades sudamericanas al cabo de casi tres décadas desde que se inició la restauración democrática, y luego de más de dos de imposición de los modelos socio culturales del capitalismo globalizado. Al cabo de nuestro estudio prefiero entonces pensar el progresismo como un momento político y cultural de la región que habilita un nuevo nivel de disputa por la conducción de la vida colectiva. Es un momento político al que concurren, conflictivamente, agentes que traen el horizonte ideológico y programático de históricas organizaciones de la izquierda, del centro izquierda y del centro político; las también históricas demandas de justicia de los sectores populares; los temas que incorporan a las agendas públicas nuevos sujetos sociales, muchas veces representativos de«antiguos excluidos»; las subjetividades propias de las nuevas democracias; los nuevos poderes desarrollados en el marco de una sociedad civil trasnacional; las tensiones y conflictos derivados del gobierno del Estado en una articulación de lo nacional y regional en el contexto de la globalización neoliberal y; una identidad social«mercosurista» en desarrollo. Las democracias post autoritarias en los Estados nacionales 4 son escenarios donde los poderes acumulados históricamente por los agentes se tensan y ponen en juego para disputar por el sentido de la vida de las colectividades. Podemos considerar ese sentido como progresista, más allá de las especificidades nacionales, en tanto se orienten dinámicas sociales basadas en la«crítica de las relaciones de poder, las formas de ser, los saberes y verdades que instituyen y que[hasta ahora] le 2 Villarreal sostiene que«mayoritariamente la idea de progresismo[se adopta] como un paraguas que toma izquierda, centro y alianzas dirigidas por un proyecto que busca superar las consecuencias del neoliberalismo»(Villarreal, 2004: 12). 3 Como nuevas democracias estoy asumiendo-con sus implicancias- la propuesta de Acosta, quien sostiene que son«democracias articuladas al interior marginal, periférico y dependiente de un determinado modo de producción y su correspondiente sistema de dominación[donde] la vigencia de la democracia significa una‘hegemonía’ que invisibiliza los elementos autoritarios, pero sin eliminarlos, porque su presencia latente o virtual es justamente lo que hace posible su reproducción»(Acosta, 2005: 77). 4 Mabel Thwaites sostiene en polémica sobre la pertinencia del mantenimiento de la categoría Estado- nación dentro del vocabulario de la izquierda, que más allá de los«cambios introducidos por el avance de la globalización,(...) las determinantes estatales nacionales son aún imprescindibles para el funcionamiento del capitalismo»(Thwaites, 2004: 59). 8 dan forma» a la vida colectiva(Muniz de Alburquerque, 2004: 234). Identificados algunos perfiles del campo político y social progresista, un escenario-las nuevas democracias y, considerando como variables las prácticas políticas, sociales y culturales que se promueven y desarrollan, entonces ese progresismo puede ser interrogado a partir de sus desempeños 5 : En el campo político, de acuerdo a cuanto orienta la vida social hacia la recuperación de la centralidad de la política y la deliberación ciudadana como eje articulador de las decisiones fundamentales-incluyendo las esferas económicas. Ello incluye especialmente la promoción, organización y fortalecimiento de las capacidades de participación ciudadana: a través de instituciones representativas, el carácter deliberativo de los partidos políticos, la democratización de las estructuras y formas de funcionamiento partidarias e institucionales de la democracia. En el campo económico, en tanto atrae las definiciones económicas al campo político, hace avanzar estrategias de contención de los procesos de destrucción y degradación del trabajo, al tiempo que estimula la apertura y fortalecimiento de espacios de economía solidaria como alternativa a las formas económicas dominantes. En el campo de la sociabilidad, en tanto impulsa y facilita procesos de reapropiación colectiva del espacio público y fortalecimiento de tendencias a la construcción de dinámicas democráticas de circulación, intercambio y debate de información e ideas y de la toma de decisiones. En tanto se hace promotor y actor de una nueva conciencia sobre la necesidad de luchar en el terreno de las libertades para construir sociabilidades y políticas sensibles a la diversidad y la pluralidad, rompiendo con la noción que las batallas a librar por el progresismo refieren solo o privilegiadamente a la dominación económica y política, y por el contrario se integran las dimensiones simbólicas, en especial las referidas a discriminaciones fundantes de nuestras sociedades(etnia/ raza, género, edades, entre otras). Finalmente, asumimos como premisa-en verdad es una hipótesis, que los proyectos políticos progresistas y los sentidos progresistas de sociabilidad enlazan orgánicamente con la ampliación, profundización o radicalización de la democracia 6 , y formulamos la siguiente hipótesis-en verdad una interrogante sobre la que se articuló el estudio comparado: la ampliación, profundización o radicalización de la democracia ¿puede ser un campo de convergencia entre la sociedad civil organizada y los progresismos gobernantes? 1.2 Metodología Dado un objeto de estudio tan polisémico e inaprensible-las formas y contenidos que adquieren las relaciones entre sociedad civil y gobiernos progresistas- hicimos la opción de trabajar sobre las percepciones y representaciones sobre el tema de un grupo de personas que constituyen un recorte cualitativamente significativo del campo político y social del progresismo. En última instancia el estudio intenta dilucidar como es percibida la disputa por el poder en el nuevo espacio público post autoritario, en el marco de los convencionalmente llamados gobiernos progresistas. El material relevado permite avanzar una interpretación de la situación en la región a partir de las voces de los agentes con más poder; es decir que se privilegiaron ciertos actores a fin de obtener información teóricamente relevante. El conjunto del estudio se articuló en cuatro niveles: i) la realización de cinco Talleres de Análisis Nacional en Uruguay; ii) un cuestionario aplicado a informantes claves de los cua5 La idea de trabajar nuestro análisis como un interrogatorio al progresismo se la debemos a Francisco Estévez en Seminario Encuentros y desencuentros de las sociedad civil con los gobiernos progresistas de la región FESUR, 20 de octubre de 2005 Montevideo. 6 «...el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y social en una propuesta[que implica] potenciar y desarrollar procesos de ciudadanía que fortalezcan la democratización de la democracia6»(Villarreal, 2004: 47) Las negritas del autor. 9 tro países; iii) el debate de un documento preliminar en un Seminario Internacional 7 ; iv) fuentes secundarias, tales como documentos impresos o de circulación electrónica y en medios de comunicación de masas. * Taller de Análisis Nacional(TAN) Se realizaron cinco reuniones en Uruguay en abril, mayo, junio, agosto, setiembre. Los integrantes del mismo fueron agentes provenientes de distintas instancias de gobierno, de la sociedad civil y de la academia, definidos en tanto agentes políticos que se desempeñan en diferentes espacios de gestión de bienes colectivos,(gobierno, academia, movimientos u organizaciones de la sociedad civil, comunicación de masas). Se obtuvo una integración que representa un recorte cualitativamente significativo dentro del campo progresista, en la intersección de lo gubernamental con lo social, más allá de la pertenencia o no a los partidos que integran la coalición de gobierno. El TAN se estableció como un espacio de reflexión, elaboración e intercambio de experiencias al compás de los primeros meses de ejercicio de gobierno de la izquierda. Se transcribieron las grabaciones correspondientes a cada reunión a formato electrónico, material que fue remitido a los participantes como insumo para siguientes discusiones. * Cuestionario El cuestionario fue aplicado a personas que se desempeñan en diferentes espacios de gestión de bienes colectivos, incluyendo agentes de gobierno, de la academia, de movimientos u organizaciones de la sociedad civil, de la comunicación de masas 8 . El mismo estaba orientado a dar cuenta de sus percepciones en torno los escenarios, los actores y las agendas de la conflictividad entre la ciudadanía, la sociedad civil y los gobiernos progresistas. A continuación se detallan los ejes sobre los cuales se estructuró el cuestionario: a) Formas de organización y representaciones de la sociedad civil organizada y sus diferentes dotaciones de poder medidas como capacidad de incidir en la construcción de la agenda pública. b) Áreas temáticas de conflicto y sus niveles de visibilidad y capacidad de los diferentes agentes sociales para entablar conflicto. c) Identificación de los mecanismos de disputa privilegiados por los diferentes agentes sociales. d) Formas institucionales y no institucionales de participación ciudadana. e) Acciones y mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil organizada. f) Modificaciones en el relacionamiento entre sociedad civil y estado a partir del gobierno progresista. g) Institucionalidades para la participación de la sociedad civil organizada. h) Formas no institucionales de acción de la sociedad civil. i) Presencia de personas provenientes de la sociedad civil en el gobierno. j) Formas, temas y mecanismos de convergencia entre sociedad civil y sociedad política. k) Temáticas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a redes internacionales. l) Democracia en los partidos políticos. m) Formación de la opinión pública. * Seminario Internacional El Seminario Internacional donde se debatió un documento preliminar contó con la participación de 55 personas. Los invitados de Argentina Brasil y Chile fueron agentes de sociedad civil identificados durante la aplicación del cuestionario y las entrevistas a informantes claves. En el caso de Uruguay participaron los integrantes del taller de Análisis Nacional y las personas a las que les fuera aplicado el cuestionario. Es decir que los principales hallazgos de nuestro trabajo se sometieron a validación dentro de un universo representativo del campo de poder del progresismo. 7 «Encuentros y desencuentros entre sociedad civil y gobiernos progresistas en la región» realizado en Montevideo el 20 de octubre de 2005. 8 Argentina= 12, Brasil= 14, Chile=13, Uruguay= 50 10 II. Conclusión Este trabajo comienza presentando los hallazgos como conclusiones(provisorias) resignificadas como hipótesis de trabajo. Esta opción tiene la finalidad heurística de facilitar al lector seguir la línea argumental que constituye el eje del trabajo. Tomé la decisión de «comenzar por el final», además, considerando el carácter lábil y escurridizo de nuestros conceptos centrales- progresismo y sociedad civil- democracia. Para una definición de progresismo El progresismo es un momento en la correlación de fuerzas políticas en América del Sur, que se expresa al interior de muchos países y en el plano regional; el principal rasgo común a los progresismos es que se despliega como posibilidad de una forma de ejercicio del poder político que habilita la expresión y representación de conflictos sociales largamente comprimidos. Para una filiación del progresismo Es posible reconocer al progresismo como un campo discursivo y de acción históricamente identificable a partir de las prácticas sociales que promueve en los planos de la ampliación, profundización, o radicalización de la democracia política, económica y cultural. Democracias con apellido Las«nuevas democracias» post autoritarias son espacios de encuentro y disputa por la orientación de la vida colectiva; sus cualidades estarán definidas por las posibilidades que ofrezcan para la puesta en escena del conflicto y qué tanto habiliten la disputa por la modificación de la relaciones de poder históricas. La ampliación democrática como campo de disputa La ampliación, profundización o radicalización de la democracia es un campo donde la sociedad civil organizada y los progresismos gobernantes disputan por el poder de representación de lo popular, lo social y lo democrático. La nueva ciudadanía como ruptura y resistencia El progresismo necesita construir una nueva categoría de ciudadanía capaz de romper constricciones legadas del pasa11 do y de resistir las tendencias presentes de un capitalismo sin ciudadanía. Crítica democrática de la democracia Es necesario asumir el enlace orgánico existente entre la ampliación o profundización de la democracia y los modelos de desarrollo posibles. Entre la gobernabilidad sistémica y la sociabilidad progresista Parece necesaria una ruptura teórica y práctica con la lógica sistémica que inscribe las condiciones de la gobernabilidad de la democracia en una articulación de las elites apoyada en el disciplinamiento social. Más allá del sistema inclusión- exclusión está lo diverso, plural y complejo Los progresismos deben asumir la interpelación a sus miradas sobre las sociedades provenientes de los aportes, las prácticas, representaciones, formas de acción, trayectorias de los antiguos y nuevos movimientos sociales, así como de múltiples formas de ser y expresarse lo social. Resignificaciones del pasado como espacio de disputa por sentidos de la sociabilidad democrática El progresismo adeuda batallas culturales por la disputa sobre los significados del pasado que enlazan orgánicamente con los procesos de ampliación democrática en el sentido de reconocimiento del conflicto, la diversidad y la pluralidad como condiciones inherentes al ser democrático. El Mercosur como apertura cultural El progresismo necesita reconocer, comprender, articular y proyectar las experiencias de la sociedad civil en el campo de la identidad«mercosurista», como potencialidad para una estrategia de resistencia a las condiciones de globalización capitalista y de renovación de las estrategias de gobernabilidad democrática supranacionales. Liberalización del espacio público El espacio público como escenario de realización de la deliberación ciudadana y construcción de la sociabilidad democrática reclama un proceso de remoción de barreras materiales y simbólicas sobre las cuales hacen faltan intervenciones estratégicas del progresismo. 12 III. Seis señales de acceso al caso uruguayo UNA Los triunfos electorales de la izquierda, ocurridos entre octubre de 2004 y mayo de 2005 (precedidos por 14 años de gobierno del Frente Amplio en la Intendencia Municipal de Montevideo), representan la culminación de un largo recorrido de construcción de hegemonía política donde hay más continuidad que ruptura. Se trata de un mismo, articulado y dilatado proceso cultural en el cual se produjo el agotamiento de las expectativas ciudadanas en torno a las opciones partidarias históricas 9 y el surgimiento de un bloque de fuerzas políticas y sociales(el progresismo) que lleva al gobierno al Encuentro Progresista- Frente Amplio- Nueva Mayoría 10 . DOS La correlación de fuerzas políticas resultante de las elecciones nacionales y departamentales otorga a la izquierda un poder en los ámbitos de gobierno y una legitimidad política inéditas en el país desde hace muchas décadas. Este dato representa una diferencia sustancial con respecto a los otros tres países de la región. En Argentina Nestor Kirschner 11 asume con poco más de 1/5 del electorado en su respaldo; en Chile las condiciones de gobernabilidad«tomadas» por la oposición política como condición para la salida de la dictadura facilitan una«navegabilidad democrática» donde las elites de la derecha política y empresarial imponen fuertes restricciones a las posibilidades de avanzar sobre programas transformadores; en Brasil la negociación política asumida por el PT para acceder al gobierno compone un cuadro sobre el cuál se articula una i nscripción de la izquierda en las reglas de juego del sistema que facilita el mantenimiento de la hegemonía de las fuerzas conservadoras en importantes núcleos de decisiones y sobre todo el mantenimiento de 9 Así se nombran a sí mismo los partidos Blanco y Colorado, que también gustan definirse como fundacionales(del país). 10 En Noviembre de 2005 la entidad política Encuentro Progresista- Frente Amplio- Nueva Mayoría se diluyó ya que los sectores que componían el Encuentro Progresista y la Nueva Mayoría ingresaron formalmente al Frente Amplio. 11 Obsérvese el carácter personal de la investidura de«lo nuevo» en la política argentina post crisis de 2001. 13 las reglas de juego, que tan caro precio le cobran al PT. 12 . TRES En Uruguay existen bases sociales y políticas para el desarrollo de otras gobernabilidades en tanto además de la favorable correlación de fuerzas políticas y el ascendiente moral de la izquierda, es importante señalar que la sociedad civil organizada integra el campo del progresismo. El proceso de acumulación de fuerzas culminado electoralmente en octubre de 2004 reconoce a lo largo de su dilatada historia la progresiva construcción de una tangible identidad cultural entre las fuerzas políticas de la izquierda y un núcleo muy significativo de organizaciones sociales. CUATRO Los rasgos de identidad del campo político y social progresista son la diversidad y la pluralidad, lo cual supone la tensión entre diferentes intereses. Más allá de la reconocida influencia de los partidos de izquierda en muchas organizaciones sociales no es posible referir la relación entre ambos como de subordinación. Parece más adecuado asumir que la coparticipación en el espacio público, en múltiples experiencias de gestión de lo político, habilitó una progresiva articulación e identificación cultural entre la izquierda partidaria y significativas expresiones de la sociedad civil organizada, con fuertes influencias recíprocas 13 . CINCO La función integradora de la política partidaria estrechamente ligada a la estructura estatal fueron dos rasgos centrales en la configuración de la sociabilidad del Uruguay moderno. En ese marco las diferentes expresiones de la sociedad civil así como múltiples formas de actividad en el campo de lo social han estado y permanecen fuertemente ligadas a las esferas del estado y la política partidaria que las articula orienta y condiciona 14 . SEIS La subjetividad colectiva en la post dictadura constituye un escenario hostil para el desenvolvimiento de proyectos políticos culturales de cambio radical a partir del predominio de unas resignificaciones sobre la historia de los últimos cuarenta años que instalan un imaginario dominado por la necesidad de comprimir el conflicto como condición de estabilidad democrática. En tanto se trata de la etapa histórica donde se concreta la acumulación de fuerzas que proyecta el progresismo al gobierno parece obligado considerar esa perspectiva colectiva como parte de la acumulación progresista. 12 Me parece importante destacar que las acusaciones de corrupción que sumió en la crisis al gobierno del PT-y en el estupor a la izquierda latinoamericana- constituyen señas de identidad del sistema y las formas de gobernabilidad tradicional, abandonando a priori toda perspectiva moralizante y concentrando la atención en los sentidos políticos del fenómeno. 13 Múltiples episodios de la agenda pública dan cuenta de la influencia decisiva de algunas organizaciones de la sociedad civil en las decisiones de los partidos políticos. Y no solo de las izquierdas; baste recordar la capacidad de las organizaciones de los jubilados para disciplinar a los partidos políticos en los plebiscitos de 1989 y 1994 referidos al sistema provisional, o el fracaso de la«mini reforma» apoyada por todos los candidatos presidenciales. Asimismo es notorio que, en el proceso de resistencia a la dictadura, junto, además y muchas veces paralelamente a los actores del campo político que conservaron capacidad de acción en el marco del terrorismo de estado, es posible distinguir nítidamente las organizaciones de los trabajadores, de los estudiantes, a ONG’s que nacieron, crecieron y se desarrollaron en ese contexto, así como, en forma difusa pero no menos real, múltiples y anónimas expresiones de sociabilidad ciudadana. 14 Sobre esta característica de la sociabilidad uruguaya durante uno de nuestros Talleres centrada en la comunicación de masas se decía«En el Uruguay el centro de los informativos que recibe la gente(...) todos los días entre las 7 y las 9 de la noche, en todo el país a través de un sistema muy amplio de información televisiva(...) es política.(...) en general las organizaciones sociales trascienden cuando tienen contacto con la política(...) hasta el deporte tiene un nuevo sesgo si la política interviene con el deporte. Las noticias sobre deporte son 30% deporte deporte, y 70% son cuestiones institucionales» 14 IV. La ampliación democrática y la participación social como convergencia discursiva entre sociedad civil organizada y gobierno progresista en Uruguay La ampliación democrática o democratización de la democracia vinculada a la participación popular y social es un tópico en los discursos y estrategias promovidas desde el bloque político y social progresista cuyos antecedentes pueden rastrearse aún antes de la constitución del Frente Amplio. Los compromisos políticos y electorales del EP-FA-NM son expresión de esa trayectoria; ello se refleja, por ejemplo en las propuestas para avanzar hacia un«Uruguay Democrático», donde Tabaré Vázquez(candidato) proclama como dimensiones del programa de gobierno progresista:«[el] rescate de la dimensión política del Estado como factor de democracia»;«[el] fomento a las vías de participación y control ciudadano»;«¨[el compromiso de dar] impulso a un Plan Estratégico de Fomento de la Participación Ciudadana en colaboración con la sociedad civil[y de] promoción de una Ley Básica de Participación Institucional que sistematice la normativa dispersa profundizando el reconocimiento del derecho a la participación de las organizaciones sociales», entre otros aspectos 15 . En su momento el[todavía no proclamado] Ministro de Economía Danilo Astori, reflexionaba sobre la«Reforma Social» afirmando que se impone como«necesidad de desarrollo» un nuevo modelo de relaciones del Estado con la sociedad civil que«supone la transferencia de responsabilidades del Estado hacia aquella, en el marco de un amplio proceso de descentralización...» 16 Finalmente, para no hacer largo el inventario, es notorio que uno de los rasgos distintivos del gobierno de la izquierda en la ciudad de Montevideo fue la apertura a la participación de expresiones de sociedad civil organizada en la gestión de programas y servicios con fuerte involucramiento de organizaciones so15 En Portal de Información del EPFA, http://www.epfaprensa.org/HNImprimir.cgi?103,0 del 23 de junio de 2005 16 Economía y Mercado. Suplemento Diario El País. Jueves 13 de mayo 2004 15 ciales. La sociedad civil organizada se asumió concernida por el triunfo electoral de la izquierda, proclamando su voluntad de involucrarse en el proceso de gestión y construcción de un «Uruguay Democrático». Sus mensajes vinculan orgánicamente la ampliación y radicalización democrática con la participación ciudadana, como un proceso para el cual la sociedad civil organizada se reconoce y reclama protagonista e independiente. Por citar solo los ejemplos más relevantes mencionemos en el campo sindical que el PIT CNT dedicó un congreso exclusivamente a debatir sus propias responsabilidades frente a la perspectiva de la llegada del progresismo al gobierno; la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo(ANONG) articuló inmediatamente a la victoria electoral de la izquierda un conjunto de propuestas a partir del reconocimiento de las identidades presentes entre sus postulados y algunas propuestas gubernamentales; la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOP) asumió en documento público los desafíos de la articulación estratégica con un gobierno que recoge programáticamente muchos de sus postulados y demandas históricas. 4.1 Ciudadanía y estándares democráticos Aunque los programas de las diferentes agencias dan cuenta de una diversidad de cuestiones en relación con la ampliación democrática hay un punto sobre el cual convergen: la prioridad acordada a la necesidad de un profundo redimensionamiento de las condiciones del ejercicio de la ciudadanía para las uruguayas y los uruguayos. En ese plano hay un acuerdo básico sobre la necesidad de desplegar políticas inmediatas para reintegrar a los grupos más vulnerables de la sociedad las condiciones básicas habilitantes para disponer de su ciudadanía. Es lo que se ha llamado atención de la emergencia social, entendida como acciones urgentes para la reversión de los procesos de exclusión socio cultural y para la reconstrucción del tejido social. La denuncia de la emergencia social fue uno de los núcleos duros del discurso de la izquierda política en su avance hacia el gobierno, y atenderla es un objetivo que goza de una fuerte legitimidad y recibe respaldo a partir de diferentes enfoques: los de quienes lo vinculan a perspectivas integrales de desarrollo nacional; los de aquellos que trabajan por la superación de condiciones de vida adversas para grupos sociales específicos; los de quienes le otorgan principal relevancia a sus implicancias éticas, por citar solo algunos 17. Sin embargo la cuestión de las nuevas ciudadanías demanda naturalmente mucho más que incorporar condiciones de dignidad a quiénes ya no las tienen o nunca las tuvieron y también sobre este punto hay coincidencia en los discursos de las agencias del bloque progresista. En las condiciones de un gobierno progresista, el objetivo de ir más allá de políticas compensatorias y avanzar sobre los estándares históricamente aceptados de la democracia uruguaya abre un campo nuevo para la elaboración y la praxis política y social. 4.2 La democracia«realmente existente»: una herencia no auditada Ciudadanía, democracia y política son las principales dimensiones en el campo de disputa por los sentidos progresistas para los proyectos de país. En esa tríada la democracia es una variable crucial donde los sentidos que asumen sus representaciones y el conjunto de prácticas sociales e institucionales que le dan forma constituyen la cultura democrática en acto. Por otra parte en la doxa se asume la «fragilidad democrática» para la región como un dato duro más allá de los matices de cada país; es así incluso en la sociedad civil y en la izquierda(Alburquerque, 2004: 236). Parece importante entonces interrogarse sobre sentidos e implicancias de ese consenso sobre la fragilidad democrática. 17 Ello es así no obstante las críticas que se han producido a propósito de su implementación. 16 En Uruguay apenas instalados los gobiernos progresistas pusieron en marcha auditorias destinadas a conocer la situación financiera del Estado, y hacer una pública evaluación sobre el manejo de los recursos colectivos por parte de gobernantes y administradores anteriores 18 . En términos de gobierno se trata de un reconocimiento de las herencias medidas en activos y pasivos; en términos culturales está planteado como un tema mayor relacionado al ejercicio de la transparencia como condición de avance hacia un«Uruguay Democrático». Sin embargo, la democracia, entendida como el conjunto de instituciones, prácticas y costumbres donde se legitiman unas determinadas relaciones de poder, no figura entre los bienes a ser auditados 19 . Se trata de una limitante severa frente a los desafíos abiertos en el campo de la construcción de nuevas ciudadanías, en la medida que se desarticula orgánicamente la crítica a las políticas(y sus efectos) con la crítica al contexto institucional y cultural donde esas políticas se hacen posibles. En tanto las instituciones de la democracia, sus funciones, costumbres, rutinas y límites sean resignificadas y asumidas como una variable neutra o, en primera instancia, prescindible dentro del elenco de prioridades de un proceso de cambios progresistas, la crítica democrática de la democracia queda reducida a la dimensión de una agenda de dificultades y obstáculos para la implementación del programa de gobierno progresista. No obstante creemos que vale la pena interrogarse acerca de la relación orgánica entre la voluntad de cambios referida a las elites históricamente gobernantes y el agotamiento de los modos históricos de gobernarse las tensiones y conflictos sociales. La ausencia de una articulación conceptual entre la crítica a los procesos políticos y sociales producidos durante las últimas décadas y una crítica democrática de la democracia es un espacio de elaboración teórica vacante en la teoría y práctica progresistas, donde se han asumido los sentidos comunes hegemónicos, especialmente la aceptación de la categoría «democracia sin apellido» sin reparar en el enorme capital de violencia simbólica que despliega 20 . Simplemente para dar contexto a semejante inhibición dejemos constancia de la existencia de sentidos fundacionales enmascarados en la construcción material y simbólica de nuestros países, que se desplegaron como proyectos nacionales sobre fundamentos de dominación de raza, de clase, de género nunca reconocidos ni moralmente impugnados. En un análisis contemporáneo de esta problemática Álvaro Rico ha incursionado en la investigación de diferentes aspectos del proceso cultural de la post dictadura uruguaya, destacando la manera en que la restauración del imaginario de la«excepcionalidad de la sociedad uruguaya» funcionó como«fundamento de legitimación del poder político». Durante nuestras discusiones ese sentido de excepcionalidad adquirió voces:«...en Uruguay partimos de un gran encuentro, de un encuentro fundamental, en cuanto la sociedad ha aceptado, compartido e impulsado, un encuentro sustancial con la política...»(voz 1) «...entre Brasil y Uruguay hay una diferencia en cuanto a la fuerza política que gobierna. El PT no gobierna(...) hace una alianza que lo lleva al gobierno junto con otras fuerzas y tiene minoría parlamentaria muy marcada. La fuerza política que gobierna en Uruguay tiene mayoría parlamentaria absoluta y eso da posibilidades muy distintas»(voz 2)«En el Uruguay es un poco distinto, creo que en Argentina hubo cuando la crisis, cuando surgió la crisis, y en la salida de la crisis hubo un enfrentamiento previo a la asunción de Kirschner que en Uruguay...»(voz 3)«Yo me siento orgulloso de un pueblo[uruguayo] que ante la crisis, 18 Me refiero al gobierno nacional y algunos gobiernos departamentales. 19 Democracia es un término lábil al cuál los grupos, las agencias e incluso las personas individualmente, atribuyen distintos contenidos y significados. En un extremo el discurso del autoritarismo de derecha sostenía«defender la democracia» cuando terminaba, precisamente con las instituciones de la democracia representativa y el sistema pluralista de partidos. Ello refuerza, a mi entender, la necesidad del debate sobre la democracia. 20 En este terreno algunas expresiones de sociedad civil organizada y aún el sistema de Naciones Unidas han avanzado por sobre la sociedad política y la academia. Nicolás Lynch, cuestionando el desempeño de las ciencias sociales se refería a una«democracia barata»(...)«Porque el concepto democracia como instancia crítico-normativa en la tradición de pensamiento occidental significaba mucho más de lo que los teóricos de moda nos dijeron que debíamos tener, pasando su recreación latinoamericana como la democracia que había efectivamente en el mundo occidental desarrollado (...) esos teóricos[creyendo que era lo único a que se podía aspirar aquí] nos vendieron el modelo(...) y nosotros lo aceptamos»(Lynch, 2000: 144) 17 se paró, discutió, se movilizó, pero no tiró un fósforo. Tiró propuestas alternativas, generó condiciones para que hubiera un cambio de gobierno y lo hicimos concientemente...»(voz 4) 21 . Rico demuestra como se construyó un sentido común«democrático» a partir del cual, someter a crítica la virtud o pertinencia de los atributos de excepcionalidad, especialmente «la racionalidad del sistema de partidos o las prácticas y costumbres institucionales de la democracia», revierte sobre el emisor como una auto deslegitimación política y democrática(Rico, 2005: 17). La excepcionalidad uruguaya parece haber alcanzado su clímax con los resultados electorales obtenidos en 2004 - 2005 por la fuerza política liderada por los dirigentes Tupamaros. Así, en el plano simbólico, la redención dentro del sistema democrático de los antiguos agentes antisistémicos es consensualmente significada como la más terminante evidencia de redención del sistema mismo, con independencia de las relaciones de poder que se desarrollan a su interior 22 . Un primer escalón entonces, para enfrentar la«fragilidad» de las democracias desde una perspectiva progresista implica romper con la idea que su crítica las fragiliza aún más. Ello demanda asumir que una crítica democrática de la democracia supone cuestionar severamente la legitimidad de un ideal democrático y la proclamación de la universalidad de derechos articulado con praxis sociales y representaciones colectivas acerca de lo democrático que, silenciosa pero orgánicamente integran la discriminación, la exclusión, el rechazo a la pluralidad, a la diversidad, a la disfuncionalidad. 4.3 Perfiles de las democracias post dictaduras La uruguaya, al igual que las democracias post autoritarias del Cono Sur resultan de transiciones inscriptas en procesos globales cuyas principales características representan limitaciones al poder democráticamente constituido; a saber: a) crisis de sentido de los Estados nacionales y de legitimidad de los sistemas de representación política; b) desarticulación de las competencias y capacidades de los Estados nacionales; c) desarrollo de poderes fácticos-materiales y simbólicos- que operan más allá de los ámbitos nacionales, en la economía y las finanzas, en las políticas de seguridad, a través del crimen organizado, entre otros; d) la reconfiguración de las relaciones de producción globales hacia un capitalismo sin ciudadanía; e) preeminencia por poder de penetración y expansión-, de modelos culturales hegemónicos y construcciones de sentidos supranacionales; f) transferencia de expectativas y confianzas colectivas hacia instituciones diferentes de las clásicas de la democracia representativa. Siguiendo a O’Donnell parece necesario también considerar los resultados de las«segundas transiciones» es decir, cuánto se han creado condiciones materiales, institucionales y simbólicas para transitar de democracias formales a democracias«ampliadas». Pasemos revista a algunas señas de identidad de las transiciones post autoritarias 23 . La exclusión como destitución de derechos constituye un signo de identidad de las democracias post autoritarias; implica que en el nuevo marco institucional democrático se han reforzado las asimetrías de poder. La exclusión sociocultural y la pérdida de ciudadanías constituyen una línea maestra que con inde21 Del Seminario Encuentros y desencuentros de la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región FESUR 20 de octubre de 2005, Montevideo. 22 Otro tanto puede apreciarse, tal vez, para Argentina y Brasil, donde los elencos de gobiernos progresistas cuentan también entre sus cuadros con destacados actores de la lucha armada de los sesenta y setenta. 23 En 2000, en el marco de una investigación sobre las violencias en América Latina anotábamos cuatro planos para la evaluación de estos procesos: i) la construcción de nueva ciudadanía; ii) el estímulo a la creación y afianzamiento de organizaciones intermediarias de las demandas sociales; iii) la consolidación de las instituciones democráticas estatales en esferas no políticas; iv) la adhesión creciente de la ciudadanía a una ideología democrática (Domínguez, Sanseviero, Vázquez, 2000: 120). 18 pendencia de los mayores éxitos o fracasos en la macroeconomía, las crisis y las rupturas, está presente en todos los países. Estados colonizados por grupos de poder, facciones, sistemas clientelares, liderazgos, organizaciones facciosas, que definen los sistemas de relacionamiento de aquel con la sociedad. Las estructuras estatales se presentan como un territorio colonizado por tramas de intereses de diversa procedencia, entidad y significados: desde grupos económicos poseedores de una gran capacidad de influencia en niveles de decisión mayor, hasta estamentos de funcionariado que construyen estrategias de vida basadas en e l poder de decisión inmediata sobre bienes colectivos. En esa trama se incluye la llamada«clase política», un capital humano a través del cual se produce una intangible, pero no por ello menos sólida fusión entre política de partido, política estatal y formas de sociabilidad. Deslealtad de las burocracias con la ciudadanía. En los márgenes del estado y la sociedad se recortan las prácticas de una red preestablecida de relacionamiento de los aparatos burocráticos entre si, y del Estado con grupos de poder e influencia, en términos de autonomía y dependencia, acceso a la información, control e intercambio de favores, etc. El déficit en transparencia y lealtad hacia la ciudadanía de algunos estamentos de la burocracia estatal resultan especialmente significativos en términos de cultura democrática como por ejemplo, aunque no únicamente, los aparatos coercitivos del estado y la justicia. Cuestionada legitimidad de esferas estatales custodias de bienes públicos claves. La ley como pacto de convivencia colectiva recibe fuertes cuestionamientos como reflejo del descrédito de las agencias estatales que la representan(la justicia y la policía). Si bien los cuestionamientos a la institución policial y al Poder Judicial se hacen operativos en torno a su«incapacidad» para resolver el problema de la seguridad(una de las demandas sociales más complejas de satisfacer 24 ) el decaimiento de la legitimidad de la ley como conjunto de obligaciones morales«que religan» a la ciudadanía«en torno a un sentido de comunidad» parece haber colapsado simbólicamente por los claudicaciones de esas instituciones bajo los regímenes dictatoriales y en las restauraciones post autoritarias. Rico hace referencia a«la caducidad de la ley en el imaginario uruguayo como efecto[duradero] de la ley de la caducidad»(Rico, 2005: 12) 25 . Todo parece indicar que más allá de las figuras jurídicas específicas y los procesos nacionales (amnistía en Brasil, Punto Final u Obediencia Debida en Argentina, declaraciones judiciales de«incapacidad» para Pinochet), se trata de una característica general de los países de la región. Déficit participativo y debilidad de las organizaciones sociales. Diferentes fuentes dan cuenta de un creciente déficit participativo, especialmente en el campo de la política, pero también en las más variadas esferas de la vida social 26. El debilitamiento del peso y gravitación de los movimientos y organizaciones sociales(sindicatos, gremios, movimientos, ONG’s) ha sido principalmente atribuido a los procesos de reestructuración del campo social y popular, especialmente en el terreno del trabajo y el empleo 27 . Evidentemente se trata de una explicación insuficiente que tiende a opacar lo que creemos es el núcleo central de esa debilidad: la reconfiguración del poder en el espacio público. La esfera de lo público constituye una trama de relaciones dinámicas, 24 Por compleja me refiero a un conjunto de factores que se enlazan a la demanda de seguridad, en primer lugar la naturaleza emocional de la inseguridad y el carácter de mercancía que asume en la actualidad; especialmente en el mercado de bienes simbólicos, parafraseando a Pierre Bourdieu. 25 Está haciendo referencia a la ley que estableció la«caducidad de la pretensión punitiva del estado» para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos al amparo del terrorismo de estado en Uruguay. 26 El ejercicio comparativo realizado en ocho países de América del Sur Índice«Cívicus de Participación Ciudadana 2005» da cuenta de una caída neta de la participación social entre 2004 y 2005 en tres de los países considerados por nosotros(Presentado en Buenos Aires en octubre de 2005). Por su parte el ICD, punto focal en Uruguay del Índice Cívicus, ha facilitado avances de sus trabajos que refieren una tendencia semejante también para Uruguay. 27 Del Seminario Encuentros y desencuentros de la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región:«...estamos muy lejos, de construir una sociedad que su norte sea la profundización de la democracia real. No la acumulación de fuerzas que es otra cosa, no la utilización o la conjunción de alianzas estratégicas para determinados objetivos políticos[este país tiene] una enorme diversidad de instituciones cívicas organizaciones sociales, pero [la] democracia desde el punto de vista de la sociedad civil[es] pobre(...) la peor pobreza no es la material, es la política, es la gente que sale a ritualizar determinado tipo de acciones en la sociedad y a repetirse, y eso no es una democracia de calidad.» 19 donde las organizaciones sociales desarrollan estrategias, que a veces resultan exitosas para el despliegue de sus propios intereses y en otras permanecen subordinadas. Es en ese juego de poderes, y no exclusivamente en factores estructurales de las organizaciones sociales, donde deben buscarse las causas del déficit participativo. Una estructuración de lo público fuertemente partidocéntrica y estadocéntrica también constituyen restricciones en los espacios de acción de la sociedad civil organizada 28 . En el caso uruguayo se percibe además un fuerte antagonismo entre organizaciones de la sociedad civil y cuadros de gobierno. La desconfianza mutua parece ser una tendencia desde los primeros meses del gobierno. Esto quedó claramente expresado en el Seminario« Encuentros y Desencuentros...»(voz 1)«...a nueve meses del nuevo gobierno sigue existiendo un fantasma que el movimiento social es un medio de desestabilización del gobierno...»(voz 2) «...muchas de las organizaciones y movimientos sociales, sentimos todavía hoy el peso que desde el otro lugar(desde aquellos con los que dialogamos en el gobierno) sigue existiendo esa especie de prescindencia. Que no deberíamos ya existir porque existe un gobierno de izquierda y por lo tanto las organizaciones sociales dejamos de cumplir con nuestra función...»(voz 3)«...es importantísimo[que se reconozca] la capacidad crítica del movimiento social(...) tenemos cosas para aportar y no son menores(...) desde la capacidad crítica [que no la tiene en el gobierno, y es vivida, cuando la ejercemos] como un riesgo, como un elemento distorsionante de las posibilidades[del gobierno] de poder implementar sus políticas.» Gobernabilidades elitistas y estados opacos. En estrecha relación con lo anterior, las respuestas de los progresismos gobernantes a la crisis de representación y de legitimidad de los sistemas políticos tradicionales-aparentemente con más pragmatismo que organicidad intelectual- está más próxima al elitismo ilustrado que al avance hacia formas de democracia participativa. En los cuatro países la gobernabilidad y el disciplinamiento partidario y social parecen constituir núcleos estructurantes de prácticas y estrategias gubernamentales; ya se trate de una articulación de la gobernabilidad entre las elites tradicionales y las nuevas elites progresistas(como es el caso de Brasil y Argentina), o la construcción de la gobernabilidad al interior de partidos mayoritarios(como el FA en Uruguay 29 y la Concertación en Chile). Los agentes de gobierno uruguayos participantes de algunos de los ejercicios colectivos que dan lugar a este trabajo advierten desde el principio el desafío que representa«pasar a gobernar el Estado y[al mismo tiempo] promover su transformación progresista». En última instancia se verifica la dificultad de ser al mismo tiempo «timonel y amotinado» en la medida que hay una notoria conciencia de la necesidad de «gobernar[para] promover transformaciones que van en contra de la cultura de gobierno históricamente hegemónica». Lo cual no parece accesible sin la ruptura de los patrones de elitismo vigentes, como la tendencia a la búsqueda de un diálogo directo entre los liderazgos y«la ciudadanía» sin la mediación de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, la opacidad del papel de los poderes legislativos, el déficit deliberativo que se presenta como necesidad imperiosa de d isciplina y unidad partidaria- la falta de transparencia, la tendencia a laudar grandes temas sociales en base a opiniones técnicamente «relevantes», entre otras. Por otra parte desde los agentes de la sociedad civil se señalan formas de complicidad con el elitismo y la opacidad de las prácticas políticas. La opacidad es percibida como un recurso de gobierno que involucra a las organizaciones de la sociedad civil, llegando al límite de auto silenciarse como medio para mantener silenciada a la oposición política»...por la lógica política instalada, y por los lazos de lealtad existentes, y de esperan28 Del Seminario Encuentros y desencuentros de la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región FESUR 20 de octubre de 2005, Montevideo. 29 Aunque la experiencia de gobierno progresista uruguaya es todavía reciente, durante los debates y talleres del año 2005, así como en medios de prensa esta tendencia está registrada como crítica, aun desde filas del propio partido de gobierno. En los días en que se redacta este trabajo se producen en cascada una serie de pequeñas-o no tanto- crisis de gobernabilidad a la interna del Frente Amplio cuyo eje es la ausencia de debate sobre cuestiones políticas y de gobierno. EL epicentro más significativo fue la renuncia de un veterano, querido y respetado diputado del Partido Socialista, derivada del antagonismo establecido entre la libertad de conciencia y la necesaria ejecutividad del gobierno; la disciplina de partido entendida como unanimidad es resignificada como condición de gobernabilidad. 20 zas compartidas, que creo que hay en ámbito de las organizaciones sociales con el nuevo gobierno nos estamos encaminando a una gestión privada de la disidencia(...) no hay debate público, en muchos de estos temas, entre otras cosa porque nadie quiere darle el chance a que ciertas cosas se debatan públicamente para que la oposición política partidaria siga estando ausente del debate» 30 . Si bien no se puede afirmar que los anteriores sean rasgos propios del progresismo en el gobierno, es notoria la permanencia de algunas de esas formas de la gobernabilidad, o aún su profundización. Cándido Grzybowski hace referencia a la«trampa neoliberal» consistente en«una devaluación de la política la cual queda enajenada de las principales decisiones, como por ejemplo, las definiciones macroeconómicas 31 . Los perfiles que presenta la crisis política del PT en Brasil puede considerarse expresión la colonización de un partido político de nuevo tipo, por las formas de gobernabilidad vigentes históricamente en ese país. La gestión privada del espacio público. Las modificaciones operadas en el espacio de lo público parecen ser un nudo crítico para el desarrollo de un proyecto político y cultural progresista. El espacio público por excelencia en la actualidad es el espacio de la comunicación de masas. La gestión de lo público-política, cuestiones sociales, emociones y sensibilidades, adhesiones, e incluso las representaciones- se produce privilegiadamente través de los medios de comunicación masiva. Por definición, contenidos y sentidos se trata de un espacio público de gestión privada, comunicativamente clausurado por lenguajes dominantes y donde los medios de comunicación han pasado a ejercer una forma de mediación política. Se trata de unas formas de mediación cuyas características se sitúan lejos de las tradiciones del discurso político; por el contrario, múltiples indicios dan cuenta de cómo esas nuevas formas de mediación son parásitas de diferentes variantes del discurso antipolítico. Asimismo es posible percibir como se desarrollan los caracteres de una ciudadanía mediática a partir de un creciente liderazgo de los medios de comunicación en la formulación de las agendas públicas y en la representación de intereses de grupos sociales, especialmente de los más desempoderados. En esa medida la comunicación como componente central y desafío para la práctica política progresista, debe partir del supuesto que ni siquiera el gobierno tiene gobierno sobre ese espacio. En este plano son muy significativas las evidencias de la capacidad de los medios de comunicación de instalar públicamente agendas de seguridad ciudadana, que terminan orientando o bloqueando la capacidad de los gobiernos de construir sentidos y estrategias progresistas de sociabilidad. El comunicacional es un campo de disputa por la construcción de sentidos, contenidos y formas fundamentales para un proceso de ampliación democrática. En esa disputa se juega buena parte de la capacidad de dinamizar estrategias de construcción de una ciudadanía incluyente y reflexiva, dar voz propia a los grupos y sectores subordinados, el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de lo social, entre otros aspectos claves. El«miedo ambiente» 32 La hipertrofiada«demanda de seguridad» parece haberse convertido en una variable sistémica de redefinición regresiva en las formas de sociabilidad. Esta constatación, en caso de insinuarse dentro del discurso progresista, solo se formula después que se han hecho suficientes reverencias intelectuales al reconocimiento de la«necesidad» de proveer mayor seguridad 33 . De hecho en el campo progresista se verifica que «el pánico es el argumento central de la política contemporánea» como denuncia Paul Virilio desde su último ensayo Ville Panique;[a partir de lo cual]«el principal de estos nuevos 30 Del Seminario Encuentros y desencuentros de la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región FESUR 20 de octubre de 2005, Montevideo 31 Del Seminario Encuentros y desencuentros de la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región FESUR 20 de octubre de 2005, Montevideo. 32 Definición que debemos a Francisco Estévez en el Seminario«Encuentros y Desencuentros entre la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región» FESUR. Montevideo, 20 de octubre de 2005. 33 La teorización a este respecto llega a formular la seguridad como«un bien público perfecto», a partir de la idea de«seguridad humana integral». Sin embargo, al igual que cuando se proclaman los derechos humanos integrales y universales en contextos sociales dominados por complejos sistemas de violencia, se omite hacer referencia a la distribución de poder a partir de la cuál se formulan los sentidos y se accede a ese bien público perfecto. 21 problemas[sostiene] es lo que yo llamo la política de la emoción. Pasamos de una democracia de opinión, con la libertad de prensa, la estandarización de la opinión pública, a una democracia de la emoción, donde lo que ocurre es la sincronización de las emociones» 34 . Las características de la vida contemporánea concentran en la demanda de seguridad pública o seguridad ciudadana un sistema de emociones provenientes de múltiples ámbitos de la vida colectiva e individual. En sus abordajes sobre la«sociedad del riesgo», Beck reseña algunos de esos ámbitos disparadores de inseguridades:«la ruptura de los sistemas de identidades que caracterizaron a la modernidad(sociedades industriales-del trabajo- y democracia), la redefinición de la identidad mediante el conflicto con otras identidades, la no integración de los individuos en el conjunto social, sino mediante involucramientos‘parciales y solo temporalmente’, la compulsión a que cada individuo construya su propia biografía en el marco de un férreo pero imperceptible marco normativo y de acceso diferencial y estratificado a las oportunidades, la disolución de lo espacios sociales donde compartir y socializar éxitos y fracasos»(Beck 2001). El miedo ambiente entonces, se convierte en una plataforma emocional y discursiva desde la cual el progresismo puede transitar-de ida y vuelta- de las doctrinas asistencial-policíacas de la«prevención social del delito» a la criminalización de la pobreza y de la protesta social. El núcleo conflictivo planteado al progresismo con referencia a las políticas de seguridad parece estar relacionado con las tensiones en torno al poder por la utilización del espacio público; en definitiva es sobre ese eje que se construyen los sentidos del discurso de la«seguridad ciudadana», y donde se producen deslizamientos y transiciones significativas. Tal vez el ejemplo paradigmático lo constituya la transición discursiva hegemónica en la post crisis de 2001 en Argentina donde se pasó del sentido de pertenencia a un colectivo incluyente de clases medias y populares, expresado en la consigna«piquete y cacerola la lucha es una sola», a un discurso criminalizador de la protesta social aceitado por el emergente Blumberg y sus multitudinarias movilizaciones en demanda de más seguridad 35. La transición discursiva en la movilización de las clases medias argentinas«de las cacerolas a las velas» representó una ruptura de sentidos incluyentes en la ocupación del espacio público, y el retorno de un imaginario social (re)fragmentado. En ese imaginario restaurado-como parte del proceso de recomposición del poder después de la crisis institucional- los diferentes grupos y sectores sociales volvieron a ocupar su lugar de origen: Duhalde reivindicó el antagonismo entre la gobernabilidad y una sociedad en estado de asamblea. El debate acerca del Código de Convivencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y los edictos policiales transita invariablemente en torno a los contenidos de un sistema normativo donde la seguridad pública remite no solamente al control de la protesta social-dígase«piquetes» y aplíquese contra múltiples expresiones de disidencia, disfuncionalidad o diferencia. En la región se registran experiencias excepcionales, especialmente en Brasil y Chile con fuerte involucramiento de la sociedad civil organizada que han presentado indicadores de éxito 36 . Sin embrago los resultados del Referéndum del 4 de octubre sobre la iniciativa gubernamental brasileña para la limitación de la venta de armas a particulares parece ser indicativo de la fuerza de la tendencia a la satisfacción privada de la demanda de seguridad y que el«miedo ambiente» es un clima cultural con gran dominio sobre la emocionalidad colectiva, y claras consecuencias políticas y societales 37 . 34 Revista«Ñ» editada por Clarín 26- 03- 2005 35 Hago referencia al empresario argentino, padre un joven muerto en el marco de un secuestro con extorsión, que se convirtió en un líder socialmediático, un icono del argentino medio jaqueado por la inseguridad; a su convocatoria de movilizaron cientos de miles de personas portando velas. 36 Como por ejemplo el Consorcio de Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana de la Región Metropolitana de Recife y Diadema en Brasil, o Comuna Segura en Chile. 37 Aunque es un hecho relevante que en algunos lugares donde se implementan modalidades participativas para el abordaje de los problemas de la seguridad el resultado fue favorable a la limitación de la venta de armas. 22 En este terreno se tiene la sensación que el progresismo necesita promover un nuevo desarrollo teórico que le permita articular dos niveles de abordaje: tomar iniciativas sobre los problemas de la seguridad a partir de una orientación basada en derechos universales sobre las formas de sociabilidad y utilización de los espacios públicos y, también abrir debate y desplegar una consecuente lucha de ideas sobre los fundamentos y sentidos de la creciente demanda de seguridad. Robert Castel sostiene que la sensación de inseguridad«no es proporcional a los peligros que amenazan a una población[sino más bien el efecto] del desfase entre expectativa socialmente construida de protecciones y las capacidades de ponerlas en acto(...) Para replantear hoy en día la cuestión de las protecciones hay que comenzar por señalar sus distancias respecto de esta inflación contemporánea de la noción de riesgo que alimenta una demanda desesperada de seguridad y disuelve rehecho la posibilidad d estar protegido»(Castel, 2003:12-79). La ausencia de esta articulación hará encallar cualquier práctica progresistas sobre la seguridad en el espacio material y simbólico del disciplinamiento social. Subjetividad, democracia post autoritaria y progresismo . He dejado para el final de este«inventario» un tema que tal vez hubiera debido abrir este análisis: las subjetividades en y sobre las democracias; en Uruguay al igual que en los otros países de la región, es un componente central de las sociabilidades post dictatoriales. El desarrollo de una cultura democrática ampliada es un desafío abierto para los progresismos en el gobierno que se representa, en principio, como la defensa y afianzamiento de las formas y procedimiento del «buen gobierno» de las instituciones de la democracia representativa. Sin embargo los diferentes campos en que se articula la profundización democrática despliegan una agenda de temas donde, entre otros, se dibujan aspectos tales como la«calidad deliberativa de las democracias», la participación social, el avance en las capacidades y posibilidades de gobierno de las sociedades sobre los procesos políticos. Estos asuntos, como he intentado fundamentar, permanecen pendientes tanto en el plano teórico como en las prácticas. En lo relativo a la cultura democrática parece imprescindible renovar prácticas sociales de circulación e intercambio de ideas, puesta en escena de los conflictos y disensos, como una condición básica para la reformulación de los patrones de relacionamiento con lo público, tanto en lo interpersonal como desde los sujetos colectivos. Como hemos señalado a lo largo del trabajo, algunas tendencias, que en realidad son permanencias, parecen señalar una dirección más oclusiva que de ampliación democrática: la elitización de la política, la opacidad del estado, el déficit deliberativo, la privatización del espacio público, el escaso desarrollo de formas de participación social efectivas en la gestión de lo público y de gobierno, la ausencia de mecanismos de control social, la falta de libertad de acceso a la información sustantiva, la relativa debilidad de las organizaciones intermediarias. Muchos agentes refieren algunas de estas tendencias como deudas de la democracia. A la luz de la experiencia comparada en los países de la región parece necesario revisar el sujeto de tal déficit, ya que estamos en primer lugar ante la no elaboración de una nueva conceptualización habilitante de una praxis de ampliación democrática. Se trata de un débito de los agentes consigo mismo, y no de la deuda de una abstracción democrática ideal con las sociedades 38 . Es un déficit conceptual que vincula directamente con los espacios de elaboración teórica y política del progresismo, que no ha podido, sabido o querido, articularse con lo desarrollado en algunos espacios de las ciencias sociales, de las agencias internacio38 Uso la palabra débito porque en tanto la deuda suele ser asumida-en general- el débito remite también a algo sustraído. Quiero recalcar que hay una sustracción de sí mismos, por parte de los agentes, con respecto a este tema. 23 nales y de la sociedad civil. En definitiva estamos también ante un campo de disputa, esta vez por la«dimensión subjetiva de la democracia», por los sentido de las palabras, por la ruptura de las visiones hegemónicas, los discursos únicos; si se quiere, es una disputa pendiente también en el campo de las teorías. Si bien los países de la región dan cuenta de recorridos diferenciados a partir de las singularidades en sus tránsitos de las dictaduras a las democracias, en general parece válido para el conjunto lo que afirma Francisco Estévez para el caso chileno, en relación a permanencias autoritarias en el desempeño democrático post dictatorial derivadas de una«racionalidad política» y unas formas institucionales y subjetivas de«gobernabilidad» que heredan y nunca superan las«condiciones tomadas» para lograr-pagar- la transición de la dictadura a la democracia(Estévez, 2003: 10). ¿En qué se sostiene una generalización tan absoluta? Desde algunas aristas, el conjunto de experiencias muestran como las«condiciones de transición» a las democracia, tomadas o producidas desde las elites representan un gravamen que se activa, precisamente, como una subjetividad democrática post autoritaria, donde el rasgo dominante es la proscripción subjetiva del conflicto, en tanto su puesta en acción implica el riesgo del retorno autoritario. Se trata de un discurso totalizante que siempre tiende a articularse en el nivel simbólico como un sentido común que no necesita ser discutido porque es evidente 39 , pero otras veces se ha mostrado como discurso en acto 40 . Yamandú Acosta se refiere a las«nuevas democracias» post autoritarias como democracias«protegidas» del pueblo donde la democracia ha dejado de ser« del pueblo, para el pueblo y por el pueblo», para pasar el pueblo a ser« de la democracia, por la democracia y para la democracia» Lo instituido se vuelve instituyente y viceversa, y en este discurso el pueblo es democrático en tanto se adscribe desde sus prácticas individuales y colectivas a los límites de un modelo de democracia mediado-gravado, subordinado- por la experiencia del terrorismo de estado recientemente superado-en verdad internalizado como amenaza omnipresente. Se trata de un tajo que cruza transversalmente los campos de poder-especialmente lo político y lo públicoconfiando la«navegabilidad democrática» a la capacidad colectiva(autoadminstrada) de contener el«conflicto dentro de los límites asimilables y tolerables(por los incluidos)[y donde] la memoria del recurso a la coerción despliega una violencia[simbólica] superior a la violencia estructural[de manera que] el autoritarismo dictatorial genera ese terror o miedo(....) aún más allá de la vigencia de las dictaduras...»(Acosta, 2005:84). En la misma dirección, en un reciente trabajo sobre la experiencia«concentracionaria» durante la última dictadura en Argentina, Pilar Calveiro afirma«...la existencia de los campos, a su vez, cambia, remodela, reformatea a la sociedad misma.(...) la acción del terror no acabó el día que cayó el gobierno militar [ya que] a medida que el efecto inmovilizante del terror comienza a desvanecerse, la evidencia de la matanza y las formas que adoptó cobran un peso de terror que se graba con fuerza extraordinaria en toda la sociedad [como] una memoria colectiva que registra lo que se ha grabado en el cuerpo social bajo la forma de un terror diferido»(Calveiro, 2004: 148). Por su lado el Presidente Ricardo Lagos, en el anuncio y fundamento para la formación de la Comisión Velech 41 , aporta trazos de estos fenómenos en Chile«¿Cómo pudimos vivir 30 años en silencio[se pregunta; para responder] Sin duda por el miedo[pero también por39 Tomando la categoría de hábitus de Pierre Bourdieu. 40 En ese sentido creo que lo que hemos desarrollado como la emocionalidad instituida en torno al«miedo ambiente» demuestra que, aún para la Argentina, país caracterizado por su alta conflictividad, esta subjetividad termina operando como un ordenador de conductas y respuestas colectivas, una vez traspasada la crisis y restablecido el sistema de poder institucional. 41 Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura-formada por el gobierno de Chile y presidida por el obispo católico Sergio Velech- que recibió más de 35 mil denuncias. 24 que] descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica, es algo muy difícil de hacer(...) y ese mismo silencio comprensible fue ahondando el daño, de los sufrimientos compartidos, de aquello que preferimos esconder, ocultar, arrancar de los archivos de nuestra[propia] historia»(Verdugo, 2004:13). Marcelo Viñar denuncia como el impacto en la sociabilidad uruguaya, a partir de la experiencia del terrorismo de estado, compartida pero no elaborada colectivamente que:«Allí donde primaba la riqueza del debate o el placer de la comunión de una empresa o mito compartido, hoy prevalece el malestar, la desconfianza y la sospecha.(...) Las condiciones del debate y la controversia, otrora fuente de riqueza, se usuran y degradan y el prójimo se hace enemigo»(Viñar, 1992: 34) 42 .Sobre este punto vuelvo a Beck, quién afirma«...el extraño es una refutación viviente de los perfiles aparentemente claros y de los principios naturales por los que se definen las pertenencias e identidades en los Estados nacionales (...) la categoría‘extraño’ es el antónimo(o concepto opuesto) d e todos los términos del orden social. Y justamente en eso reside su carácter irritante, provocador(incluso como concepto)»(Beck, 2000(3):132). A partir de lo anterior intento fundamentar la importancia de un reabordaje de estas temáticas desde una perspectiva progresista, que no se agota en las implicancias éticas de la construcción de una memoria colectiva que de cuenta de la pluralidad de subjetividades respecto al terrorismo de estado, ni en acciones reparadoras desde el estado, aunque ambos sean fundamentales, ya que«...toda política estatal es una toma de posición del Estado sobre una‘cuestión’ socialmente problematizada»(Thwaites, 2005:30) y las políticas de impunidad se han convertido, en especial en Uruguay en mandatos imperativos que, entre otras consecuencias y por vía de ejemplo, arrastraron al Poder Judicial a una incalificable obsecuencia para con la política de los otros poderes del Estado, de los cuales constitucionalmente es independiente, pero es notorio, no políticamente. Lo que trato de destacar es el carácter central, respecto a la construcción de una cultura democrática ampliada, de la remoción de algunos bloqueos «inscriptos en el cuerpo» de nuestras sociedades, como memoria intangible e inamovible del terror que se activa en múltiples planos de la convivencia social. Como argumenta Beatriz Sarlo no se trata de evocar la memoria solo como un ejercicio de justicia, ya que«El regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, sino un advenimiento, una captura del presente». El débito teórico y práctico es la construcción de un proceso de reapropiación colectiva de nuestra propia historia de horrores para que deje de operar como«una‘historia monumental’ represora de los impulsos del presente»(Sarlo, 2005: 10). Podríamos decir que es necesario dar poder a las sociedades para interpretar las claves del terror(vivido), como condición para reconocer posibles determinantes subjetivas de los patrones de convivencia que nos ocupan actualmente, sin quererlo ni saberlo, ya que, volviendo a la argumentación de Calveiro«No puede haber campos de concentración en cualquier sociedad, o en cualquier momento de una sociedad[y que tengan como objetivo imponer] un proyecto económico y social que pretendía hacer desaparece de una vez y para siempre lo disfuncional, lo desestabilizador, lo diverso»(Calveiro, 2004: 148). Los fundamentos culturales de semejantes proyectos no aparecen, se desarrollan(y legitiman) en las sociedades como incidencias antojadizas al margen de consistentes trayectos culturales estructuralmente inscriptos en las prácticas sociales. Para desembocar en la«brutalización de la política» para usar la expresión de Anibal Corti, hace falta la consolidación de procesos de claudicación de lo público como espacio de convivencia de lo plural, la dimisión de la política como ejercicio deliberativo entre pares, y la transformación del semejante en«un 42 A propósito de lo que venimos tratando, en el mismo trabajo el autor deslinda con un«prejuicio frecuentemente difundido»[recordando que]«El campo de la objetividad no privilegia(...) aquello que se recorta como lo íntimo intrasíquico; sino como cada sujeto es atravesado por la historia de política, económica y cultural de su comunidad y por los grupos e instituciones de pertenencia».(las cursivas son mías) 25 otro» enemigo. Todo lo cual ocurre antes del advenimiento de los campos. Esas claudicaciones y dimisiones, de la misma forma que no advienen accidentalmente tampoco se desvanecen con el restablecimiento de las formas de la democracia representativa; ni tampoco con el triunfo electoral de los progresismos, aunque esto último pueda oxigenar el ambiente, como ha sucedido en Argentina y Uruguay. Un desarrollo cultural democrático ampliado reclama del progresismo librar batallas culturales orgánicas para avanzar en el reconocimiento de lo plural y lo diverso como matriz de lo social, para promover el reconocimiento, en lo disfuncional, de una hipótesis de cambio; que enfrente los patrones de sociabilidad regresivos, ya sea segmentación la territorial y cultural, la criminalización de la pobreza y la juventud, las subordinaciones por género, raza/etnia, edades; en definitiva la cultura de la exclusión y del capitalismo sin ciudadanía. 26 V. La disputa por la legitimidad de representación de lo social, lo popular, lo democrático y progresista He tomado como hipótesis que la ampliación democrática puede ser un espacio de convergencia de la sociedad civil organizada y el progresismo(partido y gobierno); de hecho la ampliación democrática constituye un campo de disputa por la legitimidad en la representación de lo popular, lo social y lo ciudadano 43. Es una disputa que se pone en escena en los discursos, los silencios, en las instituciones de lo público, lo estatal, lo democrático. Durante las reuniones del TAN en Uruguay se evidenciaron algunos perfiles de esa disputa que sintetizo en los siguientes titulares: 43 Uso la palabra campo en el sentido de Bourdieu: el campo se reconoce por sus propiedades y es donde los agentes disputan por el poder y su reproducción, desde dotaciones de poder acumuladas en otros campos. 27 Contornos de disputas Legitimidades. El resultado electoral de octubre de 2005 es referido por los agentes de gobierno como un momento fundacional, fuente de legitimidad y autoridad, al tiempo que pasa a ser sentido como poder enajenado en algunos ámbitos de la sociedad civil y aun dentro del propio movimiento político. Representación. Algunas agencias de gobierno apelan a una relación directa con la ciudadanía(a través de un estado que recupera capacidades perdidas) confrontado a un discurso desde la sociedad civil que sustenta y defiende el rol de sus organizaciones como intermediarias y articuladoras de demandas, pluralidad de perspectivas, capacidades innovadoras, entre otros atributos Escasa relevancia del Poder Legislativo. El ámbito parlamentario no aparece relevado ni dimensionado como un ámbito estratégico para la ampliación democrática. La agenda parlamentaria no produce novedad respecto a una agenda fijada desde el Poder Ejecutivo al inicio del período de gobierno. La mayoría absoluta del gobierno parece entrañar el riesgo de banalizar la actividad parlamentaria, especialmente frente una oposición que luce desconcertada en un lugar que no conoce y en el cual no se reconoce. Miradas fragmentadas y ausencia de espacios de articulación. En el Estado, donde están radicadas las principales energías y capacidades de la izquierda se producen miradas fragmentadas sobre la sociedad. Es notoria la ausencia de momentos y espacios para la construcción de relatos incluyentes de 28 la pluralidad de representaciones de lo social; la sociedad civil organizada no identifica lugares estatales legitimados de participación, y desde las agencias del estado no hay reconocimiento de poderes y legitimidades no estatales. Antagonismos. Los agentes del Estado se representan a las organizaciones de la sociedad civil como antagonistas de la recuperación de capacidad estatal y el fortalecimiento de la autonomía de la sociedad civil y el autogobierno social no aparecen como prioridades de la agenda progresista. Dimisión de la política y sobredeterminación económica. Por el momento se omite la discusión de estrategias de desarrollo orgánicamente relacionada con la ampliación democrática y de la ciudadanía. Lo social instrumental. La reconstrucción y democratización de la esfera de lo público aparece restringido a la construcción de instrumentos para articular la agenda de gobierno, más que a la (re)creación de una dimensión de lo social donde se exprese el conflicto, la confrontación, el diálogo y la capacidad de deliberación e influencia ciudadana. Debilidad del partido político. Se refleja una subordinación de la estrategia a la coyuntura, el adelgazamiento de la mirada y conducción política estratégica y, especialmente el debilitamiento del partido político como constructor de estrategias, articulador de demandas, productor de orientaciones y con capacidad de influir tanto en el espacio de la sociedad civil como en el gobierno. [de las reuniones del Taller de Análisis Nacional] 5.1 Progresismo, ciudadanía y sociedad civil Ciudadanía, democracia y política es una tríada en torno a la cual, en la modernidad se articuló la disputa por la hegemonía de los proyectos sociales, políticos y económicos en la región 44. En el capítulo anterior hemos hecho un exhaustivo análisis de la democracia como una variable principal. En este nos proponemos desarrollar algunos aspectos que nos parecen claves en ralción con las categorías ciudadía y sociedad civil en su relación con el pensamiento y las prácticas progresistas. 5.1.1 La nueva ciudadanía como interpelación al progresismo desde el pasado y desde el futuro Las condiciones de producción y reproducción caracterizadas como globalización neoliberal traen a un primer plano la novedad de un«capitalismo sin ciudadanía», con lo cual se alude a un proceso de destitución del ejercicio de sus derechos tal como han sido proclamados, reconocidos y conquistados hasta el presente, por una proporción significativa de las poblaciones. En la nueva configuración cultural capitalista aparece la exclusión social como una forma colectiva de ser y estar-en sociedad- que impacta en el sustento de un paradigma democrático que vinculó la ciudadanía a un«proceso de mayor igualdad e integración social(...) a través de códigos de trabajo o de una legislación favorable para el desarrollo de un sistema de relaciones industriales»(Garcés, 2004:12). Las«democracias excluyentes» surgen allí donde la sociabilidad se articulaba en torno al ideal de la«democracia como sistema político del pleno empleo». En la región este es un resultado de los procesos de reformas económicas, aperturas de mercados y desregulaciones laborales que acarrean la pérdida de un conjunto de derechos históricamente asociados a patrones de socialización vinculados al empleo; el PNUD caracteriza las consecuencias políticas y culturales de la «apertura económica» en términos de pérdida de«capital social, cultural y cívico»(PNUD, 2001:26). En la los países de la región donde el paradigma de desarrollo se realizó más exitosamente, están en cuestión el conjunto de relaciones sociales, patrones culturales y formas de socialización vigentes-en el marco de los estados de bienestar. Ulrich Beck ha sostenido el siguiente diagnóstico, aún para debatir algunas conclusiones fatalistas«...El capitalismo se queda sin trabajo y produce paro. Con esto se quiebra la alianza histórica entre la sociedad, el mercado,[el] Estado asistencial y[la] democracia, que hasta ahora ha integrado y legitimado el modelo occidental, es decir el proyecto de modernidad del Estado nacional»(Beck, 2000:25). Es decir que se está ante un cuestionamiento a las ciudadanías por la perspectiva abierta por el curso arrollador del modelo de desarrollo global. Pero la exclusión no es una novedad en las sociedades y los Estados nacionales de la región. Éstos se fundan en sistemas de relaciones sociales basados y sostenidas sobre patrones de exclusión que inicialmente se dirigieron hacia las poblaciones originarias, para instituirse como matriz de subordinación de todos aquellos sectores o grupos sociales insuficientemente dotados de poder y/o disfuncionales a los modelos hegemónicos 45 . La destitución de derechos no es una novedad, sino un patrón cultural sustantivo en la identidad de nuestras sociedades, donde es posible distinguir la tensión entre un ideal abstracto de igualdad y libertad y su adaptación a «patrones jerárquicos», a través de una 44 Argumentando a propósito del lugar de los populismos latinoamericanos en la transición de las«sociedades tradicionales» a las«sociedades modernas», Nicolás Lynch se refiere a la«construcción democrática(...) como acceso a derechos(...) construcción de ciudadanía consecuente, desarrollo de la sociedad civil y los espacios públicos(...)‘estados de compromiso’, en los que grandes coaliciones sociales y políticas afrontaban desde el poder estatal la conducción del desarrollo en los países...»(Lynch, 2000: 153). 45 En realidad los sistemas de subordinación/discriminación constituyen continuos donde es difícil discernir límites, aunque para los abordajes analíticos y especialmente políticos sea imprescindible diferenciar para intervenir. Por tomar un ejemplo, señalo lo artificial de referir la discriminación basada en la etnia/raza instituida por los colonizadores sin vincularla a la violencia de género, ya que el mestizaje fue, originalmente, el resultado de la violencia sexual basada en el género que está muy lejos de verificarse exclusivamente en la intersección con lo étnico racial. 29 sistémica«contradicción entre el derecho formal y su aplicación». La disociación entre«la abstracción de la igualdad de derechos entre todos los que habitan el territorio nacional y la realidad de una estructura social segmentada y excluyente» quedó inscripta y naturalizada en las matrices culturales nacionales, donde, además, los grupos de poder hegemónicos tendieron a percibir y representar la pretensión de«ejercicio pleno y generalizado de los derechos civiles y políticos como una amenaza y no como parte de la construcción del proyecto nacional»(Arashiro, 2004: 258). De manera que el modelo de ciudadanía hegemónico también está interpelado desde un pasado histórico débilmente reconocido, pero no por ello menos real. Los progresismos-y no el neoliberalismo- están desafiados a superar las constricciones teóricas y prácticas en relación a la ciudadanía, promoviendo su ampliación bajo un paradigma de derechos humanos universales, no reducidos a su dimensión civil y política, y tampoco solo para los grupos sociales que los han conquistado anteriormente. 5.2 Percepciones y representaciones de la sociedad civil Asumimos como definición de sociedad civil «el conjunto de prácticas sociales-con sus relaciones, procesos, normas, valores, percepciones, actitudes, instituciones, organizaciones, formas y movimientos- que no encuadran como económicas ni estatales» (Grzybowski, 2003: 45). Un segundo nivel es la idea de la sociedad civil como un factor instituyente de democracia, cualidad que se pone de manifiesto, paradigmáticamente, a través del hecho que las insubordinaciones y el indiciplinamiento de las sociedades civiles fueron claves en la deslegitimación y desgaste de las dictaduras de la región. Pero también lo fueron en los procesos históricos de denuncia y resistencia a las injusticias, en la expansión y conquista de derechos, o en la promoción de agendas que enriquecieron el debate público. En este plano parece importante llamar la atención sobre la necesidad de renovar el enfoque de la mirada progresista sobre la sociedad civil y sus prácticas; en especial llamando la atención sobre«El interés[que tienen] los nuevos movimientos sociales[en la] presunción que de ellos pueden esperarse novedades al interior de las‘nuevas democracias» (Acosta, 2005: 90). Más allá de los enunciados discursivos, las tendencias sistémicas tienden a absorber las formulaciones y prácticas participativas de los progresismos gobernantes, despojándolas de«novedad democrática». Un primer desafío del progresismo gobernante parece ser superar las lógicas sistémicas que tienden a promover los disciplinamientos-bajo una diversidad de mecanismos- de la sociedad civil como condición de gobernabilidad democrática. 5.2.1 Nuevos y antiguos movimientos sociales como oportunidad de apertura teórica y práctica para el progresismo. El debilitamiento de la capacidad de organización e incidencia pública de los movimientos sociales más tradicionales es un lugar común en múltiples discursos y miradas sobre la sociedad civil. Las organizaciones y reclamos corporativos de obreros/as, asalariados/ as, sectores de las clases medias y campesinos/as reciben una doble descalificación. Una primera ex post, que se relaciona a la derrota de los paradigmas de identidad históricos, especialmente del movimiento obrero-de orientación básicamente internacionalista socialista-; una segunda descalificación, ex ante, dice que en las nuevas condiciones de realización de la producción capitalista estos grupos sociales y sus organizaciones representativas no pueden aspirar ni acceder a un lu30 gar político relevante. Se infiere una deslocalización simbólica de los sujetos sociales y sus agencias como derivación natural de la deslocalización de las formas de la producción globalizada. Sin embargo, más allá de la decreciente capacidad de influir a partir de las estrategias desde las cuales construyeron sus poderes anteriores, los antiguos movimientos ensayan con éxito nuevas capacidades de incidencia en la escena pública, entre otros factores, por la capacidad que exhiben para desarrollar nuevas articulaciones con lo social y la(re) politización de sus intervenciones. En Uruguay, así como en Argentina, Chile y Brasil, la experiencia y trayectoria parece dar cuenta de un fenómeno que va más allá de lo episódico, reactivo o situacional 46 . El movimiento sindical ha politizado sus agendas, transformándose en agentes gravitantes en el debate de diferentes dimensiones de lo democrático que tradicionalmente estaba restringido a la sociedad política. Si bien la tradición de intervenciones políticas del sindicalismo uruguayo forman parte de su mejor historia, y puede restrearse en definiciones y acciones que tienen su máxima expresión en la Huelga General contra la instalación de la dictadura, actualmente se los encuentra en la disputa sobre los modelos de desarrollo, en los procesos de reformas del estado, de la educación, de la salud. En especial se destaca la experiencia construida a partir de las coordinaciones regionales, desde donde han aportado nuevos contenidos al proceso de integración. Al interior de los respectivos países las experiencias son dispares; en algunos casos (Argentina y Brasil) han sido capaces de articularse con nuevos movimientos sociales surgidos en los 80' y los 90', lo cuál ha enriquecido sus agendas con nuevas temáticas, su lenguaje, su visión de lo nacional y también de lo trasnacional. Se tiene la sensación de que lo perdido en centralidad y protagonismo de clase lo han ganado en capacidad de incidencia política. Si ya no se representan como expresión orgánica de un sujeto social portador de un proyecto transformador totalizante, la politización de sus agendas y la convergencia con nuevos movimientos y con antiguos y nuevos sujetos sociales los instala como agentes efectivamente gravitantes en los grandes debates ciudadanos y en los procesos de cambio. La novedad de esta incidencia compartida en especial por el movimiento sindical- con otros agentes sociales, abarca un abanico de experiencias imposibles de detallarse en el marco de un estudio como el presente, por cuanto constituye una dinámica cambiante y de perfiles móviles; tan vital como los procesos políticos y sociales donde se inscriben. Para el registro más grueso puede anotarse el rol del movimiento sindical en la fundación del PT, fuerza gobernante en Brasil, a partir de una acumulación construida desde la propia lucha por la recuperación de la democracia, junto a diferentes expresiones políticas de la izquierda y las organizaciones populares de base vinculadas a los sectores progresistas de la iglesia católica 47 . En el caso uruguayo, han sido notorias las capacidades del sindicalismo para concertar en torno a si una amplia resistencia social y política a los proyectos de reforma del estado considerados neoliberales 48 ; la participación directa de los sindicatos de trabajadores en la salida de la crisis financiera del 2002, o el poco difundido pero muy significativo disciplinamiento impuesto a todos los partidos políticos a propósito del sistema de la previsión social en una articulación con las organizaciones de jubilados. El proceso de acumulación de fuerzas culminado electoralmente en octubre de 2004 con la victoria del progresismo, reconoce una dilatada historia de construcción de una identidad cultural entre las fuerzas políticas de la izquierda y un núcleo muy significativo de organizaciones sociales, lo cual 46 Así definen su lugar en el escenario de la movilización pública algunos sectores del activismo argentino. 47 Si bien el triunfo electoral del PT constituye una expresión radical de esta acumulación, las batallas por los contenidos de la nueva Constitución(1988) representaron un momento especialmente relevante de esa articulación. 48 Me refiero a Plebiscitos convocados para derogar leyes que se consideró afectaban el patrimonio estatal y que en la mayoría de los casos derogaron las leyes impugnadas. 31 permite afirmar que la sociedad civil organizada integra el campo del progresismo. En Argentina-el país que registra una mayor densidad conflictiva en los últimos años- la experiencia de la Central de Trabajadores Argentinos(CTA) no solo es una respuesta a la crisis de un modelo de sindicalismo estructuralmente subordinado al sistema partidocrático y estatal, sino que se proyecta como una apertura hacia las nuevas formas de la sociabilidad emergentes a la crisis social e institucional. Su lugar en el escenario público deviene de la radicalización del carácter político de sus definiciones e intervenciones, y de la recomposición de las relaciones entre el movimiento sindical y diferentes sectores populares afectados por la crisis 49 . En general las experiencias señalan la calle como un lugar calificado del espacio público donde la coparticipación en múltiples experiencias de gestión de lo político, habilita una progresiva-y también por cierto conflictiva- articulación e identificación cultural entre los nuevos y los antiguos movimientos sociales. La memoria actualizada de la movilización permanece y se manifiesta aún en las sociedades de la región que hoy aparecen más ocluidas, como es el caso de la chilena. Allí, por ejemplo, los movimientos estudiantiles recuperan episódicamente capacidades de incidencia a partir de acciones callejeras combinadas con otras de extraordinaria creatividad. 50 En el crisol de la crisis argentina post 2001, la calle y el espacio público fueron escenarios donde se integraron tradiciones y movimientos sociales culturalmente distantes como si formaran parte de una memoria común: las asambleas barriales de la capital incorporan la horizontalidad y cierto sentido de comunidad propia de tradiciones no urbanas; el movimiento de trabajadores desocupados recupera y convierte en situación política relevante al«piqueterismo» una tradición de cortes de rutas desplegada en el interior del país en la lucha contra la desaparición de pueblos en el marco de la privatización de YPF 51 ; los movimientos de fábricas y empresas recuperadas articulan las tradiciones de ocupación de lugares de trabajo y resistencia a la violencia policial con la implementación de estrategias productivas, jurídicas, legales, políticas; de los barrios se nutren el comedor, el merendero, formas de economía solidaria, centros culturales y también los movimientos de escraches. Finalmente señalemos que las reiteradas y cada vez más multitudinarias experiencias de los Encuentros Nacionales de Mujeres dan cuenta, quizá de un modo radical, de nuevas posibilidades de intervención política de las sociedades civiles, mediante críticas articulaciones de lo diverso y lo plural en sus múltiples localizaciones(de edad, de clase, de raza, de religión, de profesión... y sigue un inabarcable etcétera). Los resultados, oportunidades y desafíos que abren estos encuentros de antiguas trayectorias con nuevos movimientos, sujetos sociales y temáticas emergentes, en un espacio público de alta densidad política, deben registrarse como un nuevo punto de interpelación a la mirada progresista sobre las sociedades civiles de la región. 49 Martin Armelino dice que, ese proceso de intervención política que la caracterizó desde su fundación en 1992, permitió que la CTA llegara a constituirse en«un actor político capaz de obtener reconocimiento público de los demás actores de ese juego(los gobiernos nacional y provinciales, los partidos políticos, las corporaciones empresarias, etc.)»(Armelino, 2005: 276) 50 Tal vez debería decir de autopista y no calle, por cuanto un fuerte«dolor de cabeza» para las autoridades policiales fueron, durante 2005, las movilizaciones de«los cabros» cortando durante no más de cinco minutos puntos claves de la nueva autopista bajo el río Mapocho, con lo cual provocaron distorsiones de un impacto mediático extraordinario. Otro ejemplo son ciertas estrategias performáticas o distorsionantes puestas en práctica también por los estudiantes chilenos que se combinaban por miles para ir a los bancos y formar colas interminables para depositar«un peso» en alguna cuenta, con lo cuál provocaban, con la absoluta inocencia de un ahorrista un significativo caos en el sistema bancario. 51 Algunos autores refieren la(auto)denominación de«piqueteros a la intención de«atraer la atención de los medios y del sistema político-por su fuerza expresiva[pero además porque] representó una alternativa para todos aquellos[trabajadores] para los cuales la condición de desocupados resultaba intolerable.»(Svampa y Pereyra 2005: 344) 32 Las representaciones de la sociedad civil organizada Preguntamos en forma abierta para acceder al más amplio espectro de representaciones de la sociedad civil organizada. La mitad(50%) de las menciones se concentran en dos grupos: 1) 29% son movimientos y organizaciones no gubernamentales representativos de temáticas o sujetos sociales emergentes, es decir«nuevos» en términos de la modernidad, y que luchan por ampliar la ciudadanía(derechos humanos, mujeres, etnias, medio ambiente, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos); 2) 21% son organizaciones no gubernamentales orientadas a la atención de grupos sociales en desventaja(Infancia, mujeres, pobreza); es decir organizaciones que son derivaciones de organizaciones de servicio y caridad. Ello representa una mayoría de representaciones que refleja lo que el sentido común considera sociedad civil(las«oenegés»). En tercer lugar, con 17% de menciones se refieren a sindicatos y gremios tradicionales. Una distancia tan radical en la representación de unos y otros puede hacer pensar que la trayectoria de fuerte compromiso político de los movimientos sindical y estudiantil proyecte una imagen de«ajenidad» respecto a una sociedad civil organizada a la cual, subsidiariamente puede deducirse que se le atribuye escasa jerarquía política. En conjunto parece proyectarse la imagen de una sociedad civil organizada despolitizada, y con una fuerte inclinación a ser percibida como espacio de canalización tanto de demandas sociales como de capacidades compensatorias para los grupos sociales en desventaja. Es de destacar la ausencia de menciones espontáneas a formas de organización de la sociedad civil vinculadas a la actividad económica. Esta conclusión remite tanto a una visión de lo político fuertemente sesgado sobre lo partidario estatal institucional; consecuentemente a la sub valoración del sentido político de las organizaciones e intervenciones de la sociedad civil. [del cuestionario en Uruguay] 5.2.2 La necesidad de un reconocimiento progresista de lo social «difuso y confuso» En los países de la región, las tendencias y prácticas asociativas, vinculadas a una amplia gama de instituciones, intereses, proyectos o respuestas específicas a situaciones concretas, constituyen un capital social genéricamente reconocido como relevante. El universo de lo asociativo constituye una constelación donde se articula y enlaza lo estable e institucional con lo«situacional», lo cambiante, lo transitorio. Las manifestaciones de esa potencialidad social van desde la consolidada presencia de instituciones con fuerte ingerencia en el tejido social(como iglesias y congregaciones religiosas, comunidades de migrantes, asociaciones benéficas), a los espacios culturales-fuertemente institucionales o«autónomos», los clubes de«fans»,«las movidas», las«tribus urbanas», las hinchadas de futbol, entre tantas otras. Un ejemplo de tendencias y potencialidades asociativas uruguayas lo constituyó en los primeros meses del gobierno progresista una movida vía internet promovida originalmente por un núcleo de personas autodefinidas como«Generación 83», en referencia a su identidad como protagonistas de la reestructuración del movi33 miento estudiantil y sindical legales en las postrimerías de la dictadura. La movida tuvo como motivo enfrentar el retiro de confianza, por parte del flamante gobierno progresista, a un médico que lidera una corriente dentro de los servicios de salud orientada a desarrollar estrategias de reducción de riesgos y daños frente a la práctica social del aborto inseguro. Bajo el título de Nos sentimos representados por el Dr. Briozzo se desarrollo una fulminante campaña de recolección de firmas exclusivamente en internet, que rápidamente superó el millar, excediendo por mucho los límites de la «Generación 83». La sociedad civil uruguaya, en su diversidad de organizaciones y expresiones, parece todavía inaccesible desde la información dura que se posee, más allá de consistentes esfuerzos realizados en dirección a desbrozar ese camino. En uno de sus trabajos de investigación, el Instituto de Comunicación y Desarrollo afirma que«La diversidad es tan grande que parece ser que no existe un solo recodo de la sociedad uruguaya que no recoja el aporte de alguna organización social y solidaria»(ICD, 2000: 12) A lo cual agrega que 261 organizaciones relevadas declaran beneficiar directamente a casi 600.000 personas; esto corresponde a una quinta parte de la población del Uruguay. Para el caso argentino es interesante reparar en que los informantes entrevistados coinciden sobre que la crisis post diciembre de 2001 no adquirió las dimensiones de un«genocidio por indigencia» a partir de la puesta en escena de un fuerte capacidad solidaria del colectivo social:«la resistencia política alimentó el ánimo y la solidaridad inmediata permitió subsistir». Asumiendo que nos estamos refiriendo a un conjunto caracterizado por grandes diferencias en todos los planos, los registros-siempre aproximativos- en los países de la región dan cuenta de la existencia de decenas de miles de instituciones sociales, de base o intermedias, no gubernamentales o civiles, según las diferentes terminologías para definirlas. En todo caso parece importante reparar en esas dinámicas de sociabilidad, que tanto en la vida cotidiana como«en los momentos de crisis, o francamente insurrecciónales, como sucedió en la Argentina del 2001[la experiencia enseña] que son muchas las personas dispuestas a participar de las grandes decisiones», construyendo prácticas innovadoras, donde puede haber tanto«señas de identidad de un nuevo voluntariado social como un proto-partido de nuevo tipo,[con la potencialidad de aportar] acaso a la construcción de un espacio público no estatal»(Thwaites, 2004:32). Si el progresismo es capaz de interrogar(se) acerca de la manera en que se producen, material y simbólicamente, los encuentros y desencuentros entre estas nuevas formas de sociabilidad con la política, e incluso con las expresiones más institucionales y tradicionales de la sociedad civil, seguramente podrá avanzar en un reconocimiento crítico de sus propias prácticas y representaciones de la sociedad. Algunas de esas nuevas formas de sociabilidad, que recién ahora y débilmente empiezan a ser reconocidas como expresión de sociedad civil organizada traen novedades -como afirma Garcés- no sólo referidas a los «tipos de actores implicados en la acción social y política, sino también al alcance y sentido de sus prácticas». De hecho ponen en cuestión el conjunto de representaciones de la sociedad civil aceptada hasta el presente, así como también los sentidos y formas de lo político y lo público, ya que al«no referir sus acciones a un proyecto político de transformación, sus interrogaciones y cuestionamientos apuntan a las formas políticas tradicionales[y] sus críticas a las formas clásicas de representación y al vanguardismo,[se actualizan en] las nuevas formas de participación y politización que desarrollan»(Garcés, 2004: 38). Un desafío central para un diálogo fructífero entre la teoría y la práctica progresista con los pliegues y recorridos propios de las sociedades civiles y sus múltiples formas de expresión acción y representación, reclama un reconocimiento más comprehensivo de las diferentes experiencias asociativas, sus desarrollos y mutaciones. 34 Como fue señalado en la introducción, el TAN se constituyó a partir de lo que consideramos un recorte cualitativamente representativo del bloque político y social progresista, mediante la participación de agentes de gobierno, sociedad civil y academia. La selección de las personas a las cuales se aplicó el cuestionario constituye en si mismo una primera aproximación a las representaciones de las sociedad civil por parte de los integrantes del TAN, que fueron quienes sugirieron a los y las entrevistables. Es de destacar que las propuestas hicieron recaer las entrevistas sobre 68% de hombres y 32% de mujeres; sólo 6,45% eran menores de 30 años y en la propuesta no figuraban integrantes de organizaciones defensoras de la diversidad sexual, gays o lesbianas. Hubo propuestas de entrevistar a personas afrodescendientes, pero en proporción tan baja que si nos hubiéramos atenido a un criterio cuantitativo, no habrían sido entrevistados. Tampoco hubo propuestas respecto a personas vinculadas a organizaciones de trabajadores desocupados, sin techo, pobladoras de asentamientos o clasificadoras de residuos. Las propuestas reflejaron entonces, una estructura de poder de representación radicalmente sesgada por sexo, edad, raza e inclusión en las formas de sociabilidad más tradicionales y reconocibles; tal es la sociedad civil visible. [del cuestionario en Uruguay] 5.2.3 Los invisibles y la«exclusión» como categoría excluyente Un núcleo orgánico de las políticas progresistas son las estrategias de«inclusión» desplegadas a partir de programas de emergencia dirigidos a intervenir-modificando en sentido positivo- las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerabilizados. Se trata de primeros pasos hacia el restablecimiento de una identidad ciudadana básica: ser asistido frente a la indigencia o miseria extrema. Son políticas que en el caso de Brasil y Argentina alcanzan ya-por años- a muchos millones de personas en forma permanente, y representan un reconocimiento explícito de la exclusión como un rasgo propio del capitalismo sin ciudadanía 52 . Los excluidos son una parte de nuestra sociedad cuya incorporación al imaginario colectivo deviene de los no poderes que representa la exclusión. Sin embargo parece fundamental interrogarse por la positiva ¿quiénes son los excluidos? La idea de exclusión, aún cuando refiere a millones de personas que reproducen cultural y generacionalmente un lugar social, parece remitir a una especie de vacío que no expresa otra cosa que el esfuerzo por colocar en el discurso aquello que desde la doxa no se puede colocar en una trama social reconocible y aceptable. Alvaro Rico señala que«en esos espacios se expresan otras maneras del ser social en nuestra convivencia, que no me animaría a decir si son[formas] presociales o prepolíticos de existencia, de grandes colecti52 Aunque no es tema central de este trabajo y ha sido sistemáticamente abordado en Villarreal 2004 La larga marcha hacia la justicia social, parece interesante señalar que al interior del progresismo y de la propia sociedad civil se desarrollan intensos debates acerca de los sentidos de las«estrategias de inclusión» en el marco de la reconfiguración de las condiciones de producción globales. Mientras que por un lado se sostiene que la«mejor política social de inclusión es un trabajo digno y decente», hay quienes postulan la necesidad de pensar las maneras de asegurar a las personas«formas permanentes de acceso a un ingreso digno» a partir de la intervención estatal directa y no mediante la expectativa de reorientar las dinámicas del mercado de trabajo. 35 vos o de grandes sectores de la población[productores] de una subjetividad diferente, con formas no representables desde los parámetros clásicos, no organizable, nómada hasta en su forma de existencia» 53 . Estos colectivos, que definimos como excluidos de las formas de sociabilidad tradicionales se rearticulan en nuevos espacios que a su manera dialogan con el estado, con la sociedad política y con la propia sociedad civil organizada sobre la base de códigos en permanente transformación. Simplemente ya no están donde estaban antes, y la dinámica de los procesos de exclusión y de rearticulación social y cultural descoloca la elaboración y reflexión desde la política y el estado progresistas. Se los«atiende;» se los«contiene», se elaboran hipótesis acerca de«estrategias de salida de la exclusión»-muchas veces con«ofertas» que suponen el retorno a la hora previa a«la caída en la exclusión»; eventualmente se los hace funcionales a proyectos político partidarios... o se los criminaliza. En la conceptualización progresista acerca de la exclusión está vacante la posibilidad de considerar a los grupos sociales así definidos como sujetos con otra identidad, que no sea el temor que provoca esa identidad otorgada y significada desde los lugares de la inclusión. Tal vez las preguntas urgentes y pertinentes sean ¿desde dónde, cuántas y cuáles son las dignidades humanas que se puede contribuir a(re)incorporar a la vida de quienes están afuera de los espacios de sociabilidad tradicionales como resultado de los procesos de destitución de derechos ciudadanos? Y para ello parece necesario identificar cuáles son los poderes que han desarrollado y cómo potenciarlos, lo cuál supone intervenir para que ocupen desde sí mismos un lugar propio en el elenco reconocido y reconocible de sociedad civil. 53 Álvaro Rico en Seminario Encuentros y desencuentros de la sociedad civil y los gobiernos progresistas de la región. FESUR, Montevideo, octubre 2005. 36 El conflicto, percepción, visibilidad y gestión Desde una batería de preguntas intentamos acceder a la percepción del conflicto, los temas en torno a los cuales se hace visible para los agentes, las estrategias de las organizaciones sociales y sujetos para ponerlo en escena e intentar resolverlo favorablemente. Las bajas visibilidades o la invisibilidad nos aproximan, por omisión, a los más desempoderados. Seguimos en este intento la inspiración de Carlos Real de Azúa, quién sustentaba la necesidad de aproximarse a:«...los costos sociales y humanos de toda necesidad colectiva que no haya llegado al umbral de poder suficiente para entablar el conflicto abierto por falta de recursos para hacerlo, sean ellos la incultura, la marginación, la pobreza, la represión, o cualesquiera otros lastres de similar entidad»(Real de Azúa;(1973) 2000: 14). El número de menciones recibidos entre los encuestados por los temas de conflicto constituye una primera aproximación a la visibilidad de los mismos. La intensidad(conflictividad) medida como alta o baja introduce una apreciación valorativa sobre el tema, y finalmente la referencia al nivel de visibilidad permite deducir algunas tensiones entre la apreciación de los agentes sobre cada tema de conflicto y el lugar que ocupa en la agenda pública. Si bien hay una gran dispersión temática que abarca en forma significativa a 31 áreas de conflicto, 5 de ellos concentran casi la mitad de las menciones con 49,8% y cuando llegamos al puesto N ° 11 estamos ya en 80% de las menciones. Esos 11 temas que concentran 80% de las menciones son, en orden, políticas de seguridad pública, desempleo, derechos humanos, pobreza y aborto, infancia y adolescencia en riesgo, educación, salud, medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, consumo problemático de sustancias psicoactivas. De hecho se trata de asuntos que, en muchos casos, se caracterizan por una alta exposición pública a través de los medios de comunicación masiva(seguridad, consumo problemático de sustancias, desempleo, infancia y adolescencia en riesgo, medio ambiente, pobreza); en otros además coinciden con temas tradicionales de la agenda de la izquierda(salud, educación); dos temas(aborto y derechos sexuales y reproductivos, que pueden ser dos maneras de estar nombrando un mismo conflicto) se caracterizan por haber estado durante largos períodos en el centro de duras polémicas y, en especial, por haber sido objeto de pronunciamientos precisos y altamente polémicos por parte de dos sucesivos Presidentes de la República). La percepción de los conflictos sociales parece estar determinada por su visibilidad en los medios de comunicación. Algunas inconsistencias entre diferentes respuestas parecen reforzar esa idea de una percepción subsidiaria de la trascendencia a los espacios de comunicación de masas; por ejemplo: i) la alta conflictividad atribuida al tema aborto cruzada con la baja mención y media intensidad atribuida al tema género parece reflejar una disociación entre el hecho conflictivo y las relaciones de poder puestas en tensión en ese conflicto; ii) una atribución alta conflictividad a la infancia y adolescencia en riesgo cruzada con una baja conflictividad y bajísima intensidad a trabajo infantil obliga a interrogarse acerca de cuáles son los riesgos percibidos cuando se dirige la mirada a niños y adolescentes en riesgo. En otro orden las bajas menciones de algunos temas, tales como«discriminaciones, adultos mayores, justicia, parecen proyectar la auto imagen de sociedad excepcional a la que nos hemos referido en otros espacios. En particular las casi nulas menciones a democracia y partidos políticos como un tema de conflicto contrasta radicalmente con la percepción casi unánime recogida en otra pregunta acerca del carácter elitista de la toma de decisiones por parte de los partidos políticos. En conjunto se recoge una percepción y apreciación del conflicto fuertemente mediada por los espacios de comunicación de masas, donde la invisibilidad sigue siendo la condena de aquellos grupos carentes de poder para poner en escena sus temas. La gestión del conflicto es percibida en forma mayoritaria mediante estrategias dirigidas influir directamente sobre los tomadores de decisiones(lobby y advocacy) 43%; las campañas de opinión pública y las movilizaciones callejeras reciben 28% de menciones cada una. Finalmente los ámbitos del estado privilegiados por la s organizaciones de la sociedad civil concentran en el Poder Ejecutivo 41% de menciones, Poder Legislativo 24%, la Administración 20% y los Gobiernos Locales 15%. [del cuestionario en Uruguay] 37 5.2.4 ONG’S: entre la autonomía de lo social y la heteronomía en lo progresista Con la denominación genérica de ONG’s se hace referencia a la que parece ser una de las expresiones más dinámicas y versátiles de la sociedad civil organizada y, de hecho, hay una cierta homologación entre sociedad civil y«oenegé». Tal vez ello se explique por el hecho que la actividad y presencia pública de este colectivo atraviesa o toca numerosas formas y planos de sociabilidad: muchas veces tiene su origen en colectivos militantes y movimientos sociales; constituyen un voluntariado militante; son elencos profesionales de lobby y advocay altamente calificados; desarrollan intervenciones tanto a niveles de base como en el asesoramiento, monitoreo, diseño y/o ejecución de políticas públicas. El ADN de lo «no gubernamental» remite a la formalización de sociabilidades donde se pusieron en juego capitales culturales y sociales desde los cuales se fracturaron algunas clausuras dictatoriales. Su existencia está directamente vinculada con las batallas democráticas. Aún en países como Uruguay y Chile donde los partidos políticos mantuvieron capacidad de acción bajo las dictaduras, las ONG’s representaron un capital social democrático en acto donde también comenzó a expresarse con mayor riqueza la diversidad de lo social. Excepto en Brasil, las restauraciones democráticas supusieron el desplazamiento a un segundo plano y/o invisibilización del espacio «oenegé» a partir del restablecimiento de la centralidad de los partidos políticos y de las organizaciones sociales más tradicionales 54. Parece interesante hurgar un poco más exhaustivamente de lo que es posible en el marco de este trabajo, sobre el hecho que recién con el triunfo electoral del PT se consumó en Brasil el ciclo de desplazamiento que en los otros países se produjo en el marco de restauraciones democráticas hegemonizados por la derecha o el centro derecha, a cuya«influencia ideológica» se atribuyó-con maniquea ingenuidad- la responsabilidad por la desmovilización social. El colectivo«oenegé» registra una nueva ola de protagonismo en los 90' a través de un proceso que al mismo tiempo que las promueve pone en cuestión la identidad de muchas de las organizaciones que lo integran. Me refiero a dos líneas desarrolladas simultáneamente: i) la identificación de las ONG’s como aliados claves por parte de las agencias internacionales encabezadas por el Banco Mundial para la implementación de«políticas compensatorias»; ii) la alianza entre la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas para la promoción de una agenda de«derechos» y«desarrollo» que se produce en el contexto del ciclo de conferencias mundiales abiertas a la sociedad civil inaugurado con la Conferencia Mundial de Medio Ambiente-Río ’92- dando lugar a un alto desarrollo de redes de sociedad civil trasnacional. Actualmente representa un sector de la sociedad civil consolidado y con una gran potencialidad para incidir en procesos vinculados a la lucha por la ampliación democrática y construcción de nuevas ciudadanías, que ha jugado un importante rol en la politización y renovación de las agendas del conjunto de la sociedad civil, de los gobiernos y aún de los organismos internacionales y, sin embargo, su lugar político está sujeto a importantes tensiones. Tal es el caso de las ONG’s orientadas al«desarrollo» por la«extrema vulnerabilidad[derivada de] su dependencia creciente de los financiadores, su pérdida de capacidad crítica y la asimilación funcional al sistema económico»(Leal, 2003). Pero también es el caso de las ONG’s que articulan el carácter de colectivos profesionales y movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo, una de las corrientes más relevantes dentro de la sociedad civil trasnacional, tanto por su potencia en el plano de la lucha de ideas como por su capacidad de influir de las agendas públicas 55. Sin embargo el debate feminista tiene instalado el tema de su independencia e identidad 54 Naturalmente hubo excepciones a esta tendencia, en especial las organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos humanos. 55 Sonia Alvarez propone leer al feminismo como«un campo discursivo de actuación/acción y[ya] no como un movimiento social en el sentido‘clásico’ de la expresión[ya que lo percibe más bien como] un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético y polifónico campo o dominio político(...), que se extiende más allá de las organizaciones y grupos propios del movimiento, strictu senso«(Alvarez, 1998). Las cursivas son de la autora. 38 en términos no muy distantes a las ONG’s«de desarrollo». En 1998 la feminista peruana Maruja Barrig sostiene que el«decaimiento de la protesta social[e] inicial deslumbramiento frente a una flexibilidad de los aparatos burocráticos y políticos para acoger propuestas de la sociedad, alentaron un proceso de reflexión en el mundo no gubernamental(...) sobre su identidad, ya no como intermediarios y subordinados a los ritmos y demandas de una base social que habían pretendido«representar» sino como actores sociales en si mismos, con capacidad propositiva frente a los problemas nacionales y con una experiencia acumulada en lo‘micro’, para ofrecer pautas de ejecución de proyectos ampliamente denominados de Desarrollo»; y en 2005 Ochy Curiel- activista feminista y lésbica- critica el predominio en el X Encuentro Feminista de«una cantidad de ONGs y redes con grandes publicaciones, numerosas delegaciones(...) cuyos temas abordados eran más que todo, derechos reproductivos y seguimientos a conferencias, lo cual no es casual, dada la cantidad de financiamientos disponible para este tema.» 56 Es interesante destacar que la tensión autonomía- heteronomía para las organizaciones de la sociedad civil del Sur está atravesada no solo por la dependencia frente a las agencias internacionales o los estados nacionales; también incluye tensión de poderes para la construcción de las agendas al interior de la sociedad civil trasnacional. En ese sentido es importante reparar en que 60% de las más de 2500 ONG’s con estatus consultivo en Naciones Unidas son del Norte, abarcando apenas 20% de la población mundial. Es allí donde en buena medida se define la agenda que articulará a las agencias internacionales con sociedad civil organizada, lo cuál tiene un directo impacto en los financiamientos; es decir en la existencia misma de esta dimensión de lo no gubernamental en tanto organización 57 . El progresismo gobernante debería abordar con radicalidad el problema de la contribución al fortalecimiento de la capacidad crítica y autonómica del espacio de las ONG’s, que fueron claves en los procesos de acumulación democrática y deslegitimación de las dictaduras, y han acumulado profesionalismo y capacidad de articular e intermediar con las diversidades sociales, pudiendo desde ese lugar hacer un aporte de novedad, al interior «de las nuevas democracias.» 5.2.5 La región como espacio de realización de una sociabilidad trasnacional progresista La sociedad civil trasnacional es un sujeto colectivo cuya irrupción representó un cambio en las condiciones de gobernabilidad y de los equilibrios de poder al interior de las agencias internacionales. La primera generación de esta sociedad civil trasnacional se expresó en las ONG’s vinculadas al paradigma del desarrollo, en el cuadro del despliegue de iniciativas del sistema de Naciones Unidas vinculadas a un conjunto de desafíos centrales de la época(DDHH, Medio Ambiente, Mujer, Educación, Salud). Si las grandes conferencias de Naciones Unidas legitimaron a esa primera generación de sociedad civil trasnacional, esa presencia de la sociedad civil permitió al sistema de Naciones Unidas desarrollar nuevas rutas para la renovación, promoción y gestión de sus postulados. La segunda generación, nacida al calor de la globalización neoliberal-temperatura de fusión 56 Ver: www.rompiendoelsilencio.cl/opinión.htm(leído el 24 de noviembre de 2005) 57 En el trabajo citado Maruja Barrig señala la«responsabilidad» de«algunas feministas latinoamericanas» por la«escasa visibilización del feminismo[en los 90'] como conciencia crítica de la gruesa urdimbre que mantiene la discriminación de las mujeres»[como resultado de] la no revitalización del «compromiso militante alrededor de temas que no necesariamente son susceptibles de incorporarse al‘plan de trabajo’ de su centro laboral[en referencia a la ONG feminista]» 39 del paradigma de la modernidad, sus instituciones y representaciones-, se articula en torno a estrategias de resistencia globales. Es una sociedad civil que nace a compás de la creciente ruptura de expectativas sobre las formas de la política tradicional, incluyendo el desencanto con las agencias internacionales. Esta segunda generación ha encontrado en el marco de las sucesivas versiones del Foro Social Mundial la potencialidad de una identidad basada en la resistencia para la diversidad y la diversidad de las formas y temáticas de resistencia posibles basadas una comunidad de valores(solidaridad, justicia social, participación, pluralismo). Es interesante prestar atención a las potencialidades abiertas por el desenvolvimiento del MERCOSUR, como una todavía«difusa y confusa» proto identidad cultural que ha superado de hecho las restricciones implícitas en los alcances originales del Tratado de Asunción. Las potencialidades para el desenvolvimiento de una identidad regional navegan con mayor fluidez en los circuitos de sociedad civil organizada que en los ámbitos institucionales y en la sociedad política; se trata de sociedades civiles locales que también se trasnacionalizan a través de los avances en una identidad mercosurista 58 . Se trata de un proceso complejo donde la tendencia de la sociedad civil a constituirse en un sujeto colectivo integrado e integrador deben superar no solo los recios debates internos-en especial del movimiento sindical, que ha sido uno de los actores más dinámicos de este proceso- sino las propias limitaciones culturales e institucionales de las elites, incapaces por si mismas de imaginar un Mercosur que trascendiera los límites del Tratado de Asunción 59 . La articulación de formas de integración de hecho que se desarrolla desde diferentes vertientes de sociedad civil organizada en lo regional y trasnacional, representa una plataforma cultural de progresismo para potenciar estrategias de enfrentamiento a las constricciones de los cuadros de fuerzas políticas adversas tanto locales como regionales. Lo transnacional en la sociedad civil organizada Las menciones a ONG’s como expresiones de sociedad civil vinculadas a redes internacionales reciben 74% de menciones y, dentro de ese grupo las menciones proporcionalmente mayoritarias recaen en temáticas que han estado en el centro del debate de las conferencias de NN UU durante la década de los’90(género, ambientalistas, DDHH, etnia/ raza). El contraste, una vez más está dado por el hecho que el movimiento sindical apenas recibe 15% de menciones. Esa(des) proporción es particularmente significativa de la escasa visibilidad de un movimiento sindical que, por definición y por práctica es un movimiento internacional y que ha tenido un rol destacado en el contexto del Mercosur; lo cual también está diciendo del escaso impacto de las acciones emprendidas en el marco de esa institucionalidad supranacional. [del cuestionario en Uruguay] 58 En este plano los movimientos sindicales han sido pioneros y juegan un papel relevante, en el diseño de estrategias de intervención comunes a partir del dinamismo readquirido por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur precisamente como estrategia para intervenir y pesar en el proceso de gobernabilidad regional. Pero el fenómeno abarca un horizonte de«sociedades mercosuristas» que supera ampliamente toda institucionalidad; y también las más tradicionales de la sociedad civil organizada. 59 Por más sobre esto ver Álvaro Padrón, 2004. 40 5.2.6 El disciplinamiento: tensiones entre lo sistémico y lo instituyente de «novedad democrática» en la relación sociedad civil- gobiernos progresistas La«brecha» entre sociedades civiles, sociedades políticas y estados ocupa un lugar relevante en los debates y preocupaciones tanto de las ciencias sociales, los organismos de Naciones Unidas y también de los partidos progresistas. El«desencanto con la política», la «desafiliación democrática», la«crisis de la militancia», las«sociabilidades pre políticas», la«individuación», son categorías que expresan intentos por definir, interpretar, clasificar, poner en línea las ideas con los hechos(o viceversa). Sin embargo el peso y velocidad de los acontecimientos hace que muchas veces el«pragmatismo» se instale en el progresismo como sustento teórico de la falta de teorización suficiente. Como señala Beck, la falta de categorías no le quita realidad al diagnóstico pero puede invalidarlo operativamente. En relación al tema que venimos desarrollando dice que cuando«... se equipara política con Estado, política con sistema político[esperando la política solamente] de los actores que están facultados para ella» se opera una reducción que«lleva a que los relojes de la política dejen de hacer tic, tac[si se olvida que] el inmovilismo del aparato estatal y de sus agentes secundarios puede coexistir, perfectamente con la movilización de muchos actores en todos los niveles imaginables de la sociedad, es decir, que la política puede caer en la subpolítica activa»(Beck, 2000(2): 14). Eso que Beck llama«subpolítica activa» pueden ser fuentes instituyentes de renovación de las prácticas y concepciones de lo social al interior de estas nuevas democracias, desde donde el progresismo desarrolla sus proyectos políticos. Cándido Grzybowski propone un desafío teórico y práctico que el progresismo necesita hacer suyo: aprovechar-potenciar- la«cuña de la sociedad civil» como factor indispensable«aún cuando llegue al límite de la ruptura», ya que la sociedad civil es el fundamento instituyente de la legitimidad democrática, de los gobiernos, y también la fuerza que los empuja, sacudiendo las tendencias de las elites y los sistemas gobernantes a formalizarse, ritualizarse y autonomizarse de las sociedades.«No es la sociedad la que se distancia del poder político(...) sino éste ultimo quien se autonomiza de la sociedad[ya que] todo poder estatal se ve, y sobre todo actúa, como si el mismo fuera un poder constituyente y no constituido por la ciudadanía» (Grzybowski, 2003: 51). Las experiencias en la región están denunciando ese déficit en la elaboración teórica y en la práctica política progresista. Si bien las sociedades civiles despliegan potencialidades diferentes y, por lo mismo provocan tensiones de distinta magnitud, los progresismos gobernantes no parecen haber logrado capacidades propias para traspasar los límites sistémicos. En Chile el tema aparece con especial relieve, al punto que ocupa un espacio central en el Índice de Desarrollo Humano 2005, donde se afirma que«...la elite gobernante enuncia un discurso democrático inconsecuente articulado sobre la idea que‘inferioridad del otro no elite’[es] fundamento para la enajenación del poder(...) En la incapacidad de ese‘otro’ se encuentra la justificación del rol de conducción ejercido por unos pocos. De esa forma, la función tutora de la elite se legitimaría por su superioridad frente a un demos que carece de las aptitudes y cultura para el autogobierno.» Esa característica de la elite gobernante en Chile se complementa con una sociedad civil carente de la fuerza suficiente para operar como factor de equilibrio en un poder recaído crecientemente en las corporaciones empresariales, los medios de comunicación, grandes«lobystas» y las consultoras calificadas(PNUD, 2004: 21 y 240). Pero el elitismo no se articula exclusiva ni principalmente mediante un discurso descalificador del«otro no elite». Se trata de complejos procesos institucionales o simbólicos, donde éstos últimos pueden operar con tanta o más fuerza inhibidora al despliegue de las potencialidades de los agentes sociales que las barreras institucionales. Así se dieron en todos los países, en diferentes momentos, 41 debates al interior de los social y popular acerca de la pertinencia o no de utilizar la movilización callejera y la crítica frente a«un gobierno compañero». Ya hemos hecho referencia al reconocimiento formulado por agentes de la sociedad civil uruguaya respecto a la tendencia a transitar por caminos de«gestión privada de la disidencia» como expresión entre otras cosas, de una autocensura. Otro ejemplo es la inhibición(auto) inducida desde la Presidencia de la República al radicalismo social en la demanda de legalización del aborto durante los primeros meses de gestión progresista; esta tesitura fue argumentada, entre otros tópicos de auto disciplinamiento, en que «no se le puede hacer a Tabaré Vázquez lo que no se le hizo a Jorge Batlle». Resulta especialmente interesante atender la diversidad de experiencias que la región ofrece en relación a institucionalidades participativas que fueron impulsadas en todos los países bajo diferentes formatos y con distintos alcances 60 . Estas institucionalidades pueden convertirse en caminos hacia la descapitalización de energías sociales participativas como alertaba, por ejemplo en julio de 2004 el Foro Nacional de Participación Popular en Brasil. Ello resultaba de «ejercicios participativos» vacíos de contenido, donde además se consolidó una institucionalidad que se fue distanciando de sus propias bases instituyentes, es decir la movilización y demanda popular 61 . Mabel Thwaites discute, para los estados de bienestar, el tema de la transformación de la demanda social en política estatal desde una perspectiva teórica que bien puede considerarse para el análisis de las institucionalidades participativas. Define a las«instituciones de bienestar» como«respuestas estatales» a«la activación de demandas sociales» que convierten esas demandas en« cuestiones socialmente relevantes susceptibles de respuesta estatal». Pero la respuesta estatal se hace«en el sentido que el Estado le dio a la cuestión»(...) entonces la cuestión«deja de ser‘problema’ para convertirse en institución pública, y de ahí en más deja de ser una cuestión pública a nivel de la sociedad civil para pasar a gobernarse con la lógica de lo estatal y pasar a adquirir su peculiar dinámica»(Thwaites; 2004: 76). La valoración positiva, por ejemplo, de los presupuestos participativos(OP) impulsados en Brasil por el PT, se acompaña siempre de una severa crítica -con resonancias que recuerdan la argumentación de Thwaites- respecto que las exigencias técnicas de la«burocracia de la participación» restringe el espacio de quienes pueden participar, o que la forzosa canalización de las demandas por las vías institucionales como forma de romper con las prácticas clientelistas termina restringiendo el universo de demandas a aquello que puede ser institucionalmente canalizado. Para algunos lugares se refiere la experiencia de la participación institucional como un camino al«resecamiento» de las organizaciones sociales. Asimismo hay una fuerte referencia a la cooptación para la estructura del gobierno de importantes núcleos de dirigentes de organizaciones sociales, lo cual representa en una primera instancia un presencia que oxigena el gobierno y, sin embargo la ausencia de una dirección política orientada a fortalecer al mismo tiempo la independencia de las organizaciones sociales puede operar rápidamente como un factor de debilidad del campo social y popular 62. La política progresista en el gobierno aparece instalada en la tensión entre la tendencia sistémica de todo poder estatal a«formalizarse» y disciplinar a la sociedad civil, y la búsqueda de caminos de encuentro con las potencialidades emergentes de la insubordinación de las sociedades, especialmente frente a las limitaciones estructurales del sistema para habilitar la confrontación de las desigualdades sociales en términos de poder. 60 Es importante tener presente que el empuje«participativo» no es un resultado del momento progresista en la región, ya que a determinada altura de la década pasada las agencias internacionales incluyeron a la hora de definir apoyo y créditos para los sectores estatales de la región que incluyeron la existencia de formas de participación de la sociedad civil como una variable relevante. 61 Ver: http://www.polis.org.br/seminario/agenda/agenda.ppt 62 Cándido Grzybowski trae a este análisis la experiencia de la CUT, con 80 de sus principales cuadros pasados a dirigir empresas estatales. en Seminario Encuentros y desencuentros entre sociedad civil y gobiernos progresistas»; 20 de octubre de 2005, FESUR, Montevideo. Otras voces se refieren a la falta de independencia de la CUT ante la«reforma previsional» o las líneas generales de la política económica. 42 Participación ciudadana institucional y no institucional Las representaciones de formas institucionalizadas de participación ciudadana aparecen mayoritariamente adscriptas a instancias formales promovidas, derivadas o vinculantes con lo estatal mientras que las formas no institucionales de participación ciudadana se representan como un universo de acciones que se desarrollan por fuera de los espacios de articulación con lo estatal. Es decir que no se percibe el reconocimiento de la sociedad civil organizada como un universo institucional en el si mismo. El análisis de los cuadros aporta dos datos relevantes; un abanico mucho mayor de formas institucionales de participación y, al mismo tiempo, un alto grado de necesaria institucionalidad para las formas representadas como noinstitucionales. Las primeras siete áreas temáticas referidas como formas institucionales(62% de menciones) corresponden a temas de la agenda tradicional de la izquierda o que cuentan con el respaldo de redes o agencias internacionales y han logrado un fuerte impacto mediático(trabajo, educación, salud, salario, pobreza, medio ambiente, género, etnia/raza), y donde existen instancias de participación instituidas(Consejos de Salario, Asambleas Técnico Docentes, entre otros). Se trata mayoritariamente de iniciativas de gobierno(por ejemplo la dimensión democratización política y social, que corresponden a iniciativas de los sucesivos gobiernos de izquierda de Montevideo) y sólo 13% se originan en las negociaciones impulsadas por la Sociedad Civil(por ejemplo la violencia doméstica). Las formas no institucionales presentan, porcentualmente, un abanico bastante pobre de modalidades, con 30% de menciones a huelgas, marchas, piquetes, volanteadas, ocupaciones; 25% a uso de los medios de comunicación masiva; 14% a foros, coloquios, seminarios; 13% a lobby. Es notorio el carácter fuertemente institucional, en términos de necesaria organización con capacidad operativa y reconocimiento público que hace falta para llevar adelante la mayoría de estas acciones, que sin embargo son referidas como no institucionales; y resalta la ausencia de menciones a otras formas de expresión y participación ciudadana diferentes de aquellas desarrolladas por las instituciones de la sociedad civil organizada. Resulta interesante reparar en que 80% de las formas mencionadas como no institucionales tienen como objetivo comunicar. Los foros, coloquios y seminarios; la elaboración de documentos; los debates públicos y las encuestas de opinión alcanzan 50% de menciones; otro 30% corresponden a movilizaciones y acciones que, en una diversidad de lenguajes también son formas de un decir en público-comunicar ideas, propuestas o reclamos. Ello implica que 80% de las formas de participación de la sociedad civil apreciadas como no institucionales se articulan como discursos dirigidos privilegiadamente hacia el Estado, como interpelación, demanda o cuestionamiento. [del cuestionario en Uruguay] 43 VI. Una agenda abierta No quiero concluir sin dejar señalados algunos títulos; son apuntes recogidos en algunas de las múltiples instancias de encuentros y desencuentros entre agentes de la sociedad civil, sociedad política y estado, ocurridas durante los últimos años. No pretenden ser un índice de las materias pendientes para la profundización democrática y la participación ciudadana; son unos apuntes que tienen la finalidad de recordarnos que hay caminos de elaboración ya recorridos, fértiles, siempre pasibles de ser reabiertos, rediscutidos... y también recorridos. 6.1 Fortalecimiento de la sociedad civil organizada * Definición de marcos jurídicos específicos que regulen la actividad de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. * Desarrollo de estrategias compartidas de fortalecimiento a la organización de la sociedad civil incluyendo capacitación para la gestión y acceso a fondos públicos. 44 * Establecimiento de mecanismos trasparentes y eficientes de acreditación de competencias, concursos por acceso a fondos públicos y rendición de cuentas de la gestión de los mismos * Avanzar en la identificación y reconocimiento de los grupos sociales desempoderados: acreditación y calificación de sus voceros y organizaciones autónomas. * Creación de ámbitos de participación territorialmente descentralizados que incluyan gestión compartida entre sociedad civil y estado. * Creación y desarrollo de programas de y políticas integrales orientadas al desarrollo de la responsabilidad social de la empresa. * Desarrollo de estrategias de promoción y fortalecimiento de la economía social. 6.2 Reforma del Estado * Creación de un sistema de coordinación de las políticas sociales con participación de la sociedad civil organizada en el proceso de su diseño, ejecución y evaluación. * Evaluación y profundización de las experiencias de descentralización y participación ya desarrolladas desde el Estado(especialmente en la IMM). 6.3 Nuevos estándares democráticos de prácticas sociales * Desarrollo de una estrategia sostenida para la democratización del espacio de comunicación pública. * Fortalecimiento de la laicidad mediante el ejercicio de procesos y mecanismos de deliberación ciudadana que habiliten el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de lo social * Defensorías ciudadanas con capacitación a funcionarios y ciudadanos para la preservación y ampliación del ejercicio de derechos. * Avance en el desarrollo de procesos de elaboración de leyes presupuestales socialmente auditadas. * Construir un marco de garantías de accesibilidad a la información como un derecho asociado al ejercicio de la ciudadanía democrática. * Trasversalización de las intervenciones públicas como estrategia social de reconocimiento y compensación frente a las desiguales dotaciones de poder por género, edad, etnia, entre otras. 45 VII. 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María Alicia Gutiérrez, académica y militante feminista- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Norma Díaz, sindicalista, Secretaría de Participación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Central de Trabajadores Argentinos. Sandra Cessilini, académica, Universidad del Salvador y ONG AGEDE Brasil Ana Claudia Teixeira, académica, Instituto Polis Antonio Carlos Spis, sindicalista, Central Única de Trabajadores Cândido Grzybowski, académico y activista, ONG IBase, Foro Social Mundial Geraldo Fontes, activista, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra Graciela Rodríguez, académica y activista, Instituto Equit Kjeld Jakobsen, Instituto Observatorio Social Marco Antonio Teixeira, académico, Fundación Getulio Vargas Marco Aurélio Nogueira, académico 48 Universidad Nacional del Estado de San Pablo Maria do Carmo Alburquerque, académica, Instituto Polis Maria Luca Silveira, activista, ONG Siempreviva Organización Femeinista Ricardo Mello, activista, Centro de Acción Comunitaria, ABONG Roberto Smeraldi, activista, ONG Amigos de la Tierra Sergio Hadad, activista, ABONG, FSM Silvia Portella, sindicalista, Central Unica de Trabajadores Chile Ana Bell, sindicalista, Central Única de Trabajadores Esteban Valenzuela, Diputado de gobierno Francisco Estévez, activista, Fundación IDEAS Juan Domingo Milos, activista, ONG Foro de Participación Ciudadana Kemy Oyarzún; académica y feminista, Universidad de Chile Marcel Claude, activista, ONG Ambientalista Océana María Ester Feres, abogada laboralista, ex asesora del Ministerio de Trabajo Raúl de la Puente, sindicalista, Central Única de Trabajadores René Jofré, académico, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior Santiago Escobar, académico, Asesor de Ministerio de Economía Stefan Larenas, activista, ONG Organización de Defensa de los Consumidores Uca Silva, académica y activista, ONG Sur Corporación de Estudios SocialesUniversidad de Chile Victor Ulloa, sindicalista, Central Única de Trabajadores Uruguay Achim Wachendorfer, FESUR. Alex Mazzei, Directora de Consejo de Educación Secundaria(ANEP) Alvaro Padrón, FESUR Alvaro Rico, académico, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Ana Olivera, Subsecretaria del Minsterio de Desarrollo Social Analia Bettoni, activista ONG Instituto de Comunicación y Desarrollo Anibal Corti, Periodista, Semanario Brecha Ariel Castelo, activista ONG La Mancha Dardo Rodríguez, Presidente Asociación Nacional de ONG’s Diana Mines, activista lésbica- Amnistía Internacional Eduardo Aparicio, Fundación CFEE/Con todos los Niños Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Gudynas, activista ONG Centro Latinoamericano de Economía Social Eduardo Musto; activista, ONG Instituto del Hombre Esteban Valenti, periodista Estela García, activista, Comuna Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo. Federico Graña, gremialista, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay Fernando Frontán, Activista LGTTB Fernando Lorenzo, Asesor de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas Fernando Pereira, sindicalista, Federación Uruguaya de Magisterio- Trabajadores de la Educación Pública Pit Cnt Gerardo Honty, ONG Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas Gustavo de Armas, académico, Facultad de Ciencias Sociales de La Universidad de la República Gustavo Gómez; activista ONG AMARC Gustavo Leal, activista ONG El Abrojo Héctor Florit, Director de Administración Nacional de Educación Pública(ANEP) Humberto Ruocco, Director de la Oficina del Servicio Civil de la Presidencia de la República. Ivonne Passada, Diputada EP/FA/NM 49 Javier Salsamendi, Diputado EP/FA/NM Joel Rosenberg, Periodista Diario El País Jorge Camors, Director en el Ministerio de Educación y Cultura. Jorge Mesa, sindicalista, Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Afines Pit Cnt Juan Faroppa, Subsecretario del Ministerio del Interior Julio Bango, Director de Instituto de la Infancia y la Familia, Ministerio de Desarrollo Social. Lilian Abracinskas, activista ONG Comisión Nacional de Seguimiento- Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía Lilian Celiberti, activista ONG Feminista Cotidiano Mujer Lisette Collazo, activista ONG Asociación de Apoyo al Seropositivo. Luis Garibaldi, Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura Marcelo Abdala, sindicalista, Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines – Pit Cnt Marcelo Castillo, activista ONG Instituto de Comunicación y Desarrollo Marcelo Morales, activista ONG San Vicente María Elena Laurnaga, asesora en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República Mariella Mazzotti, Directora de Desarrollo Ciudadano Ministerio de Desarrollo Social Marisa Lidner, Instituto de la Mujer Ministerio de Desarrollo Social Marisa Ruiz, académica y activista, Amnistía internacional, Capítulo Uruguay – ONG Red Uruguaya de Autonomías Margarita Percovich, Senadora EP/FA/NM Martín Pasturino, Director en la Administración Nacional de Educación Pública. Miguel Fernández Galeano, Subsecretario del Ministerio de Salud Pública Nelson Villareal, asesor en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República Orlando Pereira, activista ONG Organización Multicultural Mundo Afro. Perla Vivas, Subdirectora de Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo Roberto Conde, Diputado EP/FA/NM Roberto Elissalde, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Ronald Graside, Director de la Inspección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Susana Rostagnol, académica y activista, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ONG Red Uruguaya de Autonomías Víctor Vaillant, Senador EP/FA/NM William Masdeu, Director en el Área Descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo Yamandú Acosta, académico, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Un agradecimiento especial a Natalia Montealegre por la trascripción y edición de las diferentes jornadas de debates Serrana Mesa por los generosos aportes al diseño, aplicación, procesamiento e interpretación del cuestionario. 50