policy paper 30 Programa de Cooperación en Seguridad Regional Delincuencia organizada y poder político en Venezuela J avier M ayorca * Resumen ejecutivo Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con la consigna de poner fin a la corrupción que en su criterio había caracterizado al régimen de democracia representativa iniciado en 1958. Esto pasaba por un ataque frontal a los grupos de delincuencia organizada que operaban en el país, en actividades tan diversas como el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, la trata de personas y las distintas formas de corrupción administrativa. Luego de un conjunto de cambios institucionales que comenzaron con una Asamblea Nacional Constituyente, se instituyó un Poder Ciudadano y se hizo una intensa depuración en la judicatura. La delincuencia organizada, sin embargo, no cesó en sus actividades. Por el contrario, se adaptó al nuevo entorno de poder altamente centralizado para continuar su crecimiento mediante alianzas con actores regionales y nacionales. Delincuencia organizada: desde la extorsión en la periferia hasta el“tercer nivel” Una definición comúnmente aceptada de la delincuencia organizada figura en la Convención de Palermo, suscrita en noviembre de 2000. Según ese texto, incurre en ella todo“grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Septiembre de 2010

Programa de Cooperación en Seguridad Regional Las actividades de la delincuencia organizada pueden ser tan diversas como el contrabando o la trata de personas. La Convención sólo hace referencia explícita al lavado de dinero, la corrupción y la obstrucción de la justicia. Igualmente, sugiere que los estados deben tipificar como delito la mera asociación o concierto para violar las leyes, es decir, que el agruparse para delinquir sea penado por la ley, elemento ya establecido en las legislaciones de Estados Unidos(RICO Act) e Italia(artículos 416 y 416 bis del Código Penal). Históricamente, la delincuencia organizada comienza a estructurarse en torno a dos actividades: la extorsión y el contrabando. En la primera, se ejerce violencia contra una persona o se amenaza con ejercerla si la víctima no entrega dinero, bienes o prebendas. El otro consiste en la introducción de mercancías violentando o pasando por alto las prohibiciones o los requisitos para su nacionalización en una determinada jurisdicción. Ambos delitos tienen efectos perniciosos para la estabilidad de las naciones. El contrabando desestabiliza las economías, pues genera circuitos de competencia desleal y merma los ingresos de los estados por concepto de impuestos. Igualmente, puede tener graves consecuencias para la salud pública, al permitirse la entrada de mercancías que carecen de controles sanitarios. Pero la extorsión es aún más grave, pues representa una substitución de facto del Estado. En principio, los grupos dedicados a ella se presentan como“protectores” de una amenaza(cierta o ficticia) que pudo ser creada por ellos mismos o por terceros. El hecho es que los extorsionistas suplantan al Estado en su deber primordial, que es dar seguridad a los ciudadanos. No es casualidad que en países como Italia, Colombia y Venezuela este delito haya florecido en los sectores rurales y fronterizos, donde la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado es escasa o nula. Sin embargo, asumir directamente el control político de los Estados no está en la lista de objetivos de los grupos de delincuencia organizada. Por el contrario, éstos prefieren una coexistencia pacífica con el sector gobernante, siempre y cuando les permita continuar con el desarrollo de sus actividades. El poder político y el poder de la delincuencia organizada en algún momento deben compartir sus espacios. De lo contrario entran en conflicto. Según Gayraud 1 , esto obliga a las estructuras criminales a establecer un“anclaje político” que les permita neutralizar la acción estatal por una parte, y por otra aprovecharse de los recursos del Estado, en todos sus niveles, para incrementar sus ganancias. Por lo tanto, las mafias necesitan diseñar modos de acción para tratar con los grupos de poder. Cuando han adquirido un grado importante de estructuración, pueden favorecer la carrera de sus amigos o asociados, negociar con los políticos ya elegidos o presentar en forma encubierta a miembros iniciados de su propia estructura. De estas alternativas, la última es la menos frecuente. Para ganarse a esos grupos de poder, la delincuencia organizada aplica en primer término tácticas de corrupción. Una encuesta piloto de la Organización de Naciones Unidas(ONU) en 2002, con miembros de cuarenta organizaciones criminales que operan en 16 países, determinó que la corrupción es un modo de acción esencial en el 45% de los casos, mientras que en el 30% es aplicada ocasionalmente 2 . Desde 1982 comenzó a hablarse de delitos de“tercer nivel” 3 , a propósito de las investigaciones del juez italiano Giovanni Falcone y su colega Giuliano Turone. Esta teoría inicialmente sostenía que las organizaciones mafiosas cometían ciertos delitos para preservar su propia existencia, generalmente homicidios de autoridades que se les oponían(“cadáveres excelentes”). Pero la teoría fue deformándose. El“tercer nivel” pasó a ser el punto de encuentro entre el estrato dominante de la Septiembre de 2010, Página 2

Delincuencia organizada y poder político en Venezuela jerarquía criminal(supercúpula mafiosa) y la élite política gobernante, ambas actuando en complicidad en aras de su propia permanencia. Unos delinquían con impunidad mientras que los otros se entronizaban en el ejercicio del poder. Unos aportaban cuotas de votos que inclinaban la balanza electoral, mientras que los otros inhibían la acción de legisladores y jueces antimafia 4 . Desarrollos autóctonos y actores foráneos Aunque la teoría del“tercer nivel”, como la conocemos ahora, no tiene aceptación general, se da por descontado que la delincuencia organizada busca establecer alianzas con el poder político, en aras del mutuo beneficio. El alcance y permanencia de estas relaciones dependen de la extensión de las operaciones del grupo criminal. Si se trata de una estructura pequeña o incipiente, los objetivos de infiltración serán los gobiernos y policías regionales o locales. En países pequeños con gobiernos altamente centralizados o autoritarios, las mafias buscarán relacionarse con el poder central 5 . Además, la delincuencia organizada se vuelve transnacional cuando extiende sus operaciones hacia otros países, mediante alianzas con grupos locales o aplicando tácticas de apoderamiento violento de la plaza, ya sea para suplir la necesidad de un bien o servicio, o para extender sus mercados. Por sus características geográficas, sociales e históricas, en Venezuela los grupos de delincuencia organizada locales han coexistido en alianzas con grupos foráneos. Esta relación incluso les ha permitido extender sus operaciones a terceros países. Tal es el caso de las organizaciones de traficantes de drogas que prestan servicio por contratos informales a carteles de Colombia y de México, para llevar los alijos a África Occidental y a Europa. Es muy difícil hacer un inventario exhaustivo de los grupos de delincuencia organizada que operan en el país. No existe un órgano independiente que haya asumido esta tarea, aún cuando la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada(Locdo) establece que se debe crear una comisión nacional a tal efecto. Sin embargo, hay indicios preocupantes. En su última medición, Transparencia Internacional puso a Venezuela en el segundo grupo de países del mundo más afectados por el soborno, junto a Armenia, Camboya, Bolivia y Rusia, entre otros. En el índice de percepción de corrupción, el país figura en el lugar 162 de 180 posibles. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, ocupaba el puesto 75. La Locdo, sancionada en octubre de 2005, establece 24 actividades posibles para la delincuencia organizada, entre ellas el tráfico de drogas, el robo de vehículos, la falsificación, el sicariato, el secuestro y la extorsión. El problema del tráfico de drogas en Venezuela ha sido tratado en otro policy paper 6 , de 2008. La situación de aislamiento del país descrita en aquella oportunidad ha variado poco, aunque es necesario reconocer que desde entonces el Gobierno ha optado por la táctica de deportar en forma sumaria a importantes miembros de grupos de delincuencia organizada transnacional, en respuesta a los señalamientos de que Venezuela es el principal país de tránsito de cocaína del mundo y un punto clave de las operaciones de los grupos de transporte de drogas, desplazados hacia territorio nacional por efecto de la Política de Seguridad Democrática del gobierno colombiano. Pero las deportaciones son acciones aisladas. Luego de 32 expulsiones en más de tres años, el Reporte Mundial de Drogas de la ONU sigue colocando al país como el principal territorio puente de la cocaína producida en la región andina. Septiembre de 2010, Página 3

Programa de Cooperación en Seguridad Regional Tomemos entonces otros tres delitos: la trata de personas, el robo de automóviles y el secuestro, señalados como típicos de la delincuencia organizada, tanto en la legislación nacional como en las convenciones internacionales sobre la materia, ratificadas por Venezuela. La evaluación de estos delitos se dificulta puesto que las estadísticas sobre seguridad ciudadana no son de libre acceso en Venezuela. Inicialmente, la información de las denuncias y casos conocidos es procesada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas(Cicpc). Luego es consolidada en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. En cuanto al robo de automóviles y la trata de personas, la serie estadística llega hasta 2008. Durante los últimos cuatro años de la serie es evidente el incremento en el número de casos conocidos, debido esencialmente a la activación de mecanismos de cooperación internacional que han permitido atacar a las redes de trata de personas en el país. No obstante, el problema pareciera ser mucho mayor. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió en junio de este año un reporte en el que señala a Venezuela como país proveedor, de tránsito y destino para las redes de trata de personas. El documento indica que el Gobierno no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de este delito, lo cual implica no sólo atacar a quienes promueven el comercio de seres humanos, sino también a los funcionarios corruptos que les dan documentos de identidad y alojamiento en el territorio nacional. El promedio de automóviles robados al año en el país es de 24.718. Esta estadística no incluye los robos de motocicletas ni de camiones, que son señalados aparte en las relaciones emitidas por la policía judicial. Como punto de comparación, en Colombia fueron denunciados 19.454 robos de todo tipo de vehículos en 2008(último año de la serie incluida en este cuadro). Ese país tiene casi el doble de la población de Venezuela. En el caso venezolano, los altibajos en las cifras totales de cada año se atribuyen a factores coyunturales como la carencia de dólares para comprar repuestos nuevos(lo que fomenta el mercado de partes robadas) y un mayor o menor énfasis en la Septiembre de 2010, Página 4

Delincuencia organizada y poder político en Venezuela acción combinada de los cuerpos policiales. Lo cierto es que en el país son reportados en promedio 67 robos diarios de automóviles, lo que sugiere la existencia de una industria ilegal organizada y poderosa. Con respecto al secuestro, a partir de 2007 y hasta 2009 las cifras conocidas establecieron récords sucesivos. Esta situación se ha atribuido al incremento de la modalidad express(menos de un día de duración) a manos de grupos que antes se dedicaban al robo de bancos, vehículos y transportes de valores. En Venezuela el secuestro pasó de ser un delito rural a uno urbano. No obstante, para el último año de la serie el estado con la mayor tasa de secuestros fue Barinas, una región eminentemente agrícola ubicada en el suroeste del país. En los estados fronterizos con Colombia(Táchira, Apure, Zulia, Bolívar y Amazonas), el secuestro está íntimamente ligado a la extorsión ejercida por grupos paramilitares(Táchira y Zulia) y guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc(todas las regiones) y el Ejército de Liberación Nacional, ELN(Zulia). Las denuncias conocidas indican que el posicionamiento de estas organizaciones llega a regiones cada vez más alejadas de la frontera. Como se ve en las series estadísticas, la actividad de los grupos de delincuencia organizada en el país es cada vez más intensa. Esto sugiere la existencia de altos niveles de impunidad. En Venezuela, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia, por cada 100 homicidios se producen 9 detenciones. Esto señala un grado de impunidad de por lo menos 91% para este delito. En lo que respecta al tráfico de drogas, la impunidad promedio es de 93%, y en casos como el secuestro y la extorsión, supera el 99%. Democracia representativa y delincuencia organizada. Alianzas y conflictos Existe una diferencia fundamental en la forma en que fue abordado el problema de la delincuencia organizada durante los primeros ocho períodos presidenciales de la democracia venezolana, por una parte, y por otra, durante la etapa que comenzó en 1999 con el ascenso al poder del teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías. Entre 1959 y 1999 se desarrolló en el país una etapa de democracia representativa. Los poderes públicos eran ejercidos siguiendo las trazas de un acuerdo firmado en octubre de 1958 entre los líderes de los principales partidos políticos del momento(Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática). El llamado Pacto de Punto Fijo señalaba, entre otras, que“ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes, mediante una leal selección de capacidades”. Septiembre de 2010, Página 5

Programa de Cooperación en Seguridad Regional A partir de 1973, cuando comenzó la primera administración de Carlos Andrés Pérez, este principio de balance en la conformación del gabinete se rompió definitivamente. No obstante, se mantuvo el espíritu del acuerdo en cuanto a la distribución de los principales cargos en los poderes Legislativo y Judicial. La Contraloría General de la República, además, era asignada desde el Congreso a independientes o militantes de partidos opositores al Presidente. Lo mismo solía hacerse en la Fiscalía General de la República. Con este esquema se intentaba lograr contrapesos al poder presidencial, en un país altamente centralizado, donde el Jefe del Estado tenía la potestad de nombrar incluso a los gobernadores de las regiones. No obstante, el régimen de partidos permeó en forma nociva la administración de justicia. Cada agrupación política tenía cuotas, reflejadas en la designación de los titulares de los tribunales e incluso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia(actual Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). A estos grupos se les denominaba“tribus”. La falta de independencia del Poder Judicial fue uno de los principales puntos abordados por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado(Copre), instalada en 1985. A pesar de la recomendación de profesionalizar en lo posible a los jueces y demás funcionarios de los tribunales, el sistema permaneció sin cambios significativos hasta 1999. Durante esa era, el anclaje político de la delincuencia organizada era el nivel central, en complicidad con los grandes partidos. Según Claire Sterling, prosperaron en el país los grupos de la mafia italoamericana, sobre todo los seguidores de Paolo Cuntrera y Alfonso Caruana 7 . Venezuela era utilizada básicamente como un aliviadero para los delincuentes perseguidos en otros países, así como también como punto de encuentro entre los enviados de los carteles colombianos, a los efectos de coordinar el transporte de estupefacientes. Finalmente, la libre convertibilidad de la moneda facilitaba el lavado de dinero. Sin embargo, la policía formada durante los primeros años de la democracia gozaba todavía de amplios márgenes de acción. En 1987, por ejemplo, efectivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip (actual Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin) apresaron en Valencia al diputado Hermócrates Castillo con cinco kilos de cocaína. El parlamentario, perteneciente a la organización Opina(aliada con Acción Democrática en ese entonces), había traído el alcaloide desde Maracaibo 8 . En junio de 1991, la Guardia Nacional detuvo al ex vicecanciller de la República y entonces secretario general de Acción Democrática en Caracas, Adolfo Ramírez Torres, por tráfico de drogas. Ramírez fue grabado cuando admitía sus planes de llevar un alijo de cocaína a Estados Unidos, en complicidad con grupos ligados precisamente a la mafia italoamericana. En ambas oportunidades, las pruebas eran tan contundentes que los partidos decidieron la inmediata expulsión de las personas señaladas, con la prédica de que se trataba de casos aislados, y no de una práctica recurrente. Delincuencia organizada durante el régimen de Hugo Chávez Los cambios políticos que se desarrollaron en el país desde 1999 representaron tanto una amenaza como una oportunidad para la delincuencia organizada. El teniente coronel del Ejército Hugo Chávez Frías llegó al poder con la consigna de barrer con los“cuarenta años de democracia corrupta”. Esta frase sugería que de allí en adelante los poderes públicos serían implacables con cualquier manifestación de actividad mafiosa en Venezuela. Según el razonamiento del nuevo Presidente, la corrupción generada por la delincuencia organizada en colusión con funcionarios púSeptiembre de 2010, Página 6

Delincuencia organizada y poder político en Venezuela blicos ponía en peligro la existencia del propio Estado. Por lo tanto, decidió encomendar a la policía política(Disip) la tarea de investigarla. Para ello puso al frente de esa institución al teniente coronel retirado Jesús Urdaneta Hernández, otro de los líderes de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, en la que Chávez también participó. Urdaneta duró sólo un año en la Disip y salió de ese despacho enfrentado con el Presidente tras el hallazgo de un lote de armas que supuestamente pertenecían a dos diputados del partido de gobierno. En ese lapso hubo numerosas investigaciones sobre redes de contrabando, pero no se llegó a ninguna condena. Simultáneamente, entre 1999 y marzo de 2000 se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, los poderes públicos pasaron de tres a cinco. En el nuevo régimen la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General de la República conformarían el Poder Ciudadano. La nueva Constitución declaró que el Poder Judicial tendría total independencia, tanto en lo administrativo como en lo funcional(Art. 254). La ley propendería por la profesionalización de los jueces, que ascenderían en el escalafón mediante concursos. Los titulares de los juzgados, además,“no podrán(...) llevar a cabo activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante”(Art. 256). Todo esto apuntaba al reforzamiento del imperio de la Ley. Así mismo, la nueva Carta Magna fijó la norma de no extradición de nacionales(Art. 69), por una parte, y por otra, estableció que“en ningún caso” podría ser negada esta medida para los extranjeros buscados por tráfico de drogas, lavado de dinero, delitos contra el patrimonio de otros estados, contra los Derechos Humanos y delincuencia organizada internacional. Desde entonces, los mafiosos detectados en el país han aprovechado la vulnerabilidad del sistema de identificación para obtener nacionalizaciones. Ante esta situación, el Gobierno ha aplicado la norma en forma diferenciada, expulsando a algunos criminales y juzgando a otros en el país. En todo caso, desde 1999 hasta hoy las actividades de la delincuencia organizada han crecido en el país dada la posibilidad que tienen estos grupos para establecer nuevas alianzas y un anclaje político con actores de gobierno, sean regionales o nacionales. Al respecto se pueden establecer dos períodos. En el primero, que va desde 1999 hasta 2004, el Primer Mandatario no había logrado una hegemonía plena en los poderes públicos ni en la institución militar. En esa situación de inestabilidad, las mafias se inhibían de actuar pues carecían de una contraparte con la cual negociar su impunidad de manera efectiva. En 2004, tanto la oposición como un sector de la Fuerza Armada Nacional, FAN, sufrieron las consecuencias de haber perdido el conflicto planteado el año anterior con el paro petrolero. El chavismo y sus aliados ganaron 21 de las 23 gobernaciones. Simultáneamente, se desarrolló una nueva purga de altos oficiales y oficiales superiores en la institución militar. En 2005 la oposición se retiró de los comicios parlamentarios, y el partido de Gobierno ganó prácticamente todas las curules. De esta forma, el Poder Ejecutivo en todos sus niveles y el Legislativo quedaron plegados al proyecto político del teniente coronel. En ese período se llevaron a cabo tres“depuraciones” en el Poder Judicial. El proceso comenzó en 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente creó la Comisión de Emergencia Judicial que destituyó o suspendió a 128 jueces. La Corte Suprema, en una decisión dividida, avaló la creación de dicha comisión, con lo que dio pie a los procesos posteriores. Septiembre de 2010, Página 7

Programa de Cooperación en Seguridad Regional Antes de cesar en sus funciones, la Constituyente decretó el reemplazo de la Comisión de Emergencia Judicial por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y le confirió amplios poderes para ejercer un régimen disciplinario sobre los jueces. Con la nueva Constitución, además, los magistrados del TSJ podían ser destituidos en cualquier momento por decisión parlamentaria. Para 2005, el 81% de los jueces del país era provisorio, de acuerdo con el informe de ese año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El reporte da cuenta de las constantes destituciones de jueces por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La provisionalidad de los jueces y las constantes reformas, según el texto,“han generado dificultades para una plena vigencia de la independencia judicial en Venezuela” 9 . A partir de ese año se inició un proceso de designación de jueces titulares mediante concurso. Según la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estela Morales, para marzo de 2010 el 85% de los jueces eran titulares de sus tribunales. Sin embargo, esto no ha garantizado su independencia. En diciembre de 2009, la juez Maria Lourdes Afiuni, titular de su puesto desde 2006, fue detenida cuando decretó la libertad condicional del banquero Eligio Cedeño. Al conocerse la decisión, el Presidente pidió públicamente cadena perpetua para la jueza. Días después, allanaron su casa y la enviaron a un calabozo del Sebin. Desde 2005 hasta el presente, los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral se encuentran claramente alineados con el Ejecutivo. Incluso, sus titulares han estado presentes en actos proselitistas del partido de Gobierno. En el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada esto permite establecer determinadas líneas de investigación, orientar las pesquisas que ya están en curso para evitar desenlaces indeseados e inhibir la formación de expedientes sobre las actividades de los aliados políticos. Gayraud denomina a esta situación como un“vacío represivo”, derivado de una mezcla entre un aparato judicial corrupto y“una voluntad política de complacer a las mafias en agradecimiento por los servicios prestados” 10 . La alineación política de los poderes ha quedado en evidencia con las denuncias documentadas sobre la presencia en Venezuela de numerosos contingentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(Farc). El 22 de julio de este año el embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso Hoyos, denunció ante el Consejo Permanente de esa entidad que 1500 militantes del grupo guerrillero estaban distribuidos en 87 campamentos en territorio venezolano, en los que, además de planear ataques contra las fuerzas militares colombianas, se almacenaban drogas y se ocultaba a personas secuestradas. Hoyos aportó videos y fotografías de fecha reciente, suficientes para iniciar una averiguación por notitia criminis(en Venezuela un expediente penal puede iniciarse sobre la base de una llamada anónima). Ese mismo día, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo se pronunciaron para descalificar la validez de la denuncia. Posteriormente lo hizo la Fiscal General de la República, al señalar que las informaciones aportadas por el embajador colombiano“no tienen valor jurídico”. A continuación se analizarán tres casos que sirven de ejemplos de cómo ha sido la acción de los poderes públicos venezolanos ante miembros de organizaciones criminales que tienen anclaje político con el régimen, y frente a otros que no lo han logrado. Septiembre de 2010, Página 8

Delincuencia organizada y poder político en Venezuela Las deportaciones de José María Ballestas y Rodrigo Granda José María Ballestas es un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional(ELN), capturado en febrero de 2001 por efectivos de la policía judicial en Caracas. Aun cuando los datos de su aprehensión fueron divulgados incluso por la prensa colombiana, los entonces Canciller Luis Alfonso Dávila y Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, los negaron a todo trance. Ballestas era buscado internacionalmente por haber comandado al grupo que secuestró un avión Fokker de Avianca en 1999, y estaba oculto en Venezuela. Posteriormente, el ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquilena, reconoció que Ballestas estaba en poder de las autoridades y que se estudiaba una solicitud de asilo para él. Miquilena ordenó la destitución del entonces Director de la Policía Judicial, comisario Elisio Guzmán, pues consideró que la idea del funcionario era deportar de inmediato al guerrillero. Finalmente, debido a las presiones internacionales, se decidió seguir el procedimiento de extradición y en diciembre de ese mismo año la Sala Penal del TSJ acordó enviarlo a Colombia. No obstante, la remoción de Guzmán quedó firme. En diciembre de 2004 ocurrió un suceso similar, pero con actores distintos. Una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, comandada por el teniente coronel José Humberto Quintero, capturó en Caracas y entregó a las autoridades colombianas a Rodrigo Granda, quien para ese momento era uno de los representantes internacionales de las Farc, junto con Raúl Reyes. Granda fue llevado a la frontera de manera subrepticia y las autoridades colombianas reconocieron además que por esta acción fue pagada una recompensa. Aunque Quintero podía ser enjuiciado por el fuero común por el delito de corrupción, el Presidente ordenó su inmediata destitución y procesamiento por los tribunales militares por traición a la patria, abuso de autoridad y contra el decoro militar. Fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión. Si bien es cierto que en ambos casos los operadores de los cuerpos de seguridad pudieron cometer irregularidades, punibles mediante procedimientos administrativos o incluso de la justicia penal ordinaria, el mensaje del alto Gobierno fue claro en el sentido de que no es conveniente entrometerse con los aliados políticos. En el caso del comandante Quintero hubo incluso una reacción excesiva que originó denuncias de torturas contra él mientras estaba en prisión. El oficial permanece recluido en un centro para presos militares. El caso del maletín El sábado 4 de agosto de 2007 la policía aduanera del aeroparque Jorge Mulberry de Buenos Aires, Argentina, detectó que un empresario venezolano quería entrar al país llevando un maletín con 790 mil dólares no declarados. Guido Antonini Wilson formaba parte de una comitiva argentino-venezolana que acompañaría al presidente Hugo Chávez, que llegaría al día siguiente a la misma ciudad en visita oficial. Antonini estuvo por horas en detención administrativa en el aeropuerto y poco después de visitar la Casa Rosada salió del país y regresó a Miami, donde estaba residenciado. Los detalles de este caso aún no son del todo conocidos. El hallazgo de la maleta hizo pensar en una operación de lavado de dinero. Pero a partir de la detención en Estados Unidos de tres asociados de Antonini, los empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffman, así como del agente de la Disip Moisés Maiónica, el 12 de diciembre de ese año, la investigación dio un giro. Septiembre de 2010, Página 9

Programa de Cooperación en Seguridad Regional Antonini se había convertido en informante del Federal Bureau of Investigation(FBI) tras denunciar que Durán y sus acompañantes lo presionaban y amenazaban para que no revelara el verdadero origen del dinero decomisado meses atrás en Argentina. La plata había salido de las arcas de Petróleos de Venezuela y era uno de varios envíos hechos a través de canales informales para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández. Durán había sido investigado por tráfico de armas hacia Venezuela en 2001. Pero las pesquisas desarrolladas por funcionarios de la Guardia Nacional nunca llegaron a los tribunales. Estados Unidos enjuició a Durán y sus acompañantes por actuar en el país como agentes de un gobierno extranjero sin el consentimiento del Gobierno norteamericano. Durante las audiencias fueron escuchadas grabaciones telefónicas que ponían en evidencia cómo el Ejecutivo venezolano intentó, a través del Director de la Disip, general Henry Rangel, convencer a Antonini sobre la inconveniencia de revelar el origen del dinero. En Venezuela, sin embargo, los poderes se movieron para inhibir cualquier acción que penalizara lo que aparentemente constituían delitos tipificados en las leyes contra la Delincuencia Organizada y Salvaguarda del Patrimonio Público. El Ejecutivo descalificó el caso, señalándolo de montaje del gobierno estadounidense. En el mismo sentido se pronunciaron los diputados de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, afirmó que el caso era un show y anunció que lo investigaría al finalizar el juicio en Estados Unidos, cosa que hasta ahora no ha hecho. La Fiscalía General de la República abrió un expediente penal que se estancó en el trámite de una rogatoria a las autoridades argentinas y estadounidenses para que envíen los recaudos sobre el caso. No hubo tampoco decisiones administrativas en Venezuela contra los encargados de enviar la remesa de dólares a Argentina. Las deportaciones de Carlos Ojeda y Luis Tello El 13 de julio de 2010 fueron deportados a Estados Unidos Carlos Ojeda Herrera y Luis Frank Tello Candelo. Ambos eran solicitados por tráfico de drogas hacia ese país. Ambos eran venezolanos por naturalización. Los antecedentes divulgados indican que Ojeda era un transportista de droga por vía aérea, mientras que Tello tenía supuestos nexos con grupos paramilitares colombianos y con el cartel de Los Zetas, que opera en México. La actitud mostrada por el Estado venezolano en estos casos llama la atención. La solicitud de captura contra Ojeda no era nueva. Ya en 2006 el TSJ había negado su extradición teniendo en cuenta que se trataba de un venezolano y que la Constitución impedía sacarlo del país para enjuiciarlo en otra parte. No obstante, luego de la divulgación del Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU en 2010 el Gobierno decidió ofrecer algunas acciones que desmintieran los señalamientos de su proximidad con grupos armados y extraditó a Ojeda y a Tello, entre otros. En cambio, el Gobierno se niega a enviar a España a Arturo José Cubillas, señalado por las autoridades de ese país como líder en Venezuela de la organización separatista vasca ETA. Cubillas es funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras y activista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando se le preguntó por la negativa de extraditarlo, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, indicó que la medida no procedía pues él es venezolano por naturalización. Septiembre de 2010, Página 10

Delincuencia organizada y poder político en Venezuela Conclusiones • En Venezuela la presencia de grupos de delincuencia organizada tanto foráneos como nacionales es de larga data. El país, con una excelente ubicación geográfica con respecto a los principales productores de drogas y los mercados de consumo de tales sustancias, se ve favorecido además por una extensa red de vías de comunicación y numerosos aeropuertos. Esto lo hace atractivo como país-puente para las estructuras delictivas. • Durante los primeros cuarenta años de democracia el Estado no ha sido capaz de establecer un Poder Judicial independiente. Las presiones sobre los tribunales quedaron al descubierto con la destitución sumaria de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 2003, y de la jueza Maria Lourdes Afiuni en 2009, quien además fue encarcelada. La falta de independencia del Poder Judicial favorece la corrupción de los funcionarios políticamente afines al Gobierno, así como el desarrollo de estructuras de delincuencia organizada. En términos generales, se incrementa la impunidad y la desconfianza de la ciudadanía hacia los tribunales de justicia. • El alineamiento político de los poderes públicos en Venezuela, consolidado a partir de 2005, ha coincidido con un florecimiento de las actividades propias de la delincuencia organizada. Esto sugiere que las estructuras delictivas aplicaron mecanismos de adaptación que les permitieron superar la inestabilidad de los primeros años del régimen chavista. Con la generación de nuevas alianzas de poder han crecido delitos como el secuestro, la trata de blancas y el tráfico de drogas. • Frente a esta realidad las autoridades han aplicado las normas en forma diferenciada. Tal y como se desprende del análisis de los casos, las personas u organizaciones políticamente afines al gobierno central tienen garantizados amplios márgenes de impunidad(caso Arturo Cubillas), mientras que a los grupos neutrales o no afines al Gobierno las normas se aplican con especial dureza(casos Luis Tello y Carlos Ojeda). El mensaje, entonces, es claro en el sentido de que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. • Durante la época de la democracia representativa, el anclaje político de las mafias era con el gobierno central y los principales partidos políticos. En la democracia participativa, a pesar de la instauración de nuevos poderes públicos, se ha acentuado la centralización del poder real. Esto indica que el anclaje político de las mafias apunta exclusivamente hacia el gobierno central y el partido que lo respalda. Sin embargo, las estructuras delictivas de corto o mediano alcance preferirán por razones de estricta economía orientar sus estrategias de corrupción hacia los estratos de poder más cercanos. En estas circunstancias, los márgenes para la impunidad siguen siendo amplios. Así quedó demostrado con el llamado escándalo del maletín. Prospectiva Venezuela atraviesa por una espiral de violencia sin precedentes en la historia republicana. Durante el régimen de Hugo Chávez más de 12.000 personas han sido víctimas de homicidios. Durante 2009 fueron denunciados más secuestros que los conocidos durante los 40 años de democacia representativa. Ambos datos, fácilmente constatables, reflejan que el país se ha convertido en un territorio fértil para la actividad de la delincuencia organizada. Septiembre de 2010, Página 11

Programa de Cooperación en Seguridad Regional Las organizaciones criminales han comprendido el mensaje enviado desde muy temprano con los casos de José María Ballestas y Rodrigo Granda: es necesario reafirmar el anclaje político con el gobierno central y su partido para lograr la impunidad. El“vacío represivo” tiene un efecto multiplicador. Por lo tanto, es poco probable que en el futuro inmediato se logren modificaciones sustantivas en el cuadro de violencia que vive el país, asociado a la delincuencia organizada. La entrada en vigencia de leyes“duras” contra el crimen, como la norma contra el secuestro y la extorsión de junio de 2009, tendrá poco efecto si los tribunales no son realmente independientes y encabezados por personas probas y profesionales. En esto no hay medias tintas: no se puede ser independiente en unos casos y en otros estar plegado a los designios del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno ha demostrado con hechos que aún es permeable a las presiones internacionales. Aunque desde 2005 no ha continuado la cooperación antidrogas con el gobierno estadounidense, ha entablado acuerdos que le confieren a los funcionarios de Gran Bretaña e Italia amplios márgenes para operar en el país. Fue la cooperación de los británicos la que permitió ubicar y detener en Caracas al líder del cartel del Norte del Valle, Carlos Rentería. Si bien es cierto que la detención de una persona no implica el desmantelamiento de toda una estructura criminal, hechos como éste arrojan una luz sobre el modelo de acción a seguir. El Gobierno, hasta ahora, solamente se muestra proclive a recibir cooperación en el plano técnico y operativo contra la delincuencia organizada. Esta situación cambiará solamente si se llega a percibir que tales estructuras ponen en peligro su permanencia en el poder. * Javier Mayorca, Periodista venezolano, especializado en criminalística y miembro del Observatorio de Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. Notas 1Gayraud, Jean Fracois. El G-9 de las mafias en el mundo. Barcelona. Ediciones Urano, 2005. Pp 220-228. 2 United Nations Office on Drugs and Crime. Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries. New York. Unodc, 2002. P. 33. 3 Padovani, Marcelle. Mafia. Barcelona.Ediciones B, 1992. Pp. 208-210. 4 Esta teoría, reformada, pareció confirmarse años después del asesinato de Falcone con el testimonio del arrepentido Baldassare di Maggio sobre el beso entre Salvatore Riina(Totó), líder de la Cosa Nostra hasta 1993, y el líder de la democracia cristiana italiana y tres veces primer ministro del país europeo, Giulio Andreotti. Ver Stille, Alexander. Excellent Cadavers. The Mafia and the Death of the First Italian Republic. New York. Random House, 1995. P. 392. 5 Garzón, Juan Carlos. Mafia& Co. La red criminal en México, Brasil y Colombia. Bogotá. Planeta, 2008. Pp. 178-182. 6“Venezuela:consecuencias del aislamiento en la lucha antidrogas” disponible en http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoMayorcaFinal.pdf. 7 Sterling,Claire. Octopus. New York.Simon and Schuster, 1990. Pp. 130-142. 8 Azócar, Gustavo. Los barones de la droga. Historia del narcotráfico en Venezuela. Caracas. Editorial Alfa, 1994. P. 40. 9 http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm. 10 Op. Cit. Pp. 186-187. Oficinas Alemania Katharina Hoffman katharina.hofmann@fes.de www.fes.de América Central Costa Rica Marco Vinicio Zamora m.zamora@fesamericacentral. org www.fesamericacentral.org Argentina María Rigat rigat@fes.org.ar www.fes.org.ar Bolivia Moira Zuazo moira.zuazo@fes-bol.org www.fes-bol.org Brasil Cassio Franca cassio@fes.org.br www.fes.org.br Chile Jaime Ensignia jensignia@fes.cl www.fes.cl Colombia Catalina Niño catalina.nino@fescol.org.co www.fescol.org.co Ecuador Claudia Detsch detsch@ildis.org.ec www.fes.ec México Elisa Gómez e.gomez@fesmex.org www.fesmex.org Perú Ernesto González ernesto@fes.org.pe www.fes.org.pe Uruguay Álvaro Padrón fesur@fesur.org.uy www.fes.org.uy Venezuela Flavio Carucci fcarucci@ildis.org.ve www.ildis.org.ve Editores Programa de Cooperación en Seguridad Regional Hans Mathieu Director hm@fescol.org.co Catalina Niño Coordinadora catalina.nino@fescol.org.co www.seguridadregional-fes.org Bogotá DC- Colombia Septiembre de 2010, Página 12