Crisis y cambios en el Norte de África y el Medio Oriente: Implicaciones para Venezuela y su política exterior en el contexto latinoamericano Elsa Cardozo Mayo de 2012 Crisis y cambios en el Norte de África y el Medio Oriente: Implicaciones para Venezuela y su política exterior en el contexto latinoamericano Elsa Cardozo Caracas, Mayo de 2012 Los análisis y conclusiones contenidos en el presente documento, son de la exclusiva responsabilidad de la autora y en nada comprometen al Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales(ILDIS), como organización que coordinó su elaboración y promovió su debate público. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales(ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert Av. San Juan Bosco, cruce con 2da Transversal de Altamira, Edif. San Juan, Piso 4, Oficina 4-B. Caracas, Venezuela. Teléf.:(0212)2632044/ 2634080 www.ildis.org.ve Director del ILDIS y Representante de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela: Heinrich Sassenfeld. Coordinador institucional del documento: Flavio Carucci T. Director de Proyectos del ILDIS Asistente: Eskeila Guerra Asistente de Dirección Asistente de Proyectos del ILDIS Autora: Elsa Cardozo La impresión y reproducción total o parcial de este documento es permitida, siempre y cuando se mencione su autora y la institución que coordinó su elaboración. ÍNDICE Resumen 1 Preliminares 1 La situación en el Medio Oriente y el Norte de África 1 La“primavera” y su contexto 1 La política exterior venezolana ante las crisis sucesivas 4 Implicaciones de las crisis en el Medio Oriente y Norte de África 8 La reconfiguración del orden mundial 8 El entorno regional y los contrastes 9 Los principios e intereses nacionales de Venezuela 10 Recomendaciones 11 Referencias 13 Resumen El presente documento desarrolla una sucinta evaluación general de la posición de Venezuela ante las crisis y cambios en el Norte de África y el Medio Oriente, dada la política exterior que el gobierno venezolano ha desarrollado al respecto, analizándola en sus contrastes respecto al contexto regional para, finalmente, identificar y evaluar las posturas que exponen al país a pérdida de prestigio y reducción de su margen de maniobra internacional y, a la vez, lo distancian de las preferencias comunes y oportunidades de concertación regional. A partir de esa situación y sus tendencias, se presentan recomendaciones de políticas públicas relativas a principios e intereses nacionales, y oportunidades regionales y mundiales. Preliminares A más de un año de iniciarse la sucesión de crisis que han hecho caer o sometido a fuerte presión a regímenes despóticos de larga data en el norte de África y el Medio Oriente, conviene examinar ese encadenamiento de conflictos desde la perspectiva de Venezuela y en el contexto latinoamericano. En efecto, alrededor de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en Túnez y escalaron con particular violencia en Libia y Siria, se definieron posiciones y estrategias en el mundo de las que el gobierno venezolano se distanció en aspectos esenciales, no sólo respecto a las grandes potencias, sino en relación con potencias emergentes. Esa diferenciación también se produjo frente a la región, unilateralmente, y desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos(ALBA-TCP). El propósito de las siguientes líneas es evaluar, a poco más de un año del inicio de la llamada“primavera árabe”, en medio de la acumulación de sanciones y tensiones en torno a las crisis libia, siria e iraní(incluido parcialmente el tema del programa nuclear), las implicaciones geopolíticas que conlleva la política exterior desarrollada por Venezuela ante la dinámica del Norte de África y el Medio Oriente. La situación en el Medio Oriente y en el Norte de África Entre las circunstancias internacionales actuales más relevantes para comprender el estado de la política mundial se encuentra, sin duda, la sucesión de las crisis que estallaron en el Magreb y el Medio Oriente desde finales del año 2010 y, con creciente intensidad, a lo largo de 2011, prolongándose todas ellas, de una u otra forma, hasta el presente. A continuación se presenta una revisión esquemática de la“primavera árabe” en el contexto internacional en que se produce y una caracterización de las posiciones del gobierno de Venezuela, con énfasis especial en los casos de Irán, Libia y Siria. La“primavera” y su contexto Las protestas que comenzaron en Túnez en diciembre de 2010 y en menos de un mes provocaron la renuncia y salida del país del presidente Zine el Abidine, se propagaron desde enero de 2011 de modo más o menos decisivo y violento por 1 países árabes como Argelia, Jordania, Egipto, Líbano, Yemen, Bahrein, Libia, Siria, Marruecos, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, alcanzando también al persa Irán. No obstante lo diverso de su desarrollo, es posible identificar ciertos denominadores comunes a esas crisis. En efecto, se ha tratado de agitaciones político-sociales de poblaciones mayoritariamente jóvenes, contra regímenes despóticos en reclamo de libertad y oportunidades de mejora en la calidad de vida. Han sido movilizaciones, protestas y enfrentamientos en cuyo momento inicial el factor religioso no figuraba en los argumentos de quienes centraban su reclamo en la renovación de regímenes y liderazgos que parecían inamovibles. Puede decirse que no obstante su manifestación y peso en la evolución de ciertos casos – como Egipto y Siria- el trasfondo religioso no parece tener significación decisiva. Los líderes más cuestionados y renuentes a hacer concesiones habían permanecido en el poder entre veinte y treinta años – en los casos de Zine el Abidine Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto- o más de tres décadas – como Alí Abdulá Saleh y Muammar Gadafi en Yemen y Libia. En el caso sirio, los casi doce años del gobierno de Bashar al Asad vienen precedidos por los treinta de mandato personalista de su padre, Hafez al Assad. El contexto internacional en el que se produjo la seguidilla de eventos que sorprendió a gobernantes y analistas de aquella región y del mundo, merece ser considerado desde tres ángulos: los medios utilizados; los cambios geopolíticos mundiales y regionales identificables en torno a ellos, que reflejaron y reforzaron las crisis sucesivas, y, no menos importante, su encuadre e impacto en la institucionalidad jurídica y política internacional. En cuanto a los medios movilizados, ganaron enorme relevancia la combinación de recursos tecnológicos novedosos, tales como las redes virtuales de comunicación y la transmisión instantánea de mensajes e imágenes. Pero también la han tenido medios más convencionales, tales como las grandes concentraciones de personas; las protestas callejeras pacíficas, más y menos organizadas; la represión gubernamental en diversa intensidad y; la organización de resistencia armada y su recepción de armamentos desde el exterior, de modo abierto o soterrado. Tal combinación de recursos, apenas esbozada, mostró a propios y extraños la enorme complejidad de esas crisis, en la frontera entre realidades y prácticas de distintos tiempos. Otro rasgo común en cuanto a los medios movilizados, es que en medida desconocida hasta el presente, el desarrollo de estas crisis ha tenido un intenso seguimiento que las ha mantenido hasta el presente bajo intenso escrutinio público. Respecto a los cambios geopolíticos que esta sucesión de crisis ha colocado en primer plano, se han constatado las transformaciones en la distribución del poder y, sobre todo, en la distribución de intereses entre las potencias, las potencias emergentes y los actores regionales. Respecto a Europa y Estados Unidos, han quedado en evidencia algunos cambios en la distribución de intención, capacidad y disposición a actuar. La cercanía geográfica y de intereses han estimulado un involucramiento mayor de Europa y un papel menos protagónico para Estado Unidos que – aunque sin duda importante tras bastidores y en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte- se ha 2 correspondido con los cambios en la estrategia de seguridad, introducidos bajo la administración de Barack Obama. En circunstancias en que el compromiso multilateral es preferido por las potencias antes que las actuaciones unilaterales – por razones políticas y económicas- la conquista de los apoyos de Rusia y China ha dado lugar a largas y complejas negociaciones con el fin de lograr, al menos, que estos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no ejercieran su derecho al veto. Por su parte, los países con aspiración a reconocimiento como potencias subregionales (Turquía, Irán, Arabia Saudita) o emergentes(como es el caso de Brasil, India y Sudáfrica), han tendido a asumir posiciones propias, que, por una parte, los diferencien de lo que consideran ilegítimas e ineficientes políticas de intervención de las potencias a favor de sus propios intereses en conflictos subnacionales y que, por la otra, los ubiquen en un espacio que les permita hacer valer su condición de interlocutores en capacidad de mediar y facilitar acuerdos. En las crisis del Norte de África y el Medio Oriente, los movimientos diplomáticos de este conjunto de países-y del más amplio que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos- han revalorizado la práctica de la concertación y cooperación, pero también han desafiado criterios de legalidad y legitimidad internacional. Por una parte, la creciente significación de instancias multilaterales, sus decisiones y sanciones, se han traducido en la procura de consensos y compromisos regionales(Liga Árabe, Consejo del Golfo y Organización de Unidad Africana), de organizaciones extra regionales cercanas(Unión Europea y Organización del Tratado del Atlántico Norte) y en el sistema de Naciones Unidas(Consejo de Seguridad, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional). Esto es saludable en la medida que ha impulsado el ejercicio de la concertación y la cooperación desde acuerdos y organizaciones más cercanos, y por ende, más afectados por las crisis. Por otra parte, sin embargo, a medida que la primavera árabe mostró su cara más violenta en Libia y Siria ese saludable impulso institucionalizador, cuyo propósito ha sido hacer legítima y legal la participación internacional en la solución de conflictos – esencialmente de naturaleza subnacional, se ha traducido en procesos más difíciles de construcción de consensos que legitimen y de resoluciones que den legalidad a la actuación internacional. Esto último conduce a un tercer ángulo de análisis, de singular importancia para evaluar la posición de Venezuela ante los desafíos que a la comunidad internacional dejan planeadas las crisis del Magreb y el Medio Oriente. Estas situaciones han propiciado la confrontación de perspectivas extremas de la seguridad que pueden resumirse, aunque imperfectamente, en tres conjuntos de distinciones: la visión centrada en la seguridad de gobiernos y sus regímenes y la enfocada en la garantía de los derechos de la gente; la que enfatiza la seguridad colectiva y la que pone su acento en la perspectiva cooperativa; a las que se suma la encrucijada, más que distinción, entre la seguridad internacional y la seguridad nacional. 3 Al conjugar estos tres ángulos, encontramos en el desarrollo de la Primavera Árabe (a la que añadiremos ciertos aspectos de la cuestión iraní) la tensión entre los aspectos geopolíticos y transnacionales, es decir, entre los principios de nointervención y de responsabilidad de proteger, y entre la cuestión de los derechos humanos y los intereses políticos y económicos en juego. La política exterior venezolana ante las crisis sucesivas En el panorama descrito, se ubican las posiciones y relaciones que el gobierno venezolano desplegó unilateral y regionalmente en distintos momentos ante la sucesión de las crisis en el norte de África y el Medio Oriente. Antecedentes imprescindibles El primer conjunto de datos a tener en cuenta se encuentra en las relaciones que desde su llegada al gobierno en 1999 se propuso desarrollar el gobierno venezolano con los países del mundo islámico, árabe y persa, con énfasis en los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo – OPEP-(Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Iraq, Libia y Qatar). Aunque la convocatoria de la Segunda Conferencia de Jefes de Estado de esa organización – aparte del gesto provocador de la visita del presidente Chávez a Saddam Hussein en 1999- y su realización en Caracas al año siguiente, apenas dejaron asomar algunos cambios de fondo en la relación tradicional de Venezuela para mantener la armonía con tan heterogéneos socios, en adelante se habrían de producir giros cada vez más visibles. En 2007, el Proyecto Nacional Simón Bolívar(Primer Plan Socialista) hizo explícitos intereses geopolíticos que cambiaron lo esencial de las relaciones con países del Magreb y el Medio Oriente. Allí fueron definidas las áreas de interés estratégico para Venezuela que contemplaron, después de Latinoamérica y el Caribe, en un segundo círculo de relaciones, a Irán y Siria junto con Bielorrusia y Rusia, con objetivos estratégicos de“consoli dar la alianza política integral emergente en base a los intereses comunes antiimperialistas”, a la vez que la“consolidación de una postura común en los organismos internacionales”. Desde esas referencias se produjo el acercamiento político del gobierno venezolano a Irán, Libia y Siria y se perfiló la agenda venezolana de cooperación con esos gobiernos y hacia los conflictos en esas lejanas regiones. El caso de Irán, que aunque pareciera haber sofocado desde su especificidad la onda expansiva de las crisis regionales, es de mucho interés para contextualizar la posición venezolana ante la Primavera Árabe. Las relaciones que desde 1960 se habían circunscrito esencialmente a lo petrolero, fueron haciéndose más afines geopolíticamente e intensivas en acuerdos a partir de 2005, con el ascenso al poder de Mahmoud Ahmadineyad. El aumento de la significación comercial de Venezuela para Irán vino acompañado por la multiplicación de un conjunto no bien conocido de acuerdos(se han estimado tres centenares de acuerdos, suscritos entre 2000 y 2011) y vínculos económicos acompañados por el impulso venezolano al desarrollo de relaciones del gobierno iraní con los cuatro más cercanos socios de la Alianza Bolivariana-Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba- de la que Irán es miembro observador desde 2007. A esto se añaden las expresiones y 4 acciones de solidaridad que han desafiado las sanciones acordadas contra el programa nuclear iraní por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, así como el apoyo al gobierno persa y sus acciones represivas ante las protestas por denuncias de fraude electoral en 2009 y las movilizaciones que ocurrieron en el contexto de la primavera árabe. En la declaración final de la VI cumbre de la ALBA sus miembros“Ratificaron su respaldo a la Revolución Islámica de Irán, a las Instituciones de la República Islámica de Irán, y al Gobierno del Presidente Mahmoud Ahmadinejad y rechazaron la injerencia externa y la campaña de desprestigio desatada contra ese hermano pa ís”. Entre las numerosas visitas que han intercambiado los dos mandatarios(nueve del presidente Chávez a Teherán y cinco de Ajmadinejad a Caracas), cabe destacar la que en diciembre de 2011 dispensó el presidente iraní a Caracas, en medio de la máxima tensión en torno al programa nuclear, pues ha sido la más reveladora sobre las posturas que respecto a Estados Unidos, Israel y las Naciones Unidas han compartido los dos mandatarios. En cuanto a Siria, a lo largo de los encuentros presidenciales – tres en Damasco (2006, 2009, 2010) y uno en Caracas(2010) – se fue tejiendo un discurso cada vez más abiertamente desafiante del orden internacional. En palabras del presidente Chávez, los dos países se han acercado para crear un“nuevo mundo” que implicaría la“caída de la hegemonía imperialista”. En octubre de 2010, Siria fue incorporada como“miembro aliado” en la Alianza Bolivariana. Entre los acuerdos y relaciones que mayor suspicacia han levantado en la comunidad internacional, se encuentran los vuelos Caracas-Damasco-Trípoli y los envíos recientes de combustible diesel, desafiando las sanciones impuestas por la Unión Europea a Siria. Respecto a Libia, a la par de los encuentros de los dos jefes de Estado en Trípoli (1999, 2004, 2006, 2009 y 2010) y Venezuela(Caracas, Margarita, 2009), se fue tejiendo un discurso de afinidades en una“idéntica trinchera, destino y batalla contra un mismo enemigo, vamos a vencer”, en palabras de Gadafi en Margarita tras ser comparado por el presidente venezolano con Bolívar. Es de precisar que el acercamiento del gobierno venezolano a Libia y su solidaridad con Muamar Gadafi tiene antecedentes regionales en los vínculos económicos y políticos que con el líder de la revolución libia desarrollaron y mantuvieron Fidel Castro y Daniel Ortega desde los años de la revolución verde y la sandinista, respectivamente. En el caso del gobierno de Chávez, también respecto al régimen libio hubo poca transparencia en los acuerdos de diversa índole contraídos, de los que son evidencia formal apenas ocho compromisos publicados en Gaceta Oficial tras su aprobación por la Asamblea Nacional, acuerdos que incluyeron la creación de un fondo de promoción de inversiones, de monto y destino incierto. Posiciones venezolanas ante la sucesión de crisis y conjuntos de respuestas Desde los antecedentes mínimos recién expuestos, se comprende la diversidad de posiciones del gobierno venezolano en diferentes momentos de la Primavera Árabe. En los primeros casos, los de Túnez y Egipto, la actitud del gobierno venezolano fue de cierta toma de distancia. Al fin y al cabo ni había simpatía por los regímenes 5 desafiados ni se anticipaba el contagio regional con sus expresiones más violentas. De modo que comenzando el año 2011, el presidente Chávez declaró que no se pronunciaría sobre esas situaciones sin antes consultar las opiniones de los presidentes de Libia y Siria. Con todo, pronto esbozó dos posturas en supuesta coincidencia con Gadafi y Al Assad. En primer lugar, reconoció que en Túnez y Egipto había una profunda brecha social y una élite enriquecida, comparando enseguida esas incidencias con el“Caracazo” para justificar lo sucedido en Venezuela en febrero de 1989. Pero luego, no sin contradecirse, advertía en coincidencia con Gadafi que hizo explícita:“El imperio e s muy hábil, divide, toma un país, lo controla y lo divide”(Espinoza, 2011). Este segundo argumento iría ganando fuerza en la posición del gobierno venezolano desde que las revueltas se tradujeron en la exigencia de que Ben Alí y Mubarak abandonaran el poder. En adelante, el presidente, el canciller y los comunicados del gobierno abogaron insistentemente por el derecho que tenían esos países de resolver sus conflictos sin intervención de ningún gobierno extranjero. De todos modos, en los primeros meses de 2011, probablemente con el cambio que para la geopolítica del Medio Oriente significaba la caída de Mubarak, prevaleció el primer punto de vista; la idea de que en Egipto se había producido el “despertar del poder constituyente”,“el despertar de un pueblo del que apenas hemos visto el inicio de un acontecimiento que marca la historia.”(MPPRE, 2011a). Caso de especial interés para identificar tempranamente el trasfondo de la posición del gobierno venezolano ante la ola de protestas que se extendieron al Medio Oriente es el caso de Irán. En 2009, ante las movilizaciones de denuncia de fraude electoral, duramente reprimidas por el gobierno de Ahmadineyad, el presidente venezolano dio su total apoyo al régimen amigo y acusó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos(CIA) de alentar las protestas. Es el mismo apoyo incondicional que se ha manifestado desde la primera ola de sanciones a Irán por la forma desafiante e inescrutable como viene desarrollando su programa nuclear. Entre febrero y abril de 2011 el gobierno de Irán se valió del arresto y aislamiento de líderes opositores y dispersó con presión y violencia de la fuerza pública las manifestaciones que habían encontrado estímulo en las protestas políticas que para entonces se habían extendido a Argelia, Jordania, Líbano y Yemen. El gobierno venezolano mantuvo su atención sobre Libia y su apoyo a Gadafi. La situación Libia escaló rápidamente hacia la más extrema violencia. A mediados de febrero, a un mes del inicio de protestas en varias ciudades y del despliegue de fuerzas de seguridad en Trípoli, comenzó y arreció la ofensiva gubernamental contra manifestantes desarmados. Mientras Gadafi alimentaba la violencia al decir que sólo muerto abandonaría el poder y al llamar al exterminio de las“ratas” traidoras, decenas de miles de libios comenzaron a huir hacia las fronteras con Túnez y Egipto, en tanto que reportes de miles de muertos se filtraban al mundo. Las primeras acciones internacionales fueron decididas regionalmente. Desde mediados de febrero, la continuación y escalada de la matanza de civiles y soldados renuentes a dispararles, provocó que la Liga Árabe, la Unión Africana y la Secretaría General de la Conferencia Islámica condenaran al gobierno libio por violar derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario. 6 Las siguientes actuaciones fueron del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas(ONU). El primero, resolvió la investigación de crímenes, identificación de responsables, así como la solicitud a la Asamblea General de la suspensión de Libia de ese Consejo. Pocos días después, el 1º de marzo, ese amplio y diverso foro internacional resolvió la exclusión por consenso. Entonces, el representante venezolano ante las Naciones Unidas presentó su reserva(porque, según afirmó, no había una investigación sostenida y creíble), expresando que“El pueblo libio debe definir su propio destino, sin interferencias foráneas. Los pueblos soberanos son los únicos protagonistas de la historia, y ninguna fuerza extranjera está autorizada para intervenir en los asuntos internos de la nación Libia”. Las resoluciones del Consejo de Seguridad fueron largamente consultadas. Vencidas las resistencias de China y Rusia, dos resoluciones, entre febrero y marzo, dieron sustento a la actuación internacional más directa en tres ámbitos: sanciones y restricciones al régimen libio; amplio mandato – sin operaciones en tierra- de protección de los civiles, que se tradujo también en apoyo a los rebeldes; en tercer lugar, no menos importante, el envío del caso penal al Fiscal de la Corte Penal Internacional. Tras las investigaciones, la Corte dictó el 27 de junio la orden de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de inteligencia militar. Cabe destacar, en suma, tres aspectos de la posición venezolana: el rechazo a las resoluciones de las Naciones Unidas, el apoyo a Gadafi y una tardía propuesta de mediación presentada primero desde el Consejo Político de la Alianza Bolivariana en marzo de 2011, con el anuncio de que crearían una comisión internacional. Un mes después la relanzó, acompañado por Mahmoud Ahmadinejad. Respecto a Siria, el gobierno venezolano ha sostenido tesis similares, en circunstancias en las que ha sido mucho más difícil para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobar resoluciones siquiera cercanas a las convenidas para el caso libio. Siria plantea un reto geopolíticamente complejo y el régimen de Al Asad ha jugado con esa carta, aliado al desafiante gobierno de Irán. Ha contado con las acciones y omisiones de Rusia y China en las que, desde la diversidad de sus perspectivas, se mezclan intereses de influencia en toda la región, razones económicas, referencias al antecedente de guerra civil en Libia y, especialmente, el rechazo esencial a la supranacionalidad en materia de derechos humanos. Esto llevó el tema a la Asamblea General de la ONU donde, no obstante el limitado alcance de sus resoluciones, es significativo que se haya sumado una vasta mayoría de sus 193 miembros(133 en diciembre de 2011 y 137 a mediados de febrero de 2012) para condenar la violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno sirio y apoyar la propuesta de transición presentada por la Liga Árabe. Los once países que junto con Venezuela votaron el 16 de febrero contra la resolución de la Asamblea General, cuando aún resonaban cruentos bombardeos sobre Homs y Hama, fueron Irán, Bielorrusia, Zimbabue, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia junto a Rusia, China y la propia Siria. Las razones alegadas por el representante venezolano para oponerse fueron que la resolución 7 era injerencista, que la protección de los derechos humanos era una cortina de humo, que se alentaba una guerra civil y no se condenaba a los opositores terroristas que promovían la violencia. En suma, del argumento respecto a los factores sociales, económicos y políticos que justificaban el despertar constituyente de estos pueblos, pasó a privilegiarse el de la soberanía representada, primera y preferentemente, por los gobiernos. De modo que en la posición venezolana han venido a prevalecer el principio de nointervención, los intereses económicos y posturas geopolíticas que comparte con ciertos gobiernos, por encima de la madurez política, democrática y valiente que fue reconocida al pueblo egipcio al rebelarse contra el régimen de Mubarak. Implicaciones de las crisis en el Medio Oriente y Norte de África A partir de las consideraciones sobre los desafíos que plantea el contexto internacional, son pertinentes tres niveles de análisis: mundial, regional y nacional. La reconfiguración del orden mundial A medida que se han ido evidenciando más complicadas y violentas transiciones en el norte de África y el Medio Oriente, también se han hecho manifiestas las nuevas complejidades del orden internacional. En medio de ellas, se han planteado nuevas oportunidades y riesgos para la seguridad internacional que se presentan resumidamente en el siguiente cuadro. Oportunidades Riesgos Respuestas constructivas ante los desafíos que Internacionalización de los plantean los conflictos subnacionales subnacionales conflictos Revalorización de la construcción de consenso entre las potencias Papel moderador/mediador que pueden desempeñar potencias emergentes Reconocimiento de responsabilidad y peso de actores regionales, particularmente de las organizaciones regionales Prevalencia de intereses de (económicos o políticos) extrarregionales diversa índole de potencias Efecto contraproducente de las aspiraciones de reconocimiento de sus posiciones e influencia por parte de las potencias emergentes Competencia de intereses entre actores regionales Desplazamiento del reconocimiento de respuestas colectivas unilateralismo por el la concertación de Extrema lentitud y fragilidad de consensos en las respuestas multilaterales, sea que regionales o mundiales. Valorización de los debates y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Complejidad de construcción de posiciones comunes sobre cuestiones de seguridad en un foro tan amplio como la Asamblea General de las Naciones Unidas Peso de la difusión de información sobre represión y masacres para movilizar la defensa de los derechos humanos por parte de gobiernos, organizaciones internacionales, no gubernamentales y personalidades Peso de las consideraciones intergubernamentales – solidaridad entre gobiernos- por encima de las de naturaleza supranacional en materia de seguridad internacional y seguridad humana Fortalecimiento de las instituciones Desgaste de las instituciones internacionales y 8 internacionales y mayor compromiso con la pérdida de legitimidad del compromiso con la responsabilidad de proteger responsabilidad de proteger La posición de Venezuela, que ha apuntado a destacar los riesgos del nuevo contexto, tiende también a exacerbarlos, en perjuicio de intereses y principios que pueden ser inferidos tanto de la Constitución como de lo conveniente para sus intereses, dada la situación estratégica presente del país, particularmente en su entorno regional. El entorno regional y los contrastes En el conjunto regional, es Venezuela el país que con más empeño ha sostenido su apoyo a los gobiernos que de modo más represivo han respondido a las protestas y rebeliones de la Primavera Árabe, con la adición inevitable de la cercanía al persa Irán, que tanto ha venido perfilando la naturaleza de los vínculos internacionales de Venezuela. En cuanto a los países latinoamericanos individualmente considerados, han prevalecido – salvo por los miembros de la Alianza Bolivariana-, posiciones bastante moderadas y orientadas a guardar distancia. Respecto a Libia, Colombia reconoció en agosto de 2011 al Consejo Nacional de Transición. Por su parte, los cinco países más vinculados a la Alianza Bolivariana, en una reunión extraordinaria de su Consejo Político a comienzos de marzo de 2011, a través de sus cancilleres expresaron su apoyo al gobierno libio, su rechazo a la resolución del Consejo de Seguridad que aprobó la zona de exclusión aérea y la protección de la población civil, a la vez que respaldaron la ya comentada propuesta de una misión internacional humanitaria del presidente Chávez. En la ya mencionada sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Brasil, Argentina y México votaron a favor de la exclusión del gobierno libio. Destaca entre ellos el caso de Brasil – que bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva había tenido posturas muy pragmáticas en estos temas- cuya presidenta, Dilma Rousseff, sostuvo ante ese Consejo que“ Ningún gobierno se sustentará ya por la fuerza o por la violencia. Ningún liderazgo perdurará en medio de la exclusión, el desempleo y la pobreza. Ningún pueblo soportará ya en silencio la violación de los derechos humanos.”(Arias, 2011). También hay que anotar a Brasil entre los países que en marzo de 2011 exigieron un cese al fuego como medida de protección de la población civil, a la vez que solicitó la apertura de diálogos como única forma de detener la escalada de violencia. Ahora bien, es importante reseñar que el mismo Comunicado de la cancillería de ese país, fechado 22 de marzo, precisó lo siguiente:"Brasil reitera su solidaridad con el pueblo libio en busca de una mayor participación y de una definición del futuro político del país, en un ambiente de protección de los derechos humanos". Dado este cuadro, no es por tanto extraño que la Unión de Naciones Suramericanas, que a instancias del gobierno venezolano discutió el caso a puertas cerradas en marzo de 2011 en Quito, no logró acordar una posición común, ni entonces ni ocho meses después, cuando ya Gadafi había sido desplazado del poder y ajusticiado. 9 En el caso de Siria, los contrastes son mayores pues regionalmente ha habido más cuidado respecto a este tema, visiblemente más complejo, humana y geopolíticamente. A juzgar por las ya citadas votaciones en la Asamblea General – el 19 de diciembre de 2011 y el 16 de febrero de 2012- las voces disonantes en América Latina han sido las de los cinco miembros“duros” de la Alianza Bolivariana. Quizá ninguno de ellos ha sido más abierto que Venezuela en su apoyo al régimen de Assad, como lo confirma la voluntad mantener el envío de combustible que se sabe necesario para la movilización de los equipos militares gubernamentales. Valga finalmente recordar, como parte ineludible de este cuadro, que las afinidades entre los gobiernos de Venezuela e Irán contribuyen a precisar contrastes respecto a la mayoría de las posiciones latinoamericanas ante las crisis y desafíos geopolíticos y humanos del Medio Oriente y el Magreb. La posición venezolana ha sido de apoyo incondicional al presidente Ahmadineyad, tanto respecto a la cuestión nuclear como a la represión de sus opositores políticos domésticos y su incursión en negocios y acuerdos con países de la Alternativa Bolivariana, en cuyas actitudes de solidaridad – conviene anotar- hay matices respecto a las de Venezuela. En otra posición se ubica la búsqueda de soluciones negociadas en las que viene insistiendo Brasil – y por diversas razones las otras llamadas potencias emergentes – cuando defiende el derecho al desarrollo de energía nuclear para fines pacíficos y promueve la solución de la cuestión iraní por la vía de la negociación y no de las sanciones, con el ya anotado peso que la administración de la presidenta Rousseff ha dado al tema de los derechos humanos. Alejados de simpatías por el régimen iraní se encuentran, cada uno por sus propias razones, países como Colombia y Argentina. Los principios e intereses nacionales de Venezuela El gobierno venezolano ha tenido buen cuidado en sustentar sus posiciones en la defensa de principios del derecho internacional. Sin embargo, al hacerlo, ha privilegiado los inspirados en concepciones de la soberanía y la seguridad que se centran en la seguridad del Estado y el gobierno(no intervención, autodeterminación), que debilitan el alcance de la acción multilateral y niegan el valor de la supranacionalidad. La Constitución venezolana, entre otros postulados del preámbulo, incluye“la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear”; principios cuyo recordatorio es pertinente, en general, para el cuadro aquí descrito. En la parte dispositiva se añade el compromiso con la solución pacífica de los conflictos internacionales lo que, por extensión, valdría en el presente para los de naturaleza subnacional, dimensión que inevitablemente adquiere la protección de los derechos humanos, reconocidos nacionalmente y en los convenios internacionales, de los que Venezuela es parte, como irrenunciables, indivisibles e interdependientes. El gobierno venezolano justificó las rebeliones tunecina y egipcia por obedecer a la negación de derechos económicos, sociales y, aunque con menor énfasis, también los políticos. Luego, en los casos de Libia y Siria – y desde antes en el iraní- ignoró el deterioro de esos derechos y, en particular, los reclamos de libertad que le 10 dieron origen y el muy fundamental derecho a la integridad física, abiertamente sofocado por los gobiernos. En cuanto a intereses, son de diversa naturaleza los que han sido afectados como resultado de la política desarrollada por el gobierno venezolano, antes y durante los hechos descritos: Subordinación de principios constitutivos del pacto constitucional venezolano – especialmente en el ámbito de los derechos humanos- y de intereses nacionales del país a cálculos geopolíticos gubernamentales. Debilitamiento de la capacidad e influencia de Venezuela para promover esos principios e intereses como país conciliador y constructor de consensos regionales y en espacios multilaterales, que es lo que convendría a los intereses nacionales, sin contravenir sus valores esenciales. Politización inconveniente de los vínculos con los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Exposición a sanciones internacionales, especialmente de las que derivan de las medidas aprobadas por Estados Unidos y la Unión Europea en los casos de Siria e Irán, en este último, en lo concerniente a su programa nuclear. Acentuación de posiciones diferentes, cuando no contrapuestas, a las de otros países latinoamericanos, que debilita la capacidad de participación franca de Venezuela en espacios que, con agendas centradas en aspiraciones y necesidades regionales, podrían llegar a ser muy importantes para definir y atender los desafíos de seguridad compartidos. Es el caso de la UNASUR y el Consejo Suramericano de Defensa, así como para lo que en materia política pudiera llegar a consensuarse en la más heterogénea Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cabe concluir que la tendencia a la que apunta la política exterior venezolana en el ámbito aquí considerado es la de alentar los riesgos presentes en el panorama global colocando, en esos términos, al país en medio de conflictos de una escala y complejidad que lo rebasan, mientras pierde la oportunidad de contribuir sustantivamente al desarrollo de iniciativas con potencial para fortalecer la cooperación regional en seguridad, humana y democráticamente concebida. Recomendaciones Es necesaria una franca revisión de los principios e intereses que han venido orientando en la práctica a la política exterior venezolana ante crisis de tanta complejidad y significación en la dinámica presente de reconfiguración del orden mundial. Esto llevaría a replantear las políticas del país teniendo en mente una más constructiva e influyente inserción regional. Para ello, es necesario volver a la observancia de los preceptos constitucionales y de los compromisos internacionales y regionales que, en materia de seguridad y derechos humanos, los preservan y complementan. 11 Hay aspectos de naturaleza procedimental general que requieren renovada atención: - El control constitucional de la política exterior, es decir, recuperar las condiciones para el cumplimiento de las competencias de revisión, aprobación y exigencia de información que el poder legislativo y el judicial en ciertas circunstancias en materia de constitucionalidad- tienen la potestad de ejercer sobre los compromisos internacionales. - El respeto por las instancias políticas de consulta que hacen de la política exterior, como política de Estado, una política pública eficiente y legítima. - Global y regionalmente, conviene a un país como Venezuela fortalecer las instancias multilaterales de decisión y hacerse agente propiciador de la construcción de consensos en torno a principios comunes, aprovechando el movimiento mundial y latinoamericano que favorece la consideración no excluyente de la seguridad y los derechos humanos. En términos sustantivos, respecto a la reconducción de las relaciones y los compromisos hasta aquí esbozados, de las páginas previas pareciera desprenderse la necesidad de: - Asumir la política exterior en temas globalmente críticos – como los aquí explorados- con sentido realista(Venezuela es un país petrolero, miembro de la OPEP, americano y latinoamericano) y sin abandonar las legítimas aspiraciones a mejorar la posición y oportunidades de seguridad y prosperidad del país. Venezuela, para preservar su condición democrática, necesita cultivar relaciones en las que pueda fortalecer su autonomía e impulsar su desarrollo. - Revisar las posiciones sostenidas en cada una de las crisis brevemente revisadas y de otras de la misma trascendencia que pudieran plantearse a partir de la conjugación de principios e intereses del país, procurando su fortalecimiento en los espacios institucionales regionales y evitando el aislamiento en los espacios multilaterales. - Sostener coherentemente, como referencias esenciales de la política exterior, la sincera defensa de los principios del derecho internacional, el claro distanciamiento respecto a posiciones que alienten la violencia y la franca disposición a facilitar acuerdos que abran oportunidad y resten legitimidad al uso de la fuerza. 12 Referencias Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. Plan de desarrollo económico social 2007-2013. http://es.scribd.com/doc/49614843/PROYECTO-NACIONAL-SIMON-BOLIVARPRIMER-PLAN-SOCIALISTA “ Castro, Chávez y Ortega, los amigos de Gaddafi en AL”, El Universal.mx, 22-102011. http://www.eluniversal.com.mx/internacional/74839.html Espinoza, Ocarina.“Chávez: ´Da asco posición de EEUU frente a conflicto en Egipto“. El Universal. Caracas: 30-11-2011. http://www.eluniversal.com/2011/01/30/pol_ava_chavez:-da-ascopo_30A5076571.shtml MPPRE(2011a).“Presidente Chávez: Egipto inicia el despertar del poder constituyente”, Caracas: 18-02-2011. http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=106 47:presidente-chavez-en-egipto-inicia-el-despertar-del-poder-constituyente&catid=2:actualidad&Itemid=325 Arias, Juan.“Brasil se distancia más de Irán y se pronuncia en la ONU en contra de todas las dictaduras”. El Pais.es, 02-03-2011. http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/02/actualidad/12990204 02_850215.html Massé, Frédéric. Irán, América Latina y Colombia http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=colombia%20programa%20nucle ar%20iran&source=web&cd=6&ved=0CGIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww .cancilleria.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FIran%2C%2520Am%25C 3%25A9rica%2520latina%2520y%2520Colombia%2520%2520Fr%25C3%25A9d%25C3%25A9ric%2520Mass%25C3%25A9_0.pd f&ei=X7S_T4LuD6qg6QHpnKm1Cg&usg=AFQjCNFitcxSSUV_bAX4QoLuXJ38a S9vXQ&cad=rja 13