DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LAS AGENDAS INDÍGENAS en las elecciones generales 20221 En un país pluricultural como el Perú, donde el 25% de la población se autoidentifica como indígena o perteneciente a un pueblo originario, según el censo que realizó en 2017 el Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI). Los asuntos vinculantes a la población indígena suelen ocupar un segundo plano en la escena política nacional. José Carlos Díaz Zanelli Diciembre 2021 Las campañas electorales tienden a concentrar la mayoría de sus debates mediáticos en asuntos como el desempeño económico, la seguridad ciudadana, referida a los sectores urbanos, y la lucha contra la corrupción.

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LAS AGENDAS INDÍGENAS en las elecciones generales 2021

ACERCA DEL AUTOR CRÉDITOS José Carlos Díaz Zanelli, periodista, investigador y candidato doctoral de estudios culturales en Rutgers University(EE.UU.). Trabajó como periodista en los diarios La República y Perú21, actualmente colabora con Servindi. Especialista en asuntos indígenas y ambientales, ha publicado en revistas académicas de los Estados Unidos, Reino Unido y América Latina. Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las Elecciones Generales 2021 Autor: José Carlos Díaz Zanelli © 2021, Fundación Friedrich Ebert-Perú Avenida Camino Real 456- Torre Real Of. 901, San Isidro, Lima 27 Correo: postmast@fes.org.pe Sitio web: www.fes-peru.org Representante: Sara-Nathalie Brombart Coordinación: María del Pilar Sáenz – Directora de Proyectos CONTENIDO INTRODUCCIÓN © 2021, Servicios de Comunicación Intercultural- SERVINDI Calle Los Cipreses 350, urbanización Valle Sharon. Lima 29, Perú. Telf.:(51) 989-569751 Sitio web: https://www.servindi.org/ 5 1 AGENDA INDÍGENA EN LA ETAPA ELECTORAL 7 Primera edición digital, diciembre de 2021 1. Yonhy Lescano, Acción Popular Hecho el Depósito Legal en la Bibliot 7 eca 2. George Forsyth, Victoria Nacional Nacional del Perú N° 20217 3. Rafael López Aliaga, Renovación Nacional ISBN: 9 4. Verónika Mendoza, Juntos por el Perú 9 5. Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Corrección de estilo: 10 Diseño de portada y diagramación: 2 SEGUNDA VUELTA Y PLANES DE GOBIERNO Omar Dalí Rosas Solier 15 3 PERSPECTIVAS A LAS ELECCIONES DE 2022 Cuidado de edición: Servindi 21 El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del autor y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Fundación Friedrich Ebert. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

5 INTRODUCCIÓN En un país pluricultural como el Perú, donde el 25% de la población se autoidentifica como indígena o perteneciente a un pueblo originario, según el censo que realizó en 2017 el Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), los asuntos vinculantes a la población indígena suelen ocupar un segundo plano en la escena política nacional. Las campañas electorales tienden a concentrar la mayoría de sus debates mediáticos en asuntos como el desempeño económico, la seguridad ciudadana, referida a los sectores urbanos, y la lucha contra la corrupción. Cuando se debate sobre el futuro de las industrias extractivas en el país, principalmente minería e hidrocarburos, se menciona tangencialmente a los pueblos indígenas y campesinos. En el contexto de las elecciones generales del 2021, no cambió la tónica de marginalidad mediática y política hacia la agenda indígena, entendiendo por esta a la diversidad de temas que involucran los derechos y los territorios de las poblaciones originarias en el Perú. Constreñida a un punto ciego de los principales medios de comunicación, la difusión de la agenda indígena se convierte en un deber de los medios independientes que, en muchos casos, hacen esfuerzos denodados por canalizar y mediatizar las demandas de los pueblos indígenas y originarios. La pandemia del coronavirus que viene impactando al Perú desde marzo de 2020, no hizo más que agudizar los problemas que resultan de la postergación de los asuntos indígenas en la agenda política nacional. La mayoría de estos son problemas estructurales que muchos sectores mediáticos no incluyen en sus análisis, relegando esto último solo al ámbito académico y a la sociedad civil. La carencia de servicios básicos como salud, educación y saneamiento, agravaron el impacto de la pandemia en las comunidades originarias y pusieron en evidencia la ausencia de políticas públicas orientadas y adaptadas a estas poblaciones. Por esta razón, adquiere un sentido de urgencia comprometer a los distintos partidos y actores políticos, que intervienen en las contiendas electorales, a incorporar en sus diseños de políticas públicas, las demandas históricas de los pueblos indígenas y originarios, así como las de la población afrodescendiente. En ese sentido, iniciativas alternas, como el debate presidencial ecológico y de acción climática, que se realizó a inicios de marzo de 2021, sirven para promover en los candidatos la descentralización de sus agendas políticas, principalmente concentradas en las necesidades económicas y políticas de la población urbana. En esa línea, este informe es un esfuerzo por identificar e indagar sobre qué oferta de políticas públicas, dirigidas a los pueblos indígenas y originarios, se han formulado durante los meses de campaña, con el objetivo de acabar con las desigualdades arriba mencionadas. Asimismo, este informe iluminará cómo los principales candidatos introducen a las poblaciones indígenas en sus discursos de campaña, independientemente de sus distintos sesgos ideológicos; sin embargo, este documento no tiene como meta solo realizar un análisis descriptivo del tratamiento, mención u omisión de la agenda indígena en la campaña presidencial 2021; sino también ser prescriptivo. En este sentido se pretende formular propuestas para la incorporación de los asuntos indígenas en las campañas políticas y para la mediatización de los mismos. A las elecciones de este año la sucederán las elecciones regionales y municipales de 2022. Unos comicios electorales focalizados en administraciones políticas, específicas, que gestionan directamente el territorio habitado por los pueblos indígenas y originarios. En la primera parte del informe, se definirá el criterio con que se evaluarán los temas planteados por los candidatos en sus planes de gobiernos y sus intervenciones mediáticas. En ese sentido, se identificará el tratamiento de las distintas propuestas de políticas públicas desde un enfoque intercultural, entendiendo a este último, como el esfuerzo por incorporar aspectos sociales y culturales de los pueblos indígenas y originarios en el diálogo político nacional. Para ello, se identificarán algunos temas claves que se vinculan directamente a los derechos y territorios indígenas como la consulta previa, los programas de educación bilingüe, las políticas ambientales, la redistribución económica, entre otros. A esta sección la suceden tres capítulos en los que se examina a detalle las tres etapas claves del periodo electoral 2021-2022 que ocurrirá en el Perú. En el Capítulo 1, dedicado exclusivamente a analizar la incidencia de la agenda indígena en la primera vuelta electoral, se examinarán los planes de gobiernos y las intervenciones públicas de los principales candidatos presidenciales; así como eventualmente de sus respectivos candidatos al Congreso. El capítulo se concentra en aquellos candidatos que, sobre la última etapa de la primera vuelta, cuentan con mayores probabilidades de acceder a la segunda vuelta, teniendo en cuenta que en

6 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 esta etapa se presentaron un total de 18 candidaturas presidenciales. En el Capítulo 2, se indaga más específicamente en el tratamiento de los asuntos sociales y culturales de los pueblos indígenas y originarios de aquellos dos candidatos que lograron la mayor votación en la primera vuelta. En este capítulo se toma en cuenta la evolución de sus discursos políticos referentes a los pueblos indígenas originarios, los perfiles de sus candidatos congresales ya elegidos y las potenciales modificaciones a sus planes de gobierno en virtud de las posibles alianzas políticas de segunda vuelta. El Capítulo 3 está exclusivamente destinado a la definición de las perspectivas electorales para las elecciones regionales y municipales de 2022, la posible influencia que estas puedan tener tras la elección presidencial de 2021 y la elaboración de estrategias mediáticas para fomentar la incorporación de la agenda indígena en el diálogo políti para estas elecciones. CRITERIO, MEDIO Y EJES TEMÁTICOS A ANALIZAR Este informe no tiene como interés formular alguna preferencia hacia las políticas de un determinado candidato, sino establecer un criterio único para la evaluación de sus propuestas electorales y sus manejos de los asuntos indígenas en un contexto de contienda electoral. En esa línea, se priorizará identificar las propuestas, menciones, referencias y tratamientos de los asuntos vinculados directa e indirectamente a la agenda indígena desde un enfoque intercultural. Entendiendo a la interculturalidad como un concepto heterogéneo que define el accionar político de las organizaciones indígenas, pero también el diseño de políticas públicas desde el Estado en función de la diversidad cultural de un determinado país. Bajo este criterio, se persigue el objetivo de iluminar los puntos ciegos del diálogo político en las campañas de 20212022. Un periodo en el que se renovarán las autoridades de todas las instituciones públicas en el país. Con relación a las propuestas electorales para el diseño de políticas públicas, se identificarán aquellas orientadas a los distintos poderes del Estado peruano. En el ámbito del Poder Ejecutivo, se considerarán las políticas sectoriales que los candidatos proyecten para los distintos ministerios, así como la voluntad política expresada por estos mismos en temas claves como industrias extractivas y acuerdos climáticos internacionales. En el terreno de las facultades del Poder Legislativo, se examinarán las principales propuestas formuladas por sus candidatos al Congreso de la República en materia de proyectos de ley, fiscalización política o modificaciones reglamentarias a las políticas de representatividad. En cuanto al Poder Judicial, se identificarán las voluntades políticas de los candidatos frente a las acciones judiciales en materia indígena y ambiental; así como la posición de los candidatos frente a las fiscalías especializadas en asuntos que conciernan a los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Tomando como documento base los planes de gobierno de los candidatos, pero sin asumirlos como documentos definitivos de las propuestas políticas electorales, se examinarán las propuestas en los siguientes temas: consulta previa legislativa, una iniciativa que busca consultar a los pueblos indígenas y originarios ante cualquier proyecto de ley que concierna a sus derechos y territorios; Acuerdo de Escazú, un pacto ecológico internacional que el Perú no ha ratificado y que garantizaría el reconocimiento de la defensa ambiental como un derecho, así, como facilitaría las labores de fiscalización de las organizaciones locales; la consulta previa y su implementación, en relación a las posturas de los candidatos sobre las modificaciones necesarias a este instrumento legal que busca garantizar el derechos de los pueblos indígenas y originarios a ser consultados antes de cualquier proyecto de inversión(extractivo o de infraestructura) que impacte sus territorios; y la segunda reforma agraria. Una iniciativa técnica que ha sido introducida por un grupo específico de candidatos y que buscaría mejorar las condiciones laborales de los agricultores, así como modernizar la capacidad productiva del campesinado peruano en las zonas andinas y costeras.

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 7 1 AGENDA INDÍGENA EN LA ETAPA ELECTORAL 1. Yonhy Lescano, Acción Popular Sobre el último tramo de la campaña electoral hacia la primera vuelta, el candidato de Acción Popular(AP), Yonhy Lescano, fue perdiendo favoritismo en las intenciones de voto, pese a haber liderado la mayoría de las encuestas durante un gran tramo. Según las encuestas difundidas por IPSOS, DATUM y el Instituto de Estudios Peruanos(IEP), el excongresista lideraba la intención de voto hasta una semana antes de las elecciones en las regiones de la sierra sur(Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa). Su plan de gobierno está subtitulado como “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella”(“No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso”), un imperativo moral de las poblaciones indígenas quechuas y aymaras que se remonta a la sociedad incaica. Sin embargo, a pesar de la evocación ancestral andina, el plan de gobierno de Acción Popular no realiza ni una sola mención a los pueblos indígenas u originarios. Plan de gobierno: Pueblos indígenas y derechos territoriales No hay mención. Consulta previa y proyectos extractivos No hay mención sobre sus políticas, apenas una alusión ambigua a la lucha contra la tala y la minería ilegal. Políticas ecológicas y fiscalización ambiental En su plan anuncia una lucha por la reducción de emisiones, aunque sin precisar medidas concretas. Contiene un apartado dedicado al desarrollo sostenible donde solo anuncia el impulso de una agencia de gestión de residuos electrónicos. Políticas sobre el sector agrario Propone convertir al sector agrario en un aliado estratégico de la lucha por la seguridad alimentaria. El plan señala como medida concreta el impulso de los productos agrícolas nativos y la creación de reservas alimenticias de contingencia. En sus declaraciones públicas a medios de comunicación, Lescano se pronunció a favor de la viabilidad de aquellos proyectos mineros que“no tengan problemas”, sin elaborar en la naturaleza de estos problemas. Las expresiones del candidato de AP han sido ambiguas y no permitieron un entendimiento cabal de cuáles serían sus políticas públicas en el sector de energía y minas. Respecto a proyectos que no cuentan con el respaldo social de las poblaciones afectadas, como es el caso de Tía María, Lescano señaló que optaría por la vía del diálogo. Al ser consultado sobre la llamativa ausencia de menciones y propuestas hacia los pueblos indígenas y originarios, el candidato declaró que estos están“sobreentendidos”. No obstante, expresó su postura sobre temas como la titulación colectiva de los territorios indígenas o la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional que garantizaría a la defensa ambiental como un derecho inherente al marco normativo peruano. 2. George Forsyth, Victoria Nacional Durante los meses previos al inicio de la campaña electoral, el exfutbolista y alcalde distrital de La Victoria(Lima), George Forsyth lideró los sondeos de votos hasta que sufrió una caída a falta de dos meses para las elecciones. Hasta entonces sus apariciones públicas habían sido mí-

8 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 nimas y no había expresado sus perspectivas de gestión sobre temas. Su plan de gobierno tiene menciones limitadas hacia las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y originarios, a quienes se refiere con el título de“nativos”. Sobre estos, el candidato de Victoria Nacional(VN) propone incorporarlos a la vida económica del país a través del impulso de lo que este documento llama“turismo rural comunitario”, un sector/mercado que se sustentaría en experiencias turísticas vivenciales y ecológicas. Aunque la propuesta parece apuntar a una inclusión económica del sector rural, no hace mención al cierre de brechas en materia de servicios públicos(educación, salud y saneamiento). En términos cuantitativos, Plan de gobierno: el plan de gobierno de Forsyth menciona más frecuentemente al sector agrícola para el cual propone el fortalecimiento de lo que denomina la“agricultura familiar”, que es como denomina a la pequeña agricultura. Para esta propone un programa de créditos denominado“Mi negocio rentable formal rural”, según explica brevemente el plan de gobierno, buscaría revertir la baja productividad agrícola de este sector y garantizar la seguridad alimentaria en las áreas rurales. En líneas generales, el plan de Forsyth se concentró en ofrecer alternativas financieras para el sector rural andino, sin mencionar a las comunidades amazónicas ni afrodescendientes, y carece de elaboración en términos de desarrollo social. Pueblos indígenas y derechos territoriales No aclara su perfil sobre los derechos y el territorio indígena. Estos están mencionados como potenciales partícipes de un plan de impulso al turismo rural. Consulta previa y proyectos extractivos El documento no menciona a la consulta previa y, sin embargo, señala la necesidad de promover las industrias mineras y petroleras a través de fideicomisos destinados a financiar los proyectos extractivos. Políticas ecológicas y fiscalización ambiental EAnuncia que apoyará a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en su lucha contra la tala ilegal. Califica como “tramitólogas” las revisiones a los Estudios de Impacto Ambiental en materia de industrias de hidrocarburos. Una política ambigua sobre la certificación ambiental. Políticas sobre el sector agrario Propone impulsar la “agricultura familiar” a través de programas de asistencia técnica que elevan la producción en un 30% para el 2026. Ofrece crear el Consejo Nacional de Concertación Agraria (CONACA). El plan de gobierno de Forsyth dedica mucho especio a políticas orientadas al relanzamiento del sector agrícola. La mayoría de sus medidas están orientadas al acceso a créditos y el otorgamiento de asistencia técnica para elevar la productividad. En la elaboración sobre las facultades del Consejo Nacional de Concertación Agraria(CONACA), el plan señala que esta instancia sería mediadora entre el Estado peruano y los productores agrícolas, añadiendo que en este foro se elegirían a los representantes gremiales del sector. En este aspecto, el plan de gobierno es ambiguo porque no precisa el rol de los pequeños agrícolas,“agricultura familiar”, generalmente no agremiados, en el CONACA que, por sus funciones, aparenta ser un gremio empresarial más que una entidad mediadora. En materia de políticas ambientales, señala que muchas de sus medidas buscan adecuarse a los criterios promovidos por el Acuerdo de Escazú, aunque no señala explícitamente la voluntad política por ratificar el pacto que fuera archivado por el Congreso de la República. Dentro del Ministerio de Agricultura propone la creación de un Viceministerio de Desarrollo Forestal y Biodiversidad, a través del cual se buscaría fortalecer al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre(SERFOR) y que tendría las funciones de administrar los recursos forestales y promover la reforestación, lo cual redunda con las facultades que ya tiene dicho sector. Aunque el plan de gobierno de Forsyth parece tener algunas estrategias definidas en materia de relanzamiento financiero y económico del sector agrícola, carece de una definición sobre los procesos de consulta previa y legislativa hacia los pueblos indígenas, los cuales no son mencionados en su plan. Realiza una mención a la creación de escuelas interculturales, pero no desarrolla la ejecución de su plan y no menciona a la participación social y cultural de los pueblos indígenas. Asimismo, de manera declarativa se menciona repetidas veces la voluntad de imprimir un enfoque intercultural a distintos planes(educativo, salud, etc.), no existe un desarrollo sobre los derechos indígenas en su gestión. Además, tampoco se menciona el interés de elaborar políticas a través del Viceministerio de Interculturalidad. Por último, tampoco define el sentido de interculturalidad con que se aplicarían sus políticas, algo fundamental en el con-

9 texto sudamericano, en el que este instrumento teórico se ha utilizado de diversas maneras en varios países. 3. Rafael López Aliaga, Renovación Nacional El empresario Rafael López Aliaga, también miembro de la prelatura católica conocida como Opus Dei, irrumpió a mediados de la campaña electoral con un salto significativo en las intenciones de voto que hasta el 2020 lo ubicaban con menos de 1%. Prometiendo desregular al Estado y gestionar a la administración pública con un enfoque empresarial, López Aliaga creció en las encuestas consiguiendo adeptos en los sectores conservadores y de derecha, a través de una agresiva campaña que ofrecía capitalismo popular. En esta primera etapa de la campaña electoral, la postura del candidato de Renovación Nacional(RN) hacia los pueblos indígenas fue, por lo menos, ambigua. Por un lado, su plan de gobierno reitera de manera declarativa el interés de fortalecer la protección de los pueblos indígenas y originarios, aunque no precisa ninguna medida concreta. Por otro lado, su plan de gobierno señala el compromiso por fomentar la exPlan de gobierno: plotación de recursos naturales. Sobre la Amazonía, en particular, López Aliaga sí apunta una medida concreta que sería la transferencia de recursos para fomentar la comercialización de productos nativos. En lo que no se encuentra lo suficientemente desarrollado su plan de gobierno, es en materia de políticas ambientales. Más allá de señalar declarativamente que planeaba inculcar“consciencia ecológica” en los currículos educativos, no existen mayores menciones a temas como la fiscalización ambiental, consulta previa, ni Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto, López Aliaga fue consultado en el marco del Debate Ecológico en el que participaron un grupo de candidatos presidenciales y ahí señaló oponerse a la ratificación del Estado peruano a este compromiso ambiental, cuyo objetivo principal es garantizar a la defensa ambiental como un derecho en el marco jurídico. Esta declaración mediática contradice las declaraciones ecologistas de su plan de gobierno. Según el candidato de RN, el Acuerdo de Escazú vulneraría la soberanía jurídica del Perú, aunque no precisa de qué manera. Pueblos indígenas y derechos territoriales Consulta previa y proyectos extractivos Políticas ecológicas y fiscalización ambiental Políticas sobre el sector agrario No tiene propuestas sobre la territorialidad indígena, pero sí señala su interés de descentralizar los programas sociales para orientarlos hacia las comunidades nativas. Su plan de gobierno no hace mención a la consulta previa, aunque sí apunta al interés de promover las industrias extractivas a través de lo que denomina la “modernización de la minería”. No hay mención a políticas ecológicas específicas, ni a la fiscalización ambiental. No hay políticas específicas para los pequeños agricultores, aunque sí señala que buscará agilizar la comercialización de los productos agrícolas. Aunque el plan de gobierno de López Aliaga no hace mención alguna a la consulta previa, en declaraciones a medios de comunicación el candidato se ha mostrado a favor de esta. Según ha señalado, su intención no es imponer un modelo económico a lo que considera otra cultura, sino respetar la consulta previa y lograr una aprobación social. No obstante, no hay una correlación entre esto y su promesa de modernizar la industria minera a través de la explotación de yacimientos. Las políticas ambientales consultivas y la imposición extractiva han demostrado ser ámbitos divorciados y López Aliaga no ofreció en ningún momento una forma de reconciliar estas esferas. En ningún apartado de su plan de gobierno, ni en sus declaraciones públicas, el candidato de RN ha formulado alguna propuesta orientada hacia la transición a fuentes energéticas renovables o no contaminantes. En líneas generales, ni el plan de gobierno ni las declaraciones públicas de López Aliaga evidencian propuestas destinadas a atender los reclamos de las poblaciones indígenas y originarias, así como no reflejan un interés político por imprimir un enfoque de interculturalidad en su definición de políticas públicas, las cuales se concentran principalmente en la inclusión económica de sectores específicos de la población, mas no aborda dimensiones culturales o sociales desde estos mismos grupos. 4. Verónika Mendoza, Juntos por el Perú Una de las principales propuestas de la excongresista y candidata presidencial Verónika Mendoza es la formulación de una nueva Constitución Política que reemplace a la elaborada en 1993 durante la gestión de Alberto Fujimori. En su plan de gobierno, ella señala que esta potencial nueva constitución reescribiría el carácter del estado-nación Perú como un país plurinacional que ga-

10 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 rantice una autonomía política, económica y cultural a los pueblos indígenas y afroperuanos. En lo concerniente a los pueblos indígenas y los temas que conforman la agenda indígena, la candidata de Juntos por el Perú (JPP) ha manifestado en su plan de gobierno y sus declaraciones públicas, su voluntad política de garantizar y fortalecer una serie de derechos colectivos que implican la consulta previa libre e informada, para efectos de los proyectos de inversión que involucren territorios indígenas, así como la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y sus territorios. En términos de política ambientales y energéticas, JP ha señalado que apostaría por un modelo de transición energética hacia fuentes renovables o menos contaminantes como la energía solar, eólica, térmica y pequePlan de gobierno: ños proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, su plan de políticas sobre energía también propone invertir en algunas matrices destinadas a los combustibles fósiles como potenciar la capacidad productiva de Petroperú, modernizar el Oleoducto Norperuano, que atraviesa la Amazonía, y masificar el consumo de gas natural. En paralelo a esto, la propuesta de Verónika Mendoza incluye potenciar la capacidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental(SEIA), como una plataforma transversal única para identificar y prevenir los posibles impactos ambientales negativos de las actividades económicas. Respecto a política ambientales, JP, a través de su plancha presidencial y parlamentaria anunció que impulsaría la ratificación del Acuerdo de Escazú para garantizar el reconocimiento de la defensa ambiental como un derecho en el marco legal peruano. Pueblos indígenas y derechos territoriales Consulta previa y proyectos extractivos Plantea garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas, acompañado de la titulación colectiva de sus territorios. Propone garantizar la consulta previa libre e informada frente a todo proyecto de inversión que involucre territorios o derechos indígenas. Políticas ecológicas y fiscalización ambiental Plantea transicionar hacia fuentes de energía renovables o menos contaminantes y fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. Políticas sobre el sector agrario Propone una segunda reforma agraria en la forma de impulsar a los pequeños agricultores a través de créditos baratos y asistencia técnica para mejorar su productividad y garantizar la seguridad alimentaria. Otro tema que emergió como una propuesta fuerte en la campaña de JP, es el de una“segunda reforma agraria” que, según explicó Verónika Mendoza, no consistiría en una política de expropiaciones como la primera sino en un impulso a los pequeños agricultores y campesinos para mejorar sus capacidades productivas. En esa línea, su plan apunta a masificar un sistema de préstamos baratos, acompañados de asistencia técnica, para elevar la producción y garantizar la seguridad alimentaria en las poblaciones andinas, amazónicas y otras áreas rurales. En términos de políticas agrarias, su plan de gobierno apunta a facilitar la creación de microempresas campesinas. No obstante, esta propuesta le generó muchas críticas a Mendoza quien tuvo que invertir gran parte de sus presentaciones en medios de comunicación a explicar las diferencias entre esta segunda reforma y la realizada por el expresidente Juan Velasco Alvarado, en lo que terminó siendo un intento de los principales medios de comunicación por estigmatizar las políticas agrarias de Mendoza. Un aspecto que sí abordaba con propuestas específicas el plan de gobierno de JP son las acciones de mitigación ante el cambio climático. Uno de los planes señalados en este documento es la reubicación de las poblaciones vulnerables que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo ante posibles desastres naturales, una materia pendiente que además necesitaría del apoyo de los gobiernos subnacionales(alcaldías provinciales y municipales) a través de la modificación catastral de las zonas en riesgo. También propuso crear un sistema integral de gestión de residuos sólidos que reduzca la cantidad de desechos y emisiones contaminantes. Y, de manera declarativa, este documento también exhorta a la necesidad de involucrar al Perú en una lucha regional, a través de la Comunidad Andina, para garantizar la defensa de la Amazonía frente a la deforestación y las amenazas del cambio climático, lo cual estaría implícito en una eventual ratificación del Acuerdo de Escazú. 5. Keiko Fujimori, Fuerza Popular En el plan de gobierno de Fuerza Popular(FP), la agenda indígena emerge de manera tangencial en algunas políticas económicas definidas. En términos de los elementos culturales y sociales de los pueblos indígenas y originarios, la mención más explícita a estos está en la propuesta que la candidatura de Keiko Fujimori denomina“programa de comunidades incluidas”. Sin elaborar en detalle sobre la implementación de este programa, el documento, explica que, consistiría en identificar y programar intervenciones, de la mano de los gobiernos locales, en comunidades nativas, pueblos originarios y afrodescendientes para lograr su inclusión. En cuanto

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 11 a menciones específicas hacia los pueblos indígenas, el plan de gobierno abunda en señalamientos sobre el respeto que merecen las comunidades indígenas y sus tradiciones. No menciona propuestas en muchas de estas menciones por lo que varias de ellas terminan siendo expresiones declarativas y no prospectivas. El plan de gobierno de Keiko Fujimori señala, como un interés primordial de su partido, el alcanzar una convivencia sana entre la agricultura y la minería. Para ello propone fortalecer las instancias de diálogo entre las empresas y las comunidades, así como mejorar las capacidades de reacción de los ministerios del Ambiente y Energía y Minas, omitiendo mencionar extrañamente al Ministerio de Agricultura, un sector crucial sobre todo cuando los conflictos involucran a comunidades campesinas o pequeños agricultores. A través de esta estratePlan de gobierno: gia, el plan de gobierno apunta a reducir la conflictividad socio-ambiental en un 50% al 2026, algo que parece más aspiracional que realista pues en la actualidad ya existen instancias de diálogo similares a las descritas por FP. No obstante, es llamativo que, en esta política de diálogo, la propuesta electoral de Keiko Fujimori no incluya ni una sola mención a la consulta previa, como un derecho conquistado por los pueblos indígenas y originarios, así como tampoco realiza ninguna mención a políticas de fiscalización ambiental. Además, el documento tampoco hace mención a la voluntad política de FP sobre el Acuerdo de Escazú y el reconocimiento de la defensa ambiental como un derecho en el marco legal peruano, aunque la bancada de este partido adelantó la postura oficial sobre este tema al promover el archivamiento del acuerdo en el periodo legislativo 2020-2021. Pueblos indígenas y derechos territoriales No hay menciones a derechos específicos de los pueblos indígenas. Consulta previa y proyectos extractivos No menciona la consulta previa, pero señala su apoyo a impulsar sector productivo como la minería. Políticas ecológicas y fiscalización ambiental No hay menciones. Políticas sobre el sector agrario Propone implementar un plan de financiamiento específicos para proyectos agrícolas así como implementar un seguro contra pérdidas para los pequeños y medianos agricultores. La mayor parte del plan de gobierno de Keiko Fujimori está orientada a fomentar la inclusión económica de diversos sectores, sin explicitar los enfoques sociales y culturales de los pueblos indígenas y campesinos. En términos de análisis cultural, el plan de FP homogeniza a las diversidades culturales bajo el paraguas de una unidad posible a través de la inclusión económica y financiera, aunque no ofrece mayores modificaciones en términos de redistribución. Sin embargo, en materia de políticas agrarias, propone mejorar los niveles de productividad del sector a través de financiamiento destinado a compras tecnológicas para el sector agrario; aunque no hace mención sobre las condiciones laborales dentro de este mismo sector. Asimismo, plantea la promulgación de una Ley de Seguro Obligatorio Agrario(SOA) que para efectos de los pequeños y medianos productores cubriría las pérdidas de cosechas que respondan a efectos climáticos graves o plagas. SEMÁFORO INDÍGENA Y AMBIENTAL En el siguiente recuadro se identificará qué candidatos tienen propuestas en sus planes de gobierno sobre cinco temas considerados claves en el criterio de evaluación de la agenda indígena en esta campaña electoral. A través de este semáforo, se designará el color verde a los candidatos que tengan una propuesta definida sobre la materia, el color amarillo para aquellos que solo mencionen el tema de agenda sin llegar a consolidar una propuesta y el color rojo para aquellos que no lo mencionan o no formulan planteamientos sobre el tema. Los documentos analizados son los planes de gobierno presentados por cada uno de los equipos de campaña al Jurado Nacional de Elecciones(JNE).

12 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 Propuestas definidas sobre la materia Menciones declarativas sin planes concretos No tiene propuestas sobre este tema Consulta Previa Yonhy Lescano Acción Popular César Acuña Alianza Para el Progreso Hernando de Soto Avanza País Andrés Alcántara Democracia Directa Marco Arana Frente Amplio Keiko Fujimori Fuerza Popular Verónika Mendoza Juntos por el Perú Julio Guzmán Partido Morado Ollanta Humala Partido Nacionalista Peruano Alberto Beingolea Partido Popular Cristiano Pedro Castillo Perú Libre Rafael Santos Perú Patria Segura Daniel Urresti Podemos Perú Ciro Gálvez Renacimiento Unido Nacional Rafael López Aliaga Renovación Nacional Daniel Salaverry Somos Perú José Vega Unión Por el Perú George Forsyth Victoria Nacional Acuerdo de Escazú / Defensa ambiental Ordenamiento territorial Reforma agraria/ Pequeña agricultura Acceso al agua como derecho humano

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 13 OBSERVACIÓN FINAL La mayoría de los candidatos no abordan sustancialmente la agenda indígena en sus propuestas electorales. En última instancia, la mayoría de menciones a los pueblos indígenas y originarios se remiten al desarrollo de actividades económicas y no a la consolidación de servicios públicos o la garantía de derechos. En aquellos candidatos que sí presentan propuestas de gestión hacia los pueblos indígenas y originarios, no son del todo esclarecedores qué propuestas planean desarrollar desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, sin tomar en consideración que algunas medias como la redacción de una nueva Constitución Política, la ejecución de una segunda reforma agraria y la ratificación del Acuerdo de Escazú son asuntos que necesitarían de la participación de los dos poderes del Estado(Ejecutivo y Legislativo), así como una potencial ratificación del Tribunal Constitucional, según cada caso. En el ámbito del Parlamento, una de las medidas necesarias que debería definirse en este poder es la ratificación del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que garantizaría en el Perú el reconocimiento de la defensa ambiental como un derecho. Este documento, que fuera archivado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, debería volver a ser debatido en otras comisiones(Ambiente y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos). Pedro Castillo, Verónika Mendoza y George Forsyth son los únicos candidatos cuyos planes de gobierno señalaron explícitamente la voluntad política de ratificar al Perú dentro de este acuerdo. Mientras que otros candidatos como Daniel Salaverry, Marco Arana y Julio Guzmán declararon que adecuarían sus metas ambientales y ecológicas a los parámetros del Acuerdo de Escazú. Respecto al candidato del Partido Morado, varios de sus postulantes congresales han señalado que de ingresar al Parlamento pugnarían por revisar el archivamiento en busca de la ratificación del acuerdo. Respecto al candidato del Frente Amplio, aunque su plan de gobierno no lo señale explícitamente, en más de una intervención pública él ha señalado la necesidad de ratificar este documento y, además, de realizar una modificación constitucional para incluir a la naturaleza como un sujeto de derechos en aras de consolidar la defensa ambiental, algo parecido a lo que ya ocurre con las constituciones de Bolivia y Ecuador. En los demás candidatos, el Acuerdo de Escazú aparece mencionado de manera declarativa, sin una propuesta de por medio, o simplemente no aparece mencionado. En relación a la consulta previa, una herramienta fundamental para garantizar la participación vinculante y la soberanía territorial de los pueblos indígenas, solo cinco planes de gobiernos realizan una declaración explícita de fortalecer su ejecución. El principal problema de este instrumento, que ya se encuentra normado en el marco jurídico peruano, ha sido su implementación. En ese sentido, el respeto al cumplimiento de esta norma, depende en mayor medida de la voluntad política que el Poder Ejecutivo imprima desde la mayoría de sectores involucrados en los proyectos de inversión, es decir, ministerios como del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Cultura. Asimismo, queda también en manos del Ejecutivo proveer de apoyo político y económico a las labores de evaluación y fiscalización ambiental que realizan las entidades adscritas al Ministerio del Ambiente como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental(OEFA). Con respecto al ordenamiento territorial, una norma pendiente en el Estado peruano, se trata de uno de los temas más mencionados por los candidatos en sus planes de gobierno, aunque esta cantidad de menciones no se hayan refrendado en sus intervenciones públicas. La definición de esta política pública que apunta a la planificación geográfica y la gobernanza territorial está en manos del Parlamento, a través de la necesidad de aprobar una ley, y del Ejecutivo, el cual debería reglamentarla con la intervención de múltiples sectores, especialmente el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que es un órgano adscrito directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, los criterios con los que los candidatos introducen al ordenamiento territorial en sus planes de gobierno varían según los intereses políticos. Mientras unos como Marco Arana, Verónika Mendoza y Julio Guzmán, señalan a esta política como una necesidad para prevenir conflictos y definir el territorio de los pueblos originarios; otros como George Forsyth, Daniel Salaverry, Rafael Santos y Alberto Beingolea apuntan a un ordenamiento territorial que promueva los proyectos de inversión. En última instancia, el enfoque con que esta materia es presentada por los candidatos oscila principalmente entre el interés social de los pueblos indígenas y el interés económico para desarrollar determinadas industrias. Una iniciativa de interés para los pueblos indígenas y originarios es la consulta previa legislativa, una figura que solo aparece explícitamente señalada en el plan de gobierno del Frente Amplio y que algunos candidatos congresales del Partido Morado mencionaron también. Se trata de una iniciativa de ley que permitiría a los pueblos indígenas y originarios ser consultados, de manera vinculante, ante cualquier iniciativa de ley que se trabaje en el Congreso de la República y que se vincule no solo a los territorios indígenas sino también a sus derechos. De esta manera, se intentaría paliar la falta de representatividad parlamentaria que los pueblos indígenas y originarios tienen en el Poder Legislativo. Sin embargo, se debe mencionar que la gran mayoría de candidatos presidenciales no elabora una propuesta ni menciona esta iniciativa en sus planes de gobierno. Aunque son varios los candidatos que mencionan la necesidad de ejecutar cambios en el sector agrario, solo los candidatos Ciro Gálvez, Pedro Castillo y Verónika Mendoza apuntan la necesidad de una segunda reforma agraria que se oriente exclusivamente a revaluar y fortalecer a los pequeños agricultores y al campesinado en general. La mayoría de las propuestas orientadas al sector agrario señalan la necesidad de tecnificar al sector proveyéndolo de tecnología y créditos, aunque sin hacer distinciones entre las grandes compañías agroexportadoras y la pequeña agricultura, y, en algunos casos, se señala la integración entre este sector y el turismo. En esos tres candidatos no existe un consenso respecto a

14 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 cómo debería realizarse una segunda reforma agraria, aunque todos coinciden en que el fin de esta debería ser la elevación de la productividad en los sectores menores tecnificados en la agricultura peruana. El cambio de Constitución es un tema que introdujeron en campaña los candidatos de izquierda. Los planes de gobierno de Juntos por el Perú, Frente Amplio, Renacimiento Unido Nacional y Perú Libre son los únicos que explícitamente apuntan a la reelaboración de la Constitución Política en el país. En algunas declaraciones públicas el candidato del Partido Nacionalista Peruano y expresidente, Ollanta Humala ha señalado que esta medida sería una posibilidad en una nueva gestión suya, aunque no la consideró urgente. En la mayoría de los candidatos que proponen un cambio de constitución se señala la necesidad de formular un texto y leyes más inclusivas hacia las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Incluso, los planes de Verónika Mendoza y Marco Arana apuntaban a la conversión de la naturaleza en un sujeto de derechos y el reconocimiento de los conocimientos ancestrales de los Andes y Amazonía como instrumentos cuya soberanía estaría constitucionalmente protegida. No son pocos los candidatos cuyos planes de gobierno reconocen al agua como un derecho humano y universal de manera explícita. Aunque varios de ellos señalan, declarativamente, que reconocen el derecho al acceso universal al agua; no todos acompañan estas declaraciones con propuestas puntuales para garantizar ese derecho desde los poderes del Estado peruano. Asimismo, algunos candidatos acompañan estas declaraciones con señalamiento sobre la necesidad de orientar el uso de agua para potenciar determinadas industrias productivas. Aunque pareciera existir un consenso sobre la accesibilidad de agua, no todos los candidatos lo perciben como una prioridad para el consumo humano. Además, el agua como un derecho, en estos términos, no se ha discutido a profundidad en la mayoría de intervenciones públicas de los candidatos.

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 15 2 SEGUNDA VUELTA Y PLANES DE GOBIERNO El inesperado resultado de la primera vuelta que colocó al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo en primer lugar con el 18,9% de los votos válidos y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en segundo puesto con 13,4%, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE), ha generado un panorama inesperada para la segunda vuelta. Lo interesante de estos resultados, además del carácter sorpresivo de la victoria de un profesor de orígenes campesinos que no había sido consignada por las grandes empresas encuestadoras, es que obtuviera una contundente victoria con más del 50% de los votos en las regiones más pobres del país: Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Con un discurso crítico del sistema político, económico y social del país, así como una campaña incipiente en Lima, el mensaje de la primera vuelta electoral era claro: había una demanda por cambios profundos y la apuesta de Perú Libre atendía esos reclamos. Es así como la campaña por la segunda vuelta comenzó con un fuerte ataque de los principales medios de comunicación contra Castillo, los cuales se materializaron en asociaciones infundadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso, amenazas de pobreza ante el cambio de modelo económico y expresiones racistas. ca al grupo terrorista. Este tipo de estrategias, popularmente conocidas como“terruqueo”, fueron reflotadas en 2021 por la mayoría de medios de comunicación de Lima quienes intentaban mellar la imagen del candidato cajamarquino. Lo cierto es que la campaña de desprestigio al parecer no tuvo efecto en los primeros días de la segunda vuelta pues la encuesta de IPSOS reveló el 19 de abril una amplia ventaja en la intención de voto a favor de Castillo(42%) frente a la de Fujimori(31%). Pedro Castillo es un rondero 1 , campesino y profesor de escuelas públicas rurales de Cajamarca, dirigente de una de las varias facciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú(SUTEP). En el 2017 saltó a la palestra nacional cuando lideró las protestas y el paro de profesores de colegios públicos quienes demandaban un aumento salarial y la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial, que establecía una de serie de procedimientos para los ascensos y aumentos de los profesores en el sector público. Por aquel entonces, la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski intentó asociar a Castillo con Sendero Luminoso a través de presuntos nexos entre militantes del SUTEP con el MOVADEF, un organismo político no oficial que reivindi1 En las zonas rurales de la sierra peruana, las rondas campesinas constituyen una forma autónoma de organización comunal que en las décadas de 1980 lucharon contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. En la actualidad estas formas de organización continúan para prevenir la comisión de delitos menores y proteger el territorio campesino de la intervención de los proyectos extractivos. Para mayor información sobre el rol de las rondas en la actualidad, consultar“Las rondas campesinas, garantes de la justicia ambiental” de Raquel Neyra( Ideele , 2020). Fuente: hhttps:// revistaideele.com/ideele/content/las-rondas-campesinasgarantes-de-la-justicia-ambiental-frente-las-pol%C3%ADticasextractivistas. Portadas de los medios del Grupo El Comercio asociando en concierto a Pedro Castillo con la inestabilidad monetaria y la crisis del modelo democrático. Pero, ¿en dónde queda la agenda indígena en esta segunda vuelta? Desde su rol como rondero, campesino, Pedro Castillo ha sido asociado a la población indígena y, en general, a los grupos étnicos cultural y racialmente discriminados. Más adelante indagaremos sobre su plan de gobierno, aunque podemos mencionar que, a mediados de la campaña de segunda vuelta, algunas organizaciones indígenas como la Organización Regional

16 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 de los Pueblos Indígenas del Oriente(ORPIO) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú(CONAP) expresaron su respaldo a la campaña de Castillo, señalando sentirse representados por el compromiso de Perú Libre con el“respeto al territorio ancestral” y denunciando su discrepancia con la campaña de desprestigio mediático realizada por los principales medios de comunicación de Lima. Con relación a Keiko Fujimori, cuyo plan de gobierno en materia indígena ha sido examinado en el capítulo anterior, su estrategia de segunda vuelta se concentró en des-fujimorizar su imagen. Por un lado, reemplazó la mayoría de sus símbolos partidarios de color naranja por símbolos nacionales. Asimismo, sumó a su equipo técnico figuras políticas no vinculadas históricamente al fujimorismo como Fernando Rospigliosi, Hernando Guerra-García y al exministro de Economía del APRA, Luis Carranza. Pese a ello, su imagen sigue estando muy asociada al amplio espectro político de la derecha, a lo cual se le suma el visible apoyo mediático que recibió desde los distintos medios de comunicación e incluso de algún sector empresarial que financió una campaña publicitaria masiva en Lima. No obstante, en las encuestas, Fujimori permaneció hasta la última semana de la campaña por debajo de Castillo, aunque logró recortar la distancia inicial. En el desagregado regional y provincial, claramente el fujimorismo estuvo rezagado en las provincias andinas, con especial énfasis en las zonas rurales y en los votantes de clase socioeconómica D y E, teniendo solo una mayoría clara en el sector A, que no representa más del 10% de la población electoral en el Perú. Con este panorama, Keiko Fujimori tuvo que implementar algunos anuncios atendiendo a los sectores más postergados en la sociedad peruana. Tras un intenso ida y vuelta, consiguió convencer a Pedro Castillo de realizar un debate electoral, con un formato más afín a la exposición de ideas que al intercambio. En ese evento, realizado en Chota(Cajamarca), una ciudad cuya población se dedica principalmente a la agricultura, Fujimori anunció como una medida económica orientada a modificar el sistema de distribución del canon minero para entregar el dinero directamente a la población y no a las autoridades regionales y municipales como se hace actualmente. El anuncio generó diversas reacciones, aunque la mayoría de analistas la consideran una postura de“capitalismo popular” que buscaría asegurar la continuidad de proyectos extractivos ganándose la licencia social a cambio de la entrega de dinero y sin reparar en el impacto ambiental de estas industrias, un tema sobre el que Fujimori nunca habló a profundidad. El ofrecimiento de bonos a las familias más pobres y la ampliación del alcance de algunos programas sociales, mediadas en las que Fuerza Popular y Perú Libre sintonizaron en la segunda vuelta, reflejan el esfuerzo que hizo el fujimorismo por conseguir mayores votantes en los sectores más populares y rurales. PUNTOS EN COMÚN En materia de derechos civiles y enfoque de género, las candidaturas de Fuerza Popular y Frente Amplio coincidieron en gran medida. En el debate ocurrido en Chota, Keiko Fujimori adelantó que una eventual administración suya revisaría el“enfoque de género” plasmado en el contenido del currículo educativo nacional.“La ideología de género plantea que las personas no nacen hombre o mujer, sino que se escoge y eso es peligroso”, declaró la candidata fujimorista, ofreciendo una versión reduccionista de un enfoque que reconoce las diversidades sexuales en términos de género y orientación. Por su parte, en el ideario de Perú Libre, firmado por el líder partidario Vladimir Cerrón, se expresa un rechazo hacia la participación de las ONG de“derechos humanos, LGTBI y feministas”, acusándolas de reproducir un intervencionismo económico y social desde los Estados Unidos. Al ser consultado sobre este punto en los medios de comunicación, Castillo no ofreció una postura diferente a la del plan de gobierno. Por último, la agenda de género y minorías sexuales es uno de los grandes ausentes en el“Plan Bicentenario” elaborado por Castillo a mitad de la campaña de segunda vuelta y el cual analizaremos más adelante. Otro aspecto en el que ambos candidatos mostraron una sorprendente coincidencia fue en relación a sus políticas subsidiarias o de bonos. Aunque con distintas modalidades, ambos ofrecieron una ampliación. Mientras Pedro Castillo señaló la ampliación del programa Pensión 65 para beneficiar a las personas de 60 años que no gocen de un sistema de pensiones tras la jubilación, Keiko Fujimori ofreció duplicar los montos de dinero entregados por este mismo plan asistencial. Asimismo, Keiko Fujimori ofreció un denominado Bono Oxígeno que estaría destinado a otorgar S/. 10 mil a todas las familias que hayan perdido integrantes producto de la pandemia de la COVID-19, conocida como coronavirus. Su encargado del área económica, Luis Carranza, explicó que este bono se financiaría con endeudamiento público. Sobre esto último, además, ambos candidatos expresaron su disposición a negociar y comprar al Gobierno de Rusia las vacunas elaboradas por sus fabricantes nacionales, un proceso de negociación que ya ha sido iniciado por la administración de Francisco Sagasti lo cual invita a suponer que habría una continuidad en este aspecto con cualquiera de los dos futuros presidentes. Esto último lo podemos interpretar como un compromiso tácito por diversificar la provisión de vacunas y continuar con la campaña masiva de vacunación en ambos candidatos, aunque no han dado, necesariamente, mayores alcances sobre sus políticas de control de la movilidad social. AGENDA INDÍGENA Si en la primera vuelta electoral la agenda indígena ya era un aspecto ligeramente abordado por los planes de gobierno de los diversos candidatos, en la segunda vuelta el tema se diluyó drásticamente. Concentrados todos en el debate político de adhesiones entre distintos sectores y partidos políticos, temas como la consulta previa, la defensa ambiental, la adhesión al Acuerdo de Escazú, la titulación colectiva de los territorios indígenas y campesinos, así como la segunda reforma agraria pasaron a un segundo plano o fueron deliberadamente invisibilizados. De manera tangencial, los pueblos in-

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 17 dígenas fueron insertados en discusiones circunstanciales pero sus políticas sociales y culturales no han sido cabalmente discutidas en esta etapa electoral. Por ejemplo, cuando se difundió un video de Pedro Castillo ofreciendo cerrar la Defensoría del Pueblo, un órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y civiles de las comunidades en situaciones de conflicto, algunos actores políticos y civiles reclamaron que esto podía significar un riesgo para la defensa de los pueblos indígenas involucrados en situaciones de conflictos socioambientales. No obstante, al menos en la mayoría de medios de comunicación, los dirigentes indígenas no fueron incluidos en esta discusión mediática, lo que ha sido la tónica en la mayor parte de la campaña electoral. Otro momento de la campaña en que los sectores menos visibilizados emergieron, fue cuando la candidata de Fuerza Popular informara su interés de distribuir el canon minero directamente en efectivo entre las poblaciones involucradas en zonas de conflicto socioambiental. Como lo explicaron luego los voceros partidarios del fujimorismo, el interés de esta medida sería destrabar las inversiones mineras que se mantienen en suspenso sin una consulta previa aprobada o sin licencia social, obteniendo esta última con la entrega directa de dinero. Como es bien sabido, la mayoría de proyectos de inversión(correspondan a industrias extractivas o no), que se encuentran paralizados, lo están debido al conflicto territorial o ambiental, que sus desarrollos suponen, para poblaciones indígenas o campesinas. Este ámbito de la discusión, sobre el impacto ambiental y territorial, no formó parte de la conversación sobre la propuesta de Keiko Fujimori, que se concentró, principalmente, en la reactivación económica, ofreciendo, por ejemplo, entregar dinero directamente a los municipios involucrados en proyectos de inversión. No obstante, este anuncio no tuvo éxito pues su candidatura perdió en la segunda vuelta en la mayoría de distritos electorales mineros. En relación a las rondas campesinas, otro ámbito en el que la agenda indígena fue apenas abordada de manera tangencial, estas han sido mencionadas en los medios de comunicación como parte de la campaña, pero únicamente para referir sus adhesiones políticas. Aunque Pedro Castillo fue un candidato fuertemente identificado con este sector de la población rural, debido a su propio rol como rondero en Cajamarca, en medio de la campaña emergió un grupo de ronderos de la región Ancash quienes, bajo la forma de comités de autodefensa, expresaron su rechazo a la candidatura de Castillo y su respaldo a la de Keiko Fujimori. En ningún momento los candidatos han discutido asuntos concernientes a la justicia rondera, la legislación ambiental o algún otro tema vinculado a la población campesina. La aparición de este tema en la campaña se ha concentrado únicamente en la exterioridad de los respaldos políticos circunstanciales. EL PLAN BICENTENARIO DE CASTILLO Presionado por los medios de comunicación y por algunos sectores de la sociedad civil, Pedro Castillo cedió a la necesidad de formar un equipo técnico con el cual trabajar un plan de gobierno que congregase sus propuestas ejecutivas y reemplace el ideario dogmatizado que presentó Vladimir Cerrón a inicios de 2020, el mismo que además de estar descontextualizado carecía de propuesta de gestión pública. Con el apoyo del equipo técnico de Juntos por el Perú, así como la adhesión política de Verónika Mendoza y otras figuras técnicas no partidarizadas, Castillo dio a conocer a un mes de las elecciones el denominado“Plan al Bicentenario sin corrupción”, un documento de 17 páginas en donde dedica la primera sección al tema más urgente: la mitigación de los efectos de la pandemia. En materia de agenda indígena y ambiental, llama la atención que el plan no dedique propuestas muy elaboradas para estos sectores. Hacia los pueblos indígenas específicamente no existe una política singularmente definida, aunque sí una política agraria que desarrollaremos en el siguiente párrafo. En materia de lucha ambiental, el plan realiza una declaración política en la que se advierte que una eventual gestión de Castillo obligaría a las compañías internacionales, dedicadas a proyectos de inversión(extractivos o de infraestructura), respeten los derechos laborales y ambientales de los pueblos involucrados en sus actividades. Asimismo, existe una mención a la necesidad de garantizar el saneamiento ambiental, a la población, a través de la inversión pública, aunque el plan no detalle en qué consistiría esta medida. A lo que sí le dedica una elaboración significativa es a la implementación de una Reforma Agraria. En este punto Perú Libre coincidió con la mayoría de candidaturas de izquierda(Juntos por el Perú y Frente Amplio). Además, dado que gran parte del apoyo político logrado por Castillo se encuentra en el sector rural andino, la expectativa en este ámbito era mayor. El plan comienza con una declaración política que define el derrotero de las políticas públicas en el sector:“Lo que entendemos como segunda reforma agraria es el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo”. Luego se especifican una serie de medidas que se esperan ejecutar para revalorizar al sector agrario nacional. Una de las primeras medidas es la reorientación de las importaciones en el ámbito alimenticio, con el objetivo de dar preferencia a la agricultura orgánica y andina de producción nacional. Este punto generó suspicacia entre varios de los críticos de Castillo pues la ambigüedad de la expresión“reorientar las importaciones” llevó a muchos analistas a pensar en un cierre de importaciones en el sector. Aunque las voces técnicas de Perú Libre han aclarado que no se trata de un cierre de las importaciones, no se ha logrado precisar el sentido de las reorientaciones. No obstante, el plan también señala como una prioridad la diversificación productiva de los sectores agrícolas con el objetivo de que pueda cumplir con la demanda alimenticia nacional. Para esto se han anunciado medidas como la cosecha del agua, mencionada por Castillo en el debate sostenido con Keiko Fujimori en Arequipa, y la reserva de tierras agrícolas para los pequeños y medianos productores de la mano de las administraciones subnacionales(municipios y provincias), esto con el objetivo de evitar el acaparamiento de tierras.

18 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 La reforma agraria propuesta por Perú Libre se entroncaría con un proceso de Ordenamiento Territorial, según lo señalado por el documento. Lo paradójico es que el plan de Castillo no desarrolla su entendimiento de un ordenamiento territorial, algo que sí hacen los planes de gobierno de sus aliados de izquierda(Juntos por el Perú y Frente Amplio). No obstante, la mención de un involucramiento entre el proceso de ordenamiento territorial con la reforma agraria, invitan a sospechar en la existencia de un plan amplio de reforma no solo de la capacidad productiva de la agricultura andina, sino también de la distribución de tierras, un problema estructural histórico en el Perú. Para llevar a cabo todas estas políticas, el plan de Perú Libre ofrece la creación de un“Presupuesto Territorial concertado para el desarrollo rural y agrario”, aunque no ofrece mayor detalle sobre la potencial partida presupuestal ni fuentes de financiamiento para este proyecto. DEBATE TÉCNICO Con gran expectativa se realizó a dos semanas de las elecciones el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre en la ciudad de Arequipa. El formato del debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones(JNE) emparejó a técnicos según sectores. Además de responder a las preguntas técnicas formuladas por la organización, estos emparejamientos tuvieron oportunidad de intercambiar ideas, lo que llevó a convertir el evento en un debate político más que técnico en varios pasajes del evento. El emparejamiento que más generaba expectativa entre la población indígena era el destinado a protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, que se llevó a cabo en el último segmento. En este emparejamiento estuvieron el empresario Nano Guerra García(Fuerza Popular) y la economista especializada en desarrollo social Celeste Rosas(Perú Libre). Centralizado en un intercambio de expresiones políticas, el único segmento que abordaba un problema vinculado a las poblaciones indígenas fue el menos elaborado en ambos bandos. Ninguna sola propuesta tangible se formuló durante el emparejamiento entre Guerra García y Rosas. Los planes de mitigación para el cambio climático, políticas de emisiones contra el calentamiento global, respaldo institucional a las actividades de fiscalización y control ambiental de las actividades económicas y la protección de la biodiversidad andina y amazónicas, temas claves en el rubro de medio ambiente y desarrollo sostenible, fueron deliberadamente dejados de lado por ambos representantes técnicos, constituyendo el que probablemente fuera el bloque más desprolijo del debate. Los análisis políticos y técnicos cuestionaron que esta ronda fuera la menos prolija en ambas candidaturas, lo que reveló el poco interés en desarrollar propuestas concretas en este sector. RESULTADOS Y ESCENARIO POSTELECTORAL El domingo 6 de junio se realizó el proceso electoral de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pese a la imposibilidad de publicar encuestas y sondeos de opinión durante la semana previa a las elecciones, a través de medios de comunicación extranjeros y por encargos privados, se filtraron distintos sondeos que ajustaban aún más los resultados, estando Fujimori por delante de Castillo en uno de estos sondeos, aunque dentro del margen del error. El proceso se realizó sin mayores contratiempos, incluso en algunas zonas del país, las mesas de votación se instalaron con mayor fluidez que en la primera vuelta. Aunque el resultado a boca de urna realizado por IPSOS, única encuestadora que trabajó este método el día de las elecciones, mostraba como ganadora a Keiko Fujimori con 50,3% por sobre Pedro Castillo con 49,7%, el conteo rápido de las actas en mesa realizado por esta misma empresa mostró como ganador a Castillo(50,2%) por sobre Fujimori(49,8%). El conteo oficial de ONPE al 100%, dado a conocer días más tarde, confirmó la tendencia señalando como ganador de las elecciones a Castillo con 50,125% por sobre Fujimori con 49,875%, lo que en términos de votos es una diferencia de 44 mil. Sin embargo, desde los días previos al anuncio oficial de la ONPE, Fujimori y sus equipos políticos y de abogados, comenzaron una campaña de desconocimiento de los resultados electorales, impugnando varias mesas, en primera instancia, y solicitando al JNE la anulación de cientos de actas. PERÚ LIBRE FUERZA POPULAR Mapa electoral de la segunda vuelta demuestra que los votos por Castillo (rojo) se concentran en las regiones andinas. Fuente: Diario El Comercio. Pese a haber finalizado el conteo de votos en la ONPE, el JNE no pudo proclamar a Castillo inmediatamente como presidente hasta no resolver los pedidos de nulidad presentados por el equipo legal de Fuerza Popular, la mayoría de ellos acusando fraude en zonas rurales donde Castillo ganó por un amplio margen de votos. A nivel mediático, la población indígena y campesina volvió a ser insertada en el debate social, pero para convertirse en objeto de discriminación racial, cultural y socio-económica. Impulsados por un discurso segregacionista que emergió entre los diversos actores de la derecha e incluso figuras intelectuales que se plegaron a la campaña de desconocimiento de los resultados liderada por Keiko Fujimori y Fuerza Popular, las poblaciones más marginadas del país se convirtieron en blanco de ataques en

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 19 diversos frentes. En medio de este panorama postelectoral, el premio nobel de literatura y escritor Mario Vargas Llosa se unió a los reclamos del fujimorismo. Primero, a través de una entrevista televisiva en la cual se refirió de la siguiente manera a los votantes de Perú Libre: “Castillo y sus votantes son incultos y desinformados”. Días más tarde, en su habitual columna de opinión en el diario español El País, reprodujo la tesis del fraude formulada por la abogada de Fuerza Popular, Lourdes Flores Nano, quien acusaba a los votantes de la sierra, donde Castillo obtuvo una victoria abrumadora, de haber falseado firmas en las actas de votación. Sobre esto, Vargas Llosa reiteró la posibilidad del fraude, señalando en su columna que este“se concentra en el caso de algunos pueblecitos de la sierra peruana”. Las expresiones del escritor afincado en Madrid, marcadas por una tonalidad despreciativa, solo reprodujeron la andanada de insultos contra los votantes andinos, en su mayoría campesinos e indígenas, y no contribuyeron con mostrar alguna evidencia de un posible fraude pues la tesis de Flores Nano fue desbaratada días después de hacerse pública cuando los votantes acusados de haber sido suplantados declararon públicamente su asistencia a la votación y la veracidad de sus firmas. Asimismo, en audiencias públicas el pleno del JNE desestimó la totalidad de los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular. Bajo el lema“respeta mi voto”, diversos grupos de Lima que apoyan a Keiko Fujimori iniciaron una campaña de desprestigio de las instituciones electorales(ONPE y JNE), a quienes reclamaban la revisión y anulación de varias actas de votación en la sierra del Perú. La agitación social producida durante los días posteriores a las elecciones y el rechazo al predominio de los votos de la sierra, pusieron en evidencia la asimetrías sociales y culturales que estructuran las dinámicas de la sociedad peruana entre Lima respecto de las provincias. Las fronteras internas del proyecto nacional peruano han quedado expuestas con sus variables más divisorias: discriminación económica, racismo y subcategorización de las provincias. El reclamo del voto limeño congrega implícitamente una devaluación al peso del voto provinciano y andino, lo que a su vez revela la percepción de la población costeña, predominantemente de rasgos físicos caucásicos o mestizos, hacia la condición de ciudadanía de las poblaciones andinas, rurales, campesinas e indígenas. Lejos de abordarse estas dinámicas, la cobertura de los medios de comunicación se concentró en reproducir las expresiones de odio y división propaladas por figuras públicas, políticos y personalidades afines al fujimorismo, sin analizar sus expresiones y sin ofrecer pluralidad. Esto, a su vez, generó una crisis de credibilidad en varios medios de comunicación, lo cual se agudizó durante los días en que un grupo de militares en retiro conminó al actual Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a intervenir para evitar el inminente nombramiento de Castillo, lo cual fue debidamente descartado por el Ministerio de Defensa.

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 21 3 PERSPECTIVAS A LAS ELECCIONES DE 2022 La agenda electoral para el 2022 estará estructurada por las elecciones para definir a las autoridades regionales, provinciales y distritales, atendiendo al orden de la administración política que define al territorio peruano. Como suele ocurrir en el Perú, de algún modo estas elecciones se ven influidas por el resultado de las elecciones generales ocurridas en el año anterior. En este caso, un nuevo partido político de alcance nacional ha emergido en el escenario electoral, se trata de Perú Libre. Siendo un partido de gobierno, tiene la particularidad de tener sus orígenes políticos en la sierra central, puntualmente en Junín, donde hoy en día son gobierno regional con Vladimir Cerrón, líder y fundador del partido. Las elecciones generales de 2021 han servido a este partido para construir comités provinciales en otras regiones del país y ganar presencia política en Lima, por lo que no se puede descartar la posibilidad de que postulen en la capital del país con un candidato que sería afín al gobierno central. Asimismo, tomando en consideración la distribución geopolítica del voto en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, se podría esperar que Perú Libre, partido de gobierno, obtenga varias regiones y alcaldías en la zona altoandina. Por otro lado, otra influencia que podría ejercer las elecciones generales de 2021, con las subnacionales de 2022, sería la aparición de Rafael López Aliaga candidato de extrema derecha que terminó en tercer lugar en la primera vuelta con el partido Renovación Nacional(RN). De hecho, se puede considerar que es el primer candidato a la alcaldía de Lima que ha hecho un anunció público de su postulación. Lo hizo pocos días después de la primera vuelta a través de sus redes sociales:“Postularé a la alcaldía de Lima. Estaré tres años para ordenar las cosas y construir las obras que requiere la ciudad.(Luego) dejaré el cargo a una persona de mi confianza y me presentaré como candidato a presidente el 2026”. Claramente el interés de López Aliaga es volver a intentar la presidencia del país, para lo cual visualiza a la alcaldía de la capital como un paso intermedio hacia su objetivo final, lo que pone en cuestionamiento si tiene un compromiso genuino con la gestión municipal de la ciudad más grande del país. PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN ELECCIONES SUBNACIONALES Las elecciones regionales y municipales suelen ser una buena oportunidad para que, según la jurisdicción, la agenda indígena entre a formar parte del debate electoral. Debido a que, por su naturaleza, estas elecciones constituyen múltiples debates electorales, cada uno circunscrito a la realidad social, económica, cultural, política y étnica de su jurisdicción, la agenda indígena suele estar presente en aquellos territorios en donde existe un porcentaje significativo de población indígena. No obstante, para garantizar la participación efectiva de la población indígenas en estas elecciones, sobre todo dada la subrepresentación que suelen tener en los comicios presidenciales y legislativos, las leyes de elecciones regionales y municipales contemplan la obligatoriedad de una cuota indígena. Para la ejecución de esta norma, el JNE toma como instrumento la Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios del Ministerio de Cultural (un documento en constante actualización) y estipula a partir de esa información la cuota correspondiente a cada jurisdicción. Esta medida, puesta en práctica desde las elecciones regionales y municipales de 2014, en 2018 se aplicó en 20 regiones y 131 provincias según un análisis de la Defensoría del Pueblo 2 . Aunque el establecimiento de la cuota ha representado un avance, según la propia Defensoría, en el 2018 el porcentaje de efectividad en la elección de las autoridades fue de tan solo 49% a nivel regional y 78% a nivel provincial, siendo más crítica la cuota de participación en la Amazonía, región en donde se encuentra la mayor tasa porcentual de población indígena del país. El 2014, cuando se puso en práctica esta medida, el 83% de los regidores electos en la regiones y provincias de los Andes ingresaron al proceso electoral a través de la cuota indígena, mientras que solo el 17% de los regidores electos en la Amazonía ingresaron a través de esta modalidad. Este estudio concluye que la cuota es menos efectiva en aquellas jurisdicciones donde su aplicación se hace más urgente, errando en su objetivo de subsanar la falta de representación de la población indígenas en los cargos administrativos y políticos de sus propios territorios. 2 Estudio de participación electoral indígena de la Defensoría del Pueblo. Fuente: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/ PPIIppt-cuota-indigena.pdf.

Un estudio de la propia ONPE(2019) 3 sobre el impacto de las distintas cuotas electorales, revela una información bastante preocupante en relación la cuota indígena. Según este estudio, uno de los principales errores, en la aplicación de la cuota indígena, es que los partidos o movimientos políticos suelen incluir a sus candidatos indígenas, en sus listas electorales, en puestos donde no tienen posibilidades de alcanzar cargos, por lo que, aunque numéricamente cumplan con la cuota, en la práctica sucede una competencia desleal. Esta distorsión, en la ejecución de la cuota, reduce el impacto en la ocupación de los cargos políticos y administrativos en aquellas jurisdicciones con población indígena. Una eventual campaña electoral para las elecciones regionales y municipales debería incluir un reclamo ciudadano a favor de la distribución proporcional y equitativa de representantes políticos indígenas en las listas para consejos regionales y municipales, así como alcaldías. Asimismo, dada la multiplicidad de cargos políticos, en cuestión, durante estas elecciones, los medios de comunicación de alcance nacional, tienen mayores oportunidades para ofrecer un contenido informativo plural y descentralizado; sin tomar en cuenta el rol fundamental que cumplen los medios de comunicación locales, principalmente las radios, a fin de difundir los mensajes políticos y de canalizar las demandas de representatividad para las poblaciones indígenas y campesinas del país. CONCLUSIONES GENERALES Este informe ha tenido como objetivo analizar el tratamiento a la agenda indígena y sus variables durante las elecciones presidenciales y parlamentarias en el Perú. Los principales ejes examinados han sido los derechos territoriales y colectivos; políticas ecológicas, ambientales y agrarias; la participación política y el manejo y representación sociocultural de las poblaciones indígenas y campesinas en el diálogo nacional fomentado por el proceso electoral. Como se ha señalado en la Introducción, siendo el Perú un país donde el 24% de la población se autoidentifica como indígena, la necesidad de que la agenda política nacional y las autoridades, encargadas de las administraciones nacionales y subnacionales, representan en su identidades y gestiones las demandas de la población indígena forma parte de la búsqueda de justicia social a la que espiran diversas organizaciones de la sociedad civil. Como se ha analizado en el Capítulo 1, la primera vuelta electoral tuvo una nutrida heterogeneidad de candidatos y agendas políticas. Analizados al detalle, varios de los candidatos en la primera vuelta incluyeron en sus respectivos planes de gobierno asuntos vinculados a la agenda, indígena, siendo el ordenamiento territorial uno de los más mencionados, aunque solo haya sido de manera declarativa en más de un candidato. Sin embargo, como este informe revela, es llamativo el poco interés de los políticos en asuntos estrechamente vinculados al panorama actual de urgencia climática para asuntos como la consulta previa, la defensa ambiental y el rol 3 ONPE.“Las cuotas electorales: Un análisis multinivel de los efectos de su aplicación”. Fuente: https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/DT46.pdf. del Estado peruano en relación al Acuerdo de Escazú, un compromiso regional que fortalecería la defensa del medioambiente en el ámbito legal y político. Asimismo, en la primera vuelta electoral fue llamativa la ausencia de discusiones específicas sobre asuntos ambientales e indígenas, lo que solo se dio en un debate virtual organizado por la sociedad civil, más fue omitido en los debates mediáticos fomentados por los medios de comunicación y en los oficiales realizados por el JNE. La segunda vuelta electoral, desarrollada en el Capítulo 2, reinstaló de manera tangencial a los pueblos indígenas y campesinos en la discusión electoral tras el sorpresivo ingreso de Pedro Castillo, presidente electo de orígenes campesinos y miembro del principal sindicato de profesores públicos en el país. Como era de esperarse, el panorama social se polarizó entre la propuesta de derecha de Keiko Fujimori, a quien se plegaron las masas urbanas y las élites socioeconómicas, y la propuesta de izquierda de Castillo, hacia quien se plegaron las masas rurales, campesinas y diversos sectores indígenas. Como se expone más detalladamente en el Capítulo 2, los medios de comunicación tuvieron un rol crucial en este momento de la contienda electoral pues, además de apoyar a la candidatura de derecha ofreciéndole mayor cobertura y reproduciendo sus intervenciones sin perspectivas críticas, sus plataformas fueron utilizadas por diversos políticos y personalidades de derecha para reproducir mensajes de menosprecio y hasta odio hacia los sectores socioculturales más vinculados a la candidatura de Castillo, una situación que se agudizó durante los días posteriores a las elecciones, cuando se confirmó que el candidato de origen campesino había obtenido más voto que Fujimori. En cuanto a las elecciones regionales y municipales de 2022, este informe se concentra en advertir la posible influencia que jugarán los resultados electorales de 2021, principalmente con la emergencia de Perú Libre, un partido que hasta hace unos meses solo tenía éxito en la sierra central, ahora erigido como el partido oficialista y de alcance nacional. Asimismo, este informe advierte sobre los posibles errores en la aplicación de la cuota indígena, para efectos de las administraciones públicas subnacionales, donde muchas jurisdicciones están obligadas a incorporar porcentajes preestablecidos de candidatos indígenas con el objetivo de cerrar la brecha de representatividad política hacia esta población. En ese sentido, este trabajo también hace énfasis en el Capítulo 3, sobre la oportunidad que representa las elecciones regionales y municipales para insertar de manera genuina los tópicos que componen la agenda indígena, desde una perspectiva plural, dado que estos comicios suelen constituirse por múltiples contiendas electorales circunscritas a la realidad social, cultural y política de cada jurisdicción. Así, los medios de comunicación locales, como radios y periódicos de alcance provincial o regional, juegan un rol fundamental en la canalización de la demanda social de los pueblos indígenas y campesinos.

Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 23 REFERENCIAS https://elpais.com/opinion/2021-06-20/no-le-quiten-el-cuerpo-a-la-jeringa.html https://perulibre.pe/plan-bicentenario.pdf https://caretas.pe/politica/veronika-mendoza-y-jose-de-echave-presentan-propuesta-para-una-nueva-mineria/ https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-jp-propone-nueva-constitucion-y-reconocimiento-derechos-832315.aspx https://gestion.pe/peru/politica/rafael-lopez-aliaga-se-fortalecera-el-ministerio-del-ambiente-noticia/?ref=signwall https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/1587/ARCHIVO/FIRMADO/5262.PDF h t t p s:// w w w. i d l. o r g. p e/ q u e- p ro p o n e n- l o s- p a r t i d o s- p o l i t i c o s- p e r u a nos-en-materia-de-pueblos-indigenas/ https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/1494/ARCHIVO/FIRMADO/5717.PDF https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/02/2021/marco-arana-hay-que-constitucionalizar-los-derechos-de-la-naturaleza https://elcomercio.pe/elecciones-2021/resultados-onpe-elecciones-2021-conoce-aqui-las-cifras-oficiales-de-las-elecciones-generales-de-peru-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/PPIIppt-cuota-indigena. pdffujimori-6-de-junio-jne-nuevo-presidente-congresistas-y-parlamento-andino-resultados-oficiales-pandemia-de-covid-19-100-por-ciento-actas-procesadas-boca-de-urna-conteo-rapido-oficina-nacional-de-procesos-electorales-noticia/ https://larepublica.pe/elecciones/2021/05/03/pueblos-indigenas-de-loreto-apoyan-a-pedro-castillo-con-condiciones-pltc/ https://www.dw.com/es/jne-de-per%C3%BA-resultados-definitivos-se-proclamar%C3%A1n-tras-resolver-impugnaciones/a-57929862 https://andina.pe/agencia/noticia-rafael-lopez-aliaga-anuncia-postulara-a-alcaldia-lima-841971.aspx

ACERCA DEL AUTOR CRÉDITOS José Carlos Díaz Zanelli, periodista, investigador y candidato doctoral de estudios culturales en Rutgers University(EE.UU.). Trabajó como periodista en los diarios La República y Perú21, actualmente colabora con Servindi. Especialista en asuntos indígenas y ambientales, ha publicado en revistas académicas de los Estados Unidos, Reino Unido y América Latina. Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las Elecciones Generales 2021 Autor: José Carlos Díaz Zanelli © 2021, Fundación Friedrich Ebert-Perú Avenida Camino Real 456- Torre Real Of. 901, San Isidro, Lima 27 Correo: postmast@fes.org.pe Sitio web: www.fes-peru.org Representante: Sara-Nathalie Brombart Coordinación: María del Pilar Sáenz – Directora de Proyectos © 2021, Servicios de Comunicación Intercultural- SERVINDI Calle Los Cipreses 350, urbanización Valle Sharon. Lima 29, Perú. Telf.:(51) 989-569751 Sitio web: https://www.servindi.org/ Primera edición digital, diciembre de 2021 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-14535 ISBN: 978-9972-43-049-7 Corrección: Manuel Linares Gúzman Diseño de portada y diagramación: Omar Dalí Rosas Solier Cuidado de edición: Servindi El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del autor y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Fundación Friedrich Ebert. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

26 Fundación Friedrich Ebert- Análisis de la inclusión de las agendas indígenas en las elecciones generales 2021 ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LAS AGENDAS INDÍGENAS en las elecciones generales 2021 La agenda indígena ha sido uno de los asuntos sociales más soslayados por la agenda política peruana a lo largo de su vida republicana. El ámbito en el que más se hace evidente esta falta de atención son las campañas electorales. En un país donde el 25% de la población se autoidenti ca como indígena o proveniente de una nación originaria, la falta de apoyo institucional para lograr una adecuada representatividad política contribuye con ampliar una brecha cuyo correlato mayor se gra ca en las políticas públicas del Estado peruano. ¿Por qué la clase política no diseña planes de incorporación de las poblaciones indígenas? ¿Qué ofrecieron los candidatos presidenciales durante la campaña electoral del 2021 en materia de asuntos indígenas? ¿En qué medida la mención de los Andes y la Amazonía supuso un abordaje planeado y proactivo de la agenda indígena y medioambiental? El presente informa aborda todas estas interrogantes desde un análisis detallado de los planes de gobierno de los principales candidatos. En una campaña histórica, enmarcada en la narrativa social del Bicentenario y de la pandemia de la COVID, la agenda indígena quedó aplastada por las circunstancias sanitarias y las urgencias sociales agudizadas por la misma. Esto abonó en la extensión de una postergación de políticas públicas de inclusión social y políticas de las poblaciones originarias del Perú, una deuda que mantiene pendiente de cara a las elecciones regionales y municipales a desarrollarse durante el 2022. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier: www.fes.de/stiftung/internationale-arbeit