ANÁLISIS José Antonio Ocampo/ Juan David Torres— CAMBIO ESTRUCTURAL Y DINÁMICA MACROECONÓMICA: LOS RETOS COLOMBIANOS PAZ Y SEGURIDAD JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA. Perspectivas de un Grupo de Trabajo Regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad en América Latina Caroline Delgado/ Farah Hegazi/ Anniek Barnhoorn Febrero de 2024 à La FES y el SIPRI convocaron a expertos y activistas de diez países de América Latina para conformar un Grupo de Trabajo sobre seguridad climática y ambiental. à El Grupo de Trabajo Regional discutió sobre los desafíos del desarrollo sostenible y los derechos de las comunidades locales y las poblaciones étnicas en el contexto de violencia e inseguridad que afecta a América Latina. à El Grupo desarrolló mensajes clave en cuatro áreas temáticas: gobernanza, extractivismo y cambios de uso del suelo, justicia ambiental y climática, y protección de la naturaleza y los territorios, e identificó audiencias clave para la incidencia política sobre estos asuntos. 1

PAZ Y SEGURIDAD JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA. Perspectivas de un Grupo de Trabajo Regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad en América Latina

CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 5 2 EL GRUPO DE TRABAJO REGIONAL LATINOAMERICANO 8 3 GOBERNANZA 10 3.1 Voz regional...............................................................................................................................................11 3.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................11 3.3 Público objetivo..........................................................................................................................................11 3.4. Recomendaciones.....................................................................................................................................12 4 EXTRACTIVISMO Y CAMBIO EN LOS USOS DEL SUELO 13 4.1 Voz regional...............................................................................................................................................15 4.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................15 4.3 Público objetivo..........................................................................................................................................15 4.4 Recomendaciones......................................................................................................................................16 5 JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA 17 5.1 Voz regional...............................................................................................................................................18 5.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................18 5.3 Público objetivo..........................................................................................................................................18 5.4 Recomendaciones......................................................................................................................................19 6 PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS TERRITORIOS 20 6.1 Voz regional...............................................................................................................................................20 6.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................21 6.3 Público objetivo..........................................................................................................................................21 6.4 Recomendaciones......................................................................................................................................21 7 CONCLUSIÓN 22

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA El Grupo de Trabajo Regional Latinoamericano fue constituido en 2022 por la oficina en Colombia de la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) y el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI , Stockholm International Peace Research Institute), y está compuesto por veinte expertos en temas relacionados con el clima y el ambiente procedentes de diez países latinoamericanos. Este informe presenta la perspectiva general del Grupo de Trabajo sobre los acuciantes problemas relacionados tanto con la justicia climática y ambiental como con la seguridad alimentaria que afectan a la región en su conjunto, pero cuyo impacto se percibe con mayor intensidad en el ámbito local. El informe va acompañado de una breve serie de entrevistas a cuatro miembros del Grupo de Trabajo, en las que abordan los retos para la seguridad ambiental de la región según sus perspectivas. Las entrevistas se encuentran en el canal de YouTube del SIPRI : sipriorg. Los miembros del Grupo de Trabajo son, en orden alfabético: • Aercio Oliveira, Brasil, coordinador, FASE - Solidaridad y Educación. • Antonia Berríos, Chile, coordinadora, ONG FIMA . • Carolina Hidalgo Herrera, Costa Rica, consultora independiente. • Florina Mendoza, México, Red de Futuros Indígenas. • Iris Espinoza, Guatemala, Colectivo Madreselva. • Juan Antonio Le Clercq, México, director del Instituto de Administración Pública e Innovación Institucional ( APII ) de la Universidad de las Américas Puebla( UDLAP ). • Leticia Tura, Brasil, directora ejecutiva de FASE – Solidaridad y Educación. • Manuel Tufró, Argentina, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS ). • María Ciro, Colombia, Comité de Integración Social del Catatumbo(Cisca). • Mariana Belmont, Brasil, Consejo de Nuestra América Verde y Red de Adaptación Antirracista. • Mariana Blanco, México, coordinadora del proyecto regional de la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Transformación Social-Ecológica en América Latina. • Mercedes Monzón Escobedo, Guatemala, diputada electa por Sacatepéquez, Partido Movimiento Semilla 2024-2028. • Mitzy Violeta Cortés, México, Red de Futuros Indígenas. • Omar Gabriel Vázquez Heredia, Venezuela, investigador. • Pedro Landa, Honduras, Plataforma Internacional contra la Impunidad( PII ). • Santiago González, Colombia, Asociación Comunitaria de Bahía Málaga. Por su parte, los miembros del Grupo de Trabajo procedentes de países no latinoamericanos son: • Ana María Méndez Dardón, Estados Unidos, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos( WOLA ). • Bram Ebus, Países Bajos, periodista y consultor independiente. • John Walsh, Estados Unidos, director del Programa de políticas de drogas y los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos( WOLA ). El Grupo convocante está integrado por: • Anniek Barnhoorn, asistente de investigación del Programa de Riesgos y Cambio Climático, SIPRI . • Caroline Delgado, directora del Programa de Alimentos, Seguridad y Paz del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo( SIPRI ). • Catalina Niño, coordinadora de proyectos de la Friedrich-Ebert Stiftung(Fescol). • Farah Hegazi, investigadora del Programa de Riesgos y Cambio Climático, SIPRI . • María Alejandra Rico, asistente de proyectos de la Friedrich-Ebert Stiftung(Fescol). • Stephanie Blenckner, directora de comunicaciones, SIPRI . 4

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 1 INTRODUCCIÓN* América Latina y el Caribe es una región con una diversidad ecológica sin parangón, que abarca selvas tropicales, desiertos áridos y extensas costas, lo que la hace especialmente susceptible a los efectos de largo alcance del cambio climático y la degradación ambiental. Más allá de sus diversos y singulares paisajes naturales, la región enfrenta a una compleja red de desafíos climáticos y ambientales que trascienden las fronteras nacionales. Desde el deshielo de los glaciares de la cordillera de los Andes, que amenaza la seguridad hídrica de millones de personas, hasta la deforestación de la selva amazónica, que pone en riesgo la biodiversidad y el secuestro de carbono a escala global, la región se enfrenta a problemas que tienen implicaciones de largo alcance tanto para las comunidades locales como para la comunidad internacional. extremos como sequías e inundaciones. En una región que depende en gran medida de la agricultura, los cambios en los patrones de temperatura y de precipitación tendrán consecuencias negativas para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Se espera que el rendimiento agrícola disminuya, lo que aumentará la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Además, la degradación forestal que se prevé debido a las sequías y al aumento de la temperatura reducirá la disponibilidad de productos forestales. Al mismo tiempo, se espera que América Latina satisfaga parte de la creciente demanda mundial de alimentos, ganado y maderas, lo cual amenaza con exacerbar la degradación ambiental vinculada a las prácticas inadecuadas derivadas de la gestión del suelo y relacionadas con la expansión de la agricultura a gran escala. 2 De acuerdo con las proyecciones sobre cómo afectará el cambio climático a América Latina, se espera que las temperaturas aumenten en toda la región y que cambien los regímenes pluviales. 1 También se prevé un aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos * Traducción de Yenni Castro, Valestra Editorial. 1 Castellanos, E., M. F. Lemos, L. Astigarraga, N. Chacón, N. Cuvi, C. Huggel, L. Miranda, M. Moncassim Vale, J. P. Ometto, P. L. Peri, J. C. Postigo, L. Ramajo, L. Roco y M. Rusticucci. 2022. Centroamérica y Sudamérica. En: Cambio climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático[ IPCC , Intergovernmental Panel on Climate Change].[H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY , Estados Unidos, págs. 1689-1816, doi:10.1017/9781009325844.014 Es muy preocupante el modo en que los desafíos climáticos y ambientales se entrecruzan con las desigualdades sociales y la inestabilidad política. La región padece diversas formas de violencia, desde conflictos armados hasta una violencia criminal rampante de un nivel equiparable al de los conflictos armados. Sobresale asimismo como una de las más violentas del mundo. Según datos de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito( ONUDD ), en América Latina y el Caribe se registra el 29% de los homicidios globales, siendo una región con el 8% de la población mundial. 3 La región alberga ocho de los diez países con mayor número 2 PNUMA . 2016. Evaluaciones regionales del sexto informe sobre las perspectivas del medio ambiente mundial[ GEO -6] para América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia. 3 Monitor de homicidios, Igarape, https://homicide.igarape. org.br/?l=es(consultado el 19 de octubre de 2023). 5

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA de homicidios y quince de los más letales. Siete de las diez ciudades con mayor tasa de homicidios se encuentran en América Latina y el Caribe 4 que es también la región con mayor número de conflictos ambientales y un foco de delitos contra el ambiente. 5 Muchos de estos conflictos están relacionados con la extracción legal e ilegal de recursos naturales, que a menudo se cruza con otras economías delictivas, como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. 6 Entre los principales autores de esta violencia hay una multitud de grupos armados no estatales, como bandas, cárteles, redes de contrabando, milicias y grupos de vigilancia parapolicial. Según algunas fuentes, a veces las empresas mineras cooperan voluntariamente con grupos armados ilegales, quienes a cambio les proporcionan seguridad contra otros grupos. 7 En consecuencia, América Latina es una de las regiones más peligrosas para los defensores del medio ambiente, de hecho, el 75% de todos los asesinatos mundiales de defensores de los derechos humanos ocurridos entre 2015 y 2019 tuvieron lugar allí. 8 En 2022, el 20% de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos se cometieron en la región amazónica. 9 Con frecuencia, las comunidades y los defensores del medio ambiente en las zonas donde 4 Monitor de homicidios, Igarape, https://homicide.igarape. org.br/?l=es(consultado el 19 de octubre de 2023). 5 Rettberg, Angelika. 2020.“Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos.” Revista de Estudios Sociales, (73) págs. 2-17. 6 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave 7 OCDE . 2017.“Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: perspectivas generales”, https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overviewESP .pdf 8 Informe anual 2021 de la organización Global Witness; Informe regional de desarrollo humano. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe( PNUD , Nueva York, 2021), https://www.undp.org/es/latin-america/ publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-atrapados-alta-desigualdad-y-bajo-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe 9 Global Witness. 2023. Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Septiembre, https://www.globalwitness.org/es/standing-firmes/ se llevan a cabo actividades extractivas han sido objeto de graves violaciones de los derechos humanos, y estos ataques van en aumento en toda la región. Además de los asesinatos, las amenazas de muerte, las detenciones arbitrarias, las agresiones sexuales, la actuación policial militarizada, el acoso judicial, la intimidación, la violencia física y otras formas de violencia se utilizan para silenciar las denuncias de las comunidades locales y obstaculizar sus intentos de emplear medios legales de protesta contra los proyectos extractivos. 10 Los defensores del medio ambiente también han sido reprimidos y criminalizados por los gobiernos que deberían protegerlos. 11 La violencia criminal, incluidos los delitos contra el ambiente, se concentra en gran medida en las zonas rurales con escasa presencia estatal y fuertes economías ilícitas, y en los barrios humildes de las ciudades. Como tales, las principales víctimas de la violencia son las personas socioeconómicamente empobrecidas y desfavorecidas, incluidas las minorías étnicas como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las minorías de género, las mujeres y los agricultores de subsistencia. 12 Alrededor de la mitad de las víctimas de homicidio están entre los 15 y los 29 años. La violencia contra los líderes sociales, entre ellos los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, tiende a afectar también de forma desproporcionada a las personas con bajos ingresos y a las minorías étnicas. 13 Además, la violencia extractivista 10 Global Witness. 2018. ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017. Global Witness. 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2015.“Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, http://www.oas.org/es/cidh/informes/ pdfs/criminalizacion2016.pdf 12 Arjona, A. 2021.“The Effects of Violence on Inequality in Latin America and the Caribbean: A Research Agenda.” Documento de antecedentes del Documento de Trabajo No. 12 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD América Latina y el Caribe. Documento de antecedentes del Informe regional sobre desarrollo humano del PNUD América Latina y el Caribe. 13 Arjona, A. 2021.“The Effects of Violence on Inequality in Latin America and the Caribbean: A Research Agenda.” Documento de antecedentes del Documento de Trabajo No. 12, 2021, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD América Latina y el Caribe. Documento de anteceden6

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA de hoy en día se nutre en gran medida de los prejuicios y el legado de los conflictos raciales y de clase de antaño. 14 militares se ha asociado además con abusos contra los derechos humanos de la población civil. 18 Aunque se pueden apreciar importantes diferencias regionales, las respuestas estatales a la violencia criminal, incluidos los delitos contra el ambiente, han sido predominantemente militarizadas. Los gobiernos latinoamericanos han gravitado hacia enfoques populistas punitivos de“mano dura”, que combinan la aplicación coercitiva de la ley, el despliegue de fuerzas militares en la vigilancia nacional, las detenciones masivas y los castigos cada vez más severos, a menudo con fines electorales. 15 La incapacidad o incluso la falta de voluntad de las instituciones civiles para hacer frente a numerosos desafíos sociales, económicos y de seguridad exacerba la dependencia que tiene la seguridad nacional de los militares; lo cual justifica su uso como medida provisional para respaldar a las ineficaces instituciones civiles. 16 Aunque estos intentos de frenar la delincuencia organizada en los países de América Latina y el Caribe han tenido, en ocasiones, efectos positivos, su impacto tiende a disiparse rápidamente. 17 La delincuencia organizada ha evolucionado a tal punto que ha llegado a crear redes de influencia en las autoridades y comunidades locales, recurriendo a la intimidación violenta y a la financiación de campañas electorales para hacerse con el poder. Esto ha dado lugar a una mayor probabilidad de que las autoridades se hagan los de la vista gorda o actúen en connivencia con actividades delictivas. El uso de las fuerzas tes del Informe regional sobre desarrollo humano del PNUD América Latina y el Caribe. 14 McNeish, J. A. 2018. Resource extraction and conflict in Latin America. Colombia Internacional, 93, págs. 3-16. 15 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/ latin-america-wrestles-new-crime-wave; https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/militarization-of-law-enforcement-evidence-from-latin-america/03EE3B407BA25D8D2762A7ED3871060E 16 https://www.americasquarterly.org/article/por-que-ya-noson-los-70-para-las-fuerzas-armadas-en-america-latina/ 17 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave Se forman bucles de retroalimentación que resultan perjudiciales, ya que el aumento de la inseguridad obstaculiza el desarrollo sostenible de los países de esta región y ha afectado a la gobernanza democrática, siendo la mala gobernanza una de las principales causas de la violencia y la injusticia ambiental y social. Además, como la violencia tiende a afectar de manera desproporcionada a poblaciones que ya se encuentran en desventaja, puede perpetuar y amplificar distintos tipos de desigualdades. En respuesta a los acuciantes problemas de degradación ambiental y a la alarmante violencia, a menudo dirigida contra los defensores del ambiente, en 2021 en América Latina se logró un hito importante con la ratificación del Acuerdo de Escazú(Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe). Este tratado internacional jurídicamente vinculante ha obtenido el apoyo de veinticuatro de los treinta y tres países de la región y ha sido ratificado por quince. El objetivo del Acuerdo de Escazú es salvaguardar los derechos de las generaciones presentes y futuras, garantizando su acceso a un medio ambiente sano y facilitando el desarrollo sostenible. El Acuerdo pretende lograrlo por medio de tres objetivos principales: 1) garantizar el derecho de acceso a la información ambiental; 2) la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia relacionada con asuntos ambientales; y 3) la creación y el desarrollo de capacidades. 19 Es importante destacar que el Acuerdo de Escazú es un reconocimiento de que los desafíos a los que se enfrenta la región de América Latina y el Caribe se extienden más allá de las fronteras nacionales, lo que hace patente la necesidad urgente de coordinar los esfuerzos regionales y globales para hacer frente a estos desafíos polifacéticos. 18 https://www.amnesty.org/en/location/americas/reportamericas/; https://www.wola.org/analysis/anti-democratictrends-human-rights-abuses-covid-19-latin-america/ 19 Cepal. s. f.“Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Disponible en https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu 7

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 2 EL GRUPO DE TRABAJO REGIONAL LATINOAMERICANO Con este telón de fondo, la FES y el SIPRI convocaron un Grupo de Trabajo Regional de investigadores, ONG y defensores de los derechos para debatir sobre estos complejos desafíos. El informe pretende generar una voz regional unificada para alertar sobre las formas en que estas dinámicas de violencia profundizan las injusticias ambientales y climáticas. Está estructurado en torno a cuatro temas que se presentaron como las preocupaciones más importantes durante los debates que se dieron en el Grupo de Trabajo: la gobernanza; el extractivismo y los cambios en los usos del suelo; la justicia ambiental y climática, y la protección de la naturaleza y los territorios. Cada tema lleva un mensaje clave dirigido a un público objetivo específico, junto con recomendaciones generales sobre cómo abordar las cuestiones de interés. Los temas debatidos están estrechamente relacionados con las perspectivas de los miembros del Grupo de Trabajo en materia de seguridad. Comprender la seguridad en su totalidad requiere una evaluación exhaustiva del trasfondo político y de las repercusiones de la seguridad para las diversas comunidades, especialmente en lo que respecta a las dinámicas de poder, los beneficiarios y el impacto perjudicial de las medidas de seguridad. Por lo tanto, es imperativo tener en cuenta como factores determinantes cruciales las experiencias vividas y la administración de medidas de seguridad tangibles tanto por parte de los individuos como de los grupos. Para el Grupo de Trabajo Regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad, en lo sucesivo denominado Grupo de Trabajo Regional, la noción de seguridad tiene un matiz predominantemente negativo. Esta perspectiva ha sido moldeada en gran medida por una doctrina de seguridad militar que históricamente ha hecho hincapié en los enfoques centrados en el Estado dentro de la región. De acuerdo con esta doctrina, la seguridad se ha asociado principalmente con la acumulación de poder, con el Estado como punto central de referencia. En relación con esto, el Grupo de Trabajo destacó cómo, en América Latina, el cambio climático y las cuestiones ambientales se incorporan al discurso de seguridad como precursores de la declaración de estados de emergencia. Este enfoque perpetúa una cultura de secretismo y dificulta la rendición de cuentas, ampliando las consecuencias adversas de este paradigma de seguridad. Además, el Grupo de Trabajo Regional ha observado que estos conceptos convencionales de seguridad, entre ellos los relacionados con el clima y el ambiente, tienden a emanar de un punto de vista eurocéntrico u occidentalizado. Estos enfoques suelen pasar por alto las sutilezas y exclusiones que generan en el contexto latinoamericano, y que afectan desproporcionadamente a los grupos marginados que defienden los derechos humanos y ambientales, que a menudo son percibidos como desafíos que hay que superar. En contraste con el paradigma tradicional de seguridad centrado en el Estado, el Grupo de Trabajo aboga por un vuelco hacia la priorización de la justicia climática y ambiental. Su argumento gira en torno a la idea de que esta perspectiva ofrece una comprensión más integral e interconectada de la intrincada relación entre naturaleza y cultura, haciendo hincapié en el imperativo que supone la coexistencia armoniosa entre todas las formas de vida. Este enfoque reconoce la intrincada relación entre el bienestar humano, la salud ecológica y la inclusión social, mientras señala que el modelo de desarrollo económico dominante en la región(el cual se abordará más adelante) es una causa fundamental de la injusticia ambiental. Hace énfasis en la agencia colectiva y comunitaria de los individuos y se opone firmemente a la mercantilización de la vida y del medio ambiente. 8

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Las profundas injusticias climáticas y ambientales que se viven en América Latina exigen una mirada crítica sobre los paradigmas del desarrollo económico. Actualmente, para lograr el crecimiento económico y el desarrollo numerosos gobiernos de la región adhieren a un modelo de desarrollo extractivista, fuertemente dependiente de la explotación de recursos no renovables. Aunque no hubo consenso sobre lo que debería sustituir a este modelo, el Grupo de Trabajo destacó los principios rectores fundamentales para un nuevo enfoque sobre el desarrollo económico. En medio de todo esto, es imperativo proteger las necesidades y los derechos de las comunidades más perjudicadas por los modelos actuales, en particular las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los modelos de desarrollo deben tener en cuenta las limitaciones de nuestro entorno natural y valorar los conocimientos tradicionales, reconociendo al mismo tiempo la diversidad de estilos de vida. Por lo tanto, es primordial reconocer y adoptar conceptos como la autonomía territorial y la autodeterminación de los pueblos. Estos deben aplicarse democráticamente para garantizar que la gestión de los recursos se haga en colaboración con las comunidades y respete su modo de vida. Aunque dentro del Grupo hubo diversas opiniones respecto al papel del sector privado y el comercio internacional, prevaleció el acuerdo unánime sobre la necesidad de cuestionar la insostenible acumulación de riqueza. Esto supone exigir que las empresas, los gobiernos y los mercados asuman sus responsabilidades y transformar fundamentalmente, en lo que respecta al mundo natural, la relación entre las corporaciones y los gobiernos. En consonancia con esto, el modelo debería conferirle poder a los países del Sur Global para que refuercen su capacidad para tomar decisiones durante sus procesos de transición. Al incorporar estos principios se fomentará un modelo de desarrollo más incluyente, equitativo y sostenible, que dé prioridad al cuidado del planeta y a la administración de los recursos, ofrezca oportunidades para el bienestar de los seres humanos, respete la riqueza de la diversidad cultural y salvaguarde el ambiente tanto para las generaciones actuales como para las futuras. 9

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 3 GOBERNANZA DEFINICIÓN DE GOBERNANZA “La gobernanza se refiere a una serie de(inter)acciones entre actores estatales y no estatales para formular e implementar políticas y reformas sociales, económicas e institucionales relacionadas con el acceso o el ejercicio del poder, con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos democráticos.” 20 La justicia medioambiental requiere un contexto democrático sólido y garantías de los derechos humanos y los ambientales basadas en instituciones fuertes, transparentes y participativas. Sin embargo, a la hora de garantizar estos derechos los países de América Latina y el Caribe enfrentan importantes desafíos. La región es la tercera más democrática del mundo, con 78% de sus veintitrés países en democracia. Sin embargo, una preocupación creciente es la erosión democrática, que incluye los atentados contra las libertades, las autoridades electorales y los controles constitucionales del ejercicio del poder. 21 Además, la región es la segunda más desigual del mundo. 22 La desigualdad abarca disparidades multidimensionales, entre ellas de ingresos, género, etnia y geografía, lo que conduce a la exclusión de los grupos marginados. La inversión pública es baja, cerca del 1,6% del PIB en 2017, cerca de la mitad de la inversión media en los países de la OCDE , con lo cual se perpetúan las disparidades en el acceso y la calidad de los servicios públicos y se profundizan las desigualdades. 23 Estas desigualdades refuerzan la creación de políticas en favor de los intereses personales antes que del bien público. 24 Muchos líderes y partidos políticos de la región explotan la administración pública para crear redes clientelares con fines electorales, una práctica que erosiona la confianza pública y socava la eficacia de la gobernanza. Combinados con los altos niveles de corrupción, estos factores han avivado los sentimientos de malestar y frustración de los ciudadanos. 25 En consecuencia, la confianza en el gobierno, piedra angular de la cohesión social y de la eficacia de las reformas, ha experimentado un declive. La responsabilidad social, impulsada por la transparencia y el acceso a la información, es vital para recuperar la confianza. La persistencia de los altos niveles de violencia disminuye aún más la confianza tanto en el gobierno como en el Estado. La violencia contra los activistas de derechos humanos y la violencia ejercida por agentes del Estado han sido identificadas como algunas de las formas de 20 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo( PNUD ) e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral( IDEA ). 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe. Mayo. 21 PNUD e IDEA . 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe. Mayo. 22 PNUD . 2021. Informe regional de desarrollo humano, 2021. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. 23 OCDE . 2020. Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2020 . Publicaciones de la OCDE , París, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es 24 OCDE . 2020. Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2020 . Publicaciones de la OCDE , París, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es 25 PNUD e IDEA . Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe. Mayo. 10

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA violencia especialmente perjudiciales para la gobernabilidad, es decir, la calidad de la gobernanza, y son motivo de gran preocupación en América Latina y el Caribe. 26 La falta de una rendición de cuentas en la persecución de estos delitos violentos intensifica la desconfianza y el enfado de la población hacia las instituciones estatales, especialmente cuando se producen violaciones flagrantes del derecho a la vida y a la seguridad personal. El crimen organizado prevalece en toda la región, y algunos sectores son testigos de cómo las organizaciones criminales suplantan por completo la presencia y las funciones del Estado. 27 Estos grupos ofrecen un apoyo social limitado a la población y afirman protegerla de otras bandas criminales, todo ello a cambio de diversos pagos extorsivos a modo de impuestos, una situación que representa una desintegración profunda de la gobernanza en estos sectores. Además, el crimen organizado supone una amenaza importante para las instituciones que defienden el Estado de derecho, ya que tiende a infiltrarse en los partidos políticos, las burocracias, los órganos democráticos encargados de la toma de decisiones y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Esto, a su vez, perpetúa una cultura de impunidad. de materias primas, el desprecio o la deslegitimación de las estructuras locales de gobierno y el menoscabo de la autonomía y la autodeterminación de las comunidades indígenas por parte de intereses corporativos que priorizan sus ganancias sobre el bienestar de las comunidades locales y las poblaciones indígenas. Además, el uso predominante de la fuerza estatal para reprimir los conflictos socioambientales hace que, a menudo, las inquietudes ambientales sean eclipsadas por la retórica del orden público, la seguridad nacional y el secretismo. En consecuencia, los gobiernos de la región se vuelven incapaces de cumplir sus funciones más esenciales, como defender el Estado de derecho, salvaguardar los derechos de las personas, prevenir la violencia y preservar el medio ambiente. Las consecuencias de largo alcance de estos desafíos abarcan la ausencia de servicios públicos adecuados en los territorios indígenas, la explotación legal e ilegal de los recursos naturales, la deforestación desenfrenada, la proliferación de economías ilícitas, la incapacidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas contra las redes ilegales y quienes las financian y la violencia focalizada contra los defensores del medio ambiente. 3.1 VOZ REGIONAL Las dinámicas mencionadas fueron las inquietudes predominantes en el Grupo de Trabajo Regional, que enfatizó en cómo la ausencia de una gobernanza eficaz en la región perpetúa un modelo de desarrollo extractivista que, a su vez, exacerba la crisis de gobernanza. El Grupo expresó su preocupación por varios factores relacionados con la gobernanza que contribuyen a la promoción de este modelo de desarrollo extractivista a expensas de las poblaciones locales. Entre estos se incluyen el acaparamiento de las instituciones estatales por parte de intereses de las élites, la capacidad limitada del Estado más allá de sus funciones militares y de seguridad, las economías excesivamente dependientes de la exportación A estos asuntos se le suma la ausencia de una coordinación en las políticas regionales para abordar colectivamente estos problemas comunes, problemas que comparten la gran mayoría de países de América Latina. 3.2 EL MENSAJE CLAVE El liderazgo democrático debe fortalecerse para que logre incorporar una visión clara e integral de la justicia ambiental. Este fortalecimiento debe abarcar por igual a los agentes estatales, la sociedad civil y los movimientos sociales, pues esto permitiría el desarrollo de unas sólidas capacidades de gobernanza de múltiples partes interesadas y aumentaría su potencial para influir en la prevención de la violencia y la protección del medio ambiente. 26 PNUD e IDEA . 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe. Mayo. 27 PNUD e IDEA . 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe. Mayo. 3.3 PÚBLICO OBJETIVO Por ello, el Grupo de Trabajo identificó varios organismos y organizaciones para esto, entre ellos la Organi11

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA zación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos( CGLU ), la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y las ONG o entidades internacionales de financiación que capacitan a líderes comunitarios y sindicatos. 3.4. RECOMENDACIONES Para alcanzar esa visión enunciada en el mensaje clave, se recomiendan las siguientes acciones, destinadas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas recomendaciones ofrecen una orientación general y no se pretende su adaptación específica a cada público identificado. 1. Fortalecer el liderazgo en los territorios indígenas, las comunidades afrodescendientes y entre las comunidades campesinas mediante el aumento del acceso a la financiación, la creación de plataformas de coordinación nacionales y regionales y el establecimiento y la aplicación de mecanismos de protección eficaces que garanticen la vida y la seguridad de los defensores del medio ambiente. 2. Los Estados deben garantizar y aumentar la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten a sus territorios y respetar los derechos de propiedad colectiva y la libre determinación de los pueblos en sus territorios. 3. Las organizaciones regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos( CIDH ), deben promover activamente la desmilitarización de los distintos modos de abordar los conflictos socioambientales. También deben priorizar la eliminación de los asuntos ambientales del ámbito de la seguridad nacional y el secretismo. 4. En las regiones, los gobiernos nacionales deben establecer directrices claras sobre las funciones y responsabilidades de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. 5. Cuando se considere imprescindible la intervención de las fuerzas armadas como último recurso, se debe garantizar un control estricto del uso de la fuerza, tomando medidas de rendición de cuentas y de comparecencia ante la justicia para garantizar que las acciones se ajusten a la ley y a lo que más convenga a la población. 6. Los Estados latinoamericanos deben implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, incorporándolos o creando Planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos. Esto debe hacerse de manera participativa e incluyente, armonizando al mismo tiempo la legislación y los procedimientos administrativos para supervisar y garantizar la aplicación de estos principios y actuar en consecuencia cuando se incumplan. 7. Establecer un grupo de trabajo nacional sobre empresas y derechos humanos que conste de múltiples partes, en constante diálogo y cooperación con las Naciones Unidas. 12

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 4 EXTRACTIVISMO Y CAMBIO EN LOS USOS DEL SUELO Como se dijo, los recursos naturales desempeñan un papel fundamental en las economías de los países de América Latina y el Caribe. Esto ha llevado a los gobiernos de la región, en su búsqueda de crecimiento económico y desarrollo, a adoptar un modelo de desarrollo extractivista, altamente dependiente de la explotación de recursos no renovables. 28 Muchos gobiernos de la región fomentan la inversión extranjera en el sector extractivo para potenciar sus planes de desarrollo. 29 La región tiene cuantiosas reservas de metales y minerales que la convierten en un protagonista importante del panorama mundial de los recursos. Por ejemplo, alberga aproximadamente el 60% de los yacimientos mundiales de litio. Brasil es el tercer productor mundial de mineral de hierro, mientras que México y Perú figuran entre los diez mayores productores de oro a escala mundial. 30 Además, América Latina posee alrededor del 20% de las reservas mundiales de petróleo y el 4% de las de gas. 31 Además de hidrocarburos, minerales y metales, junto con el Caribe posee un tercio de los recursos mundiales de agua dulce y más de una cuarta parte de las tierras de cultivo de potencial medio a alto del mundo. 32 Como resultado de lo anterior, concentra el 13% de la producción mundial de materias primas agrícolas y pesqueras y el 17% del valor neto de exportación de los productos. 33 Entre 2015 y 2017, las exportaciones de recursos primarios, incluida la agricultura, constituyeron el 37% de las exportaciones totales de la región, superando significativamente la media mundial del 9%. 34 Se espera que la producción de recursos aumente debido a la considerable inversión en proyectos mineros de gran escala y a la adopción de técnicas de extracción no convencionales, como la perforación en aguas profundas y la exploración de esquisto. 35 Además, a medida que el mundo avanza hacia un futuro basado en tecnologías limpias, unido a la necesidad de reforzar la seguridad energética en Europa y otras partes del mundo, las materias primas de América Latina serán muy codiciadas por el Norte Global y las economías emergentes 28 Arsel, M., Hogenboom, B. y Pellegrini, L. 2016. The extractive imperative in Latin America. The extractive industries and society, 3(4), págs. 880-887; McNeish, J. A. 2018. Resource extraction and conflict in Latin America. Colombia Internaciona l , 93, págs 3-16. 29 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París. 30 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París. 31 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París. 32 Zeigler, M., Truitt Nakata, G. 2014. The next global breadbasket: How Latin America can feed the world: A Call to Action for Addressing Challenges& Developing Solutions, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C. 33 OCDE/FAO . 2022. OCDE FAO Perspectivas agrícolas 20222031, Publicaciones de la OCDE , París. 34 Cepal. 2018. Ministerios de Minería de las Américas se reúnen en Perú para abordar desafíos y oportunidades del sector minero hacia un desarrollo sostenible, https://www.cepal.org/es/comunicados/ministerios-mineria-americas-se-reunen-peru-abordar-desafios-oportunidades-sector-minero 35 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París. 13

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA de Asia. 36 Asimismo, se prevé que la producción agrícola y pesquera aumente 14% en la próxima década y que la intensificación desempeñe un papel fundamental en este incremento. 37 Aunque el crecimiento económico relacionado con la extracción de recursos ha contribuido en cierta medida a reducir los índices generales de pobreza, desigualdad y desempleo, también ha traído consigo importantes repercusiones adversas de carácter ambiental, social y cultural. 38 Según la FAO , América Latina y el Caribe concentran el 14% de la degradación mundial del suelo, que se debe en gran medida a una gestión inadecuada de los recursos naturales. 39 La expansión de las fronteras extractivas y agrícolas ha sido rápida, lo que ha ejercido presión sobre ecosistemas cruciales como las cabeceras de cuenca, la selva amazónica, las mesetas de alta montaña, los glaciares y las lagunas altoandinas, entre otros. 40 Dos sistemas de producción primaria –la ganadería(para carne y cuero) y la soja(para grano y aceite)– son los responsables de la mayor parte de la deforestación y de 36 Cardenas, M. 2023. Here’s how Latin America can help tackle the global food, energy and climate crisis. Foro Económico Mundial, enero, https://www.weforum.org/agenda/2023/01/ latin-america-s-unique-opportunity; Nem Singh, J. 2021. “Mining Our Way out of the Climate Change Conundrum? The Power of a Social Justice Perspective.” Latin America’s Environmental Policies in Global Perspective. Washington, D.C.: The Wilson Center. 37 OCDE/FAO .(2022). OCDE FAO Perspectivas agrícolas 20222031, Publicaciones de la OCDE , París. 38 PNUD , Informe regional de desarrollo humano, 2021. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, 2021; Smart, S. 2020. The political economy of Latin American conflicts over mining extractivism. The Extractive Industries and Society, 7(2), págs. 767-779; Global Witness. 2018. ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017. Global Witness. 39 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, “Sudamérica consolida su alianza regional por el suelo”, https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/279601/ 40 Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina(Ocmal). 2015.“Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014”. las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la expansión agrícola y de los cambios en el uso del suelo en Sudamérica. 41 Los megaproyectos extractivos, como la minería, han afectado significativamente la disponibilidad y calidad del agua. 42 Esto, a su vez, afecta el acceso general de la población a los servicios de agua y saneamiento. 43 Las poblaciones afrodescendientes e indígenas suelen verse perjudicadas de forma desproporcionada por las actividades extractivas: se calcula que el 19% de los territorios indígenas de América Latina se ven afectados por la minería legal o ilegal. 44 Si bien muchos países de la región reconocen los derechos y el uso de la tierra de los pueblos indígenas, la situación es más compleja para las comunidades afrodescendientes, para quienes existen distintos grados de reconocimiento de sus derechos colectivos. 45 La situación es todavía más difícil para los agricultores a pequeña escala o de subsistencia, que rara vez tienen derechos constitucionales sobre la tierra. Incluso cuando existen mecanismos de protección, su implementación sigue siendo un desafío. Con frecuencia, las actividades de extracción invaden tierras colectivas indígenas y afrodescendientes sin el consentimiento de las comunidades locales, lo que provoca conflictos sobre la tenencia de la tierra, los derechos colectivos y la expropiación. 41 Vasconcelos, A. 2022. Uncovering the deforestation and climate risks of Chinese and EU soy and beef imports from South America. Washington: Wilson Center. 42 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París. 43 Asamblea General de las Naciones Unidas. 2019. Derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Nota del Secretario General. https://undocs.org/A/74/197 44 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París; Banco Mundial. 2015. Latinoamérica indígena en el siglo XXI . Washington, D.C.: Banco Mundial. 45 OCDE . 2022. Conducta empresarial responsable en el sector extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE , París. 14

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 4.1 VOZ REGIONAL Las implicaciones perjudiciales del extractivismo y del cambio en el uso de la tierra fueron algunas de las preocupaciones más acuciantes planteadas por el Grupo de Trabajo Regional como fuente fundamental de injusticia ambiental. El Grupo señaló en particular las consecuencias negativas que experimentan las poblaciones indígenas, rurales, afrodescendientes y urbanas como producto del modelo de desarrollo impuesto en la región latinoamericana para satisfacer el consumo, el estilo de vida y la acumulación de riqueza en lo que el Grupo de Trabajo denomina“el Norte Global”. Este modelo de desarrollo enfatiza el uso desigual de la naturaleza como bien común, impone una carga de responsabilidades ambientales a las comunidades locales y promueve la degradación de la biodiversidad y el despojo territorial. Más específicamente, enfatiza y fomenta la extracción de hidrocarburos(combustibles fósiles y gas natural, entre otros); los monocultivos agroindustriales que causan la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria; el uso de agroquímicos que aumentan la carga de enfermedades; la deforestación para la producción ganadera y de palma aceitera; la minería de minerales y metales que destruye las fuentes de agua dulce y contamina el suelo con metales tóxicos como el mercurio; la construcción de megainfraestructuras como las presas hidroeléctricas; y los esfuerzos de integración como la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y el Sistema de Interconexión Eléctrica de la Integración Eléctrica para Países de América Central(Siepac). Los miembros del Grupo plantearon dos ejemplos ilustrativos de esta dinámica. El primero es el caso de Guapinol, Tocoa, en Honduras. Explicaron que, de acuerdo con su conocimiento, los miembros de la comunidad de Guapinol no fueron consultados antes de que el gobierno otorgara una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Mientras la comunidad ejercía su derecho a manifestarse, las autoridades estatales y fuerzas armadas privadas la reprimieron, lo que ocasionó múltiples muertos y heridos. El segundo ejemplo planteado fue el caso del Corredor Interoceánico en México. El Corredor Interoceánico es un gran megaproyecto que se está ejecutando en Oaxaca. Su objetivo es conectar el océano Pacífico con el golfo de México a través de una serie de parques industriales a lo largo de un tramo de 200 kilómetros. Los miembros del Grupo explicaron que la construcción de este proyecto ha desplazado a las comunidades, amenazando así su patrimonio social y cultural y dañando la biodiversidad de la región. A pesar de la resistencia de las comunidades, el proyecto sigue adelante. Como ya se ha señalado, el extractivismo se beneficia de la corrupción y exacerba las desigualdades socioeconómicas, enfrentando a las élites económicas con los pueblos indígenas, rurales, afrodescendientes y urbanos. Además, el Grupo expresó su preocupación ante la perspectiva de que la transición energética verde del Norte Global aumente los desplazamientos y la degradación socioambiental, ya que el sector privado no aplica criterios de buena gobernanza y pasa por alto las consecuencias de sus operaciones en los territorios, contribuyendo a menudo a la desintegración del tejido social. 4.2 EL MENSAJE CLAVE El modelo económico actual—opuesto a las prácticas tradicionales locales— extrae recursos de la tierra sin tener en cuenta las consecuencias. Esta práctica insostenible no solo monopoliza las fuentes de vida y sacrifica la biodiversidad, sino que despoja territorios y elimina la diversidad cultural, amenazando en última instancia los medios de vida de sus pueblos. Es importante comprender y promover métodos de desarrollo alternativos que reflejen las cosmovisiones de los diversos pueblos y sus territorios. 4.3 PÚBLICO OBJETIVO El Grupo de Trabajo identificó varios públicos, entre ellos las autoridades locales de los territorios donde se realiza la extracción, los sindicatos, las asociaciones nacionales e internacionales de periodistas, los sistemas internacionales de justicia como la CIDH , la Unión Europea, la sociedad civil del Norte Global y los principales accionistas de las corporaciones. 15

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 4.4 RECOMENDACIONES Para alcanzar la visión articulada en el mensaje clave se recomiendan las siguientes acciones, dirigidas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas recomendaciones ofrecen una orientación general y no se pretende que se adapten a cada público identificado. 1. Convocar a la CIDH para que haga una audiencia temática sobre la relación entre el extractivismo y las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas. 2. Motivar a la CIDH a elaborar y actualizar informes, escenarios y pronósticos regionales para América Latina y el Caribe sobre los impactos del extractivismo en los derechos humanos y los sustentos de las personas. 3. Utilizar el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales(Convenio 169 de la OIT ) y la Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de los Estados Americanos para defender los derechos de las comunidades indígenas y exigir responsabilidades a estados y empresas. 4. Abogar para que se permita a los relatores especiales, como el relator especial de la CIDH sobre derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el relator especial de la ONU para los derechos humanos y el medio ambiente, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el relator de la OEA sobre defensores de derechos humanos y operadores de justicia y el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, participar en la constatación de hechos y la investigación de violaciones. 5. Dada la importancia del acceso a la información para los líderes y defensores del medio ambiente, los estados latinoamericanos deben ratificar y aplicar el Acuerdo de Escazú para que el sector privado y las empresas estatales asuman sus responsabilidades. 16

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 5 JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA La justicia ambiental es un concepto polifacético que vincula las disparidades ambientales y sociales. Este concepto se ha aplicado de diversas formas y ha servido como consigna en campañas, tema de investigación académica, principio rector de políticas y fundamento de movimientos políticos. Comprende tanto un discurso para la elaboración de políticas como un catalizador del cambio social, al tiempo que funciona como herramienta analítica para comprender la distribución desigual de las vulnerabilidades socioambientales derivadas de los cambios ambientales. 46 La justicia climática es, por su parte, un aspecto importante de la justicia ambiental. Hace énfasis en el vínculo entre las emisiones de carbono, el calentamiento global y la distribución desigual de los daños, entre otros. Conecta las preocupaciones ambientales con la crítica al capitalismo global, señalando que las cargas que genera el cambio climático se reparten de manera desigual entre naciones y estratos socioeconómicos. Pone en primer plano los vínculos entre los modelos de producción, el estilo de vida de las élites acomodadas tanto en el norte como en el sur, y la distribución de las vulnerabilidades provocadas por el clima. 47 América Latina no es un gran emisor mundial de gases de efecto invernadero, pues contribuye con menos del 7% de las emisiones mundiales. 48 Sin embargo, debido a su dependencia de los 46 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47 (4), pp. 8-38. 47 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47 (4), pp. 8-38. 48 Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal). 2018. Acceso a la información, la participación y la justicia recursos naturales, su geografía y sus altos niveles de desigualdad y pobreza, América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, ya que trece de los cincuenta países más afectados del mundo se encuentran allí. 49 La búsqueda de la justicia ambiental y climática ha reunido a un conjunto diverso de personas, comunidades y entidades, como movimientos de base, poblaciones indígenas, pequeños agricultores, trabajadores sin tierra, ecologistas y científicos. 50 Esta amplia coalición reconoce la profunda conexión entre los patrones históricos de desigualdad social, discriminación étnica, conflictos ambientales y la integración de la región en la economía mundial. 51 Para hacer frente a la injusticia ambiental y climática es esencial garantizar el suministro de información ambiental de manera rápida y eficiente, permitiendo la participación en la toma de decisiones ambientales y facilitando el acceso a los recursos legales para hacer cumplir las leyes ambientales y hacer frente a los daños ambientales. Estos derechos interrelacionados están consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río y desempeñan en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible( LC/ TS .2017/83), Santiago. 49 PNUD .“Clima, paz y seguridad en América Latina y el Caribe”, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/ lac_guidance_note_-_spanish_version.pdf 50 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47 (4), pp. 8-38. 51 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47 (4), pp. 8-38. 17

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA una función crucial a la hora de abordar los problemas ambientales que afectan de manera desproporcionada a los grupos marginados. Estos derechos garantizan también que los intereses de estos grupos se tengan debidamente en cuenta, en consonancia con la promesa de la Agenda 2030 de adoptar la diversidad y la inclusión. 52 Además, el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales es un elemento esencial para la buena gobernanza de los recursos naturales en la región y puede ayudar a prevenir conflictos. 53 5.1 VOZ REGIONAL El acceso desigual a los bienes comunes y sus consecuencias perjudiciales, el impacto desigual del cambio climático y el costo de la transición verde del Norte Global que soportan las comunidades altamente vulnerables de América Latina, fueron preocupaciones clave expresadas por el Grupo. Un ejemplo que se planteó fue el aumento de la demanda de nuevas tecnologías como parte de la transición verde, que ha incrementado la demanda de minerales estratégicos como el litio. En las provincias argentinas de Chubut, Río Negro, Neuquén, Catamarca y Jujuy, pueblos indígenas, movimientos sociales y sindicatos se han manifestado contra la explotación del litio. Los miembros del Grupo explicaron que estos manifestantes han sido reprimidos, criminalizados y recibidos con violencia por sus acciones. Por otra parte, el Grupo destacó que es necesario revisar la retórica centrada en el carbono en torno a la mitigación del cambio climático, que se enfoca en medir el éxito de la justicia climática y ambiental en función de la reducción de las emisiones de carbono. En su lugar, la narrativa de la transición ecológica debería ir más allá de la mera descarbonización, integrando los impactos locales de los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y sequías, y los costos locales de la transición ecológica para los países y las comunidades locales del Sur Global. También se señaló que la transición energética puede generar nuevas formas de injusticia al fomentar la extracción de los minerales raros que son necesarios para las nuevas tecnologías. Para hacer frente a estas injusticias ambientales el Grupo sostuvo que un buen punto de partida sería aplicar eficazmente los marcos jurídicos de protección de los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales y garantizar su cumplimiento. 5.2 EL MENSAJE CLAVE Para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía contra la repetición de las injusticias ambientales que enfrenta América Latina es crucial que todas las partes interesadas—incluidas las empresas extranjeras y los gobiernos— reconozcan, cumplan y actualicen los marcos legales para incorporar nuevos tipos de delitos penales y criterios de regulación y reparación que puedan ser implementados por los estados latinoamericanos en colaboración con las comunidades y los pueblos de América Latina. Se debe obligar a las empresas a pasar de medidas voluntarias a medidas obligatorias, como las que forman parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo proporciona un marco que permite supervisarlas y responsabilizarlas legalmente por las consecuencias de sus operaciones. Debe obligárseles a que apliquen medidas para reducir su impacto, por ejemplo, que faciliten información sobre sus operaciones y garanticen la trazabilidad de sus productos y cadenas de suministro. 52 Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal). 2018. Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible(LC/ TS.2017/83), Santiago. 53 Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal). 2018. Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ( LC/ TS .2017/83), Santiago. 5.3 PÚBLICO OBJETIVO El Grupo de Trabajo identificó muchos públicos, entre ellos el relator especial de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente saludable, el grupo de trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, la Cepal, el Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las instituciones financieras internacionales. 18

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 5.4 RECOMENDACIONES Para alcanzar la visión articulada en el mensaje clave se recomiendan las siguientes acciones, dirigidas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas recomendaciones ofrecen una orientación general y no se pretende su adaptación específica a cada público identificado. 1. Llevar el debate sobre la financiación de megaproyectos que afectan a los bienes y recursos naturales y a la justicia ambiental a los consejos y mecanismos de reclamación de las instituciones financieras internacionales que tienen inversiones en América Latina, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto garantizará la utilización de los foros adecuados para abordar estas importantes cuestiones y promover la equidad en la asignación de recursos. 2. Solicitar la firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú por parte de todos los países de la región y denunciar las violaciones al Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. 3. Las organizaciones regionales deben presionar a los países del Norte Global para que amplíen o refuercen los mecanismos de supervisión, control y sanción de las empresas, como la ley de diligencia debida en la cadena de suministro de la Unión Europea y el Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. 4. Agilizar los casos de justicia ambiental y climática en los ámbitos nacionales e internacionales, ya que genera jurisprudencia y recomendaciones institucionales a nivel estatal. 19

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 6 PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS TERRITORIOS América Latina y el Caribe es una región que cuenta con una rica biodiversidad, albergando aproximadamente el 60% de la vida terrestre del planeta. 54 En esta región se encuentran seis de los países más biodiversos: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Cabe destacar que la selva amazónica de esta zona es el hábitat más biodiverso del mundo. América del Sur alberga más del 40% de la biodiversidad de la Tierra y más de una cuarta parte de sus bosques. América Latina y el Caribe contiene también los humedales más extensos del mundo, vitales para el agua potable, las necesidades agrícolas y energéticas, el control de las inundaciones, la prevención de la erosión, el transporte de sedimentos y la protección contra las tormentas. Además, desempeñan una función importante en la conservación de las tradiciones culturales. Como ya se ha señalado, la región enfrenta cada vez más presiones sobre la biodiversidad, como la degradación de la tierra, el cambio climático, la contaminación y el uso insostenible de los recursos. Entre 1970 y 2018 se produjo un descenso regional medio del 94% en las poblaciones de fauna silvestre monitorizadas, el mayor de todos los descensos regionales a escala mundial. 55 Aunque las tasas de deforestación en América del Sur han disminuido, siguen siendo de las más altas del mundo. 56 54 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA ). 2016. El Estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe: una evaluación de mediano plazo del progreso de la región en el cumplimiento de las Metas de Aichi. Mayo. 55 WWF . 2022. Informe Planeta Vivo 2022. Hacia una sociedad con la naturaleza en positivo. Almond, R. E. A., Grooten M., Juffe Bignoli, D. y Petersen, T.(eds). WWF , Gland, Suiza. 56 OECD . 2018. Biodiversity conservation and sustainable use in Latin America: Evidence from environmental performance reviews. América Latina depende en gran medida de las áreas protegidas como principal herramienta para la conservación de la biodiversidad. En 2014, el 28% de América Central y el 25% de América del Sur estaban cubiertos por protección terrestre, el porcentaje más alto del mundo. Este porcentaje es significativamente mayor que el de los países de la OCDE , que es solo del 15% 57 y supera también el objetivo internacional del 17% establecido en el Convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas. 6.1 VOZ REGIONAL El Grupo hizo énfasis en la biodiversidad de la región, incluida la agrobiodiversidad, 58 argumentando que la naturaleza y el ambiente, y los pueblos que salvaguardan estas áreas, deben ser protegidos y cuidados. Dado que el desarrollo de las crisis climática y ecológica amenaza el disfrute de los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente saludable, es urgente abordar estas cuestiones por tres razones: 1) la naturaleza tiene un valor intrínseco que debe ser cuidado; 2) las personas son ecodependientes y un ambiente saludable les permite vivir con dignidad; y 3) la biodiversidad permite el desarrollo de la cultura y la soberanía alimentaria. Sin embargo, la conservación de la naturaleza no debe enfocarse simplemente en la creación de parques naturales o zonas protegidas, que en algunos casos restringen el acceso, ya que dicha solución se ha percibido 57 OECD . 2018. Biodiversity conservation and sustainable use in Latin America: Evidence from environmental performance reviews. 58 Entendida como diversidad biológica en su intersección con la diversidad cultural para la alimentación de los pueblos. 20

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA como insuficiente y, en algunas ocasiones, injusta. Aunque en determinados lugares las zonas protegidas son el único mecanismo con el que cuentan las comunidades indígenas para defender sus territorios, a menudo a la población se le impide utilizar o acceder a los servicios de los ecosistemas o a los relacionados con la naturaleza. Por otra parte, el modelo de desarrollo actual se contradice con el cuidado de la naturaleza, ya que prioriza las ganancias económicas a corto plazo y los intereses políticos que promueven la explotación de los recursos naturales por medio de industrias extractivas, como la minería, y de una agricultura y ganadería intensivas que requieren la deforestación y el uso de pesticidas. En la mayoría de los casos, las minorías marginadas que se ven desplazadas son las que protegían y cuidaban sus territorios. Sin embargo, la protección de la naturaleza no debe recaer únicamente en ellas, ni en los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Se trata de un problema social y dejarlo únicamente en manos de los defensores les pone en riesgo. La protección de la naturaleza y los territorios debe realizarse desde la perspectiva de la buena gobernanza, la justicia ambiental y la soberanía de los pueblos. De lo contrario, se corre el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes y crear otras nuevas. 6.2 EL MENSAJE CLAVE Para prosperar, el bienestar de las personas y las comunidades, así como la economía, dependen de la naturaleza, y, con el tiempo, destruirla será más costoso que conservarla. Protegerla puede generar mayor bienestar. A medida que las personas adquieran conciencia ecológica, exigirán un mayor cuidado del medio ambiente. Las prácticas socioambientales y económicas desiguales e injustas intensificarán los conflictos sociales y acarrearán costos financieros considerables a mediano y largo plazo. 6.3 PÚBLICO OBJETIVO El Grupo de Trabajo identificó muchos públicos, entre ellos las autoridades locales, las ONG y la sociedad civil dedicadas al medio ambiente y las empresas del sector privado que ya utilizan prácticas respetuosas con el medio ambiente y producen y venden productos ecológicos. 6.4 RECOMENDACIONES Para alcanzar la visión articulada en el mensaje clave se recomiendan las siguientes acciones, dirigidas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas recomendaciones ofrecen una orientación general y no se pretende su adaptación específica a cada público identificado. 1. Solicitar una audiencia pública con los organismos nacionales de conservación y gestión de los recursos naturales para debatir un enfoque más integral de la protección de la naturaleza en todos sus aspectos. Esto incluiría incorporar los conocimientos tradicionales locales y tener en cuenta los modelos de producción milenarios, que han mantenido la biodiversidad de forma sostenible. Un enfoque más holístico de la protección de la naturaleza liberaría a los defensores de la responsabilidad y los riesgos a los que están expuestos. 2. Crear una legislación más sólida que establezca mecanismos justos de mitigación, reparación e indemnización por daños a la naturaleza. Dicha legislación debería impedir también que se siga destruyendo la naturaleza. 21

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 7 CONCLUSIÓN Los desafíos a los que se enfrentan América Latina y el Caribe son numerosos y graves. La degradación del medio ambiente en la región, que tiene su origen en el modelo extractivista y la gobernanza inadecuada, agrava los problemas de desigualdad y violencia. Dada la naturaleza transnacional de estos problemas y su carácter común entre las naciones, abordarlos eficazmente exige un enfoque regional concertado y colaborativo. En relación con estos temas, identificaron una serie de mensajes clave dirigidos a distintos públicos. Lo que todos comparten es un llamado a las organizaciones regionales para que evalúen y controlen la magnitud de las infracciones y sancionen a los infractores. También piden que se apliquen los marcos jurídicos existentes, como el Acuerdo de Escazú, destinados a la protección del medio ambiente. En representación de una voz regional, los investigadores, las ONG y los defensores de los derechos destacaron que la gobernanza deficiente es una preocupación predominante y que el modelo de gobernanza da prioridad al desarrollo extractivo a expensas de las poblaciones locales. El Grupo señaló también que este modelo de desarrollo extractivo promueve la extracción de recursos naturales y el cambio de uso del suelo, lo que supone una carga para las comunidades locales, fomenta la degradación de la biodiversidad y las despoja de sus territorios. Además, los miembros del Grupo afirmaron que este modelo fomenta las injusticias ambientales y climáticas, y subrayaron que la transición verde está dirigida al Norte Global y se producirá a expensas del Sur Global. Dado que los miembros del Grupo consideran que el modelo de desarrollo actual es problemático para el presente y para el futuro, articularon una visión para un modelo de desarrollo alternativo. Esta alternativa requeriría un cambio en la relación de los seres humanos con el medio ambiente y un alejamiento de las economías extractivas. Reconocería y permitiría otras formas de vida y conocimiento, corregiría las desigualdades existentes y funcionaría dentro de los límites de la naturaleza. También exigiría responsabilidades a las partes—como los gobiernos y el sector privado extractivo— responsables de degradar el medio ambiente y perpetrar injusticias. De este modo, la justicia sería posible. 22

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA ACERCA DE LOS DIÁLOGOS REGIONALES FES – SIPRI Este informe representa la tercera edición de una serie de diálogos regionales sobre seguridad climática. Estos diálogos han sido organizados por el SIPRI en colaboración con las oficinas regionales de la Friedrich-Ebert-Stiftung con el fin de explorar formas de incorporar más eficazmente los riesgos relacionados con el cambio climático en los procesos de paz y seguridad dentro de las regiones propensas a conflictos y establecer una perspectiva y una voz regional unificada sobre los desafíos en cuestión. Cada Grupo de Trabajo Regional lleva a cabo hasta tres diálogos, que facilitan los intercambios entre sus miembros, así como entre diversas partes interesadas y expertos, incluidos los políticos encargados de la toma de decisiones. El objetivo general es fomentar nuevas perspectivas sobre las oportunidades de actuación regionales, continentales, globales y colectivas para abordar y mitigar de forma integral los riesgos de seguridad relacionados con el clima. Adicionalmente, una serie de breves entrevistas en vídeo complementa este esfuerzo, lo que permite hacerse a una idea de la diversidad de puntos de vista y sirve como introducción a las complejidades de cada región. Para consultar los informes anteriores y las series de vídeos de los grupos de trabajo del Cuerno de África(https:// library.fes.de/pdf-files/iez/16301.pdf) y África Occidental(https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/ fes-reportclimate-a4-03.pdf), consulte los enlaces proporcionados. 23

ACERCA DE LAS AUTORAS PIE DE IMPRENTA Caroline Delgado. Directora del Programa de Alimentos, Seguridad y Paz del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo( SIPRI ). Farah Hegazi. Investigadora del Programa de Riesgos y Cambio Climático, SIPRI . Anniek Barnhoorn. Asistente de investigación del Programa de Riesgos y Cambio Climático, SIPRI . Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Oliver Dalichau Representante de la FES Colombia Catalina Niño Coordinadora de proyectos catalina.nino@fes.de Bogotá, febrero de 2024 SOBRE ESTE PROYECTO Este documento es un producto del proyecto de la Frie drich-Ebert-Stiftung( FES ), Red Latinoamericana de Se guridad Incluyente y Sostenible, formada por expertos y expertas internacionales provenientes de los ámbitos de la política, la academia, la diplomacia, el sector de seguridad y las organizaciones de sociedad civil. La Red se creó como un espacio permanente de discusión sobre los desafíos a la paz y la seguridad que enfrenta América Latina y sus impactos sobre la democracia en la región. Para más información, consulte https://colombia.fes.de/fes-seguridad El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

José Antonio Ocampo/ Juan David Torres— CAMBIO ESTRUCTURAL Y DINÁMICA MACROECONÓMICA: LOS RETOS COLOMBIANOS JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Perspectivas de un Grupo de Trabajo Regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad en América Latina  MENSAJE CLAVE 1  MENSAJE CLAVE 3 El liderazgo democrático debe fortalecerse para que logre incorporar una visión clara e integral de la justicia ambiental. Este fortalecimiento debe abarcar por igual a los agentes estatales, la sociedad civil y los movimientos sociales, pues esto permitiría el desarrollo de unas sólidas capacidades de gobernanza de múltiples partes interesadas y aumentaría su potencial para influir en la prevención de la violencia y la protección del medio ambiente.  MENSAJE CLAVE 2 El modelo económico actual—opuesto a las prácticas tradicionales locales— extrae recursos de la tierra sin tener en cuenta las consecuencias. Esta práctica insostenible no solo monopoliza las fuentes de vida y sacrifica la biodiversidad, sino que despoja territorios y elimina la diversidad cultural, amenazando en última instancia los medios de vida de sus pueblos. Es importante comprender y promover métodos de desarrollo alternativos que reflejen las cosmovisiones de los diversos pueblos y sus territorios. Para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía contra la repetición de las injusticias ambientales que enfrenta América Latina es crucial que todas las partes interesadas—incluidas las empresas extranjeras y los gobiernos— reconozcan, cumplan y actualicen los marcos legales para incorporar nuevos tipos de delitos penales y criterios de regulación y reparación que puedan ser implementados por los estados latinoamericanos en colaboración con las comunidades y los pueblos de América Latina. Se debe obligar a las empresas a pasar de medidas voluntarias a medidas obligatorias, como las que forman parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo proporciona un marco que permite supervisarlas y responsabilizarlas legalmente por las consecuencias de sus operaciones. Debe obligárseles a que apliquen medidas para reducir su impacto, por ejemplo, que faciliten información sobre sus operaciones y garanticen la trazabilidad de sus productos y cadenas de suministro.  MENSAJE CLAVE 4 Para prosperar, el bienestar de las personas y las comunidades, así como la economía, dependen de la naturaleza, y, con el tiempo, destruirla será más costoso que conservarla. Protegerla puede generar mayor bienestar. A medida que las personas adquieran conciencia ecológica, exigirán un mayor cuidado del medio ambiente. Las prácticas socioambientales y económicas desiguales e injustas intensificarán los conflictos sociales y acarrearán costos financieros considerables a mediano y largo plazo. 25