ANÁLISIS DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS MUJERES EN POLÍTICA DE LA PARIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE PODER FEMINISTA. ANDREA GUILLEM JUNIO 2023

MUJERES EN POLÍTICA De la paridad a la construcción de poder feminista Las reformas a los diseños institucionales políticoelectorales que garantizan cuotas de participación de mujeres son indispensables pero insuficientes para sentar las bases de una democracia paritaria. En Ecuador, la última reforma al Código de la Democracia aumentó los controles a los partidos y organizaciones políticas para asegurar las candidaturas—tanto pluripersonales como unipersonales— de las mujeres. Dicha reforma ha permitido un aumento de mujeres en las prefecturas en un 75%; en las alcaldías, en un 133%; y en las concejalías, en un 10%. Las brechas de participación entre hombres y mujeres siguen siendo evidentes. Los hombres tienen ventaja: pueden hacer política en un tiempo vital prolongado, mientras que las mujeres lo hacen más jóvenes: debido a las tareas de cuidado y los estereotipos sobre el lugar de las mujeres adultas(de hecho, la vejez es cuestionada en ellas y utilizada para discriminarlas y ejercer violencia política). La paridad es insuficiente mientras no sea interseccional. A pesar de que existen más mujeres en política, vemos aún obstáculos grandes en términos de interculturalidad. En los hombres, el poder se encuentra un poco más distribuido, aunque las brechas siguen siendo preocupantes. Las agendas progresistas y feministas tienen más oportunidades de confluir en c omparación con las agendas conservadoras. En estas últimas elecciones, la mitad de las mujeres autoridades tienen una tendencia del centro izquierda e izquierda con discursos de justicia social y redistribución. Esto es un llamado a las organizaciones feministas a consolidar sinergias que permitan profundizar políticas locales que prevengan violencias y avancen hacia la autonomía plena de mujeres, niñas y cuerpos feminizados.

Índice 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... 4 2. METODOLOGÍA ............................................................................................................................................................... 6 3. ¿DE DÓNDE VENIMOS? PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LOS AVANCES EN DEMOCRACIA PARITARIA .............................................................................................................................................................................. 7 a. Democracia paritaria en Ecuador como horizonte........................................................................................................... 7 b. Análisis de los principales resultados de las elecciones seccionales 2023 obtenidos en el mapeo........................... 12 c. Barreras para ejercer representación y violencia política de género................................................................................ 25 d. Discusión de los hallazgos................................................................................................................................................. 26 4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS ......................................................... 28 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................. 30

1. INTRODUCCIÓN FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Las mujeres y los feminismos han logrado una importante victoria en las últimas elecciones de gobiernos locales. Están en más espacios de dirección y liderazgo en prefecturas, viceprefecturas, alcaldías y concejalías. Perfiles interesantes y prometedores con sensibilidad de género y reconocimiento de las problemáticas que atraviesan las mujeres y niñas se abren paso en medio de barreras estructurales de participación; no obstante, queda un camino por recorrer para garantizar que esas representaciones se traduzcan en políticas públicas que mejoren la vida de todas las personas. Ese trabajo pendiente es una responsabilidad que deben asumir los partidos y sobre todo las organizaciones de mujeres y feministas que buscan construir redes interseccionales que junten esfuerzos para lograr resultados. Este documento cuestiona alcances, limitaciones y desafíos de la paridad democrática como horizonte político feminista. En Ecuador, la participación y representación política de mujeres cuenta con garantías institucionales a través de las cuotas de participación determinadas en el Código de la Democracia. Aunque, no en todas las instancias de representación la paridad ha avanzado de forma sostenida: la última reforma al Código, realizada en 2020, aumentó los porcentajes mínimos de participación de mujeres en candidaturas unipersonales y en las dirigencias dentro de los partidos políticos. Los primeros resultados de estos cambios normativos se reflejaron en las últimas elecciones seccionales 1 del 5 de febrero de 2023, con un aumento nominal de mujeres en cargos ejecutivos de gobiernos locales. Los posicionamientos feministas cuestionan la supuesta universalidad del sujeto político dentro de las democracias liberales: esconden las desigualdades de género y las barreras estructurales que impone la jerarquía varón/mujer; por eso proponen, como horizonte la democracia paritaria.(Cobo, 2002: 30). La democracia paritaria, entonces, se levanta como una bandera estratégica contra el monopolio masculino del poder político. Para este fin, la ampliación de la participación de las mujeres en espacios de representación pública es fundamental para la distribución del poder. La paridad no se reduce al aumento nominal de mujeres en las instituciones democráticas. Asume la experiencia de la subalternidad de las mujeres y los cuerpos feminizados que impone la jerarquía de género como un cúmulo de otras formas de politicidad que iluminan la política desde nuevas perspectivas. En estas historias de las mujeres se intersectan diferentes sistemas de dominio, que enriquecen sus miradas como sujetas políticas. Como bien señala la antropóloga feminista Rita Segato: no basta el cuerpo, entonces si hay una paridad de género, pero en esos cuerpos de las mujeres que entran a los cargos públicos no hay una conciencia de qué es la posición de la mujer en la sociedad y de qué historia venimos las mujeres, cuál es la característica y la acumulación de experiencia de las mujeres, la paridad no llegará a destino con su propósito (Agencia Efeminista, 2023) Así, nos interesa superar la conversación sobre el número y la cuota para entender qué cuerpos y conciencias llegan efectivamente a lugares de representación. Debemos profundizar respecto a qué significa sustantivamente el avance de una agenda feminista, que conqusite más derechos para todas las personas, colocando en el centro el cuidado y sostenimiento de la vida. En este sentido, las últimas elecciones seccionales en las que se centra este estudio se producen en un escenario particularmente complejo para Ecuador. A nivel socioeconómico, el país atraviesa una crisis múltiple: 1 de cada 4 ecuatorianos se encuentra en la pobreza y 1 de cada 5 en la pobreza extrema(INEC, 2023). Mientras, la desnutrición infantil crónica afecta a 1 de cada 5 niños, ubicándose en el segundo país con la tasa más alta después de Guatemala(Unicef, 2023). A esto se le suma una crisis de seguridad por el crecimiento del control territorial de las bandas narco-criminales: la tasa de homicidios es de 14 por cada 100 000 habitantes—la más alta en 10 años—(Banco Mundial, 2023), y las muertes violentas en cárceles ascienden a 413 desde febrero de 2021(Ministerio de Gobierno, 2023). A nivel político, las elecciones fueron acompañadas por la derrota de una consulta popular impulsada por Guillermo Lasso, que demuestra la reprobación de su gobierno con cifras de más del 72%( El Universo, 2022). 1 En Ecuador, se llama elecciones seccionales a los comicios electorales en los que se definen los gobiernos locales: provincias, cantones y juntas parroquiales. 4

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista En este contexto, los gobiernos seccionales son vistos como un espacio para recuperar el control sobre la gestión de lo local. Para enfrentar los problemas económicos, de seguridad y de confianza en las instituciones ante la lejanía del Estado Central.—hoy en una espiral de achicamiento y reducción de sus capacidades para responder a las necesidades de la gente—. El Estado se ha visto particularmente incapaz de hacer frente a las violencias ejercidas contra las mujeres, niñas y cuerpos feminizados que son las más afectadas en estos contextos. De hecho, un estudio realizado por la iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas en América Latina (Iniciativa Spotlight, 2022: 13), que recoge las experiencias de gobiernos locales, demuestra que el incremento de la participación y liderazgo de las mujeres dentro de los espacios de decisión política permite que las instituciones sirvan como enclaves fundamentales para en la territorialización de las agendas de género. Asimismo, es fundamental para cumplir los objetivos de prevención y erradicación de la violencia. Contar con más mujeres dirigiendo cantones y provincias demanda un acercamiento a sus perfiles y trayectorias que nos permita evaluar el terreno de posibilidad para futuras alianzas, cooperaciones y sinergias que efectivicen políticas públicas de ampliación y garantía de derechos desde una perspectiva feminista de cuidado. A la vez, nos permite entender los límites y los alcances de la paridad impulsada por los diseños institucionales y entender dónde se ubican las barreras estructurales y obstáculos dónde se ubican las estructurales y obstáculos que siguen estancando una representación sustantiva del poder ante las necesidades de las mujeres en su diversidad. agendas de trabajo, organizaciones y posibilidades se abren para las mujeres en este nuevo periodo de gobiernos locales. En la cuarta sección, analizamos casos de violencia política y acoso que sufren las mujeres en el contexto electoral. En un primer momento, lo hacemos a través de un mapeo de antecedentes y cifras de violencia política, así como los avances normativos en materias de control y sanción, para analizar cómo se expresaron los casos más evidentes de estos comicios. Además, se exponen los resultados del mapeo que muestran cuántas mujeres electas en las candidaturas de prefectura y alcaldía han sufrido violencia política en algún momento de su trayectoria. Por último, el documento cierra con una sección de conclusiones, y recomendaciones. Aquí planteamos algunas perspectivas críticas sobre la paridad, complejizamos los prejuicios sobre la cuota, las capacidades y la organicidad partidaria/ideológica de las mujeres. En este documento, dejamos abiertas varias preguntas con relación a nuevas formas de ejercer el poder político local y recomendaciones para ampliar la investigación. Todo esto en aras de co-construir redes de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades para mujeres políticas que permita mejorar las respuestas feministas dentro de sus planes de gobierno, controlar y fiscalizar la violencia política, sostener espacios de formación, apoyo mutuo, cuidado y construcción de poder feminista. El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: primero, se presenta un apartado sobre la metodología utilizada para levantar los datos, su procesamiento y análisis con base en la conceptualización de democracia paritaria. Segundo, el desarrollo del documento se encuentra subdividido en cuatro apartados. El primero propone el análisis histórico de la democracia paritaria en Ecuador, principalmente según los avances normativos y de diseño institucional desde la primera ley de cuotas. La siguiente sección, que corresponde a la exposición de los principales hallazgos encontrados en términos de participación y representación de mujeres en las elecciones de 2023, expresa los perfiles de prefectas, viceprefectas, alcaldesas y concejalas, sus trayectorias de vida y políticas y una comparación breve entre los perfiles de sus pares varones. La tercera sección corresponde al an 2 álisis de los hallazgos en los que se problematizan los datos a partir de una mirada crítica sobre paridad. Partimos de la premisa de que no todo aumento de la participación de mujeres implica avances en materia de política pública y de diversidad en la representación; por tanto, es necesario profundizar sobre la identidad binaria femenina/masculino y observar qué 2 Por trayectoria de vida entendemos de qué mundos de trabajo vienen las nuevas autoridades electas; y por trayectoria política, sus experiencias de disputa del poder público. 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 2. METODOLOGÍA El análisis que presenta este documento busca situarse dentro de la discusión teórica sobre democracia paritaria, como un avance de las políticas afirmativas y las leyes de cuotas muy presentes en América Latina durante la década de 1990. Este concepto es introducido en la normativa regional en 2007 con la aprobación del Consenso de Quito en la Décima Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal). Fue expedido por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria que exigía a los Estados y los partidos buscar mecanismos, legislaciones, presupuestos y estrategias para incrementar la participación de las mujeres y la igualdad de género. Luego, desarrollamos un mapeo de perfiles que combinó varias estrategias. Por un lado, buscamos edades y autoidentificación de las mujeres electas; para ello, hicimos varios pedidos de información al CNE de estos datos específicos. Por otro lado, a través de un mapeo uno a uno, logramos identificar la formación profesional de las prefectas y alcaldesas. A través de la plataforma“Conoce a tu candidato”(https://candidatos2023.cne.gob.ec/), revisamos los planes de trabajo de las autoridades electas para buscar propuestas y estrategias de género para examinar el reconocimiento de las desigualdades y las violencias que afrontan las mujeres, las niñas y los cuerpos feminizados. En este sentido, analizamos sus diagnósticos territoriales—para ver si incluyen datos, indicadores que reflejen estas desigualdades— y la parte programática para entender qué proponen ante estos desafíos. Las democracias que no incorporan las miradas, perspectivas y necesidades de las mujeres(en su diversidad) quedan limitadas y perpetúan barreras, brechas y desigualdades. Sin mujeres no hay democracia(Freidenberg, 2015), pero ¿qué mujeres llegan a los espacios de poder y en qué condiciones en comparación con los hombres? Para respondernos esta pregunta nos basamos en los resultados de las elecciones de gobiernos locales más recientes, comparándolas con las tres últimas. Para alcanzar otros datos, como su trayectoria de vida y política, se complementó esta información cuantitativa con un análisis de discurso en medios de comunicación locales con las prefectas, viceprefectas y alcaldesas electas. Esto se dificultó para las concejalías por la gran cantidad de figuras; además, el acceso de información a través de medios locales se vuelve más complejo en los cantones pequeños. Fue útil para profundizar en nuestro análisis de sus posicionamientos frente a los problemas de las mujeres. En primer lugar, a través de un pedido de información al Consejo Nacional Electoral(CNE) obtuvimos las bases de datos de las mujeres electas en 2023. Contamos con la comparación entre mujeres candidatas y electas de las pasadas elecciones en los cargos de prefecturas, alcaldías y concejalías. Esto para tener datos cuantitativos que robustezcan el análisis. Con respecto a las concejalas electas, con base en la cantidad de perfiles, el estudio es más corto; se identifican edades, partidos, posición ideológica y autoidentificación. El análisis de brechas entre hombres y mujeres se realiza en todas las dignidades en el criterio de edad, autoidentificación y posicionamiento ideológico. 6

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista 3. ¿DE DÓNDE VENIMOS? PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LOS AVANCES EN DEMOCRACIA PARITARIA a. Democracia paritaria en Ecuador. Antecedentes importantes. La primera mujer en Latinoamérica en ejercer el derecho al sufragio fue la ecuatoriana Matilde Hidalgo, el 10 de mayo de 1924, marcando así, un antecedente importante y una historia particular de lucha por la paridad democrática en el país. A partir de entonces, hemos presenciado avances y estancamientos a nivel social e institucional con respecto al ejercicio pleno de los derechos políticos de hombres y mujeres. Después de este hito, con su consecuente batalla legal, la Constitución de 1929 reconoce el derecho de las mujeres a sufragar(Moscoso, 2022). Sin embargo, solo 68 años después, en 1997, se aprueba la primera Ley de Cuotas que reconoce la desigualdad en el acceso a cargos de poder por parte de las mujeres, exigiendo a los partidos políticos el 20 % de candidatas mujeres en sus listas. Las leyes de cuotas en Ecuador y en la región han desempeñado un factor decisivo para promover competencias más equilibradas y disminuir las barreras que enfrentan las mujeres no solo para ser electoras, sino también para ser elegidas(Delfino y Schönhaut, 2019: 9). Los avances en términos de representación han avanzado paulatinamente en el país. En 2000, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de Elecciones y su reglamento, en el que se determinaba un aumento progresivo del 5% para cada elección, empezando con el 30% en el número de mujeres en las listas pluripersonales. Así, en las elecciones de 2002, la cuota obligatoria fue del 35%; en 2004, del 40%; y en las elecciones de 2006, del 45%(Ortiz, 2020: 63). Luego de unos años aprobado el reglamento y gracias a la combinación de la lucha social a través del movimiento de mujeres y una coyuntura institucional favorable, se establece en la Constitución de 2008 el reconocimiento al principio de igualdad real y de paridad, producto de un debate amplio de más de 10 años a partir de la primera ley de cuotas(Goyes, 2009). Este diálogo permitió demostrar que la cuota es un mecanismo compensatorio para lograr la igualdad: que no era un privilegio, sino que por el contrario, consistía en una medida de equiparación de la desigualdad histórica de participación electoral de las mujeres, buscando de esa manera que se incluyan a grupos tradicionalmente excluidos a la democracia formal, profundizándola(Goyes, 2009). Para operativizar el mandato constitucional, en 2009, se promulgó la Ley Orgánica Electoral 9 y de Organizaciones Políticas(Código de la Democracia) en el que se establece un sistema de cuotas junto a los principios de paridad y alternancia en listas pluripersonales. Esto permitió mayor equilibrio de partida para las mujeres que participaban en órganos legislativos a través de listas pluripersonales en las concejalías y en la dignidad de asambleístas. No corrieron a la misma velocidad de avance las mujeres que participaban en listas unipersonales de órganos ejecutivos, como presidencia, prefecturas, alcaldías. Así, mientras en 2010 Ecuador era el tercer país de la región con más mujeres como representantes parlamentarias—con un 32.2%, superado solo por Costa Rica y Argentina—, por el contrario, se posicionaba en el puesto 12 de los 16 países de la región con mujeres en alcaldías(Goyes, 2009). De forma complementaria, los esfuerzos realizados en la arena internacional han retroalimentado el trabajo nacional para lograr avances en materia de paridad. Desde la Plataforma de Beijing en 1995—que reconoce el derecho de las mujeres a formar parte de los gobiernos de sus países a través de cargos públicos, comunitarios y privados— hasta el Consenso de Quito(2008)—que establece la paridad como principio impulsor de la democracia y la igualdad (ONU Mujeres, 2021: 7)—, se ha avanzado en acuerdos por parte de los Estados hacia la formulación de leyes de acción afirmativa. Su objetivo es priorizar presupuestos que garanticen la participación plena de las mujeres en cargos de representación. Asimismo, los esfuerzos a nivel nacional del movimiento de mujeres han sido indispensables para el control y la vigilancia en el cumplimiento del principio de paridad y equidad consagrado en normas constitucionales. En este sentido, un antecedente nacional importante es la coalición de 115 mujeres concejalas y vicealcaldesas de diferentes cantones que desde 2019 emprendieron acciones de protección para que se respete la paridad y alternancia en la designación de vicealcaldías, como lo dictamina el artículo 61, numeral 7 de la Constitución de la República y el artículo 44 del Código Orgánico de Organización Territorial(Mantuano, 2022). Por emprender estas acciones, los rostros visibles, como el de la concejala de Otavalo, Paolina Vercoutere, han sufrido de amenazas, aislamiento y la reacción de sus pares hombres dificultando su participación plena(Pichincha Universal, 2022). 7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS No han faltado esfuerzos colectivos en búsqueda de un nuevo sentido feminista de poder no patriarcal. Durante 2021, se construyó la Agenda para un Gobierno Feminista levantada a través de diálogos en 10 de las 24 provincias a nivel nacional con mujeres de diversos espacios políticos y militantes. Retomando el espíritu de la Agenda Política de las Mujeres Ecuatorianas de 1996 y de la Preconstituyente de Mujeres de 2007, se generaron propuestas desde una mirada feminista con enfoque integral de equidad y derechos humanos. La paridad es una bandera de numerosas mujeres que hacen política desde distintas trincheras, que reconocen que no se puede construir un país sin más de la mitad de sus voces. Durante 2020 se realizó una reforma al Código de la Democracia, que profundiza las acciones afirmativas y pone cuota progresiva no solo al encabezamiento de mujeres en listas pluripersonales, sino también a las listas unipersonales, garantizando el principio de alternancia, con el objetivo de contar con el 50% de candidatas para 2025. Además, coloca una obligatoriedad a los partidos políticos de aumentar de forma progresiva el número de mujeres en cargos de dirección; adicionalmente, eleva las sanciones a la violencia y acoso político de género. Las últimas elecciones seccionales celebradas el 5 de febrero en Ecuador nos dejaron resultados necesarios de analizar para evaluar el impacto de estas reformas al Código de la Democracia. Nos preguntamos por aquello nuevo que traen las mujeres a la política y al ejercicio del poder. a. Brechas de participación política entre mujeres y hombres. Diversos estudios coinciden en que las leyes de cuotas y los avances normativos, si bien son necesarios, son insuficientes en sí mismos para asegurar el ejercicio de una democracia paritaria(Freidenberg, 2017; María, 2018; Albaine, 2014). Más allá de los arreglos en el diseño institucional que puedan realizarse, existen barreras profundas que dificultan a las mujeres participar en política para ser candidatas y más para ganar elecciones. Para Flavia Freidenberg(2017), existen cuatro obstáculos principales para la participación política de las mujeres:(a) los partidistas,(b) los político-institucionales, (c) los culturales, actitudinales o ideológicas, y(d) las brechas estructurales. Primero, la barrera inicial se ubica en los partidos políticos, como estructuras masculinas, jerárquicas y verticales que limitan el acceso de las mujeres militantes a candidaturas, puesto que estos se llevan a cabo en procesos generalmente excluyentes y son decididos por un núcleo o círculo central (Freidenberg, 2017). Asimismo, la falta de apoyos financieros partidarios y la dificultad de conseguir recursos y movilizarlos para la campaña electoral, además de las deudas en que incurren las mujeres, las desalientan a participar como candidatas en campañas electorales(Delfino y Schönhaut, 2019). Segundo, los obstáculos institucionales abordan el retraso de la normativa en reconocer desigualdades históricas y cumplir con un mandato de inclusión y paridad a través de acciones afirmativas; por ejemplo, la ley de cuotas antes referida. Tercero, los estereotipos, las normas actitudinales e ideológicas abordan los obstáculos que las mujeres enfrentan socialmente como los prejuicios de género sobre el rol de la mujer. En su mayoría, las mujeres que participan como candidatas sufren de invalidación y de la puesta en duda de sus capacidades dirigenciales o políticas con base en dichos prejuicios. Por último, las barreras estructurales de género se refieren a las desigualdades económicas, como la falta de acceso al empleo pleno, la sobrecarga de trabajo debido al no reconocimiento de las tareas de cuidado, la falta de acceso a la educación formal. Todas estas razones colocan a las mujeres en desventaja para ejercer de forma plena sus derechos políticos:“Esto no es una cuestión menor ya que la ocupación, el nivel de ingreso y el estado civil de las mujeres latinoamericanas está correlacionado con el nivel de participación política femenina”(Pachón et al., 2012: 359). Si revisamos las últimas cuatro elecciones seccionales antes de 2023, podemos evidenciar un estancamiento en la participación de mujeres para cargos ejecutivos elegidas en listas unipersonales, a diferencia de las candidaturas de concejalías, que se vota en listas pluripersonales. A continuación, se presentan datos de participación de mujeres como candidatas y como autoridades electas en las elecciones de 2009, 2014, 2019 y 2023. 8

Prefecturas MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Podemos observar que la tendencia es un ligero aumento de dos mujeres en la prefectura en 2009 a siete para 2023. Sin embargo, la brecha de participación tanto en candidatas como electas con respecto a los prefectos varones es amplia y muy distante a una representación paritaria, considerando que en Ecuador existen 23 provincias que eligen prefecturas. Este aumento de mujeres electas se debe en gran parte a las reformas normativas. Hasta 2020 no existía la obligatoriedad en los partidos políticos de colocar un mínimo porcentaje de candidatas principales mujeres en cargos unipersonales. A partir de esta reforma, hay un incremento; así, sin un diseño institucional con acciones afirmativas, las mujeres en esta dignidad no superaban el umbral del 20%. El estudio realizado por Basabe y Quinga en 2022 analizó el histórico de candidatas mujeres para la prefectura desde 1979 hasta 2019 y encontró que de 1979 a 1992(antes de la primera ley de cuotas en 1997), el porcentaje de mujeres prefectas fue del 0%(Basabe y Quinga, 2022: 31). 10

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista Cuando analizamos qué ocurrió con las alcaldías, miramos que la tendencia es similar. En términos nominales se eligieron más mujeres a las alcaldías que a las prefecturas. Sin embargo, en términos relativos, el porcentaje de mujeres en esta dignidad con relación a la totalidad de alcaldías es menor que en las prefecturas: no es hasta los cambios normativos de 2020 cuando la cantidad de mujeres candidatas y electas se eleva en un 133% de 2019 a 2023. La investigación sobre la paridad en los concejos municipales del periodo 2019-2023, llevada a cabo por Mateo León(2023: 82), abogado e investigador, describe que, del total de 221 municipios a nivel nacional, solo 109 habrían aplicado la paridad en la designación de vicealcaldías; 84 no lo habrían hecho; por tanto no designaron una vicealcaldesa; y en 28 concejos municipales no existe ninguna mujer concejal. Por su parte, la tendencia de mujeres ocupando cargos de concejalías urbanas difiere de los casos de alcaldía y prefecturas, dado que el Código de la Democracia ya garantizaba la paridad y alternancia en listas pluripersonales. El sistema político electoral en Ecuador en los gobiernos municipales se divide por circunscripciones y un clivaje urbano/rural porque reconoce la diferencia de necesidades en las poblaciones urbanas, con mayores accesos a servicios básicos y de las instituciones estatales. De esta manera, en los cuatro períodos, los porcentajes de candidatas electas para concejalías urbanas son mayores del 30%, con un ligero incremento en cada periodo electoral. En el último, vemos un incremento al 42% de mujeres en las concejalías urbanas a nivel nacional; es decir, 365 mujeres en esta dignidad de un total de 863. A pesar de estos incrementos, cuando miramos en la imagen más grande y analizamos la composición de los concejos municipales, comprobamos un predominio masculino. El mismo estudio de León(2023) destaca que para el periodo de gobierno 2019-2023, 183 concejos municipales de 221 tenían mayoría masculina; apenas 9 concejos municipales contaban con mayoría femenina, y solo 29, con una representación paritaria de hombres y mujeres. cuestionarnos si la diferencia nominal entre mujeres concejalas y alcaldesas o prefectas se debe exclusivamente a la falta de un diseño institucional que garantice también en las listas unipersonales un porcentaje mínimo de participación. O si, por el contrario, es una combinación de factores en los que se juega el peso de los estereotipos de género y prejuicios asociados al rol de las mujeres en la sociedad. Se tiene más resistencia a las mujeres a la cabeza de cantones, que las que son parte un grupo colegiado donde su figura no es central, como en las alcaldías y prefecturas. Es interesante mirar la diferencia en el número de mujeres que se postulan en listas pluripersonales—donde el poder se comparte en un concejo municipal en el que se debe negociar con otras fuerzas— versus las mujeres que lo hacen para cargos unipersonales—con un poder más concentrado y directo como primera autoridad—. Esto nos obliga a 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Con respecto a las concejalías rurales, el porcentaje de mujeres candidatas es ligeramente menor que en las urbanas; sin embargo, la brecha de mujeres electas en estas dignidades en referencia a las concejalías urbanas es amplia. En las últimas elecciones, vimos un aumento del 25% al 36% de mujeres en concejalías rurales; es decir, un total de 161 mujeres en este cargo, de 443. Aquí también hay un notable aumento entre 2019 y 2023, periodo en el que se observa el impacto de las reformas al Código de la Democracia. Las mujeres rurales enfrentan barreras adicionales de participación política que las urbanas. Como lo describe la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del Ecuador, Luz Haro(2008: 2) Fuimos objetos políticos y no sujetas políticas, pues siempre nos vieron buenas para preparar el escenario, los canelazos, la comida, pegar propaganda, pedir el voto, aplaudir y sobre todo votar por ellos y ellas. Mas nunca nos consideraron buenas para ser candidatas a dignidades de gobiernos seccionales, peor aún diputadas, alcaldesas o prefectas. Para Luz, los espacios de poder público en la ruralidad se asignan a los cuerpos masculinos que tienen una relación con el poder económico-productivo, mientras las mujeres tienen un rol asignado a la vida privada, doméstica y al bienestar familiar. Los datos y testimonios describen una realidad rural donde se intersecan varias condiciones que limitan el acceso a las mujeres a lugares de poder. En términos de candidaturas, no existe una diferencia notable con las concejalías urbanas, pero sí en el número de las mujeres que efectivamente llegan a representar. En síntesis, en todas las candidaturas vemos un aumento nominal de las mujeres que llegan a los gobiernos locales; no obstante, no tenemos más información ni estudios que puedan medir el impacto que esto supone en términos de política pública local, desde un enfoque de género. Asimismo, carecemos de datos y análisis que nos permitan entender si este aumento en representatividad responde de forma orgánica a colectivos, organizaciones o grupos organizados que nos puedan dar cuenta de nuevas formas de representación y de sujetas políticas dentro de los gobiernos seccionales. b. Análisis de los principales resultados de las elecciones seccionales 2023 obtenidos en el mapeo A continuación, se presentan los principales hallazgos de un análisis con base en el mapeo de perfiles de prefectas, viceprefectas, alcaldesas y concejalas electas para el periodo 2023-2025. Un total de 7 prefectas, 16 viceprefectas, 42 alcaldesas y 366 concejalas urbanas y 161 concejalas rurales ejercerán cargos de representación durante el periodo 2023-2027. En este análisis de perfiles nos guiamos a través de las siguientes categorías: Perfiles: Para ver sus perfiles y profundizar sobre qué mujeres están llegando a lugares de representación, nos preguntamos por sus edades, su autoidentificación, el partido con el que llegaron, su posicionamiento ideológico y su trayectoria personal. Es importante mencionar los límites de este mapeo. El posicionamiento ideológico es un elemento difícil de medir; lo realizamos a través de mirar los principios de los partidos o movimientos con los que fueron candidatizadas. Esto resulta 12

problemático en Ecuador, que tiene un sistema de partidos débil por varios factores: por el multipartidismo extremo genera una dispersión de votos; por un electorado que cambia de partidos de una elección a otra; y por la falta de vínculos estrechos entre los partidos políticos y grupos corporativistas de la sociedad civil(Conaghan, 1995: 220). Así, el acercamiento que hacemos del posicionamiento ideológico de las candidatas por la vía de identificar la ideología del partido con el que se candidatiza tiene límites, sobre todo en las candidaturas de alcaldías y concejalías, pues a nivel de política local los discursos y las propuestas programáticas no se presentan con demasiada claridad ideológica. A esto se le suma que, dentro de los partidos, existen pugnas y disputas, por lo que existen“alas” al interior de los partidos o movimientos más a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, consideramos que es un acercamiento interesante en términos de entender de modo general dónde se ubican las mujeres electas de este periodo e identificar dónde existen potenciales espacios de confluencia para una agenda feminista. · Agendas de género: Revisamos sus planes de trabajo para entender qué tipo de propuestas abordan las problemáticas de violencia y desigualdad contra las mujeres. Utilizamos la estructura analítica de las Agendas de Igualdad construidas por CEPAL y a nivel nacional por la Secretaría Nacional de Igualdad. Ponen como eje central la“autonomía” y la subdividen en tres variables: autonomía física, autonomía económica y autonomía política. La primera aborda todo lo que concierne a los derechos a una vida libre de violencia, el derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva. La segunda, la autonomía económica, aborda lo MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista que corresponde a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, atendiendo las brechas estructurales de desigualdad. Por último, la autonomía política enmarca todas las acciones que buscan promover y garantizar los derechos políticos y de participación de las mujeres (Bidegain, 2017). Esto es importante para identificar qué perfiles de las nuevas autoridades tienen afinidad con ciertas demandas feministas. · Trayectoria política: Revisamos la historia de participación de las nuevas autoridades, para entender cuál es su trayectoria militante, si tienen experiencia en política o si es la primera vez que participan como candidatas. Para ello, nos hicimos algunas preguntas: si han sido candidatas anteriormente en política por su misma fuerza o partido político; si han sido candidatas anteriormente por otras fuerzas políticas a la actual; y si han ocupado cargos de dirigencia en sus partidos o fuerzas. Esto es especialmente importante para entender el impacto de las reformas al Código de la Democracia en términos de apertura a nuevas figuras femeninas y cuántas ya tienen un recorrido previo. Por último, en aras de entender las brechas de participación entre hombres y mujeres y mirar qué hombres y qué mujeres llegan a lugares de representación, desde un lente interseccional, compararon las edades y la autoidentificación. 13

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Prefecturas Para el periodo 2023-2025 contamos con 7 prefectas de 23 provincias que eligen esta dignidad; es decir, el 29% del total de prefecturas las lideran mujeres: tres en la Costa, dos en la Sierra y dos en la Amazonía. Roberta Zambrano, Esmeraldas Abogada, 51 años Centro Derecha, PSC Asambleísta 2017-2019 Johanna Núñez, Santo Domingo Abogada, 43 años Izquierda, RC- Construir Concejala 2014-2018 Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas Marcela Aguiñaga, Guayas Abogada, 49 años Izquierda, RC Directora Nacional del Movimiento RC Asambleísta 2013-2019 2da Vicepresidenta de la Asamblea Nacional 2013 Ministra de Ambiente en el Gobierno de Rafael Correa 2007 Paola Pabón, Pichincha Abogada, 45 años Izquierda, RC Asambleísta 2009-2019 Secretaria de la Gestión Política Lourdes Tibán, Cotopaxi Abogada, 53 años Izquierda, PK Asambleísta 2009- 2017 Secretaria Ejecutiva del CODENPE Dirigenta del Movimiento Indígena de Cotopaxi Magali Orellana, Orellana Abogada, 45 años Centro Derecha, UP- PSP Directora provincial de UP Asambleísta 2009- 2017 Karla Reátegui, Zamora Chinchipe Ingeniera Agrónoma, 40 años Izquierda, PK- UP Ex Viceprefecta 2014- 2018 Primera mujer electa por votación popular Dignidad reelecta AGENDA AUTONOMÍA Económica, Física, Política Perfiles Se verifica un incremento de mujeres al frente de prefecturas en el país, de cuatro en 2019 a siete en 2023. Las cuatro de 2019 ganaron la reelección en sus provincias. Sobre sus perfiles, rasgos comunes saltan a la vista; por ejemplo, todas tienen más de 40 años, con un promedio de 46 años. Seis de las siete son abogadas, todas tienen estudios universitarios y cinco han completado estudios de posgrado. Sobre su autoidentificación, el 71% son mestizas; el 14%, indígena, y el 14% responde“otro/a”. Tres de las siete prefectas pertenecen al Movimiento de la Revolución Ciudadana y aliados, que en el caso de la provincia de Santo Domingo es el movimiento local Construir; dos pertenecen al Movimiento Plurinacional Pachakutik y aliados, que en la provincia Zamora Chinchipe es el partido Unidad Popular. La prefecta de Esmeraldas pertenece al Partido Social Cristiano y la de Orellana es parte del partido Unidad Popular, en alianza con el Partido Sociedad Patriótica. En términos generales, el 62% pertenece a partidos de izquierda; el 13%, a partidos de centro izquierda; y el 25%, a partidos de centro derecha. Aunque es importante tener en mente los límites de basarnos en los partidos para inferir sus posicionamientos ideológicos expuestos al principio de esta sección. Cuando se analizan los datos sobre los dieciséis prefectos varones, observamos un margen de edades más amplio: el más joven tiene 30 años y el mayor, 62; en promedio, la edad de los prefectos electos es 49 años, 3 más que para las mujeres prefectas. Con respecto a su tendencia ideológica, el 43% pertenece a partidos de izquierda; el 31%, a partidos o alianzas de centro izquierda; el 12.5%, a partidos o alianzas de centro derecha; y el restante 12.5%, a partidos o alianzas de derecha. Sobre autoidentificación, el 18.75% es indígena; el 6.25%, montuvio; y el 75%, mestizo. De forma comparada, en esta dignidad, los hombres tienen un margen de edad para ejercer política más amplia que las mujeres. Este es un dato importante para relevar porque nos habla de las expectativas y estereotipos asignados de forma diferenciada sobre las mujeres y los hombres en sus distintos tiempos vitales. Los hombres pueden envejecer y seguir haciendo política sin que eso implique la renuncia a sus familias o una condena social. En términos de diversidad, las brechas de representación intercultural y plurinacional se mantienen dentro de ambos, lo que nos llama a complejizar la paridad desde una perspectiva interseccional. En este sentido, es preocupante la ausencia de participación política de afroecuatorianos y afroecuatorianas en esta dignidad. 14

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista Trayectoria política Las prefectas cuentan con una amplia trayectoria política: cinco se han desempeñado como asambleístas; tres han ejercido cargos de dirección provincial o nacional de sus partidos; además, cinco han estado más de 8 años militando dentro de su partido o fuerza política. Estos datos nos hablan de prefectas con amplia trayectoria y experiencia militante, con una mayoría en la tendencia del centro izquierda a la izquierda. Agendas de género Al analizar sus planes de trabajo—disponibles en la plataforma del CNE“Conoce a tu candidato”— junto al análisis de discurso de las candidatas en medios de comunicación, destacamos algunos hallazgos. El primero es que todas parten del reconocimiento de un problema de desigualdad entre hombres y mujeres dentro de los diagnósticos provinciales en sus planes de trabajo. Sin embargo, las propuestas para abordarlos difieren en su alcance. La Figura N.° 8 muestra un gráfico de barras, donde cada bloque de color representa una propuesta enmarcada dentro de la clasificación de autonomías. El bloque violeta significa que las autoridades reconocen problemáticas de género o de desigualdades entre hombres y mujeres en sus planes de trabajo. Los bloques azules representan propuestas encaminadas a promover la salud sexual y reproductiva y la atención y prevención de violencias de género; los bloques verdes son propuestas que fomentan el desarrollo económico y productivo de las mujeres; y los bloques azul marino representan propuestas que fomentan la participación política de las mujeres. La figura con más propuestas en su plan de trabajo enmarcadas en una agenda de género es la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Su eje principal es la promoción de derechos y la igualdad de género; propone dos proyectos en materia de salud sexual y reproductiva con atención integral ginecológica a mujeres embarazadas, además de campañas de formación en derechos sexuales y reproductivos a jóvenes, sumado a su proyecto insignia“Warmi Pichincha” de atención integral de violencias de género. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, tiene varias propuestas enfocadas en emprendimientos para mujeres, formación técnica y reconocimiento de las tareas de cuidado. La prefecta de Orellana, Magali Orellana, desarrolló propuestas en cada eje y es la única que contempla la formación en participación ciudadana para mujeres. En contraste, la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, por el Partido Social Cristiano, reconoce los altos índices de violencia contra las mujeres expresados en feminicidio y violencia física, pero no existen propuestas específicas para abordar esta problemática. Lo mismo ocurre con la prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui. A pesar de que sus planes de trabajo tienen propuestas importantes para las necesidades locales—como infraestructura pública, desarrollo agrícola, turismo y salud—, que de forma indirecta benefician a las mujeres, no existen programas ni políticas dentro de un marco de derechos que aborde los problemas particulares que enfrentan las mujeres, sus hijos e hijas. 15

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Viceprefecturas De las 23 prefecturas a nivel nacional, 16 tienen viceprefecturas a cargo de mujeres. Esto es producto, en Perfiles parte, de las garantías normativas de alternancia y paridad. La Tabla N.° 1 presenta los perfiles de las viceprefectas. Cuando analizamos los perfiles de las dieciséis viceprefectas electas, que son parte de un binomio hombre-mujer, vemos que el promedio de edad en esta dignidad es de 37 años; la más joven es la viceprefecta de Sucumbíos Paola Palma con 26 años, y la edad superior es de 59 años. Observamos a mujeres más jóvenes en esta dignidad con respecto a la prefectura. El 62% ha completado los estudios de tercer nivel; el 31.25% tiene estudios de posgrado y el 6.25%, los estudios secundarios. El 43.7% pertenece a partidos o alianzas de izquierda; el 37.5% a partidos o alianzas de centro izquierda; el 12.5% a fuerzas del centro derecha; y el 6% a fuerzas de derecha. Sobre la trayectoria personal, el 25% de las viceprefectas electas vienen de la administración pública—como Alexandra Quintanilla, de Azuay, que ha trabajado en el Ministerio de Ambiente por más de 10 años—, el 37.5% viene del activismo social, cultural o comunitario—como Natalia Tanguilla, de Napo, que se desempeñó como vicepresidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo(FOIN) y presidenta de la comunidad Kichwa Utacapi—. Otro 31.75% viene de las actividades profesionales privadas—como la viceprefecta de Morona Santiago, Daniela Vintimilla—; un 6.25%, de los servicios de salud—como la odontóloga Mayra Díaz, de Los Ríos—, y otro 6.25% de la docencia e investigación—como la viceprefecta del Carchi, Verónica García. Agendas de género Se revisaron los planes de trabajo del binomio a la prefectura y se analizaron entrevistas de las candidatas en redes sociales y medios de comunicación. De los dieciséis planes de trabajo y a partir de las declaraciones de las viceprefectas, catorce reconocen problemáticas de violencia de género y desigualdades en sus 16

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista diagnósticos provinciales. Además, algunas se declaran feministas, como Vanesa Lozada, de Tungurahua; de Imbabura, Paolina Vercoutere, quien ha sido un rostro visible en la fiscalización del cumplimiento al principio de paridad; y la antropóloga Lineth Calapucha que busca instalar Warmi Pastaza para la atención integral de la violencia de género. Sin embargo, cuando se analiza la sección programática de los planes de trabajo, no todos tienen estrategias y actividades encaminadas a abordar la problemática de forma específica. Apenas dos de los dieciséis planes de trabajo contemplan acciones y estrategias para fomentar la autonomía física de las mujeres; tres proponen acciones específicas para fortalecer la autonomía económica; y no hay ninguna propuesta que aborde la autonomía política y que impulse el ejercicio de los derechos políticos y de participación. Existen figuras femeninas en la dignidad de viceprefectura, cercana a grupos religiosos y conservadores; por ejemplo, la actual viceprefecta de Santa Elena participó durante 2017 en marchas del grupo“Con Mis Hijos no te Metas”. Trayectoria política Sobre la organicidad, cuatro de las dieciséis viceprefectas han sido candidatas anteriormente a cargos por su misma fuerza política; dos han participado por cargos por otros partidos o fuerzas políticas a su actual partido; y una ha desempeñado cargos de dirección de su partido o fuerza política. En comparación, existe más probabilidad de que se incluyan demandas y programas para atender las necesidades dentro de los planes de acción cuando son mujeres las que lideran el binomio. Observamos que, a pesar de que públicamente y a nivel discursivo las viceprefectas se enmarcan en una reivindicación feminista o de derechos de las mujeres, esto no se traduce necesariamente en estrategias y programas para atender esta problemática. Sus perfiles abren nuevos electorados y amplían el alcance de los binomios, pues observamos que la mayoría de ellas provienen de la administración pública y el activismo social o comunitario. Sin embargo, cuando analizamos las agendas de sus planes de trabajo, los requerimientos de grupos a los que representan no están siendo incluidos de manera programática. Entonces, nos preguntamos si son debilidades de negociación para colocar demandas que las conecten de forma orgánica a una representación de mujeres. En las alcaldías, vemos un aumento de un 133% de mujeres respecto a 2019, en las que ejercieron 18 alcaldesas; para 2023 serán 42 municipios liderados por mujeres. Figura N.° 9: Alcaldesas electas para el periodo 2023-2025 17

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MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista Del total de alcaldesas electas, el 82% cuenta con educación universitaria; el 5%, con educación secundaria; y el 13% con estudios de posgrado. El 38% de las alcaldesas viene de una trayectoria de la administración pública; el 12% se dedicaba a las actividades profesionales privadas; el 10% es empresaria; el 14% viene de una tradición política familiar; el 19% se dedicaba al activismo social y comunitario; el 5%, a los servicios de salud; y el 2%, a la docencia e investigación. 19

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Figura N.° 10: Partidos políticos de las alcaldesas electas para el periodo 2023-2025 Con respecto a la representación partidaria, el 43% de las alcaldesas pertenece a Revolución Ciudadana y aliados(que en distintos cantones son Partido Socialista, SUMA, Izquierda Democrática, Construir), un 14% pertenece a Pachakutik y aliados; otro 12% al Partido Social Cristiano y aliados; otro 12% a CREO y aliados; 5%, al Partido Sociedad Patriótica; 5 % al movimiento regional SII. Luego hay un 9% repartido entre Unidad Popular y aliados, Centro Democrático y aliados, RETO y Movimiento Todos Unidos. Los avances en representación femenina no han sido equitativos en todas las regiones ni provincias. La Tabla N.° 3 refleja el porcentaje de mujeres alcaldesas en relación al total de cantones en cada provincia. Así, en la Costa, por ejemplo, existe un mayor número de mujeres alcaldesas en términos nominales. 20

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista Las provincias con mayor número de alcaldesas son Manabí con 7; Guayas con 5; y Los Ríos con 5. Las provincias que no tienen ninguna mujer en alcaldías son Cotopaxi, Pastaza y Chimborazo. A pesar del aumento nominal de alcaldesas, este no fue equitativo en todas las provincias. Esto nos puede dar unas pistas de que lugares o ambientes en los que las mujeres encuentran mayores dificultades para participar como candidatas y ser elegidas. Respecto a la autoidentificación, para las alcaldesas observamos que 34 de las 42 se autoidentifican como mestizas(81%); dos como indígenas(5%); una como afroecuatoriana; y una responde“otro/a”. Para los alcaldes electos vemos que siete de los 179 se autoidentifican como indígenas; cuatro responden ser montubios; tres dicen ser afroecuatorianos; y 166 responden“mestizo”, representando el 92%. En términos absolutos hay más diversidad en los alcaldes varones en comparación con las mujeres. Sin embargo, en términos relativos, hay más pluralidad con respecto a la identidad en las alcaldesas electas. Sobre las edades, vemos que, en promedio, las alcaldesas electas están en los 40 años. La más joven es la de San Vicente en Manabí, Brigitte García con 26 años, y la mayor es la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Cruz, con 60 años. Vemos una distribución de edades concentrada un 30% en edades de 26 a 35 años; un 42% de 36 a 45 años; un 21% de 46 a 55; y 4% de 56 a 65. Es decir, el 73% de las alcaldesas electas es menor de 45 años. Cuando comparamos la distribución de edades con respecto a los alcaldes varones, existen diferencias. La edad promedio de los 179 alcaldes es de 47 años, siendo el más joven el alcalde de Palenque, Los Ríos, Jordy Carriel con 29 años y en la edad límite superior de 73 años están los alcaldes de Sucre, Manabí, Carlos Mendoza; y el alcalde de Calvas, Loja, Jorge Montero. El 45% de los alcaldes electos se encuentra en un rango de edad de 40 a 49 años; un 22% tiene entre 50 y 59 años, 20% tiene menos de 40 años; 11% tiene entre 60 y 69 años; y solo 1% tiene más de 70 años. Aquí vemos una tendencia más acentuada que en las prefecturas. Los hombres alcaldes tiene un margen más amplio de edad para hacer política, incluso cuando se es mayor de 60 años. Por lo tanto, se evidencia un tiempo vital para hacer política diferente para los hombres, quienes pueden envejecer y seguir dedicándose a la política sin que esto sea un elemento que desaliente el voto. En contraste, la edad en las mujeres marca un momento de su trayectoria vital. Esto puede venir de los prejuicios asignados a lo femenino y la belleza y juventud como un factor clave para el respeto y la admiración hacia las mujeres. No es casual que en el reporte de violencia política realizado por Ciudadanía y Desarrollo de las elecciones seccionales de 2023, el insulto más común en la red social Twitter hacia las mujeres sea ser considerada“vieja”(Corporación Participación Ciudadana, 2023: 3). Trayectoria política De las 42 alcaldesas electas, siete han sido reelectas y catorce se han desempeñado como concejalas en periodos anteriores. Quince han participado como candidatas o han ejercido un cargo de autoridad electa por su mismo partido o fuerza política; once han sido candidatas o autoridades electas por otros partidos o fuerzas políticas a la actual; siete alcaldesas electas han desempeñado cargos de dirección en su partido o fuerza política. Es decir, el 35% de las alcaldesas electas cuentan con trayectoria política institucional. Agendas de género A diferencia de las prefecturas, existe un menor porcentaje de los planes de trabajo cuyo diagnóstico provincial reconoce una problemática de violencia y desigualdad de género. Solo 26 de las 42 alcaldías cuentan con planes de trabajo en los que se explicita este reconocimiento de desigualdad. De estos 26 planes, 12 contienen propuestas para fomentar la autonomía física de las mujeres. Por ejemplo, un programa de capacitación en salud sexual y reproductiva para jóvenes —como propuesta de la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, o la de Diana Anchundia, alcaldesa electa de Buena Fe, de construir centros de atención integral comunitaria para atender casos de violencia de género, fortaleciendo las juntas de protección de derechos. Con respecto a propuestas en autonomía económica, once 21

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS planes de trabajo reconocen la desigualdad y contienen propuestas para impulsar planes de formación, empleabilidad y redistribución de los cuidados. Tal es el caso de la propuesta de la alcaldesa electa de Bolívar, Leydy Muñoz, que busca generar centros de formación integral para mujeres; o la de Merlina Barahona, alcaldesa electa de Logroño, de construir la Casa de la Mujer Emprendedora que funcione de espacio de formación continua para brindar alternativas de emprendimiento. Es importante recalcar que esta última inició una batalla política para que se respetara el principio de paridad y el porcentaje estipulado por el Código para ser candidata. Otra propuesta interesante es la de la alcaldesa electa de La Concordia, Sandra Ocampo, de construir y gestionar guarderías públicas para ayudar a las mujeres a tener más oportunidades de trabajar. Solo tres planes de trabajo que reconocen las desigualdades de género contienen propuestas para fomentar la autonomía política de las mujeres. Por ejemplo, la propuesta de la alcaldesa electa de Ambato plantea construir una agenda de inclusión con la participación de las mujeres, la juventud que guíe su gestión en el municipio. Concejalas Para esta dignidad, el análisis fue más corto debido a la cantidad de concejalías en los 221 cantones de Ecuador. Esto nos llevó a analizar únicamente las concejalías de las cabeceras provinciales y de la segunda ciudad más poblada de cada provincia. más mujeres dentro de las concejalías: 365 de 863 concejalías urbanas, y 161 mujeres de 443 concejalías rurales. Cuando se analizan las concejalías urbanas, vemos que el promedio de edad es de 40 años, mientras que para los hombres es de 47. Se mantiene la misma tendencia: las mujeres se involucran en la política más jóvenes que los hombres. La edad superior en las candidatas electas mujeres es de 69 años y la de la candidata más joven es de 18; mientras, en los hombres la edad superior es de 77 años y el más joven tiene 24. En términos de autoidentificación étnica, las brechas de participación intercultural persisten y son más hondas en las mujeres. Por ejemplo, de las 365 concejalas urbanas, 4 se autoidentifican afroecuatorianas; 4, como blancas; 6, indígenas; 335, mestizas; 13, montubias; y 2, mulatas. Esto se resume en la Figura N.° 11. Mientras tanto, en los varones hay más participación intercultural: de los 498 concejales urbanos, 6 se autoidentifican como afroecuatorianos; 8 como blancos; 25 como indígenas; 430 como mestizos; 22 como montubios; y 2 como mulatos. Aunque la distribución sigue estando concentrada en la población mestiza tanto en hombres como mujeres, para las mujeres diversas con historias y experiencias particulares de los pueblos, nacionalidades y etnias sigue siendo más difícil que para sus pares varones. En términos cuantitativos, en estas últimas elecciones hay 22

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista Concejalas rurales El promedio de edad de las concejalas rurales es de 40.31 años, con un máximo de 67 años y un mínimo de 22. Mientras para los hombres la tendencia se mantiene y sigue siendo más amplia, con un promedio de edad de 46.6 años, la edad del más joven es de 23 y la máxima es de 70 años. En términos de representación intercultural, en las rurales existe una distribución más amplia que en las concejalías urbanas. De las 165 concejalas rurales electas, 33 se autoidentifican como indígenas,(20%), 2 afroecuatorianas, 117 mestizas, 4 montuvias, y 1 blanca. 23

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS En cuanto a los varones para esta misma dignidad, de los 282 concejales rurales, 35 se autoidentifican como indígenas (12.45%), mientras hay 288(80%) que se identifican como mestizos, apenas 5(1.7%) afroecuatorianos, y 2(1.27%) como montuvio. 24

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista c. Barreras para ejercer representación y violencia política de género A pesar del aumento cuantitativo de la representación de mujeres y un avance cualitativo en términos de perfiles de mujeres feministas y coherentes con sus agendas de género, es importante señalar los obstáculos en el ejercicio del poder que enfrentaron durante la campaña electoral y los posibles futuros en el ejercicio del poder. Uno de los principales es la violencia política, que afecta al 66% de mujeres en política en Ecuador(ONU Mujeres, 2019). Las principales expresiones de violencia política incluyen burlas, malos tratos, desprestigio, aislamiento, agresiones verbales, intimidaciones(ONU Mujeres, 2019: 25). El mismo estudio revela que un 30% de mujeres que ejercen cargos de representación han sufrido violencia directa que incluye daños a su propiedad, a su familia o equipo de campaña, golpes, lesiones y amenazas de muerte; y un 16% de mujeres políticas han sufrido violencia sexual. La Convención de Belem Do Pará reconoce que“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”(OEA, 1994). El Mecanismo de Seguimiento a la Convención De Belém do Pará(MESECVI), en 2015, establece la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. Considera: Que tanto la violencia, como el acoso, políticos contra las mujeres, pueden incluir:“cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres”(MESECVI, 2015). En Ecuador, el Código de la Democracia también reconoce la violencia política y la sanciona como una infracción electoral muy grave(Art. 279.14) con multas de hasta setenta salarios básicos, destitución o suspensión de derechos de participación de 2 a 4 años. Un antecedente de la aplicación de la normativa fue la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, en febrero de 2022, al alcalde de Paltas, Jorge Luis Feijoo con una multa de USD 10 625, disculpas públicas y tomar medidas reparadoras institucionales, por incurrir en violencia política contra la concejala y vicealcaldesa Yeniffer López(Mantuano, 2022). Esto sentó un precedente importante para la vigilancia y el control de las mujeres sobre el principio de paridad. Además de esta denuncia, existen varias acusaciones institucionales por violencia política por parte de asambleístas a causa de comentarios sexistas de otros legisladores. En parte, esto ocurre porque, como lo señalan Delfino y Schönhaut(2019), la paridad lograda por diseños institucionales de acciones afirmativas que equilibra las barreras de partida no se refleja en la democratización del poder para que las mujeres logren ejercer sus cargos en igualdad de condiciones que sus pares varones. Muchas mujeres políticas pagan un“costo” por ocupar espacios designados desde las lógicas patriarcales a los hombres y se desenvuelven en ambientes hostiles contra ellas. Estas prácticas y acciones violentas que enfrentan las mujeres ocurren en diferentes momentos y espacios: en la selección de candidaturas, en las campañas electorales y ejerciendo sus cargos de representación y liderazgo. Durante las últimas elecciones se activó la plataforma: Observatorio de violencia política por parte de la Corporación Participación Ciudadana(2022). Se encontraron 67 expresiones de contenido discriminatorio a las candidatas a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca y la prefectura de Pichincha y Guayas en la red social Twitter. Los datos del Observatorio junto al análisis de las declaraciones de las candidatas electas en redes sociales y medios de comunicación nos brindó pautas para entender la violencia política durante la campaña y la que han atravesado las nuevas autoridades durante el ejercicio político. Seis de las siete prefectas han denunciado en algún momento de su carrera violencia política; la mayoría ejerciendo cargos de poder como asambleístas. Por parte de las viceprefectas, tres de las dieciséis han denunciado públicamente violencia política, una ha iniciado acciones legales. Con respecto a las alcaldesas, son menos las que lo han denunciado públicamente: apenas 3 de las 42, como la alcaldesa electa del cantón Simón Bolívar en Guayas, violentada y estigmatizada en medios de comunicación y redes sociales por su vida privada. Así, nos damos cuenta de que las mujeres se sienten más seguras denunciando cuando tienen un mayor lugar de visibilidad. Las mujeres se rehúsan a denunciar estos actos por temor a lucir conflictivas, por la naturalización de estas actitudes y dinámicas; por tanto, por un lado, existe una falta de reconocimiento y, por otro, una falta de justicia, seguimiento y vigilancia en los casos denunciados(ONU Mujeres, 2019: 60). El lugar más común de violencia es el de los medios de comunicación y redes sociales, que muchas veces promueven una figura femenina sin poder, y reproducen estereotipos y roles de género, obstaculizando el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos con derechos de participación (Corporación Participación Ciudadana, 2022). En las entrevistas observadas para este documento, se evidencian situaciones en las que las mujeres son cuestionadas en su capacidad de liderazgo, alegando cumplir con un puesto por una“ley de cuotas”. Eso sufrió la alcaldesa electa de Santa Cruz en el medio de comunicación local cuando le preguntaron:“¿Tú te ganaste el lugar por tu trabajo o por una ley de cuotas(…) desde una supuesta equidad que distorsiona la democracia?”(Radio Encantada de las Galápagos, 2023b). 25

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Adicionalmente, se evidenció la utilización de la figura femenina y las acciones afirmativas para perpetuar el poder de otros candidatos varones. Por ejemplo, el caso de Elsy Ospina, alcaldesa electa de Pueblo Viejo, quien es esposa del tres veces alcalde Carlos Ortega Barzola, quien en todas las entrevistas sale junto a ella y responde las preguntas a los medios de comunicación, como si él fuese el candidato a alcalde. En las entrevistas, vemos la figura de Ospina al lado, relegada y sin voz, mirando a un punto fijo, mientras la conversación transcurre entre hombres(Radio Sibimbe, 2023). masculino/femenino e impulsar acciones afirmativas para mujeres de los pueblos y las nacionalidades, diversidades sexo genéricas, y de habilidades especiales. La misma reflexión y necesidad existe para los candidatos varones. La participación de población indígena en hombres prefectos es del 18%, mientras en las mujeres prefectas es del 14%; por su parte, en población montuvia existe un 6.25% de prefectos y no hay representación de mujeres con esta autoidentificación. Es preocupante la falta de representación afroecuatoriana en prefecturas tanto en hombres como en mujeres. Constantemente observamos barreras de participación no solo de llegada, también en el ejercicio de representación. La violencia y el acoso que sufren las mujeres que deciden hacer política es transversal, independientemente de la tendencia política a la que suscriban(Corporación Participación Ciudadana, 2022). Por lo tanto, las mujeres que tienen hoy responsabilidades públicas deben controlar y denunciar los actos de violencia sin importar el color del partido o la tendencia ideológica. d. Discusión de los hallazgos Los hallazgos en este mapeo nos han dado pistas para complejizar las barreras, los límites y los alcances de la paridad. Reconocemos la necesidad de estos avances normativos que han empujado a los partidos políticos para apostar por figuras femeninas en espacios de dirección local, asegurando una igualdad de partida. En este sentido, el principal crecimiento se ha colocado en las alcaldías, con 133% de mujeres en esta dignidad. Sin embargo, se encuentran muy distantes del horizonte paritario. Asimismo, aquellas mujeres que pagan el costo de hacer política siguen enfrentando barreras estructurales que dificultan una competencia equilibrada en oportunidades y para ejercer poder. Primero, observamos que las edades nos hablan de una participación de mujeres jóvenes, sobre todo en los cargos de alcaldías, en comparación con una representación masculina con un margen más amplio: desde los 25 hasta los 72 años los hombres pueden hacer política y no son cuestionados por su edad; mientras, el margen de edades en las mujeres es de los 26 a los 60 años. Esto se debe a diversas razones; una de ellas es el mandato de juventud y belleza sobre los cuerpos femeninos. De hecho, el adjetivo“vieja” es el insulto más utilizado para atacar a las mujeres candidatas en redes sociales. Por su parte, a diferencia de los hombres en política, a las mujeres se les asignan de forma inequitativa los trabajos de cuidado de la familia, lo que permite a los hombres hacer política con edades avanzadas. Segundo, vemos una escasa participación intercultural tanto en hombres como mujeres. Las brechas existen aun para una representación más amplia, diversa, que responda a las necesidades particulares de grupos históricamente excluidos. En este sentido, la paridad debe ser complejizada desde el feminismo interseccional para romper las lógicas binarias En las alcaldías, en términos nominales, hay más autoridades de pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, hay dos alcaldesas indígenas, una afroecuatoriana. Mientras, en los hombres, vemos la presencia de siete alcaldes indígenas, cuatro montuvios y tres alcaldes afroecuatorianos. En términos proporcionales, persiste la brecha de participación intercultural para esta dignidad tanto en hombres como en mujeres. Tercero, respecto a la ideología, las nuevas autoridades electas se encuentran en un cuadrante ideológico del centro izquierda a la izquierda. El 75% de las mujeres prefectas electas, el 81% de las viceprefectas y el 76% de las alcaldesas electas pertenecen a esta tendencia. Esto es especialmente importante a la hora de construir redes de apoyo, de co-construcción de conocimientos y de control y vigilancia a la garantía de los derechos de participación desde una perspectiva progresista y feminista. Sin embargo, cuando analizamos sus agendas de trabajo, este posicionamiento ideológico no se traduce necesariamente en voluntad política feminista. Por ejemplo, en el 71% de las prefecturas dirigidas por mujeres existen propuestas enfocadas a abordar las desigualdades de género, enmarcadas sobre todo al fortalecimiento de la autonomía económica. Cuando observamos los planes de trabajo de los binomios con figuras femeninas en las viceprefecturas, apenas en el 31% de sus agendas existen propuestas encaminadas a este mismo fin. Es decir, existe una mayor probabilidad de que las demandas feministas sean incluidas cuando quienes dirigen en primera línea son mujeres. En el caso de las alcaldías, vemos un amplio reconocimiento por parte de las mujeres electas con respecto a las desigualdades, violencia y discriminación por razones de género: el 62% de las alcaldesas lo reconocen en sus diagnósticos provinciales y en su discurso. Sin embargo, menos de la mitad de las que admiten esta problemática tienen propuestas, estrategias o acciones encaminadas a resolverlas y hacerles frente. Vemos en este sector una necesidad de fortalecer capacidades de formular política pública con enfoque de género. Una caracterización importante sobre las agendas de género, tanto en alcaldías y prefecturas, es que se puede notar una observación mutua entre mujeres que hacen política, incluso sin ser de los mismos partidos o fuerzas políticas, que han decidido incorporar políticas públicas efectivas en temas de 26

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista género de autoridades que las precedieron. Por ejemplo, la viceprefecta de Pastaza con el proyecto Warmi Pastaza, inspirado en el proyecto Warmi Pichincha, como centros de atención integral promovidos por la prefectura de Paola Pabón. Otra característica de estas agendas, en prefecturas, viceprefecturas y alcaldías, es una postergación de acciones que fomenten la participación y los derechos políticos de las mujeres. El número de propuestas que fomentan la autonomía política es menor a las de autonomía económica y física. Estos hallazgos nos invitan a pensar la necesidad de construir espacios para fortalecer capacidades de las nuevas autoridades para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas locales feministas con enfoque interseccional. Los datos sobre posicionamiento ideológico y su relación con la construcción e implementación de agendas de género nos permiten intuir que hace falta un diálogo entre los progresismos y los feminismos que permita retroalimentar un proyecto amplio de justicia social y redistribución con una perspectiva más amplia que ponga el cuidado como una de sus prioridades. Las agendas de género aún no se ven como herramientas útiles que permitan mejorar la respuesta de la política pública frente a las necesidades de las mujeres. Sin embargo, creemos que al estar las nuevas autoridades electas en un espectro ideológico del centro a la izquierda, este diálogo entre progresismos y feminismos es un pendiente, que permite cuestionar viejas formas de ejercer el poder históricamente masculino y vertical. En esta misma línea, con base en el mapeo realizado, nos oponemos a la idea de que las mujeres llenan cuotas de participación, porque esta afirmación carece de un análisis serio y profundo de sus perfiles que abren espacios nuevos de representación, necesarios para interpelar a un electorado más amplio. El 71% de prefectas tiene una larga trayectoria política: se ha desempeñado como asambleísta y tiene puestos de dirección en sus organizaciones políticas. Entre el 35% y 38% de las alcaldesas cuenta con una trayectoria similar, desempeñándose como concejala y en la administración pública; 19% proviene del activismo social y comunitario y el 7% tiene una trayectoria en los servicios de salud, la docencia o a la investigación. Estos datos nos hablan de mujeres autoridades que conocen sus territorios y han trabajado previamente en política pública local o que han construido tejido social. Por lo tanto, sus perfiles abren nuevas oportunidades de representación e interpelación democrática de otros sectores, cuyas necesidades deben ser incluidas dentro de sus planes de trabajo y gobierno. 27

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS A FUTURO Este documento se planteó como un ejercicio de problematización de la paridad, en sus alcances, limitaciones y desafíos, a partir del análisis de los resultados de las elecciones seccionales de 2023 en las que vimos los primeros efectos de la reforma al Código de la Democracia en el que se profundizan las garantías de participación femenina. Esta reforma ha fomentado la responsabilidad por parte de las organizaciones sociales y políticas de fortalecer el ejercicio de poder desde las mujeres en aras de una representación sustantiva que responda a sus necesidades. En primera instancia, el aumento de la representación en términos nominales es evidente. Se observa un aumento del 75% de mujeres prefectas, del 133% en alcaldesas y un 10% en concejalías; esto es considerable si miramos atrás, pero en términos relativos; es decir, mirando la totalidad de prefecturas, alcaldías y concejalías aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar una representación paritaria en todo el país. Este incremento no ha sido homogéneo en todas las provincias y regiones, lo que nos hace reflexionar sobre la interseccionalidad y acerca de las barreras que enfrentan las mujeres en diferentes contextos culturales y socioeconómicos. Las mujeres traen consigo agendas apegadas a una tendencia progresista de centro izquierda e izquierda, y más de la mitad de las nuevas autoridades reconocen que las mujeres enfrentan desigualdad a la hora de ejercer sus derechos respecto a sus pares varones. Es decir, contienen una sensibilidad que es un terreno de posibilidad para construir tejidos y sinergias entre las agendas progresistas y feministas. Entonces, si hay más mujeres en el poder, significa una mayor probabilidad de que las demandas de las mujeres como sujeto político sean incluidas dentro de sus planes de trabajo y así ir construyendo política pública desde los cantones y provincias, que sean sensibles a las desigualdades de género. Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que es falso que las mujeres llegan a llenar una cuota o son utilizadas para ganar votos por estereotipos de belleza. La mayoría de las prefectas, viceprefectas y alcaldesas tienen una trayectoria política previa y provienen del mundo de la administración pública o el activismo social y comunitario. Esto quiere decir que sus figuras abren otros electorados y otros recorridos militantes que permiten enriquecer las perspectivas de la política pública para integrar nuevas demandas de grupos específicos. Sin embargo, existen casos puntuales de utilización que recaen dentro de la violencia política ejercida hacia las mujeres y sus derechos de participación. Estamos ante una oportunidad histórica para acompañar, fortalecer capacidades y generar espacios de cuidado para mujeres que hacen política y empujar agendas de género progresistas y feministas que transformen las vidas de las mujeres y vuelvan a entusiasmar y encantar la política institucional. No existen, más allá de casos puntuales, mujeres con posiciones reaccionarias ni planes de trabajo de negación o reducción de derechos; es un terreno fértil para tejer. En unos años podremos ver si estos nuevos liderazgos femeninos significan efectivamente una representación sustantiva y diferente de ejercer el poder público. Pero esto no se dará espontáneamente; debemos aprovechar esta avanzada en términos de poder local para generar redes que nos permitan avanzar en la implementación de agendas feministas que incorporen elementos para aportar a la autonomía económica, política y física de las mujeres. Tenemos que complejizar la paridad desde el feminismo y avanzar hacia garantías de representación interseccional, para llegar a mujeres en toda su diversidad, incluyendo las miradas de mujeres de pueblos y nacionalidades que lleven a la política pública respuestas que acorten brechas. De la misma forma, la paridad debe llegar a todas las instituciones del poder público, no solo en los cargos de elección popular; debe avanzar en paridad en las instituciones privadas. Los feminismos necesitan encontrarse desde diferentes lugares para construir mandatos transversales para todas las autoridades que procuren representar los derechos de las mujeres en toda su diversidad. La búsqueda por nuevas formas de conceptualizar y ejercer el poder debe incluir a las mujeres que se encuentran en un lugar de poder público para construir un vínculo de representación sustantivo y que las organizaciones de mujeres y feministas de base y de la sociedad civil puedan nutrir de contenido a las agendas de política pública, ejercer control y vigilancia para la construcción colectiva de nuevas formas de hacer poder. Contar con figuras feministas en gobiernos seccionales es especialmente importante en una situación de crisis institucional, reducción de las capacidades estatales, y crisis económica, donde las mujeres sostienen con sus trabajos de cuidado el tejido social precarizado. En este sentido, trabajar por ampliar los derechos de participación de mujeres fomentando su autonomía política es también apostar porque existan más capacidades de liderazgo que nos permitan encontrar soluciones a los problemas de autonomía económica y física, como un círculo virtuoso. Los gobiernos locales son espacios de mayor permeabilidad por parte de la sociedad civil para activar mecanismos de participación, interpelar al poder público y construir respuestas locales y cercanas a las necesidades de la ciudadanía. Por eso, es clave contar con 28

MUJERES EN POLÍTICA: De la paridad a la construcción de poder feminista autoridades que sean sensibles a las particularidades de las mujeres de forma integral. Las capacidades feministas no se construirán de forma espontánea, sino que debe ser una apuesta colectiva de las mujeres que buscan representarnos y de las feministas en las organizaciones de la sociedad civil que necesitan un Estado garante de derechos. El momento es ahora para tejer redes en una escucha y cuidado permanente, para ir acortando brechas, sustanciar representaciones cada vez más diversas, denunciar y erradicar la violencia política, y pensarnos nuevas formas de ejercer poder feminista. 29

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ACERCA DE LA AUTORA PIE DE IMPRENTA Andrea Guillem es cientista política por la Universidad Central del Ecuador. Investiga temas relacionados a movimientos sociales, democracia, derechos económicos y deuda, desde una perspectiva feminista. Tiene experiencia en comunicación: ha realizado reportajes en Colombia, Chile y Ecuador sobre el movimiento feminista y de mujeres. Escribe en Indómita Media y Novara Media. Actualmente, trabaja en organizaciones de derechos humanos, Fundación Vueltas y Women For Global Fund. Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) Ecuador Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales(ILDIS) Av. República 500 y Martín Carrión, Edif. Pucará 4to piso, Of. 404, Quito-Ecuador. Responsable Anabel Bilbao Coordinadora de Proyectos Telf.:+593 95 882 7289 abilbao@fes-ecuador.org Friedrich-Ebert-Stiftung FES-ILDIS @FesILDIS @fes_ildis https://ecuador.fes.de/ Para solicitar publicaciones: info@fes-ecuador.org La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por la autora ni esta compromete a las instituciones con las cuales esté relacionada por trabajo o dirección. El uso comercial de todos los materiales editados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita.

MUJERES EN POLÍTICA De la paridad a la construcción de poder feminista Las reformas a los diseños institucionales político-electorales que garantizan cuotas de participación de mujeres son indispensables pero insuficientes para sentar las bases de una democracia paritaria. En Ecuador, la última reforma al Código de la Democracia aumentó los controles a los partidos y organizaciones políticas para asegurar las candidaturas —tanto pluripersonales como unipersonales— de las mujeres. Dicha reforma ha permitido un aumento de mujeres en las prefecturas en un 75%; en las alcaldías, en un 133%; y en las concejalías, en un 10%. La paridad es insuficiente mientras no sea interseccional. A pesar de que existen más mujeres en política, vemos aún obstáculos grandes en términos de interculturalidad. En los hombres, el poder se encuentra un poco más distribuido, aunque las brechas siguen siendo preocupantes. Las brechas de participación entre hombres y mujeres siguen siendo evidentes. Los hombres tienen ventaja: pueden hacer política en un tiempo vital prolongado, mientras que las mujeres lo hacen más jóvenes: debido a las tareas de cuidado y los estereotipos sobre el lugar de las mujeres adultas(de hecho, la vejez es cuestionada en ellas y utilizada para discriminarlas y ejercer violencia política). Las agendas progresistas y feministas tienen más oportunidades de confluir en comparación de las agendas feministas con mujeres de tendencias conservadoras. En estas últimas elecciones, la mitad de las mujeres autoridades tienen una tendencia del centro izquierda e izquierda con discursos de justicia social y redistribución. Esto es un llamado a las organizaciones feministas a consolidar sinergias que permitan profundizar políticas locales que prevengan violencias y avancen hacia la autonomía plena de mujeres, niñas y cuerpos feminizados. www.ecuador.fes.de ISBN 978-9978-94-250-5