ANÁLISIS NOTAS SOBRE LA PAZ SIN ESTANQUE 5: RIESGOS Y DESAFÍOS PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES EN COLOMBIA EN 2023 Fescol y La Paz Querida Octubre de 2023

SIN ESTANQUE 5: RIESGOS Y DESAFÍOS PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES EN COLOMBIA EN 2023

CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 4 2 CONTEXTO 5 3 ¿QUÉ IDEAS SE PESCARON EN ESTE ESTANQUE? 7 3.1 Mauricio Vela 7 3.2 Hernándo Llano 8 3.3 Valentina Enciso Andrade 10 3.4 Esteban Salazar 11 3.5 Adriana Benjumea 12 3.6 Jahira Quintero Rodríguez 13 4 CONCLUSIONES 15

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL 1 INTRODUCCIÓN Trabajar por la paz y la reconciliación es un proceso de nunca acabar, más aún, cuando existen muchas y diversas formas de entender lo que significa vivir en paz y hacer las paces, así como muchas apuestas de reconciliación. En este sentido, apostar a estos objetivos implica un constante intercambio de ideas, saberes, experiencias, conocimientos y reflexiones entre diferentes, que nos permitan construir entre todos y todas apuestas de un país justo y libre de violencia, en el que quepamos todos y todas en condiciones de dignidad y equidad. Con este objetivo en mente, la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia(FESCOL) y La Paz Querida han invitado a diversos sectores de la sociedad colombiana para que se sumerjan en conversaciones que permitan compartir reflexiones que busquen incidir en la agenda pública, en favor de la paz y la reconciliación de Colombia. Para ello, en esta ocasión se diseñó un estanque de conversación al que se invitó a participar a un selecto grupo de expertos y expertas, docentes activistas, líderes de investigación, en participación ciudadana y en la defensa de los derechos humanos para lanzar la red conjuntamente y pescar ideas en medio de una conversación franca y honesta. De esta manera, se busca que esta apuesta esté atravesada por un compromiso de equidad interseccional que promueva la convivencia pacífica y que ayude a establecer referentes éticos que sirvan para todas las personas, sin estar atadas a ideologías ni pasiones partidistas, a partir de la dignidad humana como precedente máximo. Con este propósito en mente, el estanque diseñado acoge los principios de la metodología de FishBowl, que busca fomentar relaciones basadas en el respeto y en la apertura para conocer, aceptar y validar puntos de vista diferentes al propio, así como maximizar la escucha, enfocar la atención y generar un ambiente de confianza para sostener una conversación sobre un tema concreto, a través de un grupo y un espacio fluido. En últimas, el objetivo es crear un espacio favorable en el cual compartir y pescar ideas para que, como el agua, fluyan y no se estanquen. 4

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL 2 CONTEXTO Una serie de riesgos y grandes desafíos se vislumbran en el contexto de las elecciones territoriales de Colombia en 2023, que iluminan el futuro político de la nación. Estos comicios, en los que se elegirá a gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y los concejos municipales tienen un contexto especial. En primer lugar, son las primeras elecciones que ocurren durante un gobierno de izquierda, un gobierno que ya lleva un año en el poder; así que de alguna manera son una medición del efecto de ese gobierno en todo el país. En segundo lugar, van a ocurrir en lo que llamaríamos el paradigma de la paz total, intento de este gobierno por reabrir las conversaciones de paz con grupos armados tanto de guerrilla como grupos criminales. Y, en tercer lugar, ocurren también en medio del contexto de una promesa de lucha contra la corrupción. Estos tres factores crean unos desafíos especiales para estas elecciones. El primero es que vamos a tener de nuevo, como muchas veces en el pasado, elecciones en la mitad de una violencia visible en muchas partes del país. El segundo es que hay opacidad en estas elecciones, opacidad entendida como una falta de transparencia; lo que significa que hay corrupción, que hay denuncias de corrupción y de delitos electorales en muchos lugares del país. En tercer lugar, van a ser unas elecciones en medio de una opinión pública muy volátil: las redes sociales, los medios emergentes, el ambiente de opinión del país está muy agitado y en medio de esa agitación hay muchas falsas noticias. Históricamente, Colombia ha enfrentado el embate de múltiples desafíos durante sus elecciones: desde la amenaza de actos violentos perpetrados por grupos armados al margen de la ley hasta la constante sombra de la opacidad en los procesos electorales manifestada en la compra de votos, el constreñimiento al electorado, el trasteo de votantes, el fraude y el financiamiento ilícito de campañas. Adicionalmente, hoy en día la proliferación de la desinformación, la introducción de tecnologías en el conteo de votos y la puesta en duda de la garantía de una transparencia inquebrantable en el proceso electoral plantean nuevos desafíos. Así es que estas elecciones se erigen como una prueba crucial que evaluará la habilidad del Gobierno para garantizar un proceso pacífico, transparente y sin contratiempos. En este contexto, Colombia tiene la necesidad imperativa de asegurar un proceso electoral en el que prevalezcan la paz, la transparencia y la participación ciudadana activa para consolidar con esto los pilares democráticos y la transferencia de poder en el marco de un Estado Social de Derecho. En esta vía, es crucial reflexionar y debatir sobre los desafíos que supone la profundización de la democracia en Colombia, al tiempo que se hace necesario analizar la efectividad de las estrategias implementadas, evaluar los obstáculos que han surgido en el camino y explorar posibles ajustes al sistema electoral y político vigente para avanzar hacia una paz sostenible. Así, la pregunta a resolver fue: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS Y DESAFÍOS QUE ENFRENTA COLOMBIA DE CARA A LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 Y ¿CÓMO PUEDEN ABORDARSE DE MANERA EFECTIVA Y ESTRATÉGICA PARA GARANTIZAR UN PROCESO ELECTORAL PACÍFICO, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO? Para responder a esta pregunta, se contó con la facilitación del reconocido periodista y comunicador social Héctor Fabio Cardona, socio y director de Brújula Comunicaciones, magíster en investigación de la Universidad de Leicester, con especializaciones en comunicaciones estratégicas, manejo de crisis y relaciones públicas. Como ponentes principales, contamos, por una parte, con la participación de Mauricio Vela, economista, estadístico y politólogo, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral( MOE), y de Hernando Llano, abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Estudios Políticos de la 5

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL Universidad Javeriana, PhD en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, socio fundador del Foro Nacional por Colombia, capítulo suroccidente y miembro de La Paz Querida. También contamos con la intervención de un selecto panel de expertas y expertos en la materia como Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas; Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación; Valentina Enciso Andrade, coordinadora de Acción Política de la organización Artemisas; y Jahira Quintero Rodríguez, directora del área de Pedagogía de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans. 6

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL 3 ¿QUÉ IDEAS SE PESCARON EN ESTE ESTANQUE? 3.1 MAURICIO VELA Desde la MOE hemos venido identificando, señalando y documentando los riesgos en tres ejes principales. En el primero, agrupamos todo lo que tiene que ver con violencias. Lamentablemente, en los últimos años venimos de un patrón creciente de presencia de grupos armados ilegales y violencia proferida por estos. Esto viene a acompañar una violencia política que ya estamos viendo reflejada en estas elecciones. Tenemos el registro de un aumento del 75% en violencia contra liderazgos políticos con respecto a las más recientes elecciones locales. Este incremento en los niveles y la magnitud de la violencia es un riesgo bastante alto porque impide que candidaturas puedan ejercer su proselitismo y trabajo electoral tranquilamente, y que puedan transitar e irradiar sus propuestas por los distintos lugares. Peor aún, si algún grupo armado ilegal decide involucrarse en temas políticos y favorecer a ciertas candidaturas en algunos territorios, se constreñiría el derecho a la participación por parte de la población. El segundo eje es el que tiene que ver con indicativos de fraude electoral. Es decir, con aspectos relacionados con la trashumancia electoral, la compra de votos y participación ilegal de funcionarios públicos; elementos que no son nuevos y sobre los cuales las autoridades deben prestar especial atención para garantizar la legalidad del proceso. Finalmente, en el tercer eje consideramos elementos asociados a la transparencia del proceso y a la confianza de la ciudadanía en vías de la legitimidad. Para la MOE, es bastante preocupante ver que entidades oficiales están alertando sobre algunos lugares en los que no se podrían realizar las elecciones. Este es un mensaje muy grave al venir de la propia institucionalidad porque, por ejemplo, un candidato que pierda puede llegar a reclamar y a no reconocer los resultados. Hace cuatro años tuvimos 40 asonadas en diferentes lugares del país. Hubo casos en los que se quemó material o se intentó quemar la sede de la Registraduría. Incluso en tres municipios no se pudo adelantar el conteo y se tuvieron que hacer elecciones atípicas. En este sentido, poco ayuda este tipo de mensajes por parte de la Registraduría, más aún cuando no es de su competencia atender este tipo de violencias. Esto sería una tarea del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, quienes tienen una posición férrea respecto de que aplazar unas elecciones debe ser la última opción a considerar. Hoy en día, la situación se deja ver en algunos municipios del Chocó, como el Lloró y Atrato, donde se han registrado manifestaciones frente a la Registraduría por temas de trashumancia. Es preciso considerar elementos asociados a la comunicación que puedan llegar a erosionar aún más la confianza ciudadana en el proceso electoral, tal como se ha visto en Brasil o en los Estados Unidos de Norte América. Este tipo de situación es grave puesto que el desconocimiento de los resultados por parte de la ciudadanía dicta la carente legitimidad de su democracia. Es claro que ninguna de las instituciones busca que el proceso naufrague—que salgan bien las elecciones les conviene a todas las instituciones— pero en algunos casos luce incipiente la articulación y coordinación que permita trabajar coordinadamente entre las instituciones competentes de las garantías. Se requiere crear un espacio de confianza entre las personas que están a cargo de estas entidades para generar un mensaje claro y común, articulado y con sindéresis. Lo que suele suceder, al contrario, es la desarticulación, cada entidad por su parte, incluso usurpando competencias ajenas o desatendiendo las propias. Otro elemento a considerar tiene que ver con las lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan fortalecer los procesos en la actualidad. El Estado colombiano ha atravesado momentos sumamente álgidos en los que la violencia marcó los procesos electorales—recordemos los años 90 o los 2000—, de modo que tenemos mucho que reflexionar y aprovechar de esas experien7

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL cias que permitan blindar el proceso y trabajar articulada y conjuntamente para evitar la materialización de los riesgos en el proceso electoral. Con respecto al corto plazo, lo importante ahorita es la articulación entre las instituciones. Es fundamental que todas trabajen conjuntamente para realmente hacer frente a todo lo que tiene que ver con la generación de confianza en el proceso electoral y lograr resolver todos los tipos de violencia que están ocurriendo. Un aspecto muy importante acá es que no todas las violencias se pueden meter en la misma bolsa, pues los patrones a los que obedecen pueden ser muy distintos. Puede que tengamos sitios donde no hay presencia de grupos armados ilegales, pero sí hay mucha violencia política y violencia incluso letal contra candidaturas; así como podemos tener otros territorios donde puede haber presencia robusta de los grupos armados ilegales, donde no necesariamente ocurren asesinatos a liderazgos o impedimentos a la participación política de algunas personas, sino un ambiente de crisis humanitaria que genera que posiblemente esas personas no estén interesadas en votar o no puedan votar debido a desplazamientos y confinamientos. 3.2 HERNANDO LLANO Yo voy a intentar hacer una contextualización histórica y una caracterización del régimen político para comprender de una manera mucho más, digámoslo, sistémica y estructural el problema de los riesgos de los desafíos asociados al proceso electoral y eventualmente algunas propuestas para dar respuesta a una mayor participación con transparencia y eficacia. Y para ello voy a empezar con una cita de una famosa declaración que fue la de Sitges 1 de 1957. Recordarán que esto fue con el acuerdo entre Alberto lleras Camargo y Laureano Gómez Castro. Ellos allí expresaron, en el marco de la conformación del Frente Nacional, un postulado, un imperativo categórico desde el punto de vista electoral y político que decía lo siguiente:“ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia”. Creo que, 66 años después de manifestar este principio categórico, las 36 organizaciones políticas que están en competencia en el orden territorial deberían acoger, refrendar y suscribir perfectamente este principio y ser coherentes con él porque, en mi opinión, el mayor riesgo y el desafío principal en estas elecciones territoriales es que muchas de estas organizaciones políticas incurran en una connivencia o complicidad precisamente con organizaciones que tienen prácticas delictivas y hasta criminales para alcanzar un incremento significativo en sus votaciones y una preponderancia en los cargos gubernamentales. Lo más grave es que esta tendencia de las organizaciones políticas a hacer acuerdos tácitos o explícitos o a tener relaciones con este mundo de la ilegalidad y de la criminalidad es algo que en Colombia se ha convertido en algo histórico y sistémico e imperceptiblemente, en mi opinión, ha venido modificando de una manera muy profunda la democracia en Colombia. Esto sucede a tal punto, que planteo como hipótesis y como tema para la discusión que lo que tenemos en Colombia ya no es un régimen democrático con garantías, sino más bien un régimen electo fáctico, que es una palabra muy cacofónica, pero que creo que describe en algo la gravedad de la realidad política nacional. Electo fáctico, en otras palabras quiere decir que las elecciones son condicionadas y en muchos casos determinadas por poderes de facto y estos poderes de facto en muchas ocasiones son legales. Por ejemplo, podemos encontrar en este caso las financiaciones de las campañas electorales por grandes empresas, como fue el caso de Odebrecht. Todos sabemos y ya está comprobado judicialmente que hay condenas en relación con pasadas y recientes elecciones presidenciales en el caso particular de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Pero lo más preocupante son los poderes de facto ilegales, que van desde movimientos que reclaman un proyecto político hasta lo que la ley de paz total llama organizaciones con alto impacto criminal en la sociedad. El régimen electo fáctico expresa en unas dimensiones muy preocupantes la victimización de las y los candidatos. Tenemos, por ejemplo, en constreñimiento a los electores unas historias que van desde los grupos paramilitares, la guerrilla en sus territorios, la parapolítica, etcétera. Y lo más grave creo que es precisamente la violencia encarnizada contra liderazgos sociales que son en esencia expresiones de una democracia viva, pero que son precisamente eliminados. Desde el Acuerdo de 2016 se han registrado más de 1500 líderes y lideresas asesinadas, y 18 en 2023. En cuanto a los reincorporados de las FARC, van 383 asesinados desde 2016 y 15 este año. Ahora, esto en el contexto que estamos analizando de un Gobierno de izquierda cuyo compromiso ha sido precisamente el de cumplir cabalmente el acuerdo de paz, considero que revela, precisamente, que quizás el mayor desafío o riesgo es el de poder contener esas dinámicas de un régimen electo fáctico y recobrar la confianza de la ciudadanía en un régimen democrático. 1 Ver en https://www.comisiondelaverdad.co/el-pacto-de-sitges 8

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL Pero para eso, yo creo que, además de la articulación institucional, que me parece muy importante para esa armónica coordinación, el presidente debería dejar de utilizar tanto la pluma y el discurso o el lápiz con que aparece casi siempre en sus intervenciones y poner más énfasis en la espada, es decir, en las garantías para la población y las candidaturas a través de la fuerza pública. Creo que hay que recordar ese principio básico de la paz que expresó Hobbes en el Leviatán que dice que los pactos sin la espada son solo palabras y que la paz es realmente el derecho a la democracia. Para retomar el problema de la falta de coordinación institucional, es un embrollo del que yo diría que es de orden casi que ideológico y conceptual para la izquierda. Parecería que le cuesta mucho trabajo desarrollar políticas de seguridad eficaces. Aunque este Gobierno lo tiene claro desde el punto de vista conceptual con el de la seguridad humana; en la realidad este aspecto de tener acciones concretas de seguridad territorial—y no solamente el concepto vago y abstracto de seguridad humana— hace que precisamente las organizaciones armadas ilegales, que son muy complejas y diversas (hay que considerar las diferencias entre el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos criminales de alto impacto),), resulten no ser muy coherentes entre lo que anuncian en las mesas de diálogo y las acciones que emprenden en los territorios. Por ejemplo, el ELN ha expresado en comunicados que no van a intervenir en las elecciones, que no van a constreñir electores; pero la MOE y todas las organizaciones que hacen observaciones en territorio lamentablemente constatan que eso no se está cumpliendo. Entonces yo creo que el presidente debería tener una incidencia mucho mayor en términos de estrategias eficaces de seguridad pública y de exigencias, ya también no solamente de parte institucional, sino de los movimientos ciudadanos y sociales de confrontar este tipo de organizaciones que dicen tener un discurso en defensa de la democracia o profundización de la democracia, pero que en los hechos desdicen por completo esa realidad. El politólogo argentino Guillermo Dowell señala que el régimen político está conformado por una serie de patrones o de prácticas que son formales o informales, explícitas o implícitas; es decir, que están en las leyes o que están en las prácticas, que determinan aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los conductos o los mecanismos a través de los cuales se accede precisamente a los cargos de mayor decisión política en una sociedad? Obviamente, esos mecanismos son las elecciones pero, como vemos, en la práctica están permeados por patrones informales tales como el clientelismo, la corrupción, el constreñimiento al elector, etcétera. La incidencia impresionante de los clanes, que hacen una especie de cooptación total no solo del Estado sino de las elecciones, es por lo que se pierde la esperanza porque, como decíamos, ya se sabe quién va a ganar, o sea, esta carrera de caballos no tiene ni sentido hacerla. Si bien las actuaciones de estos clanes políticos regionales no están relacionadas específicamente con violencia directa, sí lo están con el acopio de una serie de recursos y de estrategias que permiten, precisamente a través de las elecciones, llegar a altos cargos de dirección política que definen no solamente el funcionamiento del Estado, sino, lo que es más importante, la calidad de vida de la ciudadanía. De modo que esto constituye una violencia política en sí misma que no es necesariamente la violencia de las guerrillas o de los grupos criminales, sino una violencia que podríamos llamar casi partidista. Esta parece la mayor barrera para una verdadera democracia. La segunda dimensión de un régimen político considerado electo fáctico es que también incide en cuáles son los actores políticos protagónicos admitidos y excluidos. Por ejemplo, en Colombia tuvimos un periodo de violencia política extraordinario que excluyó del sistema político a tres candidatos: uno, el de mayor favorabilidad para llegar a la presidencia, fue Luis Carlos Galán, y los otros dos, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizano, eran candidatos alternativos. Estos poderes viven excluyendo liderazgos de carácter social, político y comunitario. Entonces, cuando tenemos esos alcances y esas dimensiones de poderes de facto, se genera algo complejo, puesto que a veces recurren a la violencia directa, pero otras veces inciden a través de prácticas informales y de acuerdos implícitos y privados con organizaciones o con recursos y estrategias de orden más o menos ilegal o más o menos criminal. Lo que se encuentra en la historia política reciente de Colombia es que varios presidentes han accedido al ejercicio del poder haciendo acuerdos a veces tácitos o implícitos con poderes de facto. Tal fue el caso de Ernesto Samper Pizano en la segunda vuelta de elecciones, quien recibió apoyo de sectores del narcotráfico. Luego, Andrés Pastrana Arango al parecer no habría alcanzado la presidencia de no haber hecho un pacto con las FARC con respecto a la zona del Caguán. Después vino Álvaro Uribe Vélez con su coalición en lo que se conoció como la parapolítica y, para no ir más lejos, el escándalo que rodea la financiación de las campañas de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga por parte de Odebrecht. Entre estos casos también están los posibles nexos con criminales de la campaña de Iván Duque enmarcados en lo que se llamó la ñeñepolítica o el escándalo de la financiación de la campaña del actual presidente Gustavo Petro y las declaraciones de su hijo Nicolás así como 9

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL las de su hermano Juan Fernando, quien hizo explícito que las visitas a las cárceles en época electoral tenían un mensaje tácito de que la Paz Total permitiría a las organizaciones de alto impacto criminal transitar a una especie de sometimiento a la justicia. Entonces simplemente señalo esas coincidencias tan fuertes y tan distintas porque tienen obviamente estrategias políticas, objetivos políticos diferentes, pero obedecen a unas lógicas soterradas muy similares. 3.3 VALENTINA ENCISO ANDRADE Considero que vale la pena problematizar qué implica una democracia y también cómo vemos la paz en este Estado democrático. En este sentido, hay varias cifras que creo que dan cuenta de ello: por ejemplo, en Colombia aproximadamente el 80% de las personas desconfían totalmente de la democracia. Siempre pensamos en el ámbito Nacional de presidencia, de congreso, pero creo que nos falta mucho el análisis de lo que pasa a nivel territorial y cuáles son esas implicaciones que tienen frente a cómo confiamos en la democracia a nivel territorial. Teorías de la ciencia política hablan de cómo puede medirse la satisfacción de la población en relación a la democracia. Se ha dicho constantemente que somos la más estable de América latina, pero esto se debe a que en Colombia no ha habido dictaduras o regímenes autoritarios. Pero entonces, si bien no hemos tenido dictaduras ni tenemos un régimen autoritario, no podemos olvidar el influjo generado por el conflicto armado interno. Eso no se considera una dictadura, desde luego, porque no ha detentado el poder político, pero sí hay un control y un ejercicio de poder a nivel territorial, entonces la pregunta es ¿qué pasa con esa democracia?, ¿será que la democracia solamente está situada en ciudades, en cascos urbanos?, ¿qué pasa con lo que está a nivel descentralizado? También desde la teoría política, se ha afirmado que la violencia recrudece cuando hay elecciones y eso es precisamente lo que está pasando actualmente en Colombia. Ya la Defensoría del Pueblo alertó a 113 municipios con alerta máxima de que no van a poder tener elecciones sin actos violentos, entonces ahí volvemos a preguntar ¿qué implica una democracia para Colombia y dónde está la paz en estos temas de democracia? Otro elemento que suele pasar por el olvido o la invisibilidad tiene que ver con quiénes hacen parte de esta democracia. Cuando hablamos de quiénes hacen parte de esta democracia, quiero resaltar en particular el caso de las mujeres, que hemos tenido múltiples dificultades y barreras frente a lo que significa integrar y consolidar una democracia. En el caso de Artemisas, los pilares y lo que aviva la organización son justamente estas redes de incidencia de mujeres políticas que están situadas en territorios de conflicto armado. La mayoría de mujeres con las que nosotras trabajamos está en el Cauca, está en el nordeste antioqueño, están en Bajo Cauca, están en la zona Caribe. Por ejemplo, hemos trabajado un montón con el nordeste antioqueño en esta última temporada porque hay un clamor importante frente a qué pasa con nuestros liderazgos cuando nos lanzamos a la política. Esta red es“Nosotras Ahora”. Empezamos acompañando a cerca de 150 mujeres que querían lanzarse a la política y que tienen convicciones, por ejemplo, de cómo empezar a modificar el sistema político que está en las regiones. Al momento, 93 quedaron como candidatas, lo que se traduce en un 62%, que si bien es un porcentaje nada despreciable es apenas quizás el primer escollo a superar, pues es una lucha constante la consecución de los avales. Los partidos políticos no ofrecen garantías para que las mujeres puedan participar en política y observamos en muchos casos una instrumentalización de esos liderazgos femeninos y diversos para cumplir con la ley de cuotas y después ya no hay un seguimiento ni un monitoreo, apoyo o respaldo. Lo segundo tiene que ver con hechos de violencias físicas, simbólicas, psicológicas y demás al interior de las colectividades políticas por parte de sus propios colegas, al punto de que muchas de estas mujeres terminan renunciando a sus curules y cediendo el lugar que les correspondía y que habían ganado legítimamente para que sea ocupado por algún hombre. Otra variante muy actual tiene que ver con la violencia política digital, de la que no se ha conversado lo suficiente, pero que también está siendo muy cruda cuando hablamos de los liderazgos de las mujeres. Y si no hacemos algo para que las mujeres tengan garantías de participación en una democracia, entonces esa democracia está totalmente incompleta. Ahora, ¿qué necesitamos y cuál es el clamor a largo plazo para que esto deje de pasar? Una reforma política que esté centrada en cómo hacemos que los liderazgos de las mujeres diversas y también de otras representatividades estén realmente tomando decisiones a nivel territorial. Creo que esta es una garantía que tiene que brindar el Estado colombiano pero que también pasa por los partidos políticos: que se revise de qué manera se van a conformar estas listas de elección popular, pero también cómo vemos las mujeres al interior de los partidos políticos, para que estas ocupen de pronto cargos de toma de decisiones y liderazgo. También debemos revisar cuáles 10

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL son los cargos que ya se están ocupando al interior de los partidos políticos porque casi siempre son los administrativos—que no está mal, por supuesto, es un trabajo muy digno—, pero que muchas veces encasillan a las mujeres en roles asistenciales que ponen distancia a su posibilidad de mostrar sus capacidades en función de la alta dirección de dichas colectividades. Finalmente, hago un llamado a quienes van a ser electos ahorita a finales de octubre: los invito a mirar cómo vamos a articular acciones en clave del Plan Nacional de Desarrollo con las entidades territoriales; y allí, digamos, hay tres componentes claves para empezar a pensar: las garantías de vida digna en los territorios, la paz total y el concepto de seguridad humana, que debe poner en el centro a las personas en sus diversidades. 3.4 ESTEBAN SALAZAR Desde la Fundación Paz y Reconciliación en el ejercicio investigativo que hemos adelantado sobre estos riesgos durante los últimos años, hemos identificado tres grandes riesgos. El primero es un riesgo asociado a la violencia político electoral. Hemos sistematizado y analizado información asociada a los hechos victimizantes y las víctimas en Colombia sobre los perfiles de precandidatos, candidatos, funcionarios de cargos de elección popular, periodistas y denunciantes de corrupción, como los hechos de violencia dirigidos a los procesos electorales en el marco y cada uno. En ese ejercicio, en los 10 primeros meses del periodo electoral, hemos registrado 219 víctimas de 175 hechos victimizantes, lo que se traduce en que día de por medio en Colombia se presentó una víctima de violencia político electoral en 2019, comportamiento que se mantuvo en 2022. Esto implica entonces que hay que replantear la forma en la que se evalúan los procesos, y las metodologías de revisión que afirman que simplemente por la presencia de economías ilegales o estructuras armadas ilegales hay violencia política. Por ejemplo, lo que ha venido sucediendo con los liderazgos sociales, que es un fenómeno sistemático desde la firma del acuerdo de paz y no responde entonces solamente a un proceso electoral. De hecho, los picos de violencia más altos son previos a la inscripción de candidaturas y previos al día de las elecciones. Esa violencia político electoral de carácter dirigido y selectivo no se da necesariamente en departamentos y municipios donde hay presencia de estructuras armadas o economías ilegales. Esto es muy revelador porque incluso en el 70% de los hechos victimizantes de esa violencia político electoral no se conoce quién es el agente perpetrador, de modo que la impunidad es ley. En ese marco, el hecho de que Gustavo Petro y Francia Márquez hayan llegado al poder cierra de facto un ciclo de violencia política que excluía a las izquierdas del poder nacional. Si bien ya en 2019 se había logrado en las 10 capitales departamentales más importantes del país, es posible ahora avizorar una alternancia al interior de los poderes políticos, en los que izquierdas y movimientos alternativos han llegado a estos cargos de elección popular. En definitiva, hoy la violencia no es comparada con la lógica contrainsurgente o insurgente que vivíamos a final de la década de los 90 y principios de los 2000. La violencia, entonces, no puede ser ligada únicamente a la presencia de actores armados ilegales y su influjo, sino como parte misma del enfrentamiento político. Esto es revelador por una razón: la violencia en Colombia—a pesar de los ciclos de violencia y de exclusión de las izquierdas y movimientos alternativos que hemos cerrado— hoy ya no se puede leer en los mismos términos porque se ha convertido en un mecanismo más de competencia electoral. Es decir, hoy los clanes políticos, las oficinas de sicariato y candidatos y precandidatos están utilizando la violencia como un mecanismo más, como lo es la corrupción, la compra de votos y como lo son incluso las apuestas ideológicas; y a eso hay que ponerle muchísima atención porque es un nuevo planteamiento que se ha venido dando. El segundo es un tema estructural e institucional: no es posible que en el 2022 se hayan perdido un millón de votos a la luz de la Registraduría, y que el contratista que va a adelantar el nuevo proceso sea el mismo responsable de aquella pérdida. Adicionalmente, consideramos que el Registrador está extralimitándose en sus funciones como lo hizo el año pasado, al decir que hubo ataques de hackers rusos, y que había apoyo del FBI—cuando el mismo FBI y la embajada de Rusia lo desmintieron—., Parecería querer ocultar su negligencia en un problema de violencias, a lo que han hecho eco organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo con el último informe que sacó. El tercer riesgo recibe la denominación de autoritarismos subregionales. Estos son los llamados clanes políticos, que mandan y que tienen el poder de facto en Colombia. Son 51 clanes que a nivel subregional tienen capturada la institucionalidad, tan así, que hoy muchos departamentos no van a tener alternancia del poder político en sus gobernaciones; son departamentos donde definitivamente ya se sabe quién va a ganar. Otro elemento a evaluar gira al rededor de la represen11

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL tatividad de las agendas de las mujeres. Es decir, el tan solo el hecho de ser mujer no debe permitir la inclusión de sus agendas en el debate y la construcción de soluciones desde lo público. Hemos documentado casos en los que son precisamente mujeres las que, detentando el poder de manera patriarcal, cierran la vía de las agendas feministas y de avance de las mujeres. Se requieren mujeres que representen a otras mujeres, pero por fuera de las castas y de las prácticas patriarcales, de modo que el solo sexo mujer no produce el cambio, se necesitan mujeres y hombres democráticos. este Gobierno. El primero es que si partimos de la premisa de que las democracias más sólidas son las que vinculan a las mujeres, ya hubo un primer riesgo que tuvieron las candidatas hoy en las entidades territoriales en este país, y es que al caerse la reforma electoral se cae la financiación de las campañas, que impacta de manera distinta a las mujeres. Así mismo, quiero llamar la atención sobre el incumplimiento del acuerdo de paz y las medidas de género que proponía, que se vinculan directamente a lo que hoy el gobierno denomina la paz total. Por último, desde la Fundación, en términos de seguridad, hemos también hecho advertencias al Gobierno nacional en lo que respecta a los ceses de fuego bilaterales y a los procesos de la Paz Total que se han venido adelantando. Es necesario involucrar garantías para la participación política efectiva y pacífica en los territorios en donde se van a llevar a cabo elecciones y en donde seguramente hay riesgos. Los ceses al fuego no contemplan este tipo de garantías de participación política y en este contexto sería muy valioso por parte de los grupos armados organizados que tuvieran esa muestra de voluntad si quieren además posteriormente competir en democracia. 3.5 ADRIANA BENJUMEA Lo primero que quiero decir es que es muy complejo hoy hacer un análisis de los retos y desafíos en esta contienda electoral en un escenario que cambia fundamentalmente en lo que se denomina como la transición democrática, o sea, el paso del poder por primera vez a la izquierda. En segundo lugar, otra complejidad es el análisis de los impactos diferenciados que hay en el hecho de hacer política para las mujeres y para los hombres. No es ajeno que el juzgamiento y la espada que se levanta ante los ejercicios políticos y democráticos que realizan las mujeres es mucho mayor. No es ajeno que, por ejemplo, un caso de infidelidad por parte de un candidato hombre no sea juzgado tan duro por parte del electorado mientras que si hubiese ocurrido con una candidata mujer el hecho impactaría de manera muy contundente y muy probablemente le cueste la elección. Es preciso descifrar y visibilizar los riesgos específicos de hacer política para las mujeres y considerar que la violencia política contra ellas es muy distinta a la que se puede ejercer sobre los varones. Desde esa perspectiva, hay dos postulados fundamentales que nos marcan la línea de desafíos y de retos de El acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP consideró 26 medidas de género en el tema de participación política. En ese tenor, la Plataforma GPaz publicó el cuarto informe sobre el seguimiento a la participación política y, de esas 26 medidas, en más del 50% no se ha avanzado. Ahí se ubica un reto fundamental para este gobierno: debe tomar medidas fundamentales tales como la promoción de la participación política de las mujeres en los temas territoriales y la creación del sistema de información sobre riesgos particulares de las mujeres— que aún no existe aun cuando el acuerdo se firmó en el 2016—. Hoy los riesgos de las mujeres que hacen política, no solamente consisten en la violencia política, sino también en cómo se nombran, en cómo se vigilan, en cómo se les pide a ellas un ejercicio democrático que históricamente no se les ha pedido a los varones. Creo que nos plantean unos retos fundamentales en lo territorial para que evolucione de la tradicional mirada sobre las capitales de este país e incluya a la periferia. Esta es una periferia, además, que este país ha empobrecido para apropiarse de la madera, para apropiarse de la selva, para apropiarse de los recursos naturales. Ahí se disputa poder político duro en lo territorial, en las alcaldías, en los concejos, y ahí hoy no hay seguridad. Adicionalmente, es fundamental que quede claro que los actores armados ilegales, estén o no negociando con el gobierno, no pueden hacer amenazas ni llamar a reuniones a las candidatas. Esto es lo que está pasando en municipios como Bahía Solano, como El Carmen de Atrato, como Istmina, Medio San Juan Quibdó. Es vital que aparezca clara y contundentemente la vinculación entre la paz total, los acuerdos con el ELN y la generación de unas elecciones transparentes, seguras, con garantías para las mujeres; así como el cumplimiento, por lo menos de acuerdos mínimos, que ya se habían establecido en las medidas de género del acuerdo de paz del Teatro Colón. Entonces, creo que es muy interesante pensar en que hoy hacer análisis de lo territorial en las elecciones y pensar en desafíos y retos pasa necesariamente por 12

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL pensar en el impacto distinto de la violencia política sobre las mujeres y hombres que ejercen o quieren participar en política. En esa misma vía, la consolidación de una agenda feminista no constituye una pérdida para los hombres, pues si avanzan las mujeres avanzamos en conjunto. Tenemos que ver si, tal como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo, seremos una potencia mundial de la vida. Lo que no se vale, pues, es que haya una vida que valga más que otras, o sea, que no haya medidas de seguridad para las mujeres, candidatas, para las defensoras, para las personas trans. Esas vidas tienen históricamente unas miradas, unos aportes y unas afectaciones diferenciadas, entonces no se puede asumir que las medidas de protección utilizadas para cuidar a los hombres candidatos sean las mismas para proteger la vida y participación de las mujeres diversas. 3.6 JAHIRA QUINTERO RODRÍGUEZ Ustedes dirán“¿qué hace una persona con experiencia de vida trans en ese panel?” Les agradezco a las compañeras que hayan ofrecido contexto con relación al enfoque de género porque también la pregunta que hay que hacer es ¿qué está pasando con la participación política de las personas con experiencia de vida trans en Colombia? y ¿cuál es el riesgo que implica para las personas con experiencia de vida tras participar en las elecciones territoriales? Si partimos de esa inquietud democrática, el riesgo principal que podemos abarcar es el no reconocimiento de las identidades trans. Para empezar, hace falta el derecho a la garantía de reconocerse trans a las identidades diversas porque nosotras también somos parte de esta democracia, hemos participado en las elecciones y, como garantes, quisiéramos poder hacerlo de una manera segura y libre de discriminación. Es curioso ver cómo a nosotras se nos ha limitado el acceso a la participación política porque incluso el poder participar allí nos enfrenta a unas barreras. Si bien parecería que los días de la inclusión real han llegado, al revisar con mayor detenimiento lo que encontramos es una instrumentalización de la diversidad. Este es un fenómeno en el que deliberadamente se decide incluir a personas con experiencia de vida trans en las candidaturas tan solo para cumplir con la cuota. En una época nos buscaban, querían que las personas de nuestras organizaciones acompañáramos determinadas campañas, pero ahora se dieron cuenta de que ya no funciona de esa manera. Ahora tienen que incluir a las personas con experiencia de vida trans en las elecciones y tienen que haber candidatos o candidatas con experiencia de vida trans. Sin embargo, esas candidaturas son quimeras y la exclusión en Colombia en tiempos electorales y no electorales es histórica. Actualmente hay doce mujeres y dos hombres con experiencia de vida tras con candidaturas a nivel nacional. Quiero destacar a una mujer con experiencia de vida trans en Santa Marta, se llama Tatiana Gómez, quien ha sido víctima de violencia por ser candidata al concejo de esa ciudad, donde ha sido perseguida, deslegitimada y discriminada ¿Y qué pasa?, ¿qué está pasando con las garantías de seguridad de ella? A la sociedad se le olvida que nosotras también vivimos una violencia institucional, simbólica y política al estar en ese escenario y estar allí ha sido recorrer un largo camino de representación y de liderazgo. Cada persona con experiencia de vida trans que logra llegar representa una esperanza para las demás que quieren elegir y ser elegidas libremente, pero, como somos instrumentalizadas, tampoco nos ven con las capacidades para poder dirigir. Ya hay personas trans en cargos importantes, con algún poder de decisión y que movilizan personas y apuestas políticas. Sin embargo, hay que cuidarnos muy bien de no perder el sentido de las agendas porque son agendas trans, no son agendas de personas cis hetero que quieren instrumentalizar a la diversidad. Nosotras también podemos movilizar y construir una democracia más incluyente. Ahora, ¿qué está pasando con la participación política de las personas con experiencia de vida trans y cómo podemos abordarla de una manera en la que se pueda garantizar? Para ello, les pido que se pongan en la siguiente situación: imaginen que llegan al puesto de votación pero no han podido actualizar su documento de identidad. Entonces, llegan a las filas, al primer filtro, ¿quién te va a atender?, ¿quién te va a requisar?, todo depende de la persona que permite o aprueba el acceso. Así es que, si no luzco hegemónicamente femenina o hegemónicamente masculino, puede existir un cruce, y el desconocimiento, la ignorancia o el prejuicio que opere en la persona que determina la entrada puede vulnerar nuestro derecho a la participación. Ahí ya encontramos la primera barrera; pero, listo, digamos que lograron superarla y llegan a la mesa de votación. Imaginemos que ustedes lograron cambiar su documento de identidad pero, como fue en mi caso, la Registraduría aún no ha actualizado su nombre en sus bases de datos, es decir que aparecen con el nombre“muerto”—que es como le denominamos—, de modo que, al negarse a ser denominados con ese nombre, se abre la puerta a la duda sobre su identidad, de si son quien dicen ser. 13

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL No obstante la promulgación del protocolo de voto trans, expedido en 2020 a través de la resolución 3480 del CNE, en el que, gracias a Caribe Afirmativo, la MOE y Fundación GAAT 2 , se expiden unas medidas para garantizar la participación política de personas con experiencia de vida trans; muchas veces no se atiende a sus recomendaciones. Para el caso en particular, debería bastar con que yo diga que mi nombre es Yadira Quintero y tendrían que darme acceso a mi derecho al voto. Esto, sin contar con el desconocimiento de otras medidas tales como que podamos elegir qué fila podemos hacer para entrar a votar y solicitar que sea una policía femenina la que adelante la requisa. Además, si ya llego al puesto de votación, ya no me tienen que hacer preguntas con relación a mi identidad así esta no concuerde con la del nombre que aparece allí. También hay una media muy importante y es que se tienen que generar mesas de denuncia, que en los territorios no existen. Debemos descentralizar el análisis, mirar hacía otros territorios en las periferias. Si hay una persona con experiencia de vida trans a quien se le coarta su derecho al voto en una ciudad como Bogotá, imaginen qué está pasando en los territorios. Esto pasa en la sociedad colombiana, no solamente al interior del proceso electoral, sino en todos los ámbitos: en la calle, en las instituciones públicas, en la educación, en el acceso a la salud y al trabajo. Las personas con experiencia de vida trans tenemos todas las capacidades para poder acceder al derecho al voto, tenemos todas las capacidades para ser candidatos, candidatas trans, pero ¿qué está pasando? No nos estamos sintiendo reconocidas por las personas que están liderando los procesos electorales ¿Cuántas personas con experiencia de vida trans hoy en Colombia son electas como concejales, alcaldesas, personas de las asambleas? No hay ninguna, desafortunadamente. Esperamos que este año sí tengamos posibilidades de candidaturas de personas con experiencia de vida trans porque ya nos cansamos de votar cisgénero. Queremos votar por una experiencia de vida trans que represente nuestras agendas porque sabemos y reconocemos que estamos en todas las capacidades de liderar, pero sobre todo de tomar un poder que siempre nos han querido quitar. 2 Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Organización que trabaja para visibilizar y defender los derechos humanos y la ciudadanía plena de las personas con experiencias de vida trans, sus familias y redes de apoyo. 14

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL 4 CONCLUSIONES Las intervenciones de las y los expertos, ponentes y participantes han abarcado una variedad de temas y aspectos de la cuestión planteada que no sólo resultan fascinantes y muy oportunos para los tiempos políticos y electorales que atraviesa nuestro país, sino que reflejan la complejidad del problema a afrontar. Como resultado, habrá numerosos puntos y preguntas que permitirán que la discusión permanezca abierta. Es fundamental tener presente que lograr la anhelada paz no es un proceso sencillo ni rápido. Para superar los numerosos y variados desafíos que surgen en el camino, se necesita la cooperación, el compromiso y la voluntad de todas las partes y actores, entre los cuales se destacan la corresponsabilidad del electorado, el constituyente primario y la posibilidad de que en todas las regiones y con todas las poblaciones sea posible participar en democracia con las garantías que ello requiere. Las elecciones regionales y territoriales, parecen ser la semilla del poder fáctico que viene de las regiones y emerge a la centralidad para llegar a pactos que modelan lo que se espera que ocurra desde el poder central, así como lo que se irradie y lo que no a las regiones. La articulación interinstitucional es clave para garantizar un proceso electoral más transparente. Las instituciones tienen información territorial muy importante para hacer frente a los posibles vicios y obstáculos para la participación. Se debe trabajar conjuntamente con las autoridades locales, pero esa interacción entre las autoridades a nivel nacional y local es un aspecto en el que al Estado le falta mejorar mucho aún. Además de la articulación, se carece de memoria institucional, cada periodo electoral parece que fuera el primero. Se pierden las lecciones aprendidas y buenas prácticas, de modo que se termina tropezando nuevamente con las mismas piedras. Lo otro necesario, a largo plazo, es organizar el sistema de partidos, corregir asimetrías que generan impedimentos, por ejemplo, para que las mujeres tengan avales. Se requiere, además, un verdadero respaldo o violencias físicas, psicológicas, económicas y simbólicas que muchas veces son ejercidas por sus propios colegas de partido. En este momento para las elecciones tenemos 36 partidos políticos con personería jurídica, de los cuales podrán participar 35. Pero lograr que la ciudadanía identifique su partido es un reto. Además, se han incrementado en un 120% las coaliciones, elemento que dificulta el seguimiento ciudadano al partido político que además en buena parte no tiene elementos ideológicos distinguibles. Lo otro es que el 60% de las candidaturas se inscribieron en los últimos dos días, de modo que ¿qué capacidad pudieron tener los partidos para verificar los antecedentes de sus candidaturas, ver si se les ha acusado de algún tipo de corrupción, si tienen algún impedimento? También se observa la proliferación de partidos nuevos que dan avales en regiones donde no tendrían por qué. Claramente, es necesario organizar el sistema de partidos no solo para que la ciudadanía tenga clara una identificación ideológica con los partidos políticos, sino también para mejorar todo lo que tiene que ver con la organización interna, la democracia interna de los partidos, y evitar todo este tipo de anomalías como las afectaciones a la participación de las mujeres y de personas diversas marginadas históricamente de las decisiones del país. Si avanzan las mujeres, avanzamos como sociedad. Una agenda feminista no es una agenda solo de las mujeres o para las mujeres, es una agenda de humanidad, de derechos, de oportunidades y de equidad. Hablar de elecciones territoriales sin hablar de las mujeres cae en un análisis muy corto, quizás muy pobre. Es preciso revisar las narrativas de las mujeres: hablar de las mujeres y las elecciones no es hablar de temas ligeros o banalizar lo que están pidiendo las mujeres en los diferentes temas. Es urgente construir conceptos despatriarcalizados que incluyan y valoren las necesidades y particularidades de las mujeres diversas que construyen paz, que también son garantes de un democracia completa y sin quienes no podría denominarse de tal forma. La corresponsabilidad es necesaria para alcanzar la transparencia. Tanto los partidos como las y los electores están llamados a revisar los diferentes informes en los que organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación advierten de candidaturas cuestionadas por procesos judiciales, procesos disciplinarios y procesos 15

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL fiscales. Si bien la presunción de inocencia debe primar, la ciudadanía debe velar por la democracia revisando el ambiente, el contexto de las candidaturas y las elecciones mal habidas. Si bien no existen crímenes de sangre —es decir, que los crímenes no se heredan—, lo que sí se hereda es el capital político. En muchas ocasiones, ello convierte a estas candidaturas en una suerte de testaferrato electoral. Se advierte la urgente necesidad de una reforma política para que los partidos políticos actúen de acuerdo con el profundo espíritu democrático y garanticen derechos, en particular de las mujeres, de las personas trans y de las minorías. Esas garantías que vienen expresadas desde hace tiempo deben ser una realidad. Entonces, estamos frente a un mundo complejo, pero un mundo esperanzado, porque el sentido de lo que está ocurriendo es claro en la perspectiva de la profundización de la democracia y su perfeccionamiento a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 16

SEGURIDAD Y DEFENSA. EN TODOS LOS RINCONES Y CON TODOS LOS ACTORES: LA FUERZA PÚBLICA Y LA PAZ TOTAL PARTICIPANTES EN ESTE ESTANQUE Héctor Fabio Cardona, periodista y comunicador social. Máster en investigación de la Universidad de Leicester, Inglaterra, y con especializaciones en comunicaciones estratégicas, manejo de crisis y relaciones públicas. Actualmente es socio y director de Brújula Comunicaciones. En este estanque sirvió como facilitador. Hernando Llano, abogado de la Universidad Santiago de Cali. Magister en Estudios Políticos, Universidad Javeriana Bogotá. PhD Ciencia Política, Universidad Complutense Madrid. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente y miembro de La Paz Querida Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral – MOE. Economista, estadístico y politólogo. Juan Pablo Parra, investigador de la Línea de Participación Cívica de la Fundación Karisma. Adriana Benjumea, directora Corporación Humanas. Esteban Salazar, coordinador Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación. Valentina Enciso Andrade, coordinadora de Acción Política de Organización Artemisas. Jahira Quintero Rodríguez, Directora del Área de Pedagogía de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Relator: César Pinzón Corrección de estilo: Juliana Rodriguez Pabón Diagramación: María Elvira Espinosa Marinovich ISNB 978-958-8677-74-3 SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://colombia.fes.de El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES. La Paz Querida – LPQ es una comunidad abierta e independiente de ciudadanos y ciudadanas diversos, optimista con el futuro del país, con capacidad de interactuar creativa y responsablemente, comprometida con la incidencia en la construcción de paz, con el fortalecimiento de la democracia y con el desarrollo sostenible en Colombia. Buscamos impulsar un proyecto nacional que promueva la construcción de una nueva ética social basada en la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental para contribuir a la creación de una Colombia más justa, más incluyente, más equitativa, ambientalmente sostenible y en paz. Para mayor información pueden ingresar a https://www.lapazquerida.com/ El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES. 17

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