FES BRIEFING 100 DÍAS DE BIDEN Directrices Biden y la democracia salvadoreña Claudia Samayoa Abril 2021 OBSTÁCULOS Y RECOMENDACIONES PARA LA COOPERACIÓN, A 100 DÍAS DEL NUEVO GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS La política exterior de los Estados Unidos en los primeros 100 días de Biden, marcó la tendencia del comportamiento que despuntará aquella en los meses sucesivos. Establece condicionamientos para la asistencia financiera, entre ellos, el respeto por la institucionalidad y valores inherentes a los sistemas políticos democráticos. El Salvador deberá hacer reajustes que tienen su punto de partida en el estilo presidencial, seguido del fortalecimiento de la Diplomacia como instrumento de la Política Exterior del país. Joseph R. Biden, presidente 46 de los Estados Unidos de Norteamérica,(EE. UU) asumió su investidura el pasado 20 de enero de 2021 en un contexto de pandemia mortal por COVID-19 poniendo fin a la polémica administración de Donald Trump. En esa ocasión, los medios de comunicación se refirieron al gabinete de Biden como“el más diverso” por la inclusión de afroamericanos y mujeres en el mismo-sobre todo- si se compara con su predecesor, destacó además por haber obtenido la votación más elevada, que otros presidentes estadounidenses. En su trayectoria política es importante mencionar que fue vicepresidente de Barack Obama en dos períodos que comprenden los años desde 2009 hasta 2017 y en ese entonces, ejecutó el Plan“Alianza estratégica para la prosperidad del Triángulo Norte de la América Central”. Indudablemente, el arribo a la presidencia de Biden produjo expectación a escala global; de modo posterior e inmediato a su juramento, firmó 17 órdenes ejecutivas que revertirían algunas decisiones de Trump, las cuales se resumen en el siguiente cuadro: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÓRDENES EJECUTIVAS DE BIDEN Uso obligatorio de la mascarilla o cubrebocas y distanciamiento físico en todos los territorios, edificios y funcionarios federales. Cesar el proceso de retiro de EE. UU de la Organización Mundial de la Salud(OMS). Estructurar al gobierno federal para coordinar una respuesta nacional unificada a la pandemia. Prorrogar la moratoria de desalojo. Extender la pausa de la deuda estudiantil. Retornar al Acuerdo de París, para contrarrestar efectos del cambio climático. Revertir las acciones medioambientales del presidente Trump. Una iniciativa global para que todo el gobierno avance hacia la equidad racial. Revertir la orden ejecutiva del presidente Trump que excluye a los inmigrantes indocumentados del recuento de redistribución. Preservar y fortificar las protecciones para los‘dreamers’. Detener el bloqueo musulmán. Revocar la orden ejecutiva de Ejecución Interior de Trump. Detener la construcción del muro fronterizo. Memorando presidencial para la salida forzosa diferida para los liberianos. Prevenir y luchar contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Orden ejecutiva de ética del personal del Poder Ejecutivo. Orden ejecutiva del proceso regulatorio. Fuente: Elaboración propia con base al periódico digital Expansión. Las órdenes ejecutivas anteriores evidencian celeridad y prioridad en la protección a las y los estadounidenses frente al COVID-19, asistencia económica por las consecuencias derivadas de la pandemia, retorno a la OMS y al Acuerdo de París, así como una actuación decidida para encarar el fenómeno migratorio e invertir en la equidad racial y los derechos civiles. FES BRIEFING PRIMERAS ACCIONES DE POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO BIDEN PARA EL TRIÁNGULO NORTE DE AMÉRICA CENTRAL América Latina no escapa a la expectación y sitúa su mirada sobre los temas de su incumbencia que simultáneamente sean cruciales para el nuevo gobierno norteamericano. En el caso de El Salvador, le vincula esencialmente todo lo concerniente al fenómeno migratorio irregular, cuyo crecimiento ha sido exponencial en las últimas décadas y pese a las condiciones adversas que aún pueda atravesar la población migrante en tránsito, los flujos no disminuyen. Asimismo, han sido identificados como agentes que al arribar e instalarse en su destino, contribuyen a través del envío de remesas al país, aportando hasta un 20% al Producto Interno Bruto(PIB). El Salvador posee un largo historial de expulsión de sus nacionales, identificado también como hacia el suelo estadounidense, originados por la desigualdad reflejada en la pobreza y la violencia, llegando inclusive a organizarse junto a los vecinos centroamericanos, a desplazarse vía terrestre, conformando caravanas, con la pretensión de llegar a la frontera sur de los EE. UU e ingresar al país del norte. En consonancia con lo anterior, desde el primer día en que Biden asumió la presidencia, tomó una serie de decisiones atinentes al tema. Según la Casa Blanca se reformará el sistema migratorio, considerando que:“La estrategia del presidente Biden se basa en la premisa fundamental de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema migratorio justo y ordenado que da la bienvenida a los inmigrantes, mantiene intactas a las familias y les permite a las personas de todo el país— tanto a los inmigrantes recién llegados como a aquellos que han vivido aquí por generaciones — contribuir con mayor plenitud a nuestro país”. Así, se implementó una serie de medidas comprendidas en los primeros 100 días del presidente Biden, de las cuales se resaltará en este texto, únicamente las más significativas para El Salvador. Por ejemplo, el pasado 2 de febrero se comunicó la culminación de los mismos que fueron firmados bajo la administración Trump, dando marcha atrás así, a los compromisos establecidos en tales acuerdos. Además de lo anterior, se concretizaron tres acciones-entre otras- que, en el fondo le permiten resguardar su“propia seguridad” siendo esta tradicionalmente, la piedra angular de la política exterior estadounidense. La primera acción, suscitada el 28 de febrero, fue cuando la Casa Blanca presentó una propuesta de ley de reforma migratoria e incluyó en un apartado, los esfuerzos para contrarrestar “las principales causas de la migración hacia la frontera sur”, esta sería ejecutada en un plan de cuatro años en los que buscaría combatir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho y consolidar la gobernabilidad democrática en los países centroamericanos, reducir la violencia criminal, mejorar la seguridad ciudadana, incluyendo la violencia de género, doméstica y hacia minorías. El plan cuatrianual dispondrá de mil millones de dólares anuales por cada año fiscal de la gestión Biden; sin embargo, la mitad de los desembolsos serán condicionados a que las contrapartes combatan la corrupción e impunidad, así como la investigación a sus propios funcionarios de gobierno. En concordancia con lo anterior, la segunda acción suscitada -en el mes de marzo- fue la designación como enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte-donde se adiciona México- a Ricardo Zúñiga, un diplomático estadounidense de origen hondureño, quien tendrá como tareas, dirigir los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos en la región; asesorar al secretario y subsecretario interinos de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y coordinarse con el personal del Consejo de Seguridad Nacional, para contrarrestar la migración irregular antes indicada. La tercera acción no menos importante ocurrida también en el mes de marzo, fue cuando el presidente Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris, para liderar el esfuerzo de la Casa Blanca en cumplimiento a los objetivos trazados en materia migratoria, para el Triángulo Norte. En suma, pareciera que habrá elementos de continuidad, en las disposiciones migratorias que se circunscriben al Triángulo Norte, si se tiene en cuenta lo convenido en la administración Obama y Biden; ambas poseen denominadores comunes, enfatizando en cierta medida, la primacía de valores democráticos, como punta de lanza de su posicionamiento en la región, -al menos en teoría- promueven el respeto a la institucionalidad, a los derechos humanos, el combate a la corrupción para minimizar el clima de inseguridad y violencia que asedia a los ciudadanos y provoca su salida forzosa hacia los Estados Unidos, constituyéndose esta visión sobre el problema, como una perspectiva opuesta a la de su predecesor, quien sobresalió por su actitud racista y antinmigrante. EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA EN EL SALVADOR COMO OBSTÁCULO PARA LAS RELACIONES CON EL NUEVO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS En El Salvador, la promoción de los baluartes de la democracia deberá reencauzarse y adoptarse, pues a juzgar por la realidad, no son practicados plenamente por quienes lideran el órgano ejecutivo. El obstáculo inicial radica en el discurso polarizante y actitudes carentes de concertación propias del estilo presidencial de Bukele, mismo que reviste matices autoritarios, en consecuencia, distante de los principios enarbolados en los sistemas políticos democráticos, siendo ejemplos de ello, la militarización de la Asamblea Legislativa-el 9 de febrero de 2020- cuyo suceso trascendió fuertemente en los medios de comunicación locales e internacionales; otro ejemplo reciente, fue el enfrentamiento desatado-al inicio de abril del 2021- en la Red social Twitter donde Bukele instó a la comunidad latina radicada en California a no votar por la congresista estadounidense Norma Judith Torres. FES BRIEFING Existen otros ejemplos cuyo relato no podríamos realizar en este espacio que, en todo caso, revelan la intolerancia ante el disentimiento. La prensa independiente y sus profesionales de las comunicaciones sobrellevan un camino tortuoso y han sido violentados en sus derechos también, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de periodistas del periódico digital, lo cual les respalda y a su vez constituye un mensaje importante y extensivo a todos los profesionales de la comunicación que laboran en El Salvador. Lo anteriormente expuesto tiene correlación con el contenido del Reporte Internacional(2020) de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU, mismo que coincide en la descripción de la situación del país. El informe afirmó que“la corrupción y la impunidad siguieron siendo endémicas” en El Salvador. Otro de los indicadores de las democracias, deliberadamente abandonados en la gestión gubernamental salvadoreña, es en materia de transparencia y rendición de cuentas establecidas en las leyes salvadoreñas, marginando así a la participación ciudadana para intervenir en los espacios correspondientes, afectando el derecho a la información de la ciudadanía. El panorama es evidentemente de regresión para la institucionalidad democrática, que pudiera traducirse no solo en afectar aún más la imagen y credibilidad del país, sino también en potenciar condiciones adversas, traducidas en un relativo aislamiento en espacios constructivos y/o consensuados en el entorno internacional, sobre temas de interés para la sociedad salvadoreña. El presidente salvadoreño inició su gestión en 2019 haciendo gala de poseer relaciones cercanas con EE. UU-durante la administración gubernamental Trump- mientras sus gestos diplomáticos menoscabaron las relaciones con cualquier otro país; inclusive, muchas de las decisiones implementadas para el tratamiento de problemas domésticos, parecían consultadas con el embajador designado en ese momento por parte de EE.UU, quien estuvo presente en la transmisión de cadenas televisivas junto al presidente Bukele, al momento de dirigirse al pueblo salvadoreño y abordar temas domésticos, haciendo evidente así, su desconocimiento de la normativa y prácticas diplomáticas elementales que rigen en la arena internacional. De igual modo, en el ámbito interregional donde se abría espacio con sus vecinos centroamericanos, hubo pronunciamientos altisonantes por parte de Bukele. Por ejemplo, al referirse al presidente de Honduras, como uno de los personajes no invitados a su toma de posesión, el 1 de junio de 2019 cuestionando el procedimiento electoral por medio del cual arribó aquel y aseverando que poseía vínculos con el narcotráfico, lo cual resulta paradójico, pues es como si El Salvador estuviera asentado sobre una estructura política impermeable a los grupos fácticos pertenecientes al crimen organizado. Excluyó abiertamente a los presidentes de Nicaragua y Venezuela del mismo evento de la toma de posesión indicada, atribuyéndoles ser dictadores. La llegada de Biden a la presidencia de EE. UU coincide con el primer año de pandemia en El Salvador, tal y como se hizo referencia en líneas anteriores, el Reporte Internacional de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU consigna todas las disfuncionalidades del sistema político salvadoreño, las cuales distan del respeto por los valores democráticos. A juzgar por la información consignada en tal informe –referida a El Salvador- y de continuar el mismo comportamiento en la dinámica gubernamental local, persistirá la incongruencia e incompatibilidad de valores si se aprecia cuidadosamente las directrices en uno u otro. Pareciera que aún no se advierte en El Salvador, que el más afectado sin lugar a duda, es el más vulnerable. El perfil de la política exterior estadounidense tiene al menos una clara definición, no así, en El Salvador. El Secretario de Estado Anthony J. Blinken, afirmó“debemos comenzar con una diplomacia arraigada en los valores democráticos más preciados de Estados Unidos: defender la libertad, defender las oportunidades, defender los derechos universales, respetar el estado de derecho y tratar a todas las personas con dignidad”. Es probable, que la definición de política exterior de Biden, se haya convertido en el corto plazo en un estímulo para aumentar el flujo de personas que provienen desde la región centroamericana y México. Según las cifras provisionales presentadas el pasado 2 de abril por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza(CBP, por sus siglas en inglés) EE. UU registró en el mes de marzo, más de 171.000 migrantes en la frontera, el mayor número en 15 años. Otro dato que resulta alarmante es que, de esa cifra, más de 18,000 jóvenes han puesto pie en el país sin compañía. No cabe duda de que el fenómeno migratorio confluyente en la frontera sur de los EE. UU es un tema altamente sensible para los países del Triángulo Norte y EE. UU, sin embargo, es este último quien tiene el margen de maniobra política a su favor. Las cifras anunciadas por la CBP corroboran la persistente incapacidad por parte de los países pequeños, en el control de variables internas desencadenantes en la expulsión de sus connacionales. A ello se suma, que tradicionalmente han suplicado apoyos técnicos o financieros internacionales, para el manejo y minimización de sus problemáticas internas. De acuerdo con lo antes expuesto, El Salvador es quien debe implementar serios reajustes, que tienen su punto de partida en el estilo presidencial. Debe atenderse, además, que la conformación del Órgano Legislativo que tomará posesión próximamente, tiene afinidad con el presidente, ya sea porque las y los legisladores provienen del órgano ejecutivo, o bien, porque son parte del partido político que prácticamente él fundó. En estas circunstancias, no deberá perderse de vista el funcionamiento de la independencia de los 3 poderes que sostienen a las Democracias. FES BRIEFING Pese a que la problemática antes expuesta, tiene un alto grado de complejidad, no deja de resultar esperanzador que el Congreso de los Estados Unidos haya aprobado a finales del año pasado, la con“dos grandes componentes orientados en frenar la migración ilegal y crear una lista de personas vinculadas a actos de corrupción. Se busca mejorar las condiciones económicas, democráticas y de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador, con la idea de frenar la migración irregular hacia el país del Norte, y la publicación anual de una lista de personas que hayan cometido actos de corrupción o que hayan socavado la democracia en dichos países”. El listado ha comenzado a conocerse como en referencia a Eliot Engel, uno de los congresistas que contribuyó a la aprobación de la ley. En el presente año, tendríamos que conocerla. RECOMENDACIONES Algunas recomendaciones específicas para que El Salvador, encare la problemática sobre la migración forzada, conciernen al fortalecimiento de la Diplomacia como instrumento de la Política Exterior del país, entre ellas: Constituir un equipo de asesores probos y de alta experiencia en diversos ámbitos de la gestión diplomática para asesorar al presidente y a la Ministra de Relaciones Exteriores. Presentar un Plan de Política Exterior de El Salvador en congruencia con los principios del Derecho Internacional Público y a la altura del complejo entorno internacional. Enmendar lo relativo al manejo de la administración y gestión pública, cumpliendo la legislación, procesos y procedimientos, sobre todo los relativos a la transparencia del manejo de los fondos públicos y rendición de cuentas que genere una real participación ciudadana. Apostarle a la profesionalización del cuerpo diplomático y desarrollar sus competencias a través de la Institución de formación diplomática correspondiente, tal y como se estila en los países democráticos. Suprimir los excesos en la discrecionalidad en las designaciones de personas integrantes del cuerpo diplomático/consular en el servicio exterior y evitar las remociones arbitrarias de personal con experiencia en el ramo o diplomáticos/as de carrera. Claudia Samayoa es Internacionalista y Maestra en Ciencia Política, ex-Rectora del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática de El Salvador; Académica con más de 20 años de experiencia en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. La Fundación Friedrich Ebert(FES) fue creada en 1925, y es la fundación política más antigua de Alemania. Es una institución privada y de utilidad pública, comprometida con el ideario de la democracia social. La fundación debe su nombre a Friedrich Ebert, primer presidente alemán democráticamente elegido, y da continuidad a su legado de hacer efectivas la libertad, la solidaridad y la justicia social. Cumple esa tarea en Alemania y en el exterior en sus programas de formación política y de cooperación internacional, así como en el apoyo a becarios y el fomento de la investigación. Toma Partido es una plataforma para la construcción de análisis, iniciativas y alianzas políticas y sociales amplias hacia el fortalecimiento y una transformación democrática emancipadora y feminista de los partidos políticos progresistas de América Latina y el Caribe. Es una invitación y una iniciativa de todas las oficinas de la Friedrich-Ebert-Stiftung en la región. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. 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