FES BRIEFING 100 DÍAS DE BIDEN La esperanza de cambio: Guatemala en la era Biden Abril 2021 “ Los desafíos que nos aguardan son enormes. Pero si existe la voluntad política, no hay razón para que Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia de éxito del hemisferio occidental“.(Biden, 2021) Los vientos de cambio empezaron de forma lenta, pero sostenida, en el segundo mandato del presidente Barack Obama: en una declaración sorprendente, el entonces consejero del departamento de Estado, Thomas Shannon, declaró a finales del 2014 que“Centroamérica era una de las cinco prioridades de la política exterior de Estados Unidos, junto a Irán, Rusia” (Cortez, 2016, pág. 135). Las razones de dicha priorización se podían rastrear de forma directa en varios problemas que la migración estaba representando para la administración Obama, en especial, lo referido a la crisis que habían provocado el flujo de niños migrantes centroamericanos que, solos o acompañados, empezaron lentamente a llegar a las fronteras norteamericanas a partir del 2011 en adelante: ya en el año 2014, la situación ya empezaba a pintar de forma dramática, ya que se había producido un aumento del 77% de niños migrantes no acompañados(68,541 niños y niñas), y un aumento del 361% de familias, en comparación con el 2013. Las familias migrantes en 2014 ascendieron a 68,445, mientras que 68,541 niños y niñas llegaron a la frontera sin acompañamiento, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH, 2015). La declaración de Shannon fue seguida de una visita del ahora presidente, Joe Biden, a Guatemala, en marzo del 2015, en la que el presidente norteamericano se declaró públicamente como un ferviente defensor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(CICIG), de manera que ya desde entonces, era la figura más relevante del apoyo norteamericano a la lucha contra la corrupción(Bermúdez, 2015). Justo esos fueron los años dorados de los procesos de cambio en Guatemala: en el 2015, se produjo un escalamiento espectacular de los procesos dirigidos a altos funcionarios públicos, militares de alto rango, dirigentes de partidos políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación en un frenesí investigador contra actores política y económicamente poderosos que nunca se había visto en Guatemala. La sensación de que Guatemala estaba cambiando era una sensación que se palpaba en los actores civiles guatemaltecos, lo que alentó todo una movilización ciudadana memorable que acaparó la atención del mundo entero. La fiebrereformadora, sin embargo, empezó lentamente a tropezar primero, con la llegada del nuevo gobierno electo en el 2015: Jimmy Morales, el actor y comediante que había llegado prometiendo un combate frontal contra la corrupción, terminó finalmente siendo un férreo defensor del sistema. Pero el tiro de gracia a la posibilidad de cambio provino de otro proceso electoral: el cambio de mando en Estados Unidos propició una reconciliación de los actores conservadores guatemaltecos con el entonces presidente Donald Trump, con lo cual el apoyo a la CICIG empezó a socavarse, lo cual representó todo un proceso de paulatino freno a los impulsos de cambio. De esa cuenta, los años 2017 al 2020, se empezó a consolidar una sombra regresiva cada vez más fuerte y visible, al punto que el año 2019 finalmente se cerraron las operaciones de la CICIG en Guatemala. Los defensores del sistema podían dormir tranquilos, ya que las prioridades del gobierno norteamericano habían cambiado. La ofensiva conservadora, ahora fortalecida, se dedicó a partir del 2019 a reconquistar los espacios institucionales que había perdido: primero, se produjo el cambio de mando en el Ministerio Público en mayo del 2018; luego, fue electo el presidente Alejandro Giammattei, un personaje que ha demostrado estar aliado a los actores conservadores que se oponen al cambio en Guatemala. Posteriormente, se ha producido la cooptación del Tribunal Supremo Electoral, de Contraloría General de Cuentas y de la Corte de Constitucionalidad en marzo del 2021, con lo cual, se han anulado prácticamente las instituciones más importantes encargadas de la rendición de cuentas horizontal. Ahora, con el panorama despejado, pueden lanzarse a concluir la captura institucional mediante la cooptación de la Procuraduría de Derechos Humanos, así como de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. El panorama institucional en el 2021, por lo tanto, es sombrío y amenazante: la sombra de la regresión autoritaria es fuerte y sentida. Pese a las malas noticias, en medio de esa ofensiva conservadora se empezó a vislumbrar algunas señales de esperanza:

FES BRIEFING primero, a partir del año 2015, la sociedad civil se ha ido organizando en una serie de plataformas ciudadanas que tienen como objetivo central alentar y sostener los esfuerzos de cambio, por lo que la esperanza de articular una gran alianza ciudadana que evite la regresión es un primer signo de aliento; segundo, desde el proceso electoral 2019, han surgido varias opciones políticas que prometen un cambio, de manera que si logran articularse en torno a una gran opción política de cambio, se podrá empezar a revertir la ola regresiva a partir del año 2024 en adelante, cuando asuman las nuevas autoridades electas en el proceso electoral 2023. Finalmente, los años 2015-2017 no pasaron desapercibidos por la población: en el 2021, existe mucha más conciencia ciudadana que poco a poco, parece ir produciendo un sustrato ciudadano que aunque aún no se canaliza en una presencia activa y fuerte en manifestaciones ciudadanas como las que asombraron al mundo en el 2015, si parecen estar latentes, esperando nuevos vientos favorables de cambio. Desde la óptica internacional, la potencialidad del cambio proviene del mismo actor que en el 2015, era visto como la figura de más alto rango en la Casa Blanca, comprometida con el cambio: el ahora presidente Joe Biden. Las noticias sobre el compromiso de Biden con Centroamérica ya estaban latentes desde los primeros indicios de la campaña electoral; conforme ha ido pasando el tiempo, dichas expectativas han ido creciendo constantemente, al punto que desde noviembre del 2020, existen rumores fuertes y consistentes de que el impulso de cambio volverá a ser fuerte y estructurado, tal como ocurrió en el breve período 2015-2017. Se habla, por ejemplo, del retorno de una institución parecida a la CICIG, pero con carácter regional:“ En la propuesta de Biden se sugiere una estrategia regional integrada, la que debe conseguir, entre otros resultados, que los Estados centroamericanos asignen una cantidad sustancial de sus propios recursos y emprendan reformas significativas, concretas y verificables”(Menkos, 2020). Dichas reformas empiezan por retomar el camino emprendido a partir del 2015, para combatir la arraigada corrupción e impunidad que prevalece en Guatemala; el combate a la corrupción, sin embargo, no es un fin en si mismo: es un preludio a las reformas de fondo: el aliento de mejores condiciones de vida de la población guatemalteca, mediante el mejoramiento sustancial de las políticas públicas nacionales. Dicha estrategia puede visualizarse nítidamente en las palabras que pronunció el entonces embajador, Todd Robinson,“ en la lista de prioridades, el tema de la soberanía(guatemalteca) para mi está de último. Cuando hay gente muriendo de hambre, cuando no hay medicamentos en el hospital, cuando hay gente que no tiene energía… agua, en este país. Creo que es muy interesante que hay gente hablando de ser ofendido de palabras, pero no están ofendidos de gente muriendo de hambre en este país”(Redacción, 2016). Por supuesto, el camino para concretar esta visión es compleja y desafiante, debido a las complejidades inherentes de tantos años de descuido y negligencia institucional: los indicadores sociales y económicos de Guatemala no son precisamente los mejores, y en este año de crisis por la pandemia, las condiciones sociales han empeorado significativamente, al punto que pese a las restricciones y al endurecimiento de la política migratoria, la migración de guatemaltecos no se ha detenido. En el 2020, la migración disminuyó, debido a las restricciones por la pandemia, pero en el 2021, las cifras nuevamente van a la alza: en febrero del 2021, se reportaron 64 mil 217 migrantes detenidos en la frontera con Estados Unidos, un alza del 176% con respecto al año 2020(Morales, 2021). La meta última del actual gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, es promover las condiciones estructurales que permitan poner un freno duradero y estable a las causas socioeconómicas que provocan la migración:“ El gobierno de Biden pretende que Guatemala y sus vecinos del sur sean países más seguros, capaces de brindar oportunidades a su población, para así evitar la migración de guatemaltecos a Estados Unidos”(Pérez, 2020). Coherente con estas expectativas, los primeros vientos locales de cambio se empezaron a vislumbrar de forma tempranera en Guatemala en enero del presente año, cuando el cuestionado Juez Mynor Moto se postuló para asumir un cargo en la Corte de Constitucionalidad, gracias a que había logrado ganar la elección en el Colegio de Abogados(CANG). Pero gracias a una serie de medidas legales promovidas por la sociedad civil, se cuestionó todo el proceso de elección, lo cual finalmente provocó toda una presión social y política que impidió que Moto asumiera su cargo en el máximo órgano constitucional guatemalteco. La clave del veto político del juez Moto, sin embargo, no fue solamente obra de las presiones sociales y políticas internas: también fue muy relevante la declaración del asistente de Biden, Juan Sebastián Gonzales, quien dio la siguiente declaración:“ Entiendo bien que hay un magistrado que está por ser elegido a la Corte de Constitucionalidad, pero que tiene decenas de procesos legales en su contra. Lo único que lo está manteniendo fuera de la cárcel es su inmunidad”(Rios, 2021). En medios locales, dicha declaración fue vista como una severa advertencia al sistema político guatemalteco, de que la perspectiva de cambio estaba en marcha nuevamente. Un segundo indicio de cambio se produjo en el mes de febrero, cuando el gobierno de Joe Biden dio marcha atrás al controvertido acuerdo de tercer país seguro que Guatemala había firmado con el gobierno de Donald Trump, debido a que se consideraba que no era apropiado, ya que establecía obligaciones injustas al Gobierno de Guatemala, que no estaba en condiciones de cumplir, con lo cual se daba un paso atrás en el objetivo de mejorar el entorno institucional que desestimara la migración hacia Estados Unidos(Escobar, 2021). El tercer indicio de cambio se produjo en marzo: el gobierno norteamericano anunció el objetivo de invertir más de 4,000 millones de dólares en la región centroamericana, pero dichos fondos están condicionados al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el inicio de reformas estructurales que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de los países beneficiarios(Arroyo, 2021). Se espera, por lo tanto, que Guatemala se vea beneficiada de este cambio de rumbo en la política norteamericana, de manera que se retome el camino que se había empezado a plantear en el periodo 2015-2017. Dicho proceso pasa por recuperar la independencia de las instituciones que ya han sido

FES BRIEFING cooptadas, de manera que se renueve el impulso anti-impunidad. El segundo aspecto es retomar el esfuerzo reformador que se dejó inconcluso a partir del 2017, de manera que se promuevan los cambios estructurales que limiten la acción depredadora del Estado, de manera que la institucionalidad pública deje de ser vista como un botín del que hay que extraer ganancias ilícitas, lo cual va en detrimento directo de la capacidad del Estado de atender las urgentes necesidades que requiere la población guatemalteca. Estos vientos de cambio se sintetizan en 4 objetivos claros que la administración de Biden ha establecido con claridad para los gobiernos de la región, en especial para Guatemala, según el antiguo embajador norteamericano en Guatemala, Stephen McFarland(Ortiz, 2021): 1. El primero es que la corrupción es el origen de muchos males que padecen los países como Guatemala, especialmente el aliento a la migración; retomar el camino anticorrupción, por lo tanto, será un objetivo central del actual gobierno norteamericano. 2. El segundo objetivo es estructurar un proceso que, habiendo limitado la corrupción, desarrolle procesos que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de la población centroamericana, de manera que se disminuyan las condiciones que causan la migración. Eso implica apoyar los procesos que incentiven más empleo, mejoren la infraestructura y la seguridad, aumenten la inversión social, fortalezcan el Estado de Derecho, de manera que se disminuya la influencia del narcotráfico en la política nacional. 3. El tercero es que dado el antecedente de Biden durante la presidencia de Obama, el actual mandatario estadounidense prestará una mayor atención a los países del área centroamericana que el resto. El anuncio en marzo del envió de altos funcionarios norteamericanos a Guatemala puede anticipar ese interés particular que ahora la Casa Blanca tiene en este país centroamericano. 4. El cuarto objetivo proviene del consenso bipartidista sobre la amenaza del crimen organizado y sus vínculos con empresarios y políticos guatemaltecos, aspecto que está íntimamente ligado al primer tema. Las perspectivas de futuro, por lo tanto, prometen un cambio favorable que permita retomar los procesos de cambio que se vieron truncados o limitados, a partir de la llegada del Gobierno de Donald Trump. Las amenazas, sin embargo, son fuertes y sentidas, empezando por los mismos desafíos internos que enfrenta el presidente Biden, pero también, a la gran capacidad de resistencia que han demostrado tener las élites guatemaltecas, las cuales son consideradas como extremadamente conservadoras e incapaces de pensar más allá de sus propios intereses. Solo el tiempo nos dirá si la promesa de cambio que promete el nuevo gobierno norteamericano abrirá un capítulo luminoso en la historia de nuestros países, o si por el contrario, será solamente una de las tantas promesas que finalmente, terminan truncándose. La capacidad que tengan las fuerzas locales para aprovechar estos vientos de cambio, sin embargo, serán la clave para determinar el éxito o fracaso de esta nueva oportunidad que tenemos los guatemaltecos, de cambiar de manera radical, el legado de exclusión, violencia e injusticia que ha caracterizado a Guatemala desde su fundación en 1821. REFERENCIAS Arroyo, L.(29 de marzo de 2021). Biden supeditará su plan millonario de ayudas a Centroamérica a la lucha anticorrupción. El País. Obtenido de https://elpais.com/ internacional/2021-03-29/biden-supeditara-su-plan-millonariode-ayudas-a-centroamerica-a-la-lucha-anticorrupcion.html Bermúdez, Á.(3 de Septiembre de 2015). El papel clave de Estados Unidos en la crisis de Guatemala. 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FES BRIEFING Luis Fernando Mack Echeverría es doctor en ciencia política y maestro en ciencias sociales por la FLACSO-México; licenciado en sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido director del área de estudios sociopolíticos de FLACSO-Guatemala, director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la USAC, gerente del Instituto de Administración Pública-INAP-, fundador del colectivo de Analistas Independientes de Guatemala-AIG- y asesor para la Escuela de formación para la Democracia-EFD- del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria-NIMD-. Durante varios años fue profesor asociado a la FLACSO-Guatemala. Actualmente se desempeña como analista independiente de temas de coyuntura y análisis político, miembro del consejo político-asesor del Instituto Centroamericano para la democracia Social-DEMOS- y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Es columnista de los medios digitales Plaza Pública y Epicentro GT; así como consultor en temas políticos y sociales. La Fundación Friedrich Ebert(FES) fue creada en 1925, y es la fundación política más antigua de Alemania. Es una institución privada y de utilidad pública, comprometida con el ideario de la democracia social. La fundación debe su nombre a Friedrich Ebert, primer presidente alemán democráticamente elegido, y da continuidad a su legado de hacer efectivas la libertad, la solidaridad y la justicia social. Cumple esa tarea en Alemania y en el exterior en sus programas de formación política y de cooperación internacional, así como en el apoyo a becarios y el fomento de la investigación. Toma Partido es una plataforma para la construcción de análisis, iniciativas y alianzas políticas y sociales amplias hacia el fortalecimiento y una transformación democrática emancipadora y feminista de los partidos políticos progresistas de América Latina y el Caribe. Es una invitación y una iniciativa de todas las oficinas de la Friedrich-Ebert-Stiftung en la región. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung o las de la organización para la que trabajan los/as autores/as o las de las entidades que auspiciaron la investigación. CONTACTO Friedrich-Ebert-Stiftung| Toma Partido Plaza Cagancha 1145 Piso 8 · Montevideo · Uruguay Coordinación del Proyecto Toma Partido: Dörte Wollrad y Viviana Barreto| FES Uruguay Ingrid Ross y Argerie Sánchez| FES América Central Coordinación de publicaciones: Jandira Dávila y Susana Baison Diagramación| Cooperativa de Trabajo SUBTE Más información: toma-partido.fes.de Contacto: tomapartido@fes.de