APUNTES DE LA CÁTEDRA: Repensar el futuro de América Latina y el Caribe. Alternativas para la transformación social-ecológica 8 | Mayo de 2021 SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA COLOMBIANA Darío Fajardo Montaña Contenido 1. INTRODUCCIÓN...................................................................................... 3 2. LA TIERRA EN COLOMBIA: ACCESO Y USO.............................................. 3 2.1 La geografía.................................................................................................. 3 2.2 Trayectoria de la problemática rural y agraria............................................... 4 2.3 ¿ Reforma agraria o colonizaciones?.............................................................. 5 3. EL ACUERDO DE PAZ: ¿ UN CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD?..................... 7 REFERENCIAS........................................................................................ 8 1. INTRODUCCIÓN 2. LA TIERRA EN COLOMBIA: ACCESO Y USO En términos de su sostenibilidad como territorio, como so ciedad, como nación, Colombia presenta marcadas contradicciones en la medida en que cuenta con un patrimonio ambiental que permite calificarla como megadiversa al tiempo que registra elevados niveles de exclusión de su población en términos de acceso a bienes públicos, entre ellos el agua y la alimentación. Del primero de ellos, es uno de los países con más elevada disponibilidad per cápita y, en cuanto al segundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación( FAO ), cuenta con uno de los más amplios inventarios de tierras con po tencial agrícola para atender su demanda alimentaria, esti mada en más de veintiséis millones de hectáreas(Unidad de Planificación Rural y Agrícola, UPRA ), aun cuando buena parte de esas superficies son subutilizadas. Los alcances y la profundidad de estos contrastes los han llevado a consti tuir parte de los principales conflictos ambientales, sociales, económicos y políticos que afectan al país, tal como se des prende de nuestros inventarios más actualizados y lo han señalado los estudios más comprehensivos. Estas paradojas han conducido a que, a pesar de haber al canzado coeficientes de autoabastecimiento muy elevados para los alimentos de la canasta básica( DNP , 1990), el país deba importar cerca del 40% de sus abastecimientos alimentarios. Adicionalmente, el modelo tecnológico dominante ha causado severos problemas de erosión, compactación y salinización de sus suelos, a los que se añade la deforesta ción de extensas superficies, a los que se añaden la destrucción de hábitats de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, sus éxodos y su desterritorialización. Cada una de estas cuestiones está enmarcada en un sistema de desarrollo desigual, que puede ser corregido por el Estado en cumplimiento de su función espacial, de acuerdo con los intereses que lo orienten. Este ensayo abordará las cuestiones señaladas, así como las propuestas para acceder a la sostenibilidad de la vida agrícola del país. En su trayectoria como nación independiente el problema de la tierra en Colombia ha tenido un carácter central, por su peso específico en el sistema económico y político vigen te. Esta condición se ha hecho evidente, en particular, en el proceso de transición de mediados de los años 1920 a 1940 y durante los años 1950, al intensificarse la articulación del país a la economía internacional. La economía de la agricul tura tuvo incidencia decisiva en la configuración de la socie dad y de su espacio, generándose conflictos aún no resueltos que han afectado las condiciones de vida de buena parte de la población e inciden en las relaciones del país con naciones vecinas. En las circunstancias actuales, ante la persistencia de procesos como los desplazamientos forzados de comunida des rurales, la prevalencia de la pobreza rural, la violencia, en particular contra los liderazgos locales, y la agudización de la vulnerabilidad alimentaria, la generación de iniciativas encaminadas a producir transformaciones sustantivas en el ordenamiento político y económico que los genera adquiere una importancia especial. Esas estructuras de la propiedad y el uso de la tierra como bases del sistema de relaciones entre las ciudades y el campo son las que deben transformarse, lo cual solamente será posible si se generan cambios en la percepción y valoración de su importancia para el conjunto de la sociedad. 2.1 La geografía La posición geográfica de nuestro país le marca una serie de características propias que lo hacen particularmente heterogéneo. Está situado en la esquina norte de Suramérica en una punta del puente que nos une con Centro y Norteamé rica, lo cual nos hace vecinos del océano Pacífico y del mar Caribe, de la Orinoquia y la Amazonia, de la cordillera de los 3 Apuntes de la CÁTEDRA: REPENSAR EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE • Alternativas para la transformación social-ecológica Andes; comprende 1’141.748 km 2 en su porción continental y 928.660 km 2 en la marítima; la primera incluye cinco gran des regiones naturales: Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia; la porción marítima comprende parte del litoral Pacífico y parte del Caribe, en cada uno de los cuales están localizadas islas, islotes y cayos. Esta superficie se encuentra dispuesta sobre la línea ecuato rial e incorpora tres formaciones de la cordillera andina(Occi dental, Central y Oriental) con elevaciones que abarcan desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 5.500 metros. Dentro de ellas se han formado numerosos páramos, ríos, valles, cuencas, humedales, altiplanos, terrazas, sabanas, selvas y llanuras selváticas. Estas condiciones generan diná micas climáticas que han contribuido a la formación y coe xistencia de una inmensa cantidad y diversidad de especies biológicas, lo cual hace de Colombia un país inmensamente diverso: megadiverso. En este medio se han generado diver sos tipos de suelos con una gran disponibilidad de aguas: dentro de su superficie total, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Colombia cuenta con 26,5 millones de hectáreas con voca ción agrícola, lo cual lo hace uno de los países con mayor disponibilidad de suelos con potencial agrícola, al tiempo que ocupa el puesto dieciséis en disponibilidad anual de agua por habitante: 50.000 metros cúbicos. 2.2 Trayectoria de la problemática rural y agraria A comienzos de la década de 1950 varias misiones internacio nales visitaron a Colombia(Birf 1949-1950, Cepal 1954-1957, Economía y Humanismo/Lebret 1954-1958)(ver Currie, 1958; Gómez, s. f.) y coincidieron en registrar el carácter crítico de las condiciones del campo y la agricultura, así como sus im plicaciones, las cuales fueron constatadas por los resultados de la Muestra agropecuaria de 1954. Las estadísticas sobre la estructura de la propiedad agraria, establecidas en distin tos ejercicios realizados a partir de esos años, evidencian sus rasgos básicos, referidos a la distribución de la propiedad y el uso de los suelos; como podrá apreciarse sesenta años más tarde, esta estructura de la propiedad y el uso no solamente se mantiene incólume sino que sus desequilibrios se han profundizado. La información de esta Muestra revela una elevada concen tración de la propiedad: registró una superficie ocupada de 27,7 millones de hectáreas dentro de las cuales las 8.093 propiedades de más de 500 hectáreas(0,9% del total) con trolaban 11,1 millones de hectáreas, el 35% de la superficie ocupada. Por su parte, las 503.000 fincas con menos de 5 hectáreas(61% del total) ocupaban un millón de hectáreas, el 3,5% de la superficie. Teniendo presente estos datos frente a los proporcionados por el Censo realizado en 2014 se advierte el carácter inamovible de esta estructura: este último registró una superficie ocupada total de 69,1 millones de hec táreas, de las cuales las 9.500 fincas con más de 500(0,5% del total) controlan 47,2 millones, el 68,2% de la superficie, en tanto las 368.000 fincas de menos de 5 hectáreas, el 70,5% del total, ocupan una extensión de 2,1 millones de hectáreas, el 4,2% de la superficie total. Con las tendencias representa das en estas cifras Colombia ha alcanzado uno de los niveles más elevados de la concentración de la propiedad en Améri ca Latina, con un coeficiente de Gini que ascendió de 0,839 en 1984 a 0,897 en 2014( OXFAM , 2017: 8). En cuanto al uso de la tierra, en 1954, 13,4 millones de hectáreas, el 48% de la superficie total, estaban dedicadas a prade ras, para un total de 10,9 millones de cabezas con una carga de 1,2 cabezas por hectárea; en 2014 la superficie dedicada a este uso cubre 34,4 millones de hectáreas, 80% de las tierras para uso agropecuario, para un hato de veintiséis millones de cabezas, con una carga de 1,3 cabezas por hectárea. Con res pecto a la superficie cultivada, en 1954 cubría seis millones de hectáreas, extensión superior a las 5,7 millones recien temente informadas por el Dane( OXFAM , 2017: 230); para entonces la población colombiana sumaba 13,8 millones de personas; hoy la cantidad es de más de cincuenta millones, proporciones que necesariamente generan preocupación en cuanto a la oferta de la producción alimentaria nacional. De las características imperantes a mediados de los años 1950, señaladas entonces de manera persistente, así como de los vínculos entre las mismas y el profundo conflicto social armado que se desarrollaba ya entonces en el país, habría de surgir una propuesta de reforma agraria, plasmada en la ley 135 de 1961. La iniciativa, con antecedentes en los debates sobre el régimen agrario en los años 1920, fue impulsada por sectores modernizadores del país con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos por medio de su Agencia para el Desa rrollo Internacional( USAID ). Para estos años Colombia estaba 4 Sostenibilidad de la agricultura colombiana | Darío Fajardo Montaña sumida en la guerra civil de la cual las dirigencias políticas del país se propusieron salir mediante el pacto bipartidista del Frente Nacional. El conflicto había generado profundos efectos económicos y políticos que habrían de ser superados para hacer gobernable el país: por una parte se había confi gurado una proporción considerable de poblaciones desarrai gadas y desposeídas; por otra había crecido la concentración de la propiedad, evidente en la Muestra agropecuaria de 1954 ya considerada. La vía para resolver estas condiciones era la puesta en marcha de una política de redistribución de la propiedad territorial con un amplio acompañamiento institucional que permitiera establecer las bases de una democratización en las relaciones campo-ciudad, una política efectiva de reforma agraria, contemplada en la ley mencionada. 2.3 ¿ Reforma agraria o colonizaciones? Las élites colombianas no aceptaron la reforma de la propie dad de la tierra, una posición profundamente arraigada y sos tenida hasta el presente(García, 1973; Echavarría O., 1987; Machado, 2009; Kalmanovitz y López, 2006; Berry, 2017). La posición de estas élites quedó plasmada en el“Pacto de Chi coral”(1972). En desarrollo del mismose dictaron las leyes 4a de 1973 y 6a de 1975, sobre la renta presuntiva y la apar cería, las cuales blindan a las grandes propiedades rurales frente a la acción del Estado en términos de reforma agraria, así como contra eventuales reclamaciones por parte de tra bajadores vinculados como aparceros a las haciendas. Ante la demanda de tierras por parte de la población campesina expropiada durante las fases previas de la guerra, la direc ción del Estado descartó la afectación de las propiedades ociosas, optando por las colonizaciones apoyadas en la titulación de baldíos. Para ese entonces los Estados Unidos se habían precipita do a su guerra contra Vietnam, que desencadenó un potente movimiento pacifista. La respuesta del establecimiento fue una severa represión mediante la persecución judicial, poli cial y el asesinato de dirigentes del movimiento, así como con la diseminación encubierta del consumo de psicotrópicos como herramientas de distracción. Entre tanto, el gobierno colombiano no solamente se trazó la línea defensiva del latifundio al neutralizar la ley 135 de 1961: una gran proporción de los campesinos que habían sido desalojados por la guerra en distintas regiones del país se dirigieron hacia regiones de los bordes de la frontera agrí cola, pero parte de las tierras hacia donde se encaminaron fueron declaradas áreas de protección ambiental. Como par te de una política de preservación del patrimonio natural se crearon los Parques Nacionales Naturales de la Serranía de La Macarena(1971), previamente declarada Reserva Natural (1948), cordillera de los Picachos(1977) y Tinigua(1989) 1 . Los campesinos fueron expulsados de las tierras que habían conquistado y laborado, las cuales no les fueron restituidas y, por el contrario, los espacios en donde pretendieron recuperar sus vidas, sus economías y sus organizaciones fueron declarados“áreas protegidas”. Cerrada la vía a la reforma agraria, Colombia, al igual que Mé xico, Bolivia y Perú resultó convertida en fuente de suministro de las drogas para el mercado que se abría en los Estados Unidos. Familias campesinas que desterradas reanudaron su marcha hacia las fronteras de la colonización, sin los apoyos efectivos del Estado que les habían sido ofrecidos, pronto fueron contactadas por los agentes del narcotráfico. Dados los bajos precios de las tierras y de la mano de obra de los campesinos y otros trabajadores que se vincularían a la ac tividad, la oferta colombiana se haría altamente competitiva y rentable, por lo cual en pocos años se llegó a niveles de sobreproducción, condición que habría de generar crisis y nuevas tensiones en las regiones productoras, ya asociadas a los desarrollos del conflicto armado iniciado décadas atrás. De esta manera, con la combinación de la política de tierras y la de áreas protegidas se construyó un ordenamiento del territorio en el cual se asignan espacios para la producción agropecuaria, la minería, la protección del agua, la biodiver sidad y otros componentes del patrimonio ambiental, pero se excluye a los pequeños productores campesinos. Es una tendencia profundamente arraigada, dentro de la cual, según el Tercer Censo nacional agropecuario de 2014, la frontera agraria pasó de 27 a 60 millones de hectáreas, manteniendo en su interior las mismas proporciones de la tenencia y el 1 El documental La ley del monte(1989) de Patricia Castaño y Adelaida Trujillo incluye el testimonio de varios de los colonos asentados en la Serranía de La Macarena luego de los desalojos producidos durante la Violencia, en los cuales aseguran:“Aquí nadie nos dijo que esto era una reserva”. 5 Apuntes de la CÁTEDRA: REPENSAR EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE • Alternativas para la transformación social-ecológica uso de la tierra: predominio de la gran propiedad, con exten sas superficies en pastos, para una ganadería por lo general atrasada, con una carga de una cabeza de ganado por hec tárea; 1’658.450 fincas de menos de 10 hectáreas, el 81% de las explotaciones, controlan 3,4 millones de hectáreas, el 5% del total del área censada, al tiempo que 2.362 explotaciones con más de 2.000 hectáreas, el 0,1% de las explotaciones, cubren 40,6 millones de hectáreas, el 60% del área total 2 . Este modelo de ocupación dominado por la gran propiedad continúa expandiéndose con su bagaje de grandes extensio nes subutilizadas y muchas veces acumuladas mediante la violencia. Es el resultado de decisiones que han expresado la voluntad de las élites de impedir que esos campesinos arraiguen en tierras propias, de sumirlos en el pago de ren tas, como lo regula la aparcería, o de orientarlos hacia su conversión en jornaleros(ver Binswanger et al., 1993). De finidos de esta manera los delineamientos sustanciales del modelo agrario y el conflicto asociado a él, la guerra continuó abriendo paso al nacimiento de la insurgencia en medio de los surcos campesinos. A comienzos de la década de 1980 el gobierno de Belisario Betancur(1982-1986) inició conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc. Entre el gobierno, los colonos y la in surgencia se acordó el establecimiento de un proyecto de desarrollo socioeconómico en el medio río Caguán, Caquetá. La zona ya figuraba en el decreto 1110 de 1928 y sus linea mientos organizativos no distaban de los que tuvieron las colonias agrícolas de finales de los años 1920 impulsadas por los campesinos del Sumapaz. Al poco andar el proceso fue interrumpido y la guerra continuó su marcha hasta la llegada de una nueva etapa de conversaciones, a finales de la década de 1990. Entre tanto, la persistencia de la concentración de la propiedad así como la precariedad del desarrollo social, económico y técnico del campo colombiano advertidas por las agencias de desarrollo, en particular el Banco Mundial y la FAO en el marco de la liberación comercial, abrieron la vía a una nueva propuesta de reforma agraria contenida en la ley 160 de 1994 (The World Bank, 2004; FAO /Cega, 1994). Su aprobación fue seguida por una aplicación muy limitada; la atención a las de 2 Dane, Tercer Censo nacional agropecuario. mandas campesinas continuó represada hasta el punto que las movilizaciones de 1996 requirieron al gobierno su cumpli miento, en particular el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina, figura incluida en esa norma. La ley no ha sido aplicada y, como lo ha consignado el propio Banco Mundial, el estilo de desarrollo seguido por Colombia ha profundizado los desequilibrios en el conjunto de la so ciedad y en el campo en particular. Distintos estudios(De Ferranti, 2005; PIADAL , 2013; PNUD , 2011) hacen evidente que las políticas seguidas hasta el presente no solucionan ni los desequilibrios territoriales ni la persistencia de la pobreza rural. De hecho, Colombia muestra“condiciones alarmantes” comparada con otros países andinos, circunstancias que ex plican la profundización del malestar en el campo. Investigaciones sobre el impacto de la introducción de los pa quetes tecnológicos de la“revolución verde” diseminados por empresas transnacionales(semillas transgénicas, agroquí micos, riegos intensivos, etcétera) han identificado incremen tos en los costos de producción que excluyen a los pequeños cultivadores. La reiteración de estos efectos y el decaimiento de los sistemas de asistencia técnica registrado por el Censo agropecuario de 2014 se han traducido en el debilitamiento de las condiciones productivas del conjunto de los estableci mientos agrícolas independientemente de su escala. La transición hacia una economía agraria basada en la pro ducción de agroexportables ha convertido a las regiones ob jeto de dicho proceso en“territorios en conflicto” entre los intereses dominantes y las resistencias opuestas por los sectores subalternos. La imposición del poder económico y político para controlar el destino de recursos naturales como los suelos, las aguas, la biodiversidad y las propias poblacio nes ha generado y arraigado conflictos que han conducido al empobrecimiento de las comunidades, así como al uso inapropiado de los suelos y la destrucción de la biodiversidad. La legislación que sustenta estas orientaciones quedó repre sentada en el Plan nacional de desarrollo 2014-2018 y en la ley 1776 de 2016, mediante la cual se establecieron las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social(Zidres). A esta figura, presentada como“nuevo modelo de desarrollo económico regional”, se le asigna cumplir esta función me diante el ordenamiento territorial( DNP , 2018: 8). 6 Sostenibilidad de la agricultura colombiana | Darío Fajardo Montaña La ley facilita la legalización de compras de tierras que ha bían sido asignadas a través de reforma agraria por medio de Unidades Agrícolas Familiares( UAF ) y promueve su absor ción mediante concesiones de tierras a grandes proyectos agroexportadores. Al tiempo, minimiza su asignación a favor de los pequeños campesinos –carentes de ellas o con muy pequeñas posesiones–, para los cuales solamente se prevé su asociación con grandes emprendimientos en condiciones que semejarían la calidad de aparceros. Estas circunstancias se agravan por el propósito explícito en la ley 1776 de 2016 de establecer zonas francas agroindus triales(artículo 2°) en el interior de las Zidres, lo cual las con vierte en territorios autónomos frente a la legislación laboral, facilitando una mayor precarización de las condiciones de trabajo de los asalariados. A esta norma se añade un nuevo proyecto de ley modifica torio de la ley 160 de 1994, el cual desdibuja los propósitos de la Unidad Agrícola Familiar( UAF ), destinada a viabilizar el acceso a la tierra de los campesinos carentes de ella, al pretender hacer extensivo este acceso a grandes proyectos de inversión. A este propósito añade la pretensión de eliminar varios artículos referidos a la protección de la propiedad par celaria y a los programas de colonización como lo propone en su artículo 43, lo cual alejaría la posibilidad de una mínima justicia en tierras para los agraviados históricos por la gue rra, sujetos naturales de la reforma agraria. 3. EL ACUERDO DE PAZ: ¿ UN CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD? Las tendencias señaladas afectan a las comunidades cam pesinas, indígenas y negras así como a sus territorios, con alcances que impactan negativamente y de manera creciente a la propia sostenibilidad de la nación. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi(Igac) junto con la Corporación Colombia na de Investigación Agropecuaria(Corpoica)(Igac/Corpoica, 2002), así como investigadores de la comunidad científica (León, 2019; Márquez, 2001), entre otros, han registrado las magnitudes del deterioro de los suelos como resultado de la deforestación, erosión, salinización y compactación de los mismos, resultantes en su conjunto de las prácticas técnicas y tecnológicas con las cuales se ha construido y expandido la frontera agropecuaria, en particular la“revolución verde” y sus efectos en los suelos, las aguas y la biota. El crecimiento de la gran propiedad de la mano de la expan sión de la ganadería extensiva, junto con el ejercicio de la violencia y la usurpación de tierras a comunidades, pequeños y aún medianos campesinos, ha presionado la ampliación de la frontera agraria más allá de los bordes de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, afectando la estabilidad de estas comunidades y la sostenibilidad ambiental. Más aún, el establecimiento de iniciativas de protección por medio de la delimitación de parques y la ampliación de reservas fo restales sin el acompañamiento de una definición de áreas adecuadas para el desarrollo de las economías campesinas en términos de su estabilización, como parte de sus capaci dades en la protección ambiental y la generación de su oferta alimentaria para el abastecimiento de las poblaciones rurales y urbanas, ha conducido a la ocupación indebida de los espacios para protección ambiental. Este diagnóstico es conocido, como lo son las propuestas planteadas para su superación. Una buena parte del país acogió la posibilidad de ligar a cada uno de ellos con la de poner fin a la guerra con lo cual se configuró el Acuerdo de paz que habría de ser sellado en las conversaciones de La Habana y en Bogotá en 2016. Una de sus bondades es la articulación entre la reforma rural integral con una propuesta de sosteni bilidad ambiental, uno de cuyos propósitos centrales es el de asegurar condiciones de vida digna para las y los campesi nos, en términos de su organización, el acceso a la tierra y a las dotaciones adecuadas para la producción y la comercialización, articuladas con el afianzamiento de las condiciones técnicas y económicas de esa sostenibilidad ambiental. La propuesta contempla su materialización por medio de planes locales, regionales y nacionales de acceso y formali zación de la tenencia para campesinos sin tierra o con muy bajas dotaciones de ella. Junto con ella, la promoción y el fortalecimiento de la comercialización de los productos pro venientes de la producción de la economía campesina, fa miliar y comunitaria, la mejora de su disponibilidad para el abastecimiento alimentario y nutricional de dichos territorios y de excedentes para intercambios interregionales, relacio namientos equitativos con las ciudades y el abastecimiento en general del mercado interno, sin excluir la exportación de 7 Apuntes de la CÁTEDRA: REPENSAR EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE • Alternativas para la transformación social-ecológica excedentes, en el marco de los procesos de integración lati noamericana. El apoyo al desarrollo productivo de la agricultura de campe sinos y medianos productores requerirá configurar y aplicar un Plan general de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación para estimular procesos de innovación y mejorar la sostenibilidad de los proyectos pro ductivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este plan, elaborado con la participación activa de producto ras y productores convocados a partir de los niveles locales, incluirá un sistema de seguimiento y evaluación de calidad con participación de la comunidad. Un componente central de esta propuesta para la sostenibilidad será la promoción y protección de las semillas nativas y bancos de semillas, para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo y la estricta regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos. Complementariamente ha de configurarse y desarrollarse un plan de fomento de la economía solidaria y cooperativa ru ral para asegurar el acceso a bienes y servicios y, en general, para mejorar las condiciones de vida, trabajo y producción. Esta política ha de apoyar el desarrollo cooperativo y la aso ciatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización, y adoptar me canismos de compras públicas de las entidades y programas institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta economía campesina, familiar y comunitaria. La protección y preservación del agua, los suelos, la biodi versidad y el conjunto del patrimonio ambiental han de ser la garantía de un desarrollo sostenible, para lo cual será ne cesario establecer un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ecológico, las cuales incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternati vas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan, garantizando su participación en la gestión de estas áreas. Será necesario crear incentivos para promover la reconver sión productiva de tierras inadecuadamente explotadas for taleciendo igualmente la participación de la ciudadanía local en la planificación y ordenamiento del territorio. Las posibilidades futuras de la producción agrícola y, en ge neral, la sostenibilidad socioambiental del país están siendo cada vez más afectadas por las economías de extracción de recursos naturales no renovables, en especial minero-ener géticos, las cuales vienen transformando y afectando de ma nera significativa los derechos y la vida de las personas y de comunidades enteras, los usos del suelo, las fuentes de agua, los ecosistemas. En esta medida será necesario crear incentivos para promover la reconversión productiva y ambiental de los proyectos mineros con la participación de la ciudadanía local en la planificación y ordenamiento del territorio. El referente central de esta propuesta será la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la Nación. REFERENCIAS Berry, Albert. 2017. Avance y fracaso en el agro colombiano siglos XX y XXI . 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Se ha desempeñado como oficial y consultor de FAO e IICA , fun dador y director del Instituto Amazónico de Investigaciones Sinchi del Ministerio del Medio Ambiente, profesor de la Uni versidad Nacional de Colombia y director del proyecto piloto Zonas de Reserva Campesina. Ha desarrollado investigacio nes sobre políticas agrarias, desarrollo rural, colonizaciones y conflicto armado. Autor de Espacio y sociedad. Formación de regiones agrarias en Colombia; Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra; Las guerras de la agricultura colombiana; Agricultura, campesinos y alimentos en Colombia(1980-2010). Participó en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Vícti mas, Mesa de Conversaciones de paz de La Habana. La cátedra Repensar el futuro de América Latina y el Caribe. Alternativas para la transformación social-ecológi ca, ha sido organizada por el Foro Nacional Ambiental( FNA ), la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol), y las seis universidades pertenecientes al FNA : el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes, el Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Norte y la Universidad Tecnoló gica de Pereira. Entre sus objetivos se encuentra, haciendo alusión a su título, hacer un análisis y debate del futuro de América Latina y el Caribe, así como de las alternativas para su transformación social-ecológica; se busca también examinar el caso colombiano e incentivar la apropiación del análisis del futuro socio-ambiental por medio del debate regional, nacional y territorial.