Ailynn Torres Santana Editora Los cuidados Del centro de la vida al centro de la política MÉXICO I

Editora: Ailynn Torres Santana Autoras y autores: Aris Balbuena, Patricio Dobrée, Bishelly Elías Argandoña, Carolina Fuertes Medina, Patricia Fuertes Medina, Rossana Gómez, Myrian González, Claudia Hernández, Nina Mansilla, Lucilene Morandi, Bethel Nuñez Reguerin, María Rafaela Palacios Correa, Hildete Pereira de Melo, Isabel Pérez de Sierra, Magdalena Rendic, Laura Ríos Quiroz, Ana Danay Rodríguez Moya, Magela Romero Almodóvar, Diana Paola Salcedo Novoa, Clyde Soto, Lilian Soto, Andrea Tock, Ailynn Torres Santana, Diana Lilia Trevilla Espinal, Alejandra Trujillo Uribe, Ana Catalina Valencia y Karina Villa Ayala Diseño e ilustraciones de interior y cubierta: Ariana Jenik Diagramación: Fabiana Di Matteo y Ariana Jenik Infografías: Cristina Melo Corrección: Irene Domínguez Producción y coordinación: Proyecto regional FESminismos www.fes-minismos.com @fesminismos Responsables: Sarah Herold, coordinadora del Proyecto regional FESminismos Simone Reperger, directora del Proyecto regional FESminismos y representante de la FES Chile ISBN: 978-956-7630-96-7 Fecha de publicación: junio 2021 © Friedrich-Ebert-Stiftung Representación en Chile Hernando de Aguirre 1320 Providencia, Santiago de Chile El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización por escrito de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan las de la FES.

GUATEMALA América Latina y el Caribe: Cuidados, desde el centro de la política Ailynn Torres Santana México, Centroamérica y el Caribe Cuba Magela Romero Almodóvar Ana Danay Rodríguez Moya México Karina Villa Ayala Diana Lilia Trevilla Espinal Laura Ríos Quiroz República Dominicana Rossana Gómez Aris Balbuena Guatemala Andrea Tock Región andina Colombia Diana Paola Salcedo Novoa Alejandra Trujillo Uribe Perú Patricia Fuertes Medina Carolina Fuertes Medina Ecuador María Rafaela Palacios Correa Bolivia Bishelly Elías Argandoña Nina Mansilla Bethel Nuñez Reguerin Cono Sur Uruguay Isabel Pérez de Sierra Chile Cooperativa Desbordada Brasil Hildete Pereira de Melo Lucilene Morandi Paraguay Patricio Dobrée Lilian Soto Myrian González Clyde Soto III

Índice general Presentación, V América Latina y el Caribe: Cuidados, desde el centro de la política, 1 México, Centroamérica y el Caribe, 60 1. Cuba, 61 2. México, 100 3. República Dominicana, 148 4. Guatemala, 210 Región andina, 244 1. Colombia, 245 2. Perú, 302 3. Ecuador, 342 4. Bolivia, 392 Cono Sur, 438 1. Uruguay, 439 2. Chile, 466 3. Brasil, 520 4. Paraguay, 562 IV

Presentación E l proyecto regional FESminismos- El futuro es feminista de la Fundación Friedrich Ebert(FES) es una iniciativa que busca potenciar las voces y el activismo feminista en América Latina y el Caribe a través de encuentros e intercambios, para vincularse y articularse con base en objetivos y luchas comunes, cruzando fronteras y encontrando fuerza en nuestras diferencias. En la primera fase(2018-2021), el trabajo de esta red regional ha elegido a la Economía Feminista como foco temático, formulando alternativas al actual sistema económico capitalista y patriarcal. El proyecto reúne a feministas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El sistema económico capitalista global produce crecimiento a partir de la explotación de recursos naturales, pero también entendiendo el cuerpo femenino como un factor de producción de bajo costo. Las mujeres generalmente realizan la mayor parte del trabajo de cuidado, de forma gratuita o mal remunerada. Además, el dominio, la opresión y la discriminación son características fundamentales de las precarias condiciones de trabajo en las que a menudo se desenvuelven las mujeres. El sistema patriarcal imperante en América Latina y el Caribe refuerza estas características; por eso, hoy en día, las economistas feministas son pioneras en la construcción de un pensamiento crítico innovador acerca de un orden económico y social posneoliberal y pospatriarcal. Únicamente con la revisión de las relaciones entre economía, Estado, naturaleza y sociedad podremos alcanzar una transformación social y ecológica con justicia de género. La economía feminista ha hecho contribuciones cruciales respecto de esta temática relacionadas con la producción y reproducción material de la vida, la autonomía de la mujer, el futuro del trabajo, la organización social de las tareas de cuidados, la participación desigual en los mercados de trabajo, el impacto asimétrico de las políticas económicas, entre otras. Esta red regional busca, entonces, ahondar en las distintas dimensiones de la crítica feminista V

PRESENTACIÓN al capitalismo para así debatir, intercambiar y visibilizar estos aportes históricos de la economía feminista. Este libro, como parte de esa contribución, es el resultado de los esfuerzos de uno de los grupos de trabajo conformado en el marco del proyecto regional FESminismos ; sus integrantes decidieron abordar una de las temáticas centrales de la economía feminista: las economías del cuidado. Integrado por Ailynn Torres Santana(Cuba/Ecuador), Javiera Vallejo(Chile), Rosario Grados(Perú), y acompañado desde la FES por Elisa Gómez(México), María del Pilar Sáenz(Perú), Sarah Herold(Chile), Paula Rodríguez(Caribe) y Estefanía Avella(Colombia), desde 2018 desarrolló un trabajo conceptual en torno al lema#LosCuidadosAlCentro y desde entonces inició, también, las gestiones para la redacción de los capítulos de este libro. El trabajo que se presenta a continuación es fruto de un proceso que involucró a muchas personas con el propósito de dar un panorama latinoamericano y caribeño de los cuidados y que, además, por primera vez permite un abordaje comparativo entre diferentes países de la región. Esperamos que sirva como insumo para empujar una agenda de cuidados en todo el continente desde la academia, las organizaciones feministas y la política. VI

América Latina y el Caribe: Cuidados, desde el centro de la política

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CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA Cuidados, desde el centro de la política Ailynn Torres Santana 3

Ailynn Torres Santana . Investigadora posdoctoral del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies(IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo; investigadora visitante de la Freie Universität Berlin; investigadora asociada de FLACSO Ecuador y parte de la Red“El Futuro es Feminista” de la Fundación Friedrich Ebert. Graduada de FLACSO Ecuador(PhD) y de la Universidad de La Habana. Profesora invitada en la Universidad de La Habana (2006-2012), FLACSO Ecuador(2016-2018, 2020), Universidad de Barcelona(2015, 2018), Universidad de Massachusetts(2018) y la Freie Universität Berlin(2021). Fue investigadora visitante de la Universidad de Harvard(2019). Su trabajo académico y compromisos militantes son principalmente sobre los movimientos feministas, las desigualdades de género y neoconservadurismos en América Latina. Cuidados: del centro de la vida al centro de la política cuenta con una edición digital, que incluye los doce estudios de casos nacionales y este capítulo regional, y una edición impresa en tres volúmenes, correspondientes a tres subregiones: México, Centroamérica y el Caribe; Andes y Cono Sur. Este capítulo regional se incluye en cada uno de los tres volúmenes impresos, y en la edición digital. 4

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA Índice Introducción: la larga duración del debate sobre los cuidados 7 1 Los cuidados: derecho y trabajo 12 1.1. Cambios demográficos y necesidades de cuidados en América Latina 15 1.2. Feminización de la pobreza y cuidados 17 1.3. Empleo y brechas de género 19 1.4. Trabajo doméstico y de cuidados remunerado(TDCR) 23 1.5. Usos del tiempo 29 1.6. Normas, programas y servicios 34 1.7. Actores y debates políticos 42 2 Los cuidados y la crisis 47 3 Recomendaciones regionales 52 Bibliografía 57 5

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA Introducción: la larga duración del debate sobre los cuidados E n enero de 2020, poco antes de que la pandemia de covid-19 llegara a América Latina, un informe de Oxfam registraba que mujeres y niñas en el mundo, especialmente las que viven en condiciones de pobreza y marginación, dedicaban 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado sin remuneración, y que el valor monetario anual de ese trabajo era de US$10,8 billones(Coffey et al. , 2020). La misma fuente indicó que esos datos están subcalculados; sin embargo, ofrecieron en esa fecha información actualizada sobre el valor que el trabajo de cuidados impago aporta a la reproducción de los sistemas socioeconómicos: gran parte de quienes realizan trabajo de cuidados no reciben compensación alguna y muchas veces integran los grupos más empobrecidos y con mayores desventajas. Ese mismo análisis reiteró, como lo han hecho por años organizaciones de mujeres y feministas, que las labores de cuidados no se reconocen como trabajo cuando son impagas y que, si reciben remuneración, se desarrollan en condiciones mayormente precarizadas, sin protección estatal ni goce de derechos laborales. También insistió en la inequitativa redistribución de los cuidados al interior de las familias(las mujeres realizan las 3/4 partes de ese trabajo dentro de los hogares), del mercado laboral(son mujeres 2/3 de quienes realizan trabajo de cuidados remunerado) y entre los distintos agentes sociales(los Estados y el sector privado se des-responsabilizan y las familias y comunidades se sobrecargan). Ese y otros análisis continuaron alimentando discusiones ya robustas acerca de qué es el trabajo de cuidados, si la única forma de democratizarlo y visibilizarlo es otorgándole valor monetario o si, por el contrario, lo necesario políticamente es descentrar el debate de la relación capital – trabajado monetizado, y colocar en el centro no solo su aporte económico monetario sino otro hecho: que la vida individual y colectiva, para sostenerse, implica indefectiblemente cuidados. 7

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Aunque estos temas no son nuevos, han ganado relevancia en los últimos años dentro la política institucional y el debate ciudadano. Hoy están presentes y son acuciantes las preguntas políticas sobre qué son los cuidados; porqué son un derecho y un trabajo, independientemente de que se remuneren o no; cómo ese trabajo contribuye al sostenimiento de la vida y a la reproducción del conjunto social; y cómo conectar la política sobre los cuidados con la lucha contra la desigualdad y la crítica radical al orden global y doméstico existentes. El pensamiento y la militancia feministas han sido centrales en el esfuerzo por resituar a los cuidados y a la vida como eje de la reflexión sobre las sociedades que somos y queremos ser, y han insistido en que aunque todas las personas −transhistóricamente y en todos los contextos− necesitamos cuidados para vivir, los cuidados están a cargo mayoritariamente de las mujeres; que cuidar sin remuneración no se reconoce como trabajo aunque supone tiempo, esfuerzo y recursos; que la mayor parte de ese trabajo no recibe compensación económica ni de ningún tipo y muchas veces se realiza en condiciones precarias(ya sea en su forma remunerada como no remunerada); que las labores de cuidados sobrecargan a quienes las realizan y reproducen su falta de autonomía económica. Esos debates, total o parcialmente, tienen una larga duración dentro de distintas matrices políticas(Torres, 2020c) y a través de la politización del trabajo de cuidados directo, del trabajo doméstico y de todas las labores que permiten el sostenimiento de la vida. Dentro de la militancia socialista, desde inicios del siglo XX, las mujeres reclamaron a los Estados del“socialismo real” su corresponsabilización respecto de los cuidados. Guarderías públicas, comedores obreros y otros servicios relacionados con la reproducción de la vida concretaron institucionalmente, en parte, ese reclamo. Ello aseguraría la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y, por esa vía, su“emancipación”. Como resultado de esas y otras políticas en el“socialismo real” las mujeres devinieron trabajadoras asalariadas 1 con mucha mayor rapidez que en otras regiones del mundo. Aunque ello alteró el lugar del Estado en el mapa de la organización de los cuidados, no desactivó la lógica doméstica desigualadora ni la división sexual del trabajo, y las mujeres se vieron sobrecargadas con dobles y triples jornadas de trabajo: en la“producción” y la reproducción de la vida. Su mayor participación en la dinámica capital – trabajo asalariado no aseguró su“emancipación” en el“socialismo real” y ello confirmó que la transformación de la organización social de los cuidados implica la intervención multidimensional en los espacios tanto domésticos como públicos: se 1. En 1980, las mujeres conformaban la mitad de la fuerza laboral de los países de Europa del Este; mientras, en América Latina, por ejemplo, constituían 22% de ella(Molyneux, 2003). 8

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA requiere de una intervención sistemática y deliberada del Estado y de otros actores sociales(Martínez Franzoni, 2020). En las otras zonas del mundo donde, con ritmo más lento, las mujeres se proletarizaron, tampoco se produjo una transformación importante en la división sexual del trabajo y el ordenamiento de los cuidados. Pasada la primera mitad del siglo XX, feministas italianas y estadounidenses debatieron sobre el trabajo doméstico que permite la reproducción de la fuerza de trabajo como parte de la crítica que el feminismo marxista comenzó a hacerle al marxismo clásico 2 . Ellas observaron que para que quienes trabajan de forma asalariada puedan hacerlo, necesitan reproducir su fuerza de trabajo y, para ello, recibir cuidados directos e indirectos. Se trata de“dos cadenas de montaje”:“una cadena de montaje que produce las mercancías y otra cadena de montaje que produce a los trabajadores y cuyo centro es la casa”(Federici, 2018: 18). Que muchas veces sea impago no significa que no sea trabajo: asegura con tiempo, esfuerzo y recursos que quienes trabajan por salario(o lo harán en otro momento de su vida) se reproduzcan como trabajadores y trabajadoras. No es el salario lo que define lo que es y lo que no es trabajo. La descalificación de ese trabajo como tal y la responsabilización de las mujeres de su realización refuerzan la estructura de desigualdad social y de género: hace que ellas participen menos de los mercados laborales o que lo hagan en condiciones más precarias(en empleos flexibles para poder asumir luego el trabajo doméstico, o peor pagos); reafirma que el trabajo no remunerado está asociado a la“feminidad” y lo naturaliza; limita la autonomía económica de las mujeres y, con ello, la posibilidad de salir de ciclos de violencia, participar políticamente, etc.; y puede, también, profundizar la precariedad laboral de los hombres si ellos y sus familias dependen de ese salario como único ingreso familiar porque las mujeres deben asegurar el sostenimiento doméstico sin remuneración(Federici, 2018). Con todo y como han argumentado los feminismos, la desvalorización del trabajo de cuidados forma parte de los mecanismos de explotación y de dominación. En el marco de esa crítica, que se tradujo políticamente en los años 70 en la campaña feminista“Salario para el trabajo doméstico” 3 , se formuló una comprensión ampliada de lo que era el trabajo doméstico, que incluyó lo que hoy politizamos como trabajo doméstico y de cuidados no remunerado(TDCNR): 2. Marx conocía de la subordinación de las mujeres dentro de la familia y del modo de producción capitalista. Sabía, también, que la fuerza de trabajo necesitaba reproducirse, pero en su argumento ese proceso estaba asegurado por el“instinto” de los trabajadores y por el consumo de mercancías. El trabajo doméstico y de cuidados quedó sin teorización ni historización(Federici, 2017). 3. Esa campaña arremetió contra el programa que ve la“emancipación de la mujer” en la conquista del mercado de trabajo capitalista, y se posicionó en línea anticapitalista. 9

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos −los futuros trabajadores− cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo(Federici, 2018: 30). Vega y Gutiérrez(2014) informan que la crítica feminista a la categoría trabajo, y la politización del TDCNR continuó planteándose durante los años 90 sobre todo en Europa y a través de estudios empíricos. Entonces comienzan a medirse de forma más fiable esos trabajos, a calcularse sus costos(sociales y para las mujeres) y a analizarse las articulaciones entre las familias y el mercado para asegurarlos(Picchio, 1994). Las investigaciones que se realizan durante esa década, entre las que se incluyen los llamados enfoques del caring labor , verificaron nuevamente que el trabajo de cuidados reproduce la desigualdad, denunciaron que los Estados de bienestar tenían un sesgo sexista(suponían que las mujeres eran las responsables de los cuidados) y familista(las familias eran las principales responsables del bienestar), cuestionaron los modelos del varón proveedor y la mujer cuidadora, y exploraron la dimensión afectiva de los cuidados(Vega y Gutiérrez, 2014). A inicios del siglo XXI la discusión sobre los cuidados gana profundidad y alcance. Se integra a ella, sistemáticamente, el análisis de la forma en que distintos actores sociales y económicos ordenan los cuidados y se suman perspectivas transnacionales que conectan los procesos y exigencias migratorias con los mercados de trabajo asociados a los cuidados(muchas veces ocupados por migrantes)(Vega y Gutiérrez, 2014). El mayor análisis sobre los cuidados ha perturbado los enfoques(ortodoxos y heterodoxos) sobre el trabajo, la economía, la política y las normas sociales, que continúan entendiendo al trabajo solo como empleo asalariado y a la economía solo como aquello que transcurre en el mercado. Al mismo tiempo, se ha estructurado una crisis de cuidados: cada vez existen menos garantías de que podamos recibir cuidados u ofrecerlos, de que podamos sostener la vida individual y colectiva. En ello influyen el envejecimiento demográfico −o sea, el aumento del número de personas adultas en edad avanzada con mayores grados de dependencia−, la familiarización y mercantilización creciente del bienestar(consecuencia del retraimiento de los Estados de sus funciones sociales) que sobrecarga especialmente a las mujeres, la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo asalariado(en condiciones de mayor precarización) disminuyendo el tiempo disponible para los cuidados. En América Latina(y en otras regiones del Sur Global) lo anterior se relaciona con una elevada precarización social que también da cuenta de una crisis reproductiva que es estructural, donde la escasez de servicios 10

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA básicos y los fortísimos ensamblajes que reproducen la pobreza y la exclusión agravan la imposibilidad de sostener la vida. A partir de 2006 han proliferado los análisis y demandas populares de atención política en este sentido. Ello ha impactado en el plano normativo. Esquivel y Kaufmann(2016) afirman que en esta región existe una normativa relativamente amplia y con contenidos de justicia(comparada con la de otras regiones del Sur Global); países como Ecuador, Bolivia y Venezuela han reconocido en sus Constituciones que TDCNR es trabajo. Además, en varios países ha comenzado a contabilizarse el valor de ese trabajo en las cuentas nacionales, para valorizarlo; en Uruguay se ha diseñado e implementado un Sistema Integral de Cuidados y en otros lugares se insta a impulsar políticas en línea similar(por ejemplo, en Argentina, Colombia, México, Paraguay). No obstante, hasta el momento esos pasos no se traducen en una democratización que impacte en la vida social en amplia escala. Mientras, colectivos de mujeres y feministas continúan reinventando formas de sostener la vida dentro y fuera de las familias, organizándose, buscando y, eventualmente, logrando incidencia institucional, al tiempo que tramando cuidados en las comunidades y territorios diversos. Una de las disputas que continúa presente es la de cómo definir a los cuidados y al trabajo de cuidados. Aunque, como hemos visto, el debate ha sido largo, en los organismos internacionales comenzó a hablarse de cuidados en la Plataforma para la Acción de Beijing(1995), donde“cuidados” y“trabajo no remunerado” fueron sinónimos. La Plataforma puso énfasis en la contabilización y reconocimiento de ese trabajo y dejó en un opaco segundo plano la otra cuestión de la compensación económica o la redistribución(Esquivel, 2015). En los años siguientes el tema ganó visibilidad y dos décadas después, en 2015, el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible incluyó los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados como una meta específica, la 5.4 4 , que planteaba la necesidad de redistribuir los cuidados, valorizarlos, comprometer a los Estados con ello, y considerar los impactos de la precariedad y la desigualdad en este campo(Esquivel y Kaufmann, 2016). Ese paso fue importante en la arena de las relaciones internacionales. Los feminismos han argumentado que los cuidados refieren a una función social que integra actividades, bienes y relaciones destinadas al aseguramiento de la vida y a la búsqueda de bienestar de las personas . Los cuidados proveen bienes esenciales para la vida(alimentación, abrigo, higiene), conocimientos, acompañamiento, atención emocional, valores y 4. Objetivo 5:“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”/ Meta 5.4:“Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”. 11

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE prácticas, mantenimiento de los hogares(limpieza, provisión de los alimentos, agua y otros recursos indispensables). Por tanto, involucran tanto activos económicos como recursos emocionales y valores morales(Rico y Robles, 2016: 11). La gama de tareas que implica sostener la vida es amplia y muchas veces estas se realizan de forma simultánea; por eso, trabajo doméstico y de cuidados directos se traban en complejas cadenas de distribución de tiempo y recursos que tributan al mismo fin: sostener la vida. En el diario vivir se estructura una red inevitable de necesidades propias que, para satisfacerse, necesitan de otras personas, instituciones, grupos: la interdependencia es una cualidad de los sistemas sociales. De los cuidados no se puede prescindir, aunque en algunas etapas o situaciones de la vida, por ejemplo, durante la niñez, la vejez, enfermedades, etc., se requieran más cuidados o cuidados diferentes. El individuo autosuficiente y totalmente autónomo es una ficción perniciosa y políticamente interesada(Del Río y Pérez-Orozco, 2004). Por lo anterior, los feminismos han insistido en la necesidad de descentrar la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo(aunque incluyéndola) y politizar el trabajo del sostenimiento de la vida y el derecho a que eso sea posible: lo central no es qué hace falta para que vivan quienes trabajan asalariadamente, sino qué hace falta para sostener la vida del conjunto social y natural; al tiempo que es necesario tener en cuenta no solo la funcionalidad social y económica del trabajo no remunerado de las mujeres sino en qué sentido y con cuáles consecuencias las identidades sexuadas de las mujeres comprenden al cuidado como uno de sus elementos(Marco y Rico, 2013). La división sexual del trabajo según la cual las mujeres son quienes principalmente cuidan se sostiene en argumentos y normas sociales que aparecen en geografías muy distintas: los cuidados se realizan mejor si son a manos de una mujer, es su deber, su vocación o su obligación desinteresada y fundada en el amor por los otros. El derecho a no cuidar les está vedado. Con todo lo dicho, el esfuerzo por socializar, politizar y desnaturalizar la forma en que transcurren los cuidados es central para los debates sobre la justicia. Por ese camino, es imprescindible descubrir el rol de los cuidados en la reproducción del orden social y de las desigualdades e idear recomendaciones para cuidar y recibir cuidados de pleno derecho. 1. Los cuidados: derecho y trabajo Dos de los enfoques más potentes en el debate político sobre los cuidados son los que defienden que el cuidado es un derecho y un trabajo. En tanto derecho, 12

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA cada sujeto autónomo, portador de derechos, puede y debe exigir la satisfacción de sus demandas de cuidado, independientemente de su situación de vulnerabilidad o dependencia, ya que el deber de provisión de cuidados que el derecho le confiere no se asienta en su necesidad, sino en su condición de persona(Pautassi, 2013: 113). Entonces, el derecho al cuidado es integral y universal, para todas las personas, y no un reconocimiento particular del deber de un grupo específico −por ejemplo, las mujeres− a cuidar; o de la necesidad de otro grupo específico −por ejemplo, las personas con dependencia funcional o niños y niñas− de recibir cuidados. Antes bien, hay una obligación de todos los actores, también de los Estados, de otorgar garantías universales respecto al derecho establecido. A la vez, el derecho al cuidado involucra varias dimensiones: derecho a cuidar, a recibir cuidados, al autocuidado y a no cuidar; y cada sujeto portador del derecho lo es en atención a todas ellas. Con todo, el papel del Estado deja de ser el de compensar con prestaciones aquellos cuidados que no se obtienen en el mercado o en la familia; el Estado tiene que ser también garante de los derechos tanto de los de las personas que cuidan como de los de quienes reciben cuidados(Montaño, 2010), a través de arreglos público-privado-comunitarios que lo hagan posible y que consideren el continuum hogar – espacio público en el que realmente se despliegan las necesidades de cuidado y estas se resuelven(Marco y Rico, 2013). Las garantías para el derecho al cuidado implican una relación entre el reconocimiento del derecho reconocido, el empoderamiento de sus titulares y la obligación correlativa a ese derecho que tienen todos los actores sociales(Montaño, 2010). Además, el enfoque de derechos implica considerar que todos los derechos son interdependientes; por tanto, el derecho al cuidado lo es respecto a otros: derechos a la alimentación, la salud, educación, empleo y vivienda dignos, etc. No es posible que uno de esos derechos sea afectado, disminuyendo sus garantías, sin que eso no tenga consecuencias en los otros. Por su parte, el abordaje de los cuidados como trabajo ha contribuido a reconocer que esas labores aportan valor(se remuneren o no). Eso ha implicado la impugnación, nuevamente, al concepto de trabajo que define solo aquello que se asalariza y al concepto de economía que refiere como tal solo a aquello que sucede en los mercados. Por el contrario, se ha defendido que “economía son todos los procesos de generación y distribución de recursos que permiten satisfacer las necesidades de las personas y generar bienestar, pasen o no por los mercados”(Pérez-Orozco y Agenjo, 2018: 7). Por ese camino, el TDCNR ha comenzado a incorporarse a las cuentas nacionales y a la producción estadística, y ha empezado a contabilizarse, aunque aún de modo descontinuado y sin acuerdos internacionales sobre los indicadores a tener en cuenta y cómo medirlos, lo cual dificulta la realización de 13

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE comparaciones precisas. No obstante, en las últimas décadas países latinoamericanos han calculado el equivalente del valor del TDCNR respecto a su producto interno bruto(PIB). Los cálculos informan que el valor del TDCNR equivale a entre el 15,9% y el 25,3% de los PIB nacionales y que las mujeres aportan cerca del 75% de este valor(CEPAL, 2019). El consolidado de la CEPAL(2021) y Cuidados: del centro de la vida al centro de la política (2021) muestra, para doce países de América Latina, las siguientes cifras: Gráfico 1. TDCNR respeto al PIB(12 países) Gráfico 1. TDCNR respecto al PIB(12 países) 0 Uruguay (2013) El Salvaador (2010) Costa Rica (2017) Argentina (2013) Ecuador (2017) Perú (2010) Colombia (2017) Chile (2015) Brasil (2011) México (2018) Guatemala (2014) Cuba (2002) 22,9 21,3 25,3 15,9 19,1 20,5 20 21,8 12,86 23,5 18,8 20 Fuent F e u : e L n o t s e d : a L t o o s s d d a e to B s r d as e il B , C ra h s i i l l e , , C C h o il l e o , m Co b l i o a m , P b e i r a ú , P y e E rú cu y a E d c o u r a e d s o t r án es i t n á c n lu in id c o lu s id e o n s lo e s n a lo n s ál a is n i á s l n is a is ci n o a n c a io le n s ales de Cu d id e ad C o u s id : d ad el o c s e : n d tr e o l c d e e n la tro vid d a e a la l c v e i n d t a ro al d c e e l n a t p ro ol d íti e ca la . L p o o s lít d ic a a to . s Lo d s e d G a u to a s te d m e a G la u , a A t r e g m en al t a in , a A , rgentina, Costa Costa R R ic ic a a , , E E l l S S a a lv l a va d d o o r r y y U U ru r g u u g a u y a e y s e t s á t n án re r g e is g t i r s a tr d a o d s o e s n e C n E C P E A P L A (2 L 0 ( 21 0 ) 2 . 1 E ) l . d E a l t d o a d to e C d u e b C a u a b p a a a re p c a e re e c n e L e a n ra L ( a 2 r 0 a 1 ( 3 2 ) 0 . 13). 0 Si bien esa información contribuye a dimensionar monetariamente el aporte de un trabajo que habitualmente no se considera tal, como se mencionó antes, continúa abierto el debate que observa que esos cálculos no superan la crítica a la monetización de todos los ámbitos de la vida, frente a la necesidad de crear valor más allá de aquello que se exprese en precios y a la importancia de colocar en el centro el sostenimiento de la vida. Es por toda esa complejidad que la valorización del trabajo del cuidado y la evaluación política sobre el derecho al cuidado necesita dar un paso más allá del cálculo del valor monetario de ese trabajo. Antes bien, es imprescindible pensar en todos los campos socioinstitucionales que implican los cuidados y que, como veremos más adelante, compelen a las políticas sociales, laborales, a las normas jurídicas y a las normas sociales, a la acción política organizada de la sociedad civil. 14

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA Las páginas que siguen llaman la atención sobre el conjunto de esas dimensiones a través de referencias a: los procesos de cambios demográficos de la región y sus implicaciones para las necesidades de cuidados; los indicadores de pobreza y desigualdad y su relación con los mandatos de género; las estructuras del empleo y brechas de género en los mundos del trabajo; los usos del tiempo, con enfoque específico en el TDCNR; el estado del debate sobre los cuidados en la región y los actores que lo impulsan; apuntes de la discusión sobre los cuidados desde la crisis que asola al mundo en 2020 y 2021; y, finalmente, algunas recomendaciones de actores de la sociedad civil para la intervención, desde las políticas públicas, en la organización social de los cuidados. Para ello se utilizarán como fuentes principales los análisis que compendia Cuidados: del centro de la vida al centro de la política , con sus doce estudios de caso nacionales 5 . Además, se complementará el análisis con otras fuentes recientes, de organizaciones internacionales y estudios académicos sobre el tema. El objetivo, a partir de este momento, es ofrecer una mirada regional, lo más integral posible sobre distintos procesos, campos, estructuras sociopolíticas y actores relacionados con la organización social de los cuidados y con su politización. 1.1. Cambios demográficos y necesidades de cuidados en América Latina Se ha dicho que todas las personas necesitamos cuidados para vivir. A la vez, en ciertos ciclos o momentos de la vida, los cuidados necesarios son más intensivos e implican mayor tiempo; entre ellos en la niñez y la adultez mayor. Por eso, los cuidados están conectados a los procesos y cambios demográficos. El crecimiento de la población infantil o de la adulta mayor, y la disminución relativa de la población del resto de las edades, que están en mejores condiciones para proveer cuidados, aumenta la razón demográfica de dependencia y avanza hacia la estructuración o profundización de crisis de cuidados. Tener en cuenta los cambios y proyecciones demográficas permite anticipar las mayores necesidades de cuidados y repensar las políticas públicas en función de ello. Latinoamérica es demográficamente heterogénea. Hasta mediados del siglo XX podía identificarse una tendencia regional más o menos uniforme: predominancia de población joven, baja esperanza de vida y altas tasas de fecundidad y natalidad. Desde los años 70, se han producido cambios de peso; entre ellos, el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la mortalidad 5. Cuando no se señale otra, la fuente de las cifras y referencias a países concretos se toman de los capítulos correspondientes a esos territorios que aparecen en Cuidados: del centro de la vida del centro de la política. 15

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE materna e infantil y la disminución de las tasas de fecundidad(CEPAL, 2019) 6 . Aunque el proceso es transversal a toda la región, esos cambios no sucedieron al unísono, a la misma velocidad ni se expresan de la misma forma en cada país. En relación con las tasas de fecundidad, por ejemplo, se mantienen diferencias notables entre las zonas rurales y las urbanas, entre distintos grupos socioeconómicos o étnico-raciales, y entre grupos con diferente nivel de instrucción y de ingresos: la tasa de fecundidad es mucho más pronunciada entre sectores de menor nivel educativo y de ingresos, rurales y racializados(CEPAL, 2019). Por otra parte, la brecha de esperanza de vida entre mujeres y varones se ha ensanchado. En el promedio regional, las mujeres tienen casi siete años más de esperanza de vida que los hombres, y esa cifra es mayor en algunos países(ONU, 2019). No obstante, las mujeres tienen mayores niveles de morbilidad y riesgos asociados a la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva. De hecho, en algunos países la mortalidad materna continúa siendo elevada. Todo eso ha contribuido a la transformación de la estructura de la población en términos etarios. Tenemos países como Uruguay, Cuba 7 y Chile(este último en una etapa previa 8 ) demográficamente envejecidos, donde la población adulta mayor representa un porcentaje elevado del total y es más numerosa que la población de niños y niñas. Esos países muestran una pauta de envejecimiento demográfico que se profundizará y que alcanzará toda la región. La Organización de Naciones Unidas(2019) informa que en el mundo se estima que el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cerca de 2037. Entre 2020 y 2050, para América Latina, CEPAL(2019) pronostica que la población de 60 años o más aumentará a razón del 4,1% anual(eso es mucho más que la población de 20 a 59 años, mientras que la de menores de 20 años disminuirá un 0,3% al año). Se espera que en 2045 el grupo más numeroso sea el de personas entre 40 a 49 años de edad y que en 2052 lo sea el de la población adulta mayor. También, que en menos de 80 años América Latina sea la región más envejecida del mundo y continúe otro proceso ya en curso: el envejecimiento dentro del envejecimiento; esto es, mayor población de más de 80 años, franja en la cual hay más mujeres que varones 9 . 6. En el quinquenio 1960-1965 el promedio regional de la tasa de fecundidad era de 5,8 hijos/as por mujer. En la actualidad es 2,1 hijos/as por mujer (CEPAL, 2019) . 7 . Unidos a otros países como Aruba, Barbados, Curaçao, Guadalupe, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Martinica y Puerto Rico. 8. Chile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento, junto a Argentina, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. 9. Por cada 100 hombres de 60 años y más, hay 123 mujeres en ese mismo tramo etario. Mientras tanto, en el caso de la población de 80 años y más, la cifra llega a 159 mujeres por cada 100 hombres (CEPAL, 2019). 16

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA En el otro extremo se encuentran países como Guatemala y Bolivia, que aún tienen pirámides demográficas de base ancha, con una franja poblacional amplia de personas menores de 14 o 15 años y el proceso de envejecimiento es todavía incipiente. En otros, como Ecuador, República Dominicana, México, Paraguay, Perú, el envejecimiento poblacional aún se encuentra en un momento moderado. Mientras que en Brasil y Colombia va un poco más avanzado. Algunos de los países mencionados incluso cuentan con un bono demográfico: mayor cantidad de personas en edades activas respecto a las consideradas dependientes(menores o adultas mayores); por ejemplo, México, Brasil o Paraguay(CEPAL, 2019). En general, los países en los cuales el envejecimiento es incipiente o cuentan con bono demográfico tienen mayor margen de tiempo para prever las mayores necesidades de cuidados que implica el aumento de la población adulta mayor. La reducción del número de las posibles personas cuidadoras en escenarios de frágiles arreglos de corresponsabilidad pública y del sector privado –como los que existen hasta el momento en América Latina y otras regiones del Sur Global, según veremos más adelante– desemboca inevitablemente en una crisis de cuidados con tendencia al agravamiento. De no modificarse la actual organización social de los cuidados, estarán aún más limitados los derechos al cuidado; habrá una sobrecarga todavía más pesada para las mujeres, que son las principales cuidadoras; y un mayor empobrecimiento para ellas en la vejez puesto que, como participan menos de los mercados laborales, son mayoría entre quienes no reciben pensiones. Con todo, el cambio demográfico en curso en la región, ya sólidamente instalado en muchos países, debería implicar transformaciones importantes en la organización social del cuidado. Y ello es más urgente si se tiene en cuenta que en la actualidad aquellos destinados a las personas mayores son los más escasos y de menor cobertura(se trata en§ 1.3). 1.2. Feminización de la pobreza y cuidados Por otra parte, la organización social de los cuidados está relacionada, por distintas vías, con las estructuras y procesos de reproducción de la pobreza. Primero, es en los hogares empobrecidos donde hay más presencia de menores, lo cual implica un aumento de demandas de cuidados y una disminución de las posibilidades de resolverlas vía el mercado porque no cuentan con ingresos para ello. Se ha demostrado que la mayor presencia de niños y niñas en los hogares pobres provoca una sobrecarga de trabajo de cuidados para las mujeres de esos hogares y que eso, a su vez, limita sus posibilidades de tener una mayor participación en el mercado laboral(CEPAL, 2019). En segundo lugar, los hogares monoparentales con jefatura de mujeres tienen mayor posibilidad de encontrarse en situación de pobreza y están, 17

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE además, en aumento. En Brasil, por ejemplo, el 87,4% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer(y eso representa el 37,3% del total de hogares del país); y en Bolivia la cifra es 81,8%. En Guatemala, el 24,3% de los hogares cuenta con jefatura de mujeres. Y en Cuba se proyecta que para el 2050 más de la mitad de los hogares presenten esa situación. El mapa anterior se agrava si se tiene en cuenta el número de mujeres sin ingresos propios en la región. Esa cifra ha disminuido: pasó de 41% en 2002 a 28,1% en 2017(en algunos países como El Salvador o Guatemala continúa siendo mucho más alta); pero aún casi una de cada tres mujeres se encuentra en condiciones de dependencia económica y eso está muy por encima de lo calculado para los varones: 13,2%(CEPAL, 2019). Los indicadores sobre la pobreza muestran, además, su feminización persistente. Durante la primera década del siglo XXI hubo una reducción de los indicadores tanto de pobreza como de desigualdad en la región relacionados con el mejoramiento de los datos de empleo y distribución del ingreso 10 . Sin embargo, sus índices de feminización aumentaron. En 2017, por cada 100 hombres en situación de pobreza había 113 mujeres. Respecto a la pobreza extrema, la relación era de 100/116. A la vez, los países con menos niveles de pobreza(Argentina, Chile o Paraguay) han registrado un aumento de los hogares pobres con jefatura de mujeres(CEPAL, 2019). La conclusión es que menores niveles de pobreza no se traducen en una menor pobreza para las mujeres y que, además, las políticas de lucha contra la pobreza no están teniendo en cuenta los procesos específicos por los cuales ella se reproduce para las mujeres. Con todo, se verifica una tendencia creciente a la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres y pobres extremos. El mayor empobrecimiento de las mujeres no se explica por su nivel educativo, que en muchos casos es superior al de los varones, aunque eso no implique ingresos propios ni mejores oportunidades en los mercados laborales. La edad es otra variable importante y se relaciona también con la organización social de los cuidados. El ciclo de vida es fundamental para comprender las dinámicas de empobrecimiento y las barreras para el acceso a ingresos propios. En las poblaciones más jóvenes, incluidas las niñas y adolescentes, hay mayor riesgo de empobrecimiento. CEPAL(2019) informa que entre 2012 y 2017 se produjo una profundización de las brechas por grupos de edad: la pobreza fue mayor y creció más entre niños, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes, ello está relacionado con procesos de violencia sexual, tasas altas de embarazo infantil y adolescente y persistencia del matrimonio precoz. Todas esas son dimensiones relacionadas 10. Después de 2015 ha habido una reversión de esos indicadores y estancamiento de algunos de ellos. Desde 2020 y a razón de la pandemia de covid-19, el empobrecimiento ha escalado. 18

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA con el empobrecimiento, así como la maternalización de la vida de las mujeres, los déficits de derechos y servicios de salud sexual y reproductiva y la disminución de las capacidades de negociación dentro de las parejas y familias por falta de ingresos propios. Está probada, por ejemplo, la correlación entre los indicadores de abandono escolar y matrimonios precoces, lo cual tiene que ver con la organización de los cuidados: las responsabilidades asignadas a las adolescentes respecto de la reproducción del hogar y con la maternidad les impiden continuar sus estudios y obtener ingresos propios; de ese modo, se afirma una estructura de reproducción intergeneracional de la pobreza de ingresos y tiempo. Para la mayoría de los países de la región, el porcentaje de adolescentes madres o primer embarazo en los grupos de menores ingresos es entre 2,5 y 14 veces mayor que en los grupos socioeconómicos de ingresos más altos(CEPAL, 2019). Todo esto se relaciona con marcadores sociales de condición migratoria, zona de residencia 11 y la“raza”/etnicidad. Organismos internacionales han denunciado la escasez de estadísticas de autoidentificación racial para poder analizar la situación específica de los grupos racializados. A pesar de la escasez de datos, CEPAL(2019) ha verificado, para algunos países, la desigualdad particular y más grave que afecta a las mujeres indígenas y afrodescendientes, las cuales perciben menos ingresos sea cual sea su nivel de escolaridad 12 . De hecho, mientras más alto es el nivel de escolaridad, más aumentan las diferencias salariales entre mujeres y hombres, y eso se va agudizado por la condición étnico-racial. 1.3. Empleo y brechas de género En tercer lugar, los cuidados son claves para pensar el empleo, el desempleo, el subempleo y las situaciones de dependencia estructural asociadas a los mercados de trabajo. Y ello es así, también, por distintos carriles. Por una parte, más de 11 millones de mujeres en la región están empleadas como trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas y altamente precarizadas(se trata en§ 1.4.). Por otra, como se ha mencionado, el TDCNR es uno de los motivos principales por los cuales las mujeres no participan de los mercados laborales o lo hacen en peores condiciones(sobre ello argumenta esta sección). Aunque durante todo el siglo XX aumentó la presencia de las mujeres en los mercados laborales latinoamericanos, es sabido que la brecha laboral 11. La feminización de la pobreza extrema y no extrema es mayor en las zonas urbanas que en las rurales(la diferencia es más pronunciada para el caso de la pobreza extrema) aunque los índices de pobreza en general sean más altos en las zonas rurales. 12. Eso es así también en relación con los varones de su mismo nivel de instrucción educativa y grupo étnico. 19

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE de género persiste. Al inicio de este siglo, la tasa de participación laboral general aumentó de manera paulatina pero sostenida, con una leve tendencia a la disminución de la participación masculina y un incremento constante de la participación de las mujeres. A partir de 2015 se aceleraron ambas tendencias. Con ello, en general, la tasa de participación laboral se mantuvo estable entre 2014 y 2019. Sin embargo, la brecha de género ha continuado siendo muy alta. El examen de 15 países de la región arrojó que, frente a una tasa de participación total del 64,9%, la de los hombres es de 77% y la de las mujeres de alrededor del 54%(CEPAL, 2021). El examen hecho en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra lo mismo, como da cuenta el gráfico siguiente con datos de once países. El promedio de la serie es un 20% de brecha laboral entre hombres y mujeres. El límite superior del rango lo definen Guatemala y México y el 35 límite inferior Bolivia y Uruguay. Gráfico 2: Brecha laboral de género U G lti r m á o fi a c ñ o o 2 d . is B p r o e n c ib h le a laboral de género(diferencia entre las tasas 30 de participación laboral de mujeres y de hombres) 0 Guatemala 34 25 México 32,2 Ecuador 24,7 Paraguay 23,9 20 Cuba 22,7 Colombia 21,7 Chile 21,1 15 Perú 17 Republica Dominicana 15,5 Bolivia 14,4 10 Uruguay 13,5 Fu F e u n e t n e t : e E : la E b la o b ra o c r i a ó c n ió p n ro p p r i o a p e ia n b e a n se ba a s l e os a c l á o lc s u c lo á s lc r u e lo al s iz r a e d a o li s za e d n o C s ui e d n ad C o u s: id d a e d l c o e s n : t d ro el de ce la nt v r id o a d a e l c la en v tr id o a al 5 de ce la nt p r o o lít d ic e a la (2 p 0 o 2 l 1 ít ) i . ca (2021). La persistencia de esa brecha está directamente relacionada con el 0 TDCNR. Cerca del 70% de las mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral aducen razones familiares como la causa principal de ello. En algunos países esta proporción supera el 80%(Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Venezuela). Solo alrededor del 6% de los hombres fuera de los mercados laborales están en esa situación(CEPAL, 2019). En hogares con presencia de menores, personas adultas mayores o con dependencia funcional, las necesidades de cuidados son mayores y menor 20

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA la posibilidad de autonomía económica de las mujeres. CEPAL(2021) informa que alrededor de 70% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares(datos de diez países de la región). En hogares sin presencia de menores de 15 años, esta cifra se acerca a 18%. Los hogares, personas y mujeres de más bajos ingresos son los más afectados: una de cada tres mujeres de 20 a 59 años se encuentra fuera del mercado laboral por atender responsabilidades familiares; mientras que en los de mayores ingresos esta situación afecta en promedio al 5% de las mujeres. En Colombia, por ejemplo, el 60,9% de las mujeres consideradas“inactivas” −sin empleo remunerado− se dedican a tareas del hogar no remuneradas como actividad principal(mientras que en esa situación solo se encuentra el 10% de los hombres clasificados como inactivos). En Perú, el 45% de las personas en esa categoría declaran dedicarse en exclusiva a los quehaceres del hogar y casi el 60% de ellas son mujeres. En Bolivia se verifica una diferencia muy notable en la participación laboral de las mujeres dependiendo del número de hijos o hijas menores de edad(más hijos o hijas, menos participación laboral). En Chile, el 69,5% de las mujeres fuera de la población considerada económicamente activa aducen razones familiares para estarlo(en el caso de los hombres es el 7,4%). Y así podríamos seguir. Esta suerte de“impuesto de género” tiene consecuencias importantes si se atiende a la forma en que funcionan los mercados laborales. Cuando las mujeres que participan de ellos se ausentan, así sea temporalmente, se produce un deterioro de sus trayectorias laborales y de los ingresos a su vuelta. Entonces, aun cuando la salida de los mercados laborales sea por cierto lapso(durante los primeros años de vida de hijos o hijas), las consecuencias son a largo plazo porque esos mercados laborales son estructuralmente cuidado-excluyentes. Es probable que lo anterior esté relacionado con otro hecho verificado por CEPAL(2021): la presencia de niños o niñas en el hogar aumenta la brecha salarial de género. Ahora bien, los datos sobre la brecha laboral de género solo informan una parte. Otra, es que las mujeres participan en peores condiciones de los mercados laborales y eso no está necesariamente relacionado con sus niveles de instrucción educativa. Como, por ejemplo, demuestran los análisis de Perú y Ecuador, las tasas de“empleo adecuado” de las mujeres son menores comparadas con las de los hombres. Además, las mujeres tienen menor participación en sectores de mayores ingresos(Ecuador, Cuba) y existen brechas salariales persistentes y comprobadas. En Ecuador, por ejemplo, la brecha salarial de género se informa en US$53; en Bolivia, en el sector privado, la remuneración media es 20% menor para las mujeres; en Guatemala la brecha salarial está presente en casi todas las profesiones u oficios y en todos los niveles educativos; en República Dominicana el ingreso semanal promedio de los 21

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE hombres es superior al de las mujeres tanto en zonas rurales como urbanas; y en Paraguay la brecha salarial de género es de US$84, aproximadamente. Eso se relaciona, por supuesto, con la informalidad y el subempleo. En 2019, más de 122 millones de trabajadores de 15 países latinoamericanos se insertaban en sectores de baja productividad, caracterizados por bajos ingresos laborales, escasa protección social y gran inestabilidad. Las mujeres presentan mayores niveles de inserción laboral en los sectores de baja productividad(CEPAL, 2021). Como muestra Cuidados: del centro de la vida al centro de la política , en Colombia el 86% de la población rural en edad laboral se encuentra en la informalidad. Las mujeres superan el promedio, con 89,3%, y registran menor cobertura de seguridad social y mayores barreras para acceder a inspecciones laborales en casos de vulneración de derechos. Perú verifica una creciente informalidad productiva y laboral, caracterizada por la ausencia de derechos: en 2017, 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras eran informales, y solo una tercera parte tenía acceso a la seguridad social. En Ecuador, del total de personas con empleo, el 46,7% se encontraba en el sector informal antes de la pandemia, solo el 29,2% estaba cubierta por el seguro general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), el 10,7% por otros seguros y el 60,1% no tenía afiliación a la seguridad social. En ese país, las mujeres tienen menores tasas de subempleo, pero se cuentan más entre las desocupadas. Para Bolivia, en 2017, el 36,4% de las mujeres entre 24 y 54 años trabaja a tiempo parcial, frente a solo 14,5% de los hombres. En Guatemala, 66,7% de la población ocupada no tiene un contrato y de la población ocupada solo 22% es afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social(IGSS): 59,2% pertenece al área urbana y el 65,5% son hombres. En México también hay registro del creciente aceleramiento de la informalidad laboral. El 55,1% de las mujeres económicamente activas no tienen acceso a trabajos formales. De este grupo, los porcentajes más altos se observan cuando se trata de mujeres entre 15 a 19 años de edad(76,5%) y de 60 o más años(72,3%). En Chile, la tasa de informalidad de los empleos es del 30% para el caso de las mujeres y del 27,2% para los hombres, con especial precariedad para las personas“falsas asalariadas”, las“externalizadas” y quienes trabajan por cuenta propia. En Paraguay las mujeres también están más subocupadas y son más susceptibles de trabajar de modo informal. Finalmente, lo mismo sucede con la desocupación. CEPAL(2021) informó que, en promedio, en un grupo de 15 países de la región, la tasa de desocupación aumentó 1,3% entre 2014 y 2019, y que esa alza afectó en mayor proporción a las mujeres 13 , a jóvenes y en general a las personas de bajos 13. La tasa de desocupación de las mujeres pasó del 7,4% en 2014 al 9,4% en 2019, mientras que entre los hombres dicho incremento fue de 1,2 puntos porcentuales, y llegó al 6,7%. 22

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA recursos. Los análisis incluidos en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política argumentan, para la mayoría de los países, que las tasas de desocupación de las mujeres son más altas. La excepción es Guatemala, que tiene una tasa de desempleo abierto de 2,5% y la proporción de mujeres desempleadas es menor que la de los hombres, pero recordemos que la brecha de participación laboral en ese país es de las más acentuadas de la región 14 . Las brechas relacionadas con la inserción en los mercados laborales se agravan cuando se tienen en cuenta las variables de género, territorio de residencia y pertenencia étnica y“racial”: mujeres, personas que residen en zonas rurales e indígenas y afrodescendientes están más excluidas, como dan cuenta varios capítulos de Cuidados: del centro de la vida al centro de la política. El escenario descrito tiene especificidades, y gravedades, cuando se pone la lupa sobre un sector del empleo específico: el del trabajo doméstico y de cuidados remunerado(TDCR). Las tendencias regionales informan que ha aumentado el nivel de instrucción educativa de esas trabajadoras, su edad y sus salarios, al tiempo que ha disminuido la proporción de ellas en la modalidad“cama adentro” y se ha cerrado la brecha salarial respecto a otras ocupaciones, aunque esta continúa siendo alta(CEPAL, 2021). Su situación, sin embargo, sigue siendo precaria. La siguiente sección profundiza en ello. 1.4. Trabajo doméstico y de cuidados remunerado(TDCR) El análisis del TDCR permite establecer, por otra vía, los hilos de continuidad entre lo público y lo doméstico y visibilizar, con mucha claridad, las formas en que el sostenimiento de la vida se precariza y desvaloriza, aun cuando implica remuneración. En términos generales, los cuidados remunerados comprenden un campo ampliado y heterogéneo que incluye a quienes trabajan en los sectores de salud y educación, a quienes realizan cuidados directos en instituciones públicas o privadas, y a las y los trabajadores domésticos y de cuidados remunerados. Todo ello integra lo que se ha llamado“sector ampliado de los cuidados”, el cual está feminizado en América Latina y en todo el mundo. 14. En Colombia, entre 2009 y 2019 la brecha de desempleo entre hombres y mujeres fue, en promedio, de 6,1%, y se observa un impacto diferenciado por edad: tasas más altas en mujeres entre 18 y 24 años. En Perú, entre 2007 y 2017 las tasas de desempleo disminuyeron y la brecha de género también, pero aún existe; en 2017, la tasa de desempleo de los hombres era de 3,8% y la de las mujeres de 4,4%. En Ecuador, con una tasa global de desempleo en 2021 de 5,5%, para las mujeres es de 7,3% y para los hombres de 4,6%. En Bolivia, la tasa de desempleo se calcula en 2,6% para los hombres y 3,8% para las mujeres. En República Dominicana la brecha es muy notable: la tasa de desocupación de las mujeres es de 20,4% y la de los hombres de 9,5%. En Uruguay, donde en enero de 2021 la tasa de desempleo total del país se calculó en 10,7%, las mujeres lo sufren en 3,6 puntos porcentuales más. En Paraguay, con una tasa de desocupación global de 5,6%: la de los hombres es 4,1% y la de las mujeres 7,7%. 23

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE En esta región, los datos de 2019 informan que casi un tercio de las mujeres calificadas como ocupadas(27,9%) lo estaban en sectores de educación, asistencia social y salud o en aquel en el cual los hogares son el espacio de empleo. El conjunto se caracteriza por tener amplias brechas de género en términos de segmentación ocupacional y salarial. Un 73,2% de quienes se ocupan en el sector de la salud y un 70,4% en el sector de la educación, son mujeres. En 2019, 13 millones de personas se dedicaban al TDCR, mujeres en un 91,5% 15 , con elevada presencia de afrodescendientes, indígenas o migrantes; en total representan el 11,1% de las mujeres consideradas ocupadas en la región 16 , mientras que en el caso de los hombres la cifra es 0,8%(CEPAL, 2021). La mayor presencia de mujeres es solo una dimensión del asunto. La segregación se expresa también en claras jerarquías: solo 2,8% de las que trabajan en el sector ampliado de los cuidados ocupan cargos directivos(en el caso de los hombres es 4,3%). Asimismo, existen brechas salariales de género(CEPAL, 2019). La situación es más desigual para quienes llevan a cabo cuidados personales: las mujeres en esos trabajos habitualmente reciben menor salario, junto a las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas: un 11,2% de las mujeres que se ocupan de los cuidados personales de forma remunerada y un 15,7% de las trabajadoras domésticas remuneradas perciben ingresos inferiores a la línea de pobreza; y 25,8% de las mujeres ocupadas como trabajadoras domésticas remuneradas y 7,3% de las de las mujeres ocupadas como cuidadoras personales viven en hogares en situación de pobreza(ídem). En general los empleos del sector de los cuidados son precarios y están entre los peores pagados del mercado laboral(Rodríguez Enríquez, 2020) pero, dentro de ese mapa, aquellos que tienen lugar en espacios domésticos están más precarizados y esa precarización ha llegado a tener, y tiene en algunos países aún, avales normativos e institucionales, como veremos más adelante. Además, en ese sector se concentra el empleo de mujeres indígenas y afrodescendientes y, aun en los casos donde no son mayoría, representan una proporción importante(CEPAL, 2021). Las bajas protección legal y cobertura de la seguridad social son una muestra de la precarización del sector. Solo 1 de cada 10 personas trabajadoras del hogar en el mundo está protegida por la legislación laboral, aproximadamente el 50% carece de protección en términos de salario mínimo, y más 15. En el mundo, se estima que son 67 millones las personas que realizan TDCR, de las cuales el 80% son mujeres. En América Latina la proporción de mujeres en el sector es muy superior a la cifra global (Coffey et al ., 2020). 16. Existe notable heterogeneidad nacional. En Costa Rica constituyen el 18% y en Venezuela el 3,4%, por ejemplo. 24

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA del 50% no están protegidas legalmente por un límite de horas a su jornada laboral. Las estimaciones informan que el 90% de las personas trabajadoras del hogar no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social(como la protección y prestaciones por maternidad)(Coffey et al ., 2020). En América Latina, solo el 24% de trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas son afiliadas o cotizantes a los sistemas de seguridad social −en algunos países ese número es menor–(CEPAL, 2021) y eso incrementa su precarización a largo plazo porque no tendrán acceso, por ejemplo, a pensiones. Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra que el TDCR continúa siendo un espacio sociolaboral frágil en términos de derechos y sus garantías. El capítulo de Cuba informa que la mayoría de las veces las condiciones de trabajo y el disfrute de derechos de las trabajadoras domésticas depende de las pautas que estipula quien las emplea y que existen muy pocos mecanismos para velar por sus garantías, carecen de vacaciones y otros derechos laborales, trabajan en la informalidad y eso afecta su independencia futura porque la mayoría no está inscrita a la seguridad social. A ello se suma que no existe una organización o sindicato específico que acoja a quienes trabajan en ese sector ni tampoco registro estimado de cuántas personas lo hacen. En Guatemala, las trabajadoras y los trabajadores domésticos remunerados son el 4,6% de la población ocupada y el 6,5% de la población subempleada visible. Es posible que esa cifra sea mayor si se contaran niños, niñas y adolescentes, que también realizan ese trabajo de modo informal. El perfil mayoritario de quienes hacen trabajo remunerado en el hogar es el de una mujer que migra del campo a la capital y tiene como máximo estudios primarios. En ese país, las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas se ubican, de acuerdo con el Código de Trabajo, en un régimen especial que las excluye de los derechos básicos. Esa norma establece que el trabajo de servicio doméstico no requiere de contrato escrito y puede ser verbal, que es posible el pago en especie, que no hay límite de jornada, y no le son aplicables los artículos del Código que tratan sobre descansos semanales y días de asueto. Asimismo, se excluye al trabajo doméstico del artículo que regula las obligaciones de los empleadores y las empleadoras. Fue en 2009 que se creó el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular dentro del sistema de seguridad social de Guatemala, obligatorio para quienes emplean. Sin embargo, solo están inscritas 516 personas porque no existen mecanismos de control del cumplimiento de la obligatoriedad. Además, ese programa solo cubre la maternidad, el control del niño sano y la niña sana(exclusivamente revisiones) y accidentes, mientras que quienes trabajan en otros sectores acceden a programas como los de enfermedad común, invalidez, vejez y sobrevivencia. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia ha verificado que existe una importante brecha salarial en este sector respecto al salario mínimo del país. 25

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE En México, el 94,8% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. Su perfil también incluye el ser migrantes pero, en esta ocasión, tanto internas −de las comunidades rurales a las urbanas− como externas −de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua−. En general, quienes realizan TDCR no cuentan con respaldo jurídico adecuado ni con políticas públicas eficientes y de amplia cobertura que les permitan ejercer sus derechos laborales, incluyendo la seguridad y la protección social: el 98,3% no cuenta con acceso a servicios de salud, el 99,2% no cuenta con un contrato escrito que especifique sus actividades y derechos, y el 71,3% no recibe ninguna prestación adicional relacionada con el trabajo(excepto atención a la salud). Eso se traduce, como es de esperar, en elevados índices de pobreza: el 50,7% de los hogares de las trabajadoras del hogar están en situación de pobreza moderada o extrema. Generalmente no existe un contrato, sino que predomina la informalidad bajo la modalidad de acuerdos verbales. Casi un tercio de quienes realizan este trabajo(29%) lo hacen en la modalidad“cama adentro”. Respecto a la seguridad social, recién en 2018 se inició el Programa Piloto para la incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al sistema 17 ; la inscripción es voluntaria y se hace a través de un acuerdo entre quienes emplean y las trabajadoras. A marzo de 2020 estaba inscrito el 0,98% del número de personas que se estima realizan ese trabajo. En República Dominicana, 95,7% de quienes realizan ese trabajo son mujeres y, como en los otros países, existe un alto índice de informalidad en el sector y una brecha salarial confirmada: tienen un salario promedio de RD$ 7.000 por debajo de los salarios mínimos establecidos para otros sectores laborales. Al régimen de seguridad social están afiliadas aproximadamente el 6,93% de las trabajadoras que integran el sector según cifras oficiales 18 . El Código de Trabajo no establece límite horario para el TDCR sino un tiempo de descanso ininterrumpido de 9 horas entre dos jornadas. Las investigaciones verifican jornadas de hasta 70 horas semanales sin la consideración de pagos de horas extra ni otros derechos laborales como un salario mínimo fijo o licencia por maternidad. Hay presencia importante de mujeres migrantes y también una brecha salarial respecto de las trabajadoras domésticas nacionales, aunque es menor que en otros sectores. Brasil tiene altos índices de trabajo doméstico remunerado: cerca del 15% de las mujeres empleadas. A su vez, casi el 93% de las personas empleadas en ese sector son mujeres. La lucha por la equiparación de derechos laborales 17. Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad de México, así como algunas alcaldías, han implementado programas de empleo temporal que brindan capacitación integral a personas cuidadoras que atienden de manera informal a personas adultas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida. 18. Los análisis en República Dominicana estiman que el número de trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas duplican la cifra oficial. 26

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA fue ardua y se logró luego de 62 años. La garantía de estos, sin embargo, es exigua. Cerca del 70% de quienes trabajan en el sector continúan sin contratos formales y, por tanto, están fuera del sistema que garantiza derechos. El análisis de Chile arroja que el 8% del total de mujeres ocupadas en el país realiza servicio doméstico, de las cuales al menos el 10% son migrantes externas. En general, el 96,5% de la fuerza de trabajo de ese sector está constituida por mujeres. En ese país se han producido avances en materia legal y en clave de equiparación de derechos, incluidos los relacionados con el salario mínimo y la seguridad social. Sin embargo, persisten altas tasas de informalidad. A inicios de 2020 solo el 53,1% tenía contratos formales. El acceso a condiciones laborales dignas continúa dependiendo de la voluntad de quienes emplean y las trabajadoras se ven sometidas a despidos inesperados, bajas de salarios, presiones para aceptar condiciones denigrantes, pago de cotizaciones previsionales y de salud menores a las establecidas, no pago de vacaciones, etc. El 50,6% de las ocupadas en esta actividad no está afiliada al sistema de pensiones. En Paraguay, el TDCR concentra el 17% de la fuerza laboral de las mujeres y el 95,7% de ellas lo hace en condiciones de informalidad. El 93,4% de las personas ocupadas en esta categoría son mujeres. A partir de 2015 se produjo una reforma legal que implicó equiparación de derechos. No obstante, solo en 2019 se igualó el piso salarial del trabajo doméstico al del salario mínimo vigente en general. Esos derechos conquistados en el ámbito legislativo aún no tienen garantía práctica en los reglamentos ni existen mecanismos de fiscalización que permitan el cumplimiento normativo. En Colombia, 96% de quienes realizan TDCR son mujeres. Luego de largos procesos de lucha hoy a este sector se le reconocen casi todos los derechos que a otros ámbitos de empleo. No obstante, se mantiene una excepción referida a la extensión de la jornada de trabajo de las trabajadoras internas, cuya jornada legal es de diez horas y no de ocho, como para el resto de trabajadores y trabajadoras. A pesar de los avances legislativos, la fiscalización es nula; las instancias institucionales han alegado escasez de rutas para inspecciones que respeten la privacidad de los hogares. El resultado es un alto índice de informalidad. En 2019 cifras oficiales informaban que solo 17% de las trabajadoras domésticas tenía acceso a seguridad social(salud y pensión), muchas se mantienen como beneficiarias en el régimen subsidiado de salud y quedan al margen de otras coberturas, como la de la licencia remunerada por maternidad o el pago de incapacidades laborales. El 60% gana menos del salario mínimo y el 77% recibe parcial o totalmente como pago salario en especie. Perú muestra una desactualización estadística importante. En 2010, el 95% de quienes trabajaban en el sector eran mujeres. Su ingreso monetario promedio ascendía a solo la tercera parte de la remuneración mínima vital. Datos de ese mismo año mostraron que solo el 15,8% tenían registro formal, acceso a protección social y a derechos laborales. Ahí pervive un régimen especial para el trabajo doméstico remunerado; una ley sancionada en 2003 27

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE les reconoció solo la mitad de cada uno de los derechos de otros trabajadores y trabajadoras(mitad de las vacaciones, mitad de las gratificaciones, etc.). En mayo de 2020 esa norma de modificó e incluyó la obligatoriedad de que los contratos de trabajo doméstico remunerado se hagan por escrito, la edad mínima sea de 18 años y prohibió toda forma de discriminación y segregación. Sin embargo, persiste una normativa desigualadora porque la reforma no estableció compromisos respecto a la remuneración mínima vital. En Ecuador, el 98% de quienes trabajaban en ese sector en 2010 eran mujeres y para ese mismo año estaban registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solo el 24%. El perfil de las trabajadoras es, mayoritariamente, el de mujeres entre 30 y 59 años, con nivel educativo primario o ninguno, y mujeres racializadas(solo 5% de quienes fueron encuestadas se identificaron como blancas). El 60% de las trabajadoras informaron en esa fecha pobreza por necesidades insatisfechas. En los últimos años ha aumentado más la informalidad y ello puede estar relacionado con el incremento de la población migrante irregularizada, principalmente proveniente de Colombia y Venezuela, y con la crisis económica creciente. Registros de la Defensoría Pública y del Ministerio del Trabajo verifican denuncias por incumplimiento de obligaciones patronales, el pago de horas extras, décimos y liquidación, desahucio y despido injustificado, despido intempestivo, así como por violencia contra las trabajadoras o miembros de su familia. Aunque hay equiparación de derechos laborales, tampoco existen garantías ni controles que velen por su cumplimiento. En Bolivia, la información estadística también está altamente desactualizada. El perfil de las trabajadoras es el de migrantes internas de primera generación. En ese país hubo un régimen especial del trabajo para ese sector hasta 2003, fecha en que se logró la equiparación de derechos. Muchos de estos derechos se aplican tácitamente, pero a la fecha la ley no ha sido reglamentada. Ello dificulta su vigencia plena, como la afiliación a la Caja Nacional de Salud, pues no existen instancias para su exigibilidad. El ejercicio de los derechos de asociación y de negociación colectiva de quienes realizan TDCR está limitado por distintas razones: en muchas ocasiones el trabajo está vinculado a alojamiento y alimentación(especialmente en el caso de las trabajadoras“cama adentro”), aislamiento(no se congregan en un mismo lugar, como otras personas trabajadoras en fábricas, empresas o espacios compartidos) y eso dificulta la relación entre ellas y la coordinación, tienen menos protección jurídica, están sujetas a la baja constante de sus salarios por procesos relacionados, por ejemplo, con la migración, etc. A pesar de todo eso, las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas han sido un actor muy potente en la lucha por derechos, como veremos más adelante(se trata en§ 1.7). Es evidente, entonces, la necesidad de potenciar dentro de la agenda feminista la exigencia de condiciones dignas de empleo también para el sector ampliado de los cuidados y especialmente para el TDCR. Esa dis28

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA cusión atraviesa los campos de protección social, normativas, garantías de derechos laborales y estímulo a la organización sindical del sector. 1.5. Usos del tiempo Como quedó dicho, la economía y militancia feministas han insistido en la necesidad de contabilizar, reconocer, valorizar y redistribuir también el trabajo doméstico y de cuidados que no se remunera. Esas labores son trabajo, aportan valor y sostienen la vida. Uno de los caminos por los que se ha avanzado en ello es a través de los análisis del uso del tiempo, estos han permitido argumentar la desigual distribución de esos trabajos en los hogares. A pesar de los avances, un inconveniente que persiste es la escasez de evaluaciones sistemáticas y comparables. Charmes(2019) informó que entre 75 países del mundo que habían realizado encuestas de uso del tiempo, solo 27 las habían repetido al menos una vez. Además, la periodicidad de las evaluaciones es irregular. No obstante, es posible informar tendencias globales y regionales. Primero: en todo el mundo y sin excepción, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a esos trabajos sin remuneración: 1,57 veces más en América del Norte; 1,89 veces más en Europa del norte, sur y occidental; 2,85 veces más en América Latina; 2,86 veces más en África subsahariana; 3,25 veces en Asia occidental y central; 5,09 en los países árabes; 6,18 en el norte de África y 8,97 en el sur de Asia. El promedio de tiempo que las mujeres dedican al TDCNR(considerando 75 países) es de 4:37 horas diarias. El de los hombres es 1:51 horas. En general las mujeres dedican más del triple del tiempo que los varones a ese trabajo(Charmes, 2019). En conclusión, ningún país del mundo verifica una división equitativa del trabajo de cuidados. En segundo lugar, y en consecuencia, las mujeres le dedican poco más de un tercio del tiempo que los hombres al trabajo remunerado. Tercero, si se calcula el tiempo total de trabajo(remunerado y no remunerado) los promedios mundiales muestran que la carga global de trabajo de las mujeres es mayor, y más aún en los llamados“países en desarrollo”. Allí también es mayor la brecha de género en relación con el trabajo de cuidados no remunerado(Charmes, 2019). En los países que reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), el promedio de la brecha es de 18 horas semanales, y baja a 11 horas en los países del sur de Europa, a seis horas en los países anglosajones y a 3,5 horas en los países nórdicos(Martínez Franzoni, 2020). Las dos subregiones donde las mujeres tienen menos participación en el trabajo asalariado son el norte de África y los países árabes. Y también allí los hombres tienen menos participación en el trabajo de cuidados no remunerado(Charmes, 2019). De acuerdo con esa misma fuente, en América Latina la contribución de las mujeres al trabajo remunerado es de 1/3 del total(33,3%), mientras que los hombres contribuyen con un poco más de 29

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 1⁄4 del trabajo no remunerado(25,9%); además, el tiempo total de trabajo de las mujeres ocupadas supera el de los hombres y las mujeres consideradas ocupadas dedican el 40% de su tiempo al TDCNR, mientras que los hombres de la misma categoría le dedican alrededor de un 20% del tiempo total de trabajo(CEPAL, 2019). En algunos países la cifra de la brecha es considerablemente mayor. Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra los últimos datos disponibles sobre tiempo dedicado a TDCNR para siete países de la región, los cuales se presentan en el siguiente gráfico, junto con los de otros cinco países, informados por CEPAL(2019). G G r r á á fi fi c c o o 3 3 : T . T ie i m em po p d o e d T e D T C D N C R NR(horas semanales) Horas semanales 0 Cuba 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Guatemala México República Dominicana Chile Uruguay Paraguay Colombia Perú Ecuador Bolivia Mujeres Hombres Brecha F F u u e e nt n e t s e y s añ y o a s: ñ D o at s o : s D d a e t C o u s b d a e (20 C 1 u 6 b ), a G ( u 2 a 0 te 1 m 6 a ), la G (2 u 0 a 1 t 8 e ) m , R a e l p a ú ( b 2 li 0 ca 18 D ) o , m R i e n p ic ú a b na lic (2 a 0 D 18 o ), m Pe in rú ic ( a 2 n 02 a 0 ( ) 2 , C 0 h 1 il 8 e ) ( , 2 P 0 e 15 rú ), (2020), E C c h ua il d e o ( r 2 ( 0 20 1 1 5 2 ) ) , y E B cu ol a iv d ia o ( r 20 (2 1 0 4) 1 , 2 Cu ) i y da B d o o l s iv : i d a el (2 ce 0 n 1 t 4 ro ), d C e u la id v a id d a o a s l : c d en e t l ro ce d n e t l r a o po d l e íti l c a a. v D id at a os al d c e e M n é t x r i o co d ( e 20 l 1 a 4 p ), o B l r í a t s ic il a . (2017), Uruguay(2013), Paraguay(2016) y Colombia(2017), CEPAL(2019). Datos de México(2014), Brasil(2017), Uruguay(2013), Paraguay(2016) y Colombia(2017), CEPAL (2019). El gráfico muestra un panorama claro del orden de las cosas en la región. Los análisis a lo largo del tiempo para distintas regiones que se informan en Charmes(2019) dan cuenta de que como tendencia general en 15 años el TDCNR de las mujeres disminuyó en 10 minutos al día, mientras que el de los hombres aumentó solo 1 minuto. 30

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA Alrededor de todo el mundo, el tiempo que las mujeres dedican al TDCNR es muy alto. Si los costos de ese trabajo se incorporaran al salario, este experimentaría una subida sustancial. Pero eso no sucede y, antes bien, el TDCNR es una barrera para la participación en los mercados laborales, como vimos antes. Como se ha afirmado, el ensamblaje entre trabajo no remunerando y trabajo remunerado es un importante vector de desigualdad en general y de la de género en particular(Folbre, 1994). Ahora, aunque al parecer hay un piso mínimo de 20 horas semanales aplicadas al TDCNR que realizan las mujeres y una brecha persistente entre mujeres y hombres(CEPAL, 2019), las asignaciones de trabajo no remunerado difieren de acuerdo con distintas variables más específicas. Entre ellas: el ciclo de la vida, la presencia de menores en los hogares, los ingresos, el territorio. 1.5.1. Presencia de niños y niñas en el hogar La presencia de menores en los hogares, sobre todo en los más empobrecidos, provoca mayor sobrecarga de TDCNR para las mujeres(CEPAL, 2021). La precariedad, escasez o falta de servicios públicos o prestaciones sociales de cuidados infantiles, junto a la dificultad de garantizarlos en el mercado, hace que sean las familias las principales o exclusivas responsables del sostenimiento y especialmente de los cuidados directos a niños y niñas. CEPAL (2019) informa que la presencia de menores de 5 años en los hogares incrementa el tiempo de TDCNR de las mujeres entre un 20% y un 200%. Charmes(2019) también lo verifica para todas las regiones del mundo y da cuenta de que el aumento varía entre 1:24 y 4:06 horas diarias. En casi todos los países, la presencia de menores también aumenta el TDCNR de los hombres, pero en proporción muy inferior. A la vez, como puede esperarse, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo remunerado decrece con la presencia de menores y aumenta cuando esos niños y niñas crecen. Los datos de seis países latinoamericanos 19 que informa CEPAL(2019) para esta variable indican un aumento de la cantidad de horas semanales del TDCNR realizado por las mujeres si hay menores de 5 años en el hogar, en un rango donde el máximo es 34:8 horas semanales(Uruguay, 2013) y el mínimo es 7:7 horas semanales(Chile, 2015). Cuidados: del centro de la vida al centro de la política confirma esa tendencia general y aporta detalles sobre los anteriores y otros países. Los análisis de Guatemala, Bolivia, Perú y México 20 muestran que son las mujeres 19. Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana, Ecuador y Panamá. 20. Para México, las cónyuges no ocupadas destinan en promedio 20 horas semanales adicionales al TDCNR, en comparación con el tiempo que destina una mujer que es jefa de hogar y empleada en el mercado de trabajo. 31

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE quienes más tiempo dedican al cuidado de niños y niñas. En República Dominicana, el tiempo dedicado por las mujeres al TDCNR aumenta si viven en hogares monoparentales con menores de 15 años 21 . También en Chile y Paraguay hay registro del aumento del tiempo de TDCNR para las mujeres tanto si conviven con menores como si viven en pareja. El estudio de Ecuador da cuenta de que a partir de los 20 años aumenta considerablemente el TDCNR de las mujeres y alcanza su pico entre los 30 y los 44, y que el cuidado de niños y niñas es el más representativo en ese sentido. Es importante mencionar otro asunto, que tiende a estar invisibilizado en los estudios sobre cuidados. Niñas y niños no son solo receptores de cuidados; también son personas cuidadoras. Ese hecho queda por fuera de los análisis y de las encuestas de uso del tiempo, que observan solamente a la población mayor de 15 años. El análisis sobre Ecuador que es parte de Cuidados: del centro de la vida al centro de la política da cuenta de ello, y muestra que de acuerdo con la información de un estudio realizado en 2019 por el Consejo de Igualdad de Género, el TDCNR de menores empieza a los 5 años en el hogar y con una sobrecarga de tareas que consume hasta el 45% del tiempo libre diario de las niñas y el 15% del de los niños. 1.5.2. Estrato socioeconómico Otra variable importante a considerar es el estrato socioeconómico. La disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de cuidados se relaciona de forma directa con los niveles de empleo y las condiciones laborales del sector de cuidados remunerado. Además, influye en la redistribución de las responsabilidades de cuidados desde los hogares hacia el Estado y el sector privado. CEPAL(2019) informa que las mujeres pertenecientes a los hogares de menores ingresos dedican alrededor de un 39% más de horas semanales al TDCNR que las de hogares de mayores ingresos. Las mujeres de sectores populares urbanos dedican entre 4,1 y 9,7 horas semanales más al TDCNR que las mujeres con mayores ingresos. En el caso de los hombres, no parecen ser significativas las diferencias en el tiempo asignado al trabajo no remunerado entre hogares de distintos quintiles de ingresos. En relación con los ingresos tiende a haber dos tipos de análisis. Uno, enfocado en el mayor tiempo que dedican las mujeres de menores ingresos a esos trabajos. Otro, en la brecha de género en función de los grupos socioeconómicos. 21. En el caso de los hombres que viven en hogares monoparentales el tiempo que dedican a ese trabajo es muy inferior. Eso está relacionado con que recurren a redes familiares o comunitarias que asumen parte de los cuidados de menores. 32

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA El capítulo de República Dominicana en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política , por ejemplo, da cuenta de que las mujeres del nivel socioeconómico calificado como“muy bajo” destinan 16 horas semanales más que los hombres al TDCNR, y que mientras aumenta el nivel socioeconómico se acorta relativamente la distancia. En Chile la tendencia es la misma: mayor brecha en el tiempo de TDCNR entre hombres y mujeres en los hogares de menores ingresos, y menor en los de mayores ingresos. En forma semejante se verifica en Uruguay. Igualmente en Colombia, la escalada en los estratos socioeconómicos correlaciona con la mayor participación de los hombres en el TDCNR, aunque aún en los estratos más acomodados la brecha de género continúa siendo muy alta. Y en Ecuador también se observa una mayor participación de los hombres a medida que el estrato socioeconómico se eleva y menor de las mujeres, aunque igualmente y como se ha dicho antes, la brecha persiste. Por otra parte, el caso peruano informa que las mujeres de menores ingresos dedican considerablemente más horas a esos trabajos que las de mayores ingresos y lo mismo en Paraguay. Respecto a eso último, CEPAL(2019) ofrece información similar. Hay diferencias considerables en la cantidad de horas semanales dedicadas al TDCNR entre las mujeres de mayores y menores estratos socioeconómicos. Para Brasil(2017), la diferencia es de 5,1 horas; en Colombia(2017), 10,8 horas; en Costa Rica(2017), 13,4 horas; en El Salvador(2017), 15,3 horas; en México(2014), 10,9 horas; y en Paraguay(2016), 7,4 horas. Acerca de los hombres, no hay diferencia significativa entre el tiempo que dedican los de mayores y los de menores ingresos al TDCNR. De los países que analiza esa fuente, solo en Paraguay hay una diferencia significativa(9,7 horas) en ese sentido. Frente a la ausencia de servicios públicos de cuidados, los hogares más empobrecidos tienen mayores inconvenientes para la externalización de los cuidados en el mercado. Y a ello contribuye también la crisis reproductiva instalada estructuralmente en América Latina: escasez de agua o energía, alimentos, servicios de salud; presencia de enfermedades vinculadas a las industrias extractivas o al cambio climático, etc. El conjunto es parte de las consecuencias del despliegue de programas de“extractivismo ampliado”(Gago y Mezzadra, 2017) que persisten en la desposesión de amplios grupos sociales. 1.5.3. Nivel de escolaridad Los análisis estadísticos también han mostrado correlación entre el nivel de escolaridad, los usos del tiempo y el trabajo remunerado. A medida que aumenta el nivel de instrucción, el patrón general es que las mujeres dediquen más tiempo al trabajo remunerado y menos al TDCNR. Charmes(2019) lo verificó para 14 de 18 países que analizó; y lo mismo sucede en sentido inverso: las mujeres dedican más tiempo al TDCNR mientras menor es su nivel de instrucción. 33

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE En cambio, para los hombres esa variación no es siempre notable. La misma fuente muestra que el aumento esperado del tiempo que ellos dedican al TDCNR a medida que aumente su nivel educativo solo se verificó en 6 de los 18 países analizados. En lo que se refiere a América Latina, el análisis de México en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política indica, en relación con el grado de escolaridad, que en la medida en que los hombres aumentan su nivel de instrucción, también es mayor su participación en las labores domésticas y de cuidados. Por el contrario, las mujeres con algún grado de educación media superior(ciclo superior en algunos países de la región) tienen una participación menor. En Ecuador, por su parte, también la brecha entre mujeres y hombres disminuye a medida que el nivel de instrucción es más alto aunque, como se ha mencionado antes, nunca llega a eliminarse. 1.5.4. Territorios Finalmente, los análisis también muestran una variación en el uso del tiempo relacionada con los territorios urbanos o rurales. El análisis transrregional de Charmes(2019) informa que en América Latina las mujeres dedican más tiempo al TDCNR en las zonas rurales que en las urbanas, y que en estas últimas las mujeres dedican más tiempo al trabajo remunerado. Es probable que ello se deba al mayor acceso a infraestructura básica y a que puede ser más intensivo el tiempo dedicado a este trabajo en las zonas urbanas 22 . Ese dato se confirma en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política para Guatemala, República Dominicana, Colombia y Ecuador. En esos países, además, la brecha de género en el uso del tiempo para TDCNR es mayor. Caso aparte es Paraguay, donde el análisis no informa diferencias importantes en el tiempo que dedican las mujeres al TDCNR entre zonas urbanas y rurales. 1.6. Normas, programas y servicios Todo lo descrito hasta aquí muestra un panorama regional, globalmente conectado, sobre la organización social de los cuidados y algunas de sus relaciones y condicionamientos mutuos con los mercados laborales, la estructura del empobrecimiento, las brechas de género, étnico-“raciales”, de edad, territorio de residencia y otras. Esa organización desigual y desigualadora de los cuidados, fundada en una persistente e injusta división sexual del trabajo y en la ausencia de 22. Donde hay gran población agrícola(países de Asia y África, como Malí, la India, China, Madagascar, Etiopía, Mongolia, Benin, Ghana) es donde las mujeres emplean más tiempo al trabajo remunerado en las zonas rurales. 34

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA corresponsabilidad público-privada ha sido y es disputada desde distintos actores y campos sociales y se ha procesado, también, en la arena institucional, normativa y de políticas públicas. Esta sección llama la atención sobre ello con base, fundamentalmente, en los análisis que aparecen en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política y que contribuyen a un panorama incompleto pero informativo de hasta dónde se ha avanzado en la región. América Latina ha dado pasos importantes en las últimas décadas en términos de igualdad de género. Se han incluido asuntos al respecto en los cuerpos normativos, se han elaborado programas gubernamentales para afrontar la desigualdad y/o se han transversalizado esos contenidos en políticas y programas generales de protección social, contra la pobreza, por la ampliación de derechos laborales, etc. Los resultados se han contabilizado a través de la mejora de indicadores de participación política de las mujeres, empleo, salarios, nivel de escolaridad, políticas de acción afirmativa para personas trans, etc. No obstante, la desigualdad de género persiste, es grave y en algunos sentidos se ensancha. Respecto a los cuidados, comparativamente con otras regiones del Sur Global, en América Latina se ha avanzado notablemente. La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el Consenso de Quito(2007) y el Consenso de Brasilia, resultado de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe(2010) afirmaron en la arena internacional el compromiso en ese sentido. En el último se instaló el programa de las Tres R: reconocer, redistribuir y reducir los cuidados, y también la referencia a los cuidados como un derecho y la importancia de dignificar el TDCR(Esquivel y Kaufmann, 2016). A la fecha, los países de la región muestran avances en términos de recolección de información sobre uso del tiempo y contribución del TDCNR a la economía monetizada y a la sociedad. La obligatoriedad de hacer encuestas está normada en Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, en la mayoría de los países los datos permanecen desactualizados, sin coherencia metodológica y en ocasiones es muy difícil, cuando no imposible, construir series y evaluar impactos. De acuerdo con Esquivel y Kaufman(2016), el campo más desinformado es el relativo a las políticas y servicios de cuidados. Cuidados: del centro de la vida al centro de la política lo confirma. Los informes internacionales de algunos países hacen mención a este tema, pero la mayoría de las veces se carece de información pública que sistematice y evalúe la cobertura y calidad de los programas y servicios(nacionales y subnacionales). Distintos países han establecido políticas de protección social y cuidados, han implementado políticas de educación y cuidado de la primera infancia y han progresado en la infraestructura que, sin embargo, ofrece todavía bajas coberturas. También han proliferado y se han modificado –en 35

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE un sentido de ampliación de derechos– políticas laborales relacionadas con los cuidados, como son leyes antidiscriminación de mujeres embarazadas, de protección de maternidad y derechos de licencia materna y paterna en algunos casos, de licencia parental compartida, etc. Sin embargo, al menos parte de estas normas y políticas parecen no concebirse en el marco de la igualdad de género: reproducen la división sexual del trabajo, tienen énfasis maternalistas o familiaristas y se deslindan de una comprensión integral de las desigualdades y sus mecanismos de reproducción. Cuidados: del centro de la vida al centro de la política verifica la prolijidad de normas de distinta jerarquía(artículos constitucionales, leyes, decretos leyes, decretos) que atienden asuntos relacionados con el campo ampliado de los cuidados. El casi centenar de ellas que se informan en los doce análisis incluidos en esta publicación tiene como foco los distintos grupos destinatarios 23 : una parte atiende a niños y niñas; otra, a las madres –normalmente binomio madre-hijo/a– y en algunos casos a los padres y familias en general; y aun otra a las poblaciones adulta mayor, a los grupos considerados vulnerables o en situación de pobreza y a las personas con dependencia funcional. Las normas que piensan los cuidados de forma integral y que conectan distintas dimensiones de regulación y actores son escasas. Casos excepcionales constituyen el Sistema Integral de Cuidados uruguayo, creado en virtud de la ley 19.353 de 2015; y la ley 783, paraguaya, que estableció en 2019 el Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados. El análisis de Brasil, por su parte, informa que actualmente se tramita el Proyecto de Ley 5791/2019, que propone instituir la Política Nacional del Cuidado. Una parte importante de esas normas corresponden al ámbito del empleo y están principalmente enfocadas al momento del nacimiento, la lactancia, a situaciones de enfermedades graves, discapacidades o muertes de hijos o hijas, y protección de las mujeres trabajadoras remuneradas frente al desempleo mientras dura el embarazo y durante los meses siguientes al parto. En general, se han dado pasos importantes relacionados a las normas que vinculan cuidados y empleo; por ejemplo, se ha expandido el tiempo de licencias de maternidad y paternidad por nacimiento o durante los primeros meses 24 , regulado permisos de cuidados, modificado las condiciones de las licencias, etc. Sin embargo, al presente continúan presentando sesgos importantes. Uno de ellos es la brecha enorme en el tiempo de las licencias de maternidad y las de paternidad. Si bien ambas se han ampliado, las de las mujeres continúan, en una parte importante de los casos nacionales, por debajo del límite establecido por la Organización Internacional del Trabajo, aunque 23. El Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe de la CEPAL da cuenta de 217 leyes relacionadas con los cuidados. Fuente: https://oig.cepal.org/es/laws/4/country/uruguay-22 24. Todos los países de la región han legislado sobre licencias de maternidad. 36

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA en algunos se establecen extensiones en casos de enfermedad. A la vez, salvo excepciones como Cuba 25 y Chile, las normas no buscan intervenir en la división sexual del trabajo que carga a las mujeres las responsabilidades de cuidados. Las licencias laborales por nacimiento para los padres van de 2 a 14 días, y suponen que son las madres quienes deben asumir el total de las responsabilidades de cuidados. En consecuencia, las normas no propician combatir la división sexual del trabajo desigualadora ni actúan proactivamente frente a ella. Eso, además, es una barrera para la contratación de las mujeres pues quienes emplean asumen que ellas implicarán más costos si están en edad reproductiva(Lupica, 2016). En segundo lugar, las normas relacionadas con el empleo y cuidados benefician solo a las y los trabajadores formales. Teniendo en cuenta los altos índices de informalidad y subempleo en la región y que los sectores más informalizados, además, tienden a estar feminizados, se trata de un problema mayor. OIT-PNUD(2013) da cuenta de que, en ese mismo sentido y en algunos países aún, categorías de trabajadoras quedan excluidas de derechos como los relacionados con la maternidad; entre ellas, trabajadoras domésticas, familiares del empleador o empleadora o mujeres que trabajan en empresas familiares, trabajadoras ocasionales o temporeras y trabajadoras agrícolas. En tercer lugar, las normas asociadas con los cuidados y el empleo conceden escaso o ningún tiempo de cuidado a menores luego del periodo de lactancia(solo lo hacen en algunos casos y por breves lapsos). El diario vivir, sin embargo, implica cuidado constante. Un elemento preocupante en ese sentido es la falta de correspondencia habitual entre los horarios de empleo remunerado(incluso cuando es formal) y los horarios escolares. En Cuidados: del centro de la vida al centro de la política , ese asunto se enfatiza en varios de los análisis nacionales. En Brasil, por ejemplo, el régimen escolar es de 4 a 5 horas de permanencia; en Chile, la salida de los establecimientos educacionales con jornada completa es alrededor de las 16 horas, lo cual no coincide con el fin de las jornadas laborales de madres o padres; en Ecuador, también existe desfase entre los horarios de los servicios públicos de cuidados y las escuelas, y los horarios laborales. Esa situación se resuelve entonces a través de arreglos familiares donde las que cuidan suelen ser también mujeres, del mercado(instituciones que completan el tiempo de cuidado a niños y niñas dentro del horario laboral de sus madres), o la 25. “En Cuba, los padres pueden decidir que uno de ellos quedará en casa cuidando a su hijo/a hasta que cumple un año de edad, a cambio de una retribución equivalente al 60% del beneficio de la licencia maternal. En Chile, a partir de la modificación del Sistema de Protección de la Maternidad en el año 2011, si ambos padres trabajan de manera remunerada, la madre puede decidir traspasar hasta seis meses de su permiso postnatal parental al padre, quien recibe un subsidio equivalente a su salario con un tope mensual. Este constituye el avance regional reciente más importante respecto a la normativa laboral a favor de la parentalidad”(OIT-PNUD, 2013: 40). 37

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE opción de las mujeres madres por empleos flexibles o de media jornada, usualmente precarizados y con menos derechos 26 . En cuarto lugar, los marcos legales de conciliación empleo – cuidados habitualmente no consideran las necesidades de cuidado de otras personas, por ejemplo, adultas mayores, enfermas crónicas o con dependencia funcional. Este hecho es especialmente problemático por dos razones relacionadas: 1) el mapa de servicios y programas destinados a estas poblaciones es ostensiblemente bajo, de modo que esas necesidades de cuidado no pueden resolverse vía el sistema público, y 2) el curso demográfico estructurado o previsto en la región, relacionado con el envejecimiento demográfico, implica el aumento de las necesidades de cuidado de la población senescente por lo que, de mantenerse el marco actual implicará más sobrecarga para las mujeres con la correspondiente exclusión de los mercados laborales 27 . A la vez que las relacionadas con el empleo, se verifican en la región normas de distintas jerarquías dirigidas específicamente a la población adulta mayor y con dependencia funcional, y aquellas otras que abordan los cuidados circunscritos al ámbito de la educación institucional y del sector de la salud. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el Estatuto de las Personas Mayores(2003) de Brasil; la Ley 65(2010) de Sistema Integral de Pensiones de Bolivia y la Ley 223 para Personas con Discapacidad(2012) de Bolivia; la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores(2019) y la Ley Orgánica de Discapacidades(2012) de Ecuador; la ley general para la inclusión de personas con discapacidad y de los derechos de las personas adultas mayores de México, y otras. Son mucho más escasas las normas enfocadas a las personas cuidadoras no remuneradas. Ellas tienden a quedar profundamente invisibilizadas en el mapa de atención normativa; entre las excepciones está la ley 30.795(2018) de Perú que establece la licencia y subvención de cuidador o cuidadora para trabajadores y trabajadoras con familiares con Alzheimer, o su consideración dentro del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Ahora bien, las normas generales se formulan a través de políticas específicas. Ante la ausencia de políticas nacionales de cuidado 28 existe un conjunto de programas y servicios fundamentalmente encaminados a las poblaciones infantiles(en mayor medida preescolares), adulta mayor, de menores ingresos o en situación de pobreza, y con capacidades especiales. Aunque en algunos países han habido avances en su articulación, los servicios y programas tienden a carecer de coordinación entre ellos. Eso limita 26. Existen alternativas estatales, como el Programa de Extensión Horaria en Chile, pero tienen muy baja cobertura. 27. Para análisis sobre empleo y necesidades de cuidado de la población adulta mayor ver, por ejemplo: Valenzuela(2010); Acosta, Picasso y Perrotta(2018). 28. Recordemos que solo Uruguay tiene un Sistema Nacional de Cuidados. 38

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA considerablemente su alcance y operativiza una focalización de los servicios que antes que alterar la organización desigualadora de los cuidados lo que hace es reproducir lógicas asistenciales. Es por eso, entre otras razones, que los sistemas integrales de cuidados son deseables: obligan a la conexión entre las normas, políticas, programas y servicios con arreglo a las necesidades de cuidados y, también, a la estructura y dinámicas del empleo y a las desigualdades de género, de ingresos,“raciales”, étnicas, de edad y de territorio; y todo ello sobre el piso ético y político de que los cuidados son un derecho. La información sobre los programas y servicios es dispersa, escasa, incompleta y está desactualizada. Si bien existen algunas evaluaciones se carece de datos sistemáticos sobre su calidad y cobertura. No obstante, es posible hacer algunas observaciones generales. El mapa de la cuestión de los programas y servicios de cuidados en la región muestra que una parte importante de ellos está destinada a los cuidados relacionados con las primeras etapas de la vida: sistemas de guarderías, servicios para niños y niñas sin amparo familiar, protecciones(de salud o vía transferencias monetarias) a la infancia empobrecida y las familias, programas de becas y auxilio escolar, programas nacionales de niñez y desarrollo de la primera infancia, comedores, provisión de desayunos o almuerzos escolares, apoyo y orientación a las mujeres gestantes, entre otros. Ese tipo de programas y servicios tienen presencia extendida en la región, aunque su heterogeneidad es también notable si se observan los distintos países. En algunos hay más servicios que en otros; sin embargo, en todos ellos tienden a tener mayor presencia en territorios urbanos. En el caso de los programas nacionales, se decantan más por apoyos monetarios y están focalizados en los grupos(familias, personas mayores o personas con dependencia funcional) identificados en situación de pobreza de ingreso o considerados vulnerables. Otro asunto importante es el de la cobertura. La falta de disponibilidad de registros públicos sobre calidad y cobertura de los servicios, y de información sobre su funcionamiento, plantean dificultades enormes al momento de evaluar el estado de la cuestión y proponer soluciones transformadoras. De los tipos de programas y servicios existentes, los enfocados en la primera infancia son los que tienen mayor alcance aunque continúan siendo insuficientes, especialmente para la franja de 0 a 2 o de 0 a 3 años. En general, la cobertura no llega al 30% de la demanda potencial en casi ningún país. En Brasil, por ejemplo, la cobertura de guarderías públicas es del 23% aproximadamente. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, de Chile, registra una cobertura de 21,64% en su oferta tradicional y de 1,28% en su oferta alternativa. En Paraguay, la cobertura de guarderías infantiles en la franja de 0 a 3 años es de 3,6%, aunque en la de 4 a 5 años sube al 68,3%. El Programa de Cero a Siempre, en Colombia, tiene una cobertura total(incluyendo sus distintas modalidades) de 29,1%. El Programa CUNAMAS, de Perú, tiene una de 8,4% 39

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE mientras que la de Círculos Infantiles en Cuba es de 22,66% y la de todas las modalidades de cuidado infantil en República Dominicana de 20,8%. Uruguay, por su parte, sí registra altas coberturas en los cuidados infantiles a través de los distintos tipos de servicios institucionalizados: 15,5%(1 año), 39% (2 años), 55,3%(3 años), 75,8%(4 años), 99,4%(5 años) para 2019. Sobre esas cifras se impone un comentario adicional: necesitarían mayor desagregación pues, en algunos países, integran modalidades de acompañamiento a las madres o las familias y no servicios de cuidado directos ni su acceso implica alguna redistribución de los cuidados. Por ejemplo, la cifra de Colombia incluye modalidades institucionales de cuidados y también la modalidad familiar, que es un acompañamiento sin cuidados directos. Lo mismo sucede con la cobertura indicada de los servicios y programas de este tipo en República Dominicana. Recordemos, además, que la salida de las mujeres, así sea temporalmente, de los mercados laborales tiene consecuencias negativas para su futura reinserción. Con lo cual estas bajas coberturas de servicios en edades iniciales es especialmente perjudicial. Para los casos en los que hay información disponible, se observa que los programas y servicios destinados a las personas adultas mayores tienen una cobertura muy inferior, y lo mismo para las personas con dependencia funcional. En Chile, la cobertura de los servicios de cuidados domiciliarios es 0,45%; la de los Centros Diurnos para personas mayores es 1,38%; la de los Establecimientos de Larga Estadía para personas mayores es 0,42%; y la del Programa Residencia y Hogares Protegidos, para personas con dependencia funcional, alcanza un 24,02%. Incluso en Uruguay, la cobertura de los Centros de Día para personas con dependencia moderada o severa era, a finales de 2019, baja, de 20%. La mayor desprotección de la población adulta mayor es especialmente grave en un escenario de transición demográfica del cual participan, en distintos momentos y como ya se ha dicho, todos los países de la región. Y lo es aún más si se tiene en cuenta que es desigual la línea de partida frente a la protección social de la vejez. Las mujeres adultas mayores están en peor situación porque, al haber sido menor su participación en los mercados de trabajo a lo largo de la vida, tienen menos posibilidad de acceso a pensiones o, cuando la tienen, es sobre todo en los programas de pensiones no contributivas(los cuales son más susceptibles a modificaciones o recortes). De acuerdo con la información de CEPAL(2019), en México, Panamá, Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia, que tienen grados medios de coberturas de pensiones, sus niveles son inferiores para las mujeres y la brecha entre estos montos y los de los hombres son notables. Argentina 29 y Uruguay tienen mayores 29. En Argentina, esa situación responde a que una mayoría de mujeres se acogieron a la moratoria previsional y accedieron a una jubilación de monto mínimo(CEPAL, 2019). 40

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA niveles de cobertura en las pensiones y la brecha es moderada. Mientras, en países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras la brecha de género en las pensiones es mucho menor pero la cobertura general es muy baja(más aún para las mujeres). Por todo, las políticas y servicios de cuidados relacionados con la vejez necesitan considerar la estructura del sistema de pensiones y las desigualdades de género que lo atraviesan. Por otra parte, distintos programas o servicios de cuidados están relacionados con las políticas de atención a las situaciones de pobreza. Por ejemplo, en Chile el Subsistema“Chile Seguridades y Oportunidades”, el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados“Chile Cuida”, y el Sistema Intersectorial de Protección Social(SIPS) están dirigidos a familias en situación de dependencia(moderada o severa); el Sistema de Protección Social “¡Vamos!”, de Paraguay, tiene también un énfasis en la población identificada como vulnerable; el programa colombiano“Familias en Acción” y otros, comparten ese perfil. Aunque se registran programas de este tipo en toda la región, es en países como Bolivia, Guatemala, República Dominicana donde hay mayor presencia de ellos. Lo anterior se relaciona con los programas de transferencias monetarias. En Cuidados: del centro de la vida al centro de la política se contabilizan más de una treintena de ellos. Por ejemplo, el Ingreso Ético Familiar y el Bono Invierno(Chile), el Programa Tekoporã(Paraguay), los bonos Renta Dignidad, Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Solidaria(Bolivia), los bonos de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos(Ecuador), el programa Comer es Primero y el Bono Escolar Estudiando Progreso(República Dominicana). CEPAL(2021) informa que los programas de transferencias monetarias directas(condicionadas y no condicionadas) pueden tener efectos positivos en la reducción de las brechas de ingresos, de la pobreza y la pobreza extrema. Las evaluaciones hechas sobre las transferencias monetarias de CEPAL(2021) muestran desafíos importantes relacionados con la falta de disponibilidad de otros servicios(educativos, de salud, básicos) que dificultan los efectos positivos que produce el aumento de ingresos vía transferencias para interrumpir los procesos de reproducción de la pobreza. El conjunto de los programas y servicios mencionados provienen del campo de las políticas públicas pero las instituciones estatales no son las únicas proveedoras. Fundaciones, organizaciones diversas de la sociedad civil, iglesias, sindicatos, etc., también participan. En Uruguay, por ejemplo, los centros SIEMPRE se crearon a través del diálogo tripartito entre sindicatos, empresas privadas y Estado o entre sindicatos y Estado. En Colombia, la formalización de las Madres Comunitarias implicó diálogo y lucha entre actores comunitarios y Estado. Y lo mismo ha supuesto la existencia de centros y comedores comunitarios en Paraguay y Perú; las Casas Comunitarias de Cuidado en Uruguay; y la modalidad“propia” –Unidades 41

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Comunitarias de Atención– dentro del“Programa de cuidado de niños y niñas De Cero a Siempre” en Colombia. Finalmente, una barrera importante en términos de normas, programas y servicios de cuidados en la región es que no siempre se fundamentan en −ni implican− una perspectiva de género. La persistencia de enfoques asistencialistas es un hecho y, con ellos, la reproducción de lógicas maternalistas y conservadoras de la familia, donde la división sexual del trabajo permanece intacta o poco cuestionada. Todo ello ha sido y continúa siendo debatido y disputado desde distintos frentes. 1.7. Actores y debates políticos La forma en que se configuran los debates políticos es central para comprender los avances, estancamientos e incluso eventuales retrocesos en los campos de las normas y las políticas públicas. Las luchas políticas sobre los cuidados han sido claves en su reconocimiento a escala nacional, regional y global. Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra distintos actores y arenas del debate y la puja política. En algunos países, como el caso cubano, la producción académica se ha ampliado, mientras que en el campo de las políticas públicas ha habido menos novedad. Las autoras del capítulo correspondiente destacan la importancia creciente del tema en centros de investigación y universidades y el inicio de diálogos académicos a través de Talleres Nacionales de Estudios sobre Cuidados(dos hasta el momento). En el campo gubernamental se incluyó el asunto en el recién aprobado Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres, pero aún son muy tímidos los pasos institucionales y de política práctica. En Guatemala y República Dominicana también la academia e institutos de investigación han sido claves. Y lo mismo en México y Chile, donde se han tramado redes de debate y producción de conocimiento. Intelectuales feministas, a contracorriente del mainstream académico, han abierto espacios en distintos campos disciplinares e interdisciplinares y empujado desde ahí cambios de distinto orden, incluso de políticas públicas. De hecho, también en el recorrido uruguayo hasta el Sistema Nacional de Cuidados la academia tuvo un rol central, dando cuerpo teórico y empírico al problema y sus soluciones. Las organizaciones de mujeres y feministas se han constituido en un actor principal en la politización de los cuidados. En Guatemala, por ejemplo, la Alianza Política Sector de Mujeres propició procesos de formación sobre economía de los cuidados y colocó el tema en la agenda pública. Vía organizaciones de mujeres y feministas ha ido ganando espacio en México el enfoque del derecho al cuidado. Las Constituyentes CDMX Feministas fueron importantes en la inclusión del artículo 9 que ahora consigna el derecho constitucional al cuidado y el deber de las autoridades a garantizarlo, 42

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA importante no solo en términos de su reconocimiento sino en clave de coordinación con distintos actores para la continuidad de las transformaciones políticas. La articulación de las organizaciones de mujeres y feministas con los sindicatos de trabajadoras del hogar también han sido y continúan siendo vitales. En el campo del TDCR es, de hecho, donde más avances hubo y las acciones colectivas han sido centrales en ello. En Guatemala, diversas organizaciones se han enfocado en la lucha por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar; entre ellas: la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila(ATRAHDOM), de la cual surgió el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA), y la Asociación Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular(CENTRACAP). En México, convergen en los debates y acciones organizaciones como Red de Cuidados de México, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, las Constituyentes Feministas CDMX, la red Yo Cuido. Y lo hacen junto a organizaciones específicas de trabajadoras del hogar: Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar(SINACTRAHO), el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas y, con menor presencia nacional, la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, Hogar justo Hogar y Mi Trabajo Cuenta. Las organizaciones de trabajadoras del hogar han sido claves en los avances institucionales y normativos como la reforma a la Ley Federal del Trabajo y ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio 189 de la OIT. El pedido de ratificación de convenios internacionales es una constante. En República Dominicana, por ejemplo, organizaciones sindicales y feministas han solicitado la ratificación del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, y la modificación de los marcos legislativos laborales nacionales acorde a la ratificación, que sí se produjo, del Convenio 189 de la OIT en 2013. La Mesa Intersectorial de Género −que integra a sindicatos diversos, asociaciones, instituciones, centros de estudios e institutos y otras organizaciones− impulsa cambios relativos a la seguridad social y la regulación del trabajo doméstico. También en Uruguay los actores sindicales han sido claves. El capítulo sobre ese país informa que la central sindical creó una Comisión de Cuidados en su organigrama, reunió a diversas ramas sindicales vinculadas al sistema, e incorporó el Sindicato Único de Asistentes Personales. Asimismo, el movimiento sindical agregó en su agenda la corresponsabilidad en los cuidados, a tenerse en cuenta en las negociaciones colectivas. A los actores sindicales se suma la sociedad civil organizada en distintos formatos: la Red Pro Cuidados uruguaya, por ejemplo, fue central en la instalación formal de la política de cuidados. 43

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE No en todos los países el debate sobre los cuidados ha calado en el campo sindical. El análisis de Paraguay da cuenta de que ese no es contenido relevante en la agenda de las centrales obreras, y el de Perú menciona una escisión entre las organizaciones feministas y el sindicalismo que explica por qué las luchas feministas por la medición y valoración del TDCNR no han contado con acompañamiento de base sindical. Sin embargo, en ambos países los gremios de trabajadoras domésticas remuneradas sí han participado, de acuerdo con lo que hemos visto, en la instalación del debate y en la equiparación de derechos laborales de ese sector respecto a los otros. En Paraguay, el Sindicato de Trabajadores Domésticos del Paraguay(SINTRADOP) fue la primera organización sindical del sector en el país y al visualizar la necesidad de contar con servicios de cuidado para hijos e hijas de trabajadoras domésticas habilitó la primera –y hasta ahora única– guardería para sus asociadas. En Perú, las trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados protagonizaron el mayor debate público y movilización sobre los cuidados a partir del proceso de consideración y ratificación del Convenio 189 de la OIT en el periodo 2011-2018. En Colombia se ha articulado con más potencia la sociedad civil en torno a los cuidados. Han sido claves la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá(MIEC) y la Mesa de Economía Feminista, que hoy tiene espacios similares en las ciudades de Pasto y Popayán y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Un lugar importante en los avances sobre estos temas lo han tenido también actores comunitarios, especialmente las Madres Comunitarias han sido relevantes en la lucha por el reconocimiento de los cuidados no remunerados como trabajo y del espacio comunitario como un sujeto de la organización social de los cuidados. Igualmente, los sindicatos de trabajadoras domésticas, específicamente la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico(UTRASD), tienen un papel fundamental en el proceso de aplicación y seguimiento del Convenio OIT 189 y en la visibilización de los impactos diferenciados de la discriminación laboral racializada. También en Ecuador las trabajadoras remuneradas del hogar han luchado por la aplicación de acuerdos y regulaciones nacionales e internacionales y han exigido al Estado la vigencia de derechos sobre su situación laboral y humana y la ratificación de los convenios internacionales. La Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar(ATRH), la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines(UNTHA) y el Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador(SINUTRHE) están asociados a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar(CONLACTRAHO) y a la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos del Hogar(IDWF, por sus siglas en inglés) que agrupa a organizaciones de Asia, África, América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, colectivos sociales, fe44

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA ministas y organizaciones de mujeres han debatido sobre los asuntos del cuidado, buscando visibilizarlo y politizarlo. En Bolivia, organizaciones de mujeres de la sociedad civil buscan vías de incidencia en los gobiernos locales para, desde ahí, generar políticas de corresponsabilidad, formación y fortalecimiento de líderes en los debates sobre el cuidado, su contabilización, revalorización y redistribución. El trabajo con actores comunitarios, incluyendo asociaciones, parteras y otros, son identificados como muy relevantes en el presente y el futuro de la politización de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados. En Chile las organizaciones de personas cuidadoras(remuneradas y no remuneradas) también son centrales. Particularmente importante ha sido el trabajo del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular(SINTRACAP) y la Asociación Yo Cuido(que integra a trabajadoras no remuneradas); levantando iniciativas para promover la formalización de las trabajadoras, visibilizar la situación de precariedad, impulsar investigaciones al respecto y promover instancias de diálogo con la participación de congresistas y organizaciones de base de todo el país que sumen a la instalación del debate sobre el derecho al cuidado. La organización de acciones callejeras y toma del espacio público también contribuye a la politización de la discusión sobre los cuidados, y muchas veces se han llevado a cabo como parte de los repertorios de acción feminista. Por ejemplo, en 2019 se realizó la primera movilización cuyo objetivo explícito fue la concreción del derecho al cuidado, en Ciudad de México y promovida por el colectivo Yo Cuido México. Las movilizaciones y paro a propósito del 8M han contribuido igualmente a debatir sobre el valor del trabajo realizado por las mujeres principalmente para el sostenimiento de la vida y las sociedades. En Chile, estos temas son centrales actualmente en“los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan” y un eje programático de la Huelga General Feminista. En otros países, sin embargo, son infrecuentes las manifestaciones y formas de expresión más confrontativas, como menciona el análisis de República Dominicana, donde la agenda feminista ha otorgado más peso a otros problemas, como la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Donde no existen sindicatos específicos de trabajadoras del hogar y cuidadoras, organizaciones de trabajadoras no remuneradas del hogar ni repertorios feministas expandidos de acción callejera, como en Cuba, la acción política es mucho más escasa o inexistente, y se circunscribe sobre todo a espacios académicos o con tutela institucional, aunque es posible y necesario mapear iniciativas comunitarias que, junto a las familias, sostienen la vida frente a la escasez de servicios públicos y el encarecimiento de aquellos provistos en los mercados. Las organizaciones de desarrollo y cooperación internacional también han sido, en distintos países de la región, un actor relevante para la am45

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE pliación de los debates; sobre todo en los más empobrecidos y con menos infraestructura pública. En Guatemala, por ejemplo, estas organizaciones han suplido parte de las funciones estatales, también en el ámbito de la producción de conocimiento, diagnóstico de necesidades y elaboración de informes. Eso plantea desafíos de distinto tipo, asociados, por ejemplo, a que estos procesos dependen de los cronogramas de la cooperación y su financiamiento. Ahora bien, en esa trama de actores y contenidos, los grados de articulación y coordinación intra e internacionales entre ellos son variables. El debate sobre cuidados cala progresivamente, aunque no con igual ritmo y sinergias. En países como México, Colombia, Chile, Uruguay, se está produciendo una evidente y más sólida presencia de actores y debates. En otros es más incipiente. Todo ello ha implicado transformaciones en la institucionalidad estatal de la región. El caso más avanzado es Uruguay, con su Sistema Integral de Cuidados, pero también hay pasos significativos dados por otros países. Entre ellos, República Dominicana, donde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales(GCPS) bajo administración del gobierno saliente, junto a otros organismos ha trabajado y debatido en torno a las posibilidades de establecer políticas desde el enfoque de Piso Básico de Protección Social con perspectiva de género y, en ese marco, se ha planteado como necesidad la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que avance en la desfamiliarización y desmercantilización. Un paso importante fue el establecimiento (en 2016) y formalización(en 2019) del Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados del Paraguay, encargado de formular la Política Nacional de Cuidados, por iniciativa del Ministerio de la Mujer y la Secretaría Técnica de Planificación; así como la publicación del Documento Marco para el Diseño de la Política Nacional de Cuidados en el Paragua y, también en 2019. En Colombia, la Alcaldía de Bogotá ha avanzado en la creación de un sistema distrital de cuidados, como un paso institucional de importancia en la región. El trabajo de figuras políticas activas, en ocasiones acompañadas e impulsadas por académicas y militantes feministas, ha sido muy importante en ese país y en otros. En Brasil, entre 2004 y 2010, hubo transformaciones institucionales que permitieron avanzar en la consideración del TDCNR y su contabilización. En esa vía, en 2008, se crea el Comité Técnico de Estudios de Género y Uso del Tiempo para realizar estudios, investigaciones y elaborar indicadores. Paralelamente, en Chile, partidos políticos que no tenían presencia parlamentaria y con raíces en los movimientos sociales han presentado diversos proyectos que plantean una perspectiva de derechos y corresponsabilidad entre los diversos actores de la organización social del cuidado. En ese sentido, se cuenta el proyecto de reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, ingresado a la Cámara de Diputados en marzo de 2019; el 46

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA proyecto sobre cuidadoras de personas dependientes, y el reciente proyecto de extensión del permiso posnatal parental en contexto de pandemia. En Perú, el Proyecto de Ley de la excongresista(2016-2018) Indira Huilca para el restablecimiento obligatorio de los servicios de guardería en el sector público y privado constituye un hito en el debate sobre cuidados. En Ecuador, desde noviembre de 2018 se estableció la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que busca la aplicación de acuerdos internacionales y mandatos a nivel nacional sobre derechos laborales y humanos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Como ha sido evidente hasta aquí, es creciente la politización de los debates sobre los cuidados, la visibilización de la organización social desigualadora del trabajo de cuidados y la falta de garantías respecto al derecho al cuidado. Todo eso, que ya existía, se agravó a partir de inicios de 2020, cuando la pandemia de covid-19 llegó a América Latina. Entonces la discusión sobre el cuidado se ubicó en el primer plano de la conversación política ciudadana e institucional. 2. Los cuidados y la crisis Cuando comenzó la pandemia de covid-19, algunas voces públicas afirmaron que la crisis global podría igualarnos. Ha resultado, sin embargo, en lo contrario. La brecha de género en la tasa participación laboral ha aumentado (PNUD, 2020). Las tasas de desempleo se han disparado y las mujeres han sido las más perjudicadas, y aún más las que ya engrosaban el sector del trabajo informal, las trabajadoras sexuales, las migrantes empobrecidas y las mujeres trans. En el contexto de la pandemia, la tasa de desocupación de las mujeres a nivel regional podría haberse ubicado alrededor de 15,2% y la de los hombres en un 12,3%, al cierre de 2020, comparadas con 9,6% y 7,1%, respectivamente, en 2019. La magnitud del empobrecimiento también ha escalado, con mayores consecuencias para las mujeres que, como hemos visto, ya estaban más empobrecidas; se proyecta que el número de mujeres en situación de pobreza puede estar alcanzando la cifra de 118 millones(CEPAL, 2021). Esta crisis ha mostrado nuevamente que existe una estructura diferencial de oportunidades que limitan la autonomía y el bienestar de grandes grupos sociales y, de forma diferenciada, en las mujeres y cuerpos feminizados(Torres, 2020a). En esta como en otras crisis, las mujeres han entrado, permanecido y saldrán en peores condiciones. La insostenibilidad de los arreglos económicos, sociales y políticos para asegurar algún avance en el bienestar colectivo es cada vez más acuciante. Esta crisis ha colocado en el primer plano la intersección de formas diversas y descarnadas de explotación y dominación y la amplísima precariedad de las mayorías. 47

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE En ese escenario la discusión sobre los cuidados ganó mucha audiencia, sobre todo durante 2020. ¿Por qué? Si otras crisis ya habían mostrado consecuencias similares en términos de mayor empobrecimiento, desigualdad, desempleo, desposesión, ¿por qué esta ha colocado a los cuidados y al sostenimiento de la vida en un primer plano público? En primer lugar, los debates sobre los cuidados cuentan ya con un largo recorrido, como hemos visto. La creciente politización sobre la organización social desigualadora del trabajo de cuidados y sobre la necesidad de reconocimiento y garantías del derecho al cuidado ha condicionado su tematización como un asunto de importancia pública en este contexto. Entonces, hablamos más sobre cuidados porque el acervo es robusto luego de décadas de pujas en las arenas políticas locales, comunitarias, académicas, internacionales, de movimientos de mujeres y feministas, de sindicatos, etc. En segundo lugar, debido a su carácter sanitario y a los consecuentes programas de restricción de la movilidad, esta crisis ha implicado una hiperdomesticación de la vida. Actividades que antes se realizaban en espacios e instituciones públicas o privadas(escuelas, centros de trabajo, etc.) ahora se llevan a cabo, en mayor medida, en los hogares; el trabajo puesto en juego para gestionar todas esas actividades en un mismo espacio y tiempo ha sido creciente, y a ello se han sumado las necesidades de cuidados producto de la misma pandemia: personas enfermas de covid-19 en los hogares, necesitando ser atendidas, o personas altamente vulnerables al contagio que deben extremar cuidados. La economía no monetaria, esa que se desarrolla en los hogares y no se remunera, ha quedado más exigida, mientras la economía monetaria se ha congelado(Martínez Franzoni, 2020) produciendo más desempleo. En las sociedades latinoamericanas, donde el bienestar ya estaba altamente familiarizado y mercantilizado(Martínez Franzoni y Voorend, 2009), durante esta crisis se ha familiarizado más. A la vez, y tal como ha sucedido en crisis anteriores, el aumento de las necesidades de cuidado a ser satisfechas dentro de los hogares no ha implicado una transformación importante de la división sexual del trabajo. Todavía es necesario cuantificar y calibrar las transformaciones en los usos del tiempo, pero las evaluaciones hechas hasta el momento en algunos países y ciudades de la región(Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros territorios) están mostrando el aumento considerable del TDCNR, la persistencia de la brecha entre mujeres y hombres en la gestión de los cuidados, las consecuencias gravísimas de esa situación para el mantenimiento de las mujeres en el trabajo remunerado y su posible incorporación al mercado laboral después de la emergencia sanitaria. Entonces, además de la sobrecarga, ese hecho verifica la ficción del programa de la conciliación trabajo/familia, y que en estas condiciones se ha intentado solventar con el teletrabajo: las mujeres cuidadoras no pueden teletrabajar y tener una vida digna(Torres, 2020b). Esas tensiones, que revelan estructuras y procesos 48

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA sociales altamente desigualadores, han catapultado también la necesidad de hablar de cuidados. En tercer lugar, esta crisis ha tenido como consecuencia directa un colapso en los sectores del trabajo de cuidados remunerados, que están feminizados. El sector de la salud permanece sobreexigido en la primera línea de enfrentamiento a la pandemia. El sector de la educación también, vía la virtualidad allí donde ella es posible 30 . Los sectores de educación, alojamientos, restaurantes han colapsado muchas veces al punto de su clausura, por la imposibilidad de movilidad, vida social y disminución drástica del turismo. El TDCR ha sufrido un descalabro mayor; en Colombia, por ejemplo, el trimestre mayo-junio de 2020 registró un 44,4% de trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas menos que en el mismo trimestre de 2019; en Chile, la disminución en el mismo lapso fue de 46,3%(CEPAL, 2021). El conjunto de esos elementos ha condicionado una mayor discusión sobre las necesidades de cuidados, el trabajo de cuidados, la organización de los cuidados y la endeblez de las políticas de cuidados de la que ha dado cuenta este capítulo y muchos otros análisis que se han producido durante el más de un año de pandemia global. Hoy, ese debate desborda el campo de las organizaciones de mujeres y feministas y de las actoras que han pujado por situarlo en el centro de la política, y alcanza otras esferas públicas. Sin embargo, ello no asegura avances fácticos. Una vez que pase la emergencia sanitaria el debate podría diluirse. En las crisis, el programa que habitualmente se pone en juego es el de“rescatar la economía”. Lo mismo está sucediendo en 2020 y 2021, y ello coloca a los cuidados como una externalidad al sistema considerado económico. La necesidad de rescatar la vida y no el mercado implica poner en juego el programa feminista de crítica radical a los órdenes socioeconómicos y sociopolíticos existentes y de politización de los cuidados como derecho y como trabajo. Durante las crisis se producen retrocesos en clave de derechos y políticas de justicia social y de género. Aquellos que se refieren específicamente a los cuidados, quedan especialmente vulnerables. Que eso suceda también esta vez es una probabilidad altamente plausible y que ya se está verificando en los cursos políticos regionales. Que la puja por derechos de cuidados y por la dignificación del trabajo de cuidados no se limite a la emergencia ni a los discursos es hoy un programa radical de justicia. Toda esta discusión necesita tener consecuencias en la política institucional, en el avance de demandas políticas y en cambios integrales, no focalizados, asistenciales ni maternalistas que consideren, también, que las transformaciones en los mundos del trabajo remunerado tendrán 30. De acuerdo con CEPAL(2021), en la región solo dos tercios de las personas tienen conexión a internet. Si se considera solo la zona urbana, casi la mitad(46%) de niños y niñas de 5 a 12 años vive en hogares que no están conectados a la red. 49

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE consecuencias para el TDCNR y que es necesario afrontarlas. Más teletrabajo, más hiperdomesticación de la vida, más empobrecimiento, desempleo, informalidad y subempleo, son procesos relacionados, no independientes. No colocar a los cuidados en el centro de la política, ¿qué implica? Primero, condenar a la reproducción constante la desigualdad de género. Sin corresponsabilidad en los cuidados, las brechas de género en las tasas de participación laboral y de informalidad y el subempleo continuarán persistiendo. La estructura y dinámica cuidadoexcluyente de los mercados laborales expulsan a las personas con responsabilidades de cuidados de forma sistemática, para beneficio del capital. Los cambios demográficos en el sentido del envejecimiento agravarán la situación en los próximos años al aumentar las necesidades de cuidados de ese grupo poblacional. Los hombres, además, quedan más atados a empleos también precarios y con bajas posibilidades de negociación porque muchas familias continúan dependiendo de esos ingresos en exclusiva o principalmente. Segundo, no es posible intervenir de forma seria en los indicadores de pobreza sin considerar la distribución desigualadora de los cuidados. Mientras las mujeres sigan siendo las principales responsables de los cuidados en los hogares, y en ausencia de servicios públicos de calidad y corresponsabilización, estatalmente regulada, de los mercados y sector privado, el empobrecimiento feminizado continuará escalando. Las cifras de mujeres sin ingresos propios o con ingresos inestables y precarios, muchas al frente de hogares y sujetas de otras discriminaciones, no podrán revertirse sin una transformación radical, progresiva e intencionada de la organización social de los cuidados. Además, considerar a los cuidados como parte de los programas políticos es imprescindible porque, cuando son remunerados, representan parte importante del empleo de las mujeres. El sector ampliado de los cuidados acoge una parte importante del empleo de las mujeres y reproduce en su interior segregaciones de género, como hemos visto, tanto verticales como horizontales. El TDCR, por su parte, continúa altamente precarizado en algunos de los países analizados normativamente y, en todos, de facto. Ese sector, que antes de la pandemia acogía a cerca del 11% del empleo de las mujeres de la región, permanece con altos indicadores de marginación y exclusión. Pero, sobre todo, es imprescindible colocar a los cuidados en el centro de la política porque son un derecho y un trabajo. Una vez de acuerdo con ello, la pregunta habitual es ¿cómo financiarlo? ¿cuál es el hilo monetario de esa transformación imprescindible en la organización social de los cuidados? Para muchas personas esas preguntas conducen a una suerte de“teorema de la imposibilidad”: estas políticas de cuidados son costosas y los gobiernos no están en condiciones fiscales de promoverlas. Rodríguez Enríquez(2020) y otras autoras han explicado que para afrontar ese cuestionamiento es posible avanzar en la demostración de que las políticas de cuidado tienen un costo fiscal, pero no tenerlas tiene cos50

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA tos socioeconómicos importantes en distintos sentidos: implica una pérdida económica por la subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres; supone pérdidas de productividad por problemas de ausentismo, rotación y la tensión a la que están sometidas las personas trabajadoras que deben conciliar, en condición de pocas alternativas posibles, su vida laboral y familiar; implica riesgos sociales que devienen a la larga en costos económicos adicionales. Por esas vías, con argumentos económicos-monetarios, se puede rebatir“el teorema de la imposibilidad” pero, como ha argumentado la misma autora, ello conlleva riesgos. El primero, es ubicar a la pérdida económica de los arreglos de cuidado en las espaldas de las mujeres, es decir, considerar que es la aspiración de las mujeres por redistribuir este trabajo lo que estaría ocasionando la pérdida económica(y no la forma perversa de resolver hoy socialmente las necesidades de cuidado de la población). El otro riesgo es que se desvíe la motivación esencial para promover políticas de cuidado, que no es la eficiencia económica, sino la búsqueda de garantizar los derechos de todas las personas y conseguir la transformación de la sociedad hacia un paradigma de igualdad que garantice a todas las personas las mismas posibilidades de elegir la vida que viven(Rodríguez Enríquez, 2020: 134). Entonces, una defensa feminista sobre los cuidados afirma, en primera instancia, la idea de que siempre existirá“una mano invisible” que sostenga la vida. Eso ya es inaceptable. Junto al acervo creciente de análisis, Cuidados: del centro de la vida al centro de la política lo demuestra. Arreglos distintos y más justos son urgentes. Para continuar contribuyendo en ese sentido, la Fundación Friedrich Ebert y el Grupo de Economía de los Cuidados y Procesos de Reproducción Social, de la Red Regional“El Futuro es Feminista” convocaron a un taller regional para elaborar y debatir acerca de recomendaciones 31 de la agenda feminista sobre los cuidados 32 . Las recomendaciones derivadas de ese taller, realizado en marzo de 2021, fueron presentadas al Foro Generación Igualdad (Beijing+ 25) con la convicción de que las discusiones y prácticas feministas y de las organizaciones de mujeres han posibilitado la visibilización del hecho de que los cuidados están en el centro de la vida y de que, entonces, la lucha es porque estén también en el centro de la política. Que esas recomendaciones sirvan de cierre a este análisis y de apertura a nuevos debates, incluidos los que proponen los capítulos de Cuidados: del centro de la vida al centro de la política. 31. El documento original con las recomendaciones puede consultarse aquí: http://library.fes.de/ pdf-files/bueros/mexiko/17834.pdf 32. El borrador inicial de las recomendaciones se formuló tomando como base los doce estudios de caso nacionales que integran Cuidados: del centro de la vida al centro de la política. 51

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 3. Recomendaciones regionales Sobre la visibilización del trabajo de cuidados, los debates y actores: 1 Elaborar, con participación de la sociedad civil y organizaciones feministas y de mujeres, un instrumento internacional específico sobre el derecho al cuidado(derecho a recibir cuidados, a cuidar, a no cuidar y a autocuidarse) y su lugar principal en el sostenimiento de la vida. Este instrumento permitirá poner en relación los pronunciamientos internacionales que existen al respecto en otros documentos 33 , definir un enfoque sólido de derecho al cuidado y conformará un marco de principios y recomendaciones sobre las políticas de cuidados que instarán a los Estados a colocarlos en el centro de la política. 2 Exigir a los Estados la ratificación de los Convenios 111, 156 y 189 de la OIT y a suscribir el convenio específico sobre los cuidados que proponemos. 3 Contribuir a la visibilización de buenas prácticas, tanto de Estados e instituciones como de las comunidades, sindicatos, organizaciones de mujeres y feministas y el sector privado, que muestren formas de redistribuir, reducir y reconocer el derecho al cuidado y los trabajos de cuidados, y que recompensen y representen el trabajo de cuidados remunerado, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. 4 Promover y dar seguimiento a los debates sobre los cuidados con un foco en su consideración como un asunto integral(que involucra trabajo remunerado y trabajo no remunerado), de derechos(universales, indivisibles, progresivos e interdependientes) y principal para al sostenimiento de la vida. 5 Estimular una perspectiva interseccional en los debates sobre el cuidado y la política al respecto, que considere muy especialmente las diferencias entre territorios urbanos y rurales y la existencia de cadenas globales de cuidados donde la migración irregularizada es una variable fundamental en la forma en que se organizan los cuidados. En general, visibilizar las brechas y desigualdades que genera la sobrecarga del trabajo de cuidados en las familias, las mujeres, y particularmente las mujeres empobrecidas. 6 Promover y acompañar alianzas entre organizaciones de mujeres y feministas y sindicatos, que contribuyan a la visibilización y politización 33. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(1979), Convención sobre los Derechos del Niño(1989), Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(2006), Plataforma de Acción de Beijing(1995), Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores(2015), Conferencia Regional sobre las Mujeres en ALC de la CEPAL(2007, 2010, 2013, 2016, 2019), Agenda 2030(2015), Convenios y Recomendaciones de la OIT. 52

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA de la discusión sobre los cuidados, y que puedan dialogar con otros espacios de toma de decisiones. 7 Impulsar el apoyo de iniciativas democratizadoras de los cuidados por parte de figuras políticas, partidistas, educativas y académicas que contribuyan a situar el tema en el centro de la política institucional, considerando siempre la voz de las personas cuidadoras, evitando el uso político instrumental del tema y enfatizando en la necesidad de producir transformaciones estructurales y no paliativas. 8 Promover la inclusión de actores minoritarios y discriminados como voces públicas en la toma de decisiones sobre los cuidados; especialmente de las trabajadoras remuneradas del hogar, trabajadoras no remuneradas del hogar, personas receptoras de cuidados, cuidadoras no remuneradas de personas con discapacidad, organizaciones de mujeres con discapacidad, poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, negras y a las personas migrantes. 9 Promover el debate sobre los cuidados en espacios sindicales, de modo que sea contenido en la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo y en otros espacios de diálogo social impulsados por los sindicatos. 10 Exigir que los debates sobre los cuidados se incluyan como tema transversal en la educación escolarizada como parte de la promoción de la igualdad de género como bien de la humanidad. Así como priorizar su tratamiento en los medios de comunicación y como contenido en las redes sociales. 11 Promover un papel activo de la cooperación internacional en la promoción y aseguramiento del derecho al cuidado. 12 Promover la formación académica −en economía y otras disciplinas− con base feminista y de la academia como actor de incidencia política. Sobre las políticas públicas: 13 Impulsar un compromiso internacional explícito de los Estados con políticas de desfamiliarización de los cuidados con énfasis en los aspectos de alimentación y limpieza del hogar, que aseguren un camino de creciente corresponsabilidad social e institucional mediante casas tuteladas, centros de día, atención a domicilio, asistencia personal, comedores comunitarios, guarderías, etcétera. 14 Comprometer a los Estados con el diseño, implementación y evaluación efectiva de programas que desfeminicen el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados(remunerado y no remunerado), y busquen la autonomía económica de las mujeres en toda su diversidad(género, edad,“raza”, identidad, etc.). Los análisis a lo largo del tiempo han mostrado que la mayor participación de las mujeres en los mercados 53

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE de trabajo remunerados no ha aumentado de forma notable la participación de los hombres en las actividades de sostenimiento de la vida en los hogares y comunidades. En las crisis, además, las mujeres salen primero de los mercados laborales para asumir el trabajo reproductivo que aumenta. Cuando hay necesidades de cuidados en los hogares(personas que enferman, dependientes o niños y niñas) son las mujeres quienes ocupan los roles de cuidadoras a tiempo completo o parcial. Los sectores monetizados de cuidados(salud, educación, servicios) continúan sobrerrepresentados por mujeres. Entonces, son necesarias políticas sistemáticas y explícitas comprometidas con la transformación sexual del trabajo que no va a cambiar sin esfuerzos intencionados y sistemáticos. 15 Hacer transversal el enfoque de género y el reconocimiento de la economía del cuidado en las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de protección social y laborales y de ampliación, desarrollo y fortalecimiento de sistemas públicos. Una organización social que asegure el derecho al cuidado y reconozca, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidados supone modificaciones de fondo y estructurales que están en tensión con la reproducción del capitalismo, y eso es imprescindible reconocerlo como parte de la politización de estos debates. En el mismo sentido, es necesario promover y producir conversaciones políticas sobre los modelos económicos y de desarrollo y su relación con la organización social de los cuidados. 16 Exigir a los Estados la formulación recomendaciones y políticas laborales exhaustivas y vinculantes que consideren el derecho al cuidado y el trabajo de cuidados y los amplios sectores de trabajo informal que existen en América Latina. Los análisis nacionales y regionales muestran que las políticas y servicios de cuidados existentes benefician principalmente a las personas con trabajo remunerado formal y quedan fuera las trabajadoras y trabajadores informalizados, lo cual es clave en la reproducción de su condición de exclusión y marginalización. 17 Exigir a los Estados la revisión exhaustiva y ajuste de las normas, políticas, programas y servicios existentes en cada país desde un enfoque de género, que permita evaluar sus diseños, sesgos maternalistas, familiaristas o focalizados. 18 Incluir en los planes económicos, presupuestos nacionales y locales, y evaluaciones de impacto, rubros específicos destinados a la economía del cuidado y revalorar su clasificación como“gasto social”, teniendo en cuenta que existen análisis suficientes que demuestran que ese sería un gasto de inversión porque genera resultados positivos directos sobre la economía monetaria. En el mismo sentido, considerar la necesidad de reformas tributarias y fiscales encaminadas a la redistribución de la riqueza. 54

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA 19 Impulsar programas y proyectos que contribuyan a la sensibilización ciudadana y el cambio de las normas sociales relacionadas con el trabajo de cuidados y con la división sexual del mismo. 20 Promover la conexión entre las políticas de cuidados y las transformaciones más recientes en los mercados laborales; específicamente las relacionadas con el teletrabajo y las economías de plataforma. 21 Promover la reducción de las jornadas de trabajo remunerado, de manera que puedan desarrollarse en jornadas factibles para que todas las personas puedan cuidar en igualdad de oportunidades. Analizar opciones para las mujeres que al cuidar tiempo completo no tienen posibilidades de buscar trabajo y obtener ingresos propios. 22 Diseñar, implementar y evaluar políticas relacionadas con los cuidados en especial dirigidas a las mujeres en“edad productiva”, y conectarlas con aquellas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 23 Promover acciones y políticas basadas en el supuesto de“persona cuidadora universal”: toda persona trabajadora remunerada debe concebirse como alguien que cuida. Ello no significaría desconocer la especificidad y las particularidades de los cuidados. 24 Impulsar una política fiscal con enfoque de género(para ingresos y egresos) que garantice la financiación de las políticas de cuidados. 25 Garantizar que las políticas no sean estandarizadas, sino que se formulen e implementen en atención estricta a las diferentes realidades de los territorios y sus necesidades. Y que haya alineación gubernamental para evitar su fragmentación y desconexión. 26 Considerar y regular con énfasis, dentro de las políticas públicas relacionadas con los cuidados, al sector privado como actor corresponsable de los cuidados. Y que ello implique la fiscalización estatal, la formulación de incentivos y el despliegue de mecanismos de exigibilidad para ese sector de las garantías del derecho al cuidado para todas las personas. 27 Avanzar, consolidar y acompañar los sistemas integrales de cuidados y otras medidas en favor de la institucionalización de los cuidados en la región. Sobre las encuestas e información estadística: 28 Promover las garantías para la producción de datos estadísticos desagregados y actualizados sobre la organización social de los cuidados y la economía de los cuidados(trabajo remunerado y trabajo no remunerado). La información estadística continúa siendo escasa, desactualizada y fragmentada. En América Latina y el Caribe, algunos países tienen compromisos con la realización de Cuentas Satélites y Encuestas sistemáticas de Uso del Tiempo, pero dichos compromisos no se aseguran en la práctica. 55

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 29 Impulsar la creación de registros nacionales de personas cuidadoras no remuneradas. 30 Comprometer a Estados, organizaciones internacionales, instituciones académicas y todos los actores posibles, en la realización de investigaciones que profundicen en la organización social de los cuidados y en el estudio de su relación con las desigualdades estructurales −sociales y de género− y las barreras de la provisión de cuidados. 31 Recomendar la construcción de indicadores claros y compartidos para toda la región, para evaluar la organización social de los cuidados y las políticas y servicios disponibles, y dar cuenta de aspectos clave como la pobreza de tiempo y la situación de bienestar o malestar de las personas cuidadoras. 32 Promover la accesibilidad de los datos estadísticos y la territorialización de la información producida de cara a las organizaciones ciudadanas, con el objetivo que ello permita una veeduría social del alcance, calidad y cobertura de los programas. 33 Estimular la realización de mapeos exhaustivos en cada país sobre los servicios existentes, su cobertura real y su calidad. 34 Incluir en las Encuestas de Uso del Tiempo la medición del tiempo que destinan niñas y niños al cuidado de otras personas, teniendo en cuenta que la información disponible en este momento revela que también ellas y ellos son proveedores de cuidados en muchos países y regiones. Sobre el trabajo remunerado del hogar y de cuidados: 35 Impulsar transformaciones normativas en lo relacionado al trabajo doméstico y remunerado. En distintos países de la región persisten legislaciones o contenidos de legislaciones que son distintos y más desfavorables para las trabajadoras domésticas y cuidadoras remuneradas. Es necesario equiparar derechos. 36 Recomendar a los distintos actores sociales el desarrollo de incentivos para la formalización de los servicios remunerados de cuidados que aseguren derechos, protección y prestaciones para las trabajadoras del sector. 37 Propiciar debates sobre la pertinencia de diferenciar el trabajo remunerado doméstico del de cuidados remunerado, teniendo en cuenta que en muchos países de la región las cuidadoras directas remuneradas quedan invisibilizadas en las normas regulatorias. 38 Impulsar la creación de organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar y cuidadoras. 39 Sensibilizar a las trabajadoras remuneradas del hogar y cuidadoras a ser parte de las organizaciones y promover relación entre ellas y movimientos de mujeres y feministas. 56

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA Bibliografía Acosta, E., F. Picasso y V. Perrotta(2018). Cuidados en la vejez en América Latina. Los casos de Chile, Cuba y Uruguay. Santiago: Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Cuidados, Familia y Bienestar/ Fundación Konrad Adenauer. CEPAL(2019). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. Santiago. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escenarios-economicos-cambiantes —(2021). Panorama Social de América Latina 2020. Santiago. Disponible en https:// www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020 Charmes, J.(2019). The Unpaid Care Work and the Labour Market. An analysis of time use data based on the latest World Compilation of Time-use Surveys. Ginebra: International Labour Office- ILO. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_732791.pdf Coffey, C., et al .(2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. Oxfam Internacional. Disponible en https://www.oxfam.org/ es/informes/tiempo-para-el-cuidado Del Río, S., y A. Pérez Orozco(2004).“Una visión feminista de la precariedad de los cuidados”, IX Jornadas de Economía Crítica, UCM. Esquivel, V.(2015).“El cuidado: de concepto analítico a agenda política”. Nueva Sociedad nro. 256, mar-abr. Disponible en https://nuso.org/articulo/el-cuidado-de-concepto-analitico-a-agenda-politica/. Esquivel, V., y A. Kaufmann(2016).“Innovaciones en el cuidado. Nuevos conceptos, nuevos actores, nuevas políticas”. Santo Domingo: Fundación Friedrich Ebert/ UNRISD. Federici, S.(2017).“Feminismo y marxismo. Notas sobre género en El Capital de Marx”. Viento Sur, 20 de septiembre. Disponible en https://vientosur.info/notassobre-genero-en-el-capital-de-marx/ —(2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Madrid: Traficantes de Sueños. Disponible en https://www.traficantes.net/sites/default/files/ pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf Folbre, N.(1994). Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraint. Hoboken: Taylor and Francis. Gago, V., y S. Mezzadra(2017).“A Critique of the Extractive Operations of Capital: Toward an Expanded Concept of Extractivism”. Rethinking Marxism , nro. 29(4), pp. 574-591. Lara, T.(2013)“Economía del cuidado en tiempos de transformaciones económicas”. En O. Everleny y R. Torres Pérez(coords.) , Miradas a la economía cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social , La Habana: Editorial Caminos, pp. 147-160. Lupica, C.(2016).“Licencias de paternidad y permisos parentales en América Latina y el Caribe. Herramientas indispensables para propiciar la mayor participación de los padres en el cuidado de los hijos e hijas”, Masculinities and Social Change , nro. 5(3), pp. 295-320. Disponible en https://www.researchgate. 57

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México, Centroamérica y el Caribe 1. Cuba 2. México 3. República Dominicana 4. Guatemala

CUBA La organización social de los cuidados en Cuba: análisis en clave de género para una ruta con equidad social Magela Romero Almodóvar Ana Danay Rodríguez Moya

Magela Romero Almodóvar. Graduada en Sociología(2005), Derecho(2010), máster en Estudios de Género(2009), Sociología(2010) y doctora en Ciencias Sociológicas(2017). Profesora titular del Departamento de Sociología en la Universidad de La Habana; coordina el Programa de Maestría en Sociología. Es docente e integra dos de los Grupos de Trabajo de CLACSO“Feminismos, resistencias y emancipación” y“Género,(des)igualdades y derechos en tensión” y el equipo docente del Curso Internacional“Políticas públicas, Justicia y autonomía de las mujeres en América Latina”. Ana Danay Rodríguez Moya. Graduada en Psicología(2013), máster en Sexología y Sociedad(2018), doctoranda del programa“Desarrollo Local y Cooperación Internacional” de la Universidad de Valencia. Investigadora en el Grupo Estructura Social y Desigualdades del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Actualmente cursa la Especialización“Políticas públicas y justicia de género”(CLACSO). 62

CUBA Índice Introducción 65 1 Género, panorama sociodemográfico, mercado de trabajo y desigualdades en relación con la organización social de los cuidados 66 2 Políticas y servicios de apoyo a los cuidados 75 3 Panorama internacional: convenios, pactos y compromisos de Cuba para potenciar la equidad de género, la corresponsabilidad respecto a los cuidados y la protección de cuidadoras y cuidadores y trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados 87 3.1 . Marco legal y protección de personas cuidadoras y de trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados 90 4 A modo de conclusión: principales debates y recomendaciones para una política sobre el derecho al cuidado 92 Lista de siglas utilizadas 95 Bibliografía consultada 95 63

CUBA Introducción C uando se alude al cuidado, se hace referencia al trabajo que permite sostener la vida y garantizar determinados niveles de bienestar. Se refiere a las actividades materiales que implican dedicación de tiempo, un involucramiento emocional o afectivo y puede ser realizado de forma remunerada o no(Aguirre, Batthyány, Genta y Perrotta, 2014). Es a partir de él que los seres humanos pueden alcanzar su desarrollo, autonomía y realización cotidiana o mediata, pues supone la satisfacción de necesidades biológicas, materiales, económicas, educativas, afectivas y espirituales. El cuidado constituye un derecho y un deber ciudadano. Esta concepción implica reconocer que, aunque algunas personas por su edad, características físicas y/o mentales, padecimientos u otras condiciones puedan ser más propensas o dependientes del cuidado que otras, todas requerimos de estas labores en algún momento de la vida, por lo que este debe reconocerse y ejercerse en condiciones de igualdad. Los cuidados han sido históricamente asignados a la familia y en especial a las mujeres. Ese mandato se reproduce en los patrones educativos en que se socializan las personas, en sus dinámicas cotidianas y en el modo en que se diseñan las políticas. Esta realidad condiciona la existencia de marcadas brechas de equidad entre los géneros, comúnmente invisibilizadas en tanto se consideran naturales. El feminismo como movimiento político y teoría crítica ha visibilizado y denunciado esta situación por las consecuencias nefastas que supone para las mujeres(la sobrecarga, la explotación, problemas de salud, etc.) y porque la reproducción de estos valores sociales, culturales, económicos y políticos conlleva el establecimiento de sociedades en las que al cuidado de la vida no se le concede su valor prioritario, por el contrario, tiende a ser desatendido o malatendido, incluso desde las políticas públicas (Romero, 2019). 65

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE La economía feminista 1 ha defendido la centralidad de la vida y la necesidad de considerar el sistema socioeconómico como un engranaje de diversas esferas de actividad(unas monetarizadas y otras no) cuya articulación ha de ser valorada según el impacto final que tienen en los procesos vitales(Pérez Orozco, 2012). Comprender este principio teórico, metodológico y ético es el comienzo del cambio de necesario. Se requieren transformaciones políticas y subjetivas encaminadas a generalizar una conciencia colectiva que entienda la organización social del cuidado de la vida como un asunto público, urgido de la participación de todos y todas. Solo de ese modo se podrá garantizar que • toda persona en situación de dependencia tenga acceso a una atención inmediata y de calidad; • el cuidado de uno/una no suponga el desgaste o impedimento para el desarrollo de otras/otros; • hombres y mujeres puedan escoger diferentes combinaciones de vida familiar y laboral remunerada acorde al ciclo de vida familiar que se encuentran(Romero, 2019). Transitar hacia ese estado implica conocer mejor las circunstancias de cada país. Por ello, este trabajo mapeará y analizará la organización social de los cuidados en Cuba, teniendo en cuenta el diseño institucional de las políticas destinadas a ese fin, las instituciones implicadas, las normas, los actores y los desafíos. El ejercicio tomará como referencia la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible en el que se refuerce la centralidad del cuidado de la vida como elemento clave para lograr la justicia y la equidad social(con énfasis en la equidad de género). 1. Género, panorama sociodemográfico, mercado de trabajo y desigualdades en relación con la organización social de los cuidados Una aproximación a la situación que enfrenta Cuba respecto a los trabajos de cuidado implica partir de sus dinámicas demográficas y su ordenamiento laboral. La población cubana asciende a 11 millones de personas distribuidas de forma equilibrada entre hombres y mujeres −49,74% y 50,25%, respectivamente−. 1. Corriente de pensamiento con un desarrollo visible a partir de los años setenta del pasado siglo desde la cual se impulsa tanto la crítica metodológica y epistemológica a las tradiciones económicas existentes, como una importante elaboración teórica y análisis empírico. A través de ella se pretende un cambio radical en el análisis económico que pueda transformar la propia disciplina y permita construir una economía que integre y analice la realidad de mujeres y hombres, teniendo como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas(Carrasco, 2006: 1-5). 66

CUBA El envejecimiento de la estructura poblacional, resultado del éxito de los programas encaminados a la protección, seguridad y asistencia social, constituye uno de los procesos de mayor tensión que desde el punto de vista social, económico y demográfico vive el país. Gráfico 1. Estructura de la población G Po r r á e f d ic a o d y 1: se C x u o, b 2 a 0 . 1 E 8 structura de la población Por edad y sexo, 2018 Hombres Mujeres 85 y más 80-84 75-79 70-74 64-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-6 6 4 2 0 2 4 6 Fuente: Of fi icina Nacional de Estadística e Información: Estudios y datos d d e e l l a a p p o o b b l l a a c c i i ó ó n n c c u u b b a a n n a a 2 2 0 0 1 1 8 8 en Romero en Romero y Ávila, 2020. y Ávila, 2020. En los próximos años, se espera varíe la distribución reflejada en el Gráfico 1 debido a un mayor crecimiento de la franja de población con 75 años y más, lo cual ya ha venido ocurriendo en el último tiempo. Sin embargo, algunas investigaciones pronostican que será el grupo de 80 y más años el que se expandirá. Cuba, junto a Uruguay y Chile, se encuentran en la cúspide de la región por el rápido y sostenido incremento de la población senescente. Mientras Cuba ya presenta una cantidad que supera a la de menos de 15 años, los otros dos países lo esperan para el próximo lustro(CEPAL, 2019a). En Cuba, la ratio entre la población de 60 años y más por cada 100 niños, niñas y adolescentes se ha mantenido en niveles significativamente bajos desde hace cuatro décadas. Desde 1978 no se da el reemplazo generacional de la población. A fines de 2019, las personas con 60 o más años habían ascendido al 20,6%, siendo la proyección para el 2030 del 30,1%(ONEI, 2019). 67

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Un aspecto a resaltar es que, del total de personas adultas mayores en Cuba, alrededor del 15% vive sola. Ello supone un reto significativo para la política social de protección y atención a este grupo etario y para la organización social de los cuidados en las familias. La atención a dependientes suele implicar el desplazamiento de un hogar a otro, lo cual puede resultar complejo ante las dificultades existentes con el transporte, acentuadas ante la actual emergencia sanitaria producto del covid-19. Igualmente, creció la relación entre la población dependiente(0-14 y 60+) y en edad laboral(15 a 59 años). En lo que va de la presente década este valor ha ascendido considerablemente: de 540 en 2010 a 571 2 en 2018(ONEI, 2019). Ello implica una mayor carga sobre la población en edad laboral del país, la que ve tensados sus recursos para cuidar a las personas dependientes. El pronóstico para los próximos años anuncia un ascenso sostenido de este valor, cuya proyección se estima en 611, 734 y 838, para el 2020, 2025 y 2030, respectivamente(ONEI, 2019). A esto se suman las tasas del saldo migratorio externo, que indican una tendencia negativa permanente. Ese hecho provoca la existencia de vacíos; pues se trata con regularidad de flujos migratorios de rostro predominantemente femenino(exceptuando las edades de 30 a 44 años), joven y de relativamente elevada calificación. Se sabe que, en 2018, el valor del saldo migratorio externo 3 del país fue de −21.564 personas(ONEI, 2019). Los procesos mencionados transforman la estructura poblacional del país y de las familias cubanas, y también influyen en el debilitamiento de las redes familiares de apoyo directo al cuidado de las personas dependientes, pues repercute en la intensificación del trabajo de quienes se quedan a cargo de estas funciones y en su poca disponibilidad para construir e impulsar, desde el espacio público, cualquier modelo social y económico sin interferir en las lógicas domésticas que garantizan la reproducción social y biológica de la vida, también el bienestar de sus integrantes. Desconocer este aspecto puede incidir en un desaprovechamiento de las capacidades de la población para garantizar su propio desarrollo; sobre todo en el caso de las mujeres, quienes, marcadas por su género y posición de clase, pueden ver vulnerados sus derechos, posibilidades de realización y de aporte social ante las encrucijadas limitadoras que les impone el mandato social sexista de cuidar de otros y otras. En un estudio reciente se demostró que en Cuba“el cuidado de hijos/as se considera un asunto fundamentalmente de las mujeres”(Samuels, Torres, Fernández et al. , 2020: 30). 2. Dicho valor refleja la relación entre la población infantil y adulta mayor con respecto a la población adulta por cada mil habitantes. 3. O sea, la diferencia entre los inmigrantes(entradas) y los emigrantes(salidas) en un territorio dado para un período de tiempo definido conocido como intervalo de migración; regularmente es un año. 68

CUBA En Cuba, existe un vacío en el reconocimiento de los recursos que tributan directamente a la economía. Ello se debe a la incomprensión de la articulación entre las tareas productivas y reproductivas, al desconocimiento del aporte económico de las segundas(el trabajo de cuidado y doméstico, sobre todo el no remunerado) al PIB y el no considerarlos costos personales que genera el rol protagónico de las mujeres en ambas esferas. Todo ello subsume la participación de las mujeres en el mercado laboral a las responsabilidades de cuidado que le son atribuidas, provocando dinámicas cotidianas que atentan contra su autonomía y bienestar psicofísico. Los datos que se presentan a continuación lo evidencian. En el país, las personas denominadas“activas” –las“que reúnen los requisitos para ser incluidas entre las personas ocupadas o las personas desocupadas”(ONEI, 2019: 5)– son menos de la mitad del total(un total de 4.559.100 personas, 40,67%) y hay una tendencia sostenida hacia su disminución(Aja y Hernández, 2019). El 39,98% de las personas(4.482.700) permanece empleada de manera formal. No obstante, al diseccionar este dato emerge una evidente inequidad de género: de ese número solo el 37% son mujeres(1.658.600) y el 62,99% hombres(2.824.100). Estas cifras demuestran una diferencia significativa en el acceso al trabajo formal remunerado según el sexo, con peores repercusiones para las mujeres. Al complementar este análisis con el reparto por sector, se constata que el 68,41%(3.067.000 personas) de las trabajadoras y los trabajadores formalizados lo hacen en el Estado; de estos son mujeres solo 45,77%(1.403.800) (ONEI, 2019). Por su parte, el sector no estatal emplea 31,58% de la masa trabajadora(1.415.700) y exhibe una mayor participación masculina(82%), siendo las mujeres solo el 17,99% del total(254.700) 4 (ONEI, 2019). Si bien el sector estatal proporciona salarios más bajos 5 , ofrece garantías y beneficios sociales(como licencias de maternidad y paternidad, certificados médicos, pago por desempleo, etc.) más difíciles de lograr en el sector no estatal 6 . Algunos estudios develan que, aunque el sector no estatal provea 4. Los porcentajes son calculados por las autoras a partir de las últimas estadísticas publicadas por la ONEI(2019). 5. El Anuario Estadístico de Cuba, correspondiente a 2018, publicó como salario medio de entidades estatales y mixtas$777. En 2019 hubo un aumento salarial al sector presupuestado de la economía. El salario medio ascendió a$1065 y el salario mínimo a$400( Gaceta Oficial extraordinaria, N° 13, del 18/7/2019 y el balance reflejado en el periódico Granma , órgano oficial del Comité Central de Partido Comunista de Cuba, disponible en www.granma.cu/cuba/2020-01-13/de-enero-a-diciembre-empenados-en-seguir-ganando-13-01-2020-22-01-43. En enero de 2021 se produjo una nueva reforma salarial en el país, en el marco de un proceso profundo de reordenamiento de la economía cubana. En relación a los salarios, estos aumentaron 4,9 veces, y se ha producido también una escalada equivalente o superior de los precios. 6. A pesar de que ambos sectores se regulan por el mismo Código del Trabajo, en la práctica, su implementación es desigual. 69

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ingresos considerablemente más altos 7 (vía salarios en el caso de las personas contratadas o ingresos en el caso de las dueñas de negocios o autoempleadas) y en él se goce de una mayor flexibilidad horaria, existen menos posibilidades sustantivas de exigir ejercer esos derechos, al contar con menos vías para su regulación y control, sobre todo en el tipo de trabajo que transcurre“puertas adentro” y en los que ellas son mayoría(Romero, 2016). Entre los debates sobre las vulnerabilidades que el ordenamiento de este sector genera, destacan para quienes trabajan de manera remunerada en las labores de cuidado, los siguientes aspectos: la ausencia de una organización específica de trabajadoras del hogar, domésticas y/o cuidadoras en el país, la escasa inserción de este grupo socio-ocupacional en el sindicato y la inexistencia de contratos. En relación con ello, de acuerdo con Torres(2020) quedan en una posición de desprotección al acceder solo a contratos por tiempo determinado para los que el Código de Trabajo no es específico. Ello significa que el contrato puede terminarse unipersonalmente por parte del empleador antes de terminar el plazo legal establecido… El derecho a vacaciones queda a libre negociación y, como la negociación es desigual, termina afectando derechos o dependiendo de la buena voluntad de quienes tengan más poder. Además, en el sector privado las personas contratadas no tienen derecho a pagos de seguridad social en caso de enfermedad cuya duración sea inferior a seis meses(Torres, 2020). Estudios realizados a partir de la experiencia de cuidadoras remuneradas que se desempeñan en el sector cuentapropista e informal develan como principales dificultades asociadas: la ausencia de un seguro por desempleo, el no cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas, la existencia de estereotipos y prejuicios entre los empleadores y las empleadoras en detrimento de las mujeres, entre otros(Romero, 2016; Torres, 2020). A lo anterior se suman otros indicadores de desventajas de acceso de las mujeres a los mercados laborales. En el sector privado ellas representan el 50% de quienes figuran en la categoría“contratados/as”(Díaz y Echevarría, 2020) y no“dueños/as de negocio”, unido a su sobrerrepresentación en el trabajo informal, según investigaciones recientes lo han constatado(Lara, 2015; Gómez et al. , 2017; Torres, 2018; Echevarría, Rojas y Tejuca, 2019). 7 . Las estadísticas al respecto no se encuentran disponibles, aunque existe consenso en afirmar que tales salarios son altos respecto a los del sector estatal. La economista Teresa Lara declaró en una entrevista realizada en 2017:“Quienes trabajan en una cafetería privada pueden ganar hasta 30 CUC [cada CUC equivale a$25 CUP si va a ser comprado y a$24 CUP si va a ser vendido] en una semana… Es decir; quienes trabajan por cuenta propia ganan en una semana lo que ganan en un mes quienes lo hacen para el Estado”(Abad, I.,“En Cuba, la mayoría de las mujeres cuentapropistas no son dueñas de sus negocios”, Pikara , http://www.pikaramagazine.com/2017/09/cuba-empleo-mujeres/ ). Desde enero de 2021 el CUC se eliminó como moneda en el país. 70

CUBA La edad de las personas ocupadas según el sexo es otra de las variables que arroja luces para comprender la complejidad del contexto actual. El segmento de mayor presencia en la estructura laboral es 40-59 años(Tabla 1), seguido de 30-39. Es en estos períodos vitales donde con mayor frecuencia se acumulan las cargas de cuidado de hijos e hijas y padres y madres mayores, lo que genera una sobrecarga de roles para las mujeres, no solo las que están ocupadas sino las que aparecen en los datos sin vínculo laboral. La Tabla 1 muestra que, del total de las personas ocupadas en los rangos etarios mencionados, las mujeres constituyen apenas el 27,87%. Tabla 1. Personas ocupadas por rango de edad en 2018 Edades 15-16 17-19 20-29 30-39 40-59 60 y más TOTAL Mujeres 17,5 309,5 360,4 890,6 80,6 1.658,6 −en miles− % del total Hombres - 0,6 0,39 44,2 6,90 495,4 8,03 539,2 19,86 1.446,5 1,79 298,2 37,00 2.824,1 % del total 0,01 0,98 11,05 12,02 32,26 6,65 62,99 TOTAL 0,6 61,7 804,9 899,6 2.366,6 349,3 4.482,7 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONEI(2019). En relación con el nivel educacional de la población económicamente activa, se corrobora que, aun cuando las mujeres son minoría(37% del total), tienen un lugar protagónico entre las personas ocupadas del nivel superior. Este dato se corresponde con la alta calificación alcanzada por las cubanas, quienes representan más del 60% de la fuerza técnica y profesional del país. Tabla 2. Nivel educacional de la población económicamente activa en 2018 Primario o menos Secundario Medio superior Superior TOTAL Mujeres 33,4 191,4 893,4 571,5 1.689,7 −en miles− % del total Hombres 0,73 167,7 4,19 801,6 19,59 1.472,8 12,53 427,3 37,06 2.869,4 % del total 3,67 17,58 32,30 9,37 62,93 TOTAL 201,1 993,0 2.366,2 998,8 4.559,1 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONEI(2019). 71

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Un análisis de conjunto de estos datos permite inferir el posible desaprovechamiento de una parte de esa fuerza laboral femenina calificada, que no se inserta o no puede insertarse en el espacio formal para desplegar sus capacidades profesionales. Entre las barreras más frecuentes para hacerlo se encuentran las dificultades para conciliar las responsabilidades domésticas y públicas. De igual modo, ellas han sido las más afectadas con el proceso de racionalización de los puestos de trabajo en el sector estatal iniciado hace una década, cuando se expuso la necesidad de eliminar más de un millón de plazas debido a la identificación de sobreempleo en este sector. De acuerdo con la economista Teresa Lara(2015), resultaron las mujeres las más afectadas. Entre 2010 y 2013 habían salido de empleos estatales casi 62.000, frente a solo 4.000 hombres. Estas circunstancias repercutieron y repercuten en las barreras estructurales impuestas a las mujeres para ganar en autonomía y trascender situaciones de pobreza o vulnerabilidad. Cuba, desde la década del 90 del pasado siglo, ha experimentado un proceso de reestratificación social acentuado, a partir del cual han reemergido situaciones de pobreza y el fortalecimiento de brechas raciales, de género, territoriales, generacionales ( Gómez et al., 2017 ) . Al intentar mayor profundidad de análisis en los planos económico y específicamente salarial se hace notoria la carencia en la producción estadística, lo que entorpece el conocimiento y monitoreo relativos a la distribución de la riqueza y el comportamiento de la desigualdad socioeconómica. El coeficiente de Gini, un valor ideado para medir la desigualdad, fue calculado por última vez en 1999, cuando puntuaba 0,407; una cifra que, si bien situó a Cuba en una posición intermedia en el panorama mundial, contabilizó un deterioro vertiginoso respecto de la década anterior: 0,22 en 1986 8 . Hoy, más de 20 años después, no es posible calcular el valor de este indicador. Sin embargo, diversos estudios(Espina, 2008; Gómez et al ., 2017; Espina y Echevarría, 2020) registran un incremento de las desigualdades en el país. Con estos cambios, también se han dado transformaciones en las familias cubanas, marcadas por un proceso de heterogeneización social, con visible impacto negativo en las capas bajas 9 . De acuerdo con la académica María del 8 . Cifras tomadas de Mesa-Lago(2012). 9 . Según el análisis de Mayra Espina(2019) pueden constatarse tres capas hacia el interior de la actual sociedad cubana: Capa alta: rentistas y beneficiarios de frecuentes y altos montos de remesas desde el exterior, dueños de negocios exitosos vinculados a circuitos internacionales de comercio. Capa media: pequeña burguesía urbana y rural, deportistas y artistas, autoempleados(trabajadores y trabajadoras por cuenta propia), propietarios y propietarias de medios de producción, empleados y empleadas en sector mixto y privado exitoso. Capa baja: vinculadas a sectores“no reanimados”, estatal y presupuestado(sector de la economía financiado por el Estado), personas sin empleo o ingreso estable, directivos y directivas(de los sectores“no reanimados”), clase obrera, empleados y empleadas, personal administrativo y técnico, intelectuales. 72

CUBA Carmen Zabala, la pobreza en el país está condicionada por la insuficiencia de ingresos y la situación desfavorable de la vivienda −estado constructivo, déficit habitacional, hacinamiento, personas albergadas, barrios insalubres− (Zabala, 1999). A esto se agregan otros indicadores que conforman un perfil de las familias pobres: presencia de ancianos y niños en el núcleo familiar; familias monoparentales con mujeres jefas de hogar que no trabajan establemente; altos niveles de fecundidad y de maternidad adolescente; maternidad temprana y sin apoyo paterno; ancianos viviendo solos y sin apoyo de otros parientes; trabajadores del sector estatal tradicional en ocupaciones de baja remuneración; acceso nulo o muy bajo a ingresos en divisas; mayor presencia de negros y mestizos; personas que no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo; nivel escolar relativamente inferior a la media nacional(Espina, 2008: 183). De acuerdo con las particularidades de este tipo de familias, puede entenderse la alta probabilidad de que cuando en ellas existen situaciones de dependencia, ocurra un reforzamiento de las limitaciones para trascenderlas. Ello se debe a la centralidad de la familia en la gestión de los cuidados y el bienestar, un hecho que, aunque atraviesa todos los estratos socioeconómicos, potencia la vulnerabilidad de algunas familias pobres y de las mujeres, ante un sistema de cuidados con tendencia a la mercantilización 10 . Lo dicho guarda relación con la sobrerrepresentación femenina en la pobreza y se refleja en el índice de desigualdad de género(GII) 11 . Medido para los años 2012 y 2014 con un enfoque territorial, se tuvieron en cuenta indicadores como: la tasa de mortalidad materna, la tasa de fecundidad adolescente, el porcentaje de escaños del Parlamento ocupados por cada sexo, los niveles de educación secundaria o superior obtenidos y la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. El cálculo realizado, arrojó un GII para Cuba de 0,302. Cuando se particulariza en ese índice nacional, el valor crece en las provincias orientales: Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey y Mayabeque, en ese orden(Esquenazi, Rosales y Velarde, 2017: 120). 10 . Existe una estrecha conexión entre la capa a la que pertenece cada persona, los ingresos que obtiene y el acceso o no que tiene a la moneda libremente convertible(el CUC) y los dólares(US$); lo cual explica el aprovechamiento diferenciado de los distintos servicios para el cuidado que existen en los diferentes regímenes de bienestar, así como el acceso a recursos y útiles de apoyo para el cuidado de manera directa e inmediata. 11. “El valor 0, en este índice, refleja una situación en la que mujeres y hombres presentan un com portamiento igualitario en todos los logros de las diferentes dimensiones. Por su parte, el valor 1 representa la mayor desigualdad posible; lo cual ocurre cuando las mujeres o los hombres presentan un comportamiento muy deficitario con respecto al otro grupo en todas las dimensiones”(Esquenazi, Rosales y Velarde, 2017: 116). 73

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Ahora, aunque se reconoce la existencia de pobreza en el país, los y las especialistas coinciden en hablar de“pobreza amparada”. Ello se debe al reconocimiento de las garantías sociales con carácter universal existentes y a la presencia de estrategias focalizadas para atender a las personas y los núcleos familiares más vulnerables. En el reciente informe voluntario de Cuba sobre la implementación de la Agenda 2030, se revela la medición del Índice Global de Pobreza Multidimensional. De acuerdo con el documento, el país es el segundo a nivel mundial, de 105 que calculan este índice, con el valor más bajo de 0,0005 y una tasa de pobreza multidimensional de 0,15% en 2017(Cuba, 2019) 12 . Sin embargo, cuando se alude a la pobreza no solo debe pensarse en recursos económicos, sino en la disponibilidad o no del recurso tiempo para satisfacer necesidades individuales y avanzar en los procesos de realización personal y laboral. Este es un debate que se ha ido instalando en los análisis sobre los cuidados y el trabajo doméstico en el país, ante la marcada diferencia respecto al tiempo que invierten las personas según su sexo en las tareas no remuneradas. Cuba ha realizado tres encuestas de uso del tiempo desde la década de 1980. La llevada a cabo en 2001 pudo constatar que en cinco municipios del país el tiempo dedicado al cuidado y al trabajo no remunerado mostraba un desequilibrio de género en perjuicio de las mujeres(CEPAL, 2019b). Más recientemente, el Centro de Estudios de la Mujer junto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información realizó la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, en la que se incluyó esta variable. Sus resultados también demostraron un desbalance respecto al uso del tiempo entre hombres y mujeres. En relación con el trabajo no remunerado, se corroboró que ellos le dedican 21,76 horas semanales, mientras que ellas superan en 14 horas esa cifra con un aproximado de 35,97(CEM-CEDPE, 2018). Igualmente, existe una diferencia de tiempo –en este caso, inversa– cuando se analiza la cantidad de horas que cada grupo dedica al trabajo remunerado. Mientras que los hombres destinan alrededor de 36,26 horas semanales a estos quehaceres, ellas solo 22,09 horas. Este resultado demuestra la vigencia de la división sexual del trabajo y de los espacios de actuación: las mujeres continúan más centradas en la vida doméstica y en las tareas que de ella se desprenden; los hombres, en cambio, se dedican al trabajo remunerado en el ámbito público y a cumplir con el tradicionalmente asignado rol de proveedor. 12. En las dimensiones“salud”,“educación” y“condiciones de vida”, de los 10 indicadores estudiados, los de mortalidad infantil, acceso a electricidad y asistencia escolar tienen los menores porcentajes de población con privaciones: 0,03%, 0,12% y 0,20%, respectivamente. Los mayores porcentajes corresponden a: tenencia de activos (9,43%), tipo de combustible para cocinar (3,51%) y acceso al saneamiento (3,12%). 74

CUBA Tabla 3. Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo(según sexo) Trabajo remunerado Trabajo no remunerado Trabajo no remunerado para el hogar Trabajo de cuidado no remunerado TOTAL 28,09 28,97 27,82 5,87 Hombres 34,26 21,76 20,64 3,38 Mujeres 22,09 35,97 34,80 8,29 Fuente: CEM-CEDPE, 2018. Como se aprecia en la Tabla 3, la encuesta reveló que ellas dedican más horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado que ellos: 8,29 horas semanales frente a 3,38 horas, respectivamente; lo que implica una mayor sobrecarga y la menor disponibilidad de tiempo para realizarse en otras esferas y actividades. Dadas las medidas sanitarias ante la pandemia por covid-19, esta realidad parece haberse agravado durante el período de confinamiento decretado en el país desde marzo de 2020. Con la limitación de los servicios de cuidados como escuelas, guarderías, etc., se ha delegado, casi exclusivamente a la familia el cuidado de las personas dependientes y se ha agregado al espacio doméstico las funciones del trabajo remunerado. Así se ha dispuesto en medidas oficiales como la estimulación del teletrabajo y restricción de permanecer en los hogares. En un estudio de casos realizado durante estos meses (Rodríguez, 2020) se entrevistó a tres familias nucleares al cuidado de hijas e hijos entre cuatro y nueve años. Madres y padres combinaban las actividades remuneradas y no remuneradas; sin embargo, los hombres solo se encargaron del 9,61%, 12,12% y 25,95% del trabajo doméstico y de cuidados en cada una de las familias. La desproporción extrema en la distribución de este tipo de trabajo es notable, con peores consecuencias para las mujeres. 2. Políticas y servicios de apoyo a los cuidados En Cuba, los cambios políticos acontecidos durante la década del 60 del pasado siglo repercutieron visiblemente en el modo de entender y atender los asuntos relativos al cuidado de la vida. La búsqueda de la igualdad basada en el principio de la atención a las necesidades humanas se expresó en la universalidad, gratuidad y carácter público de las políticas sociales. El nuevo proyecto socialista y su enfoque humanista condujeron a ubicar el bienestar humano en el centro de los programas y políticas sociales. A partir de este precepto, se crearon estrategias para superar las condiciones de pobreza en que vivía una parte importante de la población. 75

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Otro aspecto al que se le prestó especial interés durante este período fue la participación de las mujeres en la construcción de la nueva sociedad, lo cual motivó la creación de programas específicos para su educación e inserción laboral. A pesar del impacto notable de esos programas, una barrera para las mujeres continuó siendo la sobrecarga de funciones domésticas y de cuidado. Se implementaron entonces y gradualmente diversas estrategias para garantizar la conciliación, favorecidas por cambios en el marco jurídico. En la generación e impulso de dichas estrategias tuvo un rol protagónico la Federación de Mujeres Cubanas(FMC), cuyo objetivo, desde su fundación, fue la creación de instituciones y servicios que facilitaran a la trabajadora la ejecución de las tareas domésticas y de cuidado(Espín, 1990: 133; Larguía y Dumoulin, 1983: 93). Esta concepción no precisaba aparecer explícitamente en los documentos escritos, pues se daba por implícita tanto desde el diseño de la política como su entendimiento social que“las mujeres son las encargadas principales del hogar y de sus hijos”(para ampliar en esta idea y conocer algunas de las estrategias implementadas, véase Romero, 2009: 30; 2019). También en esta etapa aparecen transformaciones legislativas o programas nacionales destinados a la atención de grupos cuidado-dependientes. A través de ellos, se puede observar el rol del Estado como decisor y gestor principal de la política social de protección y cuidado de grupos vulnerables tales como: personas adultas mayores, con discapacidad e infantes. Para cada uno de estos grupos fueron creados programas de atención y servicios especializados con impacto directo en las lógicas y dinámicas de cuidado. Entre los cuales se enumeran a continuación los que mayor trascendencia hasta la fecha(haciendo alusión a los momentos en que han sido perfeccionados) y que, por la existencia de estadísticas, permiten hacer un balance de su funcionamiento: 1. Círculos Infantiles(1961): programa educativo estatal que garantiza la educación de infantes de cero a cinco años para su arribo a la educación primaria. Estas instituciones han sido creadas para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, en ellas también se atienden algunos niños y niñas con desventaja social. 2. Programa Educa a tu Hijo(1992): dirigido a orientar a la familia a lograr el desarrollo integral de niños y niñas de cero a seis años que no asisten a instituciones de cuidado infantil. Tiene un carácter comunitario e intersectorial: los organismos y organizaciones sociales que participan en el programa integran un grupo coordinador nacional presidido por el Ministerio de Educación 13 . 3. Centros educativos internos(becas) , en la enseñanza media, preuniversitaria y superior. A través de ellos, se garantiza a quienes se encuentran matriculados educación, alimento, vestuario y albergue. 13. Información disponible en https://www.mined.gob.cu/primera-infancia/no-institucional/ 76

CUBA 4. Ley de Seguridad Social(1963), perfeccionada por leyes 24/1979 y 105/2008 : tiene como fin asegurar a los trabajadores, las trabajadoras y sus familias el amparo social en las contingencias de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, vejez y muerte. 5. Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor(1974) , perfeccionado en 1984 al establecerse la incorporación en el Modelo del Médico y Enfermera de la Familia y en 1997 el actual Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor, con sus tres subprogramas: 5.1. Subprograma de atención comunitaria al adulto mayor: surge a partir de la necesidad de encontrar otras formas de atención a la ancianidad que satisficieran al mismo tiempo las demandas de este grupo etario y las de sus familiares. Bajo este subprograma se ubican las siguientes modalidades: 5.1.1 Hogares de Día o Casas de Abuelos: institución social que brinda atención integral diurna(durante 8 o 10 horas) a ancianos y ancianas carentes de amparo filial en absoluto o de familiares que puedan atenderlos y atenderlas durante el día. 5.1.2 Círculos de Abuelos: agrupaciones de personas adultas mayores de base comunitaria que desarrollan actividades deportivas, culturales, recreativas, de promoción y prevención que tiendan a un envejecimiento saludable y una longevidad satisfactoria. Su objetivo fundamental es mantenerlas activas física y socialmente, garantizando la salud mental; incluye además la realización de ejercicios bajo la orientación profesional de especialistas. 5.2. Subprograma de atención hospitalaria: consiste en enlazar la atención hospitalaria con la comunitaria en aras de mantener internada a la persona adulta mayor durante el tiempo estrictamente necesario y reincorporarla en lo posible a su medio, desarrollando en ambos niveles de atención, labores de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 5.3. Subprograma de atención en instituciones: su objetivo es realizar acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación con personas ancianas cuya única alternativa es permanecer en una institución, pero con el apoyo de la familia, las organizaciones sociales y comunitarias, para elevar su calidad de vida. En él se integran instituciones como: 5.3.1 Hogares de Ancianos: brindan servicios de cuidado de corta, mediana y larga estadía para personas adultas mayores frágiles y en estado de necesidad que no se benefician con otras alternativas en la comunidad. 5.3.2 Centros médico-psicopedagógicos: son unidades del Sistema Nacional de Salud, en donde se proporciona atención preventiva, curativa y de rehabilitación a través de acciones médicas, psicológicas y sociales calificadas; incluye la atención a personas mayores con retraso mental con el fin de lograr su reinserción social. 6. Decreto-Ley 1263“De la Maternidad de la Trabajadora”(1974), sustituido por Decreto-Ley 234 de la Maternidad para la Trabajadora(2003). 77

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Legislaron el otorgamiento de licencias remuneradas tanto a la madre como al padre durante el primer año de vida del y de la menor y se facilita que la madre y/o el padre con contratos de trabajo formalizados puedan brindar atención especial a hijos e hijas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, disposición que fue perfeccionada por decreto-ley 339 del 2016, que modificó algunas de las regulaciones y amplió las garantías de mayor integración familiar establecidas. Esta norma, como las que le anteceden, se considera verdaderamente revolucionaria, en tanto expresa la intención directa de modificar cómo se distribuyen las responsabilidades entre madres y padres, dando mayor protagonismo a la figura paterna y estimulando en ellos un rol más empático y cercano al desarrollo de la descendencia. Sin embargo, algunas cuestiones deben ser corregidas para que alcance mayor coherencia, pues desde el propio título se excluye a la figura paterna y los derechos contenidos se originan solo por la condición de trabajadora de la madre(art. 2). Las modificaciones también incluyen la posibilidad de hacer extensivos los beneficios a abuelas o abuelos y otros aspectos como:“La madre que se reincorpora al trabajo puede simultanear el salario con la prestación social hasta que el menor arribe al primer año de vida”(art. 27, inc. a) y“Las cuantías de estas prestaciones mensuales no pueden ser inferiores al salario mínimo vigente en el país; de ser así, se elevan hasta dicha cuantía”(art. 6, inc. c). A pesar de que el artículo 1 establece que los beneficiarios y las beneficiarias serán madres y padres que trabajan en el sector estatal, uno de los cambios más importantes de este nuevo marco es que se reconocen como posibles beneficiarias a las mujeres pluriempleadas, circunstancia cada vez más frecuente en el país. Se estipula que“la trabajadora con más de un empleo‘tiene derecho a percibir la prestación económica y social por cada uno de los contratos de trabajo’”(art. 8). Sin embargo, en el sector cuentapropista, la mujer contratada solo tiene derecho a recibir una prestación económica durante seis semanas prenatales y doce posnatales. Estas no tienen la posibilidad de disfrutar del resto de los derechos mencionados, pues su situación se regula en solo siete artículos(del 26 al 32) del decreto-ley 278 de 2011. Se aclara que, para tener derecho al cobro de dicha prestación económica, debe haber contribuido al régimen especial de seguridad social como mínimo un año antes de la licencia por maternidad; mientras que la empleada estatal solo debe demostrar 75 días trabajados previamente(Silva, Pérez y Rodríguez, 2019). 7. Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad(1995), perfeccionado en 2001 y 2006. Prevé la promoción, coordinación y ejecución de políticas, estrategias, programas y servicios que permitan elevar la calidad de vida, la equiparación de oportunidades, la integración, la participación activa en la vida social y el desarrollo de la autonomía e independencia personal al máximo posible. 78

CUBA 8. Programa Nacional de Servicios Sociales Comunitarios para la atención al adulto mayor y personas con discapacidad, a través del cual se prevé la protección a las personas adultas mayores solas y encamadas, uno de los grupos sociales más vulnerables de la población. En él intervienen varios organismos como el MINSAP(Ministerio de Salud Pública), la Empresa de Correos de Cuba, el MICONS(Ministerio de Construcción) y el MITRANS (Ministerio de Transporte) e incluye diferentes tipos de apoyo como: • servicio de asistente social a domicilio(ASD) 14 , • servicio de alimentación subsidiado 15 ; • servicio de limpieza del hogar y lavado de ropa; • prestaciones monetarias; • servicio de teleasistencia 16 ; • reparación de la vivienda; • otorgamiento de prestaciones en especie 17 ; • transporte; • servicio de peluquería y barbería; • pago a domicilio de los beneficios de la seguridad y asistencia social. 9. Programa de trabajo social con madres de hijos con discapacidad severa, solas. A través del cual se proporciona a estas mujeres, además de las ya tradicionales prestaciones monetarias en especie y servicios, facilidades para acceder a empleos y capacitaciones de acuerdo con su grado de escolaridad o formación. 10. Plan de acción nacional para la atención a las personas con discapacidad, coordinado por el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad(CONAPED). Tiene el propósito de atender de forma intersectorial, las necesidades especiales de las personas con discapacidad en Cuba integrando sistemas de salud, educación, empleo, seguridad y asistencia social, así como otros organismos rectores de la actividad física y cultural, el Ministerio de las Comunicaciones, el de Transporte y el de la Construcción). 14. Surge en 2002 para ofrecer atención personalizada de carácter doméstico y social al beneficiario o beneficiaria en su propio domicilio, al mismo tiempo que se remunera a la persona que lo ejecuta. Los principales beneficiarios de esta iniciativa son las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que requieran de atención permanente en su vivienda. 15 . Surge en 2003, consiste en proporcionar alimentos en comedores o unidades de elaboración de alimentos que puedan garantizar desayuno, almuerzo y cena, a las personas que por su condición de salud o de vida lo requieran. Destinado principalmente a personas adultas mayores y discapacitadas. El servicio se oferta a precio subsidiado y puede ser sufragado por el beneficiario o la beneficiaria, su familia o a través de subsidios de la asistencia social a personas con ingresos insuficientes. 16 . Extendido a todo el país en 2005, este servicio consiste en un sistema de telecomunicación que posibilita poner en contacto a la persona desde su vivienda con un centro de atención especializado, que cuenta con profesionales para atender sus llamadas. Destinado a personas con discapacidad severa, con riesgo físico o social que vivan solas de forma permanente o durante la mayor parte del día. 17 . Destacan entre las prestaciones más importantes: medicamentos, productos de aseo, higiene, limpieza, prótesis, aparatos ortopédicos, auditivos y determinados servicios a quienes reciben ingresos insuficientes o no reciben ingresos. 79

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Se debe señalar que para la protección y cuidado de las personas con discapacidad también se gestionan recursos y servicios desde la Asociación de Limitados Físico-Motores(ACLIFIM), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba(ANSO) y la Asociación Nacional del Ciego(ANCI). Si bien, los programas de asistencia social enumerados constituyen un logro de trascendental importancia histórica y social, aún carecen del enfoque de género y de familia en la forma en que son concebidos. Siguen siendo pensados y diseñados, de manera general, para las mujeres, limitando la participación de los varones en estas tareas. Por otra parte, algunos tienen la limitación de estar concebidos solo para las personas adultas y con discapacidad que viven solas, y no para aquellas cuyos familiares trabajan de forma remunerada y no se pueden dedicar a su cuidado a tiempo completo. La focalización de la atención en los grupos sociales en riesgo, sin renunciar al principio de universalidad que siempre ha primado en el país, se hizo más latente durante esta primera década de 2000. El enfoque de atención asumido por la política social implicó transformaciones en el concepto estado de necesidad −asociado hasta ese momento únicamente con la carencia de ingresos económicos−, al entenderlo, también, como necesidades individuales y proporcionar una ayuda personalizada en forma de servicios, monetaria o en especie(Añé y Granda, 2007). Vale apuntar que este proceso fue de la mano de la revitalización en la formación y existencia de las trabajadoras y los trabajadores sociales. Profesionales que tuvieron a su cargo tareas destinadas a la identificación y atención particularizada de grupos vulnerables a nivel nacional, entre los que se encontraban: las personas adultas mayores que vivían solas, las niñas y los niños con problemas nutricionales y las personas con discapacidad. Todos estos programas han tenido un impacto positivo en la población cubana y en los niveles de bienestar social alcanzados por las personas beneficiarias. De igual modo, han tenido una repercusión directa en la satisfacción de sus necesidades materiales y médicas según la etapa de su ciclo vital/familiar o situación discapacitante. La lectura detenida de los documentos rectores de estas iniciativas permite delimitar al menos tres núcleos fundamentales respecto al tipo de prestaciones y servicios de cuidado a personas dependientes que desde el Estado se han gestado, a saber: 80

CUBA G G r r á á fi f c ic o o 2. 2 T . T ip i o p d o e d p e re p s r t e a s c t io a n c e io s n y e s s er y vi s c e i r o v s i p c a i r o a s e p l a c r u a id e a l d c o u d i e d p ad er o so d n e a p s e d r e s p o e n d a i s entes que se gestan desde el Estado cubano dependientes que se gestan desde el Estado cubano ESTADO Prestaciones en Servicios • Atención médica • Cuidado institucionalizado • Asistencia a domicilio • Alimentación • Teleasistencia • Pago a domicilio • Lavandería, peluquería, barbería y reparaciones Prestaciones en Especie • Medicamentos • Productos de aseo, higiene y limpieza • Prótesis, aparatos ortopédicos y auditivos Prestaciones en Servicios • Continuas o eventuales Fuente: Romero, 2019: 7. Fuente: Romero, 2019: 7. A partir de los 90, tras la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desintegración del bloque socialista europeo y el fortalecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, Cuba entra en una etapa de crisis aguda. Como consecuencia, muchos de estos servicios se vieron afectados y eso se reflejó negativamente en los avances alcanzados respecto al empoderamiento de las mujeres. Pese a las estrategias establecidas por el Gobierno y la FMC, en 1995 la cifra de mujeres contratadas en el sector estatal civil había descendido a 1.191.500(Aguilar, Popowski y Verdeses, 1996: 13). Algunos de los factores que incidieron en este retroceso y que deben ser tenidos en cuenta para una valoración de los obstáculos para su autonomía asociados al cuidado son: 1. Marcado deterioro de la calidad de vida de la población, ampliación de la diferenciación socioeconómica, producción y reproducción de las brechas de equidad e incremento de la pobreza y la vulnerabilidad. 2. Carencia de productos y servicios de primera necesidad, de útiles del hogar y artículos para garantizar la higiene y la reproducción cotidiana. 3. Desaparición o deterioro de las condiciones de escuelas internas(becas) para adolescentes y jóvenes, planes vacacionales establecidos en las sedes laborales de los progenitores para el cuidado de la descendencia en períodos de receso docente, centros creados para el cuidado de personas ancianas en el horario laboral, así como algunos servicios que a precios módicos, servían de apoyo a los quehaceres domésticos; lo que agudizó la intensidad y la carga de trabajo a desplegar por los integrantes de la familia y en especial por las mujeres. 81

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 4. Las madres y abuelas de quienes tienen a su cargo el cuidado de niñas y niños pequeños no estaban tan dispuestas como sus antecesoras a renunciar a los espacios y desempeños profesionales conquistados para asumir a tiempo completo el rol de cuidadoras de nietos y nietas, por tanto, se puede hablar de un debilitamiento de las redes femeninas de apoyo familiar para el ejercicio de estas funciones. 5. Los hombres(en sentido general) siguen rezagados a la hora de compartir las responsabilidades domésticas y las asociadas al cuidado, bajo excusas sexistas que muchas veces se esconden tras frases como:“eso es cosa de mujeres”. Existe una mayor incorporación de ellos en las tareas relacionadas con el desarrollo psicosocial de la descendencia(ayudar en las tareas, buscar información para los trabajos prácticos de la escuela, pasear, jugar, conversar, entre otras), que en las relacionadas directamente con la satisfacción de sus necesidades biológicas diarias(aseo, darles de comer, vestirlas y vestirlos, etc.) y que exigen una dedicación cuasipermanente (Romero, 2010: 160). Urgía, entonces, al Estado crear estrategias para afrontar los efectos negativos de las nuevas circunstancias y proteger las conquistas alcanzadas. En este sentido, se tomaron medidas para resguardar el empleo femenino y limitar el crecimiento de la economía informal, entre ellas: el otorgamiento de subsidios preferenciales a las mujeres jefas de hogar ante el proceso de racionalización de plantillas acontecido en el sector laboral estatal durante los años 90. Pese a la compleja situación económica durante la década del 90 y la primera mitad de los 2000, con una lenta recuperación de la economía, el Estado optó por ampliar los gastos sociales destinados a la protección social. Entre 2002 y 2007 los montos de la seguridad social y la asistencia social, en millones de pesos, incrementaron sus valores de 1.984,8(US$79,392) a 37.272,0 (US$1.490,88)y de 398,0(US$15,92) a 1.190,2(US$ 47,608), respectivamente, y se crean nuevos programas de asistencia social y se perfeccionan otros(Añé y Granda, 2008). En 2008 comienza en el país el proceso de actualización del modelo económico, cuyos principios fundamentales se recogen en los“Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución”, discutidos y aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en abril del 2011(PCC, 2011: 5). Esta nueva etapa ha tenido una incidencia directa en la organización social y privada de los cuidados. Se ha reforzado el rol de la familia en sus funciones cuidadoras e implementado un modelo de desarrollo que pone en un espacio prioritario la recuperación económica del país en detrimento de programas y aspectos de orden social. Se sostiene que la racionalidad económica se establece como principio de la política social, lo que conlleva a la reducción significativa de gastos sociales, supeditación de lo social a lo 82

CUBA económico, el desplazamiento hacia el mercado de parte del consumo social básico, el reconocimiento de la participación del mercado en la satisfacción de necesidades básicas y desplazamiento de responsabilidades desde el Estado hacia la familia, con respecto a la garantía del bienestar(Gómez et al. , 2017: 29). En ese proceso, visible a partir de la segunda década del presente siglo, aparecen circunstancias que tensionan el cuidado en la cotidianidad y depositan en la familia cargas que anteriormente se habían socializado. A continuación, se consideran tres situaciones para entender mejor este proceso: – Existe una contracción en las prestaciones por concepto de asistencia social y de los servicios de salud Si se observan las estadísticas de la última década, puede notarse que los fondos de la asistencia social sufrieron un abrupto recorte. De 582.060 personas beneficiadas en 2008 quedaron 181.355 en 2019, lo que significa una caída del 31,15%(ONEI, 2015a y 2019). Hacia 2010 se produjo un descenso abrupto de los gastos y del total de personas beneficiarias de la asistencia social, para luego darse una lenta recuperación de esas cifras (2012-2018), focalizada fundamentalmente en la población adulta mayor (Tabla 4). La asistencia directa a quienes presentan alguna discapacidad tendió a disminuir, al igual que la destinada a madres de hijos e hijas con discapacidad severa. Esta realidad apunta a un desplazamiento de responsabilidades del Estado hacia las familias. La drástica reducción de estos fondos recae sobre hogares sobrecargados con tareas de cuidado y tensado por una población envejecida. De igual modo, al comparar las estadísticas de los años 2008 y 2019 (ONEI, 2009 y 2019) en el ámbito de la salud, se puede observar que el proceso de reordenamiento aquí implicó comprimir el número de hospitales 69,12%, los policlínicos 89,97% y los hogares maternos 39,10%. Este hecho tensa la cobertura de los servicios de salud para toda la población e intensifica, encarece y hace más complicados los procesos de cuidados. – Algunos programas como las Escuelas Internas(becas) tienden a desaparecer Por ejemplo, las escuelas secundarias básicas en el campo entre 2009 y 2015 decrecieron de 175 a 120 y lo mismo ocurrió con los centros preuniversitarios en el campo: disminuyeron de 194 a 38(ONEI, 2015a). – Los planes para la formación de trabajadores y trabajadoras sociales disminuyen y el programa a gran escala de escuelas de esta especialidad desaparece en el curso 2009- 2010 Aunque parte de las trabajadoras y los trabajadores sociales continuaron vinculados directamente al trabajo comunitario, un porcentaje significativo que culminó sus carreras en otras especialidades como Derecho, Historia, Sociología, Psicología, viró hacia otras funciones. 83

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Esta reducción de las prestaciones y programas está directamente relacionada con lo establecido en los Lineamientos citados y su actualización en 2016. Allí se explicitan los principios de:“Garantizar que la protección de la asistencia social la reciban las personas que realmente la necesitan, estén impedidas para el trabajo y no cuenten con familiares que brinden apoyo” y“Garantizar la implantación gradual de la política para atender los elevados niveles de envejecimiento de la población”. En el análisis realizado, se puede notar el énfasis que se pone en la protección, cuidado y asistencia a las personas adultas mayores, en detrimento de otros grupos cuidado-dependientes. Ese énfasis está directamente relacionado con el proceso de envejecimiento poblacional acelerado que se vive en el país y la prioridad que constituye como grupo destinatario de las prestaciones que desde el Estado se gestionan. Sin embargo, para estimular la natalidad, por ejemplo, con el fin de acercar el recambio poblacional en una perspectiva a mediano plazo, debe reforzarse la implementación de estrategias dirigidas a asegurar los servicios de cuidado a infantes desde todos los sectores de la sociedad, y no solo en el ámbito familiar. Las plazas existentes para niños y niñas en los círculos infantiles estatales resultan insuficientes respecto de la demanda. El análisis de los datos publicados en el anuario estadístico correspondiente a 2018 muestran que, de 592.510 infantes entre cero y cinco años existentes en el país, solo 134.276 figuraban como matrícula en este tipo de instituciones, lo que representa un 22,66% del total(Torres, 2019). Por otra parte, preocupa lo siguiente: desde 2015 no se ofrece más la alternativa de insertar a niños y niñas menores de un año en este tipo de centros y en el segundo año de vida, que es el momento de recepción institucional de infantes cuyas madres acaban de culminar su licencia remunerada y deben incorporarse a puesto de trabajo(Romero, 2019), el número de plazas decreció de 25.374 en 2011 a 22.164 en 2018(ONEI, 2019). En el mercado privado de cuidados los precios tienden a incrementarse, por lo que muchas veces resultan inaccesibles para las familias. En el país, los servicios estatales de cuidado a la primera infancia(círculos infantiles) son subsidiados y tienen un costo mensual de 40 CUP(US$1,6) 18 . Por los precios y el prestigio de estas instituciones, son altamente demandadas, siendo la oferta insuficiente. Desde 2010 han prosperado considerablemente los servicios de cuidado infantil en el mercado privado. Estos se asemejan al modo en que operan los círculos estatales y suelen tener por grupo de entre 10 y 20 niñas y niños, a razón de 6 infantes por cuidadora 19 . El costo de estos servicios en el sector no estatal podía oscilar hasta diciembre de 2020 entre 250 y 1000 CUP, por 18. En el marco de la reforma de la economía cubana iniciada en enero de 2021 se mantuvo el subsidio a los círculos infantiles estatales. El costo de estos sigue siendo de 40 CUP. 19 . Aunque esta es la cifra estipulada, investigaciones realizadas corroboran que suelen cuidarse más niños y niñas que el número de estipulado; fundamentalmente en las casas donde trabaja más de una cuidadora. 84

CUBA Tabla 4. Principales indicadores de la asistencia social AÑO Gastos por la asistencia social (MMP) Beneficiarios de la asistencia social Núcleos protegidos por la asistencia social CONCEPTO Adultos mayores beneficiarios de la asistencia social Madres de Personas con hijos con Beneficiarios discapacidad discapacidad del servicio de beneficiarias severa asistente de la asistencia beneficiarias social a social de la asistencia domicilio social 2000 53 195.129 122.931 28.674 9.511 … … 2001 64 201.014 126.639 28.845 12.996 … … 2002 103 269.495 180.857 60.372 31.861 … … 2003 216 395.821 213.390 75.229 70.612 5.082 1.721 2004 262 476.512 257.038 112.025 80.114 6.645 5.393 2005 452 535.134 301.045 116.958 85.152 6.670 9.817 2006 572 599.505 328.462 143.483 97.347 6.741 13.537 2007 591 595.181 334.692 145.275 98.727 7.789 16.182 2008 656 582.060 328.128 145.150 109.687 7.621 17.318 2009 652 426.390 251.102 118.732 71.137 7.599 13.119 2010 403 235.482 147.184 71.050 46.884 6.301 5.664 2011 266 182.492 116.757 63.383 42.093 5.471 4.586 2012 249 172.385 111.008 54.066 41.798 4.338 4.321 2013 263 170.674 109.223 52.764 39.582 4.200 4.474 2014 286 169.778 109.556 52.579 40.107 4.074 4.762 2015 350 175.106 111.801 53.635 38.690 3.931 5.166 2016 317 179.796 114.274 54.968 37.504 3.815 5.573 2017 340 184.613 115.322 62.132 36.903 3.573 5.160 2018 315 181.355 114.416 59.613 36.309 3.452 5.065 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(ONEI, 2019) 85

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE lo que a ellos acceden generalmente quienes cuentan con ingresos económicos superiores al salario medio del país(que era de 879 CUP antes de enero de 2021) (ONEI, 2020a). Estas alternativas coexisten con otras que implementan aquellas familias que tienen la posibilidad de contratar el servicio personalizado y a domicilio que ofrecen“nanas” que se dedican solo al cuidado de los niños y las niñas u otras que acceden a centros de cuidado privado más exclusivos que pueden superar los 2000 CUP mensuales 20 . Esta realidad, quizás pueda resultar común para el resto de los países, pero para Cuba es bastante reciente y marca tristemente un proceso de heterogeneización social de los cuidados con un impacto negativo, sobre todo, en las familias y mujeres de las capas bajas. Como en períodos anteriores, la desestatalización parcial de los servicios de cuidado u otras prestaciones asociadas tiene su reflejo en la reducción de la tasa de actividad económica de las mujeres. Se conoce que la mayor parte de las personas que salen del mercado de trabajo para asumir estas funciones son mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género; de 19.189 personas entrevistadas, 964 declararon que tuvieron que abandonar el empleo para cuidar, de ellas 802 eran mujeres(CEM-CEDPE, 2018). Mas no solo es preocupante la situación de quienes tienen que abandonar el empleo para asumir exclusivamente el cuidado; sino la de quienes experimentan una intensificación de su jornada cotidiana ante la carencia de estrategias accesibles que le permitan aliviar dicha carga y la doméstica. Esta es una situación a atender de forma inmediata, pues el modelo de desarrollo del país tiene que pensarse con la participación de las mujeres en el espacio público, no solo porque es una expresión de las conquistas alcanzadas, sino porque fácticamente ellas representan el 67,2% de la fuerza de trabajo calificada del país, el 62,58% del total de estudiantes universitarios y ocupan el 48,6% de los cargos decisorios. Cuba es el tercer país del mundo de mayor proporción de asientos femeninos en el Parlamento(ONU Mujeres, 2019). No tener en cuenta la brecha de género en la participación laboral traerá demasiados costos sociales y económicos. Antes de culminar este apartado resulta válido retomar una idea que desde la economía feminista se viene defendiendo con fuerza desde hace más de una década:“Es menos costoso movilizar recursos –institucionales, técnicos y financieros– que no hacerlo… la conciliación con corresponsabilidad social necesariamente tiene un‘retorno’ que la convierte en inversión económica social y políticamente rentable(Martínez, 2010: 27). Las consecuencias negativas(a mediano y largo plazo) de la falta de este tipo de iniciativas exceden las situaciones individuales; generan costos sociales y amenazan el rendimiento económico de los países, en tres dimensiones: a nivel macroeconómico, de las unidades productivas y de la calidad de vida individual y familiar(OIT-PNUD, 2009: 106). 20 . Tal como ha sucedido con todos los precios, especialmente los que se definen exclusivamente en el mercado, debería aumentar el de los servicios de cuidados en el marco de la reforma iniciada en 2021. Aún no existen estimaciones de a cuánto ha ascendido el precio en el sector privado de estos servicios. 86

CUBA El panorama esbozado permite entender que Cuba presenta en la actualidad circunstancias complejas que se explican fundamentalmente por el incremento acelerado de personas cuidado-dependientes en especial las personas adultas mayores y el proceso de familiarización-feminización acontecido en la organización social de los cuidados. De igual modo, invita al análisis de los vacíos respecto a la figura del cuidador o la cuidadora, su valoración, visibilización y reconocimiento de los aportes que realiza a la economía y sociedad en sentido general. 3. Panorama internacional: convenios, pactos y compromisos de Cuba para potenciar la equidad de género, la corresponsabilidad respecto a los cuidados y la protección de cuidadoras y cuidadores y trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados Cuba como nación ha suscrito y ratificado los cuatro convenios internacionales de mayor relevancia sobre igualdad de género y cuidados: - la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(1979), uno de los ocho convenios principales de la ONU. 21 A través de ella, se reconoce la responsabilidad social de garantizar la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres y el cuidado como uno de los temas que requiere de corresponsabilidad de género y de los distintos actores sociales; - el Programa de Acción de El Cairo(1994) que surgió de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 22 ; 21. En términos de derechos humanos, declara que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para“modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”(Art. 2: f);“modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”(Art. 5: a) y“alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños”(Art. 11: c). 22. Para“Promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer”(Principio 4). Como punto a destacar, en este documento el tema de los cuidados gana protagonismo y cuenta con una atención más específica:“Es preciso que mujeres y hombres participen e intervengan por igual en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos y al mantenimiento del hogar”(§ 4.1). En este programa también se invita a los gobiernos a“hacer mayores inversiones en medidas apropiadas para reducir la carga cotidiana de las responsabilidades domésticas, que en su mayor parte recaen en la mujer”(§ 4.11) y a“apoyar y desarrollar los mecanismos adecuados para prestar asistencia a las familias en el cuidado de sus hijos y de las personas de edad o con discapacidad que estén a su cargo, inclusive las afectadas por el VIH y el sida, alentar a que esas responsabilidades sean compartidas por hombres y mujeres y apoyar la viabilidad de las familias constituidas por varias generaciones(§ 5.11). 87

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE - la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing(1995), una agenda para la igualdad de género, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 23 . - la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) a ser alcanzados en 2030. Con énfasis en la realización de derechos y la igualdad de género, dedica el Objetivo 5 a declarar la responsabilidad de los Estados miembros de“Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Este marco internacional, que suscribe Cuba, converge con una Agenda Regional de Género en la que se ratifica el compromiso del Gobierno cubano y del resto de los gobiernos de Latinoamérica, con el logro de la igualdad y los derechos de las mujeres. La celebración de la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe(1977) se realizó en Cuba y marcó con ello su compromiso con la igualdad de género y de manera particular, con la asunción de una distribución justa de los cuidados. En ese evento se estableció, entre las medidas a tomar por los países miembros de la CEPAL: “Combatir la persistencia de las actitudes frente a las funciones tradicionales asignadas a los sexos mediante cambios de los esquemas educacionales y las pautas culturales tradicionales”(§ 21.2.v);“Difundir ampliamente la obligación que tiene la pareja humana de compartir las responsabilidades familiares y el derecho y obligación de participar y compartir los esfuerzos, las acciones y las responsabilidades en el desarrollo social, político y económico”(§ 21.2.xiii);“Los gobiernos, empleadores y sindicatos adoptarán medidas para el establecimiento de centros de cuidado infantil de calidad, asegurando la educación infantil de los niños, para facilitar a la mujer su incorporación al trabajo y al estudio”(§ 50.1);“Los gobiernos alentarán el desarrollo de servicios sociales a la comunidad, como lavanderías y servicios gastronómicos y domésticos, asignando parte del presupuesto nacional a estos programas y fomentando programas de autoayuda en estas áreas”(§ 52.2). 23. En este documento se explicitan las acciones a tomar por los Estados para cumplir con su obligación de lograr la igualdad de género y desarrollar herramientas dirigidas a considerar el valor social y económico del cuidado, así como la importancia de su redistribución como vía indispensable para disolver las desigualdades en este sentido. Los Estados se comprometieron a“Alentar a los hombres a que participen en condiciones de igualdad en el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico…”(§ 107.c); “Tratar de llegar a un conocimiento más completo en materia de trabajo y empleo, entre otras cosas, mediante actividades para medir y comprender mejor el tipo, el alcance y la distribución del trabajo no remunerado, particularmente el trabajo de cuidar de los familiares a cargo…”(§ 165.g);“Hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado, registrando especialmente las actividades que se realizan simultáneamente con actividades remuneradas u otras actividades no remuneradas”(§ 206.g.i). 88

CUBA A esta le han seguido once conferencias, una cada tres años, en las que se ha ratificado y actualizado la agenda. En los considerandos del Consenso de Quito(2007), por ejemplo, producto de la Décima Conferencia, se reconoce“el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar” y se acuerda:“Formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género, y reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división sexual del trabajo”(xx); así como“adoptar las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural, para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable”(xxvii). En el Consenso de Brasilia(2010) se convino“Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas”(§ 1.b). Asimismo, en el Consenso de Santo Domingo(2013) se reafirmó:“Promover la mejora del acceso de las mujeres al empleo decente, redistribuyendo las tareas de cuidado entre Estado, mercado y sociedad y entre hombres y mujeres…”(§ 37). También el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo(2013) se reconoció consciente de“la persistente desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, del escaso reconocimiento y valoración social del rol de las mujeres en estas tareas y de que la dinámica demográfica tendrá efectos sobre las necesidades de cuidado”(considerando E) y acordó:“Desarrollar y fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado que estén basados en los estándares más altos de los derechos humanos, con perspectiva de igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas”(§ 53), y“Considerar la medición de la economía del cuidado a través de encuestas especializadas y la formulación de cuentas satélites del trabajo no remunerado y su incorporación en el sistema de cuentas nacionales”(§ 64). Vale señalar que también en la región se han establecido agendas sinérgicas con la global, como la“Estrategia de Montevideo para la implementación 89

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE de la Agenda Regional de Género”, aprobada en el marco de la Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe(2016). Entre los nudos estructurales en los que se enfoca, se encuentra:“la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado”(§ B.1.iii), teniendo en cuenta que ambas constituyen muestra de las disímiles barreras que hoy obstaculizan la existencia de una igualdad plena en cuanto a derechos y oportunidades reales entre mujeres y hombres. La Estrategia comprende 74 medidas a aplicar en diez ejes acordadas por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, entre ellas: institucionalidad, participación, financiamiento y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estas insisten en velar por la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, específicamente se dirigen a evitar la sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados y en disminuir los niveles de pobreza de las mujeres. En cuanto a las medidas de ajuste fiscal, acuerda asegurar que“se adecuen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, considerando que dichas medidas cubran excepcionalmente el período de crisis y sean de carácter temporal, y evitando especialmente la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres y la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres”(§ 5.d). 3.1. Marco legal y protección de personas cuidadoras y de trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados Este es un grupo socio-ocupacional que, aunque ha alcanzado determinados niveles de visibilización y protección desde los años 90 del pasado siglo, sigue estando rezagado en cuanto a derechos se refiere. El sistema de protección existente no tiene en cuenta algunas de las peculiaridades de este tipo de empleo y de las relaciones laborales en las que se insertan las trabajadoras. Especial connotación tuvo la aprobación del decreto-ley 141/93, a través del cual se ampliaba la actividad por cuenta propia en Cuba, de niveles poco significativos desde la ofensiva revolucionaria de 1968. Entre las actividades aprobadas, figuraba la del cuidado de personas enfermas y de niños y niñas. Ese fue un cambio de trascendental importancia, porque volvió a reconocerse esta actividad como posible empleo y se abrieron las puertas de la oficialización de su condición de empleadas a un numeroso grupo de mujeres. A través de este decreto, se estableció no solo la posibilidad de ejercer este tipo de actividad de manera autorizada sino de disfrutar de una serie de garantías y mecanismos de protección social. Sin embargo, aún falta mucho camino por andar en ese sentido. La mayor parte de las veces las condiciones en que trabajan y el disfrute de 90

CUBA sus derechos depende de las pautas que estipula quien las emplea, existiendo muy pocos mecanismos para velar por sus garantías. Según investigaciones recientes, muchas de estas mujeres no cuentan con los medios e insumos apropiados para ejercer su trabajo, no cuentan con un adecuado sistema para el monitoreo de su salud y la prevención de enfermedades profesionales, se ven expuestas a malos tratos y se violan algunos de sus derechos más importantes, por ejemplo, el de disfrutar de vacaciones(Romero, 2016; Romero, Echevarría y Díaz, 2019). Esta realidad, viene a reforzar una idea que aparece en el texto de Laura Pautassi(2007):“…no se trata de garantizar solo el empleo, sino de garantizar los puestos de trabajo en condiciones legales… el solo hecho de que se reconozca el derecho al cuidado no garantiza que se provea del mismo en condiciones de igualdad, calidad y cantidad suficiente”. A inicios de esta década se ampliaron las licencias para el trabajo por cuenta propia y se mantuvo como opciones el cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad y el trabajo doméstico remunerado. Esta ampliación y la mayor visibilidad del sector cuentapropista, al igual que en la crisis de los 90, viene a cubrir un vacío que deja el Estado. Se repite un esquema en el cual el Estado en tiempos de crisis o tensiones económicas transfiere responsabilidades al mercado, lo cual conduce al reposicionamiento de las relaciones de fuerza entre los actores que se encargan de esta actividad y la costean, con incidencia en la participación económica de las mujeres. Ellas tienden a suplir el desfase entre los ingresos disponibles y el consumo familiar(tanto de bienes como de servicios). Si en épocas anteriores los roles protagónicos en la gestión del cuidado quedaban reservados al Estado y la familia, ahora nos movemos hacia un escenario donde entra el mercado como un actor a tener en cuenta y ellas(las trabajadoras de los cuidados y del hogar) ganan protagonismo, sin que llegue a romperse el principio familista que siempre ha primado en el diseño de la política y la intervención del Estado, con énfasis en los casos que presentan especial vulnerabilidad. Como se ha podido observar, las posibilidades de protección y de gozar de ciertas garantías por concepto de seguridad social como cuidadoras y cuidadores o trabajadoras y trabajadores domésticos pasa por haberse adscrito a la condición de cuentapropista o empleada/empleado estatal; es decir, haber oficializado su condición como trabajadora/trabajador. Actualmente en Cuba no existe una organización o sindicato específico de cuidadoras y cuidadores o trabajadoras y trabajadores domésticos; sin embargo, en el amplio espectro de sistemas de relaciones laborales y de espacios socioeconómicos en que suelen insertarse, podemos encontrar que algunas personas dedicadas a estas labores de forma remunerada pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores(el único que existe). 91

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Se asocian fundamentalmente quienes se desempeñan en empresas estatales como Palco, pues quienes laboran en el mercado informal o incluso las y los que cuentan con una licencia para ejercer estas funciones por cuenta propia, prefieren no establecer este tipo de alianzas. Un estudio realizado recientemente en La Habana corroboró que, a pesar de que el actual Código del Trabajo ratifica el derecho a la libre asociación de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos que defiendan y representen sus intereses, siempre que estos se establezcan“de conformidad con los principios unitarios fundacionales”, son pocas las trabajadoras cuidadoras y/o domésticas afiliadas. Entre los argumentos sostienen: no tengo tiempo para ello, no me interesa, experiencias sindicales anteriores no me motivan a insertarme en esa organización nuevamente o no le veo sentido (Romero, 2016). Aunque no lo mencionaron las trabajadoras entrevistadas, otra limitante parece ser que afiliarse muy probablemente signifique pertenecer a las mismas organizaciones sindicales de base que sus empleadores y empleadoras. Las secciones sindicales de base se agrupan por centro de trabajo o sector, y no en función de la actividad que desarrollan sus integrantes. Este hecho puede conducir a reuniones contraproducentes en las que no encuentren un espacio para plantear las problemáticas que las y los afectan. Este resulta un elemento que incide negativamente, de igual modo, en la firma de Convenios Colectivos de Trabajo en el sector no estatal, lo que repercute en la regulación de los compromisos entre los empleadores y las empleadoras y quienes trabajan, un derecho que les asiste según el art. 14, inc. d), del citado Código. Esta es una de las problemáticas más serias que atraviesa este colectivo y afecta seriamente las posibilidades de lograr condiciones de trabajo dignas. De hecho, el sindicato es una de las entidades encargadas de velar y exigir el cumplimiento de las normas establecidas, referentes a la seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la ley, y los empleadores y empleadoras están obligados a proporcionar a los inspectores sindicales las informaciones y facilidades que requieran para el mejor desarrollo de su gestión(art. 19, Cód. cit.). 4. A modo de conclusión: principales debates y recomendaciones para una política sobre el derecho al cuidado Hoy parece más cercano el día en que cada país cuente con un Sistema Nacional de Cuidados basado en los principios de equidad y corresponsabilidad. Cuba ha hecho avances importantes en este sentido, no solo por la presencia 92

CUBA de voluntad política para promover la equidad social y de género, sino por la existencia de proyectos y especialistas en centros de investigación y universidades con intereses en este sentido. Las alianzas establecidas en el último quinquenio entre la Academia cubana y funcionarios y funcionarias de diversos ministerios que laboran en la implementación del Paquete de Medidas para la atención a la dinámica demográfica ha sido crucial y se espera una mayor consolidación de las ellas para el próximo período. En esta agenda se defienden como prioridades: el reconocimiento del cuidado como un trabajo de alto valor social y económico; la reorganización del sistema de cuidados y la necesidad de redistribuir el cuidado al interior de las familias. Tomando como principios de referencia: - Enfoque de género, derechos y de curso de vida - Integralidad del sistema de cuidados y de la atención - Corresponsabilidad - Articulación - Sostenibilidad - Equidad social - Relación economía y cuidado/ Economía de cuidado(valoración del aporte socioeconómico del cuidado, costo de cuidado, impacto económico, oportunidades económicas del cuidado) - Cultura de cuidado Para ello, se considera necesario tomar como referencia los resultados de los estudios que sobre cuidados se han desarrollado en el país, las cuales constituyen útiles insumos para monitorear o evaluar las políticas nacionales que tributan a los cuidados y las realidades de quienes asumen este rol(de forma remunerada o no). Este tipo de abordajes ha ido en aumento en la última década. Un estudio concluido recientemente contabilizó 247 publicaciones en este campo(Romero, Echevarría y Proveyer, 2020). Destaca como un hecho de especial trascendencia, la celebración en febrero de 2020 del I Taller Nacional de Estudios sobre el Cuidado, un espacio que permitió el diálogo e intercambio entre especialistas de las tres regiones del país y sentó las bases para la consolidación de la Red Nacional de Estudios sobre el Cuidado. Tras este encuentro y el análisis realizado por las autoras de este trabajo, se identifican cuestiones trascendentales para impulsar una mayor corresponsabilidad al respecto en Cuba, así como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados: - La revisión exhaustiva de las políticas de cuidado desde un enfoque de género y de familia, lo que conllevaría a un análisis particular de sus diseños en aras de identificar los vacíos que sustentan y tributan a la reproducción de la división sexual del trabajo. Este ejercicio implica la reflexión sobre las buenas prácticas existentes en Cuba y la creación de nuevas estrategias para 93

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE potenciar los procesos de desfamiliarización y desfeminización del cuidado. - El análisis de la organización social de los cuidados en aras de alcanzar una mejor orientación de la política social con vistas a establecer la corresponsabilidad respecto al cuidado de la vida como principio explícito que rija el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en un aspecto central del modelo de desarrollo nacional. - El establecimiento de una mayor articulación entre Estado – familia – mercado y la comunidad para el despliegue de experiencias conjuntas e intersectoriales que garanticen no solo el aprovechamiento máximo de recursos y experiencias acumuladas, sino la atención integral de las personas cuidado-dependientes. - El estudio de las desigualdades estructurales que rigen la provisión y recepción(o la ausencia) de cuidados en el país(Romero, Echevarría y Díaz, 2019). Lograr un mayor balance en el diseño de estrategias para grupos cuidado-dependientes, que no entran en la categoría personas adultas mayores. - Construir un sistema de indicadores que permita medir de manera permanente los avances y desafíos respecto a la implementación de las políticas que tributan al cuidado de la vida. - La creación de mecanismos para incentivar la formalización del servicio de cuidado que un grupo considerable de mujeres brindan hoy en el mercado informal: téngase en cuenta la pertinencia de este hecho para garantizar que estas puedan disfrutar de los derechos y prestaciones de la seguridad social. - La adopción de estrategias para mejorar los servicios de cuidado(institucionalizados o no) integrando tanto a las personas cuidadas como a las que desempeñan la labor de cuidar. - La transformación de la posición y condición de las mujeres en las cadenas de cuidado teniendo en cuenta aspectos de corte cultural que establecen que el cuidado de personas dependientes es un asunto de la familia y en especial de las mujeres y las dificultades para la movilidad que muchas veces impone tanto a la persona con discapacidad como a quien la cuida, la enfermedad o el proceso degenerativo que padece. - Definir en el plan de la economía y en el presupuesto del Estado los recursos necesarios para enfrentar la elevada demanda de cuidados. - Aumentar el número de instituciones estatales para el cuidado de las personas dependientes, ofreciendo un servicio de calidad y acorde con el salario medio de la población. - Implementar estrategias para la sensibilización en género de los hombres y garantizar su mayor inserción y responsabilización con este tipo de tareas. - Promover una política de mayor protección a las personas que cuidan la vida(de forma remunerada o no) y/o se dedican al trabajo doméstico en el país, que favorezca su participación social y el disfrute de sus derechos y garantías. 94

CUBA En resumen, democratizar los cuidados y la reproducción de la vida pasa necesariamente por una vuelta a la estatalización de los regímenes de cuidado, bajo un prisma que defiende el enfoque de equidad de género, la corresponsabilidad social y la necesaria articulación entre proveedores y proveedoras. Por último, uno de los principios más importantes a tener en cuenta: todas y todos somos objeto de cuidados a lo largo de nuestras vidas, al tiempo que debemos tener como principio ético y valor asumido la responsabilidad que ostentamos con el cuidado de la vida de los otros y las otras, sean o no seres cercanos. Ahí radica la esencia del verdadero progreso, en comprender la centralidad de cuidar la vida y de ponerla en el centro de todo modelo económico, político y social, si se pretende avanzar hacia el desarrollo humano sostenible. Lista de siglas utilizadas ACLIFIM ANCI ANSO ASD CEM CEDPE CEPAL CONAPED FMC MICONS MINSAP MITRANS OIT ONEI PCC PNUD Asociación de Limitados Físico-Motores Asociación Nacional del Ciego Asociación Nacional de Sordos de Cuba asistente social a domicilio Centro de Estudios de la Mujer Centro de Estudios de Población y Desarrollo Comisión Económica para América Latina Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad Federación de Mujeres Cubanas Ministerio de Construcción Ministerio de Salud Pública Ministerio de Transporte Organización Internacional del Trabajo Oficina Nacional de Estadísticas e Información Partido Comunista de Cuba Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Bibliografía consultada Aguilar, C., P. Popowski y M. Verdeses(1996).“Mujer, vida cotidiana y Período Especial”, Temas ,(5) pp. 11-17. Aguirre, R., K. Batthyány, N. Genta y V. Perrotta(2014).“Los cuidados en la agenda de investigación y en las políticas públicas en Uruguay”, Íconos( 50), pp. 43-60. Aja, A., y W. Hernández(2019).“Dinámica de la población y sus interrelaciones en Cuba y sus territorios. Recomendaciones para la acción”, Revista Novedades en Población , 15(29), pp. 56-74. 95

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México, Centroamérica y el Caribe 1. Cuba 2. México 3. República Dominicana 4. Guatemala

MÉXICO La organización del cuidado en México: Políticas, normas, actores, instituciones y desafíos Karina Villa Ayala, Diana Lilia Trevilla Espinal y Laura Ríos Quiroz

Karina Villa Ayala. Magíster en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultora independiente en temas de género y desigualdades. Colabora en diversas organizaciones y colectivos feministas que enfocan su trabajo en los derechos de las mujeres. Diana Lilia Trevilla Espinal. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magíster en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Doctoranda en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de la Frontera Sur. Investigadora, feminista, consultora y capacitadora. Laura Ríos Quiroz. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa una especialidad en Políticas del Cuidado con Perspectiva de Género en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales(CLACSO). 102

MÉXICO Índice Introducción 105 1 Contexto internacional y nacional del cuidado 107 2 Trabajo de cuidados y trabajo doméstico no remunerados en los hogares 108 2.1. Usos del tiempo 108 2.2. Valor económico del trabajo doméstico y trabajo de cuidados 110 2.3. Cuidado de la salud en los hogares 110 3 Empleo 112 3.1. Informalidad y desempleo 112 3.2. Ingresos 112 4 Cuidado en los grupos considerados prioritarios 113 4.1. Cuidado de la infancia 113 4.2. Cuidado de adultos mayores 114 5 Migración y cadenas globales de cuidado 114 6 Trabajo doméstico remunerado y situación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 115 6.1. Perfil de los hogares que solicitan trabajo doméstico 116 6.2. Avances en materia de derechos 116 7 Marco jurídico con relación al cuidado 117 8 Políticas y programas de cuidado en México 124 9 Voces y debates sobre el cuidado en México Consideraciones finales 143 Lista de siglas utilizadas 144 Referencias 145 103

104

Introducción MÉXICO D urante décadas, principalmente el movimiento feminista ha insistido en colocar en la agenda pública el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado como elementos clave para trascender situaciones de discriminación, desigualdad y violencia por género, clase, etnia, situación migratoria, entre otras, que afectan directamente la vida, en particular la de las mujeres(Federici, 2013; Torres, 2020). El cuidado tiene una definición polisémica debido a su complejidad y a las formas en que se aborda teórica y políticamente. Sin ánimo de hacer un recuento extenso y, considerando el panorama actual de crisis sistémica y los retos que conlleva en nuestras sociedades, en este documento consideramos el cuidado como pilar fundamental para la sostenibilidad de la vida, lo cual implica llevar a cabo acciones a favor de la agenda de género y la socioambiental(Vega Solis, Martínez Buján y Paredes Chauca, 2018). A grandes rasgos, el cuidado: 1) involucra la gestión cotidiana del bienestar propio y de otras personas, tanto en el ámbito doméstico, como en el extradoméstico; 2) constituye un trabajo, dado que genera bienes y servicios para la economía; 3) implica el desarrollo de conocimientos y habilidades, así como requiere de condiciones materiales, tiempo y redes humanas para poder realizarse; 4) se lleva a cabo tanto de forma remunerada como no remunerada; 5) presenta distintos arreglos de acuerdo a los contextos socioculturales e históricos; 6) es clave para la sostenibilidad de la vida en condiciones dignas, pues abarca todos los procesos dentro o fuera del mercado que hacen posible la reproducción social, junto con la regeneración del entorno natural; 7) es fundamental en las diferentes etapas del ciclo de la vida, por ello requiere ser reconocido como un asunto de interés público y garantizado como derecho humano; 8) debe ser analizado y tratado en clave interseccional, para considerar el cruce de situaciones por género, clase, color, etnia, estatus migratorio, edad, entre otras(Pautassi, 2007; Carrasco, Borderías y Torns, 2011; Pérez-Orozco, 2014; Torres, 2020). 105

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Aunque el cuidado es fundamental, las formas en que las sociedades se organizan para asegurarlo es desigual. Existe una feminización, invisibilización y desvalorización del trabajo de cuidados, que está cruzada por distintos procesos históricos, así como por prácticas y discursos heteropatriarcales, capitalistas y colonizadores(Federici, 2013; Pérez-Orozco, 2014). En México, el cuidado, en términos generales, es proporcionado principalmente por las mujeres en los hogares, en muchas ocasiones de manera precaria o a través de las cadenas globales de cuidados: las principales proveedoras son otras mujeres migrantes de países con economías periféricas en situaciones diversas de desigualdad social y de ejercicio de derechos. Las mujeres cubren los cuidados directos, regularmente enfocados hacia personas de los llamados grupos prioritarios: infancias, personas adultas mayores, enfermas o con alguna discapacidad. Este cuidado directo significa realizar procesos que garantizan higiene, alimentación, movilidad, curación, apoyo emocional, entre otros. Sin embargo, también se cubren en los hogares cuidados indirectos, que son todas aquellas actividades realizadas para proporcionar y asegurar las bases materiales para el cuidado, incluidas la gestión mental 1 , el aprovisionamiento y la planificación(Durán, 2018). En México no existe una política pública integral del cuidado, sino una serie de servicios públicos otorgados por diversas instituciones. Las organizaciones feministas, junto con otros actores, impulsan el reconocimiento del cuidado como derecho humano, ligado a la garantía de otros derechos tales como los laborales y de protección ambiental. Incidir en las políticas públicas es una forma para reorganizar el cuidado en términos más justos, de manera que no solo esté en el centro, sino que potencie la superación de las desigualdades estructurales(Castro, 2018), por lo tanto, es preciso que estén orientadas a la redistribución del bienestar social y de la corresponsabilidad entre los actores: Estado, hogares, comunidad y empresas(ONU Mujeres, 2016). El presente documento tiene como propósito comprender, en términos amplios, cómo se organizan los cuidados en la sociedad mexicana. Para ello, se analizan el marco legal, las políticas de protección social y laboral, los servicios de cuidado y la infraestructura disponible, las formas en que se distribuyen y realizan los arreglos de cuidado, los debates y alternativas que los distintos actores colocan en la agenda pública y las perspectivas hacia la construcción del Sistema Nacional Público de Cuidados, con enfoque de derechos, por la corresponsabilidad y a favor de la sostenibilidad de la vida. La actual pandemia del covid-19 ha agravado la situación del cuidado en términos generales. En México, como en otros lugares del mundo, la carga global de trabajo que recae en las mujeres ha aumentado indiscutiblemente 1. Las actividades de gestión mental son la coordinación, supervisión y planificación de los cuidados. Estas actividades comparten que, aunque sea posible delegarlas, no se deja de ser responsable de ellas (Pérez-Orozco, 2006). 106

MÉXICO al concentrarse todas las actividades de los integrantes de las familias en un solo espacio, el hogar, dejándoles nuevamente la responsabilidad de los cuidados y de la salud. Las mujeres están en la primera línea de respuesta, ya sea tanto en el empleo formal como médicas, enfermeras, científicas, personal de cocina y de limpieza, como en los ámbitos comunitarios, aportando conocimientos y trabajo. Las respuestas efectivas de los Estados deben estar encaminadas a reducir las desigualdades históricas, de ahí la importancia de garantizar protección social a las personas que se dedican a los cuidados remunerados y no remunerados, así como a diseñar estrategias para mitigar los impactos de la crisis económica, orientando las políticas públicas de modo que permitan la transición a la economía formal, la protección laboral y el incremento del trabajo digno 2 , el fortalecimiento de los servicios públicos de atención médica (incluida la salud mental), así como facilitar la creación de sistemas públicos integrales de cuidado. 1. Contexto internacional y nacional del cuidado En la Agenda 2030 relativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS), impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce una serie de desafíos y acciones con el propósito de favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad. El objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas , junto con la meta 5.4.(“Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”) enmarcan el reconocimiento y valoración del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, y exhorta a los Estados a implementar servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, así como a promover la responsabilidad compartida en los hogares y familias. La prospectiva demográfica y la dinámica socioambiental apuntan a que la demanda de cuidados aumentará en las próximas décadas. De ahí la importancia de politizarlos, es decir, hacerlos un asunto de carácter público y considerarlos, junto a la vida digna, en el centro de las acciones y decisiones en beneficio de las sociedades. México, para el año 2018, contaba 124.900.000 personas; 51,1% mujeres y 48,9% hombres. El grupo de edad de 4 a 14 años es el de mayor presencia en los hogares con un 19,5% a nivel nacional; seguido por el de 20 a 29 años, con 15,5%; y el de 50 a 64 años, con 14,5%. Sumado a ello, se contaron 60 personas 2. El trabajo digno incluye el acceso a derechos laborales y a lo reconocido en el convenio 169 de la OIT con relación al trabajo decente, pero también, lo concebimos en términos de interdependencia y progresividad con otros derechos humanos. 107

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE dependientes por cada 100 en edades activas(ENADID, 2018a). Las proyecciones para 2030 revelan un descenso paulatino en fecundidad y mortalidad (INMUJERES 2019). La población considerada tradicionalmente receptora de cuidados se enmarca en edades de 0 a 14 años y de 60 o más años. Es necesario atender, también de manera preventiva, la demanda de servicios de cuidado de esos grupos. Gráfico 1. Composición, estructura y distribución de la población, 2018 Gráfico 1. Composición, estructura y distribución de la población por sexo Por sexo En porcentajes, 2018 % Mujeres Hombres 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 Fuente: Elaboración propia en base a ENADID, 2018a. Fuente : Elaboración propia en base a ENADID, 2018a. 50-59 60-69 70-79 80 y más 2. Trabajo de cuidados y trabajo doméstico no remunerados en los hogares 2.1. Usos del tiempo De acuerdo con la información más reciente de las encuestas nacionales, en el país 90.000.000 de personas(mayores de 12 años) realizan trabajos domésticos y de cuidados no remunerados(91% mujeres y 8% hombres); en contraste, solo 2.200.000 de personas realizan estas actividades de manera remunerada(Villa-Sánchez, 2019; INMUJERES, 2019). En general, las actividades de cuidado no remuneradas se han incrementado, especialmente para las mujeres. En 2018 ellas destinaron el 76,4% de su tiempo a esos trabajos, mientras que los hombres dedicaron solo el 23,6%. Las principales actividades en las que ocupan semanalmente son: alimentación, 27,8 horas; limpieza y mantenimiento de la vivienda, 25,7 horas; cuidados y apoyo, 18,5 horas; limpieza y cuidado de la ropa y calzado, 10,5 horas; compras y administración del hogar, 10,1 horas; ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, 7,3 horas(INMUJERES, 2019; INEGI, 2018c). Las mujeres continúan teniendo la mayor carga de trabajo global. Los cuidados recaen en ellas como resultado de una organización social patriarcal, sostenida en la división sexual del trabajo y en la feminización de las labores domésticas 108 19,9 11 8,9 Menos de 18

MÉXICO y de cuidados, perpetuando las desigualdades por género(Villa-Sánchez, 2019). No obstante, es preciso analizar el cuidado desde una perspectiva interseccional 3 para poder identificar las desigualdades estructurales no sólo por género, sino t G a r m áfi b c i o én 2. p T o ie r m c p o o lo e r n d h e or p a i s el d , e c d l i a c s a e d , o e a da la d s , p s r i i t n u c a i c p i a ó le n s m ac i t g iv ra id t a o d r e ia s , d e e n c t u r i e d o ad tr o a s s. En porcentajes, 2018 Gráfico 2. Tiempo en horas dedicado a las principales actividades de cuidado 27,8% Alimentación 25,7 % Limpieza y mantenimiento de vivienda 7,3 % Ayuda a otros hogares y trabajo voluntario 10,1 % 18,5 % Cuidados y apoyo Compras y adm. del hogar 10,5 % Limpieza y cuidado de ropa y calzado Fuente: Elaboración propia en base a INMUJERES, 2019; INEGI, 2018c. Fuente: Elaboración propia en base a INMUJERES, 2019; INEGI, 2018c. En relación con la edad, las mujeres de entre 20 y 40 años son quienes absorben una mayor sobrecarga de trabajo de cuidados, sobre todo destinando tiempo al cuidado de infantes y adolescentes. Además, la brecha se acrecienta si se considera la condición laboral y la jefatura del hogar. Es decir, las mujeres cónyuges no ocupadas destinan en promedio 20 horas semanales adicionales al trabajo doméstico y trabajo de cuidados, en comparación con el tiempo que destina una mujer que es jefa de hogar y realiza trabajo para el mercado(Villa-Sánchez, 2019). Gráfico 3. Horas promedio semanales que dedican hombres y mu G je rá r fi e c s o a 3 l . H tr o a r b as a p jo ro d m o e m dio é s s e t m ic a o na y le d s e qu c e u d i e d d a ic d a o n s hombres y mujeres al trabajo doméstico y de cuidados Según su participación en el mercado de trabajo y condición de parentesco Según su participación en el mercado de trabajo y condición de parentesco Mujeres Hombres Cónyuge no ocupada(o) 60 19 Cónyuge con trabajo remunerado 49 16 Jefa(e) no ocupada(o) 47 23 Jefa(e) con trabajo remunerado 40 17 Fuente: Elaboración propia en base a Villa Sánchez, 2019. Fuente: Elaboración propia en base a Villa Sánchez, 2019. 3. La perspectiva interseccional en el cuidado propone el análisis y la atención del cruce de desigualdades considerando tanto a las personas que reciben cuidados, como a las personas cuidadoras. Sexo Jefa(e) con trabajo remunerado remunerado Mujeres 40 47 49 Hombres 17 23 16 Jefa(e) no ocupada(o) Cónyuge con trabajo Cónyuge no ocupada(o) 60 19 109

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 2.2. Valor económico del trabajo doméstico y trabajo de cuidados El trabajo doméstico y de cuidados es un elemento fundamental para la economía de las sociedades. Con base en la información de la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado en 2018, se registró un aporte equivalente a 5.5 billones de pesos(US$ 227.000 millones) 4 , lo que representa el 23,5% del PIB, porcentaje superior a otras actividades económicas como el comercio(18,8%), la industria manufacturera(17,3%) y los servicios inmobiliarios (9,7%)(ENADID, 2018). Ese dato implica que cada persona que realiza trabajo no remunerado participó con el equivalente a$42.602 pesos(US$ 2.167,87) anuales por sus labores domésticas y de cuidados. No obstante, las brechas entre mujeres y hombres persisten, sumado a que, dependiendo de los contextos urbanos o rurales, estas pueden ser cualitativa y cuantitativamente diferentes. Como muestra, tenemos que cada mujer aportó$59.617 pesos(US$ 3.033,71), mientras que cada hombre$22.390 pesos(US$ 1.139,35) durante 2018. Además, las mujeres en hogares rurales generaron en promedio un valor económico de$63,971(US$ 3.255,27) y los hombres$19.690(US$ 1.001,95); mientras que en los hogares urbanos las mujeres participaron con un valor de$58.348(US$ 2.969,13) y los hombres de $23.215(US$ 1.181,33). También se observó que las mujeres que no hablan una lengua indígena realizaron menos horas de labores domésticas y de cuidados que aquellas que sí la hablan, generando estas últimas el equivalente a $69.783(US$ 3.551,02) anuales(INEGI, 2018c). Las mujeres de entre 20 y 39 años son quienes más contribuyen a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado(TDCNR), cuyo equivalente es de$66.500(US$ 3.383,96) per cápita anuales. Mientras que el grupo que menos contribuye es el de los varones de 12 a 19 años, con un valor neto per cápita de$17.400(US$ 885,42), en tanto que las niñas y las adolescentes aportan casi el doble$29.900(US$ 1.521,51). El valor económico del TDCNR de las personas solteras es menor en relación con el de las que se encuentran en conyugalidad, sin embargo, es mayor el correspondiente a las mujeres($31.100) que el de los hombres($18.000). Los resultados por grado de escolaridad muestran que en la medida en que los hombres aumentan su nivel de instrucción, también es mayor su participación en las labores domésticas y de cuidados. Por el contrario, las mujeres con algún grado de educación media superior(ciclo superior en algunos países de la región) tienen una participación menor en el valor neto per cápita, respecto al valor registrado cuando tienen secundaria completa(INMUJERES, 2019). 4. El tipo de cambio es en base al promedio generado en el año 2020, monto aproximado: US$19,68 por MX$1. 110

MÉXICO 2.3. Cuidado de la salud en los hogares El cuidado de la salud es una de las actividades no remuneradas de mayor relevancia. Dentro del hogar se destina 68,5% del tiempo para su cuidado, mientras que el 31,5% restante se emplea en apoyo a otros hogares y/o trabajo voluntario. El cuidado de la salud representa también un alto valor económico, en 2018 fue equivalente a poco más de$378.210.000.000 (US$ 19.245.000.000)(INEGI, 2018b). En este rubro, las mujeres destinan 69% de las horas totales a la semana; mientras que los hombres 31%. Es decir, ellas participan 2,2 veces más. Las cifras de la Cuenta Satélite del Sector Salud indican que las mujeres aportan el 70,3% del valor económico equivalente del trabajo no remunerado en el cuidado de la salud que representa$230.900.000(US$ 11.749.739)(a precios corrientes de 2017), siendo las principales encargadas de la atención de los integrantes del propio hogar(51,4%), así como del apoyo en los cuidados para la salud de integrantes de otros hogares(18,9%). Se trata en su mayoría de cuidados especializados, preventivos y temporales, independientemente del grado de enfermedad o discapacidad que presenten las personas a las que atienden(INEGI, 2018b; INMUJERES, 2019). El cuidado de la salud es un importante aporte económico y social, de manera que es fundamental impulsar acciones para fortalecer este rubro en términos de políticas públicas y de acciones comunitarias, sin reproducir estereotipos de género. Gráfico 4. Valor neto per cápita del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados Por lugar de residencia y sexo -en miles de pesosMujeres Hombres Miles de 0 pesos 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Urbano 54,5 Rural 60,2 21,4 18,3 Gráfico 5. Valor neto per cápita del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados Por grupo de edad y sexo -en miles de pesos12-19 29,9 20-39 66,5 40-59 62,1 60 y más años 46,5 17,4 22,4 21,2 20,1 Miles de pesos 0 Fuente: Elaboración propia en base a INMUJERES, 2019. Fuente: Elaboración propia en base a INMUJERES, 2019. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 111 Urbano Rural Edad 12- 19 20- 39 40- 59 60 y más año

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 3. Empleo De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo(ENOE), en el segundo trimestre de 2019 la población de 15 y más años, identificada como la población en edad legal para trabajar, asciende a 94.600.000 personas. De dicho conjunto, 60,2% se constituye como población económicamente activa (PEA), mientras que 39,8% integra el segmento de la población no económicamente activa(PNEA). La distribución por sexo muestra diferencias importantes. La tasa de participación económica de los hombres es de 77,1%, y la de las mujeres 44,9%. No obstante, las mujeres ocupadas en el mercado de trabajo cuentan con instrucción media superior(ciclo superior) y superior(universitaria) en mayor proporción que los hombres: 41,3% de ellas frente a 36,5% de ellos. En relación con las actividades económicas, el más alto porcentaje para las mujeres corresponde a los servicios(53,2%) y el comercio(25,8%); mientras que el mayor porcentaje para los hombres son trabajadores industriales, artesanos y ayudantes(31%). 3.1. Informalidad y desempleo Un aspecto preocupante en relación con los servicios públicos de cuidado es que, en México, como en otros países de América Latina, se acrecienta aceleradamente la informalidad laboral y el desempleo. En el país, el 55,1% de las mujeres económicamente activas no tienen acceso a trabajos formales, de este grupo, los porcentajes más altos se observan entre 15 a 19 años de edad(76,5%) y de 60 o más años(72,3%). La población femenina con más obstáculos para ingresar al mercado laboral se encuentra en los grupos de 15 a 19 años, y de 60 y más años(11,4% y 8,6%, respectivamente). Por su parte, el grupo de edad de 20 a 29 años tiene tasas de desempleo femenino más elevado que el masculino, tanto a nivel nacional, como en las áreas menos urbanizadas(ENOE, 2019). 3.2. Ingresos Más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben hasta dos salarios mínimos, con diferencia de 12 puntos porcentuales por arriba de los hombres. En contraste, las mujeres con ingresos superiores a los cinco salarios mínimos representan 2,4% del total de ocupadas. Siete de cada diez mujeres casadas o unidas disponen de ingresos propios provenientes de su trabajo remunerado y no tienen otra fuente de ingresos, como apoyos económicos o algún negocio; mientras que, ocho de cada diez mujeres solteras disponen de ingresos propios y además cuentan con el ingreso por algún negocio u otro tipo de apoyo financiero. Por otro lado, de las más de 13.000.000 de personas de 15 y más años de edad que no tienen ingresos propios ni estudian, el 17,4% son hombres y el 112

MÉXICO 82,6% mujeres. Al analizar según estado civil vemos que, de este grupo, el 31,7% de las mujeres casadas o unidas no cuenta con ingresos; por su parte, las mujeres solteras constituyen el 23% y destaca el grupo de las mujeres separadas en el que solamente el 9,5% carece de ingresos. Además, el 3,8% de las mujeres en condición de separadas, divorciadas o viudas recibe apoyo de algún familiar o persona conocida. Otra fuente por la cual las mujeres pueden obtener ingresos son los apoyos por becas y programas sociales, al respecto: cuatro de cada diez mujeres separadas, divorciadas o viudas tienen ese beneficio; una de cada diez son solteras y dos de cada diez casadas o unidas (ENIGH, 2018). A grandes rasgos se observa que democratizar el cuidado entre géneros y generaciones es imperioso para que las mujeres accedan a mejores oportunidades económicas y sociales. 4. Cuidado en los grupos considerados prioritarios Todas las personas necesitamos cuidados siempre y a lo largo de la vida. Las políticas y análisis de los cuidados deben considerar este hecho. Sin embargo, infancia, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad son los grupos considerados priorizados. Debido a que solamente se cuenta con datos sobre infancia y personas adultas mayores, referimos a continuación la información estadística disponible. 4.1. Cuidado de la infancia El acceso a guarderías( jardines maternales) o a cuidados maternos es una necesidad importante para las mujeres, pues aligera la carga de trabajo en general y les permite emplearse y acceder a otros derechos. En México, las niñas y los niños de 0 a 6 años ascienden a 14.000.000. Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que, para el año 2019, 77,7% de las mujeres trabajadoras subordinadas y remuneradas no dispone de servicios de guarderías y cuidados maternos y, únicamente, 22,3% tiene acceso a ellos. Por su parte, en el año 2017 a través de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, se observó que solo el 7,3% de las niñas y los niños de 0 a 6 años cuya madre se encontraba trabajando de manera formal remunerada recibieron cuidados en estancias infantiles públicas y 2,3% en estancias privadas. Asimismo, el 24,5% fueron cuidados por su madre en el lugar de trabajo y 47,2% por su abuela o abuelo, padre, otras personas familiares o no familiares; 38,6% de las madres de este último grupo no recurren a las instituciones porque no las necesitan; el 16,4% de ellas no confía en los servicios y el 12% no tiene dinero para cubrir el pago. El 26,3% de ellas, a su vez, ha declarado que no cuenta con este derecho, no hay lugar o le queda lejos. 113

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 4.2. Cuidado de personas adultas mayores En nuestro país va en aumento la población mayor de 60 años. En 2017 se estimó en 14.700.000 personas, es decir, 11,9% de la población total: 54,6% mujeres y 45,5% hombres. Resulta necesario el diseño de políticas públicas dirigidas a fomentar el cuidado y autonomía de estas personas. Algunos aspectos fundamentales para la atención y cuidado de este segmento de población es que paulatinamente pueden requerir ayuda para realizar actividades básicas e instrumentales en su vida diaria, tales como vestirse, tomar alimentos, ir al baño o bañarse; levantarse o moverse dentro de la casa; desplazarse fuera del hogar; hacer cuentas, manejar su dinero o hacer compras y tomar medicamentos. De las personas adultas mayores, el 17,4% de las mujeres y el 11,4% de los hombres reconocen que necesitan ayuda para realizar estas actividades. Desplazarse fuera del hogar es la actividad en que mayor porcentaje de mujeres presentó dificultad(14,6%), seguida de hacer cuentas, manejar su dinero o hacer sus compras(8,8%), esto último las coloca en una situación de vulnerabilidad ante actos de violencia económica y patrimonial. Para el caso de los hombres, el 8,5% y el 6,1% requieren apoyo en estas mismas actividades, respectivamente(ENESS, 2017). La mayoría de las personas mayores de 60 años que requieren ayuda son cuidadas y apoyadas por familiares, porcentaje mayor entre los hombres (83,4%) que entre las mujeres(80,7%). Alrededor de un 6% de las mujeres mayores y 5% de los hombres reciben apoyo de no familiares. Las personas cuidadoras de este grupo de población se estiman en 1.300.000, lo cual es necesario poner en relación con las 2.100.000 de personas adultas mayores que requieren distintos tipos de cuidados. El 95,3% de quienes cuidan a las personas mayores no recibe remuneración económica por su trabajo; frente al 3,6% que sí la recibe. El 62,3% son cuidadoras(mujeres), lo cual es un reflejo de los roles y estereotipos de género tradicionales. Respecto al grupo etario, una de cada cuatro mujeres cuidadoras se encuentran entre los 50 y 59 años(25,9%) y un porcentaje similar(28,3%) tiene 60 años o más. 5. Migración y cadenas globales de cuidado Las cadenas globales de cuidado hacen referencia a cómo se transfieren cuidados de unos hogares a otros a escala transnacional, es decir, entre países emisores y receptores de migrantes. La economía capitalista coloca en el mercado, a su compra y venta, trabajos de cuidado diversos: empleo en el hogar, servicios de ayuda a domicilio, residencias de personas adultas mayores, estancias infantiles, etc. Estas cadenas por lo regular no son justas, parten de la misma crisis de cuidados en los países centrales y de la crisis de reproducción social de los países periféricos, así como de la ausencia de 114

MÉXICO políticas públicas de protección social y laboral, específicamente de aquellas orientadas al cuidado(Pérez-Orozco, 2014). México expulsa gran cantidad de personas, en un 90% de los casos en condiciones de ilegalidad. Por otra parte, el 10% de la población nacional reside en el extranjero, el principal destino es Estados Unidos. El 47,6% de la población migrante mexicana allí son mujeres de entre 25 y 54 años, mientras que el 52,2% son hombres en el mismo rango de edad. Las mujeres se emplean en un 81,7% en el sector de servicios, en su mayoría en actividades ligadas a la salud y la educación(22,1%) y hostelería y esparcimiento(17,6%), ambas implican la atención directa a las personas. Por su parte, los hombres se encuentran en el sector secundario(43,1%) y terciario(50,6%), su mayor participación es en la construcción(29,7%) y como profesional administrativo(13,2%). Sumado a ello, las mujeres destinan un mayor porcentaje de las remesas a aspectos que cubren el cuidado en sus hogares: comida, vestido y salud(CONAPO, 2018). La migración interna se desplaza de las comunidades rurales a las urbanas para emplearse mayoritariamente en servicios de cuidados o de labores del hogar. Cada región del país tiene sus propias dinámicas, por ejemplo, en el sur, especialmente en Chiapas, se emplean a migrantes indígenas de Guatemala, pero también cada vez más de países como El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muchas de estas trabajadoras no tienen remuneración adecuada, ni condiciones laborales apegadas a regulación alguna y, en general, se encuentran en mayor vulnerabilidad(ONU Mujeres, 2015). Aunque la contratación de personas para el trabajo de cuidados al interior de los hogares resuelve necesidades inmediatas, reproduce el rol de las mujeres como cuidadoras. Siguen siendo ellas las responsables de resolver la administración del hogar, la gestión de los tiempos familiares y, en suma, representa una sobrecarga económica, física, mental y emocional del cuidado. Por ello, es importante que las políticas de cuidado consideren este fenómeno migratorio para trabajar por la corresponsabilidad transversalmente e incluso transnacionalmente. 6. Trabajo doméstico remunerado y situación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar En el país hay al menos 2.200.000 de personas que son trabajadoras y trabajadores del hogar de manera remunerada, de las cuales el 94,8% son mujeres. Este trabajo, a pesar de ser fundamental, todavía continúa estando precarizado, las trabajadoras y los trabajadores no cuentan con el respaldo jurídico adecuado ni con políticas públicas eficientes y de amplia cobertura que les permitan ejercer sus derechos laborales, comenzando por la seguridad y la protección social. 115

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Para las trabajadoras y los trabajadores del hogar regularmente no existe un contrato, sino que predomina la informalidad bajo la modalidad de acuerdos con las empleadoras y los empleadores de entrada por salida, es decir, que cumplen una jornada laboral y, al terminarla, regresan a sus hogares, en una sola casa(61%) o en más de una casa(10%), aunque también hay quienes viven en la casa donde trabajan(29%), es decir, empleadas de planta(COPRED, 2015). De acuerdo con la ENOE 2018, el 98,3% de las mujeres trabajadoras del hogar no cuenta con acceso a servicios de salud, el 99,2% no cuenta con un contrato escrito que especifique sus actividades, duración de la jornada laboral, prestaciones ni vacaciones; y el 71,3% no recibe ninguna prestación laboral adicional(excepto atención a la salud). Sumado a ello, el 50,7% de los hogares de las trabajadoras del hogar están en situación de pobreza moderada o extrema(Florez Vaquiro, 2019). 6.1. Perfil de los hogares que solicitan trabajo doméstico Quienes solicitan trabajo doméstico son, en un 69,1% hombres y 30,9% mujeres, predominantemente de 45 hasta más de 60 años(71,9%) y, en segundo término, de 25 a 44 años(27,4%). Los hogares nucleares y con hijas e hijos concentran la mayor demanda, con un 58,8%, seguidos de los unipersonales 18,8% y los ampliados 14,5%. Asimismo, la población que en su mayoría solicita trabajo doméstico ha llegado a nivel licenciatura o más en un 62,1%, reside en las grandes ciudades en un 74,6% y cuenta con un empleo formal(82,3%). Sin embargo, sus ingresos se han contraído por debajo de los cinco salarios mínimos en los últimos diez años. Para 2018, el promedio del monto mensual destinado al pago de trabajo doméstico fue de$1.839(US$ 93,58)(Florez Vaquiro, 2019). 6.2. Avances en materia de derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar En diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el fallo que reconoce que no existe ninguna justificación para excluir a las personas que realizan trabajo doméstico del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS). En ese mismo año se inició el Programa Piloto para la incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar. Es importante aclarar que la inscripción a este programa es voluntaria, y se hace a través de un acuerdo entre las personas empleadoras y las trabajadoras. De modo que no todas las personas trabajadoras del hogar quedan registradas en el IMSS. En marzo de 2020, el IMSS había inscripto a más de 21.500 trabajadoras y trabajadores del hogar; de esta cifra, el 73% son mujeres con edad promedio de 49 años, y 27% hombres 116

MÉXICO con promedio de 55 años 5 . Este hecho es importante para que el Estado mexicano continúe facilitando y promoviendo que las empleadoras y los empleadores lleven a cabo la formalización de este trabajo a través del registro de los contratos, así como otorgando las garantías en términos de presupuesto e infraestructura, para que las trabajadoras y los trabajadores del hogar accedan a la seguridad y protección social. Esta medida debe ser obligatoria y el régimen de afiliación simple. En el mes de julio de 2020, México ratificó ante la OIT el Convenio 189 sobre trabajadoras domésticas, por lo que se reconoce al trabajo doméstico como un empleo con derechos y obligaciones. Ante ello, es preciso avanzar en políticas públicas integrales, en las que se favorezcan además los cambios culturales necesarios para erradicar la discriminación y el racismo que siguen siendo grandes obstáculos para la igualdad sustantiva de derechos. 7. Marco jurídico con relación al cuidado El Estado mexicano ha suscrito diversos acuerdos internacionales que, aunque no hablan expresamente de los cuidados, recogen la necesidad de atender situaciones relacionadas directamente con ellos. A continuación, se sintetizan los principales instrumentos, recomendaciones y la normativa que opera actualmente. 5. Datos de la página oficial del IMS, marzo de 2020. Disponibles en http://www.imss.gob.mx/prensa/ archivo/202003/161 117

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Cuadro 1. Matriz de marco jurídico en materia de derecho al cuidado CONVENIO INTERNACIONAL Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW, ONU, 1979) Texto Exhorta a los Estados a asegurarse de que las mujeres no serán discriminadas por motivos de maternidad o matrimonio, y a asegurarles la efectividad del derecho a trabajar(art. 11). Recomendaciones Conmina a los Estados a suministrar los apoyos necesarios para que“los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo, y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños”. Legislación mexicana Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes( DOF 17/10/2019) Ley para prevenir y eliminar la discriminación( DOF 21/6/2018) Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia( DOF 13/4/2020) Ley General de Víctimas( DOF 3/1/2017) Ley General para la igualdad entre Hombres y Mujeres( DOF 14/6/2018) Objetivo Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de ellos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación Velar por la protección de las víctimas y proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 118

MÉXICO Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (OIT, 1981) Texto Reconoce la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades familiares, al igual que entre estos y los demás trabajadores. Recomendaciones Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar. Con el objetivo de garantizar que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Legislación mexicana No ratificado por México. Ley federal del trabajo(arts. 132 y 170) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, ONU, 1981) Texto Derecho a la seguridad social(art. 9) Protección y asistencia a las familias, protección a las madres y protección a niñas, niños y adolescentes(art. 10) Derecho a un nivel de vida adecuado(art. 11) Derecho a la salud física y mental(art. 12) Derecho a la educación(art. 13) Recomendaciones Compromisos de los Estados para asegurar que toda persona disfrute del más alto nivel de salud física y mental. Legislación mexicana Objetivo Ley general de salud( DOF 29/11/2019) Ley del seguro social( DOF 7/11/2019) Ley general de desarrollo social( DOF 25/6/2018) Ley de asistencia social( DOF 24/4/2018) Reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Establece los lineamientos sobre la seguridad social(derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión). Señala las obligaciones del Gobierno de establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social. Las personas sujetas de esta ley son las personas y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 119

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 1989) Texto Establece la obligación de los Estados de crear instituciones para el cuidado de niñas y niños alejados temporal o permanentemente de su familia. Así como el derecho de niñas y niños, impedidos física o mentalmente, para recibir cuidados especiales. Recomendaciones Reforzar el reconocimiento de la dignidad humana de la infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. Legislación mexicana Ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes( DOF 17/10/2019) Ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil( DOF 25/6/2018) Objetivo Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de ellos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Establece la participación de los sectores público, privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ACNUDH, 1990) Texto Aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual. Recomendaciones Extender los derechos ya existentes a las personas migrantes sobre la base de igualdad entre todas las personas. Establecer el derecho a la igualdad de remuneración y condiciones de trabajo y el derecho a la educación de los hijos e hijas de las personas migrantes. 120

MÉXICO Plataforma de Acción de Beijing (ONU,1995) Texto Objetivo estratégico F“La mujer y la economía” Recomendaciones Modificar las políticas de empleo con el objetivo de promover la corresponsabilidad familiar. Fomentar la armonización de las actividades familiares entre mujeres y hombres a través de políticas de maternidad/paternidad y de reducción de las jornadas laborales. Visibilizar las contribuciones que hace el trabajo de Legislación mexicana Ley federal del trabajo(DOF 2/7/2019) Decreto 384, Ley para la protección, apoyo y promoción a la lactancia materna del Estado de México( POG 18/11/2014) Ley de seguro social(arts. 94, 205 y 206)( DOF 7/11/2019) Objetivo Regir las relaciones de trabajo comprendidas en el art. 123, apart. A, de la Constitución. Establece los lineamientos sobre la seguridad social(derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión). Convenio 183 sobre protección a la maternidad (OIT, 2000) Texto Establece el derecho a la licencia de maternidad remunerada por un mínimo de 14 semanas, la prohibición del despido en caso de embarazo y la protección de la lactancia. Recomendaciones Aunque este convenio no está ratificado por México, la Comisión de Estudios Legislativos aprobó una ampliación a las licencias de maternidad de 12 a 14 semanas, cumpliendo con las medidas mínimas de este convenio. Sin embargo, aún no ha sido aprobada por el Senado de la República. Legislación mexicana No ratificado por México Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 123, inc. A(V). Derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas y lactantes. Decreto 384, Ley para la protección, apoyo y promoción a la lactancia materna del Estado de México(POG 18/11/2014) Ley de seguro social(arts. 94, 205 y 206) 121

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (ONU, 2006) Texto Arts. 19, 20, 23, 25, 28. Derecho a vivir de forma independiente( sic ), a la movilidad personal, al respeto del hogar y la familia, a la salud y a tener un nivel de vida adecuado y protección social, respectivamente. Recomendaciones Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Legislación mexicana Ley general para la inclusión para personas con discapacidad( DOF 12/7/2018) Objetivo Reglamentar y establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores Texto Primer instrumento internacional de su tipo que agrupa y especifica los derechos humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, integración y participación de las personas de 60 años o más, y eliminar la discriminación por motivos de edad. Recomendaciones Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Legislación mexicana Ley de los derechos de las personas adultas mayores(DOF 24/1/2020) Objetivo Garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Consenso de Quito (CEPAL, 2007) Texto Adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con el objetivo de plasmar la necesidad de avanzar en el derecho al cuidado y en la visibilización de los trabajos de cuidados no remunerados. Recomendaciones Formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, laboral, trabajo doméstico y los demás trabajos remunerados. Legislación mexicana Constitución Política de la Ciudad de México(art. 9B) 122

MÉXICO Convenio 189 (OIT, 2011) Texto Sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y su Recomendación 201. Reconoce la significativa contribución de las trabajadoras y los trabajadores domésticos a la economía mundial, como parte del compromiso de la OIT de promover el trabajo decente para todas las personas. Recomendaciones Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Legislación mexicana Ratificado en diciembre de 2019, entrará en vigor en 2021. Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar(DOF 27/2/2019) Objetivo En ambas leyes nacionales se establecen los lineamientos respecto a los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como las responsabilidades de las personas empleadoras. Objetivos de Desarrollo Sostenible- Agenda 2030 (ONU, 2015) Texto Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Meta 5.4. Reconoce y valora los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados. Recomendaciones Contar con servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Asegurar la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Legislación mexicana Ratificado en diciembre de 2019, entrará en vigor en 2021. Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar(DOF 27/2/2019) Constitución Política de la Ciudad de México(art. 9B) Ley General de Educación(DOF 30/9/2019) Objetivo Regular la educación que imparte el Estado −Federación, Estados, Ciudad de México y municipios−, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental y Villa Sánchez, 2019. 123

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 8. Políticas y programas de cuidado en México El modelo neoliberal ha implicado la desregularización del mercado laboral, el incremento de la privatización de los servicios públicos y empresas nacionales, así como el endeudamiento de los estados que, anteriormente destinaban gasto público para generar bienestar social. Las desigualdades se acentúan, más aún sin una protección social que sea capaz de hacer frente a la crisis. En términos del cuidado, ante la ausencia de la corresponsabilidad del Estado mexicano, la desigualdad por género en el uso del tiempo y de acceso a ingresos económicos es mayor en detrimento de las mujeres. La sociedad mexicana continúa organizando el cuidado bajo un esquema familista y feminizado en un régimen liberal y corporativista(Esping-Andersen, 1993 y 1998), en el cual los sistemas de seguridad social solo protegen a las personas que se encuentran dentro del mercado de trabajo formal. Son necesarios esquemas basados en políticas públicas que impulsen cambios a favor de mejorar las condiciones de vida de toda la población, el fortalecimiento de los sistemas públicos y, en especial, acciones que garanticen el acceso de las mujeres a trabajos dignos y el ejercicio de sus derechos, para incrementar su autonomía, independencia económica y para democratizar el trabajo de cuidados. 8.1. Políticas de cuidado en México En México no hay políticas públicas integrales de cuidado institucionalizadas. La provisión de servicios ligados al cuidado permea en algunos ámbitos de la protección social. La mayoría de los planes de desarrollo, leyes, programas, servicios y acciones gubernamentales se centran especialmente en objetivos alineados a la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades sociales. Además, regularmente son de corto plazo, debido a los cambios de gestión de gobierno(cada 6 años). En cuanto a aquellas medidas específicamente orientadas al cuidado, siguen estando enfocadas en grupos prioritarios y cuyos resultados son principalmente asistenciales, no en relación con cambios estructurales. Actualmente, no existe un sistema nacional público de cuidados con enfoque transversal ni con perspectiva feminista interseccional. Solo se cuenta con políticas desarticuladas en temas de salud, educación, alimentación, empleo, entre otros. Los esquemas existentes de protección social que podrían considerarse relacionados con los cuidados se basan en dos modalidades: 1) los contributivos, focalizados en personas trabajadoras remuneradas con acceso a seguridad social y sus beneficiarios y beneficiarias; 2) los no contributivos, focalizados en la atención de personas sin acceso a mecanismos de seguridad social. En los últimos años la cobertura a nivel nacional de algunos servicios contributivos aumentó, asimismo se intensificaron los no contributivos a través de esquemas de programas de transferencias monetarias, programas de servicios de salud y empleo temporal. 124

MÉXICO En 2018 se inició la actual administración gubernamental. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se prevén como principios rectores de todos los programas y acciones gubernamentales“la austeridad, el combate a la corrupción, la honestidad y la honradez”. Si bien el debilitamiento de los servicios públicos ha sido paulatino a través de distintas administraciones, los resultados de las recientes medidas han incrementado las tensiones entre distintos actores y sectores, debido a los recortes presupuestarios que afectan directamente el bienestar social. Ejemplos de estos impactos son: la desaparición de algunos programas sociales que ofrecían servicios de cuidado y beneficiaban a grupos de población que los requieren por su grado de dependencia; la desaparición del Programa de Coinversión Social que beneficiaba a las organizaciones de la sociedad civil que atienden poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de financiamientos de proyectos con enfoque social, de inclusión y de género; el recorte presupuestario del 75%($151.000.000) para gastos operativos del Instituto Nacional de las Mujeres, los cuales durante años anteriores se destinaron a programas estatales y locales para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. A continuación, se analizan las políticas a nivel nacional relativas al bienestar social, las cuales tienen impacto directo en los cuidados y la atención de las desigualdades. Se trata de un panorama general que puede dar cuenta de diversos rubros que ratifica la importancia de seguir caminando hacia la construcción de un Sistema Nacional Público de Cuidados basado en la corresponsabilidad y tomando como base el derecho humano al cuidado. 8.2. Programas de transferencias monetarias por grupos prioritarios Si bien los programas de transferencias monetarias directas o condicionadas no cumplen con las características de una cobertura integral de cuidados, por colocar la responsabilidad de la provisión de cuidados en las personas y en las familias, son parte del marco de políticas que pudieran contribuir de manera parcial al acceso a servicios de cuidado, ya sea públicos o privados, así como al combate de la discriminación y las desigualdades de género y sociales. 8.2.1. Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Surgió en 2001, implementado por el gobierno de la capital mexicana, y fue modelo para otros programas publicados a nivel federal a partir de 2003. Actualmente está tutelado por la Secretaría de Bienestar y tiene el objetivo de consolidar un piso mínimo de bienestar para aminorar situaciones so125

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE cioeconómicas que conllevan a profundizar los niveles de pobreza. El programa otorga apoyos económicos y de protección social a personas adultas mayores indígenas de 65 años y más y a personas adultas mayores no indígenas de 68 años y más, que no cuentan con un esquema de pensión contributiva o que sus ingresos mensuales sean menores a$1092 por pago de jubilación o por pensión contributiva por parte de dependencias federales. El apoyo económico que ofrece este programa es de$1.310(US$ 66,66), entregados de manera directa o vía transferencia electrónica, bimestralmente. Se estima un alcance a 8.500.000 de personas adultas mayores en situación de pobreza. El orden de incorporación y acceso a este programa se realiza de acuerdo con la fecha de registro y la disponibilidad presupuestaria. Para el 2020 se asignaron$129.350.000.000. De acuerdo con datos de CONEVAL(2018), el programa incrementa 2,9 puntos porcentuales el ingreso promedio de las personas adultas mayores, aunque esto aún no es suficiente para alcanzar la línea mínima de bienestar. Contiene, además del apoyo económico, campañas de orientación social, jornadas informativas sobre salud física y psicoemocional y temas relacionados con el desarrollo personal de las personas adultas mayores. Cuenta con vínculos con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores(INAPAM) y otras dependencias que ofrecen actividades. Es uno de los programas más destacados en el país por su cobertura y presupuesto. 8.2.2. Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad La pensión está dirigida a niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años, personas adultas de 30 a 67 años que habiten en zonas de alta marginalidad, así como a personas de origen indígena y afrodescendientes de 0 a 64 años de edad. Se otorga un apoyo mensual de$1.275(US$ 64,88), en el año 2020 se estipula un monto de$1.310(US$ 66,66) mensuales, los cuales son entregados vía transferencia electrónica o directa, bimestralmente. El programa tiene como prioridad atender zonas con población indígena, marginales y con altos índices de violencia. En junio de 2019 logró una cobertura de 691.000 personas con discapacidad permanente, del millón de personas que se tiene como meta. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información(INEGI, 2018a) fueron contabilizadas cerca de 7.700.000 de personas con discapacidad en México. Entonces, puede sostenerse que, en general, quedaron fuera del programa más de 6.500.000 de personas. Para 2020 se designó un presupuesto de$14.197.240.000. La principal apuesta de este programa de pensiones es otorgar apoyo económico. No obstante, se necesitan crear y fortalecer otros programas que abonen a la 126

MÉXICO garantía del derecho a una vida digna de las personas con discapacidad de manera integral, transversal e interseccional 6 . Este grupo poblacional sufre déficits en acceso a derechos como la educación, servicios de salud, vivienda digna, inclusión laboral en condiciones de igualdad de oportunidades, servicios de movilidad incluyentes, etc., colocándolo en una situación de desigualdad estructural: el programa no interviene en ellas. 8.2.3. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras Este programa ofrece apoyo económico a madres solas, también a padres solos o tutores que trabajan, buscan un empleo o estudian y que no tienen acceso a servicios de seguridad social para el cuidado y atención de hijas e hijos mayores de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad o para quienes tengan a su cargo hijas e hijos con discapacidad de 1 año hasta un día antes de cumplir los 6. El monto bimestral otorgado es de$1.600 (US$ 81,41) y$3.600(US$ 183,19), respectivamente. Estos apoyos económicos son considerados subsidios para que mujeres y hombres que conforman familias monoparentales puedan acceder a servicios de cuidado y atención infantil, y garantizar así su inserción y/o permanencia en el mercado laboral o ámbito escolar. De este programa, en el año 2019, fue eliminado el presupuesto destinado para estancias infantiles que brindaban servicios de cuidado y alimentación a niñas y niños durante la primera infancia. Ahora el subsidio pasa directamente a las madres y padres trabajadores. Diversas voces especialistas en cuidado han comentado esa medida y enfatizado en los perjuicios de dichas decisiones; entre ellos, el riesgo de que el dinero no se utilice para el cuidado de las niñas y los niños; las situaciones de vulnerabilidad de menores ahora sin acceso al derecho a la educación inicial; eventuales consecuencias desfavorables para madres y padres trabajadores, así como los cambios en la organización familiar del cuidado de las hijas y los hijos. En el caso del 70% de las y los menores que tenían acceso a estos servicios, su principal cuidadora era la madre, por lo que las mujeres han recurrido al apoyo del cuidado de las hijas y los hijos de otras personas, como abuelas y abuelos, familiares o personas vecinas, que no cuentan con la capacitación necesaria para su atención de manera integral y con calidad. Con ello, este programa vira del enfoque integral de corresponsabilidad del Estado, a una visión más familista, donde las mujeres son las responsables del cuidado de las y los menores. 6. Integral: contempla todas las necesidades básicas para vivir una vida digna(como salud, educación, alimentación, ambiente sano, no violencia, entre otros). Transversal: implica que el cuidado sea un eje de atención en todas las políticas públicas e instituciones. Interseccional: involucra la superación de las desigualdades en el cuidado que cruzan género, clase, etnia, sexualidad, entre otros. 127

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 8.3. Programas de fomento a la educación(becas) Los programas de becas escolares han sido una tradición en la política mexicana; sus objetivos son favorecer la inserción escolar de niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza y disminuir la deserción escolar. Este tipo de programas también fortalece de manera indirecta a las familias, disminuyendo los gastos destinados a la educación y la mejora de la calidad de vida de sus integrantes a futuro. 8.3.1. Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez(educación básica, media superior y superior) Este programa tiene el objetivo de brindar una beca a niñas, niños en edad escolar y jóvenes pertenecientes a familias en situación de pobreza en zonas marginales y que se encuentren inscritos en instituciones de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional, para que permanezcan y concluyan sus estudios. El apoyo es de$800 mensuales durante 10 meses al año, entregados con frecuencia bimestral. En junio de 2019 el programa tuvo un alcance de 7.700.000 de alumnos y alumnas, de los cuales 52% fueron mujeres. Para el año 2020 se destinaron$61.901.600.000 para educación básica, media superior y superior. 8.3.2. Beca de Apoyo a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del Programa de Becas Elisa Acuña Uno de los objetivos más destacados de este programa es otorgar becas a niñas y adolescentes en un rango de edad de 12 a 18 años, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, por embarazo y maternidad temprana, para permanencia o conclusión de su educación básica. El monto otorgado es de $850(US$ 43,25) mensuales durante 10 meses. En los últimos años, México ha registrado un aumento de embarazos en adolescentes. De acuerdo con datos publicados, 19,25% de los nacimientos registrados corresponden a embarazos en menores de 19 años de edad(Sánchez y Montoya, 2019). Esta situación se ha considerado un grave problema de salud pública con, además, implicaciones socioculturales que resultan en deserción escolar, pobreza, inserción en el mercado laboral en condiciones precarias. 8.3.3. Jóvenes Escribiendo el Futuro Es un programa de becas dirigido a las y los jóvenes de hasta 29 años que se encuentran estudiando en instituciones de educación superior, tomando como prioridad universidades que fomentan la inserción escolar de personas con diversidades culturales, escuelas normales indígenas, intercultura128

MÉXICO les, rurales y universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Se otorga durante 10 meses un monto de$2400(US$ 122,12) mensuales, entregados bimestralmente. Se busca acercar este apoyo a 300.000 jóvenes con un presupuesto para el año 2020 de$7.776.350.000. 8.3.4. Beca de apoyo a la manutención para hijos e hijas de militares de las Fuerzas Armadas Este programa apoya a hijos e hijas de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas activos, en situación de retiro, fallecidos en combate o incapacitados en primer o segundo grado en actos de servicios o a su consecuencia, que cursen el nivel superior en alguna institución pública de educación. Se otorga un apoyo económico a través de una beca de $9000(US$ 457,98) distribuidos en cinco pagos bimestrales de hasta $1800(US$ 91,59) cada uno, con el objeto de que continúen y concluyan sus estudios. 8.3.5. Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia Es un programa que contribuye al ingreso y la permanencia en el sistema educativo nacional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta 23 años de edad en situación de orfandad materna, priorizando a población de origen indígena y afrodescendiente, que se encuentre en zonas con altos índices de marginalidad y violencia. Se otorga un apoyo mensual de acuerdo a la edad y nivel escolar, tutelado por la persona responsable del o la menor. De recién nacido hasta preescolar:$360(US$ 18,31); nivel primario:$600(US$ 30,53); secundario,$845(US$ 42,99); medio superior:$1090(US$ 55,46); superior:$1.200(US$ 61,06). 8.4. Programas de fomento al empleo Los programas para el empleo están directamente relacionados con los cuidados. Visto desde un enfoque de derechos, el derecho al cuidado articula la garantía de otros derechos fundamentales para reducir las desigualdades sociales y de género, como el acceso a derechos laborales, especialmente para las mujeres, lo que permite aumentar su capacidad y autonomía económica en beneficio propio y de las personas que tiene de hecho bajo su cuidado a través de servicios de cuidado públicos o privados. 8.4.1. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Estipula capacitación para el trabajo para las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que al momento de solicitar su inscripción al programa no estudien 129

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE y no trabajen. El programa ofrece instrucción para el fortalecimiento de habilidades técnicas laborales por un período máximo de 1 año, así como materiales e insumos necesarios para la enseñanza. Otro beneficio del programa es otorgar una beca mensual de$3.748(US$ 190,72) a través de transferencias bancarias. También otorga un seguro médico y prestaciones en especie en caso de enfermedad, maternidad y seguridad social en caso de riesgos de trabajo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) durante el período de adscripción al programa. 8.4.2. Programa de Apoyo al Empleo El programa incentiva la inserción de hombres y mujeres en situación de desempleo, en condiciones críticas de ocupación y que se encuentren inactivos, pero con disponibilidad para el trabajo en un empleo formal a través de asesoría, orientación y apoyo sobre oportunidades que ofrecen empleadores registrados en el Servicio Nacional de Empleo. Asimismo, ofrece capacitación para el trabajo. La población objetivo es de 15.898.974 personas. 8.4.3. Programa Sembrando Vida Es un programa de fomento para el desarrollo rural y fortalecimiento de la economía en regiones campesinas agroforestales. Da prioridad de atención a la población indígena y afrodescendiente, fortalece el conocimiento y prácticas ancestrales de cada región. Busca aumentar el nivel de bienestar de la población y la creación de empleos y producción local para autoconsumo bajo el enfoque de sustentabilidad. Tiene cobertura en 20 entidades federativas. Está dirigido a personas del quehacer agrario que vivan en su localidad, mayores de edad, poseedoras de 2,5 hectáreas. El programa otorga transferencias mensuales de$5000(US$ 254,43), apoyos en especie, así como capacitación y acompañamiento técnico. Para este año tiene un presupuesto de$28.504,9 millones de pesos, y ha tenido un alcance de 226.000 personas inscritas de las cuales entre 30% y 40% son mujeres, lo cual puede indicar un avance por el reconocimiento del derecho de las mujeres a poseer y trabajar la tierra, a pesar de los datos que reflejan que por tradición son los hombres quienes heredan este derecho. Este programa ha tenido una contracara: se han detectado casos de tala de selvas, bosques y quema de parcelas para cumplir el requisito del número de hectáreas a trabajar, para perjuicio del cuidado socioambiental. 130

MÉXICO 8.5. Programas y políticas para la alimentación Cuadro 2. Programas para la alimentación Denominación Dependencia Objetivo Población objetivo Programa de desayunos escolares calientes Secretaría de Salud(SS) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia(SNDIF) Entrega raciones diseñadas en base a criterios de calidad nutricional. Distribuye más de 6.000.000 desayunos al día a nivel nacional Niñas y niños y adolescentes en edad escolar y en condiciones de vulnerabilidad Programa de abasto rural (DICONSA) Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Distribuye productos alimenticios de calidad y bajo costo Personas residentes en zonas de alta marginación Programa de abasto social de leche (LICONSA) Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Contribuye en el acceso a la alimentación mediante la entrega de leche fortificada de calidad y a bajo precio en zonas de población indígena o con algún grado de marginación Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, adolescentes, mujeres embarazadas o que estén lactando, mujeres mayores de 45 años, personas con enfermedades crónicas o con discapacidad Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-OSOSSA2-2018 , para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna Secretaría de Salud Promueve dos períodos de reposo extraordinario de media hora por día o un descanso extraordinario de una hora por día para amamantar o realizar la extracción manual de leche en un espacio adecuado dentro del centro laboral de las madres Niñas y niños lactantes hasta 6 meses de edad Fuente: Elaboración propia con información del DOF(2019-2020). 131

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 8.6. Programas y servicios para la salud Cuadro 3. Programas y servicios para la salud Denominación Dependencia Programa de Seguro Siglo XXI Secretaría de Salud(SS) Servicio Población objetivo Afiliación Provee de cobertura universal e integral en servicios de atención primaria, detección de enfermedades, tratamientos y rehabilitación Niñas y niños en la primera infancia sin acceso a servicios de salud No contributiva Programa de servicios de salud y medicamentos gratuitos Secretaría de Salud(SS) Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Provee servicios de atención primaria en salud y medicamentos gratuitos Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Personas que no cuenten con acceso a servicios de salud No contributiva Programa Fortalecimiento a la atención médica Secretaría de Salud(SS) Equipos de salud itinerantes que brindan servicios de atención primaria a la salud Personas que residan en localidades con menos de 2.500 habitantes No contributiva Centros de Atención Integral Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores -Servicios de atención médica gerontológica integral Personas adultas mayores de 60 años de edad -Servicio de albergue (6 a nivel nacional de los cuales 4 se encuentran en Ciudad de México) -Servicio de residencias(7 residencias a nivel nacional, de las cuales 6 se encuentran en Ciudad de México) No contributiva Con costo según estudio socioeconómico 132

MÉXICO Denominación IMSS-Bienestar Dependencia Servicio Población objetivo Afiliación Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Servicios de salud de primer y segundo nivel en atención como cirugías, ginecología y obstetricia, pediatría, y medicina interna a través de Unidades Médicas Rurales y en Hospitales Rurales en 19 estados Personas que se encuentran en zonas marginales y de difícil acceso No contributiva Con costo en algunos servicios según estudio socioeconómico Atención médica Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado(ISSSTE) Servicios de consulta de medicina general, servicios de especialidades, de rehabilitación, atención por urgencias, servicios de hospitalización Trabajadoras y trabajadores afiliados, así como su familia (hijas, hijos, padre, madre, pareja, ya sea por unión civil o concubinato) Contributiva Atención médica domiciliaria Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Atención médica a domicilio cuando la persona no pueda presentarse por estar imposibilitada física o psíquicamente a la unidad médica que le corresponda Trabajadoras y trabajadores afiliados, así como su familia (hijas, hijos, padre, madre, pareja, ya sea por unión civil o concubinato) Contributiva Fuente: Elaboración propia con información del DOF (2019-2020). 133

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 8.7. Programas y servicios para la educación inicial y básica Cuadro 4. Centros de atención a la primera infancia Guarderías(propias, mixtas y privadas) Dependencia Servicio Población objetivo Afiliación Modalidad Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Cuidado y fortalecimiento de la salud, alimentación y un programa educativoformativo para el desarrollo integral de la primera infancia Hijas e hijos de 45 días de nacidos hasta los 4 años de edad de madres o padres trabajadores, en este último caso, divorciados, viudos, o con la patria potestad y custodia del o de la menor inscritos bajo el Régimen obligatorio Contributiva Escolarizada Guardería integradora Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Servicio de apoyo terapéutico y rehabilitación para potenciar capacidades intelectuales, de movimiento, lenguaje y sociales Hijas e hijos con alguna discapacidad, de trabajadoras y trabajadores afiliados Contributiva Centros de Atención Infantil Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia(SNDIF) Servicios de cuidado, atención y desarrollo integral a la primera infancia Niñas y niños de 45 días a 6 años No Contributiva Escolarizada Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil(propias: 124 unidades, subrogadas: 115) Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado(ISSSTE) Servicio de cuidados infantiles a través de atención asistencial, educativa y de alimentación Hijos o hijas a partir de los 60 días hasta los 6 años de edad, de madres trabajadoras y padres trabajadores divorciados, viudos o con custodia y patria potestad del menor o de la menor y que se encuentran al servicio del Estado(empleados públicos) Contributiva Escolarizada Fuente: Elaboración propia con información del DOF(2019-2020). 134

MÉXICO 8.7.1. Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria En un programa tutelado por la Secretaría de Educación Pública y tiene el objetivo de contribuir a que niñas, niños y adolescentes concluyan su educación inicial(0 a 3 años y 11 meses de edad) y básica comunitaria(de 3 a 16 años) a través de servicios educativos en comunidades de alta marginalidad y en situación de vulnerabilidad. Asimismo, otorga apoyos económicos a figuras educativas, apoyo de materiales educativos, equipamiento y útiles escolares, así como financiamiento para proyectos de desarrollo comunitario. 8.7.2. Programas de Escuelas de Tiempo Completo(PETC) Este programa se inició en el año 2011 con el objetivo de fortalecer la educación básica extendiéndosela a horarios de tiempo completo −de 6 a 8 horas de jornada escolar−. Promueve un mayor desempeño académico y desarrollo integral de las niñas y los niños, dirigido principalmente a escuelas de educación indígena y multigrado, que atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, presenten bajos niveles educativos y con altos índices de deserción. El gobierno otorga subsidios anuales a las escuelas a nivel nacional que decidan participar en el programa. Los subsidios dependen de la disponibilidad presupuestaria, que aporta apoyos para personal, mejora los espacios educativos, así como programas de capacitación para la equidad e inclusión y apoyos para el servicio de alimentación del alumnado. En 2019, el PETC registró 26.639 escuelas de tiempo completo, de las cuales 68% eran indígenas y 50% de ellas se encontraban en condiciones de pobreza extrema, por lo que el plan de servicio de alimentación ha mejorado las condiciones de alimentación de niñas y niños que asisten a ellas. No obstante, en 2020 el programa tuvo recortes presupuestarios de hasta el 56%, por lo que las escuelas se verán afectadas: solo recibirán$40.000 (US$ 2.035,46) anuales de los$90.000(US$ 4.579,80) que venían recibiendo. A razón de ello, los gobiernos de los estados deberán buscar ingresos alternativos para lograr mayor autosuficiencia del programa. Uno de los alcances más sobresalientes de este programa es el beneficio directo hacia las madres trabajadoras, ya que permite su inclusión y permanencia en el mercado de trabajo remunerado por la modalidad del horario escolar de tiempo completo. 8.7.3. Sigamos Aprendiendo en el Hospital del IMSS e ISSSTE En el año 2010 se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Su objetivo fue crear un programa que brinde apoyo pedagógico en hospitales, a través del servicio de educación básica desde nivel de preescolar hasta secundaria. Está dirigido a niñas, niños y adolescentes que se encuentren internados, con la finalidad de disminuir la brecha educativa y facilitar su reincorporación a la escuela. El servicio se otorga a través 135

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE del Aula hospitalaria o Aula ambulatoria o atención en cama. Dichas políticas contributivas de cuidado a través de las prestaciones laborales son un beneficio que ha permitido aumentar en cierto grado el acceso y permanencia de mujeres y hombres en el mercado laboral formal. No obstante, sus condiciones de acceso al servicio con relación al género son discriminatorias: restringe el servicio a hombres en unión conyugal y fortalece la feminización de los cuidados. 8.8. Políticas de conciliación laboral y familiar 8.8.1. Licencias por maternidad En abril de 2019 se reformó al art. 170 de la Ley Federal de Trabajo con relación a las licencias por maternidad. Allí se estipula la extensión del período por 2 semanas más por incapacidad laboral en el embarazo, por lo que pasa de ser de 12 a 14 semanas y podrán hacer uso de estas 7 semanas antes y 7 semanas después del parto. La licencia es expedida a mujeres embarazadas trabajadoras y aseguradas, la prestación permite un período de descanso entre la semana 34 y 40 de gestación, así como el subsidio correspondiente al valor de 100% de su último salario cotizado. En caso de hijas o hijos nacidos con alguna discapacidad o que requieran atención médica hospitalaria, se otorga el beneficio de licencia por hasta 10 semanas posteriores al parto. La reforma cumple con el objetivo del Convenio 183 de la OIT, el cual establece el derecho de las mujeres trabajadoras a una licencia por maternidad de al menos 14 semanas. 8.8.2. Licencias por paternidad En México se otorga un permiso de solo cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijas o hijos o en caso de adopción de un niño o niña. El período de cinco días de licencia de paternidad en la actualidad es un tiempo muy corto para las nuevas dinámicas en los hogares ante la llegada de una o un recién nacido, así como los cuidados que requiere la madre después del parto. En promedio, son 8 las semanas de esta licencia en países que integran la OCDE. Existen diversas iniciativas de ley que promueven la extensión de este período de licencia con el objetivo de fortalecer el vínculo paternofilial y la colaboración de los varones en actividades de cuidado y crianza. La Secretaría de Marina, en 2014, estableció en el Reglamento de Vacaciones y Licencias para el personal de la Armada de México una licencia por paternidad que contempla 10 días hábiles con goce de sueldo. Las licencias por paternidad en México son recientes(publicadas en 2012 en el DOF ), aún se consideran una licencia laboral y no un derecho universal alineado con políticas públicas de cuidado. Asimismo, enfrenta retos de aplicación debido a la idea sociocultural de que el cuidado de menores de edad corresponde a las mujeres y a su desconocimiento por parte de la mayoría de los trabajadores. 136

MÉXICO De ahí la importancia de establecer políticas públicas que promuevan este derecho entre los trabajadores. Las desigualdades existentes respecto a los permisos por paternidad y maternidad para la atención y cuidado infantil son pieza clave para combatir una de las causas de desigualdad laboral. 8.8.3. Licencia por tratamiento médico oncológico de hijo o hija Por decreto reglamentario de la Ley del Seguro Social, en junio de 2019 se estableció la licencia por cuidados médicos para madres y padres trabajadores asegurados cuyos hijas e hijos menores de 16 años de edad sean diagnosticados de cáncer de cualquier tipo. Esta prestación permite a las y los trabajadores ausentarse de sus centros de trabajo en períodos críticos de tratamiento o de hospitalización de sus hijas e hijos. Asimismo, se genera el pago del subsidio correspondiente al valor del 60% del último salario registrado. La licencia tiene una duración de hasta 28 días continuos dentro de un período de 3 años, sin exceder los 364 días; no se puede otorgar al mismo tiempo a la madre y al padre. El cáncer infantil es la primera causa de muerte en niñas y niños de 5 a 14 años en el país. Se estima, de acuerdo con datos del IMSS, que hay aproximadamente 23.000 familias con casos de cáncer infantil en su seno. Esta reforma es un gran avance en el ejercicio de derechos laborales y protección de las infancias, aunque aún la medida tiene sus limitantes, ya que la licencia no debe exceder los 364 días, lo que en muchos casos confronta con las necesidades de cuidado durante el tratamiento en los hospitales, como el suministro de quimioterapias, radiaciones, intervenciones quirúrgicas o internaciones, además de los cuidados intensos y extensos que se realizan dentro de los hogares. Esta situación puede empujar a la deserción laboral de las mujeres o el aumento de la carga trabajo de cuidados en otras mujeres del hogar. 8.9. Políticas de pensiones Las medidas de protección social están relacionadas con riesgos laborales, de invalidez y vejez, dirigidas a la persona trabajadora o a personas beneficiarias directas. Estas políticas de protección social solo se gozan en el marco de la formalidad con acceso a prestaciones laborales, por lo que el número de personas beneficiarias se reduce a las que cotizaron en el sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral. El caso de personas adultas mayores que continúan trabajando dentro de la informalidad se estima en 55%. En particular, el 48% de esa población adulta mayor que aún trabaja no cotiza ni cotizó a ningún instituto de seguridad social; el 85% de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias de programas de ayudas estatales y federales(CONAPO, 2017). Por tanto, su posibilidad de jubilación o pensiones queda relegada, mostrando un panorama de incertidumbre en el acceso a servicios que permitan una vida digna en la vejez. 137

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Cuadro 5. Pensiones y asignaciones familiares Denominación Pensión de orfandad Descripción Se otorga a hijas e hijos menores de 16 años −mayores de 16 a 25 años de edad si no pueden mantenerse a sí debido a enfermedad crónica, o presentan alguna discapacidad− de la persona asegurada o pensionada fallecida, quien debe haber cotizado un mínimo de 150 semanas y su vigencia de derechos estar actualizada. Pensión de invalidez Pensión de retiro Se otorga a mujeres y hombres trabajadores asegurados que se encuentren imposibilitados para realizar su trabajo por enfermedad o accidente no laboral. Se otorga a la persona asegurada antes de cumplir la edad establecida para jubilación por la ley. La pensión será pagada por la aseguradora que la asegurada o el asegurado elija, quien deberá haberse dado de baja del régimen obligatorio, no tener trabajo remunerado y con un mínimo 1.250 semanas de cotización. Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez Puede ser solicitada por el asegurado o asegurada ante el IMSS, al cumplir los requisitos que la ley previsional prevé, siempre que haya causado baja inmediata del Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social y tenga reconocidos períodos de cotización. Pensión para ascendientes Dirigida al padre o la madre que dependían económicamente de la asegurada o el asegurado o pensionado fallecido, cuando no tuviera cónyuge, hijas o hijos, o concubina con derecho a pensión. Asignaciones familiares Consisten en una ayuda asistencial en concepto de carga familiar, dirigida a las y los beneficiarios de la persona pensionada por incapacidad permanente total, invalidez, cesantía en edad avanzada o vejez y retiro. Destaca a nivel nacional como única en el acceso a políticas de cuidado para las personas cuidadoras, pues reconoce su figura otorgándole directamente un apoyo económico. Fuente: Elaboración propia con información del DOF (2019-2020). 8.10. Políticas de cuidado dirigidas a personas cuidadoras En México no se reconoce lo suficiente a las personas que proveen cuidados. El tema se ha investigado desde hace más de dos décadas desde la academia y también se ha empezado a discutir como un asunto de carácter público y de la agenda política. En 2017 fue reconocido por la Asamblea Constituyente el derecho al cuidado en el art. 9, fracción B, de la Constitución de la Ciudad de México, publicada en el año 2018. Así se establecieron los lineamientos para la creación e implementación de un Sistema Integral de Cuidados para la ciudad, que se encuentra en debate. 138

MÉXICO No obstante, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad, así como algunas alcaldías, han implementado una serie de programas de empleo temporal, que brinda capacitación integral a personas cuidadoras que atienden de manera informal a personas adultas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida. Parte del programa consiste en otorgar un apoyo económico, de entre$700(US$ 35,62) y$1.700 (US$ 86,50) mensuales, durante la capacitación para ayudar en el pago de transporte y alimentación. A nivel nacional, las instituciones que enfocan su mirada hacia personas cuidadoras son las relacionadas con los cuidados formales y la salud de personas que los requieren por su grado de dependencia, como el INAPAM, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Geriatría. Estas dependencias gubernamentales ofrecen cursos en línea o presenciales para cuidadoras y cuidadores informales de personas adultas mayores. Las capacitaciones se enfocan en la provisión de cuidados paliativos, dejando de lado la importancia del reconocimiento de esta labor para el cuidado de la vida y de los derechos de las propias personas cuidadoras. El número de programas relacionados con los cuidados es amplio, no obstante, el alcance y la cobertura es escasa debido al número de personas que tienen acceso a ellos. La mayoría de los programas tiene una relación directa con el acceso a prestaciones laborales, por lo que su alcance es acotado, sumando a ello la cobertura es en base a transferencias monetarias, sin presentar lineamientos de servicios que cubran las necesidades integrales de los grupos que requieren cuidados, así como de las personas que cuidan. Para garantizar los cuidados a toda la población es importante sancionar normativamente el derecho al cuidado, lo que permitiría garantizar políticas públicas y presupuestos bajo la vigilancia de un Sistema Nacional de Cuidados. 9. Voces y debates sobre el cuidado en México En México, en los últimos años la construcción de la agenda del cuidado ha involucrado instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación, activistas y académicas y académicos, quienes debaten e impulsan propuestas hacia la conformación de un sistema público de cuidados. Las bases y/o principios clave defendidos por cada actor son heterogéneos. No obstante, hay puntos de encuentro: favorecer la equidad de género, la igualdad sustantiva y el ejercicio de los derechos de las mujeres; garantizar el cuidado como derecho humano; generar condiciones para una vida digna de las personas cuidadoras y las personas cuidadas; mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar; promover la corresponsabilidad social del cuidado para el bienestar social. 139

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE En 2016, Las Constituyentes CDMX Feministas presentaron la iniciativa de sancionar el reconocimiento del derecho al cuidado y un sistema público de cuidados para la ciudad, en tanto derecho humano universal. Su propuesta instó al gobierno a garantizar dicho derecho mediante el diseño, implementación y ejercicio presupuestario de un Sistema Público de Cuidados, en el cual participaran corresponsablemente: el Estado, las familias, las empresas, las organizaciones y las comunidades 7 de la ciudad. Asimismo, se promovió la creación del marco normativo correspondiente que permitiera garantizar el derecho al cuidado, el cual contempla: a) Recibir cuidados en todas las etapas del ciclo vital; b) Decidir si se desea o no cuidar, con la posibilidad de cuidar y cuidarse en condiciones dignas y garantizar el derecho a derivar el cuidado de personas en situación de dependencia –temporal o permanentemente− cuando entra en conflicto con el ejercicio de otros derechos. Actualmente, el art. 9(Ciudad solidaria) de la Constitución Política de la Ciudad de México establece: B. Derecho al cuidado. Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. Este es un avance importante en el marco normativo del cuidado, que ha contribuido a que se sigan abriendo espacios, foros y mesas sobre el tema; que se destine presupuesto para estudios y diagnósticos; que se articulen cada vez más los esfuerzos para impulsar iniciativas de ley en otros estados y estrategias hacia la consolidación de un Sistema Público de Cuidados en México. En relación con el contexto sindical en México, la prestación de servicios de cuidado es diversa y depende de las características de los contratos colectivos de trabajo, siendo el Sindicato de Trabajadores de la UNAM(STUNAM) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana(STRM) los más progresista. En el país no hay, hasta el momento, organizaciones que agrupen y velen por los derechos de las trabajadoras domésticas y de cuidados no 7. Es decir, formas de organización social, como colonias, barrios y pueblos, entre otros. 140

MÉXICO Cuadro 6. Actores en la agenda de cuidados en México Gobierno Organizaciones de la sociedad civil Universidades y centros de investigación Gobierno Federal- Programa sectorial de bienestar. Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES – PROIGUALDAD 2020-2024 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED Cámara de Diputados- LXIV Legislatura Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) – CDMX Comisión de Economía del Cuidado e Igualdad Laboral (CECILA)- CDMX Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Cámara de Diputados – Comisión de Igualdad de Género- CDMX Congreso de la Ciudad de México- I Legislatura Secretaría de las Mujeres – Dirección General de Igualdad Sustantiva- CDMX Secretaría de Salud- CDMX Comisión de Derechos Humanos- CDMX Red de Cuidados en México Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir Las Constituyentes Feministas CDMX OXFAM México Familias y retos extraordinarios - Bienvenido a Holanda Yo Cuido Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar- SINACTRAHO Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar- CACEH A.C. Parvada A.C. Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas- CEDACH Agua y Vida A.C. Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE A.C. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. GENDERS A.C. INCIDE SOCIAL A.C. Red por los Derechos de la Infancia- REDIM Friedrich Ebert Stiftung (FES-México) Mujeres en empleo informal: globalizando y organizando WIEGO México CONACYT – Red TETRA trabajo y condiciones laborales El Colegio de México Seminario Trabajos y desigualdades, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales UNAM. Facultad de Economía – Especialidad“El género en la economía” Centro de Investigaciones y Estudios de Género Instituto Mora. Seminario “Familias y diversidad” Centro de Estudios Espinosa Yglesias Centro de Estudios Legislativos para la Equidad de Género Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental. 141

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE remuneradas. Contamos solamente con organizaciones que abordan el tema de las trabajadoras domésticas remuneradas: el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar(SINACTRAHO), establecido en 2015, y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), fundado en 2000. Ambas organizaciones fueron iniciativa de Marcelina Bautista, quien también participó en la creación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar(CONLACTRAHO) en 1988, organización de la que fue secretaria general. Aunque con menor presencia nacional, también colaboran la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, Hogar justo Hogar y Mi Trabajo Cuenta. Tanto el SINACTRAHO, como el CACEH se enfocan en el fortalecimiento de liderazgos en favor del trabajo doméstico remunerado, así como en la capacitación técnica y política sobre el trabajo del hogar en México. La tarea de estas dos organizaciones ha sido fundamental para el reconocimiento de los derechos de las personas que trabajan de forma remunerada en los hogares mexicanos encargándose de las labores domésticas. Inicialmente, pusieron a disposición de las trabajadoras y de sus empleadoras y empleadores dos contratos colectivos de trabajo(entrada por salida y planta) en los que se enumeran las obligaciones y los derechos de ambas partes. Entre ellos, está el derecho a ser inscritas ante el IMSS. De este modo, se sentaron las bases para el siguiente paso en el reconocimiento de sus derechos, al lograr la implementación de un programa piloto de inscripción de las trabajadoras del hogar al IMSS con duración de 18 meses, a partir de abril de 2019, y las posteriores reformas a la Ley Federal del Trabajo. Estas acciones fueron la antesala de la ratificación que finalmente hizo el Estado mexicano del Convenio 189 de la OIT en diciembre de 2019, publicado en el DOF en enero de 2020 y cuyo proceso culminó en julio cuando se formalizó el registro ante la Dirección General de ese organismo internacional. Con esto, México se compromete a otorgar rango constitucional a las disposiciones del Convenio, que, en materia de cuidados, se han señalado en el Cuadro 1. 9.1. Primera marcha por el derecho al cuidado El 10 de noviembre 8 de 2019 se llevó a cabo la primera movilización cuyo objetivo concreto fue la concreción del derecho al cuidado. Se realizó en Ciudad de México, encabezada y promovida por el colectivo Yo Cuido México 9 integrado principalmente por cuidadoras familiares primarias de infantes, personas enfermas, adultas mayores y/o con discapacidad. Las principales exigencias fueron: 8. Se eligió esa fecha dado que se conmemora el Día de la Persona Cuidadora. 9. El movimiento#YoCuido ya existe en otros países, como Chile y Perú. 142

MÉXICO Reconocimiento a la labor como cuidadoras y cuidadores. Una ley nacional que garantice el derecho al cuidado para todas las etapas de la vida: primera infancia, infancia, vejez y, de existir, una discapacidad, enfermedad crónica, o alguna otra situación permanente o transitoria. Incluir el papel de las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal del Trabajo. 9.2. Marcha 8M y Paro 9M En México, como en muchos países del mundo, el 8 de marzo de cada año se lleva a cabo una movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer e insistir en las demandas necesarias a favor de la progresividad en los derechos de las mujeres. En 2020 se convocó también al Paro Nacional el 9 de marzo, bajo consignas como“Un día sin mujeres”,“Un día sin nosotras” y“El nueve ninguna se mueve”. A propósito de esa acción, se invitó a que las mujeres no compraran, no asistieran a los espacios escolares y laborales, no realizaran trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. Ambas convocatorias han tenido el objetivo de exigir acciones gubernamentales para frenar la violencia de género y los feminicidios, y para valorar la contribución de las mujeres en los ámbitos económico, laboral y, en general, para el sustento de la sociedad mexicana. No obstante, también se reconoció que, debido a que muchas mujeres viven al día y laboran en la economía informal, así como muchas otras son las cuidadoras primarias de personas en situación de dependencia, el paro sigue siendo imposible, más aún si no existen las políticas públicas necesarias y los servicios públicos de cuidado son accesibles solo a un número escaso de la población. Actualmente diferentes actores han estado impulsando la agenda del cuidado en pos de concretar materialmente servicios(públicos, privados y comunitarios) y políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado digno. Más aún, el enfoque de cuidados debe ser transversal en todas las políticas e instituciones, así como orientarse a transformar los mandatos culturales de género que fortalecen y reproducen la feminización de los cuidados(Mendoza y Andión, 2018). Sin embargo, aún hacen falta estrategias para tender puentes y diálogos que impulsen las demandas comunes. Por ahora, cabe decir que el actual contexto de la pandemia del covid-19 es muestra de que la politización del cuidado seguirá siendo un tema clave de la agenda de los países en todo el mundo. Consideraciones finales El cuidado es clave para el sostenimiento de la vida, lo necesitamos todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital. Es por ello que la organización actual 143

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE requiere de cambios que atiendan las desigualdades estructurales de género, clase, color de piel, etnia, lugar, situación migratoria, etc. Es importante trascender la perspectiva familista y feminizada, y producir un análisis interseccional, tanto en la creación de políticas públicas, como en la movilización y la transformación sociocultural. Es clave garantizar el cuidado como un derecho humano, que involucra los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia con otros derechos como la salud, la alimentación, la educación, el medio ambiente sano, por mencionar algunos. Asimismo, es fundamental construir propuestas basadas en la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad, las familias y las empresas. Si bien se habla del mercado y las empresas como parte corresponsable del cuidado, es preciso revertir la lógica privatizadora del bienestar, por ello, el Estado, como administrador de la riqueza de la nación, debe establecer los lineamientos jurídicos y las políticas públicas de acuerdo con las necesidades y demandas de la población, para proveer programas y servicios públicos de cuidados de calidad que contribuyan a la materialización de una organización social justa del cuidado. Asimismo, debe regular los servicios que provea el mercado, los cuales tienen que obedecer a condiciones de oferta y demanda, sino estar apegados a la garantía de los derechos humanos. En México existen avances significativos, sobre todo en materia legal. Sin embargo, dentro de los grandes retos está la asignación de presupuestos y la voluntad política para construir y operar un efectivo Sistema Nacional Público de Cuidados y para fortalecer fondos para la investigación y aplicación de encuestas de usos del tiempo. Es alentador encontrar que el cuidado está tomando cada vez más fuerza como un asunto de carácter público. Sin embargo, es preciso sumar esfuerzos, crear espacios de diálogo con otros grupos, actores y movimientos para transversalizar el tema e incidir en las políticas públicas. Al mismo tiempo, es importante considerar las voces que aún parecen minoritarias, sobre todo en términos de representación política, como las de las mujeres trabajadoras, las personas cuidadoras y diversos colectivos, que están ahora mismo construyendo alternativas que resuelven los cuidados en el ámbito doméstico y comunitario, e insistir en la necesidad de implementar campañas de difusión tendientes a modificar los imaginarios colectivos para interiorizar tanto la importancia del trabajo de cuidados, como que no es una actividad femenina sino una responsabilidad inherente a todas las personas. Lista de siglas utilizadas CACEH CDMX CONAPO Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar Ciudad de México Consejo Nacional de Población 144

MÉXICO CONEVAL CONLACTRAHO COPRED DICONSA DOF ENADID ENESS ENIGH ENOE IMSS INAPAM INEGI INMUJERES INSABI ISSSTE LICONSA OCDE ODS OIT PEA PETC SINACTRAHO SNDIF SS STRM TDCNR Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Programa de abasto rural Diario Oficial de la Federación Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Instituto Nacional de Estadística y Geografía Instituto Nacional de las Mujeres Instituto de Salud para el Bienestar Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado Programa de abasto social de leche Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos Objetivos de Desarrollo Sostenible Organización Internacional del Trabajo población económicamente activa Programas de Escuelas de Tiempo Completo Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia Secretaría de Salud Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana trabajo doméstico y de cuidados no remunerado Referencias Carrasco, C., C. Borderías y T. Torns(eds.)(2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas . Madrid: Los Libros de la Catarata. Castro, C.(2018).“Desde la acción política feminista: instituciones y sociedad civil organizada transformando realidades”, en Economía feminista: visibilizar lo invisible . Economistas sin Fronteras, Madrid, pp. 11-15. CONAPO(2017). Vejez y pensiones en México. Disponible en https://www.gob.mx/ conapo/documentos/vejez-y-pensiones-en-mexico —(2018). Anuario de Migración y Remesas. Disponible en https://www.gob.mx/ conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2018-173515 145

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México, Centroamérica y el Caribe 1. Cuba 2. México 3. República Dominicana 4. Guatemala

REPÚBLICA DOMINICANA Organización social de los cuidados: políticas, normas, actores, instituciones y desafíos en República Dominicana Rossana Gómez y Aris Balbuena

Rossana Gómez. Comunicadora e investigadora social, egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción(Paraguay), con maestría en Comunicación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogoºtá(Colombia). Ha trabajado como analista en temas de género en instituciones públicas y organizaciones sociales y en el desarrollo de las siguientes líneas de investigación: democracia y cultura política; desigualdad de género y justicia social y, comunicación, derechos y ciudadanía. Aris Balbuena. Investigadora social, egresada de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Xochimilco. Ha trabajado en análisis de políticas sociales, presupuesto público, temas de género, entre otros. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo y forma parte de la red FESminismos, de la Fundación Friedrich Ebert. 150

REPÚBLICA DOMINICANA Índice Introducción 153 1 Contexto 1 54 1.1 . Los cuidados desde la economía feminista 158 2 Uso del tiempo y su medición 161 3 Trabajo doméstico no remunerado 162 3.1 . El TNR y de cuidados en el marco normativo 168 4 Trabajo doméstico remunerado 170 4.1. Trabajadoras domésticas migrantes remuneradas 172 4.2 . El convenio OIT 189 y el marco normativo del trabajo doméstico en República Dominicana 173 4.3. En la coyuntura de emergencia del covid-19 176 5 Protección de la seguridad social: el Sistema Dominicano de Seguridad Social(SDSS) 177 5.1. Lactancia y maternidad 179 5.2. Seguro por vejez, discapacidad y sobrevivencia 180 5.3. Transferencias monetarias condicionadas 182 5.4. En la coyuntura de emergencia covid-19 183 6 Servicios de cuidado a la primera infancia 184 7 El cuidado de las personas adultas mayores 190 8 Cuidado de personas con discapacidad 193 9 Los actores y el debate público 198 Listado de siglas utilizadas 203 Referencias 204 151

152

Introducción REPÚBLICA DOMINICANA E l presente documento tiene como objetivo mapear la situación actual de las políticas de cuidado en República Dominicana. También identificará elementos que, a partir de un análisis de los cuidados, puedan ser herramientas para modificar las desigualdades estructurales(que rigen la provisión y recepción −o la ausencia de provisión y recepción− de cuidados) en lugar de limitarse a paliar sus efectos más perjudiciales. Si bien este es un estudio exploratorio, se ha llevado a cabo un análisis crítico sobre el panorama general de los cuidados en el país, incluyendo información importante sobre el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, los servicios de cuidado disponibles desde el sector público para la primera infancia, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y el debate de esta materia en la agenda pública. Para la elaboración del informe se consultaron fuentes secundarias de datos y se realizaron entrevistas a representantes de organizaciones sociales feministas, académicas, sindicales, entre otras. El documento se organiza en nueve secciones que dan cuenta de la situación general de las mujeres y los avances en la medición del trabajo de cuidados(§§ 1 y 2), las características y condiciones en que se realiza el trabajo doméstico remunerado y no remunerado(§§ 3 y 4), el modelo de seguridad social en el país y el lugar de los cuidados(§ 5), los servicios de cuidado a la primera infancia, personas adultas mayores y personas con discapacidad(§§ 6 a 8) y culmina con un breve bosquejo sobre la discusión pública alrededor del tema de los cuidados, los principales límites y espacios para avanzar(§ 9). Se espera que este documento aporte al posicionamiento de una agenda de cuidados en República Dominicana desde una perspectiva integral que contribuya a la autonomía de las mujeres y la construcción de relaciones de género más igualitarias. 153

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 1. Contexto La República Dominicana es considerada un Pequeño Estado Insular en Desarrollo(PEID) ubicado en la región del Caribe. La economía del país ha tenido crecimiento continuo en las últimas décadas, pero se registran importantes desigualdades sociales y una gran exposición a la ocurrencia de eventos climáticos extremos. En términos demográficos, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística(ONE)(2016) en 2020 el país cuenta con 10.448.499 habitantes 1 , con una pirámide poblacional de base ancha, en la que el 53,6% de la población tiene entre 0 y 29 años. La distribución por sexo es de 49,9% hombres y 50,1% mujeres. La economía dominicana, medida por el comportamiento del Producto Interno Bruto(PIB), ha tenido un desempeño favorable. Su crecimiento promedio anual ha sido de 5% en el periodo 2008-2019, colocándose por encima del promedio para Latinoamérica y el Caribe(LAC)(Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo[MEPyD], 2020a). Según datos del Banco Central de la República Dominicana(BCRD)(2020a), los indicadores de empleo y pobreza monetaria también dan cuenta de algunas mejorías: Aumento de la ocupación: de 57,3% en 2014 a 61,5% en 2019 Reducción de la desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo potencial: de 15,8% a 9,9% en el periodo 2014-2019 Crecimiento acumulado de 34,5% del ingreso real promedio del quintil más bajo en 2000-2019, esto a pesar de la reducción para la población general en 1,8% Reducción de la pobreza general: de 31,8% en el año 2000 a 21% en 2019, y de la extrema de 7,9% a 2,7%(MEPyD, 2020a) Esta mejora de los indicadores sociales y la estabilidad macroeconómica ocurren a la par(o a costas) de la situación de desigualdad y privación de derechos en que viven amplios sectores de la población. Son varios los factores que inciden en esta dinámica. Entre ellos, el problema estructural de un mercado laboral que genera crecimiento económico con alta dependencia de sectores que producen poco empleo, mientras son intensivos en informalidad aquellos que más aportan a la creación de puestos de trabajo(Ceara-Hatton, 2018). Por ejemplo, las actividades de construcción e industria tienen un peso importante en cuanto a su aporte a la economía, representando el 12,9% y el 16,8% del PIB, respectivamente. Sin embargo, tan solo generan el 7,2% y 1. Las proyecciones de población son trazadas por la ONE a partir del análisis de los componentes demográficos(fecundidad, mortalidad, migración) y en la información obtenida de registros, censos y encuestas. El último Censo Nacional se realizó en 2010. 154

REPÚBLICA DOMINICANA 10,4% del empleo total. Además, en el caso del sector de la construcción, el 86% del empleo que generó en 2019 fue de carácter informal(BCRD, 2019). Todo ello se combina con un Estado cuyas políticas sociales tienen un carácter residual y asistencial predominante, distantes del enfoque de universalidad, que dejan amplios márgenes al mercado como proveedor de servicios básicos cuyo acceso debería estar garantizado por derecho. Esto se evidencia en la deuda social histórica que existe frente a la población respecto de servicios como el agua potable, educación, salud, vivienda, entre otros(Melgen y Muñiz, 2020). Bajo esta dinámica, es la capacidad de pago de las personas lo que determina la posibilidad de acceso a bienes y servicios de calidad y se pierde el enfoque de derechos. Asimismo, la realidad dominicana está atravesada por otros ejes de desigualdad, como la que se construye a partir de la raza y el género. La intersección entre esos elementos configura en la sociedad relaciones jerarquizadas. Diversos indicadores refieren cómo impactan en la realidad del país estos factores. Volviendo al mercado de trabajo, los datos dan cuenta del peso de la informalidad laboral: en 2019 el 55,2% del empleo se generó bajo esta condición(BCRD, 2020a). Una alta proporción de las personas ocupadas laboran en condiciones precarias y sin garantía de acceso a la seguridad social. Las desigualdades de género siguen manifiestas en el mercado de trabajo. Las mujeres tienen menor tasa de participación que los hombres, menor tasa de ocupación y mayor tasa de desocupación 2 . Tabla 1. Indicadores del mercado de trabajo 2019, desagregados Según sexo INDICADOR Población en edad de trabajar Población económicamente activa Tasa de ocupación Tasa de desocupación Mujeres 51,98% 42,3% 48,6% 20,4% SEXO Hombres 48,02% 57,7% 75,5% 9,5% Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas del BCRD. Las brechas se extienden a lo salarial. En 2018, el ingreso semanal promedio de los hombres fue mayor que el de las mujeres en un 21,64% en la zona urbana y 31,65% en la zona rural(ONE, 2019). Esto ocurre a pesar de que, 2. La tasa de desocupación incluye la desocupación, la subocupación y la fuerza de trabajo potencial(SU4). 155

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE en promedio, las mujeres ocupadas al primer trimestre de 2020 presentan mayor nivel de escolaridad, con un 37,4% en nivel secundario, 33,3% que posee estudios universitarios y solo el 3% no tiene ningún nivel de instrucción mientras que un 39,6% de los hombres ocupados alcanzó el nivel secundario, solo un 16,7% posee título universitario y un 4,3% no ha realizado estudios (BCRD, 2020b). A pesar de que se registra una reducción de la pobreza monetaria, los niveles de ingreso de la población no se corresponden con el costo de la vida. El sueldo mínimo más alto establecido apenas alcanza los RD$ 17.610 3 para el sector privado 4 y de RD$ 10.000 5 para el sector público. Eso contrasta con el costo de la canasta básica promedio que a febrero de 2020 era de RD$ 31.506,18(BCRD, 2020c). Si bien la incidencia de la pobreza general(monetaria) para las mujeres ha disminuido de 32,2% en el 2000 a un 22% en 2019, la diferencia con respecto a los hombres se ha incrementado de 0,8 puntos porcentuales a 2,2 en el mismo periodo(MEPyD, 2020b). En línea con lo anterior, el Índice de Desarrollo de Género para el año 2017, calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), refleja una situación favorable para las mujeres en los indicadores de educación y esperanza de vida, con valores ligeramente superiores a los de los hombres, pero con desventajas respecto al ingreso: el ingreso nacional bruto per cápita de los hombres es un poco más del doble que el de las mujeres, con unos 18.975 dólares frente a 8.909(PNUD, 2018). A pesar de esta realidad de desigualdad, el gasto público social en el país sigue siendo bajo, lo cual sugiere que no hay una postura política de apuesta por la justicia social. El Gráfico 1 muestra el gasto público social de 11 países de LAC en tanto porcentaje del PIB y se puede observar que República Dominicana ha tenido niveles muy reducidos en comparación con el resto de los países. El gasto social del país como porcentaje del PIB para el 2018 se equipara a lo que destinaban Argentina, Costa Rica y Colombia en el año 2000, y se encuentra por debajo de lo que asignaban Brasil, Chile y Uruguay. 3 . La tasa de cambio del Banco Central para compra, al 17 de diciembre de 2020, es de RD$ 58,04 por dólar estadounidense(US$1). 4 . Ministerio de Trabajo, res. 22/2019. http://omlad.gob.do/Portals/0/Templates/Resolucion%20222019%20Privado%20No%20Sectorizado%20-refrendada-.pdf 5. Consejo Nacional de Seguridad Social(CNSS), noticia 28/2/2019:“Danilo Medina dispone aumento salarios sector público y pensiones a partir del primero de abril” . https://www.cnss.gob.do/index.php/ noticias/item/786-danilo-medina-dispone-aumento-salarios-sector-publico-y-pensiones-a-partir-del-primero-de-abril 156

REPÚBLICA DOMINICANA Gráfico 1. Gasto público social G En rá p f o i r c c o en 1 ta . j G es a d s e t l o PI p B úblico social en porcentajes del PIB % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 Brasil Uruguay Chile Argentina Colombia Costa Rica El Salvador Ecuador México Honduras Rep. Dominicana Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPALSTAT. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPALSTAT. En términos de acceso a servicios básicos, la consecuencia del bajo gasto social ha sido la sobrevivencia de una parte importante de la población en condiciones precarias: Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda(2010), el déficit habitacional es de 2.100.000 de viviendas. Se estima un aumento anual del déficit total en 37.000 viviendas(Torres, Jovine, Rodríguez et al ., 2017). La proporción de viviendas sin acceso a agua asciende a 19,1% para los hogares del quintil más bajo de ingresos, siendo más del doble que en el grupo de hogares más ricos(MEPyD, 2020c). Precariedad del sistema sanitario, evidenciado en el comportamiento de la mortalidad materna, indicador que da cuenta de las deficiencias estructurales del sistema: con un 98,5% de partos atendidos en establecimientos de salud, la tasa de mortalidad materna en 2019 se mantiene en 94,8 por cada 100.000 nacidos vivos(MEPyD, 2020d), cifra muy por encima del promedio para América Latina: 74 por 100.000 NV, según datos de la CEPAL 6 . Alto gasto de las familias, pues a pesar del aumento sostenido de la afiliación a un seguro de salud, para el periodo 2000-2013 el gasto de bolsillo de las familias se ubica en 48% en relación con el gasto total en salud, muy por encima de países como Colombia, Costa Rica, Uruguay, Argentina con un gasto de bolsillo por debajo del 25%(Rathe y Suero, 2017). 6. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe,“Mortalidad materna. Análisis”, https://oig.cepal.org/es/indicadores/mortalidad-materna 157

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE El panorama se vuelve aún más crítico si se ponen en escena los riesgos del cambio climático. De acuerdo con un informe del PNUD – ONU Medio Ambiente(2018: 18),“la República Dominicana es el segundo país más vulnerable del Caribe, después de Haití, a los eventos de origen sísmico y meteorológico”. De esta manera, las vulnerabilidades asociadas a la geolocalización y su carácter de isla se conjugan con aquellas de carácter social y político. De acuerdo con Melgen y Muñiz(2020: 7),“las desigualdades a lo interno de un país implican que los grupos menos aventajados presentan mayor exposición al riesgo climático, mayor susceptibilidad a sufrir daños por esos riesgos, mayor dificultad a recuperarse de esos daños y mayor desigualdad como resultado de un desastre”. Es decir, que las privaciones, además de ser una transgresión de los derechos humanos, se convierten a su vez en condiciones de vulnerabilidad frente a las amenazas de crisis ambientales, sanitarias y/o económicas. 1.1. Los cuidados desde la economía feminista Lo que se pone sobre la mesa al analizar los resultados del modelo económico y de Estado que se ha seguido es la necesidad de un cambio de paradigma, invocado de forma aún más insistente a partir de la crisis desatada por covid-19 (Agamben, Žižek, Nancy et al. , 2020). De manera particular, la pandemia ha dado lugar al debate sobre la importancia de los trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida, tanto de aquellos con visibilidad en la esfera pública −servicios de salud, educación, la industria alimenticia−, como otros que suelen darse por sentado y cuya solución tradicionalmente ha quedado a cargo de las familias, como son los trabajos de cuidado en el espacio de los hogares. De acuerdo con la CEPAL(2020), la crisis sanitaria ha revelado la forma injusta en que se organizan los cuidados en América Latina y el Caribe y la urgencia de pensar respuestas desde un enfoque de género. Antes de la pandemia, los cuidados eran ya un tema base de la economía feminista, desde la cual se desarrollan nuevas formas de pensar la economía que colocan el bienestar como eje central de los análisis. Hay dos aportes fundamentales a resaltar que son consecuencia de la perspectiva feminista en la economía: el debate sobre la organización social del cuidado y sobre el abordaje conceptual y empírico de la pobreza. Con respecto al primero, la organización social del cuidado, se pone al centro de la discusión y se ha planteado el análisis de las políticas desde el marco de las“tres R” del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que implican: 1) reconocimiento del valor del trabajo de cuidado y con ello avanzar en términos de justicia económica, 2) reducción del tiempo de trabajo mediante la provisión de infraestructura adecuada de servicios básicos, y 3) su redistribución entre los actores de la sociedad(Estado, mercado, familias) y al interior de los hogares, confrontando estereotipos de género y la idea del 158

REPÚBLICA DOMINICANA trabajo de cuidado como una carga que por deber impuesto corresponde a las mujeres(Esquivel y Kaufmann, 2017). Con respecto a la pobreza, las contribuciones van desde la producción de evidencia sobre su feminización y la necesidad de replantear las políticas públicas para poder atender esta realidad, hasta relevar la importancia de aproximaciones multidimensionales de la pobreza, particularmente la incorporación del tiempo como una dimensión(Rodríguez Enríquez, 2015). La tradicional y todavía predominante división sexual del trabajo en la organización social tiene como consecuencia mayor pobreza de tiempo para las mujeres, limitando las oportunidades de estas para la autonomía económica, la participación política, el ocio, entre otras. En general, las mujeres se ven limitadas en el logro del bienestar, pues este no solo depende de los niveles de ingreso o consumo, sino también de la libertad sustantiva que se tenga para usar el tiempo. Según Gammage(2009): La pobreza de tiempo afecta poderosamente las capacidades individuales. Si un individuo se encuentra en condiciones de pobreza de tiempo, esta situación afecta no solo los funcionamientos contemporáneos sino los futuros, pues limita su habilidad para descansar, para disfrutar del tiempo de ocio y de recreo, e incluso para invertir tiempo en expandir sus capacidades y oportunidades con otras habilidades como la educación formal. Además, experimentar la pobreza de tiempo puede contribuir a desgastar el capital humano, debilitar la salud y socavar el bienestar(p. 7). La pobreza de tiempo se entronca así con la pobreza de ingresos, la falta de autonomía e incluso a la exposición de las mujeres a situaciones de violencia, en tanto la dependencia económica se considera una condición de vulnerabilidad. A la luz de estos debates centrales de la economía feminista, ¿qué está pasando en República Dominicana? Si se consideran los múltiples tratados internacionales de los cuales el país es signatario que contemplan compromisos relacionados con la igualdad de género, el trabajo no remunerado(TNR), el trabajo doméstico remunerado, y que incluso hacen alusión a la medición periódica del TNR, la primera impresión es que existe un alto nivel de compromiso. Se citan entre estos acuerdos los derivados de la Plataforma de Beijing, el Consenso de Quito, Consenso de Santo Domingo, Estrategia de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, un amplio número de convenios de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) vinculados al trabajo remunerado han sido ratificados. Entre ellos: 87(libertad sindical y protección del derecho de sindicación) 98(derecho de sindicación y negociación colectiva) 97(trabajadores/as migrantes) 159

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 100(igualdad de remuneración) 102(seguridad social) 111(discriminación en el empleo y la ocupación) 29(trabajo forzoso) 105(abolición del trabajo forzoso) 138(edad mínima para el trabajo) 143(trabajadores/as migrantes, disposiciones complementarias) 159(sobre readaptación profesional y el empleo en personas con discapacidad) 182(peores formas de trabajo infantil) 183(protección de la maternidad) 187(seguridad y la salud en el trabajo) 189(trabajadoras/es domésticos) Esta larga lista de compromisos internacionales no necesariamente ha derivado en un marco normativo nacional adecuado a ellos, ni en la materialización de mejores condiciones para mujeres trabajadoras del hogar, remuneradas y no remuneradas, y tampoco en una política de cuidados que promueva la redistribución de estos trabajos y el bienestar de las personas cuidadoras y las cuidadodependientes. Incluso cuando se adaptan o crean las normativas nacionales, se realiza con mucha demora. Por ejemplo, el Convenio 156 sobre los/as trabajadores/as con responsabilidades familiares no ha sido ratificado hasta el momento, posponiendo la discusión y creación de políticas públicas sobre conciliación familia/trabajo. El análisis que se realiza en las siguientes secciones da cuenta de las deudas en términos de políticas públicas en la materia y en la adecuación del marco legal y normativo en coherencia con una agenda de derechos e igualdad. Incluso los avances en este segundo aspecto son cuestionados por el reducido impacto que han tenido en términos de implementación, poniendo sobre la mesa que la sanción legislativa no necesariamente marca una base institucional para la acción. Actualmente no existe en el país una política pública integral sobre los cuidados, por lo cual los servicios que se ofertan son fragmentados e insuficientes. Los cuidados tampoco son un tema relevante en el debate político, pues ha sido escasamente discutido y los actores con demandas que podrían enmarcarse bajo una agenda de cuidados accionan de manera desarticulada. Aunque los temas han sido abordados desde grupos y organizaciones feministas y de mujeres, prevalece el enfoque centrado en los derechos de las personas cuidadodependientes y la mirada con fuerte segmentación entre el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, cruzado por la histórica división sexual del trabajo. El abordaje que se realiza en este documento pretende, desde los fundamentos de la economía feminista, contribuir a la identificación de brechas y necesidades en términos de cuidado. A la vez, se resasltan las posibilidades 160

REPÚBLICA DOMINICANA que esta perspectiva presenta para avanzar en los derechos de las mujeres y su vínculo con el bienestar. 2. Uso del tiempo y su medición Algunos indicadores antes expuestos revelan la situación de desigualdad social que se vive y, particularmente, la posición de desventaja en que se encuentran las mujeres. Además, se confirma que en el país continúan los procesos de feminización de la pobreza monetaria general y extrema, con índices de 139,3 y 137,9(Melgen y Muñiz, 2020). Es posible hablar, también, de mayor pobreza de las mujeres en términos de tiempo tal como muestran los datos de Ministerio de la Mujer y ONE(2018): Dedican 20 horas más por semana que los hombres al TNR(31,2 horas en comparación con 9,6) y entregan su tiempo 5 veces más que los hombres al trabajo de cuidado(15,7 horas a la semana frente a 3,1 de los hombres). Incluso estando ocupadas, en promedio las mujeres dedican al TNR casi el doble de tiempo que los hombres desocupados, con 27,8 horas por semana versus 14,3. Las reflexiones sobre pobreza de tiempo y el interés por contabilizar los aportes del TNR han colocado a la realización de encuestas nacionales de uso de tiempo como un tema central en la agenda feminista para el avance de los derechos de las mujeres. Aunque en el país se disponen de algunos datos al respecto, todavía no se cuenta con una encuesta como tal. La información disponible ha sido generada a partir de un módulo sobre Uso del Tiempo incluido en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2016. La ONE y el Ministerio de la Mujer(2018), por su parte, elaboraron un informe a partir de esos datos. Las encuestas independientes sobre uso del tiempo presentan diferencias importantes con respecto a la variante de incluir un módulo en una encuesta de propósitos múltiples, ya que las primeras permiten obtener más información y de mejor calidad para la medición específica del uso del tiempo(Aguirre y Ferrari, 2014). Por ejemplo, en la descripción de la metodología del informe del Ministerio de la Mujer y ONE(2018) se señalan como limitaciones el número reducido de preguntas que se pudieron realizar para identificar las actividades y el tiempo dedicado a ellas; la exclusión de actividades domésticas efectuadas fuera del hogar(por ejemplo, realizar las compras), la imposibilidad de analizar los distintos tipos de cuidados a partir de una sola pregunta y la dificultad para diferenciar el tiempo que las personas dedican al cuidado no remunerado de miembros del hogar del tiempo que dedican al cuidado no remunerado de miembros de otros hogares. 161

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Las encuestas independientes de uso del tiempo son la base fundamental para estimar los aportes del trabajo doméstico y de cuidados a la economía, permitiendo incluir a la contabilidad nacional el valor económico del TNR mediante cuentas satélites. Este es un paso fundamental de cara al reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres contemplado en distintos acuerdos internacionales de los que forma parte República Dominicana. Asimismo, disponer de una cuenta satélite de TNR puede ayudar a superar la calificación como inactivas económicamente de las personas que lo realizan al visibilizar su contribución a la economía productiva del país, además de posibilitar el examen en detalle del trabajo de cuidados que llevan a cabo las mujeres(tanto el directo como el indirecto) 7 . Contabilizar este trabajo invisibilizado implica también dimensionarlo desde lo monetario, por lo que se articula al establecimiento de un salario mínimo para trabajadoras domésticas, en tanto permite reconocer el valor del tiempo y el esfuerzo que este trabajo demanda 8 . Es en este punto que el curso del debate respecto al trabajo doméstico remunerado impacta también en los avances de la igualdad de género y la organización de los cuidados, agendas que no pueden verse como asuntos separados. Por su parte, una encuesta específica sobre uso de tiempo significaría el reconocimiento, la jerarquización de este campo y la posibilidad de visibilización de la contribución de las mujeres al conjunto de la economía nacional a través de la valoración de la producción de los hogares(el costo del reemplazo de esa hora no remunerada). 3. Trabajo doméstico no remunerado Las estadísticas disponibles confirman que el TNR recae sobre las mujeres. Casi todas las mujeres participan en las actividades domésticas y de cuidado(92,9%), frente al 63,3% de hombres que se involucran en este tipo de tareas(ONE, 2018a). El análisis que presentan el Ministerio de la Mujer y la ONE(2018) separa la información de TNR y de trabajo de cuidados. En esa línea, en este apartado también se señalará cuando los datos refieran a TNR o a trabajo de cuidados 9 . 7 . El trabajo de cuidado directo se refiere al cuidado específico que se provee a las personas y que tiene un carácter relacional; mientras que el trabajo de cuidado indirecto se refiere al trabajo doméstico provisto en los hogares. Esquivel(2011) apunta sobre la tensión entre estos conceptos y su implicancia para la valorización del trabajo doméstico remunerado y no remunerado bajo el paraguas de trabajo de cuidados. 8 . En República Dominicana no está estipulado el salario mínimo para el trabajo doméstico remunerado, por lo que su establecimiento(de acuerdo con criterios de trabajo decente) puede ser determinante para el TNR y su reconocimiento en términos económicos. 9 . Nota técnica: Para las investigadoras no quedó claro si los datos de TNR en este estudio incluyen los datos de trabajo de cuidados, por lo que se abordan de manera separada tal como fueron presentados en el informe citado. 162

REPÚBLICA DOMINICANA De acuerdo con el informe citado, el TNR toma en cuenta“las actividades productivas de prestación de servicios de los miembros del hogar, en otros hogares y la comunidad. De igual manera, se incluye el trabajo ofrecido a instituciones sin fines de lucro. En esta clasificación pueden ser las organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos, asociaciones campesinas, clubes barriales, etc.”(Ministerio de la Mujer y ONE, 2018: 44). Mientras, el trabajo de cuidados“comprende las actividades que se realizan dentro o fuera de los hogares; e incluye el otorgar bienestar físico, afectivo y emocional a las personas. La mayoría de las ocasiones este trabajo de cuidado y el doméstico se realiza sin obtener a cambio remuneración alguna por el servicio brindado”(íd., p. 67). Este estudio aporta información respecto al ciclo de vida de las personas y el impacto del trabajo doméstico y el TNR: en las mujeres es mayor en sus años de vida productiva(desde los 25 a 45 años); mientras que, en el caso de los hombres, es a partir de los 75 años que el TNR aumenta levemente, precisamente cuando disminuye su participación en el mercado laboral(Ministerio de la Mujer y ONE, 2018: 43-44). La brecha para las mujeres persiste incluso hasta la edad de adultas mayores 10 . La relación entre trabajo de cuidado y edad muestra el siguiente patrón: las mujeres entre 25 y 45 años trabajan cuidando 18,8 horas promedio a la semana, mientras que los hombres en ese mismo rango de edad solo 3,8. Gráfico 2. Cantidad de tiempo que dedica la población de 10 años y más, al trabajo no remunerado y de cuidado Gráfico 2. Promedio de horas semanales que dedica la población Promedio de horas semanales, por grupo de edad según sexo. de 10 años y más al trabajo no remunerado y de cuidado Mujeres Hombres Por grupo de edad según sexo Trabajo no remunerado 34,6 29,2 30,3 28,8 Trabajo de cuidado 14,0 6,8 0 10-14 7,4 15-24 9,6 25-45 10,2 46-59 17,5 11,3 13,5 4,7 60-74 75 y más 1,3 0 Edad 10-14 17,2 2,2 15-24 18,8 3,8 25-45 12,2 2,8 46-59 11,3 2,7 4,2 3,0 60-74 75 y más Fuen Fu te n : t M e: in M i i s n t i e st r e io rio d d e e la la M u u j j e e r r y y O O N N E( E 20 (2 1 0 8) 1 . 8). De los datos del Gráfico 2 podemos deducir que los hombres participan escasam 35 ente de las labores requ 3 e 5 ridas para satisfacer las necesidades de 30 30 25 25 20 20 10 . Personas adultas mayores que se dedican al cuidado(especialmente de nietos y nietas) es una realidad qu 15 e también se recoge en Ortega et a 1 l 5 . (2018). 10 10 5 5 0 0 163

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE trabajo doméstico y de cuidado hogareñas. Estos no deben decidir si dedican tiempo al trabajo remunerado o al no remunerado, pues la adjudicación de estas actividades a las mujeres los libera de esta carga durante la etapa productiva de su vida. Las mujeres, por su parte, dedican desde la adolescencia una parte importante de su tiempo a las tareas domésticas y deben, además, incorporarse al mercado laboral sin que ocurra una redistribución de ellas. Esto queda evidenciado al analizar los datos del promedio de horas semanales dedicadas al TNR y la condición de actividad, como se observa en la siguiente tabla. Tabla 2. Promedio de horas semanales que dedica la población al trabajo remunerado y no remunerado Según condición de actividad y sexo Condición de actividad Ocupado/a Cesante y/o desocupado/a Estudiante Quehacer doméstico Jubilados/as y/o rentistas Incapacitados/as y/o ancianos/as Inactivo/a Trabajo total Trabajo remunerado Trabajo no remunerado Hombres 52,9 16,8 Mujeres 65,8 41,4 Hombres 44 2,5 Mujeres 38 1,2 Hombres 8,9 14,3 Mujeres 27,8 40,2 10,7 19,2 1,6 47,4 41,3 21,7 18,6 30,2 0,7 0,8 9,1 18,5 0,2 25,7 41,1 1,1 17,9 29,1 13,4 28,3 0,8 0,2 12,6 28,1 17,7 36,3 3,1 0,5 14,6 35,8 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de la Mujer y ONE(2018). Para todos los escenarios, excepto quehaceres domésticos 11 , el tiempo total de trabajo de las mujeres es mayor que el de los hombres. Es importante señalar que del total de hombres de 10 años y más, solo un 0,6% se dedica a los quehaceres domésticos, y es esta proporción de la población masculina la que en promedio dedica 47,4 horas semanales de trabajo total(remunerado y no remunerado). Es decir que es ínfima la proporción de hombres ocupada en estas actividades(ONE, 2018a). En cuanto al TNR, en todos los casos y sin excepciones, las mujeres dedican más tiempo que los hombres. La mayor diferencia se registra 11. Es la categoría de condición de actividad económica que se emplea para las personas que, en la ENHOGAR 2016(ONE, 2018), dijeron no buscar empleo porque se dedican a quehaceres domésticos. 164

REPÚBLICA DOMINICANA entre la población cesante y/o desocupada, dentro de la cual las mujeres dedican unas 25,9 horas semanales al TNR por encima de los hombres. Las inactivas dedican 21,2 horas semanales más que los hombres al TNR, las ocupadas 18,9 horas más y las incapacitadas para trabajar y ancianas se posicionan por encima de los hombres con 15,5 horas de diferencia. Tabla 3. Promedio de horas semanales que dedica la población al trabajo de cuidado Según condición de actividad y sexo Condición de actividad Ocupado/a Cesante y/o desocupado/a Estudiante Quehacer doméstico Jubilados/as y/o rentistas Incapacitados/as y/o ancianos/as Inactivo/a Hombres 2,9 6,1 2,2 14,3 6,3 3,6 4,9 Mujeres 13,8 22,2 8,1 21,5 11,2 12,3 20,1 Diferencia 10,9 16,1 5,9 7,2 4,9 8,7 15,2 Fuente: Elaboración propia a base de datos del Ministerio de la Mujer y ONE(2018). Analizando específicamente el trabajo de cuidado, la menor brecha entre las horas dedicadas por hombres y por mujeres se observa en el grupo de jubilados/as y/o rentistas y es de 4,9 horas. Las diferencias más amplias se ubican entre cesantes y/o desocupados/as e inactivos/as, siendo 16,1 y 15,2, respectivamente, las horas de trabajo de cuidado que realizan las mujeres semanalmente, por sobre los hombres. Incluso las mujeres consideradas incapacitadas y/o ancianas destinan al cuidado más tiempo que los hombres para casi todas las condiciones de actividad, con 12,3 horas semanales, exceptuando los hombres dedicados al quehacer doméstico, que emplean 14,3 horas semanales. Según las distintas categorías de ocupación, los datos de la ENHOGAR 2016 dan cuenta de la misma realidad caracterizada por una mayor carga de TNR en las mujeres y aporta información sobre diferencias existentes entre estas. Las que trabajan por cuenta propia dedican 36 horas semanales al TNR; las trabajadoras sin paga, 33,7 horas; las trabajadoras domésticas, 33,3; las empleadas de empresas privadas, 30,3; las empleadoras y las empleadas públicas entre 28,6 y 26,4. Las profesionales que trabajan por cuenta propia son las que menos tiempo emplean en TNR: 20,8 horas a la semana. Es en esta categoría ocupacional en la que se ve una menor brecha en relación con el tiempo que los hombres dedican: 13,1 horas(Ministerio de la Mujer y ONE, 2018). 165

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Sobre TNR y composición del hogar, se observa que las mujeres que viven en hogares monoparentales, con menores de 15 años, tienen mayor carga de TNR(39,4 horas semanales) que en el caso de los hogares monoparentales de hombres(15,4 horas semanales). Le siguen las mujeres de hogares biparentales con hijos/as(37,4) y las mujeres de hogares compuestos y extendidos(34,1 y 31,2, respectivamente). Lo mismo ocurre cuando se analiza el trabajo de cuidados: la carga de la responsabilidad familiar es decisiva: en los hogares monoparentales con menores de 15 años, las mujeres emplean 24,6 horas a la semana para cuidar, mientras que los hombres 8,9. Esta desigual carga de trabajo de cuidados entre hogares monoparentales de hombres y mujeres está asociada a que los hombres recurren en mayor medida a sus redes familiares y comunitarias para apoyarse en esta responsabilidad. Los datos del Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares del SIUBEN indican que, de los hogares monoparentales con al menos un niño o niña de 0 a 12 años liderados por jefes de hogar, en el 33% el padre se encarga del cuidado, en el 28,6% el abuelo o abuela y en el 13,8% la madre; mientras que, en el 59,9% de los hogares monoparentales con jefas de hogar, la madre se hace cargo del cuidado, en el 21,6% la abuela o abuelo y solo en el 1,2% el padre 12 . Por otra parte, considerando el nivel socioeconómico, en el grupo“muy bajo” las mujeres destinan 16 horas semanales más que los hombres al cuidado(Gráfico 3). Conforme aumenta el nivel socioeconómico se acorta relativamente la distancia: las mujeres del grupo“alto” emplean un promedio de 10,6 horas a la semana, mientras que los hombres 4,1 horas. Una posible explicación podría encontrarse en la contratación de servicios de cuidado vía mercado(trabajo doméstico remunerado o servicios de cuidado), a la que las personas con mayores ingresos pueden acceder. Gráfico 3. Promedio de horas semanales que dedica la población de 10 años y más al trabajo de cuidado G P r o á r s fi e c xo o , 3 se . g P ú r n o g m rup e o d s i o o ci d oe e co h n o ó r m a ic s o semanales que dedica la población de 10 años y más al trabajo de cuidado Por sexo, según grupo socioeconómico Grupo socioeconómico Alto Horas semanales Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Mujer 10,6 14,9 16 17,9 18 Hombre 4,1 3,9 3,1 3 2,1 Fuente: Tomado de Ministerio de la Mujer y ONE(2018). 1 F 2 u . e In n f t o e r : m To a m ci a ó d n o o d b e te M n in id is a te m rio ed d i e a l n a t M e u so je l r ic y it O u N d E a (2 la 01 O 8 f ) i . cina de Acceso a la Información de SIUBEN. 166

REPÚBLICA DOMINICANA Yendo ahora a la situación según zonas de residencia, se observa que la brecha entre el tiempo dedicado al TNR y al trabajo de cuidado por hombres y mujeres se incrementa ligeramente en las zonas rurales. Asimismo, las mujeres en las zonas rurales entregan más horas a estas actividades que las residentes en zonas urbanas. Gráfico 4. Promedio de horas semanales que dedica la población de 10 años Gráfico 4. Promedio de horas semanales que dedica la población de 10 años y más a y l t m ra á b s a a jo l t d r e a c b u a id jo ad d o e y cu al id T a N d R o y al TNR P P o o r r se s x e o x , o s , e s g e ú g n ú z n on z a o d n e a r d e e sid r e e n s c id ia encia Mujeres Hombres Trabajo de cuidado Trabajo no remunerado 31,2 30,3 33,9 15,7 3,1 0 Total 15,3 3,5 Urbano 17 2,3 Rural 9,6 0 Total 11,1 9 Urbano Rural Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de la Mujer y ONE(2018). Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de la Mujer y ONE(2018). Las diferencias que se muestran entre mujeres, atendiendo al nivel socioeconómico, zona geográfica, categoría de ocupación, entre otras, reflejan cómo las desigualdades relativas a la carga del cuidado interactúan con otros ejes de desigualdad. El acceso universal a servicios básicos es una cuestión de primer orden para reducir estas desigualdades, pues tendrían un impacto en la reducción del tiempo de trabajo de cuidado necesario. En este sentido, en la República Dominicana queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, de los hogares que reciben agua potable del acueducto, un 9,2% solo tiene servicio de agua una vez a la semana y 44,9% dos a tres días(ONE, 2019a), esto indica que un 54,1% de los hogares en el país se encuentran privados del acceso al agua potable, según los criterios del Índice de Pobreza Multidimensional (SIUBEN, 2017). La información incluida en ENHOGAR 2016 deja por fuera varios aspectos sustantivos de la economía de cuidados, como la articulación entre trabajo doméstico y trabajo de cuidados y las actividades específicas que las mujeres realizan en torno a esos dos ejes. Se necesita también visibilizar la carga emo167

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE cional y anímica y su impacto en la salud y el bienestar, que se relaciona con la organización y administración de los cuidados en cada hogar. Con la pandemia de covid-19 las dificultades que enfrentan las mujeres en relación con el trabajo doméstico no remunerado se han agudizado, visibilizando“la excesiva carga de cuidado de las mujeres” 13 . Los aún limitados servicios de cuidado infantil cerraron, así como escuelas y colegios, sobrecargando el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados en la coyuntura de esta emergencia sanitaria y económica. 3.1. El TNR y de cuidados en el marco normativo La Constitución nacional(art. 55, inc. 11) expresa:“El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”. Indudablemente es una puerta de entrada fundamental para la formulación de políticas públicas, pero ninguna otra normativa o iniciativa administrativa la recoge en concreto. En materia de corresponsabilidad de los cuidados, la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 14 en su objetivo específico 2.3.1“Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres”, apunta la siguiente línea de acción:“Crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin discriminación, incluyendo protección contra el acoso sexual, y fomenten la corresponsabilidad paterna y social en el cuidado de la familia”(§ 2.3.1.6). Sin embargo, en la línea de acción 2.3.3.2 15 , se establece la prioridad de los hogares de jefatura femenina en los programas de transferencia monetaria condicionada(TMC) como una estrategia para asegurar el cumplimiento de las corresponsabilidades que estas transferencias acarrean. Esta estrategia implica montar el programa sobre el esquema tradicional de división sexual del trabajo en el que se sustentan las desigualdades de género, reforzándolo. 13. Foro Feminista Magaly Pineda et al ., 3/5/2020,“Comunicado de las organizaciones de mujeres dominicanas en medio de la pandemia por covid-19”, https://www.mujeresdelsur-afm.org/comunicado-organizaciones-mujeres-dominicanas-medio-pandemia-covid-19/ 14 . Disponible en http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/marco-legal/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf 15 . La Ley 1-12 señala como línea de acción:“Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los hogares con jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, para que asegure el cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida” (§ 2.3.3.2). 168

REPÚBLICA DOMINICANA Organizaciones sindicales 16 y feministas 17 han solicitado la ratificación del convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, demanda sustentada en varios artículos de la Constitución nacional (art. 55, incs. 10 y 11; arts. 56 a 58). El inciso 10 del artículo 55 de la Constitución nacional expresa específicamente que el Estado debe promover la maternidad y la paternidad responsables y describe esas responsabilidades, compartidas, como alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a los hijos y las hijas. El convenio permite hablar de corresponsabilidad al reconocer a“trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos/as a su cargo, y con otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella”. El convenio 156 espera su ratificación en República Dominicana desde 1981. La desigualdad en la corresponsabilidad está vigente en la legislación dominicana. Se contemplan 14 semanas de licencia remunerada por maternidad o posnatal(como un tiempo reconocido en exclusividad para cuidar: en la ley“descanso pre y post natal”, art. 239) según se establece en el convenio OIT 183 de Protección de la Maternidad. Sin embargo, de este derecho solo pueden disfrutar las personas afiliadas al régimen contributivo de la seguridad social. Quedan excluidas las trabajadoras domésticas remuneradas, las del sector informal y las catalogadas como“inactivas”. La legislación también contempla como derecho en el período de lactancia tres descansos remunerados de veinte minutos cada uno(como mínimo) durante la jornada. Mujeres sindicalistas han reseñado que la perspectiva de género es inexistente en el mundo laboral pero que se han concretado mejoras al Código del Trabajo en algunos casos a través de pactos colectivos(“Las sindicalistas…”, cit.). Por su parte, la licencia por paternidad se extendió en 2019, de 2 18 a 7 días para el sector público y, en algunas instituciones, se otorgan 10 días. En el 16 . Recientemente, en coyuntura electoral, las centrales sindicales reclamaron la aprobación del convenio OIT 156 argumentando que este compromiso es ineludible para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, no solo como una manera de reconocer el trabajo de cuidados históricamente realizado por las mujeres sino también para caminar hacia la igualdad de derechos en el mundo del trabajo:“Hay empresas que se quejan de que las mujeres piden permisos para llevar familiares al médico, a los hijos, para las reuniones escolares y otros asuntos que culturalmente están a cargo de la mujer. Lo que se busca es que cualquiera de los dos acceda a los permisos y se divida la responsabilidad”, señaló Eulogia Familia, dirigente sindical, en entrevista en El Caribe,“Las sindicalistas que luchan por derechos laborales de mujeres”, 6/3/2020, https://www.elcaribe.com.do/2020/03/06/las-sindicalistas-que-luchan-por-derechos-laborales-de-mujeres/. 17. En 2012, el Centro de Investigación para la Acción Femenina(CIPAF) realizó junto a organizaciones internacionales una campaña pidiendo la ratificación del convenio OIT 156 y el impulso de políticas públicas hacia la corresponsabilidad. La campaña se tituló “Ambos a dos: proveer y cuidar”. 18 . El Código del Trabajo en su artículo 54, otorgaba un tiempo limitado a 2 días. 169

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE último caso se encuentra el Ministerio de la Mujer que al implementar esta medida dice avanzar hacia el reconocimiento de la corresponsabilidad 19 . La realidad, sin embargo, sigue siendo abiertamente desigual. Licencias de paternidad tan cortas en comparación con las otorgadas por maternidad refuerzan el rol pasivo y secundario de los hombres en relación con la crianza de hijos e hijas. Asimismo, la licencia por paternidad extendida a 7 o 10 días es una medida muy limitada, ya que deja fuera a trabajadores del sector privado, del informal y desocupados. El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género(PLANEG III) elaborado por el Ministerio de la Mujer 20 en el año 2019, incluye, como una de las acciones para disminuir la desigualdad, la ampliación de los mecanismos existentes(licencias por maternidad o paternidad) hacia una licencia de parentalidad, que pueda ser usada por madres o padres y que tenga como horizonte el rol activo de estos. En relación con el trabajo de cuidados no remunerado, el PLANEG III incluye la propuesta de establecer una cuenta satélite en las cuentas nacionales, entre otras. El PLANEG III puede impulsar avances en tanto exista voluntad política en los poderes del Estado, lo que podrá comprobarse, en el mediano plazo, desde las prioridades y medidas que vaya asumiendo el nuevo gobierno elegido el pasado 5 de julio. En su Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC, 2020) apuntó que, si bien existen algunas iniciativas positivas sobre la conciliación familiar y laboral, como por ejemplo la puesta en marcha de guarderías o estancias en el marco de los servicios de cuidados para la infancia, estas tienen que ser parte de una política integral de cuidado en dirección a una corresponsabilidad social que desfamiliarice y desfeminice la tarea de cuidado. En torno a este debate también se discute la protección de las trabajadoras no remuneradas y en situación de dependencia. 4. Trabajo doméstico remunerado Al primer trimestre de 2020, 259.804 personas estaban ocupadas en el trabajo doméstico remunerado según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo(ENCFT)(BCRD, 2020b). Se estima que esa cifra podría casi duplicarse debido al subregistro y la informalidad que caracterizan al sector. Aunque representan el 5,6% de la fuerza de trabajo de República Dominicana, 19 . “Ministerio de la Mujer aumenta a 10 días licencia de paternidad a sus empleados“, https://mujer. gob.do/index.php/noticias/item/455-ministerio-de-la-mujer-aumenta-a-10-dias-licencia-de-paternidada-sus-empleado 20 . Disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019_planeg_iii_dom.pdf 170

REPÚBLICA DOMINICANA tienen un salario promedio de RD$ 7.000 por debajo de los salarios mínimos establecidos para otros sectores laborales y más alejado del costo de la canasta básica promedio estipulada en RD$ 31.506,18. Además, no tienen garantizados derechos básicos como el de seguridad social, un salario mínimo fijo, jornadas de trabajo definidas, licencia por maternidad, entre otros. Casi la totalidad de los trabajadores domésticos son mujeres (95,7%), lo que demuestra la división sexual del trabajo de cuidados(BCRD, 2020b). Al Régimen Subsidiado de la seguridad social están afiliadas 18.000 trabajadoras domésticas, quienes acceden a servicios básicos de salud a través de la red de prestadores para ese régimen de financiamiento(ver§ 5, infra ). Un 6,8% de los hogares dominicanos utiliza servicios domésticos, siendo el quintil con mayores ingresos el que en más alta proporción incurre en este tipo de gastos(24,3% de hogares)(BCRD, 2020d: 28). En el grupo de hogares que tienen un/a jefe/a de hogar con nivel universitario, una proporción del 20,9% emplea servicio doméstico. Las condiciones laborales en las que se desempeñan las trabajadoras de este sector reflejan un nivel de explotación que no es reconocido en la agenda pública y que se ampara en un marco normativo que, además de dejar muchos aspectos al arreglo privado(sujetos a contratos verbales), normaliza situaciones que vulneran los derechos humanos. Se verifican, por ejemplo, jornadas de hasta 70 horas semanales(Vicepresidencia de la República Dominicana- Gabinete de Coordinación Políticas Sociales, 2019) sin la consideración de pago de horas extras, ya que el propio Código del Trabajo solo prevé un tiempo para el descanso expresando:“El trabajo de los domésticos no se sujeta a ningún horario; pero éstos deben gozar, entre dos jornadas, de un reposo ininterrumpido de nueve horas por lo menos”(art. 261). En general, dentro de la categoría ocupacional“servicio doméstico” se incluyen un conjunto de actividades que van desde el trabajo de cuidados indirectos(limpieza, lavado, planchado, cocina, cuidado de las casas, de plantas y animales)(Contreras, 2013: 44) hasta el cuidado directo de dependientes: niños, niñas, personas enfermas, adultas mayores o con discapacidad. Estas actividades no están diferenciadas, por lo que en general el trabajo doméstico engloba todo tipo de quehaceres, como acompañar en las tareas escolares o jardinería. En República Dominicana conviven varias modalidades de trabajo doméstico:“con dormida”, por jornada sin dormida o por tarea(planchado o limpieza, por ejemplo). La modalidad“con dormida” es la que pone en evidencia de manera más clara las tensiones entre los derechos de quienes cuidan y quienes reciben cuidado, en un contexto laxo de regulación. Aunque esta modalidad asegura a los hogares la disponibilidad de alguien que apoye o se encargue de resolver todas las necesidades que en términos de cuidado se presentan a lo largo de todo el día, para las trabajadoras del hogar significa una elevada pobreza de tiempo, escasez que afecta su propio cuidado y el de sus familias, además de oportunidades perdidas de estudio y 171

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE de preparación para otras opciones laborales o proyectos de vida. Contreras (2013: 45) destaca:“Todas las mujeres entrevistadas que trabajan bajo la modalidad«con dormida» realizan trabajos de cuidados de niños/as, adulto/as mayores o personas con necesidades especiales”. 4.1. Trabajadoras domésticas migrantes remuneradas En general, sobre la problemática de la mujer migrante en República Dominicana no se tienen muchos datos y su rol ha sido visto por las políticas públicas como accesorio al trabajo del hombre migrante o restringido a receptora de servicios de salud, específicamente de salud reproductiva (INM-RD, 2019: 84), opacando su contribución a la economía. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017, la mujer migrante continúa concentrada“en el ámbito del pequeño comercio, sobre todo la inmigrante de origen haitiano”); también señala:“Crecientemente la mujer inmigrante nacida en Haití se encuentra envuelta en un proceso de incorporación a las ocupaciones que giran en torno a las unidades domésticas, pero no solo reducidas al trabajo doméstico, sino incluso a actividades mercantiles”(ONE, 2018b: 370). Del total de la población ocupada de origen extranjero, un 5,8% se dedica al trabajo doméstico. De ese total, el 65% son mujeres nacidas en Haití y 25,5% son mujeres descendientes de origen haitiano nacidas en República Dominicana 21 . En la población inmigrante nacida en Haití, el promedio de ingreso es de RD$ 14.092. Se observa una brecha importante con la población inmigrante proveniente de otros países, que presenta un promedio de ingresos de RD$ 33.205. En cambio, en el sector de trabajo doméstico la diferencia se ensancha para abajo (promedio de RD$ 7.000) pero se aproxima a la misma condición de ingresos de las trabajadoras domésticas en general(ONE, 2018b: 360-361). Un estudio con perfil cualitativo indicó que las trabajadoras domésticas haitianas que participaron de la investigación percibían un sueldo promedio de RD$ 2.000(Petrozziello y Wooding, 2011), lo cual da cuenta de cuán bajos pueden llegar a ser los salarios de estas trabajadoras, información que se pierde en los valores promedio. No obstante, comparten con las trabajadoras dominicanas una gran parte de las desigualdades en cuanto a negación de derechos y condiciones laborales(Contreras, 2013: 72), manteniendo la especificidad de su condición vulnerable en tanto migrante en un contexto de desprotección de derechos. 21 . Cálculos propios a partir del cuadro 7.5. República Dominicana: Población ocupada de 10 años y más de origen extranjero por país de nacimiento, según categoría ocupacional y sexo, de la ENI-2017 (ONE, 2018b: 346). 172

REPÚBLICA DOMINICANA 4.2. El convenio OIT 189 y el marco normativo del trabajo doméstico en República Dominicana La República Dominicana ratificó el convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras/es domésticos y trabajo decente en el año 2013, pero a la fecha el marco normativo sigue siendo el establecido en el Código del Trabajo de 1992 22 . El sector sindical considera que el convenio como tal permite al Estado dominicano realizar cambios que no necesariamente requieran la reforma del Código del Trabajo, por ejemplo, en lo relativo a la seguridad social 23 , y han propuesto la creación de una ley especial para regular el trabajo doméstico como una manera de avanzar en la efectividad de derechos. El proyecto de ley es fruto del esfuerzo de la Mesa Intersectorial de Género en la que participan las dirigentes de las centrales sindicales de República Dominicana 24 : además de proponer igualar y restituir derechos para este sector en lo relativo a seguridad social, ocho horas de trabajo, pago de horas extras, derecho a vacaciones y períodos de descanso semanal, busca regular la modalidad“con dormida”, establecer un salario mínimo y prohibir el trabajo doméstico para personas menores de 18 años y el pago en especie, vigente en el Código del Trabajo actual. Asimismo, con la obligación para la parte empleadora de inscribir a trabajadores y trabajadoras en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se garantizaría la formalización de una ocupación laboral que hasta el momento es invisible para el Estado. Para visualizar el grado de segregación institucionalizada en la ley del trabajo actual es importante revisar las diferencias entre el régimen que se aplica al resto de las personas trabajadoras y a las del sector doméstico: 22 . Una reforma parcial y en un sentido muy restrictivo se realizó en 1999 incorporando el derecho a vacaciones y el salario navideño. Además, consideró permisos para estudios o atención de salud, pero “siempre y cuando sea compatible con su jornada laboral”. Una jornada que no tiene límites establecidos en esta normativa. 23 . En entrevista para la elaboración de este documento, la dirigente sindical Elena Pérez señaló que bastaría una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social para la ampliación de este derecho hacia el sector de trabajadoras del hogar. 24 . La Mesa Intersectorial de Género es un espacio de debate y articulación para acompañar, proponer y monitorear las acciones pendientes por parte del Estado dominicano, a raíz de la ratificación del convenio 189. Participan las centrales sindicales, representadas por el Comité Intersindical de Mujeres Trabajadoras(CIMTRA), los Sindicatos de Trabajadoras del Hogar, el Centro de Estudios de Género de INTEC, el Instituto de Género y Familia de la UASD, el Centro de Investigación para la Acción Femenina(CIPAF), el Foro Feminista y la Fundación Friedrich Ebert. 173

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Tabla 4. Diferencias entre el régimen de protección que se aplica al resto de las personas trabajadoras y a las del sector doméstico Régimen ordinario Jornadas de trabajo definidas Protección a la maternidad Derecho al pago de las vacaciones no disfrutadas, proporcional al período laborado, en los casos de ruptura del contrato de trabajo Salario mínimo estipulado Prestaciones laborales por despido No se define como parte de su salario los alimentos y el alojamiento(en caso de que se concedan) Régimen aplicable al trabajo doméstico remunerado Jornadas de trabajo indeterminadas (se prevé solo un descanso de al menos 9 horas para la modalidad con dormida) Sin protección a la maternidad Derecho a vacaciones solo por cada año de servicios Salario mínimo no estipulado No hay prestaciones laborales por despido, solo el importe correspondiente a las vacaciones anuales si no las disfrutó Los alimentos y el alojamiento s on considerados equivalentes al 50% del salario(pago en especie) Fuente: Extraído de Batista(2018). Esta discriminación se establece en el Código del Trabajo, con el sometimiento de los contratos relativos al servicio doméstico a un régimen especial que desvincula a trabajadoras y trabajadores domésticos del conjunto. La propuesta de ley del sector sindical incorpora en la definición de trabajo doméstico los servicios de cuidado de personas dentro del hogar(acorde al convenio 189), tarea invisibilizada en la legislación actual que define como“trabajadores domésticos a los que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes”(art. 258, Código del Trabajo). Uno de los actores que retrasa la efectiva regulación del trabajo doméstico es la Confederación Patronal de la República Dominicana(COPARDOM) que, en su momento, se manifestó abiertamente en contra de la ratificación del convenio 189, argumentando que dicha normativa atenta contra la intimidad 174

REPÚBLICA DOMINICANA y el honor personal( sic ) 25 . Este gremio consideraba que dicho Convenio es de aplicación imposible porque habilita a inspectores del Ministerio del Trabajo a visitar e inspeccionar el domicilio donde se realiza el trabajo doméstico para asegurar el cumplimiento de las normas laborales. Esto, según COPARDOM, colisiona con el art. 44 de la Constitución nacional. Al retrotraer nuevamente el trabajo doméstico al ámbito privado, la COPARDOM lleva la discusión al eje central ya anteriormente expuesto: considerar a los hogares solamente como consumo y no como lugares de producción de bienes(como el bienestar) 26 . Aquí se ve el grado de articulación entre la regulación del trabajo doméstico y la organización social de los cuidados. Esta especificidad aludida por el sector empleador es una de las excusas para mantener lo referente al cuidado remunerado en la precarización(posibilitada por la preminencia de relaciones individualizadas y la baja sindicalización), fuera del reconocimiento de su valor y de la garantía de derechos. Así las cosas, en la realidad, más que el reconocimiento de la tensión entre derechos de cuidar y ser cuidado lo que se aprecia es una disputa por el sentido económico y político de la agenda de cuidados. Finalmente, la adaptación de la legislación al convenio 189 es una obligación del Estado dominicano, asumida desde el momento en el que fue ratificada(2015), su incumplimiento vulnera un compromiso que tiene un carácter vinculante y no renunciable 27 . Como se ha visto, el trabajo doméstico es central en la discusión sobre la organización de los cuidados, así como en el reconocimiento del valor y la productividad del trabajo de cuidados no remunerado. El trabajo doméstico es una de las formas mercantiles en las que se organiza socialmente el cuidado“frente a la persistencia de la tradicional división sexual del trabajo y ante la debilidad de las políticas públicas”(Messina, 2016) para desarrollar un sistema de cuidados que privilegie el acceso a derechos de todas las personas y el derecho a cuidar y a ser cuidado como una realidad en tensión(Esquivel, 2011). Es en este marco, de vigencia de la desigualdad e injusticia de género, que se puede entender la falta de regulación del trabajo doméstico en el país, la resistencia a dictar una legislación laboral con arreglo al convenio 189, sobre trabajo decente, ratificado por el Estado dominicano en 2013, y la dilación en la aprobación de una nueva ley para el sector. 25 . Comunicado de prensa, 25/10/2012, http://www.copardom.org/wp-content/uploads/2019/10/COPARDOM-TRABAJO-DOMESTICO.pdf 26 . En el comunicado afirma que el hogar no es un centro de generación de plusvalía y que la compa ración con el sector comercial o productivo resulta inapropiada para una regulación efectiva sobre el trabajo doméstico. 27 . CEG-INTEC(2020) señala la regulación laboral de los trabajadores domésticos como prioritaria dentro de la Agenda Legislativa de Género. 175

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 4.3. El trabajo doméstico remunerado en la coyuntura de emergencia del covid-19 Como en muchos otros aspectos de la vida social, la pandemia de covid-19 agudizó y puso en evidencia las desigualdades y la situación de desprotección en la que se encuentran las trabajadoras domésticas en República Dominicana. Las medidas de contención del gobierno dirigidas a paliar de forma mínima la falta de ingresos provocada por la emergencia contemplaron, en un inicio, solo al sector formal de la economía, excluyendo explícitamente a las trabajadoras y los trabajadores del hogar y de la economía informal. Muchas de las trabajadoras del hogar fueron objeto de despidos arbitrarios, sin disfrute de prestaciones laborales, en el marco, precisamente, de la falta de regulación que ampara este tipo de abusos. Las centrales sindicales recibieron denuncias sobre empleadas suspendidas sin goce de salarios y otras que fueron forzadas a pasar meses de cuarentena obligatoria en casa de sus empleadores y empleadoras sin posibilidad de salir. También se registraron denuncias de trabajos no pagados y sin acceso a atención médica 28 . En este contexto, organizaciones de mujeres, de feministas y sindicatos realizaron un llamado público para exigir la inclusión de las trabajadoras del hogar en los programas de apoyo de transferencias no condicionadas dirigidas al sector trabajador formal. De esta forma se buscaba asegurar los salarios y la sobrevivencia económica en casos de despidos o condicionantes de salud, edad, así como protección de la maternidad 29 . Desde la Vicepresidencia de la República(que tiene bajo su cargo la coordinación de los programas sociales) se declaró que se garantizaría la provisión de ayudas económicas a las trabajadoras del sector doméstico y se hizo un llamado para observar y cumplir lo que se establece en el convenio 189 de la OIT 30 . Por su parte, el ministro del Trabajo“apeló al sentido común ante la actitud que deben asumir las familias con sus empleadas domésticas” 31 , citando un ejemplo personal: el caso de su madre, de 83 años, que tiene una persona que la cuida y que permanecerá con ella todo el período, por el cual le pagarán una compensación. Sin embargo, no hubo ninguna 28. Entrevista a Elena Pérez realizada en el marco de la elaboración de este documento. 29 . Hasta fines de junio de 2020, el Ministerio del Trabajo de República Dominicana había informado que cerca de 1.150.000 trabajadores y trabajadoras habían sido suspendidos tan solo en el sector formal (Proceso, 24/6/2020. https://proceso.com.do/2020/06/24/ministerio-de-trabajo-informa-hay-cerca-1-millon-150-mil-trabajadores-suspendidos-en-el-pais/). 30 . “Margarita se compromete a buscar solución a trabajadoras domésticas desprotegidas ante crisis”, Diario Libre , 6/5/2020. https://www.diariolibre.com/actualidad/margarita-se-compromete-a-buscar-solucion-a-trabajadoras-domesticas-desprotegidas-ante-crisis-HG18693646 31 . “Ministro de Trabajo apela al sentido común con trabajadoras doméstica; se puede trabajar en la construcción”, Listín Diario, 19/3/2020. https://listindiario.com/la-republica/2020/03/19/609328/ministro-de-trabajo-apela-al-sentido-comun-con-trabajadoras-domestica-se-puede-trabajar-en-la-construccion 176

REPÚBLICA DOMINICANA medida específica dirigida a trabajadoras y trabajadores domésticos para regular las condiciones de trabajo en el escenario del covid-19. 5. Protección de la seguridad social: el Sistema Dominicano de Seguridad Social(SDSS) El Sistema Dominicano de Seguridad Social(SDSS) es frecuentemente mencionado como el pilar de la política de protección social con el que cuenta el país. Incluye la protección de la población“contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”(ley 87-01 32 ) y articula el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia(art. 35); el seguro familiar de salud(art. 118) y servicios de estancias infantiles(art. 134). Sin embargo, en la práctica su estructura se basa en la capitalización individual, lejos de nociones de solidaridad y de principios de universalidad, y su alcance solo puede ser comprendido atendiendo a la realidad del mercado laboral de República Dominicana(ver supra § 1). En ese sentido, un sistema de seguridad social que se sustenta en una apuesta a la formalidad e ingresos dignos de la mayoría choca de frente con un mercado laboral en el que predomina la informalidad, ingresos inestables y trabajos de cuidados no remunerados ni reconocidos, y no contribuye a acortar la brecha de desigualdad. Así, verifica un modelo subsidiario que interviene con prestaciones precarias ahí donde el sector privado no lo hace por no considerarlo rentable. Esto se puede ver en la estructura del SDSS. El SDSS comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas y prevé tres tipos de regímenes: el contributivo financiado por trabajadoras y trabajadores y empleadoras y empleadores, exclusivamente para asalariados del sector formal(incluido el Estado como empleador, pero no como financiador). Se espera que sus afiliadas y afiliados cuenten con seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia; seguro familiar de salud(que incluye al sistema público y al privado) y seguro de riesgos laborales; el subsidiado para trabajadoras y trabajadores por cuenta propia con ingresos menores al salario mínimo o en situación de inestabilidad y para personas desempleadas, con discapacidad y en situación de indigencia, con financiación estatal, que incluye seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y el plan básico del seguro familiar de salud, atendido exclusivamente por una red de hospitales 32. Sanc.: 24/4/2001; promul.: 9/5/2020. Disponible en https://www.digepres.gob.do/wp-content/ uploads/2019/08/Ley-87-01-que-crea-el-Sistema-Nacional-de-Seguridad-Social.pdf 177

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE públicos caracterizada por debilidades. Las personas destinatarias de este régimen se encuentran en la línea de pobreza e indigencia. Este régimen establece su operatividad de acuerdo con los datos ofrecidos por el Sistema Único de Beneficiarios(SIUBEN) que también focaliza los programas de asistencia social, con base en un Índice de Pobreza Multidimensional 33 ; el contributivo subsidiado, que no ha sido implementado hasta la fecha. La ley 87-01 establece que este régimen protegerá a profesionales independientes y trabajadoras y trabajadores por cuenta propia con ingresos iguales o superiores al mínimo vigente, financiado con aportes de trabajadoras y trabajadores y del Estado. La ley que crea el SDSS fue promulgada en 2001, el régimen subsidiado comenzó a operar en 2003 y el contributivo en 2004 para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y el seguro de riesgos laborales. Recién en septiembre de 2007 empezó a operar el seguro familiar de salud(SFS), mientras que el régimen contributivo subsidiado puede que nunca se implemente. Como en otros casos vinculados a los cuidados y el bienestar, la dilación y los retrasos en la reglamentación e implementación de normativas impiden avances concretos en la política pública. En el tema de seguridad social esto se hace más relevante debido al dinamismo intrínseco 34 del sector. No obstante, la proporción de personas incluidas en el SDSS a través del SFS es alta: 8.114.764, equivalente a 78,1% de la población (CNSS, 2019). Cabe destacar aquí que la afiliación no implica tener cobertura ni acceder a los servicios de forma automática. Las personas pueden estar incluidas en el sistema, aunque no estén cotizando, pues una vez que ingresan permanecen en él más allá de su situación laboral o el nivel de aportes con que cuenten, por lo que la afiliación no les asegura cobertura de los servicios de salud −cuyo acceso está sujeto a ser cotizante activo en el caso del régimen contributivo−, así como tampoco una pensión digna. Siguiendo con los datos de CNSS(2019), del total de afiliadas y afiliados mencionado, el 52,8% corresponde al régimen contributivo, mientras el 45,1% al subsidiado y el 2,1% a regímenes especiales 35 . Así 33 . El SIUBEN incluye otros criterios sobre vulnerabilidad como sida, discapacidad, personas mayores que viven en los asilos públicos, niñas y niños en los orfanatos, entre otros. 34. Aparicio(2016) señala que los riesgos sociales no son inmutables y que requieren una constante revisión de las nuevas necesidades aparejadas a un contexto de creciente vulnerabilidad e incertidumbre. En Contexto(supra§ 1) precisamente se refirió a factores determinantes como el cambio climático, uno de los más relevantes. 35. Regímenes especiales: personas que recibían su pensión del Ministerio de Hacienda a febrero de 2009; personas jubiladas de la Policía Nacional(desde 2016), del sector salud y de las Fuerzas Armadas (ambos desde 2017). 178

REPÚBLICA DOMINICANA también la composición de la afiliación del SFS por sexo al mes de octubre 2019 es de 51,1%(mujeres) y 48,9%(hombres) debido al peso mayor que tienen las mujeres en la afiliación del régimen subsidiado que esta misma fuente calcula para octubre de 2019 de 52,8% y de 49,7% en el régimen contributivo. La desigual participación en el mercado laboral explica las diferencias expuestas, pero también la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidados como ya se indicó. Así, del total de mujeres en el régimen contributivo son mayoría las afiliadas en calidad de dependientes(61,9%)(CNSS, 2019) y bajo esta condición solo tienen acceso a salud, quedando excluidas de beneficios básicos de protección como el subsidio por lactancia o la pensión por vejez o discapacidad. Esta normativa muestra dos elementos: 1) las personas acceden a algunos derechos solo en tanto participan de un mercado laboral formal y asalariado, y 2) el trabajo de cuidados no solo no es remunerado, sino que tampoco cuenta con una protección mínima en el SDSS. De esta manera, una gran cantidad de mujeres está excluida de la seguridad social con la consecuente desprotección frente a enfermedades o riesgos como el que se enfrenta a raíz de la emergencia de la pandemia por covid-19 y ante eventos del ciclo natural de la vida como el envejecimiento, la viudez u otras condiciones como la discapacidad. A la desigualdad que produce este tipo de sistemas, en relación con el acceso a la atención de salud(y su calidad), se suman otras críticas dirigidas al SFS tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, cuya precariedad obliga a un fuerte gasto de bolsillo(45%)(ADESA, 2019). En el caso del régimen contributivo, las administradoras de riesgos de salud(entidades privadas que han acumulado grandes beneficios económicos a partir de su participación en el sistema)(Bosch y Fernández, 2019) solo cubren una parte de los servicios restringiendo el nivel de protección al que acceden las personas asalariadas que deben asumir un copago particular 36 . 5.1. Lactancia y maternidad La ley 87-01 contempla un subsidio(licencias con pago por 14 semanas) por maternidad(art. 132) y un subsidio por lactancia en exclusividad para las trabajadoras afiliadas al régimen contributivo que devenguen un salario menor o igual a tres salarios mínimos, excluyendo a las afiliadas como dependientes para el mismo régimen, pero también a las aseguradas en el régimen subsidiado, así como trabajadoras domésticas, del sector informal y las no ocupadas. De esta forma, el derecho a cuidar está protegido exclusivamente en el caso de las personas que trabajan en el sector formal. 36 . Según el Plan de Servicios solo se tiene cobertura en prestaciones de prevención y promoción, vacunas, emergencias y parto vaginal(SISALRIL). 179

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE El subsidio por lactancia se otorga por cada hija o hijo lactante(menor de un año) en forma equivalente a un porcentaje variable de su ingreso mensual y tiene“la finalidad de proteger los niños en edad de lactancia”(CNSS, 2019: 105). La normativa está pensada como un derecho del niño o la niña, pero no como un monto para la persona que cuida y aun así está restringido a una sola parte de esa población. Es decir, es un trabajo de cuidado no remunerado. El pago del subsidio por maternidad y lactancia entró en vigencia en 2008 y, a mayo de 2020, se habían beneficiado 248.886 mujeres. Asimismo, un total de 229.343 de mujeres había percibido el subsidio por lactancia hasta septiembre de 2019(CNSS, 2019). 5.2. Seguro por vejez, discapacidad y sobrevivencia La estrecha relación entre la capacidad contributiva y los beneficios a los que se accede genera un modelo de seguridad social con una exigua cobertura 37 y con futuros ingresos insuficientes para una pensión digna. A octubre de 2019, 4.088.442 personas estaban afiliadas al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Sin embargo, solo 1.895.389 aportaban activamente a su cuenta de capitalización individual(CNSS, 2019). Según la tasa de remplazo proyectada para República Dominicana, al momento del retiro, las trabajadoras y los trabajadores cotizantes solo dispondrían de un equivalente al 22,8% de su último salario(Bosch y Fernández, 2019). Para el régimen subsidiado, la ley 87-01 establece“pensiones solidarias” con un equivalente al 60% del salario mínimo público(menor al privado) para personas con discapacidad severa, adultas(de 60 años y más) y madres solteras con hijas o hijos menores de edad que no dispongan de recursos para satisfacer necesidades esenciales. El reglamento para su otorgamiento no fue promulgado hasta el año 2013(decreto 381-13) y recién en diciembre de 2019 se aprobaron las primeras 1.176 38 . En República Dominicana, una gran parte de la población mayor de 60 años 39 continúa ocupada(523.522 personas)(BCRD, 2020b), mientras que 205.383 personas se encuentran pensionadas en este rango de edad, según datos correspondientes a 2019(MEPyD, 2020e). Las personas en situación de pobreza que acceden a una pensión son aún menos: 6.919 en total. Estos 37 . El aporte de empleadoras y empleadores para el Fondo de Solidaridad Social con el que se completa la financiación de la pensión mínima de trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos se reduce al 0,4% del salario cotizable. 38. En enero de 2020, el gobierno saliente anunció pensiones solidarias para otras 4.845 personas y en marzo, 932 se sumaron a las primeras 1.176(nómina: https://minpre.gob.do/discursos/gustavo-montalvo-declaracion-pensiones-solidarias-ante-medios-de-comunicacion-28-enero-2020/). 39 . El total de población de 60 años y más es de 1.135.172 personas, según la proyección para 2020 de la ONE. 180

REPÚBLICA DOMINICANA datos muestran la precariedad de la tasa de cobertura, que corresponde en total a un 15,3%. La desigualdad respecto a las mujeres se profundiza en el acceso a este derecho en un orden de 5 puntos porcentuales(18,1% de hombres versus 12,9% de mujeres)(MEPyD, 2020e). Las desventajas históricas que afectan a las mujeres se intensifican en la edad adulta como consecuencia del débil acceso al mercado laboral propiciado por la obligación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que asumen ellas casi en exclusividad, subvencionando el costo de la reproducción social. Este trabajo no reconocido es el motivo de inactividad laboral más señalado por las mujeres(47% frente a un 2% de los hombres), mientras que para los hombres es la edad(48% versus 35% de mujeres)(GCPS- PNUD, 2018). A esto hay que agregar que los hombres inactivos predominan como receptores de ingresos por pensión(26%) con respecto a las mujeres(solo 9%). De esta manera, las mujeres dominicanas adultas mayores viven más(77,3 años frente a 71 de los hombres), tienen menos ingresos y siguen trabajando(en forma remunerada o no) sin protección social y de salud digna(PNUD, 2018). Si se examina el promedio de ingresos mensual por estrato socioeconómico, se encuentra que la pensión que reciben las personas de 60 años y más perpetúa un nivel de pobreza que ya no es posible revertir a esa edad en la lógica del mercado. Así, las personas en situación de pobreza monetaria perciben un promedio de RD$ 7.000, mientras que las que se encuentran en estado de indigencia, 5.000. El promedio general para pensionadas y pensionados es de RD$ 17.000, distante del costo de la canasta básica establecida por el BCRD para febrero de 2020. Si estos montos no son suficientes para la autonomía económica, menos aún pueden financiar el cuidado que las personas adultas mayores pudieran requerir. El SDSS mantiene otras desigualdades: 1) la pensión por discapacidad total es del 60% del salario base(prevista solo para el régimen contributivo), y 2) la edad diferencial que establece el Fondo de Solidaridad Social(art. 60) para el acceso a una pensión mínima para personas afiliadas de bajos ingresos que hayan cotizado durante al menos 300 meses y no hayan acumulado suficiente. Estas personas de bajos ingresos tienen que haber cumplido 65 años. Para el resto de la población beneficiaria, la ley 87-01 instituye 60 años. Cabe la reflexión respecto de cómo afrontarán las personas de 60 años y más(en especial las mujeres) su propia necesidad de cuidado sin un sistema de protección social universal que incluya pensiones dignas y servicios de cuidado de accesibilidad universal. De esta manera, las familias siguen siendo las principales responsables del cuidado. En definitiva, desde la mirada del derecho y la economía feminista, que ponen al centro el bienestar, el SDSS demanda una transformación de fondo, que no es posible si no se asegura su financiamiento. Bajo el esquema actual, el Estado financia servicios precarios a una gran parte de la población afiliada al sistema, la otra proporción se autofinancia servicios y prestaciones 181

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE con una calidad que depende de su nivel de ingresos, mientras que los actores privados que participan del sistema amasan jugosos beneficios(Bosch y Fernández, 2019). Estos son los resultados de una seguridad social que podemos considerar mercantilizada, que pone en tensión el interés privado de acumulación de riquezas, la visión de lo público y la garantía del derecho, imponiéndose lo primero. 5.3. Transferencias monetarias condicionadas Dentro de las políticas sociales también se incluyen las llamadas asistenciales. Mediante ellas se asiste de manera directa a poblaciones vulnerables y en pobreza extrema, con programas focalizados de subsidios y transferencias monetarias condicionadas(TMC). El GCPS es el encargado gubernamental de ejecutar la política de asistencia social para reducir la pobreza extrema a través de la Red de Protección Social 40 , conformada por Progresando con Solidaridad(PROSOLI)(que operativiza el programa de intervención social focalizada), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)(que identifica a los hogares según niveles de pobreza) y la Administradora de Subsidios Sociales(ADESS). PROSOLI realiza también un acompañamiento socioeducativo a las familias bajo su objetivo de “contribuir a romper la transmisión intergeneracional de las causas que generan o arraigan la pobreza” 41 . La condicionalidad de las transferencias conlleva el tácito compromiso de cuidado en relación con la educación y la salud, pero además naturaliza la realización del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado dado como por descontado a cargo de las familias(Esquivel, 2011). La asistencia social está pensada, además, para la cobertura de un consumo mínimo para paliar la pobreza extrema y moderada, y de incentivo a la educación. En relación con el consumo, una de las principales críticas, precisamente, es el monto de las TMC y la cantidad de hogares a los que se entrega. La TMC de mayor monto,“Comer es Primero”, entrega RD$ 825 mensuales para compra de alimentos básicos. Para fines de 2019, este subsidio había llegado a 825.275 personas 42 . Tiene la condicionalidad específica del compromiso de las familias para que las niñas y los niños de 0 a 5 años sean llevados para recibir sus vacunas y el chequeo médico habitual de control de talla y peso. Por su parte, las embarazadas deben asistir a consultas pre y posnatales. 40. Esta estructura no ha variado con la asunción del nuevo gobierno a partir del 16 de agosto de 2020, aunque proviene de otro sector partidario del que ejerció el poder durante los últimos 16 años. 41. Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República Dominicana, información disponible en https://gabinetesocial.gob.do/el-gabinete-social/red-de-proteccion-social/ 42. Fuente: ADESS, http://www.adess.gob.do/ 182

REPÚBLICA DOMINICANA El segundo en importancia por su monto es el Bono Escolar Estudiando Progreso(BEEP), de RD$ 500 a 1.000, dependiendo del nivel de formación al que se asista. En este caso, la condicionalidad está dada por la matriculación y la asistencia escolar. Para diciembre de 2019, el BEEP había asistido a 197.865 personas. Asimismo, el Incentivo a la Asistencia Escolar(ILAE), de frecuencia bimestral, había llegado a un total de 123.489 personas. Existen también subsidios sin condicionalidad, que se extienden para compra de gas y pago de servicio de luz. El Bonogas representa una suma de RD$ 228 mensuales, que en diciembre de 2019 llegó a 940.963 personas; mientras que el Bonoluz, con una cifra de hasta RD$ 444 mensuales, subsidió a 432.482. En atención a personas adultas mayores en el marco del Programa de Protección a la Vejez en Pobreza Extrema(PROVEE) se transfiere un total de RD$ 400 mensuales para complemento de subsidio alimenticio adicional a la TMC de Comer es Primero. PROVEE no está supeditado a ninguna condicionalidad 43 . Las TMC se efectivizan a través de la Tarjeta Solidaridad que aplica a todo el sistema de asistencia social en relación con las personas que han sido identificadas como receptoras por el SIUBEN. Sin entrar en la discusión respecto a la efectividad 44 de estas políticas focalizadas en el combate a la pobreza, sí existe un debate abierto sobre la legitimidad de las condicionalidades exigidas para las transferencias monetarias, debido a que ponen en tensión derechos que deberían estar garantizados de manera integral. Por ejemplo, el derecho a la alimentación y el derecho a la educación o la salud, ya que uno no puede estar supeditado al ejercicio de otro. Como se observó, en ninguno de los casos, la cantidad de personas beneficiarias superó el millón, aunque el SIUBEN(2020) había identificado un total de 2.188.916 residentes categorizados con un Índice de Calidad de Vida (ICV) nivel 1 y 2, los más carenciados. Las mujeres representan el 51% del total de la muestra levantada en el sistema de identificación de beneficiarias y beneficiarios, pero estos programas de asistencia social no incluyen montos que puedan utilizarse en el cuidado de personas a cargo o dependientes y menos aún para personas que realizan el trabajo de cuidar. 5.4. Transferencias monetarias en la coyuntura de emergencia covid-19 En el marco de la emergencia provocada por la pandemia de covid-19, el gobierno dominicano dispuso primero la aplicación del subsidio temporal 43. En la sección 7 se extenderá el análisis sobre PROVEE y su impacto en la población adulta mayor en situación de dependencia o vulnerabilidad. 44. En promedio, una familia puede recibir hasta 3 subsidios(por ejemplo, Comer es Primero, más Bonogas y Bonoluz). Aun en estas situaciones la suma que recibe es muy inferior a la canasta básica familiar para hogares en línea de pobreza: RD$ 14.545(BCRD, 2020c). 183

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE “Quédate en casa” para adquirir alimentos de la canasta básica, con una asignación desde el mes de marzo de RD$ 5.000 para las familias que tengan la Tarjeta Solidaridad, es decir que estén incluidas en los programas PROSOLI(940.963 personas). El gobierno que estuvo vigente hasta el 15 de agosto afirmó incluir a otros 600.000 hogares en situación de vulnerabilidad y que se encontraban trabajando en rubros de la economía informal. Para las familias con integrantes de más de 60 años se contempló un subsidio mayor(RD$ 7.000). También se creó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado(FASE) para las trabajadoras y los trabajadores que fueron suspendidos de manera transitoria. Este subsidio benefició a las empresas que se encontraban cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social(TSS) y que hubieran cerrado debido a la cuarentena obligatoria. En mayo de 2020 se lanzó el programa Pa´ Ti dirigido a trabajadoras y trabajadores independientes también con un monto de RD$ 5.000 45 . En el inicio, las trabajadoras domésticas no fueron tenidas en cuenta en ninguna de estas asistencias. Ante el reclamo de organizaciones gremiales, el gobierno declaró que las incluiría como parte de“Quédate en casa”. Es decir, en el programa dirigido a hogares vulnerables y sujetos a la economía informal. En una encuesta reciente llevada adelante por el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana junto con el gobierno sobre Valoración y Monitoreo Continuo del Impacto Socioeconómico en Hogares, realizada entre el 30 de junio y el 28 de julio de 2020, un 78% manifiesta preocupación ante la posibilidad de no tener alimentos(Sistema de Naciones Unidas, 2020). Cabe destacar que los hogares que formaron parte de la muestra se encuentran identificados por SIUBEN como ubicados en territorios con rangos de pobreza monetaria y pobreza extrema(ICV 1 y ICV 2). 6. Servicios de cuidado a la primera infancia La República Dominicana tiene un mayor trayecto recorrido en la prestación de servicios de atención a la primera infancia en comparación con la situación de otros grupos dependientes de cuidados(personas adultas mayores y con discapacidad). Esto puede estar vinculado a que la oferta de estos servicios en el país se cruza con la garantía de los derechos de la niñez y con el derecho a la educación. Como una implicación directa, las políticas de cuidado a la infancia están centradas en la niña y el niño como demandante de cuidados. La República Dominicana, desde 1991, es parte de los Estados signatarios que han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En 1994 es promulgada en el país la ley 14-94, que luego fue modificada por la 45 . El gobierno que asumió el 16 de agosto anunció que seguiría con todas estas ayudas sociales. 184

REPÚBLICA DOMINICANA 136-03 vigente: Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes 46 . El Código establece como una obligación general de la familia el cuidado de las y los menores de edad:“el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación y protección integral de sus hijos e hijas”(Princ. VIII). En la misma ley se reconoce el deber del Estado de“asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades y garantizará a los niños, niñas y adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute de todos los derechos consagrados en este Código”(Princ. VII). El órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el cual durante mucho tiempo no solo ejercía funciones de rectoría, sino también de prestación de servicios. Además de lo relacionado a la acogida de niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo, violencia y otros riesgos, como los Hogares de Paso y el Programa Ayúdame a ser Niño(PASN) dirigido a personas de 7 a 16 años deambulantes, el CONANI desarrolló el programa Centros Infantiles de Atención Integral(CIANI). Estas estructuras han estado dedicadas a actividades educativas dirigidas a promover el desarrollo intelectual, emocional y psicomotor de la población infantil de 3 a 6 años. El fortalecimiento del rol de rectoría del CONANI ha implicado su desvinculación progresiva de la prestación directa de servicios y han surgido otras estructuras, como el Instituto Nacional a Atención Integral a la Primera Infancia(INAIPI), bajo la sombrilla del Ministerio de Educación. Al INAIPI fueron transferidas recientemente las estancias infantiles que funcionaban en el marco del SDSS. Desde los programas de asistencia social también se han empezado a ofertar estos servicios, como los Espacios Esperanza(ver§ 6.3 infra ). 6.1. Servicios y cobertura del Instituto Nacional a Atención Integral a la Primera Infancia(INAIPI) Actualmente, los CIANI son gestionados por el INAIPI 47 , institución con la principal oferta de servicios de atención a esta población desde el sector público. El INAIPI surge en 2015 como producto del Plan“Quisqueya Empieza Contigo” (QEC), ejecutado desde la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia(DIGEPEP) y que se planteó como objetivo“ofrecer protección y atención 46. Sanc.: 22/7/2003. Disponible en https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/codigos/Codigo_NNA.pdf 47 . Página web: https://inaipi.gob.do/index.php/servicios/centro-de-atencion-integral-a-la-primera-infancia-caipi 185

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE integral de calidad a 320.000 niñas y niños de 0 a 5 años de edad que no están siendo atendidos, a través de estrategias institucionales y con base en la familia y la comunidad, logrando un aumento de cobertura de atención de un 38% de una población total de 1.082.426 niños y niñas de entre 0 y 5 años(Censo 2010-ONE)” 48 . A la fecha, el INAIPI es un órgano descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación(MINERD) y su oferta de servicios se organiza a través de dos estructuras principales: - Centro de Atención Integral a la Primera Infancia(CAIPI), instancias de cuidado diario que ofrecen servicios de educación y atención integral a niños y niñas y apoya a las familias en la mejora de sus capacidades de crianza. - Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia(CAFI), se enfoca en el fortalecimiento de padres, madres y/o tutores en las buenas prácticas de crianza y en las familias que pueden atender a niños y niñas desde casa, quienes asisten dos veces por semana a los centros para recibir servicios de cuidado con atención a la salud emocional, alimentación, educación. Los antiguos CIANI son ahora Centros de Atención Integral a la Primera Infancia en Transición(CAIPI T). Los CAFI asumen tres modalidades: de gestión directa desde el INAIPI, cogestionados, administrados por organizaciones sociales con acompañamiento y coordinación permanente del INAIPI y modalidad de Experiencias Existentes, trabajo de apoyo dirigido a organizaciones que ofrecen servicios a la primera infancia en territorios vulnerables, para fortalecer y ampliar los servicios integrales de calidad a la población objetivo. Bajo la estructura del INAIPI también operan antiguas estancias de la seguridad social, las cuales detallaremos más adelante. Tabla 5. Cantidad de centros bajo la estructura del INAIPI y cantidad de niñas y niños atendidos Según tipo de centro/servicio Tipo de centro CAIPI CAIPI T Experiencias Existentes Antiguas estancias SS CAFI Gestión Directa CAFI Cogestión TOTAL Cantidad de centros 73 49 106 55 377 41 701 Total de niñas y niños atendidos 18.250 7.551 17.161 8.375 138.736 15.088 205.161 Fuente: Elaboración propia con estadísticas del INAIPI a julio 2020. 48 .  https://minpre.gob.do/transparencia/proyectos-y-programas/atencion-integral-a-la-primera-infancia-quisqueya-empieza-contigo/ 186

REPÚBLICA DOMINICANA Los servicios del INAIPI alcanzan a un total de 205.161 niños y niñas, con una concentración en la atención a través de los CAFI, los cuales, al considerar de manera conjunta las modalidades de cogestión y gestión directa, reúnen el 75% de la población actualmente cubierta por el INAIPI. Desde los CAIPI(incluidos los CAIPI T) escasamente se acoge el 12,6% de niñas y niños atendidos por INAIPI. Gráfico 2. Distribución de la población atendida por el INAIPI Gráfico 5. Distribución de la población atendida por el INAIPI Según sus regionales Según sus regionales 43,3% Metropolitana 19,3% Norte Occidental 9,3% Norte Oriental 9,5% Este 18,6% Sur Fuente: Elaboración propia con estadísticas del INAIPI a julio 2020. Fuente: Elaboración propia con estadísticas del INAIPI a julio 2020. A nivel territorial, los servicios se concentran en la región metropolitana, la cual incluye, además de otras provincias, al Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, territorios que congregan el 37,9% de la población nacional de 0 a 4 años, según las estimaciones y proyecciones para el 2020(ONE, 2016). 6.2. Las antiguas estancias infantiles de la seguridad social En su redacción original, la Ley 87-01 de Seguridad Social establece como un beneficio del seguro familiar de salud, el acceso a estancias infantiles para atender a hijos e hijas de las personas trabajadoras desde los 45 días hasta los 5 años de edad y crea el Consejo Nacional de las Estancias Infantiles (CONDEI) como entidad a cargo de la definición de las normas y políticas que rigen estas estancias, desde su construcción hasta su funcionamiento, de la supervisión, evaluación, entre otras funciones 49 . Estos servicios empiezan a estar disponibles a partir de 2009, bajo la gestión de la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura(AEISS), unidad 49. Arts. 134 y 137, ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 187

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE dependiente del Instituto Dominicano de Seguros Sociales(IDSS). Las Prestadoras de Servicios de Estancias Infantiles(PSEI) pueden funcionar en instalaciones propias, cogestionadas o subrogadas y para formar parte de la red de estancias infantiles del sistema de seguridad social deben ser habilitadas por el CONDEI, la institución con capacidad de reconocer estos centros como aptos, si cumplen con los requisitos establecidos en las normativas de este Consejo(CNSS, 2020). Sin embargo, con la ley 397-19 50 , que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y establece la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales(IDSS), las estancias infantiles del SDSS pasan a ser gestionadas por el INAIPI y las funciones del CONDEI se transfieren al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Bajo el nuevo escenario, la afiliación al sistema deja de ser una condición para el acceso a las estancias infantiles y la selección de las familias se realiza a través de un diagnóstico sociofamiliar que realiza el propio INAIPI. Es importante señalar que, aunque de acuerdo con la ley 87-01 esta prestación sería extensiva a todas las personas afiliadas bajo los distintos regímenes (subsidiado, contributivo y subsidiado contributivo), esto nunca se concretó y solo se beneficiaban afiliadas y afiliados del régimen contributivo. Los nuevos criterios, basados en la condición socioeconómica, siguen planteando el reto de la universalidad. Si bien es cierto que resulta importante priorizar a las poblaciones vulnerables, la apuesta por servicios de cuidado accesibles para toda la población no debe dejarse de lado. La escasa cobertura que siempre tuvieron las estancias infantiles de la seguridad social resultaba incluso en la exclusión de facto de gran parte de la población afiliada al régimen contributivo. El traspaso de estas al INAIPI puede ser un aporte importante para una oferta más unificada desde el sector público y con niveles de calidad homogéneos. 6.3. Otros servicios de atención a la primera infancia En el marco del programa de asistencia social PROSOLI se han establecido espacios para la estimulación temprana de niñas y niños de escasos recursos, que colabora con su inserción a la educación escolar básica, llamados Espacios de Esperanza(EPES) 51 . En estos servicios se reciben niños y niñas de 3 y 4 años en horas diurnas, en la mañana(de 8:00 a 12:00) o en tanda vespertina(de 14:00 a 18:00). A febrero 2018 se atendían 2.790 niños y niñas(GCPS- PNUD, 2018). Desde los centros educativos públicos, 50 . Sanc.: 30/9/2019; disponible en https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_ no._397_19.pdf 51 . Véase: https://ctc.edu.do/servicios/espacios-de-esperanza/ 188

REPÚBLICA DOMINICANA el Ministerio de Educación acoge a niños y niñas de 5 años en el nivel preprimario, que para el periodo escolar 2017-2018 alcanzó una matrícula de 171.489 estudiantes(MINERD, 2020). 6.4. Desafíos en la cobertura e incorporación de un enfoque de género De manera conjunta, considerando los servicios de las distintas instituciones cuyas prestaciones han sido descritas, alrededor de 379.440 niñas y niños de 0 a 5 años reciben algún tipo de servicio de cuidado por parte de instancias del sector público. Es importante tener en cuenta que aquí se engloba una gran diversidad de servicios que no necesariamente cubren las necesidades de las familias en cuanto a cuidado infantil, como son los CAFI(cuyo servicio principal es de acompañamiento a familias y no atención) y los Espacios de Esperanza(que solo cubren media jornada). Además, por una cuestión de disponibilidad de la información, los datos de cada institución difieren en cuanto al período de referencia. Aun así, la información permite hacer una aproximación al nivel de cobertura de los servicios públicos de atención a la primera infancia, teniendo como base los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Esa fuente registra 1.082.426 de personas de 0 a 5 años de edad 52 . Si de los 379.440 niños y niñas que se muestran en la Tabla 2 se extrae la población de los CAFI, por no estar recibiendo servicios de cuidados directos, más que visitas puntuales y seguimiento a las familias, tendríamos que unos 225.616 reciben servicios de cuidado, para una cobertura aproximada de 20,8%. Tabla 6: Niños y niñas de 0 a 5 años que reciben algún servicio de atención desde la oferta pública Institución INAIPI Espacios de Esperanza MINERD TOTAL Niños y niñas atendidos 205.161 2.790 171.489 379.440 Fuente: Elaboración propia a partir de datos institucionales. 52 . Base de datos IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 https://censo2010.one.gob.do/index. php?module=articles&func=view&ptid=2&p=6 189

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE El aporte de los centros del INAIPI ha sido de mucha importancia de cara a la disponibilidad de servicios de cuidado. Sin embargo, la oferta total sigue siendo insuficiente. En 2016, se estimaba que la oferta de servicios de cuidado y promoción social en la primera infancia era cubierta en un 30% por servicios privados y que más del 60% de la población se encontraba descubierta(GCPS - PNUD - ONU Mujeres - OIT, 2016). Si bien actualmente las brechas pueden haberse reducido, en la República Dominicana sigue estando muy presente la necesidad de desfamiliarizar y desmercantizar los cuidados. En otro orden, el hecho de que la mayor oferta se concentre en los CAFI, que no ofrecen cuidados directos, demuestra que en las políticas de cuidado de la infancia se deja de lado el tema de género y los derechos de las mujeres, que son quienes están asumiendo en mayor medida la carga del cuidado. La política pública entiende que las familias a las que se extiende este servicio no demandan una oferta más completa, sin considerar que liberar a las mujeres de este trabajo es lo que puede abrir las oportunidades de mayor autonomía y de participación en otras actividades(trabajo remunerado, participación política, formación, etc.). También es importante señalar que, a pesar de que los CAFI son tan limitados en la prestación de cuidados directos, tienen un gran potencial para la promoción de una distribución más justa de la carga de los trabajos de cuidado, pudiendo aportar a la desfeminización hacia el interior de los hogares. El acompañamiento a las familias para el fomento de prácticas de crianza saludables y positivas debe en alguna medida fortalecer el rol de los padres en la crianza. Sin embargo, la falta de un enfoque de género que explícitamente persiga la meta de contribuir a la redistribución de los cuidados domésticos hace que se pierda esta oportunidad. Esto se suma a que la oferta de servicios de cuidado de la infancia en general aún es fragmentada y muy limitada. 7. El cuidado de las personas adultas mayores La ley 352-98 53 que se ocupa específicamente de las personas adultas mayores y que crea el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente(CONAPE) data del año 1998, tiene una fuerte perspectiva orientada a la familia, a la que atribuye el mayor peso de la responsabilidad del cuidado(art. 3): “Su familia deberá brindarle el cuidado necesario y procurará que su estadía sea lo más placentera posible”, y no prevé la creación de residencias 53 . Disponible en https://www.conape.gob.do/transparencia/base_legal_doc/Ley%20352-98,%20 Sobre%20Proteccion%20a%20la%20Persona%20Envejeciente.pdf 190

REPÚBLICA DOMINICANA u hogares especializados. El decreto reglamentario 1372-04 54 no aumenta las responsabilidades del Estado en materia de cuidados de personas adultas mayores, pero amplía su concepto: …derecho de recibir los cuidados familiares necesarios y una asistencia preventiva, progresiva, integral y continuada que preserve su bienestar físico, psíquico y social, además de su derecho a una pensión alimentaria adecuada, teniendo especialmente en cuenta aquella persona envejeciente con mayor nivel de dependencia(art. 3, inc. f) 55 . El decreto 1372 sí actualiza la edad límite para acceder al derecho a la pensión por vejez a los 60 años, conforme lo establece el SDSS creado con posterioridad a la Ley sobre Protección de la Persona Envejeciente. Recién en 2015, a través del decreto 83-15, el CONAPE amplía sus funciones, atribuciones y recursos presupuestarios, con los que pasa a administrar los hogares para personas adultas mayores, antes bajo la tutela del Ministerio de Salud Pública y programas de asistencia( supra , nota 5). El CONAPE es la entidad estatal responsable de diseñar, ejecutar e implementar las políticas nacionales para la población envejeciente. La población mayor de 60 años en República Dominicana proyectada para 2020 es de 1.135.172 personas(ONE, 2016). Para 2050, esa cifra se duplicaría, llegando a 2.615.708, equivalente al 15,2% de la población total. Esta realidad representa grandes desafíos para el país en materia de cuidados. Por ahora, República Dominicana cuenta con un bono demográfico(menos de 66 personas potencialmente dependientes por cada 100 potencialmente activas) (Ortega et al ., 2018: 47), ventaja que puede ser usada para gestionar una organización de cuidados que beneficie al conjunto de la población dominicana. Del total proyectado para 2020, el 48,4% son hombres y el 51,6% son mujeres. A la vez, existe feminización del envejecimiento. Es decir, a medida que aumenta la edad cronológica de los individuos, se incrementa el número de mujeres por cada cien hombres(ratio de feminidad), sumado a la esperanza de vida más prolongada que se ha registrado en las últimas décadas:“Se estima que en 2050 en las ciudades habrá alrededor de 125 mujeres por cada 100 hombres, mientras en el entorno rural, aunque la tendencia también es positiva, en 2050 habrá 97 mujeres por cada 100 hombres”(íd., pp. 27-28). Si bien los datos sobre pobreza no indican que la población adulta mayor sea más pobre que la menor de 60 años, en general se debe tener en cuenta su alto grado de desprotección. En 2019, 14.392 personas mayores de 60 años se 54 . Del 25/10/2004, disponible en https://www.conape.gob.do/transparencia/base_legal_doc/Decre to%20Nu%CC%81m.%201372-04.pdf 55. Ibídem. 191

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE encontraban en indigencia y 141.368 en pobreza monetaria(MEPyD, 2020b). Las personas adultas mayores son también vulnerables debido al retraso de políticas públicas a lo largo de sus vidas. Así, el 23,2% de ellas es analfabeta, mientras que el 70% alcanzó solo un nivel básico de instrucción(Suero y Matos, 2016) 56 . La discapacidad y la presencia de condiciones de salud relacionadas al envejecimiento marcan la dependencia que la persona adulta mayor puede tener. En el Censo Nacional de 2010, casi el 50% de las personas adultas mayores presentaban algún tipo de discapacidad(Suero y Matos, 2016). A esta realidad se suma la baja cobertura del sistema previsional que es apenas del 15% respecto a las personas mayores de 60 años. Para la población en condición de pobreza, la tasa de cobertura no sobrepasa el 6%(MEPyD, 2020e). Las personas adultas mayores son sujetos de cuidados, pero también cuidadoras de otros sin remuneración y sin políticas públicas que atiendan sus derechos(Ortega et al ., 2018: 143-145). En el caso de las mujeres esta realidad se agudiza y llegan a la vejez sin protección social(solo un 10% tiene cobertura de seguridad social)(íd., p. 241) con un acumulado histórico de TNR producto de la división sexual del trabajo que la obligó a cumplir tareas domésticas y de cuidados, lo que a su vez la privó de participar en el mercado laboral. La gran proporción de personas adultas mayores no recibe atención del Estado. El CONAPE gestiona el Programa de Protección a Envejecientes en Pobreza Extrema(PROVEE) a través del que reciben transferencias no condicionadas en efectivo de RD$ 400 mensuales y que, en el año 2018, según datos de la ONE(2019), había beneficiado a un total de 86.782 personas. Mucho menor es la cifra de personas beneficiadas con el Programa de Transferencia Monetaria al Adulto Mayor(TE AMA) que administra el­ CONAPE: un total de 3.288 personas adultas mayores en situación de indigencia habían recibido durante 2019 la suma de RD$ 600 mensuales ­(CONAPE, 2019a). La identificación de las personas beneficiarias se realiza directamente desde el CONAPE y pueden aplicar personas de más de 65 años o que a causa del envejecimiento tuvieran alguna limitación física o mental. La oferta estatal de servicios de cuidados 57 para personas adultas mayores es de 30 centros de atención permanente y 31 centros que operan solo en horario diurno. Sin embargo, la capacidad de estos es muy restringida, pudiendo cuidar a menos de 2.000 personas(1.146 en hogares permanentes y 804 en hogares día) 58 . Un diagnóstico realizado por el CONAPE(2019b) 56. Estos datos son congruentes con la ENHOGAR 2018, que señala que el 31% de la población que no sabe leer y escribir, es mayor de 60 años(ONE, 2019). 57. Existen además fundaciones y asociaciones que ofrecen servicios(centros y asilos), información disponible en https://www.conape.gob.do/CENTROS/centros_website.cfm. 58. Información suministrada por la Oficina de Libre Acceso a la Información de CONAPE a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública(SAIP), septiembre de 2020. 192

REPÚBLICA DOMINICANA en provincias(de carácter rural) en las que opera su programa de visitas domiciliarias resaltó que un 61% de ellas no tenía un/a cuidador/a. En el 39% de casos en que sí, la persona que cuidaba era un familiar cercano que no recibía pago alguno. El 75,8% del total de personas cuidadoras era una mujer. Las visitas domiciliarias en las que se ofrece atención médica y orientaciones varias se constituyen en otro de los programas destinados al cuidado de las personas adultas mayores, pero tiene un escaso impacto. Durante el 2019, el CONAPE informó que 3.196 personas fueron cubiertas por este programa 59 . Se demuestra así cómo el cuidado en República Dominicana depende casi exclusivamente de los arreglos familiares que se realicen al interior de los hogares. Ortega et al . señalan que los participantes de la investigación realizada no identifican al Estado como proveedor de cuidados o bienestar. Este mismo estudio apuntó que el grado de desprotección se observa en la recurrente referencia a Dios y a la religión como fuente principal de cuidados. En segundo lugar, aparece la misma familia y luego, la propia persona. En el marco de la emergencia por la pandemia de covid-19 se indicaron protocolos de procedimientos para la atención en los hogares permanentes desde el CONAPE y el Ministerio de Salud. Sin embargo, una crisis surgida en el Hogar San Francisco de Asís 60 puso en alerta el cuidado que se ofrece en ese tipo de servicios y en la discusión la necesidad de coordinación entre entidades públicas para la provisión de cuidados desde varias perspectivas: salud, gestión, educación, protección. Según información entregada por la CONAPE, a septiembre de 2020, 89 personas adultas mayores residentes de los hogares permanentes habían sido afectadas por covid-19 y 24 habían fallecido. Esta institución también indicó que se entregaron 6.298 kits de protección contra covid-19 y 114.000 raciones de alimentos. 8. Cuidado de personas con discapacidad La Ley Orgánica sobre Discapacidad(5-13) 61 en su art. 24 crea el Consejo Nacional de Discapacidad(CONADIS), organismo que tiene como objetivo principal garantizar el goce pleno y la observancia de los derechos de las personas con discapacidad, los deberes del Estado con esta población, así como los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia. Esto incluye elaborar planes estratégicos, programas y proyectos nacionales para que las personas con discapacidad alcancen un desarrollo integral y su inclusión en la sociedad. 59. Ibíd. 60 .“Entre 14 y 15 envejecientes han muerto en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís”, Diario Libre, 1/7/2020, https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/entre-14-y-15-envejecientes-han-muertoen-el-hogar-de-ancianos-san-francisco-de-asis-PC19820816 61. . Disponible en https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/1191 193

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE La ley 5-13 no hace ninguna referencia a los cuidados que pudieran requerir las personas con discapacidad y tampoco a los potenciales cuidadores o cuidadoras. Se circunscribe a señalar la atención que se les debe brindar principalmente en materia de salud y educación, la provisión de servicios de rehabilitación y suministros de dispositivos de apoyo que garanticen su rehabilitación y faciliten su vida independiente y efectiva integración a la sociedad en términos de igualdad(art. 77). Sí prevé la creación de una unidad médica terapéutica de atención domiciliaria por parte del Ministerio de Salud y supervisada por CONADIS(art. 68) y de centros de atención y acogida para las personas con discapacidad severa y/o en situación de desamparo(art. 76). El Informe Alternativo al Examen Periódico Universal(EPU) 62 elaborado por organizaciones de defensa de derechos de las personas con discapacidad resalta que, a esa fecha, no se habían habilitado médicos o programas para consultas de salud gratuitas domiciliarias y que la carga de responsabilidad hacia las familias era alta, incluso en el sistema educativo que, en ocasiones, requería que los padres contrataran profesoras de apoyo para estudiantes con discapacidad intelectual, duplicando el costo de la escolaridad 63 . La ley 5-13 apunta también a la inclusión en planes sociales, el otorgamiento de beneficios complementarios y un aporte económico especial como parte de los programas de rehabilitación, estableciendo, asimismo, al ­CONADIS como el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social en lo que respecta a esta población. La Ley Orgánica dictamina que el Estado debe garantizar la educación a través de centros de educación especial cuando la persona no pueda integrarse a las escuelas comunes(art. 94) y medidas de accesibilidad universal y de inclusión laboral. En la familia, la norma deposita la responsabilidad de procurar y promover la salud integral de la persona con discapacidad, su educación e inserción socioeconómica y se enuncia que, para dichos fines, recibirá la ayuda necesaria(art. 130). Esta Ley Orgánica fue reglamentada recién en 2016, mediante el decreto 363-16 64 que establece sus procedimientos y prácticas y determina los roles y funciones de las distintas instituciones estatales 65 . En su art. 13, cuando 62. ONU, Consejo de Derechos Humanos, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRDOStakeholdersInfoS18.aspx 63. Estas afirmaciones fueron confirmadas por Cristina Francisco del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) en entrevista para la elaboración de este informe en julio de 2020, quien también agregó que hasta el momento no se han habilitado centros de acogida, reclamo histórico de las personas con discapacidad. 64. Disponible en https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/796?show=full 65 . Francisco también comentó que lo estipulado en la normativa no es suficiente ya que si bien se es tablecen mecanismos de articulación no se apunta cómo concretar medidas efectivas para la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad y propone plazos que no se han cumplido como por ejemplo en lo relativo al Sistema Nacional de Valoración y el cupo laboral, entre otros puntos. Con esto coincide el Informe Alternativo a la EPU citado. 194

REPÚBLICA DOMINICANA se refiere a la atención de la salud, incluye los programas de apoyo que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, en coordinación con CONADIS, deben desarrollar para las personas que se encargan del cuidado de las personas con discapacidad. Es la única referencia a las personas que cuidan. En ese mismo decreto se señala que los centros de atención y acogida conllevan el propósito de un“trabajo articulado entre el Estado, las familias, la comunidad y las personas con discapacidad”(art. 56). 8.1. Datos sociodemográficos Los últimos datos demográficos con los que se cuenta respecto a esta población son los del Censo Nacional 2010, la ENHOGAR 2013(ONE, 2014) y la Encuesta Demográfica y de Salud(ENDESA) 2013(CESDEM e ICF International, 2014). Estos datos, además de no estar actualizados, expresan realidades muy diferentes, por lo que no son útiles para implementar políticas públicas e intervenciones eficaces. Las organizaciones de personas con discapacidad y familiares han demandado la realización de una encuesta nacional especializada que permita la identificación de las personas y los tipos de discapacidad para determinar sus necesidades 66 . El Censo Nacional de 2010 afirma que el 12% de la población(un total de 1.160.847 personas) tiene algún tipo de discapacidad(CONADIS, 2020), en congruencia con lo que reporta la Organización Mundial de la Salud(OMS) que señala alrededor del 15% de la población mundial 67 . Un 56,3% de dicha población son mujeres y 43,7%, hombres. En cuanto a las edades, se resalta que la mayor parte se concentra en el rango de 15 a 64 años(65,9%); 26% con 65 años y más, y un 8,1% tienen de 0 a 14 años 68 . Por otra parte, el 67% del total de personas con discapacidad no cuenta con ingresos propios y que el 54,4% pertenece a los sectores más empobrecidos(CONADIS, 2020). La ENHOGAR 2013(ONE, 2014) disminuye el porcentaje total a 7%, lo que conforma una población de 708.591 personas 69 (52% hombres y 48% mujeres). En esta misma fuente, 74% de las personas con discapacidad vive en zonas urbanas(y 26% en áreas rurales). La ENHOGAR 2013 presenta una fotografía más detallada de lo que ocurre en relación con la edad:“la población de 66. . El CONADIS, por su parte, tiene a su cargo la creación del Sistema Nacional de Valoración para la certificación y registro continuo de la discapacidad. Su implementación está en estudio desde 2016 y ahora depende de las autoridades del nuevo gobierno. Desde la institución se informó que ya se había concluido la fase de diseño. 67. “10 datos sobre discapacidad”, noviembre 2017, https://www.who.int/features/factfiles/disability/ es/#:~:text=Dato%201%3A%20más%20de%201000,tienen%20grandes%20dificultades%20para%20 funcionar 68. ONU, Consejo de Derechos Humanos, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRDOStakeholdersInfoS18.aspx 69. La ENDESA 2013, por su parte, referencia al 4,89% de la población total de República Dominicana. 195

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 30 años y más presenta mayor incidencia de la discapacidad, a partir de esta edad los porcentajes aumentan o se mantienen constantes hasta la edad de 79 años”, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 7. Proporción de personas con alguna discapacidad Por grupos etarios Rango de edad 0- 9 10- 19 20- 29 30- 39 40- 49 50- 59 60- 69 70- 79 80 y más Porcentaje 4 8 8 10 12 15 15 15 13 Fuente: ENHOGAR 2013. En cuanto a educación, poco más de una sexta parte(16,8%) carece de instrucción, mientras que el 60,4% solo ha completado la primaria. En relación con los cuidados, la inserción de las personas con discapacidad al sistema educativo regular es muy importante atendiendo a que, a partir de la implementación paulatina de la tanda extendida 70 (desde 2011 en adelante), las escuelas se convierten en un lugar en el que también se proveen cuidados. Un estudio(MINERD, 2014 citado en La Red, s. f.) realizado en el 87% de escuelas públicas señala que el 59% de ellas no tenía contemplado estrategias pedagógicas especializadas, mientras que el 64% no contaba con un personal con formación específica para atender a esta población. El 34% de las personas con discapacidad encuestadas se encontraban trabajando o con alguna actividad económica, lo que puede estar indicando su alta condición de dependencia(ONE, 2014). La tasa de ocupación de los hombres duplica a la de las mujeres(44,7%, en contraste con el 22,5%), lo que también muestra la alta vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. 8.2. Servicios de cuidados de personas con discapacidad El Estado dominicano dispone además de un conjunto de herramientas de política pública que, sin embargo, no se traduce en la concreción de servicios 70 . Es decir, jornada escolar de 8 horas. 196

REPÚBLICA DOMINICANA de cuidados y atención. Además de la ley 5-13 citada, las personas con discapacidad aparecen como grupo prioritario en la Ley de Salud 42-01 71 , en la orden departamental 03-2008 sobre educación inclusiva y en la 04-2018 del Consejo Nacional de Educación sobre necesidades específicas de apoyo. La CONADIS, por su parte ha sacado varios reglamentos en relación con la accesibilidad universal, mientras que el PROSOLI entregó en 2015 una Agenda Nacional para la Inclusión Plena de las Personas con Discapacidad(Vicepresidencia de la República Dominicana- CONADIS, 2016), con ideas programáticas para distintas instituciones estatales. En la realidad, el CONADIS tiene algunos programas que trabajan la inclusión comunitaria(Saliendo del Escondite) y el fomento de la autonomía (Vida Independiente) y se cuenta con tres centros de atención integral para la discapacidad(CAID), que dependían del Despacho de la Primera Dama y han sido transferidos al Ministerio de Salud Pública como disposición del nuevo Gobierno que tomó posesión el 16 agosto 72 , con una cobertura muy limitada, ya que no son lugares de cuidado sino instituciones que brindan servicios médicos, de terapia(evaluación, diagnóstico y rehabilitación) y acompañamiento a las familias, específicamente para niños y niñas de hasta 10 años con trastornos del espectro autista(TEA), parálisis cerebral y Síndrome de Down. De un total de 126 instituciones que brindan algún tipo de servicio a personas con discapacidad, solo 28 eran públicas y 5 semipúblicas al año 2014(Oviedo, 2014). Se identificaron como servicios prestados:“salud, educación formal, servicios de terapia y rehabilitación, formación para el trabajo, protección social(dotación de herramientas técnicas, tramites de seguro social, de viviendas, etc.), inserción laboral, recreación, crecimiento personal y espiritual, acompañamiento psicológico y por último orientación a las familias”(íd., p. 18). El 71,6% eran iniciativas de la sociedad civil y el 97% del total se encontraban en Santo Domingo y Santiago, dejando por fuera a las zonas rurales. En un estudio con datos cualitativos se concluyó que, en la gran mayoría de los casos,“es una mujer la que asume la mayor parte de las labores de cuidado de personas con discapacidad en el seno familiar, lo cual con frecuencia implica un impacto negativo en su desarrollo educativo y/o laboral” ­(ONE - Universidad Dominicana O&M - UNICEF - CONADIS, 2019: 58). Agrega el estudio que en un contexto en el que los servicios médicos a personas con discapacidad son escasos, el apoyo que pudieran recibir las familias y las mujeres cuidadoras“son prácticamente inexistentes”. Otros 71. Sanc.: 21/2/2001; promul.: 8/3/2001. Disponible en https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/793/LeyNo.%2042-01.PDF?sequence=1&isAllowed=y 72. Diario Libre , 20/8/2020,“Transfieren a Salud Pública el CAID, creado por el Despacho de la Primera Dama”, https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/transfieren-a-salud-publica-el-caid-creado-por-eldespacho-de-la-primera-dama-PK20919161 197

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE trabajos confirman esta realidad:“Así las cosas, el cuidado de las personas con discapacidad, en general, depende de los recursos materiales, emocionales y sociales de la familia de pertenencia”(GCPS- PNUD, 2018: 67). 9. Los actores y el debate público En el debate público alrededor de temas sociales y políticos participan una multiplicidad de actores con diversos intereses y distintos niveles de poder de incidencia. En el caso concreto de los temas de género y derechos de las mujeres en la República Dominicana es importante señalar que, aunque se aprecia una creciente diversificación 73 , su defensa desde la sociedad civil ha recaído en gran medida en organizaciones no gubernamentales, más que en un movimiento feminista de amplia base (Paiewonsky, 1994). Asociado a esto, la agenda se impulsa desde proyectos con plazos establecidos por la disponibilidad de financiamiento, acciones muy vinculadas a lo académico, de veeduría o de carácter formativo, entre otros. Son menos frecuentes las manifestaciones y formas de expresión más confrontativas. La movilización en torno a las demandas de la organización de los cuidados y el reconocimiento de los derechos ha estado asociada a una agenda global de reivindicaciones de organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y no gubernamentales. Durante varios años consecutivos, las mujeres se han manifestado en dos fechas emblemáticas de la lucha feminista: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esas actividades, las organizaciones gremiales que aglutinan a las trabajadoras del hogar han aparecido como uno de los sectores convocantes y participantes que se unía a la exigencia de“dar un paso por los derechos de las mujeres y a celebrar a todas las que luchan cada día por un presente y un futuro más digno y justo para ellas” 74 . La especificidad del tema de cuidados sí ha aparecido de manera específica en relación con el trabajo por el reconocimiento de derechos de las trabajadoras domésticas que, en los últimos años, han demandado la aplicación del convenio 189 de la OIT ya ratificado por la República Dominicana. 73. En los últimos años han surgido en República Dominicana diversos grupos de jóvenes feministas con presencia en las redes sociales abordando distintos temas, principalmente relacionados a derechos sexuales y reproductivos, color de piel y género. 74. Acento, 5/3/2018,“Marcha Concierto para celebrar la vida y los derechos de las mujeres”, https:// acento.com.do/actualidad/marcha-concierto-celebrar-la-vida-los-derechos-las-mujeres-este-domin go-8543398.html 198

REPÚBLICA DOMINICANA A partir de la adopción del convenio 189 por parte de la OIT, en el país se articuló una coalición para promover su ratificación: la Mesa Intersectorial de Género, que incluyó a la Asociación de Trabajadoras del Hogar(ATH), el Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas(SINTRADOMES), la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras (UNFETRAD), la Asociación de Mujeres del Cibao Independientes (ASOMUCI), el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora(CIMTRA), espacio de articulación que promueve la equidad de género de las centrales sindicales CASC-CNUS-CNTD, el Centro de Estudios de Género del INTEC, el Instituto de la Mujer y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD), el Foro Feminista, y el Ministerio de la Mujer. A pesar de la ratificación del convenio y los esfuerzos llevados adelante por las organizaciones aglutinadas en la Mesa Intersectorial de Género, a la fecha la legislación nacional sigue sin reconocer los derechos de las trabajadoras domésticas estipulados en este instrumento internacional. La dilación por parte de las autoridades en la adaptación de la normativa nacional ha implicado para las organizaciones de la Mesa un proceso largo y desgastante, que explica en cierta medida las fluctuaciones en los procesos de incidencia pública. Además, la Mesa está conformada por actores diversos, no solo en lo referente al tipo de organización(sindical, académica, ONG, movimientos), sino también en sus capacidades organizativas y en sus agendas, teniendo en cuenta que no en todas está posicionada la cuestión del trabajo doméstico remunerado como un tema prioritario, y por tanto no siempre se disponen de los recursos institucionales para el seguimiento. En el marco del Foro por el Trabajo Doméstico en la República Dominicana en 2018, la Mesa plantea un proyecto de Ley Especial para regular Trabajo Doméstico Remunerado 75 . El proyecto, aunque no encontró grandes opositores de manera abierta, generó poco interés entre congresistas y fue introducido recientemente para su discusión en el Congreso. Sin embargo, como ya se ha señalado, las discusiones sobre los derechos de las trabajadoras domésticas del hogar han tenido como principal opositor a COPARDOM. La respuesta desde el Ministerio de Trabajo ante las exigencias del movimiento sindical para la adaptación de la legislación nacional ha sido la afirmación de lo engorroso que resulta modificar el Código de Trabajo, priorizando un rol de mediador entre 75 . F ES, Actividades, https://www.fescaribe.org/e/foro-trabajo-domestico-proponen-ley-especial-para-regular-trabajo-domestico-remunerado/ 199

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE partes con conflictos de intereses y no el de regulador de las relaciones laborales 76 . Las trabajadoras del hogar subrayan que, precisamente, es la falta de voluntad política lo que ha impedido el avance de derechos y la necesaria modificación legislativa 77 . Conviene aquí rescatar lo señalado por Melgen(2020): en el discurso público de los actores políticos y la población en general opera el“dispositivo de lo políticamente correcto”, un ejercicio retórico en el que los actores, especialmente en cargos públicos, se posicionan rechazando el mal de la ­desigualdad social entre hombres y mujeres, sin cuestionar ni accionar frente al modelo patriarcal que se reproduce desde el Estado. Así“las discusiones en un marco político en el que se señala el régimen machista que gobierna(que no se define como tal, pero de hecho lo es), son dejadas de lado para pasar a naturalizar un fenómeno y enfrentarlo solo en el ámbito de lo técnico”(p. 6). En línea con esta forma de enmarcar las discusiones políticas en el campo de lo técnico, pareciera entonces que no hay realmente opositores al avance de los derechos de las trabajadoras domésticas, solo conflictos técnico-legales. También cabe apuntar que el argumento de COPARDOM intenta invisibilizar a los hogares como espacios de producción, el carácter laboral de la relación que se establece con las trabajadoras domésticas y el derecho de estas a que se aseguren condiciones dignas de trabajo. El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y cada año las trabajadoras domésticas organizadas han reiterado la necesidad de ser incluidas a la seguridad social en igualdad de condiciones que el resto de las trabajadoras y los trabajadores. En el año 2019 el reclamo se hizo a través de una concentración en la vía pública 78 . En el contexto de la pandemia, como pate del apoyo y acompañamiento al movimiento de mujeres sindicalistas, la Fundación Friedrich Ebert ha llevado una fuerte campaña en redes para promover la aprobación de la Ley Especial, con el lema#LasTrabajadorasDelHogarContamos. A la luz de la historia de la lucha de las trabajadoras del hogar resumida en estos párrafos, el trabajo doméstico como eje de discusión aparece desarticulado del debate sobre la organización social del cuidado como tal, y más bien como la reivindicación de un sector de trabajadoras en 76. Noticia, 18/1/2019,“Ministro de Trabajo afirma«diálogo» prevalece en modificación Código Laboral”, https://www.mt.gob.do/index.php/noticias/item/ministro-de-trabajo-afirma-dialogo-prevalece-en-modi ficacion-codigo-laboral 77. Entrevista a Elena Pérez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, en el contexto de elaboración del presente documento. 78 . Listín Diario , 31/3/2019,“Trabajadoras del hogar demandan aplicación del convenio 189 de la OIT ratificado por RD”, https://listindiario.com/la-republica/2019/03/31/559479/trabajadoras-del-hogar-demandan-aplicacion-del-convenio-189-de-la-oit-ratificado-por-rd 200

REPÚBLICA DOMINICANA particular que recibe el apoyo de otros grupos de mujeres y activistas por los derechos y la igualdad. Por otra parte, un actor relevante en el debate sobre la economía de los cuidados, la desigual distribución del trabajo de cuidados y la situación de las mujeres, ha sido la academia. En centros universitarios se realizaron foros de divulgación de documentos e investigaciones que han propiciado la instalación del tema como problema social. Así el Centro de Estudios de Género del INTEC y el Instituto de Estudio e Investigación de Género y Familia de la UASD. La Fundación Friedrich Ebert es otra institución que ha impulsado el trabajo multisectorial e interdisciplinario. Algunos de los eventos que han sido convocados para la discusión sobre los cuidados en los últimos años han sido:“La economía del cuidado y los desafíos para el empoderamiento de las mujeres” y“Economía del cuidado en la política pública”. En el contexto de la pandemia covid-19, la situación de las mujeres, sobreexigidas en sus múltiples roles y en situación de desprotección, cobró vigencia también en el mundo académico. Así, por ejemplo, las condiciones laborales de trabajadoras profesionalizadas en el campo de cuidados como las enfermeras, personal de salud y docentes 79 y el tema de la violencia en los hogares y en situación de confinamiento fueron algunos de los abordados en un encuentro virtual impulsado por el CEG-INTEC. Con una temática similar, otro conversatorio fue desarrollado por la UASD 80 . En el campo estatal desde hace algunos años, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales(GCPS) bajo administración del gobierno saliente, junto a organismos internacionales como la OIT, el PNUD y ONU Mujeres, ha estado trabajando y debatiendo en torno a las posibilidades de establecer políticas desde el enfoque de Piso Básico de Protección Social con perspectiva de género, produciendo diversos estudios, entre ellos: Combatiendo la ­desigualdad desde lo básico: Piso de protección social e igualdad de género (2013), Mapeo y análisis de género de los programas de protección social y del sistema de seguridad social de la República Dominicana (2016) y Hacia un piso de protección social y género en República Dominicana: escenarios y costos (2018). En este marco, se ha planteado como necesidad la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, con lineamientos y mecanismos de protección social igualitaria en camino hacia la desfamiliarización y desmercantilización 79 . INTEC, Noticias, https://www.intec.edu.do/prensa/notas-de-prensa/item/covid-19-desnuda-desigualdad-que-enfrentan-las-mujeres-dominicanas 80 . El Ministerio de la Mujer, en el contexto covid-19, impulsó una campaña sobre corresponsabilidad y buenas prácticas en convivencia, de alcance limitado, ya que solo se realizó a través de sus redes sociales institucionales denominada“En esta casa somos equipo”(https://mujer.gob.do/index.php/noticias/ item/562-en-esta-casa-somos-equipo-la-nueva-campana-del-mmujer-que-destacara-las-buenas-practicas-de-la-convivencia-en-el-hogar-durante-cuarentena). 201

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE de los cuidados. Aunque todavía el diseño del sistema se encuentra en estatus de proyecto, referentes de organizaciones feministas y de mujeres habían indicado que es en esa dirección que se debe encauzar la organización y la economía de los cuidados 81 . El escenario que se dibuja en el debate de la cuestión de los cuidados da cuenta de la necesidad de mayor visibilización y posicionamiento del tema en la esfera pública. Bajo la lógica de erradicar las dinámicas en las que se cimenta el sistema machista, el reconocimiento de la distribución sexual del trabajo como un aspecto básico de la desigualdad entre hombres y mujeres supondría que el tema de los cuidados ocupara un lugar central en las demandas por los derechos de las mujeres, sin embargo, no ha sido así. En la agenda feminista que se impulsa en el país se han priorizado temas considerados urgentes, como el de la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto en tres causales, pero han quedado en un segundo plano las reivindicaciones en torno al cuidado. Mas allá del impulso en materia de cuidados como una línea de trabajo de organismos internacionales o de producción académica, la situación que viven las mujeres en el país pone de relieve la necesidad de empujar esta discusión como una dimensión que puede aportar en términos concretos a una mayor autonomía económica, sobre el cuerpo y del tiempo de las mujeres, aspectos que también son básicos para enfrentar problemáticas urgentes como la violencia. Se trata, además, de reconocer y dignificar el trabajo de la reproducción social de la vida, realizado principalmente por las mujeres. Los cuidados deben ser vistos en su integralidad, poniendo sobre la mesa los derechos de las personas que dependen de ellos, las necesidades de los hogares y los derechos y necesidades de las personas cuidadoras. Esto demanda superar la fragmentación y que los actores, que empujan sus demandas de cuidado de manera aislada las articulen. Por ejemplo, la incidencia para el reconocimiento y la regulación del trabajo doméstico remunerado sigue siendo una oportunidad para fomentar una agenda integral que discuta la desigualdad y la injusticia de una organización de cuidados que se asienta sobre la explotación de mujeres. Asimismo, resulta pertinente la incorporación del cuidado en un sentido incluso más amplio, como un enfoque de análisis y diseño de las políticas públicas de distinta índole. La sacudida al sistema social y económico provocada por el covid-19 lo han puesto de manifiesto y la República Dominicana(si no inicia un trabajo en lo inmediato) perderá una gran oca81 . Entrevista a Fátima Lorenzo, directora del Centro de Estudios de Género del INTEC, en el contexto de elaboración del presente documento. 202

REPÚBLICA DOMINICANA sión para avanzar hacia una nueva propuesta de organización social de cuidados, pero también hacia una organización distinta de la economía y el mundo del trabajo que incluya como uno de sus ejes el bienestar social y, por ende, los cuidados. Este impulso que necesita la discusión sobre los cuidados tiene que incorporar el problema de las nuevas modalidades de trabajo y de ordenamiento social que se ha visibilizado en la pandemia, así como el aporte de la tecnología al bienestar colectivo y no solo al lucro de una parte de la sociedad. Se debe considerar la posibilidad de que una crisis como la del covid-19 puede ser una realidad recurrente debido a la multiplicidad de factores de riesgo que enfrenta un país como República Dominicana y, que cada emergencia deja modificaciones que no pueden no medirse o no analizarse, en términos de mayor vulnerabilidad de grandes sectores de la población y de las mujeres. Como pasos que deben darse en ese sentido, es imprescindible la implementación periódica de encuestas de uso del tiempo y el establecimiento de una cuenta satélite de los trabajos no remunerados que aporte al reconocimiento del valor social y económico del trabajo de cuidados y dimensione, en su real magnitud, la contribución económica y política que realizan las mujeres desde sus hogares y sus vidas familiares al conjunto de la sociedad. Lista de siglas utilizadas ADESA BCRD CAFI CAID CAIPI CEPAL CEG-INTEC CIANI CNSS CONADIS CONANI CONAPE CONDEI COPARDOM DIGEPEP Alianza por el Derecho a la Salud Banco Central de la República Dominicana Centro de Atención a la Infancia y la Familia Centros de Atención Integral para la Discapacidad Centro de Atención Integral a la Primera Infancia Comisión Económica para América Latina y el Caribe Centro de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Centros Infantiles de Atención Integral Consejo Nacional de Seguridad Social Consejo Nacional de Discapacidad Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Consejo Nacional de Protección al Envejeciente Consejo Nacional de Estancias Infantiles Confederación Patronal de la República Dominicana Dirección de Programas Especiales de la Presidencia 203

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ENCFT ENDESA ENHOGAR ENI EPU GCPS ICV INAIPI INM RD LAC MEPyD MINERD ONE OMS PNUD PLANEG PROSOLI SDSS SENASA SFS SIUBEN SISALRIL TMC TNR TSS UASD Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo Encuesta Demográfica y de Salud Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples Encuesta Nacional de Inmigrantes Examen Periódico Universal Gabinete de Coordinación Políticas Sociales Índice de Calidad de Vida Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana Latinoamérica y el Caribe Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Educación de la República Dominicana Oficina Nacional de Estadística Organización Mundial de la Salud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género Programa Progresando con Solidaridad Sistema Dominicano de Seguridad Social Seguro Nacional de Salud Seguro Familiar de Salud Sistema Único de Beneficiarios Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales transferencias monetarias condicionadas trabajo no remunerado Tesorería de la Seguridad Social Universidad Autónoma de Santo Domingo Referencias ADESA −Alianza por el Derecho a la Salud−(2019). Atención Primaria en Salud: Situación y Retos en la República Dominicana . Agamben, G., S. Žižek, J.L. Nancy et al. (2020). Sopa de Wuhan . Pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemias. Disponible en http://iips.usac.edu.gt/ wp-content/uploads/2020/03/Sopa-de-Wuhan-ASPO.pdf Aguirre, R. y F. Ferrari(2014). Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe. Caminos recorridos y desafíos hacia el futuro. CEPAL. 204

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México, Centroamérica y el Caribe 1. Cuba 2. México 3. República Dominicana 4. Guatemala

GUATEMALA Organización social de los cuidados en Guatemala: políticas, normas, actores, instituciones y desafíos Andrea Tock

Andrea Tock. Máster en Estudios Sociales de Género por la Universidad de Lund(Suecia). Investigadora, consultora y educadora en temas como educación antirracista, defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la opinión pública e inclusión social de la juventud rural. 212

GUATEMALA Índice Introducción 215 1. Contexto y marcos de los cuidados 216 1.1. Breve contexto socioeconómico del país 216 1.2 . Mercados laborales 216 1.3. Pobreza y desigualdad 219 1.4. Uso del tiempo 220 1.5. Trabajo no remunerado(TNR) 221 1.6. Trabajadoras remuneradas del hogar 221 1.7. Debate sobre los cuidados en la agenda pública 223 2. Políticas de cuidado 224 2.1. Políticas de cuidado actuales 224 3. Servicios de cuidados 232 3.1. Salud 233 3.2. Cuidado infantil 233 3.3. Cuidado de personas adultas mayores 235 3.4. Cuidado de personas con discapacidad 236 3.5. Transferencias monetarias relacionadas con los cuidados 237 4. Voces, debates y herramientas para una política sobre el derecho al cuidado 237 4.1. Organizaciones de mujeres y feministas 237 4.2. Organizaciones de desarrollo y cooperación internacional 238 4.3. Academia e institutos de investigación 239 5. Conclusiones y recomendaciones 239 Lista de siglas 241 Referencias 242 213

Introducción GUATEMALA H ablar sobre el cuidado y los cuidados puede parecer familiar para la mayoría de las feministas, ya que implica hablar de uno de los ámbitos de la vida cotidiana que suelen estar rodeados de silencio, obligación, mandatos e, incluso, violencia. En la actualidad, y particularmente en América Latina, existe un interés acerca del tema y se aborda desde distintos puntos de enunciación. Torres Santana(2020) señala que los feminismos, tanto en sus dimensiones teóricas como militantes, han sido claves en el esfuerzo por colocar a los cuidados y a la vida como eje central de la reflexión de las sociedades de las que formamos parte y de las sociedades que queremos ser. Han denunciado que, aunque todas las personas necesitamos cuidados para vivir, estos“están a cargo mayoritariamente de las mujeres; su aseguramiento no es reconocido como trabajo, aunque supone tiempo, esfuerzo y recursos; la mayor parte de ese trabajo no recibe compensación económica de ningún tipo y muchas veces se realiza en condiciones precarias; las labores de cuidados sobrecargan a quienes las realizan y reproducen su falta de autonomía económica”(p. 3). De manera semejante, mujeres de los pueblos de Abya Yala, que pueden o no identificarse como feministas, hablan de la red de cuidado de la vida que va más allá del cuidado de los seres humanos e incluye el resguardo de todo el planeta, de todos los seres vivos animados o inanimados. Las Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha incluido los trabajos de cuidados, especialmente el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, como temas clave para avanzar hacia la igualdad de género en el mundo. Tal inclusión tiene una relevancia considerable ya que indica que no puede existir un desarrollo sostenible si estos temas son dejados de lado, al mismo tiempo que puede impulsar políticas de cuidado en las agendas de los gobiernos nacionales. Este estudio forma parte del debate sobre los cuidados y analiza la situación particular de Guatemala en torno a la organización social de los cuidados, las políticas, normas, actores, instituciones y desafíos. De tal cuenta, se realiza un análisis del mercado laboral y las desigualdades de género que persisten en él. A pesar de que las herramientas estadísticas con las que cuenta el país están lejos de presentar el grado de sofisticación que tienen en otros países, se hace un análisis sobre el uso del tiempo, las cuentas satélites y las encuestas de empleo y condiciones de vida para ilustrar el estado de la cuestión. 215

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 1. Contexto y marcos de los cuidados 1.1. Breve contexto socioeconómico del país De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2018, Guatemala en 2020 cuenta con 16.604.026 habitantes. De este total, 49,2% son hombres y 50,8% son mujeres. El número de hogares es de 3.275.931, de los cuales: 75,7% tiene a hombres como jefe y 24,3% a mujeres. Su población es mayoritariamente joven: el 33,4% son personas que se encuentran entre los 0 y 14 años; el 61% entre 15 y 64 años, y el 5,6% de las personas son mayores de 65 años. Guatemala es un país culturalmente diverso: 41,7% de personas se autoidentifican como maya, el 56% como ladino 1 , el 1,8% como xinca 2 ; el 0,2% como afrodescendiente, creole o afromestizo y 0,2% como extranjero. Además del castellano, idioma oficial, se hablan 23 lenguas indígenas. En cuanto a la educación, 81,5% de personas se declara alfabeta y 18,5% analfabeta. Si se desagrega por sexo, un 85% de los hombres se declara alfabeto y un 15% analfabeto, mientras que el 78,3% de las mujeres se declaran alfabetas y el 21,7% analfabetas(INE, 2018). El índice de desarrollo humano(IDH) para el año 2018 fue de 0,651, ubicándose en el puesto 126 entre 189 países. En esa posición incide la brecha en equidad de género y la alta desigualdad social y económica. Guatemala se encuentra en el listado de países de desarrollo medio en el mundo. El Coeficiente de Gini es de 0,63, evidenciando la desigualdad existente(PNUD, 2016). 1.2. Mercados laborales De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos(ENEI) 2019, la población en edad de trabajar es de 12.005.359 personas, de las cuales el 59,26% es población económicamente activa(PEA). De ese total, 97,48% es ocupada. La tasa global de participación de la PEA es de 59,3%; la tasa bruta de ocupación, 57,8%; la tasa específica de ocupación: 97,5%. La tasa de desempleo abierto: 2,5%; y de subempleo visible: 9,4%. De la población en edad de trabajar, el 48% son hombres y el 52% son mujeres, sin embargo, aunque las mujeres son mayoría, representan únicamente el 32,98% de la PEA mientras que los hombres representan el 67,02%. Esto se traduce en que el 71,29% de las mujeres en edad de trabajar 1. Ladino: se usa en Guatemala desde el siglo XIX para designar a los mestizos que a su vez son no-indígenas(Rodas Núñez). 2 . El pueblo xinca es una etnia amerindia del sur de Guatemala y El Salvador. Su lengua(xinca) no se asocia a ninguna familia conocida y no está relacionada con ninguna maya y tampoco con el azteca. 216

GUATEMALA forman parte de la población económicamente inactiva(PEI) y que solamente el 28,71% de las mujeres integran la PEA. De la población desocupada, 58% son hombres y 42% mujeres. De la población ocupada según actividad económica, las dos más importantes son: a) la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 31,9% y b) el comercio al por mayor y por menor: 26,9%. En total, de la población ocupada, el 35,7% son empleadas y empleados privados. El 16,2% son trabajadoras y trabajadores por cuenta propia(no agrícola). El 15,1% son jornaleros y jornaleras o peones y peonas. El 10,3% son trabajadoras y trabajadores por cuenta propia agrícolas. Las personas trabajadoras no remuneradas son el 8,4% de la población ocupada. El 66,7% de la población ocupada no tiene un contrato y de este porcentaje el 61,4% se encuentra fuera del área urbana metropolitana. Del 28,8% de la población ocupada con un contrato por tiempo indefinido; 59,1% se encuentra en el área urbana metropolitana. De la población ocupada solo el 22% es afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social(IGSS). De ella, 59,2% pertenece al área urbana. De la población ocupada de 15 años y más, 65,5% de las personas afiliadas al IGSS son hombres. En cuanto a la población subempleada visible, el 27,6% son empleadas y empleados privados, el 18,5% son jornaleros y jornaleras o peones y peonas; el 17,4% son trabajadoras y trabajadores por cuenta propia no agrícola y el 14,2% personas trabajadoras no remuneradas. De acuerdo con la ENEI(2019), de la población ocupada de 15 años y más de edad, el 70,2% pertenece al sector económico informal, mientras que solo el 29,8% pertenece al sector económico formal. Se estima que el 57% de los desocupados y desocupadas están ubicados en áreas urbanas en tanto que el 43% en áreas rurales. Además, en el área urbana el 40% lleva más de quince semanas buscando empleo; 45%, en el área rural. El rango de búsqueda de empleo que le sigue es el de cuatro semanas o menos, con 30% en el área urbana y 24% en el área rural (INE, 2019). Los datos presentados en esta sección nos proporcionan una imagen inicial de la magnitud de las desigualdades de género en los mercados laborales de Guatemala. La situación para la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores es precaria, con un bajo índice de protección social que, además, se concentra en los centros urbanos. La informalidad es una de las principales razones para estas cifras, que perpetúa la precarización, y se incrementa cuando se trata de las mujeres. La gran mayoría de las mujeres guatemaltecas en edad de trabajar son contabilizadas como parte de la PEI, por lo que siguen siendo minoría tanto en la PEA como en la población ocupada. Esto se traduce en menores ingresos, impactando en sus libertades y oportunidades de emancipación. 217

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 1.2.1. Brecha salarial de género De acuerdo con la ENEI(2019), la brecha salarial en detrimento de las mujeres ocurre en casi todas las profesiones, con excepción de personal operador de instalaciones y máquinas y ensambladores, en donde las mujeres ganan el 106% de lo que ganan los hombres. Tabla 1. Brecha salarial Ocupación Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados Ocupaciones elementales Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros Técnicos y profesionales de nivel medio Directores y gerentes Profesionales científicos e intelectuales Personal de apoyo administrativo Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores Hombres Q2.453 Q3.370 Q1.925 Q1.197 Q5.069 Q8.027 Q4.952 Q3.650 Q3.166 Mujeres Q948 Porcentaje de brecha 39% Q1.852 Q1.086 Q771 Q3.746 Q6.032 Q4.380 Q3.450 Q3.349 55% 56% 64% 74% 75% 88% 95% 106% Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, 2019. La Tabla 1 muestra que se paga menos a las mujeres cuando realizan igual trabajo que los hombres. La columna de la derecha muestra el porcentaje del salario de un hombre que recibe una mujer; por ejemplo, en el caso de la ocupación“Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios”, una mujer gana el 39% de lo que gana un hombre. No existe legislación nacional que obligue a las empresas y entidades a garantizar la equidad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Además, vale la pena mencionar que existen muy pocos sindicatos y poca cultura sindical que permita negociar y garantizar mayor equidad. De acuerdo con ONU Mujeres, existe también una brecha en ingresos a paridad de nivel educativo. Por ejemplo, una mujer que ha completado la educación media superior(último grado previo al ingreso a la universidad) gana lo mismo que un hombre que ha completado la educación secundaria (ciclo básico). Los ingresos de los hombres sin educación son un 36% mayores que los de las mujeres sin educación, y 52% mayores con preprimaria. Tal proporción va aumentando hasta 71% en primaria, para después bajar a 218

GUATEMALA 50% para el nivel de educación superior y 15% en la educación media superior. Para el nivel educativo superior, un hombre con grado universitario gana 47% más que una mujer con un grado universitario(Close, 2020). 1.3. Pobreza y desigualdad Recientemente el Ministerio de Desarrollo Social se ha encargado de realizar la medición multidimensional de la pobreza en Guatemala. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, la pobreza monetaria es de 59,3%(INE, 2014). Con una nueva metodología para obtener el índice de pobreza multidimensional(IPM) en el país, se ha concluido que más del 60% de la población es multidimensionalmente pobre. Además del IPM, se mide también la intensidad de la pobreza. Los resultados para el año 2014 reportaron que hay una incidencia de pobreza multidimensional de 61,6%. La intensidad de la pobreza se estima en 48,6%, esto refleja que las personas multidimensionalmente pobres en promedio están privadas de casi la mitad de los indicadores ponderados( Índice , 2018). La incidencia de la pobreza multidimensional en el área rural es el doble que en el área urbana(40,3% versus 82,5%). Aunque esta diferencia es consistente con otras mediciones, al momento de aplicar el método A-F 3 , la intensidad promedio de la pobreza entre las familias del área rural y el área urbana dejó de ser tanta. La población multidimensionalmente pobre del área rural experimenta el 50,8% de las privaciones posibles, mientras en el área urbana la intensidad es del 44%. De acuerdo con las investigadoras y los investigadores del IPM-Gt, aquí se ilustra una realidad que ha pasado inadvertida bajo otras mediciones de pobreza: la incidencia es marcadamente distinta entre las áreas urbana y rural, como efecto de una mayor densidad poblacional en el área urbana, pero la intensidad de las privaciones que sufren los pobres entre ambas áreas no difiere de manera tan marcada. Es decir, la población multidimensionalmente pobre del área urbana padece una pobreza casi tan intensa como en el área rural, lo que difiere es el tipo de privaciones que sufren( Índice , p. 25). El IPM carece de datos desagregados en cuanto a sexo, ya que toma como unidad de identificación el hogar. Los datos provienen de la ENCOVI 2014, la última llevada a cabo y que no provee información de individuos. De tal manera, 3. El método A-F aplica dos tipos de umbrales: 1) Umbrales de privación, que determinan si un hogar se encuentra privado en un indicador específico; 2) Umbral de pobreza multidimensional, que identifica a los individuos como multidimensionalmente pobres de acuerdo con el número de privaciones(ponderadas) que un hogar registra. 219

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE solo se puede analizar la condición de pobreza por sexo del jefe o jefa de hogar según su tipo. De acuerdo con el INE, la pobreza es una condición en la que se encuentran más de la mitad de los hogares nucleares y extendidos, siendo su incidencia mayor en los hogares con jefatura masculina(54% en hogares nucleares y 50,5% en hogares extendidos) que en los hogares con jefatura femenina(44,8% y 47%, respectivamente). En contraste, en los hogares unipersonales se presentan los niveles más bajos de pobreza. No obstante, en los hogares unipersonales con jefatura femenina la pobreza no extrema es 4 puntos porcentuales más que en los hogares unipersonales con jefatura masculina. De igual forma en el hogar monoparental el porcentaje de hogares en pobreza extrema es superior en los hogares con jefatura femenina(8,7%) que en los hogares monoparentales con jefatura masculina(6,7%)(Patruyo, 2016). En cuanto a la desigualdad, como se mencionó, el Coeficiente de Gini es de 0,63, uno de los más altos del mundo. De acuerdo con Oxfam, en Guatemala, el 1% de los más ricos perciben los mismos ingresos que la mitad de la población, y las grandes empresas –solo 3% de las empresas formales– acumulan el 65% de los beneficios generados en el país. 1.4. Uso del tiempo El INE no realiza una encuesta dedicada a la medición del tiempo, como sí se hace en otros países de la región. Sin embargo, ha incluido módulos de uso de tiempo en las últimas Encuestas de Condiciones de Vida realizadas. De acuerdo con ONU Mujeres sobre la base de datos de la ENEI(2018) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), el tiempo que las mujeres mayores de 15 años dedican a las tareas domésticas no remuneradas y al trabajo de cuidado es, en promedio, igual a 17,77% de su tiempo total de trabajo, 7,5 veces más que el 2,36% del tiempo que los hombres dedican a tales actividades. Esta relación aumenta en las áreas rurales(19,28% del de las mujeres; 1,76% del de los hombres). Las mujeres dedican 32 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado mientras que los hombres únicamente dedican 8 horas semanales. Las mujeres dedican 5 horas diarias menos que los hombres al trabajo remunerado. De tal cuenta, la mayoría de las mujeres guatemaltecas tienen muchas dificultades para entrar en el mercado de trabajo tradicionalmente considerado como productivo(Close, 2020). El Censo Nacional de Población 2018 realizó la pregunta:“¿Qué hizo durante la semana anterior al censo?”; quienes elaboraron o ayudaron a hilar, tejer o coser artículos para la venta fueron 88% mujeres y 12% hombres. De entre quienes elaboraron o ayudaron a elaborar productos alimenticios para la venta, el 74% eran mujeres. A la pregunta:“¿Trabajó durante la semana anterior al censo?”, el 70% de las respuestas afirmativas provenían de hombres. De las respuestas negativas, el 66% fueron enunciadas por mujeres. La boleta del censo considera como trabajo aquel que es remunerado; los quehaceres 220

GUATEMALA del hogar, el cuidado de personas y los cargos comunitarios son actividades incluidas como opciones de respuesta a la pregunta“Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo durante la semana pasada?”. El 97% de las personas que respondieron que realizaron quehaceres del hogar(barrer, planchar, lavar, cocinar) son mujeres y solo el 3%, hombres. De las personas que respondieron“cuidado de personas”, el 59% fueron mujeres(INE, 2018). De acuerdo con la ENEI(2018), las mujeres constituyen más del 95% de las personas que se dedican al cuidado de niños y el 80% de las que cuidan personas enfermas(INE, 2019). 1.5. Trabajo no remunerado(TNR) 1.5.1. Cuenta satélite sobre el trabajo no remunerado No existe una cuenta satélite sobre el trabajo no remunerado de forma oficial en el país. A pesar de procesos llevados en conjunto entre la Secretaría Presidencial de la Mujer(SEPREM), el INE y el Banco de Guatemala, el tema ha sido poco priorizado en la agenda pública y oficialmente solo se cuentan con resultados preliminares de la medición. A principios de la década de 2010, SEPREM formó la comisión para la valorización del TNR de los hogares, y se planteó usar como base de la medición el módulo del Uso del Tiempo en las ENCOVI 2000, 2006, 2011 y 2014 y la ENEI 2014. En el 2010 y 2013, la CEPAL brindó asistencia técnica e hizo recomendaciones para el módulo del uso del tiempo y formas de iniciar el ejercicio de valorización del TNR. Oficialmente solo se presentaron los resultados preliminares, usando ENCOVI y ENEI(2011). Estos resultados fueron los siguientes: el valor del TNR realizado por hombres en Guatemala en 2011 representó el equivalente al 3,5% del PIB, la mayor participación en el TNR para hombres son las reparaciones a la vivienda y efectuar pagos de servicios de la vivienda. El valor del TNR realizado por mujeres en Guatemala representó el equivalente al 15,5% del PIB, la mayor participación en él para mujeres se refiere al cuidado de niños y niñas, a la preparación de alimentos en el hogar y a la limpieza de la casa. El 84% del valor de la actividad“atender o cuidar niños” lo realizan mujeres. El valor del trabajo no remunerado en Guatemala en 2011 representó el equivalente al 19% del PIB, al cual principalmente aportan las mujeres, en un 82%(SEPREM, 2014). 1.6. Trabajadoras remuneradas del hogar Las trabajadoras y los trabajadores domésticos forman el 4,6% de la población ocupada, de acuerdo con la ENEI(2019)(alrededor de 319.000 personas). Son el 6,5% de la población subempleada visible. Es importante 221

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE considerar la posibilidad de que la cifra sea aún mayor, ya que existen niñas de 12 y 13 años trabajando en casas que no son contabilizadas, de acuerdo con personas del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia(SITRADOMSA). Según estimaciones de SITRADOMSA, el perfil mayoritario de quienes hacen trabajo remunerado en el hogar es el de una mujer que migra del campo a la capital y tiene como máximo estudios primarios: Muchas no saben leer ni escribir. El 44% son mujeres indígenas que migran de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz. La otra mitad, lo hace desde El Progreso, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Izabal. Destino mayoritario: Ciudad de Guatemala(García Casado, 2020). 1.6.1. Legislación naciona l El Código de Trabajo guatemalteco data de 1961 y ubica el trabajo de las empleadas domésticas en un régimen especial que las excluye de los derechos básicos. El artículo 27 indica que el trabajo de servicio doméstico no requiere de un contrato escrito entre las partes: puede ser verbal. Se excluye al trabajo doméstico del artículo que regula las obligaciones de los empleadores y las empleadoras. Es en el Capítulo 4 del Código de Trabajo donde se regula el trabajo doméstico:“Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono”. En cuanto a la retribución, regula el salario en especie:“Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención”. A diferencia de otros sectores del empleo nacional, el trabajo doméstico tiene excepción al límite de la jornada:“El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127[que tratan sobre descansos semanales y días de asueto]. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos: a) Deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de diez horas diarias, de las cuales por lo menos ocho han de ser nocturnas y continuas, y dos deben destinarse a las comidas; y b) Durante los días domingo y feriados que este Código indica deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de seis horas remuneradas”. Se observa entonces que la forma en que se regula el trabajo doméstico en el país vulnera los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, al otorgar excepciones a los derechos laborales y con acuerdos laborales verbales, sin contrato, lo cual les dificulta aún más exigir su cumplimiento y asegurar derechos. 222

GUATEMALA 1.6.2. Protección social Hasta 2009, las empleadas y los empleados domésticos no existían para el IGSS. Ese año se creó el Reglamento del Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular(PRECAPI), que solo cubre la maternidad, el control del niño sano y la niña sana(exclusivamente revisiones) y accidentes. Otros trabajadores y trabajadoras afiliados al IGSS tienen acceso a programas como los de enfermedad común, invalidez, vejez y sobrevivencia. La justificación otorgada por las autoridades es que no aportan lo suficiente para cubrir esos programas tan caros. De las más de 319.000 trabajadoras domésticas, solo 516 están inscritas en el programa PRECAPI del IGSS. Es decir, solo 0,2% tiene algún tipo de protección social. El número de trabajadoras domésticas afiliadas al IGSS fue mayor en los primeros cuatro años después de creado el PRECAPI, pero la tendencia disminuyó notablemente en los años posteriores. En 2019, menos de 30 personas se registraron en el programa. Este seguro, como se mencionó, no cubre ninguna enfermedad no relacionada con el embarazo o que lo afecte. El“control del niño sano” incluye únicamente las revisiones hasta los cinco años, pero no la atención médica. El programa tiene carácter de obligatorio para los empleadores y las empleadoras que ocupen a una o más trabajadoras domésticas, que laboren por lo menos tres días semanales. Debido a los pocos controles, muchas veces no conocen el programa o, de hacerlo, se niegan a inscribir a sus empleadas(García Casado, 2020). La remuneración económica de las trabajadoras es otro punto que contribuye a la desvalorización del trabajo doméstico. Según información de SITRADOMSA, en la Ciudad de Guatemala, la mayoría gana alrededor de 1200 quetzales (US$156) mensuales mientras que un grupo reducido que trabaja en las zonas más acomodadas llega a los 2500 quetzales(US$325) mensuales(García Casado, 2020). Es importante tomar en cuenta de que el salario mínimo en el país para el año 2020 en actividades no agrícolas es de 3075 quetzales mensuales(US$399). 1.6.3. Convenios internacionales Guatemala es uno de los seis países en Latinoamérica que no han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo. Tanto la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila(ATRAHDOM) como SITRADOMSA han trabajado infructuosamente por varios años para que las instituciones gubernamentales lo hagan. 1.7. Debate sobre los cuidados en la agenda pública Aunque en el Estado guatemalteco las políticas de cuidado junto con otras diversas políticas sociales han sido desfinanciadas, esta tendencia se acrecienta 223

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE a partir de la década del noventa con el gobierno de Álvaro Arzú y sus políticas neoliberales. Es en ese momento cuando los controles de la niñez y las guarderías disponibles en centros urbanos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social son cancelados y se instaura un programa de retiro voluntario para quienes trabajaban en ellos 4 . Durante los noventa y en medio de los procesos de apertura democrática y finalización del Conflicto Armado Interno, se comienzan a formar grupos que pretendían desarrollar la autoconciencia feminista; entre estos destacan la Organización de Mujeres Tierra Viva y el Grupo Guatemalteco de Mujeres. Otro de los grupos que surgió en esa década fue el Centro de Apoyo a la Trabajadora de Casa Particular. A esta organización se han sumado otras, como la Asociación de Trabajadoras de Casa Particular y la Asociación de Trabajadora de Maquila y de Casa Particular. Durante las negociaciones de paz, se crea el Sector de Mujeres como un espacio de trabajo individual y colectivo que coadyuvó a la inclusión de las necesidades e intereses de las mujeres en la agenda de las negociaciones y en los textos de los acuerdos. El Sector de Mujeres ha logrado perfilarse como uno de los espacios más propositivos y activos del movimiento feminista y actualmente reúne más de 30 organizaciones de mujeres de diversos orígenes, identidades y regiones del país(Monzón, 2011). Este movimiento de mujeres y la alianza política del Sector de Mujeres, desde los noventa, han acuerpado a la SEPREM para que comience a trabajar el tema de los cuidados. A partir de ese momento, se comienzan a hacer enlaces con la CEPAL para crear metodologías que permitan contar con datos para desarrollar políticas públicas. Por su parte, en la Alianza Política Sector de Mujeres el tema se ha mantenido como una constante en diversos procesos de formación. En años recientes, se ha impulsado la creación de una escuela de formación llamada Economía de los Cuidados: construyendo y reconociendo conocimientos para el Buen Vivir. 2. Políticas de cuidado 2.1. Políticas de cuidado actuales El marco legal y de políticas que Guatemala tiene en los ámbitos nacional e internacional permite decir que el país ha contraído compromisos importantes para reconocer el trabajo de cuidado. Pero, como en otros aspectos, la aplicación y cumplimiento de tales políticas es limitada. 4 . Conversación personal con Sonia Escobedo Escalante, quien fue secretaria presidencial de la Mujer durante el gobierno de Álvaro Colom. 224

GUATEMALA De acuerdo con grupos feministas, existe una influencia del enfoque familista dentro de las políticas y leyes de protección social que limitan el campo desde la concepción de la economía de los cuidados(Sector de Mujeres, 2017). Superar y apartarse de estas limitaciones y el enfoque familista es un reto importante para la institucionalidad pública y, por lo tanto, las organizaciones de mujeres y de sociedad civil tienen grandes desafíos. Se han promulgado nueve leyes relacionadas con políticas de protección que pueden considerarse poseen enfoques sobre el cuidado. Marco legal nacional relacionado con políticas de cuidado: Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, decreto 7/1999 Promueve el desarrollo de los derechos fundamentales de las mujeres. Tipifica la discriminación y la violencia contra la mujer; circunscribe el ámbito de los cuidados a la esfera privada(art. 8). En su artículo 13 asegura que el Estado velará por el establecimiento de centros educativos y de desarrollo infantil(guarderías) en empresas o espacios laborales que tengan la capacidad financiera para hacerlo, con el objetivo de permitir que las laborantes combinen sus obligaciones familiares con sus obligaciones laborales. Ley de Maternidad Saludable, decreto 32/2010 Tiene por objetivo implementar los mecanismos necesarios para mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres y del recién nacido y la recién nacida para la prevención y erradicación progresiva de la mortalidad materno-neonatal. Responsabiliza al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de garantizar el acceso universal a los servicios de salud materna y neonatal. Regula el recurso humano acreditado para los servicios de atención, entre ellos a las comadronas; sin embargo, la norma estipula que se debe formular una política especial para ellas. En ningún artículo contempla las licencias maternales. Ley de Desarrollo Social, decreto 42/2001 Establece los principios, procedimientos y objetivos que deben ser observados para que el desarrollo nacional y social genere también un desarrollo integral, familiar y humano. Hace referencia a grupos de especial atención para el Estado, entre estos, las mujeres, la niñez y adolescencia, las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Aunque establece que el Estado debe proveer lo necesario para dar especial atención a los grupos de personas mencionados, no especifica los mecanismos para su cumplimiento. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, decreto 27/2003 Persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca. Constituye a niños, niñas y adolescentes en 225

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE sujetos de derechos y deberes. Establece la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y también la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Ley del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, decreto 85/2005 Crea un programa de aporte económico a las personas de 75 años de edad y más, con la finalidad de que el Estado les garantice la atención de sus necesidades básicas mínimas. A través de un informe realizado por un trabajador o trabajadora social se debe demostrar que la persona adulta mayor carece de recursos económicos y por lo tanto es pasible de obtener el beneficio. Tal aporte es de 400 quetzales mensuales(unos US$52). Ley de Protección a Personas de la Tercera Edad, decreto 80/1996 Su objetivo es tutelar los intereses de las personas de la tercera edad: que el Estado garantice y promueva el derecho de las ancianas y los ancianos a un nivel de vida adecuado. Establece que es obligación de los parientes asistir y proteger al anciano o anciana en un orden específico: en primer lugar, el cónyuge, y luego, el orden sigue de acuerdo con la aproximación de grados familiares descendientes. Ley de Atención a Personas con Discapacidad, decreto 135/1996 Su objetivo es servir de instrumento legal para que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, participación social y ejercicio de los derechos y deberes. Establece que la obligación primordial del desarrollo de la persona con discapacidad corresponde a los padres, tutores o personas encargadas. Crea el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Código de Trabajo, régimen especial de trabajo doméstico, capítulo cuarto . Este capítulo del Código de Trabajo establece que los trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continúa a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio que no importen lucro o negocio para el patrono. El Código establece que, salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. En materia de políticas públicas, son ocho las que de igual manera pueden ser vinculadas al cuidado: Política Nacional de Discapacidad Tiene como objetivo crear oportunidades de integración y participación en la sociedad guatemalteca para las personas con discapacidad. 226

GUATEMALA Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Su propósito es proporcionar un marco estratégico coordinado y articulado, entre el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, que permita garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, entendida como el derecho de la población a tener, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales, de acuerdo con sus valores culturales y con equidad de género, a fin de llevar una vida activa y sana para contribuir al desarrollo humano, sostenible, y el crecimiento económico y social de Guatemala. Política Pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas (2014-2024) . Su objetivo general(y el de su Plan de Acción) es armonizar y optimizar los recursos y accionar de los distintos sectores del Estado para garantizar la protección y atención integral a las víctimas de trata de personas, así como para promover la prevención, detección, persecución y sanción de este delito. Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia Busca asegurar que las niñas y los niños, desde el momento de su gestación hasta los seis años, gocen de sus derechos básicos a través de la construcción de un sistema que promueve tanto la atención como su desarrollo integral, en observancia y respeto a la diversidad cultural del país. Política de Desarrollo Social y Población Esta política es un conjunto de medidas del organismo ejecutivo para crear y promover las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que faciliten el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad de acuerdo con la dinámica y características propias de la población guatemalteca presente y futura. Consta de cinco componentes: salud, educación, empleo y migración, riesgo de desastres y comunicación social. Política de Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin Discapacidad El Ministerio de Educación pretende propiciar, a nivel nacional, la educación inclusiva con calidad y equidad, por medio de programas y servicios dirigidos a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, en los subsistemas educativos escolar y extraescolar. Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Guatemala, a través de la acción coordinada de las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, y la comunidad internacional es el propósito de esta política. 227

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Tabla 2. Compromisos internacionales suscritos por Guatemala relacionados con el cuidado Compromisos Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006 Convenio 183 sobre Protección de la Maternidad, 2000 –no ratificado− Convenio 156 de la OIT, 1981 Convenio 189 de la OIT, 2011 –no ratificado− Recomendación 201 de la OIT, 2011 Recomendación 202 de la OIT, 2012 Consensos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 Consenso de Montevideo, Conferencia regional de población y desarrollo, 2015 Ley Marco de la Economía del Cuidado, XXIX Asamblea del Parlamento Latinoamericano, 2013 Contenido Arts. 5 y 11: corresponsabilidad del cuidado Art. 18: responsabilidad de los padres y tutores; asistencia del Estado en servicios de protección El Estado debe brindar servicios de asistencia y apoyo Medidas de protección a la maternidad Medidas de apoyo a trabajadoras con hijos e hijas Protección de derechos de las trabajadoras domésticas Trabajo decente y atención a hijos e hijas de trabajadoras: eliminación de toda forma de discriminación y violencia hacia trabajadoras con cargas familiares Pisos de protección social: acceso a cuidado a niños y niñas como parte de las prestaciones y garantías laborales Consensos de Lima, México, Quito, Brasilia, Santo Domingo y Montevideo. Marco normativo y de políticas sobre corresponsabilidad del cuidado, reconocimiento del aporte de las mujeres en el trabajo no remunerado, necesidad de medición del trabajo no remunerado a través de encuestas de uso del tiempo y cuentas satélites de trabajo no remunerado Reconocimiento del trabajo de cuidado y la necesidad de políticas de cuidado Políticas dirigidas a personas con necesidad de cuidados y protección a las personas cuidadoras Fuente: Sector de Mujeres, 2017. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades Tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural. 228

GUATEMALA En el ámbito internacional, Guatemala ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS). De los diecisiete ODS, doce hacen referencia a la igualdad de género e incluyen metas desagregadas por sexo. Los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16 y 17 logran integrar en su contenido acciones concretas y articularse al ODS 5, que es el que se propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El ODS 5 cuenta con nueve metas hacia la transversalización de género en la Agenda de Desarrollo Sostenible, hoy vigente en Guatemala. Destaca en los ODS el reconocimiento al trabajo de cuidado y al impulso de políticas en esta materia. Actualmente, en el escenario político guatemalteco hay siete instituciones públicas que tienen vínculos con políticas de protección social eventualmente orientadas hacia el cuidado y a partir de allí generar transformaciones, que además pudieran promover que el Estado se haga corresponsable, a través del mejoramiento de los servicios hacia las personas que demandan cuidados y hacia quienes proveen el cuidado. De acuerdo con la Alianza Política Sector de Mujeres, existe en el país la siguiente oferta programática: Ministerio de Educación Proyecto de atención integral a la niñez menor de seis años: Es una modalidad para la atención integral al niño y a la niña menor de seis años en comunidades urbanas marginales y áreas rurales del país en contexto de pobreza; promueve la participación comunitaria y de la familia para mejorar la calidad educativa de sus hijos e hijas. Se prestan servicios de educación inicial, salud, nutrición y estimulación oportuna. Se orienta a padres y madres en dichos temas. Escuela de nivel inicial: Nivel orientado a la atención de niños y niñas entre los 0 y 3 años de edad, cruciales para su desarrollo. Se centra en cinco áreas curriculares: a) destrezas de aprendizaje, b) comunicación y lenguaje, c) conocimiento de su mundo, d) estimulación artística y e) motricidad. Se organiza en cuatro etapas: a) de 0 a 1 año, b) 1 a 2 años, c) 2 a 3 años y d) 3 a 4 años. Preprimaria: La currícula del nivel preprimario está organizada para las edades de 4 a 6 años y según competencias que buscan la formación y socialización del niño y la niña multiambiente, multigrado, multilingüe y dinámica, diferenciada por cada niño y niña. Se organiza en dos etapas: a) 4 a 5 años, y b) 5 a 6 años. Preprimaria con docentes itinerantes: Una modalidad de docencia que se desarrolló en el área rural para atender a grupos menores a 20 estudiantes del nivel preprimario. Se atendían a dos comunidades alternativamente. En ocasiones el líder de la comunidad sustituía al maestro. 229

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Programa de Prevención de la desnutrición crónica: Controles prenatales, inmunizaciones, alimentación complementaria, monitoreo del crecimiento, atención a enfermedades. Programas de Prevención de mortalidad materna, VIH, ITS, tuberculosis y vectores: Campañas de información, educación y comunicación sobre controles sanitarios, salud reproductiva, planificación familiar, lactancia materna, higiene, cuidado y salud en general(VIH, tuberculosis, vectores, IRAS, etc.). Salud preventiva y Red de servicios de salud: Red hospitalaria nacional, regionales y departamentales, Centros de Atención Permanente, puestos de salud. Ministerio de Desarrollo Social Programa de transferencias monetarias condicionadas en educación y salud: Dirigido a mujeres en situación de pobreza y edad reproductiva para que den seguimiento a salud y educación a sus hijas e hijos de 0 a 15 años. Bolsa de alimentos: Para familias de áreas urbanas y en riesgo social del Departamento de Guatemala, madres solteras menores de 20 años, personas adultas mayores y con discapacidades. Programa de becas, educación y empleo: Becas de educación media y superior, a través de subsidios a jóvenes que no pueden continuar sus estudios. Se integra al programa acciones para generar el primer empleo y becas para artesanos. Comedores públicos: Servicios de alimentación a bajo costo para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Ministerio de Trabajo y Previsión Social Programa del aporte económico al adulto mayor: Provee un aporte económico a las personas de 65 y más años de edad, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la población la atención de sus necesidades básicas mínimas. Las beneficiarias son todas aquellas personas que demuestren, a través del informe socioeconómico realizado por un trabajador o trabajadora social, que carecen de recursos económicos y están en pobreza extrema. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Programas del seguro social: Programas de invalidez, vejez y sobrevivencia, Programa de enfermedad, maternidad y accidentes, Programa de protección para las trabajadoras de casa particular, Programa de incorporación de niñez y adolescencia. 230

GUATEMALA Secretaría de Bienestar Social Centros de Atención Integral(CAI): Atienden a niñas y niños de ocho meses a doce años de edad, hijas e hijos de trabajadoras y trabajadores de escasos recursos, brindándoles atención integral en materia de educación, nutrición y recreación. Aquí también se puede ubicar el Programa REPREDE que brinda tutoría a niños y niñas de 7 a 12 años. Programa de Protección y Abrigo a Niñas, Niños y Adolescentes: Dirigido a las niñas, niños y adolescentes entre las 0 y 18 años, ofrece una atención integral a través de servicios de educación, alimentación, vestuario, recreación, atención médica, psicológica y psiquiátrica para restablecer la salud física, mental y emocional de la niñez y adolescencia, buscando su inserción familiar y social. Programa de familias sustitutas: Detecta, evalúa, capacita y certifica a familias idóneas para la crianza y la promoción del bienestar social de las niñas, niños o adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con familia biológica, ampliada o adoptiva. Programa de niñez migrante: Atención especializada en la repatriación de niñas, niños y adolescentes migrantes, garantizando una recepción digna, oportuna y pertinente; respetando su identidad cultural y fortaleciendo los vínculos sociofamiliares. El programa cuenta con dos albergues de atención(en Guatemala y Quetzaltenango). Programa de niñez en situación de calle: Brinda atención ambulatoria a los niños, niñas y adolescentes que dependen de la calle para sobrevivir, a fin de orientarlos y buscar alternativas de solución a su problemática. Programa de subsidios familiares: Es una modalidad de atención dirigida a apoyar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, en situación de desastres naturales o en condiciones de discapacidad o enfermedad grave a través de la entrega, durante tres años, de Q500.00(aproximadamente US$ 64) mensuales. Programa de educación especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidad: Promueve dos grandes líneas de acción: a) Atención a la Discapacidad Intelectual, a través de la ejecución de programas de educación especial, y b) Ejecución del Programa de Gestión para la Atención de Personas con Discapacidad. Aquí también se puede ubicar el centro Alida España para niñez con discapacidad. Centros Juveniles de Privación de Libertad para Mujeres y Varones ­CEJUPLIM, CEJUPRIV, CEJUDEP: Atención a adolescentes mujeres y varones internados por conflictos con la ley penal. El CEJUPLIM atiende a mujeres que están en su período de gestación o ya son madres y requieren tanto ellas como sus bebés de atención y protección especial. 231

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Centros de capacitación ocupacional: Para adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años de áreas con vulnerabilidades y pobreza. Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente(SOSEP) Hogares Comunitarios y Centros de Atención y Desarrollo Infantil(CADI): Dirigido a niñas y niños de 8 meses a 6 años, es un programa de cuidado diario, tiene cobertura en 221 municipios de 22 departamentos. Atiende a 15.156 niños y niñas en 193 hogares comunitarios. Funcionan 500 CADI. Brindan 1.030.688 raciones de alimentos a hijos e hijas de madres de escasos recursos. Cuentan con 1.452 madres cuidadoras. Programa del Adulto Mayor“Mis Años Dorados”: Atiende a 3.286 personas adultas mayores de 54 municipios de 18 departamentos en sus 60 centros. De esa concurrencia un 55,7% son mujeres y 44,3% hombres; y del total, 28% son mayas. 3. Servicios de cuidados En Guatemala, la participación del Estado, las familias, las comunidades y el mercado en la organización social de los cuidados es desigual. Aunque existen políticas estatales que cubren parcialmente algunos servicios de cuidado, en la realidad, se encuentran desfinanciados y precarizados. Sigue siendo usual que el cuidado sea considerado responsabilidad principal de los hogares y, específicamente, de las mujeres. Recordemos que, de acuerdo con la ENEI(2018), las mujeres constituyen más del 95% de las personas que se dedican al cuidado de niños y niñas y el 80% de quienes cuidan personas enfermas. Siguiendo a Martínez(2008), Guatemala tiene un régimen de tipo familiarista. Esto quiere decir que el Estado tiene muy escasas capacidades para corresponsabilizarse de los cuidados y son las organizaciones internacionales las que juegan un rol más destacado. A pesar de las políticas enunciadas antes, Guatemala tiene un casi nulo desarrollo de los servicios de cuidados desde el ámbito estatal. El mercado, por su lado, cubre una parte ínfima 5 . Las mujeres son quienes se hacen cargo de los cuidados de forma gratuita. A continuación, se enumeran algunos de los servicios existentes dentro del aparato público en cuanto a los temas más relevantes para la organización social de los cuidados. 5. No existe información estadística reciente acerca de lo que el mercado representa y cubre en cuanto a servicios de cuidados. Debido a las tendencias de desigualdad en el país y la concentración de servicios en las áreas urbanas, especialmente en la capital, se intuye que el mercado proporciona una parte muy pequeña de los servicios de cuidados. Se necesita investigar al respecto. 232

GUATEMALA 3.1. Salud A través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se proporciona el Programa de Prevención de la desnutrición crónica. De acuerdo con Acción contra el Hambre 6 , Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y unas de las más elevadas del mundo(49%). En algunas zonas rurales, especialmente en el Departamento de Chiquimula, alcanza el 80%. Lo que empeora la situación es que funcionarios de gobierno, reafirmando el régimen de bienestar familista, si bien reconocen cierta responsabilidad de parte del Estado, cargan la mayor en las familias y especialmente en las mujeres 7 . El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta también con programas de Prevención de la mortalidad materna, VIH, ITS, tuberculosis y vectores. Sin embargo, la red hospitalaria nacional, los centros de atención permanente y los puestos de salud son escasos y se encuentran constantemente desabastecidos. Varias ONG internacionales e instituciones privadas ofrecen servicios clínicos a bajo costo para la población más empobrecida, supliendo así, en parte, la ausencia estatal. 3.2. Cuidado infantil El Ministerio de Educación tiene a su cargo algunos de los programas más relevantes para el cuidado y la atención de la niñez. Entre ellos: Proyecto de atención integral a la niñez menor de seis años: Es una modalidad para la atención integral al niño y a la niña menor de seis años en comunidades urbano-marginales y áreas rurales en contexto de pobreza; promueve la participación comunitaria y de la familia para mejorar la calidad educativa de hijos e hijas. Se prestan servicios de educación inicial, salud, nutrición y estimulación oportuna. Se orienta a padres y madres en dichos temas. Escuela de nivel inicial : se orienta a la atención de niños y niñas entre 0 y 3 años de edad. Se organiza en cuatro etapas: a) de 0 a 1 año, b) 1 a 2 años, c) 2 a 3 años y d) 3 a 4 años. Preprimaria : La currícula del nivel preprimario está organizada para las 6 . “Guatemala: el país de América Latina con más desnutrición crónica”. www.accioncontraelhambre. org/es/guatemala-el-pais-de-america-latina-con-mas-desnutricion-cronica#:~:text=Guatemala tiene la tasa de,Chiquimula%2C alcanza el 80%25. 7. En una entrevista para BCC Mundo, el responsable de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional(SESAN), Juan Carlos Carías, reconoce que no puede“excluir la responsabilidad del Estado… Pero también hay una responsabilidad moral inmediata de los padres de los niños de dar una atención adecuada”, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48603833 233

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE edades de 4 a 6 años y según competencias que buscan la formación y socialización multiambiente, multigrado, multilingüe y dinámica, diferenciada por cada niño y niña. Se organiza en dos etapas: a) 4 a 5 años, y b) 5 a 6 años. Preprimaria con docentes itinerantes : Una modalidad de docencia que se desarrolló en el área rural para atender a grupos menores a 20 estudiantes del Nivel Preprimario. Se atendían a dos comunidades alternativas. En ocasiones el líder de la comunidad sustituía al maestro. A pesar de contar con estos programas, el sistema educativo público se enfrenta a diversos retos. Si bien su asignación presupuestaria es grande −es el ministerio que más recursos recibe−, la inversión que se hace es poca. El gasto se concentra en aumentos salariales otorgados por medio de pactos colectivos y no en una mejora de la infraestructura o de la cobertura educativa. Para 2019 la inversión pública en niñez y adolescencia en Guatemala ronda 3,6% del PIB (Q22.737.100.000), lo que significa que a cada menor de 18 años el Estado le asigna, aproximadamente, Q8,9 diarios(US$ 1,19) para garantizar sus derechos y bienestar(ICEFI, 2019). La calidad educativa sigue siendo muy baja y la infraestructura, especialmente en las áreas rurales, es extremadamente precaria. También hay que anotar que la vigencia del concepto de familia tradicional combinado con el empobrecimiento de la población hacen que la deserción escolar sea alta sobre todo en niñas, debido a que muchas familias prefieren que sean los hijos varones quienes continúen su educación mientras las niñas realizan los trabajos domésticos y de cuidado. El alto número de embarazos tempranos también contribuye a esta tendencia: en Guatemala, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 1962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad. La Secretaría de Bienestar Social , un órgano administrativo gubernamental dependiente del Ejecutivo, que se ocupa de la formulación, coordinación y ejecución de las Políticas Públicas de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia guatemalteca, tiene a su cargo los siguientes programas: Centros de Atención Integral(CAI): Atienden a niñas y niños de ocho meses a doce años de edad, hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores de escasos recursos, brindándoles atención integral en materia de educación, nutrición y recreación. Programa de Protección y Abrigo a Niñas, Niños y Adolescentes: Dirigido a las niñas, niños y adolescentes entre 0 a 18 años, ofrece una atención integral a través de servicios de educación, alimentación, vestuario, recreación, atención médica, psicológica y psiquiátrica para restablecer la salud física, mental y emocional de la niñez y adolescencia, buscando su inserción familiar y social. Programa de familias sustitutas: Detecta, evalúa, capacita y certifica a familias idóneas para la crianza y la promoción del bienestar social de las niñas, 234

GUATEMALA niños o adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con familia biológica, ampliada o adoptiva. Programa de niñez migrante: Atención especializada en la repatriación de niñas, niños y adolescentes migrantes, garantizando una recepción digna, oportuna y pertinente; respetando su identidad cultural y fortaleciendo los vínculos sociofamiliares. El programa cuenta con dos albergues de atención (en Guatemala y Quetzaltenango). Programa de niñez en situación de calle: Brinda atención ambulatoria a los niños, niñas y adolescentes que dependen de la calle para sobrevivir, a fin de orientarlos y buscar mejores alternativas de solución a su problemática. Programa de subsidios familiares: Es una modalidad de atención dirigida a apoyar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, en situación de desastres naturales o en condiciones de discapacidad o enfermedad grave a través de la entrega de un apoyo económico transitorio durante tres años de Q500.00 mensuales. Programa de educación especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidad: Promueve dos grandes líneas de acción: a) Atención a la Discapacidad Intelectual, a través de la ejecución de programas de educación especial, y b) Ejecución del Programa de Gestión para la Atención de Personas con Discapacidad. Centros Juveniles de Privación de Libertad para Mujeres y Varones CEJUPLIM, CEJUPRIV, CEJUDEP: Atención a adolescentes mujeres y varones internados por conflictos con la ley penal. El CEJUPLIM atiende a mujeres que están en su período de gestación o ya son madres y requieren tanto ellas como sus bebés de atención y protección especial. Centros de capacitación ocupacional: Para adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años de áreas con vulnerabilidades y pobreza. Otra institución gubernamental que tiene en su mandato el cuidado y protección de la niñez es la SOSEP . A través de los Hogares Comunitarios y Centros de Atención y Desarrollo Infantil(CADI) atiende a niñas y niños de 8 meses a 6 años, es un programa de cuidado diario, que tiene cobertura en 221 municipios de 22 departamentos. 3.3. Cuidado de personas adultas mayores En cuanto al cuidado de las personas adultas mayores, son menos las instancias estatales a cargo. La situación de quienes no han contado con trabajos formales y contribuido a las cuotas del seguro social es la más precaria. El IGSS cuenta con el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados. En 2019, 289.348 personas eran pensionadas(IGSS, 2019). Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuenta con el Programa del Adulto Mayor, implementado a partir de la sanción de la Ley del Adulto Mayor(2005). Provee un aporte económico a las personas de 65 235

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE años y más, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la población la atención de sus necesidades básicas mínimas. Las beneficiarias son todas aquellas personas que demuestren, a través del informe socioeconómico realizado por un trabajador o trabajadora social, que carecen de recursos económicos y están en pobreza extrema. La SOSEP cuenta también con el Programa del Adulto Mayor“Mis Años Dorados”, diseñado para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, a través de 86 centros de atención diurna y 2 centros de atención permanente aportando al desarrollo integral, facilitando alimentación(desayuno, almuerzo y merienda), y realizando diversas actividades que promueven la relación intergeneracional, por medio de convivencias entre niños, niñas y jóvenes voluntarios. 3.4. Cuidado de personas con discapacidad En cuanto a los cuidados de las personas con discapacidad, Guatemala cuenta con la Ley de atención a personas con Discapacidad, promulgada en 1996. Asimismo, existe una Política Nacional de Discapacidad que está a cargo del CONADI. Este Consejo tiene como mandato coordinar, asesorar e implementar la Política Nacional en Discapacidad para la integración e inclusión social de personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Su objetivo principal es mejorar el acceso equitativo, en igualdad de oportunidades y sin ninguna discriminación, a la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, al empleo, a las actividades generadoras de ingresos y ocupación, así como a la justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos. Por su parte, el Ministerio de Educación cuenta con la Política de Educación Inclusiva pata la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin Discapacidad. Otros programas que no son exclusivos para la población con discapacidad, pero que la incluye, son los siguientes: Bolsa de alimentos : Para familias de áreas urbanas y en riesgo social del Departamento de Guatemala, madres solteras menores de 20 años, personas adultas mayores y personas con discapacidades. Programa de subsidios familiares: Es una modalidad de atención dirigida a apoyar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, en situación de desastres naturales o en condiciones de discapacidad o enfermedad grave a través de la entrega, durante tres años, de Q500.00 mensuales. Programa de atención especial y ocupacional para niños, niñas y adolescentes con discapacidad: Promueve dos grandes líneas de acción: a) Atención a la Discapacidad Intelectual, a través de la ejecución de programas de 236

GUATEMALA educación especial, y b) Ejecución del Programa de Gestión para la Atención de Personas con Discapacidad. Aquí también se puede ubicar el centro Alida España para niñez con discapacidad. 3.5. Transferencias monetarias relacionadas con los cuidados El Ministerio de Desarrollo Social implementa un programa de transferencias monetarias condicionadas en educación y salud que está dirigido a mujeres en situación de pobreza y edad reproductiva para que den seguimiento a la salud y educación de sus hijas e hijos de 0 a 15 años. Existen dos subprogramas: Bono Salud y su intervención Crecer Sano y el Bono Educación; en diez departamentos del país sus beneficiarios reciben Q500, en tanto que a los otros 12 se destinan Q300. Las transferencias se realizan trimestralmente. 4. Voces, debates y herramientas para una política sobre el derecho al cuidado 4.1. Organizaciones de mujeres y feministas El debate sobre el cuidado pareciera ser nuevo, especialmente en el marco de la pandemia covid-19, sin embargo, las organizaciones de mujeres lo han venido instalando en la discusión pública por más de 30 años. En 1989, la Asociación de Mujeres Guatemaltecas Siglo XXI acreditó su participación en el primer diálogo de la Comisión Nacional de Reconciliación, convocado en el marco del Acuerdo de Esquipulas II. Ante la Comisión de Derechos Humanos presentó una ponencia que abordaba aspectos como la triple discriminación de que son objeto las mujeres indígenas: la doble función de las mujeres en la casa, como productoras y reproductoras de la fuerza de trabajo; y el poder ideologizante de las instituciones patriarcales. La declaración se enfocaba en demandas relativas a derechos laborales, de educación y de salud. Es a partir de los procesos de apertura democrática y de finalización al Conflicto Armado Interno, que los grupos de mujeres participan de forma más activa en la vida pública. Cabe resaltar que en 1990 surge el Centro de Apoyo a la Trabajadora de Casa Particular, que se propuso capacitarlas en cuanto a sus derechos laborales y la revalorización de su trabajo. Esta organización continua y se han sumado otras, como la Asociación de Trabajadoras de Casa Particular y la Asociación de Trabajadoras de Maquila y de Casa Particular, ambas con fines similares. En esa línea también se creó el Sector de Mujeres en el seno de la Asamblea de la Sociedad Civil, espacio de trabajo individual y colectivo que coadyuvó a la inclusión de las necesidades e intereses de las mujeres, tanto en el debate como 237

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE en la agenda de las negociaciones de paz y en los textos de los Acuerdos de Paz. Esta alianza ha logrado perfilarse como uno de los espacios más propositivos y activos del movimiento. Actualmente reúne más de 30 organizaciones de mujeres de diversos orígenes, identidades y espacios geográficos. Existen diversas organizaciones dedicadas a avanzar en la conquista de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar: la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila(ATRAHDOM); la Asociación Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular ­(CENTRACAP); y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia(SITRADOMSA). Este último surge de ATRAHDOM. 4.2. Organizaciones de desarrollo y cooperación internacional Luego de la firma de los Acuerdos de Paz y con el desbaratamiento de la institucionalidad pública como tendencia de los años noventa en la región, han sido las organizaciones de desarrollo y cooperación internacional las que han dedicado esfuerzos para suplir muchas de las funciones que el Estado dejó de lado. Una de esas áreas desatendidas por el Estado es la investigación. La mayor parte de la investigación que se realiza sobre y en el país es financiada por proyectos de desarrollo que buscan diagnosticar la situación para pensar formas de intervención y suplir los servicios que el Estado ha dejado de prestar. En el tema de los cuidados, ha sido con fondos de las organizaciones internacionales que se desarrollaron una serie de estudios, informes y diagnósticos. Organizaciones tales como Grassroots International, We Effect, ActionAid y la Fundación Friedrich Ebert, Oxfam, o el Fondo España-SICA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID). Asimismo, algunos de los organismos supranacionales han cobrado importancia, como el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana(COMMCA) del Sistema de Integración Centroamericana(SICA). Se puede consultar estudios realizados por la Alianza Política Sector de Mujeres(2017) y el grupo de“Economía feminista emancipadora” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO(Dobrée y Quiroga Díaz, 2019), que recoge la experiencia latinoamericana. También la CEPAL con su observatorio de igualdad de género proporciona un repositorio valioso. ONU Mujeres actualmente trabaja en el empoderamiento económico y continuará apoyando el desarrollo de políticas que promuevan los derechos económicos y laborales de las mujeres. También acompañará esfuerzos para desarrollar programas de protección social con perspectiva de género, así como la implementación de proyectos de desarrollo dirigidos a mujeres emprendedoras, promoviendo un enfoque holístico para fortalecer las capacidades productivas, comerciales y personales de las mujeres, principalmente de las mujeres rurales. Apoyará la generación de conocimiento sobre el aporte 238

GUATEMALA de las mujeres a la economía y el análisis de las políticas macroeconómicas y su impacto en el trabajo formal e informal colaborando con los Ministerios de Economía y de Agricultura, el INE y la SEPREM. Se generarán alianzas con diferentes actores económicos para la adscripción del sector privado a los siete Principios para el Empoderamiento Económico de las Mujeres(WEPs, por sus siglas en inglés). A nivel inter-agencial, se apoyará la transversalización de la perspectiva de género en las iniciativas de crecimiento y desarrollo inclusivo y en seguridad alimentaria. 4.3. La academia e institutos de investigación Entre los centros de investigación que han publicado sobre la temática, ya sea el trabajo doméstico remunerado o el trabajo de cuidados no remunerado, se encuentra la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO), que, a través de su Maestría en Estudios de Género, ha impulsado procesos de investigación en torno a la economía feminista. También varios investigadores e investigadoras adjuntos a CLACSO forman parte del grupo de trabajo sobre economía feminista. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales(IDIES) de la Universidad Rafael Landívar ha realizado algunas publicaciones al respecto, aunque muy acotadas y breves, y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales(ASIES) abordó el trabajo doméstico, pero enfocándose únicamente en el remunerado. Importantes aportes representan los trabajos de las intelectuales mayas Aura Cumes y Gladys Tzul Tzul, que han explorado, por un lado, la racialización y discriminación del trabajo doméstico remunerado y, por otro, las redes de mujeres en el cuidado de la tierra comunal como forma de producción y reproducción de la vida. Asimismo, medios de comunicación digitales enfocados en el periodismo de investigación han realizado varios reportajes resaltando el tema del trabajo doméstico, la desigualdad en cuanto al uso de tiempo y el trabajo de cuidados no remunerado. 5. Conclusiones y recomendaciones Conocer acerca de la organización social de los cuidados en Guatemala conlleva varios retos relacionados con la construcción de un sistema político que en varios frentes ha optado por un modelo estatal represivo desatendiendo el bienestar público. Lo que se materializa en una escasa información acerca del funcionamiento de las políticas públicas que mantiene precarizado el ámbito de los cuidados y que sitúa al país entre los puestos más bajos de Latinoamérica en el IDH(PNUD, 2019). 239

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE A pesar de que el Estado guatemalteco, tras los Acuerdos de Paz, en 1996, se comprometió a aumentar la carga tributaria por lo menos al 12% del PIB, más de veinte años después apenas supera el 10,3% 8 . El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales(ICEFI), en su análisis del Presupuesto nacional, difundió que el gasto público social pasó de 7,8% del PIB en 2019 al 7,5%, en 2020. Se estima que ese gasto disminuye debido a la capacidad del Gobierno para subejecutar partidas. En el caso de la inversión pública en niñez y adolescencia, el Presupuesto pasó de 3,6% a una proyección de 3,4% 9 . Otro de los mayores retos, en cuanto al conocimiento del estado de los cuidados en el país, está relacionado a la generación de información y datos confiables por parte de las instituciones gubernamentales. El último Censo Nacional de Población llevado a cabo en 2018 se realizó 16 años después del anterior. Esto demuestra la deficiencia que tiene el Estado guatemalteco no solo en la generación de información sino también en cuanto a su capacidad para planificar y ejecutar políticas públicas pertinentes. En cuanto a la temática específica de los cuidados, existe una deficiencia de información, pues en Guatemala no se realiza una encuesta de medición del uso del tiempo y la última información relacionada con ello proviene de un módulo que se incluyó en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014. Asimismo, los esfuerzos por realizar y formalizar una Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado no han sido retomados en más de un lustro. Vale la pena mencionar que, en 2020, el Ejecutivo ha tratado de clausurar la SEPREM, esa eventual pérdida en cuanto al diseño y planificación de políticas específicas representaría un retroceso más en cuanto a la medición de datos específicos de género y un aumento de la dificultad tanto en la incidencia como en la propuesta de políticas públicas en torno a los cuidados. Otro reto es contrarrestar la poca accesibilidad de los datos que permitan hacer un ejercicio de auditoría ciudadana y social para medir y evaluar el alcance, cobertura y financiamiento de los programas que existen en torno a los cuidados. Esta poca accesibilidad de los sistemas de cuentas del Estado, así como la escasa información pública de oficio existente hace recomendable que, para tener un conocimiento más profundo de la financiación del Estado y su eficiencia en cuanto a políticas de cuidado, se lleve a cabo un tratamiento especializado y más específico en cuanto a los programas mapeados en este estudio. Un abordaje minucioso de cada una de las políticas, leyes y su financiamiento es de vital importancia para un conocimiento adecuado de la temática. 8 . ONU.“Baja inversión social pone en peligro derechos y calidad de vida de millones de personas en Guatemala”. https://onu.org.gt/comunicados/baja-inversion-social-pone-en-peligro-derechos-y-calidad-de-vida-de-millones-de-personas-en-guatemala/ 9. Aguilar, D.,“Icefi; Presupuesto 2020 prevé disminución del gasto social”, La Hora, 15/10/2019. https:// lahora.gt/icefi-presupuesto-2020-preve-disminucion-del-gasto-social/. 240

GUATEMALA Por otro lado, el tema se posiciona cada vez más dentro del debate público. Aunque para los feminismos en Guatemala la organización social de los cuidados ha sido siempre importante, la Alianza Política Sector de Mujeres otorgó más relevancia a la temática dentro de su organización y dentro de las propuestas que presentan a la sociedad civil. Sin embargo, la ruta institucional no es clara. El sistema electoral y de partidos políticos basado en clientelismos y cacicazgos resulta en difusas líneas ideológicas y conlleva a que la mayor parte de los diputados en el Congreso de la Republica sean leales a alianzas que tienen poco que ver con políticas y agendas de largo plazo(Brolo, 2016). Para avanzar, cualquier agenda institucional necesita de partidos y diputados fuertes que apoyen sus iniciativas. Vale la pena resaltar el trabajo de hormiga de feministas que se esfuerzan por mantener el interés en el tema, incluso a pesar de la pandemia por el covid-19. La Alianza Política Sector de Mujeres mantiene activa su escuela de economía feminista y cuidados, dividida en dos grupos: uno para jóvenes feministas menores de 30 años y otro para feministas mayores de 30. Asimismo, cabe destacar el proceso que por más de una década la Asamblea Feminista liderada por la Asociación La Cuerda y que en conjunto con otras organizaciones de mujeres y feministas han venido realizando en cuanto a la construcción un proyecto político que conlleve la conservación de la red del cuidado de la vida. Indudablemente aún queda mucho por andar, tanto en la transparencia institucional estatal, como en la generación de información que permita formular e implementar políticas públicas que abran el camino a una economía que valore la organización social de los cuidados. Lista de siglas utilizadas ATRAHDOM CENTRACAP CEPAL ENCOVI ENEI IDH IGSS INE IPM-Gt ODS ONU PEA Asociación de Trabajadoras para el Hogar a Domicilio y de Maquila Centro de Apoyo de las Trabajadoras de Casa Particular Comisión Económica para América Latina y el Caribe Encuesta Nacional de Condiciones de Vida Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Índice de Desarrollo Humano Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Instituto Nacional de Estadística Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala Objetivos de Desarrollo Sostenible Organización de las Naciones Unidas población económicamente activa 241

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PEI PIB PNUD PRECAPI SEPREM SITRAHDOMSA SOSEP población económicamente inactiva Producto Interno Bruto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular Secretaría Presidencial de la Mujer Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República de Guatemala Referencias Brolo, J.(2016). Supervivencia de partidos políticos, diputados y alcaldes en Guatemala, desde 1984 , ASIES, Guatemala. Close, E.(2020). La situación de la mujer trabajadora en Guatemala . ONU Mujeres. Dobrée, P., y N. Quiroga Díaz(comps.)(2019). Luchas y alternativas para una economía feminista emancipatoria . Buenos Aires: CLACSO. García Casado, C.(2020).“La señora dijo que me iba a llamar”. Agencia Ocote . Disponible en www.agenciaocote.com/blog/2020/06/14/la-senora-dijo-queme-iba-a-llamar/ ICEFI(2019). Inversión pública en niñez y adolescencia 2019. Guatemala. IGSS.(2019). Informe Anual de Labores 2019. Guatemala. Índice de Pobreza Multidimensional en Guatemala (2018). Disponible en https:// mppn.org/wp-content/uploads/2019/10/Guatemala-Report-IPM-gt_29jul19v1.1.pdf INE(2014). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Disponible en www.ine.gob. gt/sistema/uploads/2016/02/03/ bwc7f6t7asbei4wmuexonr0oscpshkyb.pdf —(2018). Censo Nacional de Población. —(2019). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Monzón, A. S.(2011).“Participación social y política”, en Nosotras, las de la historia . Guatemala: Ediciones La Cuerda, pp. 146-205. Patruyo, T.(2016). Compendio estadístico de género . Disponible en www.ine.gob.gt/ sistema/uploads/2017/03/31/4SRVVUxXZXkoQGnZKjH4bYaW8tPyYdhQ.pdf PNUD(2016). Informe Nacional de Desarrollo: Más allá del conflicto, luchas por el bienestar . Disponible en http://desarrollohumano.org.gt/wp-content/ uploads/2016/04/INDH16_Resumen_ejecutivo_digital_FINAL.pdf —(2019). I nforme sobre Desarrollo Humano 2019 Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI . Nueva York. 242

GUATEMALA Rodas Núñez, I.(2006).“Identidades y la construcción de la categoría oficial‘ladino’ en Guatemala”. Queen Elizabeth House, University of Oxford. Disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c1f40f0b652dd001112/ wp29.pdf Sector de Mujeres(2017). El cuidado desde la economía feminista. SEPREM(2014). Esfuerzos para visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres en Guatemala. Sueños feministas para una vida plena (2011). Asamblea Feminista. Torres Santana, A.(2020). Los cuidados al centro. Una propuesta feminista . Fesminismos, FES. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ chile/16180.pdf 243

Región andina 1. Colombia 2. Perú 3. Ecuador 4. Bolivia

COLOMBIA Una reflexión feminista sobre los cuidados en Colombia: políticas, actores, instituciones y principales desafíos Diana Paola Salcedo Novoa Alejandra Trujillo Uribe 245

Diana Paola Salcedo Novoa. Economista. Maestranda en Análisis de Políticas Públicas. Ha trabajado como investigadora en diferentes ONG e instituciones como la Alcaldía de Medellín, la Escuela Nacional Sindical y la Corporación Viva la Ciudadanía. Alejandra Trujillo Uribe. Abogada. Magíster en política social, con experiencia en asesoría en temas laborales, sindicales y de género. Exdirectora del Centro de Atención Laboral de Bogotá, integrante de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá y coordinadora de proyectos en temas de democracia y género de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia −Fescol−. 246

COLOMBIA Índice Introducción 249 1 Contexto, mercado laboral y desigualdades de género 251 1.1. Participación de las mujeres en el mercado laboral: ocupación, inactividad y desempleo 253 1.2. Calidad del empleo de las mujeres: informalidad laboral, trabajos precarios y feminizados 257 1.3. Distribución de los cuidados y encuestas de uso del tiempo 258 1.4. Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas 262 2 Sistema nacional de cuidados y políticas articuladas de cuidado 265 2.1. Antecedentes y trayectoria de la política 266 2.2. Institucionalidad de los cuidados 269 2.3. Programas nacionales de protección social relacionados con los cuidados 271 2.4. Servicios nacionales de cuidado 277 2.5. Políticas laborales asociadas a los cuidados 284 3 Voces y debates: hacia un sistema nacional de cuidados 288 3.1. La ley 1413 de 2010 y la incidencia de las economistas feministas 289 3.2. Aplicación y cumplimiento de la ley 1413 de 2010: incidencia articulada y diálogo permanente con las entidades del gobierno 290 3.3. La Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado 291 3.4. Sistema distrital de cuidados de Bogotá 293 3.5. Aprendizajes desde Colombia 294 Lista de siglas utilizadas 296 Bibliografía 296 Anexo 299 247

Introducción COLOMBIA D urante décadas, las economistas feministas han puesto en evidencia el cuidado como la actividad que sostiene la vida y la economía de los países. Actualmente, en medio de una pandemia, aunque no se registran suficientes avances en políticas públicas y acciones que reconozcan la carga de cuidados diferencial e inequitativa que tienen los hogares y, en el interior de estos, las mujeres, en el debate público está presente más que nunca la importancia de reconocer, redistribuir y reducir el tiempo que en todo el mundo estas dedican al trabajo doméstico y de cuidado. Este avance no sería posible sin la incidencia permanente de las mujeres y de las organizaciones feministas. Las contribuciones académicas en el campo de la economía feminista han permitido desnaturalizar el cuidado como una actividad propia de las mujeres y desplazarlo del ámbito privado de las opciones personales al ámbito público y político, convirtiéndolo en parte de una agenda potencialmente feminista y transformadora(Esquivel, 2015). Igualmente, han evidenciado que ese trabajo no remunerado requiere tiempo y genera riqueza. La pandemia ha dejado al descubierto las desigualdades estructurales de las sociedades, incluyendo las de género. El riesgo de contagio afecta a mujeres y hombres, pero los efectos socioeconómicos son diferentes por razones estructurales, esto es, la ubicación de las mujeres en el mercado laboral, la naturalización de los cuidados, la feminización de tareas asociadas a la sanidad, la salud y la educación, y la alta informalidad laboral que las afecta. Desde que en la región se empezaron a tomar medidas de aislamiento y cuarentena fue evidente la profundización de los riesgos para la vida y los derechos de las mujeres: aumento de la violencia de género, sobrecarga laboral y pérdida de autonomía económica. Todo ello puede significar retrocesos en los pocos avances de igualdad de género existentes. Es entonces imperativa la adopción de medidas que garanticen los derechos de toda la población, que incluyan el enfoque de género como un 249

REGIÓN ANDINA elemento para la recuperación socioeconómica y tengan una perspectiva transformadora de las desigualdades estructurales. En Colombia hay algunos avances, aunque no suficientes, en la política pública sobre los cuidados. La relación entre las políticas laborales, las de protección social y las asociadas a los cuidados todavía es escasa. Los pocos progresos son el resultado de la incidencia de mujeres y organizaciones feministas y del compromiso de políticas activas en estos asuntos como Cecilia López, Gloria Inés Ramírez y Ángela María Robledo, y más recientemente por la interlocución permanente de la sociedad civil articulada en espacios como la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá(MIEC) y la Mesa de Economía Feminista, que hoy tiene espacios similares en las ciudades de Pasto y Popayán, y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. La última ha logrado que en los planes de desarrollo nacionales y territoriales se establezcan obligaciones de avanzar en agendas, sistemas y políticas. El caso de Bogotá es uno de los más representativos e importantes 1 . En el escenario internacional también hay avances en la visibilización de la agenda de cuidados. El número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marca un derrotero al visibilizar el cuidado como un asunto central 2 . Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) ha insistido en que el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado es vital para el futuro del trabajo decente, advirtiendo también sobre la necesidad de enfrentar adecuadamente los déficits en la prestación de cuidados y su calidad, para no incrementar la crisis de los cuidados y la desigualdad de género en el trabajo. Este texto analizará las políticas de cuidado en Colombia desde una perspectiva feminista y con un enfoque de derechos y justicia social. Para ello, en la primera sección se muestra la relación entre la distribución inequitativa del cuidado en los hogares y las desigualdades de género en el mercado laboral. En la segunda se examinan las políticas de cuidado en sus tres dimensiones: servicios de cuidado, políticas de protección social y políticas laborales, para mostrar los avances y retos que tiene el país en materia de reconocimiento, redistribución y reducción del tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico de cuidado no remunerado(TDCNR). Finalmente, la tercera sección 1. El Sistema Distrital de Cuidado, aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo de la actual Administración, cuenta con veinticinco metas sectoriales y un presupuesto de 1.500.000 de dólares estadounidenses (5,2 billones de pesos colombianos). Implementará un conjunto de servicios para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las personas y las sociedades. Dicho sistema fue uno de los compromisos de la alcaldesa Claudia López en el pacto firmado con las mujeres, y en ello Bogotá será pionera en América Latina. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/el-sistema-distrital-de-cuidado-un-logro-historico-para-las-mujeres 2. El ODS 5 hace un llamado al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de la provisión de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y la promoción de responsabilidades compartidas dentro de los hogares y las familias, según las capacidades nacionales(meta 5.4). 250

COLOMBIA analiza la movilización social alrededor de la agenda sobre los cuidados, sus contribuciones y aportes en las políticas y en el debate público tanto en el nivel nacional como local, destacando la creación de la Mesa Intersectorial de Bogotá, lecciones aprendidas a partir del proceso y la puesta en marcha del Sistema Distrital de Cuidados. 1. Contexto, mercado laboral y desigualdades de género La desigualdad de género es una de las características de los mercados laborales y se acrecienta en los países del sur, donde a pesar del aumento de las tasas globales de participación de las mujeres, ellas siguen teniendo salarios menores, tasas de desempleo más altas, se ubican mayoritariamente en trabajos informales, por cuenta propia o a tiempo parcial, y son requeridas en empleos relacionados con los roles de género previamente asignados, por lo general tercerizados y sin garantías ni derechos laborales. Es decir, aunque las mujeres se hayan insertado en el mercado laboral y aun cuando haya igualdad y prohibición formal de discriminación por razones de género, en materia de sus derechos y trabajo decente hay muchas tareas pendientes. Para entender las características del mercado laboral es necesario considerar las relaciones entre los ámbitos de trabajo remunerado y no remunerado. Es así porque, en especial para las mujeres, las tareas domésticas muchas veces definen la totalidad de sus actividades económicas y laborales(Vásconez, 2017). El abordaje del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado pasa por reconocerlo como trabajo porque requiere tiempo y energía. Ese trabajo es calificado como doméstico porque se realiza principalmente en los hogares, es de cuidado porque incluye actividades necesarias para el bienestar de las personas y es no remunerado porque como contraprestación no se recibe un salario, aunque también puede hacerse en el ámbito remunerado, generalmente en condiciones de informalidad y precariedad. Según el Informe de 2018 del Foro Económico Mundial 3 , ochenta y ocho de los ciento cuarenta y nueve países encuestados registraron mejoras en asuntos como la brecha salarial y la representación política. Sin embargo, se estima que, al ritmo actual de los cambios, la brecha global de género tardaría por lo menos doscientos años en cerrarse, lo cual denuncia que o los gobiernos no están tomando las medidas suficientes o estas son ineficientes o inadecuadas. El mercado laboral es entonces un escenario fundamental de lucha por la igualdad de género, y es clave encontrar alternativas y respuestas que 3. “Brecha de Género Global 2018: se necesitan 200 años para lograr la paridad salarial y otros 4 datos asombrosos”, BBC News , 22/12/2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-46638119. 251

REGIÓN ANDINA contemplen los retos del trabajo remunerado y las inequidades del TDCNR que se perpetúan en los hogares. No es suficiente contar con políticas laborales que pretenden mejorar aisladamente las condiciones de las mujeres si no se desarrollan también acciones que impacten en la distribución desigual de los cuidados entre hombres y mujeres en los hogares y entre los distintos actores del diamante del cuidado: Estado, familias, mercado y comunidades 4 . Según el informe sobre cuidados de la OIT publicado en 2018 5 , más de 76% de las horas dedicadas en el mundo al TDCNR son aportadas por mujeres y en ningún país del mundo se registra una prestación de cuidados no remunerada igualitaria, ni siquiera en aquellos en donde la inversión social es considerable y se han logrado avances en políticas y sistemas de cuidados. La prestación de cuidados no remunerada sigue siendo el principal motivo por el que las mujeres están por fuera de la fuerza de trabajo. Se calcula que en el mundo 647.000.000 de mujeres en edad de trabajar se dedican tiempo completo a TCNR, en comparación con 41.000.000 de hombres que lo hacen 6 . El capitalismo ha cumplido entonces con suficiente solvencia su tarea de naturalizar el cuidado como una obligación y deber femenino, asociado a la plenitud del desarrollo y a habilidades supuestamente naturales, sosteniendo entonces su reproducción y sostenimiento en la pobreza, precariedad y exclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, como lo analiza Silvia Federici en su libro Revolución en punto cero 7 . A lo largo y ancho del planeta, las mujeres son las que más sufren la desigualdad y la pobreza. Por ello se habla de una feminización de la pobreza que responde a múltiples factores: disparidad de ingresos, estereotipos de género que discriminan unas tareas u oficios masculinos y otros femeninos, generalmente precarios y con ingresos más bajos, doble y triple jornada laboral(remunerada y no remunerada) y la falta de sistemas públicos de cuidados, entre otros. En el caso de Colombia, además de esos factores generales que producen pobreza, en el análisis se deben incluir dos elementos adicionales: los impactos diferenciales del conflicto armado que vivimos durante más de cincuenta y dos años consecutivos(una de cada dos víctimas es una mujer) y el incremento 4. La prestación de cuidados no remunerada es el principal motivo por el que las mujeres están fuera del mercado laboral. Tanto esta actividad como las tareas domésticas disminuyeron apenas quince minutos por día en quince años. A este ritmo, como se dijo, cerrar la brecha de género relativa a ese tipo de labor tomaría más de doscientos años.“Cerrar la brecha de género en el trabajo requiere acabar con la discriminación y los estereotipos”, Noticias ONU , 7/3/2019, https://news.un.org/es/ story/2019/03/1452371 5. “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. Resumen ejecutivo”. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/ documents/publication/wcms_633168.pdf 6. Ibídem. 7. “El capital tenía que convencernos que es natural, inevitable e incluso una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar sin obtener un salario”. 252

COLOMBIA de la migración desde Venezuela 8 en los últimos años, que se convierte en un desafío social relevante por la carencia de una política migratoria nacional con enfoque de derechos. A consecuencia de lo segundo, la informalidad y la precariedad de las condiciones laborales se han expandido, especialmente en el caso de las mujeres que ingresan a Colombia en condiciones irregulares. 1.1. Participación de las mujeres en el mercado laboral: ocupación, inactividad y desempleo El ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral en América Latina y el Caribe fue reconocido como“la transformación económica y social más importante de los últimos 50 años”(OIT, 2019). Sin embargo, la distribución de los cuidados en los hogares no se modificó 9 . Ello ha tenido impactos en el acceso y la calidad del empleo de las mujeres, que deben asumir ambos roles (como trabajadoras asalariadas y como trabajadoras no remuneradas en sus hogares), convirtiéndose en el principal obstáculo para hacer realidad los derechos asociados al trabajo decente. En efecto, el primer impacto de las desigualdades de género en el TDCNR se da en la participación laboral. En Colombia, entre 2008 y 2012 la tasa general de participación de las mujeres ascendió de 46% a 54%. Luego, entre 2014-2017 el indicador se estancó en 54%, porcentaje que presentó muy pocas variaciones durante todos estos años y que desde el segundo trimestre de 2019 viene reduciéndose levemente. En mayo de 2020 había alcanzado su menor nivel: 44,8%; mientras que los hombres representan una tasa de 66,5%, también la más baja en las últimas décadas. La brecha, que supera los 20 puntos porcentuales, es una constante en las estadísticas laborales y no se ha modificado hasta el momento 10 . La brecha de participación laboral es menor conforme se alcanzan niveles educativos mayores, y es mayor en las áreas rurales y para las mujeres sin instrucción. En las cabeceras, en donde las mujeres suelen incorporarse más al 8. “El 90% del empleo que se les está brindando a los migrantes venezolanos, es de carácter informal, aunque no necesariamente es precario”, advirtió Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE), al revelar los resultados del censo laboral de la población venezolana que vive en Colombia. El Tiempo , 17/9/2019, https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ trabajos-informales-de-los-venezolanos-en-colombia-413472 9. La mayoría de hogares en América Latina y el Caribe genera 80% de sus ingresos totales mediante el trabajo; el resto de los ingresos proviene de rentas y transferencias. Por ello, lo que suceda en los mercados de trabajo es de central importancia para las posibilidades de desarrollo de los hogares y sus miembros. El ámbito laboral refleja y reproduce varias de las dimensiones de las disparidades de género de la sociedad. Véase OIT, 2019. 10. En abril de 2020, 16.500.000 de personas conformaban la población ocupada, esto es, 5.400.000 menos respecto a 2019. Industrias manufactureras fue la rama de actividad económica que concentró, a esa fecha, la disminución más alta de población ocupada con 1.000.000 de personas, una contribución de-4,6% al total nacional. 253

REGIÓN ANDINA Tabla 1. Participación en el mercado laboral para el total nacional, 2019 Por sexo(en miles y porcentajes) Población en edad de trabjar (PET) Población económicamente activa (PEA) Población económicamente inactiva (PEI) Población ocupada (PO) TOTAL Cantidad % (miles) 39.355 100 Hombres Cantidad % (miles) 19.247 48,9 Mujeres Cantidad % (miles) 20.108 51,1 24.902 100 14.223 57,1 10.676 42,9 14.453 100 5.024 34,8 9.429 65,2 22.287 100 13.063 58,6 9.224 41,4 42,9% de la población económicamente activa son mujeres De los 22,3 millones de personas ocupadas, el 41,4% son mujeres TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN(PEA/PET)/ TOTAL NACIONAL PERÍODO Hombres Mujeres BRECHA(p.p.) 2019 73,9% 53,1% 20,8 Fuente: DANE, 2020. mercado que en las áreas rurales, su tasa de participación es 17 puntos porcentuales menor que la de los hombres: 57% frente a 74%(ONU Mujeres, 2018). Al revisar la información de la población inactiva(Gráfico 1), se evidencia el segundo impacto de género en el empleo. La mayoría de las mujeres consideradas inactivas económicamente(60,9%) se dedican a oficios del hogar no remunerados como actividad principal, lo cual no se pondera como trabajo aun cuando contribuye al sostenimiento de la vida e implica dedicación de tiempo completo. En el caso de los hombres, este porcentaje es de apenas 10%, mientras que 52,7% se dedican a estudiar. En conclusión, de cada 10 personas calificadas como inactivas, 7 son mujeres. De cada 10 mujeres inactivas, 6 realizan trabajo no remunerado del hogar a tiempo completo. Ese concepto económico de inactividad es una evidencia de la invisibilización del cuidado no remunerado. Estas mujeres cuidadoras a tiempo completo no participan en el trabajo formal ni en actividades informales y se encuentran al margen de la garantía de derechos laborales y protección social. Se trata de un grupo socioeconómicamente heterogéneo, pero donde predominan las mujeres más pobres y menos calificadas 11 (Hincapié y Parra, 2015). 11. 88% de las amas de casa son mujeres sin ningún nivel educativo. 254

COLOMBIA Grá G fi r c á o fi 1 c . o D 1. is D t i r s i t b ri u b c u i c ó ió n n d d e e l l a a p p o o b bl l a a c c i i ó ó n n e e c c o o nó n m óm ica ic m a e m nt e e n i t n e ac in ti a v c a tiva Segú S n eg t ú ip n o tip d o e d in e a in c a t c iv ti i v d id a a d d y y s s e e x x o o, , t t o o t t a a l l n n a a ci c o i n o a n l. a T l r p im a e ra str e e l e tr n im ero e s m tr a e rz e o n d e e ro 20 -m 20 arzo de 2020 Total nacional Hombres Mujeres Fuente: DANE, 2020. Tipo de actividad Oficios del hogar Proporción 43,2 % 10 % 60,9 % Estudiando 34,9 % 52,7 % 25,4 % Otra actividad 21,9 % 37,2 % 13,7 % Como resultado de la crisis sanitaria y socioeconómica ocasionada por el covid-19, el crecimiento desproporcionado de la inactividad es preocupante, principalmente para asumir oficios del hogar 12 . Se trata entonces de mujeres que probablemente tardarán o nunca regresarán al mercado de trabajo remunerado, porque estaban ocupadas en sectores económicos feminizados que demorarán en reactivarse o porque definitivamente deben asumir el cuidado de niños y niñas por el cierre de jardines y colegios o de personas enfermas que no cuentan con posibilidades de acceder al sistema de salud por la saturación que alcanza en la actualidad. En relación con el desempleo: entre 2009 y 2019, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres ha sido, en promedio, de 6,1 puntos porcentuales(Gráfico 2). Gr G áf r i á c fi o co 2. 2 B . B r r e e c c h h a a h h o o m m b b re r s e s m u m je u r j e e s res En E té n r t m érm in i o no s s d d e e t t a s s a a d d e e d d es e e s m e p m le p o le (p o un (p to u s n p t o o r s ce p n o tu r a c l e s n ), t 2 u 0 a 0 le 9s 2 ), 0 2 19 009-2019 6,7 6,4 6,2 5,9 5,5 5,3 5,1 5,1 5,2 4,9 4,9 2009 2010 2011 Fue F n u t e e n : t D e A : D N A E N , 2 E 0 , 2 0 0 2 . 0. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12. Según informe del DANE, en abril de 2020 se registró el nivel más alto de inactividad desde que hay datos comparables: afecta a 19.100.000 personas. Esto representa un aumento de 4.300.000: 29% respecto del mismo mes de 2019. 255

REGIÓN ANDINA En 2020 la situación se agravó. Los datos entregados por el DANE respecto a abril y mayo registran que en abril, el desempleo femenino llegó a 23% mientras que en ese mismo mes de 2019 era de 13%. Además, la brecha entre el desempleo femenino y masculino pasó de 5,5% a 6,5%. En mayo, el desempleo femenino llegó a 25,4% y la brecha subió a 6,8%, la más alta en los últimos quince años. Al analizar el desempleo por departamentos, se ve que donde la brecha es mayor, como en Chocó(Tabla 2), también registran los mayores índices Tabla 2. Tasa de desempleo Según sexo por departamentos, 2019 DEPARTAMENTO Chocó Sucre Cesar Cauca Magdalena Bolívar Tolima Caquetá Quindío Córdoba Antioquía Cundinamarca La Guajira Valle del Cauca Caldas Norte de Santander Atlántico Meta Huila Boyacá Nariño Santander Risaralda Bogotá Mujeres (%) 19,8 17,8 19,6 16,7 14,5 12,3 203,3 16 19,7 15,4 15 14,5 9,9 15 14,4 18 10,1 16,1 11 11,3 8,8 11,9 9,9 12,3 Hombres (%) 7,9 7 9 6,2 5,2 3,4 11,7 8,1 11,8 8,3 8,4 8,2 3,8 9,2 8,8 12,5 4,9 11,5 6,4 6,8 4,5 7,8 5,9 9,7 Brecha(M-H) p.p. Orden descendente 11,9 10,8 10,6 10,5 9,3 8,9 8,6 7,9 7,9 7,1 6,6 6,3 6,1 5,8 5,6 5,5 5,2 4,6 4,6 4,5 4,3 4,1 4 2,6 Fuente: DANE, 2020. 256

COLOMBIA Gráfico 3. Tasa de desempleo Gráfico 3. Tasa de desempleo Según sexo y grupo de edad, en porcentajes, 2019 Según sexo y grupo de edad, en porcentajes, 2019 Gráfico 3. Tasa de desempleo 22,9 Según sexo19y,g9rupo de edad, en porcentajes, 2019 Hombres Mujeres Brecha Hombres Mujeres Brecha 1119,9 8,9 13,8 22,9 9,1 13,8 11 8,9 Menos de 18 9,1 18 a 24 Fue Fu n e te n : te D : A D N A E N , E 2 , 0 2 2 0 0 2 . 0. 12,4 6,1 6,3 12,4 6,1 29 a6,434 8,1 5,8 2,3 8,1 5,8 45 a 59 2,3 6,3 4 6,3 Más de 4 60 -2,4 13,6 8,2 13,6 5,5 8,2 TOTAL 5,5 Menos de 18 18 a 24 29 a 44 45 a 59 Más TOTAL de 60 -2,4 de pobreza y hay menos acceso a infraestructura social y a servicios públiFuente: DANE, 2020. cos básicos. Esa situación incrementa el tiempo que las mujeres deben dedicar al TDCNR y tiene impactos negativos en sus posibilidades de generar ingresos propios. También hay impactos diferenciales del desempleo por edad, registrando las tasas más altas las mujeres jóvenes, de entre 18 y 24 años. Del total de las desocupadas, el 42,9% corresponde a mujeres jóvenes de entre 14 y 28 años (Gráfico 3). Para las y los jóvenes la pandemia implica la destrucción de sus empleos y afecta su educación y formación por la disminución del ingreso en los hogares. Desde que comenzó la pandemia, más de uno o una de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar; no obstante, quienes conservan el empleo son en su mayoría hombres, que han visto reducidas 23% sus horas de trabajo(OIT, 2020). 1.2. Calidad del empleo de las mujeres: informalidad laboral, trabajos precarios y feminizados Además de los impactos de género en el acceso al empleo, reflejados en las tasas de participación, inactividad y desempleo, es importante mencionar los efectos en la calidad de los empleos que ocupan usualmente las mujeres. En América Latina, 59% de las mujeres están en la informalidad(ONU Mujeres, 2016), lo cual implica que no cuentan con prestaciones sociales asociadas al trabajo formal y, por tanto, ven muy limitado su acceso a la protección social, tienen mayores dificultades para pensionarse y para el reconocimiento de licencias por maternidad o por enfermedad. Se trata de mujeres que trabajan a diario por los salarios más bajos y en condiciones muchas veces inseguras y peligrosas, lo que incluye un mayor riesgo de sufrir acoso sexual y violencia en su lugar de trabajo. 257

REGIÓN ANDINA El 86% de la población rural colombiana en edad laboral se encuentra en la informalidad. Las mujeres superan el promedio, con 89,3%(Escuela Nacional Sindical, 2019), y también se registra menor cobertura de seguridad social y mayores barreras para acceder a la inspección laboral en casos de vulneración de derechos. Respecto al acceso a pensiones, solo 24% de la población adulta mayor tiene una pensión de vejez, y del total de pensionadas y pensionados en ambos regímenes(público y privado), 54% son mujeres, pero 79% de ellas reciben pensión de sobrevivencia, es decir su prestación se originó en el cumplimiento de requisitos por parte del titular del derecho, en este caso su cónyuge o compañero permanente 13 . Se trata sobre todo de mujeres dedicadas al trabajo doméstico a tiempo completo y marginadas de la protección a sus propios riesgos, quienes se verían afectadas si prosperan iniciativas que buscan ponerle límites a la pensión de sobrevivencia. Con respecto al total de la población ocupada, continúa la tendencia de la participación de las mujeres en actividades económicas históricamente feminizadas(Escuela Nacional Sindical, 2019), como en el sector servicios comunales y sociales, donde ellas son 66,3%; intermediación financiera(57,5%) y en comercio, hoteles y restaurantes(50,8%). Ello refleja una visión social de la función de cuidado asignado a las mujeres y que se expresa en el mundo laboral, con el agravante de que dos de estos tres sectores presentan altas tasas de informalidad; 43,2%, 18,2% y 78,3%, respectivamente. La pandemia ha dejado en evidencia las condiciones laborales precarias de muchos trabajos feminizados, antes invisibilizados y ahora declarados esenciales. Además, la falta de elementos de bioseguridad para llevar a cabo las labores asociadas al trabajo sanitario y de salud es uno de los riesgos que tienen que correr a diario mujeres y hombres en sus trabajos. El sector de la salud, en alto riesgo de contagio por las necesidades que atiende, está altamente feminizado. En la enfermería, por ejemplo, las mujeres representan el 90% de la fuerza laboral. 1.3. Distribución de los cuidados y encuestas de uso del tiempo La ley 1413 de 2010, iniciativa de las senadoras Cecilia López y Gloria Inés Ramírez, que regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas es un hito importante en el proceso de reconocimiento del TDCNR. 13. De acuerdo con la información suministrada por Asofondos a la senadora Angélica Lozano como respuesta a un derecho de petición del 23/1/2020(02625) y los datos entregados por Colpensiones a la misma senadora el 3/2/2020(BZ 2020_1097164). 258

COLOMBIA La ley genera la obligación del DANE de efectuar todas las gestiones para desarrollar, hacer y actualizar la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) cada tres años, y de integrar una comisión intersectorial que defina la forma de incorporar la información sobre trabajo no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Otro elemento a destacar de la ley es la creación de una mesa de trabajo convocada por la Consejería para la Equidad de la Mujer con la participación de los entes de control, la academia y las organizaciones sociales, cuyo objetivo es hacer seguimiento y coadyuvar al proceso de implementación de la ENUT. Desde la promulgación de la ley se han hecho dos ENUT, una correspondiente a 2012-2013 y la última a 2016-2017. Al comparar las dos mediciones, se puede concluir que el tiempo dedicado diariamente por hombres y mujeres al TDCNR aumentó en quince minutos en el primer caso y se redujo en nueve minutos en el segundo(Gráfico 4). Ello evidencia una velocidad de cambio muy lenta en la redistribución del TDCNR en los hogares, que tiene serias implicaciones en la igualdad de género en todos los aspectos de la vida, el mercado laboral, la política, los liderazgos sociales y la autonomía económica. La diferencia actual de lapso diario dedicado al TDCNR entre hombres y mujeres equivale a 3 horas 49 minutos. En las áreas rurales esta diferencia es cercana a 5 horas diarias, lo cual demuestra mayor desigualdad de género y una mayor deuda con la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. El art. 1º de la ley 1413 hace referencia a la inclusión de la economía del cuidado como una cuenta satélite en el Sistema de Cuentas Nacionales. Ese esfuerzo permite visibilizar la relación entre la economía del cuidado y el resto de la economía, observando la distribución de tiempo dedicado a trabajar y los consumos e ingresos empleados en una y otra. Gráfico 4. Horas dedicadas al TDCNR Gráfico P 4 o . r H se o xo ra 2 s 01 d 2 e -2 d 0 i 1 c 3 a y d 2 a 0 s 1 a 6l 2 T 01 D 7 C (e N n h R oras) Por sexo 2012-2013 y 2016-2017(en horas) Mujeres Hombres Brecha 7:23 2012-2013 3:10 7:14 2014-2017 3:25 4:13 Diferencia 3:49 Diferencia Fuente: infografía de MIEC a partir de los datos DANE-ENUT, 2012-2013 y 2016-2017. Fuente: Infografía de MIEC a partir de los datos DANE-ENUT, 2012-2013 y 2016-2017. 259

REGIÓN ANDINA La mayor brecha entre hombres y mujeres respecto al TDCNR en las zonas rurales tiene múltiples razones, pero es importante resaltar la falta, en muchos territorios del país, de infraestructura social y de cobertura de servicios públicos esenciales, lo cual incrementa las horas dedicadas por las mujeres a los cuidados. En el análisis deben contemplarse también aspectos culturales: una mayor naturalización del cuidado en tanto tarea predominantemente femenina y la invisibilización de las tareas asociadas a los roles de género que cumplen las mujeres en el trabajo doméstico y en la provisión de bienes y servicios en los hogares. El peso de las percepciones asociadas a la cultura machista es más marcado en las zonas rurales y puede constatarse en las respuestas a las preguntas de percepción incluidas en la última ENUT. Allí, por ejemplo, 78% de las mujeres estuvo de acuerdo con la afirmación“Las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres”, y 24% de ellas respondieron que“Los esposos son los que deben tomar las decisiones relacionadas con la vida de la esposa”(DANE, 2018). El reconocimiento del TDCNR ha estimulado su valoración económica en comparación con otros sectores de la economía 14 . Como se ve en el Gráfico 5, en 2017 el valor económico del TDCNR en Colombia fue de 185,7 billones de pesos, equivalentes al 20% del PIB, mayor que el sector comercio(17%) y la industria manufacturera(11,4%). El total de horas dedicadas al TDCNR por la población de 10 años o más fue 36.508.827, de las cuales 35,2% correspondió al tiempo dedicado al suministro de alimentos y 17% a cuidado y apoyo de personas(Tabla 3). La mayor dedicación de tiempo en lo que a cuidados se refiere es en aquellas tareas denominadas de cuidado indirecto(suministro de alimentos, mantenimiento del vestuario y limpieza y mantenimiento del hogar). Por esa razón, al momento de formularse y crearse, las políticas y sistemas de cuidados deben no solo proveer servicios de cuidado directos a personas dependientes, sino diseñar medidas y estrategias para redistribuir y reducir ese cuidado indirecto o trabajo doméstico que marca los mayores índices de brecha de género. En tareas más administrativas, menos feminizadas y subvaloradas –como las compras y administración del hogar– la brecha es menor, y mayor la participación de los hombres(Gráfico 6). No es un asunto meramente retórico, para cambiar la distribución inequitativa de los cuidados se requieren acciones. Para redistribuir los cuidados 14. Más allá de tales ejercicios de valoración, los análisis de la“economía del cuidado” pueden ayudar a caracterizar las formas en que esta y la economía de mercado se relacionan, el trabajo y las transferencias monetarias que ocurren entre ambas, y las consecuencias de tales transferencias en lo que respecta al bienestar. Esta clase de análisis“estructural” ha brindado oportunidades para la modelación macroeconómica de los efectos de diferentes tipos de políticas en las interacciones entre la economía del cuidado y la de mercado(Esquivel, 2013). 260

COLOMBIA G Gr r á á fi fi c c o o 5 5 . . V V a a lo lo r r ec e o c n o ó n m ó i m co ic d o el d T e D l C T N D R CNR Gráfico 5. Valor económico del TDCNR CC C oo o mm m pp p aa a rraa ra ddoo do ccoo c nn o ee n ll vv e aa l lloo va rr l aa o gg r rree a gg g aa r dd e oo ga bb d rruu o ttoo b dd ru ee t llaa o ss d aa e cctt l iivv a ii s ddaa a dd c ee t ss iv mm id áá a ss des más representativas representativas de la economía colombiana(en valores corrientes), 2017 r d e e pr la es e e c n o ta n ti o v m as í d a e c l o a lo ec m on b o ia m n í a a c (e o n lom va b l i o a r n e a s (e c n o v rr a i l e o n re t s es co ), r 2 ri 0 en 1 t 7 es), 2017 Valor económico Valor econTóDmCNicRo TDCNR Comercio al por mayor Comercyioaal lppoorrmmeanyoorr* y al por menor* Administración públicadefensa, Administraceiódnucpaúcbiólicnaydseafelunds*a*, educación y salud** Industrias manuIfnadcutusrteriraass manufactureras Actividades inAmcotibviidliaardieass inmobiliarias Miles de millones de pesos Miles de millones de pesos 185.722 185.722 162.507 162.507 135.476 135.476 110.424 110.424 81.015 81.015 * Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; * trCaonmspeorrctieo yalaplmoracmeanyaomr iyenatlop;oarlomjaemnoiern; troepyasrearcvióicniodsedveechoícmuildoas.automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. ** Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; * ed * Audcamciinóins;traacctiióvindapdúebslicdaeyatdeenfecinósna;aplalasnaelsuddehusemgaunriadayddesosceiarvl idcieosafisloiacciaiólensobligatoria; educación; actividades de atención a la salud humana y de servicios sociales Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC y Agregados macroeconómicos DSCN. Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC y Agregados macroeconómicos DSCN. Tabla 3. Horas anuales dedicadas al TCDNR en Colombia Por funcionalidad y sexo; estructura porcentual y proporción del tiempo dedicado por las mujeres sobre el total por funcionalidad, 2017 Miles de horas Funcionalidad Hombres Suministro de alimentos 1.675.782 Mantenimiento de vestuario 471.940 Limpieza y 2.355.115 mantenimiento del hogar Compras y administración 1.724.584 del hogar Cuidado y apoyo de personas 1.479.043 Voluntariado 190.387 Total TDCNR 7.896.851 Mujeres 11.184.945 3.468.810 TOTAL Estructura porcentual (%) 12.860.727 35,2 3.940.750 10,8 % del TDCNR por mujeres 87 88 6.683.931 9.039.046 24,8 73,9 2.005.840 3.730.424 10,2 53,8 4.741.177 6.220.220 17 76,2 527.274 717.661 2 73,5 28.611.976 36.508.827 100 78,4 Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT.‘Nota: los totales pueden diferir de la suma de sus componentes debido al efecto del redondeo de cifras. entre hombres y mujeres es necesario crear sistemas públicos de cuidado como una estrategia eficiente. El solo paso del tiempo no implica mejoras en este tipo de indicadores asociados a los roles de género. 261 185.722 185.722

REGIÓN ANDINA G Gr r á á fi fi c c o o 6 6 . . P P o o r r c c e e n n t t a a je je d d e e p p ar a t r i t c i i c p i a p c a i c ó i n ó d n e d l e as la p s e p rs e o r n so as na d s e d 10 e a 10 ño a s ñ o o m s o ás m e á n s e e l n T e D l C T N D R CNR P o o r r f f u u n n c c io io na n l a id li a d d a y d s y ex s o e , x to o t , a t l o n t a a c l io n n a a c l i , o 2 n 0 a 17 l, 2017 Hombres Mujeres 74,4 68,9 88,5 58,4 38,0 34,0 28,9 24,9 20,9 23,7 14,4 9,1 1,1 2,2 Suministro Mantenimiento Limpieza y Compras y Cuidado Voluntariado de alimentos de vestuario mantenimiento administración y apoyo del hogar del hogar de personas Fuente: DANE Cuenta satélite de Economía del Cuidado(CSEC) con base en ENUT. Fuente: DANE Cuenta satélite de Economía del Cuidado(CSEC) con base en ENUT. Total TDCNR El comparativo por estratos en la distribución del TDCNR muestra muy poca diferencia en la tendencia: en general, las mujeres aportan más del 72% y el mayor aporte de los hombres no supera el 28%(Gráfico 7). G G r r á á fi f c ic o o 7. 7. P P a a rt r i t c i i c p i a p c a i c ó i n ón po p r o c r e c n e t n u t a u l d a e l d la e s l h a o s r h a o s r d a e s d d ia e c d a i d a a c s a a d l a T s D al C T N D R CNR total nacional Total nacional por sexo según grupos de estratos, 2017 Por sexo según grupos de estratos, 2017 Estratos 1 y 2 Estratos 3 y 4 Estratos 5 y 6 Sin información Hombres 20,8 % 23,7 % 27,1 % 25,7 % Mujeres 79,2 % 76,3 % 72,9 % 74,3 % Fuente: Cuenta satélite de Economía del Cuidado 2017. Fuente: Cuenta satélite de Economía del Cuidado 2017. 1.4. Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas: regulación y cumplimiento de derechos En Colombia hay aproximadamente 687.716 personas que hacen trabajo doméstico remunerado. De ellas, 96% son mujeres, 60% gana menos del salario mínimo –es decir tiene condiciones precarias e informales de trabajo– y 77% recibe parcial o totalmente como pago salario en especie(Escuela Nacional Sindical, 2020). Todo ello evidencia la altísima 262

COLOMBIA vulnerabilidad y el déficit de trabajo decente en este sector. La legislación laboral consagra formalmente en casi todos los aspectos igualdad de condiciones y derechos para las trabajadoras domésticas, incluso antes de la ratificación del Convenio 189 de la OIT 15 . En teoría, las reconoce como trabajadoras en sentido pleno y titulares de todas las garantías laborales. La última modificación legislativa que se hizo para avanzar en derechos en este sector fue en 2016, a través de la ley 1788, que les reconoció la prima de servicios, una prestación social consagrada en el Código sustantivo del Trabajo a favor de los trabajadores y trabajadoras, contemplada como una participación de las utilidades obtenidas en las empresas, equivalente a quince días de salario por cada semestre laborado. Con anterioridad a la sanción de esta norma, en sentencia(C-871) de 2014 la Corte Constitucional había fallado: …la norma demandada, al excluir a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico del pago de la prima de servicios, genera un déficit de protección de este grupo social, y un trato desigual frente a los demás trabajadores. La Corporación consideró que, si bien se ha argumentado que esta diferencia de trato es razonable, pues la prima de servicios nació como una forma de retribuir a los trabajadores por las utilidades de la empresa, esa posición ya ha sido revaluada y, además, preserva una concepción errónea del trabajo doméstico. Así, explicó que (i) la prima de servicios sí se inspiró en una prestación que se denominaba“reparto de utilidades”, pero no es idéntica a esta última, como lo demuestra el hecho de que el Legislador la definió en torno a criterios como el patrimonio de la empresa y el salario del trabajador(y no en relación con las utilidades de la unidad productiva); (ii) la prima de servicios puede concebirse entonces, de forma más amplia, como una retribución por los beneficios económicos y sociales que obtiene el empleador del trabajo;(iii) el trabajo doméstico genera beneficios económicos y sociales a las familias, pues(iii. 1) les permite salir del hogar para generar ingresos y(iii.2) brinda cuidado a las personas más vulnerables del hogar(niños y ancianos). Finalmente, (iv) la distinción afecta a un grupo social vulnerable. Al momento de determinar el remedio judicial a adoptar, la Sala exhortó al Legislador para que implemente el pago de la prima de servicios a los y las trabajadoras del servicio doméstico, dando aplicación al principio de progresividad y, por lo tanto, estableciendo la obligación inicialmente para las familias de estratos más altos, o de mayores ingresos, y adoptando las medidas pertinentes para la ampliación progresiva del derecho. Como consecuencia, la Corte exhortó al Congreso de la República y al gobierno nacional a adoptar las medidas legislativas e implementar las políticas públicas necesarias para avanzar hacia la universalidad del derecho 15. Por medio de la ley 1595, de 2012. 263

REGIÓN ANDINA prestacional al pago de la prima de servicios en el caso de los trabajadores y las trabajadoras domésticas remuneradas. Ese propósito se logró por el liderazgo de las representantes a la Cámara Ángela María Robledo y Angélica Lozano, y la incidencia de las organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas. Los sindicatos de trabajadoras domésticas en Colombia, específicamente la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), tienen un papel fundamental en el proceso de aplicación y seguimiento del Convenio OIT 189 y en mostrar los impactos diferenciados de la discriminación laboral racializada. Esas organizaciones sociales y sindicales defienden una mirada interseccional al momento de analizar el trabajo doméstico y de cuidados remunerado. Luego del reconocimiento de la prima de servicios, en la ley solo se mantiene una excepción, que constituye discriminación hacia quienes trabajan en el servicio doméstico: la relacionada con la extensión de la jornada de trabajo de las trabajadoras internas, cuya jornada legal es de diez horas, superior a la garantizada para el resto de trabajadores y trabajadoras en otros oficios 16 . De acuerdo con la sentencia T-185-16, por la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas, muchas veces desplazadas y víctimas de la violencia, la Corte Constitucional las reconoció como un grupo poblacional de especial protección. Así: las trabajadoras del servicio doméstico son un grupo que requiere especial protección constitucional debido a que existen factores sociales y económicos que tradicionalmente han generado actos de discriminación que suponen barreras injustificadas para el goce efectivo de sus derechos. A pesar de que el trabajo doméstico es una labor revestida por las características esenciales de un contrato de trabajo, quienes prestan labores de servicio doméstico, se han visto expuestas a situaciones de discriminación en razón de las actividades que desarrollan, por la carga que éstas conllevan de ser labores de cuidado tradicionalmente asignados a mujeres que no eran remuneradas y que comprendían el rol“natural” de las mujeres, lo cual es una visión estereotipada de las mujeres que genera discriminación. Más allá de los avances legales y de este reconocimiento jurisprudencial que debería traducirse en políticas públicas, hay un alto grado de incumplimiento de sus derechos y mucha informalidad en el sector. Ello se debe, entre otras razones, a la casi inexistente inspección y contralor por parte del Ministerio del Trabajo. En repetidas ocasiones la autoridad administrativa laboral ha afirmado que no encuentra las rutas para realizar inspección garantizando 16. La jornada diaria máxima en Colombia es de ocho horas, y para ellas se eleva a diez horas de prestación de servicios. 264

COLOMBIA la privacidad de los hogares, olvidando que cuando estos emplean trabajadoras domésticas se vuelven sujetos de verificación del cumplimiento de las normas laborales. De acuerdo con los últimos datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE(2019), solo 17% de las trabajadoras domésticas tiene acceso a seguridad social(salud y pensión), muchas de ellas se mantienen como beneficiarias en el régimen subsidiado de salud y quedan al margen de coberturas tan importantes como la licencia remunerada por maternidad o el pago de incapacidades laborales. La pandemia ha hecho evidentes las desigualdades estructurales y las deficiencias del sistema laboral y de protección social en Colombia. En ese contexto, las trabajadoras domésticas han quedado muy desprotegidas 17 , muchas de ellas han perdido sus trabajos e ingresos y las que lo conservan no reciben los elementos de bioseguridad necesarios para protegerse del contagio y, en ocasiones, son obligadas a permanecer internas en sus lugares de trabajo, sin la posibilidad de ver a sus familias. A este panorama preocupante se le agrega el que están excluidas de las medidas sociolaborales implementadas como respuesta a la crisis, en general enfocadas en el trabajo formal, como el uso excepcional de las cesantías, la reducción del tiempo de autorización de vacaciones y el auxilio de desempleo, y en otras, como el subsidio para el pago de prima, solo cubren a empleadores con más de tres personas en la nómina. 2. Sistema nacional de cuidados y políticas de cuidado A los efectos del presente documento, como organización social de los cuidados se define la forma en la que se configuran los servicios de cuidado suministrados por diferentes instituciones: Estado, hogares, comunidades y mercados. Las políticas de cuidados determinan cómo se prestan y financian los cuidados, quiénes son sujetos de cuidados y quiénes prestan los servicios de cuidado. Estas políticas de cuidado pueden entonces tener un potencial transformador y fomentar la igualdad de género o, si su implementación es insuficiente, reforzar las desigualdades y desconocer los derechos. Aquí definimos las políticas de cuidado como aquellas políticas públicas que asignan recursos para el cuidado, en forma de dinero(transferencias y subsidios), servicios o tiempo; incluyen entonces remuneraciones y subsidios para quienes cuidan y para quienes requieren ser cuidados, hasta la provisión de servicios complementarios, también regulaciones en la política laboral como 17. “Las penas de vigilantes y empleadas domésticas”, El Espectador , 27/6/2020, https://www.elespectador. com/noticias/bogota/las-penas-de-vigilantes-y-empleadas-domesticas/?fbclid=IwAR2W-REdm48dN9AkFOKu DpuYcpztsdWc6Bkl-eYFj5nohd-Pt3Xb_CBT-P8 265

REGIÓN ANDINA regulación de jornadas de trabajo y licencias por maternidad y paternidad(Esquivel, 2015). De acuerdo con esta definición, se incluye en el presente apartado: políticas de protección social, servicios de cuidado y políticas laborales. 2.1. Antecedentes y trayectoria de la política En Colombia no existe un sistema o política pública nacional de cuidados. Se cuenta con algunos servicios de cuidado ofrecidos por el Estado y otros que son prestados por el sector privado, destinados principalmente a niños y niñas y a la vejez. Se observa un proceso creciente de mercantilización, pero las familias siguen siendo las principales proveedoras de cuidados y, dentro de estas, las mujeres son quienes cumplen con la mayoría de las tareas asociadas al cuidado. No obstante, es preciso mencionar que existen algunos antecedentes de los intentos de diseño de una política pública de cuidados. El primero de ellos, que marcó definitivamente el reconocimiento 18 del trabajo de cuidado, es la sanción de la ley 1413 de 2010, cuyos principales avances fueron la inclusión del TDCNR en el Sistema de Cuentas Nacionales, la obligación cada tres años de efectuar la ENUT, y la creación de la Mesa de Seguimiento para aplicación de la ENUT, en la que se integran los entes de control y organizaciones de la sociedad civil 19 . Otros avances interesantes, posteriores a la ley 1413, son la medición de pobreza de tiempo y el simulador que el DANE creó en cooperación con Oxfam y que permite calcular el tiempo y el aporte que hacen cotidianamente las personas a su hogar y al país con el trabajo doméstico y de cuidado sin remuneración, usando como referencia el salario mínimo. Un segundo hito importante fue el reconocimiento del TDCNR y la necesidad de una política nacional de cuidado, que se dio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos(2014-2018)“Todos por un nuevo país 2014-2018”. A razón de la incidencia de organizaciones de mujeres, en el documento de bases de dicho plan se incorporó que El Gobierno nacional, en cabeza del DNP, de manera coordinada con las entidades que integran la Comisión creada por el decreto 2490 de 2013 y con el 18. Siguiendo la Plataforma de acción de Beijing, el reconocimiento se refiere a hacer visible la naturaleza, el alcance y el papel que tiene el cuidado en cada contexto. Hacer visible el cuidado es tomar en cuenta todas sus contribuciones al funcionamiento de nuestras sociedades y economías, sin perder de vista quién las hace(Esquivel, 2015: 67). 19. Es necesario anotar, sin embargo, que desde 2006 la Gran Encuesta Integrada de Hogares solo tenía un módulo de preguntas sobre TDCNR, que permitió, entre otras, incluir datos estadísticos en la exposición de motivos de la ley 1413. 266

COLOMBIA apoyo de las organizaciones sociales, la academia y el sector privado, creará las bases institucionales, técnicas y económicas, para desarrollar el Sistema nacional de cuidados a partir de lo establecido en la ley 1413 de 2010 de economía del cuidado y definirá una Agenda nacional sobre economía del cuidado(DNP, 2018) 20 . Un tercer hito, y como resultado de esta obligación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es el hecho de que se avanzó en documentos técnicos en los que en interlocución con la sociedad civil se ubicó como problema central el desbalance entre oferta y demanda estatal, que hace que se genere una mayor exigencia a las mujeres en la provisión de cuidado. Sin embargo, durante este periodo no se logró el establecimiento de un sistema nacional de cuidados, lo que implicó que se continuara con la discusión ya entrado el nuevo gobierno de Iván Duque Márquez. En consecuencia, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se incorporó un largo diagnóstico en materia de desigualdad de género y, respecto al cuidado, se generaron las obligaciones de parte del gobierno nacional de: (1) desarrollar una política pública de cuidado que contemple la articulación y coordinación de sistemas e instancias interinstitucionales que atiendan poblaciones sujetos de cuidado y de las personas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y(2) generar lineamientos de articulación de la oferta de programas disponibles a nivel territorial con enfoque de género para las mujeres, para reducir las cargas de cuidado de las mujeres(DNP, 2019: 1030). Para desarrollar la política pública de cuidado de la que trata el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se prevé la aún no constituida Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado, que debe articular a los actores responsables de la oferta de cuidado del país; formar y cualificar al talento humano para ejercer labores de cuidado mediante mecanismos de educación, formación y certificación de competencias; ajustar la normativa laboral y de seguridad social para las trabajadoras y trabajadores del cuidado procurando condiciones más flexibles y adaptables para su inclusión social y productiva; y articular la oferta territorial disponible con las 20. La ley 1413 es la primera y única ley vigente en el país que le plantea al Estado colombiano el imperativo de incluir el cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales, y se constituye en el marco de referencia para visibilizar el aporte de este sector a la economía del país y, en ella, a las mujeres como principal fuente de fuerza de trabajo. Esta ley fue reglamentada por medio del decreto 2490 de 2013, por el que se debe crear la comisión intersectorial para incluir la información sobre trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, comisión que queda bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación(DNP). Esta normativa obliga al Estado a generar información sobre el tiempo que dedica la población mayor de 10 años de edad a actividades de trabajo y actividades personales, y tiene una periodicidad trienal. 267

REGIÓN ANDINA iniciativas comunitarias para procurar mecanismos de apoyo comunitario (DNP, 2019: 1031). Para articular la oferta de los programas existentes en el nivel territorial, el gobierno plantea el rediseño de los programas del orden nacional dirigidos a la reducción de la pobreza(Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red Unidos y otros como Colombia Mayor), a fin de incluir componentes de género para las mujeres, considerar la posibilidad de establecer centros de cuidado con concurrencia de recursos de las entidades territoriales para las personas con dependencia funcional y promover el acceso de las mujeres al subsidio de vivienda, entre otros(DNP, 2018: 1032). Respecto a las metas trazadas para este componente del Plan Nacional de Desarrollo, se espera pasar de 24.700 subsidios de vivienda entregados a las mujeres cabeza de familia en 2018 a 71.820 en 2022; de 85.539 madres gestantes atendidas en los servicios de primera infancia en 2018 a 342.114; y cualificar o formar 16.500 madres comunitarias para la atención integral a la primera infancia(DNP, 2019: 1033). A la fecha no hay avances reales en la formulación de la política pública de cuidado en los términos expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo y, más bien, lo expuesto en el plan 2018-2022 es un retroceso, en la medida en que no contempla el diseño de un sistema nacional de cuidados, sino una política nacional de cuidado que integre los programas ya existentes. Por tanto, no modifica aspectos estructurales como: 1) la división sexual del trabajo; 2) la división social del trabajo; 3) el acceso de las mujeres al mercado laboral y la realización de sus derechos; y 4) la calidad de los trabajos a los que acceden las mujeres. Además, se pretende tan solo introducir un componente de género a estos programas para la reducción de la pobreza, que no constituyen una buena base para la política nacional de cuidado en la medida en que se requiere la modernización de la protección social en perspectiva de derecho y de género, así como fortalecer el principio de solidaridad entre generaciones, la socialización de la responsabilidad de los cuidados tanto en el acceso a los servicios de cuidados como la propia función de cuidado que recae básicamente sobre las mujeres(CEPAL, 2011: 14). Un último aspecto que es necesario mencionar es que este nuevo Plan Nacional de Desarrollo ordena la creación de la Comisión Intersectorial para el Sistema de Cuidado, ignorando que alrededor de este asunto ya existen escenarios de articulación, entre ellos, la mesa presidida por el DANE creada en virtud de la ley 1413, en la que convergen la institucionalidad y la sociedad civil, y en el marco de la cual se había logrado el diseño de la ENUT y la implementación de sus dos versiones en 2014 y 2018. Y se desconoce también el escenario que era presidido por el área de género del DNP, y en el cual se habían elaborado los documentos técnicos de lineamientos para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidado. Actores como la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá 21 21. https://mesaintersectorialdeeconomiadelcuidadocolombia.wordpress.com/ 268

COLOMBIA –en la que se articulan sindicatos, economistas feministas, congresistas, universidades, centros de investigación, organizaciones de cooperación como la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia(Fescol) y Oxfam y otros sectores interesados, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como ONU Mujeres y la OIT– insisten en la necesidad de un sistema nacional de cuidados público, que no solo introduzca componentes de género a los programas ya existentes, sino que transforme radicalmente la prestación de cuidados. La discusión feminista ha desarrollado ese enfoque en el marco de las 3 R: reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado de las mujeres. Con él se pretende que la equidad de género sea una política de Estado(Espino y Salvador, 2013: 18) en el marco de la justicia de género y en clave de derechos para las mujeres. Un sistema de cuidados debe transformar la división sexual del trabajo y garantizar la autonomía económica de las mujeres. 2.2. Institucionalidad de los cuidados Ante la ausencia de una política nacional de cuidados lo que existe es un conjunto básico de programas de protección social para la reducción de la pobreza, los cuales están dirigidos a los grupos poblacionales que más requieren cuidados: niños y niñas, jóvenes, personas mayores y personas con dependencia funcional. La selección de las beneficiarias y los beneficiarios de estos programas se realiza por medio de un sistema de priorización denominado Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios(Sisbén). Para la articulación de los programas de protección social para la reducción de la pobreza –y siendo este un espacio diferente de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado que se ordenó crear por efectos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 22 y de la Mesa ya creada en virtud de la ley 1413– entró en funcionamiento por efectos del decreto 1111 de 2020 la Mesa de Equidad 23 , que coordina sectores y entidades para el diseño e 22. A la fecha no se ha promulgado el decreto por el cual se crea formalmente y se dictan disposiciones sobre su funcionamiento. Existe un proyecto de decreto del Departamento Nacional de Planeación sobre el cual dicho Departamento informa haber hecho consultas ciudadanas y de grupos de interés que puede consultarse en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Proyecto%20Decreto%20 Comisi%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Cuidado.pdf. 23. La Mesa de Equidad es una instancia de alto nivel y de carácter decisorio presidida y convocada por el Gobierno nacional en la que participa el consejero presidencial para la Equidad de la Mujer. Su composición, establecida en el decreto 1111/2020, está encabezada por el presidente de la República y en ella participan los ministros de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, Trabajo, Comercio, Industria y Turismo, y Educación, además del director del DNP, el jefe del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director del DANE, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF), el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas(UARIV), el consejero presidencial para la Gestión del Cumplimiento, el consejero presidencial para la Equidad de la Mujer, el consejero presidencial para Estabilización y la Consolidación y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA). 269

REGIÓN ANDINA implementación de acciones, la destinación de recursos y el seguimiento y rendición de cuentas de los avances e impactos de estos programas en la reducción de la pobreza. Entonces, además de esta Mesa de Equidad operaría la aún no creada Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado, conformada por las entidades gubernamentales que, de acuerdo con el gobierno nacional, tienen competencia en los asuntos de cuidado y eventualmente deberían articularse para la formulación de la Política Nacional de Cuidados. Esta Comisión estaría presidida por el Departamento Nacional de Planeación, y participarían el Sistema Nacional de Bienestar Familiar(SNBF), la Comisión Intersectorial para la Atención a la Primera Infancia 24 , el Sistema Nacional de Discapacidad 25 , el Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas(SNARIV) 26 , el Consejo Nacional del Adulto Mayor, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer(CPEM) y el DANE. Como se puede observar, el vaso comunicante entre ambas instancias (Mesa de Equidad y Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado) sería la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, sin que esto garantice la no duplicidad de acciones y lograr una articulación real de la oferta de programas sociales en clave de cuidados. De hecho, el mismo gobierno nacional señala al respecto de la articulación entre las distintas instituciones relacionadas con la oferta de programas sociales y las evaluaciones de impactos: No hay un inventario único de los subsidios sociales del Estado, por lo cual no existe un costeo del gasto total destinado a ellos. Adicionalmente, no se cuenta con lineamientos que orienten su creación y funcionamiento, y, en consecuencia, no existe una lógica intersectorial de concurrencia, complementariedad y pertinencia en su formulación. Los temas principales que deben tener en cuenta estos lineamientos son: la ausencia de información consolidada y de calidad que permita hacer seguimiento a su implementación; la falta de definición de esquemas de evaluación que identifiquen los impactos y pertinencia de los subsidios; la existencia de población que no se encuentra en condición de pobreza y es beneficiaria de subsidios(errores de inclusión que demandan procesos de depuración de las bases para la focalización); y, en algunos casos, la falta de acuerdos 24. Creada para hacer una gestión eficiente de las políticas dirigidas a la primera infancia, está conformada por la Presidencia de la República, los ministerios de Trabajo y Protección Social, Educación Nacional, Cultura y Vivienda, Ciudad y Territorio, el DNP, el Departamento de la Prosperidad Social, el ICBF, la UARIV y la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 25. Conjunto de orientaciones, normas, actividades y recursos para impulsar la política pública de discapacidad, conformado por cuatro niveles: el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consejo Nacional de Discapacidad en los niveles nacional y territoriales. 26. Conformado por un conjunto de más de cuarenta y siete entidades gubernamentales y estatales, tiene como función coordinar la oferta institucional al servicio de las víctimas de la violencia. 270

COLOMBIA explícitos con los ciudadanos que aclaren las condiciones del subsidio(como aquellas condiciones referidas a los criterios de entrada, permanencia y salida; y el hecho de que son ayudas temporales y no permanentes)(DNP, 2018: 415). Respecto a la institucionalidad de los cuidados, es preciso reconocer entonces la existencia de espacios de articulación anteriores a los creados a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como la Mesa para la aplicación de la ENUT, siendo necesario valorar sus logros e identificar los retos, para que alrededor de estas se dinamice el diseño e implementación de un sistema nacional de cuidados. Además de la lectura y apropiación de los documentos técnicos elaborados con la participación de las organizaciones de la sociedad civil interesada y en los que se incorporó el cuidado de forma integral en su prestación remunerada y no remunerada, incluyendo el cuidado directo e indirecto. 2.3. Programas nacionales de protección social relacionados con los cuidados De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los programas sociales a los que se incorporaría un componente de género, y que el gobierno nacional espera articular durante el cuatrienio a la política nacional de cuidado son: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor(DNP, 2019: 1033). Ellos hacen parte del sistema de protección social y son de naturaleza primordialmente monetaria. Su objetivo, más que constituir un sistema nacional de cuidado, es aliviar la pobreza y la pobreza extrema en los diferentes grupos poblacionales. Dichos programas de carácter nacional se describen a continuación clasificados en función del ciclo de vida: 2.3.1. Cuidado de niños y niñas La ley 1532 de 2012 27 reglamentó el funcionamiento del programa Familias en Acción, que se define como la“entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años en familias que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad”. Este programa está orientado a contribuir a la reducción y prevención de la pobreza mediante un apoyo monetario directo a la familia. 27. Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47730. Otras referencias normativas que pueden consultarse son la ley 1948 de 2019, por medio de la cual se adoptan criterios de funcionamiento del programa Familias en Acción; y el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social −Conpes− 3801 de 2000, por el cual se aprueba el programa de subsidios condicionados, hoy Familias en Acción. 271

REGIÓN ANDINA El programa es de carácter nacional y está dirigido a familias integradas por personas menores de 18 años clasificadas por el Sisbén como pobres y vulnerables, familias en situación de desplazamiento y familias indígenas en situación de pobreza. Estas últimas se determinan mediante procesos de consulta previa con los resguardos indígenas. El programa se desarrolla por medio de dos tipos de subsidios condicionados:“incentivo a la salud” e“incentivo a la educación”: Incentivo a la salud. “Se otorga a las familias con niños y niñas(NN) menores de 6 años, con el fin de complementar el ingreso familiar, dirigido a mejorar la salud de los menores de edad, durante la etapa crítica de su crecimiento. Se entrega un solo incentivo por familia, independientemente del número de niños y niñas que se encuentren en este rango de edad”(DPS, 2019: 19). El valor del incentivo de salud se liquida bimestralmente durante los doce meses del año. Los valores están definidos por el Departamento para la Prosperidad Social(DPS) en la guía operativa para la liquidación de incentivos del programa Familias en Acción 2018, y fueron indexados con el índice de precios al consumidor(IPC) hasta 2020(Tabla 4). Tabla 4. Valor del incentivo a salud, programa Familias en Acción Grupo municipal 1 2 3 4 Fuente: DPS, 2018. Valor a 2020 COP $ 77.837 $ 77.837 $ 77.837 $ 90.775 Valor dólar (a tasa de las Naciones Unidas a junio de 2020) US$ 20,74 US$ 20,74 US$ 20,74 US$ 24,19 Incentivo a la educación. “Se otorga a las familias con niños, niñas y adolescentes(NNA) en edad escolar, que cursen los grados de transición a undécimo, con el fin de estimular la asistencia escolar, aumentar los años de escolaridad y reducir la deserción escolar. Se entrega un incentivo por cada NNA, con un máximo de tres NNA beneficiarios por familia. Adicional, todos los NN que cursan grado transición y los NNA escolarizados con discapacidad son potenciales de la entrega del incentivo escolar, independientemente del número de NNA del grupo familiar”(DPS, 2019: 19). Al igual que el incentivo a salud, los valores están definidos por el DPS y dependen del grado escolar que estén cursando los niños, niñas y adolescentes y el grupo municipal 28 , han sido indexados hasta 2020(Tabla 5). 28. Que depende de la cantidad de habitantes del municipio. 272

COLOMBIA Tabla 5. Valor del incentivo a educación, programa Familias en Acción VALORES EN COP Grupo municipal 1 Grado 0 $25.954 2$25.954 3$25.954 4$25.954 Grado 1 a 5 No aplica $13.016 $19.524 $19.524 Grado 6 a 8 $32.437 $32.437 $38.971 $45.401 Grado 9 a 10 $38.971 $38.971 $45.401 $51.883 VALORES EN US$ (a tasa de las Naciones Unidas a junio de 2020) Grupo municipal 1 2 3 4 Grado 0 US$6,9 US$6,9 US$6,9 US$6,9 Grado 1 a 5 No aplica US$3,5 US$5,2 US$5,2 Grado 6 a 8 US$8,6 US$8,6 US$10,4 US$12,1 Grado 9 a 10 US$10,4 US$10,4 US$12,1 US$13,8 Fuente: DPS, 2018. Valores indexados a 2020. Grado 11 $58.391 $58.391 $64.847 $71.355 Grado 11 US$15,6 US$15,6 US$17,3 US$19,0 Como medida de discriminación positiva, la ley 1532 establece que para el empoderamiento del rol de la mujer en las familias se privilegiará la entrega de los subsidios a las mujeres del hogar. Esto se traduce, por una parte, en la selección de“madres líderes” que representan a las y los usuarios del programa en los municipios, y, por otra, en la entrega del subsidio a la “madre” del hogar. Esta visión, ampliamente debatida, refuerza el rol de las mujeres en el cuidado de los niños y niñas, y no genera ningún incentivo para la redistribución de las labores de cuidado en los hogares ni transforma la división sexual del trabajo. La entrega de subsidios monetarios se complementa con un componente de bienestar comunitario, por medio del cual se impulsa el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de las familias beneficiarias e implementan estrategias de articulación institucional y participación social de las familias del programa Más Familias en Acción, bajo un enfoque diferencial a nivel territorial y poblacional(DPS, 2017a: 4). Este componente tiene dos líneas: 1) la participación social; y 2) la articulación institucional. La primera se opera por medio de espacios de participación en los que se propende a que las familias generen soluciones colectivas a los problemas que afectan su entorno(Gráfico 8). 273

REGIÓN ANDINA Gráfico 8. Espacios de participación de la línea de participación social Asambleas municipales/ corregimentales: es una reunión anual entre las familias beneficiarias del programa y las instituciones y funcionarios del municipio Objetivos: rendición de cuentas del programa y se legitima la elección. Encuentros regionales de Madre Líderes: corresponde a un evento anual donde se convocan las madres líderes de una región o de uno o varios de los departamentos, Objetivos: fortalecer el quehacer de la madre líder, su ética, conocimiento del programa y la interacción entre las participantes. Planes de trabajo en bienestar comunitario para las comunidades indígenas: las comunidades con su enlace indígena proponen y ejecutan actividades Objetivos: Promoción de la salud, permanencia escolar, entornos comunitarios saludables y buenas prácticas saludables. Comité Municipal de Madres Líderes: es un espacio confirmado por todas las madres líderes del programa Objetivos: coordinar las actividades de bienestar comunitario que se llevarán a cabo en el municipio. Encuentros pedagógicos: se llevan a cabo con apoyo de las madres líderes y la institucionalidad Objetivos: informar y difundir las acciones propias del programa; conocer por parte del programa los requerimientos y necesidades de las familias beneficiarias; proporcionar información relevante a las familias sobre sus condiciones. Fuente: DPS, 2017a. La línea de articulación institucional busca establecer mecanismos de coordinación para gestionar acciones y focalizar en las familias participantes. Este objetivo se viabiliza por medio de: 1) acciones complementarias de otras instituciones que ejecuten programas que puedan beneficiar a las familias del programa Familias en Acción; 2) mesas temáticas para la articulación con entidades de educación y de salud para potenciar el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los sistemas de salud y educación(DPS, 2017a: 7). La condición de beneficiarios del programa no es vitalicia, y las personas “salen” por procesos operativos como cambios en la metodología del Sisbén, controles de calidad de la información reportada al programa o solicitud de la familia participante. También se dice que por el cumplimiento en las metas y la superación de la condición de pobreza y vulnerabilidad, pero esto básicamente 274

COLOMBIA se hace con la actualización del Sisbén, que tiene lugar en promedio cada diez años, lo que implica que las familias no sean monitoreadas adecuadamente ni existan incentivos reales para la salida de la condición de vulnerabilidad. El Departamento Nacional de Planeación(DNP) informó en 2019 que el programa Familias en Acción atendía a 2.500.000 familias(2019: 421). Y los datos abiertos del gobierno nacional proporcionados por el DPS señalan que a julio de 2020 el programa atendía a 3.996.440 personas, de las cuales 3.597.961 están activas y 368.479 inactivas por no cobrar el incentivo durante varios meses consecutivos o no haber presentado la actualización de las tarjetas de documentación de los niños, niñas o adolescentes(DPS, 2020). La principal evaluación del programa se hizo en 2008, liderada por el DNP(el programa existía previamente a 2012 cuando fue reglamentado como política de Estado). Esta evaluación indicó que Familias en Acción tiene impactos diferentes en las áreas rurales y urbanas. En relación con la asistencia escolar en las áreas rurales, la de niñas y niños entre 7 y 12 años aumentó tan solo 3%, y entre 8% y 9% para niñas y niños entre 13 y 17 años; mientras que en las zonas urbanas no se identificaron impactos significativos(DNP, 2008: 116). En términos de consumo de alimentos, este programa aumentó en 9% el consumo total de los hogares en zonas rurales(ibídem). A pesar de sus impactos positivos, el programa Familias en Acción continúa siendo un esfuerzo focalizado y perpetúa la visión de que las labores de cuidado deben desarrollarse en el núcleo familiar por parte de las mujeres, y que la responsabilidad e intervención del Estado debe ser mínima y orientada a los hogares pobres. Eso no garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, quienes no liberan tiempo ni generan ingresos para la autonomía económica. 2.3.2. Cuidado de personas mayores El gobierno nacional espera que el cuidado de las personas mayores se articule a la política nacional de cuidados por medio del programa Colombia Mayor, cuyo objetivo es aumentar la protección de las personas mayores que no cuentan con una pensión y vivan en condición de indigencia o pobreza extrema. Este programa es de cobertura nacional y atiende a hombres mayores de 59 años y mujeres mayores de 54 clasificados como vulnerables de acuerdo con la herramienta de focalización del Sisbén. Se trata entonces de personas que se encuentren en alguna de estas condiciones: que vivan solas y su ingreso no supere un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), vivan en la calle y de la caridad pública, vivan con una familia cuyo ingreso sume menos de un SMLMV o residan en un centro de bienestar de persona adulta mayor 29 . Es importante mencionar que las edades de 29. https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/requisitos-de-afiliacion-y-proceso-de-inscripcion.html 275

REGIÓN ANDINA acceso al programa Colombia Mayor no coinciden con las de pensión en Colombia, que son 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. El programa trabaja por medio de dos tipos de subsidios: uno directo, que corresponde a una transferencia monetaria no condicionada cuyo valor es de $80.000 mensuales(US$ 21); y uno indirecto que no necesariamente se entrega a los mismos beneficiarios y beneficiarias del subsidio directo, a través de la atención a personas mayores en centros de protección al adulto mayor. A 2020, el programa atendía 1.696.943 personas: 967.969 mujeres y 728.974 hombres(ver Anexo). Sobre los impactos del programa Colombia Mayor, una evaluación hecha para el DNP entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, en la que se encuestaron 468 beneficiarias y beneficiarios activos del programa y 464 personas adultas mayores que se encontraban en la lista de espera, indicó: - Disminución de 20,6% de la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. - Aumento de 7,6% del índice de calidad de vida en la zona rural. - Disminución de 7% en la proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza extrema donde se encuentran las beneficiarias y los beneficiarios activos del programa. - Disminución de 6% en la proporción de beneficiarias y beneficiarios que dejaron de consumir alimentos por la falta de dinero. Dado el efecto limitado del programa sobre la reducción de la pobreza extrema de los hogares de los beneficiarios y las beneficiarias, una de las recomendaciones de la evaluación fue que en uno o varios municipios del país se haga una prueba piloto sobre la reducción de la pobreza incrementando el valor del subsidio actualmente otorgado por el Programa Colombia Mayor 30 . Incluso, la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) le señaló al gobierno de Colombia, primero en 2015 y luego en 2019, que la calidad de la prestación económica es insuficiente, en tanto: La cobertura del componente no contributivo del sistema, Colombia Mayor, que otorga subsidios a la población más desfavorecida, ha aumentado en los últimos años, contribuyendo a reducir la pobreza(DNP, 2016: 35). Sin embargo, la prestación promedio del programa Colombia Mayor es casi una décima parte del salario mínimo, y se sitúa muy por debajo de la línea de pobreza y del promedio de la mayoría de los países de la OCDE. El costo fiscal de aumentar la cobertura y el tamaño del programa sería moderado en comparación con el impacto social (OCDE, 2019: 55). 30. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Colombia_Mayor_Ficha_Tecnica_auto contenida_ajustada.pdf, p. 3. 276

COLOMBIA Los programas Familias en Acción y Colombia Mayor descritos, aunque hacen parte del sistema de protección social, no están orientados a la redistribución de los cuidados ni a garantizar a la sociedad el derecho al cuidado. Buscan articularse, de acuerdo con lo prescrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, a una política nacional de cuidado, y complementarse con los servicios de cuidado que se describen a continuación. 2.4. Servicios nacionales de cuidado En el ámbito nacional se destacan los siguientes servicios de cuidado: el programa de cuidado de niños y niñas De Cero a Siempre y los centros de bienestar para el cuidado de personas mayores. 2.4.1. De Cero a Siempre De Cero a Siempre fue definida como política nacional por efectos de la ley 1804 de 2016 31 , y busca promover el desarrollo integral en la primera infancia, entre 0 y 6 años. Su coordinación está a cargo de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia y su implementación territorial se hace bajo los principios establecidos por dicha comisión en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 32 . El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) es la institución rectora, articuladora y coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y consecuentemente responsable de la implementación de la política. Para la materialización de esta política en los territorios se construyó la Ruta Integral de Atenciones(RIA), que busca servir como referente a las autoridades territoriales para la implementación de la estrategia de atención integral a la primera infancia en el plano operativo(Presidencia de la República, 2013: 202). La RIA prevé atenciones diferenciadas de acuerdo con el momento o grupo de edad en que se encuentren los niños y niñas, así: preconcepción, gestación, nacimiento a primer mes, primer mes a tres años, tres a seis años(ibídem: 204). Las atenciones principales que incluye la RIA se resumen en la Tabla 6(ver página siguiente). La RIA se ejecuta principalmente por medio de las cuatro modalidades de atención a primera infancia del ICBF. La primera es la modalidad institucional que funciona en espacios especializados para atender niños y 31. Publicación: 2/8/2016. Disponible en https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1804_2016. htm 32. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación, y de relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas. 277

REGIÓN ANDINA niñas, se prioriza la atención a niños y niñas desde los dos hasta los cinco años y se brinda la educación inicial y acciones pedagógicas y de cuidado cualificado. Esta modalidad opera en Centros de Desarrollo Infantil Tabla 6. Descripción de la RIA MOMENTO Preconcepción (dirigida a hombres y mujeres en edad fértil) ATENCIONES En el entorno educativo, específicamente en la educación primaria y secundaria, se brinda a los hombres y mujeres en edad fértil orientación sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos; importancia de los vínculos afectivos sólidos y relaciones de calidad entre las personas adultas en el desarrollo de los niños y niñas; prácticas de autocuidado y hábitos de vida saludables. En caso de las mujeres que han decidido tener un hijo o hija, se valorará la salud oral y se entregarán suplementos de ácido fólico. Gestación (dirigido a mujeres) Monitorear el desarrollo fetal; valorar la salud mental de la mujer; proporcionar suplementos con micronutrientes y hacer seguimiento a su adherencia; inmunizar a la gestante con el esquema de vacunación; valorar la salud oral de la gestante y atenderla en caso de requerirlo; promover la actividad física y la recreación. Gestación hasta el parto (madre, padre) Si la familia está en una situación de emergencia y desastre, establecer paquetes de atención humanitaria; en la atención en salud priorizar a la población gestante; garantizar la protección de las mujeres gestantes y ayudarles a permanecer cerca de sus familias; priorizar a la población de gestantes en los procesos de reconstrucción y rehabilitación. Desde el momento del nacimiento hasta el primer mes (dirigido a niños y niñas) Valoración física completa del recién nacido o recién nacida el primer día y control a los tres días; valorar el desarrollo de cada niño o niña antes de terminar el primer mes; promover la lactancia materna; hacer las pruebas de tamizaje neonatal; inmunizar a cada niño o niña; tramitar el registro civil del recién nacido/recién nacida durante el primer mes. Desde el primer mes de nacido/nacida hasta los tres años (dirigido a niños y niñas) Sesiones de valoración de crecimiento; desparasitación y suplementación con micronutrientes; valoración odontológica, optométrica y audiométrica; inmunización de acuerdo con el esquema de vacunación; experiencias pedagógicas; promoción de espacios de juego. Desde los tres hasta los seis años (dirigido a niños y niñas) Sesiones de valoración de crecimiento; desparasitación y suplementación con micronutrientes; valoración odontológica, optométrica y audiométrica; inmunización de acuerdo con el esquema de vacunación; promoción de encuentros para fortalecer el proceso de socialización de los niños y niñas. Fuente: Elaboración propia a partir de información de Presidencia de la República, 2013. 278

COLOMBIA (CEDI) 33 , Hogares Infantiles(HI) 34 , Hogares Empresariales 35 , Hogares Múltiples 36 , Jardines Sociales 37 y Preescolar Integral 38 (ICBF, 2017: 23). La segunda corresponde a la modalidad familiar, que se especializa en promover el desarrollo integral de niños y niñas desde su concepción hasta los dos años, y en mujeres gestantes, mediante procesos pedagógicos y de acompañamiento a las familias; se brinda en el medio familiar 39 y en Hogares Comunitarios de Bienestar Familia Mujer Infancia. Estos últimos, comúnmente denominados Fami, son hogares familiares que prestan servicios de cuidado por medio de organizaciones sin fines de lucro; pueden ser fundaciones, asociaciones de padres de familia, asociaciones de hogares comunitarios, cooperativas, corporaciones, iglesias o comunidades religiosas, agremiaciones, cajas de compensación familiar, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de grupos étnicos, entre otras. Los HBC Fami surgen en los años ochenta en cabeza de mujeres voluntarias, las“madres comunitarias”, asociadas entre sí o con ayuda de organizaciones no gubernamentales para encargarse de la alimentación y guardería de niñas y niños en edad preescolar. En un inicio eran atendidos directamente por la comunidad por medio de asociaciones de padres de familia, que administraban los recursos asignados por el gobierno y los provenientes de la comunidad, mediante su vinculación a los programas de 33. Los CEDI se construyen para atender entre 100 y 600 usuarias y usuarios durante 220 días al año, de lunes a viernes, con un horario de ocho horas, y brindan alimentación para cumplir con el 70% de los requerimientos nutricionales de los niños y niñas. Los servicios son completamente gratuitos. 34. Los HI se prestan en instalaciones del ICBF, alcaldías, gobernaciones u operadores, donde se atienden niños y niñas durante 210 días al año de lunes a viernes con un horario de ocho horas, y las familias hacen un aporte económico al HI en función de los ingresos. A niños y niñas se les brinda el 70% de los requerimientos nutricionales. 35. Espacios diseñados para hijas e hijos de personal empleado con bajos ingresos donde se atiende 200 días al año de lunes a viernes con horario de ocho horas, las empresas apoyan económicamente su funcionamiento y brindan espacios en sus propias instalaciones. El ICBF aporta el costo de la prestación del servicio y la empresa cofinancia instalaciones, dotación, equipos y otros. A niños y niñas se les brinda 70% de los requerimientos nutricionales. Los servicios son completamente gratuitos. 36. Conformado por un mínimo de seis Hogares Comunitarios de Bienestar(HCB) que brindan atención durante 200 días al año de lunes a viernes con un horario de ocho horas. El funcionamiento lo apoyan financieramente las alcaldías, gobernaciones y entidades privadas. A niños y niñas se les brinda 70% de los requerimientos nutricionales. Los servicios son completamente gratuitos. 37. Agrupa hasta treinta y dos HCB y funcionan en un sitio construido especialmente para este fin, cuentan con apoyo de alcaldías y gobernaciones y son cofinanciados por las cajas de compensación familiar. Funcionan durante 200 días al año de lunes a viernes con un horario de ocho horas. A niños y niñas se les brinda 70% de los requerimientos nutricionales. 38. Atiende niños y niñas en grados prejardín, jardín y transición en los establecimientos educativos oficiales. Funcionan 5 días a la semana de acuerdo con la jornada del establecimiento educativo. 39. Consiste en encuentros grupales realizados durante 11 meses del año, con una intensidad de 96 horas al mes, de las cuales 40 son encuentros educativos grupales, 18 de encuentros educativos en el hogar. En encuentros grupales una vez al mes se entrega el 70% del complemento nutricional en una única ración para preparar durante el mes en un entorno familiar. 279

REGIÓN ANDINA autogestión comunitaria para el cuidado de niños y niñas(Ministerio de Salud, 1989). No obstante, a partir de la sanción del decreto 1340 de 1995 40 se determinó que el Estado asumiría una mayor responsabilidad: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su Junta Directiva, establecerá los criterios, parámetros y procedimientos técnicos y administrativos que permitan la organización y funcionamiento del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, dando cumplimiento a la obligación del Estado, en concurrencia con la familia y la sociedad de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Para la ejecución del Programa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, coordinará sus acciones con las Entidades Territoriales, otras entidades públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales. Parágrafo. La organización y funcionamiento del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar que determine la Junta Directiva del ICBF, se implementará en forma gradual, atendiendo las condiciones sociales, económicas, geográficas y de participación comunitaria de cada región, de forma tal, que se garantice continuidad en la prestación del servicio. Asimismo, el decreto 289 de 2014 41 establece: El ICBF inspeccionará, vigilará y supervisará la gestión de las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en sus diferentes formas de atención, con el fin de que se garantice la calidad en la prestación del servicio y el respeto por los derechos de los niños beneficiarios del programa, atendiendo la naturaleza especial y esencial del servicio público de Bienestar Familiar. Actualmente, en esta modalidad las madres comunitarias brindan atención a doce familias en cada HBC durante once meses del año. Además de las sesiones educativas en estos espacios, el ICBF garantiza 70% del requerimiento nutricional de los niños y niñas 42 . Es importante mencionar que el trabajo de las madres comunitarias, considerado en principio por el ICBF como“trabajo voluntario” y, por tanto, desprovisto de garantías laborales y del pago del SMLMV o de los aportes al sistema integral de seguridad social, se transformó radicalmente gracias 40. Publicación: 11/8/1995. Disponible en https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_ 1340_1995.htm 41. Publicación: 12/2/2014. Disponible en https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_ 0289_2014.htm 42. https://modalidad-fami.webnode.com.co/ 280

COLOMBIA a las luchas de las propias madres comunitarias por ser reconocidas como trabajadoras. Producto de su organización y trabajo colectivo se sancionó el citado decreto 289 de 2014 por el cual se reglamentó su vinculación laboral formal con las entidades administradoras del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, por medio de un contrato de trabajo, y les son reconocidos los derechos y las garantías consagradas en el Código sustantivo del Trabajo de acuerdo con dicha modalidad contractual. La tercera es la modalidad comunitaria, que acoge a niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y menores de 6 meses lactantes en riesgo y vulnerabilidad. Se atienden en HCB cualificado o integral 43 , HBC tradicional/familiar 44 , HBC agrupado 45 , unidades básicas de atención fija 46 y unidades básicas de atención itinerante(ICBF, 2017: 23). A diferencia de la modalidad familiar, la comunitaria opera, como su nombre lo indica, a partir del agrupamiento de varios hogares comunitarios o HBC Fami en una misma planta física. La cuarta modalidad se denomina“propia” y se desarrolla en territorios étnicos(ICBF, 2017: 25). Esta modalidad se lleva a cabo en espacios y tiempos concertados con las comunidades y es liderada por un equipo intercultural, pero, independientemente de la forma de atención, se cubre hasta el 70% de los requerimientos nutricionales de los niños y niñas. La modalidad se implementa por medio de Unidades Comunitarias de Atención, espacios concertados con la comunidad que tienen básicamente tres expresiones 47 : - Unidades comunitarias que atienden un máximo de 40 niñas y niños en comunidades donde el contexto geográfico les permite reunirse periódica y concertadamente para recibir el paquete nutricional; brindan atención durante 5 horas diarias y 5 días a la semana. - Unidades comunitarias donde se atiende un máximo de 20 niñas y niños en comunidades donde el contexto geográfico les permite reunirse periódica 43. Los HCB cualificados están a cargo de madres o padres comunitarios que cuentan con el apoyo de un equipo interdisciplinario. 44. Opera en la vivienda de una madre o padre comunitario durante 200 días al año, 8 horas diarias de lunes a viernes, puede estar conformado por 14 niños y niñas que reciben 70% de los requerimientos nutricionales. 45. Funciona bajo la agrupación de dos a siete HCB en una misma planta física, la cual debe cumplir con la infraestructura necesaria, es apoyado por alcaldías y otras entidades públicas o zonales y la participación de la comunidad para ubicar y adecuar el espacio. Los encargados de la atención son madres o padres comunitarios y un auxiliar de servicios generales; es completamente gratuito. Presta servicios 200 días al año de lunes a viernes con un horario de ocho horas, y los niños y niñas reciben alimentación para suplir el 70% de los requerimientos nutricionales. 46. En las unidades fijas se presta servicios a niños y niñas durante 5 días a la semana en jornadas diurnas de 6 horas; en las unidades itinerantes a menores de dos años y madres gestantes durante 10 meses al año en encuentros grupales y encuentros en el hogar previamente programados. 47. https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/primera-infancia/modalidades-de-atencion/modalidad-propia 281

REGIÓN ANDINA y concertadamente para recibir el paquete nutricional; brindan atención durante 5 horas diarias y 5 días a la semana; y - Unidades donde se atienden 15 niñas y niños o menos, donde el contexto no permite reunirse periódicamente; durante dos semanas al mes con duración mínima de 5 horas diarias en espacios concertados con las comunidades. El Gráfico 9 resume las modalidades de atención. En la actualidad, la estrategia De Cero a Siempre atiende 1.374.423 niños y niñas menores de 5 años de un total de 4.715.109 48 en este grupo etario, lo que equivale al 29,1% de los niños y niñas del país en estas edades. Para 2022 la meta es llegar a dos millones de niños y niñas 49 . Gráfico 9. Descripción de modalidades de atención a primera infancia del ICBF Modalidad institucional Servicios de atención integral: CDI, HI, empresariales, múltiples, jardines sociales, atención en centros de reclusión de mujeres y preescolar integral Modalidades de atención a la primera infancia Modalidad familiar Servicios de atención tradicional: FAMI y servicios de atención integral: desarrollo infantil en medio familiar Modalidad comunitaria Servicios de atención tradicional: HBC familiares y HBC agrupados, HBC cualificados e integrales, unidades básicas de atención fija y unidades de atención itinerantes Fuente: ICBF, 2017: 22. Modalidad propia e intercultural Se garantiza atención con pertinencia a través de Unidades Comunitarias de atención 48. Dato extraído para 2020 de las proyecciones y retroproyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda(CNPV) 2018. 49. Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx 282

COLOMBIA No obstante la complejidad y riqueza del sistema, existen importantes retos, a saber: 1) la diferencia en los niveles de compromiso entre los departamentos y municipios con la implementación de la RIA(Yoshikawa et al. , 2014: 7); 2) contradicciones entre las bases de datos de los beneficiarios, así como desafíos para la recolección de datos estandarizados que permitan una mejor planificación de la política de atención integral(ídem, p. 9); 3) inexistencia de servicios para la detección temprana de niños y niñas en situación de discapacidad o procedimientos de derivación a servicios especializados (ídem: 16); 4) avanzar en la universalización y la gratuidad de la educación inicial; 5) mejorar los niveles de atención en la zona rural dispersa, ya que la evaluación del programa demostró que la baja cobertura de afiliación a salud, vacunación y bajo crecimiento y desarrollo de los niños y niñas se encuentra en municipios con alta ruralidad(DNP 2018: 246). 2.4.2. Centros de bienestar para el cuidado de personas mayores Lamentablemente, en Colombia no existe una ruta robusta para la atención de las personas mayores. El cuidado de este grupo poblacional sigue siendo asumido casi exclusivamente por las mujeres en los hogares. En el ámbito nacional, como parte del programa Colombia Mayor se brinda atención directa a las personas mayores mediante convenios con centros de bienestar del adulto mayor y centros diurnos. Los primeros son centros residenciales destinados a la vivienda permanente de las personas mayores sin hogar, en los que se les ofrecen servicios de hospedaje, alimentación y cuidado. Los segundos funcionan en horario diurno, generalmente ocho horas diarias de cinco a seis días a la semana(Ministerio de Salud, 2020). No existe información pública sobre el número de beneficiarias y beneficiarios que atienden, pero sí del número total de convenios activos con operadores privados y de la disminución sistemática de estos(Gráfico 10), ya que se privilegia la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, de la que se trató en el apartado sobre el programa Colombia Mayor. Bogotá es uno de los pocos municipios donde se han integrado servicios adicionales para el cuidado de este grupo de la población mediante la construcción y puesta en funcionamiento de Centros Día y Centros Noche con recursos propios del Distrito Capital. En ellos se brinda cuidado y alimentación a las personas mayores en condición de vulnerabilidad. En 2019 en los Centros Día se atendieron 21.912 personas y existen veinticinco unidades de Centros Día(Alcaldía de Bogotá, 2019: 47), esto de un total de 2.542.014 personas mayores de 60 años en condición de pobreza, de las cuales 1.946.205 está en condición de pobreza extrema 50 . 50. Cálculos propios con base en microdatos anonimizados del DANE. 283

REGIÓN ANDINA Gráfico 10. Convenios activos para la atención de personas mayores Gráfico 10. Convenios activos para la atención de personas mayores Con centros de bienestar, mes de diciembre de cada año, 2013-2020 con centros de bienestar, 2013-2020 Número de convenios activos 333 311 292 277 267 260 262 257 0 Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fu Fu e e n n te te : e : l E a l b ab o o ra ra c c ió ió n n p p r r o o p p ia ia c c o o n n d d a a t t o o s s d d e e C C o o l l p p e e n n s s i i o on n e e s s , , 2 2 0 0 2 2 0 0 . . Por otra parte, el valor de la transferencia monetaria no condicionada por el programa Colombia Mayor llegó con recursos del distrito a$120.000(US$ 32) y se aumentó el número de cupos, atendiendo a 45.340 personas(ídem: 165). Ese incremento en la cobertura, sin embargo, es considerablemente inferior a las 118.175 personas que eran beneficiarias de esta transferencia en 2016, durante el mandato del alcalde Gustavo Petro. Con todo lo expuesto, es posible decir que en el caso colombiano persiste una organización social de los cuidados familiar –en la que los hogares siguen siendo los principales proveedores de cuidado– y patriarcal –porque tanto en el cuidado remunerado como en el no remunerado las mujeres son quienes realizan la mayor parte de dicho trabajo–. Además, aunque está valorado en la ENUT, el trabajo de cuidados no es una libre elección de las mujeres ni les representa mayor autonomía económica. Tanto las políticas de protección social como los servicios de cuidado directo siguen imponiéndoles la responsabilidad de las tareas de cuidado y no generan incentivos ni obligaciones a los hombres para que participen. Por ello, no se garantiza una mayor inserción laboral de las mujeres ni se trastroca la división sexual del trabajo ni la desigual organización social de los cuidados. 2.5. Políticas laborales asociadas a los cuidados Colombia ha ratificado los Convenios de la OIT asociados a la autonomía económica de las mujeres y que promueven condiciones de igualdad: 284

COLOMBIA - El Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, desde 1963. - El Convenio 111 contra la discriminación, desde 1969. - El Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, ratificado en 2014. Están pendientes de ratificación: el Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares(en la actualidad, en el Congreso de la República está en discusión la ley que lo ratifica, por ser un compromiso adquirido por el gobierno nacional en el marco de la negociación con los sindicatos del sector público); el Convenio 183 sobre la protección a la paternidad; y el 190 relativo a la eliminación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo: este es el último Convenio promulgado por la OIT e incluye importantes elementos desde la perspectiva feminista, producto de la lucha e incidencia de las organizaciones sindicales de la región y de todo el mundo. Tenemos entonces un marco internacional bastante amplio e importante en esta materia, que permitiría avances reales en igualdad de género. Sin embargo, cuando se analizan marcos reguladores nacionales, se debe tener en cuenta que las normas constituyen guías importantes, pero no necesariamente generan cambios en la realidad social ni su cumplimiento está asociado siempre a la celeridad y buen funcionamiento del sistema judicial y a la robustez del sistema de inspección, vigilancia y control. Por ello, en Colombia es una preocupación general el incumplimiento de la normativa laboral y la escasa protección que se logra de los derechos laborales en el sistema judicial y administrativo. A la vez, no se puede perder de vista que en el país existe una alta informalidad. En general, el sector laboral informal está por fuera de la tutela del derecho del trabajo, y esas normas internacionales y sus desarrollos en la legislación nacional no son aplicables ni exigibles. Es importante partir también de una situación generalizada y compleja en Colombia, de incumplimiento de las normas internacionales y de las Recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Por ejemplo, durante años se ha solicitado la adecuación de normas respecto a ciertos derechos y a la fecha aún hay vacíos e incoherencias entre el marco internacional y las normas nacionales vigentes. Para una mayor comprensión del estado actual de la legislación colombiana en materia laboral asociada a los cuidados es necesario hacer la siguiente diferenciación. 2.5.1. Normas asociadas a la protección de la maternidad y la paternidad En Colombia, en el Código sustantivo del Trabajo existen varias disposiciones que pretenden proteger a las mujeres durante el embarazo y su periodo inicial de maternidad. Entre ellas destaca la licencia de maternidad equivalente 285

REGIÓN ANDINA de catorce a dieciocho semanas 51 , consagrada en el artículo 236. Además, existe la prohibición de despedir a una mujer embarazada o durante los tres meses siguientes al parto sin que medie justa causa y haya previa autorización del inspector de trabajo, por considerarlos despidos discriminatorios. En lo que se refiere a la licencia de maternidad, el tiempo estipulado en Colombia está por encima de la norma mínima de la OIT, que habla de catorce semanas. Sin embargo, la limitación de esta licencia remunerada con el 100% del salario de la trabajadora tiene que ver con que se aplica a quienes tienen un trabajo formal y son cotizantes al sistema de seguridad social, realidad que no es la más común entre las trabajadoras remuneradas. Así, quedan fuera quienes, por ejemplo, trabajan por días y se admite que se mantengan como beneficiarias en el sistema de salud o en el régimen subsidiado, como es el caso casi generalizado de las trabajadoras domésticas. En contraposición a la licencia de dieciocho semanas para las mujeres, la licencia de paternidad es únicamente de ocho días hábiles. Se trata de una diferencia abismal que deriva en la naturalización del cuidado de los menores por parte de las mujeres, y en una condición que puede generar discriminación laboral. En aquellos países donde la licencia de maternidad y paternidad es de igual o similar extensión se han constatado mayores avances en la redistribución de los cuidados y en igualdad de género. Tal es el caso de España 52 . Otra recomendación de vital importancia asociada a estos procesos de extensión de licencias de paternidad es contar con periodos intransferibles que generen cambios culturales y sociales en las familias y las sociedades, una de las reglas en materia de licencias en los países nórdicos, por ejemplo. Uno de los grandes problemas que atraviesa la mujer en el mundo laboral y que perpetúa la desigualdad tiene que ver con las tareas de cuidado, sobre todo después del parto. Para la OIT, la maternidad penaliza 53 a las mujeres en el trabajo tanto en cuanto acceso al empleo como en materia salarial, porque la presión social obliga a las mujeres a ser las principales cuidadoras. 51. Ampliada a dieciocho semanas mediante la ley 1822 de 2017. 52. El gobierno español de Pedro Sánchez(2018-) aprobó por decreto la ampliación de las licencias por paternidad, que ahora serán de ocho semanas, tres más que las establecidas hasta el momento. Según Sánchez, el objetivo es“equiparar progresivamente el permiso con el de maternidad”, con lo cual en 2020 se ampliará hasta las doce semanas y en 2021 alcanzará las dieciséis, para reducir las brechas de género en el mundo laboral. Opinión&Salud.com , s/f, https://www.opinionysalud.com/2019/04/03/ espana-amplia-la-licencia-de-paternidad-y-en-el-2021-igualara-a-la-de-la-madre/ 53. En comparación con mujeres solteras, las mujeres con hijas o/e hijos tienen 16% menos de probabilidades de estar activas en el mercado laboral remunerado, mientras que en el caso de los hombres la empleabilidad mejora en 0,5 puntos porcentuales. Las madres de niñas y niños menores de cinco años representan la tasa de empleo más baja, equivalente al 47,6%, en comparación con padres, cuya tasa es de 87,9%, y en el caso de hombres sin hijos de 78,2%(OIT, 2018). 286

COLOMBIA Actualmente, en Colombia se encuentra en trámite un proyecto de ley 54 , pendiente de dos debates en el Congreso, que pretende ampliar la licencia de paternidad de ocho días a ocho semanas. 2.5.2. Normas relativas a la flexibilización de jornadas para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades de cuidado En Colombia existe la posibilidad de adecuar las jornadas laborales para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan responsabilidades de cuidado: para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er. grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes se encuentren en situación de discapacidad o dependencia 55 . La ley 1857 de 2017 acierta en no naturalizar el cuidado en las mujeres y en consagrar esa posibilidad de acordar jornadas flexibles para trabajadoras y trabajadores; pero como se debe incluir el consentimiento del empleador o empleadora, en la práctica tiene un efecto limitado además del hecho de que constituye una posibilidad solo para quienes tienen un contrato de trabajo y una relación laboral formal. 2.5.3. Normas que permiten medidas especiales de pensión por el reconocimiento del TDCNR de las mujeres Desde 1993 en Colombia existe un régimen mixto de pensiones, que cuenta con un sistema público que exige semanas cotizadas y edad para alcanzar la pensión de vejez y uno privado administrado por fondos de pensiones, en el cual este derecho se obtiene en virtud del ahorro alcanzado. La cobertura del sistema pensional en general es de, aproximadamente, 24%. Es decir que en el país la protección a la vejez, invalidez y muerte es escasa. Ello se debe, entre otras razones, a la inestabilidad del mercado laboral y a la altísima informalidad, la cual afecta en mayor grado a las mujeres. 54. https://josedaniel.co/wp-content/uploads/2019/08/0_PL-LICENCIA.pdf 55. Ley 1857 de 2017, artículo 5A: Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er. grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo. 287

REGIÓN ANDINA Para pensionarse, en el régimen público se mantiene una diferencia de edad entre hombres y mujeres, como un reconocimiento al TDCNR: las mujeres se pensionan a los 57 años mientras que los hombres lo hacen a los 62. En la sentencia C-410 de 1994 se sustenta así la exequibilidad de la ley 100 sobre la edad menor para las mujeres: La realización de labores productivas secundarias y mal remuneradas; el monopolio del trabajo doméstico, asumido con exclusividad y sin el apoyo indispensable; la escasa valoración social y el desconocimiento de las labores del ama de casa que no son consideradas trabajo, la inexistencia de tiempo libre ligada a una jornada laboral larga y el impacto negativo de estos factores sobre la salud física y mental de la mujer, son elementos de juicio que explican por qué los papeles que la tradición ha asignado a cada uno de los sexos se erigen en el obstáculo de mayor peso que las mujeres encuentran en el camino hacia la igualdad sustancial y ayudan a comprender que a más de las diferencias biológicas inmutables entre los miembros de uno y otro sexo, en especial la relativa a la maternidad que es un proceso natural, existen otras de índole social que configuran discriminaciones basadas en el sexo; en conclusión, mujeres y hombres conforman grupos cuya condición es distinta, pues es un hecho incontrovertible que nuestra sociedad deslinda con claridad los papeles y funciones que cumplen unas y otros. La previsión de una edad diferente, menor en la mujer, para acceder a la pensión de vejez y a la pensión sanción, así como para otros efectos pensionales, es una medida que precisamente, toma en consideración fenómenos sociales anómalos con un indudable propósito corrector o compensador que se acomoda muy bien a la normativa constitucional que lejos de ser contrariada resulta realizada . Esta medida, importante en materia de reconocimiento del TDCNR, tiene la dificultad de no venir acompañada de una reducción de semanas cotizadas, lo cual significa, en la práctica, que la mayoría de las mujeres deban trabajar más años hasta completar las mil trescientas semanas exigidas en el régimen público para obtener dicho beneficio. Es necesario entonces que los sindicatos y las organizaciones sociales de mujeres sumen esfuerzos para que en próximas reformas pensionales se mantenga esa medida de acción afirmativa. 3. Voces y debates: hacia un sistema nacional de cuidados Una de las principales contradicciones del capitalismo se observa en el aspecto socio-reproductivo, estructuralmente conectado con la asimetría de género que se da porque, por un lado, el sistema se apropia de ese trabajo reproductivo y gratuito y, por otro, no le asigna ningún valor(Arruzza et al. , 2019: 104). En las últimas décadas, en América Latina se ha venido avanzando en conceptos y aproximaciones relacionados con el cuidado, desde distintas 288

COLOMBIA corrientes teóricas y disciplinas. La economía feminista se acerca desde una mirada alternativa y contribuye al análisis de las raíces económicas de la desigualdad de género haciendo explícita la manera en que se resuelve la reproducción de la vida y el impacto que tiene en el funcionamiento económico de las sociedades y en el acceso a ingresos o salarios(Rodríguez Enríquez, 2015). En estos abordajes se evidencia que el TDCNR requiere tiempo como variable económica y crea riqueza. Estos análisis han impulsado un debate político sobre la construcción de una agenda de cuidados feminista y transformadora en América Latina, también presente y activa en Colombia. En este sentido, como lo desarrolla Esquivel(2015), los mapeos de la organización social de cuidados y las mediciones de uso del tiempo abren el debate de quién debe cuidar, a quién se cuida y cómo se reparten los costos del cuidado. Para que la agenda de cuidados contribuya a la justicia de género se debe abordar desde el trabajo decente, apuntar a la transformación de la división sexual del trabajo y tener una visión del cuidado como derecho universal. En el marco de esa agenda política transformadora, las 3 R –reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidados– se convierten en las herramientas para hacer más justa la distribución de costos y beneficios asociados al cuidado. Podríamos decir que en el marco del reconocimiento es en el cual se registran mayores avances en Colombia, y como comentario general también se puede afirmar que en ese camino ha sido indispensable el rol de las economistas feministas, individualmente primero y luego colectivamente, junto con las organizaciones de la sociedad civil. El apoyo de la cooperación internacional, principalmente de ONU Mujeres, Oxfam y la Friedrich Ebert-Stiftung, ha permitido la sostenibilidad de los procesos organizativos y la producción permanente de conocimientos sobre la materia, con espacios de formación para agentes generadores de políticas públicas y con la sociedad civil, para cualificar su incidencia. Eso sí, garantizando la autonomía de los procesos y las organizaciones. 3.1. La ley 1413 de 2010 y la incidencia de las economistas feministas En el caso de esta ley, primer referente en Colombia sobre el asunto, fueron fundamentales las economistas feministas que en el momento de su aprobación desarrollaron estrategias de incidencia y articulación en Cámara de Representantes y el Senado para presionar el acompañamiento de la iniciativa de las senadoras Cecilia López, del Partido Liberal, y Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, esta última muy cercana a las organizaciones sociales y sindicatos. Muchos parlamentarios se oponían a la propuesta legislativa por considerar que era abrir el espacio a proyectos futuros para reconocer económicamente el trabajo doméstico no remunerado. En ese momento, año 2010, 289

REGIÓN ANDINA la economía del cuidado no hacía parte de la agenda de las organizaciones de mujeres más tradicionales en Colombia, era un asunto que ocupaba a unas pocas economistas feministas en Bogotá, Cali y otras ciudades principales del país, mujeres que tenían relaciones permanentes con economistas feministas de la región y de España, donde fortalecían sus procesos investigativos, aportes académicos y acciones de incidencia. En ese entonces la agenda feminista en el país giraba principalmente alrededor de la promoción del diálogo y la salida negociada al conflicto armado y la visibilización de los impactos de la guerra en la vida de las mujeres. La finalización del conflicto armado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) permitió, entre otras cosas, la emergencia de nuevas agendas sociales y económicas. Es entonces cuando el asunto de cuidados toma especial fuerza en el país, se genera un mayor interés, estudio y reflexión de las organizaciones sociales de mujeres e, incluso, se aborda como uno de los elementos fundamentales del Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de las trabajadoras y los trabajadores rurales que aparece en el Acuerdo de Paz, en su punto 1 sobre reforma rural integral. El gobierno nacional aún no ha cumplido con ese Plan progresivo, pero las organizaciones sociales rurales y los sindicatos elaboraron propuestas que se presentaron a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones en el marco de las elecciones territoriales de 2019, en las que la provisión de cuidados desde un sistema público fue uno de los aspectos centrales. 3.2. Aplicación y cumplimiento de la ley 1413 de 2010: incidencia articulada y diálogo permanente con las entidades del gobierno En el proceso de aplicación y cumplimiento de la ley ha sido fundamental la incidencia articulada de la sociedad civil, sobre todo a partir de la segunda medición realizada en 2016-2017. Con parlamentarias interesadas en el asunto se promovieron debates de control político al DANE y otras entidades del gobierno, y audiencias públicas con la participación de la academia, la Mesa de Economía Feminista y la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, creadas hace seis años en Bogotá. Ese proceso deja dos lecciones: la primera, el esfuerzo es mucho más efectivo cuando se logra la articulación de voces presentes e interesadas en la materia como sindicatos, economistas feministas, parlamentarias y academia, gracias a lo cual se ha cumplido con las mediciones; la segunda, es necesario mantener un diálogo e intercambio permanente con las entidades del gobierno, garantizando la independencia de la sociedad civil y manteniendo la visión transformadora y feminista de la agenda de cuidados. Solo con la articulación y canales permanentes de comunicación con quienes formulan las políticas públicas es posible avanzar en cambios y transformaciones para garantizar la igualdad de género. 290

COLOMBIA 3.3. La Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado: un caso exitoso de articulación de la sociedad civil El 22 de julio de 2014, y como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico, un grupo de economistas feministas, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, la Central Unitaria de Trabajadores(CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia(CTC), con el apoyo de Fescol, promovieron un acto simbólico en la Plaza de las Nieves, en Bogotá, donde, a través de la presentación de las principales estadísticas de la primera ENUT, se pretendía mostrar el aporte económico de las mujeres en la economía del país. Allí, con delantales, mujeres y algunos hombres plasmaron en carteles estadísticas clave que hacían evidentes las desigualdades de género. Como resultado de esa primera articulación de políticas, feministas, sindicatos y cooperación internacional, pocos meses después se organizó el primer Foro Internacional sobre Economía del Cuidado en la Universidad de los Andes, con la participación de Karina Batthyány, quien en su momento compartió aprendizajes y reflexiones sobre la incidencia de la sociedad civil en la creación del Sistema de Cuidados de Uruguay. Después de ese Foro Internacional, en 2014, se creó la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá 56 , con pretensión no de ser una instancia nacional sino reconociendo siempre que se tenían ventajas en la interlocución con entidades nacionales por el predominio del centralismo en Colombia, conscientes de que lo ideal es tener este tipo de espacios de sociedad civil en distintos territorios. La Mesa se generó con el objetivo principal de promover el reconocimiento del cuidado como derecho y la creación en Colombia de un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque feminista. Actualmente, la Mesa Intersectorial está integrada por las siguientes entidades y personas: - Mesa de Economía Feminista. - Fundación Bien Humano. - Corporación Sisma Mujer. - Red Nacional de Mujeres. - Centro de Estudios de Derecho, Justica y Sociedad Dejusticia. - Escuela Nacional Sindical(ENS). - Central Unitaria de Trabajadores(CUT). - Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo(CIDER) de la Universidad de los Andes 56. Este es un equipo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, políticas y entidades del Estado, comprometidas con la formulación de un sistema nacional de cuidados e incidencia en políticas públicas relacionadas con la redistribución social del cuidado en un marco de justicia de género y de derechos como un asunto estructural para el desarrollo sostenible y la construcción de la paz. https://mesaintersectorialdeeconomiadelcuidadocolombia.wordpress.com/ 291

REGIÓN ANDINA - Centro de pensamiento“Cuidado eje esencial y ético de las políticas de bienestar, equidad y calidad de vida”, de la Universidad Nacional de Colombia. - La representante a la Cámara Ángela María Robledo(Colombia Humana). - La senadora Angélica Lozano Correa(Alianza Verde). - La senadora Victoria Sandino(Partido FARC). - El concejal de Bogotá Diego Andrés Cancino(Alianza Verde). - Friedrich Ebert Stiftung en Colombia −Fescol− - Oxfam Colombia. La Mesa cuenta con el apoyo permanente de ONU Mujeres y tiene como entidades invitadas a la Secretaría de la Mujer de Bogotá, el DANE, el DNP y el Ministerio del Trabajo. Ha evidenciado que para articular políticas y sistemas de cuidado se requiere voluntad política y enfoque de género; asimismo, que en el proceso de su exigencia, construcción y seguimiento, las organizaciones de la sociedad civil, las feministas y sus colectivos, incluyendo las organizaciones sindicales, tienen un papel decisivo y trascendental. Por su trabajo permanente en el Congreso y su diálogo con entidades del gobierno, se ha logrado el cumplimiento parcial de la ley 1413 de 2010 en relación con la ENUT, así como la convocatoria a la Mesa de seguimiento por parte de la Consejería para la Equidad de la Mujer, la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de la obligación de desarrollar las bases del Sistema Nacional de Cuidados y, posteriormente, el desarrollo de los documentos técnicos. Inicialmente, esos documentos técnicos se elaboraban en el Departamento Nacional de Planeación con una visión muy restringida del cuidado, basada en el concepto de dependencia cubriendo únicamente el cuidado directo o cuidado a personas, sin contemplar el trabajo doméstico, que para el caso de Colombia representa el 70% del tiempo que las mujeres dedican al TDCNR. La incidencia de la MIEC logró entonces la ampliación del concepto de cuidado, incluyendo el cuidado indirecto o trabajo doméstico, y que en su formulación se fortalecieran las acciones para garantizar trabajo decente a las cuidadoras remuneradas. Durante sus seis años de existencia, a la MIEC han sido invitados el DANE y su grupo de estadísticas de género, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos(2010-2018) asistió de forma bastante regular; en algunos momentos, también, el Ministerio del Trabajo y el DNP. Con este último se tuvo una interlocución muy fluida para la elaboración de los documentos técnicos de las Bases del Sistema en 2017 y primeros meses de 2018. La Mesa tiene tres comisiones de trabajo: 1. De Generación de Conocimiento: desde donde se han promovido espacios de formación internos y foros internacionales sobre asuntos como la financiación 292

COLOMBIA de los sistemas de cuidados(noviembre 2018), y avances de los sistemas y políticas de cuidados(febrero de 2019). Asimismo, talleres y conversaciones presenciales y virtuales durante 2019 y 2020 alrededor de materias como el TDCNR en la ruralidad, los déficits de trabajo decente en el trabajo de cuidado de las enfermeras, y el cuidado y la Revolución en Punto Cero , con Silvia Federici. Actualmente se está haciendo una investigación sobre escenarios de financiación de los sistemas de cuidado. Incluso, como parte del proceso de fortalecimiento del Grupo de Estadísticas de Género del DANE, en 2018, con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia −Fescol− y de ONU Mujeres, se promovió el curso de economía e indicadores de género para funcionarios del DANE y de otros organismos gubernamentales relacionados con estos asuntos, como la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. 2. De Incidencia Política: desde donde se han organizado, con las parlamentarias que integran la Mesa, audiencias públicas sobre las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas, la economía del cuidado y las desigualdades de género, así como debates de control político con el Ministerio del Trabajo y el DANE. Desde esta comisión se ha liderado también el proceso de incidencia en los planes nacionales de desarrollo y el cumplimiento de la ley 1413. 3. De Pedagogía y Comunicaciones: de forma permanente difunde contenidos en las redes a través de videos, infografías y otras piezas que visibilizan el asunto y lo posicionan en la agenda pública. Del funcionamiento de la MIEC como espacio de articulación de la sociedad civil se puede destacar la permanencia, sostenibilidad e independencia del proceso durante más de seis años; la defensa de una propuesta del sistema de cuidados feminista con un enfoque principal en el cuidado no remunerado, pero incluyendo, por ejemplo, las demandas de trabajo decente de las cuidadoras remuneradas; el apoyo y acompañamiento en la creación de mesas territoriales de economía del cuidado en los departamentos de Nariño, Antioquia y Cauca, y de mesas de economía feminista en el Valle del Cauca, gracias a las cuales en los planes de desarrollo de las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín, y de la gobernación de Nariño, se incluyó la creación de sistemas de cuidado. Bogotá es el caso más avanzado en el diseño del sistema de cuidados y en su Plan de Desarrollo se estableció un presupuesto para su funcionamiento, como ya se expuso. 3.4. Sistema distrital de cuidados de Bogotá Antes de ser elegida alcaldesa de Bogotá, Claudia López firmó un pacto con las organizaciones de mujeres en el cual se incluía el sistema de cuidado como un elemento fundamental para avanzar en la igualdad de género. 293

REGIÓN ANDINA La Alcaldía de Bogotá se convirtió así en pionera en la región en formular un sistema de cuidados para una ciudad. Institucionalmente, la formulación de las bases técnicas y la coordinación de la implementación del sistema estará a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer, mediante la creación de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado, aún pendiente, conformada por varios sectores de la administración de la ciudad en articulación con las alcaldías locales, las instituciones del nivel nacional relacionadas con el asunto, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Recientemente se publicó el proyecto 57 del decreto para observaciones de la ciudadanía, pero aún no se ha expedido la norma definitiva que la crea. Tal como se expuso, el sistema de cuidado fue aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá y está asociado a veinticinco metas sectoriales. Su principal objetivo es contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres mediante la ampliación y cualificación de la oferta institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo total de trabajo; redistribuir el TDCNR con los hombres y contar con mecanismos para su valoración y reconocimiento. El sistema de cuidados en Bogotá operaría por medio de las manzanas del cuidado ubicadas en sus localidades: se trata de espacios que aglutinan servicios como jardines infantiles, centros de adultos mayores, casas igualdad de oportunidades, e incluirán lavanderías públicas. En la formulación de sus bases técnicas aún hay un largo camino por recorrer, pero hasta el momento el gobierno distrital demuestra más voluntad política que el nacional y un diálogo permanente con la sociedad civil, que seguramente permitirá que se logren resultados concretos en los cuatro años de gestión de la alcaldesa Claudia López. 3.5. Aprendizajes desde Colombia El camino de América Latina en la formulación de políticas y en la creación de sistemas de cuidado tiene como referente a Uruguay, donde hay un avance significativo, producto de la incidencia y articulación de las activistas feministas, las académicas y la sociedad civil organizada, incluyendo los sindicatos. En Colombia, en las políticas hay muy pocos avances, aquí presentados, pero en los escasos hitos identificados se reconoce siempre como constante la incidencia de la sociedad civil organizada junto a las economistas feministas y los sindicatos. Actualmente no es clara la voluntad política del gobierno del presidente Duque de continuar con el diseño del Sistema Nacional de Cuidados. En 57. Disponible en http://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Proyecto%20de%20Decreto %20Comisio%CC%81n%20SIDICU%20%28pa%CC%81gina%20web%29.pdf 294

COLOMBIA cuanto a la obligación de crear la política, tenemos dos años de mora en su puesta en marcha y, en lo poco que se conoce, la MIEC ve retrocesos muy graves en una visión que considera los cuidados únicamente con el criterio de dependencia, dejando por fuera lo que se corresponde con el trabajo doméstico, así como una ausencia total del concepto de trabajo decente en lo que se refiere a las cuidadoras remuneradas. En ese caso, solo se habla de formación del capital humano, razón por la cual en septiembre de este año se publicó un comunicado que muestra el descontento con lo que el actual gobierno pretende formular en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 58 . En este proceso de la política no deben ignorarse los avances y acuerdos incluidos en los documentos técnicos elaborados por el DNP en 2017 y 2018, y muchísimo menos lo que se ha venido construyendo y trabajando desde la academia y la sociedad civil para la formulación de un sistema que logre cambiar la división sexual del trabajo, garantizar la autonomía económica de las mujeres y reconocer el cuidado como un derecho cuya provisión debe estar principalmente a cargo del Estado. Sería entonces un sistema universal que garantizara el acceso a todas las personas que lo requieran, que desfamiliarizara y despatriarcalizara los cuidados, logrando un mayor balance en su prestación entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado, que transformara la división sexual del trabajo y permitiera a las mujeres liberar tiempo para acceder al mercado de trabajo remunerado en mejores condiciones y allí generar ingresos propios y dignos. Para seguir avanzando, aun en medio de la incertidumbre por la formulación de la política y el sistema de cuidado nacional, es fundamental reconocer el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil en el posicionamiento de la economía del cuidado en la agenda pública y en la articulación con la academia, los actores políticos y los sindicatos, para la incidencia política que hoy cuenta con un mayor enfoque territorial. 58. https://www.facebook.com/MesaDeEconomiaDelCuidado/photos/pcb.2701966156693471/270196 3016693785/ 295

REGIÓN ANDINA Lista de siglas utilizadas DANE DNP DPS ENUT FES Fescol HCB HI ICBF MIEC OCDE OIT RIA SMLMV SNARIV SNBF Sisbén TDCNR Departamento Administrativo Nacional de Estadística Departamento Nacional de Planeación Departamento para la Prosperidad Social Encuesta nacional de uso del tiempo Friedrich Ebert Stiftung Friedrich Ebert Stiftung en Colombia Hogares comunitarios de bienestar Hogares infantiles Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Organización Internacional del Trabajo Ruta Integral de Atenciones Salario mínimo legal mensual vigente Sistema de atención y reparación integral a víctimas Sistema Nacional de Bienestar Familiar Sistema de identificación de potenciales beneficiarios Trabajo doméstico de cuidado no remunerado Bibliografía Alcaldía de Bogotá(2019). Informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2019. Disponible en http://www.sdp.gov.co/sites/default/ files/informe_de_cumplimiento_de_pdd_2016-2020_0.pdf Arruzza, C., T. Bhattacharya y N. Fraser(2019). Manifiesto de un Feminismo para el 99%. Herder Editorial. CEPAL −Comisión Económica para América Latina y el Caribe−(2011). Repositorio Digital, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1241/1/S1100927_ es.pdf, p. 14. Colpensiones(2020). Respuesta a derecho de petición enviado por la senadora Angélica Lozano Correa. En anexo. DANE −Departamento Administrativo Nacional de Estadística−(2017a). Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC y agregados macroeconómicos DSCN. —(2017b). Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en ENUT. DNP −Departamento Nacional de Planeación−(2008). Evaluación de Políticas Públicas. Programa Familias en Acción. Disponible en https://colaboracion.dnp. gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Evaluacion-politicas-publicas-6.pdf, p. 81. —(2016). Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, 296

COLOMBIA pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios. Producto 4. Informe final. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/ Documentos/Colombia_Mayor_Producto_4_Informe%20final.pdf —(2018). Institucional y de resultados de la política de atención integral a la primera infancia de cero a siempre, con el fin de determinar sus efectos sobre la población beneficiada. Informe de resultados de evaluación y tercera entrega de la documentación de la base de datos de la evaluación. Bogotá. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Evaluacion_ De_Cero_a_siempre_Documento.pdf —(2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Disponible en https:// colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf DPS −Departamento Administrativo para la Prosperidad Social−(2010). Manual Operativo Programa Jóvenes en Acción. Disponible en http:// centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/M-GI-TM-1MANUAL-OPERATIVO-JOVENES-EN-ACCION-v8-ABRIL.PDF, p. 11. —(2017a). Guía Operativa Bienestar Comunitario Programa Más Familias en Acción. Disponible en http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/ Familias-en-Accion/Guias-Operativas/G-GI-TM-14-GUIA-OPERATIVABIENESTAR-COMUNITARIO-FA-V3.pdf —(2017b). Realizar el diseño y ejecución de la evaluación de impacto del Programa Jóvenes en Acción. Disponible en http://centrodedocumentacion. prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/Evaluacion-de-Impacto-del-ProgramaJovenes-en-Accion-resumen-Dic2017.pdf —(2018). Guía operativa Liquidación de incentivos Programa Familias en Acción. —(2019). Manual operativo Familias en Acción. —(2020). Beneficiarios Más Familias en Acción. Disponible en https://www.datos. gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Beneficiarios-M-s-Familias-en-Acci-n/ xfif-myr2 Escuela Nacional Sindical(2019).“Pasando trabajos: las condiciones de trabajo de las mujeres en Colombia”, Medellín. https://ail.ens.org.co/informe-especial/ pasando-trabajos-las-condiciones-de-trabajo-de-las-mujeres-encolombia/ —(2020).“En tiempos de coronavirus quién cuida a las trabajadoras domésticas”, Medellín. https://ail.ens.org.co/noticias/en-tiempos-de-coronavirus-quien-cuidaa-las-trabajadoras-domesticas/ Espino, A., y S. Salvador S.(2013).“El sistema nacional de cuidados: una apuesta al bienestar, la igualdad y el desarrollo”. Análisis . 4/2013 . Uruguay . Disponible en http:// library.fes.de/pdf-files/ bueros/uruguay/10362.pdf Esquivel, V.(2013).“El cuidado en los hogares y las comunidades”. Documentos conceptuales Oxfam. —(2015).“El cuidado: de concepto analítico a agenda política”. Nueva Sociedad , N° 256, marzo-abril. Disponible en https://nuso.org/articulo/el-cuidado-deconcepto-analitico-a-agenda-politica/ 297

REGIÓN ANDINA Federici, S.(2018). Revolución en Punto Cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas . Traficantes de Sueños. Hincapié, A., e I. Parra García(2015).“El trabajo de las‘inactivas’: estructura del trabajo no remunerado de mujeres urbanas y rurales clasificadas como económicamente inactivas”. En Investigas. Siete estudios realizados a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo . Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ICBF −Instituto Colombiano de Bienestar Familiar−(2017). Lineamiento técnico para la atención a la primera infancia. Disponible en https://www.icbf.gov.co/sites/default/ files/lm5.pp_lineamiento_tecnico_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v2.pdf Ministerio de Salud(2020). Estándares de calidad para instituciones que atienden personas mayores. Disponible en https://www.minsalud.gov.co/ proteccionsocial/promocion-social/Paginas/vejez-calidad.aspx OCDE −Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos−(2019). Estudios económicos de la OCDE. Colombia . Disponible en https://colaboracion. dnp.gov.co/CDT/Prensa/2019%20Economic%20Survey%20of%20Colombia_ Spanish.pdf OIT −Organización Internacional del Trabajo−(2018). El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado: para un futuro con trabajo decente. Ginebra. —(2019). Mujeres en el mundo del trabajo: retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe . Panorama laboral Temático 5. —(2020). La covid-19 y el mundo del trabajo. 4ª edición. Estimaciones actualizadas y análisis. Ginebra. ONU Mujeres(2016). El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016. —(2018). El progreso de las mujeres en Colombia 2018: transformar la economía para realizar los derechos. Presidencia de la República(2013).“Estrategia de atención integral a la primera infancia: fundamentos políticos, técnicos y de gestión”. Disponible en http:// www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientospoliticos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf Rodríguez Enríquez, C.(2015).“Economia feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad”. Nueva Sociedad N° 256, marzo-abril. Vásconez, A.(2017). Crecimiento económico y desigualdad de género. Análisis de panel para cinco países de América Latina . CEPAL. Santiago. Yoshikawa, H., A. Pongutá, A. Nieto et al. (2014).“Evaluación de los mecanismos de implementación, gobernanza, financiación y sostenibilidad de la estrategia integral de desarrollo de la primera infancia en Colombia De Cero a Siempre ”. Disponible en http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/ CDocumentacionDocs/Evaluacion-mecanismos-implementacion-sostenibilidadEstrategia-De- Cero-a-Siempre.pdf 298

COLOMBIA ANEXO. Respuesta a derecho de petición enviado por la senadora Angélica Lozano Correa. 299

REGIÓN ANDINA 300

COLOMBIA 301

Región andina 1. Colombia 2. Perú 3. Ecuador 4. Bolivia

PERÚ Análisis de la organización social de los cuidados: políticas, normas y desafíos. El caso del Perú Patricia Fuertes Medina con la colaboración de Carolina Fuertes Medina 303

Patricia Fuertes Medina. Economista por la Pontificia Universi dad Católica del Perú y Master of Arts en Estudios de Desarrollo por el Instituto Internacional de Estudios Sociales(ISS, por su sigla en inglés), La Haya, Países Bajos. Consultora independiente, con experiencia en monitoreo y evaluación de políticas públicas. Carolina Fuertes Medina. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en derecho público administrativo. 304

PERÚ Índice Introducción 307 a) Enfoque y marco conceptual 308 b) Políticas de cuidados 309 1 Contexto y marcos para los cuidados 310 2 Políticas, programas y legislación de cuidados 317 2.1. Políticas para reconocer y valorar el trabajo de cuidados 317 2.2. Políticas de atención, reducción y redistribución de la carga de cuidados 318 2.3. Políticas de protección, salud y educación 322 2.4. Normas sobre políticas laborales de cuidados 322 2.5. Institucionalidad de las políticas de cuidados 324 3 Servicios e infraestructura de cuidados 326 3.1. Infraestructura de cuidados 331 4 Voces, debates y herramientas para una política sobre el derecho al cuidado 334 5 Síntesis 336 Lista de siglas utilizadas 338 Bibliografía 339 305

PERÚ Introducción E l debate sobre el derecho a los cuidados y las políticas que garantizan su goce pleno ha sido poco visibilizado en el Perú. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los aspectos vinculados a las mujeres y el trabajo doméstico y de cuidados que ellas desempeñan mayoritariamente de forma “natural”; eso hace parte de los marcos de una sociedad profundamente patriarcal como la peruana. Sin embargo, en 2018, ante el funesto incremento de los casos de feminicidio en el país 1 y una opinión pública impactada por el grado de violencia y crueldad hacia las mujeres 2 , la Administración de Martín Vizcarra(2018-2020) define la urgencia de contar con una Política Nacional de Igualdad de Género(PNIG) que permita reducir las distintas formas de discriminación y las principales brechas que afectan a las mujeres del Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(MIMP) inicia entonces la elaboración de la PNIG y abre un proceso de consulta con representantes de distintos sectores del Estado y de la sociedad civil en su etapa de diseño. Como producto de ello, en agosto de 2019 se promulga la PNIG al 2030, que establece como parte de sus objetivos prioritarios el desarrollo de un sistema nacional de cuidados. Este estudio tiene como objetivo analizar la organización actual de los cuidados(remunerados y no remunerados) en el Perú. Para ello se revisan y analizan las normas, las políticas, los servicios, la infraestructura, etc., y los debates sobre el tema. Se trata de una fotografía del estado de los cuidados y de las políticas que los atienden. El foco no es lo sucedido con 1. Según la Escuela de Buen Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú(PUCP)(2020) entre 2009 y 2019 el número anual de feminicidios pasó de 64 a 304. 2. El Informe IPSOS et al. 2019 sobre actitudes globales respecto a la igualdad de género mostraba al Perú como el país con el porcentaje más alto de población(55%) que opinaba que el mayor problema que enfrentan las mujeres y niñas es la violencia física ejercida en su contra, entre 27 países consultados en Europa, Asia, África y Latinoamérica. Le seguía muy de lejos Turquía, con 44%(p. 17) . 307

REGIÓN ANDINA los cuidados durante la pandemia que asola al mundo en 2020, aunque está escrito en ese contexto, que, desde ya, generó importantes impactos sobre el trabajo doméstico y la organización de los cuidados en el Perú y el mundo. La pandemia mostró la precariedad e insuficiencia de los sistemas de salud y de protección en el país, que no son de acceso universal a pesar de los muchos años de auge y crecimiento económico vividos desde inicios de este siglo. En el Perú –como en el resto de América Latina–, la participación de las mujeres en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido débilmente acompañada de políticas con enfoque de género y de cuidados. Ello se condice con las características de mayor precariedad y desigualdad de su inserción laboral en comparación con los hombres. En general, los programas y las políticas productivas y de empleo no están acompañadas de medidas y servicios de cuidados. La carga doméstica para la reproducción social y de cuidados, y en especial la depositada en las mujeres, es invisible para quienes hacen política. Las brechas de género en el uso del tiempo y en la participación en los mercados laborales están interrelacionadas y perpetúan la desigualdad(Velazco y Fuertes, 2019). La carga de trabajo doméstico y de cuidados que las mujeres enfrentan a lo largo de su ciclo de vida se relaciona con las menores probabilidades de participar en los mercados de trabajo remunerados en comparación con los hombres. El rol de las políticas y servicios de cuidados y su efectividad(en reconocer, reducir, redistribuir la carga doméstica y de cuidados) se podría traducir en una mayor participación de las mujeres en los mercados laborales, en mejores condiciones de inserción laboral y empresarial para ellas y en mayores probabilidades de asignar su tiempo a otras opciones de desarrollo personal, familiar y colectivo, y con ello en un mayor nivel de bienestar general. a) Enfoque y marco conceptual En este documento entenderemos a la economía de los cuidados como el proceso de asignación del tiempo de las personas, y en especial el tiempo de las mujeres, a las tareas de cuidado de los miembros de la sociedad con mayores necesidades de él(dependientes) en su entorno más próximo(los hogares, la comunidad, la familia extendida, etc.). Rousseau(2020) señala que se trata del “tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los dependientes”(p. 1). Por miembros con mayores necesidades de cuidado se hace referencia a los sujetos que lo requieren en más importante medida; a saber: niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores frágiles, personas con discapacidad y enfermas crónicas y/o terminales y enfermas mentales. Esos grupos componen el universo de individuos sujetos de cuidados más sistemáticos, aunque todas las personas necesitamos cuidados. El trabajo doméstico y de 308

PERÚ cuidados 3 que realizan predominantemente las mujeres, permite la reproducción de la fuerza de trabajo(Lavado, 2018: 2). ¿Cómo resuelven los hogares la atención de estos cuidados? ¿Con el tiempo o el trabajo de quiénes se satisfacen las necesidades de cuidados? Las respuestas a esas preguntas permiten avanzar en un análisis informado sobre los regímenes del cuidado. Los cuidados pueden ser provistos por el trabajo no remunerado de las mujeres o de algunos miembros en los hogares, por el trabajo remunerado provisto por el mercado y/o por los servicios de cuidados del Estado o las comunidades(Martínez, 2007). La forma como los hogares y las sociedades gestionan el trabajo doméstico y de cuidados, en ausencia de servicios universales, suele ser un factor de diferenciación no solo entre mujeres y hombres sino también entre las mujeres de distintos grupos socioeconómicos, étnicos o“raciales”, territorios de procedencia, edades, condición migratoria, etc. La posibilidad y capacidad de algunas mujeres de transferir su carga de trabajo doméstico y de cuidados hacia otras mujeres a través del trabajo doméstico remunerado tiene“el efecto de mantener o incluso acentuar las desigualdades socioeconómicas entre mujeres de diferentes clases sociales”(Rousseau: 2). b) Políticas de cuidados Por políticas de cuidados se entenderá las estrategias del Estado o del sector privado(empresas, comunidades 4 ) relacionadas con los recursos, espacios o asignación del tiempo de las personas para realizar los trabajos de cuidados (remunerados o no) y garantizar así la satisfacción de las necesidades de la sociedad y, especialmente, del universo de personas más dependientes. Las políticas de cuidados podrían –aunque en la práctica ello no se realiza, como veremos más adelante– reconocer, valorar y redistribuir la carga que implican los trabajos de cuidados, y mejorar así los niveles de bienestar general en la sociedad al asegurar un marco de igualdad de género. Se trata de políticas en el ámbito laboral, de protección social y de igualdad de género que crean tanto servicios como infraestructura para los cuidados, que son(o deberían ser) transversales a otras políticas públicas relacionadas a los sistemas de producción y de empleo(Esquivel y Kaufmann, 2016). Esas políticas de cuidados implican infraestructura de cuidados; esto es, aquella que acompaña servicios que reproducen la economía y la fuerza de trabajo(De Henau y Himmelweit, 2020: 1). 3. La sostenibilidad de la vida humana depende de una serie de tareas diarias en los hogares que hacen parte del trabajo doméstico y de cuidados. 4. El término comunidades se entiende aquí en el sentido de comunidad o agrupación de personas que comparten intereses, condiciones o situaciones. Si bien estas comunidades pueden tener activos y bienes de uso colectivo o que le pertenecen en tanto comunidad(un comedor popular, por ejemplo), estos bienes y activos se rigen por el derecho privado y se diferencian de los bienes públicos de propiedad del Estado. 309

REGIÓN ANDINA Otros conceptos vinculados al análisis de las políticas de cuidados son los de universalidad y focalización. La universalidad hace alusión al acceso irrestricto a un servicio, activo o recurso esencial para los cuidados y la reproducción de la vida, mientras que la focalización apunta a su acceso restringido a partir de ciertos criterios considerados relevantes por quienes hacen política (pobreza, ámbito de residencia, etc.)(Anttonen y Sipilä, 2014; Ocampo, 2008). Si los cuidados se consideran un derecho, se reconoce implícitamente que los servicios que los aseguran deben tener un carácter universal. Los servicios y políticas de cuidados existentes en un determinado país y sociedad, ¿son universales o focalizados? Asimismo, los modelos de gestión y de financiamiento de las políticas y los servicios de cuidados serán puntos claves en su análisis, ¿se trata de políticas y servicios sostenibles y asegurados en el tiempo para los usuarios y las usuarias? ¿Cómo se financian los cuidados desde lo privado y lo público? Si bien este no es un documento de evaluación, mira las políticas, los servicios y la infraestructura de cuidados en términos de escala, cobertura, beneficios para las personas usuarias y de los mecanismos de atención de sus vulnerabilidades. Se analiza si estas políticas y servicios de cuidados abordan y atienden vulnerabilidades con base de género, principalmente con respecto al uso del tiempo de las mujeres, y si aportan a la conciliación de las responsabilidades del hogar y del trabajo en un marco de igualdad de género. Para el desarrollo de este estudio se ha realizado una revisión bibliográfica y, como fuente primaria de datos, se ha revisado la Consulta amigable del MEF-Perú. También se organizó y sistematizó la información disponible en páginas oficiales sobre los programas, servicios, infraestructura y legislación vinculados a los cuidados. Además, se llevó a cabo un conversatorio con especialistas en el análisis de los cuidados, sindicalistas y excongresistas, donde se analizaron las características del debate y del movimiento social en torno a los cuidados en el Perú, así como las perspectivas de contar con un sistema nacional de cuidados( infra ,§ 4). 1. Contexto y marcos sobre los cuidados En la primera década de este siglo, el Perú consolidaba el modelo económico implantado en los años 90, con la aplicación de las reformas estructurales para la liberalización de los mercados de bienes, servicios y trabajo, así como una mayor apertura del comercio internacional. La estabilidad macroeconómica generada y el entorno internacional favorable al desarrollo de su sector minero permitieron el crecimiento de su economía con bajos niveles de inflación. Durante el período 2004-2016 la economía peruana tuvo una expansión sostenida que se reflejó en: a) abundancia fiscal(el presupuesto público se triplicó); b) la reducción de la pobreza monetaria, el Banco Mundial(2020) 310

PERÚ estima que 6.400 millones de hogares peruanos dejaron de ser pobres; y, c) el crecimiento de la clase media(de 5,2 millones personas en 2004 a 13,4 millones en 2018, cuentan con ingresos diarios de entre 12 y 64 dólares estadounidenses[IPE 2019]). La pobreza monetaria en el Perú en el período 2009-2019 mostró una reducción importante 5 . Según el INEI(2020a), a nivel nacional en 2009 afectaba a la tercera parte de la población(33,5%) mientras que en 2019 a la quinta parte (20,2%). La pobreza monetaria se concentra en las zonas rurales; en 2009 dos terceras partes de la población rural(66,7%) era pobre mientras que en 2019 lo eran dos quintas partes(40,8%). En las zonas urbanas pasó del 21,3% en 2009 al 14,6% en 2019(p. 46) 6 . Además, en 2019 entre la población afectada por la pobreza monetaria, algo más de la mitad(51,6%) eran mujeres que se empleaban casi en su totalidad(94,7%) en el sector informal, mientras que 11,8% de los pobres en el Perú eran personas adultas mayores en 2019(INEI 2019b: 2). Asimismo, el reciente estudio de Castillo(2019) muestra que hubo ganancias en igualdad entre 2007-2012. En 2007 el Coeficiente de Gini estimado a nivel nacional era 0,575 y en 2012 de 0,478(p. 15). Además, las regiones de mayor pobreza y a la vez rurales en el Perú(Cajamarca y Huancavelica) evidenciaron también esa tendencia entre 2007-2012. Estos avances se estancaron a partir de 2017, cuando la economía dejó de crecer sostenidamente. A pesar de tales avances, los reportes sobre el desarrollo social en el Perú (Oxfam, 2016) señalan la persistencia de importantes brechas socioeconómicas. Entre ellas, la de saneamiento(tres millones de hogares carecen de acceso al agua y al saneamiento); la alta incidencia del empleo y la producción informales(7 de cada 10 de los trabajadores y las trabajadoras peruanos eran informales a 2017), mientras que solo una tercera parte tenía acceso a la seguridad social(Cuadro 1). Las brechas de saneamiento y las relacionadas con la inserción en los mercados laborales se agravan cuando se tienen en cuenta las variables de género, territorio de residencia y pertenencia étnica y racial; son mayores para las mujeres, las personas que residen en zonas rurales y para grupos indígenas y afrodescendientes. El informe de Oxfam sobre desigualdad en Latinoamérica señalaba que la movilidad social en la región era menor que en otras partes debido a las diferencias en la calidad de servicios básicos como la educación, que variaba en función del poder adquisitivo de la población al haber sido objeto de los procesos de privatización de los años 80 y 90(como los vividos en el Perú) y ante la carencia de sistemas públicos de calidad. Enfatizaba también que la 5. El indicador de pobreza monetaria es el nivel de gasto por persona que permite alcanzar una canasta mínima de alimentos y no alimentos: equivale a 100 dólares estadounidenses mensuales(INEI, 2020a). 6. En cuanto a la pobreza extrema, según el INEI(2020a) en el 2009 esta fue de 9,3% y en 2019 de 2,9%. Desagregada: en ámbito rural, 29% en 2009 y 9,8% en 2019; zonas urbanas: 2% en 2009 y 1% en 2019(p. 46). 311

REGIÓN ANDINA movilidad social intergeneracional resultaba aún menor en el caso de las mujeres en Latinoamérica debido a las desigualdades de género que dificultaban su acceso a la educación de calidad(CELAG, 2020), lo que se reflejará en sus mayores dificultades para acceder al empleo formal y al trabajo decente, como lo muestra el Cuadro 1 para el caso Perú. En cuanto a la organización de los cuidados, el modelo económico asumido en los años 90 en el Perú, basado en el libre mercado, puso el énfasis de la responsabilidad sobre los cuidados en los hogares y en las soluciones de mercado. Ello implicó la supresión de importantes derechos y servicios de cuidados que existían, como el derecho a la lactancia materna y las guarderías como obligación de las empresas, especialmente en industrias que eran pujantes y absorbían importante mano de obra femenina como la textil. El despojo de estos derechos se dio sin que los sindicatos incorporaran en sus pliegos, de forma sistemática, reclamos sucesivos por su restablecimiento. De hecho, los sindicatos se vieron fuertemente debilitados como consecuencia de la flexibilización laboral en el Perú; en 2017 solo 8,6% de la población asalariada en el Perú estaba sindicalizada, mientras que en el sector privado solo 1,7% de las trabajadoras mujeres lo estaba(“Cifra de trabajadores sindicalizados en el Perú aumentó en el sector público”, La Ley , 2/2/2018). El crecimiento sostenido de la informalidad productiva y laboral que hoy se verifica en la economía peruana es consustancial al modelo económico asumido, basado en la promoción de inversiones en el sector extractivo (minería, hidrocarburos, etc.) con alto grado de generación de divisas, pero limitada capacidad de crear empleo sostenido de acuerdo con las necesidades de una oferta laboral creciente. Se estima que en los últimos tres años en Perú 515.000 personas entraron en promedio anual al mercado laboral, mientras que los empleos creados fueron, en promedio anual, solo 150.000, de los cuales 100.000 correspondieron a la agroindustria moderna y el resto a los otros sectores económicos(Saavedra, 2019). El desbalance entre oferta y demanda laboral va en aumento y la brecha se salda a través de la creciente informalidad productiva y laboral, caracterizada por la ausencia de derechos. El Cuadro 1 resume el panorama laboral del Perú entre 2010 y 2017 desde una perspectiva de género. Como vemos, la brecha entre la participación de mujeres y hombres en los mercados laborales se mantuvo sin cambios. Esto mostraría lo“estable” de las estructuras que conservan a las mujeres insuficientemente insertadas a los mercados laborales. Esta diferencia tiene una base de género en razón de la organización del trabajo doméstico y de cuidados en los hogares y en la sociedad que lo carga a las mujeres(Velazco y Fuertes, 2019; Lavado, 2018). En consecuencia, las mujeres tienen menores posibilidades de ingreso al mercado laboral y acceso al empleo formal. En el período analizado, puede observarse que los ingresos por hora mejoraron tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, los ingresos de estos eran en promedio 1,4 veces los de las mujeres. 312

PERÚ Cuadro 1. Perú: Trabajo y empleo Según sexo, 2010 y 2017 PEA OCUPADA (en miles de personas) NACIONAL 2010 Mujeres Hombres NACIONAL 2017 Mujeres Hombres 15.092,5 6.665,2 8.427,4 17.215,7 7.636,7 9.579,1 Participación (%) 100 44,2 55,8 100 44,4 55,6 Ingresos (US$/hora) 1,8 1,4 2,1 2,4 2,1 2,7 PEA SEGÚN CONDICIÓN (%) Subempleo (por horas trabajadas) 7,4 9,8 5,5 2,8 3,1 2,6 Subempleo (por ingresos) 44,4 57,6 33,9 41,3 53,7 30,6 Empleo adecuado 48,2 32,6 60,6 55,8 43,2 67,0 EMPLEO (%) Informal 74,7 79,8 70,6 70,7 74,8 67,2 Formal 25,4 20,2 29,5 29,3 25,2 32,9 ACCESO A PROTECCIÓN SOCIAL (%) Pensionistas 31,9 22,7 39,2 36,7 28,9 43,2 Seguro de salud 56,8 61,1 53,4 71,8 76,6 67,6 ÁREA GEOGRÁFICA (%) Urbana 75,4 76,3 74,7 78,7 78,8 78,6 Rural 24,6 23,7 25,3 21,3 21,2 21,4 IDIOMA (%) Español 80,2 79,0 81,1 79 77.8 79,9 Quechua/aymara 19,1 20,3 18,1 19,8 21,0 18,8 Otras lenguas nativas 0,8 0,7 0,8 1,3 1,26 1,36 Fuente: Elaboración propia en base a Velazco y Fuertes(2019). INEI(2018). 313

REGIÓN ANDINA La informalidad laboral en el Perú es un fenómeno masivo y transversal a diferentes ámbitos y grupos sociales y a mujeres y hombres. A 2017, de cada diez trabajadoras y trabajadores peruanos siete eran informales. Sin embargo, la informalidad laboral tiene mayor incidencia entre trabajadoras que entre trabajadores(Cuadro 1). Esto implica también un desigual acceso a la previsión social entre mujeres y hombres trabajadores, ya que de ella se goza solo a través del empleo formal, lo que se traducirá después en diferentes niveles de bienestar al llegar a la tercera edad. Como muestran las cifras, las brechas entre mujeres y hombres en el mundo laboral se agudizan cuando se trata de mujeres pertenecientes a pueblos originarios y nativos(quechuas, aymaras y grupos amazónicos). Asimismo, el subempleo por horas en el país es mayoritariamente femenino. La menor participación en el mercado de trabajo y la mayor precariedad laboral de las mujeres frente a los hombres tiene relación con la organización de los cuidados y su distribución desigual al interior de los hogares. Según la ENUT 7 , las mujeres peruanas destinan, aproximadamente y en promedio, 24 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados 8 . En base a la ENUT 2010, se relevó que desde los 12 años las mujeres dedican más tiempo que sus pares varones al cuidado de niños, niñas, personas ancianas, discapacitadas y enfermas crónicas en el hogar. Las mujeres entre los 18 y 25 años cuentan con una carga global total de trabajo de 79 horas semanales en promedio, de las cuales 52 horas se dedican al trabajo del hogar y los cuidados(p. 120). La misma fuente identificó una correlación entre los menores ingresos de las mujeres y un mayor tiempo dedicado al trabajo doméstico y los cuidados. De hecho, las mujeres peruanas en los quintiles de menor ingreso con hijos e hijas dedicaban entre 33 y 53 horas semanales en promedio al trabajo del hogar y los cuidados, mientras que las mujeres sin hijos e hijas en los mismos quintiles dedicaban entre 22 y 29 horas semanales(Lavado 2018: 19). En mayo de 2020 y en el marco de la cuarentena obligatoria por covid-19, la“Encuesta sobre percepciones de peruanos y peruanas sobre el aislamiento social”(MIMP, 2020) encontró que los hombres peruanos habían incrementado en promedio 3,6 y 4,1 horas diarias el tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidados respectivamente en comparación a la situación prepandemia. En el caso de las mujeres, estas vieron incrementarse en promedio 4,1 y 4,9 horas diarias su jornada dedicada a las labores domésticas y de cuidados respecto de la etapa previa a la pandemia. Si bien las nuevas condiciones aumentaron el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados de hombres y mujeres, en el caso de estas el incremento fue mayor. Eso, sumado a que ya esos 7. En el Perú se cuenta con una única Encuesta de Uso del Tiempo(ENUT) que presenta información sobre el uso del tiempo en los hogares en el año 2010. 8. “De acuerdo a la ENUT 2010, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados mientras que los hombres dedican 16 horas a la semana”(MIMP, 2020: 9). 314

PERÚ trabajos estaban desigualmente distribuidos, permite decir que las desigualdades en el uso del tiempo entre mujeres y hombres se agravaron por el contexto de pandemia. El análisis de la Cuenta Satélite efectuado por el INEI en 2014 identificó que el valor del trabajo doméstico no remunerado realizado en los hogares peruanos equivalía a un poco más de la quinta parte(20,5%) del PBI del año 2010. Del total de horas semanales asignadas por los hogares peruanos a la producción de servicios domésticos y de cuidados para el propio consumo (545 millones de horas), las mujeres aportaron más de las dos terceras partes (71,5%), mientras que los hombres algo menos de la tercera parte(28,5%). Con lo que queda establecida la magnitud de la brecha de género en el trabajo doméstico no remunerado y los cuidados, así como en el uso del tiempo. El trabajo doméstico remunerado sustituye al trabajo no remunerado de las mujeres con capacidad para financiarlo. En esa medida, el pago por trabajo en el hogar es un factor de diferenciación entre las mujeres peruanas. Existe un sub-registro en el Perú sobre la magnitud de la presencia de trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados, si bien se reconoce que es un trabajo extendido y principalmente informal. Además del sub-registro, debe también anotarse la desactualización de las estadísticas a través de los instrumentos oficiales como las encuestas de hogares(ENAHO); el último estudio que presenta y analiza información sociolaboral de quienes realizan trabajo doméstico remunerado es el de la OIT, año 2013, que analizó la evolución del perfil socioeconómico y la situación laboral de trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados en el período 2004-2010, a partir de la ENAHO. Para 2010 el estudio estimaba que existían 475.000 trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados en todo el país(p. 82); el 95%, mujeres. Por tanto, se trata de un sector laboral feminizado. Más de la mitad de estas trabajadoras(54%) se ubicaba en la región de Lima, que concentra una tercera parte de la población y cuenta con los mayores niveles de ingreso. Más de la tercera parte de las trabajadoras domésticas remuneradas tenía entre 14 y 24 años y algo más de la cuarta parte entre 30 y 44 años. Cerca de la mitad(48,5%) era soltera y más de las dos terceras partes había podido concluir la primaria(p. 85). El del trabajo doméstico remunerado es un sector estigmatizado, se le relaciona a la pobreza y a grupos étnicos históricamente discriminados y excluidos, como los afroperuanos y peruanos de origen quechua, aymara y amazónico, en un país dominado por mestizos y por una minoría blanca de origen europeo. La discriminación que las y los afecta se traduce en el racismo, el maltrato, el abuso, la explotación y el acoso sexual al que la mayoría de trabajadoras domésticas está expuesta. El mencionado estudio de la OIT identificó una recomposición del grupo laboral en términos de las edades. En el período 2004-2010, se redujo el número de trabajadoras domésticas entre los 14 y 24 años de edad y aumentó en el rango de 315

REGIÓN ANDINA 30 a 44 años. El crecimiento económico había permitido mejores opciones laborales para las mujeres jóvenes, que además contaban con mayor nivel educativo. Esta recomposición por edades se explica por la baja remuneración promedio que a 2010 exhibía este sector: el ingreso monetario promedio ascendía a solo la tercera parte de la remuneración mínima vital(p. 110). Las mujeres mayores, con menos opciones en el mercado laboral, se mantenían en el sector y las más jóvenes migraban hacia otros mejor remunerados y no estigmatizados. Finalmente, la Superintendencia Nacional de Administración de Tributos(SUNAT), a cargo del registro de trabajadoras y trabajadores domésticos reportó, en 2010, 75.130 trabajadoras domésticas empleadas formalmente (OIT, 2013: 119), que representaban el 15,8% del total identificado mediante las ENAHO en ese año. Estas contaban con acceso a protección social(ESSALUD y sistema de pensiones) y a derechos laborales(compensación por tiempo de servicios −CTS−; vacaciones pagadas y gratificaciones dos veces al año), aunque al igual que en el“régimen laboral especial” 9 , solo se les reconoce la mitad de cada uno de los derechos reconocidos a otros trabajadores y trabajadoras(es decir, mitad de las vacaciones, mitad de la CTS, mitad de las gratificaciones) a partir de la ley 27.896, promulgada en 2003. La ratificación del Convenio 189 OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos se aprobó en Perú en 2018, siete años después de haberse puesto a consideración del Estado. El convenio entró en vigencia un año después, en noviembre de 2019. En 2020 el Estado peruano debe emitir el primer informe sobre los pasos dados en la implementación del convenio por el que se comprometió, con respecto a la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores domésticos, a: i) remuneración mínima vital como base; y ii) contratos por escrito y formalizados. A mayo de 2020 el Poder Ejecutivo modificó la citada ley 27.986, mediante el decreto legislativo 1499, para incluir aspectos tales como: a) la obligatoriedad de que los contratos de trabajo doméstico remunerado se hagan por escrito y se registren en la página web del Ministerio de Trabajo; b) la edad mínima para el trabajo doméstico remunerado es 18 años; c) prohíbe toda forma de discriminación y segregación hacia la trabajadora y el trabajador como la determinación de lugares específicos(dormitorios, baños, comedores). La nueva norma no alcanza a establecer el compromiso respecto a la remuneración mínima vital que constituye uno de los principales puntos de la ratificación del convenio. Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras domésticas demandan una nueva ley para cumplirlo. Como puede apreciarse, el trabajo de cuidados en el Perú se encuentra fuertemente subvalorado a pesar de su importante aporte a la economía y a 9. En el Perú los“regímenes laborales especiales” rigen para sectores como la agroexportación y las micro y pequeñas empresas. 316

PERÚ sociedad. Por un lado, el trabajo de cuidados no remunerado es invisible y está desigualmente distribuido entre mujeres y hombres. Por otro, el trabajo doméstico y de cuidados remunerado enfrenta un importante sub-registro debido también al alto grado de informalidad. Este sub-registro va acompañado además de la ausencia de información actualizada sobre la existencia y situación de las trabajadoras domésticas remuneradas. La última registrada y analizada por la OIT sobre este grupo mostraba que se trataba de uno de los empleos peor remunerados en el país(año 2010): la remuneración promedio era solo una tercera parte de la mínima vital. 2. Políticas, programas y legislación de cuidados Para analizar las políticas de cuidados en el Perú, separamos aquellas que buscan reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados, por una parte, de aquellas que buscan atender, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados a través de la provisión servicios e infraestructura de cuidados, así como establecer mecanismos de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar, la familia y la conciliación del trabajo con esas responsabilidades 10 . 2.1. Políticas para reconocer y valorar el trabajo de cuidados Estas políticas han tenido el objetivo de medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado(TDNR) para hacerlo visible y aportar a las políticas públicas y al bienestar de la población. En 2011 se promulga la Ley 29.700 de la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado, impulsada por las representantes de la organización feminista Movimiento Manuela Ramos(MMR). Con ella se pretende contribuir a la valorización del trabajo doméstico y de cuidados que hacen las familias y cuantificar su aporte a la economía y al PBI. Como parte de este propósito, para la medición del trabajo doméstico y de cuidados la ley establece el desarrollo del instrumento Encuesta de Uso del Tiempo(ENUT). En el 2011 se publica la única ENUT con la que cuenta el Perú, sobre el uso del tiempo en los hogares al año 2010. Según mandato de la ley 29.700, en 2016 el Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), en tanto encargado de elaborar y analizar las ENUT publica el documento“Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico 10. Según establece el Objetivo N° 5 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en su meta 5.4 “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”(citado por Esquivel y Kaufmann, 2016: 5). 317

REGIÓN ANDINA No Remunerado”. El Estado peruano ha incumplido desde ese año con la realización de una nueva encuesta sobre el uso del tiempo, así como de un nuevo análisis de la Cuenta Satélite. Los recursos para el desarrollo de una segunda ENUT fueron aprobados hace más de cinco años, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas(MEF) del Perú ha sido reticente para autorizar su implementación. En esa medida, se obstruye la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas en favor de los cuidados y no se avanza en el reconocimiento del trabajo de cuidados. 2.2. Políticas de atención, reducción y redistribución de la carga de cuidados Desde 2019 el Perú cuenta con la Política Nacional de Igualdad de Género −PNIG−(decreto supremo 008-2019-MIMP) de carácter multisectorial. Esta incluye la articulación de 18 entidades públicas y define la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres como un objetivo nacional, se incorporan de forma explícita los cuidados y se establece la meta de contar en 2030 con un Sistema Nacional de Cuidados . Entre los seis objetivos prioritarios de la PNIG, se busca“Reducir los patrones discriminatorios” contra las mujeres, para lo cual se plantea:“4.1 Implementar el Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género para personas en situación de dependencia”(MIMP, 2019a, p. 48). La PNIG introduce así la necesidad de definir e integrar un sistema de cuidados y plantea la tarea de estructurar un sistema de cuidados a partir de lo que ya existe como políticas o servicios vinculados a los cuidados y/o crear aquellos que permitan acortar las brechas en el reconocimiento del derecho a los cuidados de manera plena para la población peruana. La Tabla 1 presenta de manera integrada lo que en el Perú existe a 2020 como políticas, programas, servicios, infraestructura y legislación vinculados a los cuidados. Se trata de 13 programas 11 y 10 normas que establecen la provisión de facilidades, servicios e infraestructura de cuidados desde las funciones de protección, trabajo, salud y educación del Estado peruano, en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Con estos programas, servicios e infraestructura se busca atender al universo de población que requiere de cuidados: niños y niñas, personas adultas mayores, enfermas crónicas y con discapacidad. En el caso de la infraestructura de cuidados, parte de esta corresponde al Estado peruano y otra pertenece a las empresas privadas y/o la sociedad civil organizada(empresas, comunidades e iglesias). 11. El más antiguo es Articulado Nutricional, creado en el año 2007 como programa por resultados. El más nuevo es el Programa de Salud Mental, de 2016. 318

PERÚ Tabla 1. Perú: Políticas, leyes, programas, servicios e infraestructura de cuidados, 2020 A. Políticas de protección: programas y servicios de cuidados • PP1001 Programa CUNAMAS(MIDIS) • PP0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar(MINEDU) • PP0142 Programa Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados(MIMP) • PP0049 Programa Juntos(apoyo a los más pobres)(MIDIS) • PP0106 Programa de Inserción de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad a la EBR(MINEDU) • PP0117 Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono (MIMP) • PP0001 Programa Articulado Nutricional(MINSA) • PP0016 Programa para Tuberculosis(MINSA) • PP0024 Programa Prevención y Control del Cáncer(MINSA) • PP0131 Control y Prevención de la Salud Mental (MINSA) • PP0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad(MINSA) B. Infraestructura de cuidados • 1.604 lactarios(públicos y privados) • 624 cunas(públicas y privadas en Lima) • 50 centros de acogida(CAR) para niños, niñas y adolescentes en abandono(públicos) • 13.600 comedores sociales(populares) • 25 residencias de personas adultas mayores (públicas) • Centros de cuidado diurno(Programa CUNAMAS)(públicos) • Comedores escolares(públicos) C. Políticas de protección social: Transferencias monetarias y cuidados • PP0049 Programa Juntos(MIDIS) • PP0097 Programa Pensión 65(MIDIS) • Programa Contigo(MIDIS) D. Políticas laborales(legislación) • Ley 26.444(1996): licencia por maternidad (pre y posnatal) • Ley 27.409(1998): licencia por maternidad en caso de adopción • Ley 27.240(1999): permiso por lactancia materna • Ley 29.409(2009): licencia por paternidad • Ley 29.896(2012): implementación de lactarios • Ley 30.012(2013): licencia para el cuidado de personas enfermas graves, terminales o accidentadas graves • Ley 30.119(2013): licencia para la asistencia médica, terapia de rehabilitación para personas con discapacidad(hijos e hijas) • Ley 30.807(2018): extiende el plazo de licencia de la ley 29.409 • Ley 30.795(2018): licencia y subvención de cuidador o cuidadora para trabajadores y trabajadoras con familiares con Alzheimer • Ordenanza regional 004-2014-GORE-ICA: guarderías y cunas para trabajadoras de la actividad agroexportadora Fuente: Elaboración propia en base a MEF, consulta amigable. Programas presupuestales en el Perú. 319

REGIÓN ANDINA Según grupos atendidos(Tabla 2), la distribución de los 13 programas de cuidados identificados muestra que la infancia y la niñez cuenta con la mayor parte de los programas(cinco), seguida por las personas con discapacidad(tres) y las enfermas crónicas(tres) y en último lugar se ubican las adultas mayores(dos). Tabla 2. Perú: Políticas y servicios de cuidados Según población sujeta a cuidados, 2020 Infancia, niñez y adolescencia • PP1001 Programa CUNAMAS • PP0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar • PP0049 Programa Juntos(apoyo a los más pobres: transferencia directa) • PP0001 Programa Articulado Nutricional • PP0117 Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Personas con discapacidad(habilidades diferentes) • PP0106 Programa de Inserción de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad a la EBR • PP0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad(rehabilitación con base comunitaria) • Programa Contigo(transferencia directa) Personas adultas mayores • PP0142 Programa Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados • PP0097 Programa Pensión 65(transferencia directa) Personas enfermas crónicas y/o terminales • PP0016 Programa para Tuberculosis • PP0024 Programa Prevención y Control del Cáncer • PP0131 Control y Prevención de la Salud Mental Fuente: Elaboración propia en base a MEF, consulta amigable. Programas presupuestales en Perú. El Cuadro 2 presenta la distribución del presupuesto para estas políticas/programas de acuerdo con el grupo dependiente de cuidados atendido. El conjunto de programas vinculados a los cuidados representa menos del 2% del Presupuesto Nacional del año 2020. La mayoría de los 13 programas relacionados a los cuidados que se crean en el período 2007-2016 son Programas Presupuestales(PP), es decir, con diseño y gestión por resultados, que apuntan al logro de las políticas nacionales priorizadas 12 (la excepción es el Programa Contigo). Al estar orientados hacia resultados, la evaluación y el monitoreo en los PP son parte central de su gestión; se sustentan en modelos lógicos, deben contar con líneas de base y tienen evaluaciones intermedias y de impacto programadas: los más antiguos cuentan con líneas de base y con la“Encuesta de Programas 12. A 2020, cerca del 80% del Presupuesto nacional del Perú responde a programas presupuestales. El sistema de presupuesto por resultados inició su desarrollo en 2007 con los programas Articulado Nutricional, Salud maternoinfantil y Logros de aprendizaje, que por ese año representaban 3% del Presupuesto nacional. 320

PERÚ Cuadro 2. Perú: Presupuesto Programas de cuidados, 2020 En miles de dólares estadounidenses 2020% 1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2.285,415.764 70,1 0001 Articulado Nutricional 734.103.242 0002 Salud Maternoinfantil 646.730.006 0049 Programa nacional de apoyo a los más pobres 273.776.340 0098 CUNAMAS 121.629.863 0115 Programa de alimentación escolar 457.252.869 0117 Atención oportuna a niños, niñas y adolescentes en presunto abandono 51.923.444 2. ADULTOS MAYORES 275.778.869 8,5 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados 12.979.154 0097 Pensión 65 262.799.715 3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 164.166.735 5,0 0106 Inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la EBR 67.012.829 0129 Mejora de las condiciones secundarias de salud de personas con discapacidad 25.018.906 Programa Contigo 72.135.000 4. PERSONAS ENFERMAS CRÓNICAS 533.175.416 16,4 0016 TBC-VIH/sida 214.267.517 0024 Prevención y control del cáncer 206.109.244 0131 Prevención y control de la salud mental 112.798.655 Total Programas de cuidados 3.258.536.784 100 TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 2020 Fuente: Elaboración propia en base a MEF, consulta amigable. 200.706.933.317 1,6 Presupuestales” que el INEI aplicó en el período 2011-2019 para conocer su impacto(INEI, 2020c); un estudio de la CEPAL encontró que la fase de implementación de sistemas de monitoreo y evaluación en estos programas era de nivel intermedio en el Perú(2017: 110). 321

REGIÓN ANDINA En cuanto a la distribución de los recursos destinados a estos programas, más de las dos terceras partes(70,1%) se destina a la infancia y la niñez, seguido de lejos por los programas para personas enfermas crónicas y terminales(16%). Los grupos más rezagados en términos presupuestarios son las personas adultas mayores(8%) y con discapacidad(5%). Estas características permiten señalar que la mirada de los cuidados en el Perú(al menos la del Estado y sus programas) aún focaliza en la infancia y la niñez. 2.3. Políticas de protección, salud y educación En términos de políticas de protección, cerca de la mitad de los programas vinculados a los cuidados(seis) están a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social(MIDIS) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(MIMP), orientados a personas adultas mayores, niños, niñas y personas con discapacidad; tres de ellos promueven transferencias directas para mujeres con hijos e hijas menores de 18 años(Programa Juntos); pensión no contributiva para personas mayores de 65 años(Programa Pensión 65) y para personas con discapacidad severa(Programa Contigo). El MIMP se ocupa del programa dirigido a personas adultas mayores(PP042) y a la infancia, niñez y adolescencia en situación de abandono(PP117). El Ministerio de Salud(MINSA) tiene a su cargo cinco programas vinculados a la protección y los cuidados en relación con la nutrición, madres gestantes y neonatos, así como de prevención de enfermedades crónicas y mentales con base comunitaria. Finalmente, se ubican los programas a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) que atienden la alimentación escolar e inclusión de niños, niñas y adolescentes en la educación básica regular(EBR). 2.4. Normas sobre políticas laborales de cuidados Las normas identificadas en la Tabla 1 corresponden al ámbito laboral y tienen relación directa con la organización de los cuidados en el caso de la población trabajadora del Perú. Detrás de cada una existe una política del Estado, servicios y/o una determinada infraestructura para los cuidados. Todas están vigentes para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, debidamente reglamentadas para su aplicación y sujetas a supervisión y fiscalización. Se trata principalmente del otorgamiento de licencias y permisos laborales subsidiados. Es importante remarcar que, en el Perú, antes de la pandemia, solo 40% de la población empleada trabajaba en el sector formal. Por tanto, esta legislación alcanza a una minoría de la población trabajadora. Se estima que a julio de 2020(INEI, 2020d), al finalizar la cuarentena obligatoria, el empleo formal se redujo, solo en Lima Metropolitana, en 29,6% para los trabajadores 322

PERÚ hombres y 36,5% para las mujeres(p. 3). Por tanto, hoy la población trabajadora que goza de estos derechos vinculados a los cuidados es aún menor. Estas disposiciones(al igual que los programas antes detallados) no se integran en una política nacional de cuidados, sino que se han sancionado en el lapso de los últimos 24 años, y han evolucionado en su capacidad de abarcar más aspectos y sujetos o responsables de cuidados. En cuanto a sus contenidos y orientaciones, pueden identificarse avances y limitaciones en términos de su capacidad de cubrir las necesidades de cuidados y su efectividad para conciliar la vida familiar y laboral entre los miembros del hogar en un marco de igualdad de género. Así, por ejemplo, inicialmente estas disposiciones estaban enfocadas a la atención de aspectos relacionados a la maternidad (licencias pre y posparto, lactancia, lactarios, licencias en el caso de adopciones, etc.). Desde 2009 se incluye a los padres en el derecho a los cuidados y se les otorga una licencia por paternidad de cuatro días, mientras que las mujeres gozan de 98 días (entre la licencia pre y posnatal). En el caso de las adopciones, la licencia se otorga a la madre y no al padre cuando se trata de una pareja de adoptantes. De esta forma se reproduce la desigualdad, ya que en la legislación peruana subyace el concepto tradicional de familia en la que los cuidados se atribuyen a la mujer/madre y se excluye al padre de tales responsabilidades 13 . Posteriormente, en 2018, se modificó la ley de paternidad y se otorgó a los varones padres diez días y ampliaciones de la licencia por otros conceptos (nacimiento de gemelos, gemelas, mellizos, mellizas o de niños y niñas prematuros, por ejemplo). Sin embargo, es claro que aún persiste la desigualdad en los plazos de las licencias otorgadas a mujeres y hombres por concepto de maternidad y paternidad aunque puedan identificarse avances, pues la ley “ayuda a transitar de un sistema maternalista a uno de corresponsabilidad entre los padres en el cuidado y atención de la familia, fundamental para generar mayor equidad en la familia, y romper los roles culturalmente asignados a los padres y madres en el cuidado de los hijos sin motivo ni justificación alguna”(Romero, 2019: 47 y 49). En otros casos, estas normas alcanzan a restituir −integral o parcialmente− algunos derechos vinculados a los cuidados que fueron conculcados en la etapa de la dictadura(1992-2000), cuando se implementó la flexibilización de los mercados laborales bajo el nuevo modelo de desarrollo adoptado en Perú y como parte de las reformas estructurales de los años 90. Estos derechos fueron considerados como“sobrecostos” del trabajo. Tal fue el caso del derecho de la población trabajadora de contar con guarderías y 13. En esta concepción tradicional de familia, al hombre se le confiere el rol de“proveedor” y en esa medida, sus responsabilidades están principalmente en la generación de ingresos del trabajo productivo fuera de la casa. A la mujer se le atribuye el rol de cuidadora y la carga del trabajo doméstico en la esfera del hogar. 323

REGIÓN ANDINA cunas en las fábricas. Igual suerte corrió el derecho al permiso por lactancia materna. Las guarderías y cunas no han podido ser repuestas en la etapa democrática, en cambio sí pudo restituirse el derecho al permiso por lactancia materna(en 2012) y la obligación de contar en todo centro de trabajo con 20 o más mujeres en edad fértil, con la infraestructura de lactarios(en 2013)(Barboza, 2019). Otro avance identificado es la visibilización y consideración reciente en la legislación de la población trabajadora que atiende familiares en situaciones de discapacidad, enfermedades crónicas o terminales, o enfermedades mentales; prevé licencias y permisos ante rehabilitaciones y tratamientos, y por funerales. El mayor avance en términos de cuidados es la ley 30.795(2018) que cubre el caso de trabajadoras y trabajadores con familiares directos que padecen Alzheimer: trasciende el beneficio de la licencia e incluye el derecho de contar con el apoyo de un cuidador o cuidadora, cuyo financiamiento se tramitará a través del sistema de ESSALUD, sujeto a que se apruebe la partida presupuestaria correspondiente. Finalmente, el MTPE(2014) aportó la“Guía de Buenas Prácticas en materia de Conciliación de la Vida Familiar y Personal”(RM N°048-2014-TR) que busca orientar a las empresas y centros de trabajo respecto de las mejores formas identificadas para la conciliación del trabajo con las responsabilidades del hogar. No se cuenta, sin embargo, con información sobre el grado de aplicación como tampoco de la promoción y difusión que el instrumento ha tenido en estos años. A la fecha, requiere de revisión y actualización. En términos de evaluación y alcances de esta última normativa, aún no se cuenta con informes cuantitativos sobre su aplicación o si se ha dado efectivamente alguna subvención por concepto de cuidados para familiares de personas que padecen Alzheimer. 2.5. Institucionalidad de las políticas de cuidados La institucionalidad que sostiene las políticas y servicios vinculados a los cuidados se compone de los siguientes organismos y funciones: la función de protección le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social(MIDIS); trabajo corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo(MTPE); salud al Ministerio de Salud(MINSA) y educación al Ministerio de Educación(MINEDU). Con alguna que otra excepción, se trata de una institucionalidad debilitada, como ha sido corroborado con la gestión de la pandemia en Perú. Esos son organismos sin articulación, que no comparten sistemas de información sobre servicios y usuarios, cuentan con presupuestos magros y/o insuficientes para la demanda y/o a las brechas de atención que enfrentan. En el Cuadro 3 se observa que estos cinco sectores, de los que depende el cuidado y la protección de las personas en el país, representan menos de la 324

PERÚ Cuadro 3. Perú: Presupuesto de sectores relacionados a los cuidados, 2020 −en millones de soles− SECTOR 1. Educación 2. Salud 3. Trabajo y Empleo 4. Mujer y Poblaciones Vulnerables 5. Desarrollo e Inclusión Social Presupuesto nacional 2020 SOLES% 14.826,5 7,4 10.948,2 5,5 1.891,9 0,9 637,6 0,3 8.500 4,2 200.707 Fuente: Elaboración propia en base a MEF, consulta amigable. quinta parte del Presupuesto nacional a 2020. Los más reducidos en términos de presupuesto son el MIMP(0,3%) y el MTPE(0,9%). El MIMP y el MTPE enfrentan un proceso de desinstitucionalización (traducido en la pérdida de competencias y especialidades además de una alta rotación de funcionarios y funcionarias). Los sectores de Salud y Educación mejoraron en cuanto a presupuesto en los últimos cinco años. Sin embargo, vienen de niveles muy rezagados. Por ejemplo, según el BM en 2016 el Perú gastó en salud US$436 per cápita mientras el promedio en América Latina era de US$612 14 . Una excepción en este panorama es el MIDIS, creado(2012) en el marco de un fuerte impulso a las políticas de inclusión social en el gobierno del período 2011-2016(Ollanta Humala). Este nuevo ministerio absorbió la mayor parte de competencias y programas del MIMP en materia de protección y tuvo también el respaldo de la cooperación al desarrollo(como la GIZ, agencia de Cooperación del Estado alemán) en la creación de nuevos programas sociales o el rediseño de otros en términos de orientación y de escala 15 . El nivel técnico de este nuevo ente es alto y se diferencia notoriamente de los otros sectores relacionados a los cuidados, por ejemplo, en términos de capacidades de monitoreo y evaluación de los programas y políticas que conduce. Le fueron transferidos al MIDIS no solo programas sociales del MIMP sino instrumentos como el Sistema de Focalización de Hogares(SISFHO) que estaba a cargo del MEF. 14. Extraído de“COMEX: Perú gasta en salud por debajo del promedio de América Latina”, Gestión , 26/5/2019, https://gestion.pe/economia/comex-peru-gasta-salud-debajo-promedio-america-latina268172-noticia/ 15. Por ejemplo, el Programa Nacional de Guarderías WAWASI y el Programa Hatari WAWA(guarderías rurales) desaparecen y se crea CUNAMAS, el Programa“Gratitud” se transforma en Pensión 65 y el“Programa Pensión no Contributiva para Personas con Discapacidad Severa” se convierte en el Programa Contigo. 325

REGIÓN ANDINA En la supervisión de las políticas, programas y servicios vinculados a los cuidados se cuenta con la Defensoría del Pueblo, a través de sus adjuntías especializadas(Derechos de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Administración del Estado y Derechos Humanos y Personas con Discapacidad). Hace cinco años(durante la administración de Ollanta Humala) le fue reducido su presupuesto en represalia por la transparencia con la que presentaba información sobre el seguimiento de los conflictos sociales en el país. Esto afectó, por ejemplo, la supervisión de las políticas de igualdad de género a nivel de los presupuestos de los gobiernos regionales, a través de los cuales daba cuenta de los avances y limitaciones en la implementación de las políticas regionales vinculadas a los cuidados. Entre 2010 y 2014, la Defensoría produjo cuatro informes de supervisión de las políticas de igualdad en los presupuestos regionales. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral(SUNAFIL), organismo autónomo adscripto al MTPE, tiene competencia en la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales relacionadas a los cuidados. Hasta 2018 contaba con solo 400 fiscalizadoras y fiscalizadores a nivel nacional, en 2020 se ve fortalecida con 850, más del doble. Uno de los principales desafíos para la SUNAFIL ha sido la fiscalización del trabajo doméstico remunerado en el país. En 2017, aprobó el protocolo(N° 001-2017-SUNAFIL) para la fiscalización de las obligaciones del régimen de trabajadores y trabajadoras del hogar o trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, no existen reportes sobre cómo y con qué resultados se ha aplicado. Por el lado de la sociedad civil se creó, en 2001, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, al iniciarse la transición democrática en el país, que se concibió como un espacio para que el Estado y la sociedad civil velaran por la neutralidad del gasto social en temáticas sensibles a la reducción de la pobreza, en el marco del desarrollo humano y con énfasis en el desarrollo de capacidades y protección de la infancia y la niñez, el desarrollo económico y el trabajo digno, la descentralización y la gestión ambiental sostenible. Desde entonces, la Mesa monitorea los programas presupuestales y los servicios relacionados a la infancia y la niñez. Sus reportes principalmente han ratificado los avances en la reducción de los niveles de desnutrición infantil en el país en la última década, así como el estancamiento de tales avances en los últimos tres años, enfatizando las disparidades regionales y urbano-rurales, en materia de seguridad alimentaria, salud y nutrición infantil. 3. Servicios e infraestructura de cuidados A continuación, se analizan los servicios de cuidados provistos por los programas referidos en el apartado precedente, así como parte de la infraestructura de cuidados también incluida en la Tabla 1. 326

PERÚ El Cuadro 4 presenta el detalle de los servicios de cuidados identificados, a partir de cada grupo sujeto de cuidados y de cuatro dimensiones: a) la población atendida; b) los mecanismos para abordar la necesidad del grupo; c) los servicios que presta; y, d) la cobertura lograda por el programa. Puede observarse que en todos los casos se trata de programas y de servicios focalizados en población pobre y pobre extrema, principalmente en el ámbito rural. La infancia, niñez y adolescencia es atendida a través de seis servicios: el cuidado diurno, la asistencia nutricional, atención neonatal, desayunos, la protección integral(en el caso de abandono) y la transferencia directa a las madres para asegurar las vacunas y la educación de los niños y las niñas(Programa Juntos). El cuidado diurno se provee a través de los centros de cuidados del programa CUNAMAS. Los principales mecanismos son las escuelas, las familias y las comunidades y los incentivos monetarios(transferencia directa). La cobertura de estos servicios es limitada −con excepción del programa de alimentación escolar(QALIWARMA)−: alcanzan a menos de una quinta parte de la población de niños, niñas y adolescentes. La población adulta mayor recibe a través de estos programas dos servicios: atención especializada de cuidadoras y cuidadores(provistos por el Estado) y con base familiar y comunitaria y una transferencia directa. Los mecanismos utilizados son el fortalecimiento de cuidadores, cuidadoras y familiares y la pensión no contributiva. La información sobre cobertura de estos servicios solo está disponible para el caso de la transferencia directa que alcanza a menos de una quinta parte de la población adulta mayor del país. Las personas con discapacidad son atendidas a través de dos servicios: la rehabilitación física, mental y sensorial en hospitales y en redes comunitarias y la transferencia directa, restringida a un solo grupo dentro del universo de personas con discapacidad(aquellas con discapacidad severa en extrema pobreza). La cobertura alcanzada es menor al 6% de la población con discapacidad severa en el país. En cuanto a la población con enfermedades crónicas como tuberculosis y sida, cáncer o afecciones mentales, recibe un conjunto de servicios especializados, principalmente de atención antes que de prevención, en los que se involucra a la familia y a la comunidad, en algunos casos incluye la intervención en las viviendas(mejorando las condiciones de habitabilidad), los cuidados paliativos, tratamientos ambulatorios o la internación. En todos, se pone énfasis en hacer diagnósticos tempranos. No se ha identificado información sobre la cobertura que alcanza estos servicios. Algunas evaluaciones realizadas a los programas más antiguos −“Juntos”, Articulado Nutricional, CUNAMAS− permiten conocer que sus estrategias, basadas en el trabajo de las mujeres(madres), tienden a reforzar la distribución tradicional y desigual del trabajo de cuidados en las familias, al enfatizar el rol de cuidado en las mujeres, presionando sobre la carga total de trabajo. El caso del programa CUNAMAS es representativo de esta situación. 327

REGIÓN ANDINA Cuadro 4. Perú: Detalle de los servicios de cuidados, 2020 1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Grupos atentidos Mecanismo Servicios de cuidados Cobertura 0001 Articulado Nutricional Niños y niñas menores de 5 años en zonas de extrema pobreza Control nutricional de los alimentos en servicios de cuidados diurnos / Familias con conocimientos sobre el cuidado infantil Cuidados diurnos con control nutricional Sin información disponible 0002 Salud Maternoinfantil Madres gestantes en zonas de extrema pobreza Intervenciones en salud sexual y reproductiva, métodos de planificación familiar y atención neonatal Atención de partos y neonatos Sin información disponible 0049 Programa nacional de apoyo a los más pobres Población de 0 a 19 años Incentivos monetarios y acompañamiento a servicios de salud y educación Transferencia monetaria 14,5% de la población entre 0 y 19 años a 2019 0098 CUNAMAS Niños y niñas menores de 3 años en zonas de extrema pobreza Acceso de familias pobres al acompañamiento en cuidados y aprendizajes Cuidados diurnos con capacitación de padres 8,4% de la población de 0 a 3 años a 2019 0115 Programa de alimentación escolar QALIWARMA Escolares de 3 a 11 años de zonas de extrema pobreza Alimentación escolar Desayunos 49,5% de niños y niñas de 3 a 11 años a 2019 0117 Atención oportuna a niños, niñas y adolescentes en presunto abandono Niños, niñas y adolescentes en presunto abandono sin acceso adecuado a servicios de protección Acceso a protección integral Servicios de protección y cuidados; fortalecimiento de capacidades Sin información disponible 328

PERÚ 2. PERSONAS ADULTAS MAYORES 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados Grupos atentidos Mecanismo Personas adultas mayores(+60 años) a nivel nacional Accceso a servicios especializados Servicios de cuidados Cobertura Familiares y cuidadores fortalecidos en capacidades de cuidado/ Atención de personas adultas mayores involucrando al entorno familiar y social Sin información disponible 0097 Pensión 65 Personas mayores de 65 años de zonas rurales de extrema pobreza Pensión no contributiva Transferencia monetaria 3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Grupos atentidos Mecanismo Servicios de cuidados 0106 Inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la EBR Personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora o trastornos del espectro autista de 0 a 29 años Dotación de materiales, equipos, recursos humanos educativos para escolares con discapacidad a escuelas, programas de intervención temprana, escuelas de familias Atención a familias de estudiantes con discapacidad 0129 Mejora de las condiciones secundarias de salud de personas con discapacidad Personas con discapacidad permanente pobres y pobres extremos(excluye a quienes acceden a ESSALUD y seguros privados) Rehabilitación física, sensorial y mental Servicios de rehabilitación (fisica, sensorial y mental) con base en establecimientos de salud/ Servicios de certificación/ Rehabilitación con base en comunidad Programa Contigo Personas con discapacidad severa de zonas de extrema pobreza Transferencia monetaria 18% de la población mayor de 65 años Cobertura Sin información disponible Sin información disponible 7400 personas: 5,6% de la población registrada 329

REGIÓN ANDINA 4. PERSONAS ENFERMAS CRÓNICAS 0016 TBC-VIH/sida Grupos atentidos Mecanismo Personas con TBC y VIH/sida Diagnóstico temprano y tratamiento integral de personas afectadas 0024 Prevención y control del cáncer Población general en condición de pobreza y pobreza extrema Diagnóstico temprano y tratamiento 0131 Prevención y control de la salud mental Población con problemas y transtornos de salud mental Detección y atención oportuna de transtornos afectivos y mentales en la población Servicios de cuidados Atención integral / Reordeaniento de viviendas y viviendas mejoradas/ Familias con prácticas saludables Atención especializada/ Consejería para la prevención y tratamiento / Cuidados paliativos Tratamiento ambulatorio/ Tratamiento con internación / Rehabilitación psicosocial Cobertura Sin información disponible Sin información disponible Sin información disponible Fuente: Elaboración propia en base a MEF. Programas presupuestales, 2020. El objetivo del programa CUNAMAS es mejorar el desarrollo infantil temprano(DTI) de niños y niñas hasta los 3 años de zonas de pobreza y pobreza extrema, a fin de superar las brechas cognitivas, sociales, físicas y emocionales, para lo cual implementa los servicios de cuidado diurno y servicio de acompañamiento a la familia. Anderson(2016) señalaba algunas limitaciones del programa en cuanto al enfoque de género:“la propuesta de cuidados del programa da un sustento fuerte al binomio madre-hijo/a como clave del DTI y de la madre como cuidadora principal… estos modelos de organización de los hogares corren el riesgo de aumentar las desigualdades en la división sexual del trabajo y recargar el trabajo de las madres en el hogar sin darles alternativas… además de desalentar el trabajo femenino en los mercados de trabajo, cuando ampliar los ingresos de la familia es precisamente lo que les permitiría salir de la pobreza”(p. 170). La autora también señala, en términos de política de cuidados propiamente dicha, que el programa CUNAMAS deja abierta la pregunta acerca de si −en el caso de infantes− debe tratarse de cuidados o de educación(p. 78). El programa tiene un fuerte componente educativo, que probablemente lo encarece en vistas de una mayor escala de cobertura. Asimismo, la propuesta de cuidados diurnos a través del Programa CUNAMAS, al estar estructurado para familias en extrema pobreza, excluye a familias pertenecientes a otros sectores económicos y sociales que necesitan también de apoyo en el cuidado de infantes. Más allá de las limitaciones señaladas en los enfoques y estrategias de este conjunto de servicios de 330

PERÚ cuidados(su excesiva focalización y su poca sensibilidad al uso del tiempo de las mujeres), constituyen una valiosa base para avanzar en la tarea de contar con un sistema nacional de cuidados, como apunta la PNIG para 2030. 3.1. Infraestructura de cuidados El acceso a la infraestructura de cuidados es crucial para hacer efectivo el goce pleno de los derechos de cuidados: lactarios, cunas, guarderías, centros de cuidados diurnos, casas de reposo, casas de acogida, comedores sociales, infraestructura de transporte, etc., definen la calidad y el alcance de los cuidados. La Tabla 1 aproxima parte de la infraestructura de cuidados existente en el Perú. Esta infraestructura pertenece tanto al Estado peruano como al sector privado(empresas) y/o sociedad civil(comunidades, iglesias, ONG). Como se señaló, las leyes laborales lograron restituir el derecho a la lactancia materna y fue acompañado de la implementación de los lactarios. Se trata de una infraestructura mínima que, sin embargo, permite la promoción y realización de la lactancia materna como un aporte concreto a la conciliación entre trabajo y vida familiar. Desde 2012, año en que se promulgó la ley 29.896 16 de implementación de lactarios, se instalaron 1.604: la mayoría(76%) pertenece al sector privado; el 71% se ubica en la región de Lima y la provincia del Callao(MIMP, 2019b). El avance en el cumplimiento de esta legislación de cuidados en el caso de la lactancia materna y la infraestructura que la complementa, en especial en el sector privado, contrasta con la escasez de cunas y guarderías, que no cuentan con ley que respalde su implementación. Las cunas dan cuidados especializados(asistencia, alimentación y educación) a infantes entre los 0 a 4 años. Ello requiere de personal especializado, por lo que implica una inversión de mayores costos para las empresas y su financiamiento involucra innovaciones, alianzas, arreglos institucionales entre los actores(Estado, empresas y trabajadoras/trabajadores) a fin de distribuir equitativamente sus costos. Las cunas, de carácter público o privado, están reguladas por el MINEDU y la licencia de funcionamiento la expiden los municipios. Según las disposiciones del ministerio, las cunas tienen un horario de atención flexible para ajustarse a las necesidades de los padres y las madres, pero no debe de exceder las ocho horas(MINEDU, 2006). A 2017, la Unidad de Estadísticas Educativas(UEE) reportaba en Lima Metropolitana y el Callao la existencia de 450 cunas privadas y 174 cunas públicas, lo que resulta insuficiente para cubrir la gran demanda por cuidados de las familias en la región más poblada del 16. La ley 27.240, de lactancia materna, señala que las empresas con 20 trabajadoras o más deben contar con 10 metros cuadrados dedicados al lactario; este debe contar con una refrigeradora, un lavado o dispensador de agua, comodidad, accesibilidad y privacidad. 331

REGIÓN ANDINA Perú 17 . Al no existir una ley que obligue a la instalación de cunas y guarderías, su desarrollo permanece en el campo de la iniciativa o aspiraciones de cada entidad, sea esta pública o privada. En el caso del Estado(municipalidades, ministerios o entidades públicas), se han implementado cunas y/o guarderías por iniciativa propia, mutua o por pliego de reclamos de los sindicatos, sin embargo, es claro que no responden a un sistema nacional estructurado de organización de cuidados. Esta brecha en materia de cuidados de la infancia y la niñez demanda una articulación de actores en el cuidado que a la fecha no existe. El gobierno nacional cuenta también con los centros de cuidado diurno implementados a través del Programa CUNAMAS, se trata de una infraestructura y un espacio para infantes que, según sus gestores y gestoras, va“más allá de una guardería”, pues incorpora estrategias educativas(Anderson, 2016) y como se señaló operan en el sector rural en zonas de pobreza focalizadas. El vacío en la legislación sobre los cuidados en el Perú con respecto a las cunas y guarderías motivó la presentación de un proyecto de ley, en 2016, por parte de Indira Huilca del Frente Amplio(FA) 18 . Este proyecto busca establecer el derecho al cuidado de menores de 6 años hijas e hijos de madres trabajadoras, en salas cunas y guarderías en las empresas del sector privado, que debían asumir los costos. El proyecto se sustenta en la importancia, para la implementación de un sistema nacional de cuidados, del establecimiento de una red nacional de salas y guarderías con atención integral que trascienda los programas focalizados. La propuesta normativa se centraba, sin embargo, solo en el sector privado, dejando al margen al Estado que, por otra parte, es uno de los principales empleadores 19 y, por tanto, debería estar igualmente obligado a la implementación de cunas y/o guarderías. Otro caso que se destaca es el de las empresas agroexportadoras. Este sector es el segundo generador de divisas en el país(después de la minería) y se estima que cerca de una tercera parte de sus trabajadores son mujeres(Zegarra, 2019), empleadas bajo el régimen laboral“especial” en el marco de la Ley 27.360 de Promoción Agraria del año 2000, y cuya vigencia fue ampliada en 2018. Al igual que las trabajadoras domésticas remuneradas, reciben solo la mitad de cada uno de los derechos laborales que les son reconocidos a otros trabajadores y trabajadoras. Además, carecen de lugares seguros y de calidad(sean estos públicos o privados) para dejar a sus hijos e hijas durante su jornada laboral. Las empresas agroexportadoras no están obligadas a contar con cunas para el cuidado de hijos e hijas de sus trabajadoras. 17. Según las cifras reportadas por el sistema ESCALE(MINEDU, 2016), en 2016 existían 1.019.662 niñas y niños entre los 0 y 4 años inscritos en cunas y cunas jardín a nivel nacional en el sector público y privado. Esto habría representado una cobertura de 35,6% de la población total de niños y niñas en ese rango de edad si se considera una población proyectada de 2.861.874 (INEI, 2020e). 18. Su antecedente, en el año 2000, fue el proyecto de ley de Elvira de la Puente(APRA), que también proponía restituir las cunas. 19. En 2017 el 8,6% de la PEA corresponde al sector público(INEI, 2018). 332

PERÚ El Gobierno Regional de Ica(principal zona agroexportadora en el país) aprobó en 2014 la ordenanza 004-2014-GORE-ICA que“promueve la implementación del Área de Asistencia Social y Guardería para el Cuidado de Niños y Niñas, en las agro exportadoras en la Región Ica, que cuenten con más de 50 mujeres en edad fértil, y con número no menor de 16 niños y niñas que sean hijos/as de los trabajadores/as”(p. 3). Los considerandos de la norma dejan en claro que se trata de una aspiración social y que no tiene carácter obligatorio, se establece solo la promoción e implementación de las guarderías por parte del Gobierno regional, mas no dispone la obligación de las empresas para la instalación de cunas o guarderías, a diferencia de la normativa de lactarios, ley 29.896, de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas y privadas. A la fecha, no se identifican normas para la implementación efectiva de cunas y guarderías en sectores con alta presencia de trabajadoras en el ámbito regional. Tampoco se tiene conocimiento de que los gobiernos regionales, con excepción de Ica, hayan tenido la iniciativa de promover o incentivar al menos la implementación de cunas o guarderías en entidades del sector privado. Se desconoce cuál ha sido el impacto de esta norma a seis años de su aprobación. Los comedores sociales como infraestructura de cuidados perteneciente principalmente a las comunidades organizadas(tanto rurales como urbanas) y a las iglesias se ocuparon de la organización, gestión y garantía comunitaria de seguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables y golpeadas por la pobreza en el Perú. Esos espacios fueron un actor relevante en medio de la gran crisis social, económica y de violencia política que sacudió al país en los años 80 y 90(Blondet, 1995). En 1991 se estima que existían más de 5.000 comedores sociales o populares solo en Lima Metropolitana, de los cuales dependía la alimentación de cerca del 10% de las personas en situación de pobreza extrema(madres solteras y sus hijos e hijas, personas adultas mayores, población afectada por tuberculosis, etc.). Esta institucionalidad e infraestructura de cuidados para la alimentación perdió fuerza y presencia en las casi dos décadas de crecimiento económico y de cambio de modelo de desarrollo, cuando los hogares peruanos recuperaron sus capacidades de garantizar la seguridad alimentaria del grupo familiar al mejorar los ingresos. En el presente contexto de pandemia, y su devastador impacto sobre el empleo y la seguridad alimentaria, esta institucionalidad, especialmente a nivel de las comunidades, ha iniciado su reactivación. De acuerdo con la información oficial, actualmente existen 13.466 comedores sociales identificados y se estima que antes de la pandemia atendían a 170.000 personas en todo el país, esto representaba una reducción del 31,2% con respecto al año 2011, cuando el número de los comedores era 19.587(INEI, 2012). La mayoría de las gestoras y directivas de estos comedores, tienen hoy más de 60 años 20 . 20. “Presidente Vizcarra anuncia que se incrementa en 50% el presupuesto para comedores populares”, El Peruano , 12/6/2020, https://elperuano.pe/noticia/97222-presidente-vizcarra-anuncia-que-se-incrementara- en-50-presupuesto-a-comedores-populares 333

REGIÓN ANDINA 4. Voces, debates y herramientas para una política sobre el derecho al cuidado Aquí abordaremos las características del debate sobre el derecho a los cuidados así como las movilizaciones sociales en torno a estos en el Perú. El análisis se apoya en los resultados de un conversatorio sobre los cuidados sostenido con activistas, sindicalistas y especialistas en el tema, realizado en el marco de este estudio 21 . Las consultadas coinciden en señalar que en el Perú los avances identificados en torno al derecho a los cuidados se han dado principalmente a partir de los marcos de política internacional y de progresos globales. A pesar de no haberse celebrado grandes debates y movilizaciones públicas, puede identificarse dos casos específicos. Uno, respecto de la condición laboral de las trabajadoras y trabajadores domésticos y, el otro, un intento de restituir el derecho a las guarderías y salones cuna para la población trabajadora a partir del Proyecto de Ley presentado al Congreso de la República en el año 2016 para el desarrollo de una red de guarderías y cunas en el sector privado . Se reconoce que el mayor debate público y movilización sobre los cuidados ha sido el liderado por las trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados a partir del proceso de consideración y ratificación del Convenio 189 de la OIT en el período 2011-2018, encabezado por los sindicatos de ese campo, ha contado con el apoyo activo de la cooperación al desarrollo, principalmente de la OIT. Lo que ha contribuido a visibilizar la condición de marginación de este grupo laboral en el país, así como la valoración del trabajo doméstico en la economía y producción. Además, se trata de un debate y movilización que permanecen abiertos, en tanto aún queda por cubrir el cumplimiento de los términos establecidos por el convenio ratificado. En el marco de la masiva informalidad productiva y laboral que aqueja al Perú, caracterizada por la ausencia de derechos laborales, la elaboración y tratamiento del Proyecto de Ley de la excongresista(2016-2018) Indira Huilca para el restablecimiento obligatorio de los servicios de guardería tanto en el sector público como en el privado constituye un hito en el debate sobre cuidados. El Proyecto de Ley tiene origen en la determinación de mujeres sindicalizadas y jóvenes del sector textil en Lima, quienes carecen de espacios seguros para el cuidado de sus hijos e hijas menores de 6 años durante sus horarios de trabajo. Este vacío colisiona con los objetivos de conciliación del trabajo y la vida familiar que promueve el marco legal laboral del Estado peruano y al cual 21. Conversatorio convocado por la FES el día 13/8/2020. Contó con la participación de Indira Huilca −excongresista, autora del Proyecto de Ley de Guarderías−, Bettina Valdez −especialista en género−, Mirna Jara −secretaria de la Mujer de la CATP−, Perpetua Mejía −secretaria de la Mujer de la CGTP−, Melania Canales −residenta de ONAMIAP− y Lorena Chavera −secretaria general de FNTTP−. 334

PERÚ tienden otros instrumentos de política como la PNIG al 2030 y el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia 2016-2021(DS N°003-2016-MIMP) 22 . Las trabajadoras textiles agrupadas en la Federación Nacional de Trabajadores/as Textiles del Perú(FNTTP) señalan entre las principales motivaciones para proponer el proyecto, su imposibilidad de pagar con recursos propios una guardería para sus hijos e hijas debido a las bajas remuneraciones que reciben 23 . Así también, refieren el temor que sienten de embarazarse y que ello tenga como consecuencia quedar sin trabajo. La existencia de padres solteros trabajadores textiles, con hijos e hijas pequeños en similar situación que la de las mujeres fue otra de las motivaciones. Inicialmente, el proyecto incluía también la obligatoriedad para el sector público. Sin embargo, como parte de la estrategia para su aprobación y en tanto el Congreso no tiene ni puede generar iniciativas de gasto, se centró en el sector privado. Presentado y debatido en sucesivas comisiones parlamentarias y en el pleno, recibió el apoyo de importantes comisiones, como la de Mujer, a pesar de las grandes divergencias políticas de sus miembros. La principal oposición provino de representantes de las comisiones parlamentarias de desarrollo económico y empresarial, quienes expresaron como reservas: a) el peligro que supuestamente entraña ubicar una guardería en zonas de alto riesgo como son las plantas industriales, y b) la necesidad de revisar el modelo de financiamiento propuesto. El proyecto retornó a comisiones y puede ser nuevamente debatido por el actual Congreso de la República. Otra característica reconocida en el debate y movilizaciones sobre los cuidados en el Perú es el divorcio existente entre las organizaciones feministas y el sindicalismo. Tal divorcio explicaría que algunos logros de las feministas peruanas en torno a la medición y valoración del trabajo doméstico y de cuidados, como la aprobación de la Ley 29.700 sobre la Cuenta Satélite(y su herramienta: la ENUT), no han contado con una base social que asegure su continuidad como soporte clave para el diseño de las políticas del cuidado. Este divorcio data de cuatro décadas, cuando las feministas levantan las banderas por la salud reproductiva y sexual de las mujeres y la legalización del aborto, lo que no tuvo eco en los sindicatos, principalmente dominados por hombres. Finalmente, aunque no han derivado en un debate público y no implican movilización social, se identifican en el Perú grupos y espacios de reflexión sobre la paternidad a partir de los propios hombres, surgidos en el marco de la aprobación y posterior evaluación de la ley de licencia por paternidad. Las consultadas señalan que la agenda sobre los cuidados en Perú incluye el cumplimiento del Convenio OIT 189, retomar el debate acerca del proyecto de 22. Este instrumento del MIMP, cuya vigencia caduca en unos meses, establece en sus objetivos estratégicos“Promover el equilibrio igualitario de las responsabilidades familiares” y“Garantizar condiciones para la conciliación de la vida familiar y el trabajo”(MIMP, 2016,§§ 3.1 y 3.2). 23. Se les paga una RMV: 930 soles, que equivalen a US$265 al año. 335

REGIÓN ANDINA ley sobre la red de guarderías en el marco de la definición de un sistema nacional de cuidados, la necesidad de atender los cuidados en las familias peruanas para evitar que sean las niñas quienes reemplacen a sus madres en estas tareas(como suele ser el caso cuando las madres necesitan generar ingresos fuera del hogar, en perjuicio del desarrollo personal y educativo de las niñas). En ese sentido, se considera que el principal instrumento de política para la vigilancia y seguimiento del desarrollo de tal sistema de cuidados es la PNIG al 2030. 5. Síntesis Se identifica que en 2020, y en el contexto prepandemia, existía un conjunto de políticas, normas, programas, servicios e infraestructura vinculados a los cuidados en el Perú, en torno a la atención de grupos requeridos de ellos que trascendía la infancia, no integrado en una estrategia de cuidados multidimensional en estrecha relación con los sistemas de producción y empleo ni con la igualdad entre mujeres y hombres. Es notoria la necesidad de construir una política nacional de cuidados que articule estos instrumentos identificados. Un avance en esa línea es la aprobación de la PNIG y su meta de crear un sistema nacional de cuidados a 2030. Con el establecimiento del modelo de desarrollo asumido en los años 90, en el Perú, los cuidados son principalmente asumidos por los hogares/familias o a través del mercado. La acción del Estado en relación con ellos, aunque importante, es de escala reducida. Las brechas de atención a los cuidados y al trabajo de cuidados que realizan las familias peruanas son por tanto enormes, agigantadas hoy en el contexto de pandemia. La provisión de cuidados por parte de la sociedad civil(comedores sociales y populares, y otras organizaciones como los Vasos de leche, Club de madres, etc.) se debilit ó en las dos décadas de crecimiento económico y de mejora de ingresos de la población que experimentó el Perú. A su vez, la flexibilización laboral vulneró sustancialmente a los sindicatos, que encarnaron, otrora, la garantía de algunos derechos de cuidados de los que gozaba la población trabajadora(derecho a cunas y a la lactancia materna) y que fueron conculcados en el marco de las reformas estructurales hacia una economía de libre mercado. Existen en el Perú 13 programas y 10 leyes focalizadas y concentradas en la infancia y la niñez y en la maternidad 24 , aunque no limitadas a estas. Subyace en ellos un concepto tradicional de familia; cuentan con escasos recursos(representan solo el 1,6% del Presupuesto nacional 2020) y aún no apuntan hacia la igualdad de género en la distribución del trabajo de cuidados. Este conjunto de 24. El 70% de los recursos destinados a estos 13 programas y sus servicios en el Presupuesto nacional 2020, se dirige a la infancia, niñez y adolescencia. 336

PERÚ programas y leyes, si bien importante, está aún lejos de garantizar la universalidad que el derecho a los cuidados demanda. Los servicios e infraestructura de cuidados son focalizados y tienen cobertura limitada, están concentrados en la pobreza y la ruralidad, sus estrategias (centradas en el rol de las mujeres como cuidadoras) presentan el riesgo de reforzar la desigualdad de género en la responsabilidad y distribución del trabajo de cuidados y distan de considerar objetivos de mejora del uso del tiempo de las mujeres. La institucionalidad que sostiene estos programas, servicios e infraestructura vinculados a los cuidados, con algunas notables excepciones como el MIDIS y la Defensoría del Pueblo, es en general débil(reducidos presupuestos, deterioro de competencias y capacidades técnicas). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y remunerado está aún subvalorado. A pesar del avance en la creación de instrumentos para su valoración, no existen en la práctica mediciones periódicas y actualizadas, lo que dificulta el diseño de políticas de cuidado. Se ha realizado una sola ENUT en el año 2010 y no se ha procedido a una segunda por la negativa del MEF. El trabajo doméstico remunerado recibe una de las retribuciones más bajas del mercado laboral peruano. La ratificación del Convenio 189 OIT es una posibilidad de mejorarla. Un avance importante es haber visibilizado e incorporado a otros grupos dependientes de cuidados más allá de las niñas y niños, avanzando en el reconocimiento del derecho a los cuidados para personas enfermas crónicas, con discapacidad, adultas mayores, enfermas mentales, etc. Requieren una mayor asignación de recursos en comparación a la que hoy reciben. Se constatan importantes avances en el reconocimiento de la paternidad y del rol de los hombres en el trabajo de cuidados en la vida familiar. Así también se identifican avances en la incorporación de consideraciones laborales y legales para la conciliación del trabajo y la vida familiar. Otro avance es la restitución de derechos de cuidados conculcados en etapas de dictadura y de ajuste, como el de la lactancia materna y su infraestructura. Está pendiente la restitución de otros, como la red de cunas y guarderías de acceso universal en el marco de un sistema nacional de los cuidados. Los servicios e infraestructura vinculados a los cuidados identificados son parte de programas de gestión por resultados(de políticas priorizadas), que se monitorean y evalúan por ley, lo que garantiza la posibilidad de aprendizajes, mejoras y ajustes en beneficio de las familias peruanas y el trabajo de cuidados que realizan. Los avances identificados en la aproximación de una política de cuidados en el Perú se han dado principalmente por el desarrollo del marco de políticas internacionales y de progresos globales. Se reconoce también la importancia de dos casos de debate público y movilización en torno al trabajo doméstico remunerado y la intención de resti337

REGIÓN ANDINA tuir el derecho de la población trabajadora de contar con una red de guarderías y salones cuna de acceso universal en el marco de un sistema nacional de cuidados. En estos dos casos, es fundamental el liderazgo de los sindicatos de trabajadoras(del hogar y textiles) en alianza con otros actores(congresistas de la Rep ú blica y cooperación al desarrollo como la OIT). En tanto el objetivo de las políticas de cuidados es“agrupar distintos sujetos de cuidados bajo una estrategia nacional de cuidados”(Anderson, 2016: 78), este conjunto de programas y servicios creado e identificado en el Perú en los últimos quince años para un espectro mayor de sujetos de cuidados (dependientes) constituye la base para avanzar en la tarea de contar con un sistema nacional de cuidados, como apunta la PNIG a 2030. El contexto de pandemia ha generado la rápida identificación e implementación de nuevos servicios de cuidados, como el acompañamiento a las personas adultas mayores y población vulnerable a través de la telefonía y a partir de voluntarios y voluntarias en todo el país(MIDIS). El MINSA recibió recursos adicionales para reforzar los programas de atención a la salud mental con base comunitaria. El más grande municipio del país(Lima Metropolitana) instaló centros de acogida, asistencia alimentaria y de salud para la población urbana en situación de calle. Asimismo, el programa de transferencias directas más grande de la historia nacional para 8,5 millones de hogares fue puesto en marcha a fin de paliar la pérdida de empleos entre la población trabajadora formal e informal del Perú, trascendiendo los esquemas de focalización en hogares de pobreza y pobreza extrema. La universalidad del derecho a los cuidados y la protección parece cobrar forma en la sociedad y la gestión pública peruanas. Lista de siglas utilizadas APRA BM CATP CEPAL CGTP CTS DTI EBR ENAHO ENUT ESCALE ESSALUD FA Alianza Popular Revolucionaria Americana Banco Mundial Central Autónoma de Trabajadores del Perú Comisión Económica para América Latina Confederación General de Trabajadores del Perú Compensación por tiempo de servicios Desarrollo infantil temprano Educación Básica Regular Encuesta Nacional de Hogares Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Unidad de Estadísticas Educativas del MINEDU Seguro Social de Salud del Perú Frente Amplio 338

PERÚ FES FNTTP GIZ GORE INEI MEF MIDIS MIMP MINSA MTPE MINEDU OIT ONAMIAP PEA PP PNIG RMV TDR TDNR SISFHO SUNAT SUNAFIL UEE Fundación Friedrich Ebert Federación Nacional de Trabajadores/as Textiles del Perú Deutsche Gesellschaf fur Internationale Zusammnarbeit Gobierno Regional Instituto Nacional de Estadísticas e Informática Ministerio de Economía y Finanzas del Perú Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Ministerio de Educación Organización Internacional del Trabajo Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú Población Económicamente Activa Programa Presupuestal Política Nacional de Igualdad de Género Remuneración Mínima Vital Trabajo doméstico remunerado Trabajo doméstico no remunerado Sistema de Focalización de Hogares Superintendencia de Administración Tributaria Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Unidad de Estadísticas Educativas del MINEDU Bibliografía Anderson, J.(2016).“Sistematización del Programa Nacional Cuna Más”, Lima, MIDIS. Anttonen, A., y J. Sipilä(2014).“Varieties of Universalism”, UNRISD. Banco Mundial(2020).“Perú: Panorama general”. Disponible en www.bancomundial. org/es/country/peru/overview Barboza, M.(2019).“Promoción de la igualdad de género mediante la conciliación de las responsabilidades laborales con la vida familiar”, trabajo de investigación para optar al grado de Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad del Trabajo, Facultad de Derecho, PUCP. Blondet, C.(1995).“Hoy menú popular: los comedores en Lima”, Lima, IEP. Castillo, L.(2019).“Patrones de la desigualdad regional en el Perú: 2007-2017”. Revista Moneda . Desigualdad en el Perú. Lima: Banco Central de Reserva del Perú(BCRP). CELAG(2020).“Informe Oxfam 2019 sobre Desigualdad en América Latina: Resumen”. Disponible en www.celag.org/notas-informe-oxfam-2019 339

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Región andina 1. Colombia 2. Perú 3. Ecuador 4. Bolivia 342

ECUADOR Cuidados desiguales. Situación de la organización social de los cuidados en Ecuador María Rafaela Palacios Correa

María Rafaela Palacios Correa. Master en Ciencias Sociales con especialización en Género y Desarrollo, graduada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO). Docente universitaria y directora de varias plataformas multimedia: Un Jardín Propio (www.unjardinpropio.com), sobre el conocimiento médico-botánico de las mujeres del Cañar-Ecuador y Selva Sapara(www.selvasapara. com), de educación y difusión de la memoria de cuatro comunidades saparas de la Amazonía ecuatoriana. Sus trabajos han incur sionado en el vínculo entre el género, la antropología, la educación y el arte. 344

ECUADOR Índice Introducción 347 1 Contexto, mercados laborales y desigualdad 348 1.1. Empleo 348 1.2. Pobreza 350 2 Uso del tiempo y cuentas satélites 351 3 Trabajo No Remunerado(TNR) 352 3.1. Niños, niñas y adolescentes en el TNR 358 3.2. Pobreza de tiempo 358 3.3. Marco legal y de política pública del TNRH 359 3.4. El cuidado en la vida del trabajador y la trabajadora 363 4 Servicios de cuidados 365 4.1. Salud 367 4.2. Cuidado infantil 368 4.3. Cuidado a personas adultas mayores 369 4.4. Cuidado a personas con discapacidad 371 4.5. Transferencias monetarias relacionadas con los cuidados 372 5 Trabajo Remunerado del Hogar(TRH) 373 5.1. Marco normativo 375 5.2. Adolescentes en el TRH 379 5.3. Extranjeros y extranjeras en el TRH 380 6 Situación organizativa 381 6.1. Situación organizativa de las trabajadoras no remuneradas del hogar 381 6.2. Situación organizativa de las trabajadoras remuneradas del hogar 381 6.3. Otras voces y visibilidad 383 7 Conclusión y recomendaciones 384 Lista de siglas utilizadas 386 Referencias 387 345

Introducción ECUADOR L a crisis del sistema capitalista que vive América Latina se ha tropezado con la pandemia mundial, dejando al descubierto las profundas desigualdades sociales que ya existían en la región. Hoy las grandes contradicciones del sistema empiezan a revelar su verdadera magnitud y se desmoronan sus varias aristas: crisis alimentaria, económica, financiera, ecológica, crisis de representación política y la crisis de cuidados que nunca ha tenido tanta visibilidad en la historia del capitalismo. El trabajo de cuidados, que ha sostenido la vida social y económica de los países, hoy es el gran amortiguador de la emergencia sanitaria y la estrategia de sobrevivencia de las familias. En Ecuador, como en todo el mundo, los trabajos de cuidados se intensificaron durante la cuarentena, cayendo sobre los hombros de las mujeres. Las trabajadoras asalariadas han tenido que combinar el teletrabajo con la preparación de alimentos y cuidados a personas dependientes. Las mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo de cuidados no remunerado han incrementado aún más sus horas de labor por la presencia de su familia en la casa. A causa del cierre de servicios públicos de cuidados, las familias de los quintiles más bajos han improvisado espacios barriales de cuidados a niños y niñas para poder salir a trabajar. Las familias con contagiados y contagiadas han tenido que asumir el cuidado de los enfermos y enfermas por el desborde de las instituciones médicas públicas y privadas. La crisis sanitaria intensificó la familiarización de los cuidados, pero en la situación previa ya la familia era la principal responsable de ellos. En el país, la organización social del cuidado, distribuida desigualmente entre Estado, mercado y familia, adjudica a los hogares la mayor responsabilidad. Bajo la división sexual −y desigual− del trabajo, las mujeres son las principales responsables del cuidado dentro y fuera de los hogares, provocándoles una sobrecarga de quehaceres que atenta contra sus opciones laborales, autonomía económica, salud y bienestar. Adicionalmente, los sistemas de salud 347

REGIÓN ANDINA deficientes y la baja cobertura de seguridad social producen una enorme desigualdad entre quienes por su situación socioeconómica ven garantizado su acceso a los cuidados y quienes no. La actual organización social de cuidados es un factor de reproducción de pobreza, no solo entre hombres y mujeres, sino entre las mujeres que pueden comprar servicios privados, las que deben hacer doble jornada de trabajo y las que se ven impedidas de la posibilidad de generar ingresos propios por tener que dedicarse completamente a las labores del hogar. Este informe explora la organización de los cuidados en Ecuador y su relación con la desigualdad social y económica a partir del abordaje de encuestas nacionales, normas legales sobre el Trabajo No Remunerado(TNR) y Trabajo Remunerado del Hogar(TRH), servicios de cuidados, programas de protección social, la situación organizativa de las trabajadoras y sus actores (Estado, mercado, familia, organizaciones comunitarias, sindicatos, medios de comunicación, ONG y colectivos sociales). 1. Contexto, mercados laborales y desigualdad 1.1. Empleo Los últimos datos recogidos por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo(ENEMDU) 1 , en diciembre de 2019, muestran que el 65,3% de la población en edad de trabajar 2 se encontraba económicamente activa. De ese total, el 96,2% correspondió a personas con empleo. La categoría empleo incluye a todas las personas ocupadas entre asalariadas, independientes y no remuneradas. Del total de personas con empleo, 44,7% se encontraba en el sector formal; 46,7% en el sector informal, y el 8,6% restante“no clasificados por sector”. Solo el 29,2% de personas estuvieron cubiertas por el seguro general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), el 10,7% por seguros distintos del IESS(estos son: seguro voluntario, seguro campesino, ISSFA, ISSPOL y otros tipos), y el 60,1% no tenía afiliación a la seguridad social. El 38,8% de personas tenían empleo adecuado, es decir con ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo de 40 horas de trabajo a la semana. Los hombres gozaban de mejores condiciones de empleo: el 44,8% de ellos tenía un empleo adecuado en comparación con solo el 30,6% de las mujeres. 1. Realizada cada trimestre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador(INEC). 2. De 15 años en adelante. 348

ECUADOR El 17,8% de las personas estaban subempleadas con ingresos inferiores al salario mínimo y/o tiempo de trabajo menor a la jornada legal, con disponibilidad de trabajar horas adicionales. Del total de personas con empleo, el 19% de subempleados fueron hombres y el 16,2% mujeres. El 45% de subempleados y subempleadas fueron asalariados/asalariadas y el 55% independientes. Los trabajadores y trabajadoras que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o laboraron menos de la jornada legal sin disponibilidad de trabajar horas adicionales representaron el 28% del total de empleados y empleadas, y se consideraron dentro de la categoría“Otro empleo no pleno”. Las mujeres percibieron un ingreso mensual laboral menor que los hombres: US$292,7 en promedio; mientras que los hombres US$345,5, siendo el salario mínimo determinado para ese año US$394. La brecha salarial de género es notable, alrededor de US$53. La Constitución(2008) dicta en su artículo 36 la obligación de pagar a las mujeres idéntica remuneración por trabajo de igual valor, sin embargo, las mujeres de todos los niveles de instrucción ganaron menos que sus pares masculinos en 2010. Las mujeres con educación superior ganaron 20% menos que sus colegas varones(INEC 2010b). Adicionalmente, la brecha salarial de género se relaciona con que las mujeres tienen mayor participación en áreas de menores ingresos. La distribución de la población ocupada según el nivel de productividad y sexo en relevamiento realizado en 2017 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) categoriza tres niveles, con los siguientes porcentajes para Ecuador. En el sector de alta productividad(actividad financiera, electricidad y minería), que se ubica más cerca de la vanguardia tecnológica, con mayor nivel educativo, mejores condiciones laborales y mayor resguardo de la institucionalidad laboral, hubo una participación del 6,6% de mujeres y 7,2% de hombres de la población total de ecuatorianos y ecuatorianas. El grupo de productividad media, relacionado con la construcción, manufactura y transporte: 12,5% de mujeres y 32,5% de hombres. En cambio, el empleo de baja productividad(agricultura, comercio y servicios) que concentra a trabajadoras y trabajadores con menores ingresos, menor nivel educativo, inestabilidad, limitada cobertura de seguridad social y ausencia de contratos de trabajo(y donde se incluyen los servicios domésticos y de cuidados) tuvo el 80,9% de participación de mujeres y 60,3% de hombres. Esta fuerte segmentación en la participación y las condiciones de empleo en Ecuador se traduce en desigualdades y pobreza que afecta mayormente a las mujeres. Con respecto a la tasa de empleo no remunerado, medida por la ENEMDU(2019), del total de personas empleadas, el 10,9% no recibieron ingresos económicos. Aquí se incluye a quienes trabajan de forma no remunerada en su propio hogar, en otro hogar y a ayudantes no remunerados de asalariados y asalariadas. En el área rural el porcentaje fue 22,9%; en el área urbana, 4,9%. 349

REGIÓN ANDINA El desempleo, o sea, personas que no estuvieron empleadas de forma asalariada, independiente ni de forma no remunerada, aunque estuvieron disponibles para trabajar, fue de 3,8% a nivel nacional. 1.2. Pobreza El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INEC) mide la pobreza por ingresos, necesidades básicas insatisfechas y por enfoque multidimensional (que incluye acceso a educación, vivienda, salud y empleo). La pobreza por ingresos 3 a nivel nacional, en diciembre de 2019, se ubicó en 25% en comparación al 23,2% de diciembre de 2018. El sector rural mostró índices más altos de pobreza, con 41,8% en comparación con el sector urbano: 17,2%. Guayaquil fue la ciudad con mayor porcentaje de pobreza por ingresos. La pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 8,9%; en el área urbana fue de 4,3% y en el área rural de 18,7%. En Ecuador, 34,2% de la población padece de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 4 : 61,6% en el sector rural y 21,4% en el área urbana. El porcentaje de pobreza multidimensional 5 fue de 38,1% a nivel nacional, el área rural tuvo mayor porcentaje: 71,1% frente a 22,7% en el área urbana. La tasa de pobreza extrema multidimensional se ubicó en 42% a nivel rural y 5,1% a nivel urbano. El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, del gobierno de Lenin Moreno, fijó como meta reducir la tasa de pobreza multidimensional a 27,4% para 2021(Gobierno de Ecuador, 2017). Pero, a meses de cumplirse el plazo, las cifras se encuentran lejos del objetivo y la ENEMDU(2019) muestra que en el área rural este tipo de pobreza se incrementó 3,4 puntos respecto al año anterior. Según el Reporte de Pobreza, Ingreso y Desigualdad del Banco Central del Ecuador realizado en junio de 2019, la pobreza afecta mayormente a la población autoidentificada como indígena con un 51,5%. En segundo lugar, 3. Para diciembre 2019, se consideró a una persona pobre por ingresos si percibió un ingreso familiar per cápita menor a US$84,82 mensuales, y se consideró a una persona con pobreza extrema si percibió menos de US$47,80 mensuales. 4. Una persona es pobre por necesidades básicas insatisfechas si pertenece a un hogar que presenta carencias en la satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas representadas en estos cinco componentes: calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica. 5. El enfoque multidimensional de la pobreza toma en cuenta la educación(inasistencia a educación básica y bachillerato, no acceso a educación superior por razones económicas), el empleo(empleo inadecuado, seguridad social, empleo infantil y adolescente), salud(agua y alimentación, pobreza extrema por ingresos) y vivienda(ambiente sano, hacinamiento, sin saneamiento de excretas, sin servicio de recolección de basura). 350

ECUADOR se ubica la población autoidentificada como montuvia 6 : 43,5%, y le sigue la población mestiza con el 20,3% 7 . El Coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad de los ingresos per cápita del hogar, comprende valores desde cero(perfecta igualdad) hasta uno(perfecta desigualdad). En diciembre 2019, la ENEMDU señala que el Coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,473. En Ecuador las mujeres son mayormente pobres y el índice va en aumento, como lo demuestra la medición de feminidad en los hogares pobres de la CEPAL, en la que un resultado superior a 100 indica mayor pobreza en mujeres e inferior a 100 indica mayor pobreza en hombres. Para 2016, el índice fue de 110,1 y aumentó a 116,1 en 2018. Las personas sin ingresos propios para 2018 fueron 10,3% hombres y 33,8% mujeres. Lo que quiere decir que más de un tercio de las mujeres depende de otras personas para su subsistencia, restándoles autonomía económica y haciéndolas dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son hombres. En síntesis, y para establecer un marco contextual, Ecuador muestra altas tasas de desigualdad social y económica. Solo un pequeño sector de la población tiene acceso a empleos adecuados y seguridad social, la mayoría trabaja en el sector informal con empleos inestables y precarios. Los índices de pobreza son elevados, siendo la población rural la más afectada. Las mujeres de todos los sectores socioeconómicos se encuentran en peores condiciones; con altas brechas salariales respecto de sus pares masculinos, mayor participación en los sectores laborales de baja productividad con subempleo y ganancias inferiores al salario mínimo, y menor acceso al trabajo remunerado en general. Las mujeres rurales e indígenas son las más afectadas por la desigualdad económica y de género. 2. Uso del tiempo y cuentas satélites En los años 2005, 2007 y 2010, se realizaron encuestas sobre el uso del tiempo como módulos anexos a la ENEMDU. En diciembre de 2012 se ejecutó por primera vez la Encuesta Específica de Uso del Tiempo(EUT), el primer estudio estadístico independiente y el último vigente(INEC 2012a). La encuesta se realizó en 23 provincias del país y estuvo dirigida a los miembros del hogar mayores de 12 años del área urbana y rural. Se investigó la distribución del tiempo de acuerdo con: Trabajo Remunerado(TR) realizado por la población económicamente activa; Trabajo No Remunerado(TNR), que incluye tareas domésticas y cuidado de personas y actividades personales. 6. Montubio, bia , con“b”, es definido en el diccionario de la Real Academia Española como hombre recio, grosero y montaraz. Pero desde el 2015, montuvio, via , con“v” es definido como campesino de la costa. 7. En Ecuador, para junio de 2019, 1.4 millones de personas se identifican como indígenas, 0.7 millones como mantuvias y 12.8 millones como mestizas. 351

REGIÓN ANDINA Los resultados muestran que las mujeres invierten más tiempo en el trabajo total(TR y TNR); destinan 46% de su tiempo al trabajo y 54% a actividades personales 8 , mientras que los hombres invierten un 40% al trabajo total y un 60% en actividades personales. Por otra parte, los hombres invierten más tiempo en el TR, aproximadamente 51:36(horas: minutos) a la semana y las mujeres 46:15. Las mujeres que muestran mayor diferencia con respecto a los hombres en el tiempo de dedicación al TR son: las mujeres del área urbana(destinan 6:50 menos a la semana que los hombres); las mujeres autoidentificadas como mestizas(5:55 horas menos a la semana); las mujeres de 30 a 44 años(6:31 horas a la semana menos), las mujeres en unión libre(9:15 horas menos) y las mujeres de instrucción media(trabajan 6:38 horas menos que los hombres a la semana). La menor diferencia con respecto a los hombres en el tiempo de dedicación al TR se evidencia en las mujeres solteras, que dedican 0:89 horas menos al TR que los hombres y en las mujeres con posgrado, que trabajan 3:96 horas menos a la semana que los hombres. La comparación entre mujeres muestra que aquellas autoidentificadas indígenas son las que más horas dedican al TR y las autoidentificadas montuvias las que menos. 3. Trabajo No Remunerado(TNR) En la EUT(INEC 2012a) el TNR comprende el trabajo doméstico y de cuidados familiares realizado en y para el propio hogar, para otros hogares, las actividades comunitarias y el trabajo voluntario que no implica intercambio monetario. A nivel nacional, el tiempo total de TNR es de 66:27(h: min) a la semana. Las mujeres de 12 años en adelante reflejan una mayor carga en el trabajo y una diferencia de 22:40 horas a la semana respecto a los hombres. Las mujeres destinan casi cuatro veces más tiempo al TNR que los hombres. La mayor diferencia se observa en el área rural, donde las mujeres trabajan 25:33 horas a la semana más que los hombres, mientras que en el área urbana las mujeres trabajan 21:17 horas más. Las mujeres que se autoidentifican indígenas son las que más tiempo dedican a TNR a la semana, con un promedio de 25:32 horas superior al destinado por los hombres indígenas. Respecto a los grupos etarios, las mujeres de 30 a 44 años son las que más carga asumen, destinan 25:17 horas más que los hombres. 8. Según la EUT, las actividades personales son actividades no productivas: cuidados personales, aprendizaje, estudio, convivencia social, pasatiempos, deporte, uso de medios de comunicación. 352

ECUADOR Gráfico 1. Tiempo de Trabajo No Remunerado(actividades d G o rá m fic é o st 1 i . c T a i s em + p c o u T id r a b d a o jo d N e o p R e e r m so u n n a e s ra ) do(Actividades domésticas y cuidado de personas) C C a a n n ti t d id ad ad de d h e or h a o s s r e a m s a s n e a m les a d n e a d l i e c s ad d a e s, d p i o c r a g d é a n s e , ro p y o t r ip g o é d n e e a r c o tiv y id ti a p d o de actividad Hombres Mujeres Diferencia Tiempo para trabajo no remunerado 9:09 31:49 22:40 Actividades domésticas 6:00 24:06 18:05 Actividades fuera 3:21 1:01 del hogar 4:23 Cuidado de 5:20 3:35 personas 8:56 Actividades para 4:46 otros hogares y la 0:28 comunidad 5:14 Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo – EUT 2012. Fuente: Encuesta Especí ca de Uso del Tiempo – EUT 2012. G Gr r á á fi fi c c o o 2 2 . T . T ie i m em po p T o r d ab e a T jo ra N b o a R jo em N u o n R er e a m do u p n o e r ra gr d u o p p os or de g e r d u a p d os de edad C Ca a n n t t id id a a d d de de ho h r o as ra s s em se a m na a le n s a d le e s di d ca e d d a i s c , a p d o a r s g , é p n o e r ro g y én ed e a r d o y edad Hombres Mujeres Diferencia Total Nacional 9:09 31:49 22:40 12-19 años 6:03 17:13 11:09 20-29 años 7:55 28:20 20:25 30-44 años 9:41 34:59 25:17 45-64 años 9:37 33:00 23:23 65 y más 10:43 30:47 20:04 Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo – EUT 2012. Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo – EUT 2012. 353

REGIÓN ANDINA Las mujeres en unión libre muestran mayor diferencia, realizan este tipo de trabajo durante 28:57 horas más que los hombres en esa misma condición. A pesar de que las mujeres solteras realizan casi el mismo porcentaje de TR que los hombres, su TNR es mucho mayor. Entonces, no existe compensación de tiempo entre el TR y TNR de hombre y mujeres. En América Latina, el proceso de incorporación de las mujeres en el espacio laboral ha sido acelerado, pero el tiempo dedicado por los hombres al TNR permanece en niveles mínimos. El resultado es la existencia de dobles o triples jornadas de trabajo para las mujeres. Gr G á r f á ic fi o co 3. 3 T . T ie ie m m p p o o d T e ra T b r a a jo b N aj o o R N em o u R n e e m ra u d n o e p r o a r d e o st p a o d r o e c s iv t i a l do civil Ca C n a t n id ti a d d ad d d e e h h o o r r a a s s s s e e m m a a n n a a le le s s Hombres Total Nacional Unión libre Casada(o) Separada(o) Divorciada(o) Soltera(o) Viuda(o) 9:09 31:49 7:50 36:47 9:35 37:27 13:51 31:39 14:23 31:46 7:56 21:13 19:25 31:00 Mujeres Diferencia 22:40 28:57 27:52 17:47 17:22 13:16 11:35 Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo – EUT 2012. Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo – EUT 2012. En enero de 2020, se publicaron las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares(CSTNRH), correspondiente al periodo 2016-2017 en Ecuador(INEC 2017a). El estudio midió 66 actividades ejecutadas por la población de 12 años en adelante sin recibir dinero a cambio, tanto en su propio hogar como en otros hogares o para la comunidad, y las cuantificó económicamente. Para el año 2017, el TNR representó el 19,1% del PIB. De este porcentaje, la mayor contribución es de las mujeres, 14,5%, mientras que el aporte 354

s, ración del poyo a otros ECUADOR de los hombres alcanzó el 4,6%. El Valor Agregado Bruto(VAB) generado por el TNR duplica a aquel generado por la construcción, principal industria ecuatoriana, cuyo VAB es de 11,2%, y es casi 6 veces mayor que el VAB de la extracción de crudo y gas natural, que solo alcanza el 3,6%. De todas las actividades del TNR, la culinaria es la más representativa con el 58,5% de la producción. En ella las mujeres contribuyen con el 86,3% mientras los hombres aportan el 13,7%. Le sigue el mantenimiento del hogar y el cuidado y confección de ropa. Gráfico 4. Actividades Trabajo Doméstico No Remunerado según sexo Gráfico 4. Actividades trabajo doméstico no remunerado según sexo Estructura de la produccón de hogares privados con servicio doméstico, según capítulos 58,5% Actividades culinarias 20,5% Mantenimiento del hogar 15,2% Cuidado de ropa y confección 5,8% Otros (compras, administración del hogar; apoyo a otros hogares) Producción de hogares privados con servicio doméstico y participación según sexo y capítulos Producción Miles de dólares $ 7.785.853 $ 2.724.788 Mujeres Hombres 86,3% 83,6% $ 2.024.896 69,8% $ 783.610 62,8% 13,7% Actividades culianarias 16,4% Cuidado de ropa y confección 30,2% Mantenimiento del hogar 37,2% Otros Fuente: INEC, CSTNRH 2016-2017. Fuente: INEC, CSTNRH 2016-2017. Dentro de las actividades de cuidados a las personas, el cuidado de niños y niñas es el más representativo, con el 52,4% de la producción. En este las mujeres contribuyen con el 84,6% y los hombres con el 15,4%. Le sigue el cuidado de la salud y el cuidado/apoyo a personas con discapacidad. 355

8 % ros mpras, ministración del ar; apoyo a os hogares) REGIÓN ANDINA Gráfico 5. Actividades de cuidado social y de salud no remunerado Según sexo Gráfico 5. Actividades cuidado social y de salud no remunerado según sexo Estructura de la produccón de servicios sociales y de salud privado según capítulos 52,4% Cuidado de niños y niñas 20,6 % Cuidados de salud 17,8 % Cuidado y apoyo a personas con discapacidad 9,3 % Actividades comunitarias P Pr r o o d d u u cc c i c ó i n ó d n e d se e r s vi e c r io v s i s c o io ci s al s e o s c y i d a e le s s al y ud d p e r s iv a a l d u o d y p p r a i r v ti a ci d p o ac y ió p n articipación S s e e g gú ú n n s s e e x x o o y y c c a a p p ít í u tu lo lo s s Producción Miles de dólares Mujeres Hombres $ 1.197.212 84,6% $ 406.281 79,0% $ 211.895 71,3% $ 470.373 67,5% 15,4% Cuidado de niños yniñas 21,0% Cuidado y apoyo de personas con discapacidad Fuente: INEC, CSTNRH 2016-2017. Fuente: INEC, CSTNRH 2016-2017. 28,7% Actividades comunitarias 32,5% Cuidados de la salud Las mujeres realizan la notable mayoría del TNR correspondiente a las tareas domésticas y vinculadas directamente con el cuidado, mientras que los hombres contribuyen con un porcentaje mucho menor del TNR, y en su caso ese trabajo corresponde a las tareas menos domésticas y vinculadas de manera indirecta con el cuidado, como actividades de apoyo a la comunidad (28,7%) y tareas para el mantenimiento del hogar(30,2%). La brecha entre mujeres y hombres disminuye a medida que el nivel de instrucción es más alto. Las mujeres sin instrucción trabajan de forma no remunerada 62% más que los hombres sin instrucción, mientras que las mujeres que cuentan con un posgrado trabajan 35,4% más que los hombres con posgrado. 356

ECUADOR Grá G f r ic á o fic 6 o . 6 P . r P o r d o u du cc c ió ió n n d d e e l T r r a a b b a a jo jo N N o o R R em em un u e n ra e d r o ado Seg S ú e n gú s n e s x e o x , o p , p o o r r n ni i v v e e l l d d e e in i s n tr s u t c r c u ió c n ci . ó A n ñ . o A 2 ñ 01 o 7 2 sd 017 sd Sin instrucción Centro de alfabetización Jardín de infantes Educación básica y bachillerato Mujeres 81,2% 77,3% Superior universitario y no universitario 76,4% Hombres 18,8% 0 22,7% 23,6% Posgrado 67,7% 32,3% Fuen Fu t e e n : t I e N : E IN C E , C C , S C T S N T R N H RH 2 2 0 0 1 1 6 6 2 2 0 0 1 1 7 7/ s s d d : : c c i i f f r r a a s s s s e e m m id id e ef n in it i i t v iv a a s s Al considerar la producción del TNR según quintiles de ingreso, igualmente se observa una mayor participación de los hombres a medida que los ingresos se incrementan. En los hogares del quintil 1 las mujeres trabajan 61,2% más, en cambio las mujeres de hogares del quintil 5 trabajan 43,6% más que los hombres. Gráfico 7. Producción del Trabajo No Remunerado Gráf S i e c g o ún 7. s P ex r o o , p d o u r c q c u i in ó t n il d d e e i l ng T r r es a o b . a A j ñ o o N 20 o 17 R s e d munerado Según sexo, por quintil de ingreso. Año 2017 sd Mujeres Hombres Quintil 1 80,6% Quintil 2 79,6% Quintil 3 78,4% Quintil 4 75,9% Quintil 5 71,8% 19,4% 20,4% 21,6% 24,1% 28,2% Fuen F te u : e I n N t E e C : , IN C E S C TN , C R S H TN 20 R 1 H 6 2 -2 0 0 1 1 6 7 -2 . s 0 d 1 : 7 c / if s r d a : s c s if e r m as id s e e f m in i i d ti e v fi a n s itivas Las mujeres con bajos niveles de instrucción y pertenecientes a los quintiles más bajos tienen alta carga de TNR. Esto puede estar relacionado con que los hogares más pobres presentan mayores demandas de cuidado por tener en promedio más cantidad de hijos e hijas y/o con que la débil oferta de servicios de cuidado dificulta el acceso de las mujeres con menores ingresos 357 0

REGIÓN ANDINA a espacios no domésticos de cuidados, mientras que las mujeres de más ingresos tienen mayor acceso a ellos. En todo caso, la organización del cuidado está estrechamente relacionada con la estratificación económica, y ambas se retroalimentan afectando mayormente a las mujeres más pobres al limitar sus opciones de percibir ingresos y adquirir autonomía económica, lo que reproduce la desigualdad. 3.1. Niños, niñas y adolescentes en el TNR Las CSTNRH tomaron en cuenta la población de 12 años en adelante para su relevamiento. Sin embargo, según la investigación“Estudio sobre el trabajo remunerado y no remunerado del hogar en niñas y adolescentes en Ecuador 2019” del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el trabajo no remunerado de las y los menores empieza desde los 5 años en el hogar y con una sobrecarga de tareas que consume hasta el 45% de su tiempo libre en el día a las niñas y 15% a los niños(CNIG, 2019). El Censo de Población y Vivienda de 2010 tampoco incluye suficiente información sobre la situación de la población infantil y el TNR. Por ello, es sumamente importante que en los próximos censos poblacionales y en las CSTNRH se incluyan mediciones sobre el uso del tiempo de este segmento. La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil(ENTI), la única encuesta sobre esta temática a nivel nacional, fue realizada una sola vez en el año 2012. En ella se advirtió que el 5% de las niñas y niños de 5 a 11 años trabajaban realizando tareas domésticas no remuneradas, porcentaje que sube al 14% en el grupo de 12 a 14 años. Del total de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que hacen TNR, el 59,1% realizan trabajos en su propio hogar; el 52,9% son varones y el 69,3% son mujeres. El 1,1% trabajan de manera no remunerada en otro hogar con igual porcentaje en varones y mujeres. Y el 2,7% son ayudantes no remunerados de personas asalariadas o jornaleras con igual porcentaje entre hombres y mujeres. Según informa la EUT(2012), las mujeres de 12 y 17 años dedican entre el 24% y el 45% de su tiempo libre al cuidado del hogar y de los niños y niñas que habitan en él. En cambio, los adolescentes varones invierten un 15% de su tiempo libre en esas actividades. 3.2. Pobreza de tiempo Según Bardasi y Wodon(2009) la pobreza de tiempo se define como la falta de tiempo para descanso y ocio que padecen los individuos debido al tiempo dedicado al TR y/o TNR. Para la CEPAL(2009) a una persona la pobreza de tiempo la afecta no solo en su situación presente sino también futura, pues tiene limitaciones para descansar, disfrutar del ocio o educación, lo cual frena los retornos económicos que podrían recibir en el mercado y ello reproduce la desigualdad. 358

ECUADOR En Ecuador, la pobreza de tiempo se midió mediante la EUT(2012) y mostró que el 16,2% de la población en edad de trabajar se encuentra en condiciones de pobreza de tiempo, es decir, sus horas de TR y/o TNR, superan las 78 semanales. La población extremadamente pobre en tiempo es el 3,7% de la población total, donde el promedio de horas de trabajo es más de 115 semanales. El 20,2% de las mujeres en el Ecuador se encuentran en condiciones de pobreza de tiempo, mientras que para la población masculina esta cifra es de 12%. De igual manera, la pobreza de tiempo extrema tiene una mayor incidencia en la población femenina, con el 5,5%, que en la masculina, que refleja el 1,9%. Según la encuesta, la posibilidad de sufrir pobreza de tiempo para las mujeres aumenta cuando existen menores o personas adultas mayores en el hogar. En esos casos también aumenta el índice de dependencia económica. Lo anterior evidencia que la pobreza de tiempo, mayor en la población femenina, se relaciona directamente con la mayor carga de Trabajo No Remunerado del Hogar(TNRH). De las mujeres pobres de tiempo las más vulnerables son las del área rural y las indígenas. 3.3. Marco legal y de política pública del TNRH Ecuador ratificó en 1981 los acuerdos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW, por sus siglas en inglés), que incorpora de manera explícita el tema de los trabajos de cuidados. En las“Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador”(ONU, 2015) se expresa preocupación por“la falta de medidas para promover la igual participación del hombre en las obligaciones familiares” y se recomienda aprobar normas orientadas a reforzar las obligaciones comunes de la madre y el padre. El Programa de Acción de El Cairo(ONU, 1994) y la Plataforma de Acción de Beijing(ONU, 1995) han sido determinantes para el desarrollo conceptual y metodológico de las encuestas y de las estadísticas de uso del tiempo. Los acuerdos suscritos en las conferencias regionales también brindan elementos conceptuales y programáticos. El Consenso de Santo Domingo (CEPAL, 2013) habla del cuidado como derecho que genera obligaciones en los Estados y recomienda“...la consolidación de sistemas públicos de protección y seguridad social con cobertura universal, integral y eficiente… que garantice el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, incluyendo a las mujeres que han dedicado sus vidas tanto al trabajo reproductivo como productivo, remunerado como no remunerado”. La Estrategia de Montevideo(CEPAL, 2017) propone implementar estudios de impacto de género de las políticas fiscales antes y después de su aplicación, asegurando que estas no tengan un efecto negativo explícito o implícito sobre la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las 359

REGIÓN ANDINA mujeres, por ejemplo, en la sobrecarga del TNR o en los niveles de pobreza de las mujeres. Por su parte, el Compromiso de Santiago(CEPAL, 2020a) insta a diseñar sistemas integrales de cuidado, que promuevan la corresponsabilidad(entre mujeres, hombres, Estado, mercado, familias y comunidad), superar las vulnerabilidades de las mujeres en el proceso migratorio y las cadenas globales de cuidado, y promover políticas de corresponsabilidad del TNR entre hombres y mujeres. La Constitución de la República del Ecuador(2008), en su art. 333, reconoce al TNRH como una actividad productiva y dispone extender la cobertura de seguridad social general a las personas que lo realizan: Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunderado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. Asimismo, el art. 34 reitera la cobertura de seguridad social para las personas que realizan TNRH:“…Su ciencia para la atención de las necesidades individuales y colectivas, incluye además a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares”. Y decreta que es irrenunciable y que se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad y equidad. La cobertura de seguridad social al TNRH se estableció jurídicamente en 2015 con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Esa norma introdujo reformas a la Ley de Seguridad Social en su art. 10 con el siguiente texto: La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar estará protegida contra las contingencias de vejez, muerte e invalidez que produzca incapacidad permanente total y absoluta. La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar podrá aportar de forma voluntaria para la cobertura de la contingencia de cesantía. La ley señala en el art. 9 que, para acceder al seguro social, la persona debe realizar“de manera exclusiva tareas de cuidado del hogar sin percibir remuneración o compensación económica alguna”. En el marco de esta ley, la afiliación voluntaria al IESS de las trabajadoras que prestan trabajo no remunerado se realiza mediante un débito mensual 360

ECUADOR de$ 2,07 de sus pensiones y bonos. Las beneficiarias se pueden jubilar luego de cumplir 240 aportaciones. Según datos del IESS, en el 2017 se incorporaron 212.033 trabajadoras(IESS, 2017). La posibilidad de inscripción al seguro general representa un avance en materia de reconocimiento y compensación económica. Sin embargo, al condicionar a las beneficiarias a realizar exclusivamente actividades no remuneradas del hogar se limita su capacidad de recibir ingresos por cuenta propia que las complementen. La CEPAL señala que, en 2019, el 33,8% de mujeres en Ecuador no cuenta con ingresos propios, entre otras razones debido a que se dedican exclusivamente a las labores domésticas. En esos casos, la cobertura de seguridad social no implica derecho a los servicios de salud ni se reconocen los accidentes de trabajo o la cesantía. Entonces, la cobertura es incompleta y aún está lejos de garantizar bienestar y calidad de vida a quienes realizan TNRH. En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) que el país se comprometió a cumplir en 2030, se reitera el derecho a la seguridad social a las personas que realizan TNRH, se propone fortalecer los sistemas de cuidados para personas en situación vulnerable y sostener programas de asistencia a cuidadores de personas con discapacidad. Las transferencias monetarias citadas se refieren al Bono Joaquín Gallegos Lara, creado en 2010 como parte del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo. Ese programa entrega US$240 al familiar cuidador o cuidadora de la persona con discapacidad severa o enfermedad catastrófica,“con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y a su vez ayudar a la persona cuidadora para que las puedan seguir atendiendo a tiempo completo, brindarles apoyo y capacitación continua para que puedan desarrollar emprendimientos dentro de su hogar”(MIES, 2020). Por su parte, la Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 20182021(CNIG, 2018), que guía la formulación de políticas, programas y proyectos para“efectivizar el cumplimiento de los derechos y la transversalización de la perspectiva de género en el país”, propone en el Eje 2,“Sostenibilidad de la vida”:“Disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres, promoviendo la corresponsabilidad entre el Estado, el Mercado, las Familias y la Comunidad”(§ 2.1.3). Para ello, se establece ampliar los programas extracurriculares, deportivos, culturales y artísticos para la niñez y adolescencia que permitan conciliar el tiempo de trabajo remunerado con el tiempo dedicado al trabajo doméstico de mujeres y hombres; crear mecanismos que permitan el ejercicio del derecho al trabajo para las personas que tienen responsabilidades de cuidado a terceros, como el teletrabajo y reducción de jornadas laborales; diseñar campañas comunicacionales que promuevan la valoración social del trabajo doméstico no remunerado de cuidados; incluir en las mallas curriculares del sistema 361

REGIÓN ANDINA Tabla 1. Trabajo No Remunerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) 2030 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 TODA UNA VIDA Políticas. Objetivo 1.7: Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. En el apartado“Visión de largo plazo” especifica: “A su vez, en Ecuador el Estado garantizará y hará efectivo el goce pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan: trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo, enfatizando la reducción de brechas entre mujeres y hombres”. Meta a 2021: Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de la seguridad social pública contributiva del 47% al 51,2%. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Metas del Objetivo 5.(4): Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Metas del objetivo 10.(4): Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Políticas 1.5: Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. Meta a 2021: Transferencias monetarias condicionadas, en corresponsabilidad entre hombres y mujeres; y la implementación del teletrabajo o la reducción de jornadas laborales sin afectación al salario, para personas que tienen responsabilidades de cuidado a terceros, especialmente, a los cuidadores de personas con alto grado de discapacidad. Metas del objetivo 5.(5): Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Meta 1.A.1: Proporción de recursos asignados por el gobierno directamente a programas de reducción de la pobreza. educativo inicial, básico, bachillerato, superior y tecnológico, cursos o contenidos sobre el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados; generar periódicamente información especializada en género, como la Encuesta de Uso del Tiempo y la Cuenta Satélite del TNR y reglamentar el sistema nacional de cuidados en relación con el Sistema de Inclusión Social existente; y, finalmente, identificar las condiciones de desigualdad que viven las personas 362

ECUADOR LGBTI y su aporte al trabajo doméstico y no remunerado, que limita su acceso, participación y ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Aún no se han formulado políticas públicas para alcanzar los objetivos descritos en la Agenda ni para asegurar que las encuestas y Estadísticas de Uso del Tiempo y Cuentas Satélites de TNRH se sigan realizando a futuro. Igualmente, los servicios de cuidados(públicos y privados), que podrían disminuir la carga de las personas que realizan TNRH, aún son deficientes, como se verá más adelante. La legislación en torno al TNRH muestra todavía un limitado desarrollo en el país. El reconocimiento de las personas que lo realizan se centra fundamentalmente en la extensión de una seguridad social que no incluye todos los beneficios, y las transferencias monetarias únicamente aplican para quienes cuidan de personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. 3.4. El cuidado en la vida del trabajador y la trabajadora El Convenio sobre la igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares N° 156 de la OIT, ratificado por Ecuador en 2013, establece la obligación de los Estados a adoptar medidas para que las personas con responsabilidades familiares que trabajan con remuneración puedan disfrutar libremente de su derecho al empleo. En la Constitución del Ecuador(2008), el art. 43 establece que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social, laboral y la gratuidad de los servicios de salud durante el embarazo, parto y posparto. El art. 332 reitera que se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad. Y el art. 369 indica que el seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de maternidad o paternidad a través de la red pública integral de salud. Al respecto, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social(2010) ordena en el nuevo art. 105: En caso de maternidad, la asegurada tendrá derecho a: la asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo; un subsidio monetario, durante el período de descanso por maternidad, en el caso de la mujer trabajadora; y, la asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida sin perjuicio de la prestación de salud hasta los dieciocho(18) años de edad. Para acceder a dichos derechos, la madre debe estar al día en el pago al IESS de sus obligaciones y, en el caso de afiliadas voluntarias, deben tener 12 aportaciones continuas. 363

REGIÓN ANDINA Por su parte, el Código de Trabajo, modificado en 2012, establece en su art. 153 que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas. La licencia de maternidad se menciona en el art. 152: Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia de maternidad con remuneración de 12 semanas de reposo. La licencia por paternidad, también remunerada, concede 10 días de permiso si es parto normal o 15 días de permiso en caso de ser cesárea. En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días más y si la enfermedad es degenerativa, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco días(Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento, Ecuador 2012, art. 152). Se añade que, durante los 12 meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará 6 horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. Por otro lado, la licencia por adopción para madres y padres es de quince días. En caso de hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa, la licencia con sueldo para el tratamiento médico es de 25 días con remuneración. Sobre las guarderías y lactancia, el art. 155 determina que las empresas con 50 o más trabajadores y trabajadoras deben contar con servicio de guardería para la atención de los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras suministrando gratuitamente atención, alimentación, local e implementos. Si la empresa no puede cumplir esta obligación directamente, deberá unirse con otras empresas o contratar a terceros para prestar este servicio. La Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo(2016), establece en el capítulo IV Reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, art. 8, que las servidoras y los servidores públicos podrán acceder a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración hasta por 9 meses adicionales una vez concluido el permiso de maternidad o paternidad, para asegurar al cuidado de hijos e hijas, dentro de sus primeros 12 meses de vida. Dentro de los 3 días posteriores de terminar el periodo de licencia de paternidad o maternidad, el padre o la madre podrán solicitar los fondos de cesantía que tuvieren acumulados. Durante el periodo de licencia sin remuneración se garantizarán las prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser reembolsadas por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, en el art. 33 se establece que se concederán permisos hasta por dos horas diarias cuando se requiera cuidar a personas con discapacidad severa y para la matriculación de los hijos e hijas en centros educativos. La Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 en su Eje 2, punto 2: Producción y Empleo, propone adoptar medidas que promuevan 364

ECUADOR la conciliación entre la vida familiar y profesional, la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres, el desarrollo de programas de supervisión sobre el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los derechos de las mujeres trabajadoras, licencias de maternidad, lactancia, paternidad, ingresos, implementación de guarderías e impulsar una reforma en el Código del Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio Público(LOSEP), que permita ajustar la jornada laboral, reconociendo la sobrecarga de trabajo de las mujeres por trabajo de cuidados, que sostiene la reproducción de la vida y aporta a la economía nacional. En su Política 3(“Generar las condiciones que permitan a las mujeres el acceso al empleo adecuado, estableciendo medidas de acción afirmativa e incentivos”), la mencionada Agenda plantea motivar el cumplimiento de las empresas, empleadores y empleadoras, para que promuevan la responsabilidad paterna en el cuidado humano, estableciendo una política de incentivos internos, apertura a permisos por enfermedad de menores, cuidado paterno y materno igualitario. A pesar de que en la Agenda se propone estimular la corresponsabilidad del cuidado entre padre y madre, las leyes de licencia por paternidad no concuerdan con ese objetivo pues, como vimos, tienen corta duración y no están enfocadas a incentivar la participación del padre en el cuidado. En este sentido, la licencia por paternidad se vuelve simbólica y perpetúa el rol de las mujeres de cuidadoras principales. Más allá de una política de incentivos, se requiere reformar el Código de Trabajo para asegurar la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres. Las normativas de licencias por maternidad o paternidad excluyen a varios sectores como: trabajadores y trabajadoras subcontratados, contratados temporalmente, informales o no asalariados que son mayoría. Por tanto, los sujetos de derecho de las licencias son solo las personas que tienen mejores condiciones de empleo. 4. Servicios de cuidados La participación del Estado, el mercado, la comunidad y la familia en la organización social de los cuidados es altamente desigual en Ecuador. Los servicios de cuidados se han construido considerando que el cuidado es responsabilidad principal de los hogares y que la participación del Estado se reserva a aspectos muy específicos; por ejemplo, el caso de hogares en situaciones de vulnerabilidad económica y social. La EUT(2012) muestra que el 75% del trabajo de cuidados está a cargo de los hogares, el 14% del sector público y el 12% del sector privado. En este sentido, como dice Martínez Franzoni(2008), Ecuador tiene un régimen de tipo“semifamiliarista informal” con un limitado desarrollo de los servicios 365

REGIÓN ANDINA G G r r á á f fi ic c o 8. . D D e e d d ic i a c c a i c ó i n ó a n l a tr l a t b r a a j b o a d j e o c d u e id c a u d i o d s ados S S e e g g ú ú n n s se e x x o o y y ti t p ip o o de de pr p o r v o ee v d e o e r dor Hogares TOTAL 75% Mujeres 64% Hombres 11% 5% 4% Privado Público 12% 14% 7% 10% Fuente: INEC-EUT, 2012. Fuente: INEC-EUT, 2012. de cuidados, del mercado y del Estado, que cubre solo cierta parte de las necesidades y donde las familias, y dentro de estas las mujeres, toman a cargo los cuidados de forma gratuita. En todos los sectores dedicados a los servicios de cuidado(hogares, mercado y Estado) las mujeres son el 81% del total. Aunque en la EUT(2012) no existe una medición de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales, estas cumplen un papel importante en la provisión de servicios gratuitos o de bajo costo. Las organizaciones comunitarias como agentes de cuidado transforman el triángulo formado entre el Estado, el mercado y la familia, en una figura con cuatro esquinas denominada por la economía feminista“diamante de cuidado”. Al respecto Sara Moreno-Colom(2018) afirma que“Las respuestas comunitarias surgen como una salida que recupera viejas tradiciones para superar los límites de la responsabilidad pública…” y el fracaso de los sistemas organizativos de cuidados. En la coyuntura del covid-19, donde los servicios públicos de cuidado se suspendieron, los barrios de los quintiles más bajos han improvisado espacios dedicados al cuidado para hacer frente a la demanda. Las organizaciones comunitarias que gestionan cuidados pueden haberse incrementado temporalmente durante esta coyuntura. En el Eje 1 del citado Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 llamado“Derechos para Todos durante Toda la Vida”, se propone:“Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural” hasta 2021. La Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021, en su objetivo 2 expone ampliar la cobertura de los servicios de cuidado para personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas, priorizando al área rural, con el propósito de“reducir la carga de trabajo de las mujeres con ampliación de la cobertura de los servicios 366

ECUADOR de cuidado, potenciando sus oportunidades de acceso al empleo adecuado y disminuyendo la brecha salarial, para alcanzar su autonomía y empoderamiento económico”. Lamentablemente los objetivos con respecto a la ampliación e integralidad de los servicios de cuidados están lejos de cumplirse. La política relacionada con los servicios de cuidado directo está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social(MIES) que, según la Constitución, tiene la rectoría sobre la protección integral a los grupos de atención prioritaria. En los procesos de diseño de programas de protección no se consulta a la población sobre los servicios y su planificación, por lo que el contenido podría no ser apropiado para ciertas poblaciones con culturas diferentes. 4.1. Salud El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 tiene como objetivo“...aumentar la cobertura de servicios de salud, incrementar la tasa de profesionales de la salud de 25,1 a 34,8 por cada 10.000 habitantes y reducir el porcentaje del gasto de bolsillo de los hogares en salud para el 2021”. Sin embargo, según el Plan Anual de Inversiones el presupuesto estatal de salud disminuyó. El monto ejecutado en salud en diciembre de 2018 fue de 202.000.000 de dólares mientras que entre enero y agosto de 2019 llegó a 58.000.000 de dólares. La Organización Panamericana de la Salud(OPS) lo ratificó y anunció que Ecuador gastó en 2019 solo 5% del PIB en salud, menos del mínimo recomendado por la OMS. Según Encuestas de Condiciones de Vida(ECV) 2014, entre las razones más importantes de no acceso a servicios de salud se encuentran las económicas. Si bien la salud es considerada como un derecho universal gratuito en el país, los hogares deben asumir gastos no relacionados con el servicio directo sino con insumos, exámenes, medicamentos u otros rubros que eventualmente escasean en el servicio público. En el área rural el acceso es 12 puntos porcentuales menor frente al área urbana, que muestran 15 puntos porcentuales para los hombres y 10 puntos para las mujeres. La falta de acceso a los servicios de salud tiene directa relación con la organización de los cuidados en los hogares. A menor acceso, mayor probabilidad de que la atención quede a cargo del TNRH. Debido a que la razón principal para esta falta de acceso es económica el efecto es directo en las mujeres de hogares más pobres. Durante la emergencia sanitaria por el covid-19, los hospitales públicos y privados colapsaron. En ese contexto, las mujeres afrontaron el cuidado de los enfermos dentro de sus casas y amortiguaron la crisis, asumiendo de forma gratuita la responsabilidad que le pertenece al Estado. Surge la pregunta: ¿Cuánto se ahorró el Estado ecuatoriano por medio del trabajo de cuidado a los enfermos y las enfermas realizado por las mujeres durante la emergencia sanitaria? 367

REGIÓN ANDINA 4.2. Cuidado infantil La Constitución(2008) prescribe en su art. 333 que el Estado proveerá servicios de cuidado infantil para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales. En 2012, el 30% de niñas y niños menores de 5 años asistieron a un programa de desarrollo infantil público o privado. El uso de estos servicios fue mayor en los hogares de menores ingresos; el 33% de las niñas y niños de hogares en el primer quintil de ingresos asiste a un servicio de desarrollo infantil, mientras que este acceso es de 27% para el quintil 5(EUT, 2012). Esto puede estar relacionado con que los hogares más pobres tienen en promedio más cantidad de hijos e hijas, presentando mayores demandas de cuidados infantiles. Adicionalmente, estos hogares se ven en la necesidad de incluir a todos sus integrantes en edad de trabajar en el mercado laboral delegando los cuidados de menores a espacios extradomésticos. En cambio, en los hogares de quintiles más altos, las mujeres tienen la posibilidad de no entrar al mercado laboral si la situación económica de su hogar no lo requiere y dedicarse ellas mismas al cuidado de infantes, pues según la EUT(INEC, 2012a) una de las razones de no asistencia a los centros de cuidado infantil es la preferencia por cuidar a los hijos e hijas en el hogar. De los niños y niñas que asisten a servicios de cuidados, 88,3% asiste a servicios estatales: 83% en el área urbana y 95% en el área rural. El servicio privado es utilizado casi exclusivamente por los hogares de los quintiles 4 y 5, para 9,7% de menores. Otras entidades que brindan esos servicios son la iglesia y fundaciones, en 2%. “Misión Ternura” es el proyecto gubernamental que comprende a los servicios públicos de desarrollo infantil y se ejecuta a través de tres modalidades: Centros de Desarrollo Infantil(CDI) que brindan atención diaria en establecimientos públicos a niñas y niños de 1 a 3 años con alimentación, cuidados en salud, desarrollo de actividades, y juegos, para 301.086 menores en 2014; Creciendo con Nuestros Hijos(CNH), que consiste en atención domiciliaria a través de consejerías familiares como estrategia de promoción de la atención integral para niñas y niños de 0 a 3 años, atendió 214.885 menores en 2015; y Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje(CCRA), en los que participan mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 36 meses que se reúnen en un local de la comunidad o casa familiar para el intercambio de experiencias, acerca del cuidado diario, la protección y seguridad(en este caso, no hay información sobre el número de usuarios de este servicio). Razones más frecuentes de inasistencia a los CDI, según la EUT: el 65% en el área urbana prefieren cuidar a las hijas e hijos en el hogar; el 43% en el área rural. El 46% de los quintiles 1 y 2 de ingreso per cápita adujeron mala calidad, distancia, desconocimiento de la existencia del servicio y falta de recursos. 368

ECUADOR En 2018, dos niños fallecieron en guarderías a cargo del MIES. Los casos se denunciaron y aún están abiertos en fiscalía 9 . Actualmente no existen evaluaciones sobre estos servicios públicos y su efecto en la vida laboral y doméstica de las madres. Los desfases entre las características del servicio público y los horarios laborales son asumidos por las mujeres de diversas maneras, principalmente a través de vinculaciones laborales de subempleo y trabajos informales que le permitan mayor flexibilidad para combinar sus tiempos entre el trabajo productivo y el reproductivo. Entre los colectivos de la sociedad civil que brindan servicios de cuidados gratuitos o de bajo costo a niños y niñas está el Espacio de Wawas del Colectivo Mujeres de Frente. Ese es un proyecto autogestionado, que se sostiene a través del trabajo voluntario de activistas feministas y donaciones. Typhaine Sonarich, activista del proyecto, afirma que el espacio busca realizar“acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de mujeres presas, excarceladas y comerciantes autónomas en Quito. Nos diferenciamos de otros espacios porque buscamos una redistribución colectiva del cuidado y del espacio a través de la propuesta de contenidos, horarios, etc.” 10 . Lamentablemente, como ya se mencionó, no existe una medición formal ni un registro de este tipo de organizaciones. En el contexto del covid-19, en mayo de 2020, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció la suspensión temporal de los convenios de funcionamiento de los 199 CDI denominados Guaguas Centros de la capital, con el objetivo de preservar la integridad 11 . Los habitantes de los sectores populares que no han podido cesar sus actividades laborales a pesar de la crisis sanitaria han resuelto la necesidad del cuidado de niños y niñas por medio de la organización de espacios barriales de bajo costo. 4.3. Cuidado a personas adultas mayores La Constitución(2008) en su art. 38 dispone que el“Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores que…[aseguren la] atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario...”. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 propone como objetivo ampliar la cobertura y especialización de los servicios de salud, pensiones no contributivas, envejecimiento activo con participación intergeneracional, cuidado familiar o institucional. 9. “Dos niños murieron en guarderías a cargo del MIES, ¿qué pasó después?”, por María Borja, diario digital GK , 2/1/2020. Disponible en https://gk.city/2020/01/02/muerte-bebes-guarderias-mies/. 10. Comunicación personal con Typhaine, activista del Espacio de Wawas(5/6/2020). 11. Teleamazonas, disponible en http://www.teleamazonas.com/ archivo de video 13/5/2020. 369

REGIÓN ANDINA Las proyecciones del Censo Poblacional(2010) afirman que actualmente, en 2020, existen 1,3 millones de personas adultas mayores en Ecuador, lo que representa 7,4% de la población total. Según proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía(CELADE), la estructura de la población cambiará, disminuyendo la población infantil y aumentando la población adulta mayor que representará el 10,3% en el 2030 y el 18% en 2054, por lo que será el sector con más necesidades de cuidados. De acuerdo con la metodología de estimación de las necesidades efectivas de cuidado desarrollada por Durán(2006), si se mantienen las coberturas y se distribuye estas necesidades entre el total de la población económicamente activa(PEA), se requeriría cerca de 40% de la población proyectada a 2030 para cubrir las demandas de cuidado. Si esta población no está disponible para el trabajo, este debería ser cubierto por TNR además de canalizar la población activa de otros sectores hacia el cuidado remunerado. En un segundo escenario, si se cubren las necesidades de cuidado infantil y educación inicial al 80%, y las de las demás poblaciones al 30%, al 2030 se requeriría alrededor de 22% de la PEA proyectada a ese año. En la coyuntura de la pandemia covid-19, los ancianos y ancianas son la población con más altas tasas de mortalidad, en particular las personas mayores de 85 años o aquellas con afecciones previas, lo que se aplica, aproximadamente, a cuatro de cada cinco ancianos y ancianas según la OMS, por lo que las proyecciones de Durán podrían cambiar. Según el MIES, en 2013, del total de personas adultas mayores, 45% vivían en condiciones de pobreza y extrema pobreza, 14,9% fueron víctimas de negligencia y abandono y 14,6% de hogares pobres se componía de un adulto o adulta mayor viviendo solo o sola. El envejecimiento de la población es mayoritariamente femenino(64%), pero aun cuando las mujeres vivan más, su calidad de vida será deficiente debido a que están altamente desprotegidas con relación a la salud y a la seguridad social por haber estado vinculadas al TNR. En Ecuador, la tasa de cobertura de seguridad social a personas adultas mayores ha disminuido en las dos últimas décadas. Para el 2013, el 74,3% no accedió a seguridad social contributiva y, al desagregar por sexo, las mujeres tuvieron menos cobertura: 30% en comparación con 43% de los hombres. La EUT muestra que el 5,4% de personas adultas mayores asistieron a programas de cuidado. El servicio al que accedieron fue mayoritariamente público(83%). El 9,4% acudieron a servicios privados y el 7,5% a servicios de una ONG; dentro de los cuales está la iglesia que brinda servicios principalmente para el quintil 1. La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores(2019), en su art. 47, dispone que la autoridad sanitaria nacional implemente servicios especializados en geriatría. Dentro de los centros gerontológicos públicos administrados por el MIES, la Modalidad Residencial y Diurna brinda atención para las 370

ECUADOR personas que requieren protección de forma temporal o definitiva, por carecer de un lugar donde residir o que se encuentran en situación de abandono, sin referentes familiares. Los Espacios Activos de Revitalización, Recreación, Socialización y Encuentro son usados por quienes pueden trasladarse por sus propios medios a lugares públicos cubiertos, así como casas comunitarias, comunales o espacios recreacionales existentes en los centros diurnos-residenciales; y la Modalidad Atención Domiciliaria promociona el bienestar de las personas adultas mayores sin autonomía, que dependen de otras personas para movilizarse. Según lo rastreado por la EUT, dentro de las razones por las cuales la población adulta mayor no asiste a centros de cuidado o servicios especializados se encuentra principalmente el desconocimiento del servicio(50,1%), seguido por la falta de dinero(19,2%), porque la“familia no quiere”(7,4%) y porque el servicio es de mala calidad(14%). El desconocimiento del servicio es más frecuente en el área rural(59,3%) que en el área urbana(43%). Durante la emergencia sanitaria del covid-19, solo los servicios residenciales permanecieron habilitados. 4.4. Cuidado a personas con discapacidad La Ley Orgánica de Discapacidades(2012) en su art. 5 establece la protección y reconocimiento de los cuidadores y cuidadoras de personas con alguna discapacidad. Ello se detalla en varios artículos: Los cuidadores y las cuidadoras pueden gozar de beneficios de inclusión laboral como“sustitutos o sustitutas” de la persona discapacitada(art. 48), el permiso de maternidad se amplía por tres meses adicionales en caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad(art. 52), los empleados y las empleadas públicos y privados con una jornada de trabajo de ocho horas diarias que tuvieren bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa tendrán derecho a dos horas diarias para su cuidado(art. 52), los cuidadores y cuidadoras serán beneficiarios de la exoneración del impuesto a la renta y un monto específico del impuesto al valor agregado(IVA)(arts. 76 y 78) y se establece la obligatoriedad por parte del Estado de ejecutar políticas de protección social incluyendo la capacitación a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las personas con discapacidad, en el buen trato y atención que deben prestarles(art. 87). En los resultados del Censo Poblacional 2010, las personas con discapacidad registradas a nivel nacional representaron 5,6% de la población ecuatoriana; la mitad estaba ubicada en los quintiles 1 y 2. En febrero de 2020 el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades(CONADIS) reportó un 34,5% de personas con 50% a 74% de discapacidad, se trata de personas con alta dependencia económica, ya que una gran mayoría de ellas no participan en el mercado de trabajo. 371

REGIÓN ANDINA De acuerdo con la EUT, 14% del total de personas con discapacidad asistieron a programas de cuidados(públicos, privados u ONG). La cobertura fue mayor en el área urbana, llegando al 16,5%, frente al 10,4% en el área rural. El 76,4% usó los servicios públicos. De las personas con discapacidad del quintil 1, apenas 8% accedió(menos que en el resto de los quintiles). Sin embargo, según el CONADIS la incidencia de la discapacidad es más alta en este quintil. El MIES gestiona tres modalidades de servicios gratuitos a personas con discapacidad: - Centros Diurnos de Desarrollo Integral, que se centran en el desarrollo de habilidades físicas, intelectuales y sensoriales en jornadas de ocho horas diarias, durante los cinco días hábiles de la semana; - Centros de Referencia y Acogida que brindan atención a personas en condiciones de abandono o carentes de referente familiar, que requieren acogimiento temporal o permanente, y - Atención en el Hogar y la Comunidad que brindan visitas domiciliarias. Según la EUT, las principales causas de no asistencia de las personas con discapacidad a servicios de cuidado públicos y privados son el desconocimiento de su existencia, que están distantes de sus viviendas, falta de recursos económicos para pagar por ellos y por considerar el servicio de mala calidad. 4.5. Transferencias monetarias relacionadas con los cuidados Dentro del Plan de Gobierno Toda una Vida 2017-2021 se han desarrollado un conjunto de transferencias monetarias ejecutadas por el MIES para el cuidado de las familias y sus integrantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Una de esas transferencias es el Bono de Desarrollo Humano(BDH), que consiste en un aporte monetario mensual de US$50 destinados a vivienda, educación y salud para familias en condición de pobreza. En 2020 el BDH beneficia a 280.535 personas. También está el Bono de Desarrollo Humano Variable(BDHV), dirigido a familias en extrema pobreza con hijos e hijas menores de 18 años: su monto mensual depende del número de hijos e hijas menores. En 2020 tiene 106.404 beneficiarios y beneficiarias. Para la población adulta mayor que no accede a la cobertura de seguridad social contributiva, el MIES asigna una pensión mensual de US$50, y de US$100 para personas adultas mayores en extrema pobreza. Este programa integra a 395.764 usuarios en total. En 2020, 113.146 personas con 40% o más de discapacidad y en situación de pobreza reciben US$50 mensuales. Como consta en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida , el Bono Joaquín Gallegos Lara consiste en una transferencia monetaria mensual de US$240 dirigida a personas con discapacidad severa y víctimas de enfermedades catastróficas, en situación de pobreza o pobreza extrema que“se contempla como una ayuda 372

ECUADOR para quienes padecen de la afección y también para las personas cuidadoras a quienes se ha denominado Las Joaquinas y que no pueden solventar los gastos con un trabajo a tiempo completo”(MIES 2020), son 30.449 los usuarios y usuarias de este bono. Ante la emergencia sanitaria por el covid-19, el gobierno solicitó al Banco Mundial(BM) la reasignación de 50 millones de dólares para cubrir necesidades básicas y ayudar a 950 núcleos familiares que viven en la pobreza y cuyos ingresos provienen del sector informal. Estos núcleos familiares recibieron un pago único de US$120, esta transferencia se denomina Bono de Protección Familiar para la Emergencia y en mayo de 2020 se encontraba en su segunda fase de planificación, como lo señala el MIES. El Registro Social, herramienta que se utiliza para identificar a los beneficiarios y beneficiarias de las diferentes transferencias y servicios, creado en 2009, obtiene su información mediante encuestas a hogares del país, con distritos seleccionados en función a sus altas tasas de pobreza. Dicho registro se basa en la información medida en 2014, por lo que está desactualizada. En consecuencia, hay un gran número de personas en condiciones de vulnerabilidad que no forman parte del registro y no están recibiendo las transferencias a las que tienen derecho. 5. Trabajo Remunerado del Hogar(TRH) Según el Censo de Población y Vivienda, en 2010, el TRH empleaba al 3,5% de la población ocupada; o sea 222.495 personas. De ellas, el 98% eran mujeres. Las provincias de Guayas y Pichincha emplearon al 54% del total de TRH, siendo estas también las de mayor cantidad de habitantes del país(43%) y donde la gran parte de su población vive en la zona urbana. El 79% de las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar prestaron sus servicios en el área urbana, frente al 21% que trabajaban en el área rural. Por tanto, a más concentración poblacional mayor porcentaje de trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar. La EUT informó que 2% de los hogares ecuatorianos(67.000 aproximadamente) tuvo servicio doméstico. Este servicio estuvo presente mayoritariamente en los hogares de ingresos altos. Del total de personas ocupadas en TRH identificadas en el Censo(INEC, 2010a), solo el 24% estuvieron registradas en el IESS y tuvieron beneficios de ley. Pichincha, que representa el valor mayoritario, tuvo el 29% de registros de total. El 64% de quienes se dedicaban al TRH tenían de 30 a 59 años; le sigue el grupo de jóvenes de 18 a 29 años con 26%; en tercer lugar, las personas de más de 60 años con 7% y finalmente adolescentes de 15 a 17 años que representan el 3%. El 69% de personas ocupadas en TRH se autoidentificaron como mestizas, el 12% como afrodescendientes, el 8% como montuvias, el 6% indígenas y el 5% blancas. 373

REGIÓN ANDINA Según el nivel de instrucción, 3% tenían educación superior, 34% educación secundaria y el 67% primaria o ningún nivel educativo. En comparación con la PEA, las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar tuvieron más altos porcentajes de analfabetismo: 8% frente al 4%. El Censo(INEC, 2010a) muestra que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas(NBI) afectó al 60% de estas trabajadoras. El 9% de quienes hicieron TRH estuvieron en situación de pobreza por ingresos(menos de US$84,72 mensuales) y el 5% vivieron en pobreza extrema(menos de US$47,74). Las personas que realizaron TRH en el sector formal disminuyeron de 4,5% en 2008 a 3% en 2017 y hubo un incremento porcentual en el sector informal. El TRH, entonces, se precarizó aún más. Esto pudo haber ocurrido como consecuencia de la crisis económica, así como por la presencia significativa de mujeres migrantes provenientes de Colombia y Venezuela que se insertan en este sector laboral en condiciones de extrema precarización. El Código Laboral en su art 38 establece que los empleadores/empleadoras y trabajadores/trabajadoras pueden realizar un contrato escrito o verbal. Este último incluye todos los derechos y obligaciones patronales estipulados en la ley(contrato registrado en el Ministerio del Trabajo, seguridad social, permisos de maternidad y lactancia e indemnización al momento de terminar el contrato). La mayoría de personas dedicadas a TRH hacen contratos verbales con sus empleadores o empleadoras. Amparadas en un contrato verbal o escrito, las trabajadoras pueden denunciar incumplimientos laborales o casos de violencia para lo cual es necesario probar la relación laboral; cuando el contrato es verbal la constatación de la relación laboral se realiza por medio de testigos. Las personas que trabajan de manera temporal u ocasional también tienen derecho a denunciar incumplimientos de pagos o casos de violencia. Las denuncias más comunes, realizadas por parte de las ocupadas en TRH en el Ministerio de Trabajo tienen que ver con el incumplimiento en obligaciones patronales(54%), desahucio y despido injustificado(46%), despido intempestivo, el pago de horas extras, décimos 12 y liquidación. En abril de 2019, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, ONU Mujeres y CARE Ecuador gestionaron la habilitación de Rutas de Atención para Trabajadoras 12. El décimocuarto sueldo 2020(décimacuarta remuneración) es un beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores y las trabajadoras bajo relación de dependencia, independientemente de su cargo o remuneración. Solo se encuentran excluidos los operarios, operarias y aprendices de artesanos y artesanas de acuerdo con el art. 115 del Código del Trabajo. Consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago(1 SBU en 2020). 374

ECUADOR Remuneradas del Hogar. Por casos de vulneración de derechos laborales, las trabajadoras pueden acudir a las Direcciones Regionales del Trabajo, Inspectorías de Trabajo, Defensoría Pública o llamar a la línea gratuita del Ministerio del Trabajo(1 800 266 822). Para presentar la denuncia es necesario probar la falta y contar con pruebas del suceso. En caso de violencia de género, si la situación es una emergencia, la Ruta recomienda llamar al 911 o acudir a la Unidad de Policía Comunitaria(UPC), si no es emergencia sugiere llamar a Defensoría Pública(151). Las medidas de protección se deben solicitar a Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas o Comisarías Nacionales de Policía. Las denuncias, en cambio, se presentan en la Fiscalía. La Defensoría Pública no diferencia si la violencia hacia las trabajadoras remuneradas del hogar ha sido ejercida por un familiar o el empleador en el espacio laboral. Esto se debe a que este dato consta solamente en los documentos del proceso y es información confidencial. De un total de 300 asesorías de la Defensoría Pública, el 65% corresponde a violencia contra las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar o miembros de su núcleo familiar. En segundo lugar, está la violencia sexual, que representa el 16% de todas las asesorías, dentro de esta se encuentra: la violación con 7%, abuso sexual con 7%, acoso sexual con 0,6% y estupro con 0,3%. Pichincha tiene el mayor número de violaciones y de abuso sexual denunciados. La violencia psicológica le sigue a la violencia sexual, con 15%. Estos números no representan el total de trabajadoras remuneradas del hogar violentadas, pues las denuncias tienen que ver con los mayores niveles de conciencia sobre los derechos, el conocimiento de los procesos operativos y el acceso a las instituciones como la Defensoría Pública. 5.1. Marco normativo de las personas trabajadoras remuneradas del hogar La Constitución del Ecuador reconoce en su art. 33 que el trabajo es un derecho social y asegura que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el respeto a su dignidad con remuneraciones justas. Los arts. 326 y 327 establecen la irrenunciabilidad de los derechos laborales y prohíbe la precarización del trabajo. Sobre la remuneración digna, el art. 328 dispone que el salario debe cubrir al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Aunque en el art. 325 de la Constitución se reconoce a las labores de cuidado humano como parte del trabajo productivo del país, no existe una disposición específica sobre el TRH. El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida , y los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS), que el gobierno se comprometió a cumplir hasta 2030, planean garantizar el derecho al trabajo decente, incrementar el 375

REGIÓN ANDINA porcentaje de seguridad social contributiva del 47% al 51,2%, proteger los derechos laborales, asegurar la libre asociación para el bien común y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Estos objetivos se establecen para todos los trabajadores y trabajadoras en términos generales. En 2019, el Estado ecuatoriano firmó el Convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y su Recomendación, que fue aprobado en la 108ª reunión de la OIT. Allí se asume la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero” con las situaciones de violencia y acoso en el trabajo. Con respecto a las disposiciones específicas sobre el TRH, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado el 16 de junio de 2011, entró en vigencia en Ecuador mediante el decreto ejecutivo 119/2013. Por tanto, sus disposiciones son plenamente aplicables y exigible su cumplimiento ante el Estado ecuatoriano. Uno de los objetivos del Convenio 189 de la OIT es asegurar la protección de los derechos laborales de las personas que realizan TRH y obligar a los Estados a implementar mecanismos para exigir dichos derechos. Su art. 6 señala la obligación de adoptar medidas para asegurar que las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y de trabajo digno, y en caso de que residan en el hogar para el que trabajan tengan condiciones de vida decentes y que respeten su privacidad. El Convenio también contempla otras obligaciones específicas que deben ser cumplidas por los Estados: el acceso a información sobre la condición de empleo, asegurar acuerdos libres con el empleador o empleadora sobre si residir o no en el hogar en el que trabajan, la obligación del pago en efectivo de su sueldo y de manera oportuna una vez al mes y el acceso a seguridad social en la misma condición que los otros trabajadores y trabajadoras. También menciona que se debe asegurar que todas las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en las mismas condiciones que todos los y las demás. En el Compromiso de Santiago(CEPAL, 2020a) se reconoce que a nivel regional no se están cumpliendo los objetivos del Convenio 189 y se hace un llamado urgente a adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos de todas las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar, de conformidad con lo establecido en el convenio de la OIT. La primera versión del Código del Trabajo en Ecuador data de 1937, los artículos referidos al TRH mantienen términos patriarcales, racistas y clasistas, incluso después de la segunda codificación, en 2012. En su art. 262 dice: 376

ECUADOR Servicio doméstico es el que se presta, mediante remuneración, a una persona que no persigue fin de lucro y solo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del empleador o fuera de ella. En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del lugar. Al reconocer que“la costumbre del lugar” puede ser aplicada en caso de no existir regulaciones específicas se deja un vacío legal que puede ser usado para cometer irregularidades. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que entró en vigencia en 2015 introdujo especificaciones como la del periodo de prueba; la duración de este periodo es de 90 días para los trabajadores y trabajadoras en general; en el caso de las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar es de hasta 15 días. Con relación al descanso, el Código del Trabajo en su art. 268 dispone que las personas que realizan TRH tienen“iguales derechos que cualquier otro trabajador”, debiendo sus jornadas de trabajo ser de cinco días a la semana, o sea prevé cuarenta horas o dos días de descanso. Cuando se habla de“iguales derechos que cualquier otro trabajador”, quiere decir: un contrato registrado en el Ministerio del Trabajo, seguridad social, permisos de maternidad o paternidad y lactancia y, pagos e indemnización al momento de terminar el contrato; sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es aplicado. La CEDAW, ratificada por el Ecuador en 1981, en las Observaciones Finales a los Informes Periódicos Octavo y Noveno del Ecuador(ONU, 2015) manifiesta su preocupación frente a que las mujeres trabajadoras domésticas están concentradas en el sector informal. La retención ilegal de aportes a la seguridad social es sancionada, según el Código Orgánico Integral Penal(COIP), con pena privativa de libertad de uno a tres años. Los arts. 243 y 244 establecen la sanción penal en contra de personas jurídicas que no afilien a sus trabajadores o trabajadoras a la seguridad social y acusa contravención cuando se trata de una persona natural. Si el empleador o empleadora no afilia en el plazo de treinta días desde el inicio de labores, la trabajadora tendrá la posibilidad de denunciarlo o denunciarla ante la fiscalía correspondiente e iniciar un proceso penal. A pesar de las leyes, los empleadores y empleadoras encuentran formas de evadirlas y perpetuar la explotación. Por ejemplo: disminuyen las horas del contrato de trabajo para pagar menos beneficios, obligan a sus trabajadoras y trabajadores a firmar cartas en blanco, cartas de renuncia sin fecha o esconden a las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar cuando el Ministerio de Trabajo hace inspecciones. Como establece el actual Código del Trabajo, los arts. 262, 267, 268 y 270 permiten la modalidad de trabajo“puertas adentro” que implica la residencia 377

REGIÓN ANDINA de la trabajadora en la casa del empleador o empleadora, lo que las hace más vulnerables a situaciones de violencia de género y en la práctica significa la disponibilidad de la trabajadora las 24 horas sin la garantía de retribución económica por horas extras. El COIP en su art. 12 identifica al ámbito laboral como un espacio en el que se ejerce la violencia. La ley incorpora medidas de protección en casos de violencia, que pueden ser emitidas por jueces, o de carácter administrativo que pueden ser emitidas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y Tenencias Políticas. Estas medidas pueden incluir boletas de auxilio, restricción de acercamiento, entre otras. Actualmente no existen mecanismos legales para garantizar la aplicación de la legislación relativa a las trabajadoras remuneradas del hogar o hacer un seguimiento a pesar de que las denuncias por violencia en este sector son altas. Desde noviembre de 2018 se estableció la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que busca la aplicación de acuerdos internacionales y mandatos a nivel nacional sobre derechos laborales y humanos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Está conformada por tres organizaciones sindicales de TRH(Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar −ATRH−, Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines −UNTHA− y Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador −SINUTRHE−), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres(CEOSL), el Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional para la Igualdad de Género(CNIG), la academia, Universidad Andina Simón Bolívar, y la cooperación internacional, CARE-Ecuador y ONU Mujeres. Hasta el momento, la Mesa Interinstitucional de Apoyo ha elaborado Rutas de atención en caso de enfrentar situaciones de violencia y acoso, ha estructurado un mapeo de las necesidades del sector, y creado un modelo de contratos de trabajo específico para las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar de acuerdo con las especificaciones del art. 7 del Convenio 189, modelo que posteriormente el Ministerio del Trabajo subió a su página web. Durante las jornadas de la Mesa se ha hecho énfasis en la importancia de renovar el Código de Trabajo con el objetivo de incluir requerimientos propios del TRH, la urgencia de erradicar el trabajo infantil en el sector, la necesidad de impulsar una organización de empleadores de trabajo doméstico con la que entablar un diálogo, la obligatoriedad de implementar el Convenio 189 en su totalidad y la ratificación por parte del Estado del próximo Convenio de la OIT 190. Este último fue aprobado en junio de 2019 en la 108ª reunión de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero aún no ha sido ratificado por Ecuador. En el Convenio 190 se reconoce que los trabajadores y trabajadoras de determinados sectores, incluyendo al trabajo doméstico, son especialmente 378

ECUADOR vulnerables a casos de violencia y acoso. Por tanto, es necesario adoptar medidas de protección y prevención en todos los espacios laborales como: lugares donde se paga, capacita, descansan o se transportan trabajadores y trabajadoras, o el alojamiento proporcionado por el empleador; lo que es particularmente importante para las trabajadoras remuneradas del hogar del país en donde se considera legal la modalidad“puertas adentro”. Frente a la emergencia sanitaria del covid-19, la Mesa Interinstitucional de Apoyo hizo un llamado al Estado ecuatoriano a proteger los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar durante la crisis. Algunas de las peticiones más importantes fueron: que los empleadores y empleadoras les brinden los insumos de protección adecuados, sobre todo a aquellas que trabajan cuidando a personas adultas mayores y/o bajo la modalidad de“puertas adentro”; que existan todas las regulaciones necesarias para que no sean despedidas y que su salario no sea reducido, ni liquidado a destiempo; que se establezcan protocolos para quienes se desempeñan bajo la modalidad “puertas adentro” y que pueden ser víctimas de violencia de género; que las trabajadoras remuneradas del hogar sean uno de los grupos que reciban los bonos de contingencia frente a la emergencia sanitaria, especialmente aquellas que laboran en condiciones de informalidad; y que los arrendatarios otorguen un tiempo de gracia para pagar sus cuotas de arriendo. 5.2. Adolescentes en el TRH El art. 4 del Convenio 189 OIT exige a los Estados a fijar una edad mínima para ser empleado o empleada que concuerde con el marco normativo nacional e internacional. El Código del Trabajo señala específicamente:“la edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años”. El Código de la Niñez y Adolescencia añade en el art. 91: Los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y garantizará sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y recreación. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que actualmente se denomina Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, emitió la resolución 16/2008, en la que se prohíbe el trabajo doméstico“puertas adentro” de adolescentes menores de 18 años por ser considerado peligroso su bienestar basándose en denuncias de casos de explotación sexual, laboral y otras formas de explotación. Adicionalmente establece la progresiva eliminación de este sector de la población en el TRH puertas afuera. La ENEMDU de 2017 muestra que el 79,8% de hombres y mujeres de 15 a 17 años realizan trabajos no calificados y ocupaciones elementales. De este 379

REGIÓN ANDINA total, el 0,7% se dedica al TRH y todas son mujeres. Del total de adolescentes dedicadas al TRH a nivel nacional, en Pichincha laboran el 19%; en Guayas 16%, en Azuay 10% y en Manabí 8%. En estas cuatro provincias se concentra el 53% de las adolescentes que prestan TRH. Del total, solo tres de cada diez mujeres entre 15 y 17 años, durante 2017, estaban registradas en el Ministerio de Trabajo; es decir son las que tendrían acceso a un empleo que cumpliría, al menos formalmente, con el registro del trabajo. 5.3. Extranjeros y extranjeras en el TRH Las trabajadoras ecuatorianas no tienen garantizado el goce de sus derechos; para el caso de las mujeres migrantes, y sobre todo para las que están en situación irregular, la explotación se agudiza porque están forzadas a asumir condiciones laborales aún más precarias. En Ecuador no existe legislación específica para las trabajadoras remuneradas del hogar migrantes. El Comité de Naciones Unidas para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares(CMF, por sus siglas en inglés) emitió en 2011 la Observación General 1 sobre Trabajadores Domésticos Migratorios, debido a la inexistencia de normativa internacional sobre este tema: …Por lo general, los trabajadores domésticos migratorios corren un riesgo mayor de sufrir determinadas formas de explotación. Su vulnerabilidad deriva de su situación de dependencia, que puede caracterizarse por los elementos siguientes: el aislamiento que representa la vida en un país extranjero, en el que a menudo se habla un idioma distinto; la falta de sistemas de apoyo básico y el desconocimiento de la cultura y la legislación nacional en materia de trabajo y migración; y la dependencia del migrante respecto del empleo y del empleador a causa de las deudas contraídas para migrar, su estatuto jurídico, el hecho de que su lugar de trabajo es también a veces su único alojamiento y la dependencia de los familiares que dejaron en su país de origen de las remesas enviadas por el migrante. Las trabajadoras domésticas migratorias se enfrentan además a otros riesgos por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, a la violencia de género. Esos riesgos y factores de vulnerabilidad son más graves aún en el caso de los trabajadores domésticos migratorios no documentados, especialmente porque suelen correr el riesgo de expulsión si se ponen en contacto con las autoridades para solicitar protección frente a los abusos de un empleador(§7). Concluye con recomendaciones específicas a los Estados acerca de sensibilizar y capacitar, previa partida, la cooperación entre Estados, condiciones de trabajo, seguridad social y servicios de salud, derecho de sindicación para la negociación y la protección colectivas, acceso a justicia, recursos y a una situación migratoria regular. 380

ECUADOR 6. Situación organizativa 6.1. Situación organizativa de las trabajadoras no remuneradas del hogar Por el momento, en Ecuador, no existen sindicatos o asociaciones de trabajadoras no remuneradas del hogar. La única organización de la que se tiene registro es la Asociación de Amas de Casa para el Desarrollo de las Comunidades de Pimampiro fundada en 1995 por mujeres exmigrantes habitantes de ese cantón. Empezó con 20 integrantes que perseguían el objetivo de capacitarse en economía doméstica, cuidado familiar, administración financiera y emprendimientos. En 1998 la organización Pueblo Sin Fronteras les concedió 70.000 dólares para la adquisición de un edificio 13 . Desde hace tres años no hay registro de sus actividades. Las políticas públicas para las trabajadoras no remuneradas del hogar son escuetas y no garantizan una vida digna. La gran mayoría no accede a servicios de seguridad social por lo que no cuentan con pensiones de jubilación, y las que acceden a la cobertura de seguridad en condición de“amas de casa” no tienen una cobertura integral, lo que les pone en una posición de fragilidad. Por esto es urgente la creación de colectivos y sindicatos de trabajadoras no remuneradas del hogar que les saque de su aislamiento y les permita visibilidad e incidencia en las políticas públicas. 6.2. Situación organizativa de las trabajadoras remuneradas del hogar En Ecuador existen tres organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar que han luchado por la aplicación de acuerdos y regulaciones nacionales e internacionales y han exigido la vigencia de derechos sobre su situación laboral y humana, a saber: - La Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar(ATRH) se fundó en Guayaquil en 1998, con el apoyo de la Fundación María Guare, buscando proteger los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar y vigilar su cumplimiento. En 2015 eran 500 mujeres y 6 hombres. Dentro de sus propuestas la ATRH aboga por la creación de un Centro de Capacitación, Formación y Colocación con el fin de profesionalizar el trabajo del cuidado remunerado. - La Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines(UNTHA) se creó en 2015. Lucharon varios años para constituirse como unión sindical, 13. “25 amas de casa crean dos pequeñas empresas”, La Hora , 8/10/2011. https://lahora.com.ec/ noticia/1101217253/25-amas-de-casa-crean-dos-pequec3b1as-empresas381

REGIÓN ANDINA pues ante la ausencia de una organización de empleadores, el Estado alegaba que la representatividad de las trabajadoras estaría sobredimensionada(por falta de una representación tripartita). En 2018 consiguieron la sindicalización apoyándose en el art. 3 del Convenio 189: garantía de libre asociación en el trabajo doméstico. En 2020, la UNTHA tiene presencia en la región sierra y costa, con más de 300 asociadas que buscan formar e informar a las trabajadoras remuneradas del hogar en materia de derechos de mujeres, laborales y económicos. El 90% de las socias son jefas de hogar. - El Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador(SINUTRHE) se creó en 2016 y al momento de su creación estuvo integrado por 600 miembros provenientes de 11 provincias. Este fue el primer sindicato de trabajadoras no remuneradas del hogar, después de 18 años de lucha para obtener la personería jurídica 14 . Las tres organizaciones están asociadas a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar(CONLACTRAHO), que reúne a organizaciones de TRH de 14 países, y a la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos del Hogar(IDWF, por sus siglas en inglés) que agrupa a organizaciones de Asia, África, América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. ATRH, UNTHA y SINUTRHE enfrentan varios retos. La falta de financiamiento es una de las grandes dificultades, pues las líderes trajinan entre atender las demandas de fortalecer una organización y, a la vez, satisfacer las necesidades económicas de su familia y su propia vida. En este sentido, la dificultad es mantener activos los sindicatos y asociaciones que actualmente reciben fondos principalmente de ONG europeas. A diferencia de los trabajadores y trabajadoras dedicados a otro tipo de labores, que al salir o entrar a sus lugares de trabajo se encuentran integrando una colectividad, las trabajadoras no remuneradas del hogar están aisladas unas de otras, lo que dificulta la comunicación, la asociación, la movilización y la afiliación de nuevas socias, por lo que enfrentan el reto de divulgación de información. Una de las luchas más fuertes de las organizaciones ha sido conseguir del Estado la ratificación de convenios. La firma del Convenio 189 de la OIT implicó varios años de lucha con el gobierno. Actualmente las organizaciones están abogando por conseguir la ratificación del próximo Convenio de la OIT(C190), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Pero tras lograr los convenios se inicia el reto de hacer cumplir las leyes. Las organizaciones de TRH han manifestado que el Convenio 189 14. “Trabajadoras del hogar crean su primer sindicato”, El Telégrafo , 22/6/2016, www.eltelegrafo.com. ec/noticias/economia/4/trabajadoras-del-hogar-crean-su-primer-sindicato. 382

ECUADOR no se está cumpliendo y han hecho hincapié, a través de la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, en la necesidad de implementarlo en su totalidad. Otro gran desafío es la redefinición del TRH y la insistencia, que se ha hecho a partir de varios convenios internacionales, en reconocer a quienes los ejercen en términos de igualdad con otros trabajadores y trabajadoras: no solo en las normas sino en la concepción cultural del país. Casanova(2015) afirma al respecto que los factores que conducen a la explotación excesiva de las trabajadoras remuneradas del hogar y dificultan su organización y movilización no son las semejanzas del trabajo del hogar con otros tipos de trabajo, sino precisamente sus particularidades que implican una relación entre empleadores/empleadoras y empleadas de paternalismo/maternalismo, dominación racial, de género y de clase que, además, implican compromisos emocionales que no existen en otros tipos de empleo por lo que propone buscar diferenciarlo de otros trabajos como estrategia de obtención de derechos. Y finalmente, las relaciones con el Estado representan otro desafío, que muchas veces tiene que ver con la voluntad política. 6.3. Otras voces y visibilidad Durante décadas, colectivos sociales, feministas y organizaciones de mujeres han debatido sobre los asuntos del cuidado, buscando visibilizar la contribución de estas actividades para el sostenimiento de la vida, denunciando la feminización del cuidado, la explotación de las mujeres y subrayando la responsabilidad del Estado sobre la organización social de los cuidados. Actualmente, existe un diálogo entre las organizaciones sindicales de TRH y algunos colectivos feministas del país. Las organizaciones sindicales participan en las marchas y manifestaciones convocadas por las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres como el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas(conformada por 17 organizaciones de mujeres), o la Coalición Nacional de Mujeres en el Ecuador(que reúne 21 organizaciones) han buscado articulaciones con las organizaciones sindicales de TRH. Durante la coyuntura de la emergencia sanitaria por el coronavirus, varios colectivos sociales(organizaciones feministas, LGBTI, ecologistas, organizaciones de derechos humanos, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y otros) y ONG aunaron esfuerzos para realizar acciones en favor de las trabajadoras remuneradas del hogar, por medio de colectas, donaciones y gestión de espacios web de debate juntamente con medios de comunicación alternativos y digitales(como Wambra Radio, Política con Manzanas, Indymedia Ecuador, Inredh Derechos Humanos, y otros). Igualmente, los medios alternativos y las organizaciones feministas alertaron sobre la sobrecarga de 383

REGIÓN ANDINA trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres y los crecientes índices de violencia hacia mujeres y niñas en la cuarentena por covid-19. La crisis sanitaria dio visibilidad a los trabajos de cuidados que han pasado de ser completamente ignorados a tener un pequeño espacio en los medios de comunicación masivos del país. Así, por ejemplo, el diario El Comercio ha publicado titulares como“Trabajadoras domésticas piden que se garanticen sus derechos” 15 o“Tareas laborales, escolares y del hogar se mezclan en cuarentena” 16 , y El Universo:“Trabajadoras domésticas sin empleo y sin alimento” 17 . Sin embargo, no hay que perder de vista que la apertura de estos espacios se ha dado por la gestión de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar, los colectivos sociales y la cooperación internacional. 7. Conclusión y recomendaciones Ecuador muestra altos índices de desigualdad social y pobreza, con gran cantidad de personas con empleos inestables y poco acceso a cobertura de seguridad social, siendo las mujeres quienes sufren peores condiciones. Al llevar sobre sus hombros la mayoría del TNR, su incorporación segmentada al mercado laboral no depende de opciones o preferencias, sino de las condiciones estructurales de sus familias, del Estado y de los mercados que limitan su posibilidad de participar en la esfera laboral. Las mujeres de menores ingresos acceden a servicios de cuidado de mala calidad, que no les permiten alcanzar empleos adecuados y estables, o asumen todo el trabajo de cuidados de su hogar, incorporándose a la población sin ingresos propios y sin autonomía económica. Las mujeres de mayores ingresos y nivel educativo, en cambio, buscan liberarse del TNR por medio de la contratación de trabajo doméstico precario y mal pagado realizado por mujeres pertenecientes a los estratos más empobrecidos, y a grupos históricamente marginados por edad, condición socioeconómica, origen étnico,“racial” y nacionalidad. En este sentido, la actual organización de los cuidados es un vector claro de profundización de la desigualdad socioeconómica. A pesar de que en Ecuador el marco normativo, las agendas y los planes de gobierno reconocen al trabajo de cuidados como una labor productiva y declaran la necesidad de promover la corresponsabilidad entre 15. El Comercio , 20/4/2020. Disponible en www.elcomercio.com/actualidad/empleadas-domesticasgarantizar-movilizacion-seguridad.html. 16. El Comercio , 12/4/2020. Disponible en www.elcomercio.com/actualidad/tareas-laboralesescolares-cuarentena-covid19.html 17. El Universo , 19/4/2020. Disponible en www.eluniverso.com/noticias/2020/04/19/nota/7817253/ trabajadoras-domesticas-emergencia-covid-19-inec-fut-mesias 384

ECUADOR el Estado, el mercado, las familias y la comunidad(CNIG, 2018) para el cuidado de la población, son pocas y fragmentadas las políticas públicas concretas dirigidas a conseguir estos objetivos. La legislación se limita a ofrecer una cobertura de seguridad social incompleta respecto de TNRH, servicios de cuidados deficientes que ni siquiera cubren la mayoría de la población vulnerable, licencias simbólicas de paternidad que siguen reproduciendo la norma de que el cuidado debe ser realizado principalmente por las mujeres, y pocos o nulos mecanismos que permiten garantizar el cumplimiento de convenios y derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras remunerados del hogar. Es prioritario una normativa de cuidados con una perspectiva integral que supere las políticas de lucha contra la pobreza e incluya simultáneamente a todas las poblaciones destinatarias, a sus proveedores y proveedoras y sus prestaciones. Esto implica traspasar la familiarización de los cuidados a través de considerarlos como un derecho que permita trasladar la responsabilidad depositada en un solo sector de la población hacia la sociedad en conjunto. Como mencionan Pérez Orozco y López Gil(2011), hablar de cuidados en clave de derecho permite posicionarlos como un problema de política pública que implica recibir cuidados dignos y en condiciones adecuadas en todas las etapas de vida, y tener la opción de decidir cuidar o no. Bajo esta premisa, atender los cuidados es una cuestión de justicia redistributiva básica para el desarrollo de las personas. A partir de lo analizado en este texto, y como aporte a pensar la política pública, se recomienda como estrategias concretas: - Promover la formulación de la normativa necesaria para la aplicación de lo dispuesto en la Ley sobre el Trabajo No Remunerado y Trabajo Remunerado del Hogar. - Realizar procesos masivos de información para concientizar a la sociedad civil acerca de los cuidados como derecho. - Impulsar reformas a la Ley de Seguridad Social(2010) para que se incluya una cobertura completa para las mujeres que realizan TNRH, y que no limite su capacidad de participar del mercado laboral. - Buscar la ampliación de la cobertura de seguridad social para las mujeres que realizan TRH por medio de procesos masivos de información a las trabajadoras y empleadores y empleadoras. - Apoyar la formulación de leyes que obliguen a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los trabajos de cuidados; por ejemplo, la ampliación de las licencias por paternidad en el Código de Trabajo. - Promover servicios de cuidados públicos de calidad y con coberturas más amplias, previendo la transformación demográfica y las nuevas demandas de cuidado. 385

REGIÓN ANDINA - Incidir para que, en el próximo Censo de Población y Vivienda, así como en las Encuestas Nacionales de Empleo, Desempleo y Subempleo, se incluyan preguntas específicas sobre el TNRH y TRH, además de sondeos sobre la población adolescente e infantil en Ecuador y su situación en el TNRH y TRH. - Fomentar la realización de las Cuentas Satélites del TNRH. - Diseñar y fortalecer estrategias de comunicación y campañas permanentes para educar a la sociedad civil sobre el cuidado y su importancia para la reproducción de la vida, con énfasis en la corresponsabilidad del cuidado. - Sensibilizar a las trabajadoras remuneradas del hogar sobre las ventajas de ser parte de una organización y diseñar mecanismos de sostenibilidad de estas organizaciones. - Promover y fortalecer la articulación entre las organizaciones de TRH con los movimientos de mujeres y feministas. - Impulsar la creación de organizaciones de TNRH utilizando las nuevas tecnologías de la información. Lista de siglas utilizadas ATRH CCRA CDI CEOSL CEPAL CNH CNIG COIP CONADIS CONLACTRAHO CSTNRH ENEMDU ENTI EUT IDWF IESS ISSFA Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje Centros de Desarrollo Infantil Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres Comisión Económica para América Latina y el Caribe Creciendo con Nuestros Hijos Consejo Nacional para la Igualdad de Género Código Orgánico Integral Penal Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado del Hogar Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo(2019) Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil Encuesta Uso del Tiempo Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar Instituto Nacional de Seguridad Social Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador 386

ISSPOL LOSEP MIES ODS OMS OPS PEA SINUTRHE TNR TRH UNTHA ECUADOR Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional Ley Orgánica de Servicio Público Ministerio de Inclusión Económica y Social Objetivos de Desarrollo Sostenible Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud Población Económicamente Activa Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador Trabajo No Remunerado Trabajo Remunerado del Hogar Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines Referencias Fuentes primarias Banco Central del Ecuador(2017). Reporte de Pobreza, Ingresos y Desigualdad. Ecuador, https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/ Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaJun2017.pdf. CARE(2019). Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador. Disponible en www.care.org.ec/wp-content/uploads/2018/12/CARE-ESTUDIOTRH-2.pdf CEPAL(2013). Consenso de Santo Domingo. XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.https://www.cepal.org/es/eventos/xii-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe —(2017). Estrategia de Montevideo, XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco —(2020a). Compromiso de Santiago, XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. https://conferenciamujer.cepal.org/14/es —(2020b). Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe . https://oig.cepal.org/es. CNIG(2018). Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021. www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Agenda_ANI.pdf. —(2019).“Estudio sobre el trabajo remunerado y no remunerado del hogar en niñas y adolescentes en Ecuador 2019”. www.igualdadgenero.gob.ec/estudio-sobre-el-trabajo-remunerado-y-no-remunerado-del-hogar-en-ninas-y-adolescentes-en-ecuador-2019/ Código de la Niñez y Adolescencia. Disponible en www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 387

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Región andina 1. Colombia 2. Perú 3. Ecuador 4. Bolivia 392

BOLIVIA Organización social de los cuidados en Bolivia Bishelly Elías Argandoña Nina Mansilla Bethel Nuñez Reguerin 393

Bishelly Elías Argandoña. Economista, feminista, integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE) y del grupo de Estudios de CLACSO Agricultura y Género. Doctoranda en Economía(Universidad Privada Boliviana). Nina Mansilla. Feminista independiente, integrante de Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto. Socióloga(UMSA-La Paz), investigadora social y agricultora autónoma. Bethel Nuñez Reguerin. Feminista independiente y autónoma, parte de Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto. Investigadora social y maestranda en Estudios Feministas(CIDES-UMSA). 394

BOLIVIA Índice 1 Cuidado, economía del cuidado y políticas de cuidado: desde dónde partimos 397 2 Estado de situación en cifras: los datos desde donde partimos 399 3 Del deber ser al hacer: el cuidado en la política pública en el Estado 405 3.1. Normativa y programas de alimentación 408 3.2. Corresponsabilidad del Estado en el cuidado 409 3.3. Normativa y políticas para el trabajo doméstico remunerado 411 4 Servicios de cuidados, ¿quiénes cuidan realmente? 413 4.1. Las poblaciones vulnerables 414 4.2. Las actoras del cuidado: más allá de las poblaciones vulnerables 419 4.3. Organizaciones y luchas en torno a los cuidados 419 4.4. Presupuesto público para los cuidados 426 5 Voces, debates y herramientas para una política sobre el derecho al cuidado 429 Lista de siglas utilizadas 433 Referencias 434 395

1. Cuidado, economía del cuidado y políticas de cuidado: desde dónde partimos BOLIVIA L os trabajos de cuidado se refieren a todas las acciones que se realizan para garantizar la provisión de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de la vida de las personas ya sea en el ámbito público como privado.​ Se llevan a cabo cara a cara, implican relaciones que aseguran la sostenibilidad de la vida. L​ os trabajos de cuidado pueden ser remunerados o no remunerados, ejecutados en el ámbito del mercado, en las comunidades, en el hogar o provistos por el Estado. Son realizados primordialmente por mujeres.​ El cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente, todo lo que buscamos para entretejer una compleja red del sostenimiento de la vida(Fisher y Tronto[1990] citado en Tronto [2006: 5]). La economía del cuidado comprende el entramado de relaciones y transacciones económicas y sociales que nacen a partir de las actividades del cuidado que se realizan. Para Rodríguez Enríquez(2015) a través del concepto de economía del cuidado, la economía feminista pretende al menos dos objetivos: 1) visibilizar el rol sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica económica en el marco de sociedades capitalistas, y 2) dar cuenta de las implicaciones que la manera en que se organiza el cuidado tiene para la vida económica de las mujeres. 397

REGIÓN ANDINA La economía del cuidado sostiene el entramado de la vida social humana, ajusta las tensiones entre los diversos sectores de la economía y, como resultado, se constituye en la base del edificio económico(Bosch, Carrasco y Grau, 2005). ​ Las concepciones y análisis sobre la economía del cuidado plantean diferentes perspectivas. Una de ellas es la enfocada en la reproducción de la vida, que insiste en la necesidad de visibilizar el trabajo naturalizado para las mujeres y que habitualmente no se valoriza. Ese es el enfoque de Picchio(2011), quien defiende que el debate más importante sobre los cuidados no es cómo se distribuye la carga laboral entre hombres y mujeres sino la visibilización de este trabajo oculto e imprescindible para la reproducción de la vida y el sistema económico, así como su interrelación y supeditación a los trabajos visibilizados, habitualmente realizados por hombres. Por otro lado, existe una lectura desde el trabajo de cuidado como base de reproducción capitalista que explota a las mujeres. Rodríguez Enríquez(2015) señala que sin este trabajo cotidiano que permite que el capital disponga todos los días de trabajadores y trabajadoras en condiciones de emplearse, el sistema simplemente no podría reproducirse. Por otro lado, diversos estudios(Anzorena, 2009; Carrasco, 2011; Pérez Orozco, 2006) demuestran cómo los arreglos en torno al cuidado son inequitativos, insatisfactorios y recaen principalmente sobre las mujeres. Esta carga impuesta y naturalizada sobre la vida de las mujeres, además de la pauperización laboral y la sobrecarga laboral de dobles o triples jornadas incluidas las de cuidado,“son la base invisible de un sistema económico insostenible, entre otras cuestiones, porque se erigen sobre la tensión de capital – cuidado de la vida”(Picchio, 2011: 65). Para Federici, la reproducción social de la vida y el trabajo reproductivo son la base en la que se asienta el capitalismo, es decir, el trabajo doméstico invisibilizado en la esfera privada y atribuido a las mujeres en nombre del amor es esencial en la reproducción de la mano de obra para el capitalismo:“el trabajo doméstico no es una actividad libre, es la reproducción de los medios de producción más indispensables al capitalista: el trabajador” (2013: 51). El feminismo marxista de los años 70 propuso un debate sobre el análisis sistémico de la conformación del sistema capitalista. Desde ahí se argumentó que el capitalismo ha invisibilizado al trabajo que asegura la reproducción de la vida, y lo ha relegado al espacio privado de la familia, donde cocinar, cuidar, lavar, gestionar la vida cotidiana, no tiene ningún valor. Así, el capitalismo obtiene plusvalía del trabajo de quienes aseguran la vida de forma gratuita, sobre todo las mujeres. Contrario a ese programa, en años recientes la economía de los cuidados y la economía feminista han resituado el valor del trabajo que asegura la reproducción de la vida, y su centralidad en la economía capitalista. 398

BOLIVIA Estos asuntos han estado lejos de los debates políticos y económicos por muchos años. Entre finales del siglo XX e inicio de este, la economía feminista y las feministas marxistas han contribuido a incluir el cuidado −no solo el cuidado de poblaciones vulnerables, sino en sentido amplio− como un tema central, y a pensar el trabajo de cuidados como campo necesario de discusión y análisis. Como parte de ese esfuerzo, y teniendo en cuenta que el actual contexto de pandemia global ha obligado a una discusión sistemática sobre los cuidados, en este texto nos preguntamos, para el caso boliviano: ¿existen políticas que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados dentro de los hogares –entre las personas convivientes– y fuera de los hogares –entre las familias, las comunidades, el Estado y las empresas−? ¿cuál es la responsabilidad que asume el Estado en la reproducción de la vida y los cuidados? El abordaje del texto inicia con el análisis del estado de situación a través de las cifras existentes, las políticas generadas y su relación con los cuidados. Luego, se refieren los servicios de cuidados disponibles y, por último, se incluye una sección que hace alusión a las voces, reflexiones y propuestas en torno al cuidado que están presentes en Bolivia. 2. Estado de situación en cifras: los datos desde donde partimos Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística(INE, 2020b), la población boliviana suma 11.333.671 personas, 50,1% son mujeres y 49,9%, varones. El 69,1% de las mujeres se encuentran en el área urbana y el 31% en el área rural. En el período intercensal, el crecimiento de la población de mujeres urbanas ha sido de 31,19% mientras que la población rural de apenas 4,25%. De este total, 4,74 millones de personas(equivalente al 40%) se encuentran en edad de recibir mayor cuidado: 3,64 millones(31,25% del total de la población) son menores de 14 años y cerca de 1,1 millones(9,4%, del total de la población) son mayores de 60 años. Si a todas estas personas las cuidaran de manera equitativa entre hombres y mujeres, cada persona adulta tendría a su cargo menos de una persona con mayores necesidades de cuidados. Sin embargo, la realidad es otra y el trabajo de cuidado recae principalmente sobre las mujeres. Si se considera el cuidado de todas las personas y no solo de menores y adultas mayores, el cálculo del índice de dependencia mesurado 1 , señala dos unidades de cuidado por cada mujer en edad activa. De estas dos unidades, una se encuentra en edad infantojuvenil. 1. Se considera que la población total requiere servicios de cuidado y que no hay diferencias de intensidad por grupos de edad. La oferta está dada por el sector de la población que potencialmente puede brindar esos servicios de cuidado. En este caso, se considera a la población comprendida entre los 15 y 74 años(Jiménez, 2010). 399

REGIÓN ANDINA Cuadro 1. Índices de dependencia mesurado ÍNDICE Índice de dependencia Índice juvenil Índice senil Urbana 1,86 0,87 0,06 Fuente: Elaboración propia en base a CNPV 2012. Rural 2,34 1,12 0,11 TOTAL 2,00 0,94 0,07 El índice de dependencia intensificado permite otros análisis. Para calcularlo, se pondera el cuidado teniendo en cuenta la edad del demandante. Si se considera el rango de 18 a 64 años como el de la población en edad de cuidarse a sí misma, y si se asume que los cuidados se proveen equitativamente entre hombres y mujeres, el índice de dependencia intensificado sería de 2,23 unidades. Sin embargo, los cuidados son asumidos mayoritariamente por mujeres; siendo así, el índice escala a 4,44. Eso significa que sobre cada mujer en edad activa recaen al menos 4 unidades de cuidado. De acuerdo con el INE(EH, 2019), en 2019 el 37,2% de la población boliviana se encontraba en situación de pobreza. Según Oxfam(2019), en 2017 el 80% de bolivianos y bolivianas que requerían cuidado por edad(niños, niñas y adolescentes menores de 14 años y personas adultas de 70 años y más) vivían en hogares pobres o vulnerables. Esto equivale a 3.000.000 de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad que requieren cuidado. El 27,4% de los hogares en Bolivia están regentados por mujeres(EH, 2019). De los hogares monoparentales, el 81,80% está cargo de una mujer. Otro dato importante es el mayor porcentaje de hogares nucleares con jefatura masculina: 92,2% frente a 7,8% de jefatura femenina. Esto quiere decir que cuando los hogares se conforman de dos adultos, lo más probable es que el hombre sea considerado el jefe de hogar. Eso incide en la forma en que se configuran los roles de género al interior de los hogares y los actores que asumen los trabajos remunerado y no remunerado. Según el INE(EH, 2019), el 79,7% de las mujeres y 78,8% de los hombres se encuentra en edad de trabajar. Sin embargo, la tasa global de participación (PEA/PET) en el caso de las mujeres es de 66,65%, y en el de los hombres 81,04%. La brecha entre ambos sexos es de 14,4 puntos porcentuales, a favor de los hombres. Esta misma brecha se refleja en la población inactiva: el índice de carga económica tiene una brecha de 26,66 puntos para las mujeres (50,05%) respecto de los hombres(23,39%). ¿Qué sucede con este porcentaje de mujeres que se encuentra en edad de trabajar pero que no está activa? Para responder esa pregunta desde la perspectiva de la economía feminista es posible contabilizar el grupo de 400

BOLIVIA población que se dedica a la actividad“labores de casa” como población activa reproductiva(PAR); así quedaría como población inactiva las y los estudiantes, las personas beneficiarias de prestaciones previsionales y otros. Las tareas reproductivas son una actividad económica. Bajo esta lógica, con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda(CNPV 2012), el 22,9% de las mujeres rurales son PAR, frente a 1,2% de los hombres. En el caso del área urbana, 20,76% de las mujeres es PAR, frente al 1,87% de hombres. Cuadro 2. Población en edad de trabajar, mujeres y hombres, rural y urbana, 2012 Población en edad de trabajar (PET) Población económicamente activa (PEA) Población activa reproductiva (PAR) Población económicamente activa real (PEAR) Población económicamente inactiva (PEI) Mujer % Hombre % rural rural Mujer % urbana Hombre % urbano 1.213.422 100,00 1.335.930 100,00 2.796.523 100,00 2.612.726 100,00 636.935 52,49 1.004.554 75,20 1.348.835 48,23 1.748.879 66,94 277.894 22,90 16.449 1,23 580.671 20,76 48.760 1,87 914.829 75,39 1.021.003 76,43 1.929.506 68,99 1.797.639 68,81 207.426 17,09 314.927 23,57 867.017 31,00 816.154 31,24 Fuente: Elaboración propia sobre los datos del INE – CNPV 2012. Teniendo en cuenta ese análisis, y considerando que la población económicamente activa(PEA) incluye a la habitualmente contabilizada más la población activa reproductiva, entonces la brecha entre hombres y mujeres respecto a su actividad económica disminuye considerablemente: 1,04% en el área rural y sin brecha en el área urbana. Empleo: El porcentaje de participación de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado a lo largo del tiempo, pasando del 58% en 1990 a 66,65% en 2019, siendo una de las más altas de América Latina. Esta se ve 401

REGIÓN ANDINA condicionada por el número de hijos e hijas . En 2017, las mujeres sin hijos o hijas menores de 13 años tenían una tasa de participación laboral de 74%; las mujeres con un hijo o hija menor de 13 años alcanzaban una tasa de participación de 68%; las mujeres con dos hijos o hijas menores de 13 años lograban una participación de 63%; y, finalmente, de las mujeres con tres hijos o hijas solo una de dos participaba en el mercado(Oxfam 2019). En el caso de los hombres sucede lo contrario. La conclusión es: a mayor número de menores en el hogar, mayor probabilidad de los hombres de estar ocupados de forma remunerada y menor probabilidad para las mujeres. Precariedad del empleo: En el estudio de Oxfam(2019) se señala que para el año 2017, según la Encuesta de Hogares del INE, el 36,4% de las mujeres entre 24 y 54 años trabajan a tiempo parcial, frente a solo 14,5% de los hombres. Asimismo, ellas trabajaban en promedio 44 horas semanales en actividades remuneradas, frente a 51 horas en el caso de los hombres. Ambas formas de inserción laboral están acompañadas por condiciones de mayor precariedad y menores ingresos. Trabajo emprendedor e informal 2 : Las mujeres emprendedoras dedican en promedio 12 horas diarias a trabajar, combinando el trabajo doméstico y de cuidado con su emprendimiento, con jornadas que varían de 1 a 17 horas diarias en el primero y de 1 a 16 horas en el segundo. Como resultado de la dedicación que requiere el trabajo de cuidado, muchas mujeres optan por ofrecer menos tiempo a su emprendimiento o incluso lo abandonan con las consecuencias de pérdidas de ingreso y de bienestar socioeconómico que ello implica. Desempleo: Los índices de desempleo también muestran brechas. Es de 2,6% para los hombres y 3,8% para las mujeres(CEPAL, s/f). Por otra parte, el 68,2% de las mujeres urbanas partícipe de la PEA trabajan en el mercado informal 3 , por lo que el acceso a empleo es precario y mal pago. Actividades en las que se emplean las mujeres: Las principales actividades económicas en las que las mujeres participan, según la EH(2019), son: comercio y servicios(31,4%) agricultura(28,2%) y trabajo no calificado (11,6%). Las actividades en que las mujeres participan más que los hombres según el CNPV 2012 son principalmente los servicios: alojamiento y servicios de comida(71% más mujeres que hombres); comercio(37%), servicios de salud y asistencia social(56%), servicios de educación(29%), actividades remuneradas de los hogares privados(95%). Los trabajos en actividades de cuidado(educación parvularia y primaria, salud, servicios no especializados 2. Comprende el trabajo autónomo de las mujeres en distintas áreas(servicios, comercio), en distinta escala(pero principalmente pequeña) que ellas utilizan como forma de sobrevivencia, y que es preferible a otro tipo de participación en el mercado debido a que pueden combinar su trabajo con las tareas reproductivas y de cuidado. 3. CEPAL, Estadística e Indicadores Sociales: https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html. 402

BOLIVIA y trabajo del hogar) como lo señala Jiménez(2010) son realizados en un 90% por mujeres y 10% hombres. Las trabajadoras del hogar: El INE(CNPV, 2012) registró que 78.846 personas se dedicaban al trabajo remunerado del hogar. Según datos de la encuesta de hogares de 2006, en promedio, una trabajadora del hogar reporta trabajar de 9 a 12 horas al día. Solo un 28% manifestó trabajar una jornada de 8 horas, que es lo que se considera una jornada laboral completa(Jiménez, 2010). Se estima que más del 50% son emigrantes de primera generación y que emigraron exclusivamente en busca de trabajo asalariado. Ingresos desiguales: La remuneración media en el sector privado es 20% menos para mujeres respecto de los hombres(INE, 2019). La Encuesta Continua de Empleo(INE, 2020), al primer trimestre 2020, nos muestra una brecha salarial de 20% favorable a los hombres, las mayores diferencias se encuentran entre quienes pertenecen a los grupos ocupacionales de empleados y empleadas(51%), obreras y obreros especializados(45%) y gerentes(33%). Estudios sobre el uso del tiempo en Bolivia. Hemos encontrado dos estudios importantes sobre los cuidados en Bolivia. El más reciente, de Oxfam (2018), señala datos importantes: - En Bolivia, a inicios de la década de 2000, las mujeres dedicaban el doble de horas a las tareas del cuidado en comparación con los hombres: 23,5 horas por semana las mujeres frente a 12,6 horas a la semana los hombres (CEPAL, 2014). - Tres de cada 10 mujeres dejan los estudios para dedicarse al trabajo de cuidado y doméstico(Oxfam, 2018). - 72% de las mujeres adultas cuida a dependientes, ya sea niños, niñas y adolescentes, personas ancianas, enfermas o con discapacidad, frente al 46% de los hombres adultos que lo hacen. - A cualquier edad, las mujeres dedican mayor tiempo en promedio que los hombres a las tareas del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado. El Gráfico 1 muestra que, a medida que aumenta su edad, las mujeres dedican cada vez más horas al trabajo doméstico y al cuidado de niños, niñas y adolescentes. Comienzan dedicando un promedio de 3,47 horas al día entre los 18 y los 25 años hasta llegar a dedicarle 4,7 horas entre los 41 y 59 años, cifra que desciende ligeramente después de los 60 años. En el caso de los hombres, el promedio de horas diarias dedicadas al cuidado de niños, niñas y adolescentes se mantiene relativamente estable desde los 18 hasta los 59 años, y aumenta después de los 60 años en 1 hora diaria. No obstante, las mujeres siempre y en todas las etapas de la vida continúan dedicando más horas diarias de trabajo de cuidados infantiles en los hogares. La mujer boliviana es la protagonista principal de las tareas de cuidado no remunerado desde que es muy joven hasta la vejez(Oxfam, 2018: 55). 403

REGIÓN ANDINA Gráfico 1.: Las mujeres dedican casi el doble de tiempo al día al cuidado G y r a á l f a ic s o ta 1 r . e L as as do m m u é j s e t r ic e a s s d q e u d e i l c o a s n ho ca m s b i r e e l s doble de tiempo al día al cuidado y a las t E a n r n e ú a m s e d ro o d m e h é o s r t a i s c p a o s r d q ía u . A e ñ l o o 2 s 01 h 8 ombres(2018) En número de horas por día Mujeres Hombres 60 años o más 45-59 años 26-40 años 18-25 años Cuidado de 7,36 5,68 6,56 7,73 niños, niñas y adolescentes 5,00 5,11 4,9 4,02 Trabajo 4,38 4,7 3,84 3,47 doméstico 3,65 2,5 2,27 2,45 F F u ue e n n te te : O : X O F x A f M am 20 , 1 2 8 0 , 1 p. 8 5 : 5 5 . . El segundo documento es el análisis del cuidado en Bolivia realizado por Jiménez(2010), para la Red de Mujeres Transformando la Economía(REMTE). Esa fuente muestra que la estructura de los servicios de cuidados está constituida por las amas de casa, los servicios tradicionales de cuidado y los servicios médicos y de salud. Los hogares en los cuales ambos integrantes de la pareja participan en las tareas de reproducción y de cuidado tienden a ser hogares con ingresos más altos, ambos participan en el mercado laboral y no hay grandes diferencias entre sus ingresos. Por el contrario, en aquellos hogares donde solo el hombre cumple el rol de proveedor, a mayor ingreso que él genere menor es la probabilidad de que participe en el trabajo familiar no remunerado. Aparentemente, hay un umbral después del cual los mayores ingresos que provienen exclusivamente de la participación en el mercado de trabajo del padre/pareja están asociados con su menor participación en tareas cotidianas y de cuidado dentro del hogar. Y los hogares en los cuales el padre/pareja aporta más, tienden a ser hogares donde la mujer asume la mayor parte del trabajo familiar y las tareas familiares no son compartidas. Otro factor importante es que parece existir una relación estrecha entre dos tipos de trabajo del hogar: las actividades cotidianas y las tareas exclusivas de cuidado. El mismo estudio mostró que los padres, varones, que participan en el cuidado de sus hijos e hijas, participan también en otros trabajos dentro del hogar, como las compras familiares y la preparación de alimentos. Es decir, una vez que existe corresponsabilidad en el hogar, ello aplica para todas las tareas a su interior(domésticas y de cuidados directos). 404 GENERO ED M 60 H 60 M 41 H 41 M 26 H 26 M 18 H 18

BOLIVIA 3. Del deber ser al hacer: el cuidado en la política pública en el Estado Las políticas públicas son el mecanismo a través del cual el Estado incide en una problemática concreta. Respecto a la organización social de los cuidados en Bolivia, se observa que si bien la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009 señala que el Estado debe“garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”(art. 9, inc. 2), muchas leyes y decretos vigentes que se mantienen desde inicios de siglo XX reproducen una visión de la mujer como la responsable de las tareas de cuidado y alientan su responsabilidad de conciliar el trabajo y la familia. La Ley General del Trabajo(1942), el Código de Seguridad Social(1956) y el Código de la Familia (1972), aún vigentes, perpetúan esta lógica. En la CPE existen avances en el reconocimiento del trabajo de cuidado y reproducción de la vida, involucrando a los cónyuges(art. 64), y garantizando la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas y madres(art. 48). De la misma manera, en la CPE se asume como principales sujetos necesitados de cuidado a niños, niñas y adolescentes, el binomio madre-niño/niña(hasta los dos años de edad) y las personas adultas mayores. También se incluyen mejoras en los beneficios sociales laborales bajo la visión de garantizar estabilidad a la madre gestante y al padre hasta el primer año de edad(Ley 3460 de 2006, de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos; decreto supremo 2480, Subsidio Universal Prenatal por la Vida). Las principales políticas y normativas en este ámbito son: la Ley 65 de 2010, del Sistema Integral de Pensiones; la Ley 475 de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral; el Código Niña, Niño y Adolescente(ley 548), entre otras. Los programas de protección social que incluyen transferencia monetaria son la forma más directa que tiene el Estado de llegar a estas poblaciones. Estas políticas de seguridad social de corto plazo, sin embargo, solo llegan al 25% de la población(Wanderley 2017: 40) que es asalariada; el otro 75% tiene actividades informales, sin ningún tipo de políticas para la conciliación del trabajo y el hogar. Desde la perspectiva de la necesidad de los cuidados, el Estado boliviano asume que las poblaciones vulnerables son las únicas que las precisan. Su acción se orienta fundamentalmente a brindar paliativos temporales, que no coadyuvan a modificar las condiciones que reproducen la pobreza o la desigual organización de los cuidados. Las normas específicas sobre los cuidados son las siguientes: 405

REGIÓN ANDINA Personas de la tercera edad: En la CPE(arts. 67, 68 y 69) se reconoce y establece que, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo con la ley, y adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. Se amplían derechos y privilegios establecidos en la ley 1886 de 1997 para el adulto mayor: a través del decreto supremo 264 se declara el“Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores” y promueve que algunos ministerios, así como empresas públicas, incorporen beneficios para ellas. Se establece la renta universal de vejez(Renta Dignidad), Ley 3791 4 de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales, y se incorpora el derecho a recibir atención médica integral, gratuita, curativa y preventiva orientada a proteger su salud en la ley 3323. Personas con discapacidad: La Ley 223 para Personas con Discapacidad, de 2012, establece el marco y las responsabilidades desde el Estado y sus familias de garantizar el cumplimiento de sus derechos y deberes, bajo un trato preferente e integral. De acuerdo con esa norma, el trabajo de cuidado de las personas con discapacidad se reparte entre familias(madres) y Estado. La ley establece la generación de políticas públicas con enfoque en la inclusión educativa, social, laboral y programas de formación, acceso a créditos para las familias o tutoras o tutores responsables, la inamovilidad laboral en instituciones públicas y privadas para la persona con discapacidad, sus familiares y/o tutores o tutoras. Se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser reglamentada a partir del año 2013. Asimismo, se establece el Comité Nacional de las Personas con Discapacidad(CONADELPIS) como entidad descentralizada del Ministerio de Justicia. La Ley 977, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, de 2017, logro de la presión social de las personas con discapacidad, establece que las instituciones públicas deben incorporar un 4% de su personal y las empresas privadas, 2%, de personas con discapacidad y señala como responsabilidad de los gobiernos municipales el Bono para las Personas con Discapacidad Grave y muy Grave, reglamentada por el decreto supremo 3437, estableciendo el pago mensual de 250 pesos bolivianos. Niños, niñas y adolescentes: La ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, de 2014, tiene el objeto de reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, implementando un Sistema 4. Incrementa el monto establecido en la Ley del Bonosol(del 28/11/2002), de 1.800 a 2.400 pesos bolivianos, y cambia la frecuencia de percepción: de anual a mensual. 406

BOLIVIA Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de sus derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y las empresas a través de su responsabilidad social. El art. 12 establece el rol de la familia como fundamental e irrenunciable. La familia se considera el medio natural para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y su papel en su educación y formación es preponderante. Binomio madre-niña/niño: A través de los distintos programas de salud (ley 2426, del 21/11/2002), se crea en el país el Seguro Universal Materno Infantil- SUMI, destinado a otorgar prestaciones de salud con carácter universal integral y gratuito a las mujeres embarazadas hasta los 6 meses después del parto y a los niños y niñas menores de 5 años. En el marco de la estrategia“Bolivia Digna” del Plan Nacional de Desarrollo 5 se ha establecido la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario y la Red de Programas de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario como instrumento de coordinación. Estos programas se ocupan de las poblaciones más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y madres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. De acuerdo con la ley 475 y el Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural(SAFCI) 6 , ambas políticas de salud del Estado Plurinacional de Bolivia plantean en el art. 5 como beneficiarios y beneficiarias de este servicio a: 1) mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto; 2) niñas y niños menores de cinco(5) años de edad; 3) mujeres y hombres a partir de los sesenta(60) años; 4) mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva; 5) personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro de Personas con Discapacidad, garantizando el financiamiento para esta atención. Programas de transferencias monetarias condicionadas: Los programas de bonos o transferencias monetarias condicionadas se constituyen en una forma de redistribución de ingresos hacia la población vulnerable. Estos son el Bono Renta Dignidad, Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y la Renta Solidaria. - Renta Dignidad: Su población objetivo son las personas de la tercera edad. La Renta Dignidad es el beneficio para todos los bolivianos y las bolivianas, que consiste en pagos vitalicios no heredables para los y las titulares, que: a) tengan más de 60 años, b) vivan en el país y c) no perciban ninguna otra renta o pensión. 5. Estado Plurinacional de Bolivia(2007) Decreto Supremo N° 29246: Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario. 6. http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/politicas/1058/programa-de-salud-familiar-comunitaria-e -intercultural-safci 407

REGIÓN ANDINA - Bono Juancito Pinto: aprobado por decreto supremo 28.899 tiene por objeto incentivar la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los y las estudiantes de las unidades educativas públicas y de convenio en todo el territorio nacional a través del bono de 200 pesos bolivianos pagadero a la culminación del año escolar. - Bono Juana Azurduy: Con el objetivo de instituir el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo integral de la población infantil de cero a dos años de edad, se crea el Bono Madre Niño – Niña“Juana Azurduy”, promoviendo el acceso a la salud y desarrollo integral para disminuir los niveles de mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 2 años. - Renta Solidaria: Bono aprobado primeramente a través de la ley 223 y reglamentado por el decreto supremo 1498, de 2013, y luego en 2017 a través del decreto supremo 3437, es una conquista de las personas con discapacidad y que se ha delegado para su pago al nivel municipal. 3.1. Normativa y programas de alimentación Ley 3460 de 2006 de fomento a la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos para mujeres que trabajan en el sector público o privado. Promueve y protege la lactancia materna de forma exclusiva hasta los seis meses de edad del niño o niña, en todo el territorio boliviano, en la búsqueda de coadyuvar al bienestar físico, mental y social del binomio madre-niño/niña. Subsidio Universal Prenatal por la Vida, creado mediante decreto supremo 2480. Consiste en la entrega a la beneficiaria de cuatro paquetes(un paquete mensual del quinto al noveno mes de embarazo) de productos alimenticios equivalente cada uno a un monto de 300 pesos bolivianos. Se priorizan alimentos de alto valor nutritivo, que contribuyen a mejorar el estado nutricional de la madre gestante que no está registrada en ningún Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo. Ley 475 de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) , en su marco el Ministerio de Salud incorpora complementos nutricionales para el adulto mayor CARMELO(2012) y NUTRIBEBE(2008) que se entrega para menores de 2 años en formulación que proporciona nutrientes necesarios para alcanzar un adecuado estado nutricional. Impacto de las políticas de redistribución. Para 2019, más de 6.000.000 de bolivianos y bolivianas, equivalente al 52,4% de la población, recibió alguno de los tres bonos de mayor cobertura: 20,7% recibió el Bono Juana Azurduy desde su inicio a la fecha, 19% el Bono Juancito Pinto y 12,6% cobró al menos una vez la Renta Dignidad(MEFP, 2019). Los tres bonos en 2019 han significado 4.580.000.000 de pesos bolivianos, siendo la Renta Dignidad el que se lleva el 86% de este presupuesto, Bono Juancito Pinto 10%(b$449.000.000) y Juana Azurduy 4%(b$195.700.000). 408

BOLIVIA La incorporación de los bonos como políticas de redistribución de la riqueza, promoción del consumo o como incentivo para el logro de ciertos indicadores sociales suele ser efectivo y por tanto frecuentemente utilizado en política pública. La evaluación de impacto del Bono Dignidad realizada por UDAPE (2013) señala un incremento de 16,4% en el ingreso per cápita de los hogares con personas adultas mayores(PAM), así como incremento de 15,4% en el consumo per cápita mensual de los hogares con PAM y reducción del conteo de hogares con PAM pobres respecto al total de hogares con PAM(incidencia) en 13,5 puntos porcentuales(p.p.), así como reducción en la pobreza subjetiva: las personas entrevistadas en la evaluación de impacto perciben una reducción en la incidencia de la pobreza subjetiva de los hogares con PAM. Martínez(2004) concluye respecto al Bonosol que“las transferencias no contributivas en hogares rurales de extrema pobreza generan impactos en el consumo alimentario y una parte de la misma es invertida en actividades económicas del hogar como las agropecuarias, lo que genera un efecto multiplicador en el consumo respecto al monto de la transferencia”(Escobar Loza et al. 2013: 42). En el caso del Bono Juana Azurduy, Ugarte y Bolivar(2015) señalan que El Bono Juana Azurduy redujo en 3,7 p.p. la incidencia de la pobreza(proporción de hogares pobres) y en 4,0pp la incidencia de la pobreza extrema en el grupo de beneficiarios de este programa… haber recibido alguno de los tres bonos redujo en promedio 7,2pp la incidencia de pobreza para el subconjunto de la población que efectivamente se benefició de al menos uno de estos bonos en Bolivia el 2013. De igual manera, para el conjunto de hogares que accedieron a alguno de estos tres bonos en 2013, la proporción de pobres extremos se redujo en 8,9pp en promedio(p. 63). Los tres estudios y análisis de las políticas redistributivas muestran que el objetivo principal es la disminución de la pobreza, que eventualmente tiende a lograr su propósito. Sin embargo, estos bonos, más allá de contribuir en la mejora del consumo alimenticio y de ingresos en población vulnerable, no generan cambios, ni beneficios en los trabajos de cuidado para las mujeres. Esta visión desde el Estado como el padre proveedor no asume el trabajo de cuidado en estas poblaciones como una problemática urgente de resolver. 3.2. Corresponsabilidad del Estado en el cuidado En términos de normas específicas sobre los cuidados, Bolivia cuenta con las siguientes: Código de Familia (1972). Reconoce en la familia un rol fundamental para la reproducción de normas y valores, así como la reproducción del Estado. En 409

REGIÓN ANDINA el art. 4, Protección pública y privada de la familia, se especifica:“La familia, el matrimonio y la maternidad gozan de la protección del Estado”. Código de Seguridad Social (1956). El art. 61 establece la licencia por maternidad de 90 días, de los cuales 45 días corresponde a la licencia prenatal, mientras que el lapso restante es posnatal. Si la mujer embarazada contrae alguna enfermedad o tiene alguna complicación mientras está embarazada, el empleador o la empleadora puede permitir que la trabajadora se tome una licencia indefinida hasta que la enfermedad se cure. Decreto ley 13.214 (1975), del Sistema Boliviano de Seguridad Social elevado a ley 006, en 2010. Asegura los ingresos o salarios de las madres. Las trabajadoras que hayan pagado al menos 4 contribuciones mensuales en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de pago del beneficio prenatal en efectivo recibirán el 100% del salario mínimo nacional(art. 31); el Sistema de Seguro Social financiará estos beneficios. De igual manera, a partir del día en que se verifique el embarazo y hasta seis semanas después del parto, la asistencia médica será financiada con fondos del Tesoro General y del Municipal(beneficios de la Ley 475 de Servicios Integrales de Salud, 2013; arts. 1, 2, 3 y 23 del Código de Seguridad Social, 1956). Decreto supremo 012/2009 de inamovilidad laboral. Establece que la madre y padre progenitores que trabajen en sector público o privado por el lapso de un año desde el nacimiento del niño o niña no podrán ser removidos de su fuente laboral. Decreto supremo 1455 (2013). El art. 1 otorga el beneficio de“Licencia Especial” a todas las madres, padres, tutoras, tutores y responsables que trabajen en el sector público y privado que tengan hijas o hijos menores de doce (12) años que requieran atención personal con motivo de un accidente o enfermedad grave. De igual manera el decreto supremo 3462, de 2018, establece una serie de licencias para las y los cuidadores de personas con discapacidad y/o enfermedad, garantizándole mantener su puesto de trabajo mientras cuide a la niña, niño o adolescente que se encuentre en condición o estado crítico de salud, con el goce de cien por ciento(100%) de remuneración. En el análisis normativo se puede observar, por un lado, la protección del concepto anticuado de familia, así como una serie de“beneficios sociales” a mujeres gestantes y madres de menores de edad dentro del sistema público y privado que, sin embargo, no benefician a quienes realizan trabajo informal. Estos beneficios se refieren a licencias que les permitan conciliar el ámbito laboral con el trabajo de cuidados y contar con tiempo para el cuidado de sus familiares. Esa línea, no obstante, también reproduce el rol de las mujeres como principales y únicas responsables de los cuidados y no promueve la corresponsabilidad de otros actores: varones, Estado, comunidad. Entonces, estas políticas que de alguna manera tienden a solventar económicamente durante un tiempo, no generan un cambio social cultural en la responsabilidad compartida de la reproducción social de la sociedad. 410

BOLIVIA 3.3. Normativa y políticas para el trabajo doméstico remunerado El trabajo doméstico remunerado fue normado en la Ley General del Trabajo de 1942, que lo define como el que se presta en forma continua y a un solo patrono, en menesteres propios del servicio de un hogar. Puede contratarse verbalmente o por escrito, siendo esta última forma obligatoria si el plazo excediera de un año, y requiriéndose, además, el registro del contrato en la Policía de Seguridad. Los arts. 38 y 39 de esa ley establecen las vacaciones de 10 días luego de un año ininterrumpido de trabajo y la necesidad de un horario de descanso de 6 a 8 horas mínimo. En tanto respecto del trabajo de mujeres y menores, en los arts. 59 y 60 se establecen la prohibición de labores peligrosas, insalubres, pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres. Y se regula las horas de trabajo para mujeres y menores de 18 años, quienes solo podrán trabajar durante el día, exceptuando labores de enfermería. En 2003 y luego de una lucha incansable, el movimiento de las trabajadoras del hogar(Federación de Trabajadoras del Hogar[FENATRAHOB]) logró la promulgación de la Ley 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar. En su art. 1 se define el trabajo asalariado del hogar como aquel que se presta en menesteres propios del hogar, en forma continua, a un empleador, empleadora o familia que habita bajo el mismo techo. Están consideradas en este sector, las personas que realizan trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niños, asistencia y otros que se encuentren comprendidos en la definición y sean inherentes al servicio del hogar. En la ley se establecen los siguientes derechos: pago de salarios, indemnización por años de servicios, desahucio en caso de despido injustificado, aguinaldo, vacaciones, sindicalización, afiliación a la Caja Nacional de Salud (art. 8). Asimismo, se regula la jornada laboral de 8 a 10 horas y se establece la correspondencia salarial equivalente al mínimo nacional. De esta manera los derechos de las trabajadoras del hogar se amplían respecto a la ley de 1942, en la que se abrogan los decretos referentes al trabajo del hogar. Muchos de estos derechos se aplican tácitamente, sin embargo, la ley no ha sido reglamentada hasta el día de hoy, haciendo casi imposible su aplicabilidad en aspectos como la afiliación a la Caja Nacional de Salud, ya que no existen instancias para su exigibilidad. Al aprobarse la ley, se derogan los arts. 36 al 40 de la Ley General del Trabajo quedando trunco el reconocimiento de algunos derechos laborales que se aplican a cualquier trabajador o trabajadora, menos a quienes hacen trabajo en el hogar. El Estado boliviano ratificó el Convenio 189 OIT, Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Dicho convenio, suscrito en 2011, establece la protección de los derechos y principios básicos para el desarrollo del trabajo doméstico y exige a los Estados tomar medidas para el trabajo decente. Sin embargo, de 2003 a la fecha, existe poco que celebrar respecto a los avances en el acceso a seguridad social de corto y/o largo plazo 411

REGIÓN ANDINA para las trabajadoras del hogar. En 2011 se promulgó la ley 181 que conmemora el 30 de marzo como“Día Nacional de la Trabajadora del Hogar” y el derecho a un día de descanso y, en 2014, se establece la resolución 218/2014 del Ministerio de Trabajo, que otorga contrato escrito y libreta salarial para las trabajadoras del hogar. La FENATRAHOB hizo una autoevaluación espontánea en tanto organización sindical. En ella se refirió a la vulneración de los derechos humanos y laborales de quienes hacen trabajo remunerado del hogar y a la no aplicación de la ley: Ahora debemos luchar para que se profundice la aplicación correcta, la aplicación justa de la ley. Aquí, las dificultades son mayores por nuestras particulares condiciones de trabajo. La gran dispersión de las compañeras trabajadoras asalariadas del hogar(generalmente una en cada hogar citadino) dificultan el trabajo educativo de nuestras organizaciones para hacer conocer las leyes que protegen nuestros derechos humanos y laborales y para desarrollar una acción político organizativa para hacerlos respetar,… las dificultades no solo son por la no aceptación por parte de los empleadores, de los derechos de la trabajadora del hogar estipulados en la ley. Lo paradójico es que los propios funcionarios que deberían hacer respetar la Ley, son los primeros en ignorarla. En ese aspecto, las trabajadoras asalariadas del hogar afiliadas a la FENATRAHOB vemos la necesidad de desarrollar tareas de sensibilización sobre el carácter de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadoras del hogar. No se puede justificar un trato discriminatorio velando primero los derechos de las personas que contratan un servicio doméstico y, al mismo tiempo, ignorando los derechos de quienes realizan este trabajo 7 . Sobre el mismo tema, Castaño(2018) realiza un balance de políticas del gobierno del Movimiento al Socialismo(MAS)(2006-2017), y muestra que, si bien hubo gestos simbólicos significativos, como el nombramiento de Casimira Rodríguez como ministra de Justicia, el limitado número de políticas no permitió la implementación real de la ley 2450: las políticas simbólicas son importantes para incrementar la concienciación de la opinión pública respecto a la importancia del trabajo del hogar,[pero] las políticas simbólicas nunca reemplazarán a las sustantivas[pues a pesar de tener una ley que regula su trabajo] las trabajadoras del hogar han disfrutado de una igualdad legal casi completa con el resto de trabajadores desde 2003, pero esto no ha supuesto una mejora significativa de sus condiciones de vida y trabajo. Respecto a la especificidad de la ley 2450 considera que 7. Portal de FENATRAHOB,§ Historia de nuestras luchas, disponible en www.fenatrahob.org.bo/index.php 412

BOLIVIA …una ley que distingue a las trabajadoras del hogar del resto de los trabajadores también puede tener un efecto negativo; puede reforzar la idea de que el trabajo del hogar no es un empleo como los demás, incrementando por lo tanto la resistencia a posteriores mejoras de las condiciones de trabajo y vida de las trabajadoras del hogar. Este factor podría estar influyendo parcialmente en la falta de implementación de las disposiciones sobre cobertura sanitaria y pensiones. Es posible que se hubiesen obtenido mejoras más amplias si los derechos de las trabajadoras del hogar se hubiesen incluido en la Ley General del Trabajo que rige todos los tipos de empleo, complementándola con regulaciones específicas para tratar los problemas específicos que supone la aplicación de los derechos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, la aprobación de la ley 2450/2003 fue una concesión obtenida por los movimientos sociales bolivianos del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en un contexto muy específico de fuertes movilizaciones sociales contra el neoliberalismo; una reforma más amplia de la Ley General del Trabajo para introducir los derechos de las trabajadoras del hogar era impensable en ese momento(pp. 8-9). 4. Servicios de cuidados: ¿quiénes cuidan realmente? Los trabajos de cuidados se desempeñan tanto en el ámbito privado como público de manera remunerada o no. En el ámbito doméstico generalmente recaen sobre las mujeres de entre 18 y 64 años, quienes asumen esta labor y si quieren o necesitan desprenderse de este trabajo lo delegan a madres, tías, hermanas e hijas, que continúan asumiendo los roles de cuidadoras. Cuando la condición económica de la familia lo permite, se contrata a trabajadoras asalariadas del hogar, quienes desempeñan estas tareas domésticas de limpieza, preparación de alimentos y apoyo en las demás actividades del hogar, incluyendo el cuidado de personas dependientes. Por esta vía se reducen varias tensiones entre los miembros de la familia porque la realización de estos trabajos, aunque subvalorados, son imprescindibles y permiten el desarrollo de otras actividades en el ámbito público, ya sean estudios, trabajos técnicos, profesionales u otros, y aportan a la reproducción social y económica del sistema capitalista. En Bolivia, la demanda pública y privada por trabajos de cuidado es mayor que en sociedades europeas, sin embargo, la población ofertante que otorga estos servicios(mujeres) fuera del hogar para obtener remuneración debe dejar estos servicios dentro del hogar en manos de otras mujeres, quienes a su vez son una población que igualmente requiere servicios de atención y cuidado, pero termina dándolos(Jiménez, 2011). Dichos cuidados se ofrecen a través de centros públicos, mixtos o privados y se otorgan principalmente a distintos sectores vulnerables de la población, según lo establecen la Constitución Política del Estado, leyes, decretos locales y nacionales, y normas que delegan a gobernaciones departamentales y a municipios la ejecución de estos servicios mediante instituciones especializadas. 413

REGIÓN ANDINA Estas instituciones dependen de las gobernaciones departamentales y/o secretarías de Desarrollo Humano. Los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) proveen de los recursos humanos y económicos a las instituciones que dotan estos servicios a nivel estatal. De igual manera, los municipios, regidos según principios y definiciones de la Ley de Autonomías y Descentralización, trabajan con algunos sectores vulnerables de la población proporcionando servicios de cuidados mediante sus unidades sociales. A nivel privado, la mayoría de las instituciones tienen relación con la Iglesia católica; tal es el caso de la Fundación Munasim Kullakita que promueve proyectos para niñas y adolescentes en situación de calle, víctimas de trata y tráfico y migración. También se encuentra la Fundación Arco Iris, organización no gubernamental, dependiente de la Iglesia católica, que beneficia a las y los menores de 18 años que viven en pobreza y pobreza extrema con preferencia a quienes viven y/o trabajan en la calle, poblaciones en situación de vulnerabilidad demandantes de estos servicios. REMAR, dependiente de la Iglesia evangélica, brinda ayuda integral en: alimento, vivienda, vestimenta, medicina, educación y/o terapia(según sea el caso) a madres en condición de abandono, varones y mujeres con problemáticas adictivas, y niñas y adolescentes con problemática de maltrato y abuso sexual. A continuación, mencionamos algunas instituciones públicas que trabajan con población vulnerable específica: 4.1. Servicios a poblaciones vulnerables 4.1.1. Niñas, niños, adolescentes La población infantil es de hecho una población vulnerable que requiere de cuidados tenga o no una condición especial. En Bolivia la demanda por el servicio de guarderías públicas se remonta a la década del 30 del siglo pasado, cuando las vendedoras de los mercados populares de La Paz, afiliadas a organizaciones anarcosindicales como la Federación Obrera Femenina(FOF), pedían la instalación de guarderías municipales para dejar a sus hijas e hijos mientras ellas trabajaban(Dibbits, 1982). Las Casas de Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes fueron creadas en el pasado por voluntades particulares y luego asumidas por instituciones estatales. El Informe del Ministerio de Justicia(2015) señala que en Bolivia, posteriormente a la Guerra del Chaco, debido a la cantidad de niñas, niños y adolescentes(NNA) huérfanos post guerra, el Estado boliviano asumió la responsabilidad del cuidado y protección de los mismos, creándose el Patronato del Menor. Desde entonces las y los infantes huérfanos o en situación de calle pasaron por varias instancias públicas hasta que se promulgó la ley 2026 en 1999, 414

BOLIVIA que permitió la constitución de los SEDEGES bajo la dependencia de los gobiernos autónomos departamentales. En 2014, mediante ley 548, los SEDEGES son sustituidos por las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social(ITDPS), que asumieron desde entonces la tutela extraordinaria de la niña, niño o adolescente ingresada o ingresado a los centros de acogimiento u hogares de su dependencia. Hasta el año 2014 existían 8.583 niñas y niños acogidos en estos centros públicos y privados. El mencionado informe del Ministerio de Justicia registró que en el país existían 196 centros de acogida, de los cuales 82% eran de administración privada y el resto de administración pública. El 43% de los centros no contaba con acreditación institucional por los SEDEGES. Esta falta de acreditación, y por ende falta de control adecuado, tiene entre sus causas la excesiva rotación de personal de estas instancias departamentales, implicando constantes cambios, y la falta de un sistema de información y registro y de coordinación interna (Gobernación) y externa(con instituciones y organizaciones privadas)(p. 40). Existen otras fundaciones además de la mencionada anteriormente. Por ejemplo, la Fundación La Paz , Fundación Arco Iris, los hogares de las hermanas adoratrices y otros relacionados con la iglesia que son instituciones que coordinan con los SEDEGES contribuyendo al cuidado de niños, niñas y adolescentes. 4.1.2. Personas con discapacidad En Bolivia, según datos del Sistema de Información del Programa Único de Personas con Discapacidad y el Instituto Boliviano de la Ceguera, existen 95.884 personas con discapacidad, de las cuales el 45% son mujeres y 55% varones. Del total, 51% tiene una discapacidad grave, el 28% moderada, el 15% muy grave y el 6% padece una discapacidad leve; mientras que el 38% tiene discapacidad física-motora, el 29% intelectual, y el 15% múltiple. Para la atención de las necesidades físicas de las personas con discapacidad existen instituciones públicas, dependientes de las gobernaciones departamentales, municipios; e instituciones privadas, dependientes de la cooperación internacional e iglesias. Las entidades públicas responden administrativamente al Servicio Departamental de Salud(SEDES) y las privadas coordinan parte de sus actividades y financiamiento con la entidad de gobierno departamental. En La Paz, instituciones públicas como el Instituto Departamental de Adaptación Infantil(IDAI) atiende a niños, niñas y adolescentes con trastornos del desarrollo neuro-psico-evolutivo y/o retraso mental o discapacidad mental, leve, moderado y profundo, con residencia interna y externa a nivel de consulta, valoración interdisciplinaria, brindándoles atención integral altamente especializada en medicina. En trabajo coordinado y con seguimiento del IDAI, el Centro de Acogida Kallutaca dependiente del SEDEGES, 415

REGIÓN ANDINA destinado a la atención de adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad mental, que por cumplir con la edad máxima establecida en el reglamento interno, fueron transferidos al Hogar Kallutaca… reciben atención médica especializada, psicológica, trabajo social, alimentación, vestuario, albergue, medicamentos y capacitación agropecuaria. También de manera coordinada trabaja el Instituto Erick Boulter, que atiende a niñas, niños, jóvenes y adolescentes de 4-18 años de edad con discapacidad sensorial auditiva y/o problemas de lenguaje, ofreciendo atención integral especializada. Las posibilidades de las personas y familias en términos de recursos económicos condicionan la accesibilidad a institutos, terapias, conocimientos y el desarrollo mismo de capacidades físicas y cognitivas para lograr cierta autonomía a lo largo de su vida. Muchas personas, a pesar de tener quien les cuide en sus necesidades básicas, no disponen de personal capacitado para atenderles en la integralidad de los servicios que necesitan. En otros casos, las personas dependientes no tienen quien les cuide por abandono o falta de acceso a dichos servicios. Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia ha instalado en los últimos diez años varios centros de terapia y rehabilitación, ha otorgado el Bono de Discapacidad Grave y muy Grave mediante ley 977, el decreto supremo 27.477 que dispone la inserción laboral obligatoria en las instituciones públicas incorporando el 4% de su dotación personas con discapacidad o a sus familiares; la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus cuidadoras y cuidadores no ha mejorado cualitativamente ya que la renta otorgada es insuficiente para su subsistencia. El informe defensorial de seguimiento a dichas disposiciones realizado el año 2018 revela que muy pocas instituciones públicas la han acatado. 4.1.3. Personas adultas mayores Según el INE, en Bolivia alrededor de 1.064.400 personas son adultas mayores de 60 años de edad, lo cual representa 9,3% del total de la población boliviana aproximadamente. Las personas adultas mayores bolivianas pasarán de representar 9,5% para 2020 a 11,5%, el 2030, tendencia que refleja el inicio del proceso de envejecimiento de la población en el Estado 8 . En Bolivia existen 61 centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores. De estos, más de la mitad son privados(33), 20% son mixtos y un 10%(7) son públicos(VIO, 2019). Muchos de estos no trabajan con protocolos de funcionamiento ni de intervención a centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores. Solo La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí tienen una normativa departamental que regula el 8. INE Población Proyectada y Estimada hasta 2050 https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-proyeccionesde-poblacion-sociales/ 416

BOLIVIA funcionamiento de centros, los cuales enuncian directrices generales para su implementación(p. 3). En plena pandemia, la Defensoría del Pueblo ha remitido su informe “Vulneración de derechos en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores durante la cuarenta declarada por el covid-19”. Señala deficiencias de personal, acceso a medicamentos, e inclusive a alimentos y protocolos de bioseguridad en estos centros de acogida. También se verifican deficiencias estructurales en la atención y cuidado de las personas adultas mayores. 4.1.4. Mujeres víctimas de violencia Entre los sectores más vulnerables de la población están las mujeres que son víctimas de distintos tipos de violencia tanto en el ámbito público como privado, principalmente de parte de sus propias parejas sentimentales, padres de sus hijos o cualquier hombre que crea tener derecho sobre sus cuerpos y vidas. En Bolivia existen los Servicios Legales Integrales Municipales(SLIM), que dependen de los gobiernos autónomos municipales. Estas instancias coordinan las casas de acogida y refugios temporales para proteger y atender de forma gratuita a mujeres en situación de violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su dependencia y esté en riesgo, brindar hospedaje y alimentación. Sin embargo, estos centros cuentan con varias limitaciones y problemas en la atención: el informe defensorial señaló que las medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia registra la vulneración de derechos humanos dentro de la institución competente, siendo ella, de hecho, la institución pública más denunciada a los gobiernos autónomos municipales(GAM) (p. 25). Esto muestra una vez más la indefensión en la que se encuentran las mujeres. A pesar de tener una ley protectora de sus derechos y sus vidas, en los hechos se ve un aumento de los distintos tipos de violencia. Al ser violentadas, las mujeres recurren a las instituciones legalmente establecidas para denunciar, pero son estas mismas las que obstaculizan el derecho a una pronta, efectiva y digna atención, las revictimizan y violentan aún más. En el caso de la tercera edad, hay varios factores a integrar en el análisis, pues hasta el momento solo hemos hablado de los cuidados en el área urbana sin tomar en cuenta el área rural y sus características demográficas. La migración rural-urbana es un factor que deja a niñas, niños, ancianas y ancianos proveyéndose a sí de dichos servicios necesarios de cuidados, en comunidades donde la población económicamente activa y que podría ofertarlos ha migrado(Jiménez, 2011). En la ciudad, de igual manera gran parte de las personas de tercera edad suele ser abandonada y permanece sin acceso a servicios de cuidado. Ante esta situación, las redes vecinales de cuidados tienen un rol clave. Un ejemplo de ello es la Comunidad Awicha de Pampahasi, cuya población es también 417

REGIÓN ANDINA migrante y durante sus veinticinco años de vida ha desarrollado métodos y herramientas de autogestión y dirección acordes a los fundamentos de la cosmovisión aymara. Tienen una casa comunal donde residen, sus actividades están vinculadas a la producción y elaboración de lana de alpaca, organizan, dirigen y gestionan sus propias tareas y servicios. La música, los bailes y las danzas ocupan un lugar privilegiado puesto que son fundamento simbólico principal en el mantenimiento y transmisión de valores. Los servicios de cuidado de la salud han sido resueltos a partir de la instalación de un centro de medicina tradicional y espiritualidad andina.“Qulla Uta”, desde el cual yatiris kolliris mujeres proveen los servicios demandados por las awichas en el marco de su identidad y cosmovisión. El modelo de atención geriátrica boliviano debería reconocer y recoger la diversidad poblacional del país, adecuándose a la realidad indígena originaria tanto urbana como rural. El éxito del modelo de la comunidad awicha reside, precisamente, en el reconocimiento y la asunción de dicha diversidad: en su colectividad continúan viviendo y reproduciendo formas tradicionales del ayllu destacándose principalmente el sentimiento de dignidad y de libertad(Apilánez, 2011). Esta es una de las pocas experiencias de autogestión comunal en el cuidado. Por otra parte, en Bolivia el tema de los cuidados ha sido muy poco discutido y debatido dentro de las organizaciones feministas. En los años previos a la Asamblea Constituyente entre algunas organizaciones de mujeres se empezó a debatir cómo se reconocía nuestro trabajo. Indirectamente, se incluyó en la CPE el art. 338 que establece que“El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas”. Posteriormente, ONU Mujeres empezó a incorporar, en 2010, el tema de los cuidados, pero lamentablemente no ha sido producto de la socialización y el debate de los colectivos que hacen al movimiento feminista en Bolivia y aún no es parte de la agenda feminista (entrevista a Silvia Fernández Escobar). Según el informe Oxfam(2019), las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en Bolivia trabajan desde hace varios años en acciones de incidencia que promueven la corresponsabilidad social y pública del cuidado. Las estrategias priorizadas incluyen el vínculo y la incidencia en gobiernos locales para la generación de políticas de corresponsabilidad, la formación y fortalecimiento de líderes mujeres en la temática del cuidado, cuantificación y valoración del trabajo de cuidado, el análisis de la inversión pública municipal en programas y políticas a favor de la corresponsabilidad del cuidado, entre otros aspectos. Parte de los desafíos resultantes de los años de trabajo en esta agenda y de los pendientes en materia de autonomía económica se recogen en la Agenda Política desde las Mujeres(ONU Mujeres, 2019) y en la Agenda de Despatriarcalización para Vivir Bien(2018). 418

BOLIVIA A nivel colectivo, podemos hablar de Mujeres Creando que mantiene un trabajo más orgánico respecto a la lucha contra la violencia a la mujer. Como parte de su trabajo tienen un equipo conformado por una abogada y una trabajadora social que atienden de forma gratuita a mujeres en situación de violencia,“Mujeres en busca de Justicia”, quienes además de acompañar en los procesos legales de“conciliación”, separación, divorcios y asistencia familiar o pensiones, tienen un espacio para acoger a mujeres en situación de riesgo. En Santa Cruz, la Casa de la Mujer es un colectivo con varios años de experiencia que presta asistencia legal y psicológica, un refugio de emergencia y varios talleres destinados al empoderamiento de la mujer. Por otro lado, existen distintas asociaciones de padres, madres y familiares de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, entre ellas podemos mencionar a Jacha Uru, Awiña, Lurañani, Luz del Alma, Asociación de Sordos de La Paz(ASOPAZ) y otras. 4.2. Las actoras del cuidado: más allá de las poblaciones vulnerables Un cuidado muy particular que decidimos tomar en cuenta es el que dan las parteras(doulas) a mujeres gestantes, entendiendo esta labor como un cuidado de afecto, contención y atención del parto y la llegada de un nuevo ser a este mundo. Las doulas o parteras son las mujeres que acompañan el proceso de gestación generando una relación de confianza con las futuras madres. Ellas son una opción para aquellas mujeres que no desean parir en un hospital ni ser víctimas de la violencia obstétrica que se ejerce en la medicina occidental. En 2017, en cumplimiento de la Ley 459 de la Medicina Tradicional, se incluyó practicantes de la medicina tradicional para que ofrezcan sus servicios en centros de salud del país donde también se impartía la atención de la medicina occidental. Eso fue parte de la estrategia nacional Salud Familiar Comunitaria Intercultural(SAFCI), que busca acercar la salud a todas las familias, en especial las más vulnerables, respetando la riqueza cultural, tradiciones y creencias sociales. Entre este personal se incluyó a las parteras tradicionales o doulas. En Bolivia existe una red nacional de parteras llamada Doulas Kawsay, quienes han tenido una importante participación en el área rural durante la cuarentena cuando la circulación estuvo restringida y el acceso a hospitales se vio drásticamente reducido. 4.3. Organizaciones y luchas en torno a los cuidados 4.3.1. La Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar(FENATRAHOB) En el caso de FENATRAHOB, son en su mayoría mujeres de origen rural, portadoras de una cultura étnica. El trabajo remunerado del hogar suele ser 419

REGIÓN ANDINA uno de los primeros trabajos de una mujer migrante al llegar a la ciudad: la mayoría no conoce sus derechos laborales ni puede decidir las condiciones de su trabajo. Son muy pocas las que tienen un contrato escrito con sus empleadores o empleadoras y en muchos casos son víctimas de discriminación racial y abusos a sus derechos laborales, convirtiéndose en una relación informal sin estabilidad laboral, sin seguro de salud ni seguridad social. En 1936 el Sindicato de las Culinarias se organizó a raíz de una prohibición de subir a los tranvías a las mujeres de pollera. En esa época, las casas de la aristocracia paceña contaban con un personal de servicios diferenciados, la lavandera, la que lavaba platos y loza de la cocina, una cocinera, una niñera y una ama de llaves. Es en esa distinción que las culinarias se organizan en contra de esta disposición municipal y logran su derogación, a partir de ahí otros sectores de mujeres de pollera, artesanas y gremialistas(gremiales) conforman sus sindicatos que se agrupan en la Federación Obrera Femenina(FOF), pilar femenino del anarcosindicalismo boliviano representado en la Federación Obrera Local(FOL). Treinta años después, a inicios de la década del 80, se conforma un sindicato de mujeres trabajadoras asalariadas del hogar para defender sus derechos humanos, individuales y colectivos. Como parte de ese proceso, se retoma la organización sindical y su propia evolución la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar(FENATRAHOB) agrupa a las trabajadoras a nivel nacional. En los años 90, algunas instituciones privadas aliadas a la FENATRAHOB, como la Fundación Solón entre otras, conformaron un Comité Impulsor que instaló el debate sobre los cuidados y trabajos domésticos en la sociedad boliviana y la importancia del trabajo asalariado del hogar. Esos esfuerzos promovieron e incidieron políticamente en la elaboración de la propuesta de ley que se aprobaría en 2003 en un contexto político sumamente crítico, y que, diecisiete años después, no ha sido reglamentada ni plenamente aplicada. Sin embargo, el trabajo de concientización a las trabajadoras asalariadas del hogar sobre la importancia de estar organizadas bajo la forma de sindicato ha tenido una importante evolución plasmada en el conocimiento que cada trabajadora del hogar tiene sobre sus derechos y su cumplimiento a partir de una base sindical. 4.3.2. Las movilizaciones de las trabajadoras del hogar Quizá este sea el único movimiento de mujeres que ha realizado varias campañas para visibilizar la importancia del trabajo de cuidados junto a instituciones aliadas en defensa de sus derechos laborales, individuales y colectivos. Una de sus primeras campañas se dio en los años 90 para impulsar la aprobación de la Ley 2450 por la Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar: consistió en instaurar el debate en la sociedad a través de medios masivos de comunicación como la radio y la televisión. Así, se pusieron en evidencia las contradicciones de muchos personajes públicos de aquella época, diputadas 420

BOLIVIA y diputados y otros funcionarios públicos que se negaban a reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Esta campaña tuvo vigencia hasta la aprobación de la ley, en el año 2003. 4.3.3. La ratificación del Convenio 189 de la OIT El 20 de noviembre de 2012, el presidente Evo Morales sancionó la ley 309/2012 con la que Bolivia ratificó el Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos(C189), que había sido adoptado el 16 de junio de 2011 en la 100ª Conferencia Internacional de la OIT. El art. 2 de la ley 309/2012 atribuye al Ministerio de Trabajo la responsabilidad de su implementación“de acuerdo con las existentes disposiciones constitucionales y legales”. La ley incluye en su texto el Convenio, cuyo contenido se resume a continuación. En el contexto boliviano, la ratificación del C189 puede considerarse como una política simbólica porque el Convenio no atribuyó ningún derecho nuevo a las trabajadoras del hogar bolivianas, ya que la Ley 2450/2003 es más avanzada que el Convenio. Además, la ratificación del C189 no tuvo un impacto inmediato sobre las condiciones de trabajo y de vida del sector. Sin embargo, la ratificación incrementó la legitimidad de las demandas del movimiento de trabajadoras del hogar, reforzando la posición de la FENATRAHOB en negociaciones posteriores sobre la implementación de la Ley 2450/2003 y la inclusión de los derechos de las trabajadoras del hogar en la futura Ley General del Trabajo(Castaño, 2018) . Once años después de ser aprobada la ley 2450 −sin ser reglamentada hasta el día de hoy y con muy pocos avances respecto al reconocimiento y respeto de sus derechos laborales−, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de San Pedro en La Paz inicia junto a algunas instituciones aliadas la campaña“Por una relación laboral transparente” con el objetivo de promover el contrato escrito entre empleadores y empleadas, pues ante la ausencia de este se generan condiciones laborales informales e inestables que se modifican a capricho de los empleadores y empleadoras en desmedro de los derechos laborales de las trabajadoras. 4.3.4. Las personas con discapacidad Otro sector que se ha movilizado en pos de visibilizar los cuidados que requieren tanto en el ámbito privado como del Estado son las personas con discapacidad. En los últimos diez años, la relación entre el Estado y el sector ha sido muy conflictiva. El año 2011 una marcha que partió de Trinidad Beni, recorrió el eje central del país y llegó hasta La Paz demandando el“Bono Vivir Bien” que constaba de 431 dólares anuales, y fue recibida con extrema violencia por las fuerzas policiales. Los reclamos de dicha marcha solo 421

REGIÓN ANDINA fueron atendidos en parte ya que según el boletín mensual del Ministerio de Salud, el gobierno de entonces“…equipó y puso en marcha 39 centros de rehabilitación para personas con algún grado de discapacidad permanente o transitoria. En los últimos cinco años, estos centros propiciaron 234.512 atenciones médicas en las áreas de electroterapia, termoterapia, hidroterapia, fonoaudiología, estimulación temprana, entre otras. Además de espacios para consulta médica y diagnóstico” 9 . Cuatro años después, volverían en otra marcha más masiva producto de la cual, luego de tres meses de vigilia a la intemperie, y con divergencias internas, se firmaría un convenio con el gobierno.“El acuerdo firmado consta de nueve puntos en los que ambas partes se comprometen a la aceptación del documento de 42 puntos, la incorporación laboral en el aparato estatal, el registro en la Bolsa de Trabajo, la incorporación en proyectos productivos, el apoyo a la elaboración de una ley que garantice la inserción laboral, la posibilidad de presentar denuncias ante el incumplimiento de las normas laborales, la entrega de 30 soluciones habitacionales, las becas para educación superior y la dotación de 15 sillas de ruedas, muletas y bastones” 10 . Sin embargo, según el informe defensorial de la ley 977, de 49 entidades públicas consultadas solo 26 habían remitido información con el debido respaldo y de estas solo 4 entidades cumplen con el 4% de inserción laboral obligatoria de personas con discapacidad, madres, padres, cónyuges y/o tutoras o tutores de personas con discapacidad. La flexibilidad de esta ley hace que las entidades públicas no se sientan comprometidas a cumplir la disposición pues no existe sanción como tal, solo una llamada de atención, lo que va en desmedro de la población discapacitada y su entorno familiar, que debe esperar la voluntad estatal para tratar de mejorar sus condiciones económicas y su calidad de vida. 4.3.5. El proyecto de la ley 090 del municipio de Cochabamba, “Economía del Cuidado Solidario” Fue presentado por la concejala María Isabel Caero a varias organizaciones e instituciones de la sociedad civil en 2013. Luego de su consenso, pasó al Concejo Municipal, instancia que aprobó la ley el 15 de marzo de 2015, pocos días antes de las elecciones subnacionales. Esta norma, pionera en el país, tenía por objetivo promover la corresponsabilidad familiar, social y pública para la igualdad de oportunidades, a partir de programas de servicios de cuidado 9. “Gobierno nacional construyó 33 centros de rehabilitación para personas con discapacidad, en seis años”, Ministerio de Salud. https://www.minsalud.gob.bo/2131-gobierno-nacional-construyo-33-centros-derehabilitacion-para-personas-con-discapacidad-en-seis-anos. 10. “Discapacitados de La Paz firman acuerdo y abandonan la vigilia”, Página Siete , 13/7/2016, https:// www.paginasiete.bo/sociedad/2016/7/13/discapacitados-firman-acuerdo-abandonan-vigilia-102627.html. 422

BOLIVIA municipales y de educación ciudadana. Así, tanto organizaciones como la población en general asumirían la corresponsabilidad del cuidado y, además, se capacitaría a mujeres en cuestiones productivas para su mejor inserción en el mercado laboral. Sin embargo, el proceso electoral cambió el escenario político y las nuevas autoridades dificultaron la aplicación de la ley. En octubre de 2015, técnicos y asesores del Órgano Ejecutivo Municipal recomendaron su abrogación, argumentando que la norma tenía falencias de fondo. La defensa fue asumida por varias organizaciones que, tras años de negociación y consenso, desembocó en que, el 19 de febrero de 2019, el Concejo Municipal derogó la ley“Economía del Cuidado Solidario” y dio curso a una nueva, denominada“Corresponsabilidad en el Trabajo de Cuidado no Remunerado para la Igualdad de Oportunidades”, con características similares a la anterior. Actualmente estas organizaciones están encarando la elaboración del reglamento, en un proceso participativo que ha integrado a todas las beneficiarias de esta ley(Oxfam, 2019). La nueva norma municipal consta de 30 artículos y está fundamentada en tres pilares: i) la promoción de la corresponsabilidad familiar y social; ii) la corresponsabilidad pública en el trabajo del cuidado no renumerado, y iii) la promoción del acceso de las mujeres al empleo digno y a la actividad económica(ONU Mujeres, 2019). 4.3.6. ¿Qué pasa con este trabajo en un contexto como el actual? El covid-19 ha significado la casi total paralización del mundo y ha trastrocado los aspectos considerados importantes hoy para garantizar nuestra supervivencia. Se han dejado de lado muchas actividades económicas y han quedado aquellas necesarias para preservar la vida, siendo los cuidados de todas las personas la principal actividad vital en esta tarea. Los trabajos de cuidados y reproducción de la vida realizados cotidianamente por mujeres se han exacerbado, debido al mayor tiempo de las y los participantes de la familia en el hogar y ha incrementado la carga para muchas mujeres. Sin embargo, en Bolivia esta cuestión no ha entrado en debate, no se reconoce el valor e importancia del cuidado en estos tiempos, ni siquiera se considera como trabajo, aunque así lo reconozca la Constitución, no tiene un valor monetario asignado, no se considera su importancia para la salud mental y emocional de las personas, y por supuesto, no está presente en las políticas públicas. Además de la sobrecarga laboral para las mujeres en el ámbito privado, en este tiempo de covid-19 se ha evidenciado, una vez más, que uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y las niñas y los niños son sus propios hogares, donde deben soportar la violencia machista. Las cifras de feminicidios, infanticidios y abusos sexuales a niñas y niños se han ido 423

REGIÓN ANDINA incrementando día a día; por lo que los servicios de cuidados tienen una doble trascendencia ya que la seguridad física y emocional vive al acecho constantemente 11 . Mujeres, niñas y adolescentes han triplicado las horas de trabajo de reproducción de la vida y de los cuidados, como mencionan Rodríguez et al. (2020), en el Observatorio Social del Coronavirus: Por su parte, al interior de los hogares, en este contexto se observa una sobrecarga de tareas domésticas y reproductivas: mantener el aseo y limpieza de la casa(que en crisis sanitaria implica extremar la higienización); cuidar y entretener a los niños y niñas pequeñas, cuidar de los adultos mayores, puesto que incluso los que no presentaban dependencia en otras situaciones ahora son la población más vulnerable frente al virus; garantizar la continuación de los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes haciendo las veces de co-docente ya que se ha resuelto que continúen el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Las mujeres que mantienen su trabajo desde casa, ven incrementada la tensión y el estrés de cumplir con el trabajo remunerado y con la reproducción doméstica y los cuidados. Esta triple carga laboral, además del encierro obligado que muchas veces se desarrolla en pequeños espacios, entre varias personas, y en muchos casos acompañados de un compañero violento está generando una situación de mayor crisis para las mujeres. El momento que estamos afrontando también ha generado la precarización laboral informal y formal. El desempleo y la falta de pagos de salarios y la crisis económica que genera la pandemia afectan más a las mujeres por estar insertas en su mayoría en trabajos en los sectores de comercio y/o servicios, que han sido mermados por la cuarentena, agudizando la pobreza y la necesidad. De igual manera, en tiempos de cuarentena la crisis de cuidados se evidencia más aún, ya que las trabajadoras asalariadas del hogar están siendo vulneradas en sus derechos laborales individual y colectivamente. El Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Sucre(SITRAHOS) emitió un pronunciamiento en plena cuarentena, en el que denuncian los atropellos hacia el sector: A pesar de contar con normativas que protegen nuestros derechos, durante este tiempo de emergencia de salubridad, nos vemos afectadas en nuestros derechos…, muchos empleadores les han pedido“que no vayan”, despidiéndolas sin 11. ANF, Agencia de Noticias Fides,“Violencia doméstica, embarazos no deseados y feminicidios se registran en la cuarentena”, 11/5/2020. Disponible en https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ violencia-domestica-embarazos-no-deseados-y-feminicidios-se-registran-en-medio-de-la-cuarentena404742 424

BOLIVIA desahucio ni indemnización o diciendo que no les van a pagar por este tiempo por lo que piden“respeto a sus derechos en medio de la crisis sanitaria” 12 . Las trabajadoras del hogar se han pronunciado ante su vulnerabilidad: Las trabajadoras asalariadas que desarrollamos nuestras actividades en el ámbito del hogar somos las más vulnerables a contraer el coronavirus, por lo que en cumplimiento de las disposiciones y por la seguridad de nuestros empleadores y de nuestras familias decidimos dejar de trabajar pero no es fácil. A muchas… las amenazaron con descuentos, les obligaron a tomar vacaciones o directamente las despidieron 13 . Por otro lado, en Bolivia a partir de la cuarentena declarada por covid-19 y la suspensión de clases presenciales, los procesos educativos se han convertido en el marcador de la diferencia entre el área rural y urbana, entre los colegios privados y los públicos. La llamada educación virtual solo puede darse a personas con acceso a recursos tecnológicos como teléfonos inteligentes y computadoras y dinero para acceder a datos móviles o wifi, además de la inexistencia de una educación virtual inclusiva para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Lo que ha conllevado a que madres, abuelas, tías, hermanas, etc., tengan que resolver los procesos de educación de sus hijos e hijas. La respuesta desde la política pública sigue el patrón de muchos países en este contexto: otorgar bonos paliativos para garantizar la sobrevivencia mínima de las familias. El 18 de marzo de 2020, el decreto supremo 4197 creó el Bono Familia por 500 pesos bolivianos, entregado por única vez, con la finalidad de enfrentar el impacto del covid-19 y de apoyar a uno de los grupos más vulnerables y numerosos, como son las niñas y niños del Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio(Fiscales) del Subsistema de Educación Regular; luego el decreto supremo 4210 lo amplía a las y los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria Pública y crea el Bono Canasta Familiar, posteriormente el decreto supremo 4215 otorga el Bono Universal y amplía el alcance del Bono Familia a las y los estudiantes de Unidades Educativas Privadas. Además, se produjo una subvención de tarifas en el servicio eléctrico y de dotación de agua potable. 12. “«Cuarentena sin violencia», el pedido de las trabajadoras asalariadas del hogar”, Correo del Sur , 30/3/2020: https://correodelsur.com/local/20200330_cuarentena-sin-violencia-el-pedido-de-lastrabajadoras-asalariadas-del-hogar.html 13. “Trabajadoras del hogar denuncian despidos y abusos en la cuarentena”, Página Siete . 4/4/2020, https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/4/trabajadoras-del-hogar-denuncian-despidosabusos-en-la-cuarentena-251724.html 425

REGIÓN ANDINA Estos paliativos no tienen ningún efecto en disminuir la carga laboral que están teniendo las mujeres. La pandemia ha hecho más dramática una situación que ya existía y que tendrá mayores costos todavía si es que se continúa con esta lógica de proveer solo dinero de manera coyuntural para preservar la vida. En tiempos de emergencia sanitaria y pandemias se evidencian con más fuerza las distintas vulneraciones a los derechos y la fragilidad de la existencia misma. Uno de los hechos que más se ha resaltado es la dificultad que tuvieron las personas adultas mayores para poder cobrar su Renta Dignidad y su jubilación, por las disposiciones emitidas durante la cuarentena, que restringió la circulación de menores de 18 y mayores de 65 años. Muchos viven solos y no tienen un familiar cercano o de confianza que pueda cobrar sus bonos. En el caso de las personas adultas mayores del área rural, la evidente ausencia de entidades bancarias en sus localidades forzó a que se trasladen hasta la ciudad de El Alto y hacer filas afuera de estas entidades pasando la noche a la intemperie para poder ser atendidas, exponiéndose a contagios masivos y en muchos casos sin lograr cobrar sus bonos debido a la gran cantidad de personas. Esta situación ha sido igualmente expuesta en el informe defensorial de vulneración de derechos en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores durante la cuarentena por covid-19, pues al no poder cobrar sus rentas tampoco pudieron aportar a sus centros de acogida impidiendo el suministro de medicamentos y el pago al personal. 4.4. Presupuesto público para los cuidados Pese a que existe un rol definido para el Estado, este muchas veces no cuenta con los recursos necesarios para promover el cuidado de las personas vulnerables. Los informes de la Defensoría del Pueblo señalan la precariedad de los centros públicos y privados. En la gestión 2015, el presupuesto ejecutado por los 339 municipios en Corresponsabilidad Social en el Cuidado de la Familia(CSCF) fue de 173.000.000 de pesos bolivianos, lo que representa 1,06% del total de inversión municipal. Para 2017, se estimó un monto de 374.600.000 de bolivianos(2,27%), es decir, el doble de la inversión pública municipal de 2015(Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 2016). Este presupuesto se utiliza principalmente en alimentación complementaria escolar, programas de nutrición para menores de 5 años y en los gastos operativos de los centros y albergues municipales. Sin embargo, esta medida del esfuerzo estatal destinado a programas de corresponsabilidad del cuidado, además de insuficiente, es heterogénea. Oxfam(2019) reportó que en 2017 existían 35 municipios que no invertían ni un peso boliviano en estas políticas, entre ellos, el 80%(28 municipios) tenían un índice de dependencia de cuidado por encima del 50%, y 17%(6 municipios) registraba un índice de dependencia de cuidado más elevado(por encima del 70%). 426

BOLIVIA El Estado en su obligación de proveer servicios de cuidado no logra articular con los demás actores de la sociedad partícipes de los cuidados, ni con los propios sujetos receptores, individualizándolos y apartándolos del mercado, del hogar, de la comunidad. Al respecto rescatamos la visión y metodología de la Fundación Munasim Kullakita, que emplea el proceso ECO2, que incorpora a la comunidad, el territorio, la comunidad, los dirigentes, ciudadanas y ciudadanos, en el contexto donde se generan estas problemáticas para que sean ellas y ellos mismos quienes den respuestas y así hacerse parte del problema y la solución. El gran desafío que enfrentan los actores, la sociedad y el Estado es abordar la crisis presente en los servicios de cuidados que, según lo analizado, tanto en el ámbito privado como público son insatisfactorios e insuficientes. Esta crisis se produce por la imposición de la división sexual del trabajo, donde las mujeres que son generalmente las ejecutoras de estos servicios no eligen libremente, tanto en la forma en la que se dan, como en la manera en que se reciben. Los servicios de cuidados requieren tiempo y dedicación, son un trabajo duro y generalmente no remunerado por el cual muchas mujeres ya no lo hacen de forma espontánea ni particular, pues sus expectativas vitales y la supervivencia misma en el sistema capitalista requiere que salgan al ámbito público cumpliendo dobles y hasta triples jornadas laborales, pero queda el vacío respecto a los trabajos de cuidados al dejar una vez más la sociedad de lado la corresponsabilidad de los cuidados. Consideramos que las limitaciones son diversas, pues no solo atraviesan la crisis en recursos humanos y económicos, sino el abordaje mismo de los cuidados como una función primordial para la preservación y reproducción de la vida, donde los servicios y trabajos de cuidados sean valorados en su justa dimensión económica y política y no como aleatorios o voluntarios. La necesidad de una remuneración justa que permita que las cuidadoras y los cuidadores puedan dedicar su tiempo y atención con calidad humana puede incidir de manera cualitativa. En el caso institucional, las actuales limitaciones van desde la falta de recursos económicos hasta la falta de voluntad para atender de manera eficiente a las poblaciones con las cuales trabajan. Una de las limitaciones es que, a pesar de los esfuerzos de articulación con las diferentes instituciones, cada quien defiende lo suyo y lo considera como algo que defiende y a veces hay poca predisposición en articularse y esto crea dificultades… limitaciones externas; lo veo relacionado a este continuo cambio de referentes que tienes en las instancias públicas sean cercanas como la alcaldía, defensoría, policía, etc. También en los ministerios, el hecho de que ahora tenemos un gobierno de transición otra vez nos plantea el tema de tener otras figuras delante, con las cuales no has construido un proceso y tienes que rehacer situaciones de mayor articulación, capacitación e intervención conjunta y criterios de 427

REGIÓN ANDINA estrategia común, esta es otra limitación que yo veo y quizás otra limitación es que hay buenas leyes, buenas normas, buenas intenciones de prevenir situaciones de complejidad, sin embargo la práctica está muy lejos de ejecutar una política de intervención mancomunada y articulada, es difícil poder mantener un ritmo de trabajo con resultados más apropiados, porque la policía no comunica a la fiscalía, la fiscalía no comunica al juzgado, el juzgado no comunica a la defensoría, el Ministerio de Justicia tiene una estrategia, el Ministerio de Gobierno tiene otra así que esto muchas veces dificulta ser más oportunos en el trabajo(Ricardo Giavarinni, director de la Fundación Munasim Kullakita, entrevista 5/6/2020). Es por todo ello que, pese a los intentos del Estado en políticas, instituciones y presupuesto, todavía falta bastante trabajo para articular los cuidados a la población más vulnerable, y no existe una estrategia política, que no sea solo discursiva, de promover la corresponsabilidad en los cuidados. 4.4.1. ¿Cuál es el costo económico, social, político y ambiental de esta visión reduccionista del cuidado? Un análisis rápido del presupuesto del Estado sin incluir las transferencias del Tesoro General de la Nación para 2019 nos muestra que este se concentra en un 28% en los ministerios de Gobierno y Defensa, 7.500.000 pesos bolivianos, aproximadamente. Salud ocupa un 11,5%(b$ 3.000.000) y Educación un 5%(b$ 1.343.000), Justicia 0,41% y Trabajo 0,25%, mostrándonos dónde se ubican las prioridades de gasto. En el análisis, no pudimos generar información más detallada respecto a los presupuestos en las distintas políticas mencionadas exceptuando al SAFCI en 2018(b$ 265.000.000) y Subsidio Prenatal(b$ 167.000.000), estos sumados no son ni la tercera parte del presupuesto destinado a Defensa y Gobierno. Los Bonos Covid-19, se estima, significan 3.500.000.000 pesos bolivianos, sin contar los gastos en emergencia por temas de salud, que incrementarán este presupuesto. El error de no haber priorizado la inversión en salud nos cobra factura en esta crisis. Si las propuestas desde el Estado no ayudan a fortalecer las debilitadas redes de cuidados, no se está apostando a la vida. La lógica estatal enfocada en la redistribución de ingresos y reducción de la pobreza no genera redes ni capacidades reales, ni siquiera son económicamente eficientes. Las redes de cuidado se encuentran debilitadas, y es de vital importancia sostenerlas, para salir de la crisis de los cuidados, asumiendo todas y todos su parte en este trabajo, a través de redes de cuidado mutuo y de protección, que deben mantenerse vivas, desde la micropolítica y la microeconomía deben ser protagonistas, y desde las políticas macro generar incentivos para que se fortalezcan estructuras más comunitarias y menos mercantiles de reproducción promoviendo la disminución de la inequidad y desigualdad para el beneficio de todos. 428

BOLIVIA 5. Voces, debates y herramientas para una política sobre el derecho al cuidado Varios son los desafíos para lograr una verdadera política sobre el derecho al cuidado. Uno de ellos es la necesidad de trabajar sobre el propio imaginario social respecto a estos roles. Oxfam(2019) mostró que al menos la mitad de las encuestadas y los encuestados considera“normal que las madres se sacrifiquen por su familia y por su hogar”,“que para ser una buena esposa hay que sacrificar su carrera profesional por la de su esposo” y que“es difícil ser buena madre si se tiene trabajo fuera de casa”. Todavía falta que como sociedad quitemos esa carga de las mujeres y madres y la distribuyamos entre todas y todos. Pese a los avances señalados por Oxfam o en la normativa del gobierno municipal de Cochabamba, la agenda de los cuidados recientemente se está incorporando en las agendas feministas: La Agenda Política de las Mujeres de 2019 incluye, respecto de la autonomía económica, siete temas fundamentales en los cuales incidir: justicia económica, condiciones para el ejercicio de los derechos laborales, protección social, corresponsabilidad en el cuidado, autonomía económica, valorización del trabajo asalariado del cuidado y acceso a recursos 14 . La Agenda de Despatriarcalización 2018, trabajada por diversos movimientos sociales, fue presentada al exmandatario Evo Morales con el compromiso de su ejecución. Pero no fue posible acceder a este documento. El debate sobre el trabajo de cuidados y la corresponsabilidad desde la participación de mujeres y hombres, la sociedad, la familia, el Estado, se instala todavía en un espacio de instituciones y organizaciones que trabajan el tema de derecho de las mujeres con incidencia política para la construcción de políticas públicas, junto con la academia, que aporta diversidad de investigaciones y análisis teórico-políticos. Estos espacios aún están concentrados entre estas instituciones y la cooperación internacional, y van construyendo herramientas para poder plantear políticas públicas y analizar cómo generar un cambio tanto a nivel estatal como a nivel de la sociedad civil. Entre las organizaciones e instituciones que están trabajando en articulación con la academia se encuentra la Plataforma Nacional de Corresponsabilidad del Cuidado, que aglutina 25 organizaciones entre ONG, universidad e instituciones internacionales. La Plataforma se presenta como una instancia de trabajo colectivo, de diálogo, intercambio de experiencias y aprendizajes, elaboración de propuestas e incidencia política por el cuidado responsable(Carta de principios, 2019). Es de creación reciente −tiene dos años−, y plantean a partir de las investigaciones, estudios y análisis teóricos sobre el 14. http://www.protagonistas.cm.org.bo/archivos/agenda/agenda_mujeres.pdf 429

REGIÓN ANDINA trabajo de cuidado, gestionar e incidir en políticas públicas integrales, orientadas a las poblaciones vulnerables y que, como vimos en el presente estudio, no responden necesariamente a una política pública con perspectiva del trabajo de cuidado. Son políticas p ú blicas desarticuladas, no tienen una visión del sistema de cuidado, son aisladas con enfoque paternalista, son acciones para la niñez, personas con discapacidad, tercera edad, y las mujeres atraviesan todo eso, dedicándoles su tiempo y trabajo no reconocido, y no hay una mirada de la política de ese trabajo(Mar í a Á ngela Sotelo Debbe, coordinadora de la Mujer, entrevista 3/6/2020). Desde el Estado, si bien se instalan las políticas públicas revisadas, no se evidencia que coadyuve en el trabajo de cuidado de las mujeres o que se planteen alternativas que generen una corresponsabilidad primero con los cónyuges y compañeros, en segunda instancia con la comunidad, las empresas y el Estado mismo. La posición política y teórica sobre el trabajo de cuidado desde la Plataforma plantea: Adoptamos los aportes centrales de la Economía Feminista respecto a la economía del cuidado, que destaca el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el ámbito del hogar, para que la fuerza de trabajo sea reproducida y mantenida, abarcando todas aquellas actividades que involucran el cuidado de las personas con connotaciones subjetivas y emocionales, y que constituyen una valiosa contribución económica para la reproducción social, cuyo papel es fundamental en el funcionamiento del sistema económico y del conjunto de la sociedad. El cuidado tiene como objetivo la sostenibilidad de la vida humana, social y ecológica. El bienestar cotidiano de las personas y de la naturaleza constituye un fin y no un medio como ocurre en la sociedad actual que se rige por el sistema patriarcal/ capitalista/colonial que hace que gran parte de la acumulación de capital y sus beneficios se basen en los costos de la degradación ambiental y en el trabajo del cuidado que realizan las mujeres(Carta de principios, 2019). El enfoque de la Plataforma es el de develar desde un sentido político el trabajo de cuidado para que sea visibilizado y se evidencien las desigualdades que genera la responsabilidad plena del cuidado en manos de las mujeres, creando barreras para el acceso al estudio, al trabajo, a su desarrollo personal. Por otro lado, plantean el trabajo de cuidado a partir de la construcción de un sistema integral de corresponsabilidad en todos los niveles autonómicos del Estado. Desde el enfoque de derechos humanos, la Plataforma aboga por la construcción de los derechos de cuidado y de ser cuidados, que vayan más allá de la perspectiva asistencialista con grupos vulnerables, y que retome la 430

BOLIVIA necesidad de replantear el tema de derechos laborales, derechos de acceso a la salud, etc. Para esto urge un trabajo con el Estado, pero a la vez requiere generar una incidencia social para el cambio de las estructuras patriarcales que imponen la perspectiva de que solo las mujeres son responsables del trabajo de cuidado. Es necesario, entonces, también un desmontaje cultural de las normas que resultan en discriminación y exclusión. Por otro lado, existen organizaciones e instituciones que desde el análisis y debate teórico desde las masculinidades se están planteando las nociones de corresponsabilidad como una acción para romper con la estructura patriarcal desde los propios hombres, pero continúa siendo un debate entre pocos. En este sentido, el debate, análisis y trabajo de construcción de políticas públicas en Bolivia aún se encuentra en espacios reducidos de la sociedad civil, que trabajan temas de derechos de las mujeres, de acceso a política, salud, educación, etc. Por su parte, la producción académica contribuye poco a poco a develar las estructuras patriarcales, capitalistas y coloniales que se imponen como barreras para generar una corresponsabilidad entre las mujeres y hombres, familias, comunidades, sociedad civil y el Estado. También existen otras voces a tomar en cuenta, que nacen de las propias organizaciones sociales y cuestionan el hablar de“cuidados”. Adriana Guzmán, feminista decolonial, cuestiona esa nomenclatura:“Trabajo de cuidado ¿Por qué ponerle un nombre así? que despolitiza las cosas, no deja claro que es un trabajo de explotación”(entrevista, 4/6/2020). Guzmán considera que, al hablar de cuidados, en general, se diluye a las mujeres en este trabajo: ¿Quién es la sujeta del trabajo de cuidados? ¿Quién hace ese trabajo? eso se comprende en sus territorios, porque hay políticas, inclusive hay hombres que hacen el trabajo de cuidado, esa sujeta se diluye, no es la mujer. Aquí en Abyayala, somos las mujeres, abuelas, hermanas, tías, la abuela donde ha migrado la hija o las trabajadoras del hogar(ídem). De igual manera, Guzmán señala que poner a la vida en el centro no es garantía de cambio de sistema: Poner la vida al centro: es una cosa que plantea la economía feminista, el capitalismo como un sistema económico, cultural, simbólico que tiene su propia espiritualidad, su propio manejo de lo simbólico, de las emociones, integral y complejo. El sistema puede poner la vida, o lo que sea en el centro, y no deja de ser un sistema de explotación. Es fácil, desde los privilegios que tiene en Europa poner la vida al centro, para empezar ¿cuál vida? la de ellas y la de ellos. No cuestionan el sistema capitalista, sino que lo material esté al centro, pero un sistema como el capitalismo puede materializar los cuerpos, la vida, las emociones, los afectos y convertirlo en mercancía, poner la vida al centro no nos garantiza que se acabe el sistema capitalista(ídem). 431

REGIÓN ANDINA Los cuestionamientos que nos realiza Adriana Guzmán obligan a preguntar(nos) si todo este trabajo que realizamos, y tal vez forzarlo a que sea llamado“trabajo de cuidados”, tal como se menciona en la academia en Estados Unidos y Europa, no moviliza a todas las mujeres, que son quienes lo sufren. Mientras estos temas se sigan trabajando solo en algunos ámbitos, será más difícil avanzar en la construcción de propuestas para políticas públicas y de autogestión y también pensar cómo poder discutirlo en distintos ámbitos, sin que hablemos de categorías o teorías que no se acercan a la cotidianidad de las mujeres. ¿Cómo llamarlo entonces? La categoría no puede perder su sentido de denuncia, cuando sirve de denuncia, si permite articularte, cuando se llama de cuidados, ya hasta se romantiza el asunto… Es importante que sea Trabajo No Pago, eso articula nuestra rabia y nuestra claridad frente al sistema, eso nos deja ver que exactamente es una explotación, es como pedir a los proletarios que cambien de nombre, o que la plusvalía cambie de nombre, nos parece riesgoso… Nosotros no negamos que existe un trabajo impago que beneficia al capital, al Estado y a los grupos de poder y quien puede hacer algo para recuperar un poco, es El Estado(ídem). Adriana Guzmán denuncia la ausencia de una reflexión desde la vida misma, desde nuestras propias ollas, desde la cotidianidad, en nuestros idiomas y en nuestras palabras, descolonizando también nuestros saberes y preocupaciones, esto hará que la demanda por la responsabilidad por este trabajo no sea de unas cuantas, sino de todas. Algunas propuestas que se presentan hacia el Estado están basadas en devolver a las mujeres parte de ese trabajo no pago a través de la jubilación universal y un sistema de salud para todas. Considera importante recuperar el tiempo propio para “soñar crear, tejer, hilar,... y, por otro lado, trabajar en redistribuir el trabajo no pago, es posible, poniendo al centro a la comunidad”(ídem). Además de la Plataforma de cuidados, y del trabajo de reflexión de las feministas antipatriarcales en sus comunidades, no hemos conocido a otros colectivos que estén discutiendo sobre los trabajos y la economía del cuidado. Sin embargo, es imprescindible ampliar el debate a otros ámbitos y actores, tal como se ha mencionado. Consideramos que todavía queda un largo camino para que propuestas para redistribuir el trabajo de cuidados estén en la agenda de todas las mujeres y en la agenda política nacional y municipal, más en Estados como los nuestros, donde los derechos más fundamentales como la seguridad de corto y largo plazo no son derecho de todas las mujeres que 432

BOLIVIA trabajan dentro y fuera de su hogar. Sin embargo, la existencia de la Agenda Política de las Mujeres, es un pequeño paso para avanzar en este camino. Las actoras claves para continuar con la reflexión y la incidencia política son las mujeres quienes, en sus distintos espacios privados y públicos, puedan reflexionar sobre el gran peso que la sociedad patriarcal ha impuesto sobre ellas y la necesidad de contar con políticas públicas de redistribución de este trabajo. Para profundizar en el análisis es necesario repensar y cuestionar las estructuras familiares, de comunidad, empresariales y del Estado, planteando una verdadera corresponsabilidad, que genere cambios en la redistribución de este trabajo entre todos los niveles de la sociedad. Pero también hay que repensar la forma en que se aborda el tema entre mujeres, para que deje de ser demanda de un pequeño grupo, y sea una demanda política de todas quienes tienen este trabajo en sus espaldas. Lista de siglas utilizadas CEPAL CNPV CONADELPIS CPE CPMGA EH FENATRAHOB FOF FOL GAM IDAI INE MAS MEFP PAM PAR PEA PET REMTE SAFCI VIO Comisión Económica para América Latina y el Caribe Censo Nacional de Población y Vivienda Comité Nacional de las Personas con Discapacidad Constitución Política del Estado Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza Encuesta de Hogares Federación de Trabajadoras del Hogar Federación Obrera Femenina Federación Obrera Local gobiernos autónomos municipales Instituto Departamental de Adaptación Infantil Instituto Nacional de Estadística Movimiento al Socialismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas personas adultas mayores población activa reproductiva población económicamente activa población en edad de trabajar Red de Mujeres Transformando la Economía Salud Familiar Comunitaria Intercultural Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 433

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Cono Sur 1. Uruguay 2. Chile 3. Brasil 4. Paraguay

URUGUAY El escenario actual de los cuidados en Uruguay: desafíos para la sostenibilidad de la política y la apuesta a la regulación del trabajo de cuidados Isabel Pérez de Sierra 439

Isabel Pérez de Sierra . Doctoranda por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO, sede Argentina); integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y coordina en FLACSO Uruguay la línea de investigación sobre políticas de cuidados e igualdad de género, la Red Pro Cuidados de Uruguay y la Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social(PolSoc). 440

URUGUAY Índice Introducción 443 1 El régimen de los cuidados en Uruguay 445 2 La política de cuidados 450 3 Servicios de cuidados 454 3.1. Primera infancia 454 3.2. Personas en situación de dependencia severa 456 3.3. Personas que cuidan 458 4 Los pendientes del primer período de implementación 458 5 El contexto actual: ¿nuevos rumbos para la política de cuidados en Uruguay? 459 6 Voces y debates en torno a los cuidados como derecho y como asunto de políticas 460 7 Desafíos y oportunidades ante un nuevo escenario 462 Lista de siglas utilizadas 464 Referencias 464 Documentos consultados 465 441

Introducción URUGUAY E l presente texto tiene como objetivo sistematizar un estado de la cuestión acerca de los cuidados en Uruguay, en particular como asunto objeto de políticas públicas. En el país, a fines de 2015, mediante la ley 19.353 se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados(en adelante, SNIC), lo que colocó al Uruguay a la vanguardia en la región en materia de regulación en esta área de la vida social. Hoy cuenta con una Política de Cuidados que ya lleva 4 años de implementación; caracterizar y analizar sus aportes permite pensar los desafíos del escenario actual, tanto a nivel nacional como regional. La experiencia uruguaya en la materia es previa al SNIC. El cuidado, en tanto asunto que debe ser objeto de intervención de políticas públicas, se instala en la agenda de gobierno hace poco más de una década. En el debate, su tratamiento es bastante anterior, y data de unos 25 años. En este largo proceso confluyen los aportes de la Red Género y Familia y las investigaciones que desde el campo de los Estudios de Género −la economía y la sociología en particular− fueron dando cuerpo teórico y empírico al problema. Estos aportes situaron al tema del cuidado y el reparto de las responsabilidades vinculadas a garantizarlo en el conjunto de las preocupaciones referidas a la organización de la vida social. El actor institucional que dio empuje desde el ámbito gubernamental fue, en primera instancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, a partir del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, en el año 2007. Luego, a partir de 2010, un grupo de trabajo intersectorial asumió el desafío de construir una propuesta que derivara en política. La concreción del SNIC formalizada en la ley 19.353 se suma a un marco normativo(la ley 18.250) que ya había regulado el trabajo doméstico en 2012. A partir de la creación del SNIC, por lo tanto, la regulación del campo de los cuidados opera en dos ámbitos: el de los cuidados, por un lado, y el del trabajo doméstico, por otro. Si bien son ramas de actividad que tienden a diferenciarse y 443

CONO SUR perfilarse en su especificidad, aún gran parte de los cuidados remunerados en domicilio(sobre todo los dirigidos a la primera infancia e infancia) son formalizados y adquieren derechos laborales a través de la ley de trabajo doméstico. En el presente análisis optamos por una mirada amplia de los cuidados, como asunto que involucra y determina el conjunto del bienestar social y las relaciones de las familias con el mercado laboral, cruce clave para el desarrollo de un país. Entendemos que las políticas de cuidado se insertan en un universo más amplio de políticas sociales, así como otras sectoriales, en particular aquellas vinculadas a la regulación del mercado laboral. Esto es, una política de cuidados que se proponga reorganizar el modo en que se proveen los cuidados, por ejemplo, tendrá influencia y será a la vez influenciada por las políticas de educación, de salud, seguridad social y, fundamentalmente, las políticas laborales y sus regulaciones. Acompañamos aquí la concepción de régimen de cuidados(Martínez Franzoni y Filgueiras, 2019) para referenciar al universo más amplio en que interactúan las políticas de cuidados con la organización del bienestar social. Este enfoque, que pretende una mirada panorámica del bosque en que se ubican las políticas de cuidados, posibilita complejizar las descripciones sobre los límites para el desarrollo de relaciones sociales más igualitarias entre hombres, mujeres y otras identidades, tanto a nivel micro como en la organización de la vida social. Al mismo tiempo, da cuenta de que los cuidados son un asunto de interés sustantivo para un conjunto amplísimo de actores de la vida social, por lo que pensar los desafíos para su tratamiento en el debate público forma parte de las dimensiones que aquí queremos considerar. El análisis que sigue tiene como objetivo dibujar un mapa de los cuidados y su estado actual en Uruguay, en tanto derecho ciudadano, para ampliar la demanda por su sostenibilidad como política. Además, queremos incentivar a actores de diversos espacios a problematizar el vínculo entre su ámbito de incidencia y la organización social de los cuidados(sindicalismo, educadoras y educadores, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diversas áreas, entre muchos otros y otras). El análisis también puede aportar claves para procesos de construcción de políticas de cuidados que se estén dando en la región. El documento presenta una caracterización del orden de género y cuidados en Uruguay, desde la mirada del régimen de cuidados. Luego se describe la política de cuidados vigente y los servicios desplegados a partir de ella, según la población a la que se dirigen. Se plantean a su vez los pendientes del primer período de implementación de una política de cuidados en Uruguay. Los últimos apartados, ponen el foco en el contexto actual de los cuidados en Uruguay; las voces y debates en torno a los cuidados como derecho y como asunto de políticas; así como los desafíos y oportunidades ante un nuevo escenario. 444

URUGUAY 1. El régimen de los cuidados en Uruguay La organización del cuidado en Uruguay mantiene aún como característica principal la distribución desigual de su provisión, tanto en su dimensión social(qué esferas lo garantizan y sostienen) como en el marco de las relaciones de género. A pesar de la existencia e incipiente desarrollo de una política de cuidados que lo reconoce como derecho e impulsa su redistribución, los datos dan cuenta de la persistencia de un reparto en el que las familias, y las mujeres al interior de ellas, continúan siendo las principales proveedoras de cuidados. El otro agente principal distribuidor de cuidados es el mercado privado. Al que le sigue el Estado. Las expresiones comunitarias son las menos desarrolladas, aunque también las más escasamente abordadas por los estudios sociales, lo que puede expresar más una poca visibilidad como fenómeno social que una presencia limitada en la realidad. El ordenamiento social y de género de los cuidados en Uruguay, aunque en general responde a ese esquema, no se presenta igual en el campo de los dirigidos a la primera infancia que a las personas con discapacidad o a las personas mayores dependientes. La reconfiguración que ha propiciado tanto la creación y puesta en marcha del SNIC, como la formulación de normativa laboral que comienza a atender a los cuidados como una dimensión universal de la sociedad que debe sostenerse colectivamente no son aún lo suficientemente generales ni con resultados parejos, más allá de los instrumentos específicos y diferenciales que puedan o deban implementarse para ello. Desde una perspectiva feminista, la tendencia debiera ser la construcción de una organización social en la que prime un modelo de cuidador universal(Fraser, 1997), en la que toda persona trabajadora sea concebida como alguien que cuida. Desde esta perspectiva, necesitan redefinirse completamente las condiciones y reglas del mercado de trabajo, orientadas por el modelo de proveedor universal(Pérez de Sierra, 2016). Esto implica, asimismo, un movimiento sindical que lo empuje y dispute la negociación de las condiciones de trabajo. Si bien algunos impulsos han comenzado a dibujar un sentido común en esta dirección, sus resultados son aún incipientes y, en un contexto de restricción y recorte de las políticas sociales como el que enfrentamos para los próximos años 1 podría ser difícil mantener y profundizar estos cambios. Es posible identificar algunos indicios de este paradigma de cuidador universal, que empezaba a permear a los actores sociales, en hitos concretos 1. “Mides. Asignación presupuestal proyectada por el MEF implicaría una mutilación de políticas sociales que atienden pobreza extrema”, La Diaria , 11/8/2020. https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/8/ mides-asignacion-presupuestal-proyectada-por-el-mef-implicaria-una-mutilacion-de-politicas-socialesque-atienden-pobreza-extrema/ 445

CONO SUR de la última media década. La negociación 2 del sector público de la Administración Central del Estado del año 2017 es uno de ellos. En el convenio firmado por la organización sindical y el Estado se instalan medidas de licencia y jornadas de medio tiempo para situaciones especiales de necesidades de cuidados familiares. Este reconocimiento se restringe al ámbito público de la Administración Central, lo que generó un alcance fragmentado de la medida en el marco normativo de la organización laboral general. El texto alcanzado estableció el derecho a la reducción de la jornada laboral por cuidados, licencias especiales por internación de personas a cuidar, e igualó al sector público con los derechos establecidos por la Ley 19.161 de Subsidio por Maternidad, Paternidad y Cuidados, de 2013, que incluía únicamente al sector privado de trabajadores y trabajadoras. Esta última norma estableció una nueva regulación del subsidio por maternidad y se creó un subsidio por paternidad y un subsidio para cuidados del recién nacido o recién nacida, que puede alternarse entre madre y padre hasta los 6 meses del o la bebé. Este cambio normativo significó, sobre todo en términos simbólicos, un gran avance en el modelo del trabajo, consagrando y dando marco legal, por primera vez en el país, al tiempo de cuidado de recién nacidos. A la vez, promovió el involucramiento conjunto de hombres y mujeres en los primeros meses de crianza. Sin embargo, su uso efectivo por parte de los varones es aún un tema pendiente. Algunos estudios recientes se han orientado a tratar de comprender el fenómeno, así como establecer factores obstaculizadores y facilitadores de la asunción por parte de los padres del subsidio para medio horario(Lembo, 2018; Torres, 2019). Según Batthyány, Genta y Perrotta, entre 2014 y 2016, el uso de medio horario para cuidados del sector privado fue en aumento, pasando de 6.258 solicitudes a 9.525. No obstante, y si bien el subsidio puede ser solicitado por la madre o el padre alternadamente, los datos dan cuenta de que un 69,6% de las mujeres habían utilizado el medio horario para cuidados, mientras esto ocurría solo con el 4,5% de los varones. Los datos coincidían con los proporcionados por la entidad oficial encargada de la prestación (Banco de Previsión Social) que indicaban que el 59% de las mujeres que tomaron licencia por maternidad solicitaron el medio horario por cuidados. Es pertinente destacar sobre este punto que no todas las personas trabajadoras con derecho al uso del medio horario hacen uso del subsidio. Alrededor de un 30% de potenciales personas usuarias no recurre al medio horario y esta cifra es más pronunciada en algunos sectores. Este punto explicita que las transformaciones culturales involucradas en la asunción del 2. La ley 18.566 del año 2009 define el derecho de negociación colectiva y el rol de promoción y garantía del Estado para el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles, adoptando las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y empleadoras y trabajadoras y trabajadores. 446

URUGUAY cuidado como derecho laboral, así como la corresponsabilidad de asumirlos al interior de las familias, continúa encontrando barreras en el mercado de trabajo, de las que es preciso saber más, para intervenir en el marco de la política pública. En el vínculo entre la regulación del mercado de trabajo y el trabajo doméstico y de cuidados, Uruguay marcó también un importante mojón con la aprobación de la Ley de Trabajo Doméstico, que posibilitó la formalización y acceso a derechos laborales a trabajadoras del hogar que se dedicaban a las tareas domésticas, a la vez que marcó un trayecto posible a seguir, distinguiendo esta actividad de las vinculadas al cuidado. La ley 18.065, de 2006, definió el trabajo doméstico y estableció reglas sobre la jornada laboral, derecho a descanso, acceso a la seguridad social, etc. Según la Organización de las Naciones Unidas, y su último informe − Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del covid-19− de junio de 2020, en Uruguay el 8,6% de mujeres están ocupadas en el trabajo doméstico(p. 3). Estos avances propiciaron la construcción de un nuevo marco de derecho laboral con una fuerte impronta de formalización, por un lado, y de cambio de modelo por otro(dejando atrás la exclusiva del modelo de proveedor universal). Ese contexto permitió, tras la aprobación y puesta en marcha de la política de cuidados, la apropiación por parte del movimiento sindical del tema de la corresponsabilidad social de los cuidados en la agenda de la negociación colectiva. Este último punto no es menor en un país como Uruguay, donde el ámbito central que nuclea a trabajadoras y trabajadores organizados(Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores, conocido como PIT-CNT) cuenta con una larga tradición de acompañamiento de las demandas sociales: ocupó un lugar protagónico en la resistencia a la dictadura cívicomilitar(1973-1984) y se consagró como un actor social relevante a partir de la reinstalación de la democracia. La creación del sistema de cuidados y con él la concreción de una mirada integral acerca de las tareas de cuidados remuneradas, significó un escenario único para avanzar en uno de los principales desafíos de una política en este sentido: la regulación del trabajo de cuidados. Esto implica, en el contexto nacional, distinguir este sector de otros que ya cuentan con organización sindical y ámbito de negociación colectiva específicos: el de la salud y el del trabajo doméstico. La regulación de la categoría laboral del cuidado es una materia que quedó pendiente en el primer período de implementación del sistema a cargo del Frente Amplio(coalición de izquierda que gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020), y no se encuentra en la agenda de la coalición de derecha que estará en el gobierno hasta 2025. Los datos disponibles en relación con la organización del cuidado en Uruguay siguen dando cuenta de persistentes desigualdades, tanto en su 447

CONO SUR distribución social como de género. El contexto particular de 2020, con la presencia de la pandemia a nivel mundial y las medidas establecidas por los distintos gobiernos para su prevención y contención, dejaron expuestas con mayor crudeza estas desigualdades. Los cuidados evidenciaron ser un escenario determinante en que la desigualdad de género se imbrica con la estratificación social, generando nuevas desigualdades al interior mismo del colectivo de mujeres. La emergencia sanitaria y el pedido de confinamiento y distanciamiento social dejaron a la vista la enorme cantidad de actividades, responsabilidades y tareas que están asociadas a la denominada“sostenibilidad de la vida”: el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Según la última encuesta sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado realizada en Uruguay(INE, 2013), la mitad del trabajo que se realiza en el país corresponde a este conjunto(50,1%), proporción que no tuvo prácticamente cambios entre esa medición y la anterior, del año 2007. Según la última edición, a su vez, las mujeres realizan más de la mitad de la carga global de trabajo (remunerado y no remunerado). Esta distribución tampoco tuvo cambios entre ambas mediciones, que sin embargo son previas a la emergencia de la política de cuidados en el país. No obstante, el marco normativo referido a los cuidados no estableció obligatoriedad respecto de estas ni otras mediciones, por lo que no es posible hacer un seguimiento sistemático de los cambios o permanencias en la distribución del uso del tiempo tras la aprobación y puesta en marcha del sistema. Estimaciones posteriores ofrecen nuevas perspectivas del asunto. Las Encuestas Nacionales de Adolescencia y Juventud(ENAJ) realizadas en 2013 y 2018 muestran cómo los cuidados no remunerados determinan las posibilidades de continuidad de los trayectos educativos formales o laborales de las mujeres adolescentes y jóvenes en Uruguay. El informe de la ENAJ 2018 evidencia importantes diferencias por sexo. Mientras casi una de cada cuatro mujeres deja de estudiar o trabajar por cuidar, esto solamente sucede con el 5% de los varones. Por otra parte, el módulo sobre cuidados de la última edición de la ENAJ evidencia que las mujeres que integran los hogares más pobres son las que más cuidan, al tiempo que la brecha de cuidados no remunerados según sexo es de 26,7 puntos a favor de las mujeres en el quintil más pobre, e inexistente en el quintil de mayores ingresos. Si bien no se cuenta con una medición específica del uso del tiempo posterior a la implementación del SNIC, los datos emergentes de la ENAJ parecen indicar la permanencia de una brecha de cuidados que se acentúa en los sectores de menores ingresos. El impacto de la ampliación de oferta pública de cuidados no parece haber modificado la brecha de oportunidades en los sectores más jóvenes. Esto puede deberse a la especificidad de los servicios y prestaciones que podrían impactar en este sector, poco desarrollados por el SNIC: servicios flexibles de cuidado, que tengan en consideración que las jóvenes no cuidan de forma de remunerada únicamente a hijos e hijas, sino 448

URUGUAY también a otras personas integrantes de la familia. Prestaciones que no solo alcancen a las trabajadoras formalizadas, puesto que estas medidas dejan fuera a un sector importante de las adolescentes y jóvenes a las que debería llegar la política de cuidados. Está claro que la desigualdad en asumir la carga de trabajo no remunerado(doméstico y de cuidados) se articula con otras desigualdades, lo que tiene impactos diferenciales dependiendo de la posición social y económica de las personas. Según la encuesta, los cuidados recaen con mayor peso en las y los jóvenes pertenecientes a hogares de menores ingresos. 47,5% de las y los jóvenes del primer quintil de ingresos realiza tareas de cuidado, en tanto 21,1% lo hace en el quintil con el mayor poder adquisitivo. Este dato advierte, entre otras cosas, que si fuera posible reconfigurar el modo en que se proveen los cuidados no remunerados en Uruguay, potenciando la presencia de esos servicios desde el mercado o desde el Estado, estos dejarían de ser una limitante para otros desarrollos como la educación o el trabajo, así como para el acceso a otros derechos. Asimismo, y en términos de lo que podríamos denominar dimensión pedagógica de la política pública, algunos cambios en las opiniones sobre género y cuidados en adolescentes y jóvenes, documentados en las encuestas de 2013 y 2018, parecen acompañar las modificaciones introducidas con la creación del SNIC. En la ENAJ 2013, 31,9% de los y las adolescentes y jóvenes estaba de acuerdo con la afirmación de que la crianza de los hijos y las hijas debe ser tarea primordial de las mujeres. En 2018, el porcentaje se redujo de manera muy significativa. El porcentaje de acuerdo con esta afirmación representa un 17,1. En relación con el sexo, son más mujeres(22,4%) que varones(12,1%) quienes consideran adecuada esta aseveración. Respecto de la aseveración“Los hombres deberían compartir las tareas del hogar con las mujeres para desarrollarse dentro y fuera del hogar”, en 2013 el acuerdo era del 88,6% en los varones y el 96,7% de las mujeres. En 2018, si bien la afirmación relevada es ligeramente distinta en su formulación, lo interesante es que prácticamente no se visualizan diferencias de género en el acuerdo con ella, que alcanza en términos agregados 95,6%. En cuanto a la idea:“Las mujeres deberían elegir carreras que no interfieran con un futuro proyecto de familia”, casi la mitad de las y los adolescentes y jóvenes no está de acuerdo con la afirmación mientras que aproximadamente el 30% está de acuerdo en 2013. En 2018, este porcentaje disminuyó ligeramente, a 24,6%. Estos datos adquieren relevancia tanto para caracterizar el momento actual del orden de género y cuidados en Uruguay como los posibles aportes de los cambios normativos, discursivos y de organización social iniciados en la última década. Además, permiten advertir lo que una agenda de retroceso a nivel gubernamental en temas de igualdad de género puede propiciar. 449

CONO SUR 2. La política de cuidados En 2010, al inicio del segundo gobierno consecutivo del Frente Amplio, Uruguay fue el primer país latinoamericano en plantearse la concreción de una política pública social que abordara, de manera sistémica y para todo el ciclo de vida, la reorganización de los cuidados como asunto de intervención estatal. El SNIC, creado por la ley 19.353 de 2015, considera a los cuidados como un derecho universal y establece como sujetos de la política a la primera infancia(niñas y niños de 0 a 3 años de vida), las personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Además, concibe como población objetivo de la política a las personas que cuidan. Eso coloca a la política uruguaya en una perspectiva innovadora en la materia. El SNIC“comprende un conjunto articulado de nuevas prestaciones, coordinación, consolidación y expansión de servicios existentes, como asimismo la regulación de las personas que cumplen servicios de cuidados”(Parlamento 2015, p. 7). A través de la Junta Nacional de Cuidados, órgano máximo de gobierno de la institucionalidad del sistema, la política moviliza a un amplio abanico de reparticiones públicas, desde ministerios hasta organismos descentralizados. La Junta está integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, entidad que la preside, y los Ministerios de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Congreso de Intendentes. A la vez, el Instituto Nacional de las Mujeres participa de ese ámbito con voz, pero sin voto. Hasta su irrupción en las agendas públicas, los cuidados eran parte del universo simbólico y práctico de lo privado: no era cuestionado que su organización correspondiera exclusivamente a las familias y, en particular, a las mujeres. De esa manera, no eran concebidos como un asunto en el cual el Estado tuviera cosas que hacer y decir. Al ingresar al ámbito público, primero, e institucional/estatal después, su abordaje aparece directamente vinculado a materias específicas de las políticas sociales preexistentes, tales como la protección de la vejez, o las de salud y asistencia social. Ejemplos de ello son la atención de la población adulta mayor dependiente, de las personas con discapacidad y la primera infancia. En el ejemplo uruguayo, el caso de la atención a la primera infancia es paradigmático respecto de la novedad que instala la creación del SNIC: la institucionalidad de los cuidados comienza a operar donde el despliegue en la materia tiene ya 30 años de trayectoria en el país, a través del denominado Plan CAIF 3 . 3. El Plan CAIF tiene como objetivo garantizar la protección y promover los derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los 3 años. Es una política implementada intersectorialmente, gestionada por organizaciones de la sociedad civil, bajo la rectoría del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay. 450

URUGUAY Al mismo tiempo, los cuidados se configuran como un campo que replantea las fronteras entre lo público y lo privado, entre aquello que pertenece al universo de las familias y aquello que se vincula con la organización de la vida en sociedad. Especialmente, la politización de los cuidados reconfigura las relaciones entre la vida familiar y el mercado laboral. Supone, por lo tanto, repensar el lugar de las familias y en particular de las mujeres en la reproducción de la vida social. Paralelamente, la política de cuidados en Uruguay se inserta en un conjunto de políticas emergentes en la región que se distingue de las tradicionales, en particular por sus modos de conformación, procesos de los que se sabe muy poco todavía. Menos desarrollo encontramos aún respecto de los estudios que dan cuenta de los procesos de implementación de estas políticas sociales emergentes y de su ajuste, viraje y o permanencia más allá de las administraciones que las instalaron. Algunas definiciones de los primeros meses de gestión de la coalición de derecha que actualmente se encuentra en la Administración de gobierno en Uruguay, en particular las iniciativas de reestructuración del diseño institucional dado al SNIC en la ley, atentan directamente contra algunas de esas innovaciones en la gestión de políticas sociales, la integralidad y visión sistémica de la actuación en esta materia. Otro elemento singular de la política de cuidados construida en Uruguay es su perspectiva transformadora del actual orden de género con relación a los cuidados. La ley 19.353 propone en su texto, como principio, aportar a la transformación de la actual división sexual del trabajo, así como la promoción de la corresponsabilidad, tanto en la esfera social(involucrando equitativamente al Estado, el mercado, las familias y la comunidad), como entre hombres y mujeres. En lo concreto, es posible caracterizar la política de cuidados de Uruguay definida en la ley 19.353 a partir de algunos rasgos distintivos en el diseño institucional, que se desarrollaron durante los primeros cuatro años de implementación: - Su carácter sistémico : introduce la mirada relacional en la actividad de cuidar, incluyendo a quien requiere cuidados en determinadas condiciones y a quienes cuidan. A la vez, concibe a la política no únicamente como conjunto de servicios y prestaciones sino como un mecanismo de comunicación para el cambio cultural, entre otros aspectos que superan una visión asistencialista. - Su integralidad: constituye un desafío para la propia forma de hacer del Estado, en tanto busca integrar institucionalidades fragmentadas y/o dispersas que ya actuaban sectorialmente, para abordar una materia en común. Esta definición es tomada en lugar de la creación de una nueva sectorialidad del Estado, lo que interpela la toma de decisiones conjunta, en un país con una larga tradición sectorial en asuntos tales como salud, educación, niñez, seguridad social, con institucionalidades que datan de la primera parte del siglo XX. 451

CONO SUR - Una participación social legitimada en la arquitectura institucional , a través del Comité Consultivo de Cuidados, órgano asesor del sistema que integra a los sectores sociales de distinta naturaleza involucrados con los cuidados: sociedad civil organizada en torno a los cuidados, o a las poblaciones contempladas por la política pública; representación de los trabajadores y las trabajadoras organizadas a través del PIT-CNT; proveedoras y proveedores de servicios de cuidados(entre los que están federaciones de cooperativas y organizaciones de la sociedad civil en convenio con el Estado y cámaras empresariales) y la academia(no solo universidades públicas y privadas sino también instituciones académicas no universitarias que investigan sobre desarrollo, bienestar, masculinidades y género, entre otros aspectos vinculados a la política pública). La institucionalidad de SNIC se define a través de los siguientes órganos: Junta Nacional de Cuidados , presidida por el ministro de Desarrollo Social, que trabaja en articulación con otros nueve organismos: ministerios e institutos que tienen alguna competencia en materia de cuidados. La Junta Nacional de Cuidados estará integrada por un titular o suplente a designación de los titulares, del Ministerio de Desarrollo Social, quien la presidirá y de los Ministerios de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, del Banco de Previsión Social, del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay y un representante del Congreso de Intendentes. A fin de promover y monitorear la incorporación de la perspectiva de género en todo el SNIC, participará un representante del Instituto Nacional de las Mujeres en las sesiones de la Junta Nacional de Cuidados, con voz y sin voto. La Secretaría Nacional de Cuidados participará en las sesiones de la misma, con voz y sin voto 4 . El órgano de mayor jerarquía del SNIC es un ámbito colegiado en el que se fijan los lineamientos estratégicos de la política, se plasman los acuerdos, se adjudican las responsabilidades y los plazos para el trabajo interinstitucional 5 . Comité Consultivo de Cuidados : da seguimiento a la política pública y está formado por representantes de organizaciones sociales, trabajadoras y trabajadores, así como el sector académico y el sector empresarial vinculado a los cuidados. 4. SNIC, 2015, art. 12, https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015 . 5. SNIC, 2020, art.17, https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015. 452

URUGUAY Las representaciones por sector fueron las siguientes: por parte de las trabajadoras y los trabajadores, PIT-CNT; por la sociedad civil, Red Pro-Cuidados, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas(ONAJPU), Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales(ANONG), y un representante no gubernamental de la Comisión Honoraria Nacional de Discapacidad(CHND); por el sector académico: Universidad de la República(UdelaR), Universidad Católica(UCU), Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay(CIEDUR); por los prestadores privados de servicios de cuidados: Cámara Uruguaya de Empresas de Servicios de Acompañantes(CUESA), Federación de Cooperativas de Uruguay(FCPU) y Centros de Atención a la Infancia y Familia(CAIF). El Comité Consultivo comenzó a sesionar en abril de 2017 aprobando un reglamento de funcionamiento interno que definió reunirse de forma mensual. Esto permitió trabajar sobre una agenda nutrida durante sus tres años de funcionamiento en los que el Comité sesionó de forma ordinaria 32 veces. A nivel general se destaca la sostenida participación de sus representantes, lo que ha posibilitado el tratamiento de diferentes temas de manera continuada, logrando discusiones profundas acerca de los cometidos de este órgano en el ciclo de la política y el rol que deben asumir como representantes de entidades que tienen agencia directa en el tema de los cuidados 6 . Secretaría Nacional de Cuidados , liderada por una figura de designación política encargada de ejecutar las políticas definidas para el SNIC por la Junta Nacional de Cuidados, y responsable de planificar la implementación del sistema. La estructura actual[al cierre de la Administración anterior] de la Secretaría cuenta con una Dirección o Secretaría de Cuidados, una Dirección Adjunta, o Secretaría adjunta, una Dirección de Relaciones Institucionales, una Dirección Ejecutiva, un Área de Servicios, un Área de Infancia, un Área de Dependencia, un Área de Planificación y Seguimiento y un Área de Comunicación(SNIC, 2020: 29). Este diseño institucional movilizó a su vez modificaciones en la conformación de la escena y en las agendas de los colectivos e instituciones implicados. Estos cambios aún no han sido abordados por la investigación académica ni dimensionados en el debate público. No obstante, existen evidencias de que algunas de las organizaciones e instituciones convocadas a partir del componente de participación social de la política incorporaron una mirada específica en los cuidado desde el último período, aun cuando antes no lo habían hecho ni formara parte de su agenda. El desarrollo de la actividad en el 6. SNIC 2020, art. 18, https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015 453

CONO SUR Comité Consultivo de Cuidados, ámbito que tuvo participación activa desde su creación en 2017 en las discusiones sobre el avance del sistema, parece ser un factor explicativo de estos movimientos. Así, la central sindical(PITCNT) creó una Comisión de Cuidados al interior de su organigrama, reunió a diversas ramas sindicales vinculadas al sistema, e incorporó al Sindicato Único de Asistentes Personales(SUAP), organización que nace a partir de la creación de dicho rol de cuidado remunerado en el SNIC. La organización debió dar la discusión acerca del sector laboral en que incorporaría a esta nueva representación sindical, definiendo su inclusión en la Federación de Empleados del Comercio y Servicios(FUECYS). El movimiento sindical, a su vez, agregó en su agenda de demandas laborales la corresponsabilidad en los cuidados, al punto que las medidas en ese sentido ocuparon gran parte de la negociación colectiva en las más diversas ramas entre 2017 y 2019, a través de las denominadas cláusulas de género. Este fenómeno ha sido y continúa siendo objeto de diversas investigaciones(Centro de Investigación y Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR, 2019). La participación social en el sistema fue impulsada fuertemente por la sociedad civil organizada, en particular, por la Red Pro Cuidados, clave en la etapa de instalación formal de la política de cuidados en Uruguay a partir de 2013. Este colectivo articula, entre otras organizaciones, a la Red Género y Familia, reconocida por su impulso para que los cuidados como asunto objeto de políticas públicas se posicionara en la agenda pública y la institucional/ estatal, con visión sistémica y perspectiva de igualdad de género. 3. Servicios de cuidados Los servicios y prestaciones existentes en el marco de esta política pública pueden ordenarse según población objetivo y tipo. Un segundo análisis puede detenerse en los pendientes que dejó la primera etapa de implementación del sistema. 3.1. Primera infancia Dirigidos a esta población, nos encontramos básicamente con dos tipos de servicios de cuidado. Por una parte, están aquellos que se brindan de manera institucionalizada y que se aproximan a los previos al SNIC: centros de atención y educación infantil, hoy denominados Centros de Educación y Cuidados para la Primera Infancia. Son regulados por el Estado, y provistos en dos modalidades: por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el Estado (Centros de Atención a la Primera Infancia y la Familia) y con financiamiento público; o de gestión y financiamiento público(Centros de Atención a la Primera Infancia −CAPI−). Ambos servicios, preexistentes al desarrollo del 454

URUGUAY SNIC, son regulados por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), y vieron ampliada la oferta y cobertura de manera muy importante durante el período 2014-2020. Según el SNIC(2020), entre 2014 y 2019 la cobertura a través de oferta pública de educación y cuidados para 0 a 3 años pasó de 62.565 a 74.736 niños y niñas. Asimismo, se observa en el lapso una disminución de la asistencia de niños y niñas entre 0 y 3 años a servicios privados(de 29.995 a 26.598). A fines de 2019, Uruguay se encontraba posicionado como el país de mayor cobertura de centros infantiles en la región, con los siguientes porcentajes: menores de un año: 15,5%; un año: 39%; dos años: 55,3%; tres años: 75,8%; cuatro años: 94,2%; y cinco años: 99,4%, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Es necesario aclarar que estas cifras incluyen a la población infantil atendida por los servicios públicos y los centros privados 7 . En cuanto a los servicios de provisión privada de educación y cuidados para la primera infancia, el Estado se encarga de la regulación. En el marco del SNIC, se incluyó a este tipo de servicios en algunas líneas de política pública que buscaba unificar criterios de calidad, además de posibilitar el acceso subvencionado a cuidado infantil en territorios donde no existía oferta pública disponible 8 . Por otro lado, se desarrollaron en el primer período de implementación de la política de cuidados algunos servicios de características diversas, y que se distinguen de la clásica modalidad institucionalizada de atención a la primera infancia. Estos son los denominados Espacios de cuidados y educación para hijos e hijas de estudiantes de educación media, y las Casas Comunitarias de Cuidados. Tanto los primeros como las segundas pueden entenderse como experiencias piloto, siendo su alcance y cobertura muy menor: unos 1000 niños y niñas entre ambas(SNIC, 2020). Las sistematizaciones realizadas dan cuenta del éxito de estas experiencias en territorios y/o circunstancias específicas, debido a su característica menos rígida de funcionamiento y su sometimiento a continua evaluación. En localidades pequeñas y no urbanizadas, la presencia de casas comunitarias de cuidado habilitó, por ejemplo, a las mujeres que antes estaban a cargo del cuidado de forma no remunerada a salir al mercado laboral y/o retomar ciclos educativos formales de los que se habían desvinculado. 7. “Prioridades irrenunciables para el presupuesto sobre cuidados y educación”, La Diaria , 21/9/2020. Disponible en https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2020/9/prioridades-irrenunciables-para-el-presupuesto-sobrecuidados-y-educacion/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=educacion 8. Las becas de inclusión socioeducativa(BIS) tienen por objetivo brindar servicios de cuidado y educación a niños y niñas de 0 a 2 años(en excepciones, hasta 3 años) pertenecientes a familias integradas a los programas de Acompañamiento Familiar que residan en territorios con insuficiencia de oferta de estas características. Por su parte, el Sello Cuidando con Igualdad es un instrumento que permite a los equipos de centros de educación y cuidados para la primera infancia, tanto públicos como privados, trabajar para la transformación de las lógicas, prácticas y estructuras organizacionales que afectan la igualdad de género en los procesos de socialización de niños y niñas, sus oportunidades y derechos. 455

CONO SUR También se crearon los centros SIEMPRE , desarrollados con diversas modalidades de implementación. Entre ellas se destacan servicios producto de un diálogo tripartito entre sindicatos, empresas privadas y Estado, otros en acuerdo entre sindicatos y el Estado, y otros en los cuales están involucrados los organismos públicos en el propio proceso de implementación. El diálogo social que involucró a esta modalidad de servicios de cuidados es destacado en las sistematizaciones realizadas(SNIC, 2020). El desarrollo de servicios de cuidado infantil, la ampliación de cobertura y creación de modalidades novedosas para su provisión, así como el avance en la regulación de la calidad de estos servicios y la transversalización de las líneas de trabajo hacia la igualdad de género y la corresponsabilidad son, sin lugar a dudas, logros significativos del SNIC. No obstante, la sostenibilidad de estos avances se ve seriamente cuestionada en la actual proyección presupuestaria.“Los recortes presupuestales hacen peligrar la extensión de servicios de cuidado diario y educación de niñas y niños desde el nacimiento hasta los dos años en el ámbito del plan CAIF y otras modalidades” 9 . 3.2. Personas en situación de dependencia severa Respecto a las personas en situación de dependencia severa de todas las edades −a pesar de que únicamente se llegó a alcanzar hasta 2020 a menores de 29 años y mayores de 70−, los servicios son de dos tipos: en domicilio(asistentes personales) o institucionales: centros de día y establecimientos de larga estadía para personas mayores. Asimismo, el SNIC incluyó un servicio de teleasistencia para personas con dependencia moderada o leve. La creación del servicio de Asistentes Personales (AP) implicó, en paralelo, un proceso de formación y validación de conocimientos para el ejercicio del rol y la construcción de un Registro unificado de Asistentes Personales del Sistema de Cuidados. Además, trajo aparejada la creación de un nuevo actor sindical: el Sindicato Único de Asistentes Personales(SUAP). El SUAP ha ido creciendo en número y representación territorial desde su fundación en el norte del país, alcanzando en 2020 representación en 13 localidades. Actualmente cuenta con poco más del 10% de asistentes personales afiliados y afiliadas. A través de este servicio, las personas en situación de dependencia severa acceden a un subsidio para la contratación de una ayuda profesional adaptada por 80 horas mensuales. La asistencia y acompañamiento se destinan a actividades de la vida diaria(básicas, instrumentales y avanzadas). La provisión del servicio se realiza en dos modalidades: a través de la contratación individual por parte de las personas usuarias al AP o a través de cooperativas 9. “Prioridades irrenunciables…”, cit. en nota 5. 456

URUGUAY de trabajo y empresas privadas en convenio con la secretaría del SNIC. En total, a diciembre de 2019, se encontraban trabajando 4.510 asistentes en todo el país. Al mismo tiempo, al cierre de 2019, más de 6000 personas cuentan con el servicio activo como usuarias, en los 19 departamentos del país(SNIC, 2020). Estos números representan menos del 20% de cobertura del total de personas en situación de dependencia severa que se estima requerirían el servicio. En cierta medida, el lento avance en la universalización de la cobertura se vincula con que una amplia mayoría de las personas beneficiarias acceden al programa por medio del subsidio estatal, lo que hace costosa su provisión con fondos presupuestarios. Hasta 2020, se priorizó el acceso exclusivo al servicio de personas menores de 29 años y mayores de 80 que presentaran dependencia severa. En el informe de balance, la dimensión del financiamiento del sistema es uno de los principales desafíos que se planteaba el gobierno saliente, puesto que para cubrir la demanda del total de la población con dependencia severa la discusión pública sobre la modalidad de financiamiento se torna ineludible. Lo cierto es que esta característica fuertemente subsidiada del servicio, a la vez que plantea desafíos para su financiamiento futuro, garantiza que la provisión actual se encuentre altamente formalizada, lo que significa un avance muy importante en la valorización del trabajo de cuidados. En cuanto a los Centros de Día , son servicios diarios para personas en situación de dependencia leve o moderada que viven en su hogar y asisten de manera ambulatoria, para realizar actividades de estímulo y acompañamiento socioterapéutico. Se trata de un servicio que creó el sistema, y tuvo un desarrollo aún pequeño en cantidad y alcance. A finales de 2019, este servicio alcanzaba a unas 184 personas en todo el país, en 6 centros distribuidos en la capital y algún departamento del interior. El servicio se brinda a través de cooperativas de trabajo u organizaciones de la sociedad civil que lo gestionan. Cada persona puede elegir concurrir 2, 3 o 5 veces por semana, en tramos de 4 o de 8 horas, según la modalidad del servicio. Los Centros de Larga Estadía son el servicio de institucionalización dirigido a personas mayores en situación de dependencia. Según un relevamiento realizado en 2015, existen 1124 centros privados y 12 públicos distribuidos en todo el país. Estos servicios ya existían con antelación a la creación del sistema, y pasaron a formar parte de la concepción general de los cuidados una vez instalado este. Sin embargo, su regulación por parte del Estado ha sido un nudo importante de los gobiernos de las últimas décadas, en tanto requiere de un cambio de paradigma: de una mirada fiscalizadora y fuertemente sanitarista a una de carácter integral, la cual implica una articulación intersectorial aceitada y bien definida. Coincidiendo con Batthyány y Genta(2020), en cuanto a los servicios y prestaciones de cuidados dirigidos a las personas mayores, estos se reducen a regular desde el Estado la oferta ya existente de centros de día o de larga 457

CONO SUR duración, visualizándose en todo caso las innovaciones en el servicio de asistentes personales, tanto en presencia pública de la provisión, como en el papel que este servicio está jugando en la valorización del cuidado como trabajo remunerado, ya que casi un 90% de las personas que lo ejerce son mujeres. 3.3. Personas que cuidan El SNIC se propuso, al tiempo que desplegar servicios para atender las necesidades de cuidados, valorizar y profesionalizar las tareas de cuidados, para lo que apostó a la formación y capacitación de las personas que cuidan. Estas acciones estuvieron vinculadas sobre todo a los cuidados que se brindan en forma remunerada, tanto preexistentes(roles de cuidado y educación en primera infancia, por ejemplo), como creados a partir del sistema(asistentes personales y otros perfiles de cuidado). Según explicita la memoria quinquenal del SNIC 2015-2020, en esta área se apostó a la construcción de una estrategia de formación que fue diseñada en el ámbito de la comisión intersectorial de formación. Según el documento,“las exigencias y la progresividad de esta debía ser gradual y avanzando simultáneamente en varios ejes de trabajo, tanto en la formación en atención a la primera infancia como de atención a la dependencia conformando una visión sistémica”(SNIC: 116). En cuanto a la formación dirigida al cuidado de personas en situación de dependencia, en 2016, la Junta Nacional de Cuidados aprobó un diseño curricular de atención a la dependencia que tenía como antecedente la elaboración del perfil ocupacional que contiene datos de la ocupación y establece el área de competencia en los servicios sociosanitarios de cuidados a nivel institucional y en domicilio. Las formaciones ofrecidas estuvieron enmarcadas en cuatro modelos: un diseño curricular específico de cuidados(90 hs), un diseño de nivelación(20 hs), un proyecto ocupacional(30 hs) y un espacio de prácticas(12 hs). Por otro lado, la agenda de trabajo para la primera infancia se orientó al aumento de la oferta formativa, con el objetivo de contar con más personas formadas, al mismo tiempo que contar con personas para hacer frente a los nuevos servicios de atención, regulación de la oferta privada de formación y construcción de un diseño curricular común por competencias laborales. 4. Los pendientes del primer período de implementación El gran pendiente del primer período de implementación del SNIC en Uruguay entre 2016 y 2020 es el componente de la regulación laboral del trabajo de cuidados, vinculado a uno de los ejes orientadores de la política pública: transformar la actual división sexual del trabajo y reorganizar los cuidados 458

URUGUAY con perspectiva de igualdad de género. Si bien se trata de un objetivo macro que implica un cambio cultural profundo, el componente de la valorización y profesionalización del trabajo de cuidados remunerado es clave para convertir la tarea en una actividad laboral que, por un lado, reconozca una labor que históricamente ha estado desvalorizada, y prácticamente ajena a la concepción del trabajo remunerado, y, por otro, sea atractiva y, por tanto, propicie su elección por parte de los varones, contribuyendo a su desfeminización. En términos institucionales, los nudos que existieron para avanzar en esta área parecen ubicarse en la falta de acuerdo de los propios actores implicados en la Junta Nacional de Cuidados. De hecho, el Comité Consultivo de Cuidados comenzó a trabajar en una comisión específica el tema, sin lograr incidir en este aspecto en los avances del tratamiento del tema en la Junta Nacional de Cuidados(JUNACU). El Informe de Transición del Comité Consultivo explicita como uno de los desafíos:“Avanzar en la regulación laboral de las trabajadoras de los cuidados y seguir profundización[ sic ] en la estrategia de formación como forma de valorar y profesionalizar la tarea”(Comité Consultivo de Cuidados, 2020: 20). El mismo desafío plantea la memoria quinquenal del SNIC:“Es importante dar continuidad al proceso iniciado en materia de regulación laboral de las personas ocupadas en el sector cuidados y para ello es necesario trazar una estrategia que permita seguir avanzando sin desconocer la situación actual de quienes trabajan en las tareas de cuidado, donde las personas se insertan en un sector ocupacional heterogéneo y disperso con diversidad de situaciones respecto a sus condiciones laborales, remuneración y organización colectiva”(2020: 40). En materia de servicios, por otra parte, el gran nudo crítico parece estar en la regulación y rectoría sobre los Centros de Larga Estadía para personas mayores, tanto públicos como privados, pues continúa siendo una zona gris en la que las miradas sectoriales de salud, por un lado, y de las políticas sociales, por otro, parecen primar, sin alcanzar una visión articulada e integral para la habilitación, supervisión y seguimiento de estos establecimientos de cuidados. En 2020, la pandemia evidenció las consecuencias que tiene este pendiente del Estado en la protección efectiva del derecho al cuidado de las personas mayores. Varios de estos Centros de Larga Estadía fueron foco de infección por covid-19, y se detectó la falta de garantías sanitarias y sociales, dada la escasa presencia de regulación del Estado. 5. El contexto actual: ¿nuevos rumbos para la política de cuidados en Uruguay? Los primeros meses de la actual Administración de gobierno han tenido a la política de cuidados como protagonista en la agenda pública y mediática. En parte, eso sucedió por la pandemia y las medidas de confinamiento y suspensión 459

CONO SUR de los servicios de cuidados institucionales que pusieron de manifiesto lo insostenible de la vida en sociedad sin políticas que busquen reconocer, reorganizar y redistribuir los cuidados. Pero también a partir de la renuncia, a los cuatro meses de su asunción, de quien fuera designado secretario nacional de Cuidados, salida que vino acompañada de anuncios por parte del gobierno respecto a las intenciones de reorganizar el diseño institucional del sistema. En concreto, la Red Pro Cuidados, el Sindicato Único de Asistentes Personales, la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las organizaciones e instituciones que integraron el Comité Consultivo de Cuidados entre 2017 y 2019 han manifestado públicamente su preocupación por la ausencia de convocatoria a los espacios establecidos en la ley de creación del SNIC, la falta de diálogo con los actores sociales implicados y las implicancias de las decisiones que se han hecho públicas, en relación a la unificación de la Secretaría Técnica destinada al diseño y articulación de los componentes de la política de cuidados, con el Programa Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Alianza, 2020; Red Pro Cuidados, 2020; Organizaciones del Comité Consultivo de Cuidados, 2020; SUAP, 2020). También advierten que no ha sido instalada formalmente la nueva Junta Nacional de Cuidados, órgano que según la ley debe conducir intersectorialmente el sistema, ni se ha presentado el Plan Quinquenal de Cuidados, que la ley prevé como límite se remita al Parlamento a los 120 días de asumida la nueva Administración(ese plazo venció el pasado 30 de junio de 2020). En el marco de una nueva discusión de Ley de Presupuesto quinquenal, y los anuncios de recorte del gasto social por parte del gobierno, preocupa cuál será el reflejo económico que tendrá la política, y en consecuencia, en qué medida podrá hablarse de su sostenibilidad como política de Estado. 6. Voces y debates en torno a los cuidados como derecho y como asunto de políticas Tal como se fue describiendo en los apartados de caracterización del orden de género y cuidados en Uruguay y de la política de cuidados desarrollada a partir de 2016, el mapa de actores con voz en referencia a los cuidados y su abordaje como objeto de políticas públicas se ha ido engrosando. Antes de asumir los cuidados como parte de la agenda institucional/estatal, los actores clave en la instalación en el debate público de la necesidad de reorganizarlos en pos de la igualdad de género fueron algunas organizaciones sociales con perspectiva feminista, tales como la Red Género y Familia y sectores académicos y de producción de conocimiento, principalmente el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo(CIEDUR) y el Área de Sociología de Género de Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. Este entramado 460

URUGUAY fue tomando densidad a partir de 2013, año en que el segundo gobierno frenteamplista trató el tema en un Grupo de Trabajo intersectorial específico. A fines de 2013, a impulso de la Red Género y Familia y CIEDUR, se crea la Red Pro Cuidados, una coalición de organizaciones académicas y de la sociedad civil que buscaba aunar la diversidad de voces implicadas en los cuidados como política pública. Allí se nuclearon organizaciones de larga trayectoria en el trabajo: sobre asuntos de desigualdad de género, de mujeres y feministas, y de defensa de derechos de la infancia, las personas mayores y con discapacidad, así como otras de visión cooperativa que se dedicaban a la provisión de cuidados y/o la formación de personas para el trabajo remunerado en dicha área. Asimismo, la implementación de la política repercutió en la apropiación, por parte de la central sindical, de los cuidados y la corresponsabilidad social y de género como asunto de su agenda, se creó la Comisión de Cuidados del PIT-CNT, y el Sindicato Único de Asistentes Personales, que comenzaron a abordar el tema desde la perspectiva de las trabajadoras y los trabajadores, con el impulso del Instituto Cuesta Duarte 10 , que acompañó técnicamente este proceso. Por otro lado, en el último año se concretó la Alianza de Organizaciones en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una coalición amplia y que se hacía necesaria para unificar las demandas de esta población y colocar la mirada de la discapacidad con una perspectiva de derechos humanos en la agenda pública y el debate político. Sin dudas, el sistema de las Naciones Unidas también ha jugado un papel clave como actor que aporta e incide en el debate sobre los cuidados como política en el país. En particular, en el contexto actual de cambio de gobierno y reorientación política, este puede convertirse en un actor clave para sostener en agenda los cuidados y potenciar la incidencia que pueda tener la sociedad civil organizada en materia presupuestaria para el próximo quinquenio. Por último, el contexto actual en Uruguay, y la asunción en marzo de 2020 de una coalición de gobierno con una agenda retroactiva en términos de derechos y de recorte en materia de política social, ha propiciado la configuración de nuevas alianzas en el escenario social, entre las que se destaca la Intersocial, un espacio que integra a otras coaliciones(la Intersocial Feminista, la red de ollas populares), al movimiento sindical a través del PIT-CNT y al movimiento cooperativo de viviendas por ayuda mutua, entre otras organizaciones. A este espacio, se sumó recientemente la Red Pro Cuidados, y en su última movilización, el tema también formó parte de la plataforma social presentada por la Intersocial. Entendemos esto como un hito en la consolidación del tema de los cuidados y de las políticas de cuidados como asunto de interés central para el movimiento social más 10 . El Instituto Cuesta Duarte es una asociación civil en el marco del movimiento sindical uruguayo dedicada en particular a la investigación y asesoramiento en temas de su interés. 461

CONO SUR amplio, rompiendo la barrera de especialización que parecía rodearlo y los actores nucleados en torno a él. En su proclama del pasado 30 de julio, y bajo la consigna“Lo urgente es la gente”, la Intersocial dedicó un espacio a poner a los cuidados en el centro:“Es urgente atender los graves problemas de desigualdad de género que la pandemia profundiza. El confinamiento ha recrudecido la situación de violencia de género y la carga que, por la división sexual del trabajo, recae en las mujeres. Es necesario fortalecer la política de cuidados del Estado para contrarrestar estas situaciones”, dice la proclama(Intersocial, 3/7/2020). Las trabajadoras sindicalizadas han tomado también un lugar entre los actores que hoy tienen voz en materia de cuidados en el debate público. Algunas alianzas propiciadas por el trabajo conjunto en el ámbito del Comité Consultivo de Cuidados, como la que han hecho el SUAP y la Comisión de Cuidados del PIT-CNT con otros actores, v.gr., la Red Pro Cuidados, permiten pensar en ciertas ventanas de oportunidad para colocar en el debate público algunos de los grandes desafíos pendientes de la política de cuidados; en particular, el de la regulación del trabajo remunerado de cuidados y su consolidación como sector con capacidades de negociación propia en materia de trabajo. En este debate pendiente también pueden contribuir y ser potenciadores distintos espacios académicos de producción de conocimiento que vienen aportando investigaciones en relación con los cuidados como política pública, y sus impactos en el mercado de trabajo y el régimen de cuidados en Uruguay, tales como CIEDUR y FLACSO, que cuentan con líneas de desarrollo específicas en torno a ello. También actores institucionales que continúan colocando el tema como centro de interés, más allá de que no lo sean para la agenda del gobierno actual en sentido más amplio, a saber: el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de la Juventud. 7. Desafíos y oportunidades ante un nuevo escenario El escenario actual en Uruguay es preocupante para el conjunto del movimiento social. La agenda de gobierno plantea una mirada claramente restrictiva y de recorte de las políticas sociales, así como en la inversión en educación, ciencia y tecnología, que no coinciden con un discurso que parece alentarlas. De hecho, y ante la discusión de una nueva ley de presupuesto nacional para el próximo quinquenio, la ministra de Economía ya ha anunciado que, de no mejorar las cuentas fiscales,“las políticas sociales no las vamos a poder mantener” 11 . 11. “Arbeleche:«Si no mejoramos los resultados fiscales, las políticas sociales no las vamos a poder mantener»”, La Diaria , 14/7/2020. Disponible en https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/7/ arbeleche-si-no-mejoramos-los-resultados-fiscales-las-politicas-sociales-no-las-vamos-a-poder-mantener/ 462

URUGUAY Al mismo tiempo, el diálogo con algunos de los principales actores estatales/institucionales es en la actualidad escaso, y no se ha invitado al principal espacio de participación social vinculado al SNIC: el Comité Consultivo de Cuidados. No obstante, algunos otros canales se han abierto desde la instalación de la nueva Administración, en marzo: la Red Pro Cuidados fue convocada a integrarse al Consejo Nacional de Género, espacio que preside el Instituto Nacional de las Mujeres. El escenario actual requiere de creatividad para los actores sociales que ya no encontrarán una mirada gubernamental que los considere parte de la construcción de la política pública. El Parlamento parece ser una ventana de oportunidad para continuar colocando los cuidados al centro y la sostenibilidad de la política de cuidados como una necesidad. De hecho, y si bien es otra su conformación interna respecto a la que votó la ley de creación del SNIC, el proyecto fue acompañado por unanimidad en su momento, lo que parece ser clave para pensar los términos del intercambio que el movimiento social pueda hacer. La discusión del presupuesto puede ser una de las oportunidades, más aún, cuando el tema fue abordado recientemente en Cámara de Senadores, a partir del estudio Brechas de género en los ingresos laborales de Uruguay , presentado por CEPAL y ONU Mujeres(2020). En particular, el escenario actual presenta también una oportunidad única para la construcción de consensos sociales amplios y para madurar una propuesta que permita asumir en unos años una norma que regule el trabajo remunerado de cuidados en Uruguay, así como lo hizo en su momento la ley de trabajo doméstico. Madurar una propuesta en este sentido implica poner a dialogar a un conjunto muy amplio y diverso de actores: quienes se dedican al cuidado y a la educación infantil −que actualmente se enmarcan en el ámbito de la educación privada−, quienes se dedican al cuidado infantil en el ámbito doméstico −que aún no cuenta con regulación específica−, así como cuidadoras y cuidadores de personas en situación de dependencia, que ejercen tanto en instituciones como en domicilio, y tienen también diversidad de características y modalidades de contratación. Aprovechar la coyuntura para fortalecer la centralidad de los cuidados y la sostenibilidad de la vida como asuntos que nos interpelan como conjunto y potenciar las alianzas de su abordaje con perspectiva feminista e igualitaria parecen ser algunas de las claves para Uruguay. Para tomar nota del caso uruguayo, sobre todo en relación con los procesos que están desarrollando otros países de la región en torno a la instalación de políticas de cuidados, parece ser una clave el lugar de coaliciones que integren al movimiento social y a los actores e instituciones que trabajan en la producción de conocimiento con perspectiva de género, no solo para que las políticas que resulten integren una mirada igualitaria, sino para que los cuidados tengan una masa crítica cada vez más amplia que defienda los avances en materia de derechos y desafíe al Estado para su ampliación y profundización. 463

CONO SUR Lista de siglas utilizadas ANONG AP BIS CAIF CAPI CEPAL CHND CIEDUR CUESA ENAJ FCPU INE JUNACU ONAJPU PIT-CNT SNIC SUAP UdelaR Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales asistentes personales becas de inclusión socioeducativa Centro de Atención a la Infancia y a la Familia Centro de Atención a la Primera Infancia Comisión Económica para América Latina y el Caribe Comisión Honoraria Nacional de Discapacidad Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Cámara Uruguaya de Empresas de Servicios de Acompañantes Encuestas Nacionales de Adolescencia y Juventud Federación de Cooperativas de Uruguay Instituto Nacional de Estadística Junta Nacional de Cuidados Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores Sistema Nacional Integrado de Cuidados Sindicato Único de Asistentes Personales Universidad de la República Bibliografía Batthyány, K., y N. Genta(2020).“Uruguay: avances y desafíos en la investigación y las políticas públicas del cuidado”, en N. Araujo Guimarães y H. Hirata(comps.), El cuidado en América Latina , Fundación Medifé, pp. 219-258. Batthyány, K., N. Genta y V. Perrotta(2017). Uso de licencias parentales y roles de género en el cuidado. Sistema de Cuidados . Disponible en https://lac.unwomen. org/es/digiteca/publicaciones/2018/8/uso-de-licencias-parentales-y-roles-de-genero CEPAL(2020). Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del covid-19 . Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19 CEPAL- ONU Mujeres(2020). Brechas de género en los ingresos laborales de Uruguay . Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45792-brechas-genero-ingresos-laborales-uruguay Fraser, N.(1997). Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición“postsocialista” . Siglo del Hombre Editores. 464

URUGUAY INE. Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud(2013). Disponible en https://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-nacional-de-la-adolescencia-y-juventud-enaj-/-/asset_publisher/8nW0ZKdgKuqR/content/tercera-encuesta-nacionalde-adolescencia-y-juventud-2013/maximized?_101_INSTANCE_8nW0ZKdgKuqR_redirect=%2Fencuesta-nacional-de-la-adolescencia-y-juventud-enaj—(2018). Disponible en https://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=cd8dfe98-5abf-4e9b-90e7-06214706e970&groupId=10181 INE. Uso del tiempo y trabajo no remunerado en Uruguay(2007). Disponible en https://www.ine.gub.uy/c/document_library/getfile?uuid=0823f625-7686-4615b339-ee4bacca5c40&groupId=10181 —(2013) Disponible en https://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-deuso-del-tiempo-eut-/-/asset_publisher/8nW0ZKdgKuqR/content/ uso-del-tiempo-y-trabajo-no-remunerado-en-uruguay-2013/maximized?_101_ INSTANCE_8nW0ZKdgKuqR_redirect=%2Fencuesta-de-uso-del-tiempo-eutLembo, E.(2019). Política de licencias parentales en Uruguay: facilidades y obstáculos para el usufructo del subsidio parental para cuidados por parte de los varones. Tesis de maestría en Políticas Públicas y Género. FLACSO, México. Martínez Franzoni, J., y F. Filgueiras(2019).“Growth to Limits of Female Labor Participation in Latin America’s Unequal Care Regime”, Social Politics , vol. 26, N° 2, pp. 245-275. Pérez de Sierra, I.(2016).“Marcos interpretativos del cuidado en la agenda de gobierno” , en S. Darré(comp.), Aportes a las políticas públicas desde la perspectiva de género . 10 años de FLACSO Uruguay , pp. 25-52. Disponible en http://flacso.edu.uy/ web/wp-content/uploads/2018/06/Libro-FLACSO-version-1.pdf SNIC(2020). La construcción del cuarto pilar de la protección social en Uruguay. Balance y desafíos. Memoria quinquenal 2015-2020. Disponible en https://www.gub.uy/ sistema-cuidados/comunicacion/publicaciones/memoria-quinquenal-2015-2020 Torres, D.(2020). Masculinidades y paternidades en el marco de uso de licencias parentales en Uruguay. Tesis de maestría en Psicología Social, Facultad de Psicología, UdelaR. Documentos consultados Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad(2020). “Comunicado público ante la fusión de cuidados y discapacidad”. Comité Consultivo de Cuidados(2020).“Informe de transición”. Red Pro Cuidados(2020).“Declaración ante la fusión de la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad”. Organizaciones del Comité Consultivo de Cuidados(2020).“Carta abierta sobre la situación del Sistema de Cuidados”. SUAP(2020). Declaración ante situación del SNIC. 465

Cono Sur 1. Uruguay 2. Chile 3. Brasil 4. Paraguay

CHILE Crisis de los cuidados en Chile: la limitada oferta pública en una sociedad desigual Cooperativa Desbordada 467

Cooperativa Desbordada. Cooperativa de trabajo de economía feminista, Chile. Realiza trabajos de investigación,(auto)formación y difusión de tópicos y problemáticas sociales desde la perspectiva de la economía feminista. Creada en 2018 por un grupo de mujeres economistas, sociólogas y abogadas, con el objetivo de generar pensamiento crítico para la transformación de la sociedad. Investigadoras a cargo de este estudio: Claudia Hernández. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, maestranda en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 2020-2022. Magdalena Rendic. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile. Ana Catalina Valencia. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile, maestranda en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. 468

CHILE Índice Introducción 471 1 Contexto y marcos sobre los cuidados 472 1.1. Orígenes conceptuales sobre el cuidado 472 1.2. Lo invisible 474 1.3. Organización social del cuidado en Chile 477 2 La participación del Estado: legislación, políticas, servicios y programas vinculados al cuidado 482 2.1. El cuidado en las normas y políticas de inserción laboral femenina 482 2.2. El cuidado en las políticas de protección social de la población con mayor nivel de dependencia 486 3 La situación del trabajo de cuidados remunerado 501 4 Los hogares en la provisión de cuidados no remunerado 503 5 El cuidado comunitario en el Chile neoliberal 506 6 Voces, debates y disputas de los cuidados en la agenda política 508 7 Conclusiones 513 Lista de siglas utilizadas 515 Referencias 515 469

CHILE Introducción L a forma en que las sociedades se organizan es un asunto de interés público que históricamente ha estructurado el debate político, ético y económico sobre la producción y distribución del bienestar. En el siglo XX, el aporte de la mirada feminista en el debate amplió el análisis, situando a los hogares y las labores de cuidados que ahí se realizan como espacios primarios de la producción de bienestar social. La entrada de gran parte de las mujeres al mercado laboral y la respectiva creación de políticas públicas para resguardar el proceso han permitido avances importantes en términos de su autonomía económica. Junto con el creciente cuestionamiento de los roles convencionales de género, el modelo familiar tradicional(hombre proveedor-mujer cuidadora) se ha visto desestabilizado. A pesar de ello, la división sexual del trabajo en los hogares persiste. Las mujeres son quienes realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, independiente de las ocupaciones adicionales que tuvieren. Esto, junto a la insuficiencia de los servicios públicos del cuidado y la precarización general de la vida, unido a otras dinámicas sociales, económicas, ambientales y poblacionales, ha devenido en una crisis de los cuidados. Esto es, en la falta de garantías para satisfacer las necesidades de cuidados de las personas y grupos. El fenómeno de la crisis de los cuidados, lejos de ser solo un problema doméstico sobre cómo resolver las necesidades de los miembros del hogar, es también un problema social de gran envergadura en cuanto visibiliza el escaso número relativo de personas cuidadoras frente a la amplia y creciente demanda de cuidados. Esta problemática tiene en su base las estructuras de desigualdad, que aseguran que la garantía de los cuidados se resuelva principalmente en espacios feminizados, en los hogares, y vía el empobrecimiento y marginación de las personas cuidadoras. Este estudio indaga en la forma en que se organiza el cuidado de la población en Chile. Reconociendo que existen necesidades diversas de cuidados y 471

CONO SUR que estas se amplían en un contexto de crisis, se revisará la participación que tienen los hogares, el mercado, las comunidades y, en especial, el Estado en la garantía de las necesidades de cuidados. En el punto 1 se abordan los orígenes teóricos y políticos del cuidado, y las herramientas que se han utilizado para visibilizar la desigual distribución de este tipo de trabajo. Además, se comentan las principales necesidades de cuidado de la población y la forma en que estas se atienden. En la sección 2 se analiza la participación(o ausencia) del Estado en la provisión de cuidados. En particular, se realiza una revisión de las principales disposiciones normativas, políticas, programas y servicios que están relacionados con el cuidado a través de dos mecanismos: las normas y políticas creadas para promover la inserción laboral femenina, y las políticas de protección social que abordan de manera indirecta los cuidados y que están dirigidas a las personas con mayores niveles de dependencia, como menores de edad, adultos y adultas mayores, y personas con discapacidad. La limitada oferta de servicios públicos y la baja cobertura que estos tienen será un patrón a lo largo de este apartado. Luego, en la sección 3, se revisa la situación de las trabajadoras remuneradas del cuidado, los avances en materia legal en ese campo, sus condiciones laborales y las principales características del sector como actividad económica. En 4. se aborda la participación de los hogares en la provisión de cuidados, las desigualdades en la distribución de las cargas entre hombres y mujeres, y los impactos agregados que esto tiene en la economía. La sección 5 analiza el rol de las organizaciones comunitarias y territoriales en torno al cuidado, y revisa con mayor detalle una experiencia particular en el norte de Chile. La relevancia que tienen los trabajos de cuidados para el sostenimiento de la vida individual, familiar y social, y la función que cumplen en la articulación de las esferas doméstica y laboral, ha permitido consensos en una agenda política contundente en los últimos años en Chile. Las organizaciones feministas y de mujeres cuidadoras, los sindicatos y la política institucional, han compartido la necesidad de reconocer el aporte de las labores de cuidado al bienestar social. En la sección 6 se examinan las distintas voces que actualmente se encuentran empujando la agenda de los cuidados en Chile y sus respectivas demandas. Finalmente, se presentan las conclusiones y reflexiones del estudio. 1. Contexto y marcos sobre los cuidados 1.1. Orígenes conceptuales sobre el cuidado El siglo XX fue escenario de importantes cambios de paradigmas políticos, económicos y sociales, y los feminismos no estuvieron ajenos a estos 472

CHILE procesos. En la mayoría de los países occidentales, la primera mitad de siglo estuvo marcada por la lucha y obtención del voto femenino. La segunda mitad se caracterizó por la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral, junto con el mayor control de la natalidad que, entre otras razones, trajo la popularización de los métodos anticonceptivos. Estos cambios tributaron a la firme voluntad de emprender el camino por la autonomía política, económica y física de las mujeres. En los años 70 en Europa, particularmente en Italia, feministas marxistas llevaron a cabo una campaña por un salario para el trabajo doméstico de las denominadas amas de casa. Eso implicó una disputa teórica dentro de los feminismos. Hasta entonces, los esfuerzos estaban concentrados en“liberar” a las mujeres del espacio doméstico al que habían sido relegadas históricamente, por lo que abogar por un salario para esas labores presentaba el riesgo de legitimar la división sexual del trabajo(Dalla Costa, 2009). El debate impulsó un campo de estudios sobre el rol del trabajo doméstico y la dinámica del expolio (Federici, 2010) en la sociedad capitalista. Es decir, se comenzó a mirar aquello que sucede más allá de la esfera mercantil, ampliando el conflicto clásico capital-trabajo al conflicto capital-vida, que se teorizaría en las décadas posteriores . Junto con esto, se fueron confirmando disciplinas académicas, como la Economía Feminista, que aportará nuevas herramientas para evidenciar aquellos mecanismos que utiliza el capital para usufructuar la producción de la esfera doméstica y nombrar los fenómenos que allí se ocultan. Aquellas tareas que realizan las mujeres en los hogares, desde las labores de reproducción sexual hasta las labores domésticas diarias de alimentación y limpieza, surgen como asuntos de interés en línea con la consigna feminista de la época que enunciaba“lo personal es político”. Hasta entonces estos asuntos habían sido marginados del análisis económico, dada la inexistencia de una relación monetaria directa en el esquema de explotación en la que se desarrollan estos trabajos(Carrasco Bengoa, 2017). Es entrando al siglo XXI cuando el concepto de cuidado adquiere relevancia económica a partir de la transformación poblacional, social y ambiental, en lo que se ha denominado la crisis de los cuidados (Carrasco Bengoa et al. , 2018; CEPAL, 2019b; Esquivel, 2011; Ezquerra, 2011; Fraser, 2016). Esa crisis se relaciona con el desajuste estructural en la economía que se ha observado mayoritariamente en el Norte Global, y con la exacerbada y creciente demanda de cuidados de la población adulta mayor frente a una oferta institucional y doméstica que no alcanza a cubrir satisfactoriamente aquellas necesidades. Este estudio se sitúa geopolíticamente en el Sur Global, e incorpora al análisis de Chile aquellos elementos estructurales de América Latina que permiten un mejor entendimiento de las dinámicas sociales con respecto a los fenómenos globales. En la región, los movimientos feministas y otros movimientos sociales y territoriales han articulado demandas por el Buen Vivir, que reconocen la importancia social que tienen los cuidados y el rol histórico 473

CONO SUR de las mujeres como principales encargadas de proveerlos. El debate respecto al ordenamiento social y el tipo de retribución que debieran tener los trabajos de cuidados en miras de una sociedad democrática e igualitaria está en pleno auge. Estas discusiones han producido una retroalimentación entre la academia y el activismo, y se ha logrado priorizar en las agendas nacionales algunas de las demandas básicas sobre los cuidados. Si bien Chile aún se encuentra en una etapa incipiente del debate, es ineludible observar el camino recorrido por países vecinos que han logrado mayores avances en esta agenda. El caso de Uruguay es un gran ejemplo para la región: el impulso del movimiento feminista, los aportes de la academia y la voluntad de las fuerzas políticas progresistas lograron establecer un Sistema Nacional de Cuidados, que busca democratizar el acceso de quienes necesitan cuidados y redistribuir la responsabilidad de proveerlo desde los hogares hacia el Estado. 1.2. Lo invisible A nivel internacional se han acordado categorías y estandarizaciones que permiten, a través de la medición del uso del tiempo, cuantificar, valorizar y comparar la magnitud de las labores domésticas y de cuidados en los distintos territorios, y a la vez caracterizar a la población que entrega y recibe cuidados. En nuestra región, las Oficinas Nacionales de Estadística utilizan mayoritariamente la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina(CAUTAL), la cual distingue tres categorías de trabajos no remunerados en los hogares: trabajo para el autoconsumo de bienes(sembrar y recolectar alimentos, criar animales, elaborar conservas, etc.), trabajos domésticos(cocinar, lavar ropa, limpiar, etc.), y trabajos de cuidados(dar de comer, acompañar, ayudar con tareas escolares, higienizar a miembros del hogar, etc.)(CEPAL, 2016a). Más allá de los desafíos metodológicos que implica medir el tiempo dedicado a una tarea en particular, las encuestas de uso del tiempo han permitido construir indicadores sobre las cargas de trabajo de los hogares, y agregar evidencia sobre aquellos fenómenos conocidos como la división sexual del trabajo o la doble jornada laboral de las mujeres. Además, la distinción entre trabajo para el autoconsumo, trabajo doméstico y trabajo de cuidados junto con la indagación sobre los grupos receptores de cuidados, permite diseñar políticas públicas acordes a cada contexto. En este texto se plantea una mirada ampliada de los cuidados, como una función social que incluye todas aquellas actividades que se realizan diariamente con el objetivo de resolver las necesidades fisiológicas, afectivas y sociales de las personas(incluidas las propias necesidades), para asegurar el bienestar . Bajo esta mirada los cuidados están presentes durante todo el ciclo de vida de las personas, no solo en las etapas de mayor vulnerabilidad, como la niñez o la vejez. Todas las personas necesitan cuidados. Y el cuidado, además, es un 474

CHILE acto recíproco ineludible que caracteriza nuestra condición de seres humanos interdependientes(Tronto, 1993). Dicho de otra manera, no es posible reducir el acto de cuidar a una mera prestación de servicios, pues este acto se basa en el desarrollo de una relación y no en la producción de algo separable de quien lo produce(Himmelweit, 2007). Los trabajos de cuidado son trabajos imprescindibles para el funcionamiento de cualquier sociedad, aseguran la vida digna y, en última instancia, la sobrevivencia de los individuos. En las sociedades precapitalistas estos trabajos se ejercían colectivamente, no había una distinción clara entre el trabajo dentro y fuera de los hogares. Si bien mayoritariamente eran mujeres quienes ejercían las labores de cuidados, ellas eran valoradas socialmente debido a la visibilización que tenía su trabajo y su participación activa en los campos comunes. Con el cercamiento de las tierras, los desplazamientos forzosos del campo a la ciudad y los violentos mecanismos de control hacia el cuerpo de las mujeres se dio paso a las primeras sociedades capitalistas de la mano de una escisión entre la esfera pública y privada, donde las labores de cuidados quedaron relegadas a la privacidad de los hogares(Federici, 2010). Para Amaia Pérez Orozco(2014) los trabajos de cuidados en las sociedades capitalistas, a diferencia de otras formas sociales, presentan un triple rol: garantizar que la vida salga adelante, sanar los daños que hace a la vida el proceso de acumulación, y generar trabajadores disponibles para participar del mercado laboral. A pesar de la importancia que tienen estos trabajos para el sostenimiento social, siguen siendo tratados con indiferencia desde la política, la economía, la sociedad e incluso en el interior de los hogares. Pérez Orozco señala tres características de los trabajos de cuidados que explicarían su desvalorización social. En primera instancia, los trabajos de cuidados están privatizados , es decir, no existe una responsabilidad colectiva para su provisión, por el contrario, esta se encuentra adosada a la esfera privada de los hogares. En segundo lugar, estos trabajos están feminizados , fruto de una histórica desigualdad de género basada en la ética reaccionaria del cuidado 1 que se impone sobre las mujeres, lo que se concreta en una división sexual del trabajo en la cual ellas son las cuidadoras. Y, en tercer término, estos trabajos están invisibilizados , es decir, no se contabilizan en la economía y no se reconoce a quienes los realizan como trabajadoras, por lo que el acceso amplio a derechos sociales, como las pensiones o los seguros de salud, queda condicionado a los vínculos matrimoniales y/o hereditarios. 1. La construcción de la feminidad y los valores que se inculcan a las identidades mujeres se orientan a aquellas actividades que posibilitan el desarrollo, crecimiento y protección de un otro, incluso a costa del bienestar propio(Pérez Orozco, 2014). De esta forma, hombres y mujeres se rigen por distintos códigos morales: a ellas se les exige inmolación, mientras que a los hombres se les motiva a desarrollarse para sí mismos. 475

CONO SUR En Chile, como en gran parte de América Latina, la privatización, feminización e invisibilización del trabajo de cuidado se encuentran exacerbadas por la pobreza, la desigualdad y la incertidumbre económica. En este contexto, los cuidados presentan una dinámica contracíclica frente a los vaivenes del mercado: en períodos de recesión económica, las estrategias de sobrevivencia pasan por una recarga del trabajo en los hogares para suplir los bienes y servicios que no pueden adquirirse en el mercado(Pérez Orozco, 2014). Por otra parte, ante el desempleo y la pérdida de un salario en el hogar, las mujeres suelen ocuparse en trabajos precarios informales y resolver las necesidades de cuidado de quienes dependen de ellas con el apoyo de redes familiares y vecinales(Faur, 2014). En otras palabras, se considera un deber de las mujeres resolver la articulación entre la invisibilizada esfera doméstica y la esfera laboral remunerada. Son los cuerpos de las mujeres los que más flexiblemente se ajustan al contexto para sostener las condiciones de vida de los miembros del hogar, incluso en los peores escenarios. En ese ajuste se conjugan decisiones que involucran, principalmente, el aumento de la carga de trabajo doméstico, la integración a la fuerza de trabajo remunerada y la utilización de redes de apoyo para el cuidado de algunos miembros del hogar(Razavi, 2007). En el marco de relaciones capitalistas de producción, el conjunto de las actividades de cuidados no remuneradas puede ser leído como un subsidio desde los hogares a las ganancias y la acumulación de capital(Rodríguez Enríquez, 2015). La creación de políticas sociales, laborales y económicas requiere reconocer la tensión entre la esfera doméstica y la esfera laboral, así como el trabajo que suelen realizar las mujeres para articular ambos espacios en contextos de creciente precarización. A partir de esta lectura, el camino a recorrer pasa por visibilizar el conflicto y relevar la información que sea pertinente. En esta tarea los indicadores tradicionales sobre el mercado laboral resultan insuficientes. Es necesaria una mayor articulación en la forma de indagar en los fenómenos sociales, reconociendo que la esfera doméstica es la contracara que sostiene a la esfera laboral(Desbordada, 2020). En Chile, a inicios del 2020 la participación de las mujeres en el mercado laboral llegaba al 52,1%, evidenciando una brecha de 20 puntos frente al 73,3% de los hombres(INE, 2020d). Concentrar la mirada solo en este tipo de indicador ha alimentado la idea de que se debe“activar” a aquella mitad de la población femenina que, pudiendo participar del mercado laboral, no lo hace. Sin más información que esta, se omite que esto sucede, en gran parte, porque existen necesidades de cuidados en los hogares que dependen de ellas. En efecto, la población femenina en cuestión se encuentra muy lejos de la“inactividad” entendida de manera mercantil, ya que es responsable de una carga inmensa de trabajos de cuidados necesarios para que la fuerza de trabajo se encuentre disponible y la actividad económica crezca(ver punto 4). El 69,5% de las mujeres chilenas en edad de trabajar que se encuentran fuera 476

CHILE del mercado laboral aducen razones familiares, mientras que en los hombres esta razón baja al 7,4%(CEPAL, 2019b). Para dimensionar aquello que está oculto en la esfera doméstica, las encuestas sobre uso del tiempo en los hogares constituyen una buena aproximación. En Chile ha habido dos encuestas oficiales de este tipo. La primera fue una encuesta experimental con metodología de diario de actividades para el Gran Santiago en el año 2007, y la segunda es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo(ENUT) del año 2015, aplicada en las zonas urbanas de Chile a través de cuestionario de actividades, esta última es la que se utilizará a lo largo del estudio. Los resultados permiten cuantificar las actividades que se realizan en los hogares para sostener la vida y caracterizar a la población que realiza y recibe cuidados. 1.3. Organización social del cuidado en Chile La organización social del cuidado(en adelante, OSC) se refiere a la forma en que cada sociedad atiende sus necesidades de cuidados; se tienen en cuenta cuatro esferas relevantes que producen y distribuyen cuidados: el Estado, el mercado, las comunidades y los hogares(Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015). Cada una puede, o podría, intervenir de forma distinta en la satisfacción de las demandas de cuidados de las personas y grupos. En la región, y en particular en Chile, la organización social de los cuidados se sostiene en estructuras y dinámicas de desigualdad(Torres Santana, 2020). En las últimas cinco décadas, Chile ha transitado por una serie de procesos políticos con fuertes cambios institucionales que han transformado el modo en que la sociedad chilena organiza su producción y reproducción. A partir de la imposición del régimen neoliberal se produjo un cambio radical del modelo de organización político, económico y social. El Estado pasó a ocupar un fuerte rol subsidiario en la provisión de servicios, priorizando el libre desplazamiento de la iniciativa privada empresarial en prácticamente todos los sectores de la economía, incluidos la salud y la educación, sectores claves en la provisión de cuidados. Si bien en las últimas tres décadas(período posdictadura cívicomilitar) hubo esfuerzos significativos por contrarrestar la dinámica mercantilizadora a través de la inyección de recursos fiscales a las políticas sociales y la ampliación de la protección social, lo cierto es que el régimen neoliberal sigue vigente. En efecto, el primer artículo 2 de la actual Constitución Política, que rige desde 1980, resguarda el rol prioritario que cumplen las familias, los 2. “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos” (Constitución Política de Chile, 1980, art. 1). 477

CONO SUR individuos y los grupos intermedios, en la satisfacción de su propio bienestar. Además, el Estado asume el mandato constitucional de proteger el acceso a servicios sociales de la ciudadanía sin necesariamente reconocer aquello como un derecho, por lo que su acción se limita a regular y proveer servicios en las actividades que no son desarrolladas adecuadamente por los particulares(Muñoz Rojas, 2017). En términos de la producción de bienestar, y en particular de la provisión de cuidados, esto se traduce en que la responsabilidad primaria de cuidar recae en las familias, y su desempeño dependerá de la capacidad de pago que estas tengan para externalizar parte de los cuidados(mercantilización) y/o de la disponibilidad de tiempos para cuidar de redes familiares o vecinales (familiarización)(Faur, 2014). A la vez, una segmentada y limitada provisión de servicios públicos se considera una agravante en términos de la desigualdad socioeconómica y de la pobreza en los países(CEPAL, 2019a). El año 2018, la desigualdad de ingresos en Chile, medida por el coeficiente de Gini 3 se situó en 0,454, levemente inferior al promedio regional(0,465). Sin embargo, Chile cuenta con uno de los coeficientes de Gini más subestimados debido a la baja presencia del 1% más rico de la población en las encuestas de hogares. Al corregir esto con registros tributarios, el índice aumenta 10 puntos porcentuales. Utilizando el Gini corregido, se observa que durante el período 2000-2015 Chile no tuvo una disminución en el coeficiente de 0,06 unidades sino solo de 0,01(CEPAL, 2019a). Lo que cuestiona enormemente la capacidad redistributiva que ha tenido la política fiscal, social y económica de Chile en las últimas décadas. Por otro lado, junto con Uruguay, Chile integra el grupo de países que presentan los niveles de pobreza más bajos de la región, con valores inferiores al 15%(CEPAL, 2019a). Sin embargo, en el caso chileno, la salida de la pobreza y el acceso a un mayor consumo de bienes y servicios se dio por medio del impulso hacia el endeudamiento en amplios sectores de la población (Pérez-Roa, 2019). Previo a la pandemia, el 75% de los hogares en Chile se encontraba endeudado y se contaban 4,6 millones de personas en situación de mora 4 (Kremerman et al. , 2020). El endeudamiento masivo ha devenido una estrategia de política pública que ha disciplinado a la fuerza de trabajo y a la vez ha estimulado a la sociedad a acceder a bienes y servicios de acuerdo con 3. El coeficiente de Gini se utiliza para medir la distribución en una determinada sociedad. Es un índice que toma valores en el rango 0-1, donde el valor cero corresponde a la equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta(CEPAL, 2020b). 4. Dentro del endeudamiento se pueden distinguir comportamientos desiguales. Los hogares de ingresos bajos utilizan la deuda cotidianamente para poder acceder a bienes necesarios para sostener la vida(alimentos, vestuario, electrodomésticos), mientras que los hogares de ingresos altos lo hacen mayoritariamente para acceder a activos, inversiones o bienes posicionales(vehículos, vacaciones)(CIPER, 2020). 478

CHILE su capacidad de pago, legitimando con ello la lógica neoliberal de la provisión individualizada de bienestar 5 . Además, en el mercado laboral, se observan dinámicas de alta vulnerabilidad de la fuerza de trabajo. De acuerdo con el estudio de Durán y Kremerman(2019), prácticamente 7 de cada 10 personas trabajadoras gana menos de US$771 6 líquidos. La tasa de informalidad de los empleos es del 30% para el caso de las mujeres y del 27,2% para los hombres. Se distinguen al menos dos grupos con una inserción particularmente endeble: las personas“falsas asalariadas” y las“externalizadas” 7 , que representan el 18% y el 16,9%, respectivamente, del total de quienes trabajan de forma dependiente. Otro grupo de gran inestabilidad lo conforman quienes trabajan por cuenta propia: de las casi 750 mil trabajadoras por cuenta propia, el 50% recibe ingresos inferiores a US$194 8 . Características que se han profundizado en el contexto de crisis sanitaria y que explican, de alguna manera, fenómenos como la proliferación de estrategias comunitarias de alimentación(ollas comunes) para enfrentar la interrupción de los ingresos de aquellas personas que viven del trabajo diario que se prohibió ejercer, no recibieron sus salarios corrientes o fueron desvinculadas. Considerando elementos de la configuración socioeconómica que presenta Chile, a continuación, se revisan aspectos de las necesidades de cuidados presentes en el país y la composición de su oferta. 1.3.1. Necesidades de cuidados Las dificultades existentes en amplios sectores de la población para cuidarse, cuidar o ser cuidados en las diferentes etapas del ciclo de vida genera lo que se ha denominado la crisis de los cuidados (Ezquerra, 2011). En Chile, en las últimas décadas se ha observado un creciente malestar social producto de las dificultades que enfrentan las familias para sostener una vida digna. La falta 5. En algunos casos, como es el de la educación superior, el Estado actúa como aval en el crédito bancario para garantizar la posibilidad de acceder, vía endeudamiento, a los costosos programas educacionales tanto en universidades públicas como privadas. 6. Para la conversión a dólares se utilizó el tipo de cambio promedio del mes de septiembre 2020 correspondiente a 773,4 pesos chilenos por dólar estadounidense. 7. Los falsos asalariados corresponden a“Ocupados que dependen de un empleador(asalariados) pero que no cuentan con contrato de trabajo escrito. Por lo tanto, no tienen acceso a cotizaciones de salud, ni previsión, ni seguro de cesantía. Tampoco se rigen por las normas del Código del Trabajo(no pueden constituir sindicatos ni negociar colectivamente)”; mientras que el segundo grupo, los externalizados, se refiere a“Trabajadores asalariados pero que se encuentran bajo una relación laboral triangular, en la cual el empleador es una empresa subcontratista, suministradora o una enganchadora”(Durán y Kremerman, 2019: 15-16). 8. La información respecto a la cantidad de trabajadoras por cuenta propia corresponde al trimestre octubre-diciembre 2018(INE, 2020a); respecto al salario corresponde al estudio de Durán y Kremerman (2019) que utiliza los datos de la ESI 2018, la cual releva la información en el trimestre mencionado. 479

CONO SUR de servicios públicos de calidad, la precarización de los empleos, el masivo endeudamiento financiero, el deterioro ambiental, entre otros factores, se encadenan de múltiples formas e imposibilitan la satisfacción de las necesidades de cuidados que, muchas veces, se han incrementado. A su vez, la invariable división sexual del trabajo, la precarización permanente de quienes cuidan(de forma gratuita o pagada) y los actuales cambios demográficos son factores que agudizan esa crisis de cuidados. Los patrones demográficos en Chile lo ubican como uno de los países de América Latina de avanzada transición hacia sociedades más envejecidas. Ese hecho viene asociado a una mayor tasa de dependencia de la población adulta mayor y a una escasez relativa de posibles personas cuidadoras(CEPAL, 2019b). En efecto, Chile presenta una tasa de fecundidad relativamente baja, por cada mujer se cuentan 1,6 hijos/hijas. Además, la esperanza de vida al nacer se sitúa en 81,8 años para las mujeres y 76,7 años para los hombres, lo que se traduce en un ensanchamiento gradual de la parte alta de la pirámide poblacional con una tendencia a la feminización de la vejez. Se proyecta que, para el año 2050, habrá 176 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años(INE, 2017). El envejecimiento poblacional se considera un agravante de la crisis de los cuidados si la responsabilidad de cuidar sigue oculta en los hogares, y la socialización de las tareas de cuidados sigue a cargo de las mujeres. Por el contrario, si el cuidado de la población se prioriza y se planifica con políticas de cuidados integrales y sistemas de protección social universales, los desafíos del cambio demográfico podrán ser atendidos en mejores condiciones y con una distribución menos injusta. Además de la vejez, existen otras etapas de la vida y grupos poblacionales con altos niveles de dependencia. La primera infancia, la niñez y la adolescencia se consideran etapas en que la población requiere de sostenido trabajo de cuidado. La población menor de 15 años representa el 20,1% de la población total. En los hogares chilenos con presencia de menores, las mujeres dedican en promedio 49,5 horas semanales al trabajo en el hogar(CEPAL, 2015a), 8 horas más que en aquellos hogares sin presencia de menores. Por otra parte, las personas con alguna dificultad o imposibilidad de realizar actividades por sí solas alcanzan el 19,9% de la población, de ellas casi la mitad(45,9%) corresponde a mayores de 60 años(Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Los hogares con presencia de personas con discapacidad representan el 7,6% del total. Además, se observa una correlación negativa de esta población con respecto a los ingresos autónomos, encontrándose mayormente representados en los quintiles bajos(Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Estas condicionantes generan presiones particulares a los hogares, exigidos económica, física y emocionalmente de satisfacer las necesidades de cuidados de sus miembros. Hacerlo depende de las posibilidades de desfamiliarización a las que puedan acceder, vía servicios públicos o vía servicios privados. 480

CHILE 1.3.2. Oferta de cuidados En las sociedades latinoamericanas, y en particular en Chile, la responsabilidad primaria de proveer cuidado se concentra en las familias. La mayoría de los hogares resuelven los cuidados a través de trabajo no remunerado principalmente de las mujeres y los arreglos que puedan hacer con sus comunidades. Mientras, en hogares con mayores recursos económicos se tienden a resolver los cuidados a través del trabajo remunerado de trabajadoras de casa particular, niñeras o enfermeras. El modelo familiar tradicional donde el hombre aparece como el único proveedor y la mujer como cuidadora se desestabilizó; las mujeres en grado cada vez mayor pasan a ser proveedoras complementarias o únicas. Sin embargo, aquello no se traduce en un desplazamiento de los hombres a las tareas de cuidados, por lo que la distribución del trabajo en el hogar se mantiene a costa de la doble(o triple) jornada laboral que asumen las mujeres. En la etapa del ciclo de vida más intensiva en labores productivas y reproductivas, el promedio de la carga total de trabajo 9 de las mujeres llega a 82,8 horas semanales, de las cuales 54 horas no son pagadas. En el caso de los hombres, para el mismo segmento etario, estas cifras descienden a 68,8 y 23,2 horas promedio semanal, respectivamente(Desbordada, 2020). Asimismo, las trabajadoras remuneradas de cuidados, en particular aquellas reunidas en la categoría ocupacional“servicio doméstico”, cuentan con baja protección social y condiciones laborales precarias. Su trabajo también está desvalorizado. Por otro lado, fuera de los hogares existen alternativas públicas y privadas de servicios de cuidado, como salas cunas 10 y jardines infantiles, escuelas, residencias de adultos mayores y hospitales(Arriagada Acuña, 2020), y en general, la calidad de estos viene asociada al cobro monetario que realizan. Rodríguez Enríquez y Marzonetto(2015) sostienen que el nivel socioeconómico de los hogares determina los distintos grados de libertad para elegir la manera de organizar el cuidado de las personas, y por ende, la injusta OSC actúa también como vector de reproducción y profundización de la desigualdad. Dado lo anterior, en contextos extremadamente desiguales, como la sociedad chilena, es clave la participación del Estado en la provisión y redistribución del cuidado. El Estado puede contribuir a la disminución, reproducción o incremento de la estratificación y segregación social dependiendo del carácter asistencialista o universalista que tenga en la protección social y, en 9. Corresponde a la suma del trabajo remunerado y del trabajo doméstico no remunerado. Para este último se considera el tiempo dedicado a la producción para el autoconsumo de bienes y servicios, labores domésticas y de cuidados para el propio hogar y para otros hogares. 10. Establecimientos de educación parvularia que atienden a infantes de entre 0 y 2 años. 481

CONO SUR particular, en la calidad y cobertura de las políticas que atiendan la amplia demanda de cuidados(Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015). En la siguiente sección se revisará la participación del Estado en los cuidados. Si bien Chile no cuenta con una política de cuidados explícita e integral, existen regulaciones y una oferta de servicios y programas que cumplen parte de estas funciones y que se encuentran contenidas principalmente en políticas laborales y políticas sociales. 2. La participación del Estado: legislación, políticas, servicios y programas vinculados al cuidado En Chile, el cuidado no ha sido considerado un campo específico de regulación y de desarrollo de políticas públicas que aborden las múltiples dimensiones que implica el derecho a ser cuidado, a cuidar de otros y a cuidarse a sí mismos(Pautassi, 2007). Esto no significa que no existan disposiciones normativas que se relacionen con el cuidado; sino que las normas y políticas públicas a las cuales se hará referencia han sido diseñadas desde una perspectiva de subsidiariedad del Estado, no desde un enfoque de derechos. En un enfoque de derechos importa reconocer a las personas como sujetos titulares de ellos, quienes pueden exigir a los Estados el cumplimiento de la obligación de cuidar que le corresponde, no entorpeciendo el acceso de las personas dependientes a los servicios de cuidado y proveyendo los medios para poder cuidar y garantizar que el cuidado sea llevado en condiciones de igualdad, sin discriminación y para todas las personas(Montaño y Calderón, 2010). Al no reconocerse el cuidado como un derecho, en Chile al igual que en la mayor parte de la región latinoamericana, se ha afirmado que existe una ausencia de políticas integrales de cuidado: el Estado tiende a actuar solo en aquellos casos en que los hogares no disponen de dinero o de redes sociales que les permitan resolverlos por sí(Muñoz Rojas, 2017). Aclarado lo anterior, se hará una revisión de las disposiciones normativas, políticas, programas y servicios que se relacionan con el cuidado, a la luz de las dos categorías que propone Pautassi(2007): 1. El cuidado en las normas y políticas de inserción laboral femenina. 2. El cuidado en las políticas de protección social de la población con mayores niveles de dependencia. 2.1. El cuidado en las normas y políticas de inserción laboral femenina A partir de los años noventa, el incremento paulatino de la participación femenina en el empleo formal(Moreno Silva, 2019) ha demandado del Estado 482

CHILE una mayor protección de los derechos laborales de las mujeres y una mayor provisión de servicios, tanto privados como públicos, para el cuidado de las personas dependientes de sus hogares. El Estado ha canalizado estas demandas a través de la incorporación de nuevas normas que amplían la protección a la maternidad y de la incorporación de servicios y programas públicos de cuidados. En esta sección se revisarán las primeras, y la siguiente se dedicará al análisis de las segundas. 2.1.1. Normas que aumentan los tiempos de cuidado de los hijos y las hijas recién nacidos o que por enfermedad o accidentes graves requieren del acompañamiento de sus madres y/o padres En las últimas tres décadas, la ampliación de las normas de protección a la maternidad se ha caracterizado, en primer lugar, por aumentar los tiempos de cuidado de las mujeres asalariadas para con sus hijos e hijas que recién nacen, o que por enfermedad, accidentes graves o condición de dependencia requieren de su acompañamiento y cuidados(Tabla 1). En cuanto a las normas de descanso maternal, las mujeres trabajadoras cuentan con un permiso pagado de 6 semanas de prenatal y 12 semanas de posnatal. En el año 2011, la entrada en vigencia de la ley 20.545 que incorpora el permiso posnatal parental, constituyó un hito al aumentar en 12 semanas más el posnatal, o incluso en 18 semanas si es que la trabajadora decide incorporarse a su lugar de trabajo, cumpliendo media jornada laboral. Estos beneficios se establecen tanto para las trabajadoras dependientes, sean públicas o privadas, como para las independientes, siempre y cuando estén acogidas al sistema previsional. Durante la vigencia de los permisos, reciben un subsidio maternal 11 con cargo del Estado, que reemplaza la remuneración mientras se encuentra con licencia. En cuanto a las normas que establecen permisos por enfermedad o accidentes graves de los hijos e hijas, se han aumentado gradualmente los tiempos y los subsidios que reciben principalmente las trabajadoras. En este sentido, en 1993 la ley 19.250 solo contempló el beneficio en caso de que el niño o niña sea menor de un año. Luego, en 1997, la ley 19.505 extendió el permiso −aunque sin derecho a subsidio− para el cuidado de hijos e hijas menores de 18 años tanto para madres como padres en caso de enfermedad terminal. Catorce años después, la ley 20.535 volvió a ampliar el permiso para ausentarse 11. Al subsidio maternal también pueden acceder las mujeres sin contrato de trabajo vigente, pero que, por tener contratos a plazo fijo, por obra o faena, no se encuentran trabajando en la fecha en que debería iniciarse su descanso prenatal. Para acceder a él, deben contar con una serie de requisitos (licencia médica, registrar doce o más meses de afiliación con anterioridad al inicio del embarazo, ocho o más cotizaciones en calidad de trabajadora dependiente, entre otras) y se les otorga hasta por un máximo de treinta semanas. 483

CONO SUR Tabla 1: Disposiciones normativas de cuidado en el ámbito de la protección a la maternidad NORMA Y DESCRIPCIÓN Ley 19.250 Establece permiso y subsidio a las madres trabajadoras en caso de enfermedad grave del niño o niña menor de 1 año Ley 19.505 Concede permiso a las madres trabajadoras o al padre trabajador, a elección de la primera, en caso de enfermedad terminal de hijos e hijas menores de 18 años, hasta por 10 jornadas de trabajo, que deberán ser restituidas Ley 19.591 Extiende la cobertura de sala cuna a las empresas con más de 20 trabajadoras y establece el fuero maternal para las trabajadoras de casa particular Ley 20.047 Establece un permiso parental de 4 días por nacimiento de hijo o hija al padre trabajador Ley 20.137 Otorga permiso laboral de 7 días en caso de muerte de un hijo o hija, y amplía a 5 días el permiso parental en caso de nacimiento de hijo o hija Ley 20.166 Extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos e hijas menores de 2 años por una hora al día, independientemente de la prestación del servicio de sala cuna por parte del empleador o empleadora Ley 20.535 Concede permiso para ausentarse del trabajo a los padres y las madres de hijos e hijas con discapacidad física o mental Ley 20.545 Modifica las normas de protección a la maternidad e incorpora el permiso posnatal parental, instaurando un descanso subsidiado por el Estado, por más de tres meses, beneficio que también puede recibir el padre Ley 20.761 Extiende el derecho de alimentar a los hijos e hijas menores de 2 años, incorporando al beneficio a los padres, siempre y cuando ambos progenitores trabajen Ley 20.891 Perfecciona el permiso posnatal parental y el ejercicio del derecho a la sala cuna para funcionarias y funcionarios públicos Ley 21.063 Crea el Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas afectados por enfermedades graves, pudiendo ausentarse por un máximo de 90 días, subsidiados (Ley SANNA) Ley 21.155 Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio libre, no pudiendo exigirles su ocultamiento en sus lugares de trabajo Año de entrada en vigencia 1993 1997 1998 2005 2006 2007 2011 2011 2014 2016 2017 2019 484

CHILE al trabajo −sin derecho a subsidio− en el caso de los hijos e hijas mayores de edad que cuenten con discapacidad o alguna condición de dependencia. Recién en el año 2017, la ley 21.063, conocida como Ley SANNA, establece un seguro que subsidia la remuneración mensual de los trabajadores y las trabajadoras, para que puedan dedicarse a cuidar y acompañar a sus hijos o hijas menores de 18 años que estén en condiciones graves de salud. Sobre este seguro, según los datos publicados en el Informe Estadístico Semestral de la Seguridad Social(en adelante IESSS), del total de 2.337 licencias autorizadas durante 2018, más del 70% corresponde a mujeres. 2.1.2. Normas que contemplan una corresponsabilidad parental Las normas de corresponsabilidad parental buscan reconocer y extender al padre los derechos y obligaciones que permitan una distribución con la madre de las responsabilidades de cuidado de hijos e hijas. Dentro de las disposiciones normativas, la primera en extender beneficios parentales fue la ley 19.250 de 1993, que estableció que el permiso y el subsidio por enfermedad grave del niño o niña menor de un año podía ser utilizado por el padre, siempre que la madre así lo disponga. Según el IESSS, durante 2018 se extendieron un total de 178.046 licencias por enfermedad grave del niño o niña, de las cuales el 99,7% correspondió a mujeres. Respecto a permiso parental por nacimiento de un hijo o una hija, en el año 2005 con la ley 20.047, se establece el derecho del padre trabajador de contar con 4 días de permiso pagado. Al año siguiente, la ley 20.137 lo amplió a 5 días, que puede utilizar a su elección dentro del primer mes del nacimiento de su hijo o hija, lo cual se mantiene vigente. La ley 20.545, de 2011, también reconoció al padre como posible beneficiario del permiso posnatal parental, pero la decisión última sobre quién gozará del permiso se la entrega a la madre, siendo ella la que en la mayoría de los casos accede al beneficio. De hecho, según datos del IESSS, de los 95.439 subsidios por permiso posnatal parental iniciados durante 2018, solo 224 fueron transferidos al padre(0,23%). Otra norma que contempla la corresponsabilidad es la ley 20.761, del año 2014: extiende a los padres el derecho de alimentar a sus hijos e hijas menores de 2 años, lo que le permite disponer de al menos una hora diaria, durante la jornada de trabajo, o postergando o adelantando su inicio o término. En caso de que ambos progenitores trabajen bajo relación de dependencia, podrán acordar cuál de ambos ejercerá el derecho. 2.1.3. Normas que protegen la lactancia materna Las dos disposiciones normativas sobre protección del amamantamiento y lactancia materna son: la ley 20.166, de 2007, que extendió el derecho a dar 485

CONO SUR alimentos a los hijos e hijas menores de 2 años por una hora al día, independiente de si el empleador o la empleadora otorga el servicio de sala cuna; y la ley 21.155, de 2019, que establece el ejercicio libre de la lactancia materna, prohibiendo su discriminación en los lugares de trabajo. 2.1.4. Norma que extiende la cobertura de la sala cuna a empleadores o empleadoras con más de 20 trabajadoras Desde 1998, a partir de la entrada en vigencia de la ley 19.591, todas las empresas que tengan más de 20 trabajadoras deben disponer de salas cunas, o bien, pagar directamente los gastos de sala cuna para cada trabajadora, siendo a elección del empleador o empleadora. Cabe señalar que este beneficio se establece tanto para el sector público como para el privado. En 2016, con la ley 20.891 se perfecciona el ejercicio de este derecho para los funcionarios y las funcionarias públicos, permitiendo que las madres trabajadoras opten por las salas cunas de la entidad empleadora del padre, siempre y cuando ambos sean funcionarios públicos. Del análisis de este conjunto de normas, se observa que el cuidado es visto como una prestación dirigida a“apoyar a las mujeres” que necesitan conciliar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados de las personas dependientes a su cargo. Sin desconocer su valor, es importante considerar que ellas implican un reforzamiento del rol cuidador de las mujeres. Si bien se ha incentivado la incorporación de normas de corresponsabilidad parental, no alcanzan a surtir efectos para una redistribución de la carga de cuidados al interior de las familias o los hogares. Finalmente, cabe señalar que las disposiciones normativas han sido diseñadas para la inserción y permanencia en el empleo formal, por lo cual se corresponden a beneficios y políticas laboralizadas que excluyen a todas las personas que trabajan de manera informal. 2.2. El cuidado en las políticas de protección social de la población con mayor nivel de dependencia La configuración actual de las políticas sociales de Chile se puede entender como el resultado de una serie de procesos llevados a cabo en distintas etapas de su historia reciente. De acuerdo con Arriagada Acuña(2020) se identifican tres períodos en la evolución de las políticas sociales y económicas: 1) entre 1924 y 1973, período caracterizado por la ampliación paulatina de la cobertura del bienestar; 2) la dictadura militar entre 1973 y 1990, con un importante retroceso del Estado, reducción del gasto público social y privatización de los servicios sociales; y 3) de retorno a la democracia, desde 1990 en adelante, el cual se ha caracterizado por la implementación de medidas para mejorar la red de prestaciones sociales e inyectar recursos para la ampliación de los servicios públicos. 486

CHILE A principios de los años 90 el énfasis de las políticas públicas se puso en mejorar la focalización del gasto en la población más pobre, pero ya desde los 2000 se comienza a ampliar la cobertura y prestaciones(Robles, 2011). Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de políticas de protección social se encuentran focalizadas en las personas y familias más empobrecidas, y fueron diseñadas para quienes acrediten pertenecer a los hogares con menores ingresos. Por otra parte, los cambios orientados a desmercantilizar en alguna medida áreas clave de las políticas sociales −como salud, educación y pensiones− se realizaron a través de reformas graduales que no cambian su estructura(Acosta González et al. , 2018). Más que un modelo basado en la solidaridad, se trata de un modelo de seguridad privada con asistencia social para algunos grupos de menores ingresos(Arriagada Acuña, 2020). Entre los cambios más importantes en materia de políticas sociales llevados a cabo desde el retorno a la democracia, se encuentran los avances en el sistema educativo, que ha ampliado la obligación del Estado a garantizar el acceso universal, gratuito y obligatorio no tan solo a la educación básica, sino también a la educación media en 2003 y a la educación parvularia en 2013 12 . Destacan también la reforma al sistema de salud, con la implementación del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas(Plan AUGE) en 2004 13 , la reforma del sistema de pensiones, que incorpora un sistema solidario de pensiones en 2008 14 y la creación del Sistema Intersectorial de Protección Social en 2009, que actualmente reúne a los subsistemas de Protección Integral a la Infancia“Chile Crece Contigo”(ChCC) creado en 2006, el subsistema“Chile Seguridades y Oportunidades”(SS y OO) creado en 2012(ex Sistema Chile Solidario), y el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados“Chile Cuida” creado en 2015. En las secciones siguientes se revisará el Sistema Intersectorial de Protección Social y, luego, los programas estatales dirigidos a personas con 12. Las normas que han reformado el sistema educativo chileno se encuentran contenidas en las modificaciones al derecho a la educación establecido en el art. 19,§ 10, de la Constitución Política: en 1999, la ley 19.634, que introdujo la obligación del Estado de“promover la educación parvularia”; posteriormente la ley 19.876, en 2003, que obligó al Estado a garantizar el acceso universal y gratuito a la educación media o secundaria y, por último, la ley 20.710, de 2013, que estableció el acceso gratuito a la educación parvularia desde el nivel medio superior(4 años de edad) y obligatoria(desde los 5 años de edad). La obligatoriedad se refiere a que los niveles de educación inferiores son requeridos para cursar los niveles educativos superiores. 13. El Plan AUGE establecido por ley 19.966, en 2004, corresponde a un derecho de acceso universal a ciertas garantías explícitas en prestaciones de salud a partir de un catálogo de enfermedades cubiertas y garantizadas por el Estado. 14. El Sistema de Pensiones en Chile consiste en una capitalización individual y obligatoria para todos los trabajadores y las trabajadoras que deben cotizar o depositar un porcentaje de su sueldo para sus futuras pensiones. En 2008 con la ley 20.255, el sistema fue reformado, incorporando como beneficiarias a las personas más pobres, pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables, que no hayan cotizado o tengan fondos insuficientes para cubrir un monto de pensión(Cuadro 2). 487

CONO SUR mayores niveles de dependencia, como niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. 2.2.1. El Sistema Intersectorial de Protección Social y el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados Las políticas de protección social se articulan a través del Sistema Intersectorial de Protección Social(SIPS), creado en 2009 a través de la ley 20.379. Es un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población de menor nivel socioeconómico. La institución administradora, coordinadora, supervisora y evaluadora del sistema es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia(ex Ministerio de Planificación y Cooperación). Se trata de un sistema focalizado, que selecciona a las personas beneficiarias de los programas sociales sobre la base de la calificación socioeconómica de sus hogares. Para esto se vale actualmente del Registro Social de Hogares (RSH), un sistema de información creado en 2017, construido a partir de datos aportados por los hogares y bases administrativas de distintas instituciones del Estado. Mediante la misma ley que creó el SIPS, se institucionalizó uno de los tres componentes del sistema, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia“Chile Crece Contigo”(ChCC), que ya funcionaba desde 2007. Este subsistema está dirigido a los hogares que califican en el 60% de la población más vulnerable 15 , garantizándoles prestaciones como servicios de sala cuna y jardín infantil 16 , y ayudas técnicas para la discapacidad. Además, el programa otorga a los hogares que integran el 40% de menores ingresos acceso preferente a programas de nivelación de estudios, inserción laboral, mejoramiento de viviendas, atención de salud mental, entre otros. El segundo componente del sistema es el Subsistema Seguridades y Oportunidades(SS y OO) , creado en 2012 a través de la ley 20.595, que reforma el antiguo Sistema Chile Solidario(ley 19.949, 2004). Este subsistema está dirigido a personas y familias que se encuentran en situación de pobreza extrema. Además, incluye a personas mayores de 65 años que viven solas o con una sola persona y están en situación de pobreza, a personas en situación de calle, y a menores de edad cuyo adulto significativo se encuentre privado de 15. El Ministerio de Desarrollo Social establece un sistema de información para la selección de los beneficios y programas sociales llamado Registro Social de Hogares(RSH) que califica socioeconómicamente a los hogares, de acuerdo con el nivel de ingresos y el mayor o menor grado de vulnerabilidad. El sistema establece siete tramos de calificación, desde el primer tramo de hogares entre el 0% y el 40% de menor ingreso o mayor vulnerabilidad, hasta el tramo 7: hogares calificados entre el 91% y el 100% de mayores ingresos y menor vulnerabilidad. 16. En el caso de que su madre, padre, cuidador o cuidadora se encuentren trabajando, estudiando o buscando trabajo. 488

CHILE libertad(incluye también a sus cuidadores y cuidadoras). Las personas usuarias del subsistema pueden acceder a programas de acompañamiento psicosocial y sociolaboral 17 , y recibir el Ingreso Ético Familiar, que consiste en una serie de bonos y transferencias condicionadas 18 . El tercer componente del SIPS corresponde al Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados“Chile Cuida”(SNAC) , creado en 2016. Esta iniciativa representa el primer paso para la integración de algunos servicios de cuidados que están a cargo de distintas instituciones 19 . Está dirigido a los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos que tienen integrantes en situación de dependencia moderada o severa −personas mayores de 60 años, niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de discapacidad y dependencia− así como a sus redes de apoyo y a quienes los cuidan. La Red Local de Apoyos y Cuidados es la línea de acción del SNAC encargada de articular la oferta de apoyos y cuidados para que las personas en situación de alta dependencia y quienes las cuidan accedan a estos de manera organizada y acorde a sus necesidades y preferencias(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018f). Esto lo hace derivando a las personas beneficiarias a servicios en el ámbito del hogar, la comunidad e instituciones públicas o privadas que proveen servicios de cuidados 20 . El programa es administrado a nivel local por las municipalidades, y se ha implementado de manera gradual a lo largo del país. Actualmente se encuentra funcionando en 22 comunas, de las cuales 7 corresponden a la Región Metropolitana. En cada comuna, la priorización de las personas beneficiarias se hace de acuerdo a los ingresos del hogar, la cantidad de integrantes del hogar con dependencia, entre otros. Durante el 2018, estas fueron 3.138, lo que implica una cobertura de apenas un 0,49% con respecto a la población potencial(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018f). La creación del SNAC significa un avance en materia de cuidados, al reconocer la necesidad de abordarlos de una manera explícita, sin embargo, dista de ser una política estructural. Su regulación no se encuentra contenida en una ley, lo que representa una gran debilidad en términos jurídicos, 17. Por ejemplo: el Programa Vínculos, dirigido a las personas mayores de 65 años; el Programa Familia, dirigido a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad; el Programa Calle, para adultos en situación de calle, y el Programa Abriendo Caminos, para niños, niñas y adolescentes cuyo adulto significativo se encuentra privado de libertad(incluye a sus cuidadores o cuidadoras). Estos programas realizan un diagnóstico de las familias e implementan procesos de acompañamiento de un máximo de 24 meses de acuerdo con sus necesidades, en áreas como salud, educación, vivienda, trabajo y redes. 18. Entre ellos: el bono de protección, bono base familiar, bono por control del“niño sano”, bono por asistencia escolar, bono por formalización, bono por graduación de enseñanza media. 19. Ministerios de Salud, Trabajo, Vivienda y Urbanismo y Desarrollo Social, Servicio Nacional del Adulto Mayor(SENAMA) y Servicio Nacional de la Discapacidad(SENADIS). 20. V.gr., ayudas técnicas, adaptaciones en el hogar, capacitaciones, acceso a programas de atención domiciliaria, orientación. 489

CONO SUR por cuanto su implementación queda al solo arbitrio del Ejecutivo y de las municipalidades que la adopten. En efecto, según el Informe de Seguimiento de Programas Sociales de 2017, la meta para 2019 consistía en cubrir las 345 comunas de Chile, pero la falta de mecanismos legales que exijan su implementación ha permitido que a la fecha se haya hecho solo en 22 de ellas (6,4%), presentando además niveles de cobertura muy bajos. De acuerdo con el Banco Integrado de Programas Sociales(BIPS), la cobertura del año 2018 de los programas a los que deriva la Red Nacional de Apoyos y Cuidados no supera el 1,5% de la población potencial adulta mayor. Por ejemplo, en cuidados domiciliarios, la cobertura es 0,45%; en centros diurnos para el adulto mayor, de 1,38%; de Establecimientos de Larga Estadía, 0,42% de la población potencial. Panorama semejante presentan los programas para personas con discapacidad y/o dependencia: el Programa Residencia y Hogares Protegidos alcanza un 24,02%, el Programa de Atención Domiciliaria un 7,28% y las Ayudas Técnicas un 1,48% de la población potencial. 2.2.2. Políticas sociales según la población a la que se cuida 2.2.2.1. El cuidado de menores 21 En cuanto a los servicios de cuidado, es imprescindible referirse al sistema educativo, ya que, además de brindar contenidos, funciona como un mecanismo de conciliación entre vida laboral y familiar de madres y padres, por lo que ocupa un rol central en la OSC(Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015). Es en los establecimientos educacionales donde niños y niñas pasan tiempo importante del día, y donde se resuelven parte de sus necesidades fisiológicas, afectivas y sociales. Además de la educación propiamente dicha, en Chile los establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos a los programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 22 (JUNAEB) entregan a sus estudiantes servicios de alimentación y salud(servicios médicos, salud oral y apoyo psicosocial). A continuación, se analizan las políticas de cuidado dirigidas a la primera infancia, y luego aquellas que se dirigen a la niñez y adolescencia. Primera infancia La oferta pública del servicio de educación parvularia(salas cuna y jardines infantiles) está compuesta por establecimientos públicos administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles(JUNJI) y por establecimientos 21. Esta categoría incluye a todas las personas menores de 18 años. 22. Organismo estatal creado en 1964 por la ley 15.720, encargado de apoyar a estudiantes en condición de vulnerabilidad biopsicosocial en el ingreso y permanencia en el sistema educativo. 490

CHILE privados sin fines de lucro con financiamiento estatal, entre los que se encuentran aquellos que reciben fondos través de un convenio con JUNJI, y aquellos de administración directa de la Fundación Integra 23 . Estos establecimientos atienden a niños y niñas en jornada parcial o completa en los distintos niveles de atención: sala cuna, nivel medio y transición. Los establecimientos administrados de manera directa o indirecta por JUNJI representan el 72,3% del total(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). Estos cuentan, por un lado, con un programa educativo tradicional que funciona en establecimientos de uso exclusivo para jardín infantil y, por otro, con un programa educativo alternativo 24 que funciona en dependencias municipales, escuelas o establecimientos de la comunidad organizada, en zonas rurales o urbanas con alta vulnerabilidad social y de baja densidad poblacional. Según la ficha de seguimiento del Banco Integrado de Programas Sociales(BIPS), durante 2018 el programa tradicional atendió a 183.452 personas, mientras que las personas beneficiarias del programa alternativo fueron 7.408 durante el mismo periodo. Esto implica niveles de cobertura del 21,64% y el 1,28% con respecto a la población potencial, respectivamente (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018b y 2018e). Los jardines administrados por la Fundación Integra también funcionan a través de distintas modalidades: la modalidad convencional y las modalidades alternativas 25 , para niños y niñas que dado el contexto en el que se encuentran no pueden acceder a un servicio de educación inicial convencional. En 2018, la modalidad convencional atendió a 90.606 personas, mientras las personas beneficiarias de las modalidades alternativas fueron en total 1.586, lo que implica niveles de cobertura de 29,9% y 0,56% respectivamente(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018d y 2018c). En materia de cobertura, el 56% de los niños y niñas entre 0 a 6 años asisten a algún establecimiento público o privado de educación parvularia. Sin embargo, se observa que la cobertura es tan solo de un 20% en niños y niñas de 0 a 2 años, lo cual implica que la gran mayoría están siendo cuidados en los hogares o a través de arreglos comunitarios. Cabe destacar que más del 80% de la matrícula en educación parvularia está cubierta por financiamiento del Estado(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). En cuanto a su acceso, el subsistema de Protección de la Infancia ChCC garantiza el acceso al servicio público de educación parvularia(salas cunas y jardines infantiles) solo a niños y niñas menores de seis años pertenecientes a hogares del 60% de menores recursos según el RSH, cuya madre 23. Organización perteneciente a la Red de Fundaciones de la Presidencia y uno de los principales prestadores de educación parvularia en el país. 24. El programa alternativo cuenta con cinco modalidades: Jardín Familiar, Jardín Laboral, Jardín Étnico, Programa Mejoramiento de la Infancia(PMI) y Centros Educativos Culturales de la Infancia(CECI). 25. Jardín Sobre Ruedas, Mi Jardín al Hospital, Sala Cuna en Recinto Penitenciario y Mi Jardín Mi Hogar. 491

CONO SUR o adulto responsable trabaje, busque trabajo, estudie o presente una situación de vulnerabilidad. Otra posibilidad para acceder a la oferta pública tiene relación con la situación laboral de las madres. El art. 203 del Código del Trabajo otorga el derecho a sala cuna a las madres con hijos o hijas menores de dos años que trabajan en empresas que tienen 20 o más trabajadoras 26 . Se pueden advertir ciertas implicancias de esta política en términos de género. Por un lado, está dirigida solo a las mujeres con niños o niñas a su cargo, naturalizando la responsabilidad de las mujeres de cuidar y perpetuando el paradigma de la división sexual del trabajo y la distribución desigual del trabajo reproductivo dentro de la configuración de los hogares. Por otro, quedan excluidas del beneficio no solo las trabajadoras que son independientes o informales, sino también todas las trabajadoras dependientes contratadas en empresas con menos de 20 trabajadoras. Al excluir a los hombres de este beneficio, el requisito funciona como un desincentivo a la contratación de mujeres. Es crucial que los hacedores de políticas públicas diseñen e implementen políticas con perspectiva de género, comprendiendo las repercusiones sociales y económicas que derivan de asignar la responsabilidad de proveer los cuidados exclusivamente a las mujeres. En este sentido, en 2018 ingresó al Congreso el Proyecto Sala Cuna Universal, elevado por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Su objetivo es fomentar la participación laboral femenina y promover el principio de corresponsabilidad de los cuidados. El proyecto de ley busca modificar el art. 203 del Código del Trabajo, para establecer nuevos requisitos de acceso, características y financiamiento del beneficio. Si bien esta norma permitiría superar la discriminación por el número de trabajadoras en la empresa, es necesario analizarla críticamente. El proyecto de ley establece como personas beneficiarias a las madres, o padres(solo con custodia exclusiva), de niños y niñas menores de 2 años que trabajen de manera dependiente o independiente 27 . En cualquier caso, se exige un mínimo de 30 horas para recibir el beneficio completo. Esta política no puede entenderse como universal ya que, además de reproducir roles de género, el beneficio solo considera a las personas con empleos estables y formalizados, características que se alejan del tipo de trabajo que tienen las mujeres que más necesitan el servicio de sala cuna. Así, se excluiría a quienes trabajan menos horas, en condiciones informales, indocumentadas y madres que están entrando al mercado laboral y no tienen 26. La empresa puede cumplir con esta obligación a través de la implementación de una sala cuna anexa al lugar de trabajo, habilitando servicios comunes de sala cuna en conjunto con otros establecimientos cercanos o pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento que haya asignado para que las trabajadoras lleven a sus hijos e hijas. 27. Quienes trabajan de manera independiente deben haber cotizado al menos 6 meses en el último año. 492

CHILE cotizaciones. Otras críticas a la iniciativa hacen alusión al monto insuficiente del beneficio y a su lógica mercantil. Actualmente el proyecto sigue en el Senado, primer trámite constitucional 28 . Las disposiciones señaladas muestran que el servicio de educación parvularia es concebido como una política social focalizada y en paralelo como política laboral, pero no como un derecho universal. Los hogares que no pueden acceder al beneficio a través de alguna de estas vías deben resolver las necesidades de cuidado de niños y niñas puertas adentro, a través del trabajo no remunerado de las mujeres o de las redes a las que ellas puedan acudir, o bien pagar a establecimientos privados para acceder a este servicio, mientras tengan recursos disponibles para eso. Si bien la política más importante dirigida al cuidado de la primera infancia son los servicios de sala cuna y jardines infantiles, cabe mencionar el Programa Nacional de Alimentación Complementaria(PNAC), un programa reconocido por ser de carácter universal. Este entrega alimentos complementarios fortificados en los establecimientos de atención primaria de salud a mujeres gestantes, que amamantan o con hijos o hijas menores de seis años. Niñez y adolescencia En 2003 se llevó a cabo en Chile una reforma constitucional que establece 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita. Mediante la ley 19.876 se obliga al Estado a financiar un sistema gratuito que asegure el acceso de toda la población a la educación básica y media. Diez años después se promulgó la ley 20.710, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición (kinder), logrando un total de 13 años de educación universal obligatoria. A pesar de ser obligatorio y de cobertura universal, el sistema escolar chileno es reconocido como caso único en el mundo por su marcada orientación al mercado y la competencia(Villalobos y Quaresma, 2015). Sus características particulares hacen que funcione como un mecanismo segregador y reproductor de desigualdades. Las bases del sistema educativo actual se sentaron en 1981, durante la dictadura militar, con la implementación de profundas reformas a su administración y financiamiento. Estas reformas se abocaron principalmente a descentralizar y privatizar la educación. El resultado fue la distinción entre tres tipos de establecimiento educacional: a) establecimientos municipales, financiados con fondos públicos; b) establecimientos particulares subvencionados, de propiedad privada pero financiamiento compartido(reciben recursos públicos y copago de los hogares); y c) establecimientos particulares 28. Para más información, Boletín 12026-13, disponible en https://www.senado.cl/appsenado/templates/ tramitacion/index.php?. 493

CONO SUR pagados, de propiedad privada y financiados completamente por los hogares. Las reformas implementadas configuraron un modelo pasible de segregar perfectamente a las familias por nivel socioeconómico, dadas sus distintas condiciones de acceso(mecanismo de selección y copago). La evidencia muestra que las y los estudiantes pertenecientes a hogares de menores ingresos asisten a establecimientos municipales, mientras que los establecimientos pagados se componen casi exclusivamente de estudiantes de altos ingresos 29 . Esto ha generado altos niveles de segregación socioeconómica, profundizando aún más la segregación residencial del país (Villalobos y Valenzuela, 2012). Los efectos adversos que tiene la segregación son variados, y se concentran mayoritariamente en los estratos más bajos. Santos y Elacqua(2016) señalan que podría afectar al rendimiento académico, al embarazo adolescente, a la deserción escolar, a los resultados no cognitivos como el compromiso intelectual y la motivación, a los índices de compromiso cívico, entre otros. Si estos factores no son atendidos oportunamente en los hogares(lo que implica una mayor dedicación en los tiempos de cuidados) y no son parte de políticas públicas que doten a los establecimientos educacionales de herramientas para abordar estas problemáticas, pueden derivar en un aumento del malestar individual y la fragmentación social. En definitiva, el sistema escolar chileno se caracteriza por ser obligatorio y universal, y destaca por su alta tasa de matrícula y baja tasa de deserción en comparación con otros países de la región(Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015). Esta alta cobertura es determinante en términos de distribución del cuidado, ya que una parte importante de las necesidades de niños, niñas y adolescentes son atendidas en los establecimientos educativos. Sin embargo, presenta debilidades en su rol social, debido a los efectos adversos de la alta segregación socioeconómica. Volviendo al análisis del cuidado de menores en general, tanto en la educación parvularia como escolar(abordadas supra ) la hora de salida de los establecimientos educacionales con jornada completa(alrededor de las 16) no coincide con los horarios laborales de madres o padres que trabajan en 29. Recién en 2016, como resultado de un largo proceso en el que el movimiento estudiantil logró instalar esta temática en el debate público, comienza a regir la ley 20.845 de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, deroga el financiamiento compartido(eliminando progresivamente el copago de los hogares) y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Se busca que los hogares puedan elegir los establecimientos independientemente de su capacidad de pago, y que los establecimientos que reciban subvención del Estado inviertan sus ganancias en calidad educativa. Luego, en noviembre de 2017, se publica la ley 21.040 de Nueva Educación Pública(NEP), que establece una nueva institucionalidad de educación pública en busca de la desmunicipalización a través de la creación de servicios locales. Ambas medidas buscan mejorar la calidad de la educación pública, sin embargo, aún no es posible hacer una evaluación de sus efectos en la segregación socioeconómica y la calidad en el largo plazo. 494

CHILE horarios convencionales 30 . Asimismo, el año lectivo de los establecimientos educativos se extiende de marzo a diciembre, lo que tampoco coincide con las vacaciones de las madres y padres 31 . La brecha que se genera entre los tiempos de la educación y el trabajo remunerado se cubre según las posibilidades y preferencias de cada hogar. Existen algunos servicios públicos estatales específicos para cubrir el desfasaje de los horarios de salida, como el Programa de Extensión Horaria, que prolonga la jornada de los jardines infantiles, o el Programa de 4 a 7 32 , que ofrece servicios de cuidado posterior a la jornada escolar a niños y niñas de 6 a 13 años. También el Programa Vacaciones en mi Jardín y el Centro para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros, que constituyen alternativas de cuidado durante el paréntesis de años lectivos(enero y febrero). Sin embargo, se trata de programas focalizados y de baja cobertura 33 , por lo que esta brecha suele cubrirse dentro de los hogares con trabajo de cuidados de familiares o cuidadoras y cuidadores pagados, o bien fuera de los hogares contratando servicios de cuidado privados. Otro servicio dirigido al cuidado de la niñez en casos particulares es el de residencias del Servicio Nacional de Menores(SENAME). Este busca atender, previa resolución judicial, la situación de menores que sufren maltrato grave o negligencia al interior de su familia. Los programas de residencias para la niñez están dirigidos a lactantes y preescolares, niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años, adolescentes embarazadas y madres adolescentes y niños, niñas y adolescentes con discapacidad moderada o grave. Estos programas son ejecutados por 241 centros, de los cuales el 12% es administrado directamente por el SENAME, mientras el resto corresponde a organismos colaboradores que reciben una subvención por cada persona atendida. En conjunto, los centros atienden alrededor de 7.500 personas(Policía de Investigaciones de Chile, 2018). Este servicio representa un caso paradigmático de la negligencia del Estado en el cuidado de niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad, por lo que se abordará con mayor detalle en el Recuadro 1. En términos generales, se puede afirmar que el sistema educativo representa uno de los aportes más sustantivos de la oferta pública en la provisión de cuidados a menores y que implica un cierto desplazamiento de la carga de cuidados desde los hogares hacia el Estado, principalmente debido al carácter universal de la educación escolar. 30. Se extienden generalmente hasta las 18 o 19 h, sin contemplar los tiempos que demanda el traslado. 31. El Código del Trabajo establece 15 días hábiles de vacaciones al año para personas que trabajan de manera dependiente. 32. Programa dirigido únicamente a mujeres trabajadoras, lo que representa un sesgo de género importante al asumir que son las mujeres quienes deben resolver las necesidades de cuidado. 33. Entre 0,1% en el Programa de 4 a 7 y 37,3% en el de Extensión Horaria durante el año 2018, según la ficha de evaluación del BIPS. 495

CONO SUR Recuadro 1: SENAME, un caso paradigmático del(des)cuido del Estado chileno Aun cuando el Estado de Chile aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño(CDN) hace más de 25 años, ha fracasado en brindar cuidado y protección a la infancia y adolescencia privada de sus hogares. Muy por el contrario, ha sido denunciado por vulnerar de manera grave y sistemática los derechos de las niñas y niños acogidos en sus centros residenciales. Así lo establece el informe de la ONU(Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2018) y lo ratifica el informe de la Policía de Investigaciones de Chile(2018) de manera categórica: en la totalidad de los centros de administración directa y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. La aprobación de la CDN estableció un giro significativo respecto a las responsabi lidades que tiene el Estado con la infancia, e implicó un cambio, pasó de un enfoque de protección a la infancia en peligro a una perspectiva integral de los derechos de la niñez. Sin embargo, en la práctica la predominancia de la doctrina tutelar en Chile ha impedido que niñas y niños sean sujetos de derecho. La niñez, en cambio, es considerada una etapa transicional, cuya autonomía está arbitrada por las decisiones de personas adultas, y en particular −en caso de tener problemas− por jueces, reforzando una condición de subordi nación y dependencia como característica inherente a la niñez que impide una perspectiva agencial sobre sus cuidados y bienestar(Bloque por la Infancia, 2015). La doctrina tutelar también imposibilita una mirada integral del rol del Estado, y lo limita a la acción judicial, deviniendo en un abordaje sectorial, focalizado y fragmentado del cuidado de la niñez y por lo tanto descuidando toda acción dirigida a promover, prevenir y proteger a la niñez en un sentido universal(Bloque por la Infancia, 2015). Lo anterior levanta importantes inquietudes sobre la manera en que el Estado debe llevar a cabo su función de otorgar el servicio de acogimiento residencial a la niñez privada de su medio familiar. En Chile, el Estado ha optado por delegar gran parte de esta responsabilidad en entidades privadas, y ello arrastra importantes consecuencias sobre su ejercicio efectivo, y muy particularmente en el involucramiento real del Estado en garantizar los derechos de niñas y niños(Jara Leiva, 2020). A su vez, la externalización de la responsabilidad estatal en la materia se ha observado solo en la delegación de la acción ejecutora de programas, pero no en la habilitación de las comunidades y de la sociedad civil en la participación de la responsabilidad del cuidado de la infancia vulnerada. Por otra parte, la fuerza de trabajo del sector de la educación muestra una tendencia clara en términos de género. De las 747.308 personas ocupadas en este sector, el 72,5% son mujeres(INE, 2020b). Se observa que, dentro del sector, las profesiones u ocupaciones más feminizadas son también las que reciben menores salarios y enfrentan peores condiciones laborales. El caso de la educación parvularia es un ejemplo de esto. El 99,9% de la fuerza de trabajo, incluyendo a profesionales, asistentes y técnicas son 496

CHILE mujeres(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). Si bien las remuneraciones y las condiciones laborales dependen del tipo de institución(pública o privada), el salario promedio ronda los US$650 34 . La normativa actual establece: para el nivel medio mayor y el nivel medio menor, una educadora por cada 32 infantes; y para las salas cuna, una educadora por cada 42 lactantes 35 . Por lo que las trabajadoras realizan sus labores con elevadas cargas de trabajo físico y emocional. En comparación con todas las carreras de pedagogía y de las carreras técnicas del sector de la educación, las educadoras de párvulos son quienes reciben en promedio las peores remuneraciones(Pardo y Adlerstein, 2015). A nivel profesional, el profesorado que trabaja en la educación secundaria recibe en promedio ingresos por US$1077, el profesorado de la educación primaria por US$993, mientras que en la educación preescolar el promedio desciende a US$885 36 . Las diferencias se amplían si comparamos con las asistentes técnicas de la educación preescolar: este grupo alcanza apenas un ingreso promedio de US$469, es decir, menos de la mitad que el profesorado de educación secundaria. 2.2.2.2. El cuidado en la vejez Las personas mayores se convirtieron en objetivo específico de las políticas públicas a partir de los años 90. Las discusiones en torno a sus necesidades particulares se institucionalizaron en 1995 con la creación de la Comisión Nacional del Adulto Mayor, que tenía el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de manera coordinada y coherente. Años más tarde, esta es reemplazada por el Servicio Nacional para el Adulto Mayor, SENAMA(ley 19.828, 2002), organismo estatal descentralizado de mayor rango. En el marco de la Política Integral de Envejecimiento Positivo(20122025), un plan de intervención intersectorial y de largo plazo, el SENAMA ofrece algunos servicios que se relacionan de manera directa con los cuidados. La mayoría, articulados con el SNAC, cuya población objetivo incluye a 34. Cálculo de los ingresos del trabajo reportados en la encuesta CASEN 2017, para mujeres profesionales o técnicas de la educación preescolar entre 15 y 65 años, el valor exacto arrojado es US$646,5. 35. El Colegio de Educadoras de Párvulos lleva años denunciando esta situación, junto con las arbitrarias exclusiones del Estatuto Docente que margina a gran parte de ellas de las garantías y reconocimientos que tiene el resto del profesorado por la labor que cumplen. 36. Cálculo propio sobre la base de los ingresos del trabajo reportados en la encuesta CASEN 2017, para“Profesores de la enseñanza secundaria”,“Maestros de nivel superior de la enseñanza secundaria”, “Maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar” y“Maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar”, entre 15 y 65 años con más de 22 horas semanales. Los valores exactos arrojados, respectivamente, son: US$1077,6; US$1016,4; US$886,6 y US$469,5. 497

CONO SUR las personas mayores con diferentes niveles de dependencia. Entre los servicios se encuentran los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores(ELEAM), los Condominios de Viviendas Tuteladas, el Programa de Cuidados Domiciliarios y los Centros Diurnos del Adulto Mayor. Según las fichas de evaluación del BIPS, en 2018 la cobertura de cada uno de estos programas no supera el 1,5% con respecto a la población potencial. Otro servicio dirigido a la población mayor es el Programa Vínculos, parte del subsistema Seguridades y Oportunidades, que busca atender las necesidades de las personas mayores de 65 años, a través de prestaciones de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, así como también de transferencias monetarias. Sin embargo, durante 2018 no se reportan gastos en este último ítem, y su cobertura fue de 2,34%(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018a). Los servicios de cuidado provistos por el Estado corresponden a programas focalizados según la calificación socioeconómica que entrega el RSH. Junto con los bajos niveles de cobertura, resulta de acceso muy limitado a las personas que los requieren. En esa línea, Arriagada Acuña señala que la baja cobertura de los servicios públicos de cuidado para las personas mayores, y las pocas y costosas residencias de personas mayores reconocidas legalmente, promueve la creación de residencias clandestinas . Se estima que de las 1.668 residencias que existen en Chile, más del 37% son informales(2020: 146). Considerando la alta y creciente demanda de cuidados de las personas mayores, se observa que este segmento de la población se encuentra en una situación crítica. La pérdida de autonomía que conlleva el envejecimiento exige a los hogares generar arreglos de cuidado según sus preferencias y posibilidades. Estas últimas están condicionadas principalmente por su disponibilidad de tiempo y su capacidad de acceder a servicios pagados u otras redes de cuidados. Si la decisión es resolver la demanda de cuidados fuera del hogar, las opciones disponibles difieren en calidad, y las personas con más recursos económicos tienen mayor grado de libertad para elegir servicios de mejor calidad. Por otra parte, el Estado entrega algunas transferencias monetarias focalizadas, entre las que se encuentran: el Bono Invierno(ley 20.717): un monto único de US$83,5 el mes de mayo a las personas pensionadas por vejez que reciben menos que la Pensión Mínima de Vejez(para mayores de 75 años) 37 ; y el Bono Bodas de Oro(ley 20.506): un beneficio de US$426 que se otorga por única vez a parejas que demuestren 50 o más años de matrimonio y pertenezcan al 80% de hogares con menores ingresos. 37. Equivalente a US$215 en 2020. 498

CHILE En 2019 la tasa de participación laboral de las personas entre 55 y 64 años de edad se ubicaba en torno al 68%, mientras que para las personas mayores de 65 la tasa disminuye a 25%(INE, 2020c). A medida que la población mayor se desvincula del mercado laboral, se hace dependiente de otro tipo de ingresos(bonos, subsidios, pensiones, rentas, etc.). Para este segmento de la población, las pensiones de vejez se vuelven determinantes en el acceso a condiciones de vida digna(Recuadro 2). 2.2.2.3. El cuidado a personas con discapacidad y/o alto nivel de dependencia El Servicio Nacional de la Discapacidad(SENADIS), creado a través de la ley 20.422, de 2010, es la institución estatal encargada de promover la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Este organismo descentralizado actúa en conjunto con los municipios en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo(EDLI). Los programas del SENADIS que se relacionan de manera directa con los cuidados están en articulación con el SNAC. Así, el Programa Tránsito a la Vida Independiente ofrece servicios de apoyo y cuidados para las actividades de la vida diaria, asistencia e intermediación para la participación en el entorno laboral o educacional, y adaptaciones del entorno habitual en que las personas desarrollan sus actividades. El Programa de Ayudas Técnicas financia total o parcialmente ayudas técnicas para la inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad. La ficha de evaluación de estos programas indica que el año 2018 tuvieron una cobertura de un 0,47% y 1,48% respectivamente. Entre los programas articulados por el SNAC, también se encuentran dos servicios de cuidado a cargo del Ministerio de Salud: el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y el Programa de Residencias y Hogares Protegidos. El primero provee atenciones a domicilio a las personas con dependencia severa, a quienes las cuidan y a su familia. Tiene un componente de atención sociosanitaria a la persona con dependencia severa, y un componente de apoyo económico a quien la cuida, sin embargo, según la información reportada en la ficha de evaluación del BIPS, el presupuesto de 2018 se gastó de manera íntegra en las visitas a domicilio. El Programa de Residencias y Hogares Protegidos busca cubrir las necesidades de vivienda, alimentación y apoyo social de personas con discapacidad psiquiátrica que no cuentan con red de apoyo social y tienen dificultades para vivir en forma independiente. La ficha de evaluación del BIPS reporta niveles de cobertura de 7,28% y 24,02%, respectivamente, en 2018. Por otro lado, el Ministerio de Salud también ofrece el Programa de Hospitalización Domiciliaria, dirigido a personas con problemas de salud 499

CONO SUR Recuadro 2: Pensiones de pobreza El sistema de pensiones chileno, implementado en 1981 durante la dictadura militar, es un sistema privado de capitalización individual en el cual las personas que trabajan de manera formal, asalariadas e independientes, deben cotizar mensualmente el 10% de su salario imponible. El dinero de quienes cotizan es recaudado por las Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP), sociedades privadas anónimas con fines de lucro. Las pensiones que pagan las AFP y compañías de seguro son extremadamente bajas e insuficientes para solventar una vida digna(Gálvez y Kre merman, 2020) de manera que el sistema actúa como profundizador de las desigualdades que genera el mercado laboral. Además, perjudica de manera particular a las mujeres, ya que solo valoriza los empleos formales, espacios donde las mujeres tienen baja e inestable participación. El componente contributivo aportado en el sistema de capitalización individual no genera ingresos que permitan sustentar condiciones de vida autónoma para la población pensionada, por el contrario, genera nueva pobreza o extiende condiciones de pobreza previas. Esto presiona por ajustes dentro de los hogares, y en los casos en que no existen redes cercanas disponibles se convierte en una situación crítica de marginalidad. La crisis de este sistema previsional es clara e innegable, sin embargo, ha sido muy difícil impulsar una transformación política radical, ya que representa uno de los estandartes del neoliberalismo en Chile Uno de los cambios más sustantivos de las últimas décadas en materia de seguridad social fue la Reforma Previsional de 2008. A través de la ley 20.255, el Estado crea el Sistema de Pensiones Solidarias(SPS), integrado al régimen de capitalización individual, con el objetivo de incluir aportes fiscales que mejoren las pensiones a través del componente no contributivo . El SPS está dirigido principalmente a las personas que no pudieron acceder a una pensión por no cotizar al sistema(Pensión Básica Solidaria, PBS), y a aquellas que autofinancian una pensión insuficiente, según estándares fijados por ley(Aporte Previsional Solidario, APS). Tanto la PBS como el APS tienen causantes de vejez e invalidez, y están focalizados en las personas que integran grupos familiares pertenecientes al 60% más pobre de la población. Estos mecanismos constituyen lo que se ha llamado el Pilar Solidario ya que se financia con el aporte de toda la población a través de impuestos y busca asegurar pensiones mínimas independientemente del componente contributivo. Es una política que, si bien no es universal, ha permitido aumentar los recursos monetarios de las personas más pobres, en especial de las mujeres dueñas de casa que no tenían cotizaciones o eran muy bajas, dada su extensa dedicación al trabajo doméstico no remunerado. A pesar del avance que esta reforma trajo, los montos de las pensiones entregadas siguen siendo insuficientes para cu brir los costos de vida digna. En efecto, el monto de la PBS no supera la línea de la pobreza * . Otro componente que introdujo la reforma es el Bono por Hijo(o Hija), que incrementa el monto de la pensión de algunas mujeres por cada hijo o hija nacida viva o adoptada ** . Si bien esta política pretende ser un reconocimiento a la labor de cuidados y paliar el déficit en las pensiones que reciben miles de mujeres por dedicarse a cuidar a otras personas, es completamente insuficiente y evidencia la baja valoración que tiene el Estado por la labor que realizan las mujeres en la economía(Desbordada, 2020). * Es decir,“elementos y/o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, a fin de mejorar su autonomía personal y desarrollar una vida independiente”(ley 20.422). ** Pago de estipendio de$37 mensuales. 500

CHILE que permite iniciar o continuar su cuidado en el hogar. Este provee las prestaciones de salud que se requieren para una atención sanitaria de un nivel similar a la hospitalización, a través de visitas domiciliarias, equipamiento, medicamentos e insumos médicos. En 2018, las personas beneficiarias fueron 59.274, lo que según el informe de evaluación del BIPS corresponde a una cobertura del 100%. A excepción de los servicios de cuidados residenciales, los programas estatales mencionados no sustituyen la provisión de cuidados de personas que presentan alto nivel de dependencia. Por el contrario, la responsabilidad de asistir a aquellos programas y del cuidado en general se mantiene en los hogares. Esta problemática está lejos de ser un asunto de baja escala: de 2.606.914 personas(solo contabilizando mayores de 18 años) que se encuentran en situación de discapacidad, el 46,1% declaró la necesidad de una cuidadora(Ministerio de Desarrollo Social, 2016). De las personas que cuidan a esta población, el 74% son mujeres(ibídem), quienes suelen transformar radicalmente su vida a raíz de este trabajo. En efecto, los cuidadores y las cuidadoras se ven obligadas a renunciar a trabajos pagados y proyectos personales, además de cargar con el desgaste físico y emocional que conllevan los cuidados en este contexto(entrevista a M. Serey, presidenta de la Asociación YoCuido, videollamada, 21/7/2020). A pesar de las dificultades que enfrentan, las personas cuidadoras se han organizado a nivel nacional para unir fuerzas en torno a demandas comunes. En particular, la organización Yo Cuido impulsó en 2018 un proyecto de ley para incorporar un marco regulatorio hacia quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad 38 . Este proyecto busca reconocer los derechos de mujeres y hombres que se dedican al cuidado de personas con discapacidad, estableciendo la necesidad de que el Estado vele por su protección y promoción. La sanción de este proyecto significaría un gran avance para las personas cuidadoras y su derecho a cuidar. Sin embargo, queda pendiente avanzar también en el derecho a no cuidar, es decir, que la responsabilidad de ejercer el cuidado se redistribuya hacia fuera de los hogares. 3. La situación del trabajo de cuidados remunerado Los trabajos remunerados que tienen un vínculo directo con el cuidado suelen entenderse socialmente como una extensión del trabajo reproductivo de los hogares, es decir, son percibidos como trabajos para los cuales las mujeres estarían naturalmente dispuestas y capacitadas a realizar 38. Actualmente el proyecto se encuentra en el Senado, en segundo trámite constitucional. Para más información: Boletín 12239-31, disponible en https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/ index.php? 501

CONO SUR (Vaca-Trigo, 2019). En consecuencia, son sectores altamente feminizados, con bajos sueldos y poca protección social(Esquivel, 2011). En este apartado se revisará la situación de las trabajadoras y los trabajadores de casa particular, ámbito en el cual el 96,5% de la fuerza de trabajo está constituida por mujeres. En los últimos años se han aprobado leyes que han permitido mejorar gradualmente las condiciones laborales de las Trabajadoras de Casa Particular(TCP). En 2008 se aprobó la ley 20.279, que establece que las TCP no pueden recibir menos del salario mínimo para jornadas completas. El mismo año se aprobó la ley 20.255 sobre la reforma previsional, que establece que la base imponible de cotización para la seguridad social no puede ser menor de la del ingreso mínimo mensual. A pesar de los avances en materia legal, la falta de fiscalización del cumplimiento de las normativas mantiene al sector con una alta tasa de informalidad; a inicios de 2020 la cifra de formalidad de la categoría ocupacional de personal doméstico para las mujeres alcanzaba un 53,1%(INE, 2020). Para la mayoría, el acceso a condiciones laborales dignas depende completamente de la buena voluntad de sus empleadores y empleadoras. Muchas de las trabajadoras se ven constantemente expuestas a despidos inesperados, bajas de salarios, presiones para aceptar condiciones denigrantes, pago de cotizaciones previsionales y de salud menores a las que corresponden, no pago de vacaciones, entre otras varias prácticas ilegales 39 . Las últimas modificaciones a la regulación del servicio doméstico se hicieron en 2015, al entrar en vigencia la ley 20.786, como resultado de la organización sindical y presión de las trabajadoras. Esta ley modifica el Código del Trabajo para regular en particular la jornada de trabajo y descanso de las TCP 40 . En 2015 Chile ratifica el Convenio 189 OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El convenio señala que sus miembros deben asegurar que las TCP, como las demás personas trabajadoras en general, tengan condiciones de empleo equitativas y acordes con el trabajo decente. En el caso de las trabajadoras puertas adentro, se debe asegurar que tengan 39. Entrevista con Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Sobre las condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular y sus organizaciones gremiales[Comunicación personal, julio 2020]. 40. El art. 149 establece que la jornada de trabajo de las trabajadoras“puertas afuera”(que no viven en la casa del empleador o empleadora) no puede superar las 45 horas semanales, las cuales se pueden distribuir en un máximo de 6 días. Sin embargo, las partes pueden acordar un máximo de 15 horas semanales adicionales de trabajo, que deben ser pagadas como horas extra, con un recargo del 50% en el valor de la hora. La jornada laboral puede tener un máximo de 12 horas, con un descanso de al menos 1 hora. En cuanto a las trabajadoras“puertas adentro”(que viven en la casa del empleador o empleadora), la ley establece que no están sujetas a horarios, pero que deben tener un descanso mínimo de 12 horas diarias que incluya un descanso ininterrumpido de 9 horas, derecho al descanso dominical, y derecho a descanso los días sábado, los cuales se pueden acumular, fraccionar o intercambiar por otros días de la semana. 502

CHILE condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. Según este convenio, el Estado debe adoptar medidas que aseguren que las TCP gocen de condiciones no menos favorables que las demás personas trabajadoras con respecto a la seguridad social. El servicio doméstico se vio duramente afectado por las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile(INE, 2020a), previo a la crisis sanitaria el servicio doméstico contaba con 303.840 mujeres, equivalente al 8% del total de mujeres ocupadas en el país, de las cuales al menos el 10% corresponde a migrantes. Producto de las masivas desvinculaciones derivadas de la pandemia, la variación interanual del último trimestre disponible(mayo-julio 2020) muestra una caída de casi 150.000 puestos de trabajo en el gremio. Por otra parte, un 50,6% de las mujeres ocupadas en esta actividad no está afiliada al sistema de pensiones(CEPAL, 2020a), lo que las deja en una situación de futura dependencia económica. Ante esto, se ven obligadas a seguir trabajando hasta edades muy avanzadas por fuera de todo marco legal. Más allá de la emergencia actual, aún hay mejoras pendientes de las condiciones de trabajo de las TCP. Una medida que se requiere es que la Dirección del Trabajo mejore sus mecanismos de fiscalización y aumente su cobertura. Se plantea también la necesidad de una reparación histórica, ya que hasta 2009 estaba permitido que los sueldos del gremio fueran un 25% menores al mínimo legal. Se propone como alternativa un bono que aumente sus fondos de pensiones, para al menos paliar las menores cotizaciones de salud y seguridad social que tuvieron. Se propone también aumentar del 4,11% a 10% el aporte de quien emplea al fondo de indemnización en caso de despido, eliminando además el tope de 11 años, para alcanzar un estado de protección similar al de las demás personas trabajadoras(Andrade y Ratto, 2019). El tratamiento desigual de las TCP con relación a las demás personas trabajadoras en materia de seguridad social es contrario al Convenio 189 de la OIT, al cual Chile está suscrito. 4. Los hogares en la provisión de cuidados no remunerado Las instituciones del Estado, la política partidista, el mercado, la academia, y muchas veces las propias organizaciones sociales omiten las contribuciones de los hogares al sistema económico. En los hogares se producen bienes y servicios que permiten sostener las condiciones de vida de sus miembros y de la comunidad. En un sistema que no reconoce esta labor y que, por el contrario, deteriora las condiciones de bienestar de la población, los trabajos de cuidados adquieren una relevancia vital. Sin embargo, el trabajo de cuidados no remunerado no está asociado a derechos sociales: simplemente no es considerado como un asunto de interés público. Las consecuencias 503

CONO SUR de esta exclusión son múltiples. A continuación, nos referiremos a ellas, caracterizando a los hogares en términos micro y macro. En el primer caso, se realizará un análisis sobre la distribución de las cargas de trabajos entre sus miembros; y en el segundo caso, se analizará el impacto de estas labores a nivel agregado. Al interior de los hogares se reproducen relaciones de poder y distribución desigual del trabajo de cuidados con arreglo a la división sexual del trabajo. Ello se verifica en los indicadores de uso del tiempo evaluado por la ENUT. En una semana promedio, las mujeres de 15 años y más ocupan 42,3 horas semanales en trabajo no remunerado mientras que los hombres solo 19,8 horas semanales, con una brecha de 53,2%(CEPAL, 2015b). Esta sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados resulta en una carga global mayor de trabajo, que incluye tanto el trabajo remunerado como no remunerado, para las mujeres, con un promedio de 61,9 y 53,6 horas semanales(CEPAL, 2015a). La mayor sobrecarga de trabajo total, junto a la sobrerrepresentación que tienen las horas no remuneradas, consolidan una limitación en términos de la autonomía de las mujeres para gestionar su tiempo. Las mujeres se desempeñan en mayor medida en las actividades imprescindibles para la reproducción de la vida, lo que se muestra más claramente al comparar el uso de tiempo entre personas que se encuentran conviviendo con una pareja masculina y las que no. Las mujeres que se encuentran viviendo en pareja tienen en promedio mayor carga de trabajo doméstico y menos horas de trabajo remunerado que aquellas que no lo están, mientras que los hombres muestran justamente lo contrario, menor carga de trabajo doméstico y más horas de trabajo remunerado en el caso de los que viven en pareja(Desbordada, 2020). Esto ilustra la asignación desigual y generizada de trabajos que se produce en los hogares, que refleja la innegable interdependencia que existe, incluso, entre personas autónomas. La desigual distribución de los tiempos se manifiesta también entre las distintas realidades socioeconómicas y los tipos de hogar en el país. Al observar la carga de trabajo no remunerado por quintil de ingreso, si bien la brecha de horas entre los sexos persiste, las mujeres del primer quintil dedican un 19,6% más de tiempo al trabajo no remunerado que las del quinto quintil(Gráfico 1). Además, las mujeres que viven en hogares con menores de 15 años tienen una mayor sobrecarga de trabajo no remunerado(49,5 horas semanales) que las que viven en hogares sin menores de 15 años(41,2 horas semanales). Gran parte de las brechas aludidas se explica por la falta de cobertura de servicios públicos para atender estos cuidados y el menor acceso que tienen los hogares más pobres a la externalización de estos trabajos en el mercado. Esta situación representa una de las determinantes del círculo vicioso que existe entre la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo(CEPAL, 2016b). 504

CHILE G G r rá á fi fi c c o o 1 1 . . C C h h il i e le (2 ( 0 2 1 0 5 1 ): 5 t ) i : e t m ie p m o d p e o t d ra e b t a r j a o b n a o jo re n m o u r n e e m ra u d n o erado P P o r r q q u u in in ti t le ile s s de de ing in re g s r o es y o pr y es p e r n e c s i e a n d c e ia m d en e o m re e s n e o n r e e l s h e og n a e r, l s h e o gú g n ar s , e s x e o gún sexo − − e en n h h o o r r a a s s se s m em an a a n le a s l − es− Hombres Mujeres 46,5 44,6 43,1 37,8 Por presencia de menores en el hogar 49,5 41,2 37,4 20,8 19,9 19,4 19,6 19,6 21,8 16,6 0 Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Presencia Sin de menores de presencia 15 años de menores Fuente: CEPAL, sobre la base de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2015(INE, 2015). Fuente: CEPAL, sobre la base de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2015(INE, 2015). La sobrecarga de trabajo no remunerado y las políticas de superación de la pobreza que reproducen el rol cuidador de las mujeres suponen una barrera para lograr ingresos propios y configura una injusta organización social de cuidado que dispone de sus tiempos, más intensivamente del tiempo de las más pobres, para sostener el sistema económico. La importancia del trabajo que se realiza al interior de los hogares y las comunidades para la sostenibilidad de la vida y el funcionamiento del sistema económico se puede cuantificar a través de ejercicios de valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en las cuentas nacionales. La realización de este tipo de ejercicios a través de muchos países ha sido posible gracias al relevamiento de información sobre el uso del tiempo y, en el caso de Chile, esta valorización es del equivalente a un 21,8% del Producto Interno Bruto(PIB) para el 2015(ComunidadMujer, 2019). Esto ubica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como la actividad de mayor valor comparado con otras ramas de actividad comúnmente reconocidas como centrales de la economía chilena, v.gr., los servicios financieros, la minería y el turismo. A pesar del número de horas que trabajan las mujeres a lo largo de su vida y del valor que se estima que representa dentro de la actividad del país, la retribución que se le da a estos trabajos es nula en la etapa productiva-reproductiva y mínima en la vejez. Un 63,5% de las mujeres mayores de 15 años no percibe ingresos(25,0%) o percibe ingresos totales menores a un sueldo 505

CONO SUR mínimo(38,6%), y para mayores de 60 años esta proporción llega a un 76,8% 41 . La subvaloración y muchas veces invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados es sistemática y persistente a lo largo de todo el ciclo de vida, ya que ni el mercado del trabajo ni los sistemas de pensiones retribuyen de manera digna la mayor parte del trabajo que realizan las mujeres. 5. El cuidado comunitario en el Chile neoliberal La última esfera a revisar dentro de la OSC es una de las más difusas y de escaso abordaje desde la investigación social, pero su análisis permite visibilizar la trama de experiencias y vínculos cooperativos que sostienen la vida en los momentos más críticos. Esto es, el cuidado comunitario o en lo comunitario , el cual remite a una comprensión amplia de prácticas muy heterogéneas, en espacios sociales abiertos, donde la realización y el diseño del cuidado está en manos de una colectividad que hace propia sus condiciones de ejecución y sus beneficios(Vega et al. , 2018). En el contexto posdictadura, el cuidado comunitario ha resistido y se ha reforzado frente a la imposición y desarrollo de las políticas neoliberales más ortodoxas de la región. Esto porque ha sido precisamente la retirada del Estado y su desresponsabilización en materia de asegurar derechos sociales lo que ha generado un encadenamiento invisibilizado de vínculos y redes comunitarias autoorganizadas, que aunque muchas veces no se planteen los cuidados como una actividad prioritaria, o incluso democratizada, siguen resolviendo el sostenimiento de la vida a través del despliegue de las múltiples luchas que recuperan la capacidad de las comunidades para la autosatisfacción de sus propias necesidades, al mismo tiempo que pueden reclamar al Estado para exigir la provisión de ciertas condiciones necesarias para un mejor vivir. Una de las dificultades que se manifiestan en el cuidado comunitario como consecuencia de la ausencia de la provisión pública es la tensión producida por la sobrecarga del trabajo femenino, por cuanto siguen siendo las mujeres las que se ponen al frente de las experiencias, articulando las redes y vínculos que sostienen los cuidados colectivos. Es aquí donde las disputas por la democratización y la redistribución de la carga de los cuidados permiten, por un lado, cuestionar la división sexual del trabajo y la perpetuación de los roles de género, y por el otro, responder a prácticas transformadoras que no siguen la lógica capitalista expoliadora: todo esto dentro de las propias contradicciones que emergen desde los territorios donde se desarrollan. 41. Cálculos propios en base a CASEN 2017(Ministerio de Desarrollo Social 2017). Sueldo mínimo de referencia: US$349(270.000 pesos chilenos). 506

CHILE Recuadro 3: La experiencia de cuidado comunitario en el macrocampamento Los Arenales Un ejemplo emblemático del cuidado comunitario en Chile es la experiencia del macrocampamento Los Arenales, ubicado en Antofagasta. Este macrocampamento surge en 2013, a propósito de los procesos migratorios, principalmente provenientes de Perú, Bolivia, Colombia y Haití, que actualmente reúne 1700 casas y 3200 familias. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, Antofagasta es una de las comunas con mayor cantidad de migrantes latinoamericanos, y con mayor crecimiento de campamentos durante el último quinquenio. En Los Arenales, las condiciones de vulnerabilidad en que se sostiene la vida se expresan en distintas dimensiones. Entre ellas: la baja habitabilidad de las viviendas construidas sobre arena, la exposición a eventos o amenazas naturales, los riesgos sanitarios por la falta de infraestructura básica de alcantarillado y electricidad, la marginalidad social por discriminaciones raciales y coloniales, el hostigamiento policial, las políticas de desalojos y la falta de trabajos remunerados(comunicación personal con E. Andrade, vocera del macrocampamento Los Arenales, Antofagasta). En este contexto se viene gestando un proceso organizativo que partió con la conformación de comités de vivienda, hoy coordinados a través de la plataforma Rompiendo Barreras, la cual reúne a 30 representantes de los comités existentes en todo el macrocampamento. A través de esta plataforma, han logrado articularse con diferentes actores públicos y privados, como las municipalidades y las mesas de diálogo público-privadas, con el Servicio de Vivienda y Urbanismo del Estado, programas como FOSIS, universidades, académicos, diversas fundaciones, organizaciones, ONG nacionales e internacionales, pero por sobre todo con los campamentos y las experiencias de lucha por la vivienda, que posicionan demandas claras frente al Estado y que tienen la fortaleza de movilizar las protestas callejeras. Las distintas articulaciones generadas han permitido el despliegue de procesos híbridos de cuidado, que, muchas veces, se apoya en los recursos asistencialistas de los fondos públicos, otras veces en el trabajo voluntario realizado por organizaciones sociales que han permanecido en el territorio, otras han posibilitado el relevamiento de experiencias autogestionadas que recuerdan las festividades de cada una de las nacionalidades que componen la trama comunitaria. Entre las iniciativas y prácticas de cuidado comunitario, Elizabeth Andrade, vocera de Los Arenales, cuenta la experiencia del Jardín Nuevo Amanecer, un espacio para la crianza y cuidado de la primera infancia. Mientras estuvo en funcionamiento, este jardín autogestionado por las mismas madres del macrocampamento les permitió a muchas de ellas conseguir trabajo remunerado. Dentro de Rompiendo Barreras llama la atención que, de sus 30 representantes de comités, solo 2 sean varones. Elizabeth comenta que la organización comunitaria también fue en respuesta a la violencia que sufrían las mujeres al interior de sus hogares, y que al tiempo en que fueron empoderándose para hacerle frente, coordinaron sus esfuerzos para la lucha que hoy llevan a cabo por el derecho a vivir dignamente. Actualmente en Los Arenales, producto de la pandemia por el covid-19, están funcionando 6 ollas comunes autogestionadas, que entregan alrededor de 600 raciones diarias. El funcionamiento de estos comedores populares consiste en vender platos de comida a costo que permita generar ingresos para el propio sustento de la olla común, 507

CONO SUR asegurando a la vez la entrega de raciones gratuitas a los vecinos y vecinas que no pueden pagarlas. La experiencia de cuidado comunitario en Los Arenales conecta los procesos migratorios, asentados en un Chile que se mostraba internacionalmente como uno de los países con mayor estabilidad económica y social de América Latina, con las exclusiones impuestas por la falta de empleos formales y por la ocupación o tomas de terrenos. En este espacio pareciera ser que el cuidado está intrínsecamente vinculado al trabajo comunitario del día a día, lo que refleja el valor político que significa transformar la vida cotidiana en resistencia. A pesar de las ineludibles contradicciones a las que se enfrentan, la organización de los pobladores y las pobladoras permite sortear con conciencia, los incentivos mercantiles y la cooptación estatal. 6. Voces, debates y disputas de los cuidados en la agenda política Diversos sectores se han involucrado en el debate acerca de la agenda de cuidados: partidos políticos, gremios profesionales, sindicatos de trabajadoras de casa particular, organizaciones de cuidadoras, organizaciones feministas, núcleos académicos universitarios, entre otros. Durante los años noventa y a comienzos del nuevo siglo, los partidos políticos y los gobiernos que sucedieron a la dictadura cívicomilitar se hicieron cargo de la profundización del rol subsidiario del Estado en cada uno de los ámbitos de la vida política y social, incluyendo la salud, la educación, las pensiones y, en general, lo relacionado al cuidado. Esta agenda política buscó instalar el modelo de proveedor universal, aquel en el que el estilo de vida masculino se consolida como el ideal. Bajo esta lógica se valora el empleo y la participación en el mercado de hombres y mujeres, invisibilizando la necesidad de los cuidados, desatendiendo el rol del Estado y las comunidades en la organización social de los cuidados y precarizando los trabajos de cuidados remunerados. En el ámbito de la política formal, en los últimos años esta tendencia se ha visto desafiada con el ingreso de nuevos sectores políticos de izquierda al Parlamento, tras el cambio de un sistema electoral binominal a uno proporcional. En efecto, partidos políticos que no tenían presencia parlamentaria y con raíces en los movimientos sociales han presentado diversos proyectos que plantean una perspectiva más cercana a la de derechos y de mayor corresponsabilidad entre los diversos actores de la organización social del cuidado, como el caso del proyecto de reconocimiento constitucional del trabajo doméstico 42 , 42. Proyecto ingresado a la Cámara de Diputados en marzo del 2019, que busca reconocer el trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, y obliga al Estado a promover un régimen laboral que permita compatibilizar en armonía las labores de cuidado humano. Para más información: Boletín 12490-07, disponible en https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php? 508

CHILE el proyecto sobre cuidadoras de personas dependientes y el reciente proyecto de extensión del permiso posnatal parental en contexto de pandemia. Por su parte, durante las últimas décadas los gremios profesionales y sindicatos vinculados al ámbito de la salud y la educación han estado abocados principalmente a la defensa de sus derechos laborales y del carácter público y de calidad de sus servicios. Tal es el caso del Colegio de Profesores y del Colegio de Educadores de Párvulos, cuyo trabajo se ha centrado en el reconocimiento de la labor docente, su impacto en los salarios, la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el sector y la defensa de la educación pública. Su participación en el debate sobre los cuidados se ha visto contundente en la actualidad, en el marco de la pandemia por covid-19 y las presiones del Ministerio de Educación para reabrir los establecimientos educacionales. El gremio ha sostenido una posición pública a favor del cuidado de la salud y el respeto de la cuarentena, para evitar exponer al profesorado y al estudiantado al contagio, en lugar de reactivar el funcionamiento de escuelas. Los sindicatos relacionados a los servicios de educación inicial(JUNJI y Fundación Integra) se han enfrentado a los intentos de privatización de la educación inicial pública, oponiéndose a proyectos como el de Sala Cuna Universal. Asimismo, han trabajado por defender, reponer o igualar derechos laborales frente a los intentos de precarización. En materia de cuidados, no tienen un gran predicamento, aunque es interesante destacar la tensión que surgió en años anteriores entre agrupaciones de trabajadoras públicas que demandaban mayor cobertura horaria de los establecimientos de educación inicial, que cerraban antes de que ellas terminaran su jornada laboral, frente a la posición de las educadoras de párvulo, que presionaron para mantener sus horarios de salida. Esta tensión es muestra del evidente desajuste en la organicidad de los cuidados y la falta de lógica sistémica. El Colegio Médico, por su parte, cuenta por primera vez con una presidenta y ha hecho esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en su trabajo y en la incidencia pública del gremio, participando activamente, por ejemplo, en la discusión acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Su abordaje de los cuidados es incipiente: se ha centrado durante este periodo en la situación de las médicas que son madres y en el efecto de la pandemia en las responsabilidades de cuidados del personal de salud. También ha participado activamente en el apoyo al posnatal de emergencia frente al cierre de salas cuna durante la pandemia. A la par, las organizaciones sociales y sindicatos han tenido un importante rol en la agenda pública, relevando temas directamente relacionados con los derechos de las personas cuidadoras y de la población dependiente. Particularmente importante ha sido el trabajo del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular(SINTRACAP) y de la Asociación Yo Cuido. SINTRACAP es el sindicato más antiguo de trabajadoras de casa 509

CONO SUR particular del país, nacido en 1947 se ha mantenido organizado hasta la fecha, convirtiéndose también en uno de los más antiguos de América Latina. Está compuesto exclusivamente por mujeres(a pesar de que la ley de trabajadores de casa particular incluye a jardineros, choferes, entre otros), de edad promedio entre los 45 y 50 años, con mujeres de 80 años que siguen trabajando. En los últimos años han levantado iniciativas para promover la formalización de las trabajadoras que, al inicio de la pandemia, solo alcanzaba el 46,9% de la población trabajadora femenina(INE, 2020). Particularmente la campaña#HogarQueValora para promover la formalización tanto con empleadas como con quienes las emplean, fue realizada durante 2019 y contó con el apoyo de diversas organizaciones y difusión territorial. Para 2020, la agenda pretendía presionar por una mayor fiscalización del trabajo y avanzar en el convenio 189 de la OIT(entrevista cit. en nota 41). Durante la pandemia, se han enfrentado a una serie de barreras para acceder a las políticas de protección al empleo que ha tomado el Gobierno, hacia el inicio de la crisis sanitaria y social no estaban incorporadas a la cobertura y las prestaciones del seguro de cesantía. Luego de más de 6 meses de negociaciones, en septiembre de 2020 lograron ser incluidas, avanzando un paso en la igualación de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular con el resto de las trabajadoras y los trabajadores 43 . En materia de los cuidados directos, en 2018 aparece en el debate Yo Cuido, organización compuesta sobre todo por mujeres cuidadoras de personas en situación de dependencia, mayoritariamente de entre 30 y 50 años, muchas con carreras profesionales y en etapas muy activas de trabajo al momento de presentarse estas responsabilidades de cuidado en sus vidas. La asociación ha reunido a muchas trabajadoras del cuidado no remunerado que hasta ahora se encontraban aisladas u organizadas en torno a demandas particulares de poblaciones en situación de discapacidad específicas o con enfermedades poco comunes. Con el tiempo, la organización ha encontrado espacios de trabajo importantes que les han permitido visibilizar la situación de precariedad y abandono en el que se desarrolla el cuidado de la población dependiente en Chile. La asociación Yo Cuido ha impulsado dos trabajos de investigación y una encuesta sobre la situación de la población cuidadora en pandemia. Así también, ha generado instancias de diálogo con la participación de congresistas y organizaciones de base de todo el país, con el objetivo de sentar las bases para la creación de un sistema integral de cuidados, centrado en las experiencias de quienes ya se encargan de resolver el cuidado a lo largo de todo el territorio, buscando definir lineamientos claros y dinamizadores para construir un 43. “Tras 6 meses de pandemia, trabajadoras de casa particular serán incorporadas al seguro de cesantía”, El Mostrador , 10/9/2020, https://www.elmostrador.cl/braga/2020/09/10/tras-6-meses-de-pandemiatrabajadoras-de-casa-particular-seran-incorporadas-al-seguro-de-cesantia. Entrevista cit. en nota 41. 510

CHILE programa de demandas, elaborar políticas públicas, modificar leyes e incidir en el debate de la nueva Constitución, donde el derecho a cuidar y a ser cuidado quede consagrado. En el presente se encuentran impulsando la modificación de la ley 20.422, para que se reconozca a las personas cuidadoras como sujetos de derecho. Esto sería un punto de partida para poder contar con políticas públicas que atiendan las necesidades y urgencias de quienes cuidan(entrevista a M. Serey, presidenta de la Asociación Yo Cuido, videollamada, 21/7/2020). En cuanto a las organizaciones feministas , la crítica respecto del trabajo de las mujeres y las demandas en materia de cuidados surge tempranamente. En la primera mitad del siglo XX, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena(MEMCH) ya abogaba por una ampliación de derechos en torno al rol reproductivo que jugaban las mujeres, en específico las mujeres con trabajos remunerados. En este se reivindica el rol de la mujer obrera en la reproducción y se enmarca la disputa en demandas por una seguridad social específica, como el descanso obligatorio por maternidad y lactancia, el derecho a amamantar en lugares de trabajo, igualdad salarial, entre otras (Kirkwood, 1986). Desde entonces, la cuestión del cuidado ha surgido naturalmente al ser reconocida como una piedra angular en la autonomía de las mujeres y ha estado presente de manera transversal en movimientos de mujeres y feministas que han tomado mayor protagonismo, impactando en los sectores institucionales y la política pública en general. Actualmente, dentro del movimiento feminista el reconocimiento del trabajo de cuidados como sostén del modelo económico en Chile y la lucha contra la precarización de la vida son demandas centrales. En específico, en los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan, los cuidados aparecen en los ejes programáticos, en la caracterización y en los objetivos de la Huelga General Feminista. En la síntesis del Primer Encuentro y la posterior caracterización de la huelga general del 8 de marzo de 2019, la aproximación al tema aparece en la demanda por una cobertura de seguridad social integral con un sistema único, plurinacional, feminista y comunitario de cuidados (Coordinadora Feminista 8M, 2019). En el Segundo Encuentro, las dimensiones en torno a la crisis de los cuidados se profundizan, principalmente en el eje de trabajo y seguridad social. Se aborda una serie de demandas que incluye, entre otras, la creación de un sistema plurinacional de cuidados y el reconocimiento de los cuidados como derecho. Además, se busca valorizar social y económicamente el trabajo de cuidados. La síntesis general de este encuentro se enmarca también en el proceso constituyente que vive el país y se incluye como propuesta la socialización del trabajo no remunerado y de los cuidados. A su vez, se incorporan demandas relacionadas al cuidado en condiciones dignas, paridad en el derecho pre y posnatal, la universalidad de salas cuna y jardines infantiles; el derecho a una vejez digna y la protección efectiva de la maternidad como 511

CONO SUR derecho fundamental en el trabajo. Por último, el autocuidado y la lucha por la autonomía de los cuerpos y de las decisiones sobre la propia reproducción aparecen en la demanda central del aborto libre, legal, seguro y gratuito, junto con una reforma al sistema de salud que asegure la realización de procedimientos, libre de violencia obstétrica y bajo el principio del respeto a la decisión de cada persona en cualquier centro de salud(Coordinadora Feminista 8M, 2020). En el marco del debate académico relativo a los cuidados, se hace particularmente relevante el rol de académicas feministas y expertas en género que han articulado espacios como la Red de Interseccionalidad, Género y Prácticas de Resistencia. Esta reúne a docentes e investigadoras de diversas universidades, y ha tenido un papel activo en la investigación y divulgación de estudios e iniciativas vinculadas con cuidados en términos generales, y en particular, de cuidadoras de personas dependientes y envejecimiento. El trabajo de académicas feministas vinculadas con el estudio de los cuidados suele ir a contracorriente de tendencias hegemónicas tanto en el ámbito de los departamentos y carreras de corte neoclásico, como en espacios de debate académico crítico. También se hace relevante mencionar el trabajo de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, que reúne a profesionales vinculadas con la medicina, la nutrición, las ciencias sociales y la economía. Sin tratarse de un espacio feminista propiamente tal, ha generado discusiones y documentos que analizan desde el género la situación de las personas mayores. En el presente, Chile enfrenta un proceso que presenta por primera vez, desde la vuelta a la democracia, la oportunidad de refundar la Constitución heredada de la dictadura. Un proceso que tiene la posibilidad de ser desarrollado en un órgano constituyente con paridad de género, si resulta del sufragio la Convención Constitucional. Se presenta también como una oportunidad inédita y única para establecer cimientos de un nuevo modelo de desarrollo para el país que ponga la igualdad de género y la sostenibilidad de la vida como eje. La Constitución actual no ha hecho posible que se redistribuya de manera justa el cuidado y tampoco ha propiciado una reconfiguración del espacio privado(Profesoras y expertas en Derecho Público, 2020). En ese marco, y frente a la oportunidad de crear una nueva Carta Fundamental, las demandas enmarcadas en un reconocimiento constitucional de los cuidados han sido de las más fuertes por parte de las organizaciones de cuidadoras, las organizaciones de base del movimiento feminista y los frentes feministas de algunos partidos políticos. En ese sentido, la participación efectiva de estas voces en el futuro órgano constituyente será imprescindible para dotar de una perspectiva territorial y feminista a la nueva Constitución, atenta a los debates y la gestión cotidiana de la vida de las organizaciones que permiten que se desarrolle el cuidado en el presente. 512

CHILE 7. Conclusiones En el presente estudio se ha hecho hincapié en la importancia de los trabajos de cuidados y su carácter imprescindible para el funcionamiento de cualquier sociedad, así como en su invisibilización y poca valoración social. Tanto dentro como fuera de los hogares los cuidados se realizan en condiciones precarias y carentes de un marco de derechos. En el contexto de un creciente envejecimiento de la población y de la reducción relativa de la población potencial cuidadora, el conflicto de la profundización de la crisis de los cuidados en Chile se vuelve alarmante. Luego de revisar las distintas esferas involucradas en la provisión del cuidado en sus diversas dimensiones, se puede asegurar que en Chile existe una injusta organización social del cuidado. Los hogares concentran la mayor responsabilidad de llevar a cabo estas labores, mientras que el Estado y el mercado tienen un rol complementario y/o subsidiario. Las comunidades, por su parte, se activan en mayor o menor medida frente a situaciones particulares, generando estrategias de cuidados comunitarios en contextos de deserción estatal o de ausencia de redes de apoyo. La injusta organización social del cuidado no solo se manifiesta entre las esferas que proveen el cuidado sino dentro de ellas a través de la división sexual del trabajo. En ese sentido, son las mujeres quienes, además de llevar adelante las responsabilidades de cuidar, articulan sus tiempos entre la esfera doméstica y la esfera laboral para asegurar condiciones dignas en los hogares, muchas veces a costa de la precarización de sus propias vidas. En esta distribución desigual de los cuidados, la participación, o más bien la ausencia del Estado en Chile tiene un rol clave. Los Estados tienen una gran capacidad para modificar la forma en la que se organiza el cuidado en un país. La inexistencia de un sistema de redistribución y la falta de provisión de servicios provoca que el cuidado se lleve a cabo de manera injusta, lo que en tiempos de crisis(sanitaria, financiera, ambiental y/o de cuidados) se torna crítico. El análisis llevado a cabo en este estudio indica que en Chile los cuidados no están reconocidos como un derecho, así como tampoco existe una política de cuidados explícita e integral que contemple un enfoque de derechos. En cambio, el Estado participa en la provisión de cuidados a través de mecanismos indirectos, clasificados en dos categorías. La primera corresponde a las normas y políticas diseñadas para la inserción de las mujeres en el empleo formal, mientras que la segunda categoría corresponde a las políticas sociales dirigidas a segmentos de población con mayor nivel de dependencia. A través de estas políticas el Estado ofrece servicios focalizados que se relacionan con los cuidados, con mayor o menor alcance según el programa en particular. Como se pudo evidenciar en el análisis realizado, el grueso de las políticas sociales que se relacionan con el cuidado son de corte asistencialista y no universal. Esto se materializa en una oferta muy limitada y focalizada 513

CONO SUR de servicios públicos para cuidar, lo que restringe la posibilidad de desfamiliarizar los cuidados. En este sentido se evidencia el carácter subsidiario del Estado chileno: los cuidados son atendidos primariamente en los hogares, mientras que este tiende a actuar solo en los casos en que aquellos se encuentren imposibilitados de hacerlo. Los trabajos que se realizan en la esfera doméstica son la contracara de la esfera de la economía contabilizada, es decir, es el espacio que permite que el modelo socioeconómico siga en pie. En efecto, tal como se revisó supra (§ 4), en términos del PIB, los trabajos de cuidados no remunerados constituyen la actividad de mayor valor para la producción del país. Esta función social y económica de los cuidados se realiza a costa del bienestar de quienes cuidan, imponiendo exigentes cargas de trabajo, con baja o nula retribución. Avanzar en un mayor reconocimiento y valoración social del cuidado y priorizar su desarrollo en condiciones dignas es impostergable en miras de una sociedad justa e igualitaria. Por ello, resulta al menos preocupante, que en el contexto de crisis sanitaria en curso, la versión 2020 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo se haya descartado sin una reprogramación clara 44 . La implementación periódica de la ENUT es un mecanismo básico para diseñar políticas públicas(laborales, sociales, económicas) que reconozcan el rol clave de la esfera doméstica en la sostenibilidad de la economía. Por otra parte, las organizaciones feministas y las organizaciones de trabajadoras del cuidado remunerado y no remunerado han instalado una agenda activa sobre los avances y transformaciones necesarias en esta materia. Las trabajadoras de casa particular, con una larga historia de militancia política, han logrado avanzar en la formalización y el reconocimiento del trabajo en dimensiones que hasta hace muy poco no se consideraban, como el seguro de cesantía. Por su parte, y de forma más reciente, las trabajadoras no remuneradas del cuidado han organizado instancias de coordinación con cuidadoras de personas dependientes a lo largo de todo el territorio, alineándose en torno a la demanda del derecho a cuidar. En síntesis, Chile se encuentra en una etapa incipiente del debate sobre la justa distribución de los cuidados en la sociedad. En ese sentido, los desafíos son amplios e incluyen desde el relevamiento de información pertinente, hasta la creación de una Política Nacional de Cuidados. Acelerar el proceso y llenar de contenido estas demandas dependerá de la fuerza que tengan las organizaciones de la sociedad civil para incidir en las legislaciones. En ese sentido, la articulación frente al proceso constituyente de los próximos dos años puede ser clave en miras del reconocimiento constitucional del derecho a cuidar y recibir cuidados, así como el derecho a no cuidar y autocuidarse. 44. “INE descarta Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020: ¿En qué afecta su suspensión?” CNN Chile, 1/10/2020. Disponible en https://www.cnnchile.com/economia/en-que-afecta-ine-suspenda-encuesta-nacional-uso-tiempo_20201001/ 514

CHILE Lista de siglas utilizadas AFP APS BIPS CAUTAL ChCC CEPAL CDN ENUT FOSIS IESSS INE JUNAEB JUNJI MEMCH OIT ONG OSC PANC PBS PIB RSH SANNA SENADIS SENAMA SENAMR SINTRACAP SIPS SNAC SPS SS y OO TCP Administradoras de Fondos de Pensiones Aporte Previsional Solidaria Banco Integrado de Programas Sociales Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” Comisión Económica para América Latina y el Caribe Convención sobre los Derechos del Niño Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Fondo de Solidaridad e Inversión Social Informe Estadístico Semestral de la Seguridad Social Instituto Nacional de Estadísticas Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junta Nacional de Jardines Infantiles Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena Organización Internacional del Trabajo organizaciones no gubernamentales organización social del cuidado Programa Nacional de Alimentación Complementaria Pensión Básica Solidaria Producto Interno Bruto Registro Social de Hogares Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas afectados por Enfermedades o Accidentes Graves Servicio Nacional de la Discapacidad Servicio Nacional del Adulto Mayor Servicio Nacional de Menores Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular Sistema Intersectorial de Protección Social Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados Sistema de Pensiones Solidarias Subsistema de Protección“Chile Seguridades y Oportunidades” trabajadoras de casa particular Referencias Acosta González, E., F. Picasso Risso y V. Perrotta González. Cuidados en la vejez en América Latina: Los casos de Chile, Cuba y Uruguay . Konrad Adenauer Stiftung. 515

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Cono Sur 1. Uruguay 2. Chile 3. Brasil 4. Paraguay

BRASIL Cuidados en Brasil: logros, legislación y políticas públicas Hildete Pereira de Melo Lucilene Morandi 521

Hildete Pereira de Melo. Profesora asociada, Facultad de Economía, Programa de Posgrado en Políticas Sociales de la Universidad Federal Fluminense(UFF), fundadora del Núcleo de Investigación en Género y Economía(NPGE, por sus siglas en portugués). Lucilene Morandi. Profesora asociada, Facultad de Economía, Universidad Federal Fluminense(UFF), coordinadora del Núcleo de Investigación en Género y Economía(NPGE). 522

BRASIL Índice Presentación 525 1 El trabajo de cuidados 527 2 Los cuidados en Brasil desde una perspectiva histórica 531 3 El mercado laboral y la autonomía económica de las mujeres 533 3.1. Mercado de trabajo de cuidados y de trabajo doméstico 539 3.2. Uso del tiempo: medición y propuestas de políticas públicas 542 4 Políticas públicas de cuidados en Brasil 546 4.1. Los cuidados y las políticas públicas para niños y adolescentes 546 4.2. Los cuidados y las políticas públicas relacionadas con la población adulta mayor 549 5 Conclusiones 553 Lista de siglas utilizadas 555 Referencias 556 523

BRASIL Presentación E n 2020, vivimos una crisis sanitaria sin precedentes, que se extendió rápidamente por todos los continentes, con graves efectos en la economía y el mercado laboral. La pandemia de covid-19 y la necesidad de aislamiento social hicieron más evidente la creciente pauperización de la población mundial, producto, sobre todo, de la adopción de políticas públicas de austeridad, de carácter neoliberal, adoptadas en la mayoría de las economías desde mediados de la década de 1980. Desde entonces, la política económica predominante resalta la necesidad de buscar el equilibrio fiscal, suponiendo que el control de la tasa de inflación a través de la política monetaria será suficiente para generar las condiciones necesarias para el crecimiento y el pleno empleo. Como consecuencia, ha habido un gradual, pero continuo, desmantelamiento del Estado en su papel de promotor del crecimiento y la mejora del bienestar social, propio de las políticas públicas y sociales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Brasil, la mayor apertura para la adopción de políticas de bienestar social ocurrió con la aprobación del nuevo texto de la Constitución Federal, en 1988, que garantizaba educación y salud a toda la población. No obstante la Constitución, la política económica sigue la tendencia mundial de directrices tales como el Estado mínimo y el ajuste fiscal, que impulsaron las reformas económicas y las privatizaciones desde 1991. Más recientemente, los cambios más grandes hacia una mayor liberalización de la economía fueron las reformas relativas al trabajo y los derechos laborales, con la aprobación de la Reforma Laboral(en julio, con vigencia a partir de noviembre de 2017, en el gobierno de Michel Temer) y la Reforma de la Seguridad Social(en 2019, en el gobierno de Jair Bolsonaro). En estos tiempos de covid, la estructura de salud pública nacional evidenció la importancia de que Brasil, en el pasado, haya aprobado y estructurado una política universal de salud, el Sistema Único de Salud(SUS), definida en la Constitución Federal de 1988. Aunque ha sufrido recortes 525

CONO SUR financieros en los últimos años, debido a las llamadas políticas de austeridad, sigue siendo una parte fundamentalmente importante en la estructura de salud brasileña 1 . El análisis de los cuidados en Brasil que se presenta en este texto, formulado en medio de la pandemia y durante la implementación de las medidas de aislamiento social, ha supuesto un gran desafío. Enfrentar la pandemia, tanto individual como colectivamente, es cuidar a las personas. Este es el tema central de este estudio, en un esfuerzo por sacar de la invisibilidad el trabajo de las personas que brindan y reciben cuidados, enumerar y resaltar las políticas públicas, o la falta de ellas, y analizar sus efectos, además de señalar la necesidad de acción por parte del Estado donde este no está presente. Las políticas públicas sobre cuidados tienen un mayor impacto en la vida de las mujeres debido a que ellas son las principales responsables de los cuidados, ya sea en forma no remunerada, cuando realizan estas tareas para su familia, o en forma remunerada, cuando prestan estos servicios a otras familias a cambio de pago. El tiempo que las personas responsables de las tareas de cuidado en la familia, en su gran mayoría mujeres y niñas, dedican a estas actividades causa un impacto negativo en la calidad y la posibilidad de su participación en el mercado laboral. En efecto, estas personas tienen menos o ninguna independencia económica, satisfacción laboral o ingresos salariales y aportes o posibilidades previsionales. Este escenario de desigualdad, que tiende a perpetuarse, requiere de intervenciones externas que lo modifiquen. En parte depende de necesarios cambios culturales, por ejemplo, que las mujeres dejen de verse como las responsables naturales del cuidado de la familia. Además, exige la actuación a través de políticas públicas para asegurar servicios públicos de cuidados adecuados. Es imperioso que la sociedad en su conjunto y todos sus organismos tomen conciencia de que las tareas de cuidados son parte de la existencia humana y, como tales, son un deber y un derecho de todas las personas. Es imprescindible pensar en formas de brindar el mejor cuidado a quienes lo necesitan, a un más justo costo social distribuido entre familia, Estado y sociedad 2 . 1. El SUS es el único sistema público universal para más de 100.000.000 de personas y, según Angélica Fonseca, profesora investigadora de la Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio, de Fiocruz, es “ingenuo pensar que el combate a esta epidemia en Brasil podría ocurrir fuera de un sistema público, fuera de un Sistema Único de Salud, como el SUS”(Guimarães, 2020: 6). 2. En este texto, debido a las dificultades para obtener información sobre organizaciones comunitarias y trabajo voluntario en las estadísticas nacionales, se eligió analizar el tema del “cuidado” desde el punto de vista de las políticas públicas efectivamente prescritas en las leyes brasileñas. 526

BRASIL 1. El trabajo de cuidados Hasta finales del siglo XX, la bibliografía no abordaba la importancia económica del trabajo de cuidados para vivir en sociedad 3 . No obstante, las feministas pioneras, desde el siglo XIX, habían denunciado las desigualdades en el mercado laboral: el menor acceso de las mujeres a puestos y cargos de trabajo y las persistentes diferencias salariales entre los sexos. A partir de la década de 1970, los feminismos elaboraron una crítica metodológica/epistemológica del análisis económico, así, la economía feminista busca superar las restricciones de los análisis económicos con una perspectiva multidisciplinaria, fundamental para el desarrollo de este campo de estudios(Carrasco, 2011). En el siglo XXI, los temas relacionados con el cuidado comenzaron a destacarse y ganar espacio en el escenario académico. En ese camino, el cuidado se entiende como una“relación de servicio, apoyo y asistencia, remunerada o no, que implica un sentido de responsabilidad en relación con la vida y el bienestar de los demás”(Kergoat, 2016: 17). La economía feminista ha argumentado que, aunque no sea remunerado, la garantía de los cuidados implica trabajo. Así el cuidado como trabajo de cuidados se ha integrado a la teoría económica feminista. Las tareas relacionadas con los cuidados generan bienes y servicios y, por lo tanto, riqueza, incluso cuando este trabajo no sea remunerado. El paso importante para incorporar los cuidados al concepto económico del trabajo es hacer visible su valor y la consiguiente inclusión de este valor en las estadísticas del producto agregado de la economía. El campo que se ha definido como“economía de los cuidados” abarca las denominaciones anteriores(trabajo no remunerado, trabajo doméstico, trabajo reproductivo y trabajo de cuidados) y defiende el concepto más potente y amplio para analizar el tema(Esquivel, 2011). La discusión sobre los cuidados está atravesada por la interseccionalidad de las relaciones sociales de poder relativas al género, el color de piel y la clase social(Hirata, 2019) y es, sin duda, un tema clave para las cuestiones relacionadas con las desigualdades, principalmente las de género. Según un informe de Oxfam(2020), divulgado durante el Foro Económico Mundial de Davos(2020), el 42% de las mujeres en el mundo(frente a solo el 6% de los hombres) no tienen un empleo remunerado porque son responsables del trabajo de cuidado en el hogar. Entre los 67.000.000 de personas que hacen trabajo doméstico, 80% son mujeres; de ellas, el 90% no tiene acceso a la seguridad social y más de la mitad no tiene una jornada de trabajo semanal con definición de límite de horas. En todo el mundo, a las 3. La CEPAL, al reconocer su importancia, editó una selección de todos sus textos publicados entre 2007 y 2018 sobre el tema de los cuidados, el trabajo doméstico no remunerado y la autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe(2018). 527

CONO SUR mujeres y niñas se les imponen tareas diarias relacionadas con el trabajo no remunerado, lo que provoca una reducción en el tiempo disponible para otras actividades, como descansar, mejorar su nivel de educación y calificación o el trabajo remunerado. Esta situación contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza de las mujeres y a mantenerlas en la base de la pirámide económica 4 . En los últimos años se ha puesto atención en países de Europa y de otras regiones desarrolladas que viven una crisis de cuidados(Pérez Orozco, 2007). Esta crisis es provocada, por una parte, por el envejecimiento de la población, debido a la mayor longevidad de las personas, lo que genera el aumento de la demanda de cuidados; por otra, también se da una reducción en la oferta de cuidados provocada tanto por la caída de la tasa de natalidad como por el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en el que están más presentes, principalmente, desde mediados del siglo XX como resultado de las conquistas de los movimientos feministas y el aumento de su nivel de educación. Histórica y culturalmente, las mujeres son asignadas “naturales” a las tareas de cuidado de la familia 5 , por lo que su ingreso en el mercado laboral ha producido una reducción en la oferta de los servicios de cuidados necesarios para la supervivencia, la reproducción y la promoción del bienestar de las personas. Los cuidados 6 en las familias están a cargo de las mujeres desde temprana edad y así siguen incluso cuando ellas alcanzan su independencia económica y, por lo general, suman al trabajo remunerado, trabajo no remunerado. Al asumir un trabajo remunerado, la familia necesita a alguien que se encargue de las tareas del hogar, ya sea por medio de la contratación de mano de obra que por lo general proviene de una mujer(trabajadora doméstica, niñera, cuidadora) o de una empresa(restaurante, lavandería, guardería). Por tanto, es necesario tener ingresos suficientes o utilizar los servicios públicos disponibles. Actualmente, se suman a las tareas domésticas y de cuidados de las hijas y los hijos y las personas con discapacidad, de forma permanente o temporal, los cuidados de las personas mayores de la familia, cuestión que se ha agravado en los últimos años con el envejecimiento de la población. Por una 4. María Arranz,“¿Cuánto vale el trabajo que las mujeres realizamos de forma gratuita?,” La Marea [Córdoba], 5/3/2020, https://www.lamareanoticias.com.ar/2020/03/05/cuanto-vale-el-trabajo-que-las-mujeres-realizamos-de-forma-gratuita/ 5. La familia se define, en la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales(IBGE, 2015: 2), como“un grupo de personas que viven en el mismo hogar y comparten los gastos con alimentos y/o vivienda”, y puede estar constituida por“una o más personas”. 6. Los cuidados incluyen tareas como buscar/comprar y cocinar alimentos; barrer, limpiar y mantener los espacios internos y externos de la casa; cuidar, lavar y planchar la ropa; asistir y cuidar de las necesidades de las personas dependientes como niñas y niños pequeños, personas mayores, enfermas o con algún tipo de discapacidad permanente o temporal(Waring, 1988; Gómez Luna, 2010; Werner et al ., 2007; CEPAL, 2018). Las Naciones Unidas incluyeron el trabajo voluntario, sin remuneración, realizado para personas de fuera de la familia o entidades sin fines de lucro(Comisión Europea, 2003). 528

BRASIL parte, las personas viven más tiempo y requieren más atención y cuidados; por otra, con la caída de la natalidad, las familias son menos numerosas, por lo que los cuidados están a cargo de un número menor de personas. Teniendo en cuenta que esta tendencia no ha de revertirse, el tema de los cuidados ha despertado una mayor atención y discusión sobre el rol del Estado y la oferta de servicios públicos, así como sobre las relaciones laborales y la inclusión de las necesidades de las familias en la distribución del tiempo entre el trabajo no remunerado y de cuidado y el trabajo remunerado. Aquí se incluyen las modificaciones de la licencia de maternidad y paternidad, con tendencia al incremento de esta última. El tema de la oferta de servicios públicos de cuidados es aún más relevante para las familias de bajos ingresos, sobre todo en las familias monoparentales encabezadas por mujeres. Según datos del censo demográfico(IBGE, 2010), el 37,3% del total de familias y el 87,4% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. En el caso de que las familias no tengan ingresos suficientes para pagar los cuidados, la solución puede ser que las mujeres dejen de tener ingresos para realizar el trabajo no remunerado o asuman trabajos informales o a tiempo parcial, con menor remuneración y seguridad social. En ambas situaciones, aumenta la probabilidad de que las mujeres sean económicamente dependientes, se frustren profesionalmente; además de las consecuencias sobre sus ingresos jubilatorios. Solo las familias de mayores ingresos tendrán acceso a los servicios privados de cuidados. En este sentido, se puede afirmar que la oferta suficiente de servicios públicos de cuidados, accesibles y de calidad es garantía de mayor bienestar y su escasez o ausencia tiende a exacerbar las desigualdades. Las políticas públicas son eficaces para reducir las desigualdades y ayudan a romper el círculo vicioso de la reproducción de la pobreza 7 . En Brasil, la pobreza ha aumentado desde 2014, debido al incremento del desempleo, la reducción de los programas sociales y la ausencia de reajuste de la asistencia de Bolsa Familia. En 2019, según datos de la PNAD Continua(IBGE), el 24,7% de la población se encontraba en situación de pobreza y el 6,5% en pobreza extrema. Las mujeres negras o morenas se destacaron entre el conjunto pobres. Eran el 28,7% de la población, pero representaban el 39,8% de las personas extremadamente pobres y el 38,1% de las pobres. Es cierto que la escasez de servicios públicos de cuidados obstruye el ingreso de las mujeres al mercado laboral en mejores condiciones, sin embargo, un aspecto más relevante en esta discusión es el necesario cambio en la 7. “En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un empleo remunerado porque son las responsables del trabajo de cuidados, en comparación con tan solo el 6% de los hombres. El 80% de los 67 millones de personas trabajadoras del hogar que hay en todo el mundo son mujeres. El 90% no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social y la jornada laboral semanal de más de la mitad de ellas carece de un límite de horas”(Oxfam, 2020). 529

CONO SUR división sexual del trabajo 8 , con un importante aumento en la participación de los hombres en la realización de estas tareas. Esto haría que la discusión sobre la distribución del tiempo de las personas entre el empleo y la familia se convirtiera en tema universal 9 , además de posibilitar un mayor equilibrio en la disputa entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Como afirma Carrasco(2012), el trabajo de cuidados debe considerarse y valorarse adecuadamente si queremos construir una sociedad más justa, siendo el primer paso el reconocimiento de su esencialidad para la existencia humana, la producción de mercado y el bienestar de toda la comunidad. Pero, a pesar de esto, el trabajo no remunerado no se considera trabajo porque, al no ser objeto de comercio, el valor de estos bienes y servicios no está incluido en el valor de la producción agregada(producto interno bruto[PIB]), volviéndose invisibles para los análisis y las políticas económicas. Culturalmente, se asocia a las mujeres con el trabajo no remunerado (relacionado con los cuidados y el hogar) y a los hombres con el trabajo remunerado(fuera del hogar), porque se entiende que las mujeres tienen el don natural del cuidado. Es importante resaltar que esta construcción cultural implica una jerarquía en la que el polo de mayor poder es el de la esfera pública, el espacio de los hombres, que abarca los negocios y las relaciones de intercambio(Arranz, 2020; Pérez Orozco, 2007). La visibilización y el reconocimiento de la importancia de los cuidados para la economía, que según Oxfam(2020) equivale a 10,8 mil millones de dólares 10 , permitiría una participación más igualitaria de hombres y mujeres en el mercado laboral. Además de los beneficios para los miembros de la familia, el trabajo no remunerado mejora la salud y la productividad de la mano de obra, contribuyendo a una mayor productividad, prosperidad económica y generación de riqueza (Waring, 1988; Morandi et al ., 2018). Es necesario sacar de la invisibilidad el trabajo de cuidados y hacer que la responsabilidad se reparta socialmente de forma más equilibrada. Debido a que no se reconoce la importancia vital y económica del trabajo de cuidados, la remuneración de estos trabajadores y trabajadoras se encuentra 8. Relevamientos llevados a cabo por varios organismos internacionales(PNUD, Comisión Europea, ONU Mujeres, CEPAL) y nacionales(IBGE/PNAD Anual y PNAD Continua) han demostrado que las mujeres dedican más horas que los hombres a realizar tareas de cuidado en el hogar y también son mayoría entre las personas que trabajan de forma remunerada como cuidadoras, tanto en los hogares de familias como en empresas e instituciones. 9. Para Pérez Orozco(2007: 8),“la remisión de los trabajos de cuidados al ámbito de lo privadodoméstico ha supuesto que su reparto se haya dado en base a coordenadas morales que terminaban por naturalizar una distribución profundamente desigual entre mujeres y hombres. La ausencia de este tema en las agendas públicas del desarrollo es el corolario de esta naturalización de la división sexual del trabajo”. 10. Para una discusión sobre la metodología de estimación del valor del trabajo no remunerado, véase, entre otros, Durán(2006), Comisión Europea(2003), Folbre(2015), Gee(2015). 530

BRASIL en la categoría de salarios más bajos en todo el mundo(Pinheiro et al., 2019; Pereira et al. , 2016) 11 . Para Esquivel(2011: 11),“el gran potencial de la economía del cuidado sigue siendo el de contribuir a instalar el‘cuidado’ como un problema de política pública, sacándolo del ámbito privado y[...] desnaturalizándolo como propio de las mujeres y las familias”. 2. Los cuidados en Brasil desde una perspectiva histórica La lucha por la construcción de los derechos sociales de las mujeres brasileñas se remonta al siglo XIX, cuando denunciaron la esclavitud, que finalmente fue abolida en 1888, meses antes de que se proclamara la República, el 15 de noviembre de 1889. Las mujeres intentaron participar en el proceso constituyente, pero fueron derrotadas y permanecieron sin función de poder en la familia y en la vida pública. Solo en 1932 lograron el derecho a votar y ser votadas(Melo y Thomé, 2018). La creación de la OIT, en 1919, proporcionó alguna protección a la maternidad. El Convenio 3 estableció el derecho a la licencia de maternidad antes y después del parto y el Convenio 4 prohibió el trabajo nocturno de las mujeres y las personas menores de 18 años. La prohibición del trabajo nocturno fue considerada por el movimiento feminista como una reserva de mercado para el trabajo masculino(Pena, 1981). En Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas ratificó los Convenios 3 y 4 de la OIT y la Constitución Federal(1934) definió que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es un derecho, prohibió el trabajo insalubre y garantizó el derecho a descansar antes y después del parto, sin pérdida de salario o empleo. Sin embargo, la Nueva Constitución Federal, de 1937, excluyó la garantía de empleo a las mujeres después del parto (Verucci, 1987; Fraccaro, 2018). En 1943, el presidente Vargas promulgó la Consolidación de las Leyes de Trabajo(CLT) 12 , que unificó las leyes laborales, reguló el trabajo remunerado de las mujeres, ratificó la legislación de 1934, pero mantuvo las limitaciones en cuanto a la protección de las mujeres trabajadoras. La CLT estaba destinada a las trabajadoras y los trabajadores urbanos de la industria, el comercio y los servicios de educación y salud. Las empleadas y los empleados públicos de la Federación, los estados y municipios y de las entidades locales tenían su propia legislación, mientras que las trabajadoras y los trabajadores domésticos y rurales, aunque eran mayoría, siguieron fuera de la legislación laboral protectora. Con respecto al trabajo de las mujeres, la CLT garantizaba la 11. Durante la crisis de covid-19, se puede observar que el salario promedio de las personas cuidadoras en Europa era el salario mínimo del país, resultado de que estas funciones no se reconocen como básicas y esenciales ni para la vida, ni para el bienestar de las personas, ni para producción mercantil. 12. Decreto-ley 5452, del 1 de mayo de 1943. 531

CONO SUR licencia de maternidad de seis semanas antes y seis semanas después del parto 13 , sin pérdida de empleo y salario, cuyo pago era responsabilidad del empleador o empleadora(Melo, 2019a). Sin embargo, en la práctica, las mujeres casadas eran sistemáticamente rechazadas al postular a puestos de trabajo. Esta situación solo cambió con la promulgación de la Constitución de 1967, bajo el gobierno de facto, que determinó que el Estado asumiera el pago de la licencia de maternidad, a través del sistema de seguridad social(Melo, 2016; Marques, 2016). Los doce Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre la protección del trabajo de las mujeres e igualdad de género en el mercado laboral reflejan las consignas históricas del movimiento feminista: igual trabajo, igual salario ; garantía y ampliación de la protección legal de la maternidad ; y, más recientemente, más derechos para posibilitar el ejercicio de la maternidad, la paternidad y el trabajo con las responsabilidades familiares . En la década de 1950, Brasil firmó los Convenios 100(1951) y 111(1958) de la OIT sobre la igualdad de remuneración y el fin de la discriminación entre mujeres y hombres en el trabajo, principios ya contemplados en la CLT(1943), pero que, a pesar de ello, no eran efectivos en la vida de las mujeres(Cardone, 1975; Bruschini et al. , 2008; Melo y Thomé, 2018, caps. 3 y 6). La Constitución Federal de 1988 instituyó, aunque con algunas brechas, cláusulas más justas relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado laboral, como la ampliación de la licencia de maternidad a 120 días, la licencia de paternidad de cinco días, la igualdad de derechos para trabajadoras y trabajadores urbanos y rurales(art. 7) y la extensión del derecho previsional de las personas fallecidas a su cónyuge o compañero/a. La mayor derrota en este proceso constitucional fue la no extensión de los derechos laborales a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Esta categoría había quedado excluida de la legislación laboral de 1943 y solo décadas después conquistó algunos derechos definidos por la ley 5859/1972 14 . Más recientemente, las políticas de cuidados tuvieron un mayor impulso en Brasil en el período 2003-2016, con la creación de la Secretaría de Políticas para Mujeres de la Presidencia de la República(SPM/PR) 15 , cuya misión fue incorporar el tema de género en las políticas públicas. En esos años se realizaron cuatro Conferencias(2004, 2007, 2011 y 2016), que reunieron a miles de mujeres. Inicialmente, tuvieron lugar a nivel municipal, 13. Después de la publicación de la CLT, los tribunales decidieron que serían cuatro semanas antes y cuatro semanas después del parto y el texto fue aprobado en la Constitución Federal de 1946(art. 157). 14. Proyecto de ley del diputado Francisco Amaral(MDB/SP), analizado infra , véase Melo, 2019b. 15. Creada en 2003 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aún existe, con el nombre de Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, junto con el Ministerio de las Mujeres, la Igualdad Racial y los Derechos Humanos. 532

BRASIL luego estatal y finalmente nacional, culminando con la aprobación de la agenda de políticas públicas. Las propuestas aprobadas se convirtieron en la base para la construcción de los Planes Nacionales de Políticas para las Mujeres(PNPM) I, II y III, que definían los objetivos, las metas y las prioridades contra la desigualdad de género en el país. El seguimiento de la implementación de estas políticas estuvo en cabeza del Consejo Nacional de Derechos de la Mujer(CNDM), la SPM y los ministerios a cargo(Bandeira y Melo, 2014 y 2010). 3. El mercado laboral y la autonomía económica de las mujeres A partir de la década de 1970, en Brasil, la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó significativamente, como resultado de su mayor nivel de educación. En 1970, las mujeres representaban el 18,5% del total de la mano de obra empleada; en 1980, eran el 25,9%; en 1991, el 30,5%; y, en 2010, alcanzaron el 43,9%(Soares, Melo y Bandeira, 2014), permaneciendo en un nivel similar desde entonces. Pero, a pesar del mayor nivel de educación y participación en el mercado laboral, no lograron alcanzar igualdad de remuneración y oportunidades profesionales respecto de los hombres, especialmente en los niveles más altos de las carreras profesionales. El trabajo, además de ser un derecho de todas las personas, garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos(1948), es también una forma de obtener autonomía. Garantizar este derecho es un reclamo de los movimientos de mujeres, debido a que su déficit significa menos protección legal, informalidad, ingreso promedio menor que los hombres, una realidad que siempre ha existido en el mundo del trabajo y en todo el planeta. Hasta hoy día, las mujeres tienen menos autonomía económica(Melo y Di Sabbato, 2011a; Melo y Thomé, 2018). Asimismo, el trabajo es la forma de aprovechar el potencial humano para la producción de bienes y servicios que generan bienestar social y calidad de vida. La existencia de mejores condiciones de trabajo genera una mayor productividad y, por lo tanto, una mayor ganancia social. En este sentido, se puede afirmar que el desempleo, el subempleo o la informalidad provocan un nivel de bienestar social menor que el potencial de la economía. Con el desempleo, el Estado también pierde autonomía para invertir y gastar porque recauda menos impuestos: no solo las personas desempleadas y subempleadas están perdiendo ingresos, bienestar y autonomía. Por lo tanto, políticas públicas y directrices económicas que garanticen el máximo empleo deben ser una prioridad en la sociedad. En Brasil, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral durante el siglo XX fue lento. Inicialmente ellas se empleaban en 533

CONO SUR la agricultura, en la incipiente industria y luego fueron insertándose en el comercio y los servicios personales y, sobre todo, en el trabajo doméstico. Esta última ha sido, desde las más antiguas estadísticas censales, la primera ocupación de las mujeres brasileñas. Melo y Thomé concluyen que la ocupación femenina en el trabajo remunerado, en la mayoría de los casos, corresponde a los trabajos menos calificados y con peor remuneración(2018: 109). Más de cien años de estadísticas nacionales sobre el mercado laboral muestran que las mujeres siguen siendo mayoría en algunas profesiones. El trabajo doméstico es una ocupación eminentemente femenina(94%) y la construcción civil es un espacio masculino(96%)(Soares, Melo y Bandeira, 2014; Melo y Di Sabbato, 2011b). Sin embargo, esta situación ha tenido cambios, especialmente para las mujeres blancas de los estratos medios, debido a su mayor acceso a la educación. Como mencionábamos antes, la participación femenina en el mercado laboral pasó del tradicional cerca del 20%, según el Censo de 1970, a una tasa de participación alrededor del 45%, según el Censo de 2010(Bandeira, Melo, Pinheiro, 2010). Al analizar este boom , Alves afirma que“el crecimiento de la PEA brasileña no fue neutral en cuanto al género”. De hecho,“las mujeres fueron la locomotora del crecimiento del mercado de trabajo brasileño” (2016: 26-27). Según datos de los Censos Demográficos(IBGE), mientras que la PEA masculina creció 3,6 veces en el período de 1950 a 2010, la PEA femenina creció 16 veces(Gráfico 1). Durante este período, la tasa de actividad de las mujeres tuvo un crecimiento significativo y continuo. G G r r á á f fi i c c o o 1 1 . . T T a a sa s s as (% (% ) d ) e d a e ct a i c v t id iv a i d d p a o d r p se o x r o s , e B x r o as , i B l: r 1 a 9 s 5 i 0 l: -2 1 0 9 1 5 0 0-2010 100 80,8 80 77,2 71,8 72,4 71,5 69,9 67,1 60 48,9 44,1 40 32,9 26,6 20 13,6 16,5 18,5 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Fuente: Alves(2016: 26) sobre la base de IBGE, Censos Demográficos, 1950-2010. Fuente: Alves(2016: 26) sobre la base de IBGE, Censos Demográficos, 1950-2010. 534 Mujeres Hombres

BRASIL Entre 1995 y 2015, según datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogar(PNAD) Anual(IBGE), la tasa de actividad 16 masculina disminuyó de 85,2%, en 1995, a 77,6% en 2015. Asimismo, la tasa de actividad de las mujeres tuvo un crecimiento continuo desde 1995, con 54,3% hasta 2005, cuando alcanzó 59,1%, pero sufrió una disminución casi ininterrumpida en el período 2009-2015, año en que alcanzó valores cercanos a los del inicio de la serie observada, llegando al 55,2% en 2015(Gráfico 2). Es decir, la proporción de mujeres en edad activa y que participaban en el mercado laboral creció durante todo el período hasta 2008, con una reversión en los años posteriores. Esta caída se explica por el historial de las tasas de crecimiento del PIB en el período: la crisis financiera estadounidense tuvo un impacto negativo en la economía brasileña, con una caída del PIB en los años siguientes; esta situación empeoró con la grave crisis económica brasileña de 2015-2016, años en los que el PIB decreció 3,3%. Así, la crisis política se ha sumado a la crisis económica y la economía brasileña tuvo bajas tasas de crecimiento y altas tasas de desempleo durante gran parte de la segunda década de este siglo XXI 17 . Desglosado por género, el desempleo sigue siendo mayor entre las mujeres(Teixeira, 2018; IPEA, 2020). G G r r á á fi f c ic o o 2. 2 T . a T s a a s ( a % ( ) % d ) e d ac e t a iv c i t d i a v d id p a o d r s p e o x r o, s B e r x a o s , il B : 1 r 9 a 9 s 5 il : 1995-2015 100 Mujeres Hombres 85,2 82,4 82,2 82,7 81,7 81,6 79,1 79,2 80 82,4 82,5 82,3 81,8 79,7 78,6 77,6 60 55 56,8 59,1 55,8 57 58,6 58,9 56,4 54,3 57,9 59 58,5 55,6 55,2 56 40 20 0 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: IBGE, Estadísticas de género(PNAD Anual). Fuente: IBGE, Estadísticas de género(PNAD Anual). 16. El IBGE define la tasa de actividad como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar(PIA, por sus siglas en portugués). La PEA representa la oferta efectiva de trabajo y considera la población ocupada y desocupada de 16 años o más. 17. Desde 2014, Brasil ha tenido un bajo crecimiento, con tasas de aumento del PIB del 0,5% en 2014, -3,2% en 2015,-2,9% en 2016, 1,3% en 2017, 1,3% en 2018 y 1,1% en 2019(IBGE, Cuentas Nacionales). La tasa de desempleo fue del 9% en 2015, 12% en 2016, 11,8% en 2017, 11,6% en 2018 y 11% en 2019. 535

CONO SUR En ese mismo período, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de fecundidad tuvieron importantes efectos sociales, especialmente entre las mujeres. Por una parte, el menor número de hijos e hijas por familia generó una menor carga de cuidados para las mujeres en lo que se refiere a niñas y niños pequeños; por otra parte, la mayor longevidad aumentó el tiempo de vida productiva de las mujeres 18 . Ambos efectos permitieron su mayor participación en el mercado laboral, aunque no las liberaron de las tareas de cuidado en la familia. La caída observada en la tasa de actividad masculina(Gráficos 1 y 2) puede explicarse por el mayor tiempo dedicado a la educación y la calificación, una característica de la modernización de la economía, con el consiguiente aplazamiento del ingreso al mercado laboral, al mismo tiempo que la salida ocurre relativamente antes, gracias a la mayor cobertura de seguridad social. El conjunto de estos cambios ha hecho que los patrones de participación en el mercado laboral de hombres y mujeres se asemejaran a lo largo del tiempo (Alves, 2016; Wajnman, 2016). Aun así, hoy las mujeres todavía tienen menos inserción en el mercado laboral. Y uno de los factores que explica este fenómeno es que ellas siguen siendo las principales responsables del trabajo de cuidados en la familia. Relatos recopilados durante los meses del aislamiento social causado por la pandemia de covid-19 muestran un aumento en las jornadas de las mujeres en las tareas domésticas y de cuidados, superando las jornadas de los hombres incluso en más de 10 horas(10h 24’) por semana 19 (IBGE, 2020). La afirmación general de que los y las jóvenes tardan más en ingresar al mercado laboral debido a los estudios merece ser replanteada. La posibilidad de estudiar durante más años, ingresar al mercado laboral más tarde y poder salir antes de él, contando con los recursos de la seguridad social, no es la realidad de toda la población brasileña. En las familias de bajos ingresos es mucho menos probable que niños y niñas permanezcan en las escuelas por más tiempo. En estos casos, por lo general las personas de la familia que trabajan no generan ingresos suficientes para mantener a los y las jóvenes en la escuela durante mucho tiempo, lo que obliga a ingresar al mercado de trabajo mucho más tempranamente que los y las jóvenes de familias de mayores ingresos. Por otra parte, los y las jóvenes de familias de bajos ingresos, debido a que solo han tenido acceso a las escuelas públicas, tienen más dificultad para acceder a una plaza en las universidades públicas. Esto se debe al hecho de que, en promedio, la educación pública en Brasil ha mantenido una calidad insatisfactoria. Además, la población rural también vive una realidad 18. Infra se tratará el cambio del perfil de edad de la población brasileña en las últimas décadas. 19. “Cresce diferença de trabalho doméstico entre os géneros”, O Globo , 5/6/2020. http://gda.com/ detalle-de-la-noticia/?article=4152415. 536

BRASIL diferente. Su acceso a la escuela es más precario, especialmente a los niveles de educación posteriores a los básicos. Las personas en la familia comienzan a trabajar temprano y dejan de trabajar más tarde. Además, una importante parte de esta población no tiene acceso a la seguridad social, especialmente las mujeres, como se analiza en este texto. La mayor participación de las mujeres en el mercado laboral ha resultado en un aumento en la contribución de su salario en los ingresos familiares, incluidos los provenientes de jubilaciones y pensiones. Entre 2004 y 2013, el crecimiento económico brasileño tuvo características de mayor inclusión, con un cambio en la composición de las ocupaciones y un aumento en la demanda de mano de obra con educación superior. Sin embargo, esta expansión fue interrumpida por la crisis político-económica que vive el país desde 2015, con bajas tasas de crecimiento del PIB(promedio del 1,3% al año en el período de 2015 a 2019). Un dato preocupante sobre el mercado de trabajo brasileño es la alta tasa de desempleo entre las y los jóvenes, incluso en el período 2004-2014, cuando hubo una reducción en la tasa de desempleo. El desempleo entre 15 a 17 años, según la Encuesta Mensual de Empleo(PME, por sus siglas en portugués, IBGE), pasó del 40% en el período 2002-2009 al 25% en 2010-2014 y volvió al 40% en 2016(Alves, 2016). Los datos de la PNAD Anual(IBGE) muestran que la tasa de participación de la población de 16 a 17 años disminuyó durante todo el período entre 1995 y 2015, pasando del 55,1% en 1995 al 34% en 2015, con un crecimiento solo entre 2001 y 2005(del 44,9% en 2001 al 47,7% en 2015) y en 2012(38,2%). Lo que preocupa en estas estadísticas es que hay un alto porcentaje de jóvenes, de 15 a 29 años, que no trabajan ni estudian(generación no-ni). En 2000, había 8.100.000 de jóvenes en esta condición(o 16,9% de la juventud) y, en 2010, ya eran 8.800.000(o 17,2%), un crecimiento mayor que el de la población de este grupo etario(Camarano y Kanso, 2012). De acuerdo con Novella et al. (2018), en 2017, en Brasil, el 49% de las y los jóvenes solo estudiaban, el 13% solo trabajaban, el 15% estudiaban y trabajaban y el 23% no estudiaban ni trabajaban. Entre los países analizados, solo El Salvador ( jóvenes no-ni representan el 24% de la población juvenil) y México(con el 25%) tenían porcentajes más altos. Chile tuvo el porcentaje más bajo, de solo el 14% 20 . Los datos sobre jóvenes no-ni, discriminados por sexo, muestran que, mientras que el 11,2% de los hombres jóvenes se encuentran en la categoría, para las mujeres este porcentaje aumenta a 23,2% en 2010. Esto muestra que hay un fuerte componente de género en las categorías de inserción de las personas 20. Para la encuesta, se entrevistó jóvenes de 15 a 24 años de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 537

CONO SUR jóvenes en los mercados laborales. Entre las mujeres jóvenes que no estudiaban ni trabajaban en 2010, el 61,2% eran madres, aunque menos del 20% estaban casadas(Camarano y Kanso, 2012). Según Alves(2016: 32),“estas mujeres sufren por el círculo acumulativo de falta de derechos: en el trabajo, en la educación y en la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos”. Según Camarano y Kanso(2012), la categoría de inserción social de las y los jóvenes que más creció entre 2000 y 2010 fue la de jóvenes no-ni. Es alentador el hecho de que la segunda categoría que más creció fuera la de las y los jóvenes que solo estudiaban, especialmente en los grupos entre 15 y 17 años. Entre las mujeres, hubo un importante aumento entre las que solo trabajaban, especialmente de 25 a 29 años. El fenómeno de un número muy alto de jóvenes no-ni remite a cuestiones importantes relacionadas con el crecimiento económico. Significa que una parte considerable de la población joven no tiene la oportunidad de mejorar su calificación. No continuaron sus estudios porque no pudieron acceder a una plaza en una universidad pública o en una institución financieramente asequible, lo que reduce su competitividad en el mercado laboral. Seguramente quedarán relegadas y relegados a trabajos que requieren menos calificación y, por lo tanto, permanecerán con un nivel de ingresos más bajo. Por otra parte, tampoco pudieron ingresar al mercado laboral, lo que les garantizaría un aprendizaje profesional y un mejor currículo para competir por puestos de trabajo en el futuro. Estas y estos jóvenes tenderán a perpetuar su situación de pobreza. Los datos muestran que las familias que tienen al menos una o un joven que no estudia ni trabaja son las que tienen los ingresos más bajos(Camarano y Kanso, 2012), mientras que las familias con al menos una o un joven que trabaja y estudia son las de ingresos más altos 21 . Esta situación también es preocupante al analizar la posibilidad de crecimiento de la economía en su conjunto. Si hay un crecimiento de la economía brasileña, estas y estos jóvenes pueden quedar irremediablemente fuera del mercado de trabajo, o al menos del mercado de trabajo que les garantizaría una mayor oportunidad de avanzar en la escala social. La existencia de tasas tan elevadas de jóvenes que no estudian ni trabajan puede perjudicar la calidad del crecimiento económico futuro y ser uno de los factores determinantes de baja productividad. La perpetuación de la pobreza no solo perjudica a las personas que se mantienen en ella. Hay que entender la incidencia social y económica de este fenómeno. En los últimos años, ha caído la tasa de ocupación de las mujeres, incluso entre las que tienen mayor nivel de educación, lo que atenta contra su empoderamiento y significa que los efectos positivos de un mayor nivel de educación para 21. El ingreso familiar promedio, en 2011, de las familias con al menos una o un joven que no estudiaba ni trabajaba era de US$ 870,38, mientras que el de las familias con al menos una o un joven que trabajaba y estudiaba era de US$ 1.623,02(Camarano y Kanso, 2012: 42). 538

BRASIL la inserción femenina en el mercado de trabajo han perdido fuerza(Alves, 2016). Más que nunca, se necesitan políticas públicas que mejoren la inserción de jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Políticas públicas eficientes son aquellas que permiten el acceso y la permanencia más prolongada de las y los jóvenes en la escuela, especialmente de las clases de bajos ingresos, y les posibilitan acceder más fácilmente a las plazas en universidades o en cursos técnicos y de calificación. Es fundamental, para las mujeres, permitir el amplio acceso a los servicios de salud reproductiva, para reducir los embarazos no deseados o no planificados. Por otra parte, la disponibilidad de plazas en guarderías de calidad y de tiempo completo es esencial, especialmente para las familias de bajos ingresos. Esto permite a las madres jóvenes volver a estudiar después del embarazo o participar en el mercado laboral en mejores condiciones. 3.1. Mercado de trabajo de cuidados y de trabajo doméstico En Brasil, son las mujeres quienes realizan en mayor medida, y han realizado siempre, el trabajo doméstico. Actualmente, cerca del 15% de las mujeres empleadas lo están en este sector. Ellas representan cerca del 9% de las mujeres empleadas como trabajadoras domésticas en todo el mundo y cerca del 18% de las trabajadoras domésticas en América Latina(OIT, 2013) 22 . A pesar de la importancia que ha tenido el trabajo doméstico remunerado en el mapa del mercado laboral, no estuvo cubierto por la legislación hasta 1960, fecha en que la ley 3807 permitió a esta categoría de trabajadoras y trabajadores la facultad de inscribirse en la seguridad social. Posteriormente, como resultado de su movilización, se presentó el proyecto de una legislación especial para las trabajadoras domésticas. En 1972 se logró un nuevo avance y el Congreso Nacional aprobó la ley 5859, que reconocía solo algunos derechos, como la obligación de contrato formal, el derecho a vacaciones anuales remuneradas de 20 días hábiles y el derecho a la seguridad social como aseguradas y asegurados obligatorios. Sin embargo, no regulaba la jornada ni el horario de trabajo, que quedaban a discreción del empleador o la empleadora. Durante los años siguientes, se garantizaron otros derechos, como el pago no obligatorio de ayuda para gastos de transporte para los desplazamientos hogar-trabajo-hogar o vale de transporte(ley 7418, de 1985), que recién se hizo obligatorio en 1987. Esos derechos aplicaban solo a quienes tuvieran un contrato formal de trabajo; en la práctica, menos del 30%. El resto, podía acudir a la Justicia del Trabajo, pero por lo general resultaba en despido. La opción menos costosa era intentar acuerdos, que no siempre eran favorables. 22. Al analizar a las trabajadoras domésticas por color de piel, encontramos que el 18,6% de ellas son negras/morenas y el 10% son blancas(IBGE, 2018). 539

CONO SUR La situación de las trabajadoras y los trabajadores solo cambió con la Constitución de 1988, que incluyó como derechos la definición de un salario mínimo(el mismo que para las demás categorías en el país); la irreductibilidad del salario; el cobro de paga extra anual(subsidio anual); el descanso semanal remunerado, preferiblemente los domingos; el disfrute de vacaciones remuneradas y el cobro de subsidio equivalente a un tercio del salario normal; la licencia de maternidad de 120 días después del parto, sin pérdida de empleo o salario; la licencia de paternidad de cinco días; el preaviso proporcional al tiempo de servicio(al menos 30 días); además de jubilación e integración a la seguridad social. En la primera década de los 2000, se agregó el acceso facultativo al Fondo de Garantía por Duración del Servicio(FGTS, por sus siglas en portugués) y al Programa de Seguro de Desempleo 23 . Sin embargo, una vez más, el acceso a estos nuevos derechos quedaba a discreción del empleador o la empleadora, debido a que no había inspección. En 2006, con el objetivo de alentar la formalización de la categoría, el Gobierno Federal promulgó la Medida Provisional 286, que permitía a la persona empleadora deducir del impuesto sobre la renta el monto pagado por la seguridad social de quien contrataba para el trabajo doméstico. En 2008, siguiendo las recomendaciones del Convenio 182(1999) de la OIT sobre la eliminación del trabajo infantil, que fue ratificado por Brasil en 2000, se promulgó el decreto 6481, que prohibió el trabajo doméstico remunerado de menores de 18 años. La lucha de las mujeres, especialmente de las trabajadoras domésticas, por la igualdad en el mundo del trabajo y en la vida, incidió en que la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo(2011) aprobara un Convenio y Recomendación sobre el trabajo decente para quienes se emplearan en ese sector. En la mayoría de los países, el trabajo doméstico era objeto de una regulación particular que, de manera general, otorgaba reconocimiento de los derechos laborales en menor escala que las demás categorías. El mencionado Convenio fue una victoria porque significó el reconocimiento del trabajo doméstico como una categoría de trabajo que debe disfrutar de igual protección social. La nueva recomendación internacional de la OIT alentó al movimiento sindical de las trabajadoras domésticas brasileñas a luchar por la ampliación de todos los derechos laborales y de seguridad social. Para ello, sería necesario revocar el artículo 7 de la Constitución Federal, que restringía los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores de este sector, y aprobar una Propuesta de Enmienda Constitucional(PEC), lo que ocurrió en 2011. En 2013, se reunieron diversos proyectos que estaban en trámite en la Cámara Federal y que buscaban la ampliación de derechos laborales de esta categoría profesional, a través de la Enmienda Constitucional 72, originada de la PEC 66/2012( PEC de las Trabajadoras Domésticas ). Esta victoria legislativa fue regulada por el Senado Federal en 23. Proyecto de ley de la diputada Benedita da Silva(Partido de los Trabajadores/RJ). 540

BRASIL mayo de 2015 y sancionada por la presidenta Dilma Rousseff en junio de ese mismo año. Setenta y dos años después que el resto de trabajadores y trabajadoras, quienes se emplean en el trabajo doméstico lograron equiparación de sus derechos(Melo y Thomé, 2018: 115-118). Sin embargo, todavía quedó excluido de la regulación el grupo profesional que realiza específicamente el trabajo de cuidado en los hogares y que aún es emergente en la economía brasileña. Personas que trabajan en las casas de las familias cuidando a las personas mayores y/o enfermas, pero que la legislación laboral brasileña no las reconoce como una categoría profesional específica luchan por ella, con un reconocimiento de categoría profesional diferente de la de las trabajadoras y trabajadores domésticos 24 . A su vez, estos avances en la ley a menudo no se constatan en la vida real. Aunque se han garantizado los derechos, ellos no están asegurados en la práctica, lo que es una marca persistente y presente en la sociedad brasileña, altamente desigual. Cerca del 70% de quienes trabajan en el sector continúan sin contratos formales y, por tanto, están fuera del sistema que asegura derechos(Melo, 1998; Pereira et al. , 2016 y Pinheiro, et al. , 2019). Las mujeres, que representan casi el 93%, de las personas que trabajan en el sector del trabajo doméstico remunerado(Gráfico 3) son las más vulneradas. G G r r á á fi fi c c o o 3 3 : . T T r r a a b b a a j j o o d d o o m m é é s s t t i i c c o o : : p p o o r r c c e e n n t t a a j j e e d d e e p p e e r r s s o o n n a a s s o o c c u u p p a a d d a a s s Por sexo, con y sin contrato formal, Brasil, 2012-2018 % Hombres Mujeres 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 Empleo sin contrato formal Empleo con contrato formal 2017 2018 Fuente: PNAD Continua, IBGE, 2018. F 2 u 4 e . n E t l e p : r P o N y A e D ct C o o d n e ti l n e u y a 1 , 1 IB / G 20 E, 1 2 6 0 , 1 q 8 u . e regulaba la“profesión de cuidador de ancianos, niños, personas con discapacidad y enfermedades raras” y que se tramitaba en el Congreso Nacional, se aprobó el 21/5/2020 en el Senado Federal y fue remitido para la sanción del presidente de la República, pero desafortunadamente fue vetado por el presidente Jair Bolsonaro, con la justificación de que la propuesta violaba el artículo 5º, inc. XIII, de la Constitución, al restringir la práctica profesional libre. 541

CONO SUR 3.2. Uso del tiempo: medición y propuestas de políticas públicas El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado(cocinar, lavar, planchar, limpiar, cuidar menores, personas ancianas, enfermas o discapacitadas) se puede contabilizar a través del tiempo dedicado a esas tareas al interior, sobre todo, de las familias. La desigual distribución de ese trabajo entre hombres y mujeres y entre familias, Estado y empresas, asegura, también, la reproducción de la desigualdad al interior de la sociedad. Esta discusión se convirtió en acciones y políticas públicas en Brasil en la primera década del siglo XXI. En los años 2004-2010, Nilcea Freire, en ese entonces ministra del gobierno de Luíz Inácio Lula da Silva y responsable de la SPM/PR, se ocupó de la elaboración de políticas públicas relacionadas con el trabajo no remunerado. Para ello, encargó a los organismos de la Administración federal, el IBGE y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués), una encuesta para medir el tiempo dedicado en la familia al trabajo no remunerado y remunerado(Bandeira, 2010). Así, en 2008 se creó el Comité Técnico de Estudios de Género y Uso del Tiempo, coordinado por la SPM/PR, con la participación de IBGE, IPEA, OIT y ONU. El objetivo era realizar estudios, investigaciones y elaborar indicadores sobre las relaciones de género y el uso del tiempo para apoyar a los organismos gubernamentales de políticas para las mujeres(Hany et al., 2010; Santos y Simões, 2018). Como resultado preliminar, en 2009 el IBGE realizó una encuesta piloto sobre el uso del tiempo, en la que se recolectaron datos en seis capitales brasileñas y que sirvió como base metodológica para la PNAD Continua, que reemplazó a la anterior PNAD Anual a partir de 2015 (Bandeira y Preturlan, 2016). Melo, Considera y Di Sabbato(2007) hicieron la primera estimación del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para los años 2001 a 2005, y concluyeron que en promedio fue equivalente al 11,4% del PIB brasileño del año. En 2016 se repitió el cálculo para el período 2001-2011(Gráfico 4). El valor total del trabajo no remunerado y de cuidados en estos 11 años equivale al 63,7% del PIB del período(Melo, Considera y Di Sabbato, 2016). El mismo estudio mostró que las mujeres dedicaron el doble del tiempo que los hombres a las tareas domésticas y de cuidados y la cantidad de mujeres que las realizaron fue el doble de la de hombres. Así, el ingreso generado por las mujeres en estas actividades durante los diez años analizados es cinco veces mayor que el generado por los hombres en las mismas tareas. Es decir, las mujeres, en este período, produjeron en sus hogares un valor superior a 2/3 del PIB de 2011. Sin embargo, ese trabajo no es reconocido por la sociedad y es ignorado en las estadísticas y análisis económicos(Melo, Considera y Di Sabbato, 2016). Estas investigaciones contribuyeron a evidenciar la invisibilidad y la importancia económica de las tareas domésticas y de cuidados (Soares, 2016: 156-159). 542

BRASIL Gráfico 4: Ingresos anuales generados por las tareas domésticas e G n r B á r f a ic s o il( 4 % . I d n e g l r P e I s B o ) s anuales generados por las tareas domésticas en Brasil(% del PIB) % Método I Método II 14 Promedio 12 10,76 10 10,94 11,10 10,02 10,32 10,75 11,45 11,12 12,86 9,38 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 F F u u en e t n e t : e C : o M ns e id lo e , ra Co y n S s a i b d b e a r t a o y (2 S 0 a 1 b 6 b , t a a t b o la (2 1 0 ) 16, tabla 1). Notas: Método I: valor estimado con base en el ingreso promedio de las trabajadoras y los trabajadores domésticos Notas: Método I: valor estimado con base en el ingreso promedio de las trabajadoras y los trabajadores domésticos (PNAD/IBGE); Método II: valor estimado utilizando la relación del ingreso promedio de las trabajadoras y los trabajadores d ( o P m NA é D st / ic IB o G s E (P ); N M AD ét / o IB d G o E I ) I: y v e a l lo sa r la e r s i t o im m a ín d i o m u o ti r l e iz g a i n o d n o al l m a u re lt l i a p c l i i ó ca n d d o e p l o in r g e r l e s s a o la p ri r o o m m í e n d im io o d p e ro la m s e t d ra io ba n j a a c d io o n ra a s l. y los trabajadores domésticos(PNAD/IBGE) y el salario mínimo regional multiplicado por el salario mínimo promedio nacional. En Brasil, las estadísticas sobre uso del tiempo se limitaron a algunas preguntas en los cuestionarios de la PNAD Continua(2010-2019). Sin embargo, en varios países de la región los resultados de las encuestas de uso del tiempo ya se han incorporado a las Cuentas Nacionales a través de la creación de una cuenta satélite del trabajo no remunerado y de los cuidados(CEPAL, 2018). Según datos, diversos países latinoamericanos ya miden el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado de manera estructurada, como México (en 2014 estimó que el trabajo no remunerado equivale al 24,2% del PIB); Colombia(20,4% del PIB, en 2012); Guatemala(18,8% del PIB, en 2014) y Ecuador(15,2% del PIB, en 2012) 25 . En Brasil, los datos de la PNAD Anual muestran que la jornada de trabajo total de los hombres(trabajo principal y tareas domésticas) fue 25. En 2017, la diputada Ana Perugine(PT/SP) presentó el Proyecto de Ley nº 7812, que tenía el objetivo de crear una cuenta satélite del trabajo no remunerado para Brasil. Se debatió en las Comisiones de la Cámara Federal, pero no se llevó a la Plenaria y se archivó en enero de 2019. 543

CONO SUR de 53,1 horas/semana, en 2004, y se redujo a 50,5 horas/semana en 2015. Mientras, para las mujeres, la jornada laboral total fue de 57,2 horas/semana, en 2004, y también se redujo a 55,1 horas/semana en 2015. Los datos muestran que las mujeres mantienen un exceso de horas en comparación con los hombres de cerca de 4,3 horas/semana. Pero, si consideramos solo el tiempo dedicado a las tareas domésticas no remuneradas, las mujeres dedicaron 20,5 horas/semana en 2015 frente a solo 10 horas/semana de los hombres. En otras palabras, las mujeres dedicaron más del doble de horas/semana que los hombres a los cuidados dentro de la familia(IBGE, 2015). Esta doble jornada de trabajo influye en la menor participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado(Morandi y Melo, 2019). A partir de 2016, la PNAD Continua comenzó a divulgar información desagregada sobre el trabajo de cuidados y las tareas domésticas para las personas mayores de 14 años. En el período 2016-2019(Gráfico 5), la proporción de mujeres que realizaron tareas domésticas y de cuidados es superior al 91%, frente a poco más del 76% de los hombres. Hubo un aumento, entre 2016 y 2017, en el porcentaje de hombres que realizan tareas domésticas, pero se ha mantenido prácticamente constante desde entonces. Con respecto a los cuidados, el porcentaje de mujeres que realizaron tareas de cuidado en su familia fue de aproximadamente el 76%. A su vez, Gráfico 5. Porcentaje de personas de 14 años o más que realizaron tareas domésticas y de c G u r id á a fi d c o o s, 5 2 . 0 P 1 o 6r 2 c 0 e 1 n 9 taje de personas de 14 años o más que realizaron tareas domésticas y de cuidados, 2016-2019 % Tareas domésticas 100 89,7 91,6 92,1 92,0 Mujeres 80 76,3 78,1 78,5 71,9 Hombres 60 Cuidados 40 37,0 2,4 20 21,0 25,6 0 2016 2017 Fuente: PNAD Continua(IBGE), 2019. Fuente: PNAD Continua(IBGE), 2019. 544 37,0 26,1 2018 36,8 Mujeres Hombres 25,9 2019

BRASIL Cuadro 1. Porcentaje de personas de 14 años o más que realizaron tareas domésticas en su hogar(%) TIPO DE TAREA DOMÉSTICA Preparar o servir alimentos, poner la mesa o lavar los platos 2016 2017 2018 2019 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 58,5 95,7 59,8 95,6 60,8 95,5 62,0 95,5 Limpieza o mantenimiento de 55,7 90,8 56,0 90,7 54,0 90,9 54,6 91,2 ropa y zapatos Hacer pequeñas reparaciones o mantenimiento en la casa, el 65,0 33,8 63,1 34,0 59,2 30,6 58,1 30,6 automóvil, los electrodomésticos u otro equipo Limpiar u ordenar la casa, el garaje, el 67,3 77,9 68,3 80,2 68,3 52,2 69,7 83,4 patio o el jardín Cuidar la organización de la casa (pagar facturas, 69,0 71,3 72,0 73,4 71,4 72,9 71,3 74,0 contratar servicios, orientar a empleados) Hacer la compra o buscar precios de 68,2 76,0 71,5 78,0 72,0 77,1 73,5 78,2 artículos para el hogar Cuidar a las mascotas 37,5 42,4 41,3 45,8 43,0 46,9 45,2 49,5 Fuente: PNAD Continua(IBGE), 2019. solo cerca de 25% de los hombres las realizaron. Al analizar la distribución de hombres y mujeres en las diversas actividades de tareas domésticas y de cuidados consideradas en la encuesta(Cuadro 1), se observa la reproducción de la división sexual del trabajo: mujeres más presentes en las actividades relacionadas con el cuidado de la casa y de las personas(limpiar y cocinar, por ejemplo) y hombres presentes en las actividades relacionadas con el mercado (pequeñas reparaciones, en la casa y los automóviles, el pago de facturas, las compras y la búsqueda de precios). 545

CONO SUR 4. Políticas públicas de cuidados en Brasil Para la garantía de los cuidados es imprescindible la elaboración y despliegue de políticas públicas que integren adecuadamente las acciones de las familias, el Estado y la sociedad 26 . Esta sección presenta, de forma sucinta, las principales políticas públicas brasileñas de cuidados dirigidas a la atención de niñas, niños y adolescentes, personas ancianas y con discapacidad, en las últimas décadas, desde la Constitución de 1988. No obstante, no se abordarán las políticas de cuidados relacionadas con las personas con discapacidad, debido a que se aprobaron recientemente 27 . La nueva legislación reconoce que ellas tienen derecho a la autonomía y la capacidad de ejercer actos de la vida civil, en condiciones de igualdad con otras personas. Esta normativa se deriva de un proyecto de ley previo 28 y se ha adaptado a las demandas de los movimientos sociales, así como a los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(decreto legislativo 186/2008), que recomienda la eliminación de cualquier dispositivo que asocie discapacidad con incapacidad. Pero, a pesar del instrumento legal, todavía no hay una política pública asociada a este tema. 4.1. Los cuidados y las políticas públicas para niñas, niños y adolescentes En Brasil, el Estatuto del Niño y del Adolescente(ECA, por sus siglas en portugués, ley 8069, del 13/7/1990) define la protección integral a niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna, y atribuye a la familia, junto con la comunidad, la sociedad y los poderes públicos, el deber de garantizar esta protección. Para el propósito de este trabajo, se seleccionó solo el derecho relacionado con la educación, dentro del alcance de la economía del cuidado. En el siglo XX, la educación se convirtió en un bien esencial para la inserción social y una condición estratégica fundamental para la reducción de las desigualdades sociales y económicas. Actualmente, el sistema educativo brasileño está organizado en dos grandes niveles: la educación básica y la educación superior. La educación básica abarca la educación infantil(0-5 años), la primaria(6-14 años) y la secundaria(15-17 años). Es un sistema descentralizado en el 26. Las Naciones Unidas especificaron las metas que contemplan para las niñas y los niños y adolescentes, personas jóvenes y ancianas en su documento titulado Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ONU, 2015: 1). 27. En 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley Brasileña de Inclusión(LBI), titulada Estatuto de la Persona con Discapacidad(ley 13.164). 28. Proyecto de Ley de 2000, del diputado Paulo Paim(PT/RS). 546

BRASIL que los municipios son responsables de la educación infantil y fundamental; los estados y el Distrito Federal, de la educación media; y la Federación, de la educación superior. Las políticas de cuidados en el campo educativo fueron definidas por la Constitución Federal de 1988, pero la política de guarderías(0-3 años) y centros preescolares(4-6 años) fue regulada por la Ley de Directrices y Bases de Educación Nacional(LDB), de 1996, que convirtió la guardería en un componente de la educación básica(Marcondes y Cruz, 2016). La LDB se complementó con la Enmienda Constitucional 59/2009, que hizo obligatoria la educación a partir de los 4 años, además de garantizar el derecho a una plaza para cada niña y cada niño. En este proceso, fue fundamental la creación del Fondo para el Mantenimiento y el Desarrollo de la Educación Básica y la Valorización de los Profesionales de la Educación(FUNDEB), institucionalizado por ley 11.494 del 20/6/2007, que asigna recursos para la educación básica, regular y profesional, además de la educación de jóvenes y adultos. Esta política promovió un importante crecimiento del acceso a la educación y prácticamente universalizó la educación para las niñas y los niños de 6 a 14 años: en 2013, el 98% estaban en la escuela(Morandi y Melo, 2019; Melo y Thomé, 2018, cap. 5). Sin embargo, es necesario resaltar las enormes responsabilidades que deben asumir las madres y el rol de la familia en lo que se refiere al cuidado de las niñas y los niños pequeños, según lo establecido en las políticas educativas. En la mayoría de los casos, están bajo el cuidado de la familia, especialmente de una mujer de la familia, madre o abuela, u otras integrantes(hermanas mayores) o de la comunidad(vecinas y amigas), porque las guarderías no son suficientes y la cobertura alcanza a solo un 26% de las niñas y los niños de 0 a 3 años(Souza, 2018: 35) 29 . Existe una gran discrepancia al comparar estos datos con los de otros grupos etarios. Las inscripciones en los centros preescolares incluyen el 89% de las niñas y los niños de su grupo de edad y esta cobertura alcanza al 98% para las niñas y los niños de 7 a 15 años y el 63% para adolescentes de 16 a 19 años. La gran mayoría de niñas, niños y jóvenes está inscrita en escuelas públicas(IBGE, 2015). En realidad, la prestación de cuidados a menores en sus edades tempranas tiene un papel importante para la inserción laboral de las mujeres en la actividad remunerada. Por lo tanto, la baja cobertura de guarderías y centros preescolares de tiempo completo amplifica la extrema desigualdad de ingresos existente en Brasil en clave de género. En las familias con mayores ingresos, la insuficiencia de guarderías públicas es contrarrestada con 29. Según los datos del Censo Educativo, en 2005, solo el 10% de las niñas y los niños de 0 a 3 años estaban matriculados en guarderías en Brasil y, en 2019, era 30,9%. Un importante crecimiento en el período, pero la cobertura es aún extremadamente baja. 547

CONO SUR el pago de guarderías privadas o la contratación de personas cuidadoras en los hogares 30 . Durante el gobierno de Dilma Rousseff, la segunda edición del Programa de Aceleración del Crecimiento PAC-2(2011-2014) 31 implementó Brasil Cariñoso, integrado en el Plan Brasil Sin Miseria, cuyo objetivo era expandir la red de guarderías y centros preescolares, destinado a familias de bajos ingresos y beneficiarias del Programa Bolsa Familia. La acción integrada de estos programas tenía como objetivo aumentar los ingresos familiares, proporcionando mayor acceso a los servicios de salud y educación infantil. Con la construcción de nuevas guarderías en zonas rurales y urbanas impulsada por el PAC-2 hubo un importante aumento de plazas y matrículas en guarderías y centros preescolares para estas familias en el período(Marcondes y Cruz, 2016: 187-191). Sin embargo, este programa se interrumpió en 2016, después de la destitución de la presidenta. En el gobierno de Jair Bolsonaro, que reemplazó al de Michel Temer (2016), se creó el programa Niño Feliz, dirigido a la primera infancia, con el objetivo de apoyar a las mujeres embarazadas y fortalecer la responsabilidad de la familia en su papel de cuidadora. Con una visión conservadora de la familia, la propuesta planteaba que la mejor opción para las niñas y los niños pequeños es quedarse en casa, bajo el cuidado de la madre o la abuela, y no en las escuelas(Marcondes y Cruz, 2016: 180-181) 32 . La visión defendida en esta propuesta no solo es retrógrada, sino que también constituye un paso atrás en un momento en que las mujeres están cada vez más presentes en el mercado laboral o necesitan y desean participar de él. Además, es una propuesta prejuiciosa, debido a que fortalece la visión patriarcal de que el cuidado es una“inclinación natural” de las mujeres y que ellas son las responsables de los cuidados y la educación de las niñas y los niños pequeños. Esta propuesta también exime al Estado de cualquier obligación relativa a la prestación de servicios de cuidados y libera a las empresas de la preocupación por el tema del tiempo que necesitan las familias para cuidar a quienes requieren ser cuidados y para el mantenimiento de la vida misma. Además, la visión defendida mantiene a los hombres fuera de las tareas de cuidado dentro de las familias. Por lo tanto, es una política que no 30. Es importante resaltar que los gastos educativos, no solo los relacionados con la guardería, tienen exenciones de impuestos, lo que beneficia a las familias de mayores ingresos, que pueden deducir estos gastos del impuesto a las ganancias, mientras que las familias de bajos ingresos, que no pagan por la educación porque no tienen ingresos, no disfrutan de esta prerrogativa. 31. El PAC-2 fue un programa de inversión pública para las áreas de energía, infraestructura social y urbana, que incluía vivienda y saneamiento, carreteras, aeropuertos, vías férreas, vías fluviales y puertos. En la fase 2, tenía como objetivo reorientar la política económica hacia exenciones, crédito subsidiado e inversiones privadas, como el programa de vivienda popular“Mi Casa, Mi Vida”(Carvalho, 2020, cap. 2). 32. Para más detalles, véase el Suplemento sobre educación infantil(PNAD, 2015), https://biblioteca. ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100137.pdf. 548

BRASIL ayuda en nada a reducir la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres en la familia, mucho menos la desigualdad de género. Esta propuesta también es inadecuada porque, en la actualidad, la gran demanda de la población es de más guarderías de tiempo completo y de calidad y jornadas escolares más largas para todos los grupos de edad. De hecho, se entiende que el régimen actual, de 4 a 5 horas de permanencia en la escuela, contribuye solo para que las mujeres tengan una inserción precaria en el mundo del trabajo, asumiendo ocupaciones informales o a tiempo parcial, para conciliar el cuidado de menores y la familia con el trabajo remunerado. 4.2. Los cuidados y las políticas públicas relacionadas con la población adulta mayor En Brasil, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1950 y 1970, hubo un rejuvenecimiento de la población, con una reducción en la tasa de mortalidad infantil, como resultado de mejoras relacionadas con el saneamiento básico, avances en la medicina, urbanización y mejora de la calidad de vida de la población. Como consecuencia de la caída en la tasa de mortalidad, se dio un aumento de 35 años en la esperanza de vida promedio de la población. Paralelamente, desde mediados de la década de 1960 se produjo una caída en la tasa de fecundidad promedio, como resultado del aumento de la urbanización y de la escolarización de la población, especialmente las mujeres, la difusión de los métodos anticonceptivos y la influencia del movimiento feminista y sus propuestas de cambios en el rol de las mujeres. A pesar de la caída en la tasa de fecundidad, a partir de la década de 1950 y principalmente desde 1970, el país experimentó un bono demográfico 33 , que se revertirá a partir de 2021 o 2024, dependiendo de las edades utilizadas para definir la población dependiente, ya sea hasta los 14 o hasta los 15 años y a partir de los 60 o 65 años. Durante este período, la población dependiente(menores y personas ancianas) creció relativamente menos que la población económicamente activa. Este fenómeno, cuando se acompaña de inversiones en salud, educación y empleo, permite un crecimiento económico más rápido y la mejora de la calidad de vida de la población. Además, si se adoptan políticas de distribución de ingresos y reducción de la desigualdad, se da un paso decisivo hacia un crecimiento de calidad y una mayor inclusión(Alves, 2016; Morandi y Melo, 2019). 33. El bono demográfico es“una ventana de oportunidad que ocurre cuando la estructura de edad de la población permite reducir la tasa de dependencia”, representada por el“coeficiente entre el grupo de edad de la población definido como económicamente dependiente –los menores de 15 años y los mayores de 60 o 65 años– y el grupo de edad potencialmente productivo –entre 15 y 60 años–” (Alves, 2016: 23). 549

CONO SUR Sin embargo, para este cambio cualitativo, es necesario establecer directrices que conduzcan a la reducción de la desigualdad y la pobreza, el aumento en el ingreso per cápita, en la productividad en los diversos sectores productivos, además de la mejora general en las condiciones de vida de la población. Si se pierde esta oportunidad, la posibilidad de cambiar la calidad del crecimiento se hace más difícil(Alves, 2016: 23). El número promedio de hijas e hijos por mujer, que era de 4,4 en 1980, se redujo a cerca de 1,72 en 2015(IBGE, 2019). Esta caída en la fecundidad ocurrió de manera similar en todas las regiones brasileñas y en diferentes clases sociales(Bandeira, Melo y Pinheiro, 2010). Ese es uno de los factores que ha condicionado el envejecimiento de la población. Se estima que, en 2017, la población brasileña de más de 60 años ascendía a aproximadamente 28.000.000 de personas, lo que corresponde al 13,8% de la población total(IBGE, 2018). En consecuencia, las demandas de cuidados aumentan y estas recaen principalmente en las mujeres. Este proceso de envejecimiento de la población ocurre en un contexto de transformaciones estructurales familiares, con cambios en la nupcialidad y el ingreso masivo de las mujeres en el mercado laboral. La mayor participación de las mujeres en el mercado laboral ha condicionado la modificación del modelo de familia: mujer cuidadora – hombre proveedor. Ahora, más que antes, las mujeres prestan trabajo remunerado, aunque continúa siendo menos que el de los hombres, y ellas tienen también las responsabilidades de cuidado en los hogares. Además, las familias han tenido otras transformaciones: son más frecuentes las separaciones, los divorcios, las familias más pequeñas y las mujeres en empleos remunerados. Eso ha conducido al debilitamiento de los lazos familiares y ha puesto en riesgo el antiguo contrato intergeneracional de acuerdo con el cual padres y madres cuidaban de sus hijos e hijas, quienes, a su vez, cuidarían a sus progenitores en la vejez(Goldani, 1999: 76-77). Según Camarano, Kanso y Mello(1999), la legislación brasileña 34 establece que las personas mayores deben ser cuidadas preferiblemente en sus hogares, dado tanto los altos costos del cuidado formal, especialmente el institucional, como la creencia de que la familia las cuida mejor. Esa situación vulnera especialmente a las mujeres, que son la mayor parte de la población envejecida en el país 35 . Además, el envejecimiento acentúa las desigualdades provenientes del sexo, color de piel, clase social y situación matrimonial o estado civil, y que determinan la calidad de vida y la salud. Debido a que un importante porcentaje de mujeres brasileñas mayores no participaron en el mercado laboral formal o lo hicieron en empleos con menores ingresos, la desigualdad de género entre hombres y mujeres aumenta en la vejez(Melo y Oliveira, 2009). 34. Política Nacional para las Personas Mayores(1994) y Estatuto de las Personas Mayores(2003). 35. Según el IBGE(2015), del total de personas mayores en Brasil, las mujeres representan cerca del 56%. 550

BRASIL El envejecimiento de la población, asociado con la disminución de la fecundidad, puede conducir a una reducción en la demanda de cuidados hacia niñas y niños, lo que contrarrestaría el aumento en la demanda de las personas mayores. Pero, a largo plazo, puede producirse una reducción en la cantidad de personas disponibles para cuidar lo que supondrá la profundización de la crisis de cuidados. Si bien las proyecciones de población apuntan a un escenario de aumento en la proporción de personas mayores en Brasil para los próximos 20 años, este tema todavía no es parte de las preocupaciones más urgentes de las políticas públicas definidas por el Estado, aunque existe una legislación protectora que, de manera general, sigue las directrices definidas por la ONU. Según Debert(2016: 249), la Política Nacional para las Personas Mayores(1994) y el Estatuto de las Personas Mayores(2003) 36 son importantes ejemplos del avance legal sobre el tema del envejecimiento de la población. Algunos de los logros son: el derecho al transporte urbano gratuito para mayores de 65 años y el derecho(art. 203) a la prestación de atención continua para personas mayores y con discapacidad, en situación de vulnerabilidad 37 . Asimismo, la ley universalizó la atención a las personas mayores y/o con discapacidad en la zona rural, además de otorgarles el derecho a la seguridad social bajo un régimen especial. Este cambio resultó en importantes avances en la protección social para las personas mayores en la zona rural, en particular para las mujeres, poco contempladas por el Funrural 38 , cuyo criterio legal para otorgar el derecho a recibir la seguridad social era que la persona fuera “jefe de la familia”, rol que generalmente correspondía al hombre de la casa (Delgado y Cardoso Jr., 1999). Otro logro fue la creación de comisarías policiales para la protección de las personas mayores, presentes en gran parte de las capitales brasileñas, desde la instalación de la primera de ellas, en la ciudad de San Pablo, en 1992. Según Debert, la mayoría de las quejas recibidas en estas comisarías especiales se refieren a la relación entre la persona mayor y sus familiares y otros habitantes de la misma casa. Sin embargo, una gran parte de estas quejas ni siquiera se convierte en informes o investigaciones policiales(pp. 252-253). Es decir, las quejas no se analizan en profundidad ni se toman lo suficientemente en serio. 36. El Estatuto de las Personas Mayores, Ley Federal 10.741/2003, es un importante instrumento de ciudadanía y protección para las personas de 60 años o más. Apoya, a través de orientación técnica o asistencia financiera,“los programas y proyectos de manera descentralizada a través de estados y municipios, con la ejecución de servicios a través de entidades gubernamentales y no gubernamentales, estableciendo un amplio sistema de alianza y articulación”(Faleiro, 2016: 546). 37. Esta prestación estaba establecida en la Ley Orgánica de Asistencia Social(arts. 21 y 22, 1993), regulada por el decreto 1744 del 8/12/1995 e implementada a partir de enero de 1996. 38. Funrural- Fondo de Asistencia al Trabajador Rural es una contribución social utilizada para pagar las jubilaciones y pensiones de las trabajadoras y los trabajadores rurales. 551

CONO SUR En el caso de Brasil, la protección social para las personas mayores tiene su propia legislación, pero el problema es que aún hay obstáculos en su implementación. Según Souza(2018: 43-44), la marca distintiva de los servicios de cuidados en el país es la informalidad y la ausencia de políticas públicas sólidas. Quienes brindan servicios informales de cuidados domiciliarios a las personas mayores, en su gran mayoría mujeres, lo hacen sin contratos o con contratos de trabajo doméstico, porque la legislación laboral no reconoce la especificidad del trabajo de cuidados. La actuación del Estado con políticas públicas para las personas mayores está representada por las Instituciones de Larga Permanencia para Ancianos(ILP), el Programa de Salud Familiar(PSF), los Centros de Día, además de los programas de transferencia de ingresos(Camarano y Barbosa, 2016). Las ILP prestan un cuidado formal e involucran una atención integral para las personas mayores, como también ocurre con los Centros de Día(que son espacios de convivencia social) y los Hospitales de Día 39 . Estos servicios son ofrecidos por profesionales especializados, tanto del sector público como privado. Es común pensar en solo dos alternativas para el cuidado de las personas mayores. Una es la familia misma y la otra son las instituciones de residencia permanente. Sin embargo, otra modalidad es que el Estado o el sector privado brinden servicios de apoyo, asistencia o soporte, que complementen los cuidados que suministra la familia. Para Camarano (2013), hay un vacío de políticas públicas de cuidados y, al mismo tiempo, un cierto prejuicio hacia las instituciones de larga permanencia. Según Souza(2018: 49), si bien el sistema de protección brasileño de las personas mayores tiene fallas en cuanto al suministro de servicios de cuidados, existe una alta protección de la seguridad social. En un artículo del periódico O Globo 40 , la investigadora Ana Amélia Camarano(IPEA) afirma que, en el 21,6% de los hogares brasileños, más de la mitad de los ingresos provienen de la seguridad social de familiares mayores, personas jubiladas o pensionadas. En ese mismo artículo, el profesor João Saboia(UFRJ) sostiene que, de las 30.000.000 de personas de 60 años o más(cerca del 15% de la población brasileña), solo el 5% no tiene ingresos. En otras palabras, la gran mayoría de las personas mayores tiene acceso a la seguridad social o algún otro tipo de prestación de asistencia social. Sin embargo, lo que preocupa en esta situación es que las turbulencias políticas nacionales de los últimos años, junto con la aprobación de las reformas laboral(2017) y de la seguridad social 39. En 2019, según el Censo del Servicio Unificado de Asistencia Social −SUAS(2020)−, había en Brasil 8.357 Centros de Referencia de Asistencia Social(CRAS) para personas mayores, de ellos, solo dos con servicio de atención las 24 horas; los demás son centros de día. Del total, 530(6%) son de entidades sociales. 40. “Base da Família. Idosos respondem por mais da metade do orçamento em 20% dos Lares”, 25/5/2020, p. 13, Suplemento Economía. 552

BRASIL (2019) 41 , crearon muchas incertidumbres con respecto a la garantía de continuidad y mantenimiento de estas y otras políticas de bienestar en el país. Se han presentado a la Cámara Federal algunas propuestas de políticas de cuidados para la población mayor. La primera fue el Proyecto de Ley 2019/2015, del 18 de junio de 2015, de la diputada Cristiane Brasil(PTB/RJ), que propuso la creación de una Política Nacional de Cuidados con el objetivo de establecer acciones integradas. Para ello, promueve la creación de un Comité Gestor, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y los Ministerios de Salud y Desarrollo Social y cuya responsabilidad de ejecución estaría a cargo de los estados y municipios. Sus principios eran el respeto a la dignidad de las personas y el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, especialmente de las personas vulnerables. El proyecto se archivó al final del período legislativo, en enero de 2019. En la Legislatura actualmente tramita el Proyecto de Ley 5791/2019, presentado por la diputada Leandre(PV/PR), que propone instituir la Política Nacional del Cuidado, dirigida a las personas que dependen de ayuda para realizar sus actividades diarias. El objetivo de este proyecto es repartir mejor las responsabilidades entre las familias, el Estado, el sector privado y el tercer sector. Con este fin, promueve la creación de un Comité Gestor compuesto por la Federación y representantes de los ministerios que cuentan con servicios de cuidados, para promover la autonomía de las personas que los requieren, además de la valoración de las cuidadoras profesionales, familiares y la comunidad. 5. Conclusiones Esta reflexión sobre los cuidados en Brasil se redactó en medio de la pandemia de covid-19, la cual evidenció la vulnerabilidad humana y trajo al centro de la escena profesiones relegadas a la subordinación y ejercidas principalmente por mujeres, ya sea en los hospitales o dentro de los hogares. Esto se debe a que el cuidado lo realizan principalmente ellas. En el ámbito privado, son económicamente dependientes, porque hacen este trabajo“por amor” y son ignoradas por la sociedad, que alaba su papel de madres o las oprime. Cuidar personas también significa sacar de la invisibilidad a quienes brindan y reciben cuidados, además de reclamar políticas públicas adecuadas. 41. Estas reformas provocaron importantes cambios. La reforma laboral redujo las leyes de protección al trabajador y la trabajadora y permitió la contratación temporal para todo tipo de tarea mediante un contrato que no genera vínculo laboral ni acceso a los derechos laborales de la contratación formal de mano de obra. El resultado no fue el preanunciado aumento del empleo, sino un aumento de la informalidad en el mercado laboral brasileño. En cuanto a la reforma de la seguridad social, las principales críticas se refieren al tiempo mínimo de cotización de 20 años, el endurecimiento en el otorgamiento de jubilaciones rurales y las reducciones en los valores de las pensiones y ayudas, resultando en una mayor dificultad de acceso y jubilaciones más bajas. 553

CONO SUR Los cuidados tienen un gran impacto en la vida de las mujeres. Ellas son las principales responsables de estas tareas en sus familias, como trabajo no remunerado, y también representan la mayoría de las personas que proporcionan estos servicios a otras familias o instituciones, en la forma de trabajo remunerado. La discusión sobre los cuidados incluye la interseccionalidad de las relaciones sociales de poder relacionadas con el género, la raza y la clase social y es una agenda fundamental para desvelar las desigualdades de género en la sociedad. Es necesario dar visibilidad al trabajo de cuidados y repartir su responsabilidad de forma socialmente más equilibrada. La politización del cuidado es el desafío de las mujeres en el siglo XXI. En este momento de pandemia, es necesario que el reconocimiento de la importancia de los cuidados ocurra no solo en el ámbito privado, en las familias, sino en la sociedad en su conjunto, reclamando al Estado políticas públicas específicas. Esto requiere que, además del reconocimiento tardío de la categoría de trabajadoras y trabajadores domésticos que hizo Brasil en 2013, se acojan también las demandas de las trabajadoras de cuidados que prestan servicios a las personas mayores, con discapacidad y niñas y niños, en actividades que requieren calificación profesional. Es necesario politizar el uso del tiempo, evaluar su importancia para las actividades que realizan hombres y mujeres y cómo en ellas se reflejan los roles sociales y las desigualdades de condiciones y oportunidades experimentadas de manera diferente por unos y otras en el mercado de trabajo y en el acceso a los ingresos y la riqueza, y proponer una medición de las tareas domésticas y de cuidados que se incluyan en el cálculo del PIB para afirmar la idea de que estos trabajos son fundamentales para el funcionamiento de la economía en su conjunto. En el siglo XXI, en Brasil, el pensamiento económico feminista ha cobrado fuerza en el debate académico; en este el tema de los cuidados es uno de los principales vectores analíticos, enfatizando que deben analizarse desde una perspectiva multidisciplinaria. Por vías paralelas, la economía feminista desnuda el tema del trabajo como principio de autonomía e independencia de las personas, así como fuente de satisfacción de las necesidades humanas. Al explicar las múltiples desigualdades de género, raza y clase que se expresan en los indicadores del mercado laboral se demuestra la precariedad de la inserción femenina en el mundo del trabajo y las pérdidas resultantes. Dar visibilidad a las tareas domésticas y al trabajo de cuidados, demostrando que su producción es fundamental para la supervivencia y el bienestar de las personas y para la producción económica del mercado actual, es un paso fundamental hacia la reducción de las desigualdades de género y raza/color. Este es un paso clave para permitir que las mujeres alcancen la plenitud de sus potencialidades, tanto en términos productivos como de realización personal. El empoderamiento de las mujeres también comienza con el aumento de su independencia económica. Para que ello sea posible, ellas tienen que 554

BRASIL lograr más espacio e igualdad en el mercado laboral. La independencia económica crea empoderamiento y tiene varios efectos beneficiosos, incluso la reducción de la violencia de género. Este cambio requiere que la legislación brasileña se adapte al nuevo mundo, como se discutió a lo largo de este trabajo. Aunque es fundamental tener una buena normativa, no es suficiente, como hemos demostrado en el análisis de la legislación laboral brasileña. Para complementarla es necesaria la participación clara y comprometida de las políticas públicas. El mero ingreso al mercado de trabajo no es suficiente. Se necesitan políticas destinadas específicamente a reducir las desigualdades y de redistribución de ingresos. Para que las mujeres participen más en el mercado laboral, para que las y los jóvenes tengan una mayor oportunidad de seguir estudiando y perfeccionándose, y trabajar, y no caigan en la situación de desesperanza( jóvenes no-ni) son necesarias guarderías y escuelas públicas de calidad y de tiempo completo, pleno acceso a agua tratada y recolección de aguas residuales y basura, transporte público de calidad y pleno derecho a la salud. Y todas estas políticas son mucho más importantes para las familias que no pueden pagar por ello, para las familias con ingresos más bajos. Esto solo es posible si la discusión sobre género y raza y los temas relacionados con los cuidados se consideran parte del rol del Estado. Las desigualdades, de cualquier nivel o contenido, no pueden verse como un problema privado ni pueden resolverse de forma privada. Lista de siglas utilizadas CEDAW CEPAL CLT CNDM CRA ECA FGTS FIOCRUZ FUNDEB IBGE ILP IPEA LDB MDB/SP Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Comisión Económica para América Latina y el Caribe Consolidación de las Leyes de Trabajo Consejo Nacional de Derechos de la Mujer Centro de Referencia de Asistencia Social Estatuto del Niño y del Adolescente Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio Fundación Oswaldo Cruz Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la Valorización de los Profesionales de la Educación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística Institución de Larga Permanencia para Ancianos Instituto de Investigación Económica y Aplicada Ley de Directrices y Bases de la Educación Movimiento Democrático Brasileño, San Pablo 555

CONO SUR OEA OIT ONU PAC PEA PEC PIA PIB PME PNAD PNPM PSF PTB/R PV/PR RJ SCN SP SPM SPM/PR SUAS SUS UFF UFRJ Organización de los Estados Americanos Organización Internacional del Trabajo Organización de las Naciones Unidas Programa de Aceleración del Crecimiento población económicamente activa Propuesta de Enmienda Constitucional población en edad activa producto interno bruto Encuesta Mensual de Empleo Encuesta Nacional por Muestreo de Hogar Plan Nacional de Políticas para las Mujeres Programa de Salud Familiar Partido Laborista Brasileño, Río de Janeiro Partido Verde, Paraná Río de Janeiro(estado) Sistema de Cuentas Nacionales San Pablo(estado) Secretaría de Políticas para Mujeres Secretaría de Políticas para Mujeres de la Presidencia de la República Sistema Unificado de Asistencia Social Sistema Único de Salud Universidad Federal Fluminense Universidad Federal de Río de Janeiro Referencias Alves, J. E. D.(2016).“Crise no mercado de trabalho, bônus demográfico e desempoderamento feminino”, en N. R. Itaboraí y A. M. Ricoldi(orgs.), Até onde caminhou a revolução de gênero no Brasil?: implicações demográficas e questões sociais , Belo Horizonte, MG: ABEP, pp. 21-44. Arranz, M.(2020).“¿Cuánto vale el trabajo que las mujeres realizamos de forma gratuita?,” La Marea (Córdoba), 5 de marzo. https://www.lamareanoticias.com. ar/2020/03/05/cuanto-vale-el-trabajo-que-las-mujeres-realizamos-de-forma-gratuita/ Bandeira, L.(2010).“Importância e motivação do Estado Brasileiro para pesquisas de uso do tempo no campo de gênero”, Revista Econômica , vol. 12, n. 1, junio, pp. 47-63. Bandeira, L., y H. P. de Melo(2010). Tempos e memórias: movimento feminista no Brasil , Brasília/DF, Secretaria de Políticas para as Mulheres, diciembre. 556

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Cono Sur 1. Uruguay 2. Chile 3. Brasil 4. Paraguay

PARAGUAY La organización social del cuidado en Paraguay. Tensiones y retos para la igualdad Patricio Dobrée, Lilian Soto, Myrian González y Clyde Soto 563

Patricio Dobrée. Licenciado en Filosofía y máster en Antropología Social. Investigador del Centro de Documentación y Estudios(CDE). Sus líneas de trabajo están referidas a temas relacionados con la igualdad de género y de modo más específico con la economía del cuidado. Co-coordinador del Grupo de Trabajo“Economía feminista emancipatoria”(CLACSO) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Lilian Soto. Médica, máster en Administración Pública y diplomada en Presupuestos Públicos pro Equidad de Género. Ocupó cargos de responsabilidad gremial, político-partidarios y públicos. Investigadora en el campo de las Ciencias Sociales y consultora en género, políticas públicas y administración pública. Myrian González Vera. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Asunción. Diplomada en Género y Políticas Públicas. Directora ejecutiva del Centro de Documentación y Estudios(CDE). Forma parte de equipos de trabajo relacionados con derechos humanos, igualdad de género y feminismos. Clyde Soto. Feminista y activista de derechos humanos. Investigadora y coordinadora del Área Mujer del Centro de Documentación y Estudios (CDE). Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Asunción y diplomada en Género y Políticas Públicas(FLACSO- Argentina). Integra el Comité Directivo de CLACSO(período 2019-2021), la coordinación regional de la Articulación Feminista Marcosur(AFM) y es parte de la Coordinación de Mujeres del Paraguay(CMP). 564

PARAGUAY Índice Introducción 567 1 Contexto y marcos sobre los cuidados 570 1.1. Más tiempo de trabajo no remunerado 571 1.2. Tensiones entre el mundo del trabajo y la familia 576 1.3. El cuidado y la persistencia de la pobreza 581 2 Las políticas de cuidado en Paraguay 583 2.1. El reconocimiento del derecho al cuidado en Paraguay 584 2.2. Contexto normativo relativo a los cuidados 586 2.3. Avance hacia una política nacional de cuidados 589 2.4. Políticas existentes sobre cuidados 590 3 Los servicios de cuidado en la sociedad civil y el mercado 595 3.1. El voluntariado vecinal y las organizaciones comunitarias 596 3.2. Las organizaciones sindicales y centrales obreras 599 3.3. Las fundaciones y las iglesias 600 3.4. El mercado y las empresas 602 4 Voces, debates y propuestas para avanzar hacia una política sobre el derecho al cuidado 605 4.1. La acción y el discurso estatal: el GIPC y su hoja de ruta 606 4.2. Las organizaciones de la sociedad civil: acciones y agenda 609 4.3. Las trabajadoras del hogar remuneradas y su rol en el debate sobre los cuidados 613 5 Conclusiones 616 Lista de siglas utilizadas 619 Referencias 620 Anexo 623 565

Introducción PARAGUAY C omo la mayoría de los países de la región, Paraguay atraviesa un momento en el cual los términos clásicos del contrato de género son fuertemente cuestionados por una serie de transformaciones demográficas, socioeconómicas y culturales 1 . En las últimas décadas, han variado los patrones de fecundidad de las mujeres con una tendencia a reducir el número de hijos e hijas y, si bien gran parte de la población paraguaya continúa siendo joven, la proyección para los próximos años es que aumente el número de personas ancianas. Por otro lado, las mujeres en general han incrementado su participación en el mercado laboral a la par que han superado a los hombres en el número de años de estudio. A todo esto, principalmente entre las generaciones de mujeres más jóvenes y urbanas, se suman cambios masivos en los modos de entender su rol y posición en la sociedad, en consonancia con la revisión de paradigmas que plantea el movimiento feminista, visibles en varias expresiones de alcance regional y global como Ni Una Menos y el 8-M. Lo cierto es que todas estas transformaciones impactan en el conjunto de representaciones, prácticas y reglas explícitas o implícitas que ordenan las relaciones de género y, entre ellas, las que determinan los arreglos para resolver los cuidados. 1. Datos detallados sobre estas transformaciones pueden encontrarse en CEPEP(2009), Zavattiero y Serafini(2016), Serafini y Egas(2018). 567

CONO SUR En términos generales, el cuidado designa una serie de actividades imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y la reproducción de las personas, incluyendo los elementos físicos, simbólicos y emocionales que permiten vivir en sociedad(Rodríguez Enríquez, 2014). La centralidad de esta actividad para la vida humana reside en el hecho de que todas las personas somos seres interdependientes. Ello quiere decir que necesitamos unas de otras para vivir bien, que todos y todas demandamos cuidados y podemos proporcionar cuidados, aunque haya momentos del ciclo de vida o ciertas circunstancias en las que la necesidad de recibirlos se vuelve más imperiosa, como en el caso de los niños y las niñas muy pequeños o de las personas ancianas, que están enfermas o que tienen alguna discapacidad que limita su autonomía. Este tipo de actividades cotidianas cuyo fin es brindar ayuda o apoyo en la vida diaria abarca dimensiones materiales, económicas, afectivas, morales y jurídicas(Batthyány, 2015). Partiendo de este eje conceptual puesto en lo relacional y en el interés por el bienestar del otro, se puede decir que existen muchas formas de cuidar. Hay modos de cuidado directo(como alimentar o bañar a un o una bebé, entre muchas otras tareas que implican una relación cara a cara), formas de cuidados indirectos o actividades que operan como una precondición para el cuidado(el trabajo doméstico en general, por ejemplo) y actividades ligadas a gestiones cotidianas que también forman parte del cuidado(coordinación de horarios, traslados, supervisión de tareas de cuidados que realizan otras personas)(Rodríguez Enríquez, 2014). Dos de las características distintivas del trabajo de cuidado es que está socialmente asignado a las mujeres y que habitualmente se realiza de modo no remunerado en la esfera doméstica. Es cierto que este tipo de actividad puede igualmente efectuarse en diferentes contextos institucionales y en el marco de intercambios monetarios, como cuando se cuida en un centro de atención infantil o se recurre a la contratación de trabajo doméstico; no obstante, más allá de los diversos marcos y modalidades bajo los que se efectúa, lo que resulta invariable es que se trata de un tipo de tarea altamente feminizada y generalmente invisibilizada y poco valorada. La conceptualización del cuidado en América Latina ha estado fuertemente ligada a los análisis feministas y marxistas sobre el trabajo, la división sexual del trabajo, el sistema reproductivo y el trabajo doméstico (Batthyány y Genta, 2018). Inicialmente, antes de adquirir una entidad teórica propia, los cuidados fueron subsumidos en la categoría de trabajo doméstico, formando parte del trabajo no remunerado usualmente atribuido a las mujeres en los hogares. Este planteamiento permitió situar el trabajo gratuito realizado por las mujeres a la par y con la misma importancia que el trabajo desarrollado para el mercado. Mediante el uso de la categoría de la división sexual del trabajo fue posible entender cómo socialmente se 568

PARAGUAY asignan de manera diferenciada y desigual distintos roles a los hombres y las mujeres, con consecuencias concretas para estas en su capacidad de ejercer los derechos vinculados con su ciudadanía social(Batthyány, 2009). Esta clase de observaciones permitió a las investigadoras feministas explicar cómo el modelo capitalista sienta sus bases sobre dispositivos de apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres desde el momento en que transfiere a los hogares los costos de la reproducción de trabajadores y trabajadoras y de su mantenimiento cotidiano. Sobre esta base, la organización social del cuidado se refiere al modo en que diferentes actores, como las familias, el Estado, el sector privado y la comunidad, producen y distribuyen el cuidado en una sociedad y en un momento determinados. Entre estos actores se establecen relaciones siempre dinámicas y complejas, caracterizadas por múltiples formas de encadenamiento, así como por desencuentros y tensiones. En el caso de Paraguay, la provisión de cuidados depende fundamentalmente de la disponibilidad de un grupo familiar solidario, donde las mujeres cumplen un papel preponderante. De ahí que se pueda hablar de una organización familista de los cuidados. Sin embargo, las relaciones que se producen entre lo que sucede dentro y fuera de las familias pueden variar. Si bien existen configuraciones relativamente estables, como señalan Filgueira y Martínez Franzoni(2019), los cambios que ocurren en algunos de los componentes que dan forma a este régimen o sistema(una política de cuidado infantil, por ejemplo) contribuyen a reacomodar otros factores que forman parte de este orden(como la participación de las mujeres en el mercado de trabajo). Por esta razón, utilizando las categorías de Saraceno(2016), se podría decir que la sociedad paraguaya transita lentamente de un familismo por defecto(familialism by default) a un familismo con apoyo(s upported familialism ). El“familismo por defecto” se produce cuando no existen alternativas públicas para resolver las necesidades de las personas y el“familismo con apoyo”, en cambio, ocurre cuando, sin dejar de atribuir a la familia la función de provisión de bienestar, el Estado colabora en la realización de este trabajo mediante ciertas políticas que brindan apoyo a través de servicios, recursos o normativas. Este artículo se inscribe en el marco de estos debates e intenta reflejar tanto las dinámicas como las inercias que modelan en la actualidad la organización social del cuidado en Paraguay. El texto se divide en cuatro partes y una conclusión. El primer apartado presenta un panorama general sobre la distribución del trabajo de cuidados y su impacto en el mercado laboral, tomando en cuenta variables que muestran las situaciones diferenciadas que experimentan distintos grupos de mujeres. La segunda parte está dedicada al relevamiento de la noción del derecho al cuidado en Paraguay contemplada en algunos de los principales instrumentos del corpus normativo vigente en el país y posteriormente se concentra en las 569

CONO SUR políticas de cuidados que integran la arquitectura institucional del Estado paraguayo. La tercera sección aborda la matriz de servicios de cuidados que se ofrecen en el ámbito privado y en la comunidad. Luego, el cuarto apartado presenta algunos de los principales debates que se producen en torno a la temática de los cuidados en Paraguay, recuperando las trayectorias históricas de estas posturas y caracterizando a sus principales actores. Finalmente, el artículo presenta conclusiones que resumen el análisis desarrollado. Esperamos que contribuya a profundizar la comprensión de uno de los nudos críticos de la desigualdad de género y estimule acciones para desmantelarlo y lograr un avance real en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 1. Contexto y marcos sobre los cuidados La atribución de la responsabilidad principal del cuidado a las mujeres como resultado de la división sexual del trabajo es una barrera indiscutible para el ejercicio de sus derechos sociales y económicos(Batthyány, 2015). A su vez, el cuidado opera como un campo donde se refuerzan y agudizan diversas formas de desigualdad a partir de la intersección entre los patrones de género tradicionales y factores que producen otro tipo de distancias sociales injustas como la clase, la etnia, la edad o el lugar de origen. Estas afirmaciones se apoyan en evidencias sólidas que aportan desde hace décadas las estadísticas del mercado laboral y, de modo más reciente, las encuestas sobre uso del tiempo que se han realizado en la región. En el caso específico de Paraguay, se destacan tres cuestiones importantes. La primera y más obvia es que, como en muchísimas sociedades del planeta, la mayor carga de trabajo reproductivo –incluyendo el trabajo de cuidado– recae sobre las mujeres. La segunda es una asociación entre el incremento de las responsabilidades de cuidado, la formación de vínculos familiares y el hecho de encontrarse en la plenitud de la edad laboral activa. Como es de esperar, esto supone una fuerte presión sobre las mujeres, para quienes la pregonada conciliación de las responsabilidades familiares y laborales es difícil de lograr. Finalmente, la tercera cuestión que se advierte en Paraguay es que el cuidado podría tener significados distintos para las mujeres según su posición socioeconómica. La evidencia sugiere que, para las mujeres que tienen mayores ingresos, el cuidado podría representar una actividad que despierta interés y recibe atención, en tanto que, para las mujeres con menos recursos económicos, constituiría un mandato que se debe cumplir a la par de muchas otras tareas. A continuación, se presentan los datos sobre los que se sostienen estas afirmaciones. 570

PARAGUAY 1.1. Más tiempo de trabajo no remunerado En Paraguay, el cuidado de uno o varios miembros de la familia forma parte de la vida cotidiana de la mitad de la población mayor de 14 años 2 (Tabla 1). Considerando que las personas somos seres interdependientes que necesitamos y podemos ofrecer cuidados en distintos momentos de nuestras vidas, este dato en principio podría ser interpretado como un hecho poco llamativo. Sin embargo, su aparente neutralidad encierra por lo menos dos cuestiones claramente problemáticas. En primer lugar, como se mencionó, la sociedad paraguaya se caracteriza por un marcado sesgo familista, lo cual significa que naturaliza la idea de que el grupo familiar es el principal y a veces único responsable del cuidado de las personas. Esta asociación opera como un fuerte mandato que pesa sobre la familia, sin considerar si la provisión de cuidado se realiza en condiciones extenuantes e inadecuadas o si se dispone o no de alternativas para delegarlo transitoriamente cuando no se puede cuidar. En segundo lugar, el trabajo de cuidados se distribuye de manera asimétrica entre hombres y mujeres: la realización de actividades indispensables para satisfacer necesidades básicas de miembros de un hogar con limitaciones en su autonomía es parte de la rutina del 57,4% del total de la población femenina con 14 y más años de edad, mientras que en el caso de la población masculina la proporción de personas que realiza esta clase de actividades se reduce al 42,6%(Tabla 1). El desequilibrio se vuelve todavía más acentuado cuando se toma en cuenta el tiempo dedicado al cuidado. Las mujeres paraguayas emplean un promedio de 12,9 horas semanales en el cuidado de uno o varios miembros de la familia, lo que representa casi el doble del tiempo que los hombres dedican a esta misma clase de tareas(7,5 horas). Como en los demás países de la región, las brechas de género son el rasgo característico del régimen de cuidados en Paraguay. Pero sobre esta base también se asientan otras configuraciones que merecen ser analizadas. Es interesante advertir en tal sentido cómo se estructura la demanda de cuidados. Si se toman en cuenta los grupos que requieren mayor atención, es evidente que el cuidado de niños y niñas de distintas edades concentra más dedicación y tiempo que otros grupos poblacionales con limitaciones en su autonomía. Esta demanda es coincidente con la estructura poblacional paraguaya, que por el momento mantiene una ancha base de personas de corta edad, y plantea un conjunto de necesidades específicas(los niños y las niñas, por ejemplo, suelen requerir apoyo familiar en sus procesos de aprendizaje, lo cual significa una inversión de tiempo extra, tal como se ha podido comprobar en el contexto de la pandemia) 3 . 2. Los valores estadísticos que se citan en este documento referidos al uso del tiempo han sido procesados utilizando la base de datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016(STP/DGEEC-MH-BID, 2017). 3. Cabe hacer notar, sin embargo, que el cuidado de personas con discapacidad, pese a ser una tarea realizada por un porcentaje significativamente menor de personas, demanda la inversión de mucho más tiempo. 571

CONO SUR Tabla 1. Porcentaje de población de 14 y más años que brinda cuidados y promedio de horas semanales dedicadas a la actividad Por sexo, según grupos que reciben cuidados(2016) TOTAL HOMBRES MUJERES Cuidado a miembros del hogar Cuidado a miembros con discapacidad Cuidado a miembros de 0 a 5 años Cuidado a miembros de 6 a 14 años Cuidado a miembros de 15 a 59 años Cuidado a miembros de 60 años y más % de participación 50,0 2,3 24,9 30,7 5,1 2,0 Promedio de horas semanales 10,6 14,4 10,1 6,9 4,3 6,0 % de participación 42,8 1,6 20,0 25,7 5,5 1,6 Promedio % de Promedio de horas participación de horas semanales semanales 7,5 57,1 12,9 9,9 3,0 16,8 6,8 29,6 12,4 5,4 35,5 8,0 3,8 4,7 4,9 5,7 2,3 6,2 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016 (STP/DGEEC-MH-BID, 2017). Sin embargo, lo más destacable es cómo la carga de trabajo que supone el cuidado puede ser más intensa o tener distintos significados en determinadas condiciones. La existencia de vínculos familiares y la edad son factores que claramente aumentan las probabilidades de que una mujer asuma trabajo de cuidados y le dedique más tiempo. Los indicadores muestran que la participación y el promedio de horas invertidas en el cuidado se incrementa en el caso de las mujeres que viven en hogares con presencia de niñas y niños pequeños, tienen una pareja o se encuentran entre los 30 y 44 años, que es el momento en que se afianzan en la plenitud de la vida activa(Gráficos 1 y 2). En cambio, este tipo de variaciones no diferencia a las mujeres con otros perfiles, como las que viven en áreas urbanas y las de áreas rurales o las mujeres que son jefas de hogar y las que no lo son, quienes más o menos se dedican en la misma proporción y ocupan el mismo tiempo en el cuidado que el promedio nacional. 572

PARAGUAY G G r r á á f fi ic c o o 1 1 . . M M u u j j e e r r e e s s d d e e 1 1 4 4 y y m m á á s s a a ñ ñ o o s s q q u u e e b b r r i i n n d d a a n n c c u u i i d d a a d d o o s s S S e e g g ú ú n n g g r r u u p p o o s s s s e e l l e e c c c c i i o o n n a a d d o o s s ( ( 2 2 0 0 1 1 6 6 ) ) 0 Total de mujeres 57,1% Viven en hogares con niñas/os de 0 a 4 años Tienen entre 30 y 44 años Están unidas o casadas 88,3% 79,9% 66,2% Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016(STP-DGEEC-MH-BID, 2017). Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016(STP-DGEEC-MH-BID, 2017). 20 Gráfico 2. Promedio de horas semanales que dedican al cuidado G m r u áf j i e c r o es 2. d P e r 1 o 4 m y e m di á o s d a e ñ h os oras semanales que dedican al cuidado m Se u g j ú e n re g s ru d p e o 1 s 4 s y ele m cc á i s on a a ñ d o o s s(2016) Según grupos seleccionados(2016) 15 Promedio horas semanales Total de mujeres 12,9 Viven en hogares con niñas/os de 0 a 4 años 16,3 10 Tienen entre 14,7 30 y 44 años Están unidas 14,5 o casadas 0 5 F F u u e e n n t t e e : : E E la la b b o o ra ra c c ió ió n n p p ro ro p p ia ia c c o o n n d d a a to to s s d d e e la la E E n n c c u u e e s s ta ta s s o o b b re re U U s s o o d d e e l l T T ie ie m m p p o o 2 2 0 0 1 1 6 6 (S (S T T P P /D /D G G E E E E C C -M -M H H -B -B ID ID , , 2 2 0 0 1 1 7 7 ). ). Factores como la clase social o los años de estudio plantean situacio0 nes más complejas. Cuando se divide a la población por quintiles de ingresos, se observa que en Paraguay hay una mayor proporción de mujeres dedicadas al cuidado de miembros del hogar en el quintil más pobre que en el quintil más rico(Gráfico 3). Es muy probable que la extensión del cuidado en los segmentos con menores ingresos se encuentre asociada a la presencia de un mayor número de hijos e hijas. Las mujeres de los hogares más empobrecidos de la sociedad paraguaya tienen un promedio de 4 hijos/hijas, en tanto que el promedio para las mujeres que viven en los 573

CONO SUR hogares más acomodados es de 1,5(CEPEP, 2009). No obstante, desde el momento en que se involucran con el cuidado, las mujeres con ingresos más altos, así como las que han logrado completar más años de estudio, dedican un mayor promedio de horas semanales a esta actividad(Gráfico 4). ¿Cómo se explica esto? Una interpretación posible es que para las mujeres con mayores ingresos o más años de estudio el cuidado podría constituir una actividad a la que pueden dedicar más concentración y atención, mientras que para las más desfavorecidas representa una tarea ciertamente insoslayable, pero que se comparte con otros quehaceres. Quienes cuentan con más capital material y cultural quizás estén dispuestas a invertir más horas en el cuidado directo de sus hijos o hijas, una alternativa con la que no cuentan sus congéneres empobrecidas, para quienes el tiempo se vuelve un factor crítico que tiene que distribuirse entre múltiples actividades. Esta explicación se puede complementar con el relevamiento del trabajo doméstico no remunerado, que es una forma de cuidado indirecto. Casi el 100% de las mujeres paraguayas realiza algún tipo de tarea en el hogar por la que no recibe retribución alguna, sin que importe el estrato socioeconómico que ocupen(Gráfico 3). Sin embargo, el tiempo que invierten las mujeres con mayores ingresos en este tipo de actividad es ostensiblemente inferior al que emplean sus congéneres con menores ingresos(Gráfico 4). Gráfico 3. Porcentaje de mujeres de 14 y más años que brindan G cu r i á d fi a c d o o 3 s . y P r o e r a c l e i n za ta n je tr d a e ba m jo uj d e o r m es é d s e ti 1 c 4 o y más años que brindan c S u eg id ú a n d g o ru s p y o r s e s a e l l i e z c a c n ion tr a a d b o a s j ( o 20 d 1 o 6 m ) éstico Según grupos seleccionados(2016) Cuidado a miembros del hogar Trabajo doméstico 91,6% 91,8% 88,6% 91,6% 90,2% 57,1% 62,2% 40,9% 53,4% 56,7% Total de mujeres Forman parte del 20% más pobre Forman parte del 20% más rico Tienen 0 a 6 años de estudio Tienen 13 o más años de estudio Total de mujeres Forman parte del 20% más pobre Forman parte del 20% más rico Tienen 0 a 6 años de estudio Tienen 13 o más años de estudio Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016(STP/DGEEC-MH-BID, 2017). Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016(STP/DGEEC-. MH-BID, 2017). 574

PARAGUAY 2 G G r r á á fi fi c c o o 4 4 . . P P r r o o m m e e d d i i o o d d e e h h o o r r a a s s s s e e m m a a n n a a l l e e s s q q u u e e l l a a s s m m u u j j e e r r e e s s d d e e 1 1 4 4 y y m m á á s s a a ñ ñ o o s s d d e e d d i i c c a a n n a a l l c c u u i i d d a a d d o o y y a a l l t t r r a a b b a a j j o o d d o o m m é é s s t t i i c c o o S S e e g g ú ú n n g g r r u u p p o o s s s s e e l l e e c c c c i i o o n n a a d d o o s s ( ( 2 2 0 0 1 1 6 6 ) ) 2 Promedio de horas semanales Trabajo doméstico 21,5 20,0 Cuidado a miembros del hogar 18,3 1 15,3 14,1 12,9 11,0 10,9 15,8 14,0 1 Total de mujeres Forman parte del 20% más pobre Forman parte del 20% más rico Tienen 0 a 6 años de estudio Tienen 13 o más años de estudio Total de mujeres Forman parte del 20% más pobre Forman parte del 20% más rico Tienen 0 a 6 años de estudio Tienen 13 o más años de estudio F F u u e e n n t t e e : : E E l l a a b b o o r r a a c c i i ó ó n n p p r r o o p p i i a a c c o o n n d d a a t t o o s s d d e e l l a a E E n n c c u u e e s s t t a a s s o o b b r r e e U U s s o o d d e e l l T T i i e e m m p p o o 2 2 0 0 1 1 6 6 ( ( S S T T P P / / D D G G E E E E C C . M M H H -B -B ID ID , , 2 2 0 0 1 1 7 7 ). ). De ahí que se pueda suponer que las mujeres de los estratos con mayores ingresos probablemente estén delegando el trabajo doméstico más pesado a otras mujeres con el fin de contar con más tiempo para poder realizar otras actividades, como trabajar para el mercado o brindar cuidados de calidad a sus hijos e hijas. En resumen, los datos presentados muestran que en Paraguay el esfuerzo y el tiempo que demanda la provisión de cuidados se encuentran distribuidos de una manera desigual entre mujeres y hombres. Más allá de las idealizaciones que la conciben como un ámbito de amor y protección, tener una familia es uno de los principales motivos para que aumente la carga de trabajo no remunerado sobre la población femenina. Ahora bien, esta responsabilidad puede tener distintas connotaciones para las mujeres según los ingresos y oportunidades que tengan a lo largo de su vida. Si bien los mandatos de género no cambian, cuando se cuenta con suficientes recursos, el cuidado de miembros del hogar –sobre todo de niños y niñas– puede llegar a entenderse como una actividad valiosa que merece tiempo y atención. En cambio, en contextos empobrecidos, el cuidado es un trabajo sin duda irrenunciable, cuya realización compite y entra en tensión con muchas otras actividades necesarias para asegurar el sostenimiento diario. 575

CONO SUR 1.2. Tensiones entre el mundo del trabajo y la familia La distribución del trabajo de cuidados necesario para asegurar la reproducción y sostenimiento de la sociedad paraguaya tiene un impacto concreto en las oportunidades de las mujeres para insertarse en el mercado laboral. La conciliación de las responsabilidades asignadas en el contexto familiar con la participación en el mundo del trabajo remunerado evidentemente es un ideal difícil de alcanzar. Lo cierto es que la capacidad para mantener un equilibrio entre estas dos esferas siempre se encuentra en crisis y que la tensión se refleja de manera rotunda en algunos de los principales indicadores del mercado laboral. La participación de las mujeres en el mercado laboral en Paraguay viene aumentando desde hace varias décadas. Hace aproximadamente 50 años, según datos censales de 1972 4 , solo 2 de cada 10 mujeres trabajaba o buscaba insertarse en el mercado laboral. En la actualidad se puede afirmar que esta relación se ha modificado de modo significativo, considerando que 6 de cada 10 mujeres paraguayas forman parte de la fuerza de trabajo 5 . Sin embargo, los datos oficiales también muestran que durante las últimas dos décadas la tasa de fuerza de trabajo de las mujeres de 15 años y más ha experimentado un ritmo de crecimiento más moderado(de 52,9, en 2000 ha pasado a casi 61 en 2019), sin lograr una igualdad plena con los hombres, para quienes la tasa de actividad se ha mantenido prácticamente invariable durante el mismo período(oscila en un rango que va de 86 a 83)(Gráfico 5). La evolución de la proporción de mujeres como parte del total de la población femenina que trabaja o busca trabajo remunerado plantea dos cuestiones relevantes. Primero, sugiere que por el momento el crecimiento tiene un techo. Segundo, indica que el incremento de las mujeres en la población económicamente activa(PEA) no logra revertir la desigualdad existente en comparación con los hombres. Sumado a esto, hay que considerar que la actividad económica no necesariamente implica un acceso al mercado laboral 4. Los datos publicados del censo nacional realizado en 1972(DGEEC, 2003) contienen un cálculo de la tasa de actividad económica de la población de 12 y más años. Las Encuestas Permanentes de Hogares que regularmente produce la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo(DGEEC) estiman la edad para trabajar a partir de los 10 años. En ambos casos, la fijación de las edades responde a criterios técnicos que guardan relación con la necesidad de establecer estándares de comparabilidad entre diferentes series de datos. A partir de 2017, la DGEEC dispuso que la población en edad para trabajar(PET) está comprendida por todas las personas de 15 años y más, siguiendo las recomendaciones de la 19 a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo(CIET) organizada por la Organización Internacional del Trabajo(OIT). El cálculo de la tasa de actividad económica(o fuerza de trabajo) de los últimos 20 años con datos de las encuestas permanentes de hogares se realiza aplicando este último criterio. 5. El indicador“fuerza de trabajo” es equivalente al indicador“población económicamente activa”. El cambio de denominación también se produce en el marco de la 19 a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo(CIET). 576

PARAGUAY Gráfico 5. Evolución de la tasa de fuerza de trabajo de la población de 15 y más años por sexo(sobre el total de cada grupo) Gráfico 5. Evolución de la tasa de fuerza de trabajo de la población de 15 y más años por sexo(sobre el total de cada grupo) % 100 90 Hombres 80 70 60 Mujeres 50 40 30 20 10 0 Año 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2001 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares(período 2000-2001 a 2019). Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares(período 2000-2001 a 2019). según los estándares del trabajo decente. En términos generales, las mujeres paraguayas siguen teniendo una tasa de participación laboral más baja que la de los hombres, están más desocupadas y subocupadas, son más susceptibles de trabajar de modo informal y obtienen en promedio ingresos más bajos que sus pares masculinos(Tabla 2). La asignación de la responsabilidad del cuidado a las mujeres adultas, en efecto, es uno de los principales factores que restringe su acceso al mercado laboral. Esto se advierte mejor al analizar quiénes son las personas que no trabajan de manera remunerada ni buscan trabajo y por qué motivos se encuentran en esta situación. La proporción de mujeres económicamente inactivas o que están fuera de la fuerza de trabajo sobre el total de la población activa, en este sentido, es mucho mayor que la de los hombres, lo cual muestra desde el inicio una amplia brecha de desigualdad(Gráfico 6). Al mismo tiempo, las razones por las que se mantienen fuera del mercado laboral también son muy diferentes según el sexo de las personas. Mientras que en el caso de los hombres la principal causa de inactividad económica son los estudios, los motivos fundamentales de la inactividad entre las mujeres son las labores en el hogar y cuestiones relacionadas con la familia 6 . 6. En las Encuestas Permanentes de Hogares realizadas en Paraguay, la inactividad económica por motivos familiares se consigna cuando la persona no trabaja ni busca trabajo debido a que tiene que cuidar a algún familiar enfermo, contrajo matrimonio, se encuentra en situación de maternidad, su pareja no quiere que trabaje, etc. 577

CONO SUR Tabla 2. Población de 15 y más años por sexo Según indicadores del mercado laboral seleccionados(2019) Población en edad de trabajar (PET) Fuerza de trabajo (PEA) Población fuera de la fuerza de trabajo (PEI) Subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo Tasa de la fuerza de trabajo (sobre el total de cada grupo) Tasa de ocupación Tasa de desocupación Tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo Porcentaje de personas ocupadas informales sobre total de ocupadas Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal (en US$) TOTAL 4.988.971 3.626.368 1.362.603 252.994 Hombres 2.458.261 2.084.222 374.039 110.156 Mujeres 2.530.710 1.542.146 988.564 142.838 72,7 84,8 60,9 68,6 81,3 56,2 5,6 4,1 7,7 7,0 5,3 9,3 63,7% 61,6% 66,3% 368 402 318 Fuente: Datos oficiales suministrados por la DGEEC a de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 (Cuarto trimestre). Con ello queda claro que el cuidado de miembros del hogar puede ser un factor limitante para sus trayectorias en el mercado laboral. Sobre esta base, hay situaciones en las cuales se tensan en mayor grado las incompatibilidades entre la vida laboral y familiar. La edad es sin duda un factor crítico. La proporción de mujeres que trabajan o buscan insertarse en el mercado laboral asciende de manera significativa aproximadamente a partir de los 20 años y llega a su tope en el segmento que abarca a las mujeres de 35 a 39 años, rango en el que la tasa de actividad económica femenina alcanza 77,6(casi 17 puntos más que la media para todas las edades)(Tabla 3). Pero, como se vio al analizar los datos de la encuesta sobre uso del tiempo, esta etapa del ciclo de la vida coincide con un incremento de la demanda de cuidados. En estas franjas de edad hay un mayor porcentaje de mujeres cuidando, a la par que dedican una mayor cantidad de tiempo a esta actividad. A su vez, este dato se conecta con el aumento de la tasa de fecundidad y de la proporción de mujeres casadas o unidas que se registra en Paraguay en las mujeres de 20 años y más(CEPEP, 2009). El resultado de una ecuación como la que se acaba de describir es un incremento de la presión sobre las mujeres paraguayas, quienes terminan 578

PARAGUAY G G r r á á fi fi c c o o 6 6 . . P P o o r r c c e e n n t t a a j j e e d d e e p p o o b b l l a a c c i i ó ó n n d d e e 1 1 5 5 y y m m á á s s a a ñ ñ o o s s q q u u e e e e s s t t á á f f u u e e r r a a d d e e l l a a f f u u e e r r z z a a d d e e t t r r a a b b a a j j o o P P o o r r s s e e x x o o , t , o to ta t l a y l y se s g e ú g n ú m n o m ti o v t o iv s o d s e d in e a i c n t a iv c id ti a v d id ( a 2 d 01 (2 9 0 ) 19) Mujeres Hombres 39,1% 50,9% 44,3% 15,2% 0 Total inactivos/as sobre total de población de 15 y más años 24,0% 4,0% 16,2% 13,5% 7,3% 8,6% 7,5% 2,5% 7,0% 2,0% 4,9% 2,3% Labores del hogar y motivos familiares Estudios Enfermedad Edad avanzada Jubilación Discapacidad o pensión Inactivos/as según razones de inactividad sobre el total de la categoría Otros motivos Fuente: Datos oficiales suministrados por la DGEEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019(Cuarto trimestre). asumiendo una carga total de trabajo 7 más intensa que la que pesa sobre los hombres. En términos generales, las mujeres en Paraguay dedican un promedio de 69,1 horas semanales al trabajo remunerado y no remunerado; los hombres, en cambio, asignan un promedio de 62,4 horas a estas actividades (STP/DGEEC-MH-BID, 2017). La suma de responsabilidades, en consecuencia, las lleva a buscar arreglos que la mayoría de las veces llegan a ser muy precarios e insatisfactorios. Uno de estos ajustes es trabajar de forma remunerada menos horas. Así, la brecha entre hombres y mujeres subocupados prácticamente se duplica a partir de las edades en las que ellas comienzan a asumir mayores responsabilidades de cuidados(Tabla 3). Otro mecanismo para afrontar la profunda tensión que producen en las mujeres las responsabilidades familiares y laborales es la contratación de trabajo doméstico remunerado. La mercantilización del cuidado es una alternativa a la que acuden sobre todo las mujeres que viven en hogares con altos ingresos. Sin embargo, la informalidad dominante hace que los arreglos sean muy variados y que no necesariamente estén restringidos a los sectores más 7. Se refiere al“tiempo total de trabajo” definido como la suma del promedio de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado. 579

CONO SUR Tabla 3. Población de 15 y más años por franjas de edad Según sexo e indicadores del mercado laboral seleccionados(2019) EDADES QUINQUENALES 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 64 y más Tasa de la fuerza de trabajo Hombres 56,4 88,0 95,8 97,3 97,4 97,6 95,9 93,8 93,3 82,4 51,5 Mujeres 30,3 62,3 71,8 71,9 77,6 77,5 73,3 72,9 62,5 54,9 26,5 Tasa de inactividad Hombres 43,6 Mujeres 69,7 12,0 37,7 4,2 28,2 2,7 28,1 2,6 22,4 2,4 22,5 4,1 26,7 6,2 27,1 6,7 37,5 17,6 45,1 48,5 73,5 Tasa de subocupación Hombres 10,1 5,2 5,9 4,7 3,6 4,6 2,8 4,3 6,1 5,3 5,4 por insuficiencia de tiempo de Mujeres 11,1 6,6 11,2 9,5 8,2 10,8 9,3 10,0 9,5 9,4 5,2 trabajo Fuente: Datos oficiales suministrados por la DGEEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019(Cuarto trimestre). acomodados. Las familias con escasos recursos también contratan trabajo doméstico remunerado a muy bajo costo, empleando muchas veces a mujeres que forman parte de su red de parentesco o vecinas y que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, el trabajo doméstico remunerado es una actividad que concentra el 17% de la fuerza laboral femenina 8 . Esta proporción representa más de 242.000 mujeres trabajando en el sector; la mayoría de ellas(el 95,7%) lo hace en condiciones de informalidad. Cerca de la mitad de las trabajadoras domésticas remuneradas se ubican en los estratos 2 y 3 de la población dividida en quintiles de ingresos. Esto sugiere que para muchas mujeres el trabajo doméstico podría ser una vía para superar de modo precario la pobreza a costa de la aceptación de un trabajo mal remunerado y poco valorado. La mercantilización del trabajo doméstico se encuentra determinada obviamente por la naturalización de los roles de género(el 93,4% de las personas ocupadas en esta categoría son mujeres 9 ), pero además por una lógica colonial que continúa estructurando las relaciones sociales de un modo fuerte en Paraguay. Pese a los avances normativos registrados durante los 8. Datos oficiales suministrados por la DGEEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019(Cuarto trimestre). 9 . Ibidem. 580

PARAGUAY últimos años 10 , las trabajadoras domésticas podrían continuar siendo representadas como individuos subordinados y dependientes de un patrón o amo (que puede ser más o menos benevolente), pero no como sujeto de derechos. Por otra parte, es difícil saber con precisión cuántos hogares paraguayos contratan trabajo doméstico remunerado. Realizando un cálculo aproximado(total de hogares sobre número de trabajadoras domésticas), es posible suponer que en Paraguay poco más de 1 de cada 10 hogares(13%) acude a este tipo de estrategia para resolver el cuidado de sus integrantes. En resumen, los indicadores presentados dan cuenta de cómo la atribución social de la responsabilidad del cuidado organiza la vida y las trayectorias laborales de gran parte de las mujeres paraguayas. En algunos casos, las mantiene apartadas del mercado de trabajo remunerado, mientras que en otros las ubica en una posición de desventaja en comparación con los hombres. Al mismo tiempo, la asociación entre lo femenino y el cuidado hace que el trabajo doméstico remunerado(una de las formas indirectas de cuidar) termine convirtiéndose en un destino inevitable para muchas mujeres que necesitan generar ingresos. Lo cierto es que la participación en estas dos esferas produce tensiones que, en las condiciones actuales, serán difíciles de descomprimir si no se introducen transformaciones sustantivas en el modo de distribuir el trabajo que requiere la sociedad para reproducirse y sostenerse en el tiempo. 1.3. El cuidado y la persistencia de la pobreza Las desigualdades de género referidas precedentemente y su intersección con otros factores que producen disparidades inaceptables se inscriben en un contexto caracterizado por un proceso de reducción de la pobreza que ha ingresado en una fase de meseta en los últimos años. A partir de 2003, Paraguay registró una disminución sostenida de los niveles de pobreza por ingresos(Gráfico 7). Este proceso coincidió con el inicio de la implementación del programa Tekoporã 11 de transferencias monetarias condicionadas –que se inició en 2005– y con un ciclo de crecimiento económico asociado principalmente a la exportación de commodities que alcanzó picos de variación del PIB de 13,1% (2010) y 14%(2013). Sin embargo, desde hace algún tiempo, los límites e inconsistencias del modelo se han vuelto cada vez más evidentes. El ritmo de crecimiento se estancó a partir de 2014 debido al impacto de eventos climáticos y de la caída de los precios internacionales para productos de exportación, lo cual también provocó un declive de la tendencia a la reducción de la 10. En el siguiente apartado se desarrollará con mayor detalle una descripción del proceso de reconocimiento formal de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas. 11. Palabra guaraní que significa“vivir bien”. De acuerdo con el crítico de arte Ticio Escobar, es el buen vivir colectivo, el vivir con belleza. 581

CONO SUR Gráfi fi co 7. Evolución de la pobreza total y extrema en áreas urbanas y rurales(1997- 2019) Pobreza total urbana % 80 70 60 Pobreza extrema urbana Pobreza total rural Pobreza extrema rural 50 40 30 20 10 0 Año 1997/ 1999 2000/ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1998 2001 Fuente: Datos oficiales procesados por la DGGEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares(1997/98 – 2016) y la Encuesta Permanente de Hogares Continua(2017 – 2019). pobreza monetaria. Siguiendo el análisis de Serafini Geoghegan(2019b), una de las principales trabas reside en la imposibilidad estructural para continuar la reducción de la pobreza monetaria con una tasa de crecimiento inferior al 5%. Dicha incapacidad a la vez se acentúa con la ausencia de políticas redistributivas fuertes. Durante los años de bonanza económica, Paraguay no aplicó medidas que permitieran transformar su matriz tributaria(basada en impuestos indirectos y con privilegios para los sectores con mayores ingresos), y en consecuencia perdió una oportunidad para reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población a través del incremento del gasto social. Desde una perspectiva enfocada en microdeterminantes sociales, este proceso tiene un impacto diferenciado en mujeres con perfiles distintos. Serafini Geoghegan(2019b) muestra que, en líneas generales, la pobreza tiende a disminuir a medida que aumenta la edad de las personas debido a que se insertan en el mercado laboral. Sin embargo, en el caso particular de las mujeres, señala que la tendencia a la reducción de la pobreza se detiene entre los 25 y 29 años, asociando esta situación al género y la distribución del tiempo, los roles y los recursos en los hogares. Como se ha visto, esta es la edad en la que también se robustecen las tensiones entre las esferas 582

PARAGUAY laboral y familiar. Otra variable que impacta de modo negativo sobre las mujeres es la jefatura de hogar. Los hogares con jefaturas femeninas tienen mayor posibilidad de ser pobres. Esto también guarda relación con las desigualdades de género. Es altamente probable que los hogares liderados por una mujer sean monoparentales y que exista una sola persona proveedora, lo cual significa menos oportunidades para lograr la subsistencia material, considerando que los ingresos de las mujeres tienden a ser más reducidos e inconstantes. No obstante, como la misma autora advierte, este análisis requiere un abordaje más complejo, que considere el papel que cumplen las redes familiares, la formación de hogares extensos con mayor número de miembros y, en el sector rural, la producción para el autoconsumo en la generación de condiciones de bienestar más allá de la lógica impuesta por la economía monetizada. Asimismo, la autora aporta evidencia para demostrar que ser guaraní parlante y los años de estudio de la persona que ejerce la jefatura de hogar también son determinantes de la pobreza. Si el idioma principal de la persona que está a cargo del hogar es el guaraní o si tiene 12 o menos años de escolarización, es más difícil que su familia pueda alejarse de la pobreza material. En conclusión, la atribución de mayores responsabilidades de cuidado también incide en las probabilidades de que las mujeres permanezcan en una situación de pobreza de ingresos. 2. Las políticas de cuidado en Paraguay La tensión cada vez más evidente entre la necesidad insoslayable de resolver el bienestar cotidiano de las personas, las transformaciones demográficas, sociales y económicas que experimenta la sociedad paraguaya y la demanda de mayor autonomía por parte de las mujeres ha contribuido a instalar progresivamente el cuidado como un problema para la política pública. Este incipiente interés ha permitido reconocer que el Estado paraguayo cuenta con un conjunto de normas, servicios y mecanismos de distribución de recursos que en la práctica o potencialmente pueden contribuir a aliviar parte de la carga del trabajo de cuidados que pesa sobre los hogares o, por lo menos, a facilitar mejores condiciones para realizarlo. Sin embargo, la atención puesta en el cuidado también ha revelado la existencia de una arquitectura institucional frágil, fragmentada y focalizada en servicios disponibles principalmente en Asunción, su área metropolitana y los principales centros urbanos del país. Este complejo campo se describe de aquí en adelante, señalando sus vacíos y al mismo tiempo destacando los avances. Con este propósito, primero se realiza un análisis del contexto normativo que sienta las bases para el reconocimiento del derecho al cuidado y brinda herramientas para su exigibilidad. Luego se desarrolla una breve descripción de los avances, en los últimos 583

CONO SUR años, para construir una política de cuidados en Paraguay. Finalmente, se revisan algunas de las principales políticas de cuidados que se encuentran en marcha en el país. 2.1. El reconocimiento del derecho al cuidado en Paraguay Desde hace aproximadamente dos décadas, en nuestra región el cuidado ha comenzado a ser abordado como una cuestión de derechos en el ámbito del debate feminista, así como en algunos espacios de diálogo político(Pautassi, 2018). La idea de que el cuidado es un derecho de todas las personas ha ganado fuerza en el contexto de importantes cambios demográficos, reconfiguraciones de las estructuras de los hogares, recortes de la inversión social en muchos países, el aumento de los años de estudio de la población femenina y el ingreso masivo de las mujeres a la fuerza de trabajo, todo lo cual lleva a replantear los arreglos tradicionales establecidos con el fin de asegurar el bienestar de las personas en el marco de la vida cotidiana. Ello ha contribuido a instalar en la agenda pública una discusión acerca de cómo organizar el cuidado en un contexto donde quienes habitualmente han cumplido esa función ahora tienen menor posibilidad de llevarla a cabo debido a que invierten más tiempo trabajando para el mercado. En este debate, han comenzado a participar cada vez más actores públicos con responsabilidades relacionadas con poblaciones específicas(infancia, personas enfermas, personas ancianas, etc.), así como con temáticas más amplias (seguridad y desarrollo social). A su vez, dicha corriente de interés se conecta con el histórico proceso de las organizaciones feministas y de mujeres para quienes el cuidado, además de ser una responsabilidad que debe ser repartida de manera más equitativa, también es un trabajo que necesita ser revalorado. Por otra parte, la cuestión del cuidado ha trascendido los bordes del feminismo y se ha instalado como una demanda concreta de otros colectivos sociales, como las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad o de adultos mayores y de las trabajadoras domésticas remuneradas. Concebir el cuidado como un derecho significa reconocer que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse(Pautassi, 2018). Tener derecho a cuidar implica contar con la capacidad para brindar cuidados (ya sea de manera altruista o a cambio de una remuneración) en condiciones dignas y como resultado de una elección, sin presión de mandatos sociales ni como producto de la ausencia de alternativas para delegar esta tarea. Que toda persona tenga derecho a ser cuidada, por su parte, supone el derecho a recibir las atenciones necesarias para desarrollarse y vivir con bienestar en distintas circunstancias y momentos de su ciclo de vida. Desde este enfoque, la capacidad para recibir cuidados se entiende como un derecho independiente de la existencia de vínculos familiares o afectivos, del acceso al empleo formal o de la disponibilidad de recursos monetarios. Finalmente, tener 584

PARAGUAY derecho a cuidarse, o lo que se llama autocuidado, comprende el derecho a disponer de tiempo y condiciones para que las personas puedan dedicar a sí mismas las atenciones que necesitan para vivir bien. La noción del derecho al cuidado hasta el momento no ha sido plasmada en un instrumento específico de derechos humanos. Se trata de un concepto en plena construcción. Una de las primeras formulaciones de la noción se presentó en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Quito en 2007. En esta ocasión se elaboró un documento donde se identificaron actividades de cuidado reconocidas dentro del corpus de derechos humanos conformado por pactos y tratados internacionales, interpretaciones de comités de personas expertas y las garantías constitucionales ofrecidas en los países de la región(Pautassi, 2007). A partir de allí, la noción del cuidado como un derecho universal y multidimensional ha sido analizada y enriquecida de manera constante a través de los aportes de intelectuales, activistas del campo social y personas responsables de la formulación de políticas públicas. Siguiendo esta tendencia regional, la incipiente difusión del concepto del derecho al cuidado en Paraguay guarda relación con varios procesos interconectados. Sin duda la ratificación de pactos, tratados y diversos compromisos internacionales, así como la participación de altas autoridades en las conferencias regionales de la mujer y otros espacios de diálogo político han contribuido a reconocer el cuidado como un centro de atención relevante para la política pública. Este interés por colocar el cuidado en la agenda del Estado, a su vez, ha sido reforzado por el activismo social, principalmente ligado al feminismo, y la inclusión del tema en las líneas de trabajo de la cooperación internacional. Asimismo, la conexión entre el cuidado y el derecho se encuentra fundamentada en un amplio conjunto de compromisos asumidos por el Estado paraguayo. Los propios mandatos de la Constitución Nacional junto con los contenidos de los pactos y acuerdos internacionales ratificados y convertidos en ley por las autoridades del país sientan las bases para incluir el cuidado entre las condiciones necesarias básicas para que todas las personas puedan vivir con dignidad, bienestar y protección frente a los riesgos y contingencias a los que se enfrentan en las distintas etapas del ciclo de vida 12 . Existe una ingente cantidad de normas vigentes que colocan al cuidado en foco de diversas maneras: haciendo referencia a grupos poblacionales(mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas trabajadoras); estableciendo marcos de resguardo para las familias y responsabilidades para sus integrantes; estableciendo permisos de 12. Una sistematización de los contenidos referidos al cuidado identificados en la Constitución Nacional de Paraguay y en los pactos y tratados que fueron ratificados por el país se encuentra en las Tablas 5, 6, 7 y 8, incluidas en el anexo. 585

CONO SUR maternidad –que es objeto de protección especial en la Constitución paraguaya– y de paternidad; reconociendo la igualdad de derechos y obligaciones de las personas trabajadoras ocupadas en el sector del cuidado y particularmente de las personas trabajadoras domésticas. Si se considera el conjunto de estas obligaciones imperantes para el Estado paraguayo, el derecho al cuidado está presente de múltiples formas y fuertemente amparado –aunque no siempre de modo explícito–, en tanto derecho a recibir cuidados y como derecho a proporcionarlos en un marco de equidad en el seno de las familias, de igualdad oportunidades y responsabilidades entre mujeres y hombres y sin discriminación para ninguna persona. Cabe destacar que el texto constitucional establece que tanto las familias, como la sociedad y el Estado tienen obligaciones relativas a la protección de niñas y niños, así como en la provisión de condiciones de bienestar para las personas mayores. Con esto se establecen criterios de corresponsabilidad sobre la protección social en general, dentro de cuyo marco el cuidado ocupa un lugar central. Además, la Constitución de Paraguay alude a formas de cuidado más amplias, como el cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos. Todas las referencias mencionadas son relevantes para definir los fundamentos de una responsabilidad pública. Pero no se puede soslayar que el concepto del derecho al cuidado todavía se encuentra circunscripto a un plano formal y discursivo, sin una traducción clara y evidente en la práctica. De allí la distancia observada entre los enunciados retóricos y la transformación efectiva de las condiciones de vida concretas de las personas. Sin duda este es uno de los principales retos planteados de cara al futuro. Al mismo tiempo, el posicionamiento del cuidado como un derecho habilita una perspectiva desde la cual pensar algunas reestructuraciones significativas, como los esfuerzos en curso para formular una política nacional de cuidado y para introducir este componente en las políticas de protección social y de combate contra la pobreza, como se analizará más adelante. 2.2. Contexto normativo relativo a los cuidados En cuanto a las leyes nacionales, el cuidado está presente de manera más o menos explícita en varios instrumentos. De manera concreta, existe una referencia al cuidado cuando se establecen los derechos a recibir prestación de asistencia o de alimentos en el Código Civil(ley 1183/1985 y sus modificaciones), en el Código de la Niñez(ley 1680/2001), en la Ley de las Personas Adultas(1885/2002), en la ley que establece el derecho a pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza(6381/2020) y en diversas normas que legislan sobre las personas con discapacidad. No obstante, el único instrumento normativo nacional que alude al cuidado de manera específica es el Código Penal, donde se establecen sanciones por las faltas al deber de cuidado por parte de quienes tienen la responsabilidad 586

PARAGUAY legal de asegurar el bienestar o educación de otras personas(art. 226) y de personas ancianas(art. 227). Es decir, no se nombra el“derecho al cuidado”, pero sí se habla del“deber de cuidar”. En cuanto a la legislación laboral, el Código del Trabajo sancionado en 1993(ley 213/1993) ya establecía protecciones especiales a la maternidad. Posteriormente complementadas, primero por ley 496/1995 y, más recientemente, por la Ley de Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna(ley 5508/2015) y su decreto reglamentario(7550/2017). Con esta última ley, se estableció una ampliación del permiso de maternidad, que pasó de 12 a 18 semanas, con goce de la totalidad del salario a cargo del régimen de seguridad social del Instituto de Previsión Social(IPS). Igualmente, se prohibió el preaviso y el despido de la mujer trabajadora embarazada desde el momento de la notificación del embarazo a la persona empleadora y mientras la madre se encuentre usufructuando los descansos por maternidad y lactancia. En este marco, también se dispuso que los hombres tienen derecho a un permiso por paternidad de dos semanas, que se les concede a petición, con salarios cubiertos a cargo de las personas empleadoras. La ley referida también prescribe que, luego de la reincorporación al empleo, la mujer goza de 90 minutos diarios para lactancia hasta los seis meses después del parto, pudiendo extenderse por indicación médica hasta 24 meses con 60 minutos diarios. A su vez, establece la obligación de que instituciones públicas y empresas del sector público y privado donde trabajen más de 30 mujeres implementen salas de lactancia materna habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Aparte de la Ley de Protección a la Maternidad y Apoyo a la Lactancia, el marco normativo también establece otras formas de apoyo para trabajadores y trabajadoras. El Código del Trabajo ordena que los establecimientos industriales o comerciales con más de 50 personas trabajadoras habiliten salas o guarderías para niñas y niños menores de dos años, donde pueda permanecer durante el tiempo de trabajo de padres o madres. Es interesante apuntar que, en virtud de una modificación del Código mencionado(por ley 496), la obligación de contar con espacios de cuidados infantiles en ciertos lugares de trabajo se encuentra asociada a la presencia de mujeres tanto como de hombres trabajadores, lo cual representa una forma de reconocer la corresponsabilidad. Con los cambios legales relativos a la maternidad, se avanzó en el reconocimiento y valoración de la labor de cuidado que realizan las mujeres durante el período más ligado a la reproducción biológica. Sin embargo, pese a todo lo apuntado, queda un largo camino que recorrer para consolidar estos cambios y lograr que la igualdad sea real. Las licencias por maternidad y paternidad aún continúan estableciendo períodos de permiso muy diferenciados, con un evidente sesgo maternalista. Igualmente es importante resaltar que no existen en el país permisos parentales, con o sin remuneración, que concedan, a mujeres tanto como a hombres, tiempo para cuidar, según los arreglos que 587

CONO SUR cada pareja de progenitores establezca para conciliar las responsabilidades de la vida laboral y de la vida familiar. Además, hay que decir que los avances en materia de protección a la maternidad también encuentran resistencias. De hecho, uno de los debates más candentes que se dieron en el país con relación a este tema fue la oposición de gremios empresariales al aumento de las licencias maternales, como se verá más adelante al analizar la configuración del cuidado en el sector privado. Cabe señalar, por otro lado, que estas disposiciones benefician solo a la población que se halla inserta en el mercado de trabajo formal, excluyendo a las personas que por diversas razones no se encuentran activas o no realizan aportes a la seguridad social. Como se ha analizado, la población ocupada representa aproximadamente el 70% del total de personas con edad para trabajar, con lo cual, realizando un primer recorte, aproximadamente 3 de cada 10 personas quedarían excluidas de la posibilidad de acceder a un permiso de maternidad o de paternidad debido a que están desocupadas o inactivas. A la vez, la proporción de personas trabajadoras que eventualmente podrían beneficiarse con permisos de maternidad y paternidad es mucho menor si se toma en cuenta el alto nivel de informalidad que caracteriza el mercado laboral paraguayo. Para 2017 la tasa de informalidad se estimaba en 71%(Banco Mundial, 2017). Tomando en cuenta estas variables, queda claro que solo un ínfimo porcentaje de trabajadores y trabajadoras podría beneficiarse con licencias de maternidad y paternidad establecidas por la ley. El resto simplemente no dispone de esta posibilidad y debe afrontar el coste de la reproducción por su cuenta. Otra normativa importante asociada al cuidado es la que determina las condiciones en las que se realiza el trabajo doméstico remunerado. Este marco legal cobra mucha relevancia debido a que en 2019 se concluyó un largo proceso de lucha protagonizada por las trabajadoras domésticas organizadas para cambiar una legislación laboral gravemente discriminatoria. Ya en 2015, con la Ley 5407 del Trabajo Doméstico, se eliminó el capítulo especial del Código del Trabajo que consignaba diferencias entre los derechos de este sector de trabajadoras y trabajadores con relación a los demás; aunque en la nueva ley persistió la discriminación salarial, pues aumentó solo del 40% al 60% el salario de las trabajadoras domésticas, respecto del mínimo salarial para las demás personas trabajadoras. Con la ley 6338/2019 se equiparó el piso salarial del trabajo doméstico en Paraguay al del salario mínimo vigente en general. El proceso para llegar a este resultado fue arduo y demandó al menos 15 años de organización, formación, realización de propuestas y militancia. Sin embargo, aún queda por lograr que los derechos conquistados en el ámbito legal sean una realidad en la práctica, modificando reglamentos y estableciendo sistemas que permitan el cumplimiento de la normativa. La modificación del régimen legal del trabajo doméstico despertó inicialmente mucha resistencia de diversos sectores de la sociedad, bajo el argumento de que no se podía pretender una igual consideración a esta labor. Con el lema 588

PARAGUAY “Igual valor, iguales derechos”, las trabajadoras pudieron rebatir el discurso discriminatorio vigente hasta conseguir la aprobación de la ley. Finalmente, es necesario consignar que en Paraguay existen políticas de transferencias monetarias condicionadas para la población en situación de pobreza y extrema pobreza, reguladas en la ley 4087/2011. Los programas existentes deben ajustarse a esta norma: su texto especifica requisitos, al indicar que los subsidios se otorgarán a mujeres jefas de familia que acrediten asistencia a instituciones educativas, vacunación regular y revisiones médicas de sus hijas e hijos menores de 15 años, control prenatal durante la gravidez y exámenes de Papanicolau y mamografía en su edad fértil. Las transferencias, entonces, exigen acciones de cuidado de niños, niñas y adolescentes y de autocuidado, focalizadas en las mujeres como responsables de estos cuidados. 2.3. Avance hacia una política nacional de cuidados Paraguay ha suscripto un conjunto de obligaciones internacionales, normas y propuestas vigentes que guardan vinculación con las políticas de cuidado, pero es necesario consignar que el avance más específico relativo a la configuración de una política de cuidado es el establecimiento del Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados del Paraguay(GIPC), por iniciativa del Ministerio de la Mujer y la Secretaría Técnica de Planificación(STP). Si bien el proceso de trabajo de este equipo –constituido por 12 instituciones estatales, con apoyo de la cooperación internacional y participación de algunas instancias de la sociedad civil– comenzó en 2016, su formalización se concretó en 2019 con el decreto 1783 13 , por el cual se reconoce al GIPC como la instancia técnica encargada de formular la Política Nacional de Cuidados. Del GIPC participan las instituciones estatales con responsabilidades sobre los temas de mujer, niñez, personas con discapacidad, salud, educación, trabajo, planificación, desarrollo social, previsión social, hacienda, estadísticas y de coordinación de políticas sociales; se trata de instituciones ministeriales, direcciones, unidades técnicas e incluso un ente autárquico responsable de la previsión social en el país 14 . También en 2019 fue publicado el Documento Marco para el Diseño de la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay (Ministerio de la Mujer, 2019), el cual se redactó con la participación de las personas que integran el GIPC. En este documento se establecen los principales lineamientos para desarrollar la política de cuidados y se informa ampliamente sobre el marco normativo y de políticas que conforman la base de esta acción pública. 13. Publicación en Gaceta Oficial : 29/5/2019. Disponible en https://www.todoleyes.com/ead4efac5d8 b4cb6894d644437c2a492 14. Información detallada se ofrece infra (apart. 4), referida a voces, debates y propuestas relativas al cuidado en Paraguay. 589

CONO SUR Las reformas impulsadas desde el GIPC tienen el apoyo formal de las autoridades nacionales en el más alto nivel, lo que puede verse en la sanción del decreto presidencial y en los nombramientos de las funcionarias y los funcionarios. No obstante, como todo proceso de elaboración y puesta en marcha de políticas públicas, también está sujeto a contingencias políticas, cambio de responsables institucionales e incluso cambios de gobierno, como ha sucedido en el país en 2018, cuando asume el gobierno actualmente vigente(presidido por Mario Abdo Benítez). No obstante, se puede decir que se está avanzando para llegar a una política nacional de cuidados, impulsada y sostenida por un conjunto de instituciones públicas y que este proceso de ya cuatro años(contando desde el surgimiento del GIPC) tiene relación con la progresiva instalación del tema de los cuidados como un asunto que debe ser contemplado como derecho, como objeto de políticas y como una necesidad para el desarrollo. Todo esto se asocia con los procesos de debate nacionales e internacionales, que han involucrado a actores diversos, tanto de los organismos interestatales y de derechos humanos, ministerios y otras dependencias estatales como movimientos sociales, en especial el de mujeres y feminista. 2.4. Políticas existentes sobre cuidados El proceso que apunta a la formulación de una política nacional de cuidados para Paraguay se asienta sobre un conjunto de acciones ya existentes que operan como una plataforma de base. Sin la pretensión de realizar un relevamiento exhaustivo, se presenta a continuación un panorama del tipo de políticas vigentes o en proceso de implementación que son claves para responder a diversos aspectos relacionados con el derecho al cuidado. Como política pionera en este tema deben citarse los planes nacionales de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, impulsados por el Ministerio de la Mujer desde 1997. Actualmente se encuentra vigente el IV Plan Nacional de Igualdad 2018 – 2024(IV PlaNI). En los tres anteriores, el tema de cuidados aparecía mencionado en diversos ejes, con distintas referencias a la corresponsabilidad. Solo en el primer plan la equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas estaba mencionado de manera explícita. En el IV Plan el tema aparece reconocido de manera más específica, pues se le dedica un área de trabajo denominada“Corresponsabilidad compartida del cuidado”, bajo el eje de derechos relativos a la autonomía económica de las mujeres. Como meta, se establece la formulación participativa, promulgación e instalación de la Política Nacional de Cuidados del Paraguay(PNCP). Esta política, como ya se indicó, fue legitimada por vía de un decreto presidencial. Por otra parte, se encuentra en proceso de implementación el Sistema de Protección Social“¡Vamos!”, presentado públicamente en 2018. Ese es el intento más acabado del Estado paraguayo de dar una coherencia conceptual 590

PARAGUAY y política a las diversas acciones orientadas a ampliar el acceso poblacional a los sistemas de protección social, de salud y educación, a la mejora de condiciones de empleo y la inclusión social y económica, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad. Este plan establece acciones para todas las personas del país contemplando ciclos de vida, y en su diseño se observa un claro esfuerzo por identificar propuestas que incorporen el enfoque de género y por introducir indicadores y gestiones estratégicas respecto del cuidado, entendido como uno de los pilares de la protección social 15 . En 2019, por otra parte, se presentó públicamente el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay 16 , a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de otra política clave en el país, en proceso inicial de implementación, que evidencia voluntad de incluir el componente de los cuidados y el enfoque de igualdad de género. Existen otras políticas vigentes que tienen estrecha relación con los cuidados, entre ellas: la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia(POLNA) 2014-2024; el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia(PNA) 2014-2024; el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2010-2020; Hacia una política pública integral: Paraguay Joven 2030(2018-2030); el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 20152030; la Política Nacional de Salud 2015-2030; y el Plan Nacional de Educación 2020-2024. Este conjunto de políticas y planes procura garantizar derechos de sectores que, sea por razones de edad o condiciones específicas de dependencia asociada a ella, salud o discapacidad, están o podrían estar en situación de dependencia respecto de cuidados proporcionados por otras personas o por instituciones. Un ejemplo mencionado es POLNA, uno de cuyos principios rectores es el interés superior de la niña, el niño y los adolescentes, especificándose que“se asegurará a la niña, niño y adolescente la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta todos sus derechos”. Además, esta política trata sobre los estándares de calidad en los servicios de las instituciones de cuidado alternativo dirigidas a niñas, niños y adolescentes. En lo referente a discapacidad, el plan se fundamenta en el reconocimiento de varios principios, entre ellos la autonomía y la igualdad de oportunidades y no discriminación, conteniendo un conjunto de objetivos y medidas que no solo podrían tener relación con el cuidado, sino con brindar condiciones adecuadas a las personas con discapacidad a fin de que no se vean afectadas por una dependencia evitable, preservándose su autonomía. Los planes de salud y educación, si bien referidos a un ámbito de políticas más amplio que las de cuidado, incluyen distintas formas de apoyo a las familias en materia de atención a personas con algún grado de 15. Ver Gabinete Social(2018 y 2019). 16. “ Jajapo ”, palabra guaraní que significa“hagamos”. 591

CONO SUR dependencia. A cargo del Ministerio de Salud y Bienestar Social se encuentran algunas instituciones que prestan servicios de cuidado, como se verá más adelante, y además los sistemas de atención en salud deben contemplar el componente de cuidado de personas enfermas dependientes como parte ineludible del bienestar de la población. La política de educación no solo contempla todo lo referente a educación inicial −etapa de mayor dependencia de niñas y niños− sino también regula el funcionamiento de las instituciones educativas formales en todos los niveles, además de proveer servicios públicos, que deberían ser coherentes o armonizados con las necesidades de cuidado de las poblaciones atendidas. La marcha hacia una política de cuidados en Paraguay deberá contemplar la interrelación de esta nueva política con las ya existentes y en proceso de instalación. En cuanto a los programas de prestaciones sociales dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza en Paraguay, son principalmente los siguientes: el Programa Tekoporã de transferencias monetarias condicionadas para jefas de hogares en pobreza y extrema pobreza; el Programa Tenonderã 17 para que las familias egresadas de Tekoporã se sostengan fuera de la situación de pobreza a través de emprendimientos económicos; la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en situación de pobreza, que alcanza a mayores de 65 años en dicha condición que no reciban sueldos, pensiones o jubilaciones públicas o privadas; y el Programa Abrazo, dirigido a niñas, niños y adolescentes que realizan actividades económicas en determinados sectores 18 . Para el año 2018, CEPAL registraba la cobertura de los programas de transferencia monetaria condicionada en Paraguay a un 12,21% de la población total del país 19 ; es decir, para aproximadamente la mitad de la población en situación de pobreza total. Otras cifras que muestran la cobertura de estas políticas son de 2017, cuando se registraba un total de 391.570 hogares en situación de pobreza de ingresos y 150.185 hogares participantes del programa Tekoporã , es decir, un 38%(Serafini Geoghegan, 2019). La cobertura del Programa Abrazo para el año 2017 fue de 11.780 niñas, niños y adolescentes y 2.308 familias, lo que representa una cantidad exigua para un aproximado de 50.000 niñas y niños que en 2012 se estimaba estaban trabajando( ibidem ). Con respecto a la pensión alimentaria para personas adultas mayores, a octubre de 2020 se informaba de 215.704 personas recibiendo este beneficio 20 , sobre una estimación de 486.662 personas de 65 años y más en el país(6,7% 17. Palabra guaraní que significa“para pasar adelante”. 18. Sistema Integrado de Información social“La protección social en Paraguay”, mayo de 2016, disponible en https://www.siis.gov.py/estadisticas-siis/boletines-2/la-proteccion-social-en-paraguay. 19. CEPAL, Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe, disponible en https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=27. 20. Información disponible en el portal del Ministerio de Hacienda, https://www.hacienda.gov.py/ web-sseaf/index.php?c=303. 592

PARAGUAY de la población total) 21 . Es decir, actualmente un 44,3% de las personas adultas mayores del país reciben esta pensión no contributiva. Si bien existen evaluaciones de algunos de estos programas, se carece de visiones globales acerca del impacto del conjunto, y sobre todo faltan datos sistemáticos comparables longitudinalmente, a fin de realizar una adecuada valoración de desempeño. Para Tekoporã , una evaluación de 2016 indica aspectos tanto cuantitativos como cualitativos positivos, señalando aumento de controles prenatales, de vacunación y tasa de matriculación de niñas y niños, disminución de la repitencia escolar, entre otros(Serafini Geoghegan y Rossi, 2016). Otra evaluación de 2018 señala como aspectos positivos“la validación internacional de su calidad de gestión, su gestión moderna de recursos humanos, su compromiso con la rendición de cuentas, su compromiso con la transparencia, su compromiso con el combate a la corrupción, su compromiso con la equidad de género, su respeto a la autonomía cultural de los pueblos indígenas, y su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad”, mientras que señala como desafíos“respaldar el papel del Guía Familiar; fortalecer la articulación con las autoridades municipales; mejorar la coordinación con el Programa Tenonderã ; estrechar las relaciones con otros ministerios y entidades públicas; y contribuir a superar la fragmentación de políticas sociales para la erradicación de la pobreza”(Nickson, 2018: 9, 18). Esta evaluación, además, valora de manera positiva el impacto de la implementación de Tekoporã en el empoderamiento de las mujeres, informando que para diciembre de 2017 el 79% de las personas titulares de la prestación en las familias beneficiarias eran mujeres( ibidem ). También se dispone de un estudio acerca del impacto redistributivo de la pensión para adultos mayores, que básicamente concluye que los hogares de las personas beneficiarias mejoran sustantivamente su ubicación en las escalas de ingreso, y se morigera la desigualdad de ingresos, en especial en el área rural, pese al exiguo monto de la contribución monetaria(Bruno, 2018). No se ha tenido acceso, sin embargo, a estudios que analicen o evalúen de manera específica el impacto de estos programas en los cuidados, la satisfacción de necesidades al respecto, la redistribución de responsabilidades o incluso el cambio de las asignaciones tradicionales de género a las mujeres en materia de su provisión. Hay otros programas y acciones que atienden diversos aspectos del derecho al cuidado en varias instituciones públicas. Entre ellos están los programas gestionados por el Instituto de Bienestar Social, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social(MSPBS), que incluyen Espacios de Desarrollo Infantil(EDI)/ Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia(CEBINFA), para niños y niñas de 4 meses hasta 5 años, 21. Cálculo realizado en base a datos de la DGEEC, Proyección de la población nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad, 2000-2025 . Revisión 2015, disponible en https://www.ine.gov.py/Publicaciones/ Biblioteca/proyeccion%20nacional/Estimacion%20y%20proyeccion%20Nacional.pdf. 593

CONO SUR con madres y padres que trabajan fuera del hogar y con magros ingresos monetarios(existen 30 centros de este tipo en el país, donde asisten 955 niños y niñas 22 ); los hogares de estadía permanente para personas mayores(hay cinco en el país, más ocho privados con acuerdos que permiten la derivación); el apoyo a centros y comedores comunitarios para personas adultas mayores gestionados comunitariamente; y los hogares sustitutos para personas con discapacidad psíquica(seis en el país). El Ministerio de la Niñez y Adolescencia(MINNA) gestiona los centros de atención directa del Programa Abrazo(un total de 42) bajo tres modalidades: centros de protección(atención a niños y niñas de 0 a 5 años), centros abiertos (atención a niños y niñas de 6 a 14 años) y centros comunitarios(atención a niños y niñas de 2 a 14 años); y los llamados Hogares Abrigo para niños, niñas y adolescentes separados de sus familias. Además, posee un programa de Bonos Solidarios, similar a las transferencias monetarias condicionadas, para familias en estado de pobreza con niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social(MTESS), desarrolla cursos de capacitación dirigidos a cuidadoras y cuidadores infantiles y de personas adultas mayores, y prevé crear un registro de personas cuidadoras de estas, con el MSPBS. Hay que remarcar que aún existen dificultades para obtener información completa acerca de la oferta total de servicios en varias de estas instancias, en comparación con la población objetivo total que requeriría cobertura. Esto se debe tanto a la fragmentación de las políticas sociales como a la dificultad de establecer registros sistemáticos de los servicios y su alcance. Por otra parte, debe señalarse que una institución clave para el desarrollo de políticas de cuidado es el Ministerio de Educación y Ciencias(MEC), que tiene a su cargo toda la política educativa y gestiona directamente establecimientos de nivel inicial, básico y medio, entre ellos los jardines maternales, los de prejardín, jardín y preescolar(desde 4 meses hasta 5 años). De acuerdo con datos oficiales 23 , se estima que en 2020 en Paraguay habría 565.705 niños y niñas de 0 a 3 años y 280.950 niños y niñas de 4 a 5 años. Ese mismo año solo el 3,6% de los niños y niñas que tienen entre 0 y 3 años (20.251) se habría matriculado en algún establecimiento de la educación inicial; mientras que en el caso de la franja 4 y 5 años la proporción de niños 22. Datos oficiales obtenidos a través del Portal Unificado de Información Pública de la República de Paraguay. Memorándum de la Dirección de Bienestar de la Infancia y la Familia del Instituto de Bienestar Social Nº 173/2020. 23. Obtenidos a través del Portal Unificado de Información Pública de la República de Paraguay. Ministerio de Educación y Ciencias(MEC-DGPE. Base de datos RUE Informe Inicial, fecha de corte 1/7/2020) y del portal de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos(Paraguay. Población total, estimada y proyectada, según departamento, sexo y edad, 2000-2025). 594

PARAGUAY y niñas matriculados sería de 68,3%(191.940). La escasa matriculación en el nivel maternal posiblemente se deba a la baja oferta y capacidad de absorción del conjunto de instituciones para esta etapa, sobre todo de las instituciones públicas, que ofrecen servicios gratuitos por cuenta del Estado. Estos datos ponen en evidencia la ausencia de alternativas de cuidados para las familias que cuentan entre sus integrantes con infantes. Pese a todo, también hay que decir que el MEC realiza esfuerzos para ampliar su capacidad de respuestas integrales a la población de 0 a 5 años. Un ejemplo de ello es la existencia de un programa que busca la“Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado” financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación(FEEI). Finalmente, cabe destacar que con la realización de la Encuesta de Uso del Tiempo 2015, a cargo de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos(DGEEC), dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), se dispone actualmente de información sobre la distribución del tiempo que hombres y mujeres de 14 y más años dedican a actividades remuneradas, no remuneradas y personales. Uno de los ejes de indagación en torno a las actividades no remuneradas es el trabajo de cuidados(DGEEC, 2017). En el marco de los trabajos emprendidos por el GIPC, se está realizando actualmente una recolección de información que permitirá sistematizar el conjunto de programas que ofrecen servicios relacionados con el cuidado por parte del sector público en el país. Esto debería permitir acceder a información más completa acerca de los servicios existentes y su capacidad de cobertura poblacional. 3. Los servicios de cuidado en la sociedad civil y el mercado En este apartado se presenta una descripción general acerca de los servicios que prestan la comunidad y el mercado que, junto a la familia y el Estado, forman parte de la organización social de los cuidados o del diamante de cuidado, como lo denominó Razavi(2007) para visibilizar y explicitar los actores que participan en la arquitectura donde se resuelve la provisión de bienestar en la vida cotidiana. Pero antes de avanzar, es preciso señalar que una cuestión limitante cuando se aborda el tema es que en Paraguay no se cuenta hasta ahora con datos completos y actualizados que permitan dimensionar con exactitud los alcances y la envergadura de los servicios de cuidado disponibles. Las pocas investigaciones publicadas 24 sobre el tema sugieren que los servicios de 24. Algunos de los estudios que mencionan los servicios de cuidado en Paraguay son: Soto, González Vera y Dobrée(2012); Echauri y Serafini(2011) y Arzamendia(2017). 595

CONO SUR cuidados son escasos, insuficientes y concentrados en la capital del país, algunas ciudades del Área Metropolitana y capitales departamentales. Por ello, una tarea pendiente es la realización de mapeos exhaustivos sobre los servicios provistos por el Estado, las empresas y las organizaciones sociales y sin fines de lucro, medir la cantidad y calidad de estos, identificar cuál es la población dependiente que se beneficia y saber cuáles son los grupos sociales que no cuentan con la posibilidad de ejercer ese derecho básico para vivir en condiciones dignas. Como se ha explicitado, en Paraguay la mayor parte de las necesidades de cuidado se satisfacen dentro de la familia en un contexto social y cultural donde el grupo doméstico todavía es el principal proveedor de bienestar y donde el sector público y privado tienen un rol más bien subsidiario. Sin embargo, como se viene diciendo, este orden se encuentra cada vez más cuestionado por cambios demográficos, socioeconómicos y culturales que exigen ajustes. La transformación del modelo de reproducción social trae como consecuencia una demanda por mayor acceso a servicios de cuidado, sobre todo públicos o de bajo costo. En este contexto, las organizaciones sociales y comunitarias, así como también el mercado, se hacen eco de estas demandas de diferentes maneras. En algunos casos, responden a necesidades prácticas que requieren respuestas inmediatas, en otros se busca de manera más estratégica generar condiciones para avanzar hacia la igualdad de género, en tanto que en otros casos se ofrecen servicios siguiendo una lógica mercantil. A continuación, se hará una descripción general acerca de los distintos tipos de servicios de cuidado ofrecidos por la sociedad civil (organizaciones sociales, comunitarias, fundaciones e iglesias) y el mercado y empresas del sector privado 25 . 3.1. El voluntariado vecinal y las organizaciones comunitarias En Paraguay existe todavía un alto sentido comunitario, especialmente en los barrios populares, en las pequeñas ciudades y en el ámbito rural, donde la vecindad(principalmente, las vecinas) se convierte con frecuencia en una extensión de las familias para la provisión de cuidados de niñas y niños, personas adultas mayores o que tengan algún tipo de discapacidad. Compartir un plato de comida con las vecinas ancianas que viven solas o están enfermas, o cuidar a hijos e hijas de las vecinas mientras sus madres salen a hacer alguna gestión o incluso a trabajar, continúan siendo prácticas solidarias en esos espacios vecinales. 25. La descripción de servicios e iniciativas en este apartado es solo a efectos de tener una somera idea de lo ofrecido o promovido respecto al cuidado fuera del ámbito público: la información disponible no alcanza para dimensionarlos ni cuantificarlos. 596

PARAGUAY Así, muchas veces este voluntariado individual se va colectivizando con la implementación de iniciativas de distinto tipo y de diversa envergadura, con el fin de paliar de alguna manera las necesidades de cuidado, principalmente aquellas dirigidas a la primera infancia, como la alimentación(comedores o huertas comunitarias). De igual modo, mediante estas iniciativas colectivas se generan espacios asociativos de apoyo a personas adultas mayores, en sus necesidades de cuidado a la salud, la alimentación y, en los últimos años, en la gestión administrativa para su inscripción como beneficiarias del subsidio a la pensión alimentaria, así como también incipientes iniciativas de centros comunitarios. Con respecto a los cuidados de la primera infancia, existen emprendimientos comunitarios mixtos que sostienen y fortalecen servicios provistos por el sistema público, como los Espacios de Desarrollo Infantil- Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia. Estos centros están a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social(MSPBS), pero en algunas zonas también reciben el apoyo de organizaciones comunitarias. Según datos del MSPBS, existen actualmente 30 centros infantiles 26 , de los cuales tres son de administración mixta, pública junto con alguna organización civil comunitaria. Uno de estos es el Centro del Niño y la Niña de Yukyty, promovido y gestionado por la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de Yukyty (COCY), integrante de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de los Bañados de Asunción(Cobañados). Los comedores comunitarios son iniciativas más frecuentes, quizá porque demandan menos requerimientos e infraestructura que los centros infantiles, pero a su vez son también más inestables, ya que dependen de aportes no sistemáticos, por ejemplo, de los víveres que proveen instituciones públicas 27 o de donaciones de particulares. Son comunes en los barrios populares y en contextos específicos como inundaciones, sequías y otros eventos climáticos que causan daños. Existen comedores comunitarios en todo el país que buscan paliar el déficit en el derecho a la alimentación de sectores de la población que sufren la falta de políticas desde el enfoque de derechos. Con la pandemia de covid-19 este tipo de ayuda alimentaria se implementa en otra modalidad denominada ollas populares, las que se han 26. Del total de 30 centros, 13 están situados en Asunción(Capital), 13 en Central, 2 en Paraguarí, 1 en Ñeembucú y 1 en Concepción(Portal Unificado de Información Pública de la República de Paraguay. Memorándum de la Dirección de Bienestar de la Infancia y la Familia del Instituto de Bienestar Social Nº 173/2020, mayo 2020). 27. Estos aportes en general se consiguen mediante esfuerzos de grupos y organizaciones que realizan gestiones ante las gobernaciones, municipalidades, el Instituto de Bienestar Social o la Secretaría de Emergencia Nacional. Las respuestas muchas veces dependen de la relación de amistad o del humor de las autoridades de turno. De igual manera, se gestionan permisos para obtener un lugar donde cocinar y se hacen colectas en la comunidad para cubrir el pago de servicios de energía eléctrica, agua y gas. 597

CONO SUR Centro del Niño y la Niña de Yukyty El Centro Infantil Yukyty está asentado en un barrio popular donde la mayor parte de la población está constituida por familias de escasos recursos económicos y existen muchas mujeres jefas de hogar. La necesidad de muchas mujeres de hacerse cargo solas del sostenimiento de sus hogares fue la motivación principal de la comunidad para trabajar colectivamente en la instalación de este espacio comunitario. Una característica de este centro son las madres cuidadoras, propuesta de la comunidad que se gestó hace más de 15 años y consistió en la formación de madres del barrio para ofrecer cuidados institucionalizados, logrando que el MSPBS reconociera este modelo de gestión. El Estado se hace cargo de los salarios de las madres cuidadoras y de la directora de la institución; en tanto la Comisión de Apoyo, constituida por madres, padres y líderes de la COCY organiza distintas actividades de recaudación de fondos para cubrir los gastos que demanda la limpieza del local y los servicios públicos. El centro además cuenta con una lavandería que brinda servicios de limpieza de ropa de cama para la comunidad y desde hace poco tiempo también tiene una huerta comunitaria. La cuarentena obligatoria para contrarrestar la pandemia del covid-19 suspendió todas las actividades escolares y, entre ellas, los servicios de cuidado infantil, lo que produjo un grave problema para las madres que tienen a sus hijas e hijos en el centro, ya que la mayoría de ellas se dedican a trabajos autónomos(venta callejera), al trabajo doméstico en casas particulares o al reciclaje. Al no poder contar con ese servicio de cuidado, la mayor parte de las mujeres tuvieron que quedarse en sus casas, sin posibilidades de salir a trabajar para generar algún recurso económico. extendido por todo el país, constituyéndose en una estrategia de sobrevivencia para muchas familias y comunidades carentes de empleo y recursos propios para hacer frente a la situación. Nuevamente, en este caso, son las mujeres las principales gestoras del cuidado de la población. Cabe destacar que recientemente se aprobó una ley que ordena la entrega de partidas de alimentos a las organizaciones sociales encargadas de las ollas populares en el país. En cuanto a la población de la tercera edad, en las dos últimas décadas (principalmente en las ciudades), fueron surgiendo espacios comunitarios de recreación impulsados por personas adultas mayores que consideran que la vejez no debe representar el aislamiento o el asilo. Estos grupos –que no necesariamente constituyen organizaciones formalizadas–, generan actividades diversas, desde encuentros sociales periódicos, veladas, bailes hasta viajes de turismo. En algunos casos, surgieron de estos espacios y de otras organizaciones sociales y asociaciones de personas adultas mayores las demandas de acceso al subsidio de pensión alimentaria, que se catalizó con la aprobación e implementación de la ley de pensión alimentaria para personas en situación de 598

PARAGUAY pobreza extrema. Estas asociaciones ofrecen asesoramiento y gestión de la documentación necesaria para acceder a la pensión alimentaria y a partir de allí también extienden otros apoyos en la medida de sus posibilidades 28 . Ahora bien, el subsidio para la pensión alimentaria o los espacios para la recreación son aportes paliativos para la población adulta mayor ante la falta de otros cuidados tanto en la vejez como en situaciones de enfermedad, discapacidad y más aún si no se cuenta con un hogar para vivir, debido, asiduamente, a la imposibilidad de sus familias para hacerse cargo del cuidado y no disponer de recursos para contratar servicios de cuidado. No se cuenta con información acerca de la existencia de hogares para personas adultas mayores gestionados por organizaciones comunitarias, pero sí existen algunos promovidos por fundaciones e iglesias. 3.2. Las organizaciones sindicales y centrales obreras En el movimiento sindical el tema del cuidado se ha instalado principalmente a partir de gremios de trabajadoras domésticas remuneradas. Ellas posicionaron el debate sobre la valoración del trabajo doméstico y de cuidado, exigieron que se lo considere como un trabajo con el mismo estatus que los demás empleos del sector privado y que se eliminen todas las discriminaciones legales que afectaban al trabajo doméstico remunerado. Actualmente han conquistado todos los derechos laborales 29 . Aquí cabe recordar que fue el Sindicato de Trabajadores Domésticos del Paraguay(Sintradop), primera organización sindical del sector en el país, el que visualizó la necesidad de contar con servicios de cuidado para hijos e hijas de trabajadoras domésticas y habilitó la primera –y hasta ahora única– guardería para sus asociadas. El mismo año de su fundación, 1989, el Sintradop gestionó la creación de una guardería y ofreció servicios de cuidado para niñas y niños menores de 12 años, hijas e hijos de trabajadoras domésticas, que vivían en el centro infantil de lunes a viernes. El espacio llegó a atender entre 20 y 30 niñas y niños al año. Funcionó hasta el año 2007 y, posteriormente, en 2009, se volvió a activar el centro infantil, aunque siempre con limitados recursos para hacer frente a los gastos que ocasionan servicios de esta envergadura, ya que las trabajadoras domésticas no pueden asumir cuotas onerosas debido a su precariedad económica. 28. Esto se puede entender en el contexto de un país como el Paraguay donde el registro para la identidad jurídica no era accesible a toda la población hasta hace unos 30 o 40 años atrás. Téngase en cuenta, además, que los partos domiciliarios eran frecuentes y la inscripción en el Registro Civil de las Personas casi no era exigida. Acceder a la cédula de identidad requería de una gestión larga y cara ya que el Departamento de Identificaciones de la Policía estaba en la capital. Recién con la modernización del Registro Civil las gestiones se pudieron hacer en todo el país de forma más sencilla y rápida. 29. En el punto 4 se desarrollará de manera detallada la experiencia de estos gremios de trabajadoras domésticas. 599

CONO SUR El cuidado como una responsabilidad social no ha sido incluido todavía con fuerza en la agenda de las centrales obreras, aun cuando, como ya se ha visto, el marco normativo vigente reconoce derechos específicos como las licencias de maternidad y paternidad, la obligación de instalar centros infantiles(guarderías) en empresas con más de 50 trabajadores de uno u otro sexo, descansos especiales dentro de la jornada laboral y salas de amamantamiento para trabajadoras en período de lactancia, asignación de tareas laborales que no afecten la salud de las mujeres en período de gestación y bonificación familiar. Todos estos derechos son aún de difícil cumplimiento, por un lado, porque no existe un control estricto por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social(MTESS) –las inspecciones que realiza responden solo a denuncias concretas– y, por otro, porque las empresas prefieren muchas veces ser multadas antes que cumplir las leyes. Esto ocurre en un contexto más amplio caracterizado por la falta de políticas que incentiven el empleo decente y el ejercicio de derechos laborales dentro de un contexto de escasez de fuentes de trabajo. A esto se le suma que las centrales obreras y los sindicatos tienen poca fuerza e incidencia, debido a la baja tasa de sindicalización, el control férreo que ejercen las empresas sobre sus trabajadores y trabajadoras para impedir su sindicalización 30 , las dificultades para posicionar al movimiento sindical como un espacio de defensa de los derechos laborales y la desatención a las situaciones que afectan específicamente a las mujeres trabajadoras en el mismo ámbito sindical, entre otras cuestiones. Según datos del MTESS, en 2017 existían más de dos mil empresas que deberían ofrecer el servicio de cuidado a hijas e hijos de sus trabajadoras y trabajadores, pero no se cuenta con información respecto al nivel de cumplimiento del artículo 134 del Código Laboral(ley 496/1995). Tampoco se tienen datos acerca del cumplimiento de la Ley 5508 de Protección a la Lactancia Materna, vigente desde 2015. 3.3. Las fundaciones y las iglesias 31 Las distintas congregaciones religiosas que existen en el Paraguay desarrollan un importante trabajo comunitario y, en este contexto, brindan algunos servicios de cuidado canalizados principalmente a través de sus fundaciones. Las acciones más comunes de apoyo al cuidado giran en torno a la alimentación, instalación 30. No existe información disponible acerca del nivel de cumplimiento de las leyes laborales por parte de las empresas, pero las denuncias no oficiales indican que, al momento de contratar, muchos trabajadores y trabajadoras firman un compromiso expreso con la empresa de no promover la organización sindical o de no afiliarse. 31. En este apartado solo se incluirá información publicada en prensa y a los efectos de tener una somera idea de las iniciativas y apoyos que brindan a la población en materia de cuidados. Como ya se dijo, no existen datos ni registros de los servicios de cuidado en el Paraguay. 600

PARAGUAY de hogares de refugio(para niñas, niños y adolescentes en situación de peligro social), hogares para personas adultas mayores principalmente en situación de abandono y, en menor medida, para personas enfermas o discapacitadas. Sin embargo, estas iniciativas no se basan en la idea de la responsabilidad social compartida del cuidado, sino en una perspectiva asistencialista y de caridad. En la capital y ciudades aledañas, la Iglesia Católica opera a través de la Pastoral Social Arquidiocesana que promueve campañas de solidaridad en situaciones de inundaciones y sequías para ayudar a las familias necesitadas. Durante los períodos de inundación de los barrios capitalinos que están asentados en el margen del río Paraguay, la Iglesia despliega una serie de acciones solidarias que van desde el aporte para la mudanza y construcción de viviendas provisorias hasta la recolección de alimentos y vestimenta para las familias de escasos recursos. En el transcurso de esta pandemia, ha instalado cerca de 70 comedores en distintos barrios populares. En los demás puntos del país, la Iglesia Católica realiza sus actividades asistenciales a través de las parroquias, y en general, con el concurso de la población de lugar, es decir, son acciones comunitarias coordinadas por las parroquias. Otros cultos también desarrollan acciones solidarias similares a las de la Iglesia Católica, pero como los servicios que prestan están dirigidos principalmente a sus feligreses, el alcance es mucho menor pues el catolicismo todavía concentra en su seno un altísimo porcentaje de la población paraguaya. La congregación adventista diseñó un proyecto denominado Iglesia Abierta, que implementa iniciativas asistencialistas en ciudades del interior del país ofreciendo atención a personas enfermas y canastas de alimentos a familias en situación de pobreza 32 ; en tanto el Centro Familiar de Adoración tiene habilitados seis comedores que alimentan a aproximadamente mil niñas y niños de Asunción y alrededores 33 . Existen tres hogares para personas adultas mayores administrados por fundaciones y congregaciones religiosas: Hogar La Piedad, Hogar Herminio Antonio y el Hogar Oasis. Las personas con discapacidad prácticamente no cuentan con ofertas de cuidado en el ámbito comunitario, excepto un hogar de la Congregación Religiosa de la Divina Providencia, ubicado en una ciudad cercana a Asunción. Las insuficientes políticas de cuidado que desarrolla el Estado paraguayo tienen su base, entre otras cuestiones, en el todavía débil reconocimiento de que el cuidado, como un elemento central para el bienestar de las personas, es una responsabilidad social y un derecho al que 32. Noticias Adventistas , “Proyecto Iglesia Abierta ayuda comunidad en Paraguay”, 30/8/2019, disponible en https://noticias.adventistas.org/es/noticia/proyectos-sociales/proyecto-iglesia-abierta-ayuda-comunidaden-paraguay/ 33. Diario Última Hora ,“En Paraguay todo está por hacerse; solo falta un proyecto a largo plazo”, 11/10/2009, disponible en https://www.ultimahora.com/en-paraguay-todo-esta-hacerse-solo-faltaun-proyecto-largo-plazo-n263286.html 601

CONO SUR debe poder acceder toda la población dependiente, no un paliativo logrado a partir de asistencialismo y caridad. Un indicio de este sesgo es que el Estado aporte donaciones a entidades sin fines de lucro(muchas de ellas ligadas a congregaciones religiosas, asociaciones sociales, culturales o deportivas) e incluso a empresas para que brinden servicios de cuidados. En estos casos, la caridad con fondos del Presupuesto General de Gastos de la Nación reemplaza a la generación de políticas de cuidado con un enfoque de derechos 34 . Entre las fundaciones que existen en Paraguay, una de las que brinda varios servicios de cuidados es la Fundación San Rafael. La institución cuenta con un centro de ayuda alimentaria a madres e hijos e hijas en situación de pobreza; una casa de acogida para personas con enfermedades en etapa terminal(principalmente cáncer y sida), una casa de acogida para niñas embarazadas víctimas de abusos y maltratos y un comedor semanal para personas en situación de pobreza extrema. De esta fundación se ha desprendido otra: la Fundación San Joaquín y Santa Ana, que cuenta con cuatro hogares para personas ancianas(tres para varones y uno para mujeres). Las Aldeas Infantiles SOS son también una de las más reconocidas organizaciones sociales que brindan un hogar y una familia para niñas y niños. En Paraguay existen cinco Aldeas SOS, una en Asunción, una en el departamento Central y tres en otros departamentos del país. 3.4. El mercado y las empresas La oferta de servicios de cuidado ha crecido y se ha diversificado en Paraguay. Hasta hace poco tiempo, la mayor oferta estaba dirigida a la población de la primera infancia(maternales y jardines), prácticamente no existía en el sector privado hogares para la tercera edad y no se pensaba siquiera en servicios profesionales para el cuidado de personas enfermas u hospitalizadas. Actualmente, las guías empresariales ofrecen una gama bastante amplia en términos de cobertura, calidad del cuidado y precios; a la par aparecen ofertas de cursos de cuidados, reflejando con ello la necesidad de contar con cuidadores y cuidadoras cada vez más profesionalizados. 3.4.1. ¿Qué se puede comprar en el mercado? El mercado ofrece distintas alternativas a las familias que tienen la necesidad de delegar el cuidado de alguno o alguna de sus integrantes siempre que cuenten 34. Según datos del año 2019, el Tesoro transfirió a 122 organizaciones de la sociedad civil más de seis millones de dólares. Estas organizaciones son de diversas áreas: escolares, culturales, académicas, y entre ellas muchas fundaciones que ofrecen servicios de cuidado a la población dependiente(Portal Unificado de Información Pública de la República de Paraguay. Memorándum de la Dirección General de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional remitido el 9/1/2019). 602

PARAGUAY con recursos suficientes para cubrir los costos de estos servicios. En el caso de los niños y las niñas más pequeños, las instituciones privadas tienen un peso muy importante. Esto se constata cuando se analiza la matrícula de inscripción en jardines maternales: la mayoría de niños y niñas(64,2%) se concentra en instituciones privadas o subvencionadas 35 (Tabla 4). Esta distribución va cambiando a medida que los niños y niñas tienen más años y acceden a niveles superiores de escolarización. El análisis de la matrícula de la educación inicial en Paraguay sugiere por lo menos tres cuestiones. Primero, indica que delegar el cuidado de niños y niñas pequeños a una institución extrafamiliar es una opción a la que acceden principalmente las familias con mayores recursos. Segundo, señala que la atención de niños y niñas de corta edad todavía no es una prioridad para el sector público representado en este caso por el MEC. Tercero, deja en claro que la mercantilización del cuidado debilita la noción de derecho. Tabla 4. Matriculación de educación inicial Por etapas y modalidad(Paraguay, 2020) Jardín Prejardín Jardín Preescolar maternal % (3 años % (4 años % (5 años % (4 meses cumplidos) cumplidos) cumplidos) a 3 años) TOTAL Público 2.131 100 762 35,8 18.120 100 81.089 100 110.851 100 11.812 65,2 57.746 71,2 84.206 76,0 Privado 1.071 50,3 3.527 19,5 9.807 12,1 11.229 10,1 Privado subvencionado 298 14,0 2.781 15,3 13.536 16,7 15.416 13,9 Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados del portal de datos abiertos del gobierno de Paraguay. En cuanto a las alternativas para personas que demandan cuidados en momentos avanzados del ciclo de la vida, la situación es más crítica. El MSPBS tiene registrados solo 5 hogares para personas ancianas en el sector público y 51 hogares en el sector privado 36 . Los precios de estos servicios en el mercado son altos: oscilan entre 800 a 1.200 dólares mensuales. Teniendo 35. En Paraguay, los costos de las escuelas públicas son asumidos en su totalidad por el Estado, en tanto existen instituciones educativas privadas(mayormente son de la Iglesia Católica y, en menor medida, de otras congregaciones religiosas), que reciben algún aporte del Estado, como ser dinero para pagar salarios docentes, recursos para compra de insumos, etc., para complementar sus ingresos provenientes de las cuotas del alumnado. A esas escuelas se las denomina privadas subvencionadas, y se parte de la idea de que sus cuotas son reducidas para ampliar la oferta educativa. 36. Datos oficiales obtenidos a través del Portal Unificado de Información Pública de la República de Paraguay. Memorándum de la Dirección General del Instituto de Bienestar Social 102/2020. 603

CONO SUR en cuenta que cuatro de cada diez personas mayores de 65 años de edad no cuentan con ingresos propios 37 , son pocas las que podrían acceder a estos servicios del mercado, en caso de necesitarlo. El cuidado a personas enfermas es otro de los servicios que actualmente está en auge. Son numerosas las empresas que ofrecen paquetes especiales, seguros o sistemas prepagos para acceder al servicio en situaciones de enfermedad. Este servicio es una de las demandas más sentidas por la población, ya que los establecimientos hospitalarios(tanto públicos como privados) se limitan a la atención médica y los servicios de enfermería para las personas hospitalizadas y exigen que estas cuenten con un acompañamiento personal para cubrir las necesidades cotidianas de las personas internadas. 3.4.2. La responsabilidad social empresarial El cuidado cuesta. Se necesita de tiempo para cuidar o de recursos para pagar por cuidar. Como ya se ha dicho, los cambios socioeconómicos y culturales que han llevado a las mujeres a salir a trabajar de forma remunerada, a estudiar o a decidir desmarcarse de los mandatos de género, han puesto en crisis los cuidados y planteado de forma urgente el desafío por una real corresponsabilidad familiar y social. Sin embargo, los compromisos y la voluntad para compartir socialmente los cuidados son muy variados en el ámbito empresarial. Hasta ahora pocas son las empresas que han desarrollado políticas laborales que incorporen esa visión de corresponsabilidad social. Según un estudio exploratorio realizado por UNICEF para conocer la relación entre el sector privado y la infancia, solo el 8% de las empresas consultadas señaló que cuenta con jardín maternal, un 30% indicó que tiene salas de lactancia, un 43% otorga el beneficio de la licencia por maternidad o paternidad y un 59% toma medidas para mujeres embarazadas(Deloitte, 2017). En este contexto de baja corresponsabilidad, algunos sectores del ámbito privado además refuerzan estereotipos. En 2015, el entonces presidente de uno de los gremios empresariales más importantes del país, la Unión Industrial Paraguaya(UIP), se manifestó en contra de la ley que extiende el período de licencia por maternidad y del permiso para amamantar dentro de la jornada de trabajo, argumentando que estas medidas irían en detrimento de las mujeres trabajadoras ya que las empresas no las contratarían por el eventual perjuicio económico que representaría este aumento de derechos relativos a la maternidad 38 . 37. “El 39% de la población adulta mayor no cuenta con ingresos propios, proporción que se eleva al 53% de las mujeres y se reduce al 23,4% de los hombres. Las mujeres se ven más afectadas según el promedio general, empeorando su condición en el área rural”(Serafini Geoghegan, 2019a: 116). 38. Agencia IP,“Ley de maternidad es contraproducente, afirman empresarios”, 29/10/2015, disponible en https://www.ip.gov.py/ip/ley-de-maternidad-es-contraproducente-afirman-empresarios/. 604

PARAGUAY Este tipo de posicionamientos constituyen resistencias culturales y violaciones legales que se sostienen con la complicidad del Estado al no implementarse políticas de control eficaces, y que muestran de modo contundente cuán anclado está el sistema patriarcal en ámbitos donde se concentra el poder económico y político. 4. Voces, debates y propuestas para avanzar hacia una política sobre el derecho al cuidado El debate sobre el cuidado como derecho data de alrededor de una década en Paraguay, si bien existen antecedentes de organizaciones feministas y de mujeres que desde hace casi 20 años vienen analizando la división sexual del trabajo y la sobrecarga de las tareas domésticas hacia las mujeres, a la par que demandan la corresponsabilidad familiar. Esto puede observarse en diversas sistematizaciones de actividades realizadas entre los años 90 del siglo pasado y la primera década de los 2000 39 . Fue a inicios de la segunda década del siglo XXI que comenzó a posicionarse el debate específico sobre los cuidados. Entre 2010 y 2011, un equipo de investigación del CDE realizó un estudio sobre las cadenas globales de cuidados conformadas en el corredor migratorio establecido entre Paraguay y Argentina(Soto, González y Dobrée, 2012). Como parte de un proceso de incidencia relacionado con dicho estudio, se llevó a cabo un seminario sobre protección social y cuidados coorganizado por el CDE, la Secretaría de la Mujer(actualmente Ministerio de la Mujer) y ONU Mujeres. En la actividad se desarrollaron aspectos conceptuales referidos al cuidado y se habló acerca del proceso que estaba llevando a cabo Uruguay para construir un Sistema Nacional de Cuidados. A partir de ello, el tema empezó a incorporarse en la agenda estatal y se concretaron diferentes eventos que lo abordaron hasta que en 2016 se conformó el Grupo Impulsor de la Política de Cuidados (GIPC), que elaboró una hoja de ruta para el diseño de una Política Nacional de Cuidados en Paraguay. Por su parte, desde la sociedad civil, a partir de 2013 y durante los siguientes seis años, el CDE, con apoyos de organismos de cooperación internacional, puso el tema de los cuidados como centro de las sucesivas ediciones del Encuentro entre Mujeres Activistas y Líderes de la Sociedad Civil(EMLA), que reúne anualmente entre 150 y 200 mujeres de organizaciones diversas. Además, trabajó sobre los cuidados con varias 39. Por ejemplo, varias organizaciones campesinas realizaron sus planificaciones y debates, incluyendo aspectos relativos a la corresponsabilidad familiar, como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay(COCIP), la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP), entre otras. 605

CONO SUR organizaciones sociales hasta llegar a conformar, en 2018, la Plataforma Pro-Cuidados. Esta articulación, que reúne actualmente a diez organizaciones y redes sociales, tiene como objetivo central impulsar el tema de los cuidados desde la sociedad civil. Uno de los sectores activos en el proceso de debate sobre los cuidados es el de las trabajadoras domésticas. Las tres organizaciones existentes en Paraguay han centrado el tema en torno de la discusión sobre la igualdad salarial que disputaron sostenidamente desde el año 2013, y que logró la aprobación de la Ley del Trabajo Doméstico en 2015 y, finalmente, la igualdad plena con la aprobación de la paridad salarial, en 2019, como se ha dicho. Es posible afirmar que el debate sobre los cuidados en Paraguay tiene como actores activos y comprometidos a la sociedad civil y al Estado, con el apoyo de varias entidades de cooperación internacional. Con diversas acciones, estos actores han impulsado procesos que se orientan a lograr la sanción de una ley que establezca una Política Nacional de Cuidados y un Sistema Nacional de Cuidados en el país. En este marco, se desarrolla a continuación una identificación de los principales hitos, así como de las propuestas y debates centrales que se han colocado en la escena pública social y política. 4.1. La acción y el discurso estatal: el Grupo Impulsor de la Política de Cuidados(GIPC) y su hoja de ruta En febrero de 2012, la Secretaría de la Mujer(ahora Ministerio de la Mujer) y el Centro de Documentación y Estudios(CDE), con el apoyo de la oficina nacional de ONU Mujeres, organizaron el seminario internacional“Protección social, cuidados e igualdad de género. Derechos para todos y todas”. Este evento podría considerarse el inicio del debate público sobre cuidados impulsado por el Estado en Paraguay. A partir de esta actividad, las tres instituciones empezaron a trabajar conjuntamente, coincidiendo en el interés de colocar en la agenda pública el tema de los cuidados en vinculación con el ejercicio de los derechos de las mujeres y con el debate sobre la protección social. Se desarrollaron desde entonces una serie de actividades articuladas entre estas entidades. Conceptualmente, el debate se centró, por una parte, en los aspectos de género involucrados en los cuidados y la responsabilización casi exclusiva de las mujeres en estas tareas, lo cual propicia desigualdades y exclusiones como las que se producen en el ámbito laboral y que restringen su autonomía económica. Por otra parte, un aspecto teórico central fue situar el tema cuidados como uno de los pilares del sistema de protección social en construcción en Paraguay. Durante los años 2013, 2014 y 2015, se desarrollaron una serie de encuentros con diferentes sectores, procesos de asesoría técnica nacional e 606

PARAGUAY internacional y diagnósticos de la oferta estatal referida a cuidados. Esto dio como resultado un compromiso importante del sector estatal con el tema y la conformación, en el año 2016, de la articulación de diversas instituciones estatales, con el apoyo técnico del CDE y de ONU Mujeres Paraguay, cuyo objetivo fue diseñar e implementar una hoja de ruta para lograr la sanción de una ley que establezca una política de cuidados en el país. La articulación se denominó Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados del Paraguay(GIPC) y fue liderada por el Ministerio de la Mujer y la Secretaría Técnica de Planificación(STP), quienes oficiaron de ente convocante y coordinador. El objetivo de diseñar la hoja de ruta de la política de cuidados implicaba planificar un conjunto de pasos ordenados y secuenciales, que condujeran a la elaboración participativa de la Política Nacional de Cuidados en Paraguay(PNCP) para concretarla en un proyecto de ley a ser presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. El equipo del GIPC, de carácter principalmente técnico, pero con integrantes de algunas instituciones en comunicación fluida con las esferas de decisión política, incluyó inicialmente a representantes de las siguientes entidades: Ministerio de Educación y Ciencias(MEC), Ministerio de Salud y Bienestar Social(MSPBS), Ministerio de Hacienda(MH), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social(MTESS), Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG), Ministerio de la Niñez y la Adolescencia(MINNA), Instituto de Previsión Social(IPS), Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos(DGEEC), Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral(SINAFOCAL), Secretaría Nacional de las Personas con Discapacidad(SINADIS), Secretaría de Acción Social(SAS) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional(SNPP). En algunas actividades participaron además la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay y representantes del Equipo Nacional de Estrategia País(ENEP). El GIPC se reúne periódicamente en forma quincenal, el Ministerio de la Mujer se responsabiliza de las convocatorias, las agendas de las reuniones, su seguimiento y de la organización de las actividades decididas. El proceso principal al que se abocó el GIPC fue la elaboración de la Hoja de Ruta para la PNCP que incluye diversas etapas hasta llegar a la presentación del proyecto de ley al Parlamento Nacional(Gráfico 7). El proceso de consolidación y fortalecimiento del GIPC incluyó la formación en aspectos teóricos sobre los cuidados y sobre las políticas de cuidados. En el transcurso de este proceso se fue delineando el marco conceptual que encuadra el trabajo estatal, considerando al cuidado como un derecho que abarca tres dimensiones básicas: el derecho de todas las personas a recibir cuidados de calidad, el derecho a elegir cuándo cuidar y a contar con alternativas cuando no sea posible hacerlo y el derecho a cuidar con plenos derechos y en condiciones dignas cuando se realiza esta tarea a cambio de una remuneración(Ministerio de la Mujer, 2018). 607

CONO SUR G G r r á á fi fi c c o o 8 7 . . P P a a so so s s d d e e la la h h o o ja ja d d e e r r u u ta ta e e la la b b o o r r a a d d a a p p o o r r e e l l G G IP IP C C Consolidación y fortalecimiento del GIPC e involucramiento de otros actores institucionales claves Debate social de las propuestas Formulación de la PNCP Legitimación de la PNCP Fuente: Elaboración propia con base en hoja de ruta para la Política Nacional de Cuidados del Paraguay(PNCP). El GIPC se fortaleció además en diálogo con contrapartes internacionales, sobre todo del Uruguay, que brindaron elementos prácticos de experiencias de implementación. Se prepararon también documentos de relevamiento de las iniciativas de cuidados que ya están en marcha en diversas entidades públicas, para construir la PNCP con base en lo existente. En 2016 se realizó en el país la primera Encuesta sobre Uso del Tiempo(EUT 2016), brindando información clave para el proceso en desarrollo. El compromiso del Poder Ejecutivo con la construcción de la PNCP se concretó en el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024(IV PlaNI), aprobado por decreto 936, de fecha 20 de diciembre de 2018 40 , que cuenta, como ya se ha dicho, en el eje de empoderamiento económico, con un área de trabajo titulada“Corresponsabilidad compartida del cuidado”, donde establece como una de sus metas la promulgación de la PNCP. En 2019, mediante el decreto presidencial 1783/2019, el Poder Ejecutivo formalizó el GIPC y lo designó como la instancia técnica responsable de formular la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay. Ese mismo año se presentó el Documento Marco para el Diseño de una Política de Cuidados en el Paraguay, cuyos principales contenidos fueron definidos por el GIPC, con el apoyo de ONU Mujeres y la Unión Europea. El cronograma diseñado por el GIPC fue modificado en diversas ocasiones, pero los diferentes pasos se siguieron y a fines de 2020 ya se contaba con un proyecto de ley, cuyos contenidos estaban en debate por las diversas entidades que conforman el GIPC. A esto debe agregarse que dos entidades clave para las políticas sociales, como son el Gabinete Social de la Presidencia de la República de Paraguay y el Ministerio de Desarrollo Social, tomaron interés especial en el tema de los cuidados. Desde el Gabinete Social, a través de la Unidad Técnica(UTGS) que tiene bajo su responsabilidad el diseño del Sistema de Protección Social 40. Disponible en http://www.mujer.gov.py/application/files/6515/4583/7140/DECRETO936_plan_de_ igualdad.pdf 608

PARAGUAY ¡Vamos!, con el apoyo de la Unión Europea a través del programa EuroSocial, se definió la incorporación de indicadores de cuidados en la matriz del sistema. De igual forma, el Ministerio de Desarrollo Social manifestó su interés en incorporar la cuestión del cuidado a las políticas de combate a la pobreza. En suma, el Poder Ejecutivo de Paraguay se encuentra avanzando hacia la formulación de una Política Nacional de Cuidados y de un Sistema Nacional de Cuidados, que se concretaría en un próximo proyecto de ley. Está previsto que el proyecto sea objeto de un amplio debate en dos etapas. La primera etapa consistirá en la socialización y discusión en el seno del Poder Ejecutivo y con algunos actores parlamentarios afines. La segunda etapa estará centrada en un amplio debate social de la propuesta. Una vez finalizadas estas, se realizaría la presentación del proyecto de ley al Parlamento y se iniciaría el debate en esa instancia. Los tiempos en los que se desarrollaría este proceso no son totalmente previsibles dadas las dilaciones debidas a la crisis sanitaria y a los acuerdos que deben alcanzarse al interior del GIPC, pero si no se producen retrasos importantes es posible que en el año 2021 esté listo el proyecto de ley para su presentación al Congreso. 4.2. Las organizaciones de la sociedad civil: acciones y agenda Las organizaciones sociales populares del Paraguay debaten y plasman en documentos sus opiniones y demandas sobre la corresponsabilidad familiar al menos desde inicios del siglo XXI; en algunos casos específicos, como en el documento elaborado por la Mesa de Equidad de Género del entonces Centro Cooperativo Sueco 41 “Propuestas de mujeres líderes para una reforma agraria integral con igualdad de género”(Soto, 2012), con la exigencia explícita de“corresponsabilidad en el trabajo de cuidados”. Desde 2013, tanto en las diferentes ediciones del EMLA como en diversos encuentros, talleres, seminarios y cursos desarrollados en el marco de proyectos implementados por el CDE, se trabajó sobre el tema de los cuidados con organizaciones de la sociedad civil a partir de sus propias experiencias, necesidades y demandas. Es así como se realizaron varias actividades en el marco del proyecto “Responsabilidades compartidas para la igualdad”, apoyado por We Effect, y entre 2016 y 2019 se sumaron encuentros y cursos de formación llevados a cabo en el marco del proyecto“Empoderando a las mujeres para aumentar su poder político y superar las desigualdades económicas” y otras en alianza con la Articulación Feminista Marcosur(AFM). De esta forma, la mayoría de los interlocutores de la sociedad civil del CDE fue partícipe del debate 41. Ahora We Effect. 609

CONO SUR sobre cuidados y las voces de un grupo importante de mujeres organizadas estuvieron presentes en la escena pública y social sosteniendo la perspectiva de igualdad de género en el debate y el diseño de políticas sobre cuidados, incluyendo las necesidades de las mujeres de diversos sectores, en particular de las mujeres del campo popular. Los ejes conceptuales del debate de las organizaciones de la sociedad civil han girado en torno al cuidado como derecho de todas las personas, cuyo ejercicio las habilita a desarrollar todas sus potencialidades y llevar una vida digna. Se han colocado además en discusión los aspectos referidos a las desigualdades de género causadas por la responsabilización casi exclusiva de las mujeres en el cuidado de las demás personas, así como la desvalorización y hasta el desprecio de estas tareas en el marco de un sistema patriarcal y capitalista y las consecuencias que esto ha tenido en las vidas de las mujeres, afectando principalmente su autonomía económica y colocándolas en desventaja en innumerables aspectos de la vida. El otro aspecto que resalta del abordaje conceptual de las organizaciones de la sociedad civil, y en especial de las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas, es la ampliación de los contenidos de la noción de cuidado para abarcar el cuidado de la naturaleza, del ambiente, la tierra, el territorio, las culturas y las lenguas, desde una perspectiva intercultural. Este es un aspecto central de las vidas de las mujeres indígenas y campesinas que viven los embates de la destrucción acelerada de sus hábitats en tanto se esfuerzan por producir alimentos y satisfacer otras necesidades básicas como el derecho al agua. Los procesos desarrollados con las organizaciones sociales han conducido a la formulación de demandas y propuestas sobre cuidados buscando responder a las preguntas sobre qué son los cuidados, quiénes los necesitan, quiénes cuidan, cuáles son los arreglos o modos de organización de la sociedad paraguaya en relación con ellos y qué modificaciones debieran producirse. El resultado es un conjunto de propuestas de la sociedad civil sobre cuidados, amplio y comprensivo. Los debates realizados en los años 2013, 2014 y 2015 fueron sistematizados en un documento llamado“Cuidar la tierra, cuidar las personas, cuidar la vida. Demandas de mujeres de organizaciones sociales para la construcción participativa de una Política de Cuidados en Paraguay”(CDE, 2016), que fue entregado a la ministra de la Mujer en el EMLA de 2016. 4.2.1. Las preocupaciones y demandas de las organizaciones sociales Como ya se mencionó, las preocupaciones y demandas de las organizaciones sociales relativas al cuidado son amplias y se basan en la experiencia. Así, aparecen temas como el que da cuenta de que en los sectores populares el cuidado de las personas se hace en las familias, sin apoyo estatal, y son las 610

PARAGUAY mujeres las que más cuidan, lo que limita sus derechos y alerta especialmente que estas tareas obstaculizan las posibilidades de estudiar de las jóvenes. También preocupa a las mujeres de las organizaciones sociales que la gran cantidad de tiempo que destinan a los cuidados vuelve difícil el cuidado de sí mismas, así como la participación en actividades sociales, culturales, políticas, de placer y ocio, generando una constante postergación que impacta en su salud física y mental. Otro aspecto que emerge es la soledad en la cual las mujeres de los sectores populares cuidan en sus casas, sin escucha, sin socialización y eso las aísla y las enferma. Este aislamiento también dificulta las posibilidades de compartir, lo que complica la unidad entre las mujeres del campo popular para buscar los cambios necesarios. El otro conjunto de preocupaciones de las organizaciones se vincula con la desvalorización del cuidado de la naturaleza y la consecuente destrucción de la tierra, el agua y el aire, lo cual está poniendo en peligro la sostenibilidad de la vida y la biodiversidad. Los siguientes relatos, expresados en el EMLA 2014, dan cuenta de este aspecto central para las vidas de las mujeres campesinas e indígenas: El problema de los agrotóxicos es ahora nacional. Las comunidades campesinas se ven afectadas cada vez más. Nos espera más indigencia si sigue expandiéndose el monocultivo. Yo meto a mis hijos en la pieza cuando hay fumigaciones porque ya es insoportable en el distrito donde vivo. Las mujeres del campo e indígenas nos encontramos en una situación muy difícil. Antes resistíamos y ahora empeora. Aumenta la expansión de soja y nos expulsa de nuestros lugares. Los funcionarios negocian. No hay solución para nosotras. Antes había abundancia de peces, agua, nuestros hijos estaban sanos. Sueño con un ambiente sano. Que se respeten nuestros derechos y tengamos una vida sana. Con estas preocupaciones centrales, las mujeres de las organizaciones sociales coinciden en demandas clave relativas a los cuidados y en la necesidad de diseñar participativamente una política de cuidados para niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que los requieren, así como para las personas con enfermedades que necesitan cuidados temporales. Apoyan también que la política esté respaldada por una ley que establezca claramente el otorgamiento de presupuesto suficiente para que pueda implementarse con un alcance universal. Además, subrayan que las iniciativas de cuidados no sean asistencialistas, caritativas, prebendarias ni clientelares sino que partan de un enfoque de derechos y que exista la articulación interinstitucional necesaria para que la implementación sea adecuada, así como espacios de diálogo y trabajo con líderes y lideresas que posibiliten la construcción participativa de la política pública. Las mujeres organizadas también han reclamado la realización de diagnósticos sobre la situación de la mujer y el rol en los cuidados, diferenciando 611

CONO SUR las diversas realidades y circunstancias que atraviesan, por ejemplo, qué mujeres necesitan espacios para sus hijos e hijas y quiénes necesitan remuneración porque su trabajo requiere tener a sus niños y niñas cerca, exigiendo estadísticas nacionales sobre el trabajo de la mujer en el hogar y sobre el uso del tiempo(hay que recordar que en 2016 fue publicada la primera encuesta de este tipo en Paraguay). Por otra parte, en el debate de las organizaciones sociales se han identificado como sectores o grupos más necesitados de cuidados a niños y niñas, en particular de 0 a 5 años, personas con enfermedades mentales, personas adultas mayores, mujeres maltratadas, personas propensas a un consumo problemático de drogas, madres solas, personas que padecen sida, personas trans solas, mujeres trabajadoras sexuales, personas con discapacidad dependiente, personas que viven en barrios marginalizados, personas de los pueblos indígenas. Entre las necesidades de cuidados detalladas se encuentran las guarderías, los centros de cuidados y vehículos para personas ancianas, personas con enfermedades mentales y personas con discapacidad dependientes, la modificación de las disposiciones de las licencias por maternidad, ampliándolas y convirtiéndolas en licencias por maternidad y paternidad igualitarias, reconociendo así la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de los niños y niñas. Un eje importante de las propuestas consiste en la necesidad de concientizar sobre el cuidado como derecho, fortaleciendo la idea de responsabilidad compartida. Para ello se han realizado propuestas tales como la inclusión de manera transversal en la educación formal el tema de los cuidados, desde una perspectiva de igualdad de género, apuntando a la transformación del pensamiento que invisibiliza esta dimensión, para lograr su valorización y la corresponsabilidad; la difusión por redes sociales y medios de comunicación masiva de conceptos sobre los cuidados; la realización de acciones para aportar a la visibilidad del tema de los cuidados y de las consecuencias del patriarcado y del capitalismo en la producción de desigualdades, y la apertura de espacios de discusión y formación para hombres, de modo que se puedan compartir ideas de transformación en este ámbito. En relación con el cuidado de la naturaleza, se ha hecho hincapié en la necesidad de incluir como eje transversal prioritario de las políticas públicas el tema, desmontando el sistema extractivista y depredador que acaba con los bienes naturales, expande un modelo productivo que destruye el ambiente, empobrece a las mayorías y pone en peligro la sostenibilidad de la vida. Finalmente, resulta relevante el hecho de que el debate de las organizaciones sociales está conectado con otras tres discusiones que también se está planteando la sociedad paraguaya, y de las cuales participan varias de las organizaciones que piensan en los cuidados: el conflicto entre el capital y la vida, los modelos de desarrollo y la persistencia de la desigualdad. La vinculación conceptual de los cuidados con estos temas resulta vital para el horizonte de transformación social visualizado por organizaciones que luchan por cambios profundos en Paraguay. 612

PARAGUAY 4.2.2. La Plataforma Pro-Cuidados Recogiendo y capitalizando la larga trayectoria de trabajo entre el CDE y organizaciones populares, con procesos de formación, debate y acciones comunes sobre los temas de responsabilidad compartida y cuidados, en el año 2018 se conforma la Plataforma Pro-Cuidados. Actualmente, la integran diez organizaciones: Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas(CONAMURI), Coordinadora de los Bañados de Asunción(COBAÑADOS), Federación de Mujeres del Paraguay(FMP), Cultiva Paraguay, Central Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay(CNOCIP), Asociación de Adultos Mayores Divino Niño del Barrio Ricardo Brugada, Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), Central de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua del Paraguay (CCVAMP), el Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay(SINTRADESPY) y el Centro de Documentación y Estudios(CDE). El objetivo central de Pro-Cuidados es la valorización y redistribución de los cuidados en la sociedad paraguaya, expandiendo la formación y sensibilización sobre el tema, peticionando y desarrollando acciones que conecten a la sociedad civil con responsables de desarrollar las políticas públicas e impulsando iniciativas “ que ayuden a solucionar las carencias de cuidado que enfrentan determinados grupos de población, principalmente niñas, niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores” 42 . Pro-Cuidados busca además establecer espacios de diálogo con autoridades, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil con el fin de construir alianzas que difundan el debate y las acciones referidas al cuidado en todo el país. El proceso que desarrolla la plataforma estuvo apoyado por la cooperativa sueca We Effect, ONU Mujeres y la Unión Europea a través del proyecto de fortalecimiento de la AFM, implementado en Paraguay por el CDE. 4.3. Las trabajadoras del hogar remuneradas y su rol en el debate sobre los cuidados En Paraguay, la lucha por la igualdad legal del empleo doméstico fue llevada a cabo por tres organizaciones de trabajadoras domésticas que ejercen su militancia de forma articulada: el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay(Sintradop), el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa(Sintradi) y el Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay(Sintradespy). El camino hacia la igualdad salarial fue largo, y desde la presentación del proyecto de Ley del Trabajo Doméstico, que 42. Centro de Documentación y Estudios“Plataforma Pro-Cuidados Paraguay lleva debate a diferentes departamentos”, disponible en https://www.cde.org.py/plataforma-pro-cuidados-paraguay-lleva-debatea-diferentes-departamentos/ 613

CONO SUR fue aprobado sin contemplar la igualdad plena en el plano salarial, hasta la sanción de la ley que reconoció el derecho de las trabajadoras domésticas a percibir el mismo salario mínimo que los demás trabajadores y trabajadoras, pasaron seis años de lucha sostenida, apoyadas por organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Una actividad que trató específicamente sobre los cuidados fue el Seminario Internacional“El empleo doméstico y la crisis de los cuidados en el MERCOSUR”, llevado a cabo en 2015 por las tres organizaciones de trabajadoras domésticas, juntamente con el CDE y ONU Mujeres, con el apoyo del Ministerio de la Mujer, la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) y la Fundación Friedrich Ebert. Ese mismo año fue aprobada la Ley 5407 del Trabajo Doméstico, que reconoció la mayor parte de los derechos laborales a las trabajadoras domésticas excepto, como ya se señaló, el derecho al salario mínimo igualitario. Cuatro años después, en 2019, se logró la modificación del artículo 10 de esa ley y, con ello, el reconocimiento de paridad salarial. En todo el trayecto, el tema de los cuidados estuvo presente en el discurso y las acciones de las trabajadoras domésticas, tanto para fundamentar el valor de las tareas que despliegan y, en consecuencia, la discriminación que implicaba la desigualdad salarial, como para demandar la construcción de una política y un sistema nacional de cuidados que contemple sus necesidades. Así, un eje central de las argumentaciones desarrolladas por las trabajadoras consistió en exigir la igualdad legal del empleo doméstico, con derecho al salario mínimo igual al de los demás trabajadores y trabajadoras, como aspecto indispensable para el reconocimiento del valor de las tareas de cuidado. Un material difundido por las organizaciones lo explicitaba así: El trabajo doméstico conlleva responsabilidades importantes del cuidado de personas. Si para un empleado de empresa o de institución es importante su trabajo, ¿qué tan importante es con quién deja a sus hijos o a quién deja su casa, su lugar de paz? ¿Cuánto vale eso? 43 . La instalación de este discurso contribuye de manera central a la valoración de los cuidados desde el momento en que las trabajadoras domésticas, invisibilizadas históricamente en la sociedad paraguaya, se presentan como cuidadoras y exigen que ese rol tenga el reconocimiento salarial adecuado. Por otra parte, la lucha desplegada por las trabajadoras domésticas coloca un punto de inflexión clave en la denominada crisis de los cuidados . Su exigencia de igualdad salarial desordenó los históricos arreglos sobre el cuidado que existían en la sociedad paraguaya donde, por salarios ínfimos o incluso solo a cambio de techo y comida, 43. Ver tríptico de difusión en https://www.cde.org.py/la-victoria-de-las-trabajadoras-domesticas-en-paraguay/ 614

PARAGUAY como sucedía con el criadazgo 44 , se obtenía una trabajadora que quedaba en los hogares al cuidado de niños, niñas y otras personas con necesidades. La demanda de salario mínimo igualitario puso sobre la mesa que las personas sin ingresos suficientes para pagar un salario mínimo legal ya no tendrían posibilidades de retenerla y esta evidencia apoyó el debate sobre la necesidad de construir un sistema nacional de cuidados. El discurso de las trabajadoras fue contundente: Si no tienen con quién dejar a sus hijos, debe exigirse al Ministerio de Trabajo que controle a las empresas que deben tener guarderías y que todos los trabajadores, de todos los sectores, exijan un sistema nacional de cuidados que contemple guarderías y espacios accesibles, para las personas que ganan salario mínimo, incluyendo principalmente a las familias de trabajadoras domésticas 45 . Esta última apelación también tuvo una resonancia importante: las trabajadoras domésticas exigieron que en la construcción de un sistema de cuidados también se tuvieran en cuenta sus necesidades. En las marchas del 8M y en otras movilizaciones públicas, sus preguntas fueron tan agudas como esta:“Yo cuido a tus hijos, ¿quién cuida a los míos?”. En los últimos meses, debido a la pandemia de covid-19, las organizaciones de trabajadoras domésticas han colocado nuevamente el tema de los cuidados en su discurso central, esta vez apelando a su inclusión en las políticas para afrontar la crisis sanitaria, indicando que en este período la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas es extrema pues, al ser las encargadas principales de los cuidados en las casas, son las más expuestas cuando alguien de los hogares donde trabajan se enferma. Los materiales difundidos por las organizaciones expresaban mensajes como el que sigue: Somos la primera línea de cuidados en la casa. Si hay una persona con coronavirus en la casa, las trabajadoras domésticas están en la primera línea de riesgos para contraer el virus. Además, si la trabajadora doméstica sigue trabajando, ella se pone en riesgo en el transporte público y puede poner en riesgo a quienes hacen cuarentena en la casa. Por eso, lo mejor es que todos y todas nos quedemos en casa, pero sin perder el salario 46 . 44. El criadazgo es una práctica que consiste en que familias pobres envíen a sus hijas e hijos a casas de familias con más recursos para que estas los críen y les brinden educación y se hagan cargo de sus necesidades, generalmente a cambio de trabajo doméstico. Las cifras oficiales indican que hay alrededor de 46.000 niños y niñas en esa situación que constituye una de las peores formas de trabajo infantil(OIT y DGEEC, 2013). 45. Campaña“Igual valor, iguales derechos”“10 preguntas sobre el salario mínimo para las trabajadoras domésticas”, 26/6/2018, disponible en http://iguales-derechos.blogspot.com/2018/06/10-preguntassobre-el-salario-minimo.html 46. Campaña“Igual valor, iguales derechos”“Paraguay: Las mujeres en peligro durante la cuarentena”, 24/3/2020, disponible en http://iguales-derechos.blogspot.com/2020/03/paraguay-las-mujeresen-peligro-durante.html 615

CONO SUR En suma, con estos discursos, y otros que se fueron desplegando en diversos momentos y por variados canales de comunicación, la exigencia de valoración del trabajo doméstico por parte de las trabajadoras domésticas y su alusión específica a las tareas de cuidado, contribuyeron de manera sustancial a colocar en la agenda pública, social y política el cuidado de la vida humana y de las tareas de reproducción social de la vida. 5. Conclusiones La cuestión del cuidado indudablemente ha ganado espacio en el debate público en Paraguay. Las fisuras que resquebrajan la conexión entre la esfera de la reproducción social y el ámbito productivo son cada vez más profundas y evidentes. No es que estas grietas hayan sido inexistentes en el pasado. Lo nuevo es que ya no se pueden remendar con arreglos provisorios y frágiles que casi siempre recaen sobre las mujeres y de manera más específica sobre las más débiles. Una de las evidencias más claras que muestran los datos del mercado laboral y del uso del tiempo en Paraguay es que la mayor carga de trabajo de cuidados ejerce presión sobre las mujeres que tienen edad para desplegar todo su potencial en el mercado de trabajo. Otra evidencia clave es que esta carga resulta más abrumadora y limitante en el caso de las mujeres más pobres. De allí que es necesario pensar y llevar a la práctica un nuevo pacto de género y social para reorganizar la distribución de responsabilidades de cuidados en Paraguay. Este giro se fundamenta en por lo menos tres argumentos complementarios. El primero es ético y político. Como sugiere Tronto(2013), uno de los caminos para reparar los daños producidos por el neoliberalismo y repensar la democracia es comenzar a construir sociedades organizadas en función de la idea de la responsabilidad donde ocupa un lugar central el cuidado, entendido como una disposición para hacerse cargo de las necesidades del otro. La pregunta política fundamental es“¿quién es responsable?”, asumiendo que se trata de un asunto individual y social, donde nadie debe ser excluido del proceso de definición de las necesidades ni del trabajo que demanda su satisfacción. El segundo argumento es de orden más pragmático y está ligado con la economía, incluso en los términos que plantea el modelo dominante. La organización desigual e injusta de los cuidados que coloca barreras a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral tiene consecuencias negativas. Siguiendo a Rodríguez Enríquez(2013), a nivel macro se produce una subutilización de la fuerza de trabajo femenina; y a nivel micro, un menor rendimiento en el trabajo y, consecuentemente, menor productividad. La subutilización de la fuerza de trabajo tiene como efectos un menor empleo, producción y distribución de los recursos y, más a largo plazo, un menor dinamismo de la economía. Esto sucede porque la fuerza laboral no solo es importante como 616

PARAGUAY factor productivo, sino que también es un factor de demanda y su restricción constituye una traba para el flujo de intercambios. Por otra parte, la subutilización de la fuerza de trabajo femenina es problemática porque en las condiciones actuales el empleo es casi la única fuente de ingresos monetarios, de reconocimiento y de acceso a ciertos derechos sociales. En consecuencia, la inactividad económica o la inclusión de las mujeres en empleos informales y de baja calidad representa un límite para la superación de la pobreza y tiene costos individuales(la vida precaria se mantiene en un círculo vicioso) y sociales(los Estados deben aumentar el gasto social o arbitrar tensiones). Finalmente, el tercer argumento se sostiene en el sentido común. Entre muchos otros aspectos, la pandemia que sufre el mundo en este momento ha demostrado cuáles son las actividades esenciales para el bienestar humano y el sostenimiento de la vida. El cuidado en sus múltiples dimensiones se presenta sobre este escenario como una de las tareas fundamentales para dar continuidad a los procesos vitales en un contexto donde muchas otras actividades se han detenido. Mientras se interrumpían las labores en las empresas o se suspendían los espectáculos, en los hogares se continuó cuidando, el trabajo doméstico se continuó realizando, las personas enfermas continuaron recibiendo atenciones. Si hay una lección que la sociedad debe aprender de todo esto es que nuestra continuidad como especie y la posibilidad de vivir una vida digna de ser vivida dependen de la valoración que asignemos a lo que ocurre en la esfera reproductiva. Esto debería conducirnos a replantear algunos de los términos del segundo argumento: ¿Qué entendemos por economía? ¿Es solo lo que ocurre en los mercados? ¿El incentivo a la producción debería estar por encima de las vidas humanas? Ahora bien, ¿la sociedad paraguaya se encuentra preparada para enfrentar estos desafíos? Desde la perspectiva de las políticas públicas, se podría afirmar que Paraguay cuenta con un marco normativo amplio que refiere a diversos aspectos relacionados con el cuidado, tanto de rango constitucional como compromisos adquiridos a nivel internacional y leyes y políticas públicas. Sin embargo, aunque en conjunto puede ser visto como bastante completo e incluso podría ser suficiente para avanzar en más y mejores acciones de cuidado, faltaría una referencia más específica con relación al derecho al cuidado que permita dar un marco conceptual y una base para armonizar las diferentes acciones ya en marcha. Si bien existen políticas, programas y acciones que abordan aspectos puntuales y dan algunas respuestas a la demanda de cuidado, se puede apreciar una escasa cobertura y desconexión entre ellas, siendo el cuidado aún una responsabilidad principalmente familiar, para cuya satisfacción en algunos momentos y de manera limitada se cuenta con apoyo estatal. La buena noticia es que en el país existe un trabajo orientado a la formulación de una Política Nacional de Cuidados. Se puede suponer que el éxito de este proceso permitirá precisamente un abordaje integral de las necesidades 617

CONO SUR de cuidados presentes en la población, y responder a los desafíos futuros. Es preciso, pese a lo dicho, no solo culminar el trabajo técnico de formulación y acuerdos, sino ampliar el debate al conjunto del Estado, comprometiendo a las autoridades y diversas instituciones públicas e involucrando efectivamente a la sociedad civil en este proceso. Esto es imprescindible para instalar al cuidado como un derecho que requiere respuestas estatales y compromiso social compartido. Desde la perspectiva del sector privado y de las organizaciones sociales, en cambio, hay que decir que no se sabe demasiado acerca de sus acciones y compromisos. No existen fuentes que permitan cuantificar los servicios de cuidado provistos por la comunidad, las organizaciones comunitarias y sociales o el mercado, ni se puede determinar de qué población se hacen responsables y bajo qué condiciones. Tampoco existen conocimientos suficientes sobre la calidad de sus servicios. Lo que la escasa información relevada permite inferir es que la población infantil tiene mayor cobertura de servicios de cuidado, tanto públicos como privados, mientras que la población adulta mayor y las personas con discapacidad sufren mayor desamparo, que se incrementa si no cuentan con suficientes recursos económicos. Pero dentro de este marco, se podría sostener también que hay matices. Durante los últimos años, la población adulta mayor fue fortaleciendo su conciencia de derechos, y al menos hoy día se visibiliza la situación de precariedad en la que vive gran parte de las personas comprendidas en este grupo. En contraste, la población con discapacidad prácticamente no cuenta con servicios de cuidado, excepto en el rubro salud. Por ejemplo, existe un solo hogar para su atención si necesitaran un lugar para vivir o recrearse. A mayor discapacidad, menores servicios de cuidado se ofrecen. El panorama presentado sobre la organización social del cuidado en Paraguay deja abiertos algunos debates que es necesario ampliar y profundizar. Como se ha dicho, el tema de los cuidados se ha instalado en la agenda social y estatal del país. Participan actores del sector público tanto como de organizaciones de la sociedad civil, mayoritariamente mujeres. Frente a esta situación, es necesario realizar esfuerzos para construir más espacios de diálogo entre estos dos grupos y, además, ampliar la conversación incorporando a otros sectores, sobre todo a aquellos más reacios a pensar en los cuidados, como son los varones, los sindicatos y las empresas. Otro debate significativo está relacionado con los modos de entender el cuidado y la necesidad de lograr consensos. Los agentes públicos, en la práctica, pueden asumir un concepto amputado del derecho al cuidado, privilegiando determinadas dimensiones y omitiendo otras. Esto puede suceder en caso de que el diseño de la política pública esté focalizado en ciertas poblaciones que son consideradas prioritarias, como cuando se favorece el cuidado de los niños y las niñas en el marco de programas que buscan fortalecer el capital humano. Bajo estas condiciones, es posible que se refuercen roles tradicionales de las mujeres, atribuyéndoles la responsabilidad del bienestar de la infancia, 618

PARAGUAY colocando en un segundo plano sus derechos como cuidadoras. Esta clase de políticas, así, pierden de vista aspectos clave de los derechos humanos como la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia. Por otro lado, resulta fundamental reconocer los nexos sistémicos que existen entre la esfera reproductiva y la esfera productiva en la sociedad y entre distintos actores y grupos de mujeres. Visibilizar esta clase de conexiones permite discutir el modelo dominante centrado en los mercados, habilitando una perspectiva cuyo foco de atención e interés radique en los procesos de sostenibilidad de la vida. Este debate, además, permitiría identificar los vínculos que conectan a mujeres ubicadas en diferentes posiciones del campo social, reconociendo las intersecciones que actualmente contribuyen a intensificar desigualdad. La conciencia de nuestra interdependencia como seres humanos y de las múltiples relaciones que nos unen con la naturaleza es una oportunidad para estructurar nuevas alianzas y relaciones más solidarias. Finalmente, es necesario pensar el papel de la cooperación internacional y la formulación de una agenda nacional que tenga continuidad. Sin duda, el rol de actores transnacionales en el impulso al debate ha sido muy importante para instalar la temática y apoyar a las organizaciones nacionales comprometidas con la igualdad de género, para las cuales el cuidado representa un tema estratégico. Pero también es relevante identificar mecanismos para sostener los procesos cuando la agenda internacional vire hacia otras temáticas o sufra los embates de recortes presupuestarios. En resumen, la organización social del cuidado en Paraguay puede ser entendida como un campo donde están aconteciendo importantes transformaciones. Es tiempo, por consiguiente, de asumir posiciones y contribuir a consolidar un modelo social basado en la igualdad y la corresponsabilidad. Lista de siglas utilizadas AFM BID CCVAMP CDE CEBINFA CEPEP CNOCIP Cobañados COCY CONAMURI Articulación Feminista Marcosur Banco Interamericano de Desarrollo Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos Centro de Documentación y Estudios Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia Centro Paraguayo de Estudios de Población Central Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de los Bañados Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de Yukyty Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas 619

CONO SUR CTCU EDI EMLA ENEP EUT DGEEC FEEI FMP GIPC IPS MAG MEC MH MINNA MPSBS MTESS PNA PNCP POLNA OIT SAS SNPP Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos Espacios de Desarrollo Infantil Encuentro entre Mujeres Activistas y Líderes de la Sociedad Civil Equipo Nacional de Estrategia País Encuesta sobre Uso del Tiempo Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación Federación de Mujeres del Paraguay Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados del Paraguay Instituto de Previsión Social Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Educación y Ciencias Ministerio de Hacienda Ministerio de la Niñez y Adolescencia Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Plan Nacional de Niñez y Adolescencia Política Nacional de Cuidados del Paraguay Política Nacional de la Niñez y Adolescencia Organización Internacional del Trabajo Secretaría de Acción Social Sistema Nacional de Promoción Profesional Referencias Arzamendia, G.(coord.)(2017). Personas adultas mayores institucionalizadas. Calidad de vida y vulneración de derechos humanos , Asunción: Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Banco Mundial(2017). Diagnóstico del empleo en Paraguay: La transformación dinámica del empleo en Paraguay , Washington DC. Batthyány, K.(2009).“Cuidado de personas dependientes y género”, en R. Aguirre (ed.), Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay , Montevideo: UNIFEM. —(2015). Las políticas y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales , Santiago: CEPAL. Batthyány, K., y N. Genta(2018).“Sociología de género y cuidados en Uruguay: el camino recorrido”, en P. Rivero-Vargas et al. (eds.) Políticas públicas para la equidad social, vol. 1, Santiago: Universidad de Santiago de Chile. 620

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PARAGUAY ANEXO Tabla 5. Contenidos de la Constitución Nacional asociados al cuidado Artículo Art. 6 – De la calidad de vida Art. 7 – Del derecho a un ambiente saludable Art. 46 – De la igualdad de las personas Art. 47 – De las garantías de la igualdad Contenido Ordena al Estado promover la calidad de vida mediante planes y políticas, reconociendo factores condicionantes como la pobreza, la discapacidad o la edad. También dispone fomentar la investigación sobre la población y los vínculos con el desarrollo económico y social, la preservación del ambiente y la calidad de vida. Afirma que son objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Reconoce que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, que no se admiten discriminaciones y que el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Exige al Estado garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Art. 48 – De la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer Art. 49 – De la protección de la familia Art. 50 – Del derecho a constituir una familia Art. 53 – De los hijos Art. 54 – De la protección al niño Art. 55 – De la maternidad y la paternidad Afirma que el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Indica que el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. Declara que se promoverá y garantizará la protección integral de la familia. Reconoce que toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. Afirma que los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad y que serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. También indica que los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad. Además, señala que la ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. Declara que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. Afirma que la maternidad y la paternidad responsables serán protegidas por el Estado, el cual fomentará la creación de instituciones necesarias para dichos fines. 623

CONO SUR Artículo Art. 57 – De la tercera edad Art. 58 – De los derechos de las personas excepcionales Contenido Reconoce el derecho a una protección integral de toda persona en la tercera edad. Indica que la familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio Señala que el Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. Art. 59 – Del bien de familia Art. 61 – De la planificación familiar y de la salud maternoinfantil Art. 64 – De la propiedad comunitaria Art. 76 – De las obligaciones del Estado Art. 86 – Del derecho al trabajo Art. 88 – De la no discriminación Art. 89 – Del trabajo de las mujeres Art. 95 – De la seguridad social Reconoce el bien de familia(bienes inembargables constituidos por la vivienda y por sus muebles y elementos de trabajo) como institución de interés social. Reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. Establece que la educación escolar básica es obligatoria y que en las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. Reconoce el derecho de todas las personas a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. Indica que no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos de sexo y otros factores. Establece que los trabajadores y las trabajadoras tienen los mismos derechos y obligaciones laborales. Instituye que la maternidad sea objeto de especial protección, comprendiendo servicios asistenciales y descansos (no inferiores a 12 semanas). Establece que la mujer no será despedida durante el embarazo ni mientras duren los descansos por maternidad. Indica que la ley establecerá el régimen de licencias por paternidad. Prescribe que el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Dicta promover su extensión a todos los sectores de la población. 624

PARAGUAY Tabla 6. Instrumentos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos con contenidos asociados al cuidado Instrumento Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW, por sus siglas en inglés) Convención sobre los Derechos del Niño(CDN) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Contenidos Los Estados se comprometen a seguir una política encaminada a eliminar la discriminación hacia la mujer (art. 2) y en particular la discriminación en el ámbito laboral, asegurando su derecho a trabajar por medio de medidas relacionadas con la prohibición de despido por motivo de embarazo o las licencias de maternidad y alentando el suministro de servicios sociales de apoyo para permitir que los padres combinen las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de una red de servicios de cuidado de niños y niñas(art. 11). Los Estados se comprometen a garantizar el reconocimiento de que el padre y la madre tienen las mismas obligaciones en lo referido a la crianza de niños y niñas(art. 18); a brindar protección a niños y niñas que estén privados del medio familiar(art. 20); y a reconocer el derecho de niños y niñas con impedimentos físicos o mentales a recibir cuidados especiales(art. 23). Los Estados reconocen el derecho de todas las personas a la seguridad social(art. 9); el derecho a la protección y asistencia a las familias, a la protección a las madres y a los niños, niñas y adolescentes(art. 10); el derecho a un nivel de vida adecuado(art. 11); el derecho a la salud física y mental(art. 12); y el derecho a la educación(art. 13). Los Estados reconocen el derecho de las personas migrantes regulares e irregulares a la igualdad de remuneración y condiciones de trabajo(algo particularmente relevante para las trabajadoras domésticas migrantes)(art. 25); a la educación de sus hijos e hijas(art. 30); y, solo en el caso de las personas migrantes regulares, a la reunificación familiar(art. 44). Ratificación Año 1986, por ley 1215/86 Año 1990, por ley 57/90 Año 1992, por ley 4/92 Año 2008, por ley 3452/08 Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad Los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad(art. 19); a la movilidad personal(art. 20); a la vida en familia y recibir cuidados cuando la familia no puede cumplir esta función (art. 23); a la salud(art. 25); y a tener un nivel de vida adecuado y a acceder a la protección social(art. 28). Año 2008, por ley 3540/08 625

CONO SUR Tabla 7. Instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con contenidos asociados al cuidado Instrumento Convención Americana sobre Derechos Humanos(CADH) o Pacto de San José de Costa Rica Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) Protocolo Adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(Protocolo de San Salvador) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad Contenido Los Estados se comprometen a proteger a las familias, tomando medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la equivalencia de responsabilidades de los cónyuges(art. 17). También reconocen el derecho de los niños y las niñas a medidas de protección(art. 19). Ratificación Año 1989, por ley 1/1989 Los Estados reconocen el derecho de toda mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación(art. 6) y convienen en adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer(art. 8). Los Estados se comprometen a adoptar medidas con el fin de garantizar derechos sin discriminación por sexo ni por ningún otro motivo(art. 3). Los derechos garantizados son al trabajo, comprometiéndose a fortalecer programas que contribuyan con la atención familiar para que las mujeres puedan ejercer este derecho(art. 6) y a condiciones laborales justas y satisfactorias que incluyen la estabilidad, limitación razonable de la cantidad de horas y el descanso; a la seguridad social que proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad(art. 9); a un medio ambiente sano(art. 11); a la educación, garantizando la enseñanza primaria obligatoria y gratuita(art. 13); a la protección de la familia, brindando atención especial a la madre antes y después del parto, garantizando a los niños y niñas una adecuada alimentación, adoptando medidas especiales para adolescentes(art. 15); a la protección de la niñez, reconociendo el derecho de los niños y las niñas a crecer bajo responsabilidad de sus padres y a la educación gratuita y obligatoria(art. 16); a la protección de las personas ancianas(art. 17); y a la protección de las personas minusválidas(art. 18). Los Estados se comprometen a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad (art. 2). Entre muchas otras disposiciones, este compromiso comprende la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades relacionadas con el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación(art. 3) y el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total a la sociedad de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad(art. 4). Año 1995, por ley 605/95 Año 1997, por ley 1040/97 Año 2002, por ley 1925/02 626

PARAGUAY Tabla 8. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) con contenidos asociados al cuidado Instrumento Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares Contenido Los Estados se comprometen a poner en práctica programas de acción para eliminar el trabajo de niños y niñas y a elaborar una lista de trabajo infantil peligroso. Paraguay incluye dentro de esa lista las labores de cuidado de personas y enfermos, que ponen en riesgo su salud, seguridad y moralidad, el trabajo infantil doméstico y el criadazgo. Los Estados se comprometen a adoptar las medidas necesarias para que las personas con responsabilidades familiares puedan ejercer su derecho al empleo sin ser objeto de discriminaciones y, en la medida de lo posible, sin conflicto con sus responsabilidades familiares. Para ello se comprometen a tomar en cuenta especialmente las necesidades que conciernen a la seguridad social(art. 4, b) y a desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar(art. 5, b). Ratificación Año 2001, por ley 1657 Año 2007, por ley 3338 Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos Los Estados se comprometen a ofrecer protección específica a las trabajadoras y trabajadores domésticos, reconociendo derechos básicos y haciéndose responsables de la adopción de una serie de medidas con el fin de lograr condiciones de trabajo decente para las personas ocupadas en el sector. Año 2012, por ley 4819 627