ANÁLISIS D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES PAZ Y SEGURIDAD ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Juan Gómez/ Silvia Corredor Rodríguez Valeria Arias Suárez/ Carlos Mayorga Abril de 2021 à El Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia mapeó los principales riesgos en su contra. à El control ilegal sobre una nutrida lista de‘botines’ de guerra que van más allá de la coca, la poca presencia del Estado y conflictos con grandes empresas mineroenergéticas tendrían silenciados a los liderazgos sociales. à La presencia integral del Estado, la implementación del Acuerdo de paz y mayor voluntad política para protegerlos son acciones urgentes que exigen los liderazgos y la seccional Antioquia de la Comisión de la Verdad. 1

PAZ Y SEGURIDAD ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL

CONTENIDO 1 ANTIOQUIA SILENCIADA 4 2 LOS‘BOTINES’ DE LA GUERRA: MOTORES DE LA VIOLENCIA 9 3 EL PUENTE CON EL ESTADO ESTÁ QUEBRADO 12 4 LOS PRIVADOS COMO FACTOR DE RIESGO 15 5 ACCIONES URGENTES 18 3

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL 1 ANTIOQUIA SILENCIADA Antioquia ha sido uno de los corazones del conflicto armado en Colombia y en los últimos años, tras la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016, la violencia no ha dado tregua, por el contrario, se ha mantenido, incluso durante la pandemia actual(véase la infografía 1). Entre la firma del Acuerdo y 2020, cerca de ciento cincuenta líderes y lideresas sociales fueron asesinados, a lo que se suman las personas, registradas o no, que por defender su territorio también han sido amenazadas, desplazadas y agredidas de muchas otras maneras (véanse las infografías 2 y 3). Infografía 1 Agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia, enero-octubre de 2020 Infografía: gráfico El Espectador. 4

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Infografía 2 Agresiones documentadas contra el liderazgo social en Antioquia según el lugar y el tipo de agresión, 24 de noviembre de 2016-27 de octubre de 2020 Fuentes: cruce y análisis propio con información de Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia e Indepaz-Marcha Patriótica. Infografía: gráfico El Espectador. 5

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Infografía 3 Agresiones documentadas contra el liderazgo social en Antioquia según el tipo de liderazgo, 24 de noviembre de 2016-27 de octubre de 2020 Fuentes: Referenciado cruce y análisis propio de bases de datos. Infografía: gráfico El Espectador. Además, son violencias que no escapan al género, la etnia y la identidad sexual. En el caso de las comunidades indígenas, la Organización Indígena de Antioquia( OIA ) explicó que la violencia contra las comunidades originarias se incrementó desde 2019. Pueblos de por sí silenciados ante la convivencia prolongada con los actores armados ilegales y por la cual han quedado en medio de los fusiles. Este panorama les ha obligado a desplazarse hacia lugares en los que su situación no pueda ignorarse. Según informa la OIA , entre enero de 2016 y octubre de 2020 hubo cincuenta y dos casos de desplazamiento en Antioquia que involucran a comunidades indígenas o a sus miembros. El Bajo Cauca resalta en la cantidad de estas victimizaciones para la comunidad senú, y la Organización Indígena resalta que“los grupos armados ilegales las han sometido al imperio de la ley del silencio para que las comunidades no denuncien toda la vulneración de sus derechos”. En el Occidente antioqueño, por ubicarse en medio de una ruta del narcotráfico, también hay riesgos para los liderazgos indígenas, explica María Fernanda Posada, de la Gobernación de Antioquia. A las mujeres las atacan en razón de su género. Varias lideresas indicaron que han recibido intimidaciones en las 6

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL que también amenazan a sus hijos, esposos y al resto de su núcleo familiar. También son descalificadas empleando contra ellas y sus liderazgos palabras como‘perras’, ‘desocupadas’, o frases como‘están buscando novio’, refiriéndose, puntualmente, a su representación y sus luchas. En subregiones como Occidente no hay una gran presencia de liderazgos LGBTI + y ese desconocimiento sobre las expresiones sexuales y de género no ha contribuido al avance en el asunto, explican los líderes y las lideresas. En el municipio de Ituango, de la subregión del Norte, los liderazgos LGBTI + son reducidos por la estigmatización a la comunidad. En el Nordeste, a pesar de que los líderes y las lideresas entrevistados reconocen la aceptación de los liderazgos diversos, han circulado panfletos amenazantes contra la comunidad LGBTI +. En Medellín, Valle de Aburrá, el 25 de marzo de 2020 un líder fue agredido con un arma blanca, en la comuna 8 de la ciudad. Para otras personas, la violencia fue letal: Liliana Holguín, quien pertenecía a la Mesa LGBTI + del municipio de Caucasia, fue asesinada el 26 de febrero de 2019 mientras se desplazaba con su sobrino en una motocicleta, quien también murió. En la mayoría de las últimas cuarenta Alertas Tempranas ( AT ) emitidas para el departamento la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos para líderes y lideresas sociales. “En Antioquia hay un patrón sistemático de violencia política y especialmente hacia movimientos de izquierda, movimientos de derechos humanos, sociales y sindicales. Los líderes reclamantes de derechos son los más victimizados”, asegura Max Yuri Quintero, coordinador en Antioquia de la Comisión de la Verdad( CEV ). Las particularidades del conflicto varían en cada una de las nueve subregiones del departamento, pero a rasgos generales hay, por un lado, territorios en los que la influencia de estructuras armadas ilegales estaría tan arraigada y naturalizada que los líderes y las lideresas han optado por callar sobre este control social y, así, librarse de sus castigos: subregiones de Urabá, Valle de Aburrá, Oriente y Magdalena Medio. Y hay, por otro lado, territorios donde la violencia, ya normalizada, es indiscriminada contra la población, particularmente contra sus líderes, ante las disputas entre grupos ilegales por imponer su control, muchas veces buscando copar los espacios dejados por las reincorporadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(Farc): subregiones de Bajo Cauca, Norte, Nordeste y municipios de Occidente y Suroeste. En ambos escenarios, sin embargo, las estructuras criminales se han fortalecido durante la pandemia; el deterioro del movimiento social, reflejado en la letalidad de la violencia en su contra(véase la infografía 4), persiste, y la mejor opción para sobrevivir es el silencio, aseguran los líderes y las lideresas sociales entrevistados. “Los grupos armados han avanzado con la pandemia a territorios donde no hacían presencia, abandonados por el Estado, y llegan a intentar someter a la población”, denuncia un representante del Proceso Social de Garantías. 7

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Infografía 4 Homicidios de líderes y lideresas sociales en Antioquia, por municipio, 24 de noviembre de 2016-27 de octubre de 2020 Fuentes: referenciado cruce y análisis propio de bases de datos. Infografía: gráfico El Espectador. 8

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL 2 LOS‘BOTINES’ DE LA GUERRA: MOTORES DE LA VIOLENCIA Según el Proceso Social de Garantías, denunciar negocios ilegales ha puesto en el centro de la violencia al liderazgo social antioqueño, incluyendo la ocupación informal de tierras—especialmente en Urabá, donde hay 6.655 solicitudes de restitución de tierras según datos oficiales 1 (véase la tabla 1)—, el lavado de activos, cadenas de extorsión municipales, la seguridad privada que ofrecen los grupos armados ilegales y su injerencia en la corrupción de negocios legales, pero especialmente las diferentes movidas del narcotráfico. Sin embargo, más allá del interés sobre los cultivos de uso ilícito 2 (véase la tabla 2)—que ha concentrado la violencia sobre liderazgos de sustitución de cultivos— e introducir y mantener el consumo de estupefacientes en buena parte de los cascos urbanos del departamento, hay otra razón clave 1 Según una base de datos de la Unidad de Restitución de Tierras, Antioquia es el departamento con mayor número de solicitudes de restitución: a 6 de noviembre de 2020 había registradas 21.891 solicitudes. El despojo de tierras ha sido perpetrado no solo por grupos armados ilegales, sino también por actores legales con intereses particulares y testaferros. 2 Según el Observatorio de Drogas de Colombia, el registro de hectáreas de cultivos de coca en el departamento disminuyó, al pasar de 13.680 y 13.403 hectáreas en 2017 y 2018 a 9.481 en 2019. Sin embargo, preocupa la alta presencia de estos cultivos de uso ilícito en los municipios de Cáceres (1.101 hectáreas en 2019), Tarazá(2.061 en 2019) y Valdivia (2.360 en 2019), ubicados en las subregiones de Bajo Cauca y Norte, que siguen alimentando el negocio del tráfico de cocaína en el resto del departamento y otras partes del país. Los líderes y las lideresas sociales señalaron la falta de implementación del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito( PNIS ) en los territorios. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 045-20, dice que“los líderes y lideresas comunitarios, principalmente en zona rural donde es implementado el PNIS , son víctimas de homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, desaparición forzada, entre otras graves conductas”. para entender por qué el departamento de Antioquia es tan atractivo para el crimen organizado. Ubicado en la esquina noroccidental de Latinoamérica (véase el mapa 1), Antioquia goza de salidas naturales hacia el mar Caribe, con el golfo de Urabá y el puerto de Turbo, y el océano Pacífico, a través del río Atrato y las decenas de kilómetros chocoanos que lo separan de su frontera occidental(subregiones de Urabá, Occidente y Suroriente); una localización estratégica para el tráfico marítimo de narcóticos y armas. Por estas rutas saldría la droga proveniente del resto del departamento y del sur de Córdoba, que atraviesa el Nudo de Paramillo y pasa por el Bajo Cauca, el Norte y el Occidente antioqueño. Además, el departamento limita al oriente con el río Magdalena, Bolívar y Santander, posibles rutas hacia el Catatumbo y el Caribe colombiano. Esto, según varias Alertas Tempranas de la Defensoría y mapeos previos del Proceso Social de Garantías. Los líderes y las lideresas sociales aseguran que dichos negocios ilegales y rutas estratégicas estarían controlados o en disputa, principalmente, por grupos herederos del paramilitarismo: primero, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia( AGC )—o Clan del Golfo—, que desde el Urabá, donde prácticamente dominarían el Eje Bananero, influencian al resto del departamento, siendo el actor con mayor despliegue y consolidación. Y segundo, los antiguos aliados de las AGC , el bloque Virgilio Peralta Arenas( BVPA )—o los Caparros—, que desde el municipio de El Bagre y la vecina zona conocida como Baldíos Nacionales, impone controles sociales estrictos como toques de queda y restricciones a la movilidad en las subregiones antioqueñas del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, así como en el sur de Córdoba, donde se disputan con las AGC , a sangre y fuego, el control de las rentas ilícitas. 9

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Tabla 1 Panorama de la restitución de tierras en Antioquia Número de solicitudes de restitución de tierras por subregión Subregión Número de solicitudes Número de predios Número de titulares Urabá 6.655 6.228 4.661 Oriente 5.961 5.362 4.017 Bajo Cauca 2.677 2.529 2.176 Valle de Aburrá 1.380 1.244 1.060 Suroeste 1.295 1.209 884 Occidente 1.285 1.111 840 Nordeste 1.230 1.149 909 Norte 833 746 559 Magdalena Medio 575 543 427 Tabla 2 Cultivos de coca en Antioquia Subregión Bajo Cauca Norte Nordeste Urabá Oriente Magdalena Medio Total No. de hectáreas de coca(2019) 4.688 3.430 1.261 71 15 14 9.481 Mapa 1 Antioquia por subregiones Fuente: La Paz en el Terreno. 10

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Al menos un grupo de corte“paramilitar”, señalan los liderazgos, tendría influencia en la mayoría de municipios, cuyos cascos urbanos han estado permeados por el microtráfico que pone en riesgo de reclutamiento para la ilegalidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, y a las personas con liderazgos que, buscando protegerles, denuncian las plazas de vicio. El Ejército de Liberación Nacional( ELN ), en expansión desde el Chocó hacia el Norte, el Occidente y el Urabá antioqueño, y las llamadas disidencias de las Farc, caracterizadas por su movilidad en el territorio, representan riesgos para los liderazgos y, según el caso, le disputan el control de zonas del departamento a las AGC y los Caparros: el ELN particularmente en el Bajo Cauca, Occidente y Urabá(en límites con Chocó) y ex Farc en el Norte y Urabá(en límites con el Nudo de Paramillo). Preocupan también la presencia del llamado Clan Isaza, uno de los herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia( AUC ) en el Magdalena Medio. Asimismo, en palabras de Max Yuri Quintero de la CEV ,“la presencia cada vez mayoritaria de lo que se denominan carteles mexicanos en las subregiones de Bajo Cauca y Nordeste con conexión en Urabá”, así como en el Suroeste, según el Proceso Social de Garantías, y Medellín, de acuerdo a la revista mexicana Proceso, además de grupos desconocidos que los liderazgos no reconocen en municipios del Occidente y el Suroeste. Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación habrían llegado al territorio, de manera transitoria, por negocios de narcotráfico. Aunque no ejercen un control territorial particular, desde 2011 han hecho presencia en la subregión del Bajo Cauca y han“propiciado el acercamiento entre las principales estructuras que desangraban el Bajo Cauca y municipios de las subregiones vecinas del Norte y Nordeste”, según la Alerta Temprana 045-20 de la Defensoría del Pueblo. Las que sí son bien conocidas son las viejas estructuras del hampa paisa como la Oficina y una larga lista de bandas criminales del Valle de Aburrá, más de ciento cuarenta según la Alerta Temprana 032-2020 de la Defensoría, que, expertas en acuerdos entre grupos criminales—la Oficina tiene más de treinta años de historia—, mantienen una“tensa calma” en Medellín y municipios de Aburrá, Oriente, Suroeste y Occidente. Algo de lo que más sorprendió en el mapeo de riesgos fue que las bandas criminales de los Pachelly y los Chatas, aliadas con la Oficina, también han ingresado con microtráfico al Nordeste, aprovechando la salida de las Farc. Los Pachelly y la banda el Mesa o los Mesa también delinquirían en el Norte. 11

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL 3 EL PUENTE CON EL ESTADO ESTÁ QUEBRADO La incapacidad del Estado para gobernar vastos territorios donde impera la ley de los ilegales ha impedido la denuncia de sus crímenes, dicen los liderazgos, cuyo silencio también se motiva por la desconfianza que sienten hacia la Fuerza Pública. “La relación con altos mandos nos da mejores resultados, hay una reacción más oportuna, la gente siente más desconfianza con el soldado regular o el que hace presencia en el territorio. Esto se debe a sucesos de la historia en los que se ha evidenciado ese nexo o connivencia entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública, es claro y persiste en lugares como el Bajo Cauca, en los informes lo hemos mencionado”, explica un representante del Proceso Social de Garantías. “Hay una fractura en la confianza entre el sector social y la Fuerza Pública, se rompió y en los últimos años ha aumentado”, asegura Quintero de la Comisión de la Verdad.“Lo que hemos advertido no son riesgos con la Fuerza Pública para con líderes y lideresas, hemos advertido de la desconfianza que tienen con la Fuerza Pública, que han manifestado muchas veces”, afirma un funcionario de la Defensoría del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.“Los líderes, en especial del Norte, han indicado y denunciado sentirse intimidados y violentados por la Fuerza Pública”, comenta María Fernanda Posada, de la Gobernación de Antioquia. mos líderes nos dicen que seremos vigilados y que nos pondrá en riesgo, y también con las personas que trabajamos y el desarrollo de actividades. El Bajo Cauca es emblemático en este sentido. Cuando hacemos pedagogía de la Comisión y procesos de no repetición[de la violencia del conflicto], nos encontramos muy fuerte con esto. Es bien complicado”, anota Quintero. “Antes del proceso de paz, la gente desconfiaba y desconfía de la Fuerza Pública por los nexos con los grupos armados. Con la firma en algunos territorios entran a comandar miembros de la Fuerza Pública de alguna forma progresistas o humanistas para hablar con los líderes y las lideresas. Organizaciones en el Bajo Cauca decidieron establecer diálogos directos con la Fuerza Pública con el fin de restablecer relaciones de confianza y demás. Pero desde este año se ha perdido, porque se evidencia el nexo y la convivencia de estos grupos. En estos momentos hay una retoma de una línea muy radical de la Fuerza Pública”, afirma un representante del Proceso Social de Garantías. “La advertencia que se había hecho sobre la presencia integral del Estado en los territorios que dejaban las Farc no fue oída. La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército no ha permitido el mejoramiento de la situación en el Bajo Cauca, en los últimos dos años la situación de los líderes sociales y la población civil se ha agravado”, añade Quintero. En los últimos cuatro años han sido múltiples los casos de agentes del Estado investigados o capturados en Antioquia por participar en hechos delictivos(consultar los casos en los mapas de riesgo), pero ha sido: “sistemática y persistente la relación de connivencia entre Fuerza Pública y distintos actores a lo largo de la historia. Cuando vamos a alguna de las subregiones, nunca hablamos con la Fuerza Pública porque los misPosada, de la Gobernación, contrasta: En Bajo Cauca se denuncia una ausencia de institucionalidad de Fuerza Pública. Sin embargo, en lo que se ha observado, es cierto que hace falta Fuerza Pública, porque faltan hombres, no estrategia, que estén en capacidad de respaldar las distintas operaciones que se desarrollan en el territorio. 12

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL En el Valle de Aburrá, por su parte, los liderazgos sociales denunciaron que en varios municipios de esta subregión existen miembros de la Policía cómplices de bandas delincuenciales, quienes terminan por adherir a los negocios ilegales. En 2016, la revista Semana reveló una de estas complicidades, cuando capturaron a policías vinculados con los Chatas. Los liderazgos también reconocieron la presencia en el territorio de la banda delincuencial los Magníficos, que según informó el periódico El Tiempo en 2018 ha estado conformada por policías activos y en retiro que se han dedicado principalmente al secuestro:“la banda de los Magníficos es tan peligrosa que autoridades tienen información de que son contratados por las bandas criminales de Medellín para realizar vueltas y cobros de la mafia”. “Nos preocupa la legitimidad en el área metropolitana de Medellín, los grupos ilegales no perdieron sino que ganaron legitimidad, porque pasaron a hacer el papel del Estado: entregaron mercados, ayudas humanitarias en barrios en Medellín. Esto es peligroso porque genera un respaldo social muy fuerte, de familias empobrecidas que los ven como buena gente que nos trae comida”, lamentó un líder del Proceso Social de Garantías. En Urabá no sería muy diferente.“No podemos ir a las veredas porque tenemos riesgos”, es una de las frases que comunidades, líderes y lideresas han escuchado de la Policía en la subregión costera a la hora de requerirla. Después del asesinato del expresidente de la Junta de Acción Comunal( JAC ) Amado Torres, en Apartadó a inicios de 2020, Noticias Uno recogió el testimonio de un labriego de la vereda La Victoria, quien evidenciaría la negativa de la Policía para prestar servicios en parte de la subregión.“El daño es por acción u omisión”, complementó un líder del Proceso Social de Garantías. Sin embargo, de acuerdo con Irene Piedrahita, analista de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad,“la Policía es la que ha protagonizado más tensión contra las AGC en Urabá”. Allí y en otras subregiones, como Oriente y Norte, los liderazgos denuncian la estigmatización de uniformados hacia ellos y ellas, incluyendo liderazgos de minería ancestral. De acuerdo con los líderes y las lideresas entrevistados, en el Bajo Cauca la presencia de operaciones militares generaría riesgos porque a cualquier campesino lo podrían relacionar e implicar con grupos armados ilegales. Gabriel Ángel Rodríguez Patiño, para Indepaz un líder campesino afiliado a una JAC , fue asesinado el 24 de mayo de 2018 en la vereda Travesías del municipio de Briceño(Norte). La agencia de prensa Análisis Urbano expone que, según las personas que estaban con Gabriel Ángel el día de los hechos,“los autores de este crimen son uniformados del Ejército Nacional, quienes habrían disparado porque los confundieron con disidencias de las Farc”. Ante esta situación, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, entonces comandante de la IV Brigada, le comunicó el 26 de mayo de 2018 al Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo que las tropas del batallón de artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez se encontraban haciendo operaciones de control territorial en la zona rural de la vereda El Roblal del municipio de Briceño,“área de ingerencia del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36(de las antiguas Farc)” y que el asesinato del líder es“materia de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes”. También se han presentado conflictos con el Ejército por la erradicación de cultivos de uso ilícito, en supuestos contextos de incumplimiento del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito( PNIS ), que tampoco se han librado de resultados trágicos, como la muerte del campesino Ariolfo Sánchez Ruiz en mayo de 2020. Según una nota publicada por El Tiempo, la comunidad manifestó que el Ejército había llegado días antes para adelantar operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito y que Sánchez fue retenido junto con otro campesino que también pertenece al PNIS . El general Ramírez Trujillo, ahora comandante de la Séptima División del Ejército, con presencia en el municipio, publicó en su cuenta de Twitter que: En desarrollo de operaciones militares desplegadas en Anorí(Nordeste),‘Ant’, se presentaron hechos que hoy son materia de investigación; este comando ha dispuesto el acompañamiento de los organismos de control para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido. Aunque el Proceso Social de Garantías es un férreo crítico de lo que llaman“el inclumplimiento y la no implementación integral del Acuerdo de paz”, de la falta de compromiso del Gobierno para detener el reciclaje de la 13

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL violencia y de“la naturalización del paramilitarismo en la institucionalidad”, dicen que hay cosas que funcionan mejor, como el apoyo de altos mandos de la Fuerza Pública, mediante interlocución con la Mesa Territorial de Garantías, cuando han necesitado operativos para salvarle la vida a varios líderes, lideresas y excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación, y un protocolo para el riesgo inminente de líderes y defensores de la Gobernación de Antioquia.“Funciona y no es una ruta de prevención, solo atiende casos cuando ya se ha desplazado al líder o cuando la situación se ha agudizado”, menciona el Proceso Social de Garantías. presupuesto para proteger a los líderes y lideresas de la región. Están preparando unos ajustes y crearán una Secretaría de Seguridad, eso está en construcción”. Al preguntarle al Ejército y la Policía sobre los señalamientos de los liderazgos, además de su accionar para su protección, al cierre de este documento el Ejército no había respondido y la Policía se limitó a resaltar las acciones que desarrollan en ese sentido, como la Estrategia de protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad y el despliegue de 3.899 acciones preventivas en Antioquia desde 2016(véase la tabla 3). De acuerdo con María Fernanda Posada, de la Gobernación, el protocolo busca suplir el vacío que se genera cuando la Unidad Nacional de Protección( UNP ) se demora en cubrir y brindar medidas de protección para líderes y defensoras. “La Gobernación recibe la denuncia, no somos ente investigativo, verificamos el riesgo, la calidad de líder, y la Gobernación actúa en dos frentes: acompañamiento en la denuncia ante la Fiscalía y la UNP , y también brinda tres posibles modalidades de protección: transporte para reubicación de emergencia; subsidio para reubicación transitoria—de uno a tres salarios mínimos hasta por tres meses— para el líder o su núcleo familiar, por si se extiende, y la tercera, albergue y alimentación cuando no tienen un lugar a dónde ir”, aclara Posada. No obstante, según una fuente de la Procuraduría General de la Nación que pidió la reserva de su nombre: “Esta administración de la Gobernación ha bajado el “La institución participa de manera permanente en la estructuración de rutas de actuación territorial para mejorar la coordinación interinstitucional, a cargo del Ministerio del Interior; asimismo, mantiene su representación en instancias como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas—Cerrem— y el Puesto de Mando Unificado— PMU — territorial, según reglamentación y metodología definida por la Unidad Nacional de Protección y la Consejería de Seguridad Nacional de Presidencia de la República(...), se avanza en la integración y articulación de capacidades institucionales de la Estrategia contra el crimen organizado, la Estrategia contra la minería ilegal, la Estrategia ante el proceso de restitución de tierras y el Sistema Integrado de Seguridad Rural—Siser, para la proyección y desarrollo de operaciones policiales integrales que mitiguen los factores generadores de violencia en líderes sociales y defensores de derechos humanos”, entre otras estrategias que el teniente coronel Alejandro Castro Bermúdez, jefe del Área de Derechos Humanos de la Policía, informó en respuesta a un cuestionario enviado. Tabla 3 Acciones preventivas por parte de la Policía en Antioquia, 1 de enero de 2016-19 de noviembre de 2020 Actividades, programas, campañas y atención 1.249 Interlocuciones 1.232 Medidas preventivas 882 Consejos tácticos 180 Coordinación interagencial 162 Activación ruta 194 Total 3.899 Fuente: Sistema Integral de Derechos Humanos( SIDEH ). Tabla suministrada por la Policía Nacional. 14

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL 4 LOS PRIVADOS COMO FACTOR DE RIESGO Según el informe“Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia” de María Soledad Betancourt Betancourt, en Antioquia se produce 47% del oro de todo el país, porcentaje que lo ubica en el primer lugar de productores de oro, seguida de Chocó(21%) y Bolívar(10%). Del territorio antioqueño se extraen más de 20.000 kilogramos de oro al año gracias a la actividad de empresas como la Gran Colombia Gold, que desarrolla labores en los municipios de Segovia y Remedios; y Mineros S. A., con presencia en los seis municipios que componen el Bajo Cauca antioqueño: El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Nechí. En la subregión del Suroeste se encuentra AngloGold Ashanti Colombia con el proyecto Quebradona, que está en fase de licenciamiento en el municipio de Jericó y en el corregimiento de Puente Iglesias del municipio de Fredonia. Por último, la empresa Zijin-Continental Gold hace explotación minera en el municipio de Buriticá(Occidente). La presencia de estos megaproyectos mineros en el territorio representa un riesgo para los liderazgos, según ellos y ellas, debido a la fuerte militarización que hay alrededor de los proyectos. Esta situación responde a una alianza entre el Estado y las multinacionales, en la que se crearon “estrategias de seguridad para proteger las operaciones de las empresas”, como las minero-energéticas, expone el informe de Betancourt. En la investigación periodística Convenios de Fuerza y Justicia, de Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio, en Antioquia se documentaron dieciséis convenios de cooperación entre el Ministerio de Defensa y multinacionales como Mineros S. A., Continental Gold y AngloGold Ashanti Colombia. Los líderes y las lideresas manifiestan preocupación por las afectaciones de la actividad minera, no solo ambientales, sino también por su seguridad. Algunos opositores a proyectos como los de AngloGold Ashanti Colombia hablan de violencias por parte de miembros de la Fuerza Pública. Ante esta situación, la transnacional le aseguró a La Paz en el Terreno 3 que no tenía conocimiento de intimidaciones y agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia que hayan tenido iniciativas para evitar la explotación minera. La empresa agrega que tiene el “compromiso de que todas sus operaciones respondan al propósito de convertir la riqueza mineral en progreso social, económico y ambiental para el país”. Otro foco de la presencia de empresas y megaproyectos en el departamento está relacionado con su riqueza hídrica, debido a que las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Atrato favorecen la generación de energía. En la subregión Norte se encuentran la central hidroeléctrica San Andrés, ubicada en San Andrés de Cuerquia y con actividades en el municipio de Donmatías; el proyecto hidroeléctrico Ituango(Hidroituango) y la central hidroeléctrica Espíritu Santo, ubicadas en límites entre Ituango y Briceño. La presencia de Hidroituango es una de las más problemáticas para los liderazgos sociales porque para ellos representa“un poder instaurado en el territorio que incide en las decisiones administrativas de los municipios, excluye a los defensores y defensoras que tienen posición contraria al megaproyecto y ha generado estigmatización hacia ellos( sic)”. 3 La Paz en el Terreno es una alianza entre Rutas del Conflicto (Fundación Con Lupa) y Colombia 2020( El Espectador), apoyada por la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol), que rastrea la implementación del Acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas Farc en dos asuntos clave: la situación de riesgo contra los líderes y las lideresas sociales del país y el proceso de reincorporación de las personas firmantes del Acuerdo. Esta investigación fue posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo( PNUD ). 15

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Frente a este tipo de proyectos también se han consolidado opositores, como el Movimiento Ríos Vivos, creado por quince organizaciones sociales de las subregiones de Occidente, Norte y Bajo Cauca que se han visto afectadas por los megaproyectos construidos en el río Cauca. Los líderes y las lideresas de Ríos Vivos han recibido amenazas y en 2018 se presentaron cuatro asesinatos de sus integrantes en el municipio de Valdivia. EPM y el proyecto Ituango le manifestaron a La Paz en el Terreno que atienden las respuestas de estas organizaciones y que“si bien sus posiciones son contrarias al mismo, son válidas y merecen nuestro mayor respeto”. Asimismo, la empresa dijo contar con un Programa de comunicación y participación comunitaria que“define un marco de actuación conjunta basado en el enfoque del respeto y la corresponsabilidad” con las comunidades de las zonas de su influencia. En 2015 y 2019, Colombia fue el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de derechos humanos que se oponen a los abusos empresariales, con, al menos, ciento ochenta y un ataques en su contra, según documentó en marzo el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Según el informe“Las personas defensoras de los derechos humanos y las empresas en Colombia”,“44% de los ataques fueron contra las personas defensoras que plantearon preocupaciones” sobre cinco empresas, incluyendo AngloGold Ashanti y EPM , que ante el informe respondieron, respectivamente, que condenan“cualquier ataque contra defensores de derechos humanos y líderes sociales” y que“ni EPM ni el proyecto hidroeléctrico Ituango tienen ni han tenido ningún proceso judicial en curso en el que estén vinculados por presunta participación en situaciones de riesgo para la seguridad física de las comunidades”. Ante la vulneración de derechos humanos que denuncian los líderes y las lideresas entrevistadas, AngloGold Ashanti expresó que“el respeto por los derechos humanos y por las personas que lideran procesos en su defensa es un elemento esencial” para el cumplimiento del propósito de la empresa. En el caso de Hidroituango, este resalta que: Cualquier situación que implica un riesgo de vulneración de derechos de la población es de absoluto rechazo y que requiere de la activación de todas las entidades del Estado encargadas de adelantar una investigación seria, eficaz e imparcial, pero además de brindar apoyo, seguridad y garantía para las comunidades. Por su parte, Mineros S. A. manifiesta que tiene una política de derechos humanos con la que buscan“identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de nuestras actividades sobre los derechos humanos, durante todo el ciclo de vida de las operaciones mineras”. Asimismo, Mineros S. A. enfatiza su compromiso con los gobiernos locales afirmando que: La empresa ha apoyado y seguirá apoyando la gestión de los gobiernos locales, de las organizaciones civiles y de las comunidades aledañas a la zona de operación, brindando apoyo humanitario en los casos en que se requieran, además de apoyar el conocimiento y uso de los mecanismos de acceso a la justicia. Al cierre de esta edición, Gran Colombia Gold y Zijin-Continental Gold no habían respondido los derechos de petición enviados para conocer sus posturas sobre el problema. Si bien la situación con Hidroituango es la más representativa y con mayor resonancia del territorio, hay tensiones con hidroeléctricas en otras subregiones, como Oriente y Suroeste. En el caso del Oriente, los líderes y las lideresas señalaron el conflicto que existe entre la comunidad y el proyecto hidroeléctrico Cocorná 1 en el municipio de Cocorná. Según reportes del periódico El Colombiano,“este proyecto implicará la desviación de 1,5 kilómetros del caudal del río, que será conducido por un túnel hacia una casa de máquinas subterránea donde se producirá la energía, luego de lo cual el agua retorna al cauce”. La comunidad organizó protestas en contra del otorgamiento de la licencia para la construcción de esta pequeña central hidroeléctrica( PCH ), la cual venía en proceso de licenciamiento desde 2009, movilizaciones gestadas por la Corporación Cocorná Consciente(Coconsciente), un colectivo que trabaja por la defensa de los derechos ambientales de la región. El vocero de esta organización, Sebastián Agudelo Naranjo, asevera que se oponen al proyecto porque la participación de la comunidad en 16

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL el proceso ha sido nula y las experiencias con otras hidroeléctricas“han acabado con el recurso hídrico”. No obstante, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare(Cornare) declaró, en una rueda de prensa en 2020, que Cocorná 1 es un proyecto de pequeña escala y que, según su valoración, no tiene impactos representativos. Para la licencia, según Cornare, el privado había presentado toda la documentación y cumplido con todos los requisitos, por ello no tenía otra opción que otorgarla, informó El Colombiano. Si bien La Paz en el Terreno no encontró información pública sobre agresiones contra los líderes y las lideresas opositores al proyecto, los liderazgos que participaron en este ejercicio de mapeo acotaron que los proyectos hidroeléctricos vienen generando malestar en la comunidad y que con el denominativo de pequeña central hidroeléctrica( PCH ) están queriendo minimizar los impactos ambientales de estos proyectos. El trabajo de grado“Impactos ambientales, sociales y económicos de las pequeñas centrales hidroeléctricas( PCH ) en Antioquia”, escrito por Iverson Osorio Londoño, expone que como impactos ambientales generados por las PCH están la “erosión”,“sedimentación” y“estabilidad de laderas”, y entre los impactos sociales los“conflictos por la presencia del proyecto”, tensiones por la“inversión en la comunidad” y“desplazamiento de la población”. “Frente a los procesos de desarrollo, también hay que incluir a las élites políticas locales que acompañan a las empresas en los proyectos que tienen para las regiones y cómo esto se relaciona con los liderazgos y las violencias. Violencias ligadas a sindicatos, como en el Valle de Aburrá, Suroeste y Nordeste, donde hay disputas alrededor de hidroeléctricas que marcan formas particulares de persecución a los liderazgos. Hay disputas por el concepto de‘desarrollo’, eso es parte de los conflictos sociales, pero en contextos de conflicto armado las dinámicas se relacionan con la aparición de estructuras violentas que influyen en los territorios”, explica Max Yuri Quintero, coordinador en Antioquia de la Comisión de la Verdad. Según el citado informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el 90% de los ciento ochenta y un ataques fueron contra personas defensoras que plantearon preocupaciones sobre solo cuatro industrias: minería, hidrocarburos, agricultura y ganadería y plantas hidroeléctricas y represas. 17

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL 5 ACCIONES URGENTES Frente a la crisis humanitaria que viven varias zonas del departamento, fuentes consultadas para esta investigación hablaron de acciones urgentes para proteger la vida de los líderes y las lideresas sociales. Los liderazgos sociales y el coordinador en Antioquia de la Comisión de la Verdad coincidieron en que una acción primordial es la implementación integral del Acuerdo de paz. “En la práctica, el Acuerdo está suspendido, este gobierno no está comprometido con su cumplimiento. La gente con liderazgo que está siendo victimizada está ligada a la sustitución de cultivos, a la oposición a la minería y los megaproyectos, y apoyan la implementación”, sostiene Quintero. Los líderes y las lideresas entrevistados exigen la presencia integral del Estado, que trascienda la presencia armada—que, como dicen, aumenta su nivel de riesgo— y mayor voluntad política para protegerles.“La protección integral no se debe reducir a un asunto de escoltas y carros blindados. El carro blindado no sirve para proteger a los líderes sociales que están diariamente en el territorio”, asevera Quintero. Posada, en representación de la Gobernación de Antioquia, considera que: Las estrategias de protección colectiva, más que individuales, pueden ser más eficaces para proteger el proceso social. Porque cuando el líder es desarraigado del territorio se pierde mucho, pero colectivamente, permite dotar de mayor agencia( sic), protección y blindaje en el territorio para que no tengan que salir y perder sus trabajos de liderazgo(...). No solo es el hecho victimizante del homicidio o la amenaza, sino también cómo se fracturan los procesos sociales con el desplazamiento de estas personas. Al desplazarse,“se rompe con el principio democrático de la participación ciudadana, porque su labor de líder se pierde en el territorio, esa es la gran afectación”, agrega el funcionario de la Procuraduría. Además, el Proceso Social de Garantías pide que la Unidad Nacional de Protección disminuya el tiempo que demora para asignar medidas de protección, por lo general varios meses, cuando“es mucho tiempo y más cuando los actores ilegales toman medidas de forma inmediata”, así como acercar los análisis de riesgo a los contextos territoriales.“Sentimos que las respuestas del Estado no son buenas, desconocen las realidades de los territorios, cuando hay unos donde el Estado no es el que manda”. Para la fuente de la Procuraduría,“a veces hay dificultades con la UNP en la operatividad de los esquemas de protección y su implementación, porque la Procuraduría y la UNP a veces no logran articularse, por no saber con qué se cuenta en territorio”. Por ahora, el Sistema de Alertas Tempranas ha sido una herramienta clave para advertir riesgos contra la vida e integridad de líderes y lideresas. Mediante este sistema, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a las instituciones del Estado relacionadas con la protección, decenas de veces, respuestas oportunas y eficaces. Sin embargo, sostienen los liderazgos, la mayoría de veces las recomendaciones no son acogidas a cabalidad.“Uno quisiera que todos estén protegidos, pero las instituciones no dan abasto, no tienen la capacidad para responder a todas las dinámicas”, dice el funcionario de la Defensoría que prefiere mantener su nombre en reserva. Este abandono estatal no aporta, para la seccional Antioquia de la Comisión de la Verdad, al reto que tiene el país de dejar el conflicto atrás. 18

ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL Hablar de no repetición cuando tenemos un montón de violencias ligadas a un montón de estructuras que son rezagos de otros procesos y estructuras, genera desazón, porque la gente pregunta“Cuál no repetición si lo que vivimos acá es la continuidad del conflicto. Acá nos están vigilando, saben dónde estamos”. Por tanto, para esta seccional de la Comisión, el desmantelamiento de estructuras criminales, pactado en el Acuerdo de paz, es clave para asegurar la no repetición y que el conflicto armado se acabe. Posición que comparte el Proceso Social de Garantías, el cual sospecha de la “pasividad” y el“silencio” de facciones de la institucionalidad y“sectores poderosos del departamento” ante esta violencia selectiva. Para la Gobernación, la protección de los líderes y las lideresas sociales debe asegurarse de la mano de las entidades municipales.“Inevitablemente, estos riesgos se generan por violencias culturales. Hay que transformar imaginarios y les recalcamos a las entidades municipales las responsabilidades que tienen”, acota Posada. No obstante, la fuente de la Procuraduría asegura que muchas veces los funcionarios no pueden intervenir en su protección porque“no tienen los medios. Las personas afectadas están en municipios pobres. El municipio no cuenta con presupuesto necesario para prestar la atención que se requiere, porque involucra alimentación, albergue, seguridad y demás al momento de la amenaza”. De acuerdo con los líderes y las lideresas sociales consultados,“hay que asegurar una presencia integral del Estado”. Como concluye Quintero:“hay que cumplir el Acuerdo porque es claro, si se cumple podremos tener una historia distinta”. 19

ACERCA DE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS Juan Gómez. Periodista de investigación y profesor universitario enfocado en la innovación de narrativas digitales. Utilizando periodismo de datos y periodismo ciudadano, ha investigado el conflicto armado y la reconstrucción de sus memorias. Cofundador y periodista del portal Rutas del Conflicto. En 2019 fue nominado a los Data Journalism Awards(Premios de Periodismo de Datos) a periodista joven de datos del año. Premio ¡Investiga! 2019 por su trabajo en el portal La Paz en el Terreno. Carlos Mayorga. Periodista de investigación en conflicto, construcción de paz y derechos humanos. Trabaja en Rutas del Conflicto, La Paz en el Terreno y Verdad Abierta. Es miembro de la cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas dirigida por Distintas Latitudes de México e integrante de la UPI del Politécnico Grancolombiano. Ganador del premio ¡Investiga! 2019 en categoría estudiante de Consejo de Redacción. Silvia Corredor. Periodista de investigación y antropóloga de la Universidad del Rosario. Actualmente trabaja como reportera en los portales Rutas del Conflicto y La Paz en el Terreno, donde lleva tres años cubriendo el conflicto armado colombiano, la situación de los líderes y lideresas sociales y la implementación del Acuerdo de paz. Ha publicado y realizado investigaciones junto a Verdad Abierta, Consejo de Redacción, Armando Info, la Comisión de la Verdad y la Open Society Foundation. Valeria Arias Suárez. Periodista de investigación en derechos humanos y conflicto armado. Ganadora del Premio ¡Investiga! 2019 de Consejo de Redacción y de la mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa 2019 como parte del equipo de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano. Trabaja en los portales Rutas del Conflicto y La Paz en el Terreno en investigaciones sobre conflicto armado, violencia contra líderes y lideresas sociales y construcción de paz. PIE DE IMPRENTA Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Saruy Tolosa Coordinador de proyectos saruy.tolosa@fescol.org.co Bogotá, abril de 2021 SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reEl uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES . flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org

D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES ANTIOQUIA SILENCIADA. MAPA DE RIESGOS CONTRA SU LIDERAZGO SOCIAL à El departamento de Antioquia, ubicado al noroccidente de Colombia, sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado en el país. Desde la firma del Acuerdo de paz, han sido agredidos doscientos sesenta y un líderes y lideresas del departamento. De la mano con una red que reúne ochenta organizaciones sociales se elaboró un mapa de los principales factores y actores que generan riesgos para los liderazgos sociales. Aun cuando cada una de sus nueve subregiones tiene dinámicas particulares del conflicto, hay dos aspectos transversales: el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, tan arraigado y naturalizado que los líderes y lideresas han optado por callar sobre su presencia, y el fortalecimiento, incluso con la pandemia, de grupos posparamilitares y bandas delincuenciales que históricamente han tenido presencia en el territorio, pero que han entrado a las zonas abandonadas por las Farc tras la firma del Acuerdo de paz. Su riqueza hídrica y ubicación geoestratégica convierten al departamento en un foco de interés para el narcotráfico, dominado principalmente por las Autodefensas à Gaitanistas de Colombia, grupo armado con mayor despliegue y consolidación en el territorio. La movilidad de este negocio también se da por la alta presencia de cultivos de uso ilícito que, por ende, concentra la violencia sobre los liderazgos que trabajan por su sustitución. Asimismo, la riqueza hídrica convirtió a Antioquia en una mina de oro para la instalación de megaproyectos extractivos e hidroeléctricos. AngloGold Ashanti, Mineros S . A ., Gran Colombia Gold, Zijin-Continental Gold y Empresas Públicas de Medellín( EPM ), desarrollan actividades en el departamento. Los liderazgos ambientales, mineros y opositores a estos megaproyectos que se han gestado en la región han sido de los más afectados en el territorio. Los líderes y las lideresas entrevistados, y la seccional Antioquia de la Comisión de la Verdad, consideran como acciones urgentes la presencia integral del Estado, mayor voluntad política para protegerles y la implementación del Acuerdo de paz, incluyendo el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo. 21