Economía Plural: lo comunitario, pluralismo y diversidad económica Carlos Vacaflores Pilar Lizárraga Economía Plural: lo comunitario, pluralismo y diversidad económica Primera edición: diciembre de 2017 Depósito legal: 4-1-1063-19 ISBN: 978-99974-0-689-7 Dibujo de tapa: Carlos Vacaflores Diagramación e impresión: Impresión Digital Tel. 2794407 La Paz, Bolivia Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Bolivia. CONTENIDO Presentación............................................................................................. 5 Philipp Kauppert, Director- FES Bolivia Daniel Agramont, Coordinador de Proyectos- FES Bolivia La Economía Plural en Bolivia................................................................... 9 Carlos Vacaflores Economia Plural y Pacto Fiscal................................................................ 40 Carlos Vacaflores Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar................ 68 Carlos Vacaflores Las concepciones del comunitarismo en Bolivia........................................ 86 Carlos Vacaflores La economía comunitaria en la economía plural..................................... 117 Pilar Lizarraga El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa........................................................................................... 139 Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria.......................................................................................... 176 Carlos Vacaflores Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL........ 204 Carlos Vacaflores Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural....................................................................... 236 Carlos Vacaflores PRESENTACIÓN Philipp Kauppert, Director- FES Bolivia Daniel Agramont, Coordinador de Proyectos- FES Bolivia La crisis política que atravesó Bolivia al inicio de este nuevo siglo y que se debía grandemente a la crisis del modelo neoliberal, tuvo como principales actores a movimientos sociales en las calles, que comenzaron exigiendo la nacionalización de los recursos naturales pero que, ulteriormente, demandaron un cambio de la propia estatalidad, particularmente de la forma de organización económica. Si bien el ajuste estructural aplicado por la crisis económica e hiperinflación de mediados de los ochentas logró estabilización macroeconómica, no logró proveer al país con tasas de crecimiento que supuestamente permitirían reducir la pobreza y la desigualdad. Lo que es más, para finales de los noventa se evidenciaba que a pesar de lo conflictiva que fue la aplicación de un liberalismo económico tan drástico, nuevamente el país se encontraba en recesión. Evidentemente esta visión tenía problemas para captar la realidad económica boliviana, de manera que el proceso constituyente planteó un escenario de debate insoslayable sobre las visiones de país y es en este marco que se concibió la diversidad como una condición inherente a la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia; expresando esta diversidad en lo político, económico, social y cultural, y dando paso a la constitución del ahora Estado Plurinacional. En esta perspectiva, los debates del proceso constituyente boliviano abordaron centralmente la cuestión de la diversidad societal y las posibilidades de su expresión en la nueva estatalidad, mediante la propuesta política del pluralismo, cuya aplicación al campo de la economía produjo el sugerente modelo boliviano de Economía Plural, objeto de análisis en este trabajo. Así, para los autores, la Economía Plural es una propuesta de organización del modelo económico del Estado Plurinacional de Bolivia, y surge del pacto político entre los sujetos sociales politizados y confrontados en el proceso constituyente boliviano de principios del siglo XXI. Por lo tanto, es una apuesta político-institucional para encauzar el destrabamiento del entuerto colonial que apresa a la sociedad boli5 Presentación viana, por la vía del diseño institucional descolonizador de la estatalidad, a partir de los principios de la pluralidad constitucional aplicados a la esfera de la economía. En este contexto es que la FES decide abordar el estudio de esta pluralidad económica, teniendo como objetivo aportar a la construcción de un modelo económico propio. Para tal efecto se formó una alianza estratégica con la Comunidad de Estudios Jaina quienes ya tenían experiencia en el tema abordando, principalmente, el análisis de la diversidad desde la especificidad del sujeto colectivo territorial que se expresa en diversas matrices comunitarias. Así, el trabajo de cuatro años tuvo dos componentes principales que hicieron posibles los documentos que conforman este libro. Una primera línea fue la de investigación, y que durante los primeros años buscó conceptualizar la economía plural en Bolivia, mientras que en los siguientes años el enfoque fue la investigación empírica sobre su aplicación. Se acompañó esta construcción con un grupo de debate, en el cual se tuvieron seminarios y conferencias con insumos tanto nacionales como internacionales. A partir de lo anterior, los autores de este trabajo de investigación recorren por algunos aspectos relativos a la cuestión de la aplicación de esta propuesta en la vida práctica de la gestión pública boliviana, explorando posibles especificidades de la misma, a la luz de las primeras evidencias(y en muchos casos ausencias) de esta incursión, democrática y experimental, contemporánea, en la visibilización institucionalizada de la diversidad económica, social y política de la formación socioeconómica boliviana, en un trabajo que se extiende en su referente temporal desde principios de la gestión del presidente Evo Morales. El trabajo empieza, en su primera parte, con un ejercicio de precisión conceptual de la propuesta del modelo de la economía plural, en términos políticos, y sigue en este ejercicio analítico para delinear unos contornos preliminares de lo que se entiende por el modelo boliviano propuesto en el texto constitucional, recuperando elementos del proceso constituyente que le dan origen en su posibilidad constitucional específica, así como elementos de la reflexión teórica sobre diversidad económica, como complemento a la noción de pluralismo económico que sustenta el pacto político de transformación del Estado boliviano. Posteriormente, se realiza una aproximación a los debates recientes sobre los indicadores para las economías alternativas, y su aplicabilidad a la cuestión de la economía plural del modelo boliviano, buscando escapar del economicismo dominante de la economía capitalista de mercado, y recuperar las racionalidades subyacentes en 6 Presentación las economías subalternas que disputan su posibilidad de expresión en la legitimidad de la acción estatal. Se sigue con una aproximación conceptual de las concepciones del comunitarismo que emergen en la disputa constituyente boliviana, dado que este es un eje crucial de la construcción estatal plurinacional, y que por ser poco discernida es fuente de contradicción y complejidad, y sobre la cual se ensamblan las propuestas de expresión plural de la institucionalidad estatal en el nuevo modelo económico boliviano, tal como lo establece la Constitución Política del Estado aprobada en 2009. En este recorrido, los autores exploran la economía comunitaria en su especificidad boliviana, dadas las connotaciones de esta forma de organización económica para disputar la apertura de la acción estatal en el amplio campo de la gestión del desarrollo y la economía estatal, y de su relación intrínseca con el sujeto comunitario, que encarna la visión del cambio y la transformación estatal, y por lo tanto esgrime el argumento político más fuerte contra las concepciones modernas y hegemónicas de estatalidad contra las que se posiciona el modelo de la economía plural boliviana, aspecto que es explorado en los intersticios de la asamblea constituyente. En la segunda parte del trabajo, los autores se abocan a la discusión de algunas situaciones prácticas de aplicación de la política pública en la perspectiva de la economía plural, algunas de estas situaciones poco exploradas en la pragmaticidad de la gestión pública, por su profunda naturalización en la visión dominante del mundo moderno, como es la retórica cartográfica dominante que es asumida desde la supuesta irrebatibilidad de la modernidad estatal, y logran extraer un aspecto central de la propuesta boliviana: la condición de la reconstitución de las estructuras comunitarias de lo social como posibilidad de expresión de la diversidad económica. En seguida, se recurre a situaciones concretas, extraídas desde la realidad del sur boliviano,Tarija, para corporizar las ideas del pluralismo económico en circunstancias concretas de la disputa social, dado que la economía plural es, al final de cuentas, una estrategia de visualización de las relaciones de poder entre sujetos sociales entrelazados en el abigarrado entramado colonial de la formación estatal boliviana, por lo tanto, implícitamente concluyen los autores que la construcción del modelo es una tarea histórica que la sociedad en su conjunto debe resolver de alguna manera, en el seno mismo de la confrontación y la disputa de sentidos para construir lo común. Esta obra es una colección de ensayos articulados por el hilo conductor de la necesidad de comprender la complejidad conceptual de la propuesta del modelo boliviano de economía plural, más como una herramienta de gestión pública para 7 Presentación construir la expresión legítima de la diversidad social en el seno de un nuevo tipo de Estado, capaz de reflejar la diversidad y heterogeneidad constitutiva de su sociedad abigarrada, entendida como la verdadera fuente de su riqueza. Desde la Fundación Friedrich Ebert esperamos que sea útil tanto para académicos como para políticos y tomadores de decisión, promoviendo una autocrítica de lo que se buscaba al insertar este modelo en la Nueva Constitución Política del Estado y lo que efectivamente se avanzó. 8 LA ECONOMÍA PLURAL EN BOLIVIA Carlos Vacaflores INTRODUCCIÓN El concepto de economía plural es específico del proceso boliviano de construcción del nuevo Estado plurinacional comunitario, de ahí que hablar de economía plural implica hablar del proceso de cambio, es decir, de la implementación institucionalizada de los principios descolonizadores identificados y establecidos en la nueva constitución política para la construcción del nuevo Estado plurinacional comunitario boliviano. A estas alturas queda claro que la construcción del nuevo Estado debe hacerse desde el antiguo Estado, pero con la presencia de sujetos sociales tradicionalmente excluidos del manejo de la política, la economía y la cultura nacional, lo cual entraña una paradoja compleja dado que sigue funcionando y operando la institucionalidad formal e informal que se ha erigido en torno al Estado republicano, aunque en este periodo se cuenta con la presencia real de sujetos sociales identificados con las clases subalternas, colonialmente establecidas en el mundo indígena y mestizo, de los cuales se esperaría un accionar radical para ampliar la inclusión social y ciudadana de estos sectores, en los ámbitos de la política, la economía y la cultura en general. La ampliación política ya tiene derroteros establecidos y con sus propias posibilidades y limitaciones, pero aún no se ha avanzado mucho en el ámbito de la economía, donde el mandato constitucional establece implementar y desarrollar la economía plural. Sobre esto se tiene poco desarrollo institucional y normativo, pero con la agenda 2025 se establece la necesidad de avanzar con mayor decisión en este ámbito, más allá de los postulados y planteamientos, siendo está una coyuntura importante en la construcción de instrumentos tangibles que ayuden a este fin. En el ámbito económico el avance transformador del aparato estatal por parte del gobierno del MAS ha sido más conservador, explicado en parte por el temor de repetir la“triste experiencia de la UDP”, en cuyo periodo se desató la inflación y el caos económico,“por lo tanto, se optó por un pragmatismo político y la mesura, no se cambió el aparato público, se quería garantizar la continuidad del funcionamiento de los ministerios y de las instituciones públicas”, con lo cual no fue posible cambiar el perfil de los funcionarios públicos(Prada, 2010:105), de manera que la respon9 La Economía Plural en Bolivia sabilidad de construir la nueva institucionalidad transformadora prácticamente está en manos de gente que no tiene la convicción ni el enfoque ideológico,“la parte económica está en manos de gente que ni siquiera comprende que es una economía comunitaria, entonces ¿cómo la va a impulsar?”(Patzi, 2010:157). La transformación del Estado requiere hacérselo sobre la base del funcionamiento ininterrumpido del viejo Estado, lo cual implica seguir de alguna manera la línea de las antiguas políticas, y el cambio sería un horizonte a construir, de ahí que el propio gobierno se concibe como un actor llamado a conducir una transición, de manera que el nuevo Modelo Económico Social Comunitario, instrumento fundamental de la política pública del proceso de cambio para avanzar en la construcción de la pluralidad económica, se concibe como una estrategia para sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista(Arze, 2011:3). Lo que caracteriza esta fase inicial de implementación del principio de la pluralidad económica es más la confusión que la certeza, pues según algunos pensadores la economía plural se refiere a la participación de los sujetos comunitario, asociativo, público y privado en la economía capitalista(por ejemplo, Cortez, 2013); mientras que para otros es la coexistencia de diversos modos de producción, una economía capitalista, una economía socialista y una economía comunitaria(Patzi, 2010:157), lo cual muestra que éste momento es en realidad un momento de vaciamiento de los significantes hegemónicos, y que la disputa por universalizar el nuevo significante (Zizek, 2001) sobre lo que en realidad va a significar la economía plural, es lo que va a caracterizar esta fase de construcción de la institucionalidad. En este documento vamos a intentar caracterizar la naturaleza de esta disputa, a la luz de las evidencias del accionar del gobierno. En la historia reciente de Bolivia solo se reconocía a la economía pública y a la economía privada, siendo la economía privada sinónimo de empresa privada capitalista, de manera que la planificación del desarrollo fue configurada como una gran estrategia de desarrollo capitalista centrado en el empresariado como actor central y único, ocultando y negando otro tipo de sujetos y actores económicos, denominados en cierto momento como un“tercer sector”, discusión que eventualmente dio lugar a la identificación de lo asociativo y lo comunitario como ámbitos y racionalidades económicas propias y diferenciadas de lo público y lo privado. Este debate surge de la lucha histórica de los sectores sociales dominados y marginados y la estrategia para lograr esto fue consolidar un sistema de dominación colonial 10 La Economía Plural en Bolivia que naturaliza la dominación de una clase dominante sobre las clases dominadas, a las cuales se las mantiene fragmentadas en lo político, social y económico. El origen colonial de la sociedad y el Estado boliviano marca esta estructura básica de dominación que concentra el poder en un estamento social constituido en torno a la identidad del conquistador, cuya estrategia básica de consolidación fue despojar a los pueblos indígenas del control sobre el territorio, destruyendo sus estructuras de gobierno, despojándoles de la tierra, y refuncionalizando sus estructuras comunitarias para su incorporación en los sistemas de explotación coloniales y republicanos.. La lucha social boliviana produce entonces momentos de rearticulación del sujeto dominado, tanto en la perspectiva de la reconstitución de formas comunitarias ancestrales como en la perspectiva de la articulación de nuevas formas colectivas como estrategias subalternas de adaptación a la modernidad capitalista. La segunda mitad del siglo XX está marcado por el ascenso de los principios capitalistas del modelo neoliberal, como una nueva fase del desarrollo capitalista, cuya imposición en nuestros países margina la posibilidad de pensar la diversidad económica en términos complementarios, sino que la coloca en términos de formas inferiores del capitalismo, con lo cual se impone un pensamiento que naturaliza la marginalización y descalificación de las formas económicas no capitalistas. En este ambiente ideológico, como siempre, emerge la lucha social que se resiste y busca espacios para sobrevivir. SOBRE EL ORIGEN DE LA PROPUESTA EN LA CPE La idea de la economía plural conlleva una enorme complejidad debido a que se enfrenta al pensamiento hegemónico de la modernidad capitalista, y exige por tanto descifrar la forma en que se ha construido y se ha impuesto esta hegemonía, una hegemonía que puede rastrearse históricamente en el proceso de formación de las actuales formas estatales, económicas y sociales, en el marco de cuya transformación y/o reconstrucción es que emerge con posibilidad política su discusión. Precisamente, es la posibilidad política de su tratamiento formal lo que permite profundizar su comprensión, ya que no es una idea nueva en la historia de la humanidad ni de Bolivia, pero es recién con la implementación del Estado plurinacional comunitario que surge la posibilidad real de su implementación, y por tanto de la disputa por dotarle de significante, y esta posibilidad política surge porque se ha roto el significante hegemónico(Zizek, 2001) que permitía naturalizar la concepción de una economía capitalista homogénea superior, desacralizando la jerarquía que pro11 La Economía Plural en Bolivia clama su incuestionable autoridad, con lo cual se abre un momento político especial que admite el juego de la disputa de significantes provenientes de la lucha social en la construcción de nuevas institucionalidades estatales. Hablar de economía plural implica entonces hablar del movimiento y la posibilidad de las relaciones entre los sujetos sociales y la forma estatal en el que se desarrolla, dado el poder de determinación que tiene la forma estatal sobre la continua construcción de la economía, implica hablar de la teoría de construcción del Estado, y en todo caso, como lo diría Zavaleta(1984), la teoría del Estado, si es algo, es la historia de cada Estado, importando entonces el recorrido de los hechos en la construcción de cada Estado. Zavaleta dirá que“lo que corresponde analizar es de donde viene ese modo de ser de las cosas: las razones originarias. Hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son, y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo o arcano, o sea su causa remota”(Zavaleta, 1984), y en este sentido, hay momentos constitutivos a lo largo de la historia de construcción de cada Estado, momentos densos en los que la disponibilidad social y la ruptura de los significantes ideológicos acontecen. Siguiendo esta metáfora, podemos identificar en la conquista el momento constitutivo del orden señorial, que prefigura un siguiente momento constitutivo del Estado en tanto forma de dominación actual y capacidad de movimiento de la formación económico-social, que configura el devenir de las sociedades y las estatalidades en estos territorios. La conquista marca la imposición de un orden colonial de desposesión y desarticulación de sujetos sociales subalternos en el territorio conquistado, basado en la equiparación racial de la inferioridad y la superioridad con indios y europeos, cuyas consecuencias proyectadas a la modernidad se expresan en la concentración naturalizada de la propiedad de la tierra y del control del gobierno por la clase dominante de origen señorial, y la naturalización de la exclusión y explotación del indio, produciendo una concepción de economía que naturaliza el dominio colonial de clase y legitima la acción económica de la clase dominante y proscribe la acción económica de los sujetos subalternos. Esta concepción de la economía como una naturalización de la dominación, una herencia colonial(Stein y Stein, 2011) que legitima el accionar del Estado a favor de la clase dominante y contra los sujetos subalternos, es la que es cuestionada constantemente por parte de los sujetos subalternos, que se debaten en una lucha constante por construir una concepción diferente de la economía que sea capaz de articularlos a la legitimidad del orden estatal en condiciones semejantes a las que goza la clase domi12 La Economía Plural en Bolivia nante. Esta disputa se plantea en términos de visibilizar la diversidad de condiciones de articulación de los sujetos al mercado y a la economía, condicionadas tanto por la historia de despojo, explotación, dominación y marginamiento, como por las formas organizativas culturalmente definidas de los propios sujetos sociales subalternos, lo cual marca diferencias a la hora de articularse a la política pública de promoción del desarrollo económico y a la normativa que regula el acceso al mercado. Frente a la supremacía de las empresas estatales y las empresas capitalistas, que se muestran como las únicas formas de organizar la economía, surgen las iniciativas desde los trabajadores para conformar otros tipos de posibilidades organizativas económicas, basadas en principios de participación democrática en las decisiones, autogestionarias, colocando al ser humano en primer lugar, por lo que se las denomina como economía social o economía solidaria, diferenciándose de la economía capitalista y de la economía pública(Collin, 2009). Este debate se desarrolla en Bolivia a finales del siglo XX de forma más bien marginal, pues emerge notoriamente en el periodo neoliberal, con pocas posibilidades políticas de constituirse en una alternativa real de política pública frente a un proyecto nacional de desarrollo, y en el mejor de los casos, su consideración estaba vinculada más a las estrategias de lucha contra la pobreza, reflejando una concepción colonial del sujeto económico. Es con la crisis política, económica y social de principios del siglo XXI que se produce un giro en las posibilidades de transformar la institucionalidad del Estado, y en este sentido, se produce posiblemente un nuevo momento constitutivo del Estado, ya que cambian las posibilidades de movimiento de la formación económica-social, y la expresión político-institucional de la diversidad social, política y económica se tornan de pronto posibles y necesarias. Tal es así que el concepto de la economía plural se incorpora en el nuevo texto constitucional boliviano a partir de los debates del proceso constituyente de principios del siglo XXI, en correspondencia con el espíritu imperante de visibilización de la diversidad y heterogeneidad social y política. Este debate, previsiblemente,no surge desde la iniciativa delas clases dominantes en función de gobierno, sino desde la lucha de los sectores sociales subalternos por legitimar su articulación a la política pública y al mercado, sobretodo en la segunda mitad del siglo XX, donde la clase dominante en función de gobierno lidera la construcción de un imaginario político que naturaliza la hegemonía de la forma capitalista de organización económica, proscribiendo las otras formas de organización 13 La Economía Plural en Bolivia y racionalidad económica como formas legítimas y por tanto portadoras del derecho de recibir reconocimiento y apoyo por parte de la política pública. La construcción del país ha sido dominada por la idea dominante de la modernidad de homogenización social en torno a la construcción de una nueva comunidad política en torno al Estado-nación, que implica consolidar la destrucción colonial de las comunidades étnicas y culturales previamente existentes a la constitución de la república, y asimilar a la población indígena bajo este nuevo esquema de articulación política nacional, naturalizando la destrucción de los pueblos y naciones y sujetándolos al dominio político y económico de una clase constituida en torno a la identidad del colonizador español. Históricamente, los indígenas despojados colonialmente del derecho propietario sobre la tierra, y desarticulados de sus estructuras políticas de autogobierno, se constituyen en los sectores sociales contemporáneos al Estado-nación moderno que tienden a reproducir como clase una condición de perpetua desposesión, de la tierra y de la legitimidad económica, naturalizada por un imaginario político y una institucionalidad que ubica a la empresa capitalista, de propiedad privada de la clase dominante, como la forma superior y natural de desarrollo económico, frente a las formas económicas que no se basan en la reproducción del capital, sino de la vida social en sus diferentes esferas, lo que las vuelve diferentes a la forma capitalista, pero en vez de concebirlas en su diferencia, las concibe en su condición de inferioridad, y las considera atrasadas e incompatibles con la noción del desarrollo. En consecuencia, se impone una estrategia de aplicación de la política pública que focaliza su apoyo solo a la empresa capitalista, condicionando a las otras formas económicas a transformarse en formas económicas capitalistas para ser reconocidas como sujetos económicos y poder optar al apoyo de la política pública. Esta estrategia de la clase dominante se intensifica en la fase posterior a la reforma agraria del 53, cuando la pérdida del control señorial de la propiedad de la tierra es sustituida por el control del gobierno, que apunta evidentemente a concentrar como clase dominante la inversión pública y convertirla en la nueva fase de reproducción de clase, que implica reproducción legitima y naturalizada de las relaciones de dominación, condenando a los sectores subalternos a reproducirse en su condición de dominados. La estructura colonial de organización del espacio y de segmentación de la economía, produce en Bolivia dos ámbitos simbólico-espaciales, claramente diferenciados en cuanto a la pervivencia y/o desintegración de matrices comunitarias, claramente 14 La Economía Plural en Bolivia identificadas en lo urbano y lo rural. La población urbanizada, fuertemente fragmentada y poco provista de estructuras comunitarias, asume esta transición ideológica concentrando su lucha en la negociación de condiciones laborales lo más beneficiosas posibles, o bien transformando los negocios familiares e instaurando las micro y pequeñas empresas para poder acceder a los créditos comerciales y eventualmente a los programas públicos. La población rural, mejor provista de estructuras comunitarias, tanto ancestrales como de re-constitución contemporánea, encara una lucha más antagónica por ser reconocidos como sujetos político-económicos legítimos, sin convertirse necesariamente en empresas capitalistas, pero con el mismo derecho que las empresas capitalistas a ser reconocidos y recibir el mismo apoyo del Estado para formar parte del proceso de desarrollo. La herencia de dominación colonial se expresa en el ámbito económico naturalizando la inferiorización y subalternización de las racionalidades económicas que se dan en los contextos comunitarios de las poblaciones indígenas y mestizas, asignándoles artificialmente una connotación ideológicamente periférica a la racionalidad capitalista, promoviendo una lógica de distanciamiento estructural entre los desposesionados y los gobernantes, asegurando así en ese ámbito el control político y económico sobre esas poblaciones.“El funcionamiento de formas de estratificación coloniales en los mercados de bienes, en los mercados laborales y en todo el sistema de retribuciones a los saberes y capacidades reconocido por la sociedad, no ha hecho sino ampliar la brecha entre dos Bolivias, que subyacen polarizadas…”(Rivera, 2010:33-34). El colapso a finales del siglo XX de la economía socialista como posibilidad estatal relevante a escala global, llevó a imponer la idea dominante de que el sujeto económico moderno es la empresa capitalista, una suerte de destino histórico inevitable y natural del desarrollo económico, dando paso a un modelo económico que proclama la supremacía manifiesta del capitalismo, que se expresa por medio del accionar de la empresa capitalista en un mercado libre de restricciones, marcando así el fin del Estado y de las formas económicas concebidas como“precapitalistas”. Las otras formas económicas“precapitalistas” no son otras que las formas económicas basadas en relaciones de reproducción social y comunitaria, manejadas por las poblaciones subalternas de identidad indígena, campesina y urbano-popular, que han luchado históricamente por ser incluidos en la legitimidad de la política pública, y son los que plantean la necesidad de reconocer a este otro tipo de economía, además de la economía pública o estatal y la economía capitalista, denominándola por esto como un“tercer sector” de la economía social, donde se ubicarían las organizaciones 15 La Economía Plural en Bolivia económicas colectivas conformadas desde la reforma agraria del 53 para posibilitar la articulación formalizada de los productores campesinos al mercado, que no son empresas capitalistas propiamente dichas, sino formas empresariales alternativas adaptadas a la realidad campesina, inicialmente bajo la forma de cooperativas y de CORACAs, y más recientemente bajo la forma de asociaciones de familias productoras, donde la generación de ganancias es orientada con un enfoque solidario entre sus miembros, diferentes de las empresas colectivas conformadas sobre aportes de socios, por lo que su lucha se caracteriza para no ser tratadas con las mismas reglas que las empresas capitalistas. En el proceso constituyente se retoma este debate, con un notable protagonismo de la organización de las denominadas organizaciones económicas campesinas, que ya venían al proceso constituyente con una propuesta de ley para regular y potenciar la actividad económica social solidaria. En este escenario, dominado ideológicamente por la emergencia política de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, además se politiza la racionalidad económica comunitaria, que junto a la economía estatal o pública y la economía empresarial, conformarían lo que se termina denominando como la economía plural como concepto orientador para proyectar la forma económica en el nuevo Estado plurinacional comunitario. OTRA ECONOMÍA: PROPOSICIONES DESDE DIFERENTES BÚSQUEDAS En un artículo de Laura Collin(2009), recuperando las discusiones en diferentes partes del mundo para definir, proponer e impulsar otra economía diferente al modelo capitalista dominante, identifica el problema de situar las discusiones en un ámbito de adecuación del modelo capitalista, suavizando sus aspectos más urticantes; o bien plantearse la superación del capitalismo. En este sentido, identifica a la economía social y solidaria como una construcción paradigmática emblemática en esta tarea, y la ubica en el campo del trastocamiento de las bases de sustentación del capitalismo, puesto que opera con una lógica diferente, a saber:“no tiene como objeto de la producción orientada al lucro, la acumulación y la concentración de la riqueza, ni parte de la premisa de la existencia de bienes escasos y la consecuente lucha por su apropiación,-que justifica y hace necesaria la competencia-, principios que aparecen como fundamentos de la teoría clásica” (Collin, 2009:22), por lo que se constituye en un verdadero nuevo paradigma y modelo diferente de una economía no capitalista. 16 La Economía Plural en Bolivia Su adjetivo de social resalta su sentido de construcción de sociedad en vez de destruir tejido social y promover la confrontación social, y no es social porque sea una propuesta de economía para los pobres y los marginados, por el contrario, la ecosol se presenta como una economía asociativa en la que tanto productores como consumidores se asocian para satisfacerse unos a otros, a diferencia de la economía capitalista en que se produce para ganar, siendo el objetivo de la producción social y solidaria la satisfacción de necesidades(Collin, 2009:24). Asimismo, su adjetivo de solidaria se despliega tanto para con los seres humanos, con la naturaleza y con la cultura. En este sentido, la economía social contempla la acumulación y en ese sentido genera plusvalor, pero a diferencia de la economía capitalista, la finalidad de la acumulación es para reproducir las bases para crear nuevos empleos, nuevas ocupaciones para satisfacer las necesidades de trabajo de los que se incorporan al mercado laboral, y así es que la solidaridad es con las nuevas generaciones. La solidaridad con la naturaleza se expresa en que el uso de los recursos naturales es aceptable siempre y cuando sean renovables y atienda su renovación; y la solidaridad con la cultura se expresa en la consideración del patrimonio cultural en tanto diversidad de gustos, estéticas e intereses para desarrollarlos y respetarlos, generando economías de escala humana, a diferencia del capitalismo que usa la economía de escala para avasallar las diferencias con productos universales que acaban con las diferencias locales(Collin, 2009:25). Los valores desde los que parte la economía social y solidaria hacen de los seres humanos y de la satisfacción de sus necesidades el eje central de su acción, reconceptualizando el trabajo y el producto del trabajo como esencias formativas de la esencia de las personas y de la sociedad.“El trabajo considerado como creación restituye al trabajador la posesión y la vinculación con su producto, y a quien lo hace, la condición de productor”(Collin, 2009:26), privilegiando la filosofía del ser por sobre la del tener, oponiendo a la noción de acumulación la de compartir en la reciprocidad, concediendo una función social a la producción de excedentes, cual es incrementar el bienestar social comunitario. HACIA UNA CONCEPCIÓN DE DIVERSIDAD ECONÓMICA En su obra A Postcapitalist Politics, J.K. Gibson-Graham(2006) se pregunta cómo es que la Economía se ha vuelto un término de uso cotidiano que implica una fuerza constituida como el juez supremo de la posibilidad,“¿Cómo es que el trabajo remunerado, el mercado de mercancías, y la empresa capitalista han llegado a ser vistos como 17 La Economía Plural en Bolivia la forma“normal” de trabajo, intercambio y organización económica?”(Gibson-Graham, 2006:53). La respuesta se ubicaría en la casi total naturalización de la economía en el discurso público en las décadas recientes, en coincidencia con el derrumbe del socialismo como la alternativa existente al capitalismo, y el socavamiento de las economías nacionales en un contexto de globalización. Entonces, la construcción de nuevas economías requiere poder imaginar a la economía de forma diferente, como algo creado que tiene origen y formación geográficamente contextualizada y en formas históricamente determinadas, y esto implica una estrategia para disputar el sentido de los significados en el discurso público, donde la concepción naturalizada de la economía como una totalidad capitalista autoevidente se ha impuesto. Esto significa que la realidad social ha llegado a ser concebida desde una medida que la provee el capitalismo, y la diversidad económica que existe es comprendida en relación subordinada al capitalismo, como“anomalías”,“excepciones” o“resabios” que se miden en función a la preeminencia naturalizada del capitalismo como única posibilidad económica. En este sentido, un pre-requisito ineludible para poder construir nuevos sujetos económicos es la posibilidad de dislocar el núcleo hegemónico del discurso económico capitalista globalizado, que proclama la supremacía capitalista, y destrabar la diversidad económica como posibilidad real de construcción social y política en manos de la sociedad en su conjunto, por tanto, viéndolo desde su perspectiva política, esta es una tarea contrahegemónica. LA ECONOMÍA PLURAL BOLIVIANA La propuesta boliviana de economía plural contiene una especificidad notable en cuanto se refiere al contenido anticolonial, no solo anticapitalista, que lo sustenta, puesto que asocia una concepción comunitarista a la noción social y solidaria de economía que ya se manejaba en los periodos previos a la crisis del sistema político y del modelo económico, que dan lugar a la sublevación social y subsecuente proceso constituyente. La inclusión de la dimensión comunitarista implica una crítica a los principios de la modernidad capitalista sobre la cual se ha construido el Estado-nación republicano, reivindicando la vigencia y persistencia de la diversidad social, política y económica, ya no como estadios evolutivos y atrasados de un proceso de perfeccionamiento del capitalismo, sino como diversidad constitutiva en sí misma. 18 La Economía Plural en Bolivia Este es un quiebre fundamental en el sistema de dominación instaurado con la conquista y posterior fundación de la República, pues ataca el núcleo mismo de la condición del Estado aparente, cual es la renuncia a la universalidad y construcción de la unidad, para asumir deliberadamente la representación, organización y beneficio de solamente algunos, dejando de lado y actuando en contra del resto, siendo ese“resto” los indígenas, que se incorporan a él a través del silencio o de la guerra (García Linera, 2013:396). De ahí que la irrupción del mundo indígena en el Estado estaría rompiendo la lógica del Estado aparente, pero ahí también radica la precisión del debate sobre economía plural, ya que la apariencia estatal puede ser entendida en términos de contraposición de sujetos con lógicas civilizatorias distintas, portadores de sentidos y racionalidades que hasta parecieran ajenas a los otros sujetos, donde lo indígena no solo está circunscrito a un espacio territorial apartado de los centros del poder, con una población que porta una cultura diferente,“sino también una manera de organizar el mundo, un modo de organizar las fuerzas productivas, técnicas y asociativas, las formas de producción y conocimiento, la forma política, el sistema de autoridad, etc. Es decir, toda una lógica civilizatoria(que va más allá del idioma y del color de la piel) que tiene que ver con la construcción material y simbólica del mundo” (García Linera, 2013:397). La emergencia indígena, originaria y campesina, y su ocupación de los espacios y esferas de legitimidad en el Estado y la sociedad bolivianos, obliga su ampliación para concebir la articulación de la diversidad en otros términos, diferentes a los establecidos por la lógica del Estado aparente, cuya lógica colonial ha construido un sujeto tan diferente que es casi no-humano, al que es posible atribuirle la condición de inferioridad. Desde esta lógica esquemática se ha construido la forma en que concebimos las relaciones entre los sujetos en la modernidad contemporánea, y sin duda corremos el riesgo de seguir usándola para construir nuestras categorías de interpretación de la realidad, reproduciendo lo viejo a nombre de construir lo nuevo, por lo que sigue siendo necesario hacer un esfuerzo para romper la naturalización de la deshumanización del otro no-europeo. Este esfuerzo es crucial pues nos permitiría concebir la diversidad económica en términos de pluralidad complementaria y constituyente de nuevas formas de vida, y ya no en términos de sujetos estancos con cualidades inferiores respecto de una forma superior. 19 La Economía Plural en Bolivia La nueva constitución política del Estado establece de entrada que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico(art. 1); y más adelante establece que el pluralismo económico se expresa en el reconocimiento, respeto, protección y promoción de las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa; cuya articulación complementaria constituye la noción de economía plural(art. 306). De esta manera, la nueva constitución boliviana se preocupa de manifestar explícitamente la necesidad de entender la economía como algo diverso, algo que es más que solo la lógica capitalista, en un esfuerzo por superar el pensamiento capitalocéntrico que se impone como componente estructural del Estado-nación moderno, que bajo la lógica homogeneizadora como estrategia de dominación, oculta la diversidad de racionalidades económicas que en realidad constituyen el hecho económico, reduciéndolo solo a la supremacía de la racionalidad capitalista, es decir, movimiento del capital para generar más capital, como única alternativa posible y destino natural de la organización económica de la sociedad. La cotidianidad de sobrevivencia de los sectores sociales marginados y excluidos demuestra recurrentemente que la vida no está hecha solamente de la racionalidad capitalista dominante, sino que es igual o hasta más importante la diversidad de racionalidades económicas que actúan en conjunto para garantizar la vida de la gente. Si los trabajadores empobrecidos dependieran solo de la dinámica económica capitalista, con seguridad no podrían garantizar su sobrevivencia, mucho menos reproducir sus condiciones societales, pero sin embargo sobreviven, y no solo sobreviven, sino que además son capaces de reproducir la vida y la sociedad, y esto es gracias a la disponibilidad de otro tipo de relaciones económicas, basadas en otras racionalidades diferentes a la capitalista, que les permite acceder a los recursos necesarios para el mantenimiento y reproducción de la vida propia y de su entorno social. Estas racionalidades económicas son descritas bajo diferentes denominaciones a lo largo y ancho del mundo, pero en el caso concreto de Bolivia, se identifican cuatro tipos de racionalidades económicas que son relevantes para la realidad boliviana, que se corresponden con el movimiento histórico específico de la formación social boliviana. Un aspecto importante del proceso boliviano es el reconocimiento, legitimizado en la estructura jurídica, de la condición comunitaria de la economía, frente a una racionalidad económica capitalista en tanto organización económica privada, y una racionalidad capitalista alternativa, definida como lo social cooperativo. 20 La Economía Plural en Bolivia La organización económica comunitaria es definida por la constitución como el conjunto de los sistemas de producción y reproducción de la vida social, bajo los principios propios de los pueblos y naciones indígena originario y campesinos(art. 307). No se refiere a una condición general de economía solidaria, término acuñado en otros contextos, sino que sugiere estructura y tejido social interdependiente en funcionamiento y con conciencia de sí mismo. La solidaridad es una lógica que se fundamenta en la idea de ayuda a los que no pueden valerse por sí mismos, y no implica una crítica a los procesos que generan esa condición de diferenciación socioeconómica entre los que pueden ayudar y los que no pueden ayudarse. La precisión de la economía comunitaria, por su lado, se refiere a la lógica de ayuda mutua entre individuos, sujetos y/o actores con capacidades propias que definen actuar en forma equilibrada entre ellos, al interior de un tejido social con capacidades autónomas, de manera que estamos hablando del aporte de los miembros de una entidad comunitaria para su propia entidad comunitaria, para garantizar las condiciones de reproducción de su propia esfera nuclear de sociabilidad directa. En este sentido, la forma de organización económica comunitaria es una forma relevante del proceso boliviano, que es parecido a la economía solidaria, pero diferente en el sentido de que se refiere al intercambio igualitario entre miembros de una entidad comunitaria, que se basa en mecanismos concretos de reciprocidad, identificables entre los miembros de la entidad comunitaria, por tanto sujetos de control social, e intercambiables entre los miembros, lo que permite activar la complementariedad entre los miembros de una comunidad. La novedad de la nueva constitución política radica tanto en la incorporación de la definición de la economía en términos constitucionales, así como en que el Estado plurinacional comunitario se obliga no solo a reconocer y respetar la pluralidad económica expresada en estas formas específicas de organización económica, sino que se obliga además a proteger y promover equitativamente las mismas, es decir, debe adecuar su estructura institucional, programática, presupuestaria para que se refleje la pluralidad en el accionar del Estado. EL MARCO NORMATIVO Y SU DESARROLLO El marco normativo para la implementación de la economía plural está definido por el reconocimiento constitucional de la economía plural, que establece la ampliación de la concepción de la economía más allá de la dicotomía estado-empresa capitalista, y obliga a reconocer la dimensión asociativa y la dimensión comunitaria.Así, un 21 La Economía Plural en Bolivia logro innegable del proceso boliviano, con todos sus problemas, es haber establecido en la constitución la noción de sistema plural, lo cual es singular de la constitución boliviana(Patzi, 2010:157). Aunque la propuesta de la economía plural surge desde la lucha social, con planteamientos claros expresados en el informe de mayoría de la Comisión XIX de Economía y Finanzas de la Asamblea Constituyente, la Constitución Política finalmente aprobada refleja un pacto político con la visión del“bloque de poder social-comunitarista” y la visión conservadora del“bloque de poder liberal-neoliberal”(Gonzales, 2011:140), que atenúa la radicalidad de la propuesta de los pueblos y naciones indígena originario campesinos. En un balance realizado por Milena Gonzales(2011:135-149), el resultado de esta disputa en el proceso constituyente es un modelo económico nacional productivo, cuyas características expresadas en el texto constitucional dicen que: • el modelo económico boliviano es plural, orientado hacia el vivir bien, donde el Estado tiene como valor máximo al ser humano y el desarrollo mediante la redistribución de la riqueza(artículo 306); • reconoce a la organización económica comunitaria entendida como sistemas de producción y reproducción de la vida social(artículo 307); • reconoce a la iniciativa privada y le reclama participación en el desarrollo social, económico y soberano del país(artículo 308); • ratifica el reconocimiento a la economía estatal y su rol explícito de conducción de la economía nacional(artículo 309); • reconoce y protege a la forma cooperativa(artículo 310); • así como la igualdad jurídica entre estas distintas formas económicas(artículo 311, I); • establece que la economía plural se verifica en la dirección integral del desarrollo económico y la planificación a cargo del Estado, recursos naturales de propiedad del pueblo y administrados por el Estado, garantía de propiedad individual y colectiva de la tierra, industrialización de recursos naturales, intervención del Estado en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, respeto a la iniciativa empresarial y seguridad jurídica, y promoción de la economía comunitaria en el área urbana y rural(artículo 3011,II); • la obligación de toda actividad económica de fortalecer la soberanía alimentaria, generar trabajo digno y proteger el medioambiente(artículo 312); • los propósitos de la organización económica boliviana son 1) generación de producto social, 2) producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de 22 La Economía Plural en Bolivia los excedentes económicos, 3) reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos, 4) reducción de las desigualdades regionales, 5) desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales, y 6) participación activa de la economía pública y comunitaria en el aparato productivo(artículo 313); • la prohibición del monopolio y oligopolio(artículo 314); • y el reconocimiento de la propiedad de las personas jurídicas(artículo 315). El detalle central del planteamiento constitucional, y que se expresa luego en el “modelo económico social comunitario”, es la interpretación de economía plural que se hace en el artículo 311, designándole al Estado el rol conductor de la implementación y desarrollo del desarrollo económico, así como su fortalecimiento como sujeto y actor económico, en base a la industrialización de los recursos naturales, para producir, distribuir y redistribuir la riqueza. Al contrario del modelo neoliberal, que centralizaba la economía en la iniciativa privada, el nuevo modelo económico pregona que el Estado es el promotor de la economía plural para el desarrollo económico del país, por la vía de la redistribución de la riqueza generada en los sectores estratégicos que generan excedente(hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales), hacia los sectores generadores de ingreso y empleo(manufacturero, industria, turismo, y desarrollo agropecuario), es decir, se concibe a la economía plural como una pluralidad de sectores que intervienen en la economía. De ahí que no sorprenda que la inversión pública esté concentrada hacia los sectores capitalistas que controlan los sectores estratégicos y generadores de empleo y excedentes, es decir, las empresas estatales y las empresas privadas capitalistas. Por lo demás, no existe una ley que defina y establezca una concepción global de economía plural desde la lucha social, sino que el planteamiento del nuevo modelo económico social comunitario se toma como un marco suficiente, lo cual tiene el inconveniente que no se clarifica el sentido descolonizador del concepto de economía plural, sino que se le asigna un rango circunstancial de estrategia de transición entre un modelo de economía capitalista a otro de economía socialista. La promulgación de la ley 144 de la revolución productiva comunitaria, que introduce operativamente la figura de Organización Económica Comunitaria; y más recientemente de la ley 338 de organizaciones económicas, marca tal vez el escenario más emblemático de implementación de la visión de pluralidad económica, pues en esta ley se define al sujeto económico de la economía asociativa y comunitaria en 23 La Economía Plural en Bolivia el ámbito de la producción agropecuaria campesina e indígena, y manda al Estado construir los instrumentos necesarios para canalizar la inversión pública a estos sujetos. A la hora de construir estos instrumentos, los sujetos sociales recuperan la politización de la economía, sacándola del enfoque sectorialista, reintroduciéndola en el enfoque de la lucha por el reconocimiento y la legitimación de la población marginalizada como sujetos económicos capaces de participar en la vida económica del país, con lo cual se retoma el sentido de las discusiones constituyentes sobre la racionalidad económica diversa. El debate actual está en concebir la diversidad económica como diversidad de racionalidades económicas que coexisten y se complementan, y no solo como diversidad de sectores económicos que interactúan en el marco de una economía capitalista. ARTICULACIÓN DE LA DIVERSIDAD ECONÓMICA Y LA POLÍTICA PUBLICA En un balance de los primeros diez años luego de las luchas de Octubre de 2003, en tanto culminación simbólica del ascenso del malestar e insubordinación social y que permite la instauración del gobierno del MAS, el analista Roger Cortez(2013, 6-7) identifica como uno de los problemas de más largo aliento para este gobierno a la impotencia gubernamental para avanzar en el cambio de la matriz productiva, superar el atraso tecnológico y la falta de innovación, lo cual significaría según Cortez, “conseguir que la economía plural sea algo más que una descripción de la manera en que el capitalismo subordina, articula y desintegra otras formas productivas, incluyendo en primer lugar a la economía comunitaria”, lo cual mostraría la paralización de las reformas para edificar los desafíos que planteados en la nueva CPE, entre estos una economía plural, lo cual requiere,“sin excusa o postergación posible, desarrollar la economía comunitaria”. Luego identifica en las regiones desérticas del altiplano y en las áreas de reserva natural amazónicas y chaqueñas, habitadas por pueblos indígenas, como los espacios naturales para armonizar las practicas económicas en las que el capital y los avances tecnológicos se articulen con economías comunitarias, en base a estimaciones de existencia de una gran cantidad de tierras de propiedad de comunidades donde pueden instrumentarse empresas plurales que integren cultivos y ganadería nativos, recuperación de suelos para cultivo de alimentos y generación de energía alternativa, en la perspectiva de abrir espacio para la concurrencia de inversiones que se asocien a empresas comunitarias. 24 La Economía Plural en Bolivia El efecto de esto, según Cortez,“tiene el potencial de modificar las migraciones internas, ofrecer perspectivas de prosperidad a pueblos y comunidades forzados hoy a abandonar sus lugares de origen y buscarse la vida de la manera más precaria, creando así la base de un nuevo equilibrio demográfico y territorial y el balance geopolítico con las regiones vecinas”. Finalmente, Cortez concluye que en vez de hacer esto, los conductores del gobierno“prefieren apostar a una combinación de recetas monetaristas y a la multiplicación de empresas altamente propensas al fraude y al engorde burocrático”, es decir, creación de empresas estatales. Lo primero que llama la atención de este análisis es que sugiere una especie de equiparación automática entre economía comunitaria-comunidad campesina-pueblo indígena-pobreza y atraso, como si fuese condición inherente al ser indígena no solo lo comunitario, sino también la pobreza y atraso que esto llevaría a cuestas; frente a un espacio capitalista urbano y desarrollado, donde se encuentra el“avance tecnológico”, ubicando además a la economía comunitaria solo en el área rural donde los pueblos indígenas y las comunidades pobres y atrasadas son las propietarias de la tierra, refiriéndose suponemos a la propiedad comunal, equiparando implícitamente área rural, comunidad campesina, pueblo indígena, propiedad comunitaria con pobreza y atraso. Es interesante como el autor de este balance parece sugerir implícitamente que la implementación de la economía plural se refiere entonces a una suerte de incorporación de territorios y prácticas productivas comunales(que son atrasadas) a la dinámica capitalista del mercado, puesto que a las“economías comunitarias” les estaría faltando solamente capital y avances tecnológicos para su desarrollo, pero es necesario preguntarse si cualquier forma de capital y tecnología sirven igual para potenciar la economía comunitaria. Lo siguiente que llama la atención en el artículo es la implícita concepción de geopolítica como una suerte de estrategia de territorialización del capital, que ve en el desarrollo la expansión del capitalismo sobre territorios indígenas donde aún se conserva la economía comunitaria, concebida como atrasada y sin tecnología, con lo cual se invierte la propuesta del vivir bien como legado y potencial de la forma de vida de los pueblos indígenas, y se le estaría reasignando al desarrollo el rol de llevar el progreso a espacios y gentes que viven aun según sus formas de vida ancestrales, una versión contemporánea de la idea de civilidad y barbarie como parámetro de jerarquización de la diversidad, con lo cual parece caer en la reproducción de la visión colonial de superioridad de la forma de vida occidental frente a los vestigios de las formas de vida indígenas. 25 La Economía Plural en Bolivia En lo que sí estamos de acuerdo con Cortez es en la necesidad de desarrollar sin postergación posible la economía comunitaria como condición clave para poder avanzar en la implementación de la economía plural, ya que esta racionalidad económica es la que verdaderamente marca la pluralidad fuera de los marcos del capitalismo. El resto del análisis no necesariamente recupera el sentido de la economía plural en términos de diversidad, sino que sigue pensando la pluralidad económica en función a la hegemonía del capitalismo, jerarquizando la diversidad y transformándola en estados evolutivos de lo mismo, explicando cómo las formas económicas diversas necesitan articularse al capital para salir de su atraso y acceder al avance tecnológico, es decir, concibe a la forma capitalista como la forma correcta y superior, y a las otras formas, particularmente a la comunitaria, como incompleta e imperfecta en sí misma. De esta forma, es fácil pasar a un pensamiento evolucionista que concibe a la diversidad económica como una fase retrasada en la evolución hacia la perfección capitalista, con lo cual la diversidad se divide en economía capitalista y“precapitalista”. El adjetivo“precapitalista” descalifica de entrada la validez de la diversidad económica, y es una forma de proclamar“la economía” como una totalidad capitalista incuestionable. Esta naturalización de“la economía” como una realidad puramente capitalista es un movimiento que se desarrolla notablemente en las últimas décadas a escala global, coincidiendo con el colapso de las economías comunistas y socialistas, y que tiende a representar al capitalismo, necesaria y naturalmente, como la identidad acabada de la economía, despojándola de otras esferas de la sociabilidad que la convierten en verdadera totalidad. El capitalismo se convierte así en un proyecto civilizatorio construido desde una forma de entender la realidad, como lo plantea Alejandro Nadal(2014) en un artículo de prensa sobre el empleo y las formas de vida en el capitalismo contemporáneo: “El capitalismo se nutre de empleo asalariado y declara su guerra sin cuartel a las formas de vida que no le están sometidas. Cualquier figura existencial que no esté sometida a las necesidades de valorización del capital es un espacio que debe ser conquistado. El capital nunca ha respetado la noción de formas de vida como un modo alternativo de existencia y desarrollo. Para el capitalismo, cualquier forma de vida no es más que un espacio de rentabilidad y debe ser primero conquistado y después sometido al proceso de valorización(o, si se prefiere, a un proceso de explotación)”(Nadal, A., 2014). 26 La Economía Plural en Bolivia La concepción de totalidad que recuperamos aquí no es la absoluta acumulación de todo lo que existe en la realidad, que volvería a la realidad en algo imposible de conocer, sino como la articulación de todos los elementos relevantes y pertinentes, cuyo funcionamiento coherente sí es posible conocer. Por el contrario, la economía concebida solo como la esfera de la racionalidad capitalista es una reducción que no considera todos los elementos relevantes, y consiguientemente no explican la realidad económica. En este sentido, y recuperando a Cortez, la implementación de la economía plural requiere reconocer a la economía comunitaria, y esto por varias razones, siendo la principal que la economía comunitaria en si misma encarna la racionalidad económica que es descalificada por la racionalidad capitalista, y es colocada en los márgenes o en el exterior de lo que es consagrado como el ámbito de la“economía real”, de manera que la acción económica de los individuos, de la sociedad y del Estado que busca la prosperidad de la comunidad y no necesariamente la reproducción del capital a ultranza, es calificada como un ámbito no económico, o incluso como una irracionalidad económica, contraponiéndose a la racionalidad económica que se naturaliza e impone como forma única en la modernidad capitalista dominante. El reconocimiento y legitimación de la economía comunitaria en la política pública implica romper con la naturalización de las concepciones que reducen la economía solo a las racionalidades capitalistas, operando un cambio paradigmático, una forma otra de concebir la realidad económica. La política pública del Estado, al igual que todos los Estados formados a imagen del ideal moderno capitalista, ha estado guiada por esta concepción de la economía, como una construcción progresiva hacia un destino inevitable configurado por la lógica y la racionalidad del capitalismo, en el que las otras racionalidades económicas son ubicadas en el camino hacia la forma superior. Es más,“la economía” termina siendo un área del conocimiento abocada al estudio y proclamación de la supremacía incontestable de la racionalidad capitalista. En este contexto, ampliar la concepción de la economía hacia su diversidad inherente no es nuevo en sí mismo, pues se refiere a la diversidad inherente de la realidad económica, pero sí lo es en el contexto del Estado moderno. La concepción capitalista de la economía construye e impone una noción de diversidad contenida en los marcos de la propia racionalidad capitalista, no que niegue las otras formas o racionalidades económicas, sino que las ubica en un lugar inferior y por tanto subalternizado a la racionalidad capitalista, de manera que la diversidad 27 La Economía Plural en Bolivia de racionalidades económicas no forma en realidad una diversidad que merece la pena ser tomada en cuenta como diversidad económica, pues la única forma verdadera y superior de economía sería la racionalidad económica capitalista, es decir, la estructuración del accionar social en función exclusiva a la reproducción del capital. La diversidad dentro de los límites del capital es entonces una diversidad interna, cuando más, y se expresa en las formas que puede asumir la organización social para consumar los fines de reproducción del capital, lo que finalmente termina siendo una simple diversidad de rubros económicos capitalistas. El análisis recuperado al inicio de este acápite ejemplifica de buena manera la complejidad de pensar la pluralidad económica, pues esto requiere salir de alguna manera de los límites que impone la concepción capitalista. La política pública boliviana del proceso de cambio refleja sin duda esta complejidad, ya que se plantea un horizonte de transición hacia una organización económica no capitalista, para lo cual debe ampliar la concepción restringida de economía capitalista hacia la pluralidad económica, y en este proceso el imaginario político se enfrenta a la necesidad de esclarecer la naturaleza de la complejidad. La construcción de la diversidad económica cruza todo el espectro de la política pública, aunque con algunos ámbitos de evidente concentración de esfuerzos para efectivizar operativamente la tarea. En este sentido, uno de los principales ámbitos es sin duda el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, definido como una teoría económica para sustituir el neoliberalismo, no de forma directa, sino sentando las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista. El modelo económico es, según esta teoría económica que asume el Estado Plurinacional Comunitario, el que define como se genera y se redistribuyen los excedentes económicos, y se diferencia con el modelo neoliberal porque redistribuye el excedente en función de la necesidad social, mientras que en el modelo neoliberal la apropiación de la plusvalía por parte de las trasnacionales y los privados no deja mayor margen de transferencia al Estado, reduciendo su capacidad de implementar acciones sociales, generando problemas sociales que en última instancia son problemas económicos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011:7). Entonces este modelo es un modelo de transición hacia el socialismo, con el que se empezará a construir una sociedad de tránsito entre el sistema capitalista y el sistema socialista. El nuevo modelo parte del diagnóstico de los errores del neoliberalismo para contraponer una nueva política económica, y se basa en 10 elementos diferenciadores(MEF, 2011:8): 28 La Economía Plural en Bolivia 1. El Estado como el actor fundamental de la economía y el que corrige las fallas del mercado. 2. Participación activa del Estado en la economía. El Estado debe intervenir en la economía a través de sus siete facetas: planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor, banquero. 3. Nacionalización y control de los RRNN estratégicos para beneficiar a los bolivianos. 4. Cambio del patrón primario exportador vigente en el país por un proceso industrializador y generador de desarrollo productivo. 5. Busca la generación del excedente y su redistribución en los sectores antes excluidos. 6. El Estado es el promotor de la economía. 7. El nuevo modelo económico impulsa la demanda interna, a la par de la demanda externa, para lograr el crecimiento económico. 8. Generación de recursos internos para la inversión, menor endeudamiento y superávit fiscal 9. Inclusión social, la generación de oportunidades para la sociedad y un mayor desarrollo y redistribución con generación de empleo. 10.El nuevo modelo económico considera la estabilidad macroeconómica como el punto de partida—no la meta—para generar el desarrollo económico. El nuevo modelo identifica dos pilares económicos fundamentales: el sector generador de excedentes y el sector generador de ingresos y empleo, y el Estado es el actor fundamental que debe garantizar la transferencia del excedente desde el sector estratégico hacia el sector generador de empleo e ingresos, buscando liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materia prima, transformándolo en un país industrializado y productivo(MEF, 2011:7). En este esquema, el nuevo modelo identifica en el Estado, a la empresa privada, a las cooperativas y a las comunidades como los actores fundamentales para llevar adelante los objetivos trazados en el modelo de transición. La política pública del proceso de cambio ha estado así marcada por los lineamientos identificados en el nuevo modelo económico, siendo notable la real jerarquización del protagonismo del Estado en la promoción de la economía y en la regulación del mercado, contrastando evidentemente con el rol del Estado bajo el modelo neoliberal. 29 La Economía Plural en Bolivia También es un logro notable la nacionalización de los recursos naturales, más allá de los problemas detectados en su eficiencia real, se ha logrado incrementar notablemente los ingresos del Estado en relación a la apropiación privada del excedente. Otro logro del nuevo modelo es la generación del superávit fiscal, notablemente contrastante con la época neoliberal; así como el haber evidentemente logrado la estabilidad macroeconómica. El nuevo modelo se basa en la generación de excedentes por sectores estratégicos(minería, hidrocarburos, electricidad, recursos ambientales, etc.), y de ahí que la política pública apoya decididamente una visión de economía extractivista, cuya producción de excedente debe retornar hacia el Estado para que este pueda cumplir el rol identificado en el nuevo modelo, de transferir el excedente tanto hacia el sector generador de empleo, como hacia sectores sociales excluidos. La implementación de empresas públicas en los diferentes rubros generadores de empleo y de ingresos ha sido también una característica notable de la política pública bajo el nuevo modelo, con lo cual el Estado juega un rol activo en ampliar la base de generación de empleo directo. La política pública de redistribución de excedentes entre los sectores excluidos ha sido implementada bajo la concepción de la transferencia directa hacia sectores sociales vulnerables bajo la forma de bonos y subsidios. Lo que no queda claro en el nuevo modelo económico es la articulación de los denominados actores de la economía plural, definidos en la constitución política desde la forma económica, que expresa una racionalidad económica diferente a la capitalista, con posibilidad de complementarse entre sí y en conjunto dinamizar la economía como un hecho total. Sin embargo, el nuevo modelo económico parece reducir la concepción de diversidad económica a la diversidad de actores dentro de una lógica económica definida por la racionalidad de la reproducción del capital en un ambiente de regulación estatal y redistribución social; y no queda claro el rol que juega la racionalidad económica que no busca la reproducción del capital ni su redistribución, sino la reproducción de la“comunidad”. EL ROL DEL ESTADO FRENTE A LA PLURALIDAD ECONÓMICA El Estado plurinacional comunitario reconoce, respeta, protege y promueve la diversidad de formas económicas que componen la economía plural boliviana, que 30 La Economía Plural en Bolivia son definidas conceptualmente un su dimensión básica para fines de operacionalización de la política pública(arts. 307, 308, 309 y 310). Artículo 307. El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 308. I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por ley. Artículo 309. La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos: 1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos. 2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. 3. Producir directamente bienes y servicios. 4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. 5. Garantizar la población y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios. Artículo 310. El Estado reconoce y protege las cooperativas como forma de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. 31 La Economía Plural en Bolivia Cuadro N° 1. Conceptualización de las formas de organización económica contenidas en la CPE. Forma de organización económica Conceptualización Fuente Comprende los sistemas de producción y repro- Artículo 307(CPE). ducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos Artículo 7(Ley 144). indígena originario campesinos. Comunitaria Estatal Privada Social cooperativa Constituye un modelo de desarrollo que comprende sistemas de planificación, organización, producción, generación de excedentes y su distribución para el bienestar común; basado en la cosmovisión de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas, quienes administran su territorio, recursos y tienen sus propias formas de organización en armonía y equilibrio con la MadreTierra. Comprende a las empresas y otras entidades eco- Artículo 309(CPE). nómicas de propiedad estatal. Su objetivo es la inversión para el desarrollo del Estado. La libertad de empresa y el pleno ejercicio de las Artículo 308(CPE). actividades empresariales. Su objetivo es la obtención del lucro, respetando la normativa estatal. Forma de trabajo solidario y de cooperación con Artículo 310(CPE). fines de lucro, pero redistribuido entre los miembros de la entidad asociativa. Fuente: elaboración propia en base a la CPE. La legislación boliviana contemporánea al Estado plurinacional comunitario, introduce la pluralidad como principio legitimador de la política pública, estableciendo la obligación del Estado no solo a reconocer y tolerar la diversidad social, política, económica, jurídica, cultural e incluso territorial, sino que se obliga a apoyar a esta diversidad, con lo cual se produce un quiebre en la forma de hacer política en Bolivia, ampliando la legitimidad de los sujetos sociales para ser partícipes de la política pública desde su propia condición diferenciada. 32 La Economía Plural en Bolivia Esta ruptura amplía las formas en que la población se articula a la institucionalidad del Estado, más allá de la hegemonía absoluta de las instituciones liberales basadas en la individualidad del ciudadano moderno, tales como la democracia representativa basada en el voto individual, la ciudadanía basada en la articulación individual de las personas a una comunidad política nacional, el partido político que articula individuos, es decir, una primacía de derechos individuales; mientras que el sistema plural del Estado plurinacional comunitario reconoce las articulaciones sociales de tipo comunitario, construidas en el proceso histórico de formación de la sociedad, tanto en su perspectiva de pre-existencia al Estado-nación, tales como los pueblos y naciones indígenas, así como aquellas formadas en la contemporaneidad del Estado-nación, como ser los campesinos. El Estado fundado en los principios de la modernidad llevó a invisibilizar, desconocer e incluso proscribir las formas comunitarias de articulación social, que sin embargo no desaparecen de la realidad social con la imposición del Estado-nación, pero se ven obligadas a manifestarse fragmentariamente a través de formas institucionales adecuadas a los principios modernos de individualidad ciudadana, como los sindicatos y gremios de trabajadores individualizados. El Estado plurinacional comunitario se fundamenta en la politización y legitimación de estas estructuras sociales comunitarias, es decir, reconoce la legitimidad de sus procesos reconstitutivos, a las cuales les confiere un estatus de actualidad en su capacidad de interaccionar con la política pública desde su propia naturaleza comunitaria, sin necesidad de forzar una forma institucional no comunitaria para su expresión; de ahí que estas formas adquieren una capacidad y una legitimidad de accionar desde su propia forma societal, que el Estado se obliga a reconocer y apoyar, constituyéndose en sujeto social ante la institucionalidad estatal. Aquí cabe resaltar que la legislación reconoce explícitamente la condición del “sujeto social” como expresión de la diversidad societal, cuyo origen conceptual es retomado del discurso de las ciencias sociales, pero que adquiere un significado jurídico concreto en relación a la población subalterna y sus estructuras organizativas propias. Desde la ciencia social, el sujeto social suele ser definido como la colectividad con capacidad de tomar conciencia de su existencia y su situación como tal, resistir y accionar como cuerpo social para transformar realidades de injusticia en el que se ve sometido(Zizek, 2001). En el caso boliviano, es necesario ampliar esta concepción hacia la realidad política de implementación del Estado plurinacional comunitario, en el que la población subalterna produce una ruptura en los mecanismos de domi33 La Economía Plural en Bolivia nación e irrumpe en los campos y espacios del poder donde antes estaba vetado e imposibilitado de acceder como tal, y la legislación reconoce explícitamente su condición de sujeto. Sin embargo, es necesario clarificar la concepción de pluralidad para no caer en una suerte de correlación entre racionalidad económica y diversidad del sujeto, que es una tendencia identificada en el proceso de implementación de la pluralidad económica, en el que a ratos se parece entender como economía estatal como sinónimo de empresa pública, economía privada como sinónimo de empresa privada, economía comunitaria como sinónimo de comunidad campesina e indígena, y economía asociativa como sinónimo de asociación o cooperativa. La pluralidad económica no se reduce solo a la diversidad de formas organizativas, que forman parte sin duda de la misma, sino a la diversidad de racionalidades económicas que se expresan en la organización, en el trabajo, etc. El Estado tiene un rol frente a la economía en general, así como frente a las formas de organización económica que componen la economía plural. Frente a la economía en general el rol del Estado está definido tanto en el mandato constitucional como en el nuevo modelo económico, estableciéndose que el Estado es el actor protagónico llamado a conducir la implementación del modelo económico plural, a tener un rol en la corrección de las fallas del mercado, en una perspectiva de transición del modelo neoliberal a un modelo socialista, que debe tener como valor máximo al ser humano y el desarrollo mediante la redistribución de la riqueza. El desafío más importante es profundizar la concepción de diversidad económica fuera de los marcos y límites del capitalismo, es decir, superar el pensamiento capitalocéntrico, de manera que las formas de organización económica sean comprendidas en términos de racionalidades económicas diversas y no solo como la participación de la sociedad en sus diversas formas de organización en la economía capitalista. Frente a las diferentes formas de organización económica el Estado tiene también roles que cumplir: Frente a la organización económica estatal: la organización económica estatal está identificada centralmente como las empresas públicas, tanto del sector estratégico como del sector generador de empleo e ingresos, cuya existencia está concebida en términos de dimensión capaz de contrapesar el poder de las empresas privadas para poder incidir en el control de los monopolios y oligopolios. El rol del Estado, en la concepción del nuevo modelo económico, es de participar activa y protagónicamente en la economía, de manera que la creación de empresas 34 La Economía Plural en Bolivia públicas en los sectores estratégico y de generación de empleo e ingresos es crucial. El desafío de esta tarea no está en la creación de las empresas, que está siendo encarado de manera relativamente exitosa, sino en cómo vincular estas empresas con las estructuras sociales politizadas en el marco de la construcción del nuevo Estado Plurinacional Comunitario, de manera que las empresas no se conviertan en simples fuentes de trabajo para una clientela política, sino que pasen a ser instrumentos de desarrollo conducidos por el Estado y los sujetos sociales constituidos territorialmente en autonomías departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinos. Frente a la forma económica privada: la forma económica privada está identificada con la actividad empresarial, desde la micro, mediana y gran empresa, cuya racionalidad económica se caracteriza por organizar el trabajo para reproducir el capital. El rol del Estado aquí es fundamental para garantizar y controlar que esta actividad económica no sobrepase límites acordados socialmente en la explotación del trabajo y del territorio, y si lo hiciera, exigir y hacer cumplir la compensación y/o restitución de lo sobrepasado. Al igual que las otras formas, el rol del Estado también consiste en promover esta forma económica, así como su articulación equilibrada con las otras formas económicas, inicialmente verificado en la posibilidad de establecer empresas mixtas. Frente a la forma económica asociativa: la forma económica asociativa está identificada con las cooperativas y las asociaciones, que son formas económicas asociativas que surgen de la necesidad de los sujetos sociales de articularse al mercado con las ventajas y/o posibilidades que provee el asociativismo, ya sea en su forma cooperativa o en su forma asociativa. Esta forma económica contiene una racionalidad económica de reproducción del capital, pero de forma alternativa a la reproducción típicamente capitalista, ya que está gestionada colectivamente en base a principios de igualdad y solidaridad entre los miembros de la organización asociativa. El rol del Estado frente a esta forma de organización económica está definido por la capacidad de garantizar su participación en el mercado reconociendo su doble función, de reproducción del capital y de redistribución del excedente en función de la reproducción social del colectivo asociado. El desafío en este ámbito radica en diferenciar las condiciones de competitividad de esta forma económica frente a la forma económica privada, que se manifiesta en apariencia más competitiva. 35 La Economía Plural en Bolivia Frente a la forma económica comunitaria: la forma económica comunitaria está identificada con los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de los pueblos indígena originario campesinos. La racionalidad económica que se dispone en esta forma de organización económica es la que contrasta radicalmente con la racionalidad capitalista, pero no la niega, pues aunque no se centra en la reproducción del capital, sino en la reproducción de los sistemas de vida de las entidades societales, no ignora que la reproducción del sistema social requiere de la reproducción de las condiciones privadas y colectivas, de ahí que se denomina comunitaria. Esta racionalidad económica comunitaria entiende que la reproducción de la vida puede implicar muchas veces usos aparentemente irracionales desde el punto de vista de la racionalidad económica capitalista, como puede ser asumir los costos de algo sin esperar retorno económico alguno, colocar recursos en algo simplemente a cambio de satisfacciones emocionales que solo son valoradas por los sujetos que están involucrados, hacer algo en respuesta a una percepción de necesidad ética, en fin, lo que guía el accionar económico de los sujetos no necesariamente es la obtención de ganancia económica inmediata. El desafío que esta racionalidad económica plantea a la política pública radica en poder legitimar desde la acción del Estado el apoyo a todas estas acciones guiadas por la racionalidad comunitaria, reconociéndoles su rol y aporte a la economía como un todo, considerando que la economía de todas maneras no puede funcionar sin este importante componente. CONCLUSIONES La economía plural es una propuesta específica del proceso boliviano de cambio, por tanto, un espacio real de implementación de política pública y, en este sentido, sometido a todas las tensiones inherentes de la disputa por dotarle del significante que finalmente configura su aplicación en la práctica. Aunque el texto constitucional establece en principio lo que es la economía plural, su desarrollo normativo, programático, institucional y operativo enfrenta la cuestión práctica de la interpretación ideológica de su sentido contrahegemónico y, en este campo, las consideraciones estratégicas de la implementación del proceso de cambio operan de formas muchas veces contradictorias, de tal manera que la implementación práctica del nuevo modelo económico puede expresar tanto un despliegue conservador de la concepción económica capitalista hegemónica, renovado en su aspecto 36 La Economía Plural en Bolivia externo pero con las mismas bases estructurales que lo definen en su naturaleza; o bien expresar elementos que prefiguran rupturas contrahegemónicas promisorias para revelar la diversidad económica como paradigma de una economía otra. La inspiración del modelo de economía plural bebe tanto de las luchas sociales por construir otra economía diferente al modelo capitalista hegemónico, principalmente de la propuesta de la economía social y solidaria; como de las luchas descoloniales que impulsan el proceso constituyente boliviano que da lugar al nuevo Estado plurinacional comunitario, lo cual le confiere una especificidad fundamental que es necesario esclarecer. En principio, el modelo de economía plural establecido constitucionalmente establece una comprensión de la economía en términos de diversidad constitutiva, su adjetivo de pluralidad implica un rompimiento con la concepción naturalizada de la economía como una totalidad capitalista, y abre las posibilidades políticas para recomponer la naturaleza de las relaciones entre las diversas racionalidades económicas que componen naturalmente el hecho económico. Así, la propuesta de comprender esta diversidad en términos de racionalidades económicas estatal, individual, asociativa y comunitaria que coexisten y se complementan entre sí es un marco importante para este debate en la construcción del modelo boliviano de otra economía. Sin embargo, si bien el mandato constituyente establece una ruptura con la concepción totalizante de la economía como naturalización del capitalismo en la inevitabilidad del destino del desarrollo humano, la discusión que se genera desde esta ruptura enfrenta el peligro de la política práctica de implementación del nuevo Estado plurinacional comunitario, cuyas decisiones estratégicas como proceso de cambio están plagadas de contradicciones que permiten avanzar en ciertos aspectos, pero postergan o retroceden en otros. La construcción del modelo de economía plural se debate así en un campo en el que la construcción de nuevos significantes tiene el potencial real de reproducir los anteriores significantes, y la cuestión de la diversidad económica puede, y de hecho en muchos aspectos está siendo construida como diversidad de sujetos sociales y racionalidades económicas participando subalternamente en una economía capitalista, reproduciendo el orden capitalista hegemónico contra el que se está luchando desde los sujetos sociales contrahegemónicos. Lo que sí parece importante de recuperar del modelo de economía plural boliviano es su particularidad comunitarista, que va más allá de las propuestas de economía social y solidaria en el sentido que además de relacionar la economía con la estructura 37 La Economía Plural en Bolivia social en su condición general, lo hace considerando su especificidad formativa en un contexto espacio-temporal concreto, es decir, concibiendo la constitución del sujeto social y su relación con el hecho económico en base al tejido social comunitario autodeterminante, lo cual establece una posibilidad novedosa para encarar la construcción de otra economía con posibilidades de romper el pensamiento capitalocéntrico basado en la fragmentación del sujeto social sobre las bases de la ciudadanía individual. BIBLIOGRAFÍA Arce, Luis. 2011.“El Nuevo Modelo Económico Social Comunitario”. In: Revista Economía Plural.Año 1, Nº 1, septiembre. La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bolivia. 2009. 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Buenos Aires: Editorial Paidós. 39 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL Modernidad tensionada y expresión de la diversidad económica en Tarija Carlos Vacaflores LA DISPUTA POR LOS RECURSOS Y EL RETORNO DE LA POLÍTICA El día lunes 10 de abril, de una manera casi imprevista, el periódico local de la ciudad de Tarija publica una noticia en la cual el Comité Cívico habría pedido un pacto fiscal regional para frenar la crisis(El País, 10/04/17). La noticia es un tanto inesperada, debido al súbito cambio de actitud de esa entidad en relación a su postura radical de defensa del manejo centralizado del presupuesto departamental, así como a la decisión de discutir la redistribución de recursos solo con el nivel nacional. Fue esa postura la que mantuvo sin alteración a lo largo de la gestión del gobernador Oliva, evidentemente en franca alianza funcional con dicha autoridad. Esta noticia podría haber sido sorpresiva de no haber mediado la secuencia de acontecimientos la semana previa, donde en pleno inicio de los festejos en el mes aniversario del bicentenario de la batalla de la Tablada-con gran despliegue de actividades celebratorias de la identidad tarijeña unificada en torno a los héroes independentistas y convocatorias a la unidad entre tarijeños- la confrontación social tarijeña se encuentra de pronto en una suerte de freno o contrapeso a la aparente incontestabilidad política que adquiere el discurso centralista de la administración departamental de Oliva en ese último periodo. Una semana antes, el Comité Cívico de Tarija, arrogándose la representación de todo el departamento, convoca y lideriza una concurrida marcha en rechazo a la ley promulgada por la Asamblea Departamental que otorga un 8% del presupuesto del departamento a los municipios. Este porcentaje se retiraría del 45% otorgado a la provincia Gran Chaco por lo cual se exige al órgano legislativo departamental derogar esta ley por ser aparentemente atentatoria a la unidad tarijeña y a la capacidad financiera de la Gobernación. 40 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL A los dos días, el 5 de abril, se realiza otra masiva marcha convocada por los alcaldes de las provincias que promovieron la ley del 8%. Ésta se manifiesta con exigencias contrarias a la marcha del Comité Cívico, y cuestiona el centralismo y el carácter discriminador que tiene la Gobernación con las provincias, que es la causante de la desunión entre tarijeños, esta marcha exige la aprobación de la ley que garantiza la asignación de un 1% del presupuesto para cada uno de los ocho municipios que no reciben parte del 45% asignado a la provincia Gran Chaco. La masiva participación ciudadana en ambas marchas, unas 5.000 personas en promedio en cada una, fue un fuerte campanazo de alerta para la Gobernación que estaba confiada en su capacidad de convocatoria a través del control que ejerce en los funcionarios públicos y de la aparente movilización del Comité Cívico y el rol que juegan los medios de comunicación de la ciudad capital. Evidentemente, la movilización social demostraba la ineficacia de esta estrategia. La marcha de las provincias mostró una situación inédita de alianza entre alcaldes de los municipios de provincia, comités cívicos provinciales y la organización campesina. Ello para vincular el logro de objetivos políticos conjuntos dejando aislados y sin discurso a la Gobernación en su afán por centralizar el manejo del presupuesto departamental y al Comité Cívico departamental deslegitimizado ante sus contrapartes provinciales. Éste es desconocido y cuestionada su representatividad de todo el departamento, de tal manera que la legitimidad del liderazgo político que había logrado la estructura Comité Cívico-Gobernación es seriamente puesta en duda por las provincias, haciendo tambalear su estabilidad como estructura política departamental. Tan es así que la noticia del periódico anuncia una no tan sorpresiva novedad que era de esperarse ante el evidente protagonismo político que adquiere la articulación de alcaldías y centrales campesinas de provincia-abiertas opositoras de la Gobernación- que agarran la bandera del pacto fiscal en la escala departamental. Es ésta una postura exigida por las provincias con anterioridad pero que no había tenido eco, hasta ahora, en que una demostración de fuerza contundente fue capaz de bajar a tierra al gobernador de turno. Seguramente por razones de estrategia básica ante el descrédito y deslegitimación evidente, el ente cívico busca relanzar su legitimidad de representación departamental y nada mejor que tomar las banderas de la oposición para hacerlas propias.“El Comité Cívico de Tarija plantea a la Gobernación, municipios y subgobernaciones iniciar el debate de un Pacto Fiscal Regional,” empieza la nota del periódico y sigue:“con la finalidad de resolver los líos económicos que atraviesa el departamento”. En el titular 41 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL de la nota, además, se anuncia que las provincias y municipios estarían apoyando la iniciativa del Comité, evidentemente utilizando un mecanismo de manipulación de la opinión pública. Esto para intentar representar un Comité Cívico en situación de liderazgo ante las provincias y municipios; cuando la situación real es la contraria. En otra nota adyacente se anuncia incluso que el gobernador Oliva“se abre a debatir un pacto fiscal regional”, mostrando el cambio de estrategia política del bloque gobernante departamental, en un claro intento de recuperar el liderazgo político perdido con sus desatinadas medidas de centralismo autoritario. En resumen, lo que acontece es la concreción de un[breve] momento de retorno de lo político al escenario departamental, un retorno en el sentido de visibilización de posturas y planteamientos políticos clarificados, desde sujetos diferenciados que pugnan con argumentos con capacidad movilizadora para definir la resolución política de la disputa social, política y económica a nivel departamental; algo que se había diluido desde la gestión de Lino Condori 1 . MOVILIZACIÓN SOCIAL Y VISIBILIZACIÓN DE SUJETOS Si el retorno es la figura que utilizo para mostrar los pulsos de la densificación de la disputa social, entonces estoy planteando una suerte de dinámica social de idas y venidas de lo político, impulsada por sujetos que se politizan, despolitizan y repolitizan constantemente en su afán de construir la nueva estatalidad. Pero en este periodo del proceso de cambio ésta no se estabiliza con suficiente solidez como para pensar en una definición política medianamente consolidada para proyectar un nuevo ciclo de estabilidad societal y estatal. Sin embargo, es menester caracterizar, aunque sea a grandes rasgos, esos momentos y los sujetos que los impulsan, ya que su comprensión aporta los elementos del debate que finalmente son centrales en la construcción de acuerdos sociales para viabilizar la política y la economía. La comprensión de las luchas sociales al interior del Estado es necesaria para comprender por qué la sociedad lucha en verdad, y el Pacto Fiscal es un espacio más de la lucha social dentro del Estado(Marx, 1843). 1 Lino Condori fue el gobernador interino del departamento de Tarija entre los años 2011 a 2015, quien asumió el cargo en reemplazo de Mario Cossio suspendido por actos de corrupción. La gestión de Condori marcó un momento de posibilidad para aplicar la agenda política de transformación del Estado Plurinacional a nivel departamental en Tarija, pero la realidad de su gestión terminó mostrando una disolución del avance transformador de la agenda política del proceso constituyente, perdiendo discurso político para encarar con éxito las elecciones donde el MAS no pudo retener el control de la Gobernación. Con ello, la oposición política aglutinada en torno a UDA pudo imponer su discurso de crisis económica departamental a causa del despilfarro de la gestión del MAS y con eso pudo justificar el corte de desembolsos económicos a las subgobernaciones y municipios, muchos de ellos aún en poder de las estructuras masistas. 42 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL El momento inaugural de este ciclo de disputa por los recursos es, sin duda, la gran movilización social liderada por la institucionalidad prefectural a principios de los años 2000, cuando el descubrimiento de los megacampos gasíferos en el subandino tarijeño impulsó a las organizaciones sociales del departamento a exigir a la Prefectura de entonces construir una estrategia de desarrollo de forma participativa. El resultado fue una circunstancial unificación de la identidad departamental, quizá la última vez en este periodo reciente en que los tarijeños lograron un esporádico pacto social implícito, que permitía proyectar la implementación de una estrategia de desarrollo concertada. Sin embargo, el manejo de este proceso por parte de la Prefectura no fue adecuado ya que los documentos que surgieron, fruto de las mesas de concertación, no reflejaban un equilibrio en las inversiones, provocando el rompimiento de esa frágil unidad departamental. La Federación de Campesinos asume entonces una actitud de rebeldía y disputa con las elites cívico-empresariales tradicionales por el control de la parte de las regalías que consideran les corresponde dado que dichas elites terminaban controlando toda la torta, situación que se profundizó y se mantiene en gran medida hasta ahora, aunque con ciertos matices que se describen más adelante. La disputa por las regalías se complejiza con la irrupción del proceso constituyente a nivel nacional en 2004, en el que se confrontan los sujetos comunitarios y populares con las elites cívico-empresariales a nivel nacional. Se enfrentan así dos visiones contrapuestas de Estado que compiten por establecer los parámetros de acceso legal y legítimo al control de la institucionalidad y los recursos del Estado. Pero en esta ocasión, con el MAS en la presidencia, con posibilidades reales de disputar el poder a esas elites acostumbradas a salirse con las suyas. El sector campesino tarijeño se moviliza durante todo este proceso y, merced a las posibilidades políticas que abre el Gobierno nacional de Evo Morales, logra arrancarle al Estado la ley del Prosol. Ésta autoriza a la Gobernación de Tarija a desembolsar recursos de las regalías departamentales para transferirlas directamente a todas las comunidades campesinas e indígenas del departamento para implementar iniciativas productivas comunitarias. Este programa empieza a funcionar el año 2008, con constante cuestionamiento desde las elites cívico-empresariales, hasta que finalmente la Gobernación de Oliva, representante de la elite cívico-empresarial, define unilateralmente desmantelar este programa bajo confusos argumentos de crisis económica y malos manejos(Jaina, 2016). Se provoca así la mayor movilización campesina tarijeña del periodo reciente, en la cual se exige a la Gobernación el desembolso de los recursos para el Prosol. Ello tiene resultados infructuosos pues no se desembolsan los recursos 43 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL para la gestión 2016. De igual manera, la Gobernación ha manifestado públicamente que buscará no desembolsar recursos en la gestión 2017, planteando más bien implementar un programa de desarrollo productivo manejado por la propia institución. […] En el fondo, es evidente que el conflicto del Prosol es una disputa por los ingresos de las regalías en la que el campesinado defiende la conquista de transferencia directa a las comunidades de una parte de las regalías, situación observada por la nueva administración de la Gobernación como un mecanismo ineficiente que debe ser eliminado, o en el mejor de los casos modificado drásticamente. Como alternativa, la Gobernación plantea que la ejecución de las acciones de desarrollo sea asumida por el propio Estado o por empresas técnicas privadas, incluso con declaraciones públicas de la Organización de Empresarios Privados para pedir se transfiera esos fondos a los empresarios para que sean ejecutados jerarquización colonial entre colonizadores y colonizados, representados en este caso desde el flanco colonizador por la nueva administración de la Gobernación, de identidad mestiza nacional, blanqueada, defensora ideológica de la República moderna; y los campesinos, de identidad comunitaria plurinacional, ideológicamente defensores del nuevo Estado Plurinacional Comunitario.[…]“más eficientemente”, lo que en el fondo muestra la naturaleza de la disputa, que es el control del excedente generado por la venta de hidrocarburos por las clases dominantes o por los campesinos como clase subalterna. Fuente: JAINA(2016) Las elites provinciales históricamente cercanas a las elites cívico-empresariales de la capital tienen, sin embargo, una agenda propia históricamente formada desde la crítica al centralismo capitalino, de forma semejante a cómo las elites capitalinas le reclaman al Estado nacional el centralismo paceño. De manera que el apoyo a la agenda de la elite capitalina estuvo condicionada, en este periodo, al avance de esta agenda descentralizadora del aparato institucional-prefectural hacia las provincias, expresado en la inclusión en el estatuto departamental de posibilidades jurídicas de ejercicio de autonomía en las jurisdicciones municipales, con la elección de los subprefectos, denominados luego subgobernadores, autoridades que hasta entonces eran nombradas a dedo por el prefecto. 44 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL La elección de los subgobernadores, junto al primer gobernador(Cossio) en el 2009, no estuvo acompañada del inicio de las condiciones suficientes para que estos ejerzan la ansiada autonomía en las provincias. Fue recién, con el ascenso del gobernador interino del MAS en el 2010, Lino Condori, que se llegó a asignarle un presupuesto a cada subgobernación, con lo cual las elites provinciales pudieron ejecutar directamente un importante monto que las fortaleció enormemente. Por supuesto, diluyeron su cercanía con la elite capitalina tradicional, y se acercaron más al bloque político del MAS, participando en las elecciones del 2015 en abierta alianza política con ese partido, pero con resultados adversos.Aunque se ganó el control de la Asamblea Departamental como MAS, el ejecutivo fue retomado por la elite capitalina, a la cabeza del gobernador Oliva de UDA, quien de entrada aplicó una serie de medidas para revertir los mecanismos de asignación presupuestaria a los subgobernadores y alcaldes. En consecuencia, estos no pudieron pagar a las empresas contratadas para ejecutar una serie de proyectos en las provincias, es decir, se castigó desde la capital el atrevimiento de las elites provinciales y sus asociados empresariales que osaron llevarse una parte de la torta a las provincias. Esta situación generó una movilización de los subgobernadores liderada por el presidente de la asociación de subgobernadores, Walter Ferrufino, para exigir a la Gobernación la entrega a las subgobernaciones de los recursos previstos en la planificación presupuestaria departamental para la ejecución de la política pública en el ámbito de la jurisdicción de las provincias y municipios. Se llegó incluso a realizar un bloqueo de caminos en alianza con el sector campesino que también exigía el pago del Prosol, pero sin resultados favorables, pues la figura del subgobernador electo no tiene el respaldo de una autonomía territorial, dado que su jurisdicción coincide a la de la autonomía municipal, con lo cual los subgobernadores terminan quedándose sin presupuesto(Ferrufino, 2016). Por su parte, la organización campesina también se moviliza para exigir el desembolso del Prosol, con medidas de presión e instrumentos jurídicos de por medio, pero con resultados igualmente desfavorables. Ante el fracaso de sus acciones se plantean abiertamente el constituirse en una autonomía campesina y ya no solo exigir el monto del Prosol sino el porcentaje de la torta que les corresponde como territorio y población constituida en autonomía campesina. Demás está decir que esta declaración causa revuelo en la elite capitalina, que la califica de peligrosa y atentatoria a la unidad del departamento, como si su política centralizadora estuviera garantizando de alguna manera la unidad de los tarijeños(Vacaflores, 2016). 45 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL La excusa formal para que la Gobernación dejara de desembolsar estas obligaciones con los subprefectos, alcaldes y campesinos-por nombrar a los actores políticos con capacidad de movilización contestataria a dicha institución- fue la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Esta caída de los precios tiene un efecto directo en lo que el país recibe por concepto de las exportaciones del gas, provocando una disminución del presupuesto departamental. Frente a esta situación, el Gobierno nacional plantea enfrentarla ampliando la explotación de los recursos hidrocarburíferos, y anuncia la necesidad de explotar reservas que estarían en las provincias O´Connor y Arce.Ante esta sola noticia, los comités cívicos y organizaciones de estas provincias retoman la propuesta de generar una ley que permita la creación de la autonomía regional conformada por ambas provincias y que reciban igual tratamiento al de la autonomía regional chaqueña, es decir, tener el 45% de las regalías que se generen en su territorio(Fernández, 2016). La respuesta de la Gobernación es un contundente rechazo a esta iniciativa y despliega al Comité Cívico capitalino para que realice una defensa de la reserva de Tariquía(lugar donde se debía realizar la exploración para identificar posibles reservas hidrocarburíferas), bajo un discurso conservacionista que en el fondo camufla una oposición política. Esta busca evitar que se generen mecanismos de potenciamiento económico de las elites provincianas, con las cuales se han roto alianzas, y que han adquirido mayor autonomía para manejar los recursos que corresponden a su jurisdicción territorial(El País en 24/04/17:4). La Asamblea Departamental de Tarija empieza a jugar un rol fundamental en esta disputa por los recursos, puesto que en su seno se ven reflejadas las fuerzas políticas a la inversa que en el poder ejecutivo. La bancada del MAS, como mayoría de la Asamblea, empieza a ensayar una serie de disposiciones jurídicas para tratar de obligar al ejecutivo, en poder de UDA, a cumplir con los compromisos financieros con las provincias y los campesinos. Esto se dio con evidentes fisuras internas que las debilitaron y no siempre llevaron a un accionar contundente ni a buen puerto, hasta que los acaldes logran reintroducir una ley que obliga a la Gobernación a transferir el 1% del presupuesto departamental para cada uno de los municipios, a excepción de los de la provincia Gran Chaco, que ya contaban con el 45% de las regalías. Esta ley, que se llega a conocer como la ley del 8%, es tratada y promulgada en el seno de la Asamblea en pleno mes de abril, mes del aniversario de la batalla de La Tablada que el 2017 celebraba el bicentenario. La ley desencadena una confrontación abierta entre las elites de la capital y las provincias que despliegan una serie de estrategias para articular a las poblaciones de sus respectivos espacios de influencia 46 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL política, llevando a cabo las movilizaciones masivas que condujeron al Comité Cívico capitalino a ensayar su llamado a un pacto fiscal regional. LA NATURALEZA DEL DEBATE POLÍTICO EN LA DISPUTA POR LOS RECURSOS DE LAS REGALÍAS Como se ha mostrado, el descubrimiento y explotación de los megacampos gasíferos del departamento de Tarija estuvo acompañado, desde un inicio, por la movilización social generalizada en todo el departamento y en todas las instancias sociales para discutir la forma en que los ingresos por regalías llegarían a todos los tarijeños (Lizárraga y Vacaflores, 2007), siendo este el asunto que sin duda subyace y provoca la movilización social en el departamento en este último periodo histórico. Según una nota del periódico, sobre la convocatoria a un pacto fiscal regional, el debate que propone el Comité Cívico entre Gobernación, subgobernaciones, municipios y sectores sociales de todo el departamento-en un acto de sinceramiento ante la exacerbación de la conflictividad social y económica en el departamento- permitiría concertar una solución a la crisis económica departamental y frenar la aprobación de leyes que atentan a la unidad tarijeña,“para evitar que el presupuesto y los recursos de las regalías se redistribuyan a criterios políticos, mediante leyes que aprueba la Asamblea para distribuir los recursos económicos de las regalías sin ninguna planificación 2 ”. Se sugería así que la agenda que debe guiar este debate es aquella planteada por la Gobernación, la cual es iniciar el análisis desde la supuesta situación de crisis económica del departamento. Por tanto, el debate del pacto fiscal regional sería centralmente para la“creación de nuevas fuentes de financiamiento y analizar la crisis económica por la que se atraviesa con la reducción del presupuesto departamental”, y el análisis de la redistribución sería una discusión sobre“cómo se tiene que distribuir el dinero y los recursos a los programas y proyectos[de la Gobernación] acorde a la realidad económica de la región”, es decir, nada de transferencias a otros niveles autonómicos (El País en, 10/04/17, pg. 12). Desde esta perspectiva, la postura del Comité Cívico no resulta tan sorpresiva, pues en el fondo convoca a las fuerzas sociales movilizadas a que se sometan voluntariamente al centralismo de la Gobernación. Lo que no dicen las notas del periódico, por cierto, es que la agenda política de las provincias y organizaciones sociales del departamento es la cuestión de la redistri2 La alusión a la Asamblea Departamental, por parte del Comité Cívico, se debe a que el ente legislativo departamental tiene una representación mayoritaria del MAS, que es la oposición política de la línea de la Gobernación, y la estrategia de esta es usar su aparato de“comunicación”(donde el ente cívico es un vocero más de esta línea) y propaganda para deslegitimar al ente legislativo, descalificándolo como instancia de interacción democrática de las fuerzas políticas del departamento. 47 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL bución de los recursos públicos entre todos los tarijeños y no como sugiere el gobernador Oliva, que es una suerte de elaboración participativa del presupuesto departamental para que sea la propia Gobernación la encargada de ejecutarlo de forma centralizada. Recordemos que el debate de la ley del 8% tiene antecedentes que se remontan varios años atrás, tanto en las movilizaciones y debates por la transferencia de recursos a las subgobernaciones en las secciones municipales, como en las movilizaciones de las provincias Arce y O´Connor para conformar la autonomía regional del Sur y exigir igual tratamiento que la autonomía chaqueña en términos de transferencias de regalías petroleras; o las movilizaciones campesinas por el desembolso del Prosol, por nombrar los más emblemáticos de los últimos años. Por supuesto, se debe pensar en el antecedente más antiguo, pero muy importante, de la ley del 45% que establece la transferencia directa de este porcentaje de las regalías departamentales para la provincia Gran Chaco. En todos los casos se trata de planteamientos que exigen la transferencia de recursos provenientes de las regalías departamentales para que estos sean ejecutados en base a dinámicas autonómicas en los municipios, regiones y comunidades campesinas. Por otro lado, queda claro que el planteamiento de la Gobernación es mantener el centralismo en la administración de los ingresos departamentales(Lizárraga y Baldivieso, 2016; Ferrufino, 2016; Fernández, 2016), como se puede entrever en el sentido de los instrumentos normativos emitidos desde el ejecutivo departamental de la gestión de Oliva, bajo una modalidad autoritaria denominada como“gobernar por decreto”, que apunta a desmontar los mecanismos de transferencia de recursos departamentales a las provincias y sectores sociales, para reconducirlos a una ejecución directa y centralizada en la propia Gobernación del departamento. Su efecto es la ruptura de los mecanismos de diálogo y mediación de la sociedad civil con el Estado, como lo es la Asamblea Departamental(Lizárraga, 2016), cuyo rol intenta ser sustituido por un comité cívico cuya representatividad es muy cuestionada por los sujetos sociales movilizados que reclaman redistribución a la Gobernación. En este sentido, el trasfondo del debate político del pacto fiscal regional propuesto por el Comité Cívico es la cuestión de la redistribución de los recursos departamentales y lo que está en juego es la forma en que se encara este debate. Para la Gobernación Departamental el debate del pacto fiscal implica participación de las provincias y sectores solo para consolidar el manejo centralizado; mientras que para estos otros sujetos el debate es cómo se transfieren los recursos económicos hacia las provincias y sectores sociales. 48 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL ¿Cómo y por qué surge la propuesta de la autonomía de los pueblos del sur? Se retoma el tema en febrero de 2016, en razón de las injusticias de las que están siendo víctimas cada una de nuestras provincias, venir a mendigar recursos a la Gobernación para el desarrollo de nuestras provincias, para proyectos que son de beneficio de la población, ha hecho pensar de que las provincias y los municipios ya no pueden seguir humillándose de esa manera, víctimas de maltrato, víctimas de una suerte de injusticias al momento de peregrinar de oficina en oficina en la Gobernación, para que se nos asigne algo de recursos, en esa lógica se ha dicho basta de injusticias, basta de peregrinar en oficinas de la Gobernación, basta de mendigar en la Gobernación. El gobernador no es dueño de esa riqueza, no es dueño de esos recursos y los maneja como si fuera su hacienda, sin ningún tipo de criterio. La inversión pública en el último año y medio ha estado totalmente a merced del capricho del gobernador, del humor que se despertó ese día, entonces este hecho ha despertado realmente una molestia enorme para una de las provincias productoras y potencialmente productoras, y hemos empezado a diseñar la Región Autónoma del Sur, pensando también la jurisprudencia que ya existe, ¿no?, caminar el mismo camino que ha caminado el Chaco. Fuente: Eduardo Fernández. Extracto del Observatorio Diversitas. Región Autónoma del Sur. EL CENTRALISMO, LA MADRE DEL CORDERO El día 11 de abril de 2017, como corolario, se publica otra noticia en el mismo órgano de prensa aludido al principio, sobre las gestiones que estarían realizando los pueblos indígenas del Chaco para presentar un proyecto de ley a la Asamblea Departamental. En este se pediría que las subgobernaciones de la Región Autónoma del Chaco destinen un 5% del 45% de las regalías como compensación económica a los pueblos indígenas por los daños ambientales que causan las petroleras en su territorio, que es donde están ubicados los pozos de gas, para invertir en proyectos y programas ambientales destinados a mitigar los problemas de contaminación petrolera en la región(El País en, 11/04/17, pg. 9). Este planteamiento ya había sido explicitado con anterioridad por los pueblos indígenas del departamento de Tarija, particularmente el Guaraní, que exigían un 49 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL porcentaje importante del 45% para consolidar la autonomía indígena en el Chaco en el marco de la reconstitución de los pueblos indígenas, pero cuyo tratamiento no tuvo suficiente impulso, hasta ahora, que vuelve a aparecer bajo la forma de pedido de compensación por daños ambientales. Sin embargo, aunque la noticia se enfoca en los daños ambientales, el trasfondo sigue siendo la crítica por parte de los pueblos indígenas del Gran Chaco al centralismo (en este caso ya en la Región Autónoma del Chaco) en el manejo de los recursos públicos provenientes de las regalías. Pues, aunque hayan sido transferidos a la región autónoma(o municipal, para el caso anterior), eso no implica automáticamente que serán redistribuidos de manera equitativa entre la población de la jurisdicción territorial de la autonomía en cuestión. Este tema es relevante porque implica una comprensión de la lucha social contra el centralismo que se aplica tanto hacia afuera como hacia adentro de la propia entidad autonómica. En la marcha de las provincias del día 5 de abril exigiendo la aprobación de la ley del 8%, la preocupación era la misma, subyacente al“¡muera el centralismo de la Gobernación!” está la advertencia al manejo centralista en el propio municipio. ¿Qué pasará una vez transferidos los recursos a las alcaldías?, ¿no se repetirá nuevamente el centralismo en esa instancia? No es infundada la suspicacia ya que la lógica de administración centralizada de los recursos económicos permea todos los niveles del Estado, pero, los dirigentes campesinos de la FSUCCT consideran que es distinto pelear por la asignación de recursos en el nivel departamental que en el nivel municipal, donde su capacidad de negociación(y presión) es más efectiva. El sector campesino tarijeño sí que tiene argumentos suficientes para desconfiar del manejo centralizado considerando su lucha histórica para recuperar el control sobre la propiedad de la tierra y el territorio. Este sector, durante su incursión al manejo de la institucionalidad estatal de principios del siglo XXI, se orienta a controlar las decisiones de la política pública sobre su territorio bajo la figura de la Autonomía Campesina. Es aquí donde la lucha por garantizar la transferencia directa de recursos económicos, provenientes de las regalías petroleras a la producción comunitaria plasmada en el Prosol, es emblemática de la naturaleza de la reivindicación campesina en el departamento de Tarija. Así, podemos encontrar lucha social articulada en las dinámicas de redistribución a las entidades autónomas de naturaleza republicana, como los municipios, pero también articuladas desde el imaginario de reconstitución de los sujetos comunitarios, ya 50 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL sea en tanto pueblos y naciones indígenas, ya sea desde la reconstitución de sujetos comunitarios a partir de la diversidad económica. En todo caso, la lucha social a nivel interno de los departamentos, como es el caso de la movilización social en torno a la ley del 8% enTarija, demuestra que la discusión del pacto fiscal no solo consiste en ponerse de acuerdo sobre los recursos públicos que se requieren para que las entidades autonómicas puedan cumplir con sus nuevas atribuciones competenciales que les asigna la Constitución Política del Estado. En todo caso, esto está ligado a cómo esta redistribución entre niveles de gobierno tiene una correspondencia con la articulación social y económica de las entidades autonómicas y sus demandas de inversión pública, planteando la necesidad de considerar criterios y parámetros que permitan visibilizar las realidades socioeconómicas diversas que delinean el contexto de intervención de la autonomía subnacional. Esto tiene una explicación posible si entendemos que la redistribución de los recursos económicos no solo tiene una dimensión de jurisdicción territorial como se puede imaginar en un esquema de Estado republicano, sino que ahora se debe pensar la recomposición del imaginario político de estructuración del sujeto social en el nuevo Estado plurinacional comunitario. En este la lógica de estructuración el espacio geográfico se da a partir de una condición societal diversa y heterogénea, justamente porque el proceso formativo colonial produce desigualdad estructural abigarrada sobre el eje identitario confrontado entre indio y blanco, con mecanismos desiguales de acceso y manejo del poder entre estas identidades societales. También es donde la acción del Estado y el impacto de la inversión pública tienen efectos diferenciados en el espacio geográfico, con puntos o lugares de concentración del beneficio frente a otros de abierta marginación, en relación directa a la ubicación espacial de las identidades colonialmente definidas. Evidentemente este debate requiere articular los principios del pluralismo democrático, transversalizados en la Constitución Política del Estado, vinculando las autonomías territoriales con la diversidad societal expresada en las dimensiones pertinentes a la inversión pública, como es el caso de las propuestas constitucionales de la economía plural, soberanía alimentaria y otras. LA CUESTIÓN DEL CONTRATO SOCIAL COMO METARELATO DE LA OBLIGACIÓN POLÍTICA La disputa social sobre la redistribución de los recursos económicos plantea entonces una situación de posibilidad política para que la institucionalidad estatal pueda 51 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL canalizar los recursos hacia los diferentes ámbitos desde donde se origina la demanda, de una forma tal que se perciba legitimidad y equidad entre los sujetos sociales movilizados para reclamar su participación en la distribución. En otras palabras, un acuerdo entre sujetos politizados y movilizados sobre los términos de la distribución de los recursos económicos, un pacto social que posibilite un pacto fiscal, un pacto sobre las bases de términos de acuerdo entre los sujetos sociales, expresado a mi parecer en la figura del contrato social. “El contrato social es el metarelato sobre el que se asienta la moderna obligación política”, sostiene en el inicio de su documento sobre el Estado y la democracia el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos(2006), describiéndolo como una compleja y contradictoria obligación por cuanto se supone que está establecido entre“hombres libres” y además maximiza la libertad. De ahí que el contrato social contiene como elemento estructural la tensión dialéctica entre regulación social y emancipación social, fruto de la constante polarización entre la voluntad del individuo y la voluntad general, la contraposición entre el interés de unos cuantos y el bien común. Siendo el Estado, el derecho y la educación cívica los garantes del acontecer pacífico y democrático de esa polarización en el seno de lo que se llama sociedad civil(Santos, 2006:7). La concepción moderna de sociedad civil que se impone como referente de configuración social en nuestras sociedades actuales se basa en la separación entre estado de naturaleza y sociedad civil. El Estado moderno representa esa separación radical e irreversible, que es intrínsecamente problemática, por ser una opción de regulación del estado caótico de la naturaleza para producir un estado novedoso de convivencia sobre la base de la domesticación de la naturaleza, incluida la naturaleza humana; de ahí que el contrato social sería la adopción de ciertos criterios de inclusión y exclusión que definen quiénes son y quiénes no, parte beneficiaria(y excluida) de este contrato. Esta noción nos parece muy relevante ya que se refiere a cómo se define en las sociedades modernas occidentales, como nuestro Estado republicano boliviano, la conformación legítima de quienes pueden acceder al juego de la disputa y resolución social y política en la constante configuración del quehacer estatal, siendo la lucha social una exigencia explícita de aquellos que se sienten excluidos de la toma de decisiones al respecto de diversos aspectos del acontecer estatal sobre la realidad social. En ese sentido, Santos(2006) destaca entre los criterios de exclusión, por un lado, al hecho de que el contrato social solo incluye a los individuos y sus asociaciones, quedando excluida la“naturaleza”, que se convierte en una amenaza o en un 52 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL mero recurso; y, por otro, al criterio de la ciudadanía territorialmente fundada: solo los ciudadanos son parte del contrato social, el resto queda excluido aunque cohabite con los“ciudadanos”. Bolivia nace a su vida moderna justamente con esta terrible marca de exclusión de los“no ciudadanos” y además con la impronta colonial y gamonal de la ciudadanía como atributo exclusivo de una reducida elite económica y étnica propietaria de esta enorme“hacienda”, con enormes sectores sociales excluidos de esa condición (Mercado, 2017). Esta situación formativa del país configura los términos del contrato social boliviano, objeto central de las luchas sociales hasta nuestros tiempos, ya que este fundamenta la legitimidad de las obligaciones y derechos en las interacciones económicas, políticas, sociales y culturales. Pero, como bien aclara Santos, la separación radical entre excluidos e incluidos asienta su legitimidad en la afirmación de la inexistencia de excluidos,“de ahí que estos últimos sean declarados vivos en régimen de muerte civil”(Santos, 2006:9). La lucha social denuncia en el fondo esa condición del Estado moderno de origen colonial: todos somos declarados ciudadanos bolivianos, pero unos son más ciudadanos que otros. La lucha de los excluidos para formar parte en el pacto social es a veces a costa de otros o nuevos excluidos, y esto en razón de que las tensiones de la contractualización se resuelven en última instancia por supuestos metacontractuales, como el régimen general de valores, un sistema común de medidas y un espacio-tiempo privilegiado (Santos, 2006:10). De esta manera la lucha social por los nuevos términos del contrato social se enfrenta simultáneamente a los criterios naturalizados en el imaginario social que definen cómo y qué es el contrato social en última instancia. Así, este contrato se asienta sobre las ideas del bien común y la voluntad general como principios agregadores de sociabilidad mientras que la definición de criterios de aplicación del contrato requiere homogenizar concepciones de medidas que permitan establecer correspondencia entre valores antagónicos y así poder definir criterios de, por ejemplo, justicia social, redistribución y solidaridad; así como el espacio-tiempo privilegiado para conseguir la máxima agregación de intereses, que es el espacio-tiempo nacional, con sus escalas y perspectivas que sirven de referencia a la lucha social y a las organizaciones, a la violencia legítima, y la promoción del bienestar general. 53 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL En 1825 nace la República de Bolivia, formada por una minoría criolla, que solo representaba el 18% de la población, ignorando y marginando dos de los principales factores de un Estado: territorio y población. Ese Estado nació temiendo y marginando a las grandes mayorías indígenas y a las extensas regiones que en 15 años de guerra por la independencia sobrevivieron y lucharon autónomamente en torno a las mal llamadas“republiquetas”: La Laguna, Santa Cruz,Ayopaya,Tarija, etcétera. La historia de la República de Bolivia es la historia de un permanente enfrentamiento entre las regiones marginadas y el centralismo; entre las grandes mayorías indígenas y populares y una pequeña élite que gobernaba usufructuando las ingentes riquezas de nuestra patria, mientras esas mayorías se debatían en la pobreza. Algunos episodios de ese enfrentamiento fueron la política de despojo de las tierras de los campesinos e indígenas mediante el“enfiteusis” del presidente José Ballivián(1842) y la“exvinculación” de Mariano Melgarejo(1874). El surgimiento además del belzismo, del Movimiento Igualitario de Andrés Ibáñez(1874-1877), de la Guerra Federal(1899), del genocidio de la Nación Guaraní(1892), de la Revolución de los Domingos(1891), de las luchas por las regalías, de la masacre de San Juan(1967), de las guerrillas de Ñancahuazú(1967) y deTeoponte(1970), de la huelga de las mujeres mineras(1977), de la Marcha por la vida(1986), la lucha por las autonomías, la Marcha por el Territorio y Dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas(1990), la“guerra del agua”(2000), la“guerra del gas” (2003), entre muchos otros. La Constitución Política del Estado de 2009 creó el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que incluye y visualiza a nuestras 36 naciones, garantizando las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas, dando por concluido y solucionado ese largo enfrentamiento. La construcción de las autonomías es parte de un largo proceso histórico que intenta acercar el Estado, las políticas públicas y los recursos a las regiones y al 54 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL ciudadano, que se profundiza con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización“Andrés Ibáñez”(2010).[…] Fuente: Jerges Mercado. Las autonomías, el pacto fiscal y el ministerio. La Razón (12/02/2017) Con la idea del contrato social se pretende generar un paradigma socio-político que produzca de manera normal, constante y consistente bienes públicos, que son la forma de construir el bien común, asentados en tres grandes constelaciones institucionales: la socialización de la economía, la politización del Estado y la nacionalización de la identidad. La socialización de la economía viene del progresivo reconocimiento de la lucha social como instrumento de transformación de la economía en tanto espacio de reproducción de toda la sociedad, no solo de los dueños de los medios de producción, donde el Estado es el encargado de regular la economía, mediar en los conflictos y reprimir a los trabajadores, de manera que la ciudadanía se configura desde el trabajo. La politización del Estado, por otra parte, es la paulatina consolidación de este como campo para la lucha política, de manera que la legitimidad del Estado está vinculada al modo en que se resuelve la tensión entre capitalismo y democracia, resultando ser su grado máximo de legitimidad la resolución virtuosa de esta tensión, donde uno prospera aparentemente en la medida que ambos prosperan conjuntamente. Por último, la nacionalización de la identidad cultural es el proceso mediante el cual las identidades de los distintos grupos sociales quedan territorializadas y temporalizadas dentro del espacio-tiempo nacional, reforzando criterios de inclusión/exclusión que subyacen a la socialización de la economía y la politización del Estado. El paradigma del contrato social sufre en estos últimos tiempos una crisis que afecta tanto sus dispositivos operativos como sus supuestos, de manera que lo que acontece es una fragmentación de la sociedad en general, podría decirse, en una emergencia de la diversidad que los supuestos del contrato social de la modernidad habían tratado de ocultar a través de la homogenización, de ahí que Santos propone reinventar los términos de articulación estatal de la sociedad a la luz de las características emergentes de la condición social diversa y heterogénea, algo así como la expresión de la diversidad societal en la construcción de la estatalidad(Lizárraga yVacaflores, 2014). En este sentido, es evidente que se requiere visibilizar los términos en que aparece la diversidad y desde esa diversidad pensar los términos de acuerdo para producir la unidad que genere un bien común distinto. 55 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL EL PACTO FISCAL A partir de la aprobación de la nueva Constitución Política, Bolivia adquiere una condición diferente de Estado en relación a la forma republicana con la cual había nacido en 1825, constituyéndose en un Estado Plurinacional Comunitario(Bolivia, 2009), que además de los atributos de independencia y soberanía propios de un Estado libre, se organiza en autonomías territoriales en las cuales se establecen Gobiernos autonómicos, organizados democráticamente en órganos legislativos y ejecutivos, y a los que se les asigna competencias sobre las cuales se ejerce la autonomía. Ello reservando las decisiones estratégicas de Estado como algo privativo del nivel central, pero reconociendo ámbitos de legislación y ejecución a los niveles autonómicos subnacionales, a condición que se enmarquen en el ordenamiento jurídico constitucional. Como el régimen autonómico es nuevo, su implementación requiere de un proceso de transición, de manera que estas competencias deberán ser ejercidas gradualmente, conforme se vayan desarrollando los mecanismos jurídicos, institucionales y financieros necesarios y adecuados para la nueva naturaleza del Estado Plurinacional Comunitario con las autonomías. Este proceso de desarrollo debe expresar el espíritu del proceso constituyente boliviano que produce este nuevo tipo de Estado, el cual es el pluralismo como esencia de la construcción estatal, de manera que esta transición y adecuación jurídico-institucional debe contar con la participación de los sujetos y actores que constituyen la totalidad social e institucional boliviana. En este sentido, el pacto fiscal es el delicado asunto que obliga al Gobierno nacional y a los Gobiernos autónomos subnacionales a sentarse a discutir sobre la redistribución de los recursos económicos, de manera tal que los Gobiernos autónomos puedan cumplir con las competencias establecidas en la nueva Constitución Política del Estado. En efecto, luego de la aprobación de la nueva constitución en 2009, las competencias de las entidades autonómicas se modifican, estableciéndose competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas(Bolivia, 2009), según sea la atribución de las autonomías territoriales en su legislación, reglamentación y ejecución. La propia CPE establece, en su artículo 305, que“toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio”, es decir, esta definición de fuentes y montos implica un acuerdo entre el nivel central y los niveles autonómicos del Estado, siendo este acuerdo la naturaleza de lo que se define luego como el“pacto fiscal” en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 56 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL “El Pacto Fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cual, a través de un proceso de concertación, se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo del país”(Pacto por el Bien Común, internet). La transferencia de competencias a los Gobiernos autónomos implica también una transferencia de recursos económicos desde el nivel central del Estado para poder financiar las competencias, obligaciones y responsabilidades de las entidades territoriales autónomas, tal como se establece en el artículo 110 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que también señala que estas transferencias serán establecidas mediante norma de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para la elaboración de esta norma deberá haber un proceso participativo de diálogo para un pacto fiscal, como se establece en la disposición transitoria décima séptim­ a de la Ley Marco de Autonomías, que dice lo siguiente: I. El Servicio Estatal de Autonomías en coor­dinación con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Púb­ licas elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. La propuesta deberá apegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones estable­cidos en la Constitución Política del Estad­ o, considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos. II. En un plazo no mayor a seis(6) meses des­pués de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pac­to fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y re­ gional como paso previo a cualquier trata­miento por las vías legislativas que corres­ponden(Bolivia, 2010). La noción de pacto implica un acuerdo entre partes para respetar unos términos acordados sobre algo y la construcción de este acuerdo es compleja en sí misma, dada no solo por la gran heterogeneidad de actores, situaciones y motivaciones, sino, y sobre 57 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL todo, porque es un escenario donde se sigue disputando arduamente la transformación del Estado, un escenario donde los sujetos intervinientes se enfrentan desde visiones antagónicas de diseño estatal. La postergación de este debate fue posible en gran medida porque los precios internacionales del petróleo permitían suficientes ingresos al erario nacional, de manera que la redistribución de la renta petrolera entre las entidades autonómicas era suficiente como para que encarasen sus competencias con mediana solvencia, pero la drástica disminución de estos ingresos a partir del 2015 precipitó la necesidad de discutir de dónde vendrán ahora los recursos para seguir cumpliendo estas competencias. LA CUESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA EN EL NIVEL NACIONAL A nivel nacional, el debate de la redistribución de los ingresos estaría motivado por dos dimensiones: una, la desigual distribución de recursos entre el nivel central y los niveles autonómicos subnacionales(ANS, 02/05/2017) que ocasiona que las autonomías no puedan ejercer plenamente sus competencias autonómicas; y otra, una desigualdad de distribución entre entidades autonómicas subnacionales(Finot, 2017), habiendo departamentos y municipios que reciben proporcionalmente menos recursos por habitante que otros, por lo tanto, con menores capacidades para encarar sus responsabilidades de desarrollo para con su población en sus respectivas jurisdicciones. Los ingresos fiscales del Estado provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria, de la generación de excedentes económicos de la economía estatal, saldos de caja y banco, así como aportes extraordinarios de otras fuentes; mientras que los ingresos fiscales de las entidades autonómicas provienen centralmente de la redistribución de los impuestos nacionales, de las regalías por la exportación de hidrocarburos y minerales y, en menor medida, por la recaudación tributaria propia. La redistribución de recursos provenientes de la recaudación tributaria se da mediante la coparticipación, establecida en la ley 1550 de 1994, que determina la redistribución del 20% de(casi todos) los impuestos nacionales entre todos los municipios de acuerdo a la proporción de habitantes, con lo cual se operacionaliza un criterio de redistribución equitativa por habitante para su administración por la vía de la autonomía municipal(Finot, 2017). Al respecto, la Gobernación de Tarija manifiesta la postura de redistribuir esta proporción, dejando 50% para el Gobierno central y 50% para las entidades autónomas subnacionales(ANS, 02/05/17), de manera que las autonomías departamentales 58 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL también accedan a la redistribución de estos recursos y no solo las autonomías municipales como actualmente sucede. Con esta medida se ampliaría la base de ingresos de las entidades autonómicas, elevando sus capacidades para encarar las competencias autonómicas previstas en el nuevo modelo de Estado Plurinacional con autonomías. Sin embargo, esta propuesta que maneja la Gobernación, aclara su vocero en la circunstancial noticia del 2 de mayo, deberá ser sometida a consideración en el Concejo Departamental de Concertación para el Pacto Fiscal, donde se están recibiendo diferentes propuestas de los diferentes sectores y donde el desafío es:“seguir enriqueciendo la proposición y también legitimarla, lograr una propuesta única del departamento de Tarija hacia el pacto fiscal nacional y al mismo tiempo la defensa de sus recursos departamentales, es decir,‘las regalías no se tocan’”(ANS, 02/05/07). La redistribución de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales se establece en la ley de Impuesto Directo a los Hidrocarburos(IDH), que alcanza al 32% del valor total de la producción de estos recursos y cuyo efecto en pos de alcanzar la equidad entre departamentos es cuestionado por los analistas(Finot, 2017) puesto que no se considera la cantidad de habitantes por departamento, sino que se asignan porcentajes establecidos en la ley que crea este impuesto a cada departamento. Así, los departamentos con mayor población, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, reciben un promedio de recursos económicos por habitante menor que aquellos que tienen menos habitantes, como Pando y Tarija, aunque en el caso de Tarija esto se debe también al ingreso por regalías al ser departamento productor. El objetivo primordial de que Gobiernos subnacionales coparticipen en impuestos del Gobierno central es reducir desigualdades en gastos por habitante de dichos gobiernos. Ese era el objetivo, y sigue siendo, de distribuir entre los Gobiernos municipales el 20% de(casi todos) los impuestos nacionales según el respectivo número de habitantes(Ley 1550 de 1994). Pero, en cambio, la coparticipación en el más reciente e importantísimo Impuesto Directo a los Hidrocarburos(IDH) -importantísimo porque alcanza al 32% del valor total de la producción de estos recursos- tiene efectos exactamente contrarios: se da más a los que más tienen y menos a los que menos perciben. En efecto, en la ley con que se creó este impuesto(Ley 3058 de 2005) se establece que el mismo será coparticipado como sigue: 1) a los departamentos donde se 59 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL explota hidrocarburos, que por regalías ya perciben el 8% del valor de lo que se extrae dentro de su circunscripción, se les añade un 2% de ese valor; 2) a Beni y Pando que perciben por regalías hidrocarburíferas 0,67% y 0,33%, respectivamente, del total del valor de la producción nacional se les añade, a cada uno, el 0,64% de ese total, y 3) a los restantes departamentos se les asigna, también a cada uno, solo ese 0,64%.Todo ello sin tomar en cuenta para nada el respectivo número de habitantes en cada departamento. De cada una de estas asignaciones, 1/3 corresponde al respectivo Gobierno Autónomo Departamental(GAD) y 2/3 a los municipales(GAM). Ahora bien, según datos del INE para 2016, mientras en Pando solo habitan 134 mil personas y enTarija 543.405, en el departamento de La Paz viven 2,8 millones y en el de Santa Cruz, casi 3,1. Si se tiene en cuenta todo esto, no es de extrañar que, según un estudio reciente, el año pasado los ingresos presupuestados para el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz fueron de solo 235 bolivianos por habitante; mientras los del GAD de Pando llegaron a 1.851 bolivianos: ¡688% más! El GAD de Cochabamba solo percibió 309 bolivianos por habitante y el de Santa Cruz 381, pero el deTarija y la Autonomía Regional Gran Chaco contaron, en promedio, con 3.548 bolivianos por habitante. Fuente: Iván Finot. Página Siete.“Para el pacto fiscal: cómo conciliar equidad con autonomía”(22/02/2017) Desde esta perspectiva, el IDH y las regalías serían el factor de desigualdad, por tanto objeto de revisión a fin de ajustar la equidad en la redistribución entre entidades autonómicas subnacionales. La ley de autonomías establece, sin embargo, que“la distribución de recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales deberá considerar las necesidades diferenciadas de la población en las unidades territoriales del país, a fin de reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y las desigualdades regionales, evitando la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicando la pobreza en sus múltiples dimensiones…”(art.111, Ley 031), es decir, ratifica la aplicación de un criterio de asignación diferenciada considerando las condiciones históricas de desarrollo desigual de las regiones del país, a fin de generar procesos de nivelación entre regiones. 60 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL Asimismo, a nivel de las propias autonomías territoriales esta ley establece que:“las entidades territoriales autónomas deberán establecer los mecanismos que garanticen la distribución equitativa dentro de la jurisdicción departamental, de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales, en el marco de un acuerdo departamental”(art. 111, par. II, Ley 031). En un artículo de periódico(Finot, 2017) se sugiere que además de revisar esta redistribución entre departamentos, ajustándola a criterios poblacionales y de pobreza a fin de lograr la equidad entre entidades autonómicas, las autonomías territoriales deben desarrollar sus propias bases económicas de manera que no se dependa de la circunstancial existencia de recursos naturales en su jurisdicción territorial, así como de la fluctuación de los precios internacionales de estos recursos. Esto dado que la “autonomía efectiva de un gobierno subnacional depende directamente de su capacidad para generar sus ingresos de forma independiente, sobre la base de impuestos y contribuciones ciudadanas”, y para que eso se pueda hacer, el Gobierno nacional deberá transferir a los Gobiernos departamentales la jurisdicción sobre algunos impuestos, tal como se hizo con la ley de coparticipación tributaria de 1994(Finot, 2017), o bien ampliar la base tributaria incorporando a la tributación a sectores que no lo hacen(Molina, 2016). EL PACTO SOCIAL Y LA ECONOMÍA PLURAL COMO PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA No hay pacto fiscal sin pacto social. Eso es lo que podemos claramente observar en la intensa y compleja disputa social entablada tanto en el eje de la confrontación de intereses entre provincias y capital, como entre sujetos comunitarios y gobierno colonial. La construcción de un pacto fiscal sería, si usamos los términos de la construcción teórica de De Sousa Santos, un escenario privilegiado de construcción de la socialización de la economía en el Estado plurinacional comunitario, que acontece de manera simultánea con la politización del Estado y la construcción de la identidad común. Por tanto, el despliegue de la lucha social por la redistribución de los recursos económicos en el departamento es el escenario ineludible de análisis de los nuevos términos en que se está planteando la construcción del bien común. Como observamos, estas luchas plantean dos ejes fundamentales para la redistribución: el eje territorial y el eje societal, que se traducen en la lucha contra el centralismo capitalino y la concentración de clase, luchas que son lideradas en Tarija 61 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL por sujetos sociales diferenciados: las elites provinciales, modernas e individualizadas y los sujetos comunitarios campesino e indígena, ambos moviéndose en los bordes de la exclusión/inclusión del contrato social en el ámbito departamental. La lucha de los subgobernadores cuestiona la forma centralista de construcción y aplicación de la política pública departamental y exige no solo la distribución equitativa del presupuesto departamental en las respectivas provincias, sino la capacidad de definición provincial sobre el uso de esos recursos, aunque respondan a la política departamental. Es también así la lucha de los alcaldes por hacer aprobar la ley del 1% para cada municipio, que exige la desconcentración de los recursos públicos departamentales provenientes de la explotación de los recursos naturales hacia los municipios. La lucha de las provincias tarijeñas Arce y O´Connor por constituirse en autonomía regional, y de esta forma acceder a una distribución preferencial como región productora de hidrocarburos, de manera similar a la provincia Gran Chaco, también refleja una perspectiva de redistribución territorial entre autonomías gobernadas desde sus propios centros territoriales, es decir, una suerte de construcción de un policentrismo territorial, coincidente con la estructuración socio-espacial republicana del departamento. La lucha de los campesinos y de los indígenas, por su parte, cuestiona la concentración económica en la economía capitalista y estatal, por un lado, y en las elites y sociedad criolla, por otro. Por eso decimos que estos sujetos plantean el criterio de la redistribución societal de los recursos económicos como estrategia complementaria de socialización de la economía departamental, siendo su planteamiento una crítica a la concentración de los recursos por parte de las elites político-económicas, tanto de la capital departamental como de las capitales de las provincias. La lucha del Prosol es la más emblemática, pues plantea la redistribución de recursos para ser ejecutados, en tanto recurso público sujeto a fiscalización, por el propio sujeto comunitario, constituido en sujeto económico. Esto para fines de potenciamiento de la economía comunitaria campesina e indígena, disputando abiertamente su condición de autogobierno comunitario campesino y colocando en debate la lógica de exclusión de las formas económicas diferentes a la estatal y a la privada-capitalista. Su articulación en la legitimidad del accionar estatal está dada en la propuesta constitucional del pluralismo económico, es decir, la expresión de la diversidad económica en la construcción económica estatal. La lucha campesina e indígena plantea un criterio que va más allá de la redistribución per cápita a ser administrada por un centralismo departamental y/o provincial 62 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL y ciertamente más allá del criterio de pobreza como único criterio“social” de redistribución. Coloca en cuestión la estrategia pública para dinamizar la economía en su atributo de totalidad, reconociendo y reclamando inclusión legítima de la integridad de formas económicas que constituyen la realidad del Estado, que son las formas económicas comunitaria, asociativa, estatal y privada-empresarial, reconocidas en la propia CPE. Esta lucha es fundamental porque muestra la expresión de la lucha social para disputar la comprensión de la economía más allá de la imaginación moderno-capitalista dominante, que era el formato básico de la lucha de clases por incluir en la economía capitalista las necesidades del obrero, que aunque incómodas para el sistema, no salen sin embargo del imaginario de una sociedad capitalista organizada entre dueños de los medios y trabajadores desposeídos, no busca destruir esa forma de organización, sino volverla“justa”. Ahora la lucha campesina e indígena va más allá de esta concepción moderna de la organización socio-económica de la sociedad y el Estado y permite ver la dimensión histórica de rearticulación del sujeto social comunitario, espacio básico de la resistencia social en el Estado republicano-colonial. Esto tiene repercusiones fundamentales a la hora de plantearse la estrategia de construcción de la economía en el seno de las autonomías, en la línea que propone Finot(2017), esta ya no depende de una redistribución de recursos a un gobierno autónomo elitario que articula una economía centralizada en base a sus socias, las empresas privadas, sino de la transferencia de recursos hacia todas las formas económicas bajo la figura de sus sujetos económicos. La lucha campesina e indígena, a diferencia de la lucha de las elites capitalinas y provinciales, apunta a visibilizar la economía en su atributo de totalidad y por tanto a articular la acción del Estado a esa totalidad económica. Ello implica la expresión pluralista de la diversidad de formas económicas superando el modelo dominante impuesto históricamente por las elites en el país y en el departamento, que reduce la concepción de la economía solo a la economía estatal y/o capitalista. De esa manera se busca concentrar la asignación económica a las estructuras controladas por la elite, sean estas relacionadas a la burocracia clientelar de las instituciones públicas o a las empresas privadas de propiedad de los mismos políticos. La asignación de los fondos del Prosol, por otro lado, permite ver otra lógica de uso de los recursos públicos. Mientras que los políticos y las empresas privadas han demostrado no tener un compromiso con la calidad de las obras que ejecutan, sino con el nivel de ganancia de los proyectos-puesto que cada vez es más frecuente encontrar 63 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL obras públicas mal ejecutadas por las empresas privadas, mediadas por los mecanismos de corrupción que se focalizan en las ganancias antes que en la calidad y pertinencia de las obras-; por otro lado, la inversión en las comunidades campesinas, dirigida y decidida por los propios productores campesinos en su dimensión comunitaria, ha demostrado tener un impacto nunca antes visto en ninguna política pública de desarrollo rural ejecutada bajo el modelo de la intermediación de las empresas privadas, potenciándose realmente la economía comunitaria. Lamentablemente, no existen otras prácticas reconocibles en la política pública actual para redistribuir los recursos según los criterios de diversidad económica a no ser los mecanismos tradicionales de“crédito”, que camuflan una transferencia directa y no reembolsable a las empresas privadas de las propias elites, como es el caso de los créditos condonados a empresas agropecuarias que se usaron para muchas cosas antes que para el objetivo productivo. Los mecanismos financieros para la economía asociativa están diseñados desde una perspectiva de programa circunstancial, efímero, mientras que el Prosol es un programa que asigna un presupuesto anual para la economía comunitaria del propio presupuesto departamental, lo cual genera la apropiación de un derecho económico por parte de un sujeto económico, cosa que no acontece con los programas de apoyo circunstancial de fondos que llegan casi como una donación y no permiten la misma apropiación por los sujetos. La economía plural es, entonces, un instrumento fundamental para redistribuir los recursos económicos desde una perspectiva pluralista de diversidad económica, de manera que la acción del Estado se vuelve más eficiente en hacer llegar los recursos públicos generados por la colectividad estatal a toda la sociedad, en la figura de todas las formas económicas que constituyen la economía del país. CONCLUSIONES El debate del pacto fiscal implica entonces repensar la forma en que entendemos la economía y la equidad en la redistribución de la riqueza económica entre los sujetos sociales y económicos que conforman toda la sociedad, y no solo entre el nivel central y los niveles autonómicos del Estado. Implícitamente, estamos asumiendo la discusión de los términos del contrato social en el escenario subnacional, quiénes son los sujetos incluidos en el contrato y quiénes los excluidos, y aún más importante, en qué términos se incluyen los diferentes sujetos“incluidos”. La descentralización de los recursos públicos, en un esquema de transferencia desde un nivel nacional hacia los niveles centrales de las entidades autonómicas, no es 64 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL suficiente para construir un“pacto” fiscal, posiblemente lo sea para generar un pacto de élites, pero no un pacto entre los sujetos sociales que conforman la estatalidad completa. Si nos atenemos a la capacidad de movilización social demostrada por los sujetos sociales, politizados no solo en términos de adscripción territorial republicana sino también, y sobre todo, en términos de identidad comunitaria con base territorial, entonces es claro que estamos ante un escenario de reconsideración de los términos del contrato social puesto que el contrato social clásico del Estado-nación moderno y capitalista ha entrado en crisis.Ya no es evidente que estén siendo aplicados sus supuestos implícitos de equidad e igualdad entre sujetos libres para constituir una comunidad de iguales, los más débiles se están sublevando para reclamar nuevos términos contractuales, esta vez igualitarios y equitativos y ya no en una desigualdad proclamada como igualdad. La sublevación no será canalizada si no es en base a nuevos términos contractuales creíbles, o usando la violencia, lo cual es inverosímil considerando la real magnitud de la correlación de fuerzas entre las élites y la población sublevada, de manera que solo quedaría el margen nada estrecho para establecer nuevos términos de un contrato social renovado. ¿Cuáles son estos términos? Nuevamente, si nos atenemos a la movilización social acontecida en los escenarios del debate de la redistribución de los recursos económicos, estos tocan tanto la redistribución territorial como la redistribución en términos de diversidad económica. No es suficiente la redistribución entre élites pues estas asumen el viejo contrato social impuesto en los términos coloniales a la población subalterna, y una vez que reciben los recursos públicos ya no tienen ni la voluntad ni los mecanismos político-institucionales para redistribuir estos recursos en beneficio de toda la población, sino que activan los tradicionales mecanismos de reconcentración de estos recursos en su propia clase. Si se pretende que el pacto social funcione, este deberá sostenerse en términos que realmente reconozcan la igualdad entre ciudadanos, articulados desde principios colectivos e individuales, en el espíritu pluralista que delinea la CPE. Finalmente, lo que me parece que está diciendo la movilización social es, al igual que en todas partes del mundo, que la economía se construye sobre la base de la equidad, y sin una percepción de equilibrio en la redistribución de los recursos económicos entre todos los que forman parte de un contrato social, de un Estado, no es 65 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL posible pensar en pactos creíbles entre estos sujetos. El pacto fiscal, para que sea un pacto y no una imposición fiscal, debe fundarse sobre la base de la equidad. BIBLIOGRAFÍA Bolivia. 2009. Constitución Política del Estado. La Paz:Vicepresidencia del Estado Bolivia. 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización“Andrés Ibáñez” N° 31. La Paz: Ministerio de Autonomías. De Sousa Santos, Boaventura. 2006. Reinventar la Democracia: reinventar el Estado. Buenos Aires: CLACSO. Fernández, Eduardo. 2016. Región Autónoma del Sur: Perspectivas. Diversitas, observatorio de la Plurinacionalidad, Comunitario y Autonomías. N° 31. 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N° 2.Tarija: JAINA/Fundación Rosa Luxemburgo. 66 ECONOMIA PLURAL Y PACTO FISCAL Artículos de Periódicos ANS. 02/05/2017.Tarija propone en comisión: pacto fiscal debe distribuir tributos 50% a Gobierno y 50% a regiones. http://agenciadenoticias.net/2017/05/02/ tarija-propone-en-comision-pacto-fiscal-debe-distribuir-tributos-50-a-gobierno-y-50-a-regiones/ El País, 24/04/2017.“Arce y O´Connor se ponen de acuerdo”. Pg. 4 El País, 24/04/2017.“Campesinos y alcaldes sellan Pacto de Unidad en Tarija”. Pg. 8 El País, 11/04/2017.“Indígenas gestionan el 5% de las regalías del Chaco”. Pg. 9. El País, 10/04/2017.“Cívicos piden pacto fiscal regional para frenar crisis”. Pg. 12. Finot, Iván. 22/02/2017.“Para el pacto fiscal: cómo conciliar equidad con autonomía”. En: Diario Página Siete. URL http://www.paginasiete.bo/n128184 Mercado, Jerges. 12/02/2017.“Las autonomías, el pacto fiscal y el Ministerio”. En: Suplemento Animal Político. 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De esta manera, la disputa por el acceso y control de los recursos económicos en general, se debate entre imaginarios y narrativas que han naturalizado esta estructuración jerarquizada que produce“riqueza nacional” a través de la explotación de los sectores sociales asociados simbólicamente al colonizado, y es apropiada por estamentos asociados simbólicamente al colonizador. De ahí se entiende que el modelo de economía plural surge en la disputa política del proceso constituyente entre estas identidades, y en este sentido, se lo puede formular como un acuerdo político pactado entre sujetos sociales confrontados en el debate constituyente. Dichos sujetos encarnan formas específicas de la diversidad económica politizada en el proceso constituyente: lo estatal, lo comunitario, lo asociativo y lo empresarial-privado, y expresan un campo estratégico de desarrollo de la pluralidad constitucional. Lo radical de esta propuesta está en la incorporación inédita de la concepción de economía comunitaria en la fórmula de la economía plural boliviana. Su operacionalización obliga a reformular la comprensión neoclásica de economía: una esfera centrada solo en la producción y comercialización, relativamente independiente de la política y la historia, y vista solo como un campo de racionalidad capitalista. Esto ocurre ya 68 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar que, al comenzar a delinear la economía comunitaria, o precisar qué es lo comunitario de la economía, empezamos a descentrarla como algo usualmente entendido fuera del control del consumidor, que acontecería solo en el mercado capitalista y en función de la espacialidad del capital. En este caso el trabajo, el intercambio, la transformación y el consumo acontecen en todas las esferas de la sociabilidad, urbana y rural indistintamente, en espacios modernos y no modernos, y no solo bajo la racionalidad del lucro y acumulación, sino también de la reproducción de la propia vida societal. Por eso lo trascendental de la referencia paradigmática constitucional de los pueblos y naciones IOC, que encarnan explícitamente la reivindicación de la dimensión comunitaria de la economía, es justamente por la concepción de control societal de los procesos económicos que acontecen al interior de su espacio de vida, de su territorio. La condición plurinacional del Estado, planteada en la CPE, adquiere entonces centralidad histórica en esta tarea de avanzar en la articulación de la diversidad económica, y el modelo plural de la economía se constituye en la estrategia de reconstitución de sujetos sociales conectados al espacio geográfico desde su organicidad societal y desde su proceso formativo propio, lo cual obliga a mirar la formación del Estado en tanto sociedades coexistentes articuladas abigarradamente. La reconstitución de los sujetos desde su condición comunitaria, tanto desde la ancestralidad como desde la contemporaneidad estatal, es un movimiento desplegado por la lucha social boliviana que nos obliga a entender la sociedad más allá de la ciudadanía individual moderna, y la economía como el ámbito de la reproducción de la sociedad, y no solo del capital en poder de los capitalistas individuales y/o corporativos. ¿Qué tanto hemos avanzado en este sentido de la construcción de pluralidad estatal? Mucho, y poco también, y digo mucho porque sin duda la emergencia de la racionalidad comunitaria es un elemento plenamente vigente como campo paradigmático de posibilidad política real para orientar el curso de la reconfiguración estatal, está ahí y es usado por los sujetos subalternos, algo que no se daba en la historia formativa boliviana sino en las épocas en que subsistía el precario pacto colonial de las dos repúblicas. Esto se ha expresado en la experimentación de mecanismos financieros estatales destinados al sujeto comunitario, algunos exitosos, como las transferencias públicas directas a comunidades campesinas e indígenas del Prosol de Tarija, las pequeñas transferencias públicas a la economía del cuidado(educación, salud, maternidad), el financiamiento público de la formación profesional de sectores sociales históricamente marginados, la formalización de los“oficios artesanales” para 69 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar su articulación legítima a la economía pública, y otras acciones públicas ubicadas en el campo de la economía comunitaria; pero también experiencias no tan exitosas, como el fondo de desarrollo indígena y los fondos de desarrollo en general, cuya eficacia se diluye al concluir su vida institucional. Aquí aprendimos que economía comunitaria no es sinónimo de aplicar racionalidad capitalista en el espacio comunal, sino que tiene otros indicadores, diferentes a los usados por la economía neoclásica, cuya identificación es un trabajo encarado por el INE de Bolivia. La problematización en sí misma es un avance impresionante, lo cual nos permitirá dimensionar cabalmente la economía que no es estatal ni privada-empresarial, algo que sin duda nos dará una enorme sorpresa por su dimensión. Pero el modelo como tal aún no tiene una formulación institucional concreta que exprese las condiciones de pluralidad equilibrada previstas en la Constitución, a pesar de que el nuevo modelo económico vigente es un avance en la reconstitución de la economía estatal, todavía queda pendiente desarrollar las articulaciones formales de la economía asociativa y, fundamentalmente, comunitaria, como espacios“estratégicos” de la economía nacional y no solo como beneficiarios pasivos de la acción económica empresarial-estatal. En este sentido, el modelo de economía plural planteado en la CPE tiene el desafío para su implementación de ser sometido a la disputa de significantes que imprime la permanente reconstitución del orden republicano-señorial, y la construcción del Estado Plurinacional en su dimensión comunitaria, la misma que sigue siendo el proyecto histórico más importante producido hasta ahora para la construcción de los términos del pacto social que permita a los bolivianos funcionar como una entidad societal unificada, cooperante y solidaria entre todos los que la componen. LA IDEOLOGÍA ECONÓMICA DOMINANTE La construcción del modelo de economía plural es una tarea difícil porque se enfrenta abiertamente a la ideología económica dominante, que desde la acción del Estado, es uno de los principales instrumentos de la modernidad capitalista, que sirven a los propósitos y fines de la reproducción del orden dominante construido a lo largo de toda la historia señorial-colonial de nuestros países. La ideología económica hoy dominante no lo fue siempre, sino que se origina en las ideas occidentales de la naturaleza humana y en el divorcio entre cultura y naturaleza que se extendieron con la civilización industrial y dieron un lugar a un statu quo de ideas, valores e instituciones, asumidas hoy en día irreflexivamente como 70 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar verdades universales, buenas y racionales. La cultura occidental dominante ha promovido la idea de una naturaleza humana que tiene supremacía sobre los ciclos de la naturaleza, que se expresa en un ser humano depredador y codicioso, construcción que tiene escaso fundamento etnográfico, ya que lo que se observa en toda cultura es que ese tipo de comportamientos son percibidos, al contrario, como una pérdida de humanidad, siendo la codicia, avaricia y agresividad contra el grupo más bien motivo de exclusión de este(Sahlins, M. 2008, en Naredo, 2016). A partir de la consolidación de esta concepción de la naturaleza humana perversa viene como consecuencia lógica la invención de instituciones punitivas o compensadoras de la maldad humana.“Una vez admitido que la sociedad está condicionada por lo peor de nosotros, se postuló que el antídoto necesario para evitar que la bestia humana destruya la sociedad era el establecimiento de un poder estatal que se sitúe por encima de las personas y permita que gobiernos e instituciones repriman, penalicen o reorienten en favor del bien común el egoísmo inherente al género humano” (Naredo, 2016). Se inventan así dos sistemas de control de la bestialidad humana: estableciendo despotismos buenos que impongan el orden a través de monarquías ilustradas o dictaduras que actúen en nombre del pueblo y, por otro lado, estableciendo sistemas políticos democráticos y sistemas económicos mercantiles supuestamente capaces de controlar los impulsos despóticos y egoístas de las personas, mediante el sufragio y la división de poderes, en lo político, y mediante el mercado competitivo, en lo económico. Con la ayuda de estas ideas de sistema político democrático y sistema económico mercantil, se fue fraguando una inversión ideológica inédita que comienza en el siglo XVIII y culmina a finales del siglo XX, en que el afán individual de acumular poder y dinero dejó de ser un vicio para convertirse en una virtud, merced a la invención de la política y la economía como disciplinas independientes de la moral que, al dar por buenas las ideas mencionadas, hizo que acabaran ejerciendo como elogio de un orden jerárquico y desigual. Las movilizaciones sociales contemporáneas exigiendo mayor democracia, en opinión de Naredo(2016), suscriben implícitamente una noción de naturaleza humana más positiva y equilibrada, que no requiere de poderes externos que la coloquen en línea, lo cual exige que se revisen estos sistemas políticos y económicos que han naturalizado la política como el arte de la dominación a cualquier costo y la economía como el arte de la acumulación a cualquier costo. 71 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar MARX Y LA DIVERSIDAD ECONÓMICA El modelo de economía plural tiene sentido si se lo concibe al interior de la formación estatal, como lineamiento de la política pública para incidir sobre el desempeño de la economía del país, en tanto Estado y economía del Estado. De ahí que hay que entenderlo como un modelo de gestión estatal de la dinámica económica nacional, pero en la diversidad constitutiva de la economía, que se expresa en la estructura político-jurídica del Estado. En el caso específico de Bolivia, debe ser entendido además como una estrategia política de transición de una economía estatal, concebida como un espacio hegemonizado por la racionalidad capitalista, hacia una economía nacional en la cual se expresen las diversas formas de organización económica y los sujetos sociales y económicos asociados a esta diversidad. En ese sentido, la comprensión de la economía plural requiere un enfoque que permita vincular la dinámica económica de un Estado con la dinámica de gobierno de este, considerando las disputas de poder entre la población de ese Estado para configurar el Gobierno y la forma de organización y accionar del mismo. Para el caso boliviano, se trata además de un proceso de transformación del Estado, desde una perspectiva que podemos entenderlo como un punto de vista económico-político del país. En la Introducción general a la crítica de la economía política, Marx provee tres nociones importantes para encarar la cuestión de la diversidad económica y su expresión en la institucionalidad del Estado. La primera de ellas, planteada provocadoramente al inicio mismo de la introducción, es la constatación de que el punto de partida del análisis crítico de la economía política es la producción a cargo de los individuos en el seno de una sociedad,“individuos que producen en sociedad, o sea la producción de los individuos socialmente determinada”(Marx, 2009:33). Se trata de un concepto doblemente provocador ya que, por un lado, plantea cuál es el punto de partida, explicitando de entrada una estrategia metodológica explicada más adelante, como una apropiación conceptual de la realidad a partir de lo concreto de esta, que sería una vía diferente a la usada por los economistas del siglo XVII a los cuales crítica y cuya estrategia es más bien partir de una abstracción simplificada de la realidad. Por otro lado, presenta la cuestión de la sociedad moderna, nombrada por Marx como sociedad burguesa, conformada por individuos que ejercen su individualidad jurídica, política y económica, pero, en el contexto de una sociedad con un grado de desarrollo político-institucional que hace posible la expresión de la individualidad. Entonces ello no quiere decir que esa sea una condición intrínseca de la sociedad, como pretenden definir los economistas cuestionados, sobre el hombre del siglo XVIII, que“se les 72 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. No como un resultado histórico, sino como un punto de partida de la historia”, en una concepción forzada de la naturaleza humana como hombre individual, y no como producto de la historia(Marx, 2009:33). La segunda idea relevante de este texto de Marx para encarar el análisis de la diversidad económica y su expresión institucionalizada en lo estatal, es la noción crítica de la capacidad de abstracción del ser humano para construir una categoría conceptual totalizante, capaz de poner en relieve lo común de distintas determinaciones específicas del proceso formativo de las sociedades. Se puede hablar, por ejemplo, de la producción, o la economía, como una articulación compleja que nos ahorra el recuento de las distintas determinaciones históricas cuando hablamos de la producción o la economía en general; pero, esa capacidad de abstracción, no debe ser confundida con una anulación de la diversidad de determinaciones preexistentes y/o coexistentes. Esto lo hacen los economistas modernos, quienes, con ese artificio “demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes”(Marx, 2009:35), postulado usado para demostrar la anulación de la diversidad de determinaciones históricas que dan lugar a la realidad actual. La tercera noción importante para esta tarea es la reivindicación de la economía como una compleja articulación de momentos, que van desde la producción hasta el consumo, pasando por la distribución y el cambio y que en conjunto forman la totalidad articulada de algo, y aunque cada parte contiene especificidades y singularidades propias, ninguna se realiza sin la ocurrencia simultánea de las otras(Marx, 2009: 38-50). Es en base a estas tres ideas fundamentales que podemos contar con una perspectiva crítica de la economía de un Estado, o sea, la economía-política, una perspectiva que puede captar conceptualmente una realidad diversa e históricamente formada y determinada. Para ello propone un método que parte de: 1) las determinaciones abstractas generales que corresponden a todas las formas de sociedad; 2) las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad burguesa y sobre las cuales reposan las clases fundamentales; 3) la síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma de Estado; 4) las relaciones internacionales de la producción; y 5) el mercado mundial y las crisis(Marx, 2009: 58-59). 73 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar INDICADORES ECONÓMICOS EN CUESTIÓN: UN BALANCE INICIAL Inicialmente habría que establecer que un indicador es información cuantitativa y/o cualitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, sobre el comportamiento de una determinada variable, que permite observar y evaluar el desarrollo de un proceso, precisando su magnitud, intensidad y evolución. Como la realidad social es compleja y condicionada como proceso por las relaciones de poder, los indicadores de procesos sociales están sometidos a la subjetividad del que los selecciona e interpreta, y generalmente suele ser el estamento dominante quien usa esa información para planificar, diseñar y ejecutar la política económica en función a sus intereses de clase. Así, no es sorprendente que la consolidación de la racionalidad moderno-capitalista en la economía, llevó a la utilización de indicadores económicos enfocados en la medición de la acumulación del capital y el nivel de ingreso de los sectores formales de las clases medias, en desmedro de la obtención de información referente a las otras dimensiones no capitalistas de la economía o de la economía de los sectores sociales subalternos. De ahí que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en 2017 plantea un debate sobre la necesidad de definir, diseñar y utilizar nuevos indicadores que obedezcan a la realidad económica y social de los países latinoamericanos, a partir de la discusión del uso de los indicadores que actualmente conforman el Sistema de Cuentas Nacionales(SCN). El SCN es un sistema de indicadores utilizados en todos los países latinoamericanos, nace de la necesidad de llevar cuentas agregadas a nivel nacional de la producción, consumo y gasto para poder compararlas con otros países. El primer SNC data de 1968, y desde entonces se han actualizado en 5 ocasiones, a cargo de un grupo de trabajo compuesto por la Eurostat, FMI, OCDE, ONU y el BM, de cuyo trabajo surge el indicador de resultados conocido como el PIB(CELAG, 2017). Este indicador es criticado en su efectividad para mostrar los resultados económicos de un país, particularmente de países como los latinoamericanos, cuya configuración socio-económica interna es muy heterogénea y está sujeta a relaciones coloniales de poder que ocultan muchos aspectos de esta realidad. Es el caso de la economía informal desarrollada por los sectores subalternos, que incluye a la economía doméstica que se encarga de la manutención del hogar y la producción para el consumo familiar, y que según la OIT, para el 2014 el 47,7% del empleo en Latinoamérica es 74 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar informal(CELAG, 2017); o el ejemplo de los costos ambientales del uso de recursos naturales no renovables para la producción, que no son contabilizados o bien son incorporados erróneamente como un dato de crecimiento y desarrollo(Kapp, 1983, en CELAG, 2017). A pesar de esto, se suele usar el PIB para correlacionar el crecimiento a cierto nivel de bienestar de la población y de desarrollo de la economía de un país, lo cual es un acercamiento forzado ya que el PIB mide la producción de bienes y servicios de un país por un tiempo determinado, que podría indicar la cantidad de producción correspondiente a cada uno de sus habitantes si la misma se repartiera en partes iguales entre todos ellos, aunque eso no significa una distribución de la riqueza al interior del país en cuestión. El PNUD desarrolla el Índice de Desarrollo Humano(IDH) con el fin de incorporar variables sociales al PIB, relacionadas a la salud y educación, pero sigue sin registrar la desigualdad interna y las situaciones particulares, no considera las condiciones de vida y menos las posibilidades de desarrollo de cada individuo y menos aún aborda la cuestión comunitaria. Así, el uso de estos indicadores muestra la capacidad económica de un país para relacionarse con las otras economías nacionales, pero oculta las inequidades internas, por tanto, su utilidad para la política pública se ajusta a la cuestión del intercambio con otras economías nacionales y no así a la cuestión de la redistribución interna. En esta línea de razonamiento, el CELAG se plantea profundizar los sentidos de una nueva economía a partir de los procesos progresistas latinoamericanos del siglo XXI, como la perspectiva del vivir bien en Bolivia, en la cual se plantea la necesidad de convivencia del ser humano con la naturaleza, la expresión política de la diversidad cultural de los pueblos, el consumo de lo que el propio territorio consume, la construcción de la economía plural, la transformación de las relaciones societales, ampliando la concepción económica más allá de la mera utilidad como base del bienestar. Estas dimensiones no están expresadas en indicadores como el PIB o el IDH, de ahí que se hace evidente la necesidad de generar nuevos indicadores socioeconómicos que permitan comprender la realidad específica del país, y sirvan para diagnosticar y generar políticas públicas de acuerdo a los objetivos mencionados. Este grupo se plantea desarrollar indicadores de diagnóstico y de monitoreo, que serán resultado de los censos poblacionales, o bien de procesos de relevamiento de información de periodos mucho más cortos. Entre los indicadores de diagnóstico se plantea la necesidad de saber el grado de bienestar de la población, midiendo no 75 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar solo la producción, sino un balance de ingresos y gastos de las unidades familiares, así como su sostenibilidad económica en el mediano y largo plazo, que depende del patrimonio familiar construido previamente; acceso a salud, educación y vivienda; el nivel de desigualdad en la sociedad en que vive, el nivel de autonomía económica y cultural, la condición medioambiental del medio en que vive, la participación social y la seguridad. Otro indicador de diagnóstico es el de concentración económica y desigualdad entre sectores al interior del Estado. Por otro lado, busca también desarrollar un indicador que permita comprender la capacidad del Estado para no depender de la economía externa, como el Índice deVulnerabilidad Externa de la Argentina, o el de dependencia económica del Estado, de donde resalta la necesidad de crear un índice de heterogeneidad productiva en este. INDICADORES: CONCEPCIONES DE ESTADO, ECONOMÍA Y DIVERSIDAD Una limitante para el desarrollo de indicadores económicos en la perspectiva de la Nueva Economía es sin duda la concepción moderna y restringida del Estado: la población, la economía y la diversidad en él. Ilustrativo de esto es el artículo de López y Gentile, que describe la importancia de los indicadores económicos a partir de su rol en el seguimiento y predicción de la situación en las unidades territoriales del Estado, cuya complejidad requiere recurrir al uso de varios indicadores económicos configurados en un sistema general. La concepción moderna de Estado y nación subyacente en ese análisis hace que sea suficiente para las autoras el referirse a la entidad espacial como si se tratase de un espacio geográfico con poblaciones homogéneas y armónicas, sin diferenciaciones internas ni competencia desleal entre sujetos. Asumen también una concepción de diversidad económica entendida como sectores económicos: el sector primario (producción agropecuaria); el sector secundario(industria, generación y distribución de electricidad, gas y agua, construcción) y el sector terciario(comercio, turismo, educación, salud, actividad pública, defensa, servicios personales y empresariales). Desde esta perspectiva, se trata de una diversidad al interior de una única racionalidad económica, la capitalista. La diversidad es entendida como la coexistencia de multiplicidad de elementos de condición homogénea en los sistemas económicos, las áreas de los sectores, entendiendo a la“homogeneidad” como propiedad esencial de los sistemas económico-so76 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar ciales para generar un todo agrupando o creando elementos de igual naturaleza o condición(Miguel, 2001). La cuestión es incursionar en una concepción de la diversidad en términos de “heterogeneidad”, es decir, la propiedad de los sistemas económico-sociales de generar un todo integrando partes de diversa naturaleza o condición; siendo la“teoría de la complejidad” el área de conocimiento que se aboca a esta condición. Así, la noción moderna de diversidad es una condición contraria a la“complejidad”, la homogeneidad sería como un equivalente de“simplicidad”. Esta concepción de modernidad está cargada de un sentido colonial profundo ya que la homogeneidad como simplicidad debe conseguirse en el seno de una realidad económico-social heterogénea por naturaleza y mucho más en los países latinoamericanos donde los procesos formativos se han estructurado en la coexistencia conflictiva y abigarrada de sociedades provenientes de diferentes horizontes históricos y culturales. Aquí retornamos a lo propuesto por el CELAG: es necesario partir de diagnósticos adecuados a la realidad socioeconómica de nuestros países, y esto implica, para empezar, reconocer la diversidad como heterogeneidad e idear indicadores capaces de reflejar esa complejidad, recuperando enfoques y marcos conceptuales aptos para dar cuenta de esta realidad, tanto en su estructura como en su articulación funcional que le confiere un sentido de totalidad(Miguel, 2001).Y sobre todo de totalidad funcional entendida a partir de sus relaciones de poder y de los procesos formativos históricos que la explican y le dan posibilidades de reconfiguración. Usando la perspectiva de la complejidad, comprendida como la diversidad heterogénea coexistente e interactuante, se pueden realizar acercamientos más adecuados a la realidad de nuestras sociedades, y en vez de asumir espacios socio-territoriales homogéneos y simples, como tiende a hacer la concepción moderno-colonial, podremos usar concepciones más realistas que muestren la complejidad y así construir indicadores que permitan reflejar el comportamiento de estas entidades. La perspectiva de la diversidad como homogeneidad provoca estrategias de desarrollo como aquellas que conciben a las regiones desde un solo potencial económico, cuya ventaja comparativa en relación a las otras le dotaría de su potencial de desarrollo. Esto induciendo a las regiones a descuidar la gestión de su diversidad intrínseca como potencial de desarrollo, vulnerabilizando así su capacidad de enfrentar la inestabilidad económica del mundo contemporáneo, por tanto, reduciendo sus capacidades competitivas en el mediano y largo plazo, es decir, en última instancia, su sostenibilidad como entidad socio-espacial. 77 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar INDICADORES MÁS ALLÁ DEL MERCANTILISMO ECONÓMICO Los indicadores económicos convencionales que se han impuesto como los referentes centrales para describir las economías nacionales, por lo general, tienen un carácter monetario y cuantitativo. Sin embargo, las otras economías apuntan a la necesidad de construir indicadores cualitativos capaces de evaluar la solidez de la sociedad, su grado de confianza y cohesión social, por ejemplo, de tal manera que se provea información sobre cómo la dinámica económica coadyuva al desarrollo de la gente y la sociedad(Wautiez, Bisaggio y de Melo, 2004). La producción bibliográfica sobre la cuestión de los indicadores para la economía, entendida desde perspectivas más amplias que solo el ámbito mercantil, parte de una crítica a lo restringido y limitado de los indicadores convencionales impuestos en los países de la modernidad capitalista, particularmente el PIB, que por mucho tiempo fue prácticamente la única brújula de los dirigentes políticos, de manera que su uso hegemónico llevó a equiparar crecimiento económico como sinónimo de bienestar y progreso, presumiendo que“los mayores flujos monetarios proporcionan un mayor bienestar, que es considerado aquí como mayor consumo para la población”(Wautiez, Bisaggio y de Melo, 2004), contribuyendo a empobrecer la comprensión misma del quehacer económico. La crítica que se hace al PIB fundamentalmente apunta al hecho de que no se preocupa por el origen de los flujos monetarios que toma en cuenta, ni logra captar la riqueza creada por otras vías que no sea la monetaria, de manera que su uso incentiva comportamientos poco cívicos y/o morales, dado que la destrucción ambiental, humana y social es contabilizada como contribución a la riqueza.También desestimula un comportamiento de prevención o de reparación no remunerada, incentiva comportamientos inmediatistas en políticos y empresarios, desanima el comportamiento económico solidario no capitalista, y transforma a los empresarios capitalistas en únicos agentes económicos válidos, dado que en este esquema estos son los únicos “generadores de riqueza”(Wautiez, Bisaggio y de Melo, 2004). En un recuento de los intentos de crear nuevos indicadores como propuesta de corrección al PIB, el artículo deWautiez, Bisaggio y de Melo(2004) considera aquellos que lograron hacerse conocidos y que adquirieron relevancia a partir del Relatorio Brundtlant de 1987 y de la Cumbre Río-92, en los que se subrayó la urgencia de contar con indicadores que permitieran operacionalizar el concepto de desarrollo sustentable. 78 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar Entre estos, cuyo uso actualmente es recomendado por organismos como la OCDE y la ONU en los ámbitos nacionales y regionales de varios países del mundo, está el Índice de Desarrollo Humano(IDH), adoptado desde 1990 por el PNUD. Se trata de un índice agregado compuesto por el promedio simple de tres indicadores:(a) longevidad(medida en términos de esperanza de vida al nacer);(b) nivel educacional (basado en el grado de alfabetización);(c) nivel de vida(medido por el PIB per cápita). Este índice se ha complementado en 1996 con el Índice de Pobreza Humana, que considera parte de los indicadores del IDH: porcentaje de niños menores a 5 años con problemas nutricionales, porcentaje de mujeres analfabetas mayores de 15 años y porcentaje de partos ocurridos fuera del sistema de salud formal. El Índice de Bienestar Económico Sustentable(IBS) calcula la sustentabilidad del bienestar humano a lo largo del tiempo a través de una serie de correcciones al cálculo del PIB convencional, como ser el uso del coeficiente de Gini para ponderar el PIB al interior del país; considera los gastos asumidos por la propia población para defenderse de los efectos nocivos del sistema; la suma de gastos que implican aportes al bienestar o la inclusión de valores asociados a la degradación ambiental. Los indicadores del Desarrollo Sustentable de la OCDE, que usa el marco ordenador PER(Presión-Estado-Respuesta), incluye indicadores de presión de las actividades humanas sobre el ambiente; del estado de la calidad del medioambiente; e indicadores de respuesta de la sociedad y autoridades para reducir y mitigar el deterioro de este. El Banco Mundial operacionaliza el concepto de desarrollo sustentable a través de los conceptos de“verdadera riqueza” y“ahorro genuino”, referidos a la suma de los capitales natural, financiero y natural, así como a tomar en cuenta el ahorro resultante de considerar la depreciación de los recursos naturales, el daño ambiental y las inversiones en recursos humanos. La matriz de necesidades y satisfactores de Max-Neef resalta la racionalidad solidaria de una economía a escala humana, y distingue necesidades humanas básicas desagregadas en cuatro categorías existenciales(ser, tener, hacer, estar), y nueve categorías axiológicas de los satisfactores de estas necesidades, culturalmente determinadas. Esto permite visualizar las amplias posibilidades que tiene cada grupo humano para satisfacer sus necesidades en el marco de sus limitaciones y aspiraciones. Todos estos indicadores muestran un intento de centrar el foco del debate en el desarrollo y la economía en el ser humano, y ayudan en diversa medida a reconceptualizar supuestos tales como que a mayor crecimiento económico automáticamente 79 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar corresponde un mayor bienestar de la población, o el concepto de pobreza reducido solo a la condición de subsistencia. Así, la construcción de indicadores para esa forma de concebir la economía implica una disputa política por legitimar los indicadores al servicio de la especulación financiera y del gran capital frente a los indicadores que buscan colocar en el centro la racionalidad social y ecológica. En todo caso, afirman Wautiez, Bisaggio y de Melo (2004), es crucial la forma democrática de cómo se tendría que definir cuáles son los aspectos a evaluar, el cómo y para qué de la economía, en un ejercicio de ciudadanía distanciado de la condición de súbditos, como sociedad capaz de autoconducirse y de construir mecanismos de fortalecimiento del tejido social. Los indicadores de una nueva economía tendrían que poder reflejar cómo una sociedad se acerca a esas metas. APROXIMACIONES EN LA EXPERIENCIA BOLIVIANA En Bolivia se pueden recuperar las experiencias implementadas en torno al modelo de la economía plural previsto en la nueva Constitución Política del Estado, como en el caso del Nuevo Modelo Económico, el Fondo Indígena, el Prosol, entre los más emblemáticos, para reflexionar acerca de la cuestión de los indicadores que permitirían evaluar la situación de una economía plural. Los clásicos índices de medición de la economía nacional, como el PIB o el IDH, no permiten realizar un acercamiento adecuado al concepto de economía plural ya que estos consideran parcialmente, o incluso usan variables distintas a las que se requerirían para evaluar la situación de una economía en términos plurales. Recordemos que el modelo de economía plural no se refiere solamente a una condición general de diversidad económica, si bien su formulación básica asume la diversidad económica como una condición natural de la economía en general, además asume una acción estatal intencionada y legitimada políticamente para potenciar esa diversidad económica como fuente de la riqueza nacional. Desde esta perspectiva encontramos una dificultad para construir indicadores de la economía plural al momento de reconceptualizar la economía nacional, así como los objetivos de esta para generar la riqueza del Estado, dado que, como lo advierten diversos académicos y estudiosos de la Nueva Economía, las concepciones capitalistas de la economía han impuesto marcos interpretativos orientados exclusivamente a visibilizar y evaluar la dimensión capitalista, así como la dinámica social orientada a la articulación al sistema capitalista. 80 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar Esto ha ocasionado que los indicadores usados en los sistemas nacionales de recolección de información sean del tipo que se adecua a la economía capitalista, y no se tiene información sobre otras dimensiones de la diversidad económica, particularmente sobre aquella referida a la economía comunitaria, cuyo sentido y racionalidad apuntan a la producción, cuidado y reproducción del tejido social de una entidad societal en control de su devenir. Es este un concepto activamente marginado y ocultado por las dinámicas de poder dominantes, que han configurado los sistemas de cuentas nacionales en el pasado, y cuya lógica no está desterrada de la actual estructura institucional encargada de visibilizar la economía plural 3 . Si tomamos el caso del Nuevo Modelo Económico boliviano, primero habría que someterlo a una conceptualización respecto a su capacidad de articular las lógicas económicas previstas en la CPE: estatal, privado-empresarial, comunitaria y asociativa-cooperativa, bajo la condición prevista en la propia CPE, que es de agencia proactiva reconocida y apoyada por el Estado. Un indicador necesario aquí se muestra como una suerte de índice de equidad de la diversidad económica, capaz de mostrar la expresión institucional de la diversidad económica boliviana, que podría estar expresada en su grado de participación en la asignación presupuestaria nacional. En segunda instancia, sería pertinente generar un indicador para evaluar el comportamiento de cada una de las formas económicas previstas en el modelo económico plural, para lo cual será necesario construir indicadores que permitan visualizar las formas económicas no convencionales en el modelo dominante, como la economía comunitaria y la economía asociativa y que están relacionados no con la producción de riqueza y acumulación, sino con la reproducción de la vida en armonía, la redistribución, la reconstitución de los tejidos comunitarios, la autonomía productiva. Como estas formas son parte de una economía en sentido más amplio, seguramente se tendría que evaluar un comportamiento de la interacción de estas formas diversas en su participación en la economía total del Estado, en un índice de pluralidad económica, que visualice no solo la diversidad económica, sino su aporte a la economía total. Esto se hizo notar en una ocasión en la que, en un encuentro nacional de asambleas departamentales realizado enTarija, representantes de organizaciones campesinas analizaron el modelo de desarrollo boliviano y cuestionaron su articulación como simples“beneficiarios” de actores económicos empresariales considerados como los 3 El Instituto Nacional de Estadísticas(INE) del Estado Plurinacional de Bolivia es la entidad encargada de generar y/o centralizar la información estadística a nivel nacional para poder construir un estado de situación de la economía del país, actualmente estaría en un proceso de construcción de indicadores y relevamiento de información para visibilizar la economía plural. 81 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar “verdaderos generadores de la riqueza”, algo que fue calificado por los asambleístas campesinos como discriminador y ocultador de la realidad económica de generación de la riqueza nacional, donde la economía comunitaria y asociativa, donde se articulan mayormente los pequeños productores, tiene una participación importante, aunque no dimensionada en su real naturaleza económica. El caso del Fondo de Desarrollo Indígena provee otra situación de análisis importante para avanzar en la implementación del modelo boliviano de economía plural, considerando su dramática experiencia de transición de un modelo de asignación y ejecución por parte de los propios sujetos comunitarios, a otro en que se retoma la intermediación de la institucionalidad estatal, vía municipios, para la ejecución de los proyectos de desarrollo para los pueblos indígena originario campesino(PIOC). Al margen de los cuestionados mecanismos de transparencia en el manejo y ejecución de los fondos asignados a las organizaciones de los PIOC, el sentido de la economía comunitaria está en el potenciamiento de los procesos de reconstitución institucional del sujeto comunitario, por tanto, un mecanismo financiero destinado a potenciar la economía comunitaria, en el marco del modelo de economía plural boliviana, debe resolver su articulación al sujeto comunitario en términos de la autonomía del sujeto, lo que no se logra con la reasignación del fondo a la institucionalidad municipal. En este caso, es evidente que un indicador de las capacidades autogestionarias del sujeto comunitario en la toma de decisiones económicas sobre su espacio territorial, que podría contemplar la cohesión de su tejido social, vendría a reflejar los efectos de la economía en su dimensión comunitaria. El caso del programa departamental de trasferencias a las comunidades campesinas e indígenas del departamento de Tarija, Prosol 4 , también provee importantes lecciones sobre el uso de indicadores para su evaluación. Como este programa surge de la disputa entre el sector campesino y las elites tradicionales por el control del excedente de gas en Tarija, su implementación estuvo siempre en constante asedio por parte de estas elites, que aprovechando el eventual control de la institucionalidad estatal departamental, construyeron una falsa imagen de fracaso del programa, en base a una campaña mediática sustentada por supuestos“indicadores” de ineficacia del programa, como ser, mal manejo de los fondos, nula incidencia en los precios de 4 Para ampliar el tema remitirse a los estudios realizados por Vacaflores en los que se aborda la condición y naturaleza del Prosol. Así mismo, se tiene los documentos de evaluación orgánica que se expresan en el atlas de la producción comunitaria que ha sido organizado y trabajado por JAINA(2016-2017). 82 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar los productos agrícolas, o el argumento de que los campesinos se han acostumbrado a estirar la mano para pedir plata al Estado sin poner nada a cambio. De nada sirvieron las movilizaciones campesinas para demostrar lo contrario, al final este programa fue drásticamente reducido y su impacto no pudo ser cabalmente evaluado, porque simplemente no se implementaron sistemas oficiales de recopilación de información en los aspectos relevantes de la economía comunitaria, desplegados en la inversión de la producción comunitaria, ni por parte de la institucionalidad nacional, ni departamental. Este programa ha evidenciado que los indicadores de evaluación hacen referencia a los procesos de reconstitución de las condiciones materiales de vida, a procesos de redistribución de acceso a las oportunidades de inversión, a reconstitución del tejido institucional comunitario para la deliberación que está directamente relacionado con procesos de toma de decisiones para el control del territorio, a procesos de fortalecimiento de capacidades para el control tecnológico, producción y acceso a alimentos, constitución de la inversión colectiva para generar autonomía, como equipamientos, entre otros. CONCLUSIONES El escaso desarrollo e implementación del modelo de economía plural en la institucionalidad estatal parecería mostrar un limitado avance en la consolidación del pacto social entre los sujetos sociales que promovieron, en el espacio constituyente de principios de siglo, la articulación de las formas económicas diversas como base de la gestión económica del Estado Plurinacional boliviano. La expresión de la diversidad económica en la legitimidad institucional del Estado ahora se ve claramente sujeta a una intensa disputa política entre estamentos sociales asociados al control de los mecanismos político-institucionales de la formación estatal boliviana. Esta contienda se despliega en cada intersticio del andamiaje institucional estatal, que está inserto en la disputa de sentidos más amplia del proceso de cambio que cuestiona las supuestas jerarquías de conocimientos y sujetos asociados al control de la economía nacional; siendo que lo que se presenta como un elemento de emancipación para un sector de la población, como el caso de la economía comunitaria, se percibe como un peligro para otro sector, que se ve desplazado de su rol de intermediación técnica en la ejecución de la inversión pública. La no expresión en la economía formal boliviana de las dimensiones de la diversidad económica, particularmente la comunitaria y la del cuidado(por nombrar algunas), 83 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar no quiere decir que no existen y/o que no son relevantes, por el contrario, su invisibilización es producto de la aplicación consciente de estrategias políticas dirigidas por sujetos de la clase dominante. Sus decisiones están directamente influenciadas por el contexto de la disputa política de los significantes para la transformación del Estado, la sociedad y la economía. En el marco de la polarización política que emerge del proceso de cambio, el bloqueo de la implementación del nuevo modelo de economía plural es un objetivo activado. Esta estrategia de clase ha provocado que el diseño de cuentas nacionales no haya desarrollado indicadores referidos a la diversidad económica en general, por lo tanto, la implementación del modelo de economía plural enfrenta el doble desafío de su reconceptualización respecto a concepciones de Estado, economía y sociedad, y por otro lado, de la falta de información agregada en torno a indicadores relevantes para la visualización de la diversidad económica y su enfoque de gestión pluralista. Finalmente, la construcción de los indicadores para la economía plural debe ser encarada no solo como un proceso técnico-administrativo a cargo de expertos de la institucionalidad estatal, sino que debe ser realizado en el marco de una movilización social amplia, donde los sujetos de la diversidad económica reflexionen y construyan consciencia de su dimensionalidad económica, y desde este nivel superior de conocimiento, poder identificar cuestiones prácticas, coherentes y sensibles para describir el proceso económico plural. BIBLIOGRAFÍA CELAG. 2017.“Nuevos indicadores económicos para una nueva economía”. Documento del Encuentro de la Economía por Venir. Caracas, 4 de mayo 2017. http://www.alainet.org López, Maria Teresa y Natasha Gentile. S.f.“Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del análisis integrado”. Fac. Cs. Económicas y Sociales: Universidad Nacional de Mar del Plata. Marx, Karl. 2009. Introducción general a la crítica de la economía política/1857. México: Siglo XXI Editores. Miguel, Andrés. 2001.“Economía y diversidad. Su relación con el sur-sureste mexicano”. En: Revista Momento Económico. N° 115. mayo-junio. México: Instituto Tecnológico de Oaxaca. Naredo, José Manuel. 2016. La ideología económica en la historia y el medio ambiente. Claves para un cambio de paradigma. Conferencia Inaugural.VIII Simpo84 Indicadores de la economía plural: una aproximación preliminar sio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental(SOLCHA). Puebla, México. 3 de agosto. Vacaflores, Carlos. 2017. La Economía Plural en Bolivia. La Paz: FES. JAINA. 2017. Atlas de la Producción Comunitaria provincia O’Connor. Tarija: JAINA JAINA. 2016.Atlas de la Producción Comunitaria provincia cercado. Tarija: JAINA. Wutiez, François; Bisaggio, Claudia y de Melo,Armando. 2004.“Indicadores de la Economía Solidaria”. En: Cattani,Antonio(organizador). La Otra Economía.Argentina: Fundación OSDE/Universidad Nacional de Sarmiento. 85 LAS CONCEPCIONES DEL COMUNITARISMO EN BOLIVIA Carlos Vacaflores LA EMERGENCIA CONTEMPORÁNEA DEL COMUNITARISMO EN LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO EN BOLIVIA El discurso comunitarista adquiere centralidad política notable en el periodo histórico reciente de la construcción del Estado boliviano, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, cuando la lucha social emerge masivamente con dimensiones de rebelión desde el protagonismo de los movimientos sociales subalternos, articulándose en torno a las identidades indígenas que cuestionan el orden colonial, moderno y capitalista del Estado republicano. Este proceso trae los debates que pusiera y asentara Marx con el tema de la Comunidad en la que se plantea como alternativa societal las estructuras societales que son las que significaban las formas económicas y políticas de los pueblos ancestrales en los diversos continentes(Marx, 2018).A partir de estudios y observaciones etnográficas de varios investigadores de la época, como Kowalewski, Marx construye una conceptualización de la comunidad y el comunitarismo como una condición intrínseca de la sociedad, generada por la evolución de la sociabilidad de los grupos humanos, que van pasando paulatinamente desde estados primitivos de escasa relación grupal, como criaturas de rebaño, cuyos lazos son la convivencia, la ocupación y el lazo físico entre madre e hijos; para ir transformándose en familias y comunidades, todo eso en virtud al desarrollo combinado de los sentidos de propiedad individual, familiar y/o comunal, y de las dinámicas de sedentarización de las comunidades de pertenencia a raíz de la adopción de estrategias agrícolas que requieren control territorial acotado en tiempo y espacio, que eventualmente siguen una línea de desarrollo para articular formas mas complejas de articulación sobre la base de estructuras comunales, de manera que las dinámicas nómadas se transforman en dinámicas de sedentarización a través de la consolidación de estructuras societales comunitarias. Así, la comunidad y su lógica comunitaria es un atributo intrínseco de la sociedad en su proceso evolutivo, y al observar el comportamiento contemporáneo de 86 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia la sociedad, se comprueba su persistencia, siendo la transición a la agricultura un acontecimiento que va unido necesariamente a la ubicación territorial en un lugar de permanencia permanente, y origen de la disputa por el control de este lugar de residencia entre grupos poblacionales con afinidades comunitarias propias, como por ejemplo muestra el documento de Alonso Zurita sobre el periodo inmediatamente posterior a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, donde la dinámica de control del territorio se define esencialmente por la posibilidad de mantener las estructuras comunitarias en control efectivo, a toda costa, sobre el espacio de residencia, una estrategia que se prolonga hasta los procesos contemporáneos en que los pueblos indígenas producen una propuesta de emergencia y transformación estatal incorporando justamente esa dimensión comunitaria en la nueva concepción estatal. Esta perspectiva crítica al Estado moderno desplegada por los pueblos y naciones indígenas contiene rupturas epistemológicas con la propia modernidad occidental que sustenta al Estado nación, de manera que la rebelión social no solo plantea demandas de inclusión en el orden excluyente, sino transformaciones del orden estatal en el sentido de restituir y reconstituir sujetos sociales e institucionalidades destruidas en el proceso colonial americano. Fundamentalmente se cuestiona la lógica de articulación societal en torno al Estado nación moderno, la República de Bolivia, que deliberadamente desconoce y cohíbe la rearticulación de los pueblos y naciones indígenas y originarias, ya sea en su condición ancestral o de formación contemporánea al Estado moderno, los campesinos, convirtiendo la política pública y la organización político-administrativa del territorio nacional en instrumentos para consolidar la fragmentación y el despojo de los pueblos y naciones. El proyecto político de construcción estatal boliviano ha estado dominado, hasta ahora, por las visiones de las clases dominantes de origen colonial, cuya proyección histórica no hace referencia a las formaciones societales y estatales precoloniales, a las cuales considera vestigios de un pasado ya superado por la modernidad, sino que construye una visión de sociedad y Estado en base a la consolidación de las estructuras construidas sobre la conquista europea de estos territorios, que ha despojado violentamente a los pobladores indígenas de sus territorios, destruyendo sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que les permitía ejercer el autogobierno de los mismos. Así la República de Bolivia se funda como un Estado que responde a la visión de una clase dominante y colonial, para consolidar estructuras de dominación, despojo 87 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia y explotación de poblaciones y territorios sometidos violentamente, y no a la visión de una sociedad idealizada que articula sus capacidades políticas de autogobierno para construir un pacto político de sujetos libres, como teóricamente se supone que debería ser un Estado nación. La ficción del Estado nación pudo impulsar las fuerzas sociales de construcción estatal en una primera fase de la historia de la construcción nacional, llegando a tener un momento de máxima expresión en los procesos derivados de la revolución nacional de 1952, considerado por René Zavaleta como un claro momento constitutivo del Estado y la sociedad bolivianos, pero que de allí en adelante no pudo consolidar los principios de organización societal y política necesarios para hacer creíble el proyecto histórico del Estado nación moderno en el imaginario de la población boliviana, de manera que las visiones indígenas de reconstitución comunitaria de la sociedad y la estatalidad comienzan a tener cada vez mayor sentido como alternativa de poder en la construcción del Estado boliviano. Los triunfos iniciales de la revolución nacional del 52, como la reforma agraria y la universalización de la ciudadanía como ejes de transformación del Estado, rápidamente mostraron sus límites en tanto proyecto genuino de una clase dominante colonial aún en control del gobierno, de manera que la euforia de las transformaciones democratizadoras que prometían transformar el país, pasa a ser un desencanto cada vez más generalizado hasta llegar a provocar las crisis insostenibles que revientan en la sublevación social de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Tanto en tierras altas, en los valles y en tierras bajas se articula la lucha social desde perspectivas de reconstitución comunitaria del sujeto, cuestionando claramente la forma de articulación societal en torno a una ciudadanía política basada en la ratificación de estructuras coloniales de fragmentación y exclusión, sustentada en supuestos orígenes históricos de pacto social voluntario entre sujetos libres para constituir una nación sobre un territorio cuyos límites no son otra cosa que los límites de la repartija del despojo colonial, cuya lógica nunca fue la promoción del autogobierno, por el contrario, se hizo para garantizar la sujeción y explotación de las estructuras comunitarias por parte de los agentes coloniales, cuya proyección histórica en la República se traduce en la consolidación la clase política gobernante y el pueblo como estructuras separadas. La lucha social contemporánea en Bolivia termina reventando en su real potencia política en los sucesos del proceso constituyente de inicios del siglo XXI, cuando se politiza la visión de la reconstitución comunitaria de los sujetos indígenas, origina88 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia rios y campesinos para replantear los términos de articulación política de la sociedad boliviana, más allá de la supuesta homogeneidad ciudadana de la bolivianidad; y la restitución y recomposición de los espacios territoriales y las estructuras institucionales que transformarán la articulación política de los sujetos al nuevo Estado boliviano. Este episodio de la lucha social boliviana se constituye en un nuevo momento constitutivo, puesto que permite captar con claridad la naturaleza de las contradicciones formativas del Estado y la sociedad boliviana, contraponiendo los discursos explicativos sobre el proyecto político emancipatorio descolonial y el proyecto de dominación colonial que subyace la formación socio-espacial boliviana. LA PLURINACIONALIDAD COMUNITARIA La lucha social boliviana de la primera década del siglo XXI produce la idea del Estado plurinacional comunitario, plasmado en la nueva Constitución Política del Estado(CPE), con lo cual se establece un proceso de transición desde el Estado-nación republicano hacia un tipo de Estado plurinacional, cuya institucionalización en la propia política estatal se la denomina como el proceso de cambio. La idea de la plurinacionalidad comunitaria del Estado surge desde la crítica de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, a la naturaleza colonial del Estado boliviano, cuyo proceso formativo reproduce linealmente la lógica colonial de dominación de la población india, que es fragmentada y despojada de sus capacidades políticas; y de explotación devastadora de los recursos naturales de los territorios. Bolivia se funda como país independiente sobre supuestos de articulación ciudadana en base a los principios de la modernidad europea, que plantea la disolución de las identidades comunitarias pre-existentes, que generaban lealtades políticas de los sujetos dominados a entidades socioculturales indígenas, y su rearticulación como ciudadanos indiferenciados en la nueva comunidad política nacional. Sin embargo, la indiferenciación formal de los individuos se aplicó en el sentido de despojarles de sus capacidades políticas autónomas, que sirvió muy bien para controlar la rebelión social, pero por otro lado se mantuvo la diferenciación de hecho entre indios y criollos/ mestizos para naturalizar las relaciones de dominación racializadas, justificando así no solo la continuación de la explotación tributaria de los indígenas y campesinos como una política de Estado, así como el control del gobierno por parte de la oligarquía criollo mestiza. Esta lógica colonial configura el Estado y la sociedad hasta hoy día, de ahí que la crítica al Estado-nación moderno que surge desde los movimientos indígenas, ori89 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia ginarios y campesinos se define rápidamente como una lucha anticolonial, ya que su sentido emancipatorio se define a partir de los procesos descolonizadores que busca impulsar. Frente a esta propuesta, la visión conservadora de las elites criollo mestizas plantea la descentralización político-administrativa de los departamentos, bajo la figura de las“autonomías departamentales”, cuyo sentido político apunta a mantener el orden colonial de dominación al no cuestionar las relaciones de poder entre conquistadores y conquistados, entre colonizadores y colonizados, respaldando un sentido de transformaciones estatales que condenan al centralismo y no a las relaciones coloniales de dominación, por lo tanto produciendo un proyecto político de simple descentralización autonómica de los departamentos. Así, en el proceso constituyente boliviano se enfrentan dos visiones radicalmente distintas: la visión conservadora y la visión descolonizadora. La visión descolonizadora apunta a resolver los problemas de la exclusión social de los indígenas justamente a partir de la reconstitución del sujeto social indígena, en un movimiento inverso al activado por el proceso colonizador europeo, cuya estrategia de dominación sobre la población indígena se basa específicamente en la destrucción de las articulaciones comunitarias en su dimensión política, de ahí que se lo llama“proceso de descolonización”. La fuerza de la visión descolonizadora en el proceso constituyente es muy grande, aunque no es absoluta, lo cual se expresa en la composición de representantes de ambas visiones en la Asamblea Constituyente(Schavelzon, 2012), y en el texto de la Constitución Política finalmente aprobada, en la cual se expresa la propuesta de Estado Plurinacional Comunitario sustentado por el sujeto indígena originario campesino, pero matizada por las exigencias ideológicas de la visión conservadora para mantener espacios mínimos del orden colonial. La nueva constitución presenta las bases fundamentales para el proceso de descolonización y contiene elementos trascendentales de una visión novedosa de la configuración del Estado moderno, en una perspectiva de replanteo del pacto político para constituir la“nación”, ampliando la misma hacia una condición de plurinacionalidad, trayendo los derechos colectivos y territoriales que son la base para la reconstitución de los sujetos comunitarios pre-existentes, estableciendo una diferencia sustancial con el proyecto político de la autonomía departamental de las elites mestizo-criollas, donde la noción de autogobierno de las autonomías comunitarias se basan en las estructuras y principios de sociabilización propios de las entidades societales del terri90 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia torio, lo cual, por supuesto, implica una reconfiguración de la expresión institucional y territorial del Estado. Esto plantea una situación de disputa entre una forma de concebir al sujeto social desde los principios comunitarios, y otra desde los principios de la modernidad liberal, ya que la reconstitución del sujeto comunitario requiere posibilidades políticas de expresión, esto es, estructura institucional sobre una jurisdicción territorial, sobre la que el sujeto comunitario tiene control, es decir, la expresión de las formas políticas y de ejercicio del poder de los sujetos colectivos y de un proceso de transferencia del poder desde el sujeto dominante colonizador hacia el sujeto subalterno colonizado, lo cual demostró ser absolutamente complejo en la práctica de la implementación. EL PROCESO DE CAMBIO COMO DISPUTA DE SIGNIFICANTES El ascenso al poder del movimiento indígena, originario y campesino en Bolivia, a inicios del siglo XXI, implica la ruptura de discursos y paradigmas hegemónicos del poder colonial, al mismo tiempo que irrumpen concepciones alternativas de la mano de los sujetos sociales y políticos que invaden y ocupan los espacios del poder, disputando certeramente el orden de legitimidad que se había impuesto desde el monopolio del poder de las clases dominantes de origen colonial. Pero al ascenso al gobierno no significó una sustitución automática de la visión moderna y colonial del Estado y la sociedad, más por el contrario, el ascenso discursivo de la visión descolonial embanderada por las naciones y pueblos encuentra una suerte de trampa en la victoria electoral que coloca al gobierno del presidente indígena Evo Morales en el gobierno del nuevo Estado Plurinacional Comunitario, ya que el empuje de la fuerza política de la movilización social entra en un proceso gradual de disipación luego de las victorias electorales, en gran parte debido a la confianza que se le otorga a la nueva burocracia administrativa del Estado, cuyo contenido social ahora incluía en gran medida a actores y sujetos provenientes de los sectores populares, indígenas y campesinos, una condición que se asumía como base suficiente para encarar los procesos de transformación del Estado previstos en la nueva CPE. Sin embargo, la práctica del ejercicio del poder demostró ser un campo de difícil transformación, y aunque el gobierno estuviera ahora lleno de personas del mundo popular-indígena-campesino, el sentido del funcionamiento y la estructura institucional del Estado se mantuvo en gran parte intacta, lo que ha llevado a calificar la evolución del proceso de cambio por parte de intelectuales críticos a los gobiernos 91 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia progresistas, luego de 10 años de implementación de la nueva CPE en Bolivia, de una suerte de fin de ciclo. La cerrada derrota de la opción por sí en el referendo del 21 de febrero de 2016 para viabilizar la reelección del presidente Morales, frente a la postura de la oposición política para evitar la reelección de Evo, muestra claramente la vigencia de la disputa entre las visiones conservadora y descolonial en el seno de la construcción estatal contemporánea. Esta disputa no se expresa solamente en los actos eleccionario que enfrentan al oficialismo y la oposición política, sino que también es preciso comprenderla al interior del propio sujeto en posición de gobierno, cuyo mandato explícito es la implementación de la agenda política contendida en la nueva CPE, fundamentalmente la construcción de la plurinacionalidad comunitaria del nuevo Estado boliviano, que se debería expresar en el nuevo andamiaje legislativo y su operacionalización programática en la política pública. Sin embargo, el impulso inicial de la transformación estatal descolonial empezó a mostrar desaceleraciones en diversos frentes, fundamentalmente en los procesos de reconstitución comunitaria de los sujetos y las instituciones del Estado, pero no necesariamente como reflejo de una estrategia de transición controlada hacia el nuevo Estado Plurinacional, sino más bien como muestra del mantenimiento de la capacidad de acción de las fuerzas conservadoras para evitar que se efectúen los cambios constituyentes en la estructura institucional del Estado. Por otro lado, las organizaciones y movimientos sociales impulsores del nuevo Estado plurinacional comunitario confiaron la conducción de la implementación del nuevo Estado a un gobierno declarado como propio, por tanto, con capacidades, enfoques y voluntad política supuestamente enmarcadas en el mandato constituyente, entre estos, avanzar en la reconstitución de la dimensión comunitaria del nuevo Estado, por lo tanto hubo un gradual pero sistemático abandono del acompañamiento “técnico” del proceso de cambio, en el entendido que la nueva burocracia estatal entendía y asumía el proyecto del proceso de cambio en los términos planteados en la discusión y definición de la asamblea constituyente, abocándose los movimientos y organizaciones sociales a cumplir un rol de apoyo político a su gobierno. Pronto se pudo constatar que una cosa era el debate político constituyente, y otra la capacidad de la nueva burocracia publica para implementar los cambios, debido a diversas razones, entre ellas la diversidad de concepciones del cambio dentro de la burocracia estatal, fundamentalmente las concepciones del comunitarismo plasmadas 92 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia en la nueva constitución, suscitadas en los paradigmas de referencia básica confrontados en el proceso constituyente, cuya vertiente moderna estaba profundamente arraigada en la burocracia estatal, de manera que frente a un escenario de mandato político sin la fiscalización rigurosa de parte del sujeto constituyente, la burocracia estatal empezó a reproducir las concepciones modernas y conservadoras del comunitarismo en los procesos de construcción estatal, con el amplio apoyo de organismos internacionales de desarrollo, entendidas más como promoción de colectivismos y asociativismos económicos antes que como reconstitución socio-política de sujetos comunitarios. El resultado práctico de esta situación se expresó en un discurso fuertemente referenciado en las transformaciones estatales de la plurinacionalidad comunitaria, tal como mandaba la movilización social, pero con un avance conservador y claudicante en varios aspectos de las transformaciones previstas constitucionalmente. Así está planteado un escenario de transformación estatal controlado por una burocracia conservadora, reacia a acatar los mandatos de la movilización social subalterna, en una actitud colonial de suponerse superior a la población mandante de extracto popular, campesino e indígena, por su condición de“profesionales” estudiados. Esta realidad se la puede verificar en todos los niveles del Estado, pero es más notorio en los niveles departamental y municipal, donde el proceso constituyente no tuvo la problematización suficiente de su especificidad, y donde la construcción de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas municipales han seguido procesos mucho menos participativos que el proceso constituyente nacional. COMUNIDAD Y ASOCIACIÓN, COMUNALISMO Y COMUNITARISMO: PRECISIONES CONCEPTUALES La emergencia del comunitarismo como horizonte de posibilidad política, en el marco de la construcción de un Estado Plurinacional, ha permitido avanzar experimentalmente en los diferentes aspectos que se plantearon en el proceso constituyente en este sentido, tanto desde la acción estatal como desde la acción social en general, con diferentes niveles de profundidad y complejidad, tanto en los sentidos de resignificación epistémica, como en los de readecuación discursiva de las categorías emancipatorias construidas en la lucha social. La naturaleza descolonizadora de la propuesta de transformación del Estado boliviano hizo que la categoría de comunitarismo sea una categoría sustancial del proceso de construcción estatal, aunque su uso explícito en el discurso público haya sido relativamente moderado, y que con el paso del tiempo evidentemente tuvo una suerte 93 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia de agotamiento en su uso discursivo, hasta tornarse casi una categoría marginal de la propuesta política de transformación del Estado boliviano, siendo utilizada desde núcleos de enunciación que explícitamente disputan los sentidos de su uso, como son los pueblos y naciones Indígenas Originarias Campesinas(NIOC) y movimientos sociales comunitaristas, caso del feminismo comunitario, por ejemplo. De esta experiencia de construcción estatal queda, sin embargo, una certeza sobre le necesidad de clarificar las posibilidades de significación del comunitarismo como categoría con potencia política surgido desde la lucha social boliviana, ya que su uso generalizado no necesariamente estuvo siempre orientado en el mismo sentido de significación, y esto debido en primera instancia porque no se pudo mantener claramente diferenciada las vertientes epistémicas de la disputa moderno-descolonial, de manera que la disputa epistémica quedó tempranamente indefinida. Debido a la necesidad inmediata de aplicar las categorías constitucionales a las dinámicas de gestión pública del desarrollo, no se tuvo realmente nunca el tiempo necesario para diseñar experimentalmente la operativización de estas categorías, con lo cual se pudo observar en muchísimos casos el uso simplemente metafórico de la categoría comunitario, dándole este apelativo a las viejas estructuras y procedimientos que estaban precisamente siendo cuestionadas desde la lucha social descolonizadora, y ahí se tuvo situaciones en que, por ejemplo, se aplicaron modelos de desarrollo capitalista en contextos de comunidades campesinas, y por el simple hecho de aplicarse en esos espacios se denominaron de comunitarios. Como era lógico, los resultados no fueron diferentes que cuando no se llamaban de ese modo, y el efecto político que esto tuvo fue el de empezar a minar la confianza social sobre la propuesta constitucional comunitarista, pues aparentemente no tenía aplicación práctica efectiva y, más evidente, ni se diferenciaba de los modelos cuestionados. Así, las agencias de cooperación al desarrollo, particularmente en el ámbito agrario, impulsaron programas de desarrollo rural cuyo financiamiento estaba condicionados a la aplicación de los enfoques paradigmáticos capitalistas, pero rebautizados de comunitarios.Así, a nombre de comunitario se focalizó el apoyo al desarrollo campesino a través de las asociaciones, asumiendo que la organización comunitaria no era eficiente para encarar estas acciones. Esto nos lleva a plantear que es necesario precisar conceptualmente el origen etimológico del comunitarismo, y luego debatir su sentido político específico para el caso boliviano, y así es que se torna relevante recordar la diferencia conceptual 94 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia entre comunidad y asociación, por un lado, y entre comunalidad y comunitarismo, por el otro. Los planteamientos de Tönnies(1947 son esclarecedores en este sentido, ya que propone entender a la comunidad y la asociación como dos formas de sociabilidad diferentes, la una referida a los lazos naturales que se generan de la reproducción social espontáneo de los grupos sociales, cuya convivencialidad cotidiana y relaciones de parentesco generan una identidad colectiva y un sentido de pertenencia especial; mientras que la otra, la asociación, se refiere a los lazos de articulación social voluntariamente establecidos entre individuos que buscan articular un espacio de sociabilidad con ciertos fines explícitos y específicos a los cuales se adhieren. Desde el proceso boliviano contemporáneo podemos, además, diferenciar estos espacios de sociabilidad como las conexiones ancestrales de las relaciones sociales, la comunidad; y con los espacios de sociabilidad propios de la modernidad estatal, la asociación. Esta diferenciación es claramente planteada en el proceso constituyente por los movimientos sociales descoloniales, y es retomada en construcciones teóricas posteriores, como el del feminismo comunitario del Abya Yala(Gargallo, F. 2014). Finalmente, la diferencia conceptual entre comunalidad y comunitarismo se torna muy relevante, ya que la politización del sujeto comunitario IOC llevó a que su forma de organización comunal sea la protagonista central de la política, y así se hizo un uso discursivo indistinto de la dinámica comunal y de la dinámica comunitaria. En este aspecto, recuperamos los trabajos de la sociología crítica mexicana, particularmente de Jaime Martínez Luna(2013), quien desarrolla la idea del comunalismo como la dinámica social que se desarrolla en torno a la comunidad campesina e indígena, en tanto entidad socio-territorial, y que no es lo mismo que el comunitarismo, que se refiere a las racionalidades sociales de focalizar y centralizar la comprensión de la dinámica social en el propio sujeto social, que se posiciona en una perspectiva de priorizar su propia reproducción como tal, que es el sentido político construido en el proceso constituyente boliviano(Vacaflores, 2017; Pinto, 2017). LAS VERTIENTES EN DISPUTA La disputa de significantes sobre el sentido del comunitarismo es un rasgo descriptivo fundamental del proceso de cambio del nuevo Estado plurinacional comunitario, pero que es ocultado y planteado en la política práctica como si fuera un consenso político para consolidar concepciones de lo que verdaderamente es el comunitarismo frente a lo que no lo es, siendo notoria una evolución del consenso político hacia una 95 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia aceptación de la visión moderna y conservadora manejado por la mayor parte de la burocracia encargada de construir el nuevo Estado plurinacional comunitario, frente a una visión descolonizadora e idealista, por lo impráctica, manejada por los movimientos sociales, de tal manera que el proceso de cambio tuvo mucha dinamicidad de construcción estatal basada en la aplicación de estrategias de convencimiento por parte de la burocracia estatal hacia la población que demanda transformación estatal, de lo que sería una suerte de comunitarismo posible. Sin embargo, aunque esta estrategia de la política práctica haya logrado imponerse como mecanismo dominante de resolución de la política pública, esto no implica que ese planteamiento sea el único posible, por el contrario, solo muestra una posibilidad entre otras de contención de la disputa, y por tanto, es importante visualizarla en la pluralidad de concepciones de comunitarismo subyacentes que potencialmente irán a reactivarse y actualizar la disputa en futuros escenarios de crisis política, social y estatal. a. El comunitarismo constitucional La perspectiva comunitarista plasmada en la CPE es un referente básico para describir las vertientes conceptuales en disputa, ya que refleja una construcción de pacto político proveniente de un momento de altísima intensidad del debate político entre las visiones encontradas, pero que tuvieron que ceder radicalidad para encontrar puntos medios suficientes para viabilizar la aplicabilidad de la nueva CPE. En la CPE se hace referencia a un comunitarismo que proviene explícitamente de las matrices ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, es decir, a las formas, mecanismos, prácticas y acciones que sustantivan los procesos político-institucionales de la población descendiente de los pueblos y naciones conquistadas y colonizadas, que a pesar de los procesos de desestructuración violenta que han sufrido en el proceso colonial y republicano, mantiene en su cotidianeidad dinámicas de reproducción social comunitarias, que les ha permitido mantener en resistencia sus identidades culturales y territoriales, y cuya expresión en la legitimidad del Estado nacional es lo que se está demandando. Por otro lado, la CPE despliega la noción comunitarista hacia todo el Estado plurinacional en tanto formación societal, y afirma que los fines de la organización política estatal son para construir elVivir Bien de la sociedad boliviana, es decir, que los objetivos de la acción estatal, en sus diferentes esferas, están definidos por la centralidad de la sociedad y pueblo boliviano. 96 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia De ahí que la caracterización constitucional del Estado contiene la dimensión comunitaria como un atributo que lo define en tanto Estado comunitario, estableciéndose concretamente en el artículo 1 de la CPE que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Seguidamente se establece en el artículo 2 que se garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en el marco de la unidad del Estado. Esta es una concepción que alude efectivamente a una reconstitución de los pueblos y naciones, pero no tiene suficiente problematización sobre la condición comunitaria de la sociedad boliviana en general, lo cual terminó llevando el debate de la construcción estatal del comunitarismo como un asunto esencialmente de indígenas, y que parece asumir éste ámbito de la construcción estatal como una suerte de estrategia destinada solo a la porción“india” de la población boliviana, o solo concerniente a estos sujetos, como si el resto de la población estaría absuelta de estas dinámicas de articulación societal. Sin embargo, en su artículo 3 la CPE define que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Por supuesto, implícitamente subyace el discurso de confrontación del proceso constituyente que enfrentó(y sigue enfrentando) a las identidades india y mestiza, cuya politización fue la fuente central de la movilización constituyente en el periodo histórico de principios del siglo XXI, concentrando de forma efectiva el despliegue argumentativo de la población movilizada para definir la construcción de la ciudadanía estatal boliviana. El debate de la transformación del Estado estuvo contaminado por esta confrontación de concepciones, mutuamente excluyentes y descalificantes, que llegaron a imponer en el imaginario social una suerte de estrategia de construcción del Estado en función a unos u otros, y no en función a ambos, que es como debe ser leído un texto constitucional, de manera que la interpretación de lo que se quiere decir en la CPE ha estado permeada por intereses diversos para acusarla de expresar una estrategia de construcción estatal que responde solo a la visión de los pueblos y naciones pre-existentes. Sobre este aspecto fundamental no ha habido una suficiente problematización para clarificar conceptualmente la constitucionalidad del atributo comunitario del Estado, para establecer cómo se debe entender y aplicar a todos los y las bolivianas, 97 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia que podría ser una labor de instancias como elTribunal Constitucional Plurinacional, aunque ha estado emitiendo aclaraciones de interpretación constitucional en referencia a la elaboración de diversas normas, donde directa o indirectamente ser alude a la cuestión del comunitarismo de Estado y la nación bolivianos. b. El comunitarismo ancestral La perspectiva comunitarista planteada por el sujeto constituyente recupera una forma de comunitarismo referida sustancialmente a la reconstitución de los pueblos y naciones ancestrales para su articulación al orden Estatal en términos de un pacto social, político y económico completamente diferente al establecido en el modelo del Estado-nación republicano de matriz colonial y que trae la dimensión colectiva y territorial del sujeto. Esta es una concepción que emerge desde el propio sujeto comunitario, por tanto, está cargado de una subjetividad atravesada por la lucha contra la colonialidad del poder, del ser y del saber, y su horizonte histórico está referenciado con los pueblos y naciones ancestrales del espacio continental ahora llamado de americano, de ahí que se plantea a sí mismo en clave de reconstitución y restitución de los cuerpos sociales e institucionales, y los espacios territoriales ancestrales como condición de rearticulación de un nuevo pacto social constitutivo del Estado. Esta concepción comunitarista emerge de la tradición de lucha y organización comunitaria de los sectores indígena-campesino, tanto del área rural como del área urbana, donde la historia de la lucha por la tierra ha permitido recuperar el control y la propiedad de la tierra y la articulación organizativa en torno a estructuras comunitarias de naturaleza ancestral, así como de racionalidad contemporánea a la modernidad del Estado y la sociedad(Lizárraga, 2014). El sujeto comunitario que plantea esta concepción del comunitarismo de raíces ancestrales, se ha mostrado complejo en su diversidad, puesto que su proceso formativo, si bien tiene conexiones ancestrales pre-existentes a la colonia y a la república, ha estado atravesado por las diversas perturbaciones de la violencia colonial, de manera que contemporáneamente es posible distinguir tres grandes sujetos sociológicamente discernibles: el indígena, el originario y el campesino, cuya emergencia política fue gravitante en la movilización del proceso constituyente boliviano. El indígena y el originario son los sujetos comunitarios con clara conexión de ancestralidad proyectada hasta nuestros días en términos de su identidad étnica, cultural y territorial, siendo esa la base desde donde se demanda su articulación a una 98 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia nueva forma de articulación política en el Estado; mientras que el sujeto campesino es el sujeto comunitario que tiene una conexión con su ancestralidad más compleja, fruto de una particular dinámica de fragmentación y despojo a que fueron sometidos los pueblos indígenas de los valles andinos de donde proceden en su gran mayoría. En la asamblea constituyente se termina articulando esta diversidad de sujetos comunitarios en el sujeto constituyente de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, un solo sujeto constituyente que trae matrices históricas diversas y que refleja realidades sociológicas heterogéneas. La implementación práctica de esta fórmula en la política pública del proceso de cambio resulta ser problemática, pero esclarecedora de la naturaleza y trasfondo colonial de la lucha del sujeto comunitario, ya que el aclararse las razones y circunstancias de la ocurrencia de estos tres sujetos en la formula constitucional obliga a revisar necesariamente el proceso formativo del Estado y la sociedad boliviana, revisando horizontes constitutivos que desafían los presupuestos de la modernidad capitalista y obligan a mirar más atrás en la historia, identificando momentos constitutivos fundamentales de la realidad actual. De ahí que el sujeto comunitario encarna en sí mismo una perspectiva comunitarista referida directamente a la reconstitución social, económica y espacial de sí mismos, y esto implica, por supuesto, restitución, es decir, desconstrucción del orden dominante de matriz colonial, desmontaje de privilegios construidos en función a la posición colonial heredada, y devolución de lo usurpado, lo que genera una profunda sensación de desconcierto en una sociedad de clases medias y altas constituidas justamente sobre el privilegio colonial de la posición social heredada y condicionada por su origen racial conectado con el sector colonizador. La concepción comunitarista de este sujeto es totalizante, no se reduce solo a la dimensión política, o a la económica, o a la ecológica, como pretenden disciplinar diversos discursos emergentes desde la intelectualidad mestiza desplazada de la centralidad de la producción del conocimiento del cambio social, sino que concibe la reconstitución en términos de totalidad societal, así, la incursión en el mercado por parte del sujeto comunitario implica un control del mercado, y no quedarse sólo en una condición de proveedor de materia prima o de reserva moral de prácticas ancestrales de solidaridad y reciprocidad. Esta concepción se la puede encontrar claramente en las propuestas y procesos de reconstitución de los territorios indígenas en calidad de autonomía indígena originaria y campesina, en diversos lugares del país, cuya racionalidad es la reconstitución de sistemas de gobierno ancestrales sobre espacios territoriales considerados como 99 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia propios del sujeto comunitario por derecho de ancestralidad, no así por derecho agrario concedido por el orden republicano de matriz colonial. También se lo puede encontrar en propuestas como las del feminismo comunitario (FeCAY, 2016; Paredes y Guzmán, 2014), que parten de la descolonización del tiempo como estrategia política para la reconstitución de los pueblos, estableciendo que en tierras del Abya Yala se han desarrollado formas propias de vida, de la organización social y de la lucha, y por supuesto un patriarcado ancestral, que no era a imagen del modelo del patriarcado de Europa, pero que en 1492 se van a encontrar y entrelazar, comprimiendo y colocando el tiempo del Abya Yala en su pasado. c. Lo comunitario-popular Desde ciertas lecturas académicas, se describe un comunitarismo-popular en una perspectiva de contemporaneidad y coetaneidad de sujetos sociales que actúan en colectivo de forma cooperativa para construir, producir y reproducir su propia existencia social-material a partir de fines colectivamente deliberados, decidiendo autónomamente sobre asuntos comunes, con capacidades de autodeterminar colectivamente el sentido, los ritmos y los cauces de la vida práctica, en una suerte de prácticas colectivas existentes y discernibles en lo cotidiano de la vida de la gente en Bolivia, capaces de producir lo común(Linsalata, 2015:17). El énfasis de estas lecturas académicas se plantean comprender a los sujetos comunitarios como formas diversas que existen y cohabitan la realidad moderna de nuestra sociedad, pensadas como dinámicas asociativas contemporáneas, que no solo producen su existencia cotidiana, sino que interpelan el orden dominante y son capaces de movilizar dispositivos varios capaces de transformar las estructuras de la vida social, particularmente el Estado, constituyéndose en posibilidades para romper las relaciones coloniales de dominación que persisten en los entramados institucionales del Estado y la cultura modernas, como se observa a lo largo de toda la historia boliviana en las sublevaciones y movilizaciones sociales que han sido capaces una y otra vez de arrancarle al poder estatal espacios para la reproducción de la vida social, y es en este sentido que son valoradas centralmente. Sin embargo, estas formas de lo comunitario-popular, denominadas así por provenir de la esencia de los sectores subalternos principalmente, lo popular en el sentido del pueblo oprimido, habitan y coexisten en la contradicción de su potencia que simultáneamente hace que dejen de producirse, se diluyan y se fragmenten, por tanto, no son realidades“paradisiacas”, sino que son expresiones de sociabilidad que habitan la 100 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia realidad humillada, la realidad de los oprimidos, razón por la cual son en esencia los lugares desde donde nacen las resistencias,“es en estos territorios de lo real donde florecen con más frecuencia la resistencia, la rebeldía y la posibilidad de que la gente recupere y se reapropie de la capacidad de generar el mundo bajo pautas distintas a las impuestas por el orden dominante; de soñar, significar y producir la vida de otra forma”(Linsalata, 2015:31). Independientemente del énfasis en la cuestión de la reconstitución o de la coetaneidad transformadora, lo que plantean estos concepciones es la necesidad de entender y comprender estas experiencias históricas a partir de las relaciones de dominación, específicamente relaciones coloniales de dominación proyectadas a la modernidad dominante, que configuran la constante lucha social de los dominados por subvertir el orden de dominación, y las formas y prácticas de dominación de los sujetos dominantes. Así, es una concepción que plantea una estructura básica de comprensión de la realidad social y los procesos del cambio social: la dominación colonial entre conquistadores y conquistados, entre colonizadores y colonizados, entre lo blanco y lo indio en coexistencia conflictiva y abigarrada(Rivera, 1993; Zavaleta, 1986; Reinaga, 2001; Lizárraga, 2015). Es también importante situar que este debate de lo comunitario popular permite ver la extensión de los tejidos y matrices históricas de ese mundo“rural habitado por los PIOC al mundo de lo urbano” en el que el sujeto y las experiencias de esos sentidos comunes han impregnado y generado las bases para repensar ese urbano con su identidad que escinde a lo colectivo(Lizárraga, 2016) d. El comunitarismo ministerial La construcción de instrumentos legislativos y programáticos para expresar la dimensión comunitarista en el seno del Estado tiene ámbitos de mayor relevancia, expresados principalmente en el ámbito de la autonomía, de la economía plural, y de la justicia. En la implementación de las autonomías territoriales la nueva CPE prevé la posibilidad de cuatro tipos de autonomía: la departamental, la municipal, la regional y la indígena originaria campesina, siendo ésta última la única que asume los principios del comunitarismo como eje central de su implementación, mientras que en los otros niveles solo se reconoce la posibilidad de articulación del comunitarismo en torno a un eje de organización general de tipo más liberal republicano. 101 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia Las asambleas departamentales y la asamblea regional del Chaco tienen representación directa de pueblos y naciones, pero está articulación del sujeto IOC se torna problemática cuando el componente campesino del sujeto IOC empieza a reclamar esta misma prerrogativa, particularmente en la elaboración de las cartas orgánicas municipales y los estatutos autonómicos departamentales donde estas poblaciones son minoritarias, pero existentes, encontrando por supuesto un rechazo absoluto desde los sujetos que no se consideran pueblos y naciones que se niegan de principio a reconocer el derecho de los campesinos a ser incorporados como parte del sujeto comunitario IOC. Este aspecto fue debatido y aclarado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a raíz de las revisiones de constitucionalidad de las Cartas Orgánicas Municipales(COM) que empezaron a llegar desde los diferentes municipios del país, y en muchos de ellos los campesinos habían logrado incorporar articulados que avanzan en el sentido de ejercer los derechos constitucionales del sujeto comunitario IOC. Este debate es fundamental porque permite aclarar constitucionalmente la condición comunitaria de la población boliviana en general, ya que para sancionar la condición del campesino como parte del sujeto comunitario constitucional, el TCP ha tenido que realizar un análisis del proceso formativo de la sociedad boliviana, para analizar la ancestralidad y la condición comunitaria del sujeto campesino, dando lugar a ampliar el debate hacia el resto de la sociedad, cuya condición comunitaria también debe ser problematizada y expresada en el desarrollo normativo en curso. El otro ámbito donde se ha avanzado en la implementación de la dimensión comunitaria del Estado plurinacional, es sin duda en ámbito de la economía, donde el modelo constitucional de la economía plural ha sido señalado constantemente como referente para construir los instrumentos de gestión del desarrollo del Estado. La cuestión del comunitarismo aplicado al ámbito de la institucionalidad económica del Estado, está expresado principalmente en el nuevo modelo económico del Estado; en el Plan de Desarrollo Económico y Social, en su versión 2016-2020; y en el Plan de desarrollo sectorial del ministerio de desarrollo productivo y economía plural, en su versión 2014-2018. El“nuevo modelo económico social productivo comunitario” es el modelo que se implementa con el gobierno del MAS en Bolivia, a partir de la implementación de la nueva constitución política, ideado y pensado por un grupo de intelectuales bolivianos afines al MAS, entre los cuales estaban su ahora exministro de economía, Luis Arce. Su inspiración, según Arce, tiene una veta marxista en su concepción de 102 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia transición hacia una forma socialista de la economía y el Estado, para lo cual era necesario desarrollar las“fuerzas productivas” que permitirían consolidar una base material, en un contexto de crisis sistémica en el orden financiero, climática, energético, alimentario e hídrica, de gran impacto en el desarrollo de los países modernos insertos en las economías capitalistas globalizadas, pero que en el caso de Bolivia, deberían ser enfrentadas transformándolas en potencialidades, es decir, lo que el modelo capitalista provoca como un proceso inmanejable para las sociedades locales, el nuevo modelo boliviano promueve las capacidades locales para que estas sean autogestionarias. “El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo identifica dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo. El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para generar excedentes económicos para los bolivianos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Entre los sectores generadores de ingreso y empleo están la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros que aún no han sido dinamizados. De acuerdo con el nuevo modelo, para desarrollar una Bolivia productiva, generar esa transformación productiva, modificar el modelo primario exportador, se requiere llevar los excedentes de los sectores de minería, hidrocarburos, energía eléctrica, hacia los sectores donde se requiere poner la piedra fundamental, la semilla de un país productivo, es decir, en el sector manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario. El Estado es el redistribuidor, el que debe tener la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. En otras palabras, lo que se busca es liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y productiva”.(MEyFP, 2011) En este modelo el Estado asume un rol central y organizador de la economía nacional, y el sector comunitario de la sociedad asume un rol de beneficiario de los excedentes que generan los sectores estratégicos y que los redistribuyen los sectores generadores de empleo e ingreso, es decir, hay una concepción del comunitarismo como una suerte de metáfora de sector atrasado que básicamente debe resolver cuestiones domésticas de las personas, sin mayor protagonismo en los niveles de la economía que genera la riqueza nacional. 103 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016- 2020, por su parte, se basa en la Agenda Patriótica 2025 y recupera los 13 pilares de la misma, y en el pilar 5 sobre soberanía comunitaria y financiera se declara que el plan busca consolidar el modelo económico social productivo comunitario, dinamizando recursos financieros privados nacionales y extranjeros para implementar el plan, y mantener la visión social y redistributiva del modelo y de fortalecimiento de la economía comunitaria, lo que requiere el fortalecimiento de los sectores generadores de excedentes y los generadores de ingresos y empleo, para lo cual declara como meta consolidar el sistema financiero para el desarrollo regional, asignando la cartera a los sectores productivos, vivienda social, micro, pequeñas y medianas empresas productivas, y cobertura de servicios financieros en los municipios(Bolivia, 2016:99), es decir, no se identifica explícitamente al sujeto comunitario como destinatario de la política pública financiera, a pesar que la CPE establece la obligatoriedad del Estado a apoyar y fomentar explícitamente a la forma de organización económica comunitaria, sino que parece sobreentenderse que está incluido dentro del sector productivo. En su pilar 6 sobre soberanía productiva con diversificación, reconoce el proceso de construcción de la economía plural y diversificada en Bolivia, aunque también establece que no se ha logrado cimentar en el país un modelo productivo con énfasis en la industrialización y el fortalecimiento de los pequeños productores y sector comunitario, por lo que declara que a futuro es necesario reimpulsar la visión de soberanía productiva con diversificación en el marco de la economía plural con una clara orientación de incorporación de mayor valor agregado, para la cual la estrategia central es el impulso e implementación de los complejos productivos que articulen los sectores estratégicos, por un lado, y a los sectores generadores de ingresos y empleos, por el otro. Claramente es un diseño de consolidación del modelo económico nacional, donde el rol protagónico de la economía nacional es asignado a los sectores empresariales, designados como estratégicos y como generadores de ingresos y empleo, y a los sujetos comunitarios se les asigna un rol de productores, presumiblemente como proveedores de materia prima, mano de obra, y una suerte de reserva moral de prácticas de solidaridad y reciprocidad. “En los complejos productivos adquieren particular relevancia, en el marco de la economía plural, las formas de economía comunitaria incluyendo a los productores micro y de pequeña escala, los que en este contexto deberán arti104 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia cularse a los complejos productivos y fortalecerse como actores productivos; asimismo, deberán consolidarse en el marco de la economía de intercambio o de forma complementaria en otras formas de economía basadas en la solidaridad”(Bolivia, 2016:104). En el plan el sujeto comunitario se articula a los complejos productivos territoriales, que son articulaciones territoriales del espacio nacional en función a una regionalización de las potencialidades productivas y las características de rubros priorizados, dentro de las cuales el plan se propone fortalecer las capacidades y potencialidades de los actores productivos, entre estos los sujetos comunitarios, pero siempre en función a la potenciación de productos identificados en el potencial del territorio. “En un ámbito territorial específico los procesos productivos por rubros y productos se articulan entre sí, constituyendo entramados productivos territoriales para lograr un desarrollo económico de acuerdo a las diferentes macroregiones y regiones del país, dinamizando unos a otros y creando redes productivas con diferentes actores conectados y enlazados. En este contexto, para su pleno desarrollo un complejo productivo requiere de algunas condiciones básicas como el fortalecimiento de ciudades intermedias, infraestructura para la producción y la constitución de un núcleo articulador que facilite las conexiones entre los actores productivos y de ellos con los servicios necesarios para su consolidación(tecnología, servicios financieros y no financieros, y servicios básicos)”(Bolivia, 2016:105). Se percibe que el territorio es concebido en términos de su función productiva articulada al mercado internacional y nacional, y al sujeto comunitario se lo percibe solo en su rol de productor articulado a las cadenas de comercialización de la producción agropecuaria, fundamentalmente, y no como espacios de vida y reproducción de formas de vida, lo cual implicaría considerar una multidimensionalidad de roles y funciones del territorio donde se reproduce el sujeto comunitario en tanto forma de vida, no solo como productor proveedor de materia prima y mano de obra a las empresas generadoras de empleo y recursos económicos. El plan parece plantear un control de estos territorios concentrado en la centralidad de las empresas públicas que organizan el flujo económico, y no en los sujetos sociales que son los dueños del territorio. 105 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia Por otro lado, la articulación del sujeto comunitario a la producción es concebida en términos de rubros productivos, no en términos de sistemas productivos, como es en realidad la producción comunitaria, de manera que los indicadores de la inversión pública para el desarrollo productivo del sujeto comunitario refleja solo una lógica de producción capitalista, cuya racionalidad está en el valor agregado, es decir, la reproducción del capital, de manera que la estrategia de fortalecimiento de las capacidades productivas del sujeto productor comunitario no refleja el planteamiento de la economía plural, sino que se convierta en una estrategia de transformación del sujeto comunitario en un sujeto empresarial, ya sea individual o asociativo, implicando una suerte de invisibilización y negación del sujeto comunitario y su racionalidad económica comunitaria. Así las metas del plan para éste pilar reflejan una lógica dominante de incremento de producción e incremento de ventas, así como desarrollar los servicios diversos que provee el Estado para funcionalizar los territorios para que se dinamice la economía. En el Segundo Foro Legislativo Departamental para el Desarrollo productivo, realizado en Tarija en mayo de 2016, la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural,Verónica Ramos, declara que su ministerio es el encargado de fortalecer y desarrollar a los actores de la economía plural, en la perspectiva de impulsar un Plan sectorial de desarrollo integral para la industria manufactura y artesanía en la economía plural para el periodo 2015-2020, cuyo objetivo central es transformar la economía boliviana de ser meramente una economía de exportación de materias primas a una economía que incorpore valor agregado a todos los productos para el mercado interno y externo(MDPyEC, 2016). Este plan sectorial recupera el pilar 6 del Plan Nacional de Desarrollo Productivo, y su estrategia central es del desarrollo de los complejos productivos, en la lógica descrita anteriormente, enfatizando en el rol de las empresas públicas que irán a dinamizar la economía de los complejos. “Trabajamos la producción con valor agregado, con el objetivo de fortalecer la mano de obra y la creación de capital a partir de los complejos productivos, sectoriales o territoriales, para satisfacer el mercado interno y de exportación, a partir de los actores de la economía plural”(Verónica Ramos, exposición en el Foro Legislativo Departamental de Tarija, 2016). 106 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia Sin embargo, en este evento, un asambleísta del Beni comentó sobre la cuestión de las empresas comunitarias y su articulación a la empresa estatal de la castaña, reflexionando sobre la limitación que existe para que las empresas comunitarias puedan acceder a la transformación y exportación de la materia prima por sí mismos, sino que llegan hasta la provisión de materia prima a la empresa estatal, constituyéndose en una suerte de simples proveedores de materia prima. Asimismo, un asambleísta de Oruro reflexionó también sobre el problema de las organizaciones económicas comunitarias que fueron creadas en una gestión pasada en ese departamento, y que no pueden competir con las empresas capitalistas porque la normativa les exige los mismos requisitos para entrar al mercado, siendo imperioso desarrollar una normativa específica para la economía comunitaria, que no existe al momento. Una asambleísta de Chuquisaca también expresó su preocupación por como Emapa fija los precios de los alimentos que producen los campesinos chuquisaqueños, sin considerar los verdaderos costos de producción, obligándolos a vender sus productos por debajo de los costos de producción, lo cual sería inaceptable para ellos. Un asambleísta de Tarija, campesino del río San Juan del Oro, expresó su preocupación por que la estrategia de desarrollo productivo parece no considerar a la producción comunitaria como un sujeto de la industrialización, a juzgar por el rol central que se le asigna a las empresas en la constitución de los complejos productivos, dejando aparentemente a los productores campesinos, de la economía comunitaria, simplemente en un rol de proveedores de materias primas y mano de obra, además de constituirse en los consumidores de la producción de estos complejos. Finalmente, en ese mismo evento la asambleísta tarijeña Sara Armella informa sobre el programa de transferencias directas a las comunidades campesinas del departamento, el Prosol, para ejecutar proyectos productivos comunitarios, resaltando que es la única política pública nacional destinada efectivamente a potenciar a la economía comunitaria campesina, pues su objetivo no es generar valor agregado en la producción campesina, como parece sugerir la estrategia del ministerio para la economía comunitaria, sino reconstituir las capacidades y condiciones productivas del sujeto comunitario campesino e indígena, lo cual implica control territorial y control sobre la política pública que afecta al sujeto y su territorio. 107 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia e. El comunitarismo republicano La concepción republicana del comunitarismo es un dispositivo discursivo que no tiene mayor centralidad en el debate público del proceso de cambio, aunque subyace implícitamente en las diferentes concepciones modernas de la reconstitución del viejo orden republicano que manejan las corrientes intelectuales de oposición al comunitarismo ancestral y popular, y que beben de las concepciones modernas de articulación política de los individuos en base a supuestos de libertad de elección y libertad de acción para conformar la comunidad política nacional. Esta concepción de la articulación social parte de los supuestos fundantes del Estado-nación moderno, y explícitamente desconoce la pre-existencia de pueblos y naciones como fuentes de sociabilidad contemporánea con derecho político, económico y cultural, a lo sumo reconoce la posibilidad de su existencia folklorizada y circunscrita en espacios marginales y absolutamente subalternos al orden dominante. Lo comunitario es, en esta perspectiva, el disciplinamiento de la población en torno a la lealtad de la comunidad política nacional, única y homogénea, con procesos estatales de construcción de la homogeneidad cultural por la vía de sistemas nacionales de educación, construcción de simbología nacional, etc., es decir, un comunitarismo tributario del Estado-nación moderno. LAS DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR EL COMUNITARISMO EN EL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL Implementar la nueva CPE ha implicado una compleja aplicación de estrategias para gestionar el poder político, que han incluido desde potenciar/negociar/sujetar al sujeto constituyente, sustituir burocracias para manejar la vieja institucionalidad, hasta concesiones políticas diversas del oficialismo con la oposición política a fin de mantener condiciones de gobernabilidad razonables, en una compleja trama de concesiones de la cual probablemente nunca lleguemos a conocer su real magnitud y dimensión, ya que se desarrolla en el ámbito discursivo de la disputa de los significantes discursivos y su necesidad de proyectar coherencia sobre la realidad social, política y económica. Lo que si es cierto es que las concepciones del comunitarismo construidas desde las vertientes de la lucha social de reconstitución de sujetos ancestrales, y aquellas concepciones construidas desde el posibilismo de la modernidad capitalista, han condicionado la evolución del proceso de cambio a las resoluciones prácticas de una 108 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia disputa de significantes entre ambas concepciones, donde suele tener mayor capacidad de imposición fáctica la concepción comunitarista del posibilismo capitalista, con implicancias en el diseño y aplicación de la política emanada de la nueva CPE. Una característica del proceso de cambio, en las dos gestiones del presidente Morales, ha sido la evidente la dificultad de implementar política pública que refleje aceptablemente las concepciones comunitaristas de reconstitución de los sujetos ancestrales, en términos de expresión política y control territorial, desde donde emanarían las otras dimensiones de la estatalidad plurinacional; aunque sí ha habido, desde la iniciativa del Estado, un desarrollo de instrumentos de aplicación de la política pública que rescatan una visión comunitarista en su perspectiva de valoración del valor, como diría Lucía Linsalata(2015), o como posibilidad real del acontecer político, como plantea Julieta Paredes(2017), aplicándose, por ejemplo, programas enfocados a fortalecer a los sujetos comunitarios en sus capacidades de articulación al mercado capitalista, lo cual ha implicado tensionar al sujeto comunitario y presionarlo para concentrar su demanda de transformación hacia el desarrollo de mercados, como es el caso de los programas de incentivo a la producción y exportación de quinua, los programas de transferencia tecnológica con contrapartes de los pequeños productores, etc. Una experiencia que es fundamental para el desarrollo normativo e institucional que apunte a la reconstitución del sujeto comunitario ancestral, es el Fondo Indígena, cuya experiencia infortunada ha sido un duro golpe para afianzar en el imaginario nacional la posibilidad de que sea el sujeto comunitario un sujeto válido y competente para llevar adelante las transformaciones requeridas en la construcción del nuevo Estado plurinacional. Sin embargo, también han habido experiencias que han avanzado en la consolidación de procesos de reconstitución del sujeto, aunque éstas suelen ser originadas en la movilización y lucha social, como es el caso del programa de transferencias a las comunidades campesinas e indígenas del departamento deTarija, el Prosol, implementado el año 2008, aún antes de la aprobación de la nueva CPE, a raíz de la lucha campesina tarijeña para lograr una redistribución justa de las regalías de hidrocarburos entre todos los sectores sociales del departamento. Este programa consiste en transferir anualmente un monto calculado por familia a todas las comunidades del departamento, para implementar proyectos productivos comunales, en base a un reglamento que establece procedimientos de ejecución y rendición de cuentas. Este programa es muy resistido por la administración pública departamental, y es objeto de permanentes campañas de desprestigio, cuestionando sus impactos en 109 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia términos de aumento de la oferta de alimentos baratos en los mercados del departamento. Sin embargo, los objetivos de este programa nunca fueron llevar productos baratos a los mercados, sino más bien el de reconstituir las capacidades productivas de las comunidades, en base al fortalecimiento de la organización comunitaria para controlar la ejecución de la inversión pública sobre sus territorios, por lo que la disponibilidad de productos agropecuarios de bajo precio es una resultante secundaria que además depende de otros factores, como el clima. Así, los resultados de experiencias de aplicación de política pública como las del PROSOL, no reflejan necesariamente las perspectivas del comunitarismo de valoración del valor manejado mayormente por las instituciones públicas de desarrollo, así que no son valoradas como experiencias válidas para el desarrollo de la institucionalidad estatal plurinacional, generando obviamente una frustración en el sujeto comunitario que se siente abandonado en su esfuerzo de construcción del nuevo Estado plurinacional comunitario. Se podría decir que existe una incomprensión del sujeto histórico, en tanto sujeto social que se politiza y asume su acción política en función a sus propios intereses para reconstituir las posibilidades de su propia reproducción societal(Pinto, 2017). Esta tensión conflictiva no es suficientemente planteada en el debate público para el desarrollo de los instrumentos de actuación del Estado, que más bien requiere mostrar avances e impactos prácticos de la gestión con obras de desarrollo, de manera que la construcción de enfoques e instrumentos adecuados a la especificidad de las concepciones comunitaristas que apuntan a la reconstitución del sujeto ancestral, encuentra una limitante de la política práctica que es necesario explicitarla para encararla de manera adecuada. Las circunstancias y resultados del referéndum de febrero del 2016, donde la consulta para que se pueda habilitar la postulación del presidente Morales en las elecciones del 2020 resultó en una victoria(estrecha) del No, ha actualizado una preocupación respecto de una agenda de construcción normativa e instrumental que garantice avances mínimos a los mandatos plasmados en la CPE, entre estos, la reconfiguración estatal para que pueda posibilitar la expresión del sujeto comunitario ancestral en los términos planteados en la Asamblea Constituyente, reflejando la voluntad constituyente. La cuestión es que el avance del proceso de cambio ha configurado una forma de resolución práctica de las vías en que se va implementando la voluntad constituyente, donde los pactos y concesiones con actores políticos de la oposición han generado 110 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia nuevos enfoques y estrategias de implementación de la política pública, como la Agenda 2025 y el Plan de Desarrollo Nacional que emerge de la operativización de ésta agenda, que reflejan condiciones y posibilidades reales de implementación de los mandatos constituyentes, pero actualizados a las circunstancias políticas del proceso. En qué medida estos instrumentos rescatan lo genuino de la voluntad constituyente es todavía un tema a evaluar, y seguramente los resultados de su tratamiento marcará las posibilidades políticas a futuro del MAS como parte de la conducción del Estado plurinacional comunitario. LA CONTRADICCIÓN EN LA CONCEPCIÓN DEL CAMBIO La aplicación de políticas de desarrollo, en el marco de la implementación del Estado plurinacional comunitario, han estado cargadas de mucha controversia por su enfoque desarrollista explícito, cuya centralidad militante ha sido consistentemente la construcción del desarrollo nacional, llegando a colocarla incluso como la tarea histórica prioritaria antes que la implementación de la plurinacionalidad comunitaria, en una aparente contradicción interna del bloque social en función del gobierno de cambio, y justamente por eso emergen críticas desde las visiones políticas de oposición denunciando una supuesta desviación de los mandatos constitucionales. Debido a que el modelo económico es un eje principal de estructuración del poder del proceso de cambio, con su énfasis en el extractivismo como estrategia crucial para generar los recursos económicos para implementar el modelo de desarrollo, se genera un eje discursivo de crítica construido desde el ambientalismo y ecologismo, acusando a los actores que conducen el proceso de cambio de ser en realidad capitalistas y desarrollistas, frente a lo cual no se logra establecer un debate suficiente que clarifique la naturaleza de esta disputa conceptual. Debido a que el modelo económico es de inspiración marxista, como lo explica el ministro de economía, es necesario acotar algunos elementos sobre las críticas del movimiento ambientalista sobre la teoría marxista, para lo cual resulta útil un texto de Michael Lowy(2003), que toca específicamente este tema. En su trabajo, Lowy coloca elementos sobre los textos de Marx y Engels para buscar las conexiones con una perspectiva ecológica que permita profundizar una postura ecosocialista contemporánea, a fin de contestar las críticas de los movimientos ambientalistas que descalifican al pensamiento marxista por ser este unilateralmente humanista, excluyente de la naturaleza, que le asigna al trabajo humano el origen de todo valor y toda riqueza, ignorando la contribución de la naturaleza, y producti111 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia vista, que concibe a las fuerzas productivas como neutras y la revolución como una estrategia de destrabe de las mismas. “¿Cómo definen Marx y Engels al programa socialista en relación al ambiente natural?”, se pregunta Lowy(2003), y se responde:“Ellos parecen concebir a menudo la producción socialista simplemente como la apropiación colectiva de las fuerzas y medios de producción desarrollados por el capitalismo: una vez abolida la“traba” que representa las relaciones de producción, y en particular las relaciones de propiedad, estas fuerzas podrán desarrollarse sin estorbos. Habría, entonces, una suerte de continuidad sustancial entre el aparato productivo capitalista y el socialista, que la posición socialista es sobre todo la gestión planeada y racional de esta civilización material creada por el capital”. De ahí que se justifican ciertas críticas ambientalistas sobre la teoría marxista, que la califican de desarrollista, pues aparentemente el problema del ambiente está ausente de esta concepción del pasaje al socialismo. Sin embargo, Lowy advierte de otros pasajes en los escritos de Marx en los que se toma en cuenta la dimensión ecológica para el programa socialista, como en el volumen I de El Capital, en el cual “Marx deja entender que las sociedades pre-capitalistas aseguran“espontáneamente” el metabolismo entre los grupos humanos y la naturaleza”; mientras que en el socialismo este metabolismo debe ser re-establecido de forma sistemática y racional,“como ley reguladora de la producción social”, aunque este debate intuitivo no fue finalmente desarrollado ni por Marx ni por Engels.(Lowy, 2003). Esta precisión nos parece sumamente interesante y reveladora de la naturaleza contradictoria del programa revolucionario del cambio social contemporáneo en nuestros países, donde una izquierda inspirada en los principios marxistas pareciera haber claudicado ante los principios capitalistas en la implementación de los modelos económicos de desarrollo de los países, pues parecen asumir efectivamente una concepción de las fuerzas productivas capitalistas como si estas fuesen neutras, y como si fuese suficiente para los fines revolucionarios el socializar su apropiación, reemplazando su apropiación privada por una apropiación colectiva, para beneficio de la población en general, pero eso sí, seguir en la línea de su desarrollo ilimitado. El modelo económico implementado por el gobierno del proceso de cambio boliviano asume una concepción en este sentido, ya que concibe a las“fuerzas productivas capitalistas” como el motor de la economía nacional, cuyo rol es la producción de riqueza y la generación del empleo, eso sí, obligadas por el Estado a redistribuir la riqueza hacia todos los bolivianos pobres, en una suerte de relacionamiento de 112 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia “ciudadanía interdependiente”, aunque la población pobre sigue siendo receptora y beneficiaria de los programas de redistribución social(Bolivia, 2011). Aquí se establece la disputa de significantes, y tiene que ver con este planteamiento de la comunidad pre-capitalista en el pensamiento marxista, pero determinado por una concepción moderna de las estructuras societales comunitarias que asumen el rol histórico del cambio social en Bolivia, los pueblos y naciones indígenas, originarios y campesinos, concebidos en términos de precedencia al capitalismo como una forma sub-evolucionada que debe transitar hacia la forma capitalista, supuestamente más evolucionada, en vez de concebirlas como diversidad económica, como formas económicas constitutivas de la diversidad económica, y desde esa condición gestionar las relaciones con la naturaleza. Esta transición paradigmática implica por supuesto aceptar y reconocer la posición de privilegio colonial de esta vertiente moderna de pensamiento ante los sujetos comunitarios, a los que califica de pre-capitalistas en el fondo como estrategia velada de equiparación con lo pre-político, por tanto, de naturalización de su ubicación subalterna en la estructura del poder, como corresponde a los sub-evolucionados, para posicionarse colonialmente en los puestos de comando como pensamiento moderno civilizado, sin cuestionarse realmente la cuestión colonial de la concepción de modernidad que intuitivamente Marx y Engels habían identificado al prever que la gestión socialista del desarrollo es una racionalización planeada de las relaciones de la sociedad con el medio, para colocar el desarrollo técnico-científico al servicio de la población, y esto implicaría considerar el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza como premisa básica del bienestar societal. DISPUTA DE LA CENTRALIDAD DEL SUJETO COMUNITARIO COMO SUJETO HISTÓRICO La consistente ausencia de un proyecto político alternativo al Estado plurinacional, que permita disputar el poder a los movimientos sociales movilizados en torno a las identidades comunitaristas indígenas, provoca diversos esfuerzos de construcción de discursos alternativos de proyectos políticos de construcción de Estado que sean capaces de disputarle el protagonismos al sujeto comunitarista, y que sea capaz de desplazarlo del poder. El Estado plurinacional comunitario es un proyecto político cuya fuerza radica en que identifica claramente al sujeto de la transformación estatal, el sujeto comunitario 113 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia Indígena Originario Campesino, y cuya politización ha permitido la irrupción de la población subalterna indianizada en las esferas del poder que antes le eran vedadas. Esto ha implicado, indirectamente, que los sujetos sociales antes legitimados para conducir las trasformaciones sociales, llámese la clase obrera, los profesionales, intelectuales de izquierda, y así por delante, han sido desplazados de la centralidad de la influencia intelectual y de la conducción de la institucionalidad del Estado, generándose un desconcierto y un sentimiento de pérdida de un privilegio colonial que les asignaba un rol natural en la conducción del cambio social y la conducción del progreso y desarrollo, es decir, acceso a puestos de trabajo y condiciones materiales para reproducir una forma de vida. Lógicamente que este segmento social han intentado construir discursivamente una reactualización de su legitimidad social e histórica para involucrarse nuevamente en la conducción de la transformación y el proceso de cambio, lo cual es legítimo, pero lo ha hecho acudiendo nuevamente a las practicas coloniales de deslegitimización del sujeto comunitario ancestral. Así, tenemos la emergencia discursiva de planteamientos políticos y teóricos que atacan directamente al sujeto comunitario y su propuesta política de cambio, descalificando sistemáticamente y de principio todo lo que tenga que ver con los avances y resultados de su conducción del cambio social, tratando así de demostrar que no es el sujeto histórico adecuado y que por tanto requiere una sustitución de sujeto, que en su caso serían los profesionales, los académicos, los políticos profesionales, los empresarios, etc. Cierto discurso ecologista que aparece en el contexto de crítica al proceso de cambio, por ejemplo, se presenta así como una expresión de este giro de recomposición del viejo orden, aunque escudándose en planteamientos progresistas de defensa de los pueblos indígenas y el medio ambiente, pero al final deslegitimando al sujeto comunitario ancestral en ejercicio de poder y su proyecto de reconstitución política y cultural, colocando en la nueva centralidad política al profesional, al académico, al técnico, al político que sí sabe cómo conducir el cambio. Los desafíos de la concepción comunitarista son diversos y complejos, pero, fundamentalmente, se centran en construir su legitimidad dentro del imaginario político y social del Estado en un contexto de disputa velada de significantes, donde los sujetos involucrados en la disputa no están claramente identificados con la misma, sino que la razón moderna y capitalista atraviesa colonialmente a todos los sujetos, en mayor o menor medida. 114 Las concepciones del comunitarismo en Bolivia BIBLIOGRAFÍA Aquino, Alejandra. 2013.“La comunalidad como epistemología del Sur. Aportes y retos”. En: Revista Cuadernos del Sur.Año 18. N° 34. México: CIESAS. Arce, Luis. 2011.“El Nuevo Modelo Económico Social Comunitario”. In: Revista Economía Plural.Año 1, Nº 1, septiembre. La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bauman, Zygmunt. Comunidade. A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar Bolivia, Estado Plurinacional. 2009. Constitución Política del Estado. 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Por eso, planteamos que la economía comunitaria tiene un vínculo indisociable con la postura ética de crítica al Estado-nación moderno y capitalista, y su expresión depende de la posibilidad política que le brinda un contexto político-institucional adecuado, que para el caso es el Estado plurinacional comunitario. La economía comunitaria, entendida como parte de la diversidad económica recuperada en la propuesta del modelo económico plural boliviano, existe en la práctica cotidiana de la sociedad, y se caracteriza por estar mayormente fuera de los márgenes de control del Estado, más bien dentro de la esfera de control del sujeto social. Debido a esta condición de disponibilidad hacia la sociedad más allá del accionar del Estado y el mercado, su legitimidad como dimensión de la realidad económica ha sido confinada por el pensamiento económico dominante en los márgenes de“la economía”, siendo a lo sumo tolerada como vestigio de un pesado pre-capitalista. De ahí que la comprensión de la economía comunitaria requiere entender cómo es que el pensamiento dominante ha logrado imponer la concepción estrecha de la economía como una entidad unificada, simplificada y empobrecida, y es necesario desarrollar una concepción que recupere la diversidad de la realidad económica, para así poder ubicar a las diferentes formas de organización económica, como se las denomina en la constitución boliviana, en los ámbitos de la legitimidad del accionar del Estado. 117 La economía comunitaria en la economía plural REPENSANDO LA ECONOMÍA Y LO ECONÓMICO La cuestión de la diversidad económica, y su pertinencia en la realidad económica de un Estado, han sido objeto de análisis no pocas veces a lo largo de la historia del pensamiento moderno, particularmente en situaciones en que fallan las economías de un país, y sobre las cuales las teorías económicas clásicas, que se han convertido en formas dominantes de entender el hecho económico, no pueden explicar adecuadamente la forma en que la sociedad reacciona y produce formas que le permiten eventualmente recomponer el funcionamiento de la realidad económica, al margen del Estado y del mercado capitalista. Por ejemplo, para nosotros los bolivianos es bastante conocida la experiencia de la vecina Argentina, cuyo trastabillante comportamiento económico de las últimas décadas desembocó a principios del nuevo siglo en un colapso económico que dejó a ese país en muy malas condiciones, obligando a la población a recurrir a una serie de repertorios económicos alternativos para sobrevivir, recuperando estrategias e instituciones económicas que estaban marginalizadas u ocultas en el esquema de la economía formal controlada por el Estado, y que fueron fundamentales para al menos mitigar algunos de los peores excesos del colapso. Esta historia, como varias otras en el contexto de los Estados modernos, incluida la propia experiencia boliviana en varias ocasiones, ilustran cómo las economías son necesariamente diversas, y que la creencia de que las economías son entidades singulares y estrechas, es incorrecta, aunque esa es exactamente la visión propagada por las poderosas organizaciones que colonizan las instituciones, como el FMI y el Banco Mundial(Miller, 1998 en Leyshon, A. 2005). “… Dentro de estas organizaciones, hay una fuerte creencia de que solo hay una forma apropiada de organizar y hacer funcionar una economía.Tal visión no da cabida a modos alternativos de desarrollo económico que no coincidan con el pensamiento ortodoxo sobre cómo hacer de una economía tanto “eficiente” como“exitosa”. Privilegiando lo ideal sobre lo actual, las formas dominantes de pensar y ver constituyen un enfoque empobrecido a las economías y al conjunto de posibilidades que ofrecen para futuros económicos diversos y alternativos”(Leyshon,A. 2005:859, mi traducción). Este pensamiento dominante llegó a naturalizar la idea de que la economía es sinónimo solo de economía capitalista(Gibson-Graham, 2006), despojándole a la economía de su identidad diversa y transformándola en una entidad unificada y 118 La economía comunitaria en la economía plural singularizada, marginalizando y desplazando las otras formas económicas a una condición de inferioridad y subordinación a la economía capitalista, imponiendo lo que se podría entender como un pensamiento capitalocéntrico, es decir, una concepción de lo económico pensada en función al capitalismo, desde y para el capitalismo, en el que las otras formas económicas existen de forma atrasada a, complementaria a, subordinada a. Esta forma de concebir la economía se refleja justamente al reconocer que existen otras prácticas y estrategias económicas, pero fuera de la“economía correcta”, que sería el capitalismo, como anormalidades, excentricidades o vestigios de un pasado imperfecto precapitalista del que forman parte estas otras formas económicas, y que si aún existen, lo hacen en tanto formas marginales, residuales, mínimas, vestigios de un pasado que esta activamente siendo superado, asociadas a los pobres y a los que se mueven en ámbitos económicos marginales y sin potencialidad de generar flujo económico significativo o relevante para una economía regional, nacional o global. Esta concepción prima al describir situaciones como la que atravesó Argentina, o para explicar en nuestros países cómo los pobres pueden sobrevivir al margen de los mecanismos formales del mercado, es decir, cómo sobreviven las personas cuando la economía real falla, estrategias de emergencia que solo sirven para volver a reencausar la forma correcta en que debe funcionar la economía. En el fondo, es una explicación que tolera la diversidad en tanto anormalidad, en tanto sirve para volver de nuevo al camino correcto. Pero cuando la concepción de la diversidad económica surge como un proyecto político para construir una sociedad y un Estado, como ha acontecido en Bolivia, es necesario cambiar esta forma de comprender la realidad económica y abrir espacio para que la diversidad entre a formar parte del paisaje económico, y esto implica romper con los mecanismos ideológicos dominantes que sustentan la identidad económica simplificada y empobrecida, y desarrollar un enfoque crítico para la comprensión de la economía como una entidad diversa y prolífica(Leyshon, 2005:860). Para hacer esto, será preciso revisar la concepción ya habituada de la economía y de su objeto, lo económico, para desarrollar una perspectiva crítica sobre la supuesta solidez de los paradigmas teóricos neoclásicos de la ciencia económica, posicionados en el pensamiento dominante, pues, siguiendo a Neves y Castro Caldas(2010:8),“lo que está en cuestión es el lugar de lo“económico”, la forma como éste es conceptualizado y pensado, y su relación con lo“político”, lo“moral”, lo“social” y lo“ambiental”. 119 La economía comunitaria en la economía plural Está en cuestión la propia identidad de la Economía y las relaciones que establece con las demás ciencias”. Esto es posible, y necesario, dado que“la economía” y“lo económico” son constructos sociales, por lo tanto, sujetos a diversidad de interpretaciones, cargados además de subjetividades e intencionalidades, ya que no existe en la realidad un sector separable que podamos denominar“lo económico”, sino un conjunto de instrumentos conceptuales creados a lo largo del desarrollo del pensamiento moderno que nos ayudan a describir la realidad, y no son la realidad misma. El pensamiento neoclásico dominante ha impone la idea de que la economía, como saber, se refiere solo a un campo restringido del conocimiento y de la realidad, que solo lo pueden entender los economistas, aquellos que enmarcan su perspectiva en las teorías neoclásicas por supuesto, que conceptualizan la economía generalmente en términos de las elecciones de los mejores medios para adquirir los máximos beneficios; y la economía como objeto, o lo económico, como un sistema de mercados, concebidos solo como la producción para el intercambio en el mercado y adquisición en el mercado de bienes y servicios, con rendimientos ahí adquiridos(Neves y Castro Caldas, 2010:45). Esta forma de pensar no surge naturalmente en la sociedad humana, cómo se pregona desde el pensamiento dominante, sino que es una construcción social histórica, social y espacialmente ubicada, que ha servido y sirve para ciertos fines de dominación, cuya estrategia de posicionamiento hegemónico se logra al descalificar la diversidad y colocarla en términos pre-capitalistas, pre-científicos opre-modernos(Vacaflores, 2014; Neves y Castro Caldas, 2010), descalificando así a los sectores sociales subalternos y las practicas económicas que controlan, justificando sí su marginación de los espacios de toma de decisiones sobre la economía del país. La propuesta constitucional boliviana de economía plural se ubica, precisamente, en la crítica a esta concepción hegemónica de la economía que ha orientado la acción del Estado en las últimas décadas, pues surge de la lucha social que busca la emancipación de la sociedad, y plantea que la diversidad de formas, prácticas y estrategias económicas corresponden a la naturaleza diversa y heterogénea de la economía y de la sociedad, y que corresponde al Estado asumir un rol de apoyo y promoción a esta pluralidad en vez de proscribirla y hasta combatirla(Bolivia, 2009;Vacaflores, 2014; Patzi, 2010; Loza, 2011). 120 La economía comunitaria en la economía plural LA ECONOMÍA COMO INSTRUMENTO Los economistas y los políticos tienen un enorme poder para transformar o definir el curso de la vida de un país, dada la creencia de que las prescripciones relevantes para la configuración de la política pública deben ser construidas por los economistas. Los políticos, por su lado, privilegian los concejos de los economistas(Cordeiro, 2010). Este esquema simbiótico entre políticos y economistas fue particularmente irrebatible en Bolivia a partir del periodo pos-revolución del 52, con una consumación a ultranza durante el periodo de los ajustes neoliberales. El fracaso catastrófico de estas medidas explica en gran medida la sublevación social de principios del siglo XXI, y es contra ésta forma de conducir la política económica que se levanta la población, es decir, contra esta simbiosis irreflexiva y delincuencial entre políticos y economistas. Más allá de que los políticos y los economistas en cuestión pertenecían a la misma casta social dominante, de ahí que su comportamiento era razonable en términos de reproducción de los esquemas de poder que los favorecían, se cuestionaba los supuestos subyacentes que justificaban y hacían de esta forma de operar de la política algo muy difícil de rebatir. De ahí se entiende que la propuesta de refundación del Estado boliviano incluye un componente fundamental en el ámbito de la economía, estableciéndose que la economía será entendida en el nuevo Estado Plurinacional Comunitario como una entidad diversa y plural en sí misma, y se le asigna al Estado el rol de garantizar la consolidación de un modelo económico basado en los principios de pluralidad económica(Bolivia, 2009;Vacaflores, 2014; Patzi, 2010), con lo cual se apunta a potenciar las transformaciones sociales y políticas del nuevo Estado Plurinacional Comunitario. Sin embargo, esta propuesta se enfrenta a desafíos complicados, ya que la tradición de los“concejeros económicos” no fue desplazada ni mucho menos, y la concepción ingenieril de la economía, que la reduce a cálculos de costos y beneficios, ha demostrado ser una concepción fuertemente arraigada en el medio político boliviano. La identidad del economista parece estar tenazmente influenciada por una vocación de producción de instrumentos para la gestión estatal de la“economía”, pero instrumentos concebidos para la organización de“mercados” entendidos en los términos capitalistas(Mata, 2010:206). La propuesta boliviana sigue postulando la idea de la economía como un instrumento de la gestión estatal, pero aclarando que es para construir el Vivir Bien (Bolivia, 2009; Loza, 2011;Vacaflores, 2014), lo cual implica concebir a la economía 121 La economía comunitaria en la economía plural y lo económico desde otras epistemologías, distintas de las usadas en la formación tradicional de los economistas en nuestras universidades. Al ser una propuesta que surge desde la lucha social para tomar el poder político, se entiende que es una prescripción para que actúe el político en el marco del nuevo Estado Plurinacional Comunitario, de ahí que es una propuesta que se construye en torno a la acción del Estado, en torno a la centralidad del Estado y de los sujetos sociales que acceden al control del Estado. ECONOMÍA PLURAL: RACIONALIDAD ECONÓMICA, SUJETO ECONÓMICO Y FORMA DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA La propuesta de economía plural de la constitución política del Estado boliviano se construye desde el imaginario político para desmontar el Estado colonial republicano, cuya condición moderna de Estado-nación que asume una comunidad política homogénea y desprovista de tensiones y conflictos constitutivos es centralmente cuestionada, proponiéndose como eje epistemológico trascendental la recomposición de la articulación política de la sociedad en el nuevo Estado, esta vez ya no desde los supuestos de la modernidad eurocéntrica dominante, sino recuperando la condición comunitaria de articulación originaria de la sociedad, en base a la pervivencia de los pueblos y naciones indígenas, originarios y campesinos. La condición comunitaria, en tanto formas francas de articulación de la diversidad social, se constituye así en un componente central de la propuesta del nuevo Estado Plurinacional, que desafía la concepción hegemónica de nación como unicidad social y política al interior del Estado, es decir, del Estado-nación, en una remembranza de los debates europeos del siglo XVII con motivo de establecer las categorías político-sociales de la modernidad, entre multitud y pueblo, para acompañar el desarrollo de los Estados centrales recién fundados(Virno, 2003). Con la fundación de los Estados centrales, o territoriales, diría Porto Gonçalves (2013) se da lugar al Estado-nación, una configuración política en que las formas comunitarias de articulación social previamente existentes fueron sacrificadas para constituir una sola comunidad política nacional, la nación, y frecuentemente se olvida que esta unicidad fue conseguida gracias a la imposición violenta de un grupo social determinado por sobre los otros, que debieron sacrificar su articulación comunitaria propia en aras de constituir la nueva comunidad política“nacional”, y lejos de haber 122 La economía comunitaria en la economía plural establecido un nuevo espacio comunitario, lo que se produce es un esquema de dominación de un grupo por sobre los otros bajo la ficción de la comunidad nacional. Esta condición de dominación se vuelve aún más grotesca en un contexto de formación colonial, como lo es la historia formativa de Bolivia, donde el colonizador impone a los colonizados su propia cultura como molde para re-articular la comunidad nacional, proscribiendo las formas culturales pre-existentes del colonizado a un lugar de inferioridad, lo que Quijano(2003) denomina la colonialidad, y aplicándole políticas de constante desestructuración y acoso para evitar su rearticulación y por tanto su capacidad de acción política, que podría poner en peligro el sitial de privilegio del grupo dominante, en un esquema descrito por R. Zavaleta(1986) como de abigarramiento de la sociedad. La condición abigarrada del Estado y la sociedad, sin embargo, implica la pervivencia por otras vías, precarias y subalternizadas, de los principios de articulación comunitaria de las culturas colonizadas y sometidas al esquema de articulación política del Estado-nación, de donde se comprende que surge claramente el proyecto político de reconstitución de los pueblos y naciones, es decir, de legitimación de los principios de articulación comunitaria de las entidades socio-culturales dominadas, en un movimiento al que Lizárraga(2011), parafraseando a Zavaleta, denomina como desabigarramiento. Por eso la propuesta de economía plural no puede ser entendida si no es en el marco del proceso de refundación del Estado plurinacional comunitario boliviano (Vacaflores, 2014), pues es parte del proyecto político de reconstitución de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, y la composición de la pluralidad desde la articulación de la economía estatal, comunitaria, asociativa e individual refleja una concepción de la diversidad en términos de pertinencia histórica y política afín al proyecto político en juego. La Constitución Política boliviana define a la economía plural, en el artículo 306, como una articulación de formas de organización económica, que son diferentes entre ellas en tanto formas organizativas, pero son iguales jurídicamente y complementarias entre sí. El texto constitucional no provee definiciones operativas respecto del concepto de forma de organización económica, pero sí describe lo que entiende por forma de organización económica comunitaria(art. 307), forma de organización económica privada(art. 308), forma de organización económica estatal(art. 309) y forma de organización económica social cooperativa(art. 310); y en una interpretación de estas descripciones operativas, podemos entender que la forma de organización económica 123 La economía comunitaria en la economía plural se refiere a una estrategia organizativa de los sujetos económicos, cuya constitución responde a una racionalidad económica específica propia de la diversidad o pluralidad económica. La legislación desarrollada a partir de la nueva constitución provee mayores elementos de acercamiento a esta precisión conceptual, particularmente la ley nacional 338 de organizaciones económicas campesinas, indígenas originarias – OECAS, y de organizaciones económicas comunitarias – OECOM para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria, aprobada en enero de 2013, en la cual se establece que las formas de organización económica, en el contexto de la agricultura familiar o campesina, se corresponden con sujetos sociales, equiparados con organizaciones matrices del mundo indígena, originario campesino a nivel nacional, y cuya constitución encarna racionalidades socio-económicas y espaciales propias, fruto de procesos formativos históricos propios(Lizárraga et al, 2014). Queda claro que la conceptualización de la pluralidad económica, en tanto diversidad y en tanto constructo teórico diferente, requiere nuevas estrategias para conceptualizar la forma en que la sociedad se articula a esta diversidad, es decir, cómo se constituye el sujeto social en relación a la economía plural, estableciendo la necesidad de conceptualizar la diversidad económica en tanto formas de organización, los sujetos sociales de la diversidad económica, y las racionalidades de la diversidad económica, entre otras, pues el contexto de lucha social, altamente politizado en el cual surge la propuesta de la economía plural, se presta para un manejo discursivo confuso que termina refugiándose en las conocidas categorías conceptuales neoclásicas, que al final acaba siendo una reproducción del paradigma capitalista y del pensamiento capitalocéntrico y moderno, operando una reproducción de las ideas dominantes cuestionadas al trasladar sus significados al momento actual(Gibson-Graham, 2006). Este es un aspecto del momento político de implementación del Estado plurinacional comunitario que no se debe pasar por alto. La política implica una fuerte disputa por fijar los nuevos significados, para cerrar lo que Gibson-Graham denomina “los infinitos procesos de significación en el lenguaje”, una condición inevitable de la construcción de hegemonía. Así como la concepción de“la economía” se impone en la modernidad como totalidad capitalista, la forma de organización de la empresa capitalista, el trabajo asalariado, y el mercado de mercancías se imponen en el imaginario moderno como las únicas formas de acción económica. Las organizaciones no capitalistas, las formas de trabajo no asalariadas, y los mercados no mercantilizados han sido proscritas por el 124 La economía comunitaria en la economía plural discurso dominante hacia los márgenes de la legitimidad de la política, asignándoles a lo sumo un recoveco en la“economía de los pobres”, y se recurre a ellas sólo cuando la política pública requiere paliar los efectos dramáticos de la pobreza. COMUNIDAD Y ASOCIACIÓN Un elemento notorio en el modelo de la economía plural boliviana es la inclusión de la forma económica comunitaria en la conceptualización de la diversidad económica, algo que es contrastante en el espectro global de la construcción de alternativas al capitalismo, donde se suele condensar lo alternativo en la propuesta de economía social y solidaria(Bartra, sf.; Gonzáles, 2009; Diana, 2007), pero que en la práctica de implementación del modelo de economía plural boliviano, se puede apreciar la precisión conceptual que los diferencia. Ambos ámbitos de la diversidad económica se ubican fuera de la esfera de la economía dominante, caracterizada en el modelo de economía plural a partir de las economías estatal y privada, y su concepción tiene una estrecha correspondencia con la naturaleza descolonizadora que caracteriza a la lucha social boliviana. La identificación de ambas racionalidades económicas responde tanto a la necesidad de cuestionar la ética del capitalismo, así como la colonialidad del Estado y la sociedad bolivianos. La economía comunitaria y la economía asociativa hacen referencia a dos formas de sociabilidad en términos de convivencialidad: la comunidad y la asociación, dos formas de sociabilidad que se constituyen sobre dos racionalidades distintas de sociabilidad, la comunitaria y la asociativa. El comunitarismo y el asociativismo son condiciones diferenciadas entre sí, cuya racionalidad se inspira en las formas de sociabilidad de convivencia colectiva determinadas por una naturaleza más orgánica y natural, la comunidad, y otra de tipo más intencionada y artificial, la asociación. Recuperando la perspectiva del sociólogo alemán Tönnies(2011), la comunidad y la asociación son las dos relaciones sociales principales que crea la voluntad humana, siendo la comunidad la expresión de la voluntad natural que reside en los instintos sociales, una forma de sociabilidad natural, altamente dependiente del espacio que la produce; a diferencia de la asociación, que es una forma artificial de agrupamiento humano, organizada en torno a la voluntad racional, caracterizada por la capacidad de deliberación y elección, y que depende más bien de un espacio que es producido por la asociación. En el contexto del Estado-nación moderno, y en Latinoamérica en particular, la comunidad natural ha sufrido un proceso de violencia colonial que ha intentado transformarla en su sentido originario para funcionalizarla a la dominación y explotación 125 La economía comunitaria en la economía plural colonial, habiéndose logrado tal propósito en diferente medida a lo largo y ancho de la geografía del continente, produciéndose un espectro de comunitarismo marcado fuertemente por la mayor o menor pervivencia de la condición de ancestralidad y/o modernidad, siendo las comunidades indígenas y originarias formas más conectadas con la ancestralidad, y las comunidades campesinas una forma de comunidad natural vinculada conflictivamente a su ancestralidad, pero cuyos principios comunitarios siguen operando para reproducir la comunidad en su nuevo contexto socio-político de la modernidad capitalista. En este sentido, es importante vislumbrar la tensión entre ancestralidad y modernidad que permea la sociabilidad en el seno de los Estados modernos, en el marco de la cual se constituyen las colectividades humanas contemporáneas. Los Estados modernos han intentado disolver a las comunidades ancestrales, y recomponerlas en términos de la modernidad con la identidad(Bauman, 2001; Porto Gonçalves, 2013), pero a pesar de la acción del Estado moderno, las comunidades ancestrales mantienen sus principios de articulación comunitaria. En Bolivia, la comunidad campesina y/o indígena es el arquetipo emblemático para representar la dimensión comunitaria de la sociabilidad, pero no es el único espacio de constitución de lo comunitario, también podemos encontrar racionalidad comunitaria en las comunidades de sangre o familias extensas, en los pueblos y naciones indígenas y originarias ancestrales, o en otro tipo de comunidades del mundo urbano. Por otro lado, las formas asociativas están más relacionadas a las agrupaciones conformadas con distintos fines para articularse al mercado, a la política, a la religión, etc. Análogamente, en la propuesta boliviana de economía plural, la economía social y solidaria se refiere a la economía asociativa, en la que prevalece una dimensión voluntarista de asociarse; y la economía comunitaria se refiere a las formas institucionales de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinos, por lo que prevalece una dimensión de condición natural de sociabilidad, fuertemente marcada por una carga política. ECONOMÍA COMUNITARIA La Constitución política del Estado plurinacional comunitario establece, en su artículo 307, que la“organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y luego, en las leyes 144 de la revolución productiva comunitaria y 338 de organizaciones económicas 126 La economía comunitaria en la economía plural en el ámbito de la agricultura familiar, definen al sujeto de la economía comunitaria como la organización económica comunitaria, OECOM, en la que se incluye a las organizaciones matrices comunitarias indígenas, originarias y campesinas a nivel nacional: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia(CIDOB), el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu(CONAMAQ), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia“Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), y el Consejo Nacional Afroboliviano(CONAFRO). Esta definición de sujeto de la economía comunitaria, desde la producción comunitaria, amplía el horizonte comunitario del Estado plurinacional, cuya perspectiva inicial de autonomía territorial indígena originario campesina cómo ámbito de ejercicio de la racionalidad comunitaria en sus múltiples dimensiones, se complementa con la territorialidad del sujeto comunitario, es decir, la condición del sujeto comunitario no está sujeta a una jurisdicción territorial formal donde se ejerce la autonomía, sino que su existencia factual ya genera una forma de ubicación en el espacio, que no siempre se adecúa a un territorio formalmente reconocido, más bien se sobrepone a la división político administrativa o la estructura de propiedad agraria, pero es una territorialidad del sujeto donde se ejerce efectivamente la racionalidad comunitaria, y es esa racionalidad comunitaria la que se busca fortalecer. Evidentemente, la economía comunitaria en la propuesta boliviana de economía plural, tiene una conexión directa con la crítica epistemológica al Estado-nación moderno, puesto que explícitamente se sitúa en el ámbito de la sociabilidad natural, tanto ancestral como contemporánea, de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, en el rol de la producción y reproducción de la vida social de estos sujetos. Esto implica una condición de control por parte del sujeto social sobre las dinámicas económicas que afectan al espacio vital del sujeto, pero, y este es el detalle fundamental a mi entender, desde su condición natural y orgánica, intrínseca, propia de articulación social, desde una condición general de sociabilidad autónoma, comunitaria, de manera que se ubica por fuera de los márgenes de la forma económica que es controlada por los agentes externos a la comunidad, como pueden ser el Estado o las empresas capitalistas. En esto radica la relevancia de lo político como constitutivo de la racionalidad económica comunitaria, ya que ésta hace referencia al sujeto social constituido desde sus propias dinámicas naturales de sociabilidad, por tanto desde sus propias capacidades de accionar como unidad social, y en control de los procesos de producción y reproducción de su vida social. 127 La economía comunitaria en la economía plural La economía comunitaria se refiere entonces, en la propuesta boliviana, a la capacidad objetiva del sujeto social para controlar los procesos económicos sobre la realidad que le afecta directamente, sobre su territorio, para definir la acción económica en función a sus intereses como sujeto social. De ahí que la economía comunitaria es un complemento estratégico central de la condición plurinacional del Estado, pues alude a la capacidad de control sobre las decisiones políticas en el ámbito de la economía por parte del sujeto social constituido comunitariamente, es decir, los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas. En ese sentido, el dirigente campesino tarijeño Elvio Diaz, plantea que“vivir bien es poder gobernarnos nosotros mismos”, aludiendo a la condición de la autonomía indígena originaria campesina prevista en el nuevo Estado plurinacional comunitario, y ésta precisión permite percibir la vinculación territorial de la economía comunitaria, entendida no solo como delimitación geográfica de un espacio cualquiera, sino de un espacio delimitado a partir de la apropiación del espacio por una relación social de constitución comunitaria, que se lo apropia en su ser y en su proyección de futuro(Lizárraga et al, 2013). En la ley 144 de revolución productiva, se establece explícitamente que la producción comunitaria, en tanto dimensión de la economía comunitaria, implica el control territorial por parte de la entidad comunitaria del ámbito donde se desarrolla la producción, participando de los concejos territoriales productivos(art. 37), mediante sus organizaciones representativas pertinentes que se regirán por sus usos y costumbres(art. 36). También, es posible entrever que el gobernarnos nosotros mismo implica una dimensión de discusión ética en el seno del propio sujeto sobre cómo, donde, cuando, para qué, etc. de la práctica económica, lo que permite tomar decisiones más allá del simple cálculo del costo-beneficio que caracteriza a la racionalidad capitalista, sino asumir una redistribución de los costos y los beneficios según lo que el sujeto social considere que es mejor para sus intereses comunitarios.Así, si una comunidad urbana define promover un sistema de abastecimiento de alimentos en base a los agricultores campesinos de su municipio, porque esto tiene un impacto positivo en la construcción de lazos sociales, culturales y económicos en el medio local, aunque eso implique desechar otras opciones que podrían ser más baratas, está practicando economía comunitaria al tomar decisiones económicas en base a discusiones éticas importantes para los miembros de la comunidad. Cuando éste tipo de prácticas económicas ocurren, que no es poco frecuente,“ésta ocurriendo alguna forma de reconocimiento activo de la co-implicancia económica, 128 La economía comunitaria en la economía plural interdependencia y la conexión social. Estas prácticas involucran consideraciones éticas y decisiones políticas que constituyen al ser social y económico”(Gibson-Graham, 2006:83). Por el contrario, el capitalismo ha sido visto como una forma económica superior debido precisamente a la capacidad de haber eliminado la intermediación de este tipo de consideraciones éticas en las relaciones económicas, siendo un símbolo de su modernidad el haber impuesto la intermediación de un mercado estructurado sobre el cálculo de la eficiencia esencializada. De esto podríamos también percibir que la economía comunitaria requiere también niveles de organización del sujeto comunitario, ya que la capacidad de tomar decisiones en base a los intereses del sujeto comunitario no es una condición automáticamente dada desde que exista el sujeto comunitario, y esto es mucho más relevante considerando la historia de constante asedio y desestructuración del Estado y del mercado sobre los sujetos comunitarios en el Estado-nación moderno. En este sentido, la practica sindical de las comunidades campesinas de nuestro país, por ejemplo, demuestran lo complicado y laborioso que resulta el construir y mantener una organización que sea capaz de canalizar la expresión comunitaria. A la luz de la capacidad, o incapacidad, de incidencia sobre la realidad que han logrado tener los sujetos comunitarios, también podemos ver que lo comunitario no necesariamente se circunscribe a lo“local”, sino que implica su capacidad o posibilidad de articulación ampliada, de manera que lo comunitario puede ser regional, nacional o hasta global. La posibilidad de tener control sobre la propia realidad implica capacidad de controlar el poder, y en el contexto de las políticas públicas, por ejemplo, difícilmente una comunidad podrá definir cómo usar los recursos de inversión pública si el ambiente político, institucional y jurídico es adverso. Para poder aprobar una constitución que refleje una concepción económica no capitalista, por ejemplo, fue necesario articular sujetos sociales no solo con capacidad de articulación a escala nacional, sino con capacidad de movilización, con capacidad de producir propuesta política y teórica. La economía comunitaria difícilmente es posible fuera del Estado plurinacional comunitario, ya que ésta forma estatal presupone la reconstitución del sujeto social desde sus principios de sociabilidad natural, con reconocimiento del espacio geográfico sobre el que se ha establecido, desarrolla y proyecta su vida como entidad societaria articulada en torno a los principios comunitarios, y sobre el que proyecta autodeterminación, es decir, toma de decisiones desde su condición comunitaria, que 129 La economía comunitaria en la economía plural es la autonomía indígena originaria campesina. No es lo mismo que la propuesta de autonomía departamental y municipal, ya que estas entidades territoriales se constituyen desde la concepción moderna de comunidad política, que en el caso del Estado moderno de origen colonial es más cercana a la sociabilidad artificial impuesta por la clase dominante. Estos son algunos elementos cruciales para entender la especificidad de la economía comunitaria, pues se podría estar confundiendo la misma con una situación de práctica de economía capitalista controlada por agentes externos, pero en el contexto territorial de la comunidad natural, que es algo muy diferente a la práctica económica controlada por el sujeto social en su entorno territorial comunitario. De hecho, a nombre de economía comunitaria, muchas intervenciones de la política pública siguen promoviendo la racionalidad capitalista en las comunidades campesinas e indígenas, no que éstas sean anticapitalistas ni nada por el estilo, sino que sigue siendo una lógica de accionar económico sobre el cual la comunidad, como entidad social, no tiene mayor control, y son los agentes externos los que siguen definiendo las acciones económicas del territorio comunal. ECONOMÍA COMUNITARIA Y MEDIO AMBIENTE La economía comunitaria se ubica, se dijo, en la perspectiva de la crítica epistemológica al Estado-nación moderno y capitalista, por eso es solidaria con el planteamiento crítico que cuestiona la razón occidental que separa al hombre de la naturaleza, y se posiciona más bien desde la perspectiva epistemológica comunitaria que concibe a la humanidad como parte indisociable de la naturaleza, expresada en la concepción de Madre Tierra para orientar la implementación de la política pública del nuevo Estado plurinacional comunitario. La economía comunitaria supone el control de las relaciones económicas en el ámbito territorial del sujeto social constituido desde su sociabilidad natural y orgánica, donde es capaz de canalizar la voluntad colectiva comunitaria en función a los intereses del colectivo comunitario.A diferencia de la racionalidad capitalista, la racionalidad comunitaria establece una relación especial con la MadreTierra, explicada en principio porque el sujeto comunitario se siente parte de su entorno ambiental al ser éste el espacio vital sobre el que se desarrolla, no solo es el lugar donde desarrolla una actividad económica, sino es el lugar donde se reproduce socialmente, el lugar donde se ha estructurado su sentido histórico, y el lugar donde se va a seguir desarrollando su ser. En ese sentido, la concepción integral de la relación sociedad-naturaleza para 130 La economía comunitaria en la economía plural el sujeto comunitario no es simple discurso desafiante al sistema dominante, por el contrario, es esencia constitutiva en su forma de concebirse a sí mismo, al fin de cuentas, no es razonable destruir el medio donde se vive, donde han vivido los ancestros y se espera vivir como continuidad social en el futuro. En un sentido geográfico, esto es la apropiación del espacio: el territorio, una convicción interna del sujeto de conexión profunda con el medio, que lo defiende como espacio vital frente a otros sujetos, y que lo internaliza como parte esencial de su ser. La destrucción del medio natural acontece cuando la población local no tiene el poder suficiente para hacer frente a los agentes destructivos, usualmente externos, aunque también pueden ser internos en alianza con poderosos intereses externos, por eso desde la perspectiva de la economía comunitaria, el sujeto comunitario tiene el control sobre las decisiones económicas que afectan su propia realidad, al menos en un nivel relevante, pues es verdad que también existen niveles decisorios que afectan las decisiones locales, regionales o nacionales, que están fuera del alcance del sujeto comunitario. Por eso la economía comunitaria se la concibe en el contexto de la economía plural, y en el contexto del Estado plurinacional, donde los sujetos comunitarios ancestrales y contemporáneos tienen participación en la estructura de gobierno, pues se entiende que el poder decisorio del sujeto comunitario tiene alta dependencia con la posibilidad política de ejercerlo. Entonces la economía comunitaria implica la posibilidad de que el sujeto social tenga un grado de control sobre la acción destructiva sobre el medio ambiente de la actividad económica, entendida ésta como una pluralidad compuesta de la diversidad de racionalidades, formas de organización y sujetos económicos, es decir, implica la posibilidad política de ampliar los poderes de decisión por fuera y al margen del Estado, pero en la legitimidad que provee la organización estatal. ECONOMÍA COMUNITARIA Y DESARROLLO OPERATIVO DE LA POLÍTICA PUBLICA La implementación de la economía comunitaria, en el marco del proceso de cambio, aún hoy sigue siendo un gran desafío de entender tanto para los políticos en función de gobierno, como para los sujetos sociales que han producido la concepción teórica y política. En una entrevista concedida por el vicepresidente boliviano García Linera, en el año 2010 a propósito de una evaluación del modelo productivo implementado en la naciente Bolivia plurinacional y sus ambivalencias(Svampa, Stefanoni y Fornillo, 131 La economía comunitaria en la economía plural 2010), García Linera manifiesta que“el tema se complejiza cuando los campesinos-indígenas, se vuelven bloque dirigente y conducen el Estado y las comunidades devienen parte del Estado,… en cuanto eres Estado, necesitas recursos y excedentes crecientes para atender necesidades básicas de todos los bolivianos, y de los más necesitados, … y ahí evidentemente se genera una tensión.”(2010:33). En otras palabras, la conducción del Estado impone condiciones de provisión de bienes y servicios que son de responsabilidad pública, y si se quiere mantener la soberanía del Estado, no queda otra más que recurrir a lo que se tiene a mano para generar los recursos necesarios para cumplir esa responsabilidad. Esta condicionante de la administración del Estado plurinacional comunitario, en esta fase de transición, es enfrentada con la implementación de un modelo económico social, comunitario y productivo, concebido como un modelo de transición hacia una economía socialista, basado en aspectos como el asignarle un rol protagónico al Estado en la conducción de la economía del país, con capacidad de corregir las fallas del mercado, la generación de recursos económicos a través de industrias estratégicas, y la redistribución de los recursos entre los sectores antes excluidos. El efecto general de este modelo, que explícitamente se encuentra esbozado en sus aspectos centrales ya desde la propia constitución, es la consolidación de la tensión identificada por García Linera, a pesar de los avances iniciales del modelo económico. La implementación de la economía comunitaria en la política del Estado plurinacional comunitario ha estado rezagada en relación a las otras formas económicas previstas en el modelo de la economía plural, y eso se puede verificar en la preeminencia de acciones económicas de tipo capitalista, tanto estatales como privadas, en la configuración general de la política estatal boliviana del proceso de cambio, que es donde el Estado tiene capacidad instalada para ejercer control sobre la economía. La implementación de la economía comunitaria tiene que ver con acciones que promuevan desde el Estado, porque ese es el sentido histórico de la lucha social boliviana, el establecimiento de espacios de legitimidad económica del sujeto comunitario en el paisaje económico nacional. Como lo plantea el dirigente campesino de la CSUTCB, Rodolfo Machaca,“sujeto económico es el que puede recibir transferencias directas de recursos por parte del Estado para ejecutar acciones de desarrollo, y puede participar legítimamente de la conformación de empresas mixtas, a partir de su propia forma de ser”(Lizárraga et al, 2014:33). En este sentido, el ámbito de implementación de la economía comunitaria se ubica en la acción afirmativa del sujeto comunitario por parte del Estado, lo que 132 La economía comunitaria en la economía plural implica no solo potenciamiento económico de la racionalidad, organización y sujeto comunitarios, sino construcción objetiva de posibilidad político-institucional para la expresión legítima de esta dimensión económica, acercándose a la condición de igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica, y este implica construcción estatal previa. Desde esta perspectiva, los avances objetivos que podemos identificar en materia específica de economía comunitaria en relación a la política pública, son pocos, y esto se explica en parte porque el Estado requiere construir previamente estructura estatal novedosa que permita expresar lo comunitario en general, lo que permitiría para empezar identificar objetivamente dónde está la economía comunitaria dentro de la política pública, cosa que es aún dificultosa, pero sí hay algunos avances que podemos usar como pista para descifrar analíticamente la dimensión comunitaria de la política económica. Un primer avance fundamental es la promulgación de la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria(ley 1551), que provee posibilidades políticas reales para consolidar espacio vital en términos de territorialidad agraria del sujeto comunitario, que por su naturaleza económica y magnitud en la realidad boliviana, es central para plantear una reconstitución del sujeto comunitario, ya que la lucha social en Bolivia se puede resumir como una disputa por el territorio entablada entre sujetos coloniales. Esta ley surge en un momento político donde aún estaba en disputa la aprobación de la nueva Constitución Política que establece definitivamente la naturaleza plurinacional y comunitaria del Estado, y es una medida política que avanza en la consolidación de los derechos comunitarios sobre la tierra, en un momento en que las oligarquías terratenientes logran aprobar por su lado en los departamentos de la Media Luna los estatutos que consolidan los mecanismos coloniales de control de la tierra. Esta ley ha permitido agilizar el proceso de titulación de tierras y consolidar la propiedad agraria de comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, lo cual tiene un enorme impacto de las posibilidades de expresión económica del sujeto comunitario. Pero también su implementación presenta aspectos conflictivos, pues ha generado una tendencia a concebir lo comunitario como equivalente cerrado de propiedad colectiva de la tierra, confrontando lógicas campesinas e indígenas en su estrategia por consolidar espacios vitales en tanto sujetos comunitarios. “En las gestiones de los gobiernos neoliberales(1953-1992), los medianos propietarios y empresarios agropecuarios detentaban la propiedad de 39,24 133 La economía comunitaria en la economía plural millones de hectáreas mientras que pequeños propietarios y miembros de propiedades comunitarias tenían solamente 17,16 millones de hectáreas.Actualmente indígenas de tierras bajas poseen 12,8 millones de hectáreas, originarios de tierras altas un total de 9,6 millones, campesinos e interculturales 14,6 millones y empresarios 4,43 millones, habiéndose declarado como tierras fiscales disponibles y no disponibles un total de 23,27 millones de hectáreas.” (INRA, 2013) Un segundo avance es la implementación de mecanismos financieros destinados objetivamente al sujeto comunitario, como el Prosol. El Prosol es un programa departamental de transferencias directas a las comunidades campesinas e indígenas del departamento de Tarija, establecido mediante una ley nacional(Nº 3741) en el año 2007, antes de la promulgación de la CPE(Vacaflores, 2012). Este es un mecanismo financiero vigente, implementado desde el año 2008, que consiste en entregar directamente de forma anual a las comunidades campesinas e indígenas, en tanto sujetos comunitarios, un monto proveniente de las regalías hidrocarburíferas del departamento de Tarija para implementar proyectos productivos definidos por la propia comunidad, que es ejecutado por la propia comunidad. Este programa se sustenta en una ley nacional, aprobada en medio de la disputa por el control del excedente del gas entre campesinos y oligarcas en el periodo constituyente, y refleja claramente el espíritu de la economía comunitaria y su dimensión política planteada en la nueva constitución. Una característica de este programa es que no es una medida asistencialista para reducir la pobreza, sino un mecanismo financiero que reconoce al sujeto comunitario y le transfiere la responsabilidad de ejecución de la inversión pública en el ámbito de la producción comunitaria. Su impacto es notable, ya que por primera vez un programa público de apoyo productivo al sector campesino llega a todas las comunidades del territorio departamental, con presupuesto anual garantizado por ley, lo cual ha logrado revitalizar a la organización campesina y generar un reconocimiento de su rol económico en el contexto de la economía regional. La implementación de este programa es profundamente significativo para la implementación de la economía comunitaria, pues se constituye en una experiencia práctica en una escala departamental del Estado plurinacional comunitario, en la cual la propia práctica de las comunidades ha resuelvo conceptualmente cuestiones de la diversidad económica que aún son confusas para la política pública. 134 La economía comunitaria en la economía plural Un tercer avance destacable es la implementación de la legislación orientada a potenciar específicamente la actividad productiva de los sujetos comunitarios indígena originario campesinos, plasmada sobretodo en la ley 144 de revolución productiva comunitaria, y la ley 338 de organizaciones económicas campesinas, indígenas y originarias. Estas leyes nacionales, aprobadas luego de la aprobación de la nueva CPE, sancionan la legalidad de las organizaciones económicas comunitarias y asociativas de los sujetos comunitarios, las OECOM y las OECAS, abriendo la posibilidad política, jurídica e institucional para que el Estado pueda transferir recursos, bienes y servicios en forma directa a los sujetos comunitarios en el ámbito de la producción agropecuaria. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, la implementación de estas leyes sufre un notorio estancamiento debido fundamentalmente a la fuerte disputa, por el diseño operativo de las medidas previstas en la ley, que se entabla entre la visión comunitarista de los sujetos comunitarios y la visión neoliberal aún presente en la administración pública, que se sigue apoyando en las prescripciones de poderosas organizaciones que promueven el capitalismo agrario, como el BM y la FAO. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA La economía comunitaria es parte específica de la propuesta boliviana de economía plural, y su cristalización depende de la posibilidad política que produce el Estado plurinacional comunitario, ya que esta intrínsecamente ligada a la crítica epistemológica a los principios de la modernidad occidental capitalocéntrica del Estado-nación, e implica la reconstitución del sujeto social a partir de sus principios de sociabilidad natural y orgánica, con capacidades efectivas para ejercer poder de decisión sobre el espacio territorial sobre el que se desarrolla como entidad histórica-cultural. Constitucionalmente se ubica en el ámbito de la recomposición política de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinos, y con el desarrollo legislativo subsecuente se precisa la condición espacial de su naturaleza comunitaria, ya sea en términos de territorio formalmente articulado a la organización territorial del Estado, con la figura de las autonomías indígena originario campesinas; o bien como territorialidad generada por el uso, acceso y tenencia de la tierra, con la titulación agraria a favor del sujeto comunitario. No existe una claridad conceptual respecto de lo que exactamente es la economía comunitaria, ya que se puede percibir en la producción analítica nacional una fuerte tendencia a equiparar comunidad campesina con economía comunitaria, o cualquier 135 La economía comunitaria en la economía plural forma de colectivismo con economía comunitaria, o bien economía comunitaria como economía pre-capitalista. Esto se debe, a nuestro entender, porque se sigue usando la misma perspectiva epistemológica moderna y capitalista que ha orientado la producción de categorías teóricas a lo largo de la modernidad eurocéntrica, que ha resuelto la cuestión de la articulación social al Estado-nación a partir de la disolución de las comunidades orgánicas pre-existentes al Estado, para re-articular la sociabilidad en función a la identidad nacional, impuesta violentamente desde un grupo cultural dominante hacia los otros grupos dominados. Pareciera haberse olvidado que la lucha social boliviana, particularmente la que explota en el periodo constituyente reciente, se ubica explícitamente en la crítica a esa razón moderna de constitución de la sociabilidad, cuyas implicancias políticas son la naturalización de la dominación colonial. Por eso, el principio de la lucha social emancipadora es la rearticulación del sujeto social desde sus principios comunitarios naturales y orgánicos, desde donde se debería construir la correspondencia política y económica. En ese sentido, el proceso de implementación del modelo de economía plural, y en este la dimensión de la economía comunitaria, implica una absoluta dependencia de la implementación de los principios de descolonización de la sociedad y del Estado, puesto que la economía comunitaria es una posibilidad política en el contexto de un nuevo tipo de estructuración social y política, visualizada inicialmente como el Estado plurinacional comunitario. Al igual que en otros ámbitos del proceso de cambio, la concepción de la economía ha perdido la potencia política que permitía en su momento vincularla a su condición contra-hegemónica y descolonizadora, y el efecto de este movimiento ha sido la despolitización de la política pública, que termina reduciendo la economía plural solo a aspectos de crecimiento y desarrollo, en el que la redistribución del ingreso y la riqueza pasan a cumplir objetivos de reducción de la desigualdad social, y se pierde la perspectiva del potenciamiento político y económico del sujeto comunitario, esencia fundamental de la economía comunitaria. Esta confusión conceptual a la hora de precisar a la economía comunitaria, ha llevado a que a nombre de economía comunitaria se siga implementando economía puramente capitalista sobre los territorios y las territorialidades de los sujetos comunitarios, generándose una fase de desconcierto político al interior del proceso de cambio, pues de pronto parecería que la potencia imaginativa desplegada en el 136 La economía comunitaria en la economía plural proceso constituyente ha perdido su capacidad de proyectar un futuro descolonizado donde sea posible el vivir bien. En base a estas conclusiones parciales, es posible plantearse recomendaciones para profundizar la implementación de la economía comunitaria en el marco de la economía plural y del Estado plurinacional comunitario. 1. Primero, es necesario desarrollar un marco legislativo marco que establezca los principios de organización estatal para encarar de manera adecuada el rol del Estado plurinacional de promotor y garante de la diversidad económica, y en función a esta normatividad marco, desarrollar una normatividad marco de cada forma económica, estableciendo los mecanismos para su potenciamiento y para su inter-relacionamiento. La ausencia de este marco está provocando la recomposición de un modelo capitalista que maneja discursivamente la tolerancia de la diversidad económica en tanto recursos disponibles para los pobres y marginados del sistema económico dominante. 2. Es necesario desarrollar institucionalidad específica para visibilizar la diversidad económica de Bolivia, puesto que el problema no solo es su falta de legitimidad, sino su ocultamiento y su desvalorización. Las estrategias para esto deben incluir desde programas de formación de servidores públicos, profesionales independientes y dirigentes sociales sobre la pluralidad económica, economía comunitaria y política pública; estrategias de difusión y promoción para la formación pública a través de medios de comunicación diversificados; implementación de programas de financiamiento de investigaciones interculturales a cargo de equipos interculturales bolivianos, con capacidad de intercambiar con centros académicos y movimientos sociales globales, para desarrollar conocimiento sobre la especificidad de la propuesta boliviana de economía plural, etc. 3. Una acción importante de esta institucionalidad debe ser la construcción de información sobre la dimensión de la economía comunitaria, con una base cartográfica, estableciendo un sistema de información público que provea información sistemática y periódica sobre la economía comunitaria. 4. Se debe implementar fondos económicos públicos, en todos los niveles del Estado, para apoyar directamente a los sujetos comunitarios en la implementación de iniciativas económicas comunitarias. Estos fondos deben recuperar las experiencias de programas de economía comunitaria desarrolladas en el país, como es el caso del Prosol en Tarija. 137 La economía comunitaria en la economía plural 5. Se debe apoyar en la implementación de las autonomías indígena originarias campesinas, para que desarrollen experimentalmente modelos de gestión territorial que recupere la dimensión comunitaria de la economía. 6. El presupuesto público debe desarrollar mecanismos de visualización específica de la economía comunitaria, de manera que se deje de ocultar su marginamiento detrás de conceptos generales como“la economía”,“la producción”, y los sectores económicos. 7. Desarrollar experimentalmente modelos de construcción de economía plural en territorios distintos, tanto de ámbitos rurales como urbanos, desarrollando mecanismos de potenciamiento de la economía comunitaria, y de inter-relacionamiento entre las formas y sujetos económicos. 8. Producir un mayor conocimiento sobre las dinámicas de constitución y funcionamiento de la economía comunitaria en ámbitos urbanos, y desarrollar mecanismos financieros adecuados para su potenciamiento. 9. Evolucionar el concepto de redistribución de los excedentes económicos no con criterios de sectores sociales económicamente marginados, sino entre sujetos sociales cultural e históricamente constituidos, en la perspectiva de potenciar los principios de reconstitución del sujeto social desde sus principios de articulación comunitaria. 138 EL SUJETO COMO CATEGORÍA ESPACIAL DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA Y ASOCIATIVA Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga EL SUJETO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA Y ASOCIATIVA La soberanía alimentaria y el vivir bien son concepciones políticas que orientan la construcción de la nueva estatalidad y espacialidad del Estado Plurinacional comunitario, se establecen en contraposición explicita a un modelo no diverso y homogéneo en lo económico, cultural, político, etc. De ahí se desprende una comprensión del sujeto de la soberanía alimentaria y el vivir bien que trae las dimensiones comunitarias y asociativas de la producción de los alimentos dirigidos al autoconsumo y a la disponibilización de los mismos en los circuitos de alimentos, en este sentido se debe recuperar el espíritu y el sentido conceptual de la diversidad del sujeto, de la sociedad y de la economía presentes en el proceso constituyente. El proceso constituyente avanza en la reconstitución de los Pueblos y Naciones preexistentes como sujetos políticos que se expresan en el Indígena Originario Campesino que se constituye a partir de su condición de preexistencia que trae una dimensión comunitaria, colectiva y derechos territoriales de los Pueblos y Naciones. Esta enunciación implica expresar las diversas dimensiones de este sujeto, como la producción comunitaria; poniendo en el epicentro del significante a la producción de alimentos en base a matrices de producción comunitaria y estableciendo otro campo para pensar la política de Estado. Recordemos que el sujeto privilegiado en el marco del Estado monocultural fue el empresario, un sujeto con base individual y con una racionalidad de producción basada en la lógica de producción capitalista que traía aparejada un reconocimiento a la economía privada, sobre la cual se asentaba la planificación y la inversión del Estado, invisibilizando y negando la importancia de otras formas económicas, racionalidades de vida, sujetos y actores económicos, denominados en cierto momento como un“tercer sector”, discusión que eventualmente dio lugar a la identificación de lo asociativo y lo comunitario como ámbitos y racionalidades económicas propias y diferenciadas de lo público y lo privado. 139 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa En este sentido, los ciclos de lucha social boliviana producen la rearticulación y expresión del sujeto dominado que trae al significante del Estado la expresión de una estructura societal que plantea el desafío de pensar en dimensiones que rompen la lógica y racionalidad agrocéntrica. Esto para poner la cuestión de la producción de alimentos en diversas dimensiones que relacionan a la soberanía alimentaria no solo con productos agrícola-pecuarios tradicionales, sino con bienes alimenticios que provienen del bosque y del río. La Constitución Política del Estado, en su artículo 2, avanza en la constitucionalización del sujeto indígena originario campesino, rearticulando las diversas dimensiones de este, planteando el tránsito de una definición y asociación de lo campesino y su dimensión productiva de subsistencia a una dimensión política y económica, confiriéndole una centralidad en los procesos de avance en la construcción del otro horizonte. En la CPE se puede entrever la referencia al“sujeto” en el desarrollo de la cuarta parte, referida a la Estructura y Organización Económica del Estado, que lo define en función a la relación que pueden establecer las organizaciones económicas con la política económica del Estado.Tal como se puede ver en el artículo 334 que, en lo que se refiere a las organizaciones económicas campesinas, establece que la política económica facilitará el acceso de estas organizaciones a diversos servicios, haciéndolos sujetos del servicio público. De esta manera el“sujeto” se constituye en el reconocimiento que hace el Estado de la colectividad organizada en torno a su forma económica plural y sobre el que se obliga aplicar política pública de protección y fomento y no solo de coerción y control. En el artículo 336, referido en concreto a las organizaciones de economía comunitaria, la CPE es explícita sobre su concepción de sujeto en términos de ser este poseedor del derecho de la política pública que fomenta el acceso al crédito En el proceso de implementación y de construcción del Estado Plurinacional y la dimensión de la soberanía alimentaria se plantean dos tipos de sujetos: uno de base comunitaria definido como Organización Económica Comunitaria(OECOM) que esta expresada en la Ley144 art 8 y Ley 338 art 5 y uno de base asociativa expresado como las Organizaciones Económicas Campesinas(OECAS) que tienen su expresión 140 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa y tratamiento centralmente en la Ley 338 de la agricultura familiar. 5 Este sujeto tiene su expresión en 4 matrices organizativas de carácter comunitario(CSUTCB, CSCIB, CIDOB, CONAFRO) que constituyen la base de las OECOM y una de carácter asociativo, la CIOEC de Bolivia, que se constituye en base a las OECAS(cuadro 1). A esta última habría que incorporar las asociaciones promovidas por el programa estatal Programa de Alianza Rural(PAR). Cuadro N° 1. El sujeto de la Agricultura Familiar desde la construcción de las organizaciones Sujeto Familias productoras OECA OECOM Instancia organizativa Agricultura familiar sustentable CIOEC Bolivia Campesinos CSUTCB Interculturales - CSCIB Afrodescendientes - CONAFRO Indígenas CIDOB Originarios CONAMAQ Cantidad aprox. de personas/afiliados 757.051 111.728 4.276.607 1.400.000 Articulación organizativa 9 departamentos 942 asociaciones/ cooperativas 21.000 comunidades 557 centrales Fuente INE(ENA), 2008; MDRyT(ES) 2012 Informe CIOEC, 2013 CSUTCB, 2013 CSCIB, 2013 16.329 (30.000) 267.432 Sin datos 23 comunidades 31 pueblos en tierras bajas 16 suyus en tierras altas INE, 2013 (CONAFRO, 2013) INE, 2013 CONAMAQ, 2013 Fuente: Elaboración propia en base a INE(ENA), 2008; INE, 2013; MDRyT, 2012; CIOEC, 2013; CSUTCB, 2013; CSCIB, 2013; CONAFRO, 2013; INE, 2013; CONAMAQ, 2013. 5 La ley 338 si bien tiene la virtud de visibilizar otro sujeto, también tiene el límite del debate que trae el concepto de agricultura familiar que reivindica la dimensión productiva contemporánea, trayendo una resignificación de lo campesino hacia la dimensión económica productiva, pero además recortando en los inicios de este debate las formas comunitarias que son las que le confieren la posibilidad política en cuanto su adscripción colectiva en los marcos del contrato social que sustenta el Estado Plurinacional, adscribiéndolo en su forma organizativa económica. Desde nuestra perspectiva implica un retroceso e invisibilización de las matrices y la diversidad de formas organizativas de estos sujetos. Este debate es retomado por las organizaciones que plantean adscribir la forma comunitaria en la definición del planteamiento de la Ley y del reglamento que se va constituyendo desde el accionar de la cooperación internacional. 141 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Entonces, el sujeto de la soberanía alimentaria en su dimensión de productor hace referencia al sujeto de matriz comunitaria indígena originario campesino, intercultural y afrodescendiente, cuya conformación básica está dada por la articulación de unidades productivas familiares caracterizadas por la diversificación productiva, bajo la relación de trabajo familiar y colectivo a partir de la cual se constituye el sujeto asociativo. Gráfico N° 1. Orientación productiva del sujeto comunitario y asociativo. SUJETO COMUNITARIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO INTERCULTURAL AFRODESCENDIENTE SUJETO COMUNITARIO AGROCENTRICA INTEGRAL ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA ORIENTACIÓN A LA AGRICULTURA Y/O PECUARIA ORIENTACIÓN A LA CAZA, PESCA, RECOLECCIÓN La dimensión familiar es la parte indisociable del sujeto comunitario y asociativo cuyo sentido económico plural es la base de la soberanía alimentaria hacia el vivir bien. Diferencia al sujeto asociativo del sujeto comunitario la centralidad productiva agrocéntrica y la tecnología predominante en el sistema productivo del sujeto y la territorialidad. En este sentido podemos plantear la coexistencia de un sujeto productor agropecuario diversificado con especialización productiva, un productor agropecuario diversificado basado en sistemas tradicionales; un productor integral con orientación a la agricultura y/o pecuaria y el productor integral con orientación a la recolección, caza y pesca. A partir de esto podemos empezar a describir al sujeto indígena originario campesino como un sujeto económico con capacidad de ejercer legítimamente los diferentes roles en la diversidad económica, sin necesidad de transformarse en algo que no es para poder acceder a esa posibilidad. Solo logrando esta expresión de la diversidad de los sujetos se puede hablar de economía plural. 142 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa El sujeto con matriz comunitaria Abordar el debate de la soberanía alimentaria trae al epicentro al sujeto de la producción con matriz comunitaria y nos plantea la necesidad de encarar el proceso legislativo en base a la complejidad que este trae. Lizárraga y Vacaflores(2012) proponen que este sujeto nos trae un debate sobre su origen formativo y su resistencia frente al despojo en los diversos momentos de la historia colonial y republicana de Bolivia. Este despojo acontece no solo en el sustrato de lo material(la tierra) sino en diversos ámbitos, como el simbólico, político, etc. y tiene como consecuencia el resquebrajamiento de una forma de vida capaz de producir para vivir bien, en este sentido, se tiene que plantear un concepto de política de restitución histórica. Para proponer políticas vinculadas a la soberanía alimentaria es necesario comprender que este sujeto se expresa en una diversidad de estructuras organizativas, temporalidades y espacialidades que terminan definiendo la particularidad de su universalidad en el marco del Estado Plurinacional. Este sujeto tiene una estructura organizativa de dimensión nacional y se expresa en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia(CSIB), el Concejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia(CIDOB) y La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa(CNMCIOB-BS). Estas estructuras organizativas tienen una directa correlación con la estructura del Estado con una racionalidad productiva agrocéntrica, como es el caso de la CSUTCB (Vacaflores 2013). Por otro lado, la estructura organizativa de la CIDOB nos plantea una disfuncionalidad del territorio del Estado con el territorio de los pueblos y una racionalidad integral que se desarrolla en una gestión integral del territorio. Estos dos tipos de racionalidades entran en tensión a partir de la disputa territorial de los pueblos y naciones de tierras bajas, bajo la concepción de la productividad basada en la perspectiva más empresarial, que se expresa en racionalidades que se articulan en torno a la CSCIB. 143 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Esquema N° 1. El sujeto comunitario Matrices organizativas ÁMBITOS Ámbitos y concepción de la producción Sujeto de la producción comunitaria CSUTCB CNMCIOB-SB CSICB CONAFRO CONAMAQ CIDOB Mundo sindical comunitario de formación contemporánea Modernización de procesos productivos Articulación a mercados Racionalidad comunitaria Pueblos y naciones ancestrales Reconocimiento de procesos productivos comunitarios de gestión integral del territorio Modernización de procesos productivos, articulación a mercados Racionalidad comunitaria Fuente: Lizárraga y Vacaflores(2012) La CSUTCB articula 9 federaciones departamentales a las que deben sumarse las federaciones especiales, constituidas en torno a realidades geográficas concretas al interior de algunos departamentos, fruto de procesos históricos específicos y que por su dinámica propia han evolucionado de forma autónoma en relación a las estructuras departamentales. En términos poblacionales la CIDOB articula a 31 pueblos y naciones de tierras bajas, Chaco y Amazonia, con una población de 309.620 Hab. (Censo 2012). Estos pueblos son reconocidos en el art 5 de la CPE aprobada el 2009. En términos poblacionales los interculturales tienen una población aproximada de 1.400.000(Quispe, 2014). Las familias están constituidas en comunidades organizadas en torno a la Confederación de Interculturales de Bolivia que agrupa a 47 federaciones (departamentales/provinciales y/o regionales) y a 557 centrales que se encuentran en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz,Tarija, Beni y Pando(Plan Estratégico de Desarrollo Institucional). Las estrategias que realiza este sujeto comunitario en sus diversas acepciones son muy diversas y nos traen al debate el pensar que lo productivo no solo acontece a partir de la perspectiva agrocéntrica que sitúa la producción en el ámbito de lo agrícola-pecuario como proveedor de alimentos. Lo comunitario nos plantea la 144 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa producción de bienes(alimentos) en el contexto de sistemas más integrales que se concretan en la relación con la diversidad de recursos de los medios de vida de los sujetos comunitarios que se constituyen en pueblos y naciones; considerando al monte y a los ríos como espacios proveedores de alimentos. En el caso de los pueblos y naciones indígena originario campesino de tierras bajas, la estrategia de producción y consumo de alimentos no está relacionada al uso de un solo producto o rubro sino al manejo de la agrobiodiversidad y de la diversidad de los recursos del territorio. Esto se refleja en el uso y aprovechamiento de una diversidad de espacios apropiados en los territorios donde viven y que nos presentan que la producción de alimentos acontece no solo en el chaco o parcela sino en la naturaleza a partir de la relación con los bosques, los ríos, las quebradas(ver Tabla 1). Tabla N° 1. Actividades económico-productivas como forma de vida de los Pueblos Indígenas Pueblos indígenas Pacahuara Esse-Ejja (hombres de río) Trinitario Forma de Vida/Actividades Agricultura y pecuaria Agricultura de autoconsumo Agricultura de subsistencia. Producción de plátano es central en su vida productiva(conocían 20 variedades) Principalmente la agricultura (12 productos) 2 productos para la venta Caza y pesca Caza, pesca y recolección Es organizadora de la vida social y de la masculinidad. Parte del prestigio. Pesca(actividad que permite generar ingresos económicos) Practican la pesca Recolección Recolección Castaña, frutos silvestres palmito y animales del monte Miel y frutos del bosque. Mercado Castaña, frutos silvestres, palmito y animales del monte Pescados Plátanos Miel Venta de ruedas para carretones, artesanías 145 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Pueblos indígenas Leko Yuracaré Weenhayek Guarani Agricultura, caza, pesca y recolección(7 productos como mínimo) construcción de canoas y transporte fluvial Agricultura(5 productos), cría de animales domésticos para el autoconsumo Agricultura y horticultura Agricultura principalmente el maíz. Horticultura(Izozo) Forma de Vida/Actividades Pr incipalmente Miel de abeja y caza y pesca huevos de tortuga y castaña Caza, pesca y re- Recolección de colección miel y frutos silvestres Agricultura de subsistencia. Pesca y caza dependiendo de la ubicación de las comunidades. Centralmente la Pesca, caza y recolección Miel Construcción de canoas y transporte fluvial dentro de su región Donde hay acceso al mercado se vende la producción que tienen, también venden mano de obra a los colonizadores, comerciantes y narcotraficantes Pescado, artesanías y miel de abeja Maíz, ganado, mano de obra Fuente: Elaboración en base a información Atlas Territorios Indígenas y Originarios en Bolivia. Esta visión integral contrasta con la racionalidad productiva que desarrollan los interculturales, que se caracterizan por organizar el territorio en torno a actividades agrícolas y pecuarias, definiendo en este sentido su centralidad productiva como agrocéntrica. Este sujeto lidera la producción de café, soya, girasol, castaña dirigidos básicamente a los circuitos mercantiles donde circulan estos bienes alimentarios en su forma de mercancías. 146 Tabla N° 2. Principales productos en comunidades interculturales según organización departamental (expresado en Has.) El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa 147 Productos agrícolas Pecuaria Federación Soya Girasol Maíz Sorgo Arroz Coca Café Banano Cítricos Palmito Pina Caña de Vacuno azúcar Santa Cruz FSCIPA4c 6460 850 460 850 1640 FSCIPASJS 1920 920 142 200 300 FSCIPASJN 1650 644 453 -550 1210 FSCIPAY --500 -4440 344 14050 Cochabamba FSCICH ----514 250 440 120 1800 FSCCT ----350 180 119 70 FSAMBB 10 6 7 20 18 FSCIYCH 514 42 440 70 La Paz FAPCCA 11 572 440 70 FEACIT 406 15,5 300 FPACOLTT 5 55 29 2 FOYCAE Tarija FECID40 126 15 CHABOL FECIB 50 150 932 Fuente: Elaboración propia en base a datos de documento CSIB. El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa El sujeto económico comunitario, designado como OECOM, debe ser entendido entonces desde la perspectiva decolonial de reconstitución del sujeto social, en base a sus propias estructuras societales comunitarias y colectivas y no a las narrativas que el Estado nación ha construido fragmentado y despojando a este sujeto de su condición comunitaria. Entenderlo por tanto desde una perspectiva de diversidad económica, social y política y no desde la lógica colonial que sitúa a lo comunitario a partir de una“condición de inferioridad” que se ha naturalizado y que le confiere una situación de inferioridad frente a otras lógicas socioeconómicas que sitúa el debate en un orden de jerarquías, superior-inferior, que son las que han prevalecido hasta ahora el debate de la caracterización de la diversidad económica y productiva en Bolivia como base para avanzar en la soberanía alimentaria para el vivir bien. El sujeto asociativo Como resultado de la acción colonial y como expresión del despojo y la fragmentación de los pueblos y naciones, los sujetos son condicionados a formar“asociaciones” en la perspectiva de resistir al capital y de constituirse en sujetos viables para la inversión de la cooperación internacional en aras de lograr transitar hacia el desarrollo. En este contexto podemos situar tres expresiones o procesos de constitución asociativa. Una que se constituye en el marco de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia(CIOEC) como estructura organizacional nacional, la Asociación de Organización de Productores Ecológicos de Bolivia(AOPEB) y las asociaciones que están sin estructura y que están relacionadas con la intervención del Estado en los territorios de los pueblos. En base a los datos de estas tres instancias se tiene un total de 942 asociaciones/cooperativas que son apoyadas con recursos de cooperación internacional y del Estado. Sujeto asociativo familiar Esquema N° 2. El sujeto asociativo Asociaciones Cooperativas CORACAs Capitalistas (solo objetivos de mercado) Combinación de Objetivos de mercado y objetivos sociales Involucran a toda la comunidad (brazo económico) Involucran a algunas familias de la comunidad Fuente: Nota Conceptual“Lo asociativo en el contexto del Estado Plurinacional”,Vacaflores, 2013. 148 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa El origen de estas estructuras organizativas nacionales tiene como sustento la acción de las“asociaciones de productores” que ven como estrategia el agruparse. Así se origina la CIOEC con filiales en cada departamento(CIOEC, la AOEPB se constituye como instancias que agrupan a OECAs y OPEs(Organización de Productores Ecológicos) a nivel nacional. Esta iniciativa se da a partir de las asociaciones de productores que ven la necesidad de poder generar estructuras colectivas que permitan enfrentar con mejores posibilidades su acceso al mercado. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CSUTCB), reconoce a la CIOEC y a la AOPEB como instancias importantes para generar alianzas estratégicas con pequeños productores para garantizar la seguridad alimentaria. EL SUJETO COMO CATEGORÍA ESPACIAL La historia de formación de la sociedad y el Estado boliviano, marcada contundentemente por la conquista y colonia, define las estructuras básicas de las relaciones sociales, políticas y económicas del Estado boliviano contemporáneo, cuya continuidad institucionalizada se proyecta inalterable en su esencia hasta la actualidad, configurando un tipo de relaciones de poder entre los sujetos sociales y el Estado determinados por su naturaleza colonial. Esta formación histórica obliga a no perder de vista que los sujetos sociales se constituyen a partir de la naturaleza de las relaciones de dominación y sometimiento de la población nativa conquistada, y esto se logra a través del despojo del territorio y la desestructuración de la institucionalidad política de los pueblos, pero manteniendo sus estructuras comunitarias básica, lo cual permitió explotar la mano de obra indígena para explotar los recursos de sus territorios, transfiriendo el rol de la reproducción de la fuerza de trabajo a las estructuras comunitarias, y controlarlos al desarticular su capacidad de acción política. De este esquema primigenio se desdobla el sujeto agro empresarial y el indígena originario campesino contemporáneo, cuya naturaleza inicial los enfrenta por el control del territorio y el gobierno. De ahí que no se puede concebir a estos dos sujetos solo desde las relaciones de complementariedad, como se tiende a concebir desde la política pública, sino que deben entenderse en la complejidad de la disputa por el territorio en la construcción del Estado. La colonia permitió despojar del territorio a los pueblos indígenas, que fue apropiado por el Estado colonial, los conquistadores y los colonizadores, mediante modalidades latifundiarias de control de grandes extensiones, las encomiendas y 149 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa luego las haciendas, dentro de las cuales se sujetaba y explotaba a la población nativa, coartada de derechos ciudadanos. La modalidad colonial de explotación de la población nativa se hizo, en esta parte del continente, a través de la sujeción de las estructuras comunitarias de los pueblos indígenas, lo cual marca hacia futuro la posibilidad política de la reconstitución de estos mismos sujetos, cuya base comunitaria tuvo la virtud de mantener las estructuras societales básicas de los sujetos sometidos. La lucha de los sujetos subalternos, constituidos en torno a la identidad india conquistada y colonizada, se articula entonces en torno a los principios de reconstitución de estas identidades ancestrales, tanto en términos de estructura de relaciones sociales, como en términos de control territorial, de donde surge el principio de Tierra-Territorio como el eje central de la lucha campesina e indígena a lo largo de la vida republicana. La persistente actualidad de este principio articulador de la lucha indígena originario campesina demuestra una concepción diferenciada del territorio en relación a la clase dominante, que es necesario explicitarla, ya que la concepción de territorio del sujeto subalterno es diferente de la del sujeto dominante. Desde la perspectiva del sujeto subalterno, constituido en torno a la identidad india, el territorio es una construcción histórica a partir de la usurpación de los territorios ancestrales por parte del conquistador y colonizador europeos, en la época colonial y en el periodo republicano, sobre el cual reivindica un derecho ancestral de restitución; mientras que para el sujeto dominante, constituido en torno a la identidad europea, el territorio es una construcción histórica que naturaliza la usurpación a los pueblos indios, invalidando su reivindicación a través de un construido ideológico que impone el principio moderno del Estado-nación, legitimando así la propiedad de la tierra en manos de los usurpadores, constituidos ahora en empresarios. La disputa del territorio entre estos dos sujetos es una realidad objetiva que se verifica por lo menos de dos formas: por la vía de la expropiación, o bien por la vía de la subordinación del territorio indígena originario campesino a la lógica del estado-nación y de la economía capitalista. Ambas vías tienen su origen en el mecanismo colonial de explotación de la población y el territorio por parte de una clase dominante impuesta por la fuerza y la violencia, cuyo accionar permanente es una naturalización de su posición privilegiada y de la condición subordinada de los conquistados, a los que evidentemente no les reconoce ningún derecho sobre el 150 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa territorio, anulando su lógica territorial como instancia de generación y aplicación de la política pública. Es más, el territorio del Estado, cuyo gobierno fue controlado por la clase dominante, se construye sobre las necesidades de explotación, dominación y control de la población conquistada, imponiendo límites y conexiones territoriales que no solo legitiman la propiedad señorial, sino que desarticulan la territorialidad del sujeto dominado. Sin embargo, y a pesar de la acción destructiva del Estado, el sujeto subalterno mantiene una territorialidad, estructurada y fundamentada en principios diferentes que la territorialidad del sujeto dominante, pero ambas están enfrentadas y contrapuestas a partir de las relaciones de poder que se establecen entre ambos sujetos, y que la mediación del Estado se encarga de naturalizar a favor de la territorialidad dominante. De ahí que la aplicación de una política de apoyo a la agricultura familiar comunitaria y asociativa requiere considerar no solo la territorialidad del Estado, sino la territorialidad e institucionalidad del propio sujeto económico de la producción comunitaria y asociativa. EXPRESIÓN ESPACIAL Y TERRITORIALIDAD DEL SUJETO Antes de hablar de la territorialidad del sujeto de la agricultura familiar, es conveniente aclarar conceptualmente las categorías analíticas a usar para describir la expresión espacial del sujeto, ya que en tal tarea se suele usar terminología similar pero cuyo contenido conceptual difiere según el sujeto que enuncia la descripción, y obviamente, el significado varía según los intereses en juego, y sus implicancias en la definición de la política pública son también diferentes. Por eso es pertinente aclarar significados en torno al concepto de territorio, que adquiere una centralidad notable en la explicación del fenómeno de expresión espacial del sujeto. Para esto, y haciendo uso del pensamiento geográfico, partimos de la noción de espacio como categoría conceptual que expresa la materialización de la existencia humana, es decir, una totalidad compuesta por un conjunto indisociable, a la vez solidario y contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que es el marco donde acontece la historia, y en el que se dan las relaciones sociales (Lefebvre, 1991; Santos, 1996; Fernandes, 2012). Las relaciones sociales son productoras de espacios, usualmente fragmentados y divididos, por tanto también conflictivos; y esta producción de fracciones de espacios es el resultado de la intencionalidad de un determinado sujeto en las relaciones 151 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa sociales, que proyecta esas fracciones como totalidad, de ahí que la representación del espacio está determinada por la intencionalidad de la relación que lo produce, constituyéndose en una forma de poder que mantiene la representación del espacio según la intencionalidad del sujeto que lo produce.“La intencionalidad es un modo de comprensión que un grupo, una nación, una clase social o incluso una persona, utiliza para poderse realizar, o sea, para materializarse en el espacio(…) La intencionalidad es una visión del mundo, amplia, pero es una forma, un modo de ser, de existir(…) Por eso precisa ser delimitada para poderse diferenciar y ser identificada” (Fernandes, 2012: 10). La apropiación del espacio por una determinada relación social, que lo produce y lo sustenta a partir de una forma de poder, es lo que denominamos como territorio. El espacio es la totalidad, y el territorio es la fracción del espacio apropiada y sostenida por una relación social, que al poseer límites y fronteras, es un espacio de conflictividad. Al ser un fruto de las relaciones sociales, por tanto en continua tensión conflictiva en su constitución, el territorio es un tipo específico de espacio geográfico que se caracteriza por ser creado, construido, transformado y que puede también ser destruido por las relaciones sociales, por lo tanto, es una entidad que se está produciendo constantemente, y su concreción es un hecho contingente que depende del juego de las relaciones de poder entre los sujetos que intervienen, con su intencionalidad propia, en las relaciones sociales que producen el territorio. La región, y la localidad, son también tipos específicos de espacios geográficos, cuya producción tiene especificidades que los diferencia del territorio, y que es necesario tener en cuenta a la hora de usarlos como categorías conceptuales que parecerían ser sinónimos de territorio, pero no lo son. La región es un espacio geográfico cuyos límites y estructura interna están determinados por la homogeneidad de condiciones geográficas, es decir, donde los sistemas de objetos y los sistemas de acciones comparten semejanzas a tal grado que lo convierten en un espacio geográfico diferenciado de otro. A diferencia del territorio, la región no tiene una relación de poder que lo define, es decir, no es un espacio geográfico constituido y/o delimitado por la determinación de una relación de poder, y en caso de que así lo fuera, la región se convierte en territorio. La región es un espacio geográfico donde acontecen condiciones con un grado significativo de homogeneidad, independientemente de las relaciones de poder que se apropian y seccionan el espacio en territorios, cuyas lógicas configurativas usualmente no coinciden. Una zonificación agro-productiva del espacio geográfico, basada en la ocurrencia de condiciones 152 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa climáticas, fisiográficas, edáficas, de potencial productivo similares, es un ejemplo de región, pero cuya ocurrencia puede darse, sin embargo, entre partes de espacios territoriales de varios municipios, departamentos, países, territorios indígenas, etc. La localidad es el espacio geográfico donde acontece la interacción repetitiva de las relaciones sociales determinada por la proximidad entre las personas, es decir, una interacción suficientemente frecuente como para esperar que la misma ocurra más allá de la improbable coincidencia, lo cual genera actitudes proactivas entre las personas para cuidar y/o cultivar las relaciones entre ellas, dada la posibilidad real de intercambiar bienes y servicios complementarios y necesarios para la reproducción sociocultural, estableciéndose de esta manera una situación interdependencia que termina promoviendo un espacio del acontecer solidario. En el contexto de la construcción de la política pública para implementar la pluralidad económica, la comprensión de las relaciones sociales que producen el espacio geográfico se define por la interacción de sujetos sociales, y en el caso específico de la política pública de apoyo a la agricultura familiar comunitaria y asociativa, los sujetos que intervienen en las relaciones sociales están definidos en la disputa colonial proyectada a tiempos contemporáneos, materializados en el sujeto agro empresarial y el sujeto indígena originario campesino. Ambos sujetos están supeditados al territorio del Estado-nación, que es un espacio geográfico construido desde la intencionalidad del sujeto dominante instituido en el proceso formativo colonial del Estado boliviano, donde proyecta e impone su visión de sociedad desde sus intereses de clase dominante, y por tanto es un espacio geográfico en tensión conflictiva con la territorialidad del sujeto dominado o subalterno, constituido en torno a la identidad del indígena colonizado. La división político administrativa es el marco territorial e institucional de implementación de la política pública, cuya funcionalidad responde al proyecto político de la clase dominante que tuvo el poder para definir el territorio en su actual forma. Sin embargo, este territorio no responde necesariamente a la visión del sujeto subalterno, aunque éste ha intentado ajustar su estrategia de expresión espacial adecuándose a la forma del territorio construido por la clase dominante. Sin embargo, el sujeto indígena originario campesino se encuentra en este periodo histórico concreto en un momento de alta capacidad política, y está disputando el sentido de la comprensión del territorio al sujeto dominante tradicional, por lo que el debate sobre la precisión conceptual del territorio, desde la perspectiva de estos 153 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa dos sujetos históricos, es altamente relevante para construir un programa nacional de apoyo a la agricultura desarrollada por el sujeto subalterno. La ley boliviana reconoce en principio una pluralidad de“sujetos de la agricultura familiar”, pero al analizar las características de las organizaciones identificadas en la ley 144 y 338(OECAS, OECOM y familias productoras indígena originario campesinas, afrobolivianas e interculturales), los representantes de las mismas llegan a la conclusión de que en realidad son parte del mismo sujeto. Sin embargo, la tradición organizativa de los productores indígenas, originarios y campesinos, interculturales y afro-bolivianos, efectivamente expresa formas organizativas diferenciadas al interior del sujeto indígena originario campesino, fruto de la historia formativa y de lucha de los sectores sociales subalternos, cuya esencia es la permanencia en la tierra y la posibilidad de ejercer el control sobre la misma. Cada uno de estos sujetos tiene una territorialidad diferenciada, es decir, una lógica de ocupación del espacio que le es característica, que proviene de su peculiar proceso formativo, y que lucha por ser incorporada lo más íntegramente posible a la legitimidad de la política pública. Como la política pública se va a implementar por la vía de la institucionalidad y el territorio del Estado, es decir, en el marco de la división territorial del Estado, es necesario entender cómo se materializa espacialmente el sujeto en relación al marco del territorio del Estado, así como las contradicciones coloniales que esta relación contiene, los objetivos de transformación democrática de la estatalidad que los sujetos sociales están empujando, para construir instrumentos adecuados y pertinentes de aplicación y canalización de la política pública. Esto es oportuno de realizar pues a la hora de representar al sujeto en el territorio, se reproduce el construido ideológico de dominación colonial instaurado en el andamiaje moderno que presupone el Estado-nación, es decir, ocultando la heterogeneidad y diversidad social de la población que establece relaciones de poder en la disputa por el espacio geográfico, determinado por la lógica colonial de desapropiación naturalizada y legitimada en la institucionalidad del Estado, operando una representación espacial de la presencia de los sujetos en términos de igualdad ciudadana con capacidad real de establecerse en todo el espacio de la unidad territorial, pero que en la práctica esto suele ocurrir muy raramente, lo más común es una presencia parcial del sujeto, pues este coexiste conflictivamente con las otras formas organizativas, y con racionalidades de materialización espacial diferenciadas. 154 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Entre las organizaciones que reconoce la ley 338, podemos encontrar precisiones de territorialidad que son notablemente contrastantes, y que se puede empezar a visualizar desde la centralidad, o no, territorial del sujeto, colocando por un lado a las organizaciones que conciben el control sobre el territorio como un factor determinante de su identidad, que es el caso de las OECOM; frente a aquellas que delegan esta centralidad ya sea hacia el Estado, o bien hacia su organización comunitaria desde la cual surgen, como es el caso de las OECAS. Aunque las OECAS no politizan la centralidad del control territorial, porque la delegan a su organización comunitaria de origen o bien a la institucionalidad estatal, esto no quiere decir que no tengan una territorialidad propia, pues esto es parte intrínseca de la naturaleza del sujeto, su espacialidad, es decir, una lógica de materialidad espacial que le es propia y desde donde se constituyen. Las OECAS, en su nivel más básico, se establecen a partir de la articulación de familias productoras indígenas originarias campesinas, que pueden ser de una o varias comunidades indígena originario campesinas, en base a un voluntarismo explicito, que definen articularse en torno a una actividad económica productiva en concreto, y esto lo hacen desde su sistema productivo familiar, vale decir, desde un espacio geográfico definido por la propiedad familiar individualizada, sin el cual no es posible, para empezar, la existencia de la familia productora. Usualmente las familias que constituyen una OECA son solo algunas de una o varias comunidades, raras veces el total de familias de una comunidad se constituye al mismo tiempo en OECA, en una suerte de territorialidad pulverizada. Las familias que se constituyen en OECAs provienen de espacios comunitarios de los cuales forman parte orgánica, y no se desprenden de esa su articulación comunitaria para formar parte de una OECA, sino que siguen formando parte de la misma por la simple razón de que es éste espacio comunitario el que mejor le garantiza el control territorial sobre su propiedad productiva familia, tanto bajo regímenes de propiedad comunitaria y/o privada familiar, incluso más que el propio Estado. De ahí se entiende que la OECA no está centralmente preocupada por la gestión del territorio, pues esto le corresponde a la entidad comunitaria de la cual es parte desde la individualidad de la familia, que sigue cumpliendo sus obligaciones comunitarias para seguir siendo beneficiaria de la protección de esta instancia. 155 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Figura Nº 1. Territorialidad pulverizada de la OECA en el territorio comunitario. COMUNIDAD 2 COMUNIDAD 3 COMUNIDAD 1 COMUNIDAD 5 COMUNIDAD 4 OECA“X” Predio familiar articulado a una OECA Comunidad OECA Sin embargo, aunque las OECAS se constituyen desde las propiedades familiares individuales, cuya integridad es garantizada por la organización comunitaria, su articulación orgánica de niveles superiores se lo realiza en función a la territorialidad del Estado, con la cual se compatibiliza desde el nivel municipal, departamental y nacional. Las razones de esta estrategia de adaptación territorial del sujeto comunitario son mejor discutidas en la caracterización del sujeto, pero no está de más recordar que si bien la organización comunitaria garantiza la integridad territorial del sistema productivo familiar, el Estado por su parte podría o debería garantizar el acceso a la política pública de fomento a la producción y al mercado para la producción de las OECAs. Esto hace que la organización territorial formal de las OECAS se haya consolidado en función a la división político-administrativa del Estado, y probablemente por conveniencia estratégica, no reivindica abiertamente su pertenencia primigenia al mundo comunitario del cual surge, por el enfrentamiento histórico entre el Estado y éste, pero sin el cual, paradójicamente, no podría existir en su naturaleza autónoma, pues sin organización comunitaria que defienda su derecho propietario familiar, el Estado controlado por los sujetos dominantes habría consumado ya hace tiempo el proyecto colonial de despojo territorial y sujeción de su mano de obra desposeída. 156 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Por otro lado, los sujetos cuya territorialidad se basa en la centralidad de la gestión y control territorial son los sujetos comunitarios, denominados como OECOM para fines de la política pública de apoyo a la producción agropecuaria, y se diferencian en su lógica territorial según el proceso formativo del sujeto, según éste sea de formación pre-existente al Estado moderno, como es el caso de los pueblos y naciones indígenas y originarias; o bien si su proceso formativo es contemporáneo a los proceso de formación del Estado moderno, como es el caso de los campesinos en general. Este sentido de ancestralidad o contemporaneidad del territorio del sujeto frente al Estado moderno, es relevante porque esto determina el grado de adecuación a la división político-administrativa del territorio del Estado, y en última instancia, la complejidad relativa para legitimar esta territorialidad como base de aplicación de la política pública, es decir, de la política del Estado, por más que esta sea destinada a fortalecer al sujeto comunitario. Los sujetos comunitarios de formación contemporánea al Estado moderno son los campesinos, que provienen de la descomposición de los pueblos y naciones indígenas y originarias, pero cuya articulación comunitaria se mantuvo en sus niveles de reproducción básica, ya que ésta fue usada por el aparato colonizador para explotar el conocimiento productivo y la mano de obra indígena. En este sentido, el proceso central que define a este sujeto es la constitución del territorio formado contemporáneamente, pero reconstituyendo el tejido social comunitario y la producción comunitaria. De esta manera las estructuras comunitarias se constituyeron en el espacio de resistencia cultural y base de la acción política, lo que finalmente le permitió a este sujeto constituirse como tal frente al Estado, ya que las estructuras comunitarias reproducen tejido societal ancestral y potencian capacidad social de acción política, lo que se constituye en eje ideológico fundamental de reivindicación política frente a las estructuras de dominación colonial del Estado moderno, que es la base con las que logra las conquistas más importantes en su lucha de emancipación social, cultural, política y económica, y que queda claro que sin estas estructuras comunitarias formalizadas en sus organizaciones, no sería posible mantener estas conquistas, razón por la cual adquiere una centralidad absolutamente predominante en su identidad de sujeto. La estructura comunitaria se visualiza a sí misma en su posibilidad de pervivencia en la historia, por tanto se entiende como entidad social dotada de capacidad de funcionamiento societal capaz de permitirle cumplir eficientemente esta tarea, lo cual se logra con el conocimiento colectivo construido en la interacción social de muchas 157 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa generaciones, y con la capacidad de sostener y mantener la base espacial sobre la cual se proyecta la existencia del sujeto. Los sujetos comunitarios de formación contemporánea identificados en la ley 338 son la CSUTCB, la CNMIOC BS, la CSCIB y la CONAFRO, entre los cuales sin embargo es necesario aclarar diferenciaciones en términos de su territorialidad. Aunque todas estas organizaciones se organizan en torno a la defensa de su espacio territorial, la CSUTCB, la CSCIB y la CONAFRO se organizan en torno a la comunidad territorial, con la especificidad de la CONAFRO que además de organiza en torno a la identidad Afroboliviana concebida como pueblo, por lo que su territorialidad se complejiza articulando organizaciones y personas dispersas en el territorio nacional; mientras que la CNMIOC BS se organiza en torno a la reivindicación de la igualdad política de las mujeres campesinas, tanto en su contexto comunitario como en el contexto del Estado. La formación de la CSUTCB está fuertemente ligada a los procesos de lucha por la tierra de los campesinos sometidos a la explotación en el trabajo agrario bajo regímenes institucionales de las haciendas, de donde eran por supuesto excluidos de la propiedad de la tierra. Con la reforma agraria del 53, estos campesinos acceden a la propiedad de la tierra a través de la afectación de las propiedades de las haciendas, que se redistribuyeron a los trabajadores de las mismas. Estas grandes propiedades cubrían grandes extensiones del territorio boliviano, particularmente extendidas en el área andina, pero también en ciertas regiones de las tierras bajas, de manera que importantes extensiones de la zona de los valles y el altiplano, así como ciertas regiones de tierras bajas, fueron transformadas en comunidades campesinas. Este proceso“comunitarisó” el territorio que hasta ese momento estaba configurado territorialmente por la hegemonía de la hacienda, produciendo grandes espacios territoriales cubiertos por una notoria continuidad espacial de comunidades campesinas, ubicados sobre espacios político administrativos locales en una masiva dinámica urbano-rural, produciendo una estructura territorial definida por centros urbanos encerrados en grandes espacios de comunidades campesinas. La comunidad se forma por un conjunto de familias que controlan un territorio comunal, dentro del cual se distribuyen espacios productivos a nivel familiar, de ahí que estas comunidades contemporáneas al Estado-nación tienen una concepción territorial afín a la propiedad agraria comunal, es decir, un territorio claramente delimitado con una población también claramente delimitada, adscrita a la comunidad en forma directa, con muy pocas chances de renunciar a esta condición, y a la que se le 158 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa reconoce el derecho territorial sobre el espacio comunal, cuyos linderos comunales son objeto de constante vigilancia por los titulares del derecho propietario frente al accionar de las propiedades comunales y/o agrarias vecinas. Estas comunidades pueden combinar varios regímenes de propiedad al interior de su territorio comunal, desde la propiedad enteramente comunitaria, hasta la propiedad enteramente privada, pasando por una combinación de propiedad comunitaria y propiedad privada. Una característica de este sujeto es la organización territorial ampliada en base a la articulación de comunidades, para ir conformando espacios territoriales jerárquicamente articulados en niveles espaciales cada vez más amplios, en una correspondencia directa con la división político administrativa del territorio nacional, desde el nivel comunal, al municipal, departamental y nacional. Figura Nº 2. Jerarquía de organización territorial del sujeto comunitario CSUTCB. Área urbana Comunidad Subcentral Central, municipio 159 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa La lógica de ocupación territorial del sujeto comunitario campesino intercultural, CSCIB, se basa en el mismo principio de articulación territorial organizada desde la comunidad campesina, entendida ésta como un espacio geográfico delimitado en términos de propiedad agraria, con una cantidad de familias ubicadas al interior del territorio de la misma, con derechos sobre espacios productivos familiares, organizadas en un sindicato comunal, y que en conjunto que son reconocidas como la comunidad. El régimen de propiedad en estas comunidades puede ser propiedad privada familiar, o bien propiedad comunitaria, debido a su historia formativa, puesto que en los primeros años de la colonización, ya sea planificada o espontanea, la dotación de los terrenos familiares se lo hizo bajo la figura de propiedades individuales, pero a partir de la promulgación de la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, la dotación se la hace exclusivamente en forma de propiedad comunitaria. Este sujeto se constituye en los procesos de expansión demográfica de las comunidades campesinas, principalmente aquellas constituidas en la reforma agraria de la década de los 50, pero este proceso ya se inicia antes de la reforma agraria, cuando la subdivisión de la tierra al interior de las propias comunidades tradicionales alcanzó sus límites de posibilidad de reproducción económica de la familia, obligando a las nuevas generaciones a salir de la comunidad en busca de nuevos espacios para vivir. En la nueva constitución política aprobada el 2009, se denomina a este sujeto como “intercultural”, en referencia al origen diverso de las familias que llegan a constituir las nuevas comunidades. Los destinos de la población migrante apuntaron inicialmente a las zonas de expansión capitalista del agro para emplear su mano de obra, o bien hacia los centros urbanos, donde difícilmente se podía acceder a la propiedad de medios de vida y de producción, lo cual hizo que esa población que sale de la comunidad busque cada vez más establecerse en áreas de colonización agraria donde había disponibilidad de tierra fiscal para ser dotada en propiedad a la familia colonizadora para establecer nuevas comunidades. 160 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Figura Nº 3. Lógica de dispersión espacial de las comunidades interculturales, articuladas orgánicamente. Comunidad intercultural Municipio Departamento Fuente: elaboración propia en base a información de dirigentes de CSCIB, 2013-2014. Esta situación hizo que el establecimiento de las nuevas comunidades campesinas de colonizadores se establecieran allá donde había disponibilidad de tierras, es decir, en las áreas que se incorporaban a la expansión de la frontera agraria, o bien en áreas donde los procesos de regularización de la propiedad agraria identificaban ausencia de derecho propietario legalizado, disponibilizando esta tierra para dotación a familias y/o comunidades de campesinos que requieren tierra. La lógica de establecimiento territorial de estas comunidades interculturales sigue entonces una lógica de ocupación territorial según la disponibilidad de condiciones jurídicas de tenencia, complementado con la relativa conectividad del espacio con el mercado, y la existencia de apoyo técnico y financiero disponibles para establecer sistemas productivos en nuevos contextos agroambientales, usualmente desconocidos para los productores que se asientan.Todas estas situaciones inciden para determinar una ocupación del espacio en forma relativamente dispersa por parte de estas comunidades, a diferencia de las comunidades constituidas en los procesos de reforma agraria del 53. 161 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Finalmente, tenemos el caso del sujeto comunitario ancestral, representado por los pueblos originarios de tierras altas, articulados orgánicamente en torno a la CONAMAQ; y por los pueblos indígenas de tierras bajas, aglutinados orgánicamente en torno a la CIDOB. Ambas organizaciones aglutinan orgánicamente a los pueblos y naciones indígenas y originarias, que junto con los campesinos, conforman el sujeto constituyente indígena originario campesino, reconocido en el artículo 2 de la CPE. Figura Nº 4. Territorialidad estatal y territorialidad ancestral en tierras altas: relativa coincidencia territorial tensionada. División político administrativa del territorio estatal Territorio ancestral Fuente: elaboración propia en base a entrevistas. Estas dos organizaciones comparten la característica de referencia territorial ancestral, pero considerando la lógica de interacción con su medio biofísico, con los otros sujetos y con el Estado. En tierras altas, donde se ubica el CONAMAQ, es determinante el medio montañoso, cuya característica de alta variabilidad espacio-temporal incide en la lógica territorial que adopta el sujeto para instalarse en el espacio, donde es crucial articular espacialmente diversas zonas productivas complementarias entre sí, con una institucionalidad clara para garantizar el acceso a los recursos productivos, de manera que se constituyen amplios espacios territoriales claramente delimitados y articulados por las estructuras sociales comunitarias. 162 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa El proceso formativo de este sujeto, que por diversas circunstancias se mantiene finalmente como pueblo o nación, está fuertemente influido por la presión colonial de despojo del territorio, que ejerce presión sobre el pueblo y lo desplaza hacia zonas marginales, o bien reduce su control territorial a espacios más pequeños que los ancestralmente controlados, o bien los desplaza hacia otros lugares.Toda esta política de control poblacional termina definiendo una lógica territorial del sujeto que esta tensionada entre la visión de reconstitución/restitución territorial, con la necesidad estatal de contener y circunscribir al sujeto en la división político administrativa del territorio del Estado, lo cual ha llevado a desarrollar una relativa coincidencia con la territorialidad del Estado, que está siempre en tensión porque es fruto de una acción forzada cuya legitimidad histórica es desconocida por el sujeto originario, ya que el Estado intenta sustituir la institucionalidad ancestral por la institucionalidad estatal. En tierras bajas la situación es más compleja, ya que la coincidencia entre la territorialidad del Estado y la territorialidad del sujeto comunitario ancestral, la CIDOB, es prácticamente incompatible, fruto tanto de la lógica espacial adaptada al medio biofísico de tierras bajas, como de la historia de ocupación colonial de la tierra por parte del Estado. Figura Nº 5. Territorialidad estatal y territorialidad ancestral en tierras bajas: alta incompatibilidad e improbable coincidencia. Fuente: elaboración propia en base a entrevistas. 163 División político administrativa del territorio estatal Territorio ancestral El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa La concepción de apropiación del espacio en los pueblos de tierras bajas sigue otro tipo de consideraciones que aquellos de tierras altas, influida por la naturaleza de la disposición de recursos naturales en el espacio geográfico, que exigen estrategias de movilidad recurrentes y constantes, culturalmente arraigados en la tradición de estos pueblos y expresados en cosmovisiones como la loma santa o la tierra sin mal. Al igual que en tierras altas, la institucionalidad ancestral esta tensionada con la institucionalidad estatal. Además, las fronteras entre los espacios territoriales de los pueblos de tierras bajas no revisten el sentido de nitidez que adquieren en tierras altas, más bien funcionan como limites interpenetrados y más bien difusos, y en última instancia, prácticamente inexistentes, ubicados simbólicamente hasta donde se podría llegar dada la naturaleza de alta movilidad de estos pueblos. En este sentido, las nociones de propiedad de la tierra son también diferentes que en tierras altas, la simple pertenencia al pueblo otorga derecho de asentarse y usar casi cualquier lugar del territorio, mientras no se sobreponga al espacio vital de otra familia. Sin embargo, estos territorios concebidos ancestralmente desde la posibilidad de la movilidad en el espacio más amplio, son forzados a sujetarse a los criterios de propiedad agraria en los marcos de la división político-administrativa del territorio del Estado, generando un proceso territorial notoriamente contradictorio. REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DEL SUJETO La expresión espacial de la producción agropecuaria en el territorio nacional sigue dos patrones fundamentales, en directa correlación con la ocupación espacial del sujeto agro-empresarial y el sujeto comunitario, que la nueva CPE correlaciona con la pluralidad socio-económica constitutiva del pueblo boliviano, que desarrollan diferentes estrategias productivas y de ocupación del espacio.Así, podemos verificar en primera instancia que el territorio productivo nacional se diferencia por la estructuración de áreas de producción agropecuaria capitalista y áreas de producción no-capitalista o comunitaria, claramente diferenciadas entre sí no solo por el régimen y tamaño de la propiedad individual, sino por el paisaje cultural que se genera fruto de las relaciones sociales y económicas imperantes en cada uno de estos espacios. Para empezar, la distribución geográfica de los sujetos productivos agropecuarios permite apreciar la presencia de la agricultura familiar y no familiar en una aproximación construida en base al tamaño y tipo de propiedad agraria(Mapa Nº 1). Si bien el espacio construido por los sujetos agrarios capitalista y comunitario es diferenciado, al interior de estos sujetos existe también una diversidad y complejidad 164 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa propias del sujeto, y no es posible visualizarlos como entidades homogéneas que se expresan de la misma manera a lo largo y ancho del espacio nacional, sino que cada región y lugar tiene sus peculiares procesos formativos que le confieren características propias al sujeto y al territorio, que son importantes de considerar para aplicar la política pública de apoyo al sujeto. El sujeto comunitario identificado en la ley 338, para empezar, contiene al sujeto asociativo identificado en la misma ley, y ambos están conformados por la organización familiar de las unidades productivas básicas, también identificadas como sujeto de la producción familiar en la mencionada ley. Estas tres grandes posibilidades de configuración del sujeto económico productivo agropecuario indígena originario campesino, identificadas como tales en la ley 338, se diversifican al analizar su comportamiento interno, tanto en términos de estrategias económico-productivas como en estrategias organizativas, fruto de las luchas y procesos formativos del sujeto a lo largo de la historia boliviana. 165 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Mapa Nº 1. Distribución de la agricultura familiar y no familiar en el territorio nacional, en base a los predios saneados. Fuente: JAINA, en base a datos del INE, actualizados al 2013. El sujeto, en esta su diversidad interna, se ubica en el espacio geográfico construido sobre la disputa por su apropiación y ocupación, y determinado por la diversidad de condiciones agroambientales y fisiográficas, de manera que su distribución en el espacio no sigue patrones homogéneos de ocupación, sino que los procesos geográficos relacionados al sujeto son múltiples, diversos, heterogéneos, a veces complementarios y solidarios entre sí, y otras veces contradictorios y enfrentados entre sí. 166 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Las consecuencias de estas dinámicas es que la espacialidad del sujeto establece una relación altamente tensionada con la territorialidad del Estado, pero que para aplicar la política pública es necesario comprender y su representación cartográfica se torna un instrumento fundamental para entender sus tendencias espaciales y territoriales, es decir, saber cuántos son y donde están, de manera que se pueda articular la aplicación de la política pública. En esta tarea, lo primero que podemos observar en la ubicación espacial del sujeto comunitario es que éste tiende a estructurar y articular el territorio en función a sus propias estrategias de ocupación del espacio, buscando conformar espacios territoriales bajo su control lo más amplios posibles, en una clara querella por el control territorial con los otros sujetos económico-productivos y con el propio Estado. Esta ocupación espacial tiene diversos grados de coherencia con la división político administrativa del territorio del Estado, que es la referencia central para la aplicación de la política pública, pero que la recurrente rearticulación política de los sujetos subalternos desde su condición comunitaria, le disputa su legitimidad y pertinencia, de manera que la territorialidad del sujeto comunitario pugna por constituirse en referente de la espacialización y/o territorializacion de la política pública. La representación cartográfica del sujeto de la agricultura familiar reviste así una complejidad intrínseca que proviene tanto de la sobre posición de territorialidades con el territorio del Estado, de la diversidad de territorialidades del propio sujeto, así como de la información incompleta sobre la realidad del sujeto. Si empezamos con el sujeto económico asociativo, las denominadas OECAs, encontramos una situación particular en su representación cartográfica, ejemplificada en el mapa Nº 2, que utiliza el criterio de presencia de OECAs en el territorio del Estado, en este caso municipios, y lo proyecta como una realidad totalizante del territorio, es decir, como si el sujeto ocupara el territorio en su totalidad, cuando en realidad su territorialidad se basa en la articulación de espacios productivos familiares dispersos en el territorio, pero que a su vez son parte de los territorios de sujetos comunitarios, por lo que este sujeto asociativo se lo puede considerar contenido dentro del sujeto comunitario. Sin embargo, este sujeto requiere ser representado en el espacio con su dimensión territorial propia para vincularlo a la política pública, pues es parte del espectro socio-institucional objeto del apoyo de la política pública, y esto requiere de una conceptualización aclaradora de la relación espacial entre su naturaleza asociativa y la territorialidad comunitaria de la cual es parte original. 167 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Mapa Nº 2. Representación cartográfica de OECAS con perspectiva de totalidad. Fuente: en base al censo de OECAS 2008. En este sentido, la base de representación cartográfica del sujeto asociativo efectivamente es la representación cartográfica del sujeto comunitario y/o del Estado, pero relativizada en términos del grado de su ocurrencia en el territorio, en relación a su no-ocurrencia, dado que su constitución se verifica a partir de la asociación voluntaria de productores individuales/familiares. Esto implica o bien precisar la confinación real en términos espaciales de las familias miembros de las OECAs, para dimensionar adecuadamente la espacialidad real del sujeto; o bien representar el grado de ocurrencia en el territorio en relación a su no-ocurrencia, es decir, cuanta población está asociada en relación a la que no está asociada, lo que provee información cartográfica más acertada que el mapa de municipios con perspectiva de totalidad. 168 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa La representación cartográfica del sujeto comunitario, a diferencia del sujeto asociativo, se ajusta a una concepción territorial construida desde la articulación territorial de la comunidad y su relación al territorio del Estado, para el caso del sujeto comunitario contemporáneo; y para el caso del sujeto comunitario ancestral, la base es el territorio ancestral y su lucha por ser reconocida legítimamente por el Estado. Mapa Nº 3. Propiedades de la agricultura familiar relacionadas a los interculturales Fuente: elaboración propia en base a datos del INRA. El sujeto comunitario campesino articulado en torno a la CSUTCB se conforma en torno a los sindicatos comunales de formación republicana, y que se consolidan territorialmente con la reforma agraria de 1953, de manera que la representación cartográfica de este sujeto debe hacerse en base a los territorios comunales afiliados a la CSUTCB, pero como los mismos están bajo diferentes regímenes de propiedad, 169 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa no necesariamente comunitaria, sino que en algunas zonas se constituyen a partir de las propiedades individuales. Para representar cartográficamente al sujeto comunitario campesino de la CSUTCB es necesario tener un levantamiento de comunidades, no solo de propiedades agrarias, pues este sujeto se fundamenta en la organización comunal con base territorial, pero actualmente se tiene la restricción de que esta base de datos no existe como tal, y es difícil hacer una representación cartográfica del sujeto solo en base a las propiedades agrarias, ya que estas no discriminan necesariamente la vinculación comunal de la propiedad, sino el tipo de derecho sobre el predio. La propia CSUTCB no cuenta con un censo de afiliados, ni un relevamiento espacial de su presencia territorial, sino que se basa en la analogía territorial del Estado como referente organizacional, de manera que su auto percepción como sujeto refleja una concepción territorial ajustada a la división político-administrativa del territorio del Estado, construida desde el proyecto político de emancipación campesina del periodo de la lucha contra las haciendas, que culminan con la abolición de las mismas y la redistribución de la tierra entre los trabajadores campesinos, que por su condición de desarraigo anterior, no plantearon restitución de territorios indígenas, sino que se ajustaron a la territorialidad del Estado, efectuando así el proyecto político de ciudadanización del indígena. Para entonces, estos procesos se visualizaban como procesos territoriales de ocupación total del espacio rural, de manera que la representación de la organización campesina se visualiza como la totalidad del espacio agrario, solo excluyendo lo urbano. El desarrollo de los acontecimientos posteriores a la reforma agraria dieron lugar al aparecimiento de una forma aún más contemporánea del sujeto campesino, caracterizado por la expansión territorial de las nuevas generaciones de los campesinos dotados por la reforma agraria, que avanzaron a ocupar aéreas de expansión de la frontera agropecuaria, por lo que fue denominado en esas épocas como colonizador, y en el proceso constituyente reciente se lo define como“intercultural”. En el caso del sujeto comunitario campesino intercultural, aglutinado en torno a la CSCIB, la representación cartográfica puede hacerse en base a tipología de propiedades agrarias en las zonas de colonización del país, puesto que la dotación de tierras se hizo bajo la modalidad de propiedad privada de pequeña extensión, y desde la aprobación de la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, la dotación se hizo en forma de propiedad comunal. 170 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Usando la base de datos del INRA sobre propiedades agrarias saneadas, actualizada a febrero del 2013, y cruzando con los estudios internos de la CSCIB, que identifica municipios donde tienen presencia áreas de colonización, se puede inferir una ubicación espacial aproximada del sujeto campesino intercultural(Mapa Nº 3). Mapa Nº 4. Predios de la agricultura familiar ancestral en tierras altas: TIOCs y TCOs. Fuente: elaboración propia en base a datos del INRA. El sujeto comunitario ancestral tiene una peculiaridad para su representación cartográfica, cuál es su concepción de restitución territorial, de manera que si bien es cierto que las TIOC y TCO son un referente territorial para su ubicación espacial, estos suelen estar desfasados de la demanda territorial del pueblo o nación indígena originaria, de manera que los límites de las TIOC y TCO no contienen toda la realidad indígena u originaria, la cual se desarrolla más allá de estos límites. 171 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa En el caso del sujeto comunitario originario de tierras altas, visualizado por la ley 338 en el CONAMAQ, su representación cartográfica puede ser hecha en base a una representación de TIOC y TCO en los Andes, como se muestra en el Mapa Nº 4. Este mapa muestra una clara concentración de TIOC y TCO en la zona del altiplano, que no es total sin embargo, con lo cual se puede inferir que el resto del territorio está articulado orgánicamente a la CSUTCB, particularmente notable es la zona de los valles, donde pareciera que hay una notable consolidación territorial de la CSUTCB. Mapa Nº 5. Predios de agricultura familiar en tierras bajas: TIOC, TCO y Propiedad Comunaria. Fuente: elaboración propia en base a datos INRA. 172 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa El sujeto comunitario ancestral de tierras bajas puede representarse cartográficamente de forma aproximada siguiendo el mismo criterio deTIOC,TCO y Propiedad Comunaria. CONCLUSIONES El sujeto de la economía comunitaria y asociativa puede ser entendido a partir de la estrategia económica dominante de estas estructuras sociales, a saber, cuyo origen es una sociabilidad natural, espontánea y multidimensional: el comunitarismo; y una sociabilidad voluntarista enfocada en unos pocos aspectos de la economía: el asociativismo. Estos dos sujetos económicos son los sujetos emergentes de este periodo constituyente en que se construye la noción del pluralismo económico del nuevo texto constitucional, y que le disputan la legitimidad de su articulación con identidad propia a las formas económicas dominantes, privado-capitalistas y estatales, en el espectro de acción de la política pública en relación al campo económico. Tanto el sujeto económico comunitario como el asociativo boliviano tienen una alta correlación con un origen ancestral indígena-originario, incluso el sujeto comunitario campesino, lo que le confiere una subjetividad específica de sentido de pertenencia al territorio, así como una vocación de restitución y reconstitución espacial, cultural y organizativa, de ahí que son sujetos económicos, sí, pero con gran capacidad de politización precisamente por su sentido de disputa del territorio a los sujetos dominantes de origen colonial. Esto hace que estos sujetos tengan una innegable condición de espacialidad que les permite ser ubicados en el espacio geográfico de manera clara, simplemente a partir de un relevamiento de variables e indicadores adecuados que permitirían construir esa información, como puede ser la propiedad agraria y su tipología, o bien la adscripción orgánica de las estructuras socio-espaciales comunitarias. Sin embargo, el sujeto económico comunitario y/o asociativo no es un sujeto circunscrito exclusivamente a una forma de organización o racionalidad económica, por el contrario, si bien es correcto definirlo desde una perspectiva de diversidad económica en concreto, lo cierto es que su práctica económica cruza la diversidad de formas y racionalidades económicas, por lo que la concepción de economía plural se constituye en un instrumento de política pública con mucho potencial para su fortalecimiento. 173 El sujeto como categoría espacial de la economía comunitaria y asociativa Lo que sí es evidente es que las formas de articulación de la espacialidad de estos sujetos es diferente en cuanto al sentido de construcción del territorio, ya que este puede tener un sentido de totalidad territorial, o bien de fragmentación espacial, y eso le confiere una racionalidad espacial que se expresa de forma diferenciada en la agregación de datos que serán finalmente utilizados en la generación y aplicación de la política pública. 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México: UNAM. 175 DISPUTAS EN LA RETÓRICA CARTOGRÁFICA Y CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA Carlos Vacaflores LAS TRANSFORMACIONES EN UNA ESQUINA DE AMÉRICA LATINA Bolivia es un espacio peculiar de las transformaciones políticas recientes en América Latina, pues es un país donde la lucha social ha dado lugar no solo a un cambio en la correlación de fuerzas al interior del Estado, sino que este cambio a afectado el campo de correlación más allá de las fuerzas constituidas dentro de las concepciones modernas de articulación social, política y económica. La lucha social boliviana tiene la impronta permanente de su proceso formativo colonial, que confronta al sujeto colonizado con el sujeto colonizador. La correlación de fuerzas al interior del Estado y la sociedad bolivianos no puede ser comprendida en términos de confrontación de clases sociales o de agrupaciones políticas constituidas solo sobre los preceptos de la modernidad liberal, sino que deben ser leídas además, y sobre todo, desde la condición colonial de las relaciones sociales, políticas y económicas que constituyen la corporeidad del Estado y la sociedad bolivianos. ¿Cómo se puede explicar que las clases dominantes del país estén altamente circunscritas al ámbito del estamento poblacional blancoide del país?, y de forma análoga, ¿cómo podríamos explicar que la población empobrecida y marginada del Estado boliviano se corresponda en una alta coincidencia con la población indígena? Según los postulados generalmente aceptados de la modernidad liberal, las clases sociales, políticas y económicas se formarían por dinámicas de la libre elección entre sujetos libres, en condiciones de equidad en el acceso a los medios económicos, culturales e institucionales para la construcción de la riqueza y bienestar personal, y en base a estos supuestos se ha construido un discurso y una narrativa que explican nuestra realidad social, política y económica. La democracia, el libre mercado, el Estado-nación, el progreso, el desarrollo, son algunas de las principales construcciones discursivas que se sustentan en esos supuestos 176 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria de la modernidad hegemónica, y cuyo efecto es poderoso para moldear el sentido común que hace funcionar a la sociedad en los términos imaginados e impuestos por el pensamiento moderno dominante, cuyos principales rasgos son la separación entre la sociedad y la naturaleza, una concepción lineal y progresiva de la historia, una fe ciega en la razón humana traducida en ciencia, y la imaginación de la articulación política de la sociedad en base a una libre elección de sujetos libres para constituir comunidades políticas auto determinadas. Esta narrativa de la modernidad occidental describe al mundo de una forma, pero oculta las otras formas posibles en que existe el mundo y sus habitantes, puesto que se impone una versión orientada a la dominación colonial que se expande hasta los tiempos contemporáneos como una lógica dominante de concebir la realidad, y que sirve a los fines de la dominación global. Sin embargo, la lucha social boliviana cuestiona reiteradamente estos supuestos de la modernidad, y establece rupturas que resquebrajan esta imaginación societal, provocando la emergencia cíclica de formas alternativas de experimentar la modernidad, desafiando los supuestos aparentemente consolidados y sedimentados de un orden de la realidad social, espacial y temporal concebidos según una concepción eurocéntrica. Y esto es posible porque la lucha se gesta y se despliega desde el sujeto social subalterno que resiste y lucha contra el orden dominante impuesto por la historia de formación colonial de la sociedad y el Estado-nación modernos, es el sujeto social invisibilizado y negado por el orden colonial moderno, pero, el hecho que estos sujetos sean negados e invisibilizados, no significa que no existan como tales. La imaginación moderna impuesta por el orden colonial europeo describe un mundo constituido sobre la disolución de la diversidad societal pre-existente, y su recomposición en un orden socio-político-cultural-espacial-temporal homogenizado, cuya nueva diversidad se refiere a variaciones de un mismo orden, un orden controlado por un ente dominante ubicado en la identidad europea, y la diversidad realmente existente es proscrita como una anomalía del pasado, cuya existencia está condicionada a la fatalidad de su desaparición por la vía de la transformación hacia la forma moderna imaginada por el occidente europeo. Esta forma de concebir la consolidación de la historia humana ha sido desafiada, en Bolivia, por la insurrección del sujeto social articulado en torno a las identidades indígenas de pueblos y naciones pre-existentes a la colonización europea del continente, es decir, en torno a las identidades que la modernidad occidental colonizadora niega e invisibiliza. 177 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria La insurrección social boliviana de principios del siglo XXI confronta políticamente estas dos visiones originadas en el proceso formativo colonial del Estado y la sociedad, y se produce un momento constitutivo de clarificación conceptual momentánea de la naturaleza de la confrontación político-social, así como un espacio de disponibilidad social altamente generalizada para llevar adelante el proyecto político de transformación del Estado impulsado por el sujeto indígena originario campesino, concebido en términos de Estado plurinacional comunitario. La nueva constitución política del Estado boliviano define así, en su primer artículo, que Bolivia es un Estado que se funda en la pluralidad y el pluralismo, es decir, en el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad constitutivas de la sociedad, que es el fundamento de la pluralidad; y en la subsecuente obligación del Estado de adecuar su estructura político-institucional para la expresión plena de esta diversidad, que es el fundamento del pluralismo. Art. 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. La lucha social boliviana produce así nuevamente una reactualización del imaginario pluralista ancestral de la forma estatal, concretizado en la forma estatal plurinacional y comunitaria, cuyo sujeto histórico que lo impulsa es el sujeto indígena originario campesino(art. 2 CPE), un movimiento del proceso formativo en su devenir histórico como formación socio-espacial que permite visibilizar y articular a la estatalidad a los sujetos comunitarios subalternos en sus formas políticas, históricas, sociológicas, espaciales, económicas, culturales y jurídicas. Art. 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, y a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. 178 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Esta propuesta no es absolutamente novedosa, pues se basa en una concepción política de reconocimiento de la diversidad societal como base de articulación a la estatalidad que los contiene, lo cual ya fue un principio de organización estatal en los Andes antes de la llegada de los europeos, y fue un referente de organización política colonial proyectada tanto por los reclamos de los pueblos y naciones indígenas hacia la corona española, como desde las lógicas de segregación colonial para la dominación de la población indígena, en la figura de la República de indios y la República de españoles(Levaggi, 2001).Aún en tiempos contemporáneos, la segregación racial para la dominación sigue funcionando. Esta concepción es retomada por la población sublevada, constituida en sujeto histórico en tanto pueblo y nación indígena originario campesino, que lo impulsa como proyecto político de construcción de Estado y sociedad nacional, en una perspectiva de construcción de sociabilidad y estatalidad emancipadoras, cuestionadora de la lógica de la modernidad colonial del Estado-nación que busca ocultar la diversidad con fines de dominación, de manera que la visibilización de la diversidad societal es un proyecto político libertario. De ahí que la expresión de la diversidad societal requiere primero una visualización de los sujetos sociales, y para ser un proyecto libertario, esta visualización de la diversidad requiere ser en términos de valoración positiva entre sujetos sociales e históricos, una reivindicación del valor intrínseco de la diversidad social como fundamento de la re-articulación del cuerpo social y político para construir un verdadero pacto social que proyecte un Estado inclusivo y diverso. La Constitución política del Estado plurinacional comunitario establece, en su artículo 307, que la“organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y luego, en las leyes 144 de la revolución productiva comunitaria y 338 de organizaciones económicas en el ámbito de la agricultura familiar, definen al sujeto de la economía comunitaria como la organización económica comunitaria, OECOM, en la que se incluye a las organizaciones matrices comunitarias indígenas, originarias y campesinas a nivel nacional: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia(CIDOB), el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu(CONAMAQ), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia“Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), y el Consejo Nacional Afroboliviano(CONAFRO). 179 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Esta definición de sujeto de la economía comunitaria, desde la producción comunitaria, amplía el horizonte comunitario del Estado plurinacional, cuya perspectiva inicial de autonomía territorial indígena originario campesina cómo ámbito de ejercicio de la racionalidad comunitaria en sus múltiples dimensiones, se complementa con la territorialidad del sujeto comunitario, es decir, la condición del sujeto comunitario no está sujeta a una jurisdicción territorial formal donde se ejerce la autonomía, sino que su existencia factual ya genera una forma de ubicación en el espacio, que no siempre se adecúa a un territorio formalmente reconocido, más bien se sobrepone a la división político administrativa o la estructura de propiedad agraria, pero es una territorialidad del sujeto donde se ejerce efectivamente la racionalidad comunitaria, y es esa racionalidad comunitaria la que se busca fortalecer. Evidentemente, la economía comunitaria en la propuesta boliviana de economía plural, tiene una conexión directa con la crítica epistemológica al Estado-nación moderno, puesto que explícitamente se sitúa en el ámbito de la sociabilidad natural, tanto ancestral como contemporánea, de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, en el rol de la producción y reproducción de la vida social de estos sujetos. Esto implica una condición de control por parte del sujeto social sobre las dinámicas económicas que afectan al espacio vital del sujeto, pero, y este es el detalle fundamental a mi entender, desde su condición natural y orgánica, intrínseca, propia de articulación social, desde una condición general de sociabilidad autónoma, comunitaria, de manera que se ubica por fuera de los márgenes de la forma económica que es controlada por los agentes externos a la comunidad, como pueden ser el Estado o las empresas capitalistas. En esto radica la relevancia de lo político como constitutivo de la racionalidad económica comunitaria, ya que ésta hace referencia al sujeto social constituido desde sus propias dinámicas naturales de sociabilidad, por tanto desde sus propias capacidades de accionar como unidad social, y en control de los procesos de producción y reproducción de su vida social. La economía comunitaria se refiere entonces, en la propuesta boliviana, a la capacidad objetiva del sujeto social para controlar los procesos económicos sobre la realidad que le afecta directamente, sobre su territorio, para definir la acción económica en función a sus intereses como sujeto social. De ahí que la economía comunitaria es un complemento estratégico central de la condición plurinacional del Estado, pues alude a la capacidad de control sobre las decisiones políticas en el ámbito de la economía por parte del sujeto social constituido comunitariamente, es decir, los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas. 180 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria En ese sentido, el dirigente campesino tarijeño Elvio Díaz, plantea que“vivir bien es poder gobernarnos nosotros mismos”, aludiendo a la condición de la autonomía indígena originaria campesina prevista en el nuevo Estado plurinacional comunitario, y ésta precisión permite percibir la vinculación territorial de la economía comunitaria, entendida no solo como delimitación geográfica de un espacio cualquiera, sino de un espacio delimitado a partir de la apropiación del espacio por una relación social de constitución comunitaria, que se lo apropia en su ser y en su proyección de futuro(Lizárraga et al, 2013). En la ley 144 de revolución productiva, se establece explícitamente que la producción comunitaria, en tanto dimensión de la economía comunitaria, implica el control territorial por parte de la entidad comunitaria del ámbito donde se desarrolla la producción, participando de los concejos territoriales productivos(art. 37), mediante sus organizaciones representativas pertinentes que se regirán por sus usos y costumbres(art. 36). También, es posible entrever que el gobernarnos nosotros mismo implica una dimensión de discusión ética en el seno del propio sujeto sobre cómo, donde, cuando, para qué, etc. de la práctica económica, lo que permite tomar decisiones más allá del simple cálculo del costo-beneficio que caracteriza a la racionalidad capitalista, sino asumir una redistribución de los costos y los beneficios según lo que el sujeto social considere que es mejor para sus intereses comunitarios.Así, si una comunidad urbana define promover un sistema de abastecimiento de alimentos en base a los agricultores campesinos de su municipio, porque esto tiene un impacto positivo en la construcción de lazos sociales, culturales y económicos en el medio local, aunque eso implique desechar otras opciones que podrían ser más baratas, está practicando economía comunitaria al tomar decisiones económicas en base a discusiones éticas importantes para los miembros de la comunidad. Cuando éste tipo de prácticas económicas ocurren, que no es poco frecuente,“ésta ocurriendo alguna forma de reconocimiento activo de la co-implicancia económica, interdependencia y la conexión social. Estas prácticas involucran consideraciones éticas y decisiones políticas que constituyen al ser social y económico”(Gibson-Graham, 2006:83). Por el contrario, el capitalismo ha sido visto como una forma económica superior debido precisamente a la capacidad de haber eliminado la intermediación de este tipo de consideraciones éticas en las relaciones económicas, siendo un símbolo de su modernidad el haber impuesto la intermediación de un mercado estructurado sobre el cálculo de la eficiencia esencializada. 181 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria De esto podríamos también percibir que la economía comunitaria requiere también niveles de organización del sujeto comunitario, ya que la capacidad de tomar decisiones en base a los intereses del sujeto comunitario no es una condición automáticamente dada desde que exista el sujeto comunitario, y esto es mucho más relevante considerando la historia de constante asedio y desestructuración del Estado y del mercado sobre los sujetos comunitarios en el Estado-nación moderno. En este sentido, la practica sindical de las comunidades campesinas de nuestro país, por ejemplo, demuestran lo complicado y laborioso que resulta el construir y mantener una organización que sea capaz de canalizar la expresión comunitaria. A la luz de la capacidad, o incapacidad, de incidencia sobre la realidad que han logrado tener los sujetos comunitarios, también podemos ver que lo comunitario no necesariamente se circunscribe a lo“local”, sino que implica su capacidad o posibilidad de articulación ampliada, de manera que lo comunitario puede ser regional, nacional o hasta global. La posibilidad de tener control sobre la propia realidad implica capacidad de controlar el poder, y en el contexto de las políticas públicas, por ejemplo, difícilmente una comunidad podrá definir cómo usar los recursos de inversión pública si el ambiente político, institucional y jurídico es adverso. Para poder aprobar una constitución que refleje una concepción económica no capitalista, por ejemplo, fue necesario articular sujetos sociales no solo con capacidad de articulación a escala nacional, sino con capacidad de movilización, con capacidad de producir propuesta política y teórica. La economía comunitaria difícilmente es posible fuera del Estado plurinacional comunitario, ya que ésta forma estatal presupone la reconstitución del sujeto social desde sus principios de sociabilidad natural, con reconocimiento del espacio geográfico sobre el que se ha establecido, desarrolla y proyecta su vida como entidad societaria articulada en torno a los principios comunitarios, y sobre el que proyecta autodeterminación, es decir, toma de decisiones desde su condición comunitaria, que es la autonomía indígena originaria campesina. No es lo mismo que la propuesta de autonomía departamental y municipal, ya que estas entidades territoriales se constituyen desde la concepción moderna de comunidad política, que en el caso del Estado moderno de origen colonial es más cercana a la sociabilidad artificial impuesta por la clase dominante. Estos son algunos elementos cruciales para entender la especificidad de la economía comunitaria, pues se podría estar confundiendo la misma con una situación de práctica de economía capitalista controlada por agentes externos, pero en el contexto 182 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria territorial de la comunidad natural, que es algo muy diferente a la práctica económica controlada por el sujeto social en su entorno territorial comunitario. De hecho, a nombre de economía comunitaria, muchas intervenciones de la política pública siguen promoviendo la racionalidad capitalista en las comunidades campesinas e indígenas, no que éstas sean anticapitalistas ni nada por el estilo, sino que sigue siendo una lógica de accionar económico sobre el cual la comunidad, como entidad social, no tiene mayor control, y son los agentes externos los que siguen definiendo las acciones económicas del territorio comunal. PLURALIDAD Y PLURALISMO ECONÓMICO: DESCONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN COLONIAL DEL SUJETO COLONIZADO El proceso formativo de origen colonial del Estado y la sociedad bolivianas, al igual que toda la América Latina, produce una estructura social, política, económica y cultural altamente correlacionada a dicotomía básica entre el colonizado y el colonizador(Rivera, 1986), aunque negada desde una narrativa de la modernidad estatal controlada por los estamentos sociales dominantes, que describen discursivamente una sociedad y una estatalidad construidas en los términos del pacto social fundamental que genera una sociedad igualitaria en términos generales, ocultando las relaciones de dominación colonial realmente establecidas al interior de la estructura social y estatal. Las relaciones coloniales de dominación se expresan en cada ámbito de la experiencia cotidiana de los sujetos, y todas estructuradas en torno a la relación básica entre colonizador y colonizado, es decir, entre descendientes europeos y poblaciones indígenas, y en los casos de países donde la población descendiente de los esclavos africanos, con éstos. Los contingentes poblacionales que arriban al continente en forma posterior al establecimiento de estas estructuras coloniales del poder, se adscriben más o menos en los términos de esta estructura básica. Una característica central de esta estructura es la espacialidad colonial que se establece en la organización espacial de los Estados, estableciendo una dicotomía básica entre el campo y la ciudad como espacios simbólicamente distanciados por una jerarquía, asociados a la residencia de los sujetos coloniales: en el campo los campesinos e indígenas, y en las ciudades los no-indígenas. Esta división proviene de la lógica colonial de conquista y apropiación colonial del espacio, en base a la constitución de centros urbanos de concentración del poder colonial, por razones principalmente de estrategia militar para la defensa de la“agresión de los salvajes” que defendían su territorio. 183 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Así, campo es una noción asociada a lo intrínsecamente inferior por ser espacio de residencia del sujeto colonizado. La población indígena conquistada y sometida colonialmente al nuevo orden de poder, cuando no fue directamente exterminada para“limpiar el territorio”, es mantenida en estructuras de explotación agraria, minera y de obrajes, para lo cual se aprovecharon las estructuras comunitarias de organización social y territorial, pero despojadas de su autodeterminación política y estatal, de ahí que la población indígena tiende a encontrarse en el campo, allí donde se mantuvieron las comunidades indígenas que eran explotadas como fuerza laboral servidumbral. La explotación colonial produce procesos violentos de desestructuración de las entidades étnicas y comunitarias, como el mestizaje involuntario y voluntario como una masiva estrategia de desprendimiento identitario de los indígenas a fin de escapar de las pesadas cargas impuestas por el régimen colonial, y así surgen los individuos auto-despojados de sus vínculos étnicos y territoriales que se ubican en centros urbanos, agrarios y mineros de manera subalterna, y así el campo y los barrios periféricos de las ciudades se convierten en sinónimo de espacios indios. Se estructura así una retórica cartográfica colonial para justificar la conquista del continente, bajo la figura del desierto y la frontera, cada uno de los cuales se corresponde con un extremo de la diferencia colonial, el colonizador y el colonizado(Aguer, 2014). El espacio donde vivían los indios era entendido, desde la perspectiva del colonizador, como un desierto, como un espacio vacío desprovisto de sujetos y marcas territoriales preexistentes, que sólo empieza a cobrar sentido territorial cuando el colonizador lo empieza a nombrar y establecer las marcas territoriales.“La retórica cartográfica ordenada de acuerdo a la figura del desierto no es una mera omisión del otro, sino todo un complejo sistema de dispositivos organizados en torno a la expropiación, represión e imposición parcial de los parámetros de los conquistadores”(Quijano, A citado en Aguer, B., 2014, pp. 14). A partir de este acontecimiento, empieza a construirse una producción cartográfica elaborada desde el lado dominante de la diferencia colonial cuyos efectos en la imaginación del mundo moderno son tremendos, empezando con los trazados experimentales para cartografiar la metrópoli y sus colonias usando la proyección de Mercator, cuya influencia en visualizar el mundo contemporáneo desde una perspectiva eurocéntrica y colonial se impone con una fuerza terrible hasta nuestros días. La emergencia política contemporánea del sujeto indio en nuestros países producidos por la conquista y colonia de pueblos y territorios prexistentes, definido 184 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria en el proceso boliviano como el indígena originario campesino, permite retomar el debate de la diferencia colonial desde una perspectiva subalterna, desde la perspectiva del otro, derrotado en la confrontación colonial, y entonces visibilizar esta dinámica estructural de origen colonial, y es posible encontrar una correlación evidente entre barrio periférico y campo con el proyecto político descolonizador, de manera que la articulación política de los sujetos subalternos se reconfigura en torno a los mecanismos de mediación organizativa de la población india: las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, dejando las mediaciones políticas típicamente modernas, como el partido político, como espacio de articulación política simbólicamente relacionad a la población identificada con los estamentos colonizadores. Se puede decir que el campo(espacio simbólico tradicional donde viven los campesinos, los indígenas y los originarios, en contraste a un área rural moderna donde se ha establecido el colonizador, simbolizado en el empresario agropecuario, el hacendado, el ganadero, el agronegocio), se articula más o menos consistentemente en torno a la representación política asociada al proyecto político descolonizador, que en este periodo es embanderado por el MAS. Esta no es una representación que se ajusta a los mecanismos de visualización política del Estado nación moderno, las jurisdicciones electorales, o la división político administrativa en general, sino que tiene una propia forma de expresión, que con la politización de la diversidad societal y estatal, se visibilizan y asumen acciones en forma autónoma, y por supuesto pugnan por expresarse institucionalmente en el nuevo Estado plurinacional comunitario. Esto plantea un desafío teórico y político, sin duda, pero en términos decoloniales, es decir, imaginar la comprensión de la realidad societal y estatal desde otros supuestos diferentes y alternativos a los propuestos por la modernidad occidental, cuestionando incluso la naturaleza de la diversidad más allá de los marcos de la diversidad concebida por la modernidad. MÁS ALLÁ DE LAS CONCEPCIONES COLONIALES DE DESIERTO: DISPUTA DE LOS PUEBLOS EN LA RETÓRICA CARTOGRÁFICA DEL DESARROLLO DE SUS TERRITORIOS Hasta no hace mucho tiempo, la República de la Soja era el ejemplo escandaloso de como el poderoso capital trasnacional podía darse el lujo de representar cartográficamente su pretensión de dominio territorial a partir de la imposición del cultivo de la soya, demostrando retóricamente su capacidad de construir su territorio por 185 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria sobre los territorios de pueblos y países, desafiando los supuestos teóricos sobre los que se erigen los Estados territoriales modernos, como la soberanía territorial. Figura N° 1. La“república unida de la soja” como representación territorial del agronegocio soyero Fuente: http://www.geografiaparatodos.com.br/captulo_13_espaco_agrario_no_mundo_subdesenvolvido_e_no_ brasil_files/image020.gif Esto no pasó de ser una anécdota usada por académicos y activistas en sinnúmero de eventos como evidencia del poder del capital trasnacional para seguir apropiándose colonialmente de los territorios de los pueblos por otras vías alternas a las controladas por el Estado-nación moderno. Al asistir a mediados de 2016 a un evento denominado“Encuentro del Chaco”, nos percatamos de la actualidad de las figuras de desierto y frontera en la construcción moderna de los territorios desde la capacidad de los actores poderosos, que nuevamente son capaces de imponer su capacidad de representación cartográfica del espacio desde sus propias visiones e intereses, por sobre las historias y reivindicaciones de pueblos ancestrales en los territorios chaqueños. 186 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Mientras los indígenas plantean una representación del espacio chaqueño desde la historicidad ancestral de ocupación del territorio y el proyecto político de reconstitución de los territorios indígenas; las instituciones de desarrollo insisten en una representación del espacio chaqueño básicamente configurado por las delimitaciones ambientales del ecosistema y la cuenca hidrográfica, desprovisto de contenido histórico ancestral de ocupación y estructuración territorial indígena. Figura N° 2. El Gran Chaco americano representado cartográficamente como un ecosistema Fuente: http://visorgranchaco.org/ Ya en la inauguración del evento se pudo escuchar una recomendación del representante indígena chaqueño, en una testera llena de representantes carays de instituciones y gobiernos, a los cuales les hacía recuerdo que los procesos del Chaco deberían hacerse bajo la visión de los verdaderos dueños de este espacio: los pueblos indígenas, y no de acuerdo a visiones de actores externos, como sospechaban que se estaba armando este evento. Evidentemente había disconformidad entre los pueblos indígenas sobre la forma en que terminó realizándose este evento, en el cual consideraban que no había una participación protagónica de los pueblos indígenas, por el contrario, se sentían invisibilidades y marginados del mismo, y en reuniones previas al evento los pueblos 187 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria indígenas habían determinado condicionar su participación a un reencauzamiento del mismo, de tal forma que se posicione la conducción del mismo desde la agenda histórica de los pueblos indígenas, cual es centralmente recuperar el territorio. Esto no logró plasmarse, como claramente se pudo ver en el acto de inauguración, pero quedó como agenda política para trabajarla durante el evento, como efectivamente ocurrió ya en la primera mesa sobre la problemática de la cuenca del río Pilcomayo, en la cual, luego de las intervenciones de las instituciones y consultores, todos“externos”, tomaron la palabra dirigentes indígenas para manifestar su desacuerdo con la forma en que se había establecido el evento, reclamando el respeto y reconocimiento a su conocimiento local, y por ende a la ocupación ancestral del espacio, que es de donde proviene su profundo conocimiento y conexión con el espacio chaqueño. Invariablemente se pudo observar una insistente intencionalidad por parte de las instituciones de desarrollo presentes, tanto públicas como privadas, en el sentido de proyectar desde su construcción retórica un espacio chaqueño concebido como el viejo desierto colonial, la frontera a ser conquistada, con poblaciones casi salvajes, atrasadas, desconocedoras del medio donde han vivido ancestralmente, incapaces de encarar por sí mismas el manejo sostenible del espacio chaqueño, mucho menos de plantear por si mismos una estrategia de desarrollo(como quiera que se lo entienda), y colocándose así mismas como los actores legítimos, por sus capacidades técnicas competentes, para hacerse cargo de implementar un sistema de“gobernanza” para llevar al Chaco hacia un futuro“sostenible”. Todas las intervenciones de estas instituciones parten de un diagnóstico fatalista de la realidad chaqueña contemporánea, atribuido por lo general a una suerte de ignorancia e incapacidad de la población chaqueña para enfrentar adecuadamente las dinámicas propias del territorio, casi como que la ausencia de estas instituciones sería el problema, más o menos como que si ellos hubieran estado a cargo de la“gobernanza” de estos territorios desde antes, no habrían ahora estos problemas. La exposición de un consultor argentino sobre las poblaciones del sábalo en el Pilcomayo fue muy elocuente en este sentido, haciendo gala de un conocimiento técnico refinado sobre las dinámicas del flujo espacial y temporal del sábalo, planteando sugerentes hipótesis sobre la dinámica de las poblaciones a lo largo de la cuenca, siempre en base al conocimiento técnico-científico, sin mencionar para nada el conocimiento indígena, provocando inmediatamente que un viejo dirigente Weenayek le hiciera recuerdo que en el río viven pueblos dedicados a la pesca del sábalo desde tiempos 188 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria inmemoriales, y que su conocimiento sobre este tema es enorme y más complejo que el conocimiento técnico, que su vida está ligada de forma sustancial al mismo, y que finalmente son ellos los que han construido la territorialidad del uso y gestión del recurso, por lo tanto deberían ser ellos quienes tengan un rol fundamental en estos debates, con capacidad de manejar también los fondos de los proyectos a los que solo los técnicos tienen acceso para realizar estas investigaciones. Otra exposición mostró una experiencia“’participativa” de monitoreo de la calidad del agua del río Pilcomayo, donde lo participativo parecía reducirse a que los indígenas realizaran las tomas de muestras en el río, dejando el análisis e interpretación de la integralidad de las mismas a los“técnicos”. Incluso el cambio climático, percibido por un expositor de una financiera con presencia en el Chaco, como una“oportunidad” para captar fondos que los países industrializados colocan para“ayudar” a los países pobres como los nuestros, sin cuestionar en ningún momento los problemas de despojo a los que están sometidos los pueblos indígenas del Chaco y que no les permite asumir control del territorio para enfrentar autónomamente la gestión de la problemática, sino que prácticamente se los visualiza como simples beneficiarios potenciales del trabajo de instituciones técnicas intermediarias capaces de captar esos fondos e implementar proyectos de adaptación al cambio climático. En una exposición sobre legislación comparativa de los países que contienen al Chaco como gran ecosistema, respecto del tratamiento del derecho sobre el agua, se sugirió que la legislación es muy“estado céntrica”, y que la cuestión del acceso al agua no debería ser tratada desde la perspectiva del derecho al agua, sino desde la necesidad de la gente al agua, dando a entender que las estructuras de gobernanza del territorio deberían estar regidas por visiones técnicas, es decir, una gobernanza estructurada en torno a instituciones de desarrollo, ya no por estructuras de construcción democrática del territorio, y no se sabe mucho de los pueblos indígenas y su construcción ancestral del territorio, que quedaron fuera del análisis de esta exposición. En otra exposición de una red de instituciones sobre el uso de indicadores para describir la dinámica socio-económica del Chaco, particularmente en relación al acceso y uso del agua, se pudo ver que se tiende a describir la realidad chaqueña en base a la diversidad de“sectores económicos”, no de sujetos ni de formas económicas diversas, repitiendo así la racionalidad económica dominante que concibe la economía y la estructura social asociada a la misma en términos de homogeneidad, conforme a los supuestos dominantes de la modernidad capitalista.Así, se identifican por ejemplo 189 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria como una categoría de análisis a la“producción agropecuaria” para asignarle un peso relativo en el uso del agua, pero no se ahonda en la distinción interna de esta categoría económica, donde evidentemente existen conflictos entre formas de articulación socio-económicas, como el agronegocio y la agricultura campesina e indígena, que en la práctica se disputan el control del espacio bajo formas absolutamente antidemocráticas y autoritarias que no son visualizadas en esta forma de enfocar el análisis. Todos estos análisis de las instituciones de desarrollo contrastan con el discurso indígena, que tuvo una mesa propia de los pueblos indígenas, en la cual se construye un discurso claramente orientado a reivindicar otra concepción del territorio, visualizando al espacio chaqueño como un espacio con pueblos indígenas con historia y con proyecto político propio, mientras que el discurso de las instituciones visualiza un espacio chaqueño con indígenas que han perdido sus condiciones de pueblo, y cuya realidad actual sería la de personas sin historia y sin proyecto político, más bien una suerte de personas que necesitan de la intervención de las instituciones para resolver los graves problemas que aquejan al Chaco. En términos generales, es posible entender la actual coyuntura del Chaco americano como una nueva fase del esquema colonial de sobreposición autoritaria de una representación territorial en función a los intereses de las instituciones, que borra las significaciones del espacio construidas por los pueblos indígenas desde la ancestralidad de su ocupación territorial, en un claro esfuerzo de incluir a los indígenas en los tiempos y espacios de la dinámica institucional, y en este proceso, la construcción cartográfica desde la retórica del desarrollo es un poderosos instrumento que permite visualizar el espacio en los términos que quieren las instituciones, que bien podría ser el significado de“el Chaco que queremos”. Desde la conquista europea del actual continente americano se ha aplicado una construcción autoritaria del espacio por sobre los significantes de los pueblos indígenas, en base a las nociones de desierto y frontera, en base a las cuales los conquistadores transitaban los territorios inexplorados como si fueran desiertos, con lo cual se justificaba la fundación como marca territorial iniciadora, por sobre las representaciones y marcas territoriales de sujetos preexistentes, en un complejo juego de dispositivos del conquistador para justificar la expropiación de los territorios, así como la represión de las representaciones territoriales ancestrales, y la imposición de los parámetros de los conquistadores(Aguer, 2014). 190 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Figura N° 3. El Chaco representado cartográficamente como espacio desierto y de frontera colonial. Fuente: López, Mancini y Marcos. 2017 No es casual la visualización del espacio chaqueño como el gran ecosistema, desprovisto de procesos internos de apropiación territorial, de significación espacial ancestral, de disputa entre actores por el control de la tierra y los recursos, sino más bien como un gran espacio con problemas ambientales, económicos y sociales que requieren de una intervención externa para organizar un esquema de gobernanza que permita a los actuales habitantes dotarse de mejores condiciones de vida. Es urgente construir, o más bien, recuperar la cartografía producida desde el otro lado de la diferencia colonial, por los propios pueblos indígenas, que sea capaz de representar justamente esta construcción ancestral del espacio, su territorialidad, su 191 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria coexistencia conflictiva con los sujetos usurpadores, y su proyecto político de reconstitución territorial e institucional en base a los parámetros indígenas. Sin embargo, es necesario recuperar también una perspectiva crítica y estratégica de la cartografía, salir de las representaciones cartográficas de escalas comunales solamente, muy utilizadas por los proyectos e instituciones de desarrollo, que no visualizan la dimensión territorial del sujeto ancestral, sino una actualidad subalterna sujeta a dinámicas del esquema de poder dominante, camufladas bajo el discurso del desarrollo. Es necesario recuperar la dimensión del espacio territorial ancestral, aquel que fue, es y será del pueblo, contraponerlo al espacio representado por el poder colonial, y así representar la disputa por el territorio. CARTOGRAFÍA ECONÓMICA DEL SUJETO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO La irrupción política de los sujetos subalternos en la conducción del gobierno nacional boliviano desencadenó una serie de dispositivos de la institucionalidad estatal para la visibilización de estos sujetos, desplegados a partir de los principios de pluralidad y pluralismo sobre los que se funda el Estado plurinacional boliviano, aunque, en constante y dificultosa tensión con los mecanismos coloniales de invisibilización de estos sujetos. En el ámbito de lo que se conoce en términos genéricos como el campo, el primer impacto es su resignificación en tanto espacio geográfico desprovisto de un contenido territorial complejo, es decir, de relaciones societales de apropiación del espacio, pasando de ser solo el espacio productivo concebido en términos moderno-capitalistas, el lugar donde se desarrolla la producción agropecuaria sin mayores consideraciones sobre sus implicancias formativas; para ser concebido como el espacio vital de sociedades humanas, recuperando su complejidad constitutiva mucho más allá de solo un lugar donde se produce la agropecuaria, por tanto, recuperando la territorialidad de los sujetos subalternos, y sus principios históricos de construcción del espacio y el territorio, como fundamentos de la construcción de la territorialidad estatal para la implementación de los gobiernos y los programas de desarrollo. 192 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Mapa N° 1. Predios rurales titulados en el proceso de regularización de la propiedad agraria hasta el 2015. Fuente: Jaina, 2016 A partir de este hecho, el proceso de saneamiento o regularización de la propiedad rural, iniciado en la década de los 90 por los gobiernos neoliberales con un enfoque de dinamización del mercado de tierras, toma un giro para fortalecer más bien una reconducción comunitaria del saneamiento de tierras, ajustando la ley de reforma agraria justamente para establecer que la dotación y titulación de tierras fiscales o públicas serán hechas en preferencia para los pueblos y naciones indígena originario campesinos, justamente para apoyar los procesos de reconstitución de estos sujetos. Así, se titula gran cantidad de tierras bajo régimen colectivo a pueblos y naciones indígenas y originarias, y propiedades comunitarias a comunidades campesinas, explí193 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria citamente en función a un proyecto político de reconstitución de pueblos y naciones indígena originario campesinos. El Estado plurinacional de Bolivia reconoce, protege y garantiza la propiedad agraria individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social(art. 393, CPE). La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y grande(art. 394, CPE), cuyos criterios para cumplir la función económica y social son diferenciados. La propiedad comunitaria comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas. Por otro lado, el Estado plurinacional de Bolivia estable que la economía boliviana es plural, compuesta por las formas de organización económica 1) comunitaria, 2) social cooperativa u asociativa, 3) individual o empresarial, y 4) estatal(art. 306, CPE). Cada forma de organización económica corresponde a un sujeto económico diferente, siendo que la forma de organización económica comunitaria se corresponde con el sujeto comunitario indígena, originario y/o campesino; la forma social cooperativa con el sujeto asociativo; la forma individual con el sujeto empresarial; y la estatal a las empresas de propiedad del Estado. Los tipos de propiedad están, en Bolivia, asociados a los diferentes tipos de sujetos económicos reconocidos en la nueva constitución política, así, la propiedad comunitaria corresponde a los pueblos indígenas de tierras bajas, a las naciones originarias de tierras altas, a las comunidades interculturales originarias, las comunidades campesinas y las comunidades afrodescendientes. La pequeña propiedad agraria se corresponde con el sujeto campesino(que de todas maneras debe existir en un contexto comunitario), la gran propiedad agraria se corresponde con el sujeto empresarial, mientras que la mediana propiedad se corresponde más bien con un agricultor familiar agroempresarial. Si observamos la distribución espacial de los tipos de propiedad en el mapa de Bolivia(mapa 1), con un estado de avance del saneamiento superior al 80% hasta el 2015, se puede percibir una clara tendencia de agrupamiento espacial de los tipos de propiedad, lo cual genere una territorialidad del espacio plurinacional en términos de los sujetos económicos que componen la economía plural. Es posible encontrar áreas de concentración relativa de tipos de propiedad, como las tierras comunitarias de origen y los territorios indígena originario campesinos, ubicados en dos grandes áreas de concentración espacial, la una en torno al altiplano boliviano, y la otra en las llanuras chaqueña y amazónica, estableciéndose claramente 194 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria un espacio que los divide coincidente con la ubicación de la zona de los valles interandinos, una franja que corre en sentido aproximado norte-sur, en la cual es notoria la presencia de las propiedades comunales y las pequeñas propiedades. Por otro lado, es notable la concentración de la mediana propiedad y de la empresa agropecuaria en las tierras bajas o de llanura chaqueño-amazónica, en contraste con la zona de tierras altas de la cordillera, valles y altiplano, donde su presencia es notoriamente disminuida en relación a las otras formas de propiedad. ¿Por qué ocurre esta territorialización del sujeto económico en el espacio nacional, expresado en una ocurrencia de los tipos diferenciados de propiedad? Figura N° 4. Estructura esquemática de la ubicación de los sujetos de la economía plural a partir de las tendencias de concentración de los tipos de propiedad. Fuente: Jaina, 2016 Para responder a esta pregunta es necesario construir una historia del proceso formativo del espacio y la sociedad en Bolivia, desde una perspectiva de la formación del sujeto social y la disputa por el territorio, para lo cual es muy útil la categoría propuesta por Milton Santos de formación socioespacial, y podemos construir una explicación de la contemporaneidad de la estructura socioespacial del Estado, más allá de la lectura del 195 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Estado nación moderno que divide el espacio en términos de la apropiación colonial, y se pueden entender situaciones tales cómo dónde están ubicados los sujetos de la economía plural en el campo agrario, por ejemplo(Figura N° 4). Las implicancias para la política pública son importantes, pues estamos hablando de la posibilidad de ajustar la estrategia de potenciamiento de la economía plural, y así avanzar en un modelo económico que explora vías donde la hegemonía del capitalismo es cuestionada y/o relativizada, y se abren las posibilidades para construir modelos económicos alternativos al modelo capitalista. LA BÚSQUEDA DE LA RECONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS FRAGMENTADOS: DESORDENANDO LA FRONTERA El 10 de agosto de 2016 se lleva a cabo una impresionante marcha de la organización campesina tarijeña, que desde tres puntos distintos entra a la ciudad deTarija para instalar en la plaza de armas, el centro político del departamento, una concentración de más de 15.000 personas para exigir al gobernador del departamento que realice el desembolso del Prosol y derogue un decreto departamental que re-ubica a este programa bajo dependencia de otro programa de desarrollo agropecuario. Estos acontecimientos cobran sentido al dimensionar y contextualizar los hechos, puesto que una concentración de 15.000 campesinos para exigir el cumplimiento de un derecho económico es algo extraordinario en Tarija, un territorio construido y consolidado en la lógica colonial de la frontera, incorporado a este lado de la diferencia colonial, un espacio inventado y apropiado a imagen y semejanza de los parámetros conceptuales y simbólicos españoles, incluido en el tiempo cristiano y el espacio occidental(Aguer, 2014). El otro construido en l frontera colonial, pero también sujeto de la periferia de la modernidad, pues es territorio incorporado al orden colonial occidental con sus estructuras societales ancestrales pre-existentes, que fueron modificadas y fragmentadas por la violencia colonial, cuya persistencia es resignificada desde el poder colonial en términos de espacio conquistado, controlado y subalternizado, inferiorizado en sus capacidades de articulación política y formulación de proyecto político desde el sujeto subalterno. Así, desde el discurso de las clases dominantes de origen colonial, no es posible que los campesinos imaginen, y mucho menos luchen, en forma autónoma y genuina 196 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria por un constituir un orden social, político y económico diferente del impuesto por el poder colonial, fuera de la frontera colonial. El Prosol es un proyecto pensado, imaginado, construido, implementado, modificado, y defendido por el sujeto comunitario campesino de Tarija, como un mecanismo de redistribución del presupuesto público entre sujetos sociales constituidos por principios de articulación comunitaria, muy diferente de la forma de constitución del sujeto social planteada en los términos del proyecto colonial de la modernidad occidental republicana, donde la sociedad se constituye en dentro de los marcos y en los términos de la división político-administrativa del espacio estatal de los departamentos y municipios. En su origen, el Prosol surge de la disputa campesina por acceder a los recursos de las regalías petroleras del departamento de Tarija, cuyo incremento abrupto a principios de los 2000 generó una movilización social generalizada para definir los nuevos términos político-institucionales de su apropiación, tanto a nivel nacional como departamental(Vacaflores, 2016). En el escenario nacional se rearticula el sujeto comunitario ancestral que exige la recomposición del pacto social para refundar el Estado, ahora con la participación de los pueblos y naciones indígenas y originarias; y en el escenario departamental se rearticula el sujeto comunitario campesino para exigir la recomposición del pacto social a partir de la redistribución del presupuesto departamental en base a criterios de forma societal y económica. Así, en el 2004 la organización campesina pasa a concebirse asimismo como una federación de comunidades campesinas, diferente de la anterior federación de trabajadores campesinos, produciendo una primera y profunda ruptura con el orden colonial dentro de la frontera, en un claro retorno al orden pre-colonial del sujeto comunitario no“domesticado” por el orden colonial. A partir de este acontecimiento trascendental, la organización de comunidades campesinas pasa a exigir la transferencia directa de una parte de los recursos públicos provenientes de las regalías petroleras del departamento, eludiendo la intermediación de las clases dominantes coloniales, en un claro desconocimiento y desacato al orden colonial impuesto a este lado de la frontera, con lo cual se rompe la efectividad simbólica de la frontera colonial, pues un sujeto social claramente controlado y sometido a la lógica del orden colonial, el campesino, se revela y reivindica la autodeterminación, desafiando la efectividad e incontestabilidad del orden colonial a este lado de la frontera. 197 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria La organización campesina se moviliza con una fuerza contundente, y desde el año 2003 y en los próximos 5 años realiza diversos bloqueos de caminos para exigir la participación en la asignación presupuestaria departamental, paralizando el transporte en el departamento de Tarija, demostrando una tremenda capacidad de acción orgánica y control territorial, y se logra arrancar al Estado un programa de transferencias directas de recursos públicos departamentales a las comunidades campesinas, en forma anual, que se implementa ininterrumpidamente desde el año 2008, respaldado mediante una ley nacional. Este programa, denomina por mal nombre Prosol por programa solidario, es objeto de permanente crítica por parte del orden colonial de las clases dominantes, ya que saben perfectamente que es un rompimiento del orden colonial dentro de la frontera, y se aplica una permanente campaña de desprestigio del mismo con el objetivo final de eliminarlo, pues su existencia sólo significa la rearticulación de las capacidades societales, políticas y económicas del sujeto comunitario campesino. Por supuesto, la existencia de este programa dependía directamente de un contexto político institucional favorable, como era el control del gobierno nacional y departamental del MAS, el partido con el mandato eleccionario de implementar el Estado plurinacional comunitario, que al margen de su eficiencia en este sentido, provee un marco de alianzas político-sociales que permiten la implementación de este programa. Sin embargo, este partido pierde el control de la gobernación deTarija en el 2015, retomando el control del gobierno departamental las clases dominantes coloniales locales, cuyo proyecto político es abiertamente de desmantelamiento de todo avance político-institucional de redistribución económica y desconcentración del poder que se haya logrado durante la anterior gestión del MAS, para implementar un re-disciplinamiento social, económico e institucional del territorio que permita restablecer el orden colonial al interior de la frontera. La organización campesina plantea una defensa del programa en base a un despliegue argumentativo de los efectos positivos del programa en el desarrollo de las comunidades campesinas, llegando a realizar incluso una feria demostrativa de los beneficios del programa, pero nada de eso le importa a las clases dominantes coloniales, las que se mantienen en su estrategia de desmantelar este programa. Para ese fin, se emite el decreto departamental 012/2016(GADT, 2016) que lo coloca bajo control de otro programa de desarrollo rural, eliminando sus capacidades de control campesino, y obliga a modificar el reglamento para recortar todo lo posible su presupuesto. 198 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria Este decreto es acompañado por una intensísima campaña de desprestigio del programa, magnificando de forma descarada cualquier falla encontrada en su implementación, como los actos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios, que aunque no llegan ni al 1% de incidencia(FSUCCT, 2016), son publicitados como una evidencia contundente del fracaso del programa. Los medios de comunicación masivos son usados desproporcionalmente para generar una opinión pública citadina contraria a las demandas campesinas de defensa del Prosol, con contratos publicitarios millonarios pagados por la gobernación en manos de las clases dominantes coloniales. Se ataca desproporcionalmente a cualquier entidad institucional que apoye a la organización campesina, a fin de aislarla, y se despliega un discurso de que la demanda campesina de autonomía como sujeto comunitario no puede salir de ellos mismos, pues no tienen la capacidad intelectual suficiente para eso, y que cualquier propuesta descolonial proviene necesariamente de actores externos, tipificados como“operadores del MAS”. El contexto descolonizador implementado durante el periodo de gobierno departamental del MAS es caracterizado, con ayuda de una intensa campaña mediatica, en términos coloniales de caos, de desorden, de despilfarro, de desgobierno, de forma similar a la beheretría del periodo colonial, justificándose así como los encargados de recomponer el orden colonial a este lado de la frontera. Al margen del desenlace de esta disputa, lo que ha mostrado la emergencia política del sujeto comunitario campesino tarijeño, es la fragilidad del orden moderno colonial impuesto a este lado de la frontera, abriéndose las fisuras necesarias para construir un orden estatal, societal y económicos alternativos, en una perspectiva de desabigarramiento el Estado. Lo que sí es evidente es la actualidad de la disputa colonial del territorio de la frontera entre el sujeto colonial y el sujeto colonizado, cuyo proyecto político de reconstitución social, territorial y económico es absolutamente actual y contemporáneo, y capaz de desordenar el orden colonial a este lado de la frontera, incluso se ha mostrado como un proyecto superior en términos de perfeccionar la democracia en un nuevo tipo de Estado. ECONOMÍA PLURAL E INTERCAMBIO ECONÓMICO EN LA ESPACIALIDAD COLONIAL El ejercicio económico del sujeto enfrenta así el desafío de la autonomía de sus decisiones, en todas las fases del ciclo económico, y es posible pensar esta situación 199 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria en la perspectiva del sujeto constituido como tal, tomando decisiones en función a su sociabilidad y articulación con el espacio donde desarrolla su vida. El comercio, el intercambio económico mediado por equivalentes y sujetos más o menos especializados en esta fase del ciclo económico, puede entonces adquirir el sentido del sujeto constituido en su ser y actuando en función a su ser y su devenir autónomo. Por el contrario, el intercambio de bienes en escenarios comerciales puede también acontecer desde sujetos fragmentados que han perdido la capacidad de concebirse a sí mismos como sujetos sociales, y despojados de sus capacidades de acción autónomas, y eso solo podría ocurrir en circunstancias de despojo y devastación permanente de los sujetos, de manera que sus capacidades de accionar autónomamente están restringidas a funciones elementales, y su articulación a la actividad económica es mayormente subalterna, siendo que el comando de sus decisiones económicas, a lo largo de todo el ciclo, son altamente dependientes del poder externo que lo subalterniza. El comercio, en tanto concepto de intercambio entre sujetos con equivalencia de poder, podrá ser diametralmente opuesto en ambas circunstancias, de manera que el comercio per se no es una condición beneficiosa para la sociedad y la economía, sino que depende de las posibilidades y condiciones objetivas de posicionamiento de los sujetos involucrados en el intercambio económico. La economía comunitaria, como es planteada en el proceso boliviano por los pueblos indígena originario campesinos, difícilmente podría articularse en términos razonables a un mercado de intercambio bajo las reglas y parámetros del mercado dominado por racionalidades capitalistas, a no ser que existe un contexto institucional capaz de hacer cumplir normativa explicita para balancear las relaciones de poder colonialmente construidas, que marginan y subvaloran a la economía comunitaria. El locus espacial de la economía comunitaria es el territorio del sujeto, y en un Estado construido sobre un proceso formativo colonial, este territorio del sujeto esta subalternizado al territorio del Estado colonial, impuesto por las fuerzas desestructurantes con el objetivo estratégico de controlar y desarticualr al sujeto colonizado y despojado. Como el sujeto colonizado, en su proyección contemporánea, queda circunscrito al espacio negado(el“campo”, la“periferia”), lo económico de ese espacio enfrenta estructuralmente una gran dificultad a la hora de entablar relaciones de mercado con el espacio dominante, de manera que la producción campesina, el trabajo campesino-indígena, por ejemplo, enfrenta serios problemas de intercambio comercial equilibrado con la ciudad, donde reside el sujeto asumido en la diferencia colonial del superior, que espera“naturalmente” una subvaloración del producto campesino. 200 Disputas en la retórica cartográfica y construcción de la economía comunitaria El construido colonial de frontera y desierto se materializa en lo contemporáneo proyectando un vacío simbólico en la economía comunitaria, un sin-valor automático del trabajo, el conocimiento, la destreza y el producto que proviene de la economía comunitaria, dado que está es un espacio de permanente reconstitución del sujeto social autónomo, por tanto, objeto de permanente acción destructora por parte de la fuerza colonial dominante, en un contexto de comercio configurado a partir del intercambio intencionadamente desigual en desventaja de la economía comunitaria, cuyos obvios resultados sirven para demostrar la ineficiencia económica de esta racionalidad económica, y desde esta“constatación”, justificar el despojo colonial. La economía plural implica así una reconceptualización del espacio geográfico y el sujeto social asociado a su producción y reproducción en términos territoriales, por así decirlo, una visibilización de las territorialidades en sus diversas manifestaciones y procesos formativos, y una política objetiva que busque reconstruir las correlaciones económicas entre el sujeto, su espacialidad y la economía. BIBLIOGRAFÍA Aguer, Bárbara. 2014.“Introducción: La cartografía y el lugar del espacio en la opción descolonial”. En: Aguer,B. el al. Cartografías del poder y descolonialidad. Buenos Aires: Del Signo. Fernandes, Bernardo. 2009.“Territorios: teoría y política”. In: Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009, p. 35-66. FSUCCT. 2011. Estatuto Orgánico.Tarija: FSUCCT. GADT. 2016. 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Pp. 131-140. 203 POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ECONOMÍA COMUNITARIA: EL CASO DEL PROSOL Carlos Vacaflores INTRODUCCIÓN La lucha campesina en los valles tarijeños adquiere una particular significancia en el contexto de las transformaciones contemporáneas del Estado boliviano, puesto que ayuda a dilucidar la especificidad formativa de este sujeto social en términos de su adscripción al sujeto histórico Indígena Originario campesino(IOC). En la Constitución Política del Estado(CPE) se establece que el sujeto histórico de existencia precolonial está compuesto por los pueblos y naciones indígena originario campesino, que junto a las comunidades interculturales y afrobolivianas, y a la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, forman la nación boliviana, de donde proviene la naturaleza del Estado Plurinacional. La articulación de la sublevación social de principios del siglo XXI en torno a las identidades comunitarias indígenas, originarias y campesinas plantea un proyecto político que va más allá de las reivindicaciones de inclusión de los marginados en el esquema de una profundización democrática del Estado, ya que cuestiona la lógica de la concepción misma del Estado moderno, que concibe la articulación política de los ciudadanos de un Estado en torno a una sola nación, que es la idea dominante del proyecto político de la modernidad. Se plantea aquí más bien la reconstitución de la articulación comunitaria ancestral como principio natural e histórico de articulación de la comunidad política, generándose la idea de la plurinacionalidad comunitaria del Estado. Así, el sujeto comunitario ancestral es definido en la CPE como la nación y pueblo indígena originario campesino, expresando de esta manera la complejidad de matrices históricas, espacialidades y temporalidades de esta diversidad societal que trae derechos colectivos y territoriales que significan la construcción societal en Bolivia. La CPE define al sujeto indígena originario campesino como“nación y pueblo”, es decir, desde su condición de sujeto colectivo de articulación comunitaria en términos políticos 204 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL y sociológicos:“que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”(art. 30, CPE). Con esta definición es posible identificar a los indígenas y a los originarios, puesto que mantienen una cierta delimitación como colectividad que comparte los atributos citados en la CPE, fundamentalmente una autodesignación como tal o cual pueblo o nación indígena y/o originaria. Sin embargo, la condición de“pueblo y nación indígena originario campesino” se torna problemática a la hora de operacionalizar la especificidad del sujeto campesino, pues este no tiene una vinculación directa y explícita con un pueblo y/o nación indígena u originaria, sino que es un sujeto que ha sufrido la violencia colonial que se expresa en su enunciación en el marco del Estado Nación, situación que diluye su conexión con la ancestralidad indígena, colocando una tensión para que este sujeto pueda avanzar en el proceso de la reconstitución territorial prevista en la Constitución bajo la figura de una de las formas de autonomía territorial: la autonomía IOC. Esto se hace evidente cuando los campesinos intentan ejercer su condición de sujeto IOC en lo que respecta a sus derechos constitucionales, particularmente a la libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales(art. 2 CPE). Mientras los pueblos indígenas originarios han avanzado en la visibilización de los espacios territoriales donde consolidar sus procesos de reconstitución, para los campesinos esto ha resultado ambiguo, pues aparentemente se ha perdido en este sujeto la conexión directa con la condición de ancestralidad, de manera que más bien parecería un sujeto de formación contemporánea al Estado territorial moderno. La organización campesina tarijeña provee procesos importantes en este esfuerzo de avanzar en la operacionalización de las garantías constitucionales para acceder a la autonomía: la transformación de la organización departamental de una federación de trabajadores campesinos a una federación de comunidades campesinas, o la disputa por el control de una fracción del excedente que genera la explotación de los hidrocarburos(Vacaflores, C. 2014). LUCHA CAMPESINA Y DISPUTA POR EL CONTROL DEL EXCEDENTE DEL GAS EN TARIJA Un proceso fundamental para avanzar en la comprensión de la construcción autonómica campesina en el departamento de Tarija es la defensa campesina del 205 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL mecanismo de transferencias directas a sus comunidades para implementar iniciativas productivas comunales, conocido como el programa PROSOL. Este programa se crea mediante ley nacional el 2008, a raíz de las movilizaciones campesinas en Tarija durante todo el periodo constituyente, articuladas en torno a la disputa por acceder a los recursos económicos que ya empezaban a ingresar al departamento por concepto de explotación del gas natural. Inicialmente la movilización campesina se articula para introducir sus demandas en las mesas provinciales de planificación para elaborar la estrategia departamental de desarrollo, llevadas a cabo en los años 2001 y 2002, con una participación orgánica excepcional que llevó a que se produzca un plan que básicamente reflejaba las peticiones campesinas, mismo que fue rechazado por actores empresariales vinculados a los grupos de poder tradicional, ocasionando que se elabore una nueva estrategia que ya no reflejaba esas demandas, de manera que desde el 2003 la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija(FSUTCT) inicia movilizaciones con bloqueos de caminos para exigir atención a sus demandas de desarrollo. Casualmente esos años fueron de alta incidencia de desastres naturales en la región, de manera que en la lucha por la inversión pública y por la atención del Estado sobre los desastres naturales, surge la idea de pasar directamente los recursos de emergencia a la organización campesina para su administración, dada la ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas departamentales y municipales. Este proceso de transferencia se concretó y ante los buenos resultados de la experiencia, la Federación pasa a exigir que en vez de tener un recurso de emergencia para paliar los desastres, el Estado debería pasar un monto de apoyo a la producción campesina, así que en lugar de entregar una bolsa de abono químico, los campesinos pidieron que el Estado, en su nivel departamental, entregara un equivalente al costo de una vaca por familia, considerado un monto mínimamente significativo para que una familia campesina pueda invertir en la reconstitución de su sistema productivo familiar(Vacaflores, 2014). Para aprovechar la legitimidad provocada por la capacidad de administración orgánica de los fondos de emergencia, la Federación cambia su nombre el 2004 y pasa a ser una Federación de Comunidades Campesinas, dejando de ser una Federación de Trabajadores Campesinos, con lo cual asume una identidad comunitaria acorde al espíritu de la movilización social sublevada en el resto del país. Por supuesto la entonces Prefectura departamental, controlada históricamente por los exlatifundistas enemigos de clase de los campesinos, se niega a entregar los recursos exigidos por sus adversarios históricos, manifestando más bien su decisión de 206 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL usar las regalías que empezaban ya a ingresar a las arcas departamentales, en proyectos multimillonarios destinados a favorecer la concentración de la riqueza en manos de las clases dominantes, justificándose a sí mismos como los actores idóneos para conducir el desarrollo departamental a través de sus empresas constructoras. Frente a esto, la Federación de Campesinos lleva adelante movilizaciones con bloqueos de caminos y una intensa discusión orgánica sobre su estrategia de desarrollo campesino, instrumento que usaba para exigir la inversión del dinero del gas en sus comunidades. Los resultados fueron infructuosos, de manera que las movilizaciones se radicalizaron a tal punto que lograron paralizar el departamento por varios días, generando convulsión social muy peligrosa, y obligaron al entonces prefecto Cossio a aceptar una ley nacional que disponía la transferencia directa y anual de recursos provenientes de las regalías a todas las comunidades campesinas e indígenas del departamento, para que implementen proyectos de desarrollo productivo definidos comunalmente, en base a un reglamento que especifique el uso de esos recursos. Así, el año 2008 se inician las transferencias, con un monto inicial acordado en 2.000 bolivianos por familia, que luego fue incrementado a 4.500 bolivianos, y actualmente es de 6.000 bolivianos por familia. El impacto de este programa fue contundente, pues permitió a la organización campesina fortalecerse de forma inédita, gozando la Federación de una legitimidad y capacidad de convocatoria muy fuertes, con lo cual pudo jugar un rol trascendental en el proceso constituyente, llevando esta experiencia de lucha a los debates de Sucre, y sin duda coadyuvando activamente a concretizar los debates comunitaristas plasmados en la CPE. EnTarija, el efecto más notorio al inicio fue la visibilización del mundo campesino, pues inmediatamente a la implementación del programa se tuvo que confeccionar una base de datos de las familias campesinas habilitadas para recibir esta transferencia, lo mismo que las comunidades, que tuvieron que actualizar sus documentos legales como entidades comunitarias, con lo cual se llegó a visibilizar más de 60.000 familias campesinas e indígenas articuladas en más de 700 comunidades en todo el departamento. El otro efecto trascendental fue la separación de una parte significativa del presupuesto departamental, que osciló entre los 80 y 250 millones de bolivianos anuales, del control de los mecanismos de corrupción de los políticos de turno, pasando a manos de los comités comunales. Estos empezaron a tener problemas con la injerencia de las casas comerciales que aplicaron estrategias para fomentar la corrupción y canalizar los proyectos para comprar servicios, materiales y equipos de las propias 207 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL casas, provocando algunos hechos de corrupción que fueron utilizados luego para desprestigiar a todo el programa. Tal vez lo más impactante de este programa en el ámbito político-institucional fue la demostración práctica de una forma alternativa de ejecución del presupuesto público, sin la intermediación del político de turno, ni de su estructura clientelar de empresas consultoras, sino en forma directa por el propio sujeto social. Entonces los diferentes sujetos y actores sociales del departamento empezaron a levantar voces pidiendo la implementación de programas similares, provocando gran preocupación en las clases dominantes que veían desmoronarse el mecanismo de enriquecimiento que controlaban.Así, aplicaron medidas de desmovilización de estas demandas cooptando a muchos dirigentes sociales, algunos de los cuales empezaron a jugar el mismo rol que los políticos electos, es decir, a recibir sobornos para controlar a sus bases. El impacto del programa en las comunidades campesinas es impresionante, pues las familias empezaron a recomponer sus lazos de adscripción comunitaria, participando activamente en la vida orgánica sindical campesina a fin de garantizar sus derechos propietarios sobre la tierra en la comunidad y aprovechando este mecanismo de financiamiento público de la producción comunitaria. El resultado fue no solo el detener la migración campo-ciudad, sino incluso revertirla(Lizárraga y Vacaflores, 2016). La experiencia campesina de uso de estos fondos llevó rápidamente a aplicar estrategias de inversión programada para consolidar proyectos productivos complejos. De comprar el primer año herramientas agrícolas, rápidamente se pasó a comprar maquinaria agrícola para la comunidad en dos o tres pagos anuales; a planificar la construcción de fábricas comunales de diversa índole; a habilitar nuevos terrenos agrícolas desde la nivelación, cerramiento y acondicionamiento productivo; a la construcción autónoma de sistemas comunales de riego; e incluso a usar los fondos del PROSOL como contraparte para ejecutar proyectos productivos comunales más grandes con sus municipios; así como muchas otras experiencias. En resumen estas se pueden tipificar como una intensa transformación tecnológica de la producción campesina, fuertemente orientada por los paradigmas de desarrollo promocionados por décadas de accionar institucional externo, para transferir tecnología de la revolución verde, de manera que la conservación y fortalecimiento del conocimiento tradicional productivo autónomo empieza también a ser objeto de debate en el seno de la organización, pero esta vez a partir de sus propias dinámicas internas campesinas. La potencia transformadora de las estructuras institucionales tradicionales ha sido justamente el factor de ataque hacia el programa, que se ha constituido en objeto de 208 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL una implacable campaña mediática de desprestigio promocionada por los grupos de poder que lo perciben como una amenaza a su modo de vida. Se aplican diferentes estrategias para hacerlo colapsar, como la dilación o la suspensión de las transferencias, lo que obliga a que el sector campesino esté constantemente movilizado para defender su conquista. Esto acontece, por ejemplo, con el PROSOL de la gestión 2015, donde el incumplimiento en la transferencia oportuna por parte de la Gobernación, teniendo los recursos disponibles, ocasionó nuevamente la movilización campesina con bloqueo de caminos para exigir se cumpla lo que establece la ley, con el consiguiente enfrentamiento social que esto provoca, generándose un ambiente político de manipulación de la Gobernación para tratar de eliminar este programa(Diversitas, 2016) EL CONFLICTO POR EL PAGO DEL PROSOL 2015 Finalmente, tal como se había convocado por la FSUCCT, el día lunes 25 de abril empieza la movilización campesina con bloqueo de caminos, exigiendo que se cumpla el pago del PROSOL 2015, con la instalación de puntos de bloqueo departamentales que fueron aumentando hasta llegar a cortar todos los caminos carreteros que vinculan la ciudad de Tarija con el Chaco, con Bermejo y con el norte, así como rutas provinciales que conectan localidades internas del valle central. La demanda campesina se articula en torno a cinco puntos, encabezada por la transferencia de los recursos del PROSOL que habían quedado pendientes desde la gestión pasada; demandando el accionar del Estado para atender los problemas de los desastres naturales que habían afectado a la producción campesina en esa gestión(irónicamente hubo una helada temprana en plena movilización que arruinó las cosechas de todo el departamento); la resolución del conflicto de la descentralización-centralización institucional departamental que ocasionó un decreto de la Gobernación; la reactivación de los proyectos de desarrollo que fueron paralizados por la nueva gestión; y otras demandas puntuales de las centrales campesinas, en algunos casos destinadas a los municipios, pero articuladas en un solo gran pliego de movilización que resume la problemática campesina departamental en los aspectos de desarrollo y política pública. Aunque la Gobernación parecía esperar una debilitada movilización campesina, a juzgar por sus estrategias de dilación del pago, el bloqueo tuvo una alta contundencia, ya que se logró cortar efectivamente las vías carreteras principales del departamento, generando malestar en los sectores comerciales y transporte, que empezaron a presionar para que se llegue a una solución al conflicto, concretándose así una reunión de diálogo en dependencias de la Gobernación para el día viernes 29 a las 9 de la mañana. 209 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL A esta reunión asiste la organización campesina fortalecida por la movilización, con una ratificación orgánica del mandato de lucha planteado en el ampliado departamental, pero también con un problema de fragmentación ocasionada por la cooptación de algunos dirigentes que actuaron para desmovilizar el bloqueo. Por ello, el tratamiento del conflicto se intentó llevar por parte de la Gobernación desde una perspectiva de “perjuicio al pueblo de Tarija”, tratando de aislar a los campesinos de la solidaridad citadina, y no así desde la perspectiva de incumplimiento del gobernador sobre una obligación legal, como plantea el movimiento campesino. Esto estuvo facilitado por una intensa campaña mediática impulsada por la Gobernación para tratar de estigmatizar la movilización campesina y tipificarla como intransigente e innecesaria, como si se tratase de la defensa ante un mecanismo de corrupción antes que de un derecho constitucional de la producción comunitaria. Como prueba de lo afirmado se tiene la carta enviada por el gobernador el día anterior a la reunión de diálogo, en la que pide que se suspenda el bloqueo por ser una agresión al pueblo deTarija, aparentemente sugiriendo que los campesinos no serían parte de ese pueblo, aseveración que ratifica en su intervención introductoria en la reunión del dialogo, aunque en este espacio debió aclarar rápidamente que los campesinos también son parte del pueblo deTarija. El conflicto estuvo condimentado por el despliegue de varias jugadas estratégicas por parte de la Gobernación, revelando más un afán de presión al movimiento campesino para que mostrara sus fortalezas y debilidades, antes que de intentar resolver los conflictos de gobernabilidad derivados de la aplicación de sus políticas de gobierno. El día previo, la FSUCCT realiza una evaluación de la movilización, con participación de los dirigentes de todas las centrales, midiendo sus fuerzas y las del adversario, y se percibe el momento contradictorio en el que se encuentra la movilización, ya que por un lado, efectivamente se puede constatar la penetración de la Gobernación, que tiene cooptados a dirigentes de todo nivel que actúan desmotivando y tratando de desmovilizar; pero, por otro, se tiene una participación masiva de las comunidades, subcentrales y centrales; demostrando que no era solo una movilización de comunidades impagas. Más aún, los dirigentes cooptados por la Gobernación tuvieron que participar liderando la movilización, mostrando así una determinación y una conciencia política en las bases para defender el programa, lo que refuerza la moral de los dirigentes orgánicos que mantienen su postura de hacer cumplir el mandato del ampliado campesino que ha definido hacer cumplir la ley del PROSOL. 210 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL También está claro que la movilización se enfrenta a una fuerza muy grande en los puntos de bloqueo, donde los transportistas y pasajeros aumentan cada día, que sumado al intenso frío que se presentó justamente en esos días, y a la profusa campaña mediática direccionada a manipular la opinión pública(mostrando una Gobernación dispuesta al diálogo y una dirigencia campesina reacia al mismo), hace que el sostener los puntos de bloqueo sea cada vez más difícil, generándose también una presión desde las bases movilizadas para encontrar rápidamente una solución política.Así, esa misma noche la dirigencia anuncia en un programa de televisión estar dispuestos a levantar las medidas si el gobernador firma un acuerdo donde se establezcan claramente los plazos para terminar de transferir los fondos del PROSOL 2015 y tratar los demás puntos del pliego. Finalmente, en este diálogo, que estuvo caracterizado por actitudes de menosprecio por parte del gobernador al llegar con tres horas de retraso y suspender su instalación de forma unilateral, se llega al acuerdo anunciado por el movimiento campesino, firmando un acta donde se establece que se terminará de pagar el PROSOL 2015 hasta el 20 de mayo, y se acuerdan fechas para instalar comisiones de negociación sobre los otros cuatro puntos del pliego. Fruto de esta movilización es la visibilización de las visiones confrontadas sobre este programa, fundamentalmente entre la población citadina y la población campesina, promovida estratégicamente por la Gobernación y que en cierta forma es un triunfo para ella, llegando incluso a sugerir que se debe someter el PROSOL a un referéndum para decidir su continuidad o su cierre definitivo. Se muestra así que la Gobernación está controlada por una estructura social contraria al sector campesino, en un contexto histórico de transformaciones institucionales ambiguas a nivel nacional, que no terminan de establecer rutas claras para consolidar las conquistas sociales de transformación de las estructuras coloniales y republicanas que mantienen marginado al sector campesino, lo que obliga a este movimiento a realizar un balance político de la coyuntura para definir cómo encarar esta situación crítica. En el fondo, es evidente que el conflicto del PROSOL es una disputa por los ingresos de las regalías, en la que el campesinado defiende la conquista de transferencia directa a las comunidades de una parte de las regalías y que es observada por la nueva administración de la Gobernación como un mecanismo ineficiente que debe ser eliminado, o en el mejor de los casos, modificado drásticamente. Como alternativa, la Gobernación plantea que la ejecución de las acciones de desarrollo sea asumida por el propio Estado o por empresas técnicas privadas, usando incluso declaraciones 211 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL públicas de la organización de empresarios privados para pedir que se les transfieran esos fondos para que sean ejecutados“más eficientemente”, lo que en realidad muestra la naturaleza de la disputa, que es el control del excedente generado por la venta de hidrocarburos, por las clases dominantes o por los campesinos como clase subalterna. Un aspecto importante es que esta disputa se complejiza por el trasfondo colonial de control del Estado y los procesos de transformación institucional en curso, entre sectores dominantes y subalternos definidos por una jerarquización colonial entre colonizadores y colonizados. En este caso está representado el flanco colonizador por la nueva administración de la Gobernación, de identidad mestiza nacional, blanqueada, defensora ideológica de la república moderna; y los campesinos, de identidad comunitaria plurinacional, ideológicamente defensores del nuevo Estado Plurinacional comunitario. Puesto así, lo que se enfrenta en este conflicto no es solo el control de una fracción del excedente, sino las implicancias políticas del control de este, ya que un sector campesino históricamente subalterno con recursos económicos garantizados para fortalecer sus estructuras comunitarias, aunque sea en una proporción mínima, tiene un impacto en sus capacidades políticas como organización y como sector social de la ciudadanía estratificada y naturalizada en condiciones de subalternidad. Si a esto se suma que el PROSOL es un mecanismo alternativo para la ejecución presupuestaria del Estado, sin la intermediación del político y su estructura clientelar de las empresas consultoras, y que por lo tanto rompe con el monopolio de esta intermediación, el programa se constituye para las clases dominantes de conexión colonial en un objetivo estratégico a ser destruido, no solo desmantelado, sino desacreditado. Por eso la movilización por este conflicto es crucial en muchos aspectos, el principal, tal vez, es porque se juega la continuidad de este programa como mecanismo financiero de inversión pública para viabilizar la transformación institucional del Estado por la vía de la plurinacionalidad comunitaria. Por eso, el mandato de movilización incluye a todas las comunidades, hayan recibido o no la transferencia del PROSOL, ya que la organización campesina entiende que no se trata solo de lograr esta transferencia a las comunidades que no lo tuvieron, sino de fomentar la conciencia política comunitaria de movilizarse por los compañeros que no han recibido lo que les corresponde, pues en lo futuro ellos tendrán que movilizarse también ante probables incumplimientos de los derechos constitucionales de los que ahora están movilizados. La transferencia parcial del PROSOL 2015 responde seguramente a esa estrategia especulativa de parte de los grupos dominantes en control de la Gobernación para 212 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL desarticular las estructuras y mecanismos de transformación plurinacional comunitaria, introduciendo una división al interior del sujeto social estratégico de esta transformación, el campesinado. Con ello se esperaba movilizar solo a los que no habían recibido el PROSOL, colocando un gran desafío a la FESUCCT para lograr articular una movilización cohesionada en torno a la defensa del proyecto político campesino y no solo la reivindicación de los derechos económicos fragmentados. En ese sentido, el resultado de esta movilización generalizada es un éxito político para la FSUCCT, mostrando una conciencia comunitaria campesina, siendo una verdadera movilización comunitaria de esta organización. Sin embargo, queda pendiente recomponer la legitimidad de este programa en el imaginario de la población citadina, la que ha sido convencida mediante una sistemática campaña de desinformación de que es un programa fallido. La organización campesina tiene el desafío de revertir esa situación con medidas creativas que permitan brindar información real y correcta a la población citadina, como podría ser una evaluación del PROSOL usando indicadores que reflejen los objetivos del programa, enmarcados en las transformaciones sociales y políticas del Estado y la sociedad; sin caer en la trampa de medirlo solo con indicadores del mercado capitalista, como insiste en hacerlo la oposición política interesada en destruir el programa. Más aún, a futuro es necesario que la organización campesina logre consolidar una medida legislativa que garantice la asignación presupuestaria hacia el sujeto de la economía comunitaria, tal como lo establece el modelo de economía plural de la Constitución Política. Así se evitarán los juegos políticos que pretenden tumbar este tipo de programas usando como pretexto una mayoría poblacional citadina contraria al mismo, como la idea se someter al PROSOL a un referéndum. Eso implicaría que la Asamblea Legislativa Departamental debe promulgar una ley de la economía plural que establezca los mecanismos para garantizar la asignación presupuestaria a las diferentes formas de organización económica, entre estas, a la economía comunitaria, que es el marco donde se desarrolla el PROSOL. EL REFERÉNDUM PARA CERRAR EL PROSOL A raíz del bloqueo de caminos del sector campesino entre el 25 y el 29 de abril de 2016, se genera abundante material informativo en la prensa local tarijeña, sin embargo, según la percepción de los dirigentes campesinos, este está claramente parcializado con la posición de la Gobernación. Esto sería explicable tanto por la posición política de los dueños de los medios como por el condicionamiento de estos para recibir los 213 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL contratos de propaganda institucional de la Gobernación, que es muy importante y casi la única fuente de propaganda en Tarija. De manera que hubo un manejo de la información de tal forma que no se analizaron las razones y circunstancias que llevaron a este punto de conflicto, apuntando más bien solo a desprestigiar y descalificar la movilización campesina, con el resultado predecible de exacerbar el rechazo de la población citadina hacia sus demandas. Sin embargo, la movilización campesina fue anunciada como medida extrema posible ya en agosto del 2015, es decir, 8 meses antes del bloqueo movilizado. El análisis“periodístico” se queda solo en el periodo del conflicto de los cinco días de bloqueo a finales de abril del 2016, como si el conflicto se redujera solo a ese lapso, y muestra a un sector campesino intransigente, indolente, caprichoso, prepotente, así como soberbia del sector campesino, como se puede observar, por ejemplo, en la opinión editorial de la revista noticiosa local de la red televisiva Unitel, al final del día en que se suspende el bloqueo(Cuadro 1). “…Innecesario bloqueo porque la dirigencia campesina incumplió su palabra, ellos firmaron un convenio si es que se inicia el pago del PROSOL adeudado del año pasado, no iban a bloquear, pero es lo primero que hicieron a inicios de esta semana pese a que la Gobernación ya comenzó los desembolsos, y no aceptaron el diálogo con la Gobernación, una prepotencia, una soberbia elevada al máximo nivel de los dirigentes que no querían dialogar con la Gobernación pese a las varias invitaciones que se hizo[…] ¿entonces qué había detrás?, ¿una intención política de desestabilizar la gestión del gobernador?, ¿una intención de serrucharle el piso a alguien?, ¿de perjudicar al pueblo?, la dirigencia campesina tiene que reflexionar, hacer un mea culpa de todo lo que ha acontecido, …” (Unitel 29 de abril, 2016.Archivo Jaina) Como consecuencia de esta movilización se posiciona entre la opinión pública citadina, a través de la influencia de la prensa manipulada por la Gobernación, la idea de someter a un referéndum o una cumbre social la continuidad del PROSOL. Puesto que este programa sería un“regalo de las regalías departamentales de todos los tarijeños a un solo sector”, el sector campesino debería“devolver este donativo al pueblo tarijeño con buena producción, de alta calidad, con abundancia, precios más bajos”, lo cual no habría ocurrido en los 7 años que van desde su implementación, y pese a recibir“tan grande beneficio”, los campesinos“no tienen ningún problema 214 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL en hacer sufrir a la gente, en bloquearla, en cortarle sus derechos, violar sus derechos humanos, incluso generar luto en la familia tarijeña”(Unitel, 2016 Archivo Jaina). EL DECRETAZO Y LA MARCHA POR LA DEFENSA DEL PROSOL De manera sorpresiva y sin mediar anuncios previos, el 26 de julio el gobernador Oliva emite el decreto 012/2016, con el cual se determina la adecuación institucional y autonómica del PROSOL, mediante su incorporación al servicio departamental agropecuario, SEDAG, así como la derogación del reglamento vigente, estableciendo de facto las bases de uno nuevo, ya que implanta la modificación del monto anual de transferencia según el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos, y define los rubros en los que se podrán usar estos recursos. Por supuesto esto provoca la inmediata reacción de la organización campesina, que convoca inmediatamente a un ampliado de emergencia para el día 3 de agosto, donde con una masiva participación, se determina rechazar el decreto y exigir su derogación, así como el pago inmediato del PROSOL 2016, además de convocar a las autoridades electas, que surgen desde la organización campesina, a sumarse a las medidas acordadas para la defensa del PROSOL. Foto N° 1. Ampliado departamental del 3 de agosto donde se decide rechazar el decreto 012/2016. Foto: Jaina, 2016. 215 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL Para llegar al ampliado, la FSUCCT organiza un comité técnico encargado de analizar el decreto y construir los argumentos técnico-jurídicos necesarios para rechazar la medida inconsulta, construyéndose una argumentación detallada, artículo por artículo, sobre lo atentatorio del decreto hacia los derechos campesinos establecidos en la Constitución y ya implementados en el marco institucional descentralizado de la Gobernación de Tarija. Estos argumentos son expuestos por Marcela Guerrero, dirigente campesina de la Central de Cercado, quien además es recientemente titulada como abogada. El análisis del decreto 012/2016 se centra en la vulneración del control campesino sobre la institucionalidad del PROSOL, ya que al transferirlo bajo dependencia del SEDAG, lo somete a la institucionalidad de otra unidad descentralizada, y se teme con justa razón que los procedimientos institucionales de la institución receptora se impongan al programa de transferencias. Estos procedimientos son por demás cuestionados por los campesinos, por ser del tipo centralista y autoritario, además de muy ineficientes, y sobre los cuales ellos no tienen mayor control; al contrario del PROSOL como unidad descentralizada de forma independiente, donde los campesinos tienen control en tanto sujeto comunitario reconocido explícitamente en la ley 3741, tal como lo expresa Marcela Guerrero en su intervención: “¿Qué nos ha respondido con este decreto?, ¡me vale un carajo la autonomía campesina!, ¡les vale un carajo!, ¿Qué saben ellos de autonomía campesina?, ¿Qué saben de lo comunitario?, entonces están atentando nuestros derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, están atentando nuestros usos y procedimientos propios”. Considerando una coyuntura de alta injerencia de la Gobernación para cooptar dirigentes y dividir la organización, con evidentes efectos desmovilizadores en la anterior marcha campesina, en este evento vale la pena resaltar algunos aspectos referidos principalmente a la inesperada unificación de la organización en torno a la defensa del programa. Incluso los dirigentes de centrales favorables a la Gobernación tuvieron que manifestarse contra el decreto, puesto que los participantes de base mostraban enojo e indignación generalizada; llegando incluso a cuestionar airadamente a Luis Alfaro, al que calificaron como traidor a su clase, y expulsando a un par de sus empleados que se encontraban en el ampliado, notándose así una categórica anulación del discurso consensualista manejado por los dirigentes cooptados por la Gobernación. Final216 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL mente, acuerdan desplegar una estrategia de movilización con acciones progresivas, acordando empezar con una gran marcha desde las comunidades hacia la ciudad de Tarija el día 10 de agosto, para mostrar su fuerza y tomar determinaciones en función a la evolución de las negociaciones. Se conforma un comité de movilizaciones, con representantes de cada una de las Centrales, a la cabeza de Marcela Guerrero, quien asume la conducción técnico-política de la movilización, siendo esta una experiencia novedosa para la joven dirigente, que pese a esto logra articular la marcha campesina que termina siendo la más numerosa y contundente de los últimos diez años en Tarija. LA MARCHA POR LA DEFENSA DEL PROSOL Así, todavía con cierta incertidumbre por el poco tiempo de la convocatoria a las comunidades, el día miércoles 10 de agosto a tempranas horas se inician las marchas desde tres puntos de concentración: el Portillo, donde se concentran las comunidades de la parte oriental del territorio departamental; el Rancho, donde se concentran las comunidades de la parte occidental del departamento; y el puente San Martin, donde se concentran las comunidades de la zona sur de Cercado. Personalmente me tocó acompañar la marcha desde el Portillo, cuya dimensión estimada sobrepasaba fácilmente las 10.000 personas, y cuyo paso por la carretera en dirección a la plaza central de Tarija provocaba cierta admiración y sorpresa de los transeúntes, que no esperaban semejante demostración de fuerza. Esto porque la Gobernación había desplegado una asidua campaña de descalificación por los medios locales acusando a los dirigentes de manipular a sus bases para tapar hechos de corrupción, y observaban atónitos el paso de los campesinos, visiblemente impresionados por su gran cantidad (Diversitas, 2016). 217 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL Foto N° 2. Masiva marcha partiendo desde el Portillo. Foto: Marcelina Vacaflores, 2016 Al llegar a la plaza se juntan las tres marchas, llegando a concentrar a más de 15.000 personas, algo muy pocas veces visto en Tarija, y sin duda mucho más numerosa que la marcha de cacerolas vacías realizada días antes por el Comité Cívico de la ciudad de Tarija, abierto opositor al PROSOL. El discurso de los oradores campesinos, todos dirigentes de la FSUCCT y de las Centrales, apunta a denunciar y cuestionar una política velada por parte de la Gobernación para desmontar los avances de la autonomía campesina, y no solo reclama al gobernador Oliva que deje sin efecto el decreto 012/2016. Con ello es posible vislumbrar la emergencia de un nuevo ciclo de condensación política del movimiento campesino, esta vez dispuesto a usar las herramientas constitucionales que le otorgan derechos para avanzar en su emancipación. Un primer eje del discurso es la actualización de la lucha de clases entre los campesinos y los antiguos latifundistas dueños de las haciendas patronales. Estos, ahora en control de la Gobernación y del Comité Cívico, mantenían sometidos a los campesinos en régimen de servidumbre, arrenderismo y sin derecho propietario sobre la tierra. Se ven enfrentados ahora por el control de la política pública que afecta al territorio campesino, como lo manifiestan el secretario ejecutivo de la FSUCCT, SantosValdés, Marcela Guerrero y Claudio Sánchez: 218 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL “… nos han dicho que el sector campesino no vale, algunos latifundistas han manifestado eso!, algunos dictadores han manifestado eso, pero compañeros aquí está el campesino firme, parado, jamás de rodillas!(…) hoy estamos unidos más que nunca para derrotar aquel maldito decreto presentado por la Gobernación, por eso estamos aquí, para que nos muestren quemado este decreto, esa es la reivindicación de nosotros, no de aquellos opositores latifundistas, por lo tanto esas son las consecuencias que traen a nuestro pueblo campesino, compañeros, lo único que les pido la unión, la unidad, el derecho es de nosotros, estamos protegidos en la constitución política, es una ley de nosotros compañeros, del sector campesino…”(Santos Valdez, secretario ejecutivo de la FSUCCT) “…también ahora que estamos delante del Comité Cívico, luego que hemos escuchado por los diferentes medios de comunicación diciéndonos, insultándonos, ¿acaso el comité cívico no tiene que defender los intereses del pueblo?, ¿no tiene que apoyar este tipo de movilizaciones? Pero le decimos claramente al comité cívico: ¡el pueblo campesino está firme en la lucha!(Marcela Guerrero, comisión de movilización). “…también ratificar que el día de hoy es un día histórico, estamos retomando otra vez las fuerzas que nuestros abuelos tenían para conquistar sus reivindicaciones, sus derechos, yo creo que es importante tomar conciencia que esta lucha es por vida compañeros, porque nuestros abuelos nos han dejado toda esta herencia, no podemos nosotros así fácilmente entregarla en bandeja de oro…”(Claudio Sánchez, FSUCCT) Otro eje importante es la actualización del discurso político campesino asumiendo su identidad de pueblo campesino, en referencia a la condición constitucional del sujeto comunitario contemporáneo en tanto nación y pueblo indígena originario campesino, desde donde posiciona la reivindicación de su derecho a consolidar la autonomía campesina, en el sentido de ser sujeto específico de política pública como pueblo campesino, con asignación presupuestaria y control sobre la política que afecta al territorio campesino, como lo manifiesta el dirigente Eider Quiroga de la FSUCCT: “…hoy le hemos demostrado al pueblo de Tarija que el pueblo campesino existe compañeros, porque gracias al pueblo campesino hay productos para que 219 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL se alimente este pueblo, a pesar de los desastres naturales: heladas, granizadas, sequía, pero cuando no quieren ver la realidad es arremeter contra un pueblo compañeros, atentar en contra de la autonomía del pueblo campesino compañeros, atentar contra los derechos del pueblo campesino compañeros, creo que es un día histórico para el pueblo campesino que hoy ha llegado a esta plaza para hacer sentir y demandar y protestar sobre sus derechos compañeros… (Eider Quiroga, FSUCCT)”. “…hoy estamos aquí las centrales, sub centrales y las comunidades, estamos con una postura clara y firme que queremos autonomía campesina compañeros, es por eso que estamos aquí en la lucha, ahora quiero que nos digan los secretarios o algunos medios de comunicación, que nos digan que somos cuatro dirigentes locos aquí en la plaza compañeros, por eso más que todo estamos aquí, firmes a llevar lo que ustedes nos encomiendan desde nuestras bases en los ampliados y hoy estamos aquí presentes compañeros…”(Osvaldo Yucra, FSUCCT) Estrechamente ligada a la autonomía campesina, surge la cuestión de la distribución de la riqueza departamental entre los tarijeños ya que la Gobernación ha instalado en el imaginario de la población citadina que los campesinos estarían llevándose una enorme cantidad de dinero público, que es al final de cuentas de todos los tarijeños, y que estarían despilfarrándolo, justificando así el cierre del programa. “Nosotros todos los campesinos tenemos que ser conscientes que también somos tarijeños y el trato debe ser igual compañeros y tenemos que saber que de toda la torta, que de toda la plata, el pueblo campesino con las luchas de nuestros líderes, de nuestros mártires, de las marchas hemos logrado conquistar el 5%, y ahí nos tenemos que preguntar dónde está el 95%, ¿dónde está la plata compañeros?, no podemos dejar que sigan atropellando cuando nosotros nos estamos llevando el 5%, por eso compañeros es importante tener estos datos y creo que el día de hoy debemos reafirmar la lucha consecuente hasta hacer lograr derogar, anular ese decreto, porque ese decreto atenta contra la autonomía campesina, y el día de hoy debe de ser para reafirmar la profundización de la autodeterminación de la autonomía campesina, exigir nuestros derechos, exigir lo que nos corresponde como pueblo tarijeño, como pueblo campesino… (Eider Quiroga, FSUCCT)”. 220 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL “…también quiero decirles compañeros que a título de austeridad nos quieren quitar el PROSOL, porque no quitan su sueldo ellos si quieren partir de la austeridad, dicen que no hay recursos, ellos tienen que ser los primeros en bajarse los sueldos, a la cabeza del gobernador, y sucesivamente sus directores, muchas veces se hace ver a una institución pero después no es así, entonces quiero decirles a ustedes que se debe de partir de ahí y que no debe haber austeridad para el sector campesino, porque el sector campesino siempre hemos estado haciendo austeridad…”(Berta Barrientos, FSUCCT) Es evidente la emergencia de una conciencia de reconocimiento del sujeto comunitario como parte de la estructura del Estado, base fundamental de la construcción de la identidad política del sujeto social, así como su disputa por la redistribución de los recursos económicos y el control institucional del Estado. “Compañeras, compañeros, el día de hoy es un día histórico que comenzamos nuevamente por defender la lucha del sector campesino, por defender la lucha comenzada el 2007, por defender lo que es nuestro, por defender nuestros derechos, por defender la autonomía campesina, donde, compañeros, esta es la muestra clara en rechazo al decreto dictador, en rechazo al decreto sin consultar al pueblo, la clase campesina también es Tarija, la familia campesina también es Tarija, los 11 municipios somos Tarija, compañeros: esta es la muestra clara donde la familia campesina rechaza esta dictadura que ha iniciado esta nueva gobernación paralizando cada uno de los municipios, paralizando y cerrando cada uno de los proyectos y programas, la cual el día de hoy 10 de agosto está para decirle aquí está el pueblo campesino, aquí estamos para defender nuestra lucha compañeros!”(Miguel Gallardo, Central de O´Connor) También es evidente la reafirmación de la identidad económica campesina en tanto sujeto comunitario productor de alimentos, que exige al poblador citadino reconocer este rol fundamental en la economía regional. El alto grado de vulnerabilidad a los fenómenos y desastres naturales, así como las condiciones estructurales de la histórica subvención de la producción campesina hacia la economía urbana, entregando productos por debajo de los costos de producción, deben ser entendidos ahora desde el reconocimiento constitucional de la economía comunitaria. 221 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL “…con los productos que traemos estamos manteniendo al pueblo, ¿que fuera si no fuera este sector?, ¿de este pueblo campesino?, ¿qué va a comer la población?, y por eso luchamos, porque estamos enfrentando momentos difíciles para producir una papa, producir un maíz, producir una vaca, creo que es algo difícil y por eso vamos a defender esta conquista del PROSOL, en las luchas, en las calles, como lo hemos defendido con la frente en alto y nunca de rodillas.” (Berta Barrientos, FSUCCT) La indignación ante la intensa campaña de desprestigio impulsada por la Gobernación en los medios de prensa locales es otro eje importante de los discursos, orientada a reclamar a la Gobernación, a los medios de comunicación y al Comité Cívico, encargados de amplificar esta campaña. “…el campesino tiene dignidad, el campesino es luchador, el campesino es trabajador, el campesino no es corrupto, el campesino no es flojo, el campesino no es maleante como muchos medios de comunicación han calificado, y de manera especial decirle también al comité cívico prointereses de Tarija, aquí no hay campesinos corruptos compañeros…”(Miguel Gallardo, Central de O´Connor). “…hemos sacado una resolución que estamos haciendo llegar a las diferentes oficinas y también al señor(secretario de la Gobernación) Barrientos, se le dijo muchas verdades, y una de las verdades es que se respete el sector campesino, que no juegue con el sector campesino, ni que nos esté diciendo que somos maleantes, que estamos haciendo malversación de fondos, ni que otras cosas, …, hemos marchado junto con ustedes y estamos aquí para que nos unifiquemos y sigamos un solo camino, que es el de defender nuestros derechos como sector campesino y hacernos respetar como campesinos, y que no se vengan a ensuciar su boca al nombrar que el campesino es esto, que el campesino es lo otro, en primer lugar que se fijen en ellos quienes son y de donde vienen y que es lo que hacen para poder ofender al campesino…”(Representante de la Federación de Bermejo) Como corolario de esta masiva marcha, que por su evidente magnitud tuvo que ser reconocida incluso por la prensa cooptada por la Gobernación, acostumbrada 222 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL a minimizar la movilización campesina por el condicionamiento de la propaganda pagada por esta institución, la gobernación cerró sus puertas, aduciendo“temor de que ocurra algo grave”, manteniendo un discurso descalificativo de la movilización y acusando al Gobierno nacional de estar detrás de la misma. De esta manera los marchistas se organizaron para quedarse en vigilia en la plaza frente a la Gobernación, durmiendo dos noches en los bancos, aceras y cualquier otro lugar, sin más resultado que la actitud prepotente y gamonal de los secretarios de la institución, quienes declaraban por los medios un llamamiento al diálogo, mientras se ratificaban las denuncias de corrupción de los dirigentes de la FSUCCT. La organización campesina se ratifica en rechazo al decreto y a la forma de gobernar por decretazos asumida por la Gobernación(Lizárraga, 2016), reitera su llamado al diálogo, e insta a dicha institución a derogar el decreto maldito, como base de las negociaciones. Esa misma noche se anuncia por parte del comité de movilizaciones que de no darse una solución a partir de esa medida pacífica, se tendría que recurrir a la medida extrema del bloqueo de caminos para el lunes 15. Fue una medida que se intentó usar como última instancia de lucha en el ampliado campesino debido a los duros efectos ocurridos sobre la economía de los bloqueados, y por la tensión que tarde o temprano genera enfrentamientos físicos entre bloqueadores y bloqueados, pero que, dadas las circunstancias, pareció ser la única medida de presión disponible para que los campesinos defendieran su derecho. La vigilia se mantuvo infructuosamente por dos días, lapso en el cual la FSUCCT buscó la mediación de la Iglesia católica, del defensor del pueblo y de la oficina de derechos humanos, instituciones a las que se les tuvo que explicar los argumentos campesinos, pues estaban igual o peor de desinformados que la población común, logrando comprometerlos para mediar de buena fe en la resolución del conflicto. Entre tanto, la Gobernación desplegó una intensa campaña mediática de desprestigio de la medida campesina, usando incluso tácticas de provocación a cargo del secretario Alfaro, calificado como traidor por los campesinos. Él salió a dar una conferencia de prensa en plena plaza para ratificar sus acusaciones y decisión de trasladar el PROSOL al SEDAG, en una evidente provocación que, por supuesto, produjo la irritación de los campesinos en vigilia, hecho que fue convenientemente registrado por los medios y usado luego para“demostrar” que la movilización era violenta. 223 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL BLOQUEO DE CAMINOS, DIÁLOGO Y UNIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD CAMPESINA Para el día domingo, la Gobernación arma una reunión de diálogo en el salón del autotransporte, a la cual asiste la FSUCCT para no dejar un espacio de diálogo sin presencia de la Federación, pero se retira de la misma sin llegar a ningún acuerdo, pues considera que estaban siendo engañados en medio de un ambiente manipulado, con una asistencia ilegítima de funcionarios de la Gobernación que se atribuían representación campesina para obligar a acatar el decreto; se ratifica entonces el bloqueo para el día lunes a primeras horas en diferentes puntos de las carreteras principales. Como previsto, se instalan los puntos de bloqueo en las carreteras principales, nuevamente con algunas descoordinaciones, pero a diferencia del anterior bloqueo, este es masivo y se muestra amenazador por la articulación orgánica que ha logrado. Hasta el mediodía el comité de movilización acuerda con el Concejo de Capitanes y la representación del pueblo Weenhayeck, su apoyo. La Gobernación convoca nuevamente la reunión de diálogo que se instala en el Estadio Departamental. Sorpresivamente, hasta las 6 de la tarde se llega a un acuerdo entre las partes en conflicto, acordando la Gobernación derogar el decreto a cambio de que la organización acepte modificar el reglamento del PROSOL en los puntos conflictivos, cumpliendo en parte la demanda campesina de derogación antes de realizar cualquier modificación al reglamento. Sin embargo, a la hora de redactar el acta de acuerdo, la Gobernación se echa para atrás y plantea modificar el reglamento, y que una vez esto cumplido, recién se derogaría el decreto. Ello es inaceptable para la organización, que entiende tiene el mandato a cumplir del ampliado y la concentración campesina donde se decidió exigir la derogación del decreto y el no aceptar la modificación del reglamento; aunque a fin de encontrar un acuerdo, se arriesgó a ceder en la modificación, y ante la propuesta de la Gobernación, se retira a masificar los puntos de bloqueo. La reunión fue transmitida por radio y estuvo documentada por la prensa. En el transcurso de la misma llega la dirigencia de Bermejo a sumarse a la medida, los pueblos indígenas asisten de veedores para presionar a la Gobernación, y las centrales de O´Connor y Caraparí anuncian que inician bloqueos al día siguiente, exigiendo al comité de movilizaciones mantenerse firme en la defensa de los derechos campesinos. Incluso los dirigentes de la línea de la Gobernación increpan a los secretarios de esta por su falta de capacidad para asumir la conducción y resolución del conflicto. Como elemento a destacar, se genera un evidente ambiente de unificación de la identidad campesina más allá de la afinidad político-partidaria, cuyo impacto en la evolución de 224 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL las medidas de presión podría jugar un rol determinante no previsto por la Gobernación, cuyo cálculo político es evidente y expresado por los propios secretarios:“el gobernador no piensa abrogar porque eso significaría una derrota política que no está dispuesto a asumir”. EL BENEFICIO DEL PROSOL: ¿PARA QUIÉN? En la nota de un periódico local de Tarija se afirma que“las empresas lucran con el 50% de los recursos del PROSOL”(El País, 05/04/15), refiriéndose a una situación problemática en la que ha caído este programa, y que aparentemente no puede ser controlada por la organización campesina. A raíz de una modificación en el reglamento del PROSOL, vigente para la gestión 2015, se obliga a las comunidades campesinas a licitar sus iniciativas productivas de forma pública. Suponemos que es una medida que surge de la necesidad de transparentar los gastos de los recursos recibidos con este programa, ya que previamente a esta modificación del reglamento, las decisiones para definir dónde y qué comprar estaban en manos de un comité comunal conformado con fines exclusivos para la administración del proyecto. Siguiendo ciertos procedimientos administrativos básicos, como la cotización comparativa entre productos y proveedores comerciales, se escogía lo más óptimo considerando la información recabada en dicha cotización, de manera que la decisión se la podía realizar en el seno mismo del comité de proyecto, que no necesariamente consultaba la decisión con la comunidad, lo cual levantó suspicacias sobre la transparencia de estas decisiones. Ya desde el inicio del programa, en el año 2008, se tuvo el problema de corrupción en el proceso de adquisición de materiales, equipos, insumos y servicios requeridos por los proyectos comunales, en los que los proveedores, los funcionarios de la unidad gestora del PROSOL y los miembros del comité comunal del proyecto se las arreglaban para desviar parte del fondo destinado a la comunidad para beneficio privado de ellos mismos. La organización campesina y la Gobernación anunciaron públicamente en esa ocasión el tomar medidas para solucionar esto, realizando ajustes al reglamento prácticamente cada año, y se iniciaron algunas medidas administrativas y judiciales contra miembros de comités comunales y funcionarios del PROSOL identificados en estas irregularidades. Los impactos de estas medidas no han sido aún evaluados, como tampoco los impactos del propio programa en las capacidades y condiciones productivas de las comunidades. Se puede decir, sin embargo, que la organización campesina es la 225 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL que tomó la iniciativa para arreglar este problema, ya que es la propia comunidad la que realiza las denuncias cuando considera que no hubo un manejo transparente de los fondos, y ha sido esta organización la que exigió a la Gobernación el realizar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para controlar el problema. Las modificaciones al reglamento se hicieron siempre a iniciativa de la organización campesina, que se encargó de incorporar las modificaciones que sus bases consideraban necesarias, aunque estas no fueran consideradas siempre por la instancia de aprobación en el Gobierno departamental, donde invariablemente eliminaban algunas e incorporaban otras sin ninguna consulta a la organización, mismas que terminaban siendo aceptadas por dicha agrupación ante la urgencia en la aprobación del reglamento para ejecutar la gestión correspondiente. En este juego de modificaciones al reglamento se enfrentan, queda claro, las estructuras corruptas incrustadas dentro de la Gobernación, en la propia organización campesina y entre las empresas proveedoras, con la estructura orgánica campesina, de manera que el reglamento refleja una configuración normativa que combina los intereses de la organización campesina y los intereses de la red de corrupción. Esto lo ilustran las declaraciones del exsecretario ejecutivo de la FSUCCT, Elvio Díaz, quien manifiesta que“el PROSOL se implementó en este departamento para fortalecer el tema agrícola, pecuario, de transformación productiva y artesanal. Sin embargo, ahora lo que está haciendo este programa es fortalecer las licitaciones y a un centenar de empresas lucrativas”(El País, 05/04/15). Evidentemente, lo que llama la atención es la pregunta de a quien está favoreciendo este programa, pues según la opinión de los dirigentes campesinos, después de siete años de implementación,“los objetivos del programa se distorsionaron, pues los más beneficiados con las licitaciones resultaron las pequeñas empresas y no los agricultores”(El País, 05/04/15); y se puede identificar en la concluida gestión 2014 unas 150 empresas y casas comerciales que se adjudican los diferentes proyectos. El problema no es la cantidad de empresas comerciales que se vinculan a la provisión de servicios, equipos e insumos, sino la forma en la que lo hacen, pues estarían promoviendo mecanismos de lucro excesivo a favor de las empresas a través de pagos irregulares a los miembros de los comités comunales, conocidos localmente como “coimas”. De esa manera la empresa obtiene una ganancia extraordinaria, muy por encima de lo que ganaría en las condiciones regulares del comercio local; según el dirigente campesino de la FSUCCT Eider Quiroga, las empresas se quedan con el 50% de los fondos comunales(El País, 05/04/15). Esto implica que con el dinero 226 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL que reciben las comunidades campesinas por medio de este programa solo se puede comprar la mitad de lo que se podría en situaciones regulares. Este problema ya se lo pudo observar en las acciones de apoyo a los productores campesinos con motivo de los desastres naturales en los años 2006 y 2007, antecedente directo del PROSOL. El Gobierno entregó fertilizantes a través de la prefectura y de los municipios a las comunidades campesinas para recuperar los cultivos perdidos, pero los precios de los fertilizantes se duplicaron, resultando en un negocio extraordinario para los intermediarios. La diferencia es que en ese momento el negocio se realizó entre el funcionario público de turno y el comerciante, y ahora, con la implementación del PROSOL, este negocio se realiza entre el intermediario y el campesino miembro del comité de proyecto, habiéndose trasladado el control de las decisiones sobre el manejo del dinero desde el funcionario público hacia el miembro del comité comunal de proyecto. El funcionario público que mantiene posibilidades de seguir vinculado al esquema de corrupción es el encargado técnico de hacer seguimiento administrativo a la ejecución del proyecto. Él puede influenciar a las comunidades para que realicen tal tipo de proyecto y con tal empresa usando diversos mecanismos de convencimiento y/o coerción, como la negación de aprobación del proyecto por“falencias técnicas”, logrando su ajuste a proyectos que impliquen adquisición de bienes y servicios de empresas que ya están en coordinación con el técnico, con lo cual se articula el esquema de corrupción entre este, la empresa y el miembro del comité. El beneficio para la comunidad se reduce en cualquier caso y para la empresa se mantiene, en cualquier caso, al igual que el del técnico que supervisa los proyectos comunales, que mantiene su lugar de intermediación para inducir a las comunidades hacia una u otra empresa. Mientras tanto, el que se disputa la ganancia ilegal es el funcionario público que en otros esquemas es el que decide la asignación del presupuesto para tal o cual proveedor, y el miembro del comité comunal, que de hecho accede a esa posición decisoria. ¿Qué tanto puede controlar la organización campesina este mecanismo de corrupción? Esto debe ser evaluado, pues la comunidad tiene que seguir enfrentándose a la intermediación del esquema corrupto, y la presencia de este pone en riesgo la existencia del programa, de manera que la organización campesina tiene un incentivo muy fuerte para erradicar la corrupción, pero si bien ha demostrado actuar en este sentido de forma reiterada y consistente, su efectividad no es absoluta. Es posible decir que logra cierto control pues el solo hecho de que se movilice para aplicar medidas de 227 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL control ya es un logro que no ocurriría en un esquema de corrupción en el que se excluye de la decisión de asignación de fondos a la estructura organizativa campesina. Tampoco se puede afirmar ni que ninguna comunidad esté involucrada como tal en estos actos de corrupción, las familias pierden de hecho la mitad del beneficio con este procedimiento; ni que todas las comunidades están afectadas por este problema, ya que existe una proporción no determinada, pero muy importante, de comunidades que han erradicado estos esquemas de corrupción. Esta es una situación concreta y explícita de disputa, entre la organización comunitaria campesina y el esquema de corrupción, por el dominio del territorio campesino. La organización tiene un grado de control que le es dificultoso demostrar por la falta de mecanismos de documentación que demuestren estos logros, lo cual es una falencia del programa en general, y es sin duda una necesidad imprescindible de desarrollo en el diseño institucional para consolidar el programa con los objetivos planteados en su inicio por la lucha campesina. LOS ARGUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA PARA LA DEFENSA DEL PROSOL La organización campesina ha estructurado argumentos de defensa de su conquista histórica, poniendo de relevancia la naturaleza de un programa que es pionero en la sociedad y Estado plurinacional, estos argumentos se sostienen en el impacto que este programa ha tenido en la vida de la gente. 1. La naturaleza comunitaria del PROSOL El programa de transferencias directas a las comunidades campesinas e indígenas del departamento de Tarija es una transferencia anual a las comunidades, no a los individuos, las que deben priorizar comunalmente la ejecución del monto asignado en el marco de un reglamento que establece claramente qué y cómo se puede hacer. 228 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL 2. El PROSOL en cifras Tabla N° 1. Resumen de desembolsos del PROSOL, 2008-2015 N° Familias Año I.P.(*) Beneficiadas(*) Total desembolso(*) Monto por familia(*) Presupuesto departamental aprobado(**) Presupuesto departamental pagado(**) 2008 783 39.111 79.318.000,00 2.000,00 2.131.303.472,00 2.074.996.676,66 2009 732 42.256 85.380.000,00 2.000,00 2.445.616.281,00 2.081.773.827,39 2010 656 36.803 74.666.000,00 2.000,00 1.910.643.995,00 608.639.783,52 2011 983 48.064 216.288.000,00 4.500,00 2.930.813.849,00 2.220.512.288,56 2012 1.078 48.115 216.517.500,00 6.000,00 3.011.812.999,00 3.133.089.963,85 2013 604 33.603 201.618.000,00 6.000,00 4.129.915.381,00 4.319.771.900,70 2014 626 34.880 209.280.000,00 6.000,00 4.236.207.764,00 4.578.403.982,41 2015 604 30.383 182.136.000,00 6.000,00 4.900.000.000,00 3.100.000.000,00 Total 6.066 313.215 1.265.203.500,00 25.696.313.741,00 22.117.188.423,09 Fuentes:Atlas de la Producción Comunitaria, JAINA. Elaborado en base a datos de la *: Unidad Gestora del PROSOL **: SIGEP 3. La incidencia de la corrupción en el PROSOL es de menos del 1% En los 8 años de ejecución del PROSOL se han implementado 6.066 iniciativas productivas, se han formulado menos de 200 denuncias de corrupción, y se han encontrado evidencias de corrupción en menos de 50 iniciativas productivas, que representan el 0,8%, lo que significa que el restante 99,2% no tiene problemas de corrupción. 4. El PROSOL es una política departamental, creada mediante ley nacional, conseguida mediante la lucha social El PROSOL es un programa departamental de transferencias directas a las comunidades campesinas e indígenas, creado mediante ley nacional N° 3741, conseguido a través de la lucha campesina por lograr la redistribución de las regalías entre los diferentes sectores sociales del departamento ante la negativa de las clases dominantes a redistribuir entre todos los habitantes de Tarija los recursos. 229 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL 5. El PROSOL es la única política pública que garantiza la inversión para todas las comunidades y todas las familias campesinas En toda la historia de la vida republicana no hubo una sola política pública de desarrollo productivo que haya sido capaz de garantizar la inversión en TODAS LAS COMUNIDADES y para TODAS LAS FAMILIAS CAMPESINAS, por eso el PROSOL es un patrimonio y un legado de la lucha campesina tarijeña que aporta a la construcción de un Estado plurinacional más democrático, justo y equitativo. 6. El PROSOL no es un bono, un subsidio, ni una subvención; es un derecho constitucional del pueblo campesino La Gobernación ha planteado que el PROSOL es un REGALO que le entrega al pueblo campesino bajo la forma de un bono o subvención y por eso se atribuye el derecho a eliminarlo. La organización campesina aclara que el PROSOL es un DERECHO DEL PUEBLO CAMPESINO constitucionalmente garantizado bajo la figura de la ECONOMÍA COMUNITARIA y es una obligación de la Gobernación garantizar esta política de apoyo a la economía comunitaria. 7. El PROSOL es una política de reconstrucción de la economía comunitaria La República de Bolivia ha despojado, explotado y excluido a los campesinos desde su creación en 1825 y por eso existe una deuda social histórica que el Estado boliviano debe saldar con el pueblo campesino. El PROSOL es una política para empezar a saldar esa deuda social histórica, debe ampliarse y perfeccionarse para lograr que las comunidades puedan reconstruir sus capacidades económicas, productivas, organizativas y culturales en el marco de la construcción de un Estado equitativo, justo y pluralista. 8. El pueblo campesino tiene el derecho a la consulta ante cualquier intento de modificación del PROSOL La Constitución Política del Estado, en su artículo 30, garantiza a los pueblos indígenas originarios campesinos su derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos. 230 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL 9. El PROSOL es un modelo de administración diferente y más eficiente El PROSOL es un modelo de inversión pública basado en la ejecución directa de los recursos públicos por parte de la propia sociedad civil organizada comunitariamente, lo que permite que la ejecución de los proyectos de desarrollo sea de acuerdo a las necesidades de la propia población. Esto a diferencia del modelo de ejecución centralizado que tiene la Gobernación para los demás proyectos, donde los políticos y las empresas tienen el control de la ejecución de los recursos públicos, sin importar la calidad de las obras o que respondan a necesidades reales de la población pues solo les interesa la ganancia económica que pueden obtener a través de la corrupción. 10. La lucha por defender el PROSOL es la lucha para construir la autonomía campesina En el fondo lo que le interesa a la Gobernación es eliminar el PROSOL para cortar el fortalecimiento de la organización campesina, y su idea de transferir el programa de transferencias directas al SEDAG es para someterlo a las reglas institucionales que le permitan a la Gobernación controlar bajo sus criterios el uso de esos recursos, coartando el derecho de las comunidades campesinas a decidir cómo usarlos. 11. La discusión por reducir o aumentar el PROSOL es una discusión por la forma en la que se deben redistribuir los recursos entre el total de la población de Tarija Con el discurso de la crisis y la política de austeridad la Gobernación ha planteado que el PROSOL debe reducir su asignación presupuestaria, pero no dice nada sobre cómo piensa asignar el presupuesto justo que le corresponde a la producción comunitaria del pueblo campesino; por eso la organización campesina exige que se respete su DERECHO CONSTITUCIONAL a la asignación presupuestaria para la producción comunitaria, para lo cual se debe establecer un mecanismo legal que garantice un PACTO FISCAL para la redistribución de los recursos económicos del departamento de Tarija entre todos los tarijeños. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES El debate de la autonomía campesina en los valles tarijeños implica una recuperación de los procesos formativos del espacio y del sujeto de la actual Tarija, como bien lo 231 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL hace notar elTribunal Constitucional Plurinacional en su informe sobre la condición ancestral del campesino chapaco. Si bien es cierto que el sujeto campesino, tal como lo conocemos ahora, tiene un proceso formativo contemporáneo a la formación del Estado boliviano desde su fase colonial hasta su fase republicana, es necesario diferenciar dentro del sujeto campesino a aquel que mantiene una conexión directa con el espacio territorial ancestral, de aquel que ya se ha desplazado hacia otros centros de poblamiento y colonización como resultado de la aplicación de la política pública del Estado boliviano. Así tenemos un campesino que podría concebirse como tradicional en el sentido de que se desarrolló en el espacio geográfico donde fue articulado con los procesos coloniales, bajo instituciones agrarias como la encomienda y la hacienda cuya lógica fue usar la propia territorialidad indígena para legitimar su derecho colonial sobre los miembros de la entidad indígena en cuestión. Fue la memoria de esa territorialidad la que se mantuvo como referente de reconstitución histórica de estos sujetos por más de haber sido desarticulados en sus estructuras políticas y culturales ancestrales. Este tipo de campesino es el que actualmente se encuentra en los valles de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, y se diferencia del campesino de formación posterior, ya en la república, que se denominó entonces colonizador, e intercultural en el nuevo Estado Plurinacional. Esta franja de los valles coincide además, grosso modo, con la antigua frontera incaica con tierras bajas, donde se aplicaron políticas poblacionales particulares, convirtiéndose esta franja más bien en zona de mitimaes, es decir, periferia territorial de núcleos territoriales ubicados al interior del imperio incaico en tierras altas. Por esa razón, en los valles de Tarija no es posible encontrar una reivindicación territorial indígena, pero sí campesina, a diferencia de tierras bajas y tierras altas, donde las reivindicaciones territoriales, consolidadas o demandadas, son evidentes y muy frecuentes, lo cual se explica porque ese era espacio de núcleos territoriales indígenas precoloniales. Lo contradictorio de este sujeto es que, a pesar de estar sobre espacio ancestral, se territorializa en función a la territorialidad colonial, y su referente central de espacialidad y territorialidad es el territorio republicano. Cuando la revolución del 52 acaba con el régimen de las haciendas pero no con la espacialidad construida por las haciendas, la recuperación de la tierra por parte de los campesinos(en este caso se aplicaría muy bien el término campesindio sugerido por Armando Bartra(2008) no se consolida en términos de propietarios individualizados, sino como propietarios 232 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL individuales articulados en colectividades comunitarias, las comunidades campesinas, reflejando las dinámicas comunitarias ancestrales que se mantuvieron y fueron subordinadas a la institución agraria de la hacienda. La propiedad agraria colonial construida sobre la territorialidad indígena como referencia del derecho colonial sirve de base para la estructuración territorial del Estado colonial, y este a su vez es la base fundamental para la estructura territorial de la República, y es dentro de estos marcos territoriales del Estado moderno que se adecúa el campesino, pero siempre sobre el espacio ancestral. Aquí es fundamental entonces no perder de vista las categorías geográficas de espacio y territorio, la noción de proceso formativo del sujeto y la disputa por el territorio. Espacio ancestral como georeferente espacial de vinculación ancestral, y territorio campesino como la porción del espacio ancestral efectivamente apropiado por los indígenas en las nuevas circunstancias estatales de la república, primero, y del Estado plurinacional, después. El campesino tarijeño, como parte del sujeto ancestral subordinado a las estructuras coloniales pero manteniendo su condición comunitaria para explotar su fuerza de trabajo, nunca abandona la disputa por el territorio, puesto que en su memoria larga persiste una conciencia de pertenencia ancestral sobre el mismo. Es un territorio siempre referenciado desde el espacio ancestral, es el lugar vital donde se reproduce la vida comunitaria, pero contemporaneizado a la dinámica colonial y republicana, de ahí que surge la noción clave de territorio campesino como espacio colectivo ampliado que no es posible defender ni articular en forma fragmentada. Muy rápidamente los campesinos emancipados del 52 se constituyen en sindicatos comunales, y seguidamente se articulan en subcentrales y centrales de comunidades campesinas, de manera que en la década del 70 ya se había organizado una Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, formalizada en 1982. La conquista campesina de la tierra encuentra rápidamente su límite en la marginación de la política pública por parte de un Estado republicano aún controlado por la clase dominante de los exterratenientes, de manera que la propiedad de la tierra se torna un paso hacia la consolidación de un espacio territorial campesino donde se disputa el poder político para direccionar la política pública en beneficio de este territorio. La lucha por la consolidación de un espacio territorial con cualidad gubernativa localmente, en base al contenido del sujeto social comunitario en la provincia Cercado, demuestra explícitamente la condición del territorio campesino como una 233 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL apropiación contemporánea del espacio ancestral por parte del sujeto comunitario de raíces ancestrales en proceso de reconstitución de sus estructuras políticas, económicas y territoriales. Territorio campesino es entonces reapropiación del espacio ancestral por el sujeto comunitario que fue desarticulado y subordinado a la estructura colonial de explotación, y que, a raíz de su lucha por recuperar su condición de pueblo autónomo, atraviesa complejos procesos de reconstitución societal y territorial. Estos son referenciados a la evolución contemporánea del espacio ancestral trasmutado en territorio estatal moderno, tensionado por la colonialidad que atraviesa al ser mestizo, y cuyo control es activamente disputado por el sujeto comunitario. El PROSOL permite visualizar esta disputa por el control de la política pública no solo para disputar la parte del excedente o de la riqueza social generada por el Estado, sino para decidir cómo se aplica esta política pública en el territorio desde las estructuras comunitarias del sujeto comunitario campesino. El control de una fracción del excedente se enfrenta al dilema de la obligación que impone la institucionalidad republicana aún existente, ya que el empleo de los recursos públicos tiene que ser justificado mediante el uso de documentos fiscales formales, es decir facturas, obligando a las comunidades a adquirir bienes y servicios del mercado formal, constituido por las empresas y casas comerciales que pueden emitir estos documentos y que despliegan una estrategia efectiva para persuadir a los encargados de los proyectos comunales para comprar a unos y no a otros por la vía de los sobornos. Esto ha llevado a que las comunidades entren en una vertiginosa sustitución tecnológica, lo que genera una mayor dependencia tecnológica en el proceso productivo campesino, bajando así la autonomía productiva. Esta es una paradoja puesto que el control sobre la política pública que afecta al territorio campesino no necesariamente ha implicado el control sobre la producción, pues el uso de los recursos públicos está condicionado a adquirir bienes y servicios de un medio comercial formal de donde está excluido el propio productor campesino, con lo cual la conquista campesina de la transferencia directa a las comunidades se ha transformado en un mecanismo de reconcentración de la riqueza por parte de una clase mercantil afincada en las ciudades. BIBLIOGRAFÍA Bartra, Armando. 2008. Campesindios: aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado. Boletín de Antropología Americana. No. 44(enero- diciem234 Política pública para la economía comunitaria: el caso del PROSOL bre 2008), pp. 5-24. Published by: Pan American Institute of Geography and History. https://www.jstor.org/stable/41426470 Bolivia, Estado Plurinacional de. 2009. Constitución Política del Estado. Bolivia, Estado Plurinacional de. 2007. Ley Nº 3741, 14 de septiembre de 2007. PROSOL. Diversitas. 2016. La autonomía como campo de disputa. Centralidades desde la periferia. N° 2.Tarija: Jaina/Rosa Luxemburg. Lizárraga, Pilar. 2016.“Los contrasentidos de la autonomía departamental: gobernar ppor decreto como práctica anti autonomista y antidemocrática”. En: Diversitas N° 2. La autonomía como campo de disputa. Centralidades desde la periferia.Tarija: Jaina/Rosa Luxemburg. Pp. 67-80 Lizárraga Pilar y Carlos Vacaflores(Coord.). 2016. Atlas de la producción comunitaria: EL Programa de Transferencia directa(PROSOL) en las comunidades de la Provincia Cercado- Tarija. Documento de trabajo.Tarija: Jaina. Tarija, Gobierno Departamental. 2018. Ley Departamental N° 299- LEY DEPARTAMENTAL TRANSITORIA PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA SOLIDARIO COMUNAL(PROSOL) GESTIÓN 2018. Vacaflores, Carlos. 2014. La emergencia de la Federación de Comunidades Campesinas deTarija y la legitimación del territorio campesino en la construcción del Estado Plurinacional Comunitario. Ponencia presentada en las II Jornadas Investigasur,Tarija. Vacaflores, Carlos. 2016.“Lucha campesina por los derechos comunitarios: el Prosol”. En: Diversitas N° 2. La autonomía como campo de disputa. Centralidades desde la periferia.Tarija: Jaina/Rosa Luxemburg. Pp. 131-140. ZONISIG. 2000. Zonificación agroecológica y socioeconómica del departamento deTarija. La Paz: MDSP/Prefectura de Tarija/ZONISIG. Esta referencia no se encuentra en el texto, no la encontré, ve de ponerla. Nota de Prensa El País. 05,04,2015.“Empresas lucran con el 50% de los recursos del PROSOL”. Tarija: www.elpaisonline.com. P. 10. Unitel. 2016. Telepais con noticias de Tarija. Resumen de noticias. 29 de Abril. https://www.youtube.com/results?search_query=telepais+29+abril+2016+tarija Créditos fotos Archivo Jaina Vacaflores, Marcelina. 235 SISTEMA ALIMENTARIO COMO PATRIMONIO GASTRONÓMICO: PERSPECTIVAS DESDE LA ECONOMÍA PLURAL Carlos Vacaflores INTRODUCCIÓN La cuestión alimentaria es un eje relevante del debate contemporáneo del desarrollo, que cobra gran importancia en los últimos tiempos, particularmente con las crisis alimentarias causadas ya no por los fenómenos climáticos o las crisis humanitarias provocadas por guerras, sino por un comportamiento del mercado que asume al alimento como una mercadería y no como un bien de uso, en una racionalidad que se fue generalizando a raíz de la implantación cada vez más extendida del sistema agroalimentario moderno industrial, que ha sustituido en gran medida a los sistemas alimentarios tradicionales locales en todo el orbe, causando serios problemas en la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, particularmente en la degradación de la riqueza de la agrobiodiversidad y en los conocimientos asociados a la gestión de los sistemas productivos locales, problemas en la salud pública causados por los aditamentos químicos para conservar, saborizar y colorear las comidas industrializadas, así como cada vez mayor dependencia alimentaria de los empresas agroalimentarias globalizadas. El sistema agroalimentario moderno industrial está íntimamente relacionado con el paulatino avance de la llamada revolución verde, una estrategia de desarrollo tecnológico de la producción agropecuaria que permite el control del germoplasma y los insumos productivos por parte de las empresas capitalistas a escala global, en desmedro del control campesino del germoplasma tradicional, y cuyo efecto es la pérdida de conocimiento alimentario basado en el uso y consumo de las variedades tradicionales, que cada vez más son sustituidas por las variedades comerciales. La alimentación de los pueblos ha estado históricamente en gran medida en manos de los propios pueblos, los que han sido capaces de domesticar especies alimenticias silvestres y desarrollar a partir de eso una enorme diversidad de germoplasma con fines 236 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural alimentarios y de uso práctico en diversas necesidades humanas, con un conocimiento igual o más rico para el uso y consumo de esta agro biodiversidad. Sin embargo, una característica de los tiempos modernos es sin duda la incursión avasalladora de la racionalidad mercantil capitalista en el ámbito de la alimentación, ayudada por la complicidad de una modernidad capitalista y su discurso de desarrollo y progreso, desplegando una poderosa y persuasiva narrativa de fatalidad histórica a la que no se puede, ni se debe, escapar. Las políticas públicas de los Estados modernos estuvieron moldeadas por los paradigmas del desarrollo moldeados por los acuerdos de pos-guerra impuestos por las potencias mundiales a mediados del siglo XX, marcando una fase histórica de consolidación de las dinámicas globalizadas del poder hegemónico de las potencias vencedoras en las guerras mundiales, en términos económicos, políticos y culturales. Un ámbito principal de incidencia fue la imposición de un modelo agroalimentario global organizado en función a la racionalidad capitalista del mercado, lo cual es bien aprovechado por el capital trasnacional asentado en los países del norte, que naturalizan su posición hegemónica desde una narrativa de la inexorabilidad histórica del desarrollo capitalista de la economía y los mercados, justificando así los impactos dramáticos sobre los sistemas alimentarios locales, que se han vulnerabilizado en términos del control local sobre la producción y procesamiento de los alimentos, así como en la degradación del conocimiento local por la pérdida de germoplasma y las tecnologías asociadas a su producción, conservación, procesamiento y consumo. Las explicaciones y respuestas que se han producido surgen consecuentemente de esta tensión estructural entre los actores relacionados a la alimentación: los organismos multilaterales(FAO, BM, etc.) y las corporaciones trasnacionales, que señalan como causa a la falta de desarrollo de los mercados capitalistas y de presencia del sector privado, y por lo tanto proponen un mayor desarrollo del mercado capitalista y mayor protagonismo del sector privado-empresarial; y por otro lado están los pequeños productores y consumidores domésticos de todo el mundo, que plantean una perspectiva crítica a la sobredimensión del mercado capitalista en la configuración del sistema agroalimentario, y abogan por una estrategia para volver a ganar un control desde las sociedades locales sobre los sistemas alimentarios(Rosset y Ávila, 2009). 237 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural LA GLOBALIZACIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO La provisión alimentaria ha experimentado un largo proceso que tiene como hilo conductor su progresiva integración en la organización industrial de la producción, la distribución y el consumo de alimentos. Hoy forma parte de un sistema en el que las formas de hacer dinero se han desplazado hacia el ámbito de lo financiero para consolidar así una economía de la“adquisición”. En este contexto, la elaboración y el consumo de alimentos ha ido separándose progresivamente de su vinculación directa con la agricultura y con el entorno próximo en el que ésta se desenvolvía para insertarse en un complejo sistema desde el que se resuelven las cuestiones de qué, cómo y para quién se producen, se distribuyen y se consumen los alimentos. La evolución de este sistema agroalimentario está ligada a los imperativos del crecimiento y la acumulación dentro del sistema económico vigente, aunque el funcionamiento de este complejo posea algunas particularidades que lo definen de manera específica y lo diferencian de otros sistemas de provisión. Entre ellas cabe destacar el peso que en estos procesos poseen los factores orgánicos o biológicos, especialmente en los dos extremos de la cadena –la producción y el consumo alimentario. Nos encontramos, pues, con un ámbito en el que la naturaleza, como factor limitante y condicionante del desenvolvimiento económico, adquiere connotaciones especialmente relevantes. Por otro lado, siendo la alimentación un fenómeno biocultural complejo, acaba siendo tratada, como una mercancía más, desde la visión unidimensional de lo económico. Fuente: Delgado, M.(2010) En términos de modelos de gestión del desarrollo, estas dos perspectivas se expresan en las concepciones de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La primera, promovida principalmente por los organismos multilaterales, se plantea como una estrategia para resolver el acceso y consumo de alimentos mediatizada por el mercado capitalista y las formas de organización económica capitalistas en general; y la segunda, promovida centralmente por las organizaciones campesinas articuladas en la Vía Campesina, se presenta como una estrategia basada en el control de los sistemas agroalimentarios desde las propias estructuras sociales locales. Desde la academia se ha desarrollado material teórico para apoyar ambas perspectivas, que se presentan en la realidad en términos de en una tensión paradigmática contradictoria, pero ocultada, 238 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural y que es fundamental tener presente para construir los marcos analíticos necesarios para comprender la cuestión alimentaria en la modernidad, con enfoques como el que el geógrafo brasilero Bernardo Fernandes a denominado como los paradigmas de la cuestión agraria y del capitalismo agrario(Fernandes, 2009). Las propuestas dominantes de desarrollo rural en la actualidad se generan desde la hegemonía paradigmática del capitalismo agrario, mientras que las perspectivas paradigmáticas de la cuestión agraria no tienen la misma potencia por partir desde situaciones que buscan reinventar el sistema, de ahí que podemos entender las narrativas dominantes que encaran la cuestión alimentaria contemporánea como construcciones sociales que provienen de esas dinámicas paradigmáticas. TERRITORIO Y CUESTIÓN AGRARIA Los estudios sobre el desarrollo territorial rural pueden ser clasificados en dos tendencias: las que parten del paradigma del capitalismo agrario y las que parten del paradigma de la cuestión agraria. En el caso de los estudios del primero, las críticas al capitalismo no traspasan los límites del sistema. Las perspectivas de desarrollo territorial rural son analizadas a partir de modelos del modo de producción capitalista. Las perspectivas de modernización tienen como fin alcanzar modelos de sistemas para las empresas, los mercados, las tecnologías y otras políticas, teniendo como referencia las reproducciones de relaciones capitalistas. El paradigma del capitalismo agrario analiza y crea procedimientos metodológicos para clasificar las desigualdades sociales, mas no utiliza conceptos o procedimientos para estudiar los conflictos generados por los enfrentamientos entre las clases sociales. Por esa razón, su concepto de territorio es mucho más próximo al concepto espacio y de región, principalmente por la ausencia de análisis sobre las contradicciones y los conflictos. Para el paradigma de la cuestión agraria, en cambio, las críticas al capitalismo sobrepasan los límites del sistema. Las perspectivas de desarrollo territorial rural se comprenden a partir de la crítica a los modelos del modo de producción capitalista. Los de este paradigma utilizan como referencia las contradicciones y los conflictos entre las relaciones capitalistas y las no capitalistas. La perspectiva de modernización procura crear modelos alternativos de organizaciones, mercados, tecnologías y otras políticas para superar la reproducción de las relaciones capitalistas. Fuente: Fernandes, B.(2009) 239 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural En ese sentido, en este ensayo buscamos delinear un esquema posible de interpretación de la disputa paradigmática aplicada a la cuestión alimentaria, para poder realizar una lectura crítica de las propuestas de revalorización de los conocimientos alimentarios tradicionales de los pueblos, frente a los procesos de degradación provocados por la imposición del sistema agroalimentario industrial-moderno, pero que a nombre de lo alternativo, sigue usando un planteamiento de concepción económica similar al usado por el sistema agroalimentario moderno-industrial. Al retomar el tratamiento que se hace en las propuestas de desarrollo de la categoría patrimonio gastronómico, como enfoque específico del sistema alimentario, buscamos comprender cómo se presenta la disputa paradigmática en este campo específico, y la relacionamos con las perspectivas que ofrece la propuesta de la economía plural, en tanto propuesta emergente de la crítica a la modernidad en el proceso formativo boliviano, para de esta forma construir un marco analítico más útil para orientar la política pública en un sentido de beneficio social, y no como una renovada versión de la vieja fórmula de despojo y concentración que solo beneficia a las elites económicas. EL PATRIMONIO GASTRONÓMICO El punto de partida en la comprensión de la cuestión alimentaria es por supuesto la alimentación humana, considerada ésta en su complejidad más allá de su especificidad biológica, sino además como un acto social y cultural, que implica un sistema cultural de contexto ligado a una red de representaciones, simbolismos y rituales, que guía las elecciones que se hacen, en un espacio social determinado, para el consumo de los alimentos en este, y que activan un conjunto de factores de orden ecológico, histórico, cultural, social y económico(Álvarez, 2002). Cada vez más se posiciona una perspectiva analítica que rescata la multidimensionalidad del hecho alimentario, y en muchos ámbitos y espacios ya es aceptado que el comer implica un hecho social complejo que involucra y coloca en escena todo el proceso productivo, de acceso, preparación y consumo de los alimentos, tanto en sus aspectos materiales como simbólicos, de ahí que el consumo de alimentos, así como los procesos sociales y culturales en los que se despliega este hecho, es un elemento fundamental en la configuración de las identidades colectivas, con toda su complejidad de relaciones que esto implica, de manera que la comida que se desarrolla de cierta manera en el seno de una determinada entidad social, y le es característica, se la considerada como un patrimonio cultural de ese colectivo social, en el ámbito específico de la gastronomía. 240 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural Como toda construcción social, el patrimonio cultural es producto y síntesis de la compleja trama de relaciones que configuran a la entidad social en cuestión, y por tanto es un producto en constante evolución, un hecho histórico sujeto a la dinámica de permanente reconstitución del colectivo social, en la que intervienen los distintos intereses de las clases y los grupos sociales que integran el colectivo, sean estas de cooperación o de confrontación, siendo un proceso constante la incorporación, re significación y/o retiro de materiales, utensilios, espacios, prácticas, insumos, técnicas, etc., de manera que el patrimonio no es una cuestión estática, sino absolutamente dinámica y viva(Álvarez, 2002). A raíz de los procesos sociales contemporáneos que cuestionan la absolutidad del Estado-nación como entidad de contención de las dinámicas y procesos de la sociedad moderna, particularmente expresados con la emergencia de imaginarios sociales y políticos construidos desde la reconstitución de sujetos sociales comunitarios de raíces ancestrales, como los pueblos indígenas, originarios y campesinos del continente americano(Vacaflores y Lizárraga, 2012), la noción de patrimonio cultural, y por tanto del patrimonio gastronómico contenido en éste, se ha potenciado en su posibilidad de referirse a realidades sociales constituidas desde diferentes dinámicas, y es posible visualizar construidos culturales patrimoniales en función a la espacialidad que se genera tanto desde el Estado nación moderno, así como desde las entidades sociales constituidas desde lo étnico, clasista, sectorial, etc. Tal es así que la noción de patrimonio ha sufrido una evolución hacia perspectivas más abarcadoras, pasando de una noción anclada en los parámetros del estado y la nación modernos, hacia formas de articulación societal diversa, donde esta categoría se suma a las nociones de memoria, cultura, identidad, cuya construcción es un hecho social, por tanto dotado de historicidad, conflictividad, espacialidad, en los cuales intervienen los intereses de los distintos grupos que coexisten en el entramado social, y es espacio de expresión de las tensiones y diferencias, así como de las complementariedades, que oponen y acercan a las entidades societales de la modernidad estatal; de ahí que, como plantea Álvarez(2002), permite reconocer las relaciones de los integrantes de un colectivo con ese patrimonio, y es un proceso de continua resignificación y recontextualización de espacios, prácticas y bienes diversos que participan en la vida cotidiana de una sociedad. En este sentido, la constante creación y recreación del patrimonio cultural alimentario implica la aplicación de relaciones de poder entre los sujetos y grupos sociales que intervienen en este proceso, los cuales pugnan por pluralizarlo y actualizarlo para 241 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural que abarque no solo los bienes y significaciones producidas por los grupos dominantes, sino también las de los grupos subalternos. La noción de patrimonio alimentario se sustenta en la constatación inicial de que el acto de comer, la conducta alimentaria, es algo que va más allá del solo hecho de ingestión de nutrientes, sino que implica la construcción de un complejo entramado simbólico construido por un entramado social que le permite comunicarse entre sí, produciéndose una espacialidad gastronómica que se la puede denominar como la “cocina”, que se la puede describir como“una estructura que incluye cuatro elementos: 1)un limitado número de alimentos seleccionados de entre los que ofrece el medio(por capacidad de acceso y utilización de energía); 2) el modo característico de preparar esos alimentos(cortados, asados, cocidos, hervidos, fritos, etc.); 3) el principio o principios de condimentación tradicional del alimento base de cada conjunto social; y 4) la adopción de un conjunto de reglas relativas al“estatus” simbólico de los alimentos, el número de comidas diarias, que los alimentos se consuman individualmente o en grupo, etc.”(Farb y Armelagos, en Álvarez, 2002), de ahí que las cocinas pueden ser expresiones de diversas dimensiones de constitución social, ya sea ésta étnica, regional, nacional, etc., con toda su dinámica constitutiva interna. ALIMENTO Y COMIDA “Comida no es solo una sustancia alimenticia, sino también un modo, un estilo y una manera de alimentarse.Y el modo de comer define no solo aquello que es ingerido sino también a aquel que ingiere(…) para convertir un alimento en comida es menester no solo el acto crítico de cocimiento sino también el modo en que se prepara el alimento. Si se trata de invitar a un almuerzo organizado con todo esmero y cuidado, ningún brasileño se satisfará con comprar ingredientes de primera calidad y ponerlos simplemente en el fuego, aplicando impersonalmente un libro de recetas, sino que mandará preparar tales alimentos con sumo cuidado y debidamente condimentados. Es la calidad de la“comida”, servida con esmero y abundancia, la que expresa su consideración para con su invitado(…) Lo fundamental es que el acto de comer cristaliza estados emocionales e identidades sociales. Fuera del país puedo hacer de una comida regional un emblema de la identidad nacional; pero dentro del Brasil identifico muchas regiones y hasta familias por el modo como preparan y sirven ciertos alimentos”. Fuente: Roberto DaMatta. In: Álvarez, M.(2002) 242 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural La dimensión simbólica del alimento es lo que le confiere una especificidad fundamental y permite relacionarlo con la identidad de las entidades societales, siendo necesario distinguir entre la simple sustancia nutritiva que se ingiere y la sustancia dotada de significado que se usa para alimentarse, en una precisión semántica que bien se la puede expresar en la diferenciación que propone el antropólogo brasileño Roberto DaMatta, que distingue entre alimento y comida, siendo posible ubicar la expresión espacial de la comida en las cocinas, siendo posible para los individuos“trazar una cartografía de comportamientos, simbolismos y rituales, normas de aceptación o evitación, modos de jerarquía y alcance de funciones”(Álvarez, 2002). De esto se desprende la naturaleza espacial de la alimentación como hecho patrimonial, dado que el patrimonio alimentario se sustenta en el alimento que la entidad societal obtiene de su propio medio, apropiado en términos territoriales, es decir, del sistema alimentario local. LA COMIDA COMO TRABAJO HUMANO MATERIALIZADO Marx construye su crítica de la economía partiendo de la idea de individuos produciendo en sociedad, a diferencia de Smith, Ricardo o Rousseau, cuya construcción teórica cuestiona por asumir sujetos individuales, solos y aislados, como punto de partida de la evolución económica de la civilización, postura teórica que considera una simpleza falsa, puesto que el individuo del siglo XVIII que estos pensadores analizan, a pesar de presentarse en la actualidad de su construcción teórica como individuos en una sociedad de libre competencia, no está desprendido de lazos que lo conectan históricamente con un conglomerado humano determinado y circunscrito que lo produce en su forma actual. El individuo que ahora se presenta como alguien que puede desarrollar sus intereses individuales lo hace solo porque las diferentes formas de conexión social han llegado a un grado(o forma) de desarrollo tal que le permiten desempeñarse como tal, pero para llegar a esa posibilidad, esas conexiones sociales tuvieron que pasar por fases evolutivas peculiares, desde los núcleos familiares más primitivos hasta las formas cada vez más complejas de articulación societal, que desembocaron eventualmente en las posibilidades político-culturales contemporáneas que permiten al individuo comportarse en su individualidad. “Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo – y por consiguiente también el individuo productor – como dependiente y formando parte de un todo mayor: en primer lugar, y de una manera todavía muy 243 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu, más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus”(Marx, 2009:34). Pero, advierte Marx, el individuo del siglo XVIII, que teorizan los economistas en cuestión, se puede individualizar solo si este contexto societal provee las condiciones adecuadas para hacerlo, de ahí que, afirma, el hombre no es solo un animal social en términos generales, sino y sobre todo es un animal político,“que solo puede individualizarse en sociedad”(Marx, 2009:34), por lo cual considera absurdo pensar en la producción por parte de un individuo aislado de la sociedad, como lo hacen ciertos pensadores que introdujeron esas ideas en la economía moderna para explicar los orígenes de una relación económica, mitologizando su origen a una repentina ocurrencia de Adán y Prometeo. A partir de esta crítica, Marx plantea un principio metodológica básico para re-construir la teoría económica, que es partir de una comprensión histórica de la realidad, entendiéndola como un proceso evolutivo que se nos presenta siempre en una forma determinada del desarrollo social, y por eso no es posible hablar de la producción a secas, sino ubicándola en el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien en una determinada fase en particular, como podría ser por ejemplo la moderna producción burguesa, algo que no hacen los economistas modernos, cuya estrategia teórica se basa por el contrario en demostrar una supuesta“eternidad y armonía de las condiciones sociales existentes”(Marx, 2009:35). Sin embargo, todas las épocas tendrán ciertas determinaciones comunes, de ahí que es posible realizar la abstracción de una producción en general, pero solo para poner en relieve lo común, ya que lo general se despliega en distintas determinaciones a lo largo de la historia. Ninguna producción es posible sin un instrumento de producción y sin trabajo acumulado, aunque sea el trabajo para crear la destreza en la mano del trabajador, de ahí lo que hoy es capital, antes fue trabajo, siendo hoy trabajo acumulado, objetivado. Así, capital es una relación universal, pero también es una determinación particular en un momento histórico. En esta línea de razonamiento, Marx(2009:36) plantea que si no existe la producción en general, tampoco hay una producción general, sino que ésta es siempre una rama especial de la producción – ej. La agricultura, la cría de animales, la artesanía, etc. – o bien es una totalidad, es decir, la producción, o la economía, es un organismo social, una producción histórica que se va desplegando en determinaciones específicas a través de los tiempos y los lugares, que actúa en una totalidad de ramas de producción, 244 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural entendiendo el concepto de totalidad de la producción como un espacio relativo que es total para un contexto social, histórico, político y/o geográfico. Al ser la comida un producto del trabajo humano, se constituye en un valor, es decir, en la materialización del trabajo humano, y en ese sentido, su utilidad no solo se restringe al consumo de quien la produce, sino que potencialmente puede ser enajenado en términos de equivalencia de valores, convirtiéndose en mercancía. El trabajo de Marx sobre las características básicas de los objetos producidos por el trabajo del hombre, y su tratamiento económico de intercambio bajo racionalidades distintas, ayuda a clarificar la cuestión de la vinculación del patrimonio gastronómico con el mercado, y las dinámicas de este proceso en relación a la conservación y reforzamiento de las identidades regionales y/o sociales diversas. Lo valioso de este trabajo es que interpreta la realidad económica en términos de la diversidad, una diversidad económica que se origina en la naturaleza económica de los objetos producidos por el trabajo del hombre, según sea su utilidad para el consumo del propio sujeto que lo produce, o bien para satisfacción de necesidades de otro sujeto. En el estudio de la mercancía como forma elemental del sistema capitalista, Marx nos hace notar que en el mundo existen tanto objetos naturales como objetos producidos por el trabajo del ser humano. El trabajo del ser humano, individual y/o colectivamente, produce objetos, que al ser producto del trabajo humano son objetos económicos, y cuyo sentido económico se perfila en su utilidad u aptitud para satisfacer necesidades humanas, sean estas de índole corporal o espiritual, hambre del cuerpo o hambre del espíritu, es decir, por su valor de uso, y en este sentido, los objetos útiles importan sobre todo por sus propiedades materiales, por sus formas peculiares, que representan cualidades distintas entre sí. El valor de uso de un objeto económico proviene de la forma concreta que adquiere la materialización del trabajo humano que ha producido ese objeto, pero también del tipo de trabajo, de la destreza del trabajador para producir el objeto en las características de utilidad valoradas para su uso, de la tecnología utilizada para la producción del objeto, de la organización social involucrada en el proceso de producción, el volumen y eficacia de los medios de producción y de las condiciones y características naturales involucradas en la producción del objeto. Cuando se sustrae el carácter útil del objeto producido por el trabajo humano, es decir, si prescindimos del valor de uso de los objetos, éstos aun así conservan la cualidad de ser producto del trabajo humano, dejan de ser objetos concretados en 245 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural diversas formas y por tanto dejan de distinguirse entre ellos, y se reducen al mismo trabajo humano abstracto. “Al prescindir de su valor de uso, prescindimos también de los elementos materiales y de las formas que los convierten en tal valor de uso. Dejarán de ser una mesa, una casa, una madeja de hilo o un objeto útil cualquiera.Todas sus propiedades materiales se habrán evaporado. Dejarán de ser también productos del trabajo del ebanista, del cantero, del tejedor o de otro trabajo productivo concreto cualquiera”(Marx, 2009) Los objetos así considerados sólo nos dicen que en su producción se ha invertido trabajo humano, son entonces la materialización del trabajo humano acumulado, es decir, se reducen a la misma sustancia, y por tanto pueden ser intercambiados con otros objetos en tanto también son la misma sustancia u trabajo acumulado, son valores-mercancía(Marx, 2009). Lo que hace que los objetos sean intercambiables es que se puede valorar lo que cuesta producirlos, en términos de trabajo acumulado, y a partir de este conocimiento calcular la equivalencia proporcional de la cantidad de cierto objeto económico en relación a otro objeto. En ciertas circunstancias de sociabilidad especial, como el entorno local comunitario, es posible que ese trabajo acumulado sea valorado según sus características específicas y diferenciadas para producir cada objeto en cuestión, por su utilidad, sin embargo, más allá de ciertos límites espaciales y/o societales, es difícil o directamente imposible conocer esa especificidad del trabajo involucrado, por tanto se torna irrelevante tratar de conocer las circunstancias especiales del trabajo acumulado, de ahí que Marx plantea que el trabajo acumulado considerado es en realidad un promedio societal del trabajo necesario para producir el objeto, o tiempo de trabajo socialmente necesario. “Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperante en la sociedad”(Marx, 2009:36) Aquí Marx introduce la noción de capacidad productiva del trabajo como una noción importante para calcular la magnitud del valor, y esa capacidad productiva del trabajo depende de varios factores, como el grado medio de destreza del trabajador que produce el objeto, el nivel tecnológico involucrado, la organización social del proceso de producción, el volumen y eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales(Marx, 2009:37). 246 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural El objeto producido por el trabajo del hombre es la materialización de su trabajo, y es la utilidad de ese objeto lo que le impulsa a producirlo, ya sea en el sentido de su uso inmediato, como valor de uso, o como objeto para el intercambio, considerado como mercancía, o valor de cambio. La comida, en ese sentido, puede ser considerada como un objeto producido por el trabajo humano aplicado sobre los recursos naturales, una materialización del trabajo humano, y mientras más elaborada sea la comida, más conocimiento y habilidad de la o el cocinero encierra, una alta destreza del trabajador que la produce, diría Marx, y según se produzca usando tecnología ancestral o tecnología moderna, podríamos decir que se lo hace en el contexto de un determinado tipo de tecnología. LA COLONIALIDAD DEL ORDENAMIENTO SIMBÓLICO DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS El alimento no se produce o consume solo por motivos económicos, nutricionales o de salud, sino que tiene connotaciones simbólicas desarrolladas históricamente por un grupo social(Álvarez, 2002). La valoración social de los alimentos tiene mucho que ver con la identidad del grupo social, y se suele describir a los alimentos que consumen los grupos“diferentes”, designados como“los otros”, como alimentos inferiores o superiores en relación a los alimentos que comen los“nosotros”, siendo así la comida un factor de identidad social. En un contexto de formación social colonial, como la modernidad capitalista dominante, la diversidad cultural de los grupos sociales es organizada jerárquicamente como superiores e inferiores, siendo la forma cultural asociada a la sociedad moderna capitalista la que se ubica en una cúspide simbólica de superioridad cultural en relación a todas las otras, de manera que la alimentación asociada al sistema alimentario moderno es valorada simbólicamente como superior a las otras formas de alimentación proveniente de los sistemas alimentarios tradicionales, aunque económica y nutricionalmente esto sea imposible de sostener. Esto se logra en gran medida con la desproporcional cantidad de recursos destinados a promocionar el sistema alimentario mercantilizado, usando medios masivos de comunicación, en los más diversos formatos y soportes, transformados en enormes repetidoras de propaganda inductiva para convencer a las personas a consumir los productos del sistema alimentario mercantilizado, claro está, con el apoyo incondicional de la legislación del Estado moderno. 247 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural Lo importante de esto es que la dimensión simbólica del consumo de alimentos sigue la articulación y diferenciación de la sociedad, es decir, la cocina expresa una identidad grupal, pero también expresa las relaciones jerárquicas y de clase al interior de una formación social. Esto implica que un sistema alimentario debe entenderse desde su articulación socio-espacial, pero también desde su estructuración y diferenciación socio-cultural interna. La comida y la bebida de las clases dominantes, y la forma en que se producen, preparan y consumen, y hasta desechan, es diferente de las comidas, bebidas y las formas en que lo hacen las clases subalternas, o los grupos sociales diferenciados desde una racionalidad colonial. Hay estéticas diferentes. Sin embargo, la colonialidad de la sociedad moderna hace que la atracción del modelo cultural moderno sea el paradigma cultural que persiguen las clases subalternas, de ahí que la incorporación de elementos alimentarios del sistema alimentario moderno en la dieta de las culturas tradicionales sea considerada como una expresión de la participación en la sociedad moderna(Fonte, 1991), una necesidad cultural de distanciarse de las identidades culturales propias clasificadas por el orden colonial dominante como atrasadas e inferiores. La“comida de indios”, frente a la“comida de cristiano”, es una expresión de origen colonial extendida en nuestros países que describe nítidamente este proceso de alineación enajenante de los grupos subalternos frente a una cultura nacional europeizante, controlada por la racionalidad capitalista que construye un imaginario social que refuerza la asimilación de la cultura consumista como símbolo de modernidad, completamente funcionalizada a las necesidades de reproducción del capital. El sistema alimentario moderno, controlado por la racionalidad capitalista, se basa entonces en una reubicación de los ámbitos tradicionales del hecho alimentario, trasladándolos de los sistemas productivos campesinos diversificados y orientados a la producción de alimentos, hacia sistemas productivos capitalistas orientados a la producción de mercancías; de las cocinas y comedores familiares hacia las fábricas y centros de venta de comida. El sistema alimentario moderno dominante se fundamente en una pérdida de autonomía del consumidor, que cada vez tiene menor capacidad de decidir sobre ninguna de las etapas y procesos del sistema alimentario, cada vez es menos factible reproducir las semillas y las especies animales en ambientes productivos autónomos, el valor social de la comida se ha transformado en un valor casi exclusivamente económico y nutricional, se desvaloriza la identidad cultural alimentaria ancestral, basada en un conocimiento y una tecnología controlada por 248 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural las personas, y se valoriza la comida industrial homogeneizada como símbolo de participación en la vida moderna. Es necesario aplicar una crítica a nivel teórico y político a esta lógica que permea cada vez más al sistema alimentario moderno, revalorizando los espacios, momentos, procesos y conocimientos autónomos del sistema alimentario, recuperando su valor económico, alimentario, simbólico, social y cultural celebratorio de la diversidad y la articulación societal. LA VINCULACIÓN GASTRONOMÍA REGIONAL/ TRADICIONAL- MERCADO: EVIDENCIAS DESDE EL SUR Las“buenas prácticas” Con motivo de las celebraciones del aniversario de fundación de la ciudad de Tarija, el municipio de la ciudad de Tarija anuncia en un artículo de prensa(El País, 26/06/2015) la declaración del mes de la gastronomía tarijeña, planeándose la realización del festival del Lechón a la Cruz, el festival gastronómico del Pescado, y el festival de la Comida Regional y Repostería Regional, de tal manera que se invita a los“chefs”, aficionados, a las cocineras de los mercados y ciudadanía en general, para inscribirse y recibir capacitaciones, de una persona que llega de Portugal,“relacionadas a las buenas prácticas en manipulación de alimentos, atención al cliente y otros”, en coordinación con el programa“Tarija, aromas y sabores”. En esta iniciativa municipal es posible entrever una concepción del conocimiento gastronómico tradicional como un recurso económico que busca ser movilizado con el fin de comercializarlo de la forma más eficiente posible, asumiendo de paso que la población en general requiere ser capacitada en“buenas practicas”, aparentemente desconociendo la ancestral tradición culinaria desarrollada en la región, cuyo valor es justamente el que se buscaría promocionar al disponibilizarlo como un producto regional original para su comercialización competitiva. ¿Qué son las buenas prácticas? En este contexto, sugiere ser una práctica superior a las ya existentes en el medio donde se pretende incidir, que son promocionadas por la política pública desde el Estado o desde proyectos de desarrollo externos, e implícitamente asumen la inferioridad de las practicas locales tradicionales. La supuesta superioridad de las prácticas externas pregonadas por las agencias de desarrollo se legitiman por el lugar de su origen: los centros técnicos de desarrollo tecnológico, y aunque por lo general toman el conocimiento local y lo maquillan con un aspecto 249 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural tecnificado, de tal manera que la verdadera sustancia tecnológica que contiene el objeto en cuestión es la que fue desarrollada en los procesos del conocimiento local, la propuesta tecnológica externa promocionada por los técnicos es la que termina imponiéndose como la práctica correcta. Un aspecto priorizado por la institucionalidad que promueve este enfoque es el tema de la salubridad en el manipuleo de la comida, en el entendido que la comida tradicional es elaborada en condiciones de insalubridad, evocando implícitamente la imagen del tipo de sujeto que la produce: el campesino, clases populares, comida callejera, etc.; y la propuesta entonces apunta a“enseñar” a estos sujetos el correcto manipuleo alimentario bajo parámetros de salubridad establecidos en el ámbito industrial y comercial. Diversidad del pan en la feria comunal de La Victoria Cada primer domingo de agosto se lleva a cabo la Feria del Pan en la comunidad de La Victoria, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Tarija. La Victoria es una de las comunidades campesinas que aprovechando su cercanía a la ciudad de Tarija, desarrollan actividades productivas destinadas a la venta diaria en la misma, en este caso, la elaboración de pan tradicional campesino. Para algunas familias de la comunidad, la elaboración y venta de pan tradicional es una importante fuente de ingresos económicos. Cada panadería familiar organiza un estand de exposición y venta de pan, y para esto elaboran desde el día anterior diferentes tipos de panes y masas para la venta en el día de la feria. Hay dos grandes categorías de panadería: los panes y las masas. La diversidad de panes tradicionales se logra en principio usando tres tipos de harinas: la haría blanca, la haría de trigo y la harina de maíz. La diferencia entre estas harinas es que la harina blanca se refiere a la harina de trigo refinada, mientras que la harina de trigo es la harina integral, es decir, sin separar el gluten de su cascarilla; y la harina de maíz es una harina integral del maíz producido en la propia comunidad. Luego, la diversidad se complementa usando diferentes medidas en los ingredientes en la masa, como el azúcar en el pan dulce; realizando adornos externos, como los cortes o las figuras de las tortas dulces; o bien incorporando otros ingredientes, como las semillas de anís en el pan dulce. También es objeto de diversidad la forma y el tamaño, como se puede observar en los puestos que exponen panes de dos tamaños, que valen 1 boliviano y 5 bolivianos; y los panes de forma redonda y los cuernitos. En un puesto se puede encontrar los siguientes tipos de panes: 250 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural • Pan con queso, elaborado con harina blanca y salpicado con queso rallado por encima, que al hornear se funde y tuesta como una costra irregular del pan. • Caspa, pan elaborado con harina blanca, sin aditamentos especiales. • Bollo de trigo, pan elaborado con dos tipos de harinas: blanca y de trigo, que se usan para hacer la masa de forma separada, y al formar los panes se unen dos pedazos de las masas, quedando después de horneados panes con dos texturas en el mismo pan, claramente diferenciadas según el tipo de masa. • Bollo de maíz, similar al bollo de trigo, pero en vez de harina de trigo, se usa la harina de maíz. • Tortilla de trigo o de maíz, es el pan hecho solo con harina de trigo, o con harina de maíz. La tortilla de trigo se la conoce también como“pan negro”; y la tortilla de maíz se la conoce también como“pan de maíz”. • Pan dulce, es el pan de harina blanca, en cuya preparación se usa más azúcar que en el pan normal, y se le coloca además semillas de anís. • Torta, pan dulce que se adorna con diversas figuras de masa y azúcar espolvoreada sobre su cara superior. Es un pan elaborado tradicionalmente para la época de carnaval, usado para confeccionar las tortas de compadres y comadres. • Pan cortado, es el pan común hecho de harina blanca, que se adorna con unos pequeños cortes que le dan su forma característica. • Cuernitos, son panes hechos de harina de trigo, cuya forma se asemeja a un cuerno. Esta feria es muy conocida entre los vecinos de Tarija, quienes se vuelcan a La Victoria para ese día y adquieren todo el pan expuesto. Sin embargo, este mismo pan está disponible todos los días en la ciudad de Tarija, en diferentes lugares donde se provee desde estas familias, pero el tema es que también se lleva pan tradicional campesino desde otras comunidades aledañas a la ciudad, de manera que es mucha competencia en la ciudad, y la feria se convierte en un espacio de venta exclusiva para estas familias. Pero no es solo la motivación económica, porque el llevar adelante la feria requiere de mucho esfuerzo, en tiempo y en dinero, pues la feria requiere ser organizada, promocionada, armada y desarmada, y aunque las familias también se organizan para vender otro tipo de comidas tradicionales, lo notorio es el esfuerzo evidente que hacen para mostrar la diversidad y riqueza de su trabajo, así como la genuinidad del 251 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural mismo, constituyendo a la feria como un espacio educativo que buscaría generar la conciencia en el consumidor sobre la calidad del producto de la comunidad. La marca de certificación“Tarija, aromas y sabores” Durante el coloquio de la Red UVAS, realizado en Tarija el 13 de septiembre de 2017, se pudo recibir información del trabajo de la fundación Fautapo. El enfoque que promociona esta fundación es la valoración de los territorios mediante la zonificación, una concepción que parece referirse al desarrollo de una estrategia de construcción de espacio regional articulado en función a ciertos potenciales económicos compartidos, y encontrar dentro de este espacio regional una estructura espacial a partir de los potenciales económicos diferenciados ente sí, donde el enfoque de cadena sería una herramienta importante para descubrir las articulaciones espaciales de la actividad económica, así como la denominación de origen y la marca de certificación. En el caso de la experiencia de Fautapo, este“territorio valorizado” abarcaría la zona andina del departamento de Tarija, así como los valles cinteños de Chuquisaca. El territorio valorizado es entonces este espacio geográfico regionalizado en base a ciertos potenciales económicos identificados y delimitados usando una mirada de cadena, y que además se ha proveído de una estrategia de intervención integrada y en función a la diversidad de interacciones de estos potenciales económicos. La valoración del territorio implica entonces un esfuerzo para generar una imagen de los valores económicos del territorio, una diferenciación de los productos locales para visibilizarlos en el mercado para que adquieran competitividad; pero sumado a esto, la propuesta de trabajo incorpora complementariamente una estrategia de protección del territorio valorizado, que consiste en desarrollar un mecanismo de certificación de los productos que provienen del territorio valorizado, es decir, un sistema de demostración de la autenticidad del producto diferenciado que le permita al productor competir desde la diferenciación de su producto frente a otros productos con los cuales compite directamente en el mercado. Aunque la propuesta de la Fautapo asegura que la certificación es para proteger al consumidor, quien tendrá la seguridad de que está comprando un producto genuino de origen en el territorio valorizado, sin embargo, la diferenciación de los productos parte de un análisis de los productos que tienen potencial de competir en el mercado, y el mecanismo de la certificación se convierte en la práctica en un servicio para las empresas involucradas en esta estrategia, que termina siendo un mecanismo de certificación de los productos de estas empresas. 252 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural El beneficio público, o el“bien común” que se produce a partir de esta estrategia, radicaría en que indirectamente se protege la identidad y el patrimonio regional, pero esto no es una parte central de esta propuesta, sino que sigue la lógica del“goteo”, es decir, un beneficio indirecto y sujeto a diversas situaciones que permitirían finalmente una apropiación por las personas no involucradas en el mismo. Sin embargo, el conocimiento cultural que permite producir los productos diferenciados ha sido desarrollado por el conjunto de la sociedad local y regional, cuya articulación directa no es parte de este diseño institucional, sino que hay una apropiación privada de este conocimiento, en base a una articulación de asociaciones empresariales e instituciones públicas, que desarrollan y aplican estos mecanismos para proteger“sus” productos empresariales, mientras que la sociedad regional en general se articula“indirectamente”, pero provee lo central de todo esto: la cultura gastronómica que se supone es“patrimonio” regional, es decir, propiedad de todos, aunque pareciera que solo unos cuantos se apropian de los beneficios de su comercialización. La lógica que sugiere el expositor es, justamente, un aprovechamiento de la expectativa del consumidor, que al consumir un producto determinado requiere tener la seguridad de que está consumiendo el producto que se supone proviene del territorio valorizado, en términos no solo de su origen geográfico, sino también de su calidad y proceso de elaboración según la cultura tradicional local. Así, la protección del paisaje“cultural” tiene implicancias económicas, ya que la existencia del paisaje expresa la condición de producción del producto en los términos que el consumidor piensa que se debe producir, y así toma la decisión de comprar, por eso se torna importante mantener el paisaje cultural como estrategia de imagen de los productos“valorizados”. El turismo gastronómico: ¿organizarse para apropiarse de un bien común? Durante el Simposio de la feriaTambo 2017, enTarija, se llevó a cabo una reunión especializada para compartir criterios entre los participantes del Simposio sobre algunas experiencias y las posibilidades de desarrollo del turismo gastronómico en Bolivia, orientado a la promoción y venta de atractivos turísticos referidos a las cocinas regionales, en tanto conocimiento colectivo, para que el turista pueda acceder al mismo y consumir, en condiciones adecuadas de oferta del servicio y buen trato al turista. En el conversatorio de intercambiaron aspectos de las experiencias del municipio de La Paz, de la Chiquitanía en Santa Cruz, del valle de los Cintis en Chuquisaca, y 253 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural de la OGD, oficina de promoción del destino turísticoTarija, todos ellos experiencias para desarrollar una estrategia de promoción de una cocina regional: la ciudad de La Paz como destino gastronómico en base a una identidad alimentaria que sintetiza una confluencia de las cocinas de Bolivia, por su carácter de ciudad sede de gobierno donde llegan bolivianos de todos los departamentos; la Chiquitanía como un lugar para experimentar una forma de vida en base al patrimonio inmaterial, dentro del cual se ubica el patrimonio alimentario; el turismo gastronómico como una opción de diversificación económica del valle de los Cintis, en base al fortalecimiento de un tejido empresarial especializado para apropiarse del mercado del turismo; y el diseño de rutas turísticas desde la acción estatal, promocionando acuerdos entre actores vinculados a una cadena productiva de un espacio territorial determinado, como es el caso del valle central de Tarija. Escuchando a los expositores, en todos los casos se puede percibir una tendencia marcada a concebir el turismo gastronómico como un espacio más del“mercado”, pero un mercado entendido centralmente en su dimensión de compra-venta como modalidad privilegiada del intercambio de bienes y servicios, organizado desde sujetos empresariales, vinculados a una cadena productiva y/o complejo productivo, pero siempre remarcando que el objeto de la comercialización es la propia práctica cultural de la sociedad regional, desarrollada ancestralmente en un complejo proceso histórico de interacción entre el medio natural y los grupos humanos que confluyen en diversidad de circunstancias y relaciones, y que se expresa en una gastronomía regional producto de la dinámica social regional en su conjunto, cuya estética evolutiva la imprime esta sociedad regional en conjunto. Además, todas las experiencias entienden a este mercado como un mercado“desorganizado”, aunque en todos los casos lo describen como un mercado que existe y esta complemente dinamizado por la acción espontánea de los sujetos sociales que practican la cultura alimentaria regional en su expresión genuina y auténtica, pero, en la perspectiva“institucional”, desorganizada y en general sin las condiciones adecuadas para su comercialización con los“turistas”, por lo tanto, una propuesta recurrente desde las instituciones que buscan promocionar el turismo gastronómico es la capacitación de estos sujetos locales en“buenas prácticas”, sugiriendo implícitamente que la forma en que actualmente hacen las cosas no es“adecuada”, entendiendo por“adecuado” probablemente los gustos y preferencias del turista. La“desorganización” es una percepción recurrente de las instituciones, pero, por otro lado es altamente valorada la riqueza cultural y gastronómica de la región, base 254 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural fundamental sobre la cual se construye la propuesta de“organizar” más eficientemente su comercialización, una suerte de contrasentido ya que no se visibiliza ni valora la organización natural y espontánea de los sujetos sociales en la producción e intercambio de la riqueza cultural alimentaria regional, cuya racionalidad de funcionamiento está orientada a satisfacer muy eficientemente los gustos y preferencias de la propia sociedad regional en su conjunto, y que si se podría evaluar su nivel de articulación con el tejido social regional, con seguridad que esto tendría un alto grado de eficiencia para llegar a la sociedad regional. Frente a esta situación, la tendencia de las propuestas institucionales es“organizar el mercado” en función a un tipo especial de organización económica, cual es la organización“empresarial”, y en función a un tipo especial de consumidor o demandante: el“turista” de origen externo a la región en cuestión, es decir, el visitante nacional o internacional, desvalorizando completamente al consumidor local, plenamente articulado a esta mercado alimentario regional espontáneamente organizado, pero cuyo margen de gasto aparenta ser menor que el de un turista(porque seguramente sabe dónde, cuándo y cómo acceder a esta comida en forma más barata), en términos individuales, pero que en conjunto seguramente es mucho más importante. Mercados Rurales de Bolivia A través del Convenio con Swisscontact y los fondos de la Agencia Suiza de Cooperación(COSUDE) en Bolivia, se ha diseñado y se busca validar un modelo de intervención territorial inclusivo y sostenible en elValle de los Cintis(complejo productivo frutales/uvas-vinos-singanis) perteneciente al macro territorioValles del Sur(Departamentos de Chuquisaca y Tarija). Fuente: http://rimisp.org/proyecto/mercado-rurales-de-bolivia Aquí vale la pena analizar la lógica de este razonamiento de las instituciones de desarrollo, ya que su discurso apunta a“desarrollar” el mercado, un mercado que dicho sea de paso ya se ha desarrollado espontáneamente sin la necesidad de intervención de estas instituciones en el pasado, y es capaz de articular a toda la población regional. Entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de“organizar” el mercado del turismo gastronómico?, a juzgar por los elementos vertidos en este conversatorio, se trataría de organizar un mercado en función a los intereses de los operadores de turismo 255 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural y las empresas especializadas vinculadas al turismo gastronómico, para que puedan apropiarse de los recursos que traen los turistas que de otra manera los gastarían en el circuito de oferta gastronómica en poder de los actores populares. Desde esta perspectiva, la estrategia de desarrollo del turismo gastronómico más parecería una estrategia para generar las condiciones adecuadas para que un“tejido empresarial” se pueda apropiar con mayor eficiencia del movimiento económico del turismo gastronómico en el territorio. ¿Qué es la OGD? La fundación OGD-TARIJA, Organización de Gestión del Destino Turístico Tarija, procura consolidar y posicionar al departamento deTarija como un destino turístico con identidad cultural y territorial, competitiva y reconocida a nivel nacional e internacional. Busca la integración, articulación y participación de los distintos actores de turismo del departamento de Tarija, fomentando el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para coordinar esfuerzos y hacerlos efectivos. Fuente: http://www.ydondevoy.com/ogdtarija/ Es un modelo que claramente visualiza a la forma empresarial de organización como el paradigma organizativo para dinamizar el mercado gastronómico tradicional, que es considerada una forma más eficiente en relación a las otras formas de organización desarrolladas por la gente que es sujeto activo de la reproducción de este conocimiento, como puede ser la organización familiar, las redes comunitarias, los mecanismos del cuidado, etc. El proyecto de los Cintis, por ejemplo, al analizar las funciones de apoyo requeridas para el“desarrollo” de estos mercados, resalta como un logro importante el hecho de que sea una institución privada, y no la institucionalidad estatal, la que se encargue de promocionar la ruta turística gastronómica de los Cintis, a cambio de un porcentaje de la ganancia. En este mismo sentido, la experiencia del valle de Tarija resalta el enfoque usado para organizar el mercado gastronómico del valle central a través de la ruta turística como mecanismo dinamizador y articulador de actores de una determinada cadena productiva en el espacio territorial, que debe estar a cargo de una institución que liderara su desarrollo y acompañar esta gestión, proyectando una concepción sobre la 256 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural articulación y participación limitada de los sujetos sociales en la definición de estas dinámicas, otorgándole un rol protagónico de la entidad institucional en la organización de estos mercados. La experiencia de apoyo institucional en la Chiquitania plantea una estrategia interesante basada en la recuperación de la noción de“patrimonio inmaterial” como categoría conceptual para referirse a la construcción cultural codificada en el conocimiento social de un espacio regional, pero luego usa esta construcción para disponibilizarla a los“visitantes” o los“posoka” en lengua indígena del lugar, es decir a los turistas, para los que plantea la posibilidad de experimentar la visita del lugar como un contacto vivencial de una forma de vida, e incluso se organiza un festival gastronómico anual que sintomáticamente se denomina“Posoka Gourmet”. Lanzamiento del Festival Posoka Gourmet,Valorizando la cultura chiquitana Con el objetivo de fortalecer y promocionar los singulares atractivos históricos, culturales y naturales que tiene San José de Chiquitos, una alianza compuesta por seis instituciones públicas y organizaciones privadas, entre ellas el Gobierno Municipal de San José de Chiquitos, la Fundación Ayuda en Acción, el CEPAC y otras del sector hotelero y gastronómico buscó crear un espacio para realzar la cultura chiquitana, es por ello que se estableció el Festival Gourmet denominado Posoka(que quiere decir visitante en chiquitano). Comprometidos con el desarrollo local del municipio de San José de Chiquitos, el Comité organizador del evento, representado por el Gobierno Municipal de San José de Chiquitos y la Empresa Estatal Boliviana de Turismo(BOLTUR), el martes 15 de noviembre firmaron un convenio que contribuirá a posicionar al municipio como un destino turístico atractivo. El evento contó con la presencia de autoridades regionales, el cuarteto de música barroca de la orquesta de San José de Chiquitos, y la degustación de comida típica chiquitana. En criterio del Alcalde de San José de Chiquitos, Germain Caballero,“Hoy estamos trabajando para proyectar el territorio y las condiciones de cultura viva, conocido como parte de un Patrimonio Cultural de la Humanidad. Después de un proceso de intervención hoy el conjunto misional de San José con un 257 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural aporte económico importantísimo de la cooperación española, el municipio y un apoyo adicional de la Diócesis de San Ignacio deVelasco, se invertido más de un millón de dólares para recuperar este patrimonio y, hoy es un destino turístico. Finalmente se hace una serie de trabajos para mostrar todo el valor patrimonial que tiene el municipio de San José de Chiquitos, que puede ser visitado por el turismo nacional e internacional” Durante tres días, del 18 al 20 de noviembre, el festival tendrá diferentes formas de vivirse a través de los sentidos, donde el eje central será la gastronomía, pero la música también inundará los escenarios naturales y patrimoniales con conciertos de música barroca misional; danzas que transportarán a escenarios desconocidos por algunos y olvidados por otros; obras de teatro que recrearán la creación de Santa Cruz de la Sierra; artesanías y productos chiquitanos que recordaran de dónde venimos.Y por supuesto una cantidad de sabores y aromas que deleitarán el paladar más exigente, además de un simposio donde podrá conocerse técnicas, investigaciones y saberes de la gastronomía nacional e internacional. Fuente: http://procosi.org.bo/?p=22749 Este trabajo es complementado con una estrategia de registro de las comidas, platos y cocinas tradicionales, al igual que en muchos otros lugares del mundo en que se prepara a los territorios para desarrollar su potencial en el turismo gastronómico, evidentemente buscando generar documentación que permita construir antecedentes sobre este patrimonio inmaterial exclusivo del territorio en cuestión, pero cuyo objetivo no parece estar pensado explícitamente en el refuerzo de la identidad alimentaria local, sino que parece apuntar sobre todo a buscar vías y formas de inserción competitiva de estos platos tradicionales en el mercado concebido en los términos de la compra-venta con los posokas. El caso de la experiencia en los Cintis es elocuente la concepción territorial que subyace en este tipo de propuestas, y que se la puede tomar como paradigmática para estos proyectos, que asume a la región como un“territorio” metafórico, que abarca una amplitud tal de dimensiones que lo asemejan más a la categoría geográfica de“espacio”, con el inconveniente de que al hacer esto se minimiza o relativiza la dimensión de las relaciones de poder en la apropiación del espacio, dentro de la cual se desenvuelve un mercado como sistema de intercambios presumiblemente equita258 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural tivos(ya que no se percibe una advertencia metodológico para visualizar factores de inequidad interna), asimilándose una concepción territorial de la modernidad estatal, habitado por una entidad societal idealmente homogenizada e igualada a partir de vínculos políticos de la ciudadanía moderna, que se organiza para interactuar en un mercado aparentemente abierto e inclusivo que no restringe la vinculación de ningún ciudadano. Desde esta concepción territorial metafórica, despojada de la centralidad de las relaciones de poder, se construye una concepción de mercado igualmente idealizado que funciona equilibradamente a partir de una oferta y demanda de naturaleza neutra, siendo estos los criterios centrales para pensar las estrategias de promoción y desarrollo del turismo gastronómico en los territorios, dotados de un mercado organizado en términos de complejos productivos. Desde esta perspectiva, el accionar del gobierno del territorio, en materia de promoción del turismo gastronómico, consiste en apoyar el desarrollo del actor económico empresarial dada su connotación de mayor eficiencia en las dinámicas de la oferta y demanda, de la compra y venta. Todos estos elementos vertidos por los proyectos de desarrollo en el conversatorio Tambo 2017, permiten entrever una concepción general del turismo gastronómico como una actividad comercial en términos capitalistas, es decir, configurada a partir de una lógica economicista y mercantil, que apunta a la mercantilización privada de la comida tradicional, siendo que el hecho cultural que lo origina es efectivamente valorado, pero solo como contexto y ámbito donde se forma y se ubica el recurso alimentario tradicional, y las estrategias de intervención mencionadas apuntan mayormente a potencial el rol protagónico de una forma de organización económica, la organización empresarial, sin considerar las otras formas de organización económica que permiten articular el movimiento económico en la totalidad social, y que permiten reproducir la cultura alimentaria regional como elemento vivo de la dinámica social, como hecho cultural, no solo como un factor de comercio. Sin embargo, es necesario recordar que el mercado no es un espacio desprovisto de relaciones de poder, el territorio no es un simple espacio geográfico donde los sujetos sociales no se disputan su control y apropiación, ni una demarcación sin importancia en un mapa, la empresa capitalista es solo una forma de organización económica, y la oferta y la demanda son solo una de las distintas formas en que se organiza la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. El mercado es el espacio donde acontece el intercambio de los productos del trabajo humano, en sus diversas formas de materialización, a través de distintas formas 259 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural de organización económica, bajo lógicas y racionalidades más amplias que solo la ganancia económica. PATRIMONIO GASTRONÓMICO Y ECONOMÍA PLURAL Este escueto y sumamente incompleto recuento de algunas experiencias bolivianas ejemplificantes de la dinámica actual de promoción de políticas y estrategias de desarrollo, bajo el eje de la valorización de las comidas y cocinas asociadas a un origen geográfico y cultural determinado, permite percatarnos de uno de los ejes discursivos del desarrollo más importantes de la coyuntura actual(Arzeno y Troncoso, 2012), cual es organizar las estrategias de desarrollo económico de los territorios justamente en los efectos de la tradicional marginación de estrategias precedentes de desarrollo capitalista promovidos desde los centros de poder en los Estados nacionales. Curiosamente el objeto de valoración económica es la cultura alimentaria tradicional que aún persiste en las regiones, una cultura que persiste como espacio de refugio de los sectores y sujetos sociales que no han podido articularse en términos ventajosos al modelo de desarrollo capitalista promovido desde el Estado, que en el ámbito alimentario es el sistema agroalimentario moderno industrial, cuyos efectos en la salud, cultura y estructura agraria de nuestros países ha sido francamente desastrosa. El patrimonio gastronómico, expresado en una espacialización regionalizada, de pronto es punto de análisis de las propuestas de desarrollo territorial, pero recurrentemente con esquemas analíticos que no visualizan los factores estructurantes de las desigualdades sociales y las razones para la marginación territorial precedente, sin embargo utilizando categorías analíticas que en teoría estarían recuperando ese potencial explicativo, como el territorio, pero resignificándolas con contenidos neutralizados y poco problemáticos, donde el supuesto es la posibilidad de establecer de pronto relaciones sociales despojadas de las contradicciones subyacentes previas, capaces de desarrollar acuerdos y acciones conjuntas entre sujetos que estarían plenamente de acuerdo de colaborarse para construir un futuro mutuamente beneficioso. La narrativa recurrente de las diferentes experiencias, todas ellas comandadas por agentes externos a la población local y/o sectores ilustrados de clases dominantes, es que la implementación de estas estrategias aportara al desarrollo de la sociedad regional en su conjunto, no en los efectos económicos concretos inmediatos, claro, sino por el fortalecimiento de la identidad cultural regional. Sin embargo, no se discute suficientemente la naturaleza cultural y simbólica compleja del hecho alimentario, cuya concreción material contemporánea es la que 260 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural pretende ser comercializada, sino que se asume que el contexto cultural regional seguirá proveyendo la identidad alimentaria peculiar, y no se problematiza la apropiación privada de este patrimonio cultural colectivo. La venta de comida tradicional no es un hecho novedoso para la población local, este es un fenómeno que tiene ya larga data de practicarse, habrá que averiguar sin embargo las particulares circunstancias de su desarrollo en las regiones, pero el hecho es que la venta de comida“típica” en los mercados y en los puestos callejeros de comida ya es una práctica cotidiana en las ciudades, pueblos y comunidades campesinas del país, entonces cabe preguntarse: ¿Cuál es la novedad de las propuestas de desarrollo basadas en la valoración de la comida típica regional? Sin duda un aspecto que resalta de estas propuestas es la tendencia a sustituir al sujeto social que es el protagonista en esta actividad, al tratar de diseñar rutas turísticas al margen de aquellas que espontáneamente se desarrollan desde la propia actividad gastronómica popular; o de promocionar formas de organización empresarial para sustituir las formas de organización familiar que los sujetos populares manejan para comercializar la comida típica; o bien buscando readecuar las técnicas y estéticas manejadas por los sujetos en la elaboración y venta de las comidas tradicionales, en una abierta desvalorización de la cultura gastronómica que justamente se pregona promocionar. Este movimiento encierra una intencionalidad implícita que asume sin mayor problematización la naturalización colonial de la asignación de roles sociales en términos de superioridad e inferioridad de atributos culturales, siendo“natural” que los sujetos colonizados produzcan la identidad cultural alimentaria genuina, pero serán los sujetos colonizadores, bajo las formas de organización económica que ellos controlan, los encargados de su comercialización, de su aprovechamiento económico, por tanto los directos receptores de los beneficios de esta actividad. Esto que se promueve como una estrategia de desarrollo en beneficio de toda la sociedad regional, sin embargo, no es discutido ampliamente con todos los sectores sociales involucrados, que en este caso implica toda la sociedad en su conjunto, y al no ser discutido más allá de los espacios institucionales controlados por el sujeto colonizador, por estos sectores ilustrados de las clases dominantes,“teniendo cuidado de no levantar falsas expectativas”, acaba generando lógicas excluyente que terminan promoviendo estructuras de concentración del movimiento económico creado en torno a la comercialización del patrimonio gastronómico tradicional. 261 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural La cuestión de la concentración del movimiento económico que se genera en torno a la valoración comercial del patrimonio gastronómico tradicional y/o regional, nos lleva a retomar el análisis de la naturaleza económica de la comida, puesto que ésta evidentemente se comercializa y tiene una demanda creciente de comercialización, pero también es un hecho cultural que se produce y reproduce bajo la racionalidad económica del uso directo, en el marco de una estructura simbólica que orienta las decisiones estéticas de su producción y consumo, lo cual nos plantea de entrada que nos encontramos frente a la naturaleza diversa de la economía y los procesos económicos, y por supuesto, nos desafía a pensar el uso de instrumentos de política pública capaces de gestionar la cuestión de la diversidad económica y los marcos de las relaciones de poder en las cuales se desarrollan. En primer lugar, me parece fundamental precisar que la comida, como hecho social y cultural, es un objeto que produce el ser humano para su consumo propio, por tanto reviste un valor generado de la utilidad que el propio productor le confiere; sin embargo, dadas las dinámicas del desarrollo de las relaciones económicas y políticas de los tiempos modernos, la sociedad ha desarrollado también la capacidad de producir comida para venderla a otro consumidor, convirtiéndose esta de ser un objeto de utilidad para el propio productor, en una mercancía, cuyo valor se transforma y es ahora definido por la equivalencia con otras mercancías en términos de su valor de cambio, y por tanto, su tratamiento económico como objeto consecuencia del trabajo de las personas empieza a ser manejado en los términos dominantes que impone el mercado, es decir, de las equivalencias abstractas que provee el mercado capitalista, despersonalizadas e indolentes de las circunstancias específicas de su producción. Pero esta perspectiva ignora un hecho fáctico que no puede ser ignorado, cual es la producción de la comida tradicional para su comercialización bajo lógicas más coincidentes con las del valor de uso, y que efectivamente están siendo disponibilizadas en forma masiva y abundante en los espacios tradicionales de expendio y consumo de comida tradicional, y esa es justamente la característica que busca el potencial consumidor extranjero en la comida tradicional que los proyectos de desarrollo buscan vincular al mercado. Evidentemente esto nos llama a ampliar el espectro analítico económico a la hora de pensar, diseñar y aplicar las políticas públicas de promoción del patrimonio gastronómico tradicional, de manera que éstas políticas públicas sean realmente públicas y capaces de llegar a la sociedad en su conjunto, puesto que si se sigue aplicando una perspectiva reduccionista de la naturaleza económica capitalista de la producción, 262 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural comercialización y consumo de la comida tradicional, lo que inevitablemente se está promoviendo es la concentración económica y el despojo de los bienes culturales colectivos para su apropiación individualizada, contradiciendo los objetivos de“transversalización” y“democratización” de los beneficios económicos de estas políticas y estrategias. La producción del patrimonio gastronómico, en tanto producción colectiva que se estructura simbólicamente y produce identidad colectiva, es una dinámica económica comunitaria, un objeto producido por el trabajo humano colectivo, cuya motivación dominante es la de producir un objeto de utilidad inmediata para el colectivo, que permite reforzar la identidad grupal, así como el intercambio de simbologías, significados, códigos, costumbres, tradiciones, etc., por tanto es un producto económico cuya racionalidad es la reproducción de la entidad societal, y no es la producción de una mercancía, por lo tanto no se inscribe en la lógica de la economía capitalista. Así, la comida tradicional está atravesada por una diversidad de racionalidades económicas, no solo la que caracteriza al producto del trabajo humano en términos de mercancía, sino también aquella que reviste el sentido económico de la utilidad para el consumo inmediato del productor; producida, distribuida e intercambiada por medio de formas de organización comunitaria, familiar, empresaria, individual, grupal; intercambiada en el contexto de mercados capitalistas y comunitarios; de manera que el hecho alimentario como hecho biológico y cultural está atravesado por la diversidad de racionalidades económicas, y por tanto es pertinente utilizar una perspectiva de diversidad económica y su instrumental teórico para su tratamiento, como bien puede ser la economía plural. El concepto de economía plural adquiere relevancia y centralidad en este tema desde que nos percatamos de la dimensión simbólica de la alimentación como hecho cultural e histórico, particularmente cuando observamos que la articulación simbólica se la construye, produce y reproduce en el contexto de estructuras societales, que van más allá de las formas dominantes de articulación que provee el Estado nación, sino que rescatan dinámicas identitarias constituidas desde la etnicidad, la clase, el sector, la región, etc. No olvidemos que la economía plural es una propuesta que surge en el contexto de construcción de pactos sociales expresados en el ordenamiento político del Estado plurinacional boliviano, y en ese sentido contiene una vocación explícita de expresión de las identidades ancestrales, apuntalando las dinámicas de reconstitución y ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas, para lo cual la dimensión comunitaria de la 263 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural economía es fundamental, pues expresa justamente la dimensión colectiva de construcción de significantes referidos a la propia entidad social, una dimensión intrínseca a la naturaleza del patrimonio gastronómico. CONCLUSIONES La implantación del sistema agroalimentario moderno industrial ha provocado una tendencia homogeneizadora de la realidad alimentaria a escala global, transformando la comida en simple alimento nutritivo, despojado de la complejidad simbólica construida históricamente por los pueblos, provocando que emerja desde la propia sociedad la necesidad de buscar espacios de genuinidad y diversidad en la experiencia alimentaria. Sin embargo, lo que la gente busca en los espacios marginados del desarrollo capitalista, la genuinidad de la comida de los sistemas agroalimentarios tradicionales sobrevivientes a la expansión del sistema agroalimentario moderno industrial, se constituye en un espacio más de avance de la lógica capitalista, y se desarrolla una estrategia de apropiación de la comida elaborada desde la racionalidad económica de la utilidad para el uso propio del productor, de la productora, y la transforma en una verdadera mercancía, que se vende como objeto cultural genuino, pero que sufre la transformación inevitable de la mercancía en el mercado capitalista, cual es la cosificación, la impersonalización provocada por la abstracción casi a ultranza de su valor de intercambio. El desafío en el desarrollo de las políticas emergentes de valorización de los sistemas alimentarios tradicionales, en la forma de las cocinas regionales y tradicionales, se constituye así en un desafío para captar la realidad económica diversa que lo constituye, y es un campo apto para experimentar la aplicación de perspectivas conceptuales como las de la economía plural, instrumentos pensados para la gestión de la diversidad económica en el marco de la gestión estatal de la economía. No es suficiente plantear la cuestión de la revalorización del patrimonio alimentario en términos de identidades regionales, es un avance pero aún sigue siendo un enfoque limitado, ya que estas categorías relativizan la conflictividad constitutiva del espacio societal en los marcos de la organización estatal moderna, sino que es preciso incorporar instrumentos conceptuales, como el territorio, la economía plural, la biocultura, la soberanía alimentaria, la descolonización, el sujeto social, etc., que ayuden a reflejar y revalorizar las dinámicas de reconstitución societal de sujetos subalternos, que no solo disputan la simbología alimentaria regional, sino que efectivamente 264 Sistema alimentario como patrimonio gastronómico: perspectivas desde la economía plural aportan a su constante construcción y renovación, desde su articulación compleja a la construcción de las identidades regionales y nacionales. 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