ANÁLISIS D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES PAZ Y SEGURIDAD MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Keymer Ávila Junio de 2021 à Se presenta una panorámica sobre las muertes por intervención de la fuerza pública en Venezuela, con énfasis en operativos policiales, mediante la construcción y análisis de datos e indicadores de casos registrados entre 2016 y 2019. à Estas muertes no son una mera reacción a la violencia delictiva o una defensa de la vida de los funcionarios en situaciones extremas: en estas se suman otras variables que pueden ser controladas por la propia policía. à Las muertes a manos de la policía y las de los funcionarios son encuentros irregulares, donde hay un empleo desigual, asimétrico, de la fuerza por parte de alguno de los bandos. 1 PAZ Y SEGURIDAD MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................4 1.1 Metodología........................................................................................................................................... 5 1.2 Uso de la fuerza pública..........................................................................................................................6 1.3 Operativos policiales...............................................................................................................................7 2 ANÁLISIS DE CASOS.......................................................................................................................8 2.1 ¿Dónde? Distribución geográfica............................................................................................................8 2.2 ¿Cuándo? Distribución temporal..........................................................................................................12 2.3. ¿Quiénes?............................................................................................................................................. 16 2.4 Proporcionalidad................................................................................................................................... 20 3 CONSIDERACIONES FINALES........................................................................................................23 REFERENCIAS.................................................................................................................................25 REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS DIGITALES..............................................................................28 PÁGINAS WEB...............................................................................................................................29 ANEXO 1. ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2016................................................30 ANEXO 2. ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2017.........................................33 ANEXO 3. ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2018.........................................35 ANEXO 4. ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2019.........................................37 SIGLAS........................................................................................................................................................40 3 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 1 INTRODUCCIÓN 1 En trabajos anteriores se ha verificado que la mayoría de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes: son más el resultado del uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos. Al analizar la violencia letal contra la policía y la que estos organismos generan en sus intervenciones, no se encuentran correspondencias situacionales de lugares, tiempos ni actores institucionales involucrados. Además, se evidencia una gran desproporción entre la victimización fatal de civiles y la de agentes estatales. Finalmente, también se ha constatado que los“enfrentamientos” son realmente casos muy excepcionales(Ávila, 2020, 2019a, 2019b, 2018a, 2018b, 2016). Estos hallazgos ratifican, con evidencias y datos actualizados, lo que abundante literatura especializada ha denunciado por décadas, cuando señala que la mayoría de los casos de muertes en manos de los cuerpos de seguridad son ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales o sumarias 2 y no enfrentamientos, como oficial y mediáticamente suelen llamárseles. 1 Esta es una versión revisada y actualizada, con datos de 2018 y 2019, de la parte introductoria y del Capítulo 4 del informe “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela”, publicado en abril de 2019 por Provea en su Serie Investigaciones en Derechos Humanos, 1, que solo tenía información sobre los casos de 2016 y 2017. Esta no es solo la continuidad de un trabajo de cinco años, es el resultado de la revisión y corrección constante de nuestros métodos y ampliación de nuestras fuentes. Para la elaboración de este trabajo se contó con el apoyo del Instituto de Educación Internacional( IIE ) y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia(Reacin). 2 Ejecución sumaria es la privación de la vida como resultado de un homicidio perpetrado por agentes de seguridad con tolerancia, complicidad o consentimiento de un gobierno nacional( ONU , 1991). Décadas atrás numerosa investigación empírica(Delgado, 1988; Del Olmo, 1990; Díaz-Llanos y Marrero, 1992; Zaffaroni, 1993) había demostrado que la relación entre civiles y policías muertos es bastante desigual. Así, por ejemplo, según la reciente investigación del Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina 3 , la razón entre civiles y agentes públicos muertos alcanza valores alarmantes en El Salvador, donde mueren más de cien civiles por cada agente fallecido. En Brasil el valor es inferior, pero aún muy alto: cincuenta y ocho civiles por cada agente 4 . Venezuela tiene también valores muy elevados (veintiséis) para este indicador –se estima que un valor por encima de diez sugiere excesos o abusos–(Silva et al., 2019a). Lo cual hace suponer que más que enfrentamientos entre fuerzas equivalentes se trata de un ejercicio asimétrico de la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la policía(Ávila, 2020; Antillano, 2007). En estas líneas se aprovechará el formato libre y extendido para plasmar informaciones inéditas más detalladas, que los artículos académicos en ocasiones no permiten por cuestiones de espacio y de especificidad. Se tomará como principal referente a las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, sin calificar su presunta ilegalidad o no, como indicador de la violencia institucional en Venezuela, con especial atención en las que son consecuencia de operativos policiales militarizados. El objetivo es tratar de presentar una panorámica sobre 3 Del cual formamos parte y somos responsables del capítulo Venezuela. 4 Por su parte, Colombia presenta un valor muy reducido(1,2), que indicaría que el número de muertes es aproximadamente igual en los dos grupos; sin embargo, la confiabilidad del dato oficial de este país, aunado a su situación particular de conflicto bélico, obliga a ver estas cifras con reservas. 4 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 este fenómeno en el país mediante la sistematización y caracterización de los casos ocurridos entre 2016 y 2019. El foco en estos casos estaría en la caracterización, en la búsqueda de patrones, y no en un estudio longitudinal, a todo evento para esta última evaluación se tienen los datos oficiales que indican una claro incremento. La intención es ofrecerle a los investigadores datos y evidencias para que puedan continuar estudios posteriores más detallados y específicos, en los que se hagan las reflexiones conceptuales, teóricas y metodológicas necesarias, una labor inacabada, que está en permanente revisión y construcción. A quienes toman decisiones brindarles información cierta; y a los activistas darles herramientas para el debate y la movilización. Como diría Foucault:“(…) si quiere luchar, aquí tiene algunos puntos clave, algunas líneas de fuerza, algunos cerrojos y algunos obstáculos”(2006: 18). Por ello se agregaron al seguimiento las páginas de los diarios nacionales 2001, 800 Noticias, Analítica, Caraota Digital, Contexto Diario, Crónica Uno, Diario Contraste, El Estímulo, Sumarium y Tal Cual; así como los regionales Diario Los Andes, La Voz, El Aragueño, El Carabobeño, El Clarín Web, El Diario de Guayana, El Periodiquito, El Siglo, El Tiempo, La Prensa Lara, La Verdad, La Verdad de Monagas, La Verdad de Vargas, Notifalcón, Notipascua, Notitarde, Nuevo Día, Panorama(con tendencias de oposición), El Sol de Margarita y El Tubazo Digital(con tendencias pro gubernamentales). Para sumar un total de dieciocho diarios digitales nacionales y veinte regionales. Cuando era necesario complementar información sobre los casos se revisaron también otras páginas web de periódicos regionales, así como las páginas o redes sociales de las policías del lugar de los hechos. En los casos en los que existía información oficial esta se priorizaba ante cualquier otra fuente. 1.1 METODOLOGÍA Se sistematizaron y analizaron las estadísticas oficiales disponibles que dan cuenta de este tipo de casos en el país. Entre las informaciones oficiales destacan informes anuales de gestión, declaraciones públicas de autoridades, comunicados y mensajes en redes sociales. También se procesaron algunos datos obtenidos de manera oficiosa por medio de informantes clave de estas instituciones. Adicionalmente, como complemento de los datos oficiales, ante la opacidad y precariedad que caracteriza a este tipo de información, se tomaron como fuentes las noticias sobre los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Para ello se hizo un seguimiento diario de noticias vinculadas con los objetivos planteados durante 2016, 2017, 2018 y 2019. En los primeros dos años la principal fuente de información fueron los portales digitales de los diarios Últimas Noticias, Correo del Orinoco, El Universal(que siguen la línea del discurso oficial), El Nacional, Efecto Cocuyo, Runrunes(que siguen una línea de oposición al gobierno), así como los del Ministerio de Interior y el Ministerio Público, instituciones del Estado. En 2018 se observó una disminución de la cobertura de este tipo de noticias, cuando lo político comenzó a ocupar cada vez mayores espacios. Este trabajo tiene su origen en una investigación que tenía como objeto de análisis expedientes en sede policial (Ávila, 2016); la matriz utilizada para extraer la información de los expedientes se adaptó para el seguimiento de prensa. En esta se intentó obtener –en los cuatro años de seguimiento ininterrumpido– la mayor cantidad posible de información sobre cada caso, siendo la unidad de registro las personas(víctimas), para evitar así la duplicación de casos. Adicionalmente, se recogieron variables de tiempo y lugar, que contribuyeron a controlar mejor la información. Se sistematizaron y analizaron 8.461 noticias durante todo el periodo: 1.307 para 2016, 2.101 para 2017, 1.250 para 2018 y 3.803 para 2019. Posteriormente, cada caso y víctima se contrastaron y verificaron con las bases de datos nacionales del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) para todo el lapso objeto de estudio, y las del Monitor de Víctimas para los años 2017 a 2019 para el Área Metropolitana de Caracas( AMC ). El seguimiento de ambas instituciones, que usan una metodología y recurren a fuentes similares a las ya descritas, aportó 21,5% del total de las víctimas de nuestro censo final. El censo conformado por la totalidad de los casos registrados en los medios de comunicación objeto de seguimiento, ocurridos en todo el país, llega a 1.754 víctimas 5 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 para 2016, 1.514 para 2017, 1.534 para 2018 y 3.079 para 2019. der variables que, tradicionalmente, no se pueden obtener por medio de los datos oficiales. En el marco de estas consideraciones metodológicas breves y necesarias se debe tener en cuenta que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y criterios editoriales. En especial en el actual contexto venezolano en el que la crisis de los partidos e instituciones, así como las coyunturas políticas, abarcan múltiples esferas de la vida nacional(Ávila, 2012; Ávila y Gan, 2018). Por otra parte, la reacción de las víctimas y su desconfianza hacia el sistema de administración de justicia(Sánchez, 2020), aunadas a la vulnerabilidad que tienen frente a sus victimarios, son otras variables que pueden afectar la visibilidad o no de estos casos, tanto en los medios de comunicación como en el dato oficial. Es por ello que en ocasiones la presencia o no de un fenómeno –y su frecuencia– en los medios no necesariamente dará cuenta de su realidad. Lo que puede evidenciarse en este trabajo es, en parte, la visibilidad, el enfoque y el espacio que los medios le dedican a estos casos. Sin embargo, este tipo de seguimiento es importante porque ante la ausencia o merma de la información oficial se constituye en un insumo para analizar y evaluar lo que está ocurriendo en estas materias. Además de garantizar la estabilidad y el mantenimiento de un mismo método y fuentes por periodos ininterrumpidos. Es necesario destacar que los resultados del seguimiento de casos a través de medios de comunicación, desde el punto de vista cuantitativo, tradicionalmente está muy por debajo de las cifras que las instituciones manejan y que usualmente no publican. En consecuencia, sería una aproximación tímida de lo que ocurre en la realidad. Pudiera afirmarse, por ejemplo, que los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado que llegan a los medios de comunicación se encuentran entre 20% y 30% de los que conocen las instituciones del Sistema penal; tal como pudo verificarse con las estadísticas provenientes del Ministerio Público entre 2000 y 2007, en contraste con las reportadas por Provea para el mismo periodo(Ávila, 2016: 32). Sobre este particular se volverá más adelante. Por esta razón, los casos analizados desde estas fuentes estarían destinados a tratar de caracterizar y comprenAntes de entrar en materia es importante aclarar dos conceptos fundamentales para el análisis: uso de la fuerza pública y operativos policiales. 1.2 USO DE LA FUERZA PÚBLICA En esta parte introductoria es necesario explicar que el uso de la fuerza es la que emplean los cuerpos armados del Estado en situaciones de aplicación de la ley, lo que abarca supuestos como detenciones, prevención del delito y control de manifestaciones. Esta es la principal característica de la institución policial(Gabaldón y Birkbeck, 2003; Bittner, 1980). El uso excesivo o arbitrario es aquel que no respeta los principios mínimos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas (Amnistía Internacional, 2015). En estos supuestos habría que considerar también los casos en los que los funcionarios usan las armas de reglamento para cometer homicidios, aun fuera del ejercicio de sus funciones, ya que estos tienen un deber especial de cuidado al poseer las armas de la República. En estos casos el Estado es responsable ya sea por acción o por omisión. Las fuerzas de seguridad o agentes del orden son todos aquellos que cumplen labores de policía, sean civiles o militares. Quienes en el ejercicio de sus funciones deben regirse por el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(Asamblea General de la ONU , 1979), así como por los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 1990) (en adelante principios básicos). En virtud de estos principios las fuerzas de seguridad deben tomar medidas para minimizar el riesgo de lesiones y muerte. Es por ello que la fuerza letal y las armas de fuego no deben utilizarse, excepto cuando sea estrictamente necesario para proteger otra vida(principio básico 9). En estos casos, los organismos correspondientes deben investigar los hechos de manera inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial(principios básicos 6, 11 y 22). Venezuela cuenta, además, con instrumentos constitucionales, legales y 6 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 reglamentarios que desarrollan las normativas mencionadas, y en algunos casos son más progresivos que los instrumentos internacionales. Por ejemplo, establece el carácter civil de la seguridad ciudadana, el uso progresivo y diferenciado y de la fuerza policial( UPDFP ), así como la prohibición del uso de armas de fuego para el control de manifestaciones pacíficas(Ávila, 2019b: 70-71; Ávila y Gan, 2018: 8-9). 1.3 OPERATIVOS POLICIALES Actualmente, como resultado de las reformas impulsadas por la Comisión Nacional de Reforma Policial(Conarepol), de 2006, a los conocidos“operativos policiales” se les denomina normativamente como procedimientos policiales; posiblemente el cambio de la palabra operativo por procedimiento tenía como intención intentar marcar distancia, superar, la cultura policial y la mala imagen de los operativos, cuestionada por décadas tanto en materia de derechos humanos, como por su poca efectividad. Esta nueva terminología se encuentra en la Gaceta Oficial 39.433 del 28 de mayo de 2010, que contiene las Normas relativas a los procedimientos policiales ordinarios y extraordinarios. Esta norma toma como criterio para distinguir, entre dos tipos distintos de operativos, el grado de complejidad 5 de las situaciones que deben ser abordadas por la policía. En su artículo 2° establece dos grandes clasificaciones: a) Los procedimientos policiales ordinarios. Son actuaciones cotidianas, sistemáticas y coordinadas realizadas por los funcionarios policiales, que se ejecutan en situaciones de baja complejidad, para preservar un ambiente de paz y tranquilidad en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas. b) Los procedimientos policiales extraordinarios. Son actuaciones eventuales, sistemáticas y coordinadas realizadas por los funcionarios policiales, que requieren una mayor atención y especialización, ya que traspasa[ sic] las propias capacidades, habilidades y competencias, obligando así, la intervención coordinada de varios organismos de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley. Igualmente son los procedimientos policiales extraordinarios, todos aquellos que se producen en situaciones de eventos multitudinarios, desastre o emergencia, donde la capacidad de respuesta de los organismos de atención primaria son sobrepasadas[ sic]. Estas normas tienen once artículos que consagran una serie de principios apegados al llamado“nuevo modelo” policial venezolano, que al menos en el diseño y en lo normativo es considerado de avanzada en materia de derechos humanos. De estas normas interesan para el presente análisis dos puntos: 1) cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos(artículo 3°); 2) el carácter civil de la seguridad ciudadana(artículo 4°). En el desarrollo de este texto, axiológicamente se considerará si los operativos policiales en Venezuela cumplen o no con estos parámetros. Pero más allá de lo normativo-conceptual el objetivo de este trabajo es aproximarse al análisis del fenómeno en su dimensión fáctica. 5 La complejidad“ es la cualidad de la situación que se asocia a la suma de elementos diversos, a la sofisticación delictiva y al nivel de resistencia, que puede generar altos riesgos y dificultar su abordaje y control. La complejidad de la situación es el parámetro para medir los criterios de intervención policial (intensidad y especificidad). A mayor complejidad de la situación, mayor intensidad y/o especificidad de la intervención policial. Es decir, la complejidad es un criterio-indicador de la intensidad y la especificidad” de la acción policial(Gabaldón, Ávila et al., 2014: 119-120). Ver también los artículos 50-54 de la ley orgánica del servicio de Policía y cuerpo de Policía Nacional Bolivariana( LOSPCPNB ). 7 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 2 ANÁLISIS DE CASOS En esta sección se caracterizarán los casos ocurridos entre 2016 y 2019, complementando de esta manera, y analizando con mayor detalle, lo reflejado por las estadísticas oficiales que muestran un incremento significativo de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante los últimos años(gráfico 1). A continuación se analizarán algunas variables que difícilmente se encuentran en los registros y bases de datos oficiales. No obstante, es importante resaltar que en el seguimiento de noticias, en los casos en los que existía la información oficial esta era priorizada antes que cualquier otra fuente. Como se explicó de manera más amplia en la parte introductoria, para el análisis de los casos de 2016 a 2019 la fuente de información principal fueron las noticias sobre los registrados en ese periodo. Se hizo un censo conformado por un total de 1.754 víctimas en 2016, 1.514 en 2017, 1.534 en 2018 y 3.079 en 2019 6 . Estas cantidades serían una muestra respecto a la información oficial, y para 2016 representarían 29,4%, para 2017 el 30% y para 2018 el 29% del total de casos reconocidos por el Estado. Lamentablemente no se cuenta con información oficial de 2019 7 , pero la experiencia y el método utilizado durante todos estos años(Ávila, 2016, 2018b, 2019a, 2020) nos indica que lo recabado no sería más del 30%. 6 Si bien con esta metodología no se pretende sustituir el dato oficial ni hacer análisis respecto al incremento o disminución del fenómeno, llama la atención las coincidencias respecto a la leve disminución del fenómeno de 2016 a 2017, que es de 23% tanto para los casos registrados mediante el seguimiento de noticias, como en el dato oficial. En el caso del incremento para 2018, en el dato oficial fue de 6%, mientras que en el seguimiento de noticias fue de 1,3%. 7 Para ese año solo se cuenta con una información parcial. El gobierno le informó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas(2019: 11) que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019 hubo unas 1.569 muertes violentas por“resistencia a la autoridad”; para ese mismo periodo el Observatorio Venezolano de Violencia ( OVV ) estimaba unas 2.124. En todos los casos se incluyeron las víctimas plenamente identificadas. Subsidiariamente, se consideraron también las que no estaban identificadas, pero sobre las cuales se tenían elementos que permitieran individualizarlas, ya sea por medio de apodos o con otro tipo de informaciones como sexo, edad, lugar, tiempo del hecho y cuerpos de seguridad involucrados. A continuación se presentan cinco grandes variables, las dos primeras referidas a características situacionales básicas de tiempo(¿dónde?) y lugar(¿cuándo?), la tercera se concentra en los cuerpos de seguridad responsables, la cuarta gira en torno a las víctimas(¿quiénes?) y en la quinta se exploran algunos indicadores vinculados con la proporcionalidad en el uso de la fuerza(¿cómo?). Los porcentajes se presentarán como un promedio general de los cuatro años de estudio, los detalles de cada año pueden verse en pie de página o en las tablas correspondientes. Las principales características encontradas son las que se presentan a continuación. 2.1 ¿DÓNDE? DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Al contrastar los casos registrados en las noticias durante el periodo de estudio con los registros oficiales disponibles de 2016, destaca, entre otras cosas, una sobrerrepresentación de los casos de los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Bolívar y Zulia, así como una subestimación de los casos de Carabobo, 8 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Gráfico 1 Muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, 1989-2018 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MIJ(víctimas) MP(víctimas) MP(casos) Cofavic(víctimas) Provea(víctimas) Fuente: elaboración, sistematización, procesamiento y actualización propia con datos del MIJ(2010-2018), MP(2004-2016), Provea (1989-2018) y Cofavic(2012-2016). Versión actualizada de gráfico publicado originalmente en Ávila, 2019a: 41. Anzoátegui, Monagas, Trujillo y Sucre. Por otra parte, es necesario destacar que el cálculo de las tasas basadas en el seguimiento de prensa, al no alcanzar más del 30% de los casos totales, queda muy por debajo de los índices reales. No obstante, se hace el ejercicio para tener idea del impacto del fenómeno en cada estado, más allá de los números absolutos y los porcentajes que estos abarcan dentro del total nacional. Esta es una de las varias limitaciones que puede tener este tipo de fuente. Según los registros oficiales, en 2016 los estados que tuvieron las tasas más altas de muertes por intervención de los cuerpos de seguridad del Estado por cada 100.000 habitantes(pccmh) fueron los siguientes(cuadro 1): Monagas, 41,2; Trujillo, 34,3; Carabobo, 32,9; Sucre, 31; Anzoátegui, 28,9 y Aragua, 28,4. En un contexto donde la tasa general de estas muertes es de 19,5 para todo el país. Por su parte, los estados que sumaron la mayor cantidad de casos fueron Carabobo, 812(13,4%); Miranda, 759(12,6%); Zulia, 539(8,9%); Aragua, 518 (8,6%); Anzoátegui, 486(8,04%) y Distrito Capital con 477(7,9%). Entre 2017 y 2019 se trabajó solo con los casos registrados en las noticias(cuadro 2 y gráfico 2). Los estados que presentan, en promedio para los tres años, los porcentajes de casos más altos son: Distrito Capital y Miranda con 24% cada uno; seguidos de Zulia, 12%, Aragua, 9%, Bolívar, 7% y Anzoátegui, 5%. Estos seis estados suman el 81% de los casos registrados. Estos también tienen las tasas por 100.000 habitantes más altas de estos casos en el país: Distrito Capital, 19,6; Miranda, 12,9; Aragua, 12; Bolívar, 7,6; Anzoátegui, 6,9 y Zulia, 6,7(gráfico 3). Cabe advertir, nuevamente, que estas tasas están subrepresentadas ya que están calculadas con el subregistro de los casos reflejados en las noticias, que no supera al 30% de los casos que pueden ser registrados oficialmente. 9 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Cuadro 1 Casos de registros oficiales, 2016, y sistematización de casos registrados en las noticias, 2016 C asos de registros oficiales 2016 S istematización de casos registrados en las noticias 2016 E stado N° de fallecidos % T asa pcmh E stado N° de fallecidos % T asa pccmh Monagas Trujillo 405 6,7 41,2 Distrito Capital 341 23,6 16,4 284 4,7 34,3 Miranda 416 20,4 13,0 Carabobo 812 13,4 32,9 Zulia 474 26,9 11,4 Sucre 324 5,4 31 Vargas 30 1,7 8,4 Anzoátegui 486 8,0 28,9 Aragua 107 6,0 5,9 Aragua 518 8,6 28,4 Guárico 40 2,3 4,5 Miranda 759 12,6 23,8 Bolívar 61 3,4 3,4 Guárico 206 3,4 23,2 Cojedes 12 0,6 3,4 Distrito Capital 477 7,9 22,9 Carabobo 68 3,8 2,8 Bolívar 327 5,4 18,4 Lara 50 2,8 2,5 Táchira 228 3,8 18,3 Portuguesa 25 1,3 2,5 Vargas 57 0,9 15,9 Anzoátegui 36 2,0 2,1 Delta Amacuro 27 0,5 14 Táchira 25 1,3 2,0 Zulia 539 8,9 13 Trujillo 16 0,9 1,9 Nueva Esparta 57 0,9 10 Amazonas 3 0,2 1,6 Yaracuy 68 1,1 9,7 Monagas 16 0,9 1,6 Portuguesa 95 1,6 9,4 Nueva Esparta 9 0,5 1,6 Cojedes 32 0,5 9,1 Sucre 15 0,8 1,4 Barinas 75 1,2 8,4 Mérida 8 0,4 0,8 Lara 129 2,1 6,5 Barinas 6 0,3 0,7 Mérida 55 0,9 5,6 Falcón 3 0,2 0,3 Falcón 50 0,8 4,9 Yaracuy 2 0,1 0,3 Amazonas 8 0,1 4,4 Apure 1 0,1 0,2 Apure 24 0,4 4,1 Delta Amacuro 0 0,0 0,0 Total 6.042 100 19,5 Total 1.764 100 3,7 Fuente: elaboración y cálculos propios, con información del MIJ y seguimiento de noticias. Gráfico 2 Distribución territorial de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, 2016-2019 35 30 25 20 15 10 5 0 Porcentajes Distrit oC apita Ml irand a Zulia Aragu a nz B A olívar oáte C g a u r i abob o Lara Mo nagas Sucre Tru jillo Tách ira Guáric o Po Falcón rtugu esa A Vargas ma zonas Barin Y a a s racu y M Nu é ev ri a da Espa rta Cojed es De A lta p A ure ma curo 2016 Oficial 2016 2017 2018 2019 Fuente: elaboración y cálculos propios, con información del seguimiento de noticias y del MIJ para el año 2016. 10 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Cuadro 2 Sistematización de casos registrados en las noticias, 2107-2019 2017 2018 2019 E stado N° de % fallecidos T asa pccmh E stado N° de % T asa fallecidos pccmh E stado N° de % fallecidos T asa pccmh Distrito Capital Amazonas Miranda 425 28,07 20,36 39 2,58 20,76 475 31,40 14,71 Bolívar 113 7,46 6,25 Zulia 235 15,52 5,6 Aragua 82 5,41 4,46 Vargas 10 0,66 2,77 Lara 22 1,45 1,9 Guárico 15 0,99 1,66 Carabobo Cojedes 39 2,58 1,56 5 0,33 1,4 Táchira 16 1,06 1,27 Delta Amacuro Trujillo Mérida 2 0,13 1 7 0,46 0,83 6 0,39 0,6 Falcón 6 0,39 0,57 Barinas 5 0,33 0,55 Anzoátegui 7 0,46 0,41 Sucre 3 0,20 0,28 Portuguesa 2 0,13 0,2 Apure 0 0,00 0 Monagas 0 0,00 0 Nueva Esparta 0 0,00 0 Yaracuy 0 0,00 0 Total 1.514 100 3,7 Fuente: elaboración y cálculos propios. Distrito Capital Miranda Bolívar Anzoátegui Carabobo Vargas Aragua Sucre Monagas Táchira Cojedes Guárico Falcón Lara Zulia Trujillo Nueva Esparta Yaracuy Portuguesa Apure Barinas Amazonas Delta Amacuro Mérida Total 507 415 129 91 115 16 77 34 20 21 6 15 13 20 41 5 3 2 2 1 1 0 0 0 1.534 33,10 27,10 8,40 5,90 7,50 1,00 5,00 2,22 1,30 1,37 0,39 0,98 0,85 1,30 2,70 0,33 0,20 0,10 0,12 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 100,00 24,29 12,73 7,02 5,26 4,56 4,38 4,15 3,16 1,98 1,66 1,65 1,63 1,22 0,98 0,96 0,59 0,5 0,28 0,19 0,17 0,12 0 0 0 3,23 Aragua Anzoátegui Distrito Capital Zulia Lara Miranda Bolívar Guárico Falcón Carabobo Trujillo Sucre Amazonas Delta Amacuro Monagas Vargas Portuguesa Cojedes Táchira Barinas Nueva Esparta Yaracuy Mérida Apure Total 515 16,73 27,53 262 8,50 14,94 295 9,58 14,12 582 18,90 13,5 241 7,83 11,72 374 12,15 11,36 175 5,68 9,38 86 2,79 9,14 79 2,57 7,33 186 6,04 7,31 55 1,79 6,34 48 1,56 4,4 8 0,26 4.04 8 0,26 3,88 36 1,17 3,53 13 0,42 3,51 34 1,10 3,22 9 0,29 2,43 26 0,84 2,05 16 0,52 1,69 10 0,33 1,62 10 0,33 1,35 7 0,23 0,67 4 0,13 0,65 3.079 100 7 Gráfico 3 Tasa por 100.000 habitantes de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública, 2016-2019 30 25 20 15 10 5 Mir anda Ara gua B A olív nz ar oáte gui A Z m ulia azon as Lara Vargas Guár C ico ara bobo Tru jillo Falcó n Sucre Cojed M es onag as Tách D Port ira el u t g a ues Am a Nu a ev cur aE o spa rta Barinas Mé rida Yara cuy Apu re 0 apital o C istrit D 2016 2017 2018 2019 Fuente: elaboración y cálculos propios, con información del seguimiento de noticias. 11 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Finalmente, en promedio, se registró que la mayoría de los casos(65,9%) ocurrieron en sitios abiertos y 34% en sitios cerrados 8 . Sin embargo, durante el periodo estudiado se aprecia la disminución de la ocurrencia de casos en sitios abiertos: 73,9% en 2016, 73,8% en 2017, 55% en 2018 y 60,6% en 2019. Mientras se incrementan en los sitios cerrados: 26,1%(2016), 26,2%(2017), 44,8%(2018) y 39,4(2019)(gráfico 4). Más del 63% de los sitios cerrados donde se llevaron a cabo estas muertes eran viviendas, porcentaje que también se incrementa con el paso del tiempo, tal como se puede observar en el gráfico 5. Llama la atención cómo durante todo el periodo se observa el incremento de los casos que ocurren dentro de viviendas: en 2016 eran el 12,5% de los casos, dos años después subieron a 29% y en 2019 se mantuvieron por encima del 25%. Los casos de ejecuciones en viviendas coinciden con los relatos de testigos, familiares y víctimas, tal como lo que recogen diversas ONG especializadas en estas materias (Human Rights Watch y Provea, 2016; Cofavic, 2011, 2016; Monitor de Víctimas, 2018; Marra, 2018), así como en las conversaciones y entrevistas directas realizadas durante el trabajo de acompañamiento y apoyo a familiares de víctimas. Sobre este particular, es importante destacar que también son frecuentes las denuncias por robos por parte de los funcionarios policiales, así como distintos actos vejatorios y de destrozos en las viviendas 9 . 2.2 ¿CUÁNDO? DISTRIBUCIÓN TEMPORAL La distribución temporal de los casos publicados en las noticias entre 2016 y 2019 se pudo contrastar con los registros oficiales de 2016. Entre estos, al igual que en otras oportunidades(Ávila, 2019a), se apreciaron algunas discrepancias que pueden deberse, en buena medida, a la fuente de información y al criterio“mediático-noticioso” que imponen algunas coyunturas, que hacen que los medios puedan dejar de cubrir o sobredimensionar determinados fenómenos, lo cual afecta considerablemente este conteo. Esta es otra dimensión que sirve para presentar las limitaciones de este tipo de fuente. Por ello, en este caso también se trató de aprovechar al máximo el dato oficial disponible. No obstante, se aprecian, asimismo, coincidencias entre ambas fuentes, en cuanto a cierta estabilidad en el número de casos durante el año. Pero lo que más llama la atención es la disminución atípica que se presenta en ambas fuentes durante todo el periodo estudiado, de los casos ocurridos durante el mes de diciembre, tal como puede apreciarse en el gráfico 6. Es importante observar como a lo largo del año el número de muertes permanece más o menos estable, así como su disminución en los meses de noviembre y diciembre. Este comportamiento no coincide con otro tipo de muertes violentas, tales como los homicidios comunes, ni con las muertes de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado 10 (Ávila, 2016, 2017a, 2018b, 2020; ver gráficos 7 y 8). Estas diferencias pudieran ser un indicador de la posible existencia de una prác8 Solo en 31,6% no se encontró información al respecto. Los resultados anteriores se basan en los casos sobre los que sí había información(68,4%). 9 En el seguimiento de los operativos policiales, durante 2016 y 2017 se contabilizaron novecientos noventa y cuatro denuncias de destrozos y daños dentro de viviendas, así como treinta y cinco robos cometidos por los funcionarios en el marco de estas intervenciones. Por su parte, a finales de 2016 Provea denunciaba unos 1.419 desalojos forzados desde que se iniciaron las operaciones de liberación del pueblo( OLP )(D’Hoy, 2016). Es oportuno recordar cómo durante 2015 esta misma organización registró 17.181 allanamientos ilegales a viviendas durante estos operativos, lo que tuvo un impacto en el incremento de 33,754% de estas violaciones a la integridad personal. De manera similar a la manipulación semántica que se hizo con las detenciones arbitrarias(denominándolas“retenciones” o“verificaciones de identidad” –Ávila, 2017b), los allanamientos ilegales eran definidos usualmente como“inspecciones” o“verificación de viviendas”( Correo del Orinoco, 2015; VTV , 2015). Durante ese año se reportaron también al menos diez casos de incendios y novecientos setenta y seis casos de demoliciones(Muñoz, 2015). Es el registro más alto de afectación al derecho a la vivienda en el marco de una política de seguridad ciudadana que ha sistematizado Provea (2016). 10 Ni siquiera en estos casos, que en principio deberían obedecer a una lógica de“enfrentamientos”, hay correspondencias en las disminuciones decembrinas en todos los años de estudio(gráfico 8). Corroborando la tesis presentada en trabajos anteriores(Ávila, 2020). 12 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Porcentaje que las viviendas representan dentro de los sitios cerrados Porcentajes Gráfico 4 Lugar del hecho 70 60 50 40 30 20 10 0 2016 Fuente: elaboración propia. 2017 Sitios abiertos Lineal(Sitios abiertos) 2018 Sitios cerrados Lineal(Sitios cerrados) 2019 Gráfico 5 Vivienda como lugar del hecho, 2106-2019 35 Porcentaje de casos totales que ocurren dentro de las viviendas 30 25 20 15 10 5 0 % que las viviendas representan dentro de los sitios cerrados % de casos totales que ocurren dentro de viviendas 2016 63,87% 12,53% Fuente: elaboración propia. 2017 62,90% 10,30% 2018 71,52% 29,10% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2019 79,75% 25,82% Gráfico 6 Distribución temporal de los casos, por meses, 2016-2019 600 500 400 300 200 100 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Muertes por intervención de la fuerza pública: MIJ 2016 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Noticias 2016 Noticias 2017 Noticias 2018 Noticias 2019 Fuente: elaboración propia. 13 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Gráfico 7 Contrastes del comportamiento durante el año de distintos tipos de muertes violentas, 2016 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Muertes por intervención de la fuerza pública MIJ Funcionarios víctimas de homicidios Julio 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Agosto Septiembre 5 0 Octubre Noviembre Diciembre Homicidios comunes Funcionarios víctimas de homicidio 2015 Fuente: elaboración propia con datos del MIJ para las muertes por intervención de la fuerza pública y homicidios comunes de 2016, así como de funcionarios víctimas de homicidio 2015. Para los funcionarios víctimas de homicidio 2016 se tomó la sistematización de casos registrados a través de noticias(Ávila, 2019a: 57). Muertes por intervención de la fuerza pública Policías víctimas de homicidio Gráfico 8 Muertes por intervención de la fuerza pública frente a policías víctimas de homicidios, 2016-2019 400 40 350 35 300 30 250 25 200 20 150 15 100 10 50 5 0 Enero Febrero Marzo Policías víctimas de homicidio: Fuente: elaboración propia. Abril Mayo Junio Julio 0 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Noticias 2016 Noticias 2017 Noticias 2018 Noticias 2019 Muertes por intervención de la fuerza pública: Noticias 2016 Noticias 2017 Noticias 2018 Noticias 2019 tica rutinaria o sistemática en este tipo de eventos, con una lógica institucional, que incluso llega a ofrecer unas vacaciones colectivas a finales de año, durante las cuales los funcionarios se dedican a actividades más lucrativas como la vigilancia y protección privada o la extorsión. Esta es una hipótesis que surge para ser estudiada con detenimiento en estudios posteriores. En conversaciones con funcionarios, algunos esgrimen también otras hipótesis: 1) que las autoridades políticas ordenan bajar la letalidad durante ese mes, esperando con ello crear cierto ambiente de paz que pueda traerles réditos políticos, especialmente en años que este mes coincide con even14 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 tos electorales; 2) hay mayor despliegue de funcionarios en las calles en esas fechas y esto disuade a los grupos delictivos; 3) en contradicción con la anterior, también plantean que como solo la mitad de la policía trabaja en los días de permiso navideño(18 al 29 de diciembre y 31 de diciembre al 10 de enero), ese grupo reducido de policías difícilmente asume procedimientos complejos que impliquen un uso intenso de la fuerza letal. Este comportamiento institucional es una evidencia más de que las muertes a manos de las fuerzas de seguridad no son, en su mayoría, una mera reacción a la violencia delictiva o una defensa de la propia vida de los funcionarios en situaciones extremas, en estos casos se suman otras variables(políticas, institucionales y económicas), que pueden ser controladas y manipuladas por la propia institución policial, bajo criterios corporativos y crematísticos. Respecto a los horarios de ocurrencia, en los casos a los que se hizo seguimiento de 2016, apenas el 20% poseía esta información, por lo cual, al contar para este año con algunos datos que se encuentran en los registros criminales, entre ellos, las horas en los que ocurrieron los hechos, se priorizó en esta fuente. No obstante, es justo destacar que sobre esta variable ambas fuentes presentan coincidencias respecto a los bloques horarios de mayor ocurrencia, que van de doce del mediodía a las ocho de la noche: en esas horas ocurre el 46% de los casos, seguido del que va de las cuatro de la mañana hasta el mediodía con 30%(gráfico 9). Cuando estos resultados se contrastan con los casos en los que los funcionarios son victimizados no se encuentran sincronías. Los horarios en los que ocurren la mayor cantidad de muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad no coinciden con los horarios en los que los funcionarios mueren a manos de delincuentes. Esta falta de coincidencias temporales entre ambos fenómenos –tanto de los meses como de los horarios de ocurrencia– constata nuevamente nuestra hipótesis: los enfrentamientos entre funcionarios y presuntos delincuentes son hechos excepcionales. Tanto las muertes por intervención de la fuerza pública como las de funcionarios son en su mayoría encuentros irregulares, emboscadas, donde hay un empleo desigual, asimétrico, de la fuerza por parte de alguno de los bandos(Del Olmo, 1990; Ávila, 2016, 2017b, 2018b, 2019a, 2020; Antillano y Ávila, 2017). Gráfico 9 Distribución de casos según bloques horarios, 2016 30 25 20 Porcentaje 15 10 5 0 0:00:00 a 3:59:59 4:00:00 a 7:59:59 8:00:00 a 11:59:59 12:00:00 a 15:59:59 Muertes por intervención de la fuerza pública MIJ Muertes por intervención de la fuerza pública(noticias) Funcionarios víctimas de homicidio(noticias) 16:00:00 a 19:59:59 20:00:00 a 23:59:59 Fuente: elaboración propia con datos del MIJ y seguimiento de noticias para las muertes por intervención de la fuerza pública, para los funcionarios víctimas de homicidio se tomó la sistematización de casos registrados a través de noticias(Ávila, 2019a: 57). 15 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Cuando se contrasta el seguimiento de los casos de 2016 con los de 2017, 2018 y 2019 respecto a los bloques horarios, se encuentran bastantes similitudes(gráfico 10); solo se muestra un desplazamiento de la mayor cantidad de casos del bloque que va de doce del mediodía a las ocho de la noche(44%) hacia el bloque que va de las cuatro de la mañana a las doce del mediodía: 55% para 2017, 62% para 2018 y 43,3% para 2019. En general, durante todo el periodo estudiado el bloque de mayor ocurrencia va de las cuatro de la mañana hasta el mediodía: en esas ocho horas se concentra el 49,3% de los casos, seguido del que va del mediodía a las cuatro de la tarde(18,2%). Es importante mencionar que estos resultados sobre la distribución horaria tampoco coinciden del todo con los de la de victimización general por homicidios 11 , lo que sugiere que las muertes objeto de estudio tienen una lógica distinta(ver gráficos 7 y 8). Finalmente, respecto a los días de la semana en los que ocurrieron la mayor cantidad de eventos, se encontraron en general algunas coincidencias(gráfico 11). En promedio, los días de mayor ocurrencia fueron los jueves(18%), seguidos de los miércoles(16,9%), martes (16%) viernes(15,9%) y lunes(14,4%). En contraste, los de menor ocurrencia fueron los domingos(6,6%) y sábados(12,3%). Llama la atención como en 2018 se aprecia una subida de las muertes los sábados, que pasó del 8,8% en 2016 y 9,5% en 2017 a 21,7% ese año, convirtiéndose en el día de la semana en el que hubo mayor cantidad de casos. En casi todos los casos se pudo recabar la información sobre el organismo responsable de la intervención policial 12 . En promedio, los cuerpos nacionales son responsables de 75,4% de la totalidad de los casos. Las policías estadales de 13% y las municipales de 7,6%(gráfico 12). En cuanto a la distribución de los casos por cuerpo de seguridad, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas( CICPC ) es el organismo que acumula la mayor cantidad, 34,3% del total nacional, seguido muy de cerca de la Policía Nacional Bolivariana( PNB ) con 32,7%, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana-Guardia Nacional Bolivariana(FanbGNB ) con 13,9% 13 . En todos estos totales se incluye la participación de estos cuerpos en acciones conjuntas: en la PNB estas acciones ocupan 12,6% de sus casos totales, en el CICPC 16,6% y en la FanbGNB 33%. Las acciones conjuntas pueden duplicar, o más, la cantidad de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad, en contraste con las intervenciones cuando el organismo interviene solo, lo cual es notable en los casos de la GNB , así como en las policías estadales y municipales(Ávila, 2019a: 58-60). Entre 2016 y 2018 el primer lugar lo ocupó el CICPC (gráfico 12), en la misma posición que ha tenido desde los estudios de los años ochenta del siglo pasado, que coinciden con trabajos anteriores(Del Olmo, 1990; Santos, 1998; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 2010; Ávila, 2014, 2016, 2019a; Cofavic, 2016, 2017; Provea, 2.3. ¿QUIÉNES? 2.3.1. Características de los cuerpos de seguridad actuantes A continuación se presentarán los resultados promedio de los cuatro años analizados, que fueron muy similares. 11 Según la Encuesta nacional de victimización y percepción policial del año 2006, el 94% de los homicidios se producen entre la noche(49,7%) y la madrugada(44,4%)( INE -Conarepol, 2006: 22), lo que se ratifica en la Encuesta nacional de victimización y percepción policial de seguridad ciudadana 2009 con 72%: noche 41,12%, madrugada 30,38%( INE , 2010: 75). 12 88% en 2016, 98% en 2017, 97% en 2018 y 99,9% en 2019. Los detalles de cada cuerpo policial por año pueden verse en los anexos 1, 2, 3 y 4, páginas 30, 33, 35 y 37. 13 En 2016 los cuerpos de seguridad con mayor cantidad de víctimas fueron los siguientes: CICPC 35,8%, PNB 18,5% y FanbGNB 15,3%. En 2017 el CICPC fue nuevamente el organismo que acumuló la mayor cantidad de casos: 40,7% del total nacional, seguido de la PNB con 30%, y de la FanbGNB con 15,7% de los casos totales. En 2018 el CICPC acumuló el 38,7% de los casos, seguido muy de cerca de la PNB con el 36%, de los cuales el 79% corresponde a su Fuerza de Acciones Especiales(Faes); el tercer lugar lo ocupó la FanbGNB con 10,9%. En 2019 la PNB estuvo en la primera posición con 46% de los casos, seguida por el CICP con 22% y la FanbGNB con 13,7% (para todo el periodo ver el gráfico 12). 16 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Gráfico 10 Muertes por intervención de la fuerza pública: contrastes horarios, 2016-2019 Porcentaje 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0:00:00 a 3:59:59 Fuente: elaboración propia. 4:00:00 a 7:59:59 8:00:00 a 11:59:59 2016 2017 2018 12:00:00 a 15:59:59 2019 16:00:00 a 19:59:59 20:00:00 a 23:59:59 Gráfico 11 Distribución de fallecidos por día de la semana, 2016-2019 25 20 Porcentaje 15 10 5 0 Lunes Fuente: elaboración propia. Martes Miércoles 2016 2017 Jueves 2018 2019 Viernes Sábado Domingo Gráfico 12 Distribución de casos por cuerpo de seguridad, 2016-2019 Porcentaje 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 CICPC PNB FANB-GNB 2016 2017 2018 2019 Fuente: elaboración propia. Policías estadades en su conjunto 17 Policías municipales en su conjunto MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 1989-2018), así como en la información que se ha podido encontrar en los informes del Ministerio Público a partir de 1976. Paradójicamente, se trata de la misma institución encargada de investigar estos casos, lo que claramente constituye un conflicto de intereses e inicia el camino para su impunidad. Sobre este particular, es necesario destacar que la tendencia general al aumento de la cantidad de fallecidos en los distintos organismos, al menos durante las últimas tres décadas, se presenta de una manera más evidente en el órgano de investigaciones(ver gráfico 13). Sin embargo, en 2019 la PNB superó el record histórico del CICPC . Por su parte, la PNB parece ocupar el lugar de la extinta Policía Metropolitana( PM ) en el caso del Área Metropolitana de Caracas, y disputarle espacios a la GNB en el resto del país. A pesar de su breve historia, durante 2016 y 2018 ocupó la segunda posición, y en 2019 alcanzó, por primera vez, a ser la institución más letal del país, lugar que históricamente le correspondía al CICPC . Se puede observar un incremento significativo de los casos de este organismo entre 2016 y 2019, pasando de 18,5% a 46%, lo que se vincula con el protagonismo que viene tomando su división“Fuerzas de Acciones Especiales”, conocida por su sigla“Faes”, a partir de la merma de la campaña de las OLP 14 . Es importante señalar el rol de la Fanb, que pudiera quedar subrepresentada sin los casos de la GNB como uno de sus componentes: cuando se suman como una sola institución esta ocupa el 13,9% de los casos totales en el periodo analizado, lo que la ubica como la tercera institución más letal del país luego del CICPC y de la PNB . Durante el periodo analizado llama la atención el incre14 Las Faes fueron activadas el 14 de julio de 2017 por el propio presidente de la República:“Vamos a proceder a la activación de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, una fuerza que viene a sumarse al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo(…) desde aquí les damos un aplauso a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana(…) que tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen, las bandas criminales y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal, por la derecha terrorista (…) ¡Activada las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana!”(Maduro, 2017). Para más detalles sobre esta división de la PNB ver Ávila, 2021. mento de casos en los que se ve involucrada la institución castrense, al pasar de doscientos setenta en 2016 a cuatrocientos veintiuno en 2019. Además, su Dirección General de Contra Inteligencia Militar( DGCIM ) comienza a aparecer en este tipo intervenciones. Estos datos, junto a los saldos letales analizados, se constituyen en parte de los indicadores de la militarización de la seguridad ciudadana en el país. 2.3.2. Características de las víctimas En promedio, el 74% de las víctimas pudieron ser identificadas, ya sea por nombre y apellido(65%), solo por apodo o alias(8,5%) o solo apellido o nombre(0,8%). Esta individualización, junto a las variables de lugar, tiempo y cuerpos de seguridad involucrados, aseguró una mayor fiabilidad de los datos levantados. El 99,5% eran hombres, con una edad promedio de 26 años. La mayoría se desplazaba a pie(83%) 15 , seguido del automóvil(12%) y motos(5%). En 40% de los casos se pudo tener información sobre la cantidad de personas que se encontraban con la víctima en el momento del hecho. De estos, apenas el 3,7% se encontraba solo, el promedio de acompañantes fue de tres por cada víctima 16 , aunque la mayoría tenía un solo acompañante(49%), en raros casos el grupo excedía las cinco personas en total(9,6%), lo que no concuerda con el relato policial y periodístico del desmantelamiento de“grandes bandas delictivas” en estos contextos. El promedio de víctimas por caso también es de dos 17 , aunque en la mayoría de los casos(72%) murió una sola persona. En promedio se pudo conocer la edad del 49% de las víctimas, y durante todo el periodo los resultados fueron similares(ver gráfico 14). El grupo mayoritario fue el de 18 a 27 años de edad, el cual abarca el 61% de los ca15 En este grupo se encuentran todos los que fueron sorprendidos dentro de sus viviendas. 16 Esto influenciado posiblemente por eventos muy excepcionales en contextos carcelarios que suman cientos de acompañantes en unos pocos casos. 17 En esta fuente hay una ligera sobrerrepresentación de la cantidad de víctimas por caso, en los registros oficiales, al menos hasta 2016, el promedio aproximado es de 1,2 víctimas por caso. 18 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Gráfico 13 Histórico de víctimas por cuerpo de seguridad, 1989-2017 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1989 199 1 0 991 PM 199 1 2 993 PNB 199 1 4 99 1 5 99 1 6 99 1 7 99 1 8 99 2 9 000 FANB-GNB PTJ-CICPC 200 2 1 00 2 2 00 2 3 00 2 4 005 Policías estatales 200 2 6 00 2 7 00 2 8 00 2 9 01 2 0 011 Policías municipales 201 2 2 01 2 3 01 2 4 01 2 5 01 2 6 017 DISIP-SEBIN Fuente: elaboración propia con datos de Provea(1989-2017) y(Ávila, 2019a: 61). Gráfico 14 Edades de las víctimas, 2016-2019 35 30 25 Porcentajes 20 15 10 5 0 2016 2017 2018 2019 0-12 1% 0% 0% 1% 13-17 1% 0% 0% 1% 18-22 32% 34% 29% 3% 23-27 29% 31% 33% 32% 28-32 16% 16% 14% 17% 33-37 9% 6% 10% 12% 38-42 3% 3% 3% 6% 43-47 2% 1% 2% 3% 48-52 1% 1% 1% 1% 53-57 1% 1% 1% 0% Mayores de 57 0% 0% 0% 0% Fuente: elaboración propia. sos. Es de destacar que 7% eran menores de 18 años: se trata de siete niños de entre uno y 12 años, y doscientos diecinueve adolescentes que perdieron su vida durante este lapso por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado 18 . Algunos de los casos en los que resultan 18 Perfil que parece ser también estructural, ya que para los años noventa del siglo pasado Díaz-Llanos y Marrero(1992: 194) niños fallecidos se deben a balas perdidas disparadas de manera indiscriminada por estos organismos. Estas cifras son similares a las del Centro Comunitario de Aprendizapresentaban este perfil de las víctimas:“el 54% de las víctimas tenían menos de 24 años y de ellas 9 eran menores(…) el 85% de los occisos de los que poseemos la edad está por debajo de los 30 años”. 19 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 je(Cecodap) y el Observatorio Venezolano de Violencia ( OVV )(Cecodap y OVV , 2020), que solo en 2019 llegaron a contar 1.120 casos de homicidios de niños y adolescentes, entre los cuales sesenta y ocho fallecieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado: una niña y sesenta y siete adolescentes. Según las versiones recogidas en las noticias, que tienen mucho del relato y la versión policial(81%), que busca legitimar estas muertes, y en consecuencia intenta presentar argumentos“contundentes” para justificar el uso de la fuerza letal: el 75% de las víctimas no tenía ningún tipo de antecedente penal ni policial o no se ofrece ninguna información al respecto 19 . En este relato policial y mediático apenas 29% fue señalado de estar en flagrancia. A la mayoría de estos casos (77%) se les implicaba en delitos de bagatela como el genérico supuesto de“desacato a la autoridad”(otra forma de suponer y justificar enfrentamientos), seguido de“robos”(16,6%). Estos dos tipos delictivos abarcan el 94% del total de estos casos. En delitos graves como homicidios(0,9%), secuestros(4%), extorsión(0,5%), porte ilícito y tráfico de armas(0,4%), no se encontraban vinculados ni el 6%, que representan apenas el 2% del total de los fallecidos. Solo 19% de quienes tenían registro policial estaba solicitado por los tribunales de la República 20 . Cuando se analizan los delitos por los cuales se encontraban solicitados por un juez –8% de los casos totales–, estos se distribuían de la siguiente manera: homicidios(3%), robos (0,8%), delitos vinculados con drogas(0,2%), violación y otras formas de abuso sexual(0,2%), porte ilícito de armas(0,14%), extorsión(0,1%), secuestro(0,05%), violencia contra la mujer(0,03%), y otros como contrabando, especulación, abuso de autoridad, lesiones, hurto y ultrajes al pudor(0,01% cada uno). 19 En contraste, si solo se toman en cuenta los casos con información sobre este particular, el 90% aparece con registros policiales. Sin embargo, se considera que hay un subregistro importante, ya que los casos sin información llegan a 73%, además de predominar la versión policial y el criterio sensacionalista mediático en esta fuente. 20 Este porcentaje fue disminuyendo: 24% en 2016, 19% en 2017, 6% en 2018, para aumentar hasta 21% en 2019. A pesar de los datos anteriores, que no reflejan la gravedad de las conductas de los fallecidos tal como se pretende posicionar en el discurso oficial, según los relatos periodísticos el 67% poseía armas de fuego, es decir que es posible que al menos el 33% de los fallecidos se encontrara desarmado en el momento del hecho. La mayoría de las armas eran cortas(66%) y en casos muy excepcionales tenían granadas(0,98%). Solo se pudo conocer el detalle de setenta y dos de estas armas 21 , y de ellas –al menos– veinte eran de origen orgánico(28%), es decir pertenecían originalmente a los propios cuerpos de seguridad del Estado. Si a estos resultados se agrega lo analizado en la sección correspondiente a los lugares donde ocurren estas muertes, que tienen una tendencia al incremento de las ejecuciones en los propios hogares de las víctimas, lo que coincide con los relatos de testigos, familiares y víctimas, hay evidencias suficientes que demuestran que la mayoría de estos casos no son enfrentamientos. Esto último se corrobora con los indicadores de abuso de la fuerza letal que serán examinados a continuación. 2.4 PROPORCIONALIDAD Aunque la información, debido a la fuente utilizada, pudiera parecer precaria, en ocasiones puede ser mucho más completa que las bases de datos oficiales –a las que otrora se ha logrado tener acceso–. En la sistematización puede apreciarse una clara desproporción del uso de la fuerza letal de manera generalizada en los casos analizados. Algunos ejemplos son las enormes movilizaciones de funcionarios respecto al total de víctimas civiles fatales y personas detenidas que se generan en estas intervenciones. En una ocasión el ministro de Interior informó del despliegue de 1.704 funcionarios policiales que hicieron frente a un grupo de presuntos delincuentes, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, sin ningún saldo mortal para los funcionarios de las fuerzas de seguridad 21 Que representan apenas 3% del total de las que se lograron registrar. 20 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 ( Correo del Orinoco, 2016; El Nacional, 2016). Al día siguiente, señala una nueva movilización de 1.400 funcionarios en el marco de un operativo de la OLP con el mismo saldo fatal de cuatro personas( Últimas Noticia s, 2016). En otro caso, se movilizaron doscientos cincuenta funcionarios policiales para“enfrentarse” a nueve personas que resultaron“abatidas”(Rondón, 2017). Los promedios que se lograron construir entre 2016, 2017, 2018 y 2019 para tratar de estimar estas desproporciones son los siguientes: con un total de 7.823 muertes por intervención de la fuerza pública, en estos casos apenas setenta y dos funcionarios resultaron fallecidos(cuadro 3). Es decir que por cada funcionario fallecido en este tipo de intervención murieron ciento nueve civiles. que el número de muertos no sobrepase por mucho al número de heridos o que el número de estos últimos sea mayor. Este índice debería ser siempre inferior a uno (Silva et al., 2019b) 23 . Estos datos indican claramente que los organismos de seguridad del Estado hacen un uso desproporcionado de la fuerza letal. Al contrastar los pocos datos existentes de trabajos pioneros de décadas pasadas que intentaron hacer estimaciones similares 24 , con los datos obtenidos en esta investigación para el periodo 20162019, se puede apreciar claramente un incremento de la letalidad policial y militar durante los últimos años en el país(Ávila, 2019a, 2018a). Además de situarse entre los países con los índices más elevados en el ámbito regional (Silva et al., 2019a). Para tener idea de las dimensiones de estas cifras tómese como referente que Chevigny(1991) plantea que la muerte de más de diez o quince civiles por cada funcionario de seguridad“sugiere que se pudiera haber utilizado la fuerza letal para fines distintos de la protección de la vida en situaciones de emergencia”, lo cual sirve como indicador de un uso excesivo de la fuerza letal. En Venezuela este límite se sobrepasa entre once y seis veces 22 . Otro indicador es la razón entre civiles fallecidos y civiles heridos por intervención de la fuerza pública. En el periodo estudiado resultaron heridos 313 funcionarios, es decir, que por cada funcionario herido murieron veinticinco civiles(cuadro 3). Sobrevivieron 233 civiles, es decir que por cada civil herido por intervención de la fuerza pública fallecen otros 34(cuadro 4). Estas cifras son preocupantes porque aun en contextos bélicos se espera 22 Si se sigue la metodología empleada por el Monitor del uso de la fuerza letal no se usaría como denominador el número de funcionarios fallecidos en los eventos analizados, sino el número de funcionarios fallecidos en el país durante todo el año, con independencia de la coincidencia o no con estos eventos, o si en ellos hubo consecuencias fatales para algún civil. Se ha sostenido que esto no mide el uso de la fuerza letal situacionalmente sino otras variables asociadas con la capacidad defensiva de las policías(Ávila, 2020, 2019b; Silva et al., 2019b, 2017, 2012). Aun si se sigue esta metodología el resultado sigue siendo alarmante: por cada funcionario fallecido durante el ejercicio de sus funciones habrían muerto cuarenta y tres civiles. 23 Sobre este particular, es revelador lo que explican Silva et al. (2017):“Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, la cantidad de muertos no sobrepase por mucho al de heridos y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno. Inclusive la literatura médica, al analizar el uso de armas convencionales en conflictos armados, invierte el índice para reportar heridos sobre muertos, por ser más comunes los primeros que los segundos en contextos de guerra.(…) Pero el índice se invierte cuando se trata de crímenes de guerra o tiroteos contra civiles( shootings)” (p. 343). 24“Si se toma como referencia el trabajo de Del Olmo(1990), quien contabilizó entre los años 1982 y 1986 unas 344 personas fallecidas por intervención de la fuerza pública en Caracas, existe un contraste con la muerte de 148 policías en ese mismo periodo. Este se hace aún mayor cuando se observa que de estos 148 el 87% se encontraba solo en el momento del hecho, lo que hace presumir que no se encontraban en comisión(dato similar a lo encontrado 30 años después en Ávila, 2016). Si se toma el 13% restante, es decir, los 19 funcionarios que con certeza fallecieron en contextos de enfrentamiento, la correlación estimada entre policías y civiles muertos sería de uno a 18. Delgado(1988) en un trabajo previo contabilizó en el estado Zulia entre 1983 y 1985 unas 261 personas fallecidas por intervención de la fuerza pública y apenas unos 3 funcionarios muertos en esos encuentros, lo que arrojaría una correlación de un funcionario fallecido por cada 87 civiles muertos. Díaz-Llanos y Marrero(1992) en el análisis de casos en sedes judiciales de Caracas y el estado Miranda, ocurridos entre 1983 y 1985, establecieron una correlación de 40 civiles fallecidos por policía muerto en funciones. Unos 16 años después, Provea establece estas correlaciones entre los años 2001 y 2010, obteniendo en promedio durante ese periodo el siguiente resultado: por cada policía muerto fallecen 24 civiles”(Ávila, 2019a: 65-66). 21 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 Cuadro 3 Victimización de civiles y victimización de funcionarios de las fuerzas de seguridad, 2016-2019 A ños T otal de civiles fallecidos por intervención T otal de funcionarios fallecidos en estas T otal de civiles heridos por intervención T otal de funcionarios heridos en estas de la fuerza pública intervenciones de la fuerza pública intervenciones 2016 1.764* 13 79 59 2017 1.514 18 95 91 2018 1.466** 19 29 44 2019 3079 22 30 119 Totales 7.823 72 233 313 * Para estos cálculos se excluyó el caso de la muerte de un cadete que falleció en un entrenamiento donde emplearon granadas de humo vencidas y en el que cincuenta cadetes más también se vieron afectados. El número total de víctimas registradas para este año sería realmente de 1.765. ** Se excluyeron los sesenta y ocho privados de libertad muertos bajo custodia por incendio, así como los noventa y ocho heridos de ese evento. El número total de víctimas registradas para este año sería realmente de 1.534. Fuente: elaboración propia. Cuadro 4 Relación entre la victimización de civiles y funcionarios. Relación entre civiles fallecidos y heridos, 2016-2019 A ños C iviles fallecidos por cada funcionario fallecido 2016 136 2017 84 2018 77 2019 140 Estimación para todo el periodo estudiado 109 Fuente: elaboración propia. C iviles fallecidos por cada funcionario herido 30 17 33 26 25 C iviles fallecidos por cada civil herido ( índice de letalidad ) 22 16 51 103 34 22 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 3 CONSIDERACIONES FINALES Las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un indicador de la precariedad institucional de un país y de la ausencia de controles en el ejercicio del poder. A menor fortaleza institucional mayores serán las muertes ocasionadas por las agencias armadas del Estado. Las fuentes oficiales y las no oficiales coinciden en el aumento de estas muertes durante los últimos años. Se puede afirmar con certeza que entre 2010 y 2018, que es el periodo en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. Al concluir 2020 esta cantidad supera ya las 32.000. De igual manera, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales siguen en aumento(Ávila, 2019a, 2019b, 2018a). Todos los cuerpos de seguridad del país se encuentran involucrados en esta masacre por goteo, en sus tres niveles político-territoriales. Sin embargo, hay que destacar que los cuerpos nacionales son los que tienen el mayor protagonismo. Desde que se conocen registros el CICPC es uno de los cuerpos más letales del país, y al menos desde las últimas cuatro décadas ocupa los primeros lugares en esta categoría con más de un tercio de los casos nacionales. No obstante, durante 2019 la PNB , a pesar de su breve historia, logró disputarle este lugar al CICPC . Esto se vincula con el protagonismo que viene tomando su división “Faes” a partir de la merma de la campaña de las OLP . La Fanb es la tercera institución más letal del país, responsable al menos del 14% de los casos en el ámbito nacional. Según el bloque constitucional y legal venezolano, la seguridad ciudadana es de carácter civil, no militar. El protagonismo de la institución castrense en estas labores, así como los saldos letales de sus intervenciones, se suman a los indicadores negativos de la militarización de la seguridad ciudadana en el país. Mención especial merecen las actuaciones conjuntas: estas incrementan la letalidad de todas las fuerzas de seguridad que cumplen labores de policía. El caso de la GNB sobre este particular es uno de los más emblemáticos, ya que cuando actúa con otros cuerpos policiales la cantidad de muertes bajo su responsabilidad casi se duplica. Este tipo de actuaciones dificultan, además, la adjudicación de responsabilidades posteriores, tanto institucionales como individuales, facilitando su impunidad. En el análisis situacional de los casos estudiados llamó la atención cómo estos eventos no coinciden temporalmente –meses y horarios de ocurrencia– con las muertes de funcionarios policiales. Esta falta de correspondencia entre ambos fenómenos constata nuevamente nuestra hipótesis: los enfrentamientos entre funcionarios y presuntos delincuentes son hechos excepcionales. Tanto las muertes por intervención de la fuerza pública como las de funcionarios son en su mayoría encuentros irregulares, emboscadas, donde hay un empleo desigual, asimétrico, de la fuerza por parte de alguno de los bandos (Ávila, 2020, 2019a). Es importante mencionar que estos resultados sobre la distribución horaria tampoco coinciden del todo con la de victimización general por homicidios, lo cual sugiere que las muertes objeto de estudio tienen una lógica distinta, muy asociada y controlada por criterios institucionales y organizacionales. Los muertos son hombres, jóvenes de una edad promedio de 26 años, de origen humilde. Al menos 7% son adolescentes y niños. Algunos de los casos en los que resultan niños fallecidos se deben a balas perdidas 23 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 disparadas de manera indiscriminada por las fuerzas de seguridad. El 75% no poseía ningún tipo de antecedente penal o policial o no se ofrece información alguna al respecto. La mayoría(77%) fue señalada de estar involucrada con delitos de bagatela. Apenas 8% se encontraba solicitado por los tribunales de la República. concretos y de calidad. Establecer claros controles y fiscalización sobre las instituciones policiales y militares, especialmente respecto al uso de armas y municiones. El objetivo de estas instituciones debe ser la reducción de la violencia, en especial de la que tiene resultados letales, no su incremento. En cuanto a la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, el dato promedio es el siguiente: por cada funcionario fallecido en este tipo de intervención mueren ciento nueve civiles; por cada funcionario herido mueren veinticinco civiles; por cada civil herido por intervención de la fuerza pública fallecen otros treinta y cuatro. Esto indica claramente el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado. Cuando se contrastan estas cifras con correlaciones similares de otros periodos se puede apreciar el incremento considerable de la letalidad policial durante los últimos años. Además de situar a Venezuela entre los países con los índices más elevados en el ámbito regional. Es fundamental construir una mínima estabilidad institucional, revisar la estructura política del Estado, la justa creación y redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades, el ejercicio del poder limitado por la ley, con pesos y contrapesos, independencia del poder judicial y del Ministerio Público, la adscripción de un órgano de investigaciones a este último, así como la solidez y fortaleza de estos espacios. Como dice Zaffaroni:“Para que se produzca una masacre masiva el poder judicial debe estar completamente neutralizado, pues ésta requiere el descontrol completo de la potencia policial” (2011: 522). Ante la conflictividad y la reducción de la violencia, el Estado debe intervenir de manera oportuna y permanente. La intervención policial en la conflictividad no es exclusiva, pero sí es importante. Se necesita una mejor y debida prestación del servicio policial, tal como se diseñó a partir de 2006 desde la Conarepol y se plasmó en 2009 en la ley orgánica del servicio de Policía y cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Este modelo normativo debe trascender de la mera propaganda oficial para convertirse en una realidad institucional(Ávila, 2019c). Ante el cambio discursivo y de prácticas policiales y militares de los últimos años, donde parece estarse sustituyendo el Estado social de derecho por un Estado policial-militar, es importante insistir en lo siguiente: la presencia del Estado social es fundamental, las instituciones encargadas de la satisfacción de los derechos básicos a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda deben ser las primeras en estar presentes en la comunidad y cumplir con su rol. Esto no significa que deba confundirse la política social con la política de seguridad, la segunda debe formar parte de la primera. Una política de seguridad sin una política social que le sirva de marco y que no sea realmente efectiva, carece de sentido. No se puede pretender sustituir con el Sistema penal y con las policías lo que no se ha realizado previa y efectivamente con la política social. Para tomar decisiones y efectuar intervenciones acertadas debe contarse con información y diagnósticos 24 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 REFERENCIAS Amnistía Internacional. 2015. Uso de la fuerza. Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ámsterdam: Amnistía Internacional. Disponible en: https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_uso_de_la_fuerza_esp_0.pdf?x73272 Antillano, A. 2007.“Estudios sobre la policía en Venezuela”. En La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio. Tomo I, pp. 17-63. 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Fanb-GNB Fanb Sebin CICPC- Fanb-GNB CICPC- Sebin CICPC- PNB CICPC-PNB-GNB CICPC- Fanb CICPC- Fanb-GNB- PNB- Sebin Fanb-GNB- PNB Fanb- Sebin CICPC- Fanb-GNB- Policías estadales CICPC- PNB- Policías estadales CICPC- PNB- Fanb-GNB- Sebin- Policías estadales CICPC- PNB- Fanb-GNB- Policías estadales y municipales CICPC-Fanb- Policías estadal CICPC- Fanb-GNB- Sebin- Policías estadales y policías municipales CICPC-Policías estadales CICPC-Policías municipales CICPC-Policías estadales y municipales CICPC-Sebin-Policías estadales y municipales Cicpc-Fanb-GNB-Sebin-Policía municipal Fanb(GNB)- Policías estadales Fanb(GNB)- Policías municipales PNB- Policías estadales PNB- Policías municipales Policía del estado Zulia Policía del estado Miranda Policía del estado Monagas Policía del estado Táchira- Policía municipal de La Ceiba Policía del estado Táchira Policía del estado Miranda- Policía municipal de los Valles del Tuy Policía del estado Zulia Policía del estado Táchira Policía municipal de Zamora Policía municipal de Guaicaipuro Policía municipal de Baruta Policía municipal de Brion Policía municipal de Caroní Policía del estado Zulia- Policía municipal de Rosario de Perijá Policía del estado Miranda-Policía del municipio Independencia Policía del estado Miranda- Policía municipal de los Valles del Tuy Policía municipal de Tomás Lander Policía del estado Guárico Policía del estado Nueva Esparta Policía municipal de Anauco Policía municipal de Cabimas Policía municipal de Lagunillas Policía del estado Guárico Policía del estado Vargas Policía municipal de Leonardo Infante Policía municipal de San Francisco N° de fallecidos 496 253 144 20 6 25 17 12 10 3 1 20 1 14 8 6 4 2 2 2 1 14 5 2 2 1 3 2 2 1 5 2 2 4 2 3 1 4 2 P orcentaje 28,1 14,3 8,2 1,1 0,3 1,4 1,0 0,7 0,6 0,2 0,1 1,1 0,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 30 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 C uerpos de seguridad actuantes Policías estadales Actuaciones conjuntas (estadales y municipales) Policías municipales Policía del estado Zulia Policía del estado Bolívar Policía del estado Aragua Policía del estado Miranda Policía del estado Carabobo Policía del estado Mérida Policía del estado Vargas Policía del estado Portuguesa Policía del estado Trujillo Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Falcón Policía del estado Guárico Policía del estado Lara Policía del estado Monagas Policía del estado Nueva Esparta Policía del estado Sucre Policía del estado Táchira Policía del estado Zulia- Policía municipal de San Francisco Policía del estado Zulia- Policía municipal de Maracaibo Policía municipal de San Francisco(estado Zulia) Policía municipal de Sucre(estado Miranda) Policía municipal de Lagunillas(estado Zulia) Policía municipal de Maracaibo(estado Zulia) Policía municipal de Zamora(estado Miranda) Policía municipal de Independencia(estado Miranda) Policía municipal de Charallave(estado Miranda) Policía municipal de San José de Guanipa(estado Anzoátegui) Policía municipal del Hatillo(estado Miranda) Policía municipal de Baruta(estado Miranda) Policía municipal de Cabimas(estado Zulia) Policía municipal de Chacao(estado Miranda) Policía municipal de Cristóbal Rojas(estado Miranda) Policía municipal de Libertador(Distrito Capital) Policía municipal de Caroní(estado Bolívar) Policía municipal de Miranda(estado Miranda) Policía municipal de Pedro Gual(Miranda) Policía municipal del Tigre(estado Anzoátegui) Policía municipal de Acevedo(estado Miranda) Policía municipal de Baralt(estado Zulia) Policía municipal de Colón(estado Zulia) Policía municipal de Freites(estado Anzoátegui) Policía municipal de San Fernando(estado Apure) Policía municipal de Barinas(estado Barinas) Policía municipal de Vargas(estado La Guaira) Policía municipal de Salias(estado Miranda) Policía municipal de Santa Lucía(estado Miranda) Policía municipal de Urdaneta(estado Miranda) Policía municipal de Cumaná(estado Sucre) 31 N° de fallecidos 181 15 14 7 6 6 6 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 P orcentaje 10,3 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 2 0,1 46 2,6 45 2,5 17 1,0 13 0,7 9 0,5 6 0,3 5 0,3 5 0,3 4 0,2 4 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 Continúa en la página siguiente MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 C uerpos de seguridad actuantes N° de fallecidos Actuaciones Policía municipal de Baralt- Policía municipal de Lagunillas 3 conjuntas (intermunicipales) Policía municipal del Hatillo- Policía municipal de Baruta 1 Sin información 210 Totales 1.765 Fuente: elaboración propia: actualización y corrección de base de datos y de cuadro publicado antes en Ávila, 2019a: 60. P orcentaje 0,2 0,1 11,9 100 32 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 ANEXO 2 ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2017 C uerpos de seguridad actuantes Nacionales Actuaciones conjuntas (solo nacionales) CICPC PNB FanbGNB Fanb Sebin CICPC -FanbGNB PNB CICPC PNB CICPC - FanbGNB CICPC -FanbGNB DGCIM PNB CICPC - Fanb CICPC - FanbGNB PNB Fanb( GNB ) PNB CICPC - FanbGNB - Policías municipales CICPC -Policías estadales Actuaciones conjuntas (nacionales y regionales) CICPC -Policías municipales FAN ( GNB )- Policías estadales FAN ( GNB )- Policías municipales Fanb( DGCIM ) PNB - Policías municipales PNB - Sebin- Policías estadales PNB - Policías municipales Policía municipal de Brión Policía municipal de Paz Castillo Policía del estado Zulia Policía del estado Guárico Policía del estado Bolívar Policía del estado Carabobo Policía del estado Vargas Policía municipal de Acevedo Policía municipal de Independencia Policía municipal de Baruta Policía municial de Cabimas Policía municipal de los Valles del Tuy Policía municipal de San Francisco Policía del estado Bolívar Policía del estado Lara Policía municipal de Guaicaipuro Policía municipal de Cabimas Policía municipal de Iribarren Policía municipal de los Salias Policía municipal de Plaza Policía del estado Trujillo Policía municipal de Libertador N° de fallecidos P orcentaje 484 32,0 375 24,8 110 7,3 31 2,0 6 0,4 44 2,9 15 1,0 14 0,9 11 0,6 10 0,7 3 0,1 2 0,1 3 0,2 3 0,2 8 0,4 4 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0,1 6 0,4 3 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,1 2 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,1 3 0,2 1 0,1 Continúa en la página siguiente 33 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 C uerpos de seguridad actuantes Policías estadales Actuaciones conjuntas (estadales y municipales) Policías municipales Actuaciones conjuntas (intermunicipales) Sin información Totales Policía del estado Zulia Policía del estado Aragua Policía del estado Miranda Policía del estado Carabobo Policía del estado Vargas Policía del estado Falcón Policía del estado Guárico Policía del estado Bolívar Policía del estado Trujillo Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Barinas Policía del estado Táchira Policía del estado Bolívar- Policía municipal de Piar Policía municipal de Sucre(estado Miranda) Policía municipal de San Francisco(estado Zulia) Policía municipal de Zamora(estado Miranda) Policía municipal de Independencia(estado Miranda) Policía municipal de Cristóbal Rojas(estado Miranda) Policía municipal de Plaza(estado Miranda) Policía municipal de Libertador(Distrito Capital) Policía municipal de Acevedo(estado Miranda) Policía municipal de Baralt(estado Zulia) Policía municipal de Urdaneta(estado Miranda) Policía municipal de Lagunillas(estado Zulia) Policía municipal de Baruta(estado Miranda) Policía municipal de Guacara(estado Carabobo) Policía municipal de Sotillo(estado Anzoátegui) Policía municipal de José Félix Rivas(estado Aragua) Policía municipal de Naguanagua(estado Carabobo) Policía municipal de Carirubana(estado Falcón) Policía municipal de Chacao(estado Miranda) Policía municipal de Pedro Gual(Miranda) Policía municipal de Cua(estado Miranda) Policía municipal de Carrizal(estado Miranda) Policía municipal de Guaicaipuro(estado Miranda) Policía municipal de Brión(estado Miranda) Policía municipal de Cabimas(estado Zulia) Policía municipal de Cristóbal Rojas-Policía municipal de Tomás Lander N° de fallecidos 146 16 10 6 5 4 4 3 3 1 1 1 P orcentaje 9,6 1,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 2 0,1 35 2,3 26 1,7 9 0,6 8 0,5 6 0,3 5 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 3 0,2 3 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 31 2,0 1.514 100 Fuente : elaboración propia: actualización y corrección de base de datos y de cuadro publicado antes en Ávila, 2019a: 61. 34 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 ANEXO 3 ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2018 Nacionales Actuaciones conjuntas (solo nacionales) Actuaciones conjuntas (nacionales y regionales) Policías estadales C uerpos de seguridad actuantes N° de P orcentaje fallecidos CICPC 550 35,9 PNB 520 33,9 Fanb GNB 95 6,2 Fanb 34 2,2 Sebin 5 0,3 CICPC - FanbGNB 15 1,0 CICPC PNB 8 0,5 CICPC - Sebin 2 0,1 Fanb – PNB 2 0,1 CICPC PNB -FanbGNB 1 0,1 CICPC - FanbGNB - Policías estadales Policía del estado Guárico 3 0,2 CICPC PNB - Policías estadales Policía del estado Aragua 4 0,3 CICPC -Policías estadales Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Yaracuy 3 0,2 1 0,1 CICPC -Policías municipales Policía municipal del Hatillo 1 0,1 Policía municipal de Acevedo- Policía municipal 3 0,2 CICPC -FanbGNB -Policía municipal de Zamora- Policía municipal de Gual Policía municipal de Acevedo 1 0,1 FanbGNB - Sebin PNB - Policías muni- Policía del municipio Libertador cipales 2 0,1 FanbGNB PNB - Policías municipales Policía municipal de Guanta- Policía del muni- 1 0,1 cipio de Sotillo FAN GNB - Policías estadales Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Zulia 3 0,2 3 0,2 FAN ( GNB )- Policías municipales Policía municipal de Zamora Policía municipal de Urdaneta 3 0,2 1 0,1 PNB - Policías municipales Policía municipal de Independencia Policía municipal de Zamora 5 0,3 4 0,3 PNB - Policías estadales y municipales Policía del estado Miranda- Policía municipal 6 0,3 de Zamora Sebin- Policía municipal Policía municipal de Sucre 1 0,1 Policía del estado Carabobo 73 4,8 Policía del estado Anzoátegui 10 0,7 Policía del estado Miranda 9 0,6 Policía del estado Zulia 8 0,5 Policía del estado Bolívar 7 0,5 Policía del estado Vargas 5 0,3 Policía del estado Nueva Esparta 3 0,2 Policía del estado Aragua 3 0,2 Policía del estado Falcón 2 0,1 Policía del estado Mérida 2 0,1 Policía del estado Trujillo 2 0,1 Policía del estado Barinas 1 0,1 Continúa en la página siguiente 35 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 C uerpos de seguridad actuantes Actuaciones conjuntas (estadales y municipales) Policía del estado Miranda- Policía municipal de Charallave Policías municipales Sin información Totales Policía municipal de Sucre(estado Miranda) Policía municipal de Zamora(estado Miranda) Policía municipal de Sotillo(estado Anzoátegui) Policía municipal de Independencia(estado Miranda) Policía municipal de Vargas(estado la Guaira) Policía municipal de Chacao(estado Miranda) Policía municipal de Simón Bolívar(estado Anzoátegui) Policía municipal de Acevedo(estado Miranda) Policía municipal de Baruta(estado Miranda) Policía municipal de Tomás Lander(estado Miranda) Policía municipal de Cumaná(estado Sucre) Policía municipal de San Francisco(estado Zulia) Policía municipal de San José de Guanipa(estado Anzoátegui) Policía municipal de Caroní(estado Bolívar) Policía municipal de Paz Castillo(estado Miranda) Policía municipal de Cabimas(estado Zulia) Policía municipal de Maracaibo(estado Zulia) Policía municipal de Guanta(estado Anzoátegui) Policía municipal de Peñalver(estado Anzoátegui) Policía municipal de Bolívar(estado Bolívar) Policía municipal de Bejuma(estado Carabobo) Policía municipal de Plaza(estado Miranda) Policía municipal de Semprun(estado Zulia) Fuente: elaboración propia. N° de P orcentaje fallecidos 1 0,1 13 0,8 10 0,7 7 0,5 7 0,5 6 0,4 5 0,3 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 1 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 1 0,1 1 0,1 50 3,3 1.534 100 36 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 ANEXO 4 ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, 2019 Nacionales Actuaciones conjuntas (solo nacionales) Actuaciones conjuntas (nacionales y regionales) C uerpos de seguridad actuantes Pnb CICPC FanbGNB Fanb Cicpc- FanbGNB CICPC PNB PNB - FanbGNB CICPC PNB -FanbGNB CICPC - Fanb Cicpc- FanbGNB - policías estadales CICPC PNB - Policías estadales CICPC PNB - Policías municipales CICPC -Policías estadales CICPC -Policías municipales CICPC -Policías estadales y municipales CICPC -FanbGNB -Policía municipal FanbGNB PNB - Policías estadales y policías municipales FanbGNB - Policías estadales Fanb GNB - Policías municipales PNB - Policías estadales PNB - Policías municipales Policía del estado Trujillo Policía del estado Aragua Policía municipal de Brión Policía municipal de Valencia Policía municipal de los Salias Policía municipal de Sucre Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Bolívar Policía del estado Zulia Policía del estado Carabobo Policías municipales de Baruta y El Hatillo Policías municipales de Baruta, Sucre y El Hatillo Policía municipal de Urdaneta Policía municipal de Cabimas Policía municipal de Baralt Policía municipal de Guaicaipuro Policía municipal de Maracaibo Policía del estado Zulia- Policía municipal de Maracaibo Policía municipal de Cristóbal Rojas Policía del estado Aragua- Policía municipal de Zamora Policía del estado Zulia Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Aragua Policía del estado Bolívar Policía del estado Monagas Policía del estado Sucre Policía municipal de Baralt Policías municipales de Cristóbal Rojas y Lander Policía municipal de Mariño Policía del estado Anzoátegui Policía municipal de Sucre y municipal de Chacao Policía municipal de Ezequiel Zamora Policía municipal de Sucre Policía municipal de Santiago Mariño N° de fallecidos 1347 573 254 82 23 16 15 15 6 1 1 3 2 2 1 5 3 2 1 5 5 4 3 1 1 1 P orcentaje 43,7 18,6 8,2 2,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3 0,2 2 0,1 2 0,1 3 0,1 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 9 0,3 1 0,0 1 0,0 1 0,0 7 0,3 2 0,1 1 0,0 1 0,0 Continúa en la página siguiente 37 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 C uerpos de seguridad actuantes Policías estadales Actuaciones conjuntas (estadales y municipales) Policías municipales Policía del estado Zulia Policía del estado Carabobo Policía del estado Aragua Policía del estado Anzoátegui Policía del estado Falcón Policía del estado Bolívar Policía del estado Trujillo Policía del estado Lara Policía del estado Miranda Policía del estado Guárico Policía del estado Sucre Policía del estado Vargas Policía del estado Cojedes Policía del estado Monagas Policía del estado Anzoátegui Policía municipal de Anaco Policía municipal de San José de Guanipa Policía municipal de Baralt Policía del estado Zulia Policía municipal de La Cañada Policía de la Mancomunidad Policía del municipio Urdaneta Policía del estado Aragua Policía municipal de José Félix Ribas Policía municipal de Baralt(estado Zulia) Policía municipal de Simón Rodríguez(estado Anzoátegui) Policía municipal de Sucre(estado Miranda) Policía municipal de San José de Guanipa(estado Anzoátegui) Policía municipal de Miranda(estado Zulia) Policía municipal de Heres(estado Bolívar) Policía municipal de Sotillo(estado Anzoátegui) Policía municipal de Maracaibo(estado Zulia) Policía municipal de Baruta(estado Miranda) Policía municipal de Guanta(estado Anzoátegui) Policía municipal de Freites(estado Anzoátegui) Policía municipal de Simón Bolívar(estado Anzoátegui) Policía municipal de Los Salias(estado Miranda) Policía municipal de José Félix Rivas(estado Aragua) Policía municipal de Carirubana(estado Falcón) Policía municipal de Simón Bolívar(estado Miranda Policía municipal de Cabimas(estado Zulia) Policía municipal de Anaco(estado Anzoátegui) Policía municipal de Francisco de Miranda(Anzoátegui) Policía municipal de Andrés Bello(estado Miranda) Policía municipal de Naguanagua(estado Carabobo) Policía municipal de Mara(estado Zulia) Policía municipal de Lagunillas(estado Zulia) Policía municipal de Peñalver(estado Anzoátegui) Policía municipal de Caroní(estado Bolívar) Policía municipal de Libertador(Distrito Capital) Policía municipal de Chacao(estado Miranda) Policía municipal de San Francisco(estado Zulia) Policía municipal de Bejuma(estado Carabobo) Policía municipal de Carlos Arvelo(estado Carabobo) Policía municipal de Guacara(estado Carabobo) Policía municial de los Guayos(estado Carabobo) N° de fallecidos 157 83 70 62 20 17 13 10 10 8 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 18 18 17 13 12 10 9 9 8 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 P orcentaje 5,1 2,7 2,3 2,0 0,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,0 0,0 38 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 C uerpos de seguridad actuantes Policías municipales Sin información Policía municipal de José Félix Rivas(estado Carabobo) Policía municipal de Mariara(estado Carabobo) Policía municipal de Miranda(estado Falcón) Policía municipal de Leonardo Infante(estado Guárico) Policía municipal de Paz Castillo(estado Miranda) Policía municipal de Tomás Lander(estado Miranda) Policía municipal de Urdaneta(estado Miranda) Policía municipal del Hatillo(estado Miranda) Policía municipal de La Cañada(estado Zulia) Policía municipal de Urdaneta(estado Zulia) Totales F uente: elaboración propia. N° de fallecidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3.079 P orcentaje 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,1 100 39 MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 SIGLAS AMC Área Metropolitana de Caracas MIJ Cecodap Centro Comunitario de Aprendizaje CICPC Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Cofavic Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 Conarepol Comisión Nacional para la Reforma Policial DGCIM Dirección General de Contra Inteligencia Militar MP OLP ONU OVV pccmh PM Faes Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB PNB Fanb Fuerza Armada Nacional Bolivariana Provea GNB Guardia Nacional Bolivariana INE Instituto Nacional de Estadísticas Sebin LOSPCPNB ley orgánica del servicio de Policía y cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Ministerio de Interior y Justicia/ Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministerio Público operaciones de liberación del pueblo Organización de las Naciones Unidas Observatorio Venezolano de Violencia por cada cien mil habitantes Policía Metropolitana Policía Nacional Bolivariana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 40 ACERCA DEL AUTOR PIE DE IMPRENTA Keymer Ávila. Abogado Magna cum Laude por la Universidad Central de Venezuela( UCV ). Máster oficial en criminología y sociología jurídico penal por la Universitat de Barcelona( UB ). Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV , profesor de criminología en pre y postgrado de la misma universidad. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB . Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología(Alpec) y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia(Reacin). Premio de Estudios Penales“Francisco Tomás y Valiente” y Premio extraordinario del Máster Criminología y Sociología Jurídico Penal de la UB . Líneas de investigación: sistemas penales, dimensión dinámica(seguridad, policía, investigación penal, legislación) y estática(teorías, ideologías y racionalidades punitivas). Ha publicado más de una treintena de artículos sobre estos temas en revistas arbitradas especializadas y capítulos de libros colectivos como: Cahiers de Défense Sociale. Bulletin de la Societé Internationale de Défense Sociale pour une politique criminelle humaniste( SIDS ), Crítica Penal y Poder( OSPDH ) (España), Revista de Derecho Penal y Criminología(Argentina), Revista de Estudios Centroamericanos( ECA ) (El Salvador), Desafíos(Colombia), Fonte Segura(Brasil), Espacio Abierto, Capítulo Criminológico(Venezuela) y URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad(Flacso). Ha sido invitado por diversas universidades e instituciones latinoamericanas y europeas para la presentación de sus trabajos de investigación. SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Representante de la FES Colombia Catalina Niño Coordinadora de proyecto catalina.nino@fescol.org.co Bogotá, junio de 2021 trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES . D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES MUERTES POR INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN VENEZUELA, 2016-2019 à El objetivo es presentar una panorámica sobre las muertes por intervención de la fuerza pública en Venezuela, a través de la sistematización y caracterización de los casos ocurridos entre los años 2016 y 2019. Las muertes a manos de las fuerzas de seguridad no son, en su mayoría, una mera reacción a la violencia delictiva o una defensa de la propia vida de los funcionarios en situaciones extremas, en estos casos se suman otras variables, que pueden ser controladas y manipuladas por la propia institución policial, bajo criterios corporativos y crematísticos. En los últimos años se ha incrementado el número de casos que ocurren dentro de las viviendas de las víctimas. Las muertes generadas por las fuerzas de seguridad no coinciden temporalmente con las muertes de los funcionarios policiales. Esta falta de correspondencia constata nuevamente nuestra hipótesis: los enfrentamientos entre funcionarios y presuntos delincuentes son hechos excepcionales. Ambos tipos de muertes son, en su maà yoría, encuentros irregulares, emboscadas, donde hay un empleo desigual, asimétrico, de la fuerza por parte de alguno de los bandos. Se observa una clara desproporción del uso de la fuerza letal: por cada funcionario fallecido en este tipo de intervención mueren 109 civiles; por cada funcionario herido mueren 25 civiles; por cada civil herido por intervención de la fuerza pública fallecen otros 34. Cuando se contrastan estas cifras con correlaciones similares de otros periodos se puede apreciar el incremento considerable de la letalidad policial durante los últimos años. Además de situar a Venezuela entre los países con los índices más elevados de la región. Los fallecidos son hombres, jóvenes de una edad promedio de 26 años, de origen humilde. Al menos 7% son adolescentes y niños. Algunos de los casos en los que resultan niños fallecidos se deben a balas perdidas disparadas de manera indiscriminada por las fuerzas de seguridad. Al menos el 33% se encontraba desarmado en el momento del hecho. El 75% no poseía ningún tipo de antecedente penal o policial o no se ofrece información alguna al respecto. Apenas 8% se encontraba solicitado por los tribunales de la República. 42