DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE ¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas Nataly Torres Guzmán Septiembre 2021 1

El escenario actual nos ubica en un contexto de profundización de un modelo político y económico de reprimarización que deja secuelas de dependencia, desigualdades y alta conflictividad socioambiental. En 2020, en medio de la pandemia, la inversión extranjera directa en el sector de explotación de minas y canteras aumentó en un 40%(Banco Central del Ecuador, 2021)*. Mientras tanto, la pobreza y pobreza extrema, a junio de 2021, afecta al 32.2% y el 14.7% de la población a nivel nacional, respectivamente; estos datos resultan aún más alarmantes en las zonas rurales, donde el 49.2% de la población está en condición de pobreza y el 28% en situación de pobreza extrema(INEC, 2021). CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE ¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas La situación anterior profundiza la brecha de desigualdad que se puede evidenciar con el aumento del coeficiente de Gini, que incrementó a 0.493 puntos(INEC, 2021), lo que demuestra un claro retroceso con respecto a la década anterior. A esto se suma la violencia socioambiental imperante en las zonas rurales, cuya expresión máxima es la afectación al derecho a la vida de dirigentes comunitarios, como el caso del asesinato del líder Andrés Durazno en la provincia del Azuay en marzo de 2021. El gobierno de Guillermo Lasso, tras asumir el poder, anunció que apostará por más petróleo, minería y privatizaciones. Asimismo, buscará promover el arbitraje internacional en conflictos ambientales complejos, como el que se desarrolla entre el Estado y Chevron-Texaco, lo cual no garantiza justicia para las miles de personas afectadas. De esta manera, el gobierno se alinea desde un inicio con los intereses de los grandes capitales extractivos y el afincamiento de sus privilegios. Nataly Torres Guzmán La minería metálica ha encontrado un gran obstáculo: la clara posición política de las comunidades, pueblos y nacionalidades para activar procesos de resistencia en defensa de sus territorios y medios de vida. Varios de estos procesos han sido encaminados vía consultas populares que han obtenido un apoyo mayoritario, superando el 80% del voto. No obstante, la estrategia de las empresas mineras es clara también: minimizar y deslegitimar los efectos de las consultas, incluso con el apoyo del propio Estado. El contexto de crisis nos plantea dar un giro en la historia y transitar a una sociedad postextractiva y poscapitalista. De hecho, diversos sectores debaten la construcción de un pensamiento y una práctica política que permita poner freno al nuevo ciclo minero. * La inversión extranjera en este sector se ubicó en USD 404 337.3 miles en 2019, mientras que en 2020, este rubro aumentó a USD 567 929.7 miles (Banco Central del Ecuador, 2021)

Contenido 1. INTRODUCCIÓN ..................................................................... 4 2. LECCIONES Y RETOS PARA LAS LUCHAS ANTI-EXTRACTIVAS ........................................ 6 3. CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA MÍNIMA DE TRANSICIÓN ..................................................... 9 4. CONCLUSIONES ...................................................................... 10 5. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................ 11 3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG• CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 1 . INTRODUCCIÓN La crisis multisistémica del capitalismo, exacerbada por los impactos de la pandemia del COVID-19, parecía ponernos en una situación de esperanza debido a la ralentización de los procesos económicos y de consumo planetario, que podrían constituirse como un proceso inicial para construir una sociedad postextractiva, incluyente y democrática. No obstante, el escenario actual nos ubica en un contexto de profundización de un modelo político y económico de reprimarización que deja secuelas de dependencia, desigualdades y alta conflictividad socioambiental(Machado, 2014). En el caso ecuatoriano, esta situación se expresa en el impulso de la economía de los commodities basado en la explotación de recursos naturales, principalmente de la minería metálica. El gobierno de Guillermo Lasso, tras asumir el poder, anunció que apostará por más petróleo, minería y privatizaciones; estas implican: reapertura del catastro minero y petrolero; mayor flexibilización de la normativa nacional para generar leyes y regulaciones favorables en el campo de la tributación, regímenes de propiedad, procedimientos administrativos, entre otros; retorno a un sistema de solución de controversias de inversiones que prioriza formalmente los derechos de las empresas por encima del derecho de los pueblos y las leyes nacionales; y, finalmente, usar la figura de concesiones para posicionar al sector privado como“socio” estratégico en la participación del desarrollo y beneficios de este tipo de economía de carácter rentista( Agencia EFE, 24 de mayo 2021; Organizaciones sociales del sur del Ecuador, 2021). Los impactos de la minería metálica en Ecuador, en sus etapas iniciales, ya registran secuelas irreversibles en las localidades involucradas. Por ejemplo, en el proyecto Mirador, en la provincia de Morona Santiago, se incurrió en un proceso ilegal e injusto de despoblamiento y despojo de las comunidades campesinas e indígenas de sus tierras. La concentración de los proyectos extractivos mineros en los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos sin consulta pre 4

¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas via ni consentimiento se ha constituido en un factor del alto grado de conflictividad socioambiental en el país(Latorre et al., 2015). Las afectaciones al sistema ambiental ocurren debido a la deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua(Paz, 2018; Riofrío, 2018; Kocian et al., 2011). La violencia y criminalización contra las comunidades, personas y colectivos y la destrucción de la cohesión comunitaria mediante la división social es utilizada como mecanismo de protección de los proyectos megamineros por parte del poder político y económico(Minka Urbana, 2017; Acción Ecológica y Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2017). La matriz productiva comunitaria ha sido transformada por la creación de un modelo de desarrollo territorial basado en principios empresariales modernos, pero poco enraizado en la economía local, que genera una suerte de dependencia y asistencialismo en ciertos sectores de las comunidades(Etapa y Universidad de Cuenca, 2019). Las condiciones de pobreza 1 son constantemente aprovechadas por las empresas para postularse como un actor social total, que reemplaza el abandono del Estado y extiende su acción en áreas como la educación, la salud y el agua potable. Esta situación muestra una suerte de inversiones clientelares y una debilidad y ausencia de planificación estatal, exacerbando la desigualdad entre distintos territorios(Etapa y Universidad de Cuenca, 2019). Las corporaciones multinacionales han demandado económicamente 2 o amenazan con juicios millonarios ante tribunales internacionales al Estado ecuatoriano en casos de suspensión de los proyectos mineros 3 que ponen aún más en duda los beneficios económicos de esta actividad. Por lo tanto, si el plan gubernamental de expansión de la economía de los commodities logra consolidarse, asistiremos a una mayor dependencia y nuevas formas de dominación geopolítica de los países céntricos y los agentes económicos multinacionales; una profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras y territorios; y, niveles crecientes de desigualdades y formas de violencia. Frente a esta situación, el presente documento analiza los aprendizajes de las luchas antiextractivistas, con especial atención en el caso de Azuay, y explora las propuestas y campos de acción urgentes que nutran el debate político para una reactivación económica justa y democrática. 1 En el caso de la provincia del Azuay, las comunidades afectadas por la minería registran altos niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas(NBI). La parroquia Molleturo, donde se intenta desarrollar el proyecto minero Río Blanco, registra un índice de pobreza del 91%; es decir, 9 de cada 10 personas son pobres. Lo mismo ocurre en la principal parroquia afectada por el proyecto minero Loma Larga, Victoria del Portete, donde llega al 76.92% (INEC, 2020). 2 Copper Mesa Mining Corporation demandó a Ecuador por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversión(TBI) suscrito con Canadá, al haber incurrido en una expropiación indirecta de las inversiones y al no haberle otorgado un trato justo y equitativo en relación a las concesiones mineras en la provincia de Imbabura. Este laudo sobrepasó los USD 24 millones(CIAR Global, 2018). 3 Las empresas Codelco y el consorcio chino Ecuagoldmining han notificado la existencia de una disputa jurídica por falta de garantías para operar en los proyectos Llurimagua y Río Blanco, respectivamente( El Comercio, 8 de abril 2021; Reuters y Primicias, 18 de febrero 2020). 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG• CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 2 . Lecciones y retos para las luchas anti-extractivas La minería metálica ha encontrado un gran obstáculo: la posición política de las comunidades, pueblos y nacionalidades que activa procesos de resistencia en defensa de sus territorios y medios de vida. Es por ello que, por más de 20 años, pocos proyectos han avanzado hacia la etapa de explotación y beneficio de las minas, sin embargo, la amenaza aún se mantiene. Las organizaciones sociales y ecologistas a nivel nacional han optado por estrategias para detener las actividades extractivas: movilización social y, recientemente, el uso de mecanismos de carácter político-legal como la judicialización por falta de ejecución de la consulta previa libre e informada(casos: Río Blanco y Comunidad A’i Cofán de Sinangoe), el uso de mecanismos de participación como la consulta popular(casos: cantón Girón en 2019 y cantón Cuenca en 2021) o intentos de acceder a este último mecanismo (casos: parroquias Lita y Carolina -Imbabura- y Goaltal, Jijón y Caamaño -Carchi-; caso exprefecto del Azuay, Yaku Pérez Guartambel; caso Quito). Sin descuidar la importancia de la organización y movilización social, en este acápite se analizan las posibilidades y límites que ofrecen los mecanismos legales, principalmente, el acceso a la consulta popular como vía de resistencia y autodeterminación para la toma de decisiones sobre los proyectos mineros. Existen dos consultas populares desarrolladas en Ecuador sobre temas extractivos. La del cantón Girón(provincia del Azuay) en marzo de 2019, cuyos resultados muestran que el 86.7% de votantes rechazaron la actividad minera en los páramos de Kimsakocha. Así, este territorio se convirtió en el primer caso a nivel nacional en hacer uso del derecho a la consulta popular local vinculante sobre temas extractivos y se produjo sin el pronunciamiento de la Corte Constitucional, dado que el tiempo establecido en la ley para su pronunciamiento no fue respetado. A pesar de los resultados, la empresa minera INV Metals insiste en desarrollar el proyecto aludiendo que, en el cantón Girón únicamente han construido el campamento minero. Por tal motivo, anunciaron el traslado de estas instalaciones hacia el cantón Cuenca, donde se localiza el depósito minero(INV Metals, 2019). El Estado también ha subestimado la determinación de la población de Girón, señalando que la decisión final sobre la explotación de recursos naturales“estratégicos” es competencia del gobierno central, por lo tanto, los resultados de la consulta popular no se aplican. Por ello, la voluntad de las comunidades, expresadas mediante el sufragio, es deslegitimada desde la empresa y el Estado para poner en marcha los planes mineros, ignorando todos los procesos de fortalecimiento y los mecanismos de participación para la toma de decisión de las comunidades afectadas. La otra consulta popular es la del cantón Cuenca. Su propuesta surgió de las organizaciones sociales y ecologistas articuladas en el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, quienes, a través 6

¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas del Concejo Cantonal de Cuenca, presentaron una solicitud de consulta popular sobre la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. El 18 de septiembre de 2020, la Corte Constitucional emitió el Dictamen N.° 6-20-CP/20 favorable a las cinco preguntas planteadas. La consulta popular se realizó el 7 de febrero de 2021 y sus resultados fueron que el 80% de la población decidió prohibir la minería dentro del cantón Cuenca. A pesar del eminente triunfo en las urnas, los sectores empresariales ligados a la minería iniciaron una campaña para minimizar los efectos de la consulta popular, haciendo uso del dictamen de la Corte Constitucional que estableció condiciones para el proceso, entre ellas que los efectos de la consulta popular, de lograr un pronunciamiento afirmativo del electorado,“serán únicamente hacia el futuro”. Sin embargo, las organizaciones han insistido en que la prohibición se refiere a una etapa de la actividad minera, la explotación, y ningún proyecto dentro del cantón se encuentra en dicha etapa. Adicionalmente, la retroactividad no se aplica en situaciones de vulneración de derechos fundamentales, como el agua; por lo tanto, deben prevalecer los derechos frente a actos administrativos, como son las concesiones mineras. La segunda condición tiene que ver con la competencia en la delimitación de áreas hídricas, sin embargo, dicha delimitación está en construcción y podría acomodarse a los intereses privados. Para que esto no suceda, resulta necesaria la intervención de las y los actores involucrados mediante veedurías ciudadanas, de tal manera que se garantice la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos, de acuerdo con lo que establece la Constitución. La experiencia de la consulta popular en el cantón Cuenca ha motivado a que otras localidades afectadas por la minería opten por la vía democrática para prohibirla. Este es el caso de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias que integran la mancomunidad del Chocó Andino: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Sin embargo, la Corte Constitucional negó el pedido alegando que la propuesta contenía información redundante y falta de referencia a información relevante; incumplimiento de los requisitos formales sobre los ámbitos geográficos de aplicación de la consulta y; presencia de una incongruencia entre el cuerpo electoral al que va dirigida la consulta y el nivel de gobierno de las autoridades obligadas a cumplir con las medidas, que en este caso es el gobierno central ( El Comercio, 30 de junio 2021). Finalmente, el pasado 13 de julio, el asambleísta Fernando Villavicencio entregó al presidente Guillermo Lasso un proyecto de consulta popular que, en otros temas, propone la prohibición de la minería metálica en fuentes de agua ( El Comercio, 13 de julio 2021). Aunque dicha propuesta ha sido una de las banderas de lucha de organizaciones y pueblos a lo largo del país, también genera dudas debido al impulso desde arriba(Asamblea y Ejecutivo), aunque la postura pública del gobierno central es de promover los proyectos extractivos. La principal preocupación que genera la propuesta es sobre la delimitación territorial de aplicación de la prohibición de la minería, pues, al no existir una delimitación clara sobre las fuentes de agua, podría sujetarse a intereses privados. Esto no es novedoso, ya ocurrió con el referéndum efectuado en febrero de 2018 que incluía la pregunta“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y 7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG• CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE centros urbanos?”. A pesar de que más del 68% de población votó“sí”, resultó“insuficiente” pues se refería a espacios territoriales donde no existían proyectos mineros, salvo el caso de Piñas y Zaruma(centros poblados), dejando intacto el conflicto de fondo que es prohibir la minería metálica en ecosistemas frágiles y de alta biodiversidad, fuentes y zonas de recarga de agua y territorios de posesión ancestral. La lección que dejan los casos mencionados anteriormente es que los procesos de participación caen en el campo de la disputa política, ya que son utilizados tanto por el poder como por las organizaciones sociales. La consulta popular convocada“desde arriba” ha sido utilizada para frenar la movilización social, pero ha resultado poco efectiva para resolver el tema en disputa: la minería. Mientras, las consultas convocadas“desde abajo”(Girón y Cuenca) han sido mucho más efectivas en el sentido de que han logrado la movilización ciudadana por la defensa de los territorios y la toma de decisiones sobre su futuro en el marco de la soberanía y la autodeterminación. Por tal motivo, el aprendizaje para otras luchas anti-extractivas en el país es la necesidad de insistir en el desarrollo de consultas populares a nivel local; de hecho, ya se ha mencionado el interés de llevar a cabo estos procesos en Loja, Imbabura, Bolívar, pues este derecho representa una oportunidad para la toma de decisiones en cada territorio y visibilizar luchas territoriales existentes. 8

¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas 3 . Construcción de una agenda mínima de transición El contexto de crisis nos plantea dar un giro en la historia y transitar a una sociedad post-extractiva y poscapitalista. De hecho, diversos sectores debaten la construcción de un pensamiento y una práctica política que permita poner freno al nuevo ciclo minero. Este acápite recoge, principalmente, los debates que se construyen en el marco de la articulación de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales del sur(Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago). La primera propuesta es la visibilización y fortalecimiento de las economías alternativas que tengan como eje la protección de la naturaleza; el mejoramiento de los servicios ambientales; la puesta en valor de la salud colectiva; el aprovechamiento de la biodiversidad para potenciar la economía agrícola y pecuaria bajo los principios de la soberanía alimentaria; el turismo comunitario, ecológico y científico; y la valoración de los cuidados, entre otras(Organizaciones sociales del sur del Ecuador, 2021). La idea fundamental es colocar la vida y los bienes comunes en el centro, bajo los principios de un país justo y soberano. La segunda propuesta establece una visión organizativa en el territorio que implica reactivar al movimiento popular de manera articulada que enfrente la dispersión de las luchas sociales y esclarezca el factor común de resistencia: el modelo de acumulación capitalista, cuyo componente característico es el extractivismo. Esta reactivación no es posible sin un proceso de reparación del tejido social y comunitario(Organizaciones sociales del sur del Ecuador, 2021). La tercera propuesta lleva adelante esfuerzos legislativos para proteger el derecho humano al agua y fijar fuertes restricciones a las actividades mineras en ecosistemas frágiles. Además, se requiere reformular las estructuras institucionales para que incluyan la suspensión inmediata de los proyectos mineros que están generando graves conflictos sociales y ambientales y el establecimiento de mecanismos de protección y acceso a la justicia para los y las defensoras del agua y la vida que enfrentan procesos de judicialización y criminalización, en concordancia con el Acuerdo de Escazú(Organizaciones sociales del sur del Ecuador, 2021). La cuarta propuesta corresponde a poner énfasis en los derechos de participación, como una expresión máxima de soberanía de los pueblos sobre su territorio. Por lo tanto, es necesario que las instituciones correspondientes eviten poner trabas a las propuestas presentadas por las organizaciones sociales para que democráticamente decidan sobre su futuro(Organizaciones sociales del sur del Ecuador, 2021). Finalmente, frente a la necesidad de ingresos económicos para solventar el gasto público, es fundamental aplicar políticas de justicia tributaria que impliquen la persecución del fraude fiscal; aumentar la fiscalidad sobre actividades que afecten al ambiente y generen conflictos sociales; y la recaudación de impuestos de acuerdo con el volumen de los ingresos bajo el criterio de quien más gana, más paga. 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG• CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 4 . Conclusiones Ecuador se enfrenta a un nuevo ciclo de impulso de la minería, pues el actual gobierno ha insistido en que esta es la medida para salir de la crisis, pese a que, en periodo electoral, se comprometió a prohibirla en páramos, fuentes de agua, pajonales y corrientes subterráneas de agua, argumentando que la minería podría contaminar el agua( El Universo, 23 de marzo 2021), así como respetar las decisiones de las consultas populares en temas ambientales ( El Comercio, 14 de marzo 2017). Por lo tanto, la propuesta de consulta popular que se ventila en Carondelet ya presenta una ambigüedad debido a la postura del gobierno de impulsar la minería y otros proyectos extractivos y, más bien podría entenderse como una herramienta para cosechar mayor apoyo para sí y para otras temáticas, como ya ocurrió en 2018. Varios actores vienen insistiendo en que la minería no es la solución a la crisis porque los beneficios fluyen hacia las empresas transnacionales, mientras que los costos se depositan en los impactos al ambiente, afectando la vida de las poblaciones donde se localizan estos recursos. Aunque las luchas territoriales han sido importantes para frenar el avance de la minería, la amenaza de su expansión aún se mantiene y es cada vez más evidente. La situación anterior implica retos considerables para el activismo político por la defensa territorial de las comunidades. Estas se presentan en el plano organizativo y la articulación de las luchas; la insistencia en el desarrollo de consultas populares locales que involucren una trasformación del sistema institucional que, constantemente, coloca trabas en el ejercicio real de los derechos de participación; además, se requiere promover propuestas de cambio en el plano socioeconómico, político, legal que apuesten por una sociedad con valores más “sostenibles”, igualitarios y democráticos. 10

¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas 5 . Bibliografía Acción Ecológica y Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial (2017). La herida abierta del Cóndor. Una herramienta para la defensa de los territorios. Primera Edición. Quito: El Chasqui Ediciones. Agencia EFE (24 de mayo 2021).“Lasso apostará por más petróleo, minería y privatizaciones en Ecuador”. Disponible en: https://www.efe. com/efe/america/economia/lasso-apostarapor-mas-petroleo-mineria-y-privatizaciones-enecuador/20000011-4543903 Banco Central del Ecuador (2021).“Home”. Disponible en: www.bce.fin.ec CIAR Global (julio 2018).“Ecuador llega a acuerdo sobre laudo de más de 25M$ en arbitraje con Copper Mesa”. Disponible en: ciarglobal. com/ecuador-llega-a-acuerdo-sobre-laudo-demas-de-25m-en-arbitraje-con-copper-mesa/ El Comercio (8 de abril 2021).“Codelco solicita arbitraje con Ecuador a la Cámara de Comercio Internacional”. Disponible en https://www. elcomercio.com/actualidad/negocios/codelcoarbitraje-ecuador-comercio-llurimagua.html ________(30 de junio 2021).“CC negó dictamen para consulta popular contra la minería en áreas protegidas de Quito”. Disponible en: https:// www.elcomercio.com/actualidad/politica/corteniega-dictamen-consulta-popular-mineriaareas-protegidas-quito.html ________(14 de marzo 2017).“Guillermo Lasso ratifica que revisará los contratos de los grandes proyectos mineros, que en su Gobierno no habrá actividad minera por sobre los 2800 msnm y que bajo esa altitud se hará solo luego de una consulta previa a las comunidades”. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/ negocios/leninmoreno-guillermolasso-mineriaelecciones-segundavuelta.html ________(13 de julio 2021).“Villavicencio asegura que habrá consulta popular, tras reunión con Jefe de Estado”. Disponible en https://www. elcomercio.com/actualidad/politica/villavicencioconsulta-popular-reunion-lasso.html El Universo (23 de marzo 2021).“Guillermo Lasso plantea prohibir la minería a cielo abierto y aplicar un turismo sustentable”. Disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/politica/ guillermo-lasso-plantea-prohibir-la-mineria-encielo-abierto-y-aplicar-un-turismo-sustentablenota/ ETAPA y Universidad de Cuenca (2019). Estudio sobre impactos sociales de la minería a gran escala en dos áreas mineras en la provincia del Azuay(Kimsakocha-Rio Blanco). Cuenca. INEC (2020). Censo Nacional de Población y Vivienda. ________(2021). Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleo 2021.(ENEMDU) 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG• CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE INV Metals (25 de marzo 2019).“INV Metals provides update on the Loma Larga Project”. Disponible en: www.invmetals.com/news/invmetals-provides-update-on-the-loma-largaproject-4/ Kocian, M., Batker, D. y Harrison-Cox J. (2011).“Estudio ecológico de la región de Intag, Ecuador: Impactos ambientales y recompensa potenciales de la minería”. Earth Economics: Tacoma, WA, Estados Unidos. Latorre, S., Farrell, K. y Alier, J. M. (2015). “Conflictividad socio-ambiental en el Ecuador: un inventario de conflictos en el periodo 19822013”. Revistas Ecología Política. Disponible en: https://www.ecologiapolitica.info/?p=1999 Machado, H. (2014). Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea. Primera edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mardulce. Machado, H. et al.(2012). 15 mitos y realidades de la minería transnacional. Quito: Abya-Yala. Minka Urbana (2017). Estado de situación de la megaminería en el Ecuador. Documento Técnico. Organizaciones sociales del sur del Ecuador (junio de 2021). Carta urgente al país y a las autoridades electas. Disponible en: https:// defensoresdelagualoja.blogspot.com/2021/06/ carta-urgente-al-pais-y-las-autoridades.html?sp ref=fb&fbclid=IwAR1MhCB2FBke5R5nAZlqPDY 8Q4ESndET6WgORZh27vbQs_bsmmVyrRT_B1k Paz, A. (2018).“La deforestación del proyecto minero Mirador en el sur de la Amazonía de Ecuador”. Mongabay. Disponible en: https:// es.mongabay.com/2018/08/la-deforestaciondel-proyecto-minero-mirador-en-el-sur-de-laamazonia-de-ecuador/ Reuters y Primicias (18 de febrero 2020). “Minera china inicia el camino para un arbitraje internacional contra Ecuador”. Disponible en https://www.primicias.ec/noticias/economia/ rio-blanco-minera-china-arbitraje-internacionalecuador/ Riofrío, I. (2018).“Ecuador: Manifestación contra proyecto minero Río Blanco termina en enfrentamientos”. Mongabay. Disponible en https://es.mongabay.com/2018/05/protestamineria-rio-blanco-ecuador/ 12

ACERCA DE LA AUTORA Nataly Torres Guzmán. Economista y máster en Desarrollo Territorial Rural. Docente e investigadora(Universidad de Cuenca). Integrante de los colectivos: Yasunidos Guapondélig y Geografía Crítica del Ecuador. natalytorresg@gmail.com PIE DE IMPRENTA Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) Ecuador Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) Av. República 500 y Martín Carrión, Edif. Pucará 4to piso, Of. 404, Quito-Ecuador. Responsable Gustavo Endara Coordinador de Proyectos Telf.:+593 2 2562103 Friedrich-Ebert-Stiftung FES-ILDIS @FesILDIS @fes_ildis https://ecuador.fes.de/ Para solicitar publicaciones: info@fes-ecuador.org Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung(o de la organización para la que trabaja el o la autora). El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita.

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG• CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE ¿SON EFECTIVAS LAS CONSULTAS POPULARES PARA FRENAR EL NUEVO CICLO MINERO? Reflexiones desde las luchas anti-extractivas Nataly Torres Guzmán El escenario actual nos ubica en un contexto de profundización de un modelo político y económico de reprimarización que deja secuelas de dependencia, desigualdades y alta conflictividad socioambiental. En 2020, en medio de la pandemia, la inversión extranjera directa en el sector de explotación de minas y canteras aumentó en un 40% (Banco Central del Ecuador, 2021)*. Mientras tanto, la pobreza y pobreza extrema, a junio de 2021, afecta al 32.2% y el 14.7% de la población a nivel nacional, respectivamente; estos datos resultan aún más alarmantes en las zonas rurales, donde el 49.2% de la población está en condición de pobreza y el 28% en situación de pobreza extrema(INEC, 2021). * La inversión extranjera en este sector se ubicó en USD 404 337.3 miles en 2019, mientras que en 2020, este rubro aumentó a USD 567 929.7 miles (Banco Central del Ecuador, 2021). La situación anterior profundiza la brecha de desigualdad que se puede evidenciar con el aumento del coeficiente de Gini, que incrementó a 0.493 puntos(INEC, 2021), lo que demuestra un claro retroceso con respecto a la década anterior. A esto se suma la violencia socioambiental imperante en las zonas rurales, cuya expresión máxima es la afectación al derecho a la vida de dirigentes comunitarios, como el caso del asesinato del líder Andrés Durazno en la provincia del Azuay en marzo de 2021. La minería metálica ha encontrado un gran obstáculo: la clara posición política de las comunidades, pueblos y nacionalidades para activar procesos de resistencia en defensa de sus territorios y medios de vida. Varios de estos procesos han sido encaminados vía consultas populares que han obtenido un apoyo mayoritario, superando el 80% del voto. No obstante, la estrategia de las empresas mineras es clara también: minimizar y deslegitimar los efectos de las consultas, incluso con el apoyo del propio Estado. El gobierno de Guillermo Lasso, tras asumir el poder, anunció que apostará por más petróleo, minería y privatizaciones. Asimismo, buscará promover el arbitraje internacional en conflictos ambientales complejos, como el que se desarrolla entre el Estado y Chevron-Texaco, lo cual no garantiza justicia para las miles de personas afectadas. De esta manera, el gobierno se alinea desde un inicio con los intereses de los grandes capitales extractivos y el afincamiento de sus privilegios. El contexto de crisis nos plantea dar un giro en la historia y transitar a una sociedad postextractiva y poscapitalista. De hecho, diversos sectores debaten la construcción de un pensamiento y una práctica política que permita poner freno al nuevo ciclo minero. Para solicitar publicaciones: info@fes-ecuador.org ISBN 14 978-9978-94-222-2