ANÁLISIS D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES PAZ Y SEGURIDAD EL COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ Juan Gómez/ Silvia Corredor Rodríguez Carlos Mayorga/ Santiago Luque Octubre de 2021 à En el Chocó, el silencio es ley. Solo algunos líderes y lideresas afro e indígenas que tienen amplio reconocimiento o esquemas de seguridad se atreven a hablar del fuerte control que grupos armados ilegales ejercen o se disputan sobre los ríos chocoanos y demás zonas estratégicas para economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, en medio de un territorio de vasta riqueza natural. à Estas violencias no escapan al género, la etnia y la identidad sexual; se han exacerbado contra jóvenes; incluyen conflictos territoriales con empresas, y obligan a pensar en clave de autoprotección. 1

PAZ Y SEGURIDAD EL COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ En colaboración con:

CONTENIDO CONTENTS 1 EL COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO 4 2 EL RIESGO DE SER MUJER, PERSONA DIVERSA Y JOVEN 8 3 RECURSOS EN DISPUTA 10 4 CONFLICTOS TERRITORIALES 13 5 LA AUTOPROTECCIÓN, ÚNICA SALIDA 16 3

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ 1 EL COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO En el departamento del Chocó, el silencio es ley. Únicamente algunos líderes y lideresas que tienen amplio reconocimiento o esquemas de seguridad se atreven a hablar del fuerte control que grupos armados ilegales ejercen sobre los ríos chocoanos y demás zonas estratégicas para economías ilícitas. En medio de un territorio de vasta riqueza natural, rico en minerales y con salida al océano Pacífico y al mar Caribe, los liderazgos afrocolombianos e indígenas resisten junto a sus comunidades a la violencia, al confinamiento y la degradación de su entorno. Ante un marcado abandono estatal y el control social impuesto principalmente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia( AGC ) y el Ejército de Liberación Nacional( ELN ), no les queda más que la autoprotección para seguir defendiendo su territorio. “La gente no habla, está callada porque piensa que la van a asesinar o a desplazar”, manifestaron a La Paz en el Terreno 1 líderes del bajo Atrato y el Darién, una de las cinco subregiones chocoanas, en ejercicios de mapeo para identificar los riesgos contra sus vidas –en el Chocó, es común que tras el homicidio de un líder étnico, su comunidad, sintiéndose desprotegida, se desplace forzadamente–. En esto concuerdan líderes de la costa 1 La Paz en el Terreno es una alianza entre Rutas del Conflicto de la Fundación Con Lupa y Colombia+20 de El Espectador que rastrea la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(Farc)(2016) en dos cuestiones clave: la situación de riesgo de los líderes y las lideresas sociales y el proceso de reincorporación de los firmantes del Acuerdo. Consulte el especial completo en lapazenelterreno.com, donde podrá navegar los mapas de riesgo de cada subregión del Chocó en detalle; una publicación posible gracias al apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo( PNUD ) y la Embajada de Suecia. Pacífica:“Hay liderazgos fuertes de mujeres, hombres, indígenas, negros, mestizos, pero lamentablemente tocó menguar porque ya estamos viendo que están matando, que no es mentira, que están en riesgo”. Las cifras de diferentes organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, contrastadas por La Paz en el Terreno, muestran que entre 2017 y abril de 2021 en el Chocó hubo al menos ciento veintiséis agresiones contra líderes sociales, entre las que resaltan sesenta y nueve amenazas y cuarenta y cuatro asesinatos, sin contar las que no se denuncian(véase la Infografía 1). Dos de cada tres hechos ocurrieron en el bajo Atrato y el Darién –donde arrecia la violencia contra líderes de restitución de tierras–, incluyendo cincuenta y seis amenazas y diecisiete asesinatos. Le sigue la subregión del alto y medio Atrato, con veintitrés agresiones, quince en Quibdó, donde pandillas, principalmente, han desbordado la situación de inseguridad(véase la Infografía 2). Las cifras de violencia más bajas en algunas subregiones no necesariamente están ligadas a que allá la violencia sea menor. Muestra de ello es que en la subregión de San Juan, líderes indígenas y negros cuentan con esquemas de protección. Los líderes y las lideresas han entendido cómo se deben mover por el territorio y cuándo deben callar para no tener riesgo.“Los grupos armados le dicen a uno haga su trabajo comunitario que nosotros hacemos nuestro trabajo de guerra. Le toca a uno estar al margen de eso”, aseguró un líder en el mapeo. Tras la salida de las Farc en 2016, con la firma del Acuerdo de paz se reconfiguró el poder armado sobre el departamento, disputado principalmente por las neoparamilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de mayor expansión en el territorio, y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación, de influencia histórica 4

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ Infografía 1 Agresiones contra líderes y lideresas sociales en Chocó diferenciadas por tipo de agresión y de liderazgo, enero de 2017-abril de 2021 TIPO DE AGRESIÓN Amenaza Asesinato 44 Atentado 5 Secuestro 3 Detención arbitraria 3 Desaparición forzada 1 Amenaza/ Detención arbitraria 1 69 TOTAL 126 TIPO DE LIDERAZGO Líder afrodescendiente Líder indígena Líder comunitario 18 Líder reclamante de tierras 6 Defensor de DDHH 6 Líder campesino 6 Líder de víctimas 5 Líder sindical 3 Sin información 3 Líder ambiental 2 Líder político 1 Infografía: gráfico El Espectador. 43 33 Femenino 17 Masculino 107 Sin información 2 en algunas zonas. Presentes en todo el departamento, cada grupo tiene mayor presencia en unos municipios y disputas‘a muerte’ por el control de otros. Son contadas las zonas donde no hay enfrentamientos, como lugares en la subregión de San Juan, donde ambos grupos tendrían un acuerdo de no agresión, según manifestó la Defensoría del Pueblo y se corroboró en el mapeo. La abundancia de afluentes que conectan el norte, el sur y el centro del departamento, e incluso con el país, permite la movilidad de armas y drogas, así como la instalación de peajes ilegales. Las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó también cuentan con condiciones estratégicas para la permanencia de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de proyectos de extracción minera. Además, la cercanía del Chocó con Panamá ha favorecido el negocio del narcotráfico porque conecta con el mar y, por ende, con Centroamérica y el comercio internacional de la droga, promoviendo así el financiamiento de los grupos armados ilegales, de estrecha relación con carteles mexicanos. Las acciones de denuncia o para contrarrestar los efectos que tienen estos negocios ilegales, principalmente sobre una juventud sin mayores oportunidades y el territorio, propician escenarios de riesgo para la labor social. Su trabajo va en contravía de los intereses de los actores armados ilegales: conservación ambiental, defensa de los derechos humanos y preservación de sus tradiciones ancestrales, alejadas de la ilegalidad. 5

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ Infografía 2 Agresiones contra líderes y lideresas sociales en Chocó diferenciadas por lugar de ocurrencia frente a tipo de agresión, enero de 2017-abril de 2021 Fuentes: cruce de datos con información entre 2017 y abril de 2021 de la Defensoría del Pueblo, el Programa Somos Defensores, la Misión de Observación Electoral( MOE ) y Marcha Patriótica-Indepaz. Infografía: gráfico El Espectador. 6

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ Para muchos, defender el territorio les ha significado el destierro, como es el caso de Leonibal Campo, indígena embera del resguardo Tahamí Alto Andágueda(Bagadó). Hace tres años tuvo que salir de su territorio, donde no tiene garantías de retorno, y las amenazas a su liderazgo social han llegado hasta Bogotá. Cerca del 85% de los chocoanos registrados en el Registro Único de Víctimas sufrieron el flagelo del desplazamiento forzado. La pandemia, además, ha incomunicado aún más a las comunidades chocoanas, en un conocido contexto de falta de conectividad, las cuales viven en desconfianza y bajo controles estrictos por parte de los armados, muchas veces mimetizados en las poblaciones.“Los grupos armados pasaron de andar en camuflado a estar camuflados”, afirmó un investigador que ha trabajado en el Chocó durante años, quien también indicó que en ocasiones ni siquiera hay certeza de que haya algún informante; también por ello, las personas prefieren callar. Incluso, para hablar por teléfono en los contados puntos donde se recibe la señal, la gente muchas veces debe hacerlo en altavoz, con gente armada escuchando, aseguró un acompañante de procesos sociales en Chocó que pidió la reserva de su nombre. En la actualidad el control armado ha llegado hasta el punto en que hay líderes y lideresas sociales del norte del Chocó que no pueden acceder a terreno con sus esquemas de seguridad. Los grupos armados ilegales lo tienen prohibido y los obligan a permanecer en Chigorodó o en Belén de Bajirá, aseguraron líderes en el mapeo. En muchos poblados, la gente que sale de la zona está obligada a avisarle al grupo armado para dónde va y a qué, advierte Adith Bonilla, coordinadora de la Territorial Chocó de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad( CEV ).“La comunidad ha quedado más expuesta”, afirmó. 7

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ 2 EL RIESGO DE SER MUJER, PERSONA DIVERSA Y JOVEN En el Chocó la violencia de género es visible en la vida cotidiana. Una de las personas que ejerce el liderazgo social en el departamento aseguró que“las mujeres son amenazadas para que no ejerzan liderazgos”. En municipios como Istmina y Quibdó también identifican una violencia contra mujeres lesbianas y hombres gay. En las comunidades, según dijeron líderes y lideresas de todas las subregiones, la mayoría de las personas de la comunidad LGBTI han tenido que salir hacia los cascos urbanos en medio de la discriminación. Quienes ejercen la defensa de los derechos humanos con enfoque de género en el territorio afirmaron que la violencia es distinta para las mujeres y la población diversa. “No es lo mismo ser una mujer negra, trans, mestiza, indígena. Nuestros problemas por la orientación sexual son diferentes porque uno también siente miedo y ha sido agredida, que no son solo físicas, verbal son muy fuertes, de las Fuerzas Militares, de los grupos ilegales, porque cuando uno llega al territorio, ellos ya saben que uno llegó, por eso debe tener mucho cuidado con lo que habla, cómo se habla y el contexto. Uno corre mucho riesgo para hacer incidencia en las subregiones”, manifestaron. “Las poblaciones LGBTI definitivamente están más vulnerables, porque sus iniciativas todavía están en procesos de madurez y no han logrado llegar a las comunidades. Esta población está totalmente abandonada porque no se puede ubicar con organizaciones étnicas ni con consejos ni con resguardos. No tienen ningún respaldo y, por lo tanto, lo que les esté sucediendo a ellos es mucho más invisibilizado”, aseguró una persona de cooperación internacional con conocimiento de causa. Contra las mujeres la violencia sexual ha sido frecuente en el territorio.“Los grupos nos miran como una cosa, como un objeto que sirve para dar placer. Nos quieren tomar en el momento en que ellos quieran y no nos podemos negar. Nos pasa a todas, niñas, adolescentes, mayores”, afirmó una lideresa. En 2020, según datos de la Policía Nacional, se presentaron al menos ciento noventa y nueve casos de violencia sexual en el departamento. Los municipios con más hechos fueron Quibdó (ochenta y tres), Riosucio(veintisiete) y Tadó(doce). El 85% de los casos afectó a mujeres, el otro 15% a hombres. Al respecto, no se tiene información de la población LGBTI . “Para nosotras es duro como mujeres defendernos en ese sentido porque tampoco sabemos cómo hacerlo. Nos toca callar porque nos da miedo, tristeza recordar eso, preferimos que nadie nos insinúe que fuimos violadas por esa gente. Es difícil porque a veces tenemos novios, maridos, ¿y cómo les decimos que nos pasó eso?”, comentaron en el mapeo. La violencia contra la mujer también ocurre desde la institucionalidad, según denunciaron personas defensoras de derechos humanos. Muchas veces, cuando una mujer agredida va a poner la denuncia, se le revictimiza y no se cumplen los protocolos para atenderla.“Esto es más grave en las zonas donde no hace presencia la Defensoría”, manifestaron. El equipo de La Paz en el Terreno envió una solicitud de información a la Secretaría de Integración Social de la Gobernación del Chocó para conocer las medidas de protección, atención y contención de estas violencias, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta. Aunque varios líderes dijeron que sienten que las mujeres han ido abriéndose paso en los debates públicos, al8

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ gunas lideresas afirmaron que aún falta mucho y que el cuidado del hogar dificulta la posibilidad de que muchas mujeres asistan a los espacios de capacitación y participación. Las familias han optado por sacar a los jóvenes de los territorios, no solo para evitar que sean reclutados, sino también en búsqueda de mejores oportunidades laborales y educativas. Una muestra del miedo de ser mujer y lideresa social en un territorio con el conflicto armado latente como el Chocó es la disminución en la participación electoral de las mujeres en las elecciones locales y regionales de 2019, cuando se pasó de nueve alcaldesas a tan solo dos. “Cuando estuvimos indagando con candidatas, se pudo notar que muchas desistieron de lanzarse por seguridad. El hecho de que haya una fuerte presencia de grupos al margen de la ley en unos municipios concretos hizo que muchas mujeres, aunque tenían el interés y el perfil, no se postularan”, afirmaron. Por otro lado, la falta de oportunidades para la juventud es una de las mayores preocupaciones que manifestaron los líderes y las lideresas sociales de todas las subregiones del Chocó; incluso un representante del Ejército Nacional le dijo a La Paz en el Terreno que la mayoría de los jóvenes que salían de prestar el servicio militar no encontraban empleo. Esta situación ha convertido a los grupos armados y a los cultivos de uso ilícito, prácticamente, en las únicas salidas. “En los territorios no hay colegios ni universidades ni el Sena, eso hace que los jóvenes se vayan para las grandes ciudades y así se va perdiendo la cultura, porque lo que nosotros pensamos es que si el pueblo negro quiere avanzar, tenemos que estar unidos”, afirmó un líder social. Esta situación también ha debilitado el surgimiento de los liderazgos jóvenes. Algunas personas en territorio manifestaron que la juventud ya no está tan interesada en esta labor. Aunque con la firma del Acuerdo de paz y la creación de las Escuelas de Capacitación se veía un interés en esta población, ha ido disminuyendo.“A los jóvenes ya no les interesan los liderazgos ni participar de estos espacios porque no tienen condiciones, en cualquier momento se tienen que desplazar de las comunidades”, comentó un defensor de derechos humanos. Para un investigador que ha trabajado en el departamento del Chocó, los liderazgos juveniles no necesariamente se están acabando, sino que han entendido que ya no pueden ejercerlos de manera muy visible. 9

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ 3 RECURSOS EN DISPUTA El narcotráfico se mueve principalmente por el río San Juan hacia la costa Pacífica, lo que causa restricciones en la movilidad. Las comunidades denuncian que después de las 5 de la tarde nadie se puede movilizar por el afluente, a no ser por una emergencia y con permiso de los actores armados. Sin embargo, de día la Armada controla la movilidad de las personas por el río, como supuesta estrategia para frenar el tránsito del narcotráfico. En respuesta a un derecho de solicitud de información enviado por el equipo de La Paz en el Terreno, la Armada informó que entre 2016 y 2021 ha incautado 39.857 kg de cocaína en el departamento. Los municipios costeros de Juradó y Bahía Solano cuentan con los registros más altos: 9.999 y 9.077 kg. De todas formas, los grupos armados ilegales han logrado continuar con el negocio y sacar la droga del país. “Llegaron al punto del descaro que cuando coronaban un cargamento que pasaba la frontera con Panamá, lanzaban cohetes o pólvora”, alertaron los liderazgos. Los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó componen la costa Pacífica, la subregión más cercana a la frontera; allí y en la contigua subregión del Baudó tienen lugar disputas entre las AGC y el ELN , que en alianza con la banda los Chacales le disputan a los‘gaitanistas’ el control de las rutas del narcotráfico. En esta zona del país, alrededor del‘narco’ se mueve lo que se conoce como ‘pesca blanca’: cuando bombardean alguna de las lanchas cargadas con droga, personas llamadas‘coqueros’ salen, toman el cargamento y lo regresan a tierra para venderlo a narcotraficantes. El microtráfico, por su parte, es un problema que afecta principalmente en las cabeceras municipales. En la subregión de la costa Pacífica los liderazgos denuncian casos de desaparición forzada relacionada con microtráfico. La población más afectada son los jóvenes, y la Defensoría del Pueblo expresa que“hoy en día, la inducción de esta población en las dinámicas de microtráfico, es una de las conductas más recurrentes, utilizadas por los grupos armados ilegales, implicando así, una acción directa de utilización ilícita y/o reclutamiento forzado ( sic)”. Sin embargo, esta institución dice estar trabajando en diferentes programas para mitigar la utilización y el reclutamiento de menores en estas dinámicas. Las condiciones geográficas y ambientales del Chocó también favorecen el mantenimiento de cultivos de uso ilícito. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en 2019 se registraron 1.248 hectáreas(ha) de coca en todo el departamento y los municipios de Carmen del Darién e Istmina encabezan la lista, con 232,42 y 228,85 ha. Estos dos municipios tienen una particularidad geográfica y es que están ubicados en la zona limítrofe con los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, lo que permite“la articulación con todos los renglones de la cadena productiva(del narcotráfico) entre los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, y la subregión del Baudó y el litoral Pacífico del Chocó”, expone la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia No. 034-19, emitida el 23 de agosto de 2019. A pesar de la permanencia de cultivos de uso ilícito en el departamento, para los liderazgos la sustitución voluntaria no es una opción sino un riesgo, principalmente por dos razones. La primera es la presión de las AGC , que han amenazado a las comunidades para que siembren en resguardos indígenas, como los ubicados en Riosucio, sin que importe la prohibición de sus autoridades tradicionales. La segunda son los casos de erradicación forzada que han generado revictimización, como los del alto, medio y bajo Baudó. Ante esta situación, los líderes y las lideresas manifiestan:“A nosotros nos imponen la coca y decimos‘ya no más’, viene el Estado y nos revic10

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ timiza”. Esta situación está relacionada con el incumplimiento del gobierno con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito( PNIS ), creado con el Acuerdo de paz con las Farc. económico, mas no de desarrollo humano”, expresó un investigador al portal Verdad Abierta para el artículo“En Chocó dudan de efectividad de programas de desarrollo con enfoque territorial”. Hernando Londoño Acosta, director técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio( ART ), respondió a un derecho de petición enviado por la redacción, que:“seguido a la socialización del programa PNIS se suscribieron inicialmente acuerdos dentro de los cuales están las comunidades de las subregiones de San Juan y Baudó, los cuales no se ratificaron a través de acuerdos individuales”. Según señala, no se cumplió con uno de los criterios para priorizar la implementación del PNIS :“la densidad de cultivos de uso ilícito y de población en el departamento de Chocó, con respecto a otros departamentos y subregiones es bajo( sic)”. El caso es que en el Chocó no hay PNIS . “Cuando el Gobierno incumple, la comunidad lo que va a hacer es volver a su actividad y si no aprovecharon en esa coyuntura, ahora es muy complicado. ¿Sabe cómo desaparece eso? Cuando llegue un producto que tumbe la expectativa de esa vaina, que la comunidad lo vaya abandonando sola. Esa es la única forma”, dijeron los líderes y las lideresas respecto a las acciones de resiembra de coca que se identifican en el territorio. Además, resaltaron que en concordancia con las propuestas de reforma rural, debe haber comercio asegurado para esa región fluvial, porque en varias comunidades los productos lícitos se pudren en los campos. Desde la Agencia de Renovación del Territorio manifestaron que en relación con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial( PDET ) en el Chocó, se están implementando trescientas ochenta y dos iniciativas, de las cuales el 25,65% corresponden al pilar de reactivación económica. Sin embargo, los líderes y las lideresas expresaron que la situación en el terreno es diferente a la que las instituciones estipulan en el papel. A ojos de los liderazgos, uno de los aspectos más críticos es que el Programa no cuenta con una perspectiva étnica que integre su cosmovisión y las nociones de desarrollo que manejan.“Esos pilares vienen en una perspectiva más productivista, más desarrollista, más de crecimiento Ante el incumplimiento por parte del gobierno y el panorama de resiembra, aumentó la persecución a los liderazgos que apoyaban el proceso de paz y la sustitución de cultivos. Esto generó que organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana(Coccam) no pudieran continuar adelantando sus labores de acompañamiento y seguimiento en el departamento. Desde Coccam manifestaron que: A raíz de los asesinatos que se presentaron y la persecución a los liderazgos desde la firma del Acuerdo de paz, los líderes y lideresas del Chocó decidieron no participar más en los escenarios propiciados por Coccam. Por eso, el proceso de Coccam no ha surgido en Chocó, a raíz del miedo que tenían, y hace más de dos años no tenemos conocimiento del panorama sobre los cultivos de uso ilícito en el departamento. La extracción minera es otra actividad que, por sus condiciones geográficas, se lleva a cabo de forma significativa en el territorio y que, a su vez, genera riesgos ambientales y sociales. La mayoría de los depósitos mineros del departamento se ubican en la parte oriental del río Atrato y en la parte alta del San Juan; sin embargo, a lo largo de todo el departamento se desarrolla esta actividad, hoy una de sus principales fuentes económicas. En 2016 hubo un boom económico a raíz de la minería, y los liderazgos aseguraron que con esto una persona podría llegar a hacerse cien millones de pesos al mes. “Uno como líder cómo le dice‘Usted no trabaje ahí’, si lo primero que le van a decir es,‘Ah, bueno, consígame pues la plata. Como el hijo suyo está estudiando, yo necesito que el mío sea abogado, sea ingeniero, sea contador’, es una oportunidad que les puede generar cosas que no tenían. Entonces queda uno entre la espada y la pared”, expresan. La división entre minería legal e ilegal ha generado la estigmatización de la labor minera que artesanalmente han realizado por generaciones las comunidades ribereñas del Pacífico chocoano, una de sus principales fuentes 11

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ de sustento. La autoridad ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó(Codechocó), le manifestó a La Paz en el Terreno que se encuentran trabajando“en la formalización contemplada en el Plan de desarrollo para sacar unas licencias temporales y estamos trabajando con los mismos consejos comunitarios. Hasta este momento tenemos cuarenta solicitudes de licencias temporales, principalmente, en San Juan y dos en Medio Atrato”. Sin embargo, los liderazgos alertan que: La gestión de hacerle sacar un permiso a los barequeros lo que hizo fue aumentar la ilegalidad, porque se está legalizando oro a través de compraventas pequeñas de personas que no son mineras, y por eso no hay control en la compra de oro. “La minería de oro en Chocó alimenta todo un sistema en el que muchos actores ganan mucho dinero, no solo los actores armados y la gente que explota, sino también los funcionarios de las instituciones”, resalta Rodrigo Rogelis, investigador del Centro Sociojurídico Siembra. Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses, el Estado ve al Chocó, primero, como una posible fuente de ingresos, con recursos naturales de interés para la explotación privada. “El segundo interés del Estado, más reciente y vinculado con el primero, es la seguridad, porque obviamente la inseguridad es un impedimento para la inversión extranjera directa. Sin embargo, el Estado en sí tiene una mezcla de no tener voluntad ni capacidad, por lo menos con las políticas recientes, de mejorar la seguridad en el Chocó”, explica. 12

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ 4 CONFLICTOS TERRITORIALES Según la Unidad de Restitución de Tierras( URT ), a 22 de junio de 2021 en el departamento del Chocó había 3.283 solicitudes de restitución de tierras relacionadas con 2.952 predios. Por regiones, el número más alto de solicitudes lo registraron el bajo Atrato y el Darién, con un total de 1.923, seguidos por el San Juan con 701, alto y medio Atrato con 472, la costa Pacífica con 118 y Baudó con 69. La razón de que el 59% de las solicitudes de restitución de tierras se concentren en el bajo Atrato y el Darién es el flagelo de los años más cruentos del conflicto armado en la subregión. La incursión paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá( ACCU ) –en documentada conexidad con el pie de fuerza militar de batallones adscritos a la Brigada XVII del Ejército–, generó execrables victimizaciones contra miles de familias negras e indígenas embera de la subregión, que las obligó a abandonar sus territorios. Una de las más recordadas es la Operación Génesis, en la que, entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 las comunidades que habitaban los caños Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho tuvieron que huir de sus territorios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos( CIDH ) responsabilizó al Estado colombiano de ser cómplice en los hechos victimizantes y de revictimizar a la población después de los desplazamientos, al desprotegerla. Como lo expuso la investigación“¿Cómo nos quitan la tierra?” de Rutas del Conflicto, la dinámica en el territorio inició con violencia y miedo para ahuyentar a las comunidades. Luego, mediante intimidaciones se presionó a las personas a vender por precios muy bajos, sellando esas transacciones con la complicidad de funcionarios de notarías que le daban una cara de legalidad a esos negocios. El bajo Atrato tiene, según la organización Forjando Futuros, cuatro sentencias de restitución y varias medidas cautelares que favorecen a poblaciones étnicas; sin embargo, las comunidades sienten lejana la posibilidad de recuperar sus tierras. Frente a este complejo sistema de despojo, la Unidad de Restitución de Tierras debe esclarecer cientos de casos en los que se involucraron empresarios de grandes complejos agroindustriales. La Fiscalía General de la Nación reconoció que uno de los principales factores de riesgo que afectan a los líderes del Chocó son los procesos de “devolución de sus tierras en el marco de la ley de restitución de tierras que tiene el Estado”. Las disputas territoriales son un riesgo que emergió frecuentemente durante los mapeos. Uno de los casos que más preocupa es el de las comunidades negras de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, que han denunciado la utilización de sus territorios para proyectos de cultivos de palma, lo que ha dificultado su regreso. Según documentaron Rutas del Conflicto y Verdad Abierta en el proyecto Tierra en Disputa, desde 2018 grupos de corte paramilitar han hecho presencia para vigilar las tierras que deben ser restituidas. Otro de los casos más alarmantes es el de la comunidad afro y campesina del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, que fue víctima de violencia y despojo de su territorio. Los predios pasaron a pertenecer a empresarios dedicados a la ganadería y al cultivo de palma de aceite y teca, mientras las comunidades esperan la restitución. En otras subregiones, los líderes y las lideresas coincidieron en que tras los intereses sobre la tierra han llegado‘paisas’ –personas no negras ni indígenas ajenas al departamento–, para desarrollar actividades ganade13

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ ras o establecer monocultivos que derivan en grandes afectaciones forestales. La venta irregular de la tierra amenaza los títulos colectivos que poseen los consejos comunitarios, tras la oportunidad que les dio la ley 70 de 1993, rompiendo así las características inalienables de las adjudicaciones –ya que en principio no pueden venderse, por ser una posesión colectiva–. Sin embargo, después de que se instala un tercero ajeno a la comunidad es“muy difícil sacarlo”, lamentaron los líderes y las lideresas. Algunos megaproyectos e intereses empresariales también fueron resaltados como riesgos latentes sobre el territorio, principalmente porque suelen deteriorar el medio ambiente, dividir a las comunidades o no respetar a las autoridades etnicoterritoriales, al haber iniciado proyectos sin consultarlas. En últimas, los riesgos para el liderazgo tienen que ver con disputas por los recursos del Chocó, dentro o fuera de la ley. En la costa Pacífica, sobre el puerto de Tribugá, promovido por la Sociedad Portuaria Arquímedes S. A., los líderes alertaron que los convenios internacionales del Estado en la zona“traen problemas porque los actores armados se ubican ahí por esas razones”. Según la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó(Codechocó), los permisos que están relacionados con el puerto de Tribugá se relacionan con licencias forestales para la construcción de una carretera, y precisó que a finales de junio de este año no había otro tipo de trámite en la Corporación relacionado con este proyecto. Los líderes y las lideresas manifestaron su preocupación por el asesinato de Juana Perea Plata, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de octubre de 2020 a orillas del océano Pacífico, en el municipio de Nuquí. La lideresa ambiental era reconocida por su oposición al megaproyecto de Tribugá, por considerar sus efectos como un‘ecocidio’. En su momento, la Sociedad Portuaria Arquímedes S. A. lamentó la muerte de Perea y condenó el hecho violento. En Carmen de Atrato se centran las principales pugnas de los líderes con intereses empresariales de la subregión del alto y medio Atrato. Por un lado, con el proyecto de la hidroeléctrica Talasa, aunque los líderes están ante la expectativa de una posible reactivación del proyecto, recordaron la controversia en 2017 alrededor de su consulta parcial, que según ellos solo habría tenido en cuenta a comunidades indígenas y habría apartado a las negritudes que también se sacian del río Atrato y se verían afectadas. La Paz en el Terreno envió un cuestionario vía correo electrónico a Macquarie Development Corporation, que en ese entonces tenía el proyecto a su cargo, para conocer sobre las gestiones de consulta que se hicieron con las comunidades potencialmente afectadas por el mismo, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Al respecto, Codechocó sostuvo que no tiene registrada ninguna queja y“se ha estado cumpliendo con los compromisos de la consulta del sector productivo, de transporte y generación de empleo”. Del otro lado, actividades mineras como la desempeñada por Minera El Roble y sus eventuales afectaciones ambientales son difíciles de cuestionar, ilustraron los defensores de derechos humanos, pues ciertamente se ha consolidado durante años como una gran oportunidad económica para centenares de familias. Por su parte, Codechocó expresó que están adelantando un“proceso con ellos, muy conectado con la comunidad, y podemos garantizar que 8% del material que la Minera El Roble vierte, el manejo del material es bien manejado( sic)”. En los ejercicios de mapeo de riesgo en diferentes partes del país, líderes y lideresas le manifestaron a La Paz en el Terreno lo que describieron como una fractura en sus comunidades a raíz de la presencia de algunas empresas en sus territorios, y el Chocó no fue la excepción. Y aunque en algunas subregiones enteras de este departamento no hay empresas, cuando llegan suelen causar estas afectaciones, según se recogió en las sesiones de mapeo. En la subregión del San Juan, por ejemplo, una parte de la comunidad se ha opuesto a las actividades mineras de la empresa Condoto Platinum, que, según denuncian, se instaló en el territorio del Consejo Comunitario de Cocoman desde 2012 mediante acuerdos con el entonces representante legal del consejo comunitario. Actualmente, el hecho de que una parte de la comunidad apoye el 14

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ trabajo extractivo y la otra lo rechace ha complicado el tejido interno del consejo y ha puesto en peligro la integridad de los líderes y las lideresas opositores, quienes han sido interpelados por actores armados ilegales, según explicaron los defensores de derechos humanos. El mensaje recurrente de los líderes y las lideresas es que estos procesos deben hacerse con transparencia y socialización completa a cada miembro de los consejos comunitarios. La Paz en el Terreno buscó la versión de la empresa sobre su presencia en el territorio, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta. Otras disputas son más silenciosas. Como lo evidenció la investigación“Despojo invisible de una selva chocoana” del portal Verdad Abierta, el Consejo Comunitario General del San Juan(Acadesan) adelanta una disputa alrededor de 32.450 hectáreas de tierra en el municipio de Sipí con la sociedad Eightfold Colombia. La investigación periodística descubrió que el empresario canadiense Daniel Alexander White está detrás de las empresas involucradas en la posesión del título a través de un entramado empresarial. En este caso, aunque no hay un despojo materializado sobre esas tierras selváticas, en papeles el inmenso terreno le pertenece al empresario canadiense, con la expectativa de que, si las autoridades agrarias no solucionan la situación, el empresario podría disponer de esas tierras. Verdad Abierta intentó contrastar estas acusaciones con White, pero, según explicó el equipo periodístico, el empresario evadió sus preguntas e incumplió los espacios propuestos para defenderse. 15

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ 5 LA AUTOPROTECCIÓN, ÚNICA SALIDA A pesar de la existencia de múltiples medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección( UNP ) –la entidad habría recomendado medidas para sesenta y nueve líderes indígenas y sesenta y siete líderes afro entre enero y el 1 de septiembre de 2021, según respondió a un derecho de petición–, los líderes chocoanos siguen a merced de los violentos. Incluso, la violencia en subregiones como el bajo Atrato también ha afectado a escoltas de los líderes, como es el caso de León Jairo Rendón Ortiz y Robinson Romaña Cuesta, quienes fueron secuestrados el 10 de noviembre de 2019 y aparecieron sin vida días después. Y ante tanta violencia, ¿dónde está el Estado? Su presencia en el territorio está representada principalmente por la fuerza pública, institución que tampoco ha sido efectiva y genera poca confianza en la población. “Acá no hay confianza, no se siente respaldo por la fuerza pública. Si uno va a denunciar un caso de atropello, un caso de violación por un grupo al margen de la ley, uno tiene que pensarlo muy bien para no ser revictimizado”, alertan los liderazgos. Además, agregan que la fuerza pública no tiene mayor injerencia, porque“los que imponen la ley son los actores armados, la guerrilla y los paramilitares, el Estado no manda en el territorio”. Según algunas denuncias de líderes sociales, esta situación de zozobra se debe a la presunta connivencia entre miembros de la fuerza pública y actores armados ilegales, en un contexto de solventes economías ilícitas. Ante dichos señalamientos, representantes de la fuerza pública señalaron que muchas veces sus interacciones son de manera indiscriminada con cualquier miembro de la comunidad, y asumen que en algunos casos puede tratarse de sujetos con nexos paramilitares que ellos desconocen. Cuando la comunidad ve esas interacciones, asumiría que hay conexidad entre el paramilitarismo y los militares, acotan. Diferente a lo que podrían ser nexos con paramilitares, en abril de 2021 dos patrulleros de la Policía Nacional y un exintegrante de la institución que habrían delinquido en Quibdó fueron capturados por presuntos nexos con el ELN . Las comunidades, sin embargo, no solo manifiestan sentir desconfianza de la fuerza pública, sino también de sus puntos de control, principalmente en los ríos del departamento, pues dicen que vulneran sus derechos. En el San Juan, el alto y medio Atrato y en el bajo Atrato-Darién, líderes y lideresas sociales denunciaron que les han restringido el transporte de alimentos y víveres, aunque al menos en esta última subregión se pudo dialogar con los uniformados y levantar las restricciones. El Ejército Nacional mostró preocupación porque los líderes y las lideresas sociales los identificaran como un factor de riesgo.“Ojalá el Chocó se uniera a la fuerza pública”, manifestó a La Paz en el Terreno un representante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército. En este difícil contexto, mientras llegan los urgentes acuerdos humanitarios que a ojos de Jesús Arroyo, coordinador de la Macroterritorial Pacífico de la Comisión de la Verdad, podrían mitigar de manera más inmediata la exposición de los civiles al conflicto, las comunidades necesitan fortalecer sus medidas de autoprotección. Para Adith Bonilla, a pesar de los largos años de atropellos desde todos los frentes, sus lazos de confianza se han debilitado pero no se han perdido,“es lo que todavía funciona y ha evitado que mueran más líderes”. 16

COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ La autoprotección no es solo callar, va desde acciones cotidianas como identificar a tiempo movimientos extraños y evaluar en colectivo posibles riesgos, hasta mediar con valentía para que los armados liberen a un joven reclutado o a un líder secuestrado. Así pasó en febrero de 2020, cuando las AGC , ante la petición de su comunidad, liberaron al líder indígena José Mielito Cabrera, del resguardo Alto Río Napipí(Bojayá). Cabrera vive ahora retirado de su territorio original. Otra iniciativa que ha tomado fuerza es la creación de Guardias Cimarronas para proteger a las comunidades afro, sin armas y de manera organizada, un ejercicio similar a las Guardias Indígenas, también victimizadas en el territorio.“Que si van a matar a uno, salgan diez a defenderlo”, afirmó un líder impulsor de la iniciativa.“La idea es que las comunidades se sientan seguras con este mecanismo y no se sientan encarceladas en su propia casa[…] Es un mecanismo limpio y autónomo que busca complementar a la comunidad”, dice una de las personas que conoce acerca del proceso. Aunque algunas personas manifiestan sentir temor por la conformación de estas guardias y las labores que puedan llevar a cabo, quienes han trabajado en su creación aseguran que“es importante aclarar que no se busca suprimir a los Consejos Comunitarios, es solo un mecanismo de protección. La guardia busca atender situaciones de vulneración de derechos humanos o implementar la seguridad en los espacios comunitarios”. 17

ACERCA DE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS Juan Gómez. Periodista de investigación y profesor universitario enfocado en la innovación de narrativas digitales para la democratización del periodismo, particularmente en la creación de herramientas de consulta sobre el conflicto armado y sus memorias. Cofundador y periodista del portal Rutas del Conflicto, sitio web de periodismo de datos del año en los Data Journalism Awards 2017. Finalista en 2019 del mismo galardón, en la categoría periodista joven de datos del año, y en The Sigma Awards 2021. Editor en La Paz en el Terreno. Silvia Corredor Rodríguez. Periodista de investigación y antropóloga enfocada en cubrimiento de conflicto armado, derechos humanos, reconstrucción de memoria e implementación del Acuerdo de paz. Reportera en Rutas del Conflicto, La Paz en el Terreno y asistente de investigación en la Comisión de la Verdad. Finalista en los premios mundiales de periodismo de datos The Sigma Awards 2021 con la investigación“Mapas de riesgo: las amenazas en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia”. Carlos Mayorga. Periodista de investigación en conflicto, construcción de paz y derechos humanos. Trabaja en Rutas del Conflicto y Verdad Abierta. Es miembro de la cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas dirigida por Distintas Latitudes de México e integrante de la Unidad de Investigación Periodística ( UIP ) del Politécnico Grancolombiano. Ganador del premio ¡Investiga! 2019 en categoría estudiante de Consejo de Redacción y finalista en The Sigma Awards 2021. Santiago Luque. Reportero de Rutas del Conflicto y La Paz en el Terreno que cubre la situación de líderes y lideresas sociales, el desplazamiento de poblaciones indígenas y las afectaciones a su territorio y al medioambiente. Ha colaborado como reportero de Mongabay Latam en cuestiones de deforestación y daño ambiental. También ha realizado visualizaciones de bases de datos, como el memorial del especial“Violentadas en cuarentena”, de Distintas Latitudes, ganador del premio One World Media. PIE DE IMPRENTA Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Representante de la FES Colombia Saruy Tolosa Coordinador de proyectos saruy.tolosa@fescol.org.co SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reEl uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES . Bogotá, octubre de 2021 flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org

D V PA I E O N S L M O E R N A A C N M I T A E A, L E A Y S N T D D A E O D S O A A F U Y ÍO T S S O O R D C I E T IE A L D R A A IS V D M IO E O L N S EN A C C M O IA M ÉR P C IC E O T A N IT L T IV A R T O A IN S L A A LO S C M A U LE JE S R: E R S EC EN OM TR E E N S D P A A C ÍS IO ES N D ES E P A A M R É A R L IC A A PR LA O T T I E N C A CIÓN DE LÍDERES SOCIALES EL COSTO DE DEFENDER EL TERRITORIO: LOS RIESGOS DEL LIDERAZGO SOCIAL EN EL CHOCÓ à Tras la firma del Acuerdo de paz en 2016 y la salida de las Farc, en el departamento del Chocó se reconfiguró el poder armado, principalmente competido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de mayor expansión en el territorio, y el Ejército Nacional de Liberación, de histórica influencia en algunas zonas. Presentes en todo el departamento, cada grupo, por lo general, tiene mayor presencia en unos municipios y disputas‘a muerte’ por el control de otros. à y el comercio internacional de la droga, promoviendo a su vez el financiamiento de los grupos armados ilegales, de estrecha relación con carteles mexicanos. La pandemia ha incomunicado aún más a las comunidades chocoanas, en un conocido contexto de falta de conectividad. Viven en desconfianza y bajo estrictos controles de los armados, muchas veces mimetizados en las poblaciones. La abundancia de afluentes que conectan el norte, el sur y el centro del departamento, incluso con el país, permite la movilidad de armas y drogas, así como la instalación de peajes ilegales. Las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó también cuentan con condiciones estratégicas para la permanencia de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de proyectos de extracción minera. Además, la cercanía del Chocó con Panamá ha favorecido el negocio del narcotráfico, pues conecta con el mar y, por ende, con Centroamérica A pesar de la existencia de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección( UNP ), los líderes y las lideresas sociales del territorio siguen a merced de los violentos, y en la mayor parte de las ocasiones solo confían en su autoprotección. La fuerza pública tampoco ha sido efectiva; de hecho, miembros de esta han sido señalados de tener connivencia con actores ilegales, a pesar de que para representantes de la institución su accionar no configuraría factores de riesgo para las comunidades. 19