ANÁLISIS JUAN ALBARRACÍN/ JUAN PABLO MILANESE/ MARGARITA NAVARRO DE ARCO/ LIZETH SINISTERRA OSSA/ INGE HELENA VALENCIA PAZ Y SEGURIDAD EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA Ginna Santisteban Diciembre 2020 à El Bajo Cauca antioqueño es un territorio del que se extrae oro, se usan tierras para la ganadería y en donde se cultiva coca, pero donde subsisten serias condiciones de pobreza, altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y con cerca de 22% de su población registrada como víctima del conflicto armado. à Este informe presenta un panorama de su situación por medio del testimonio de quienes lo habitan y de quienes trabajan allí. Estas voces también explican por qué la violencia persiste y cuáles son sus propuestas e ideas para que el conflicto tenga fin. 1

PAZ Y SEGURIDAD EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA En colaboración con:

CONTENIDO CONTENTS 1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................... 4 2 LAS URGENCIAS DE UNA REGIÓN DESATENDIDA HISTÓRICAMENTE.............................................. 6 3 UNA PRESENCIA DIFERENCIADA DEL ESTADO................................................................................... 7 4 EL ORDEN IMPLANTADO POR LOS VIOLENTOS.................................................................................. 9 4.1 ¿Cuáles son los grupos armados ilegales que se disputan la tierra en el Bajo Cauca?................................... 9 5 EL ASUNTO DE LA TIERRA.................................................................................................................. 12 6 RESISTIR CON DIGNIDAD A LA VIOLENCIA....................................................................................... 13 3

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA 1 INTRODUCCIÓN 1 Una característica que comparten las regiones de Colombia en donde el conflicto no cesa es la riqueza y fertilidad de sus tierras. Por ello, regiones como el Catatumbo, el Bajo Atrato y el Cauca son tan pretendidas por los grupos armados ilegales, pues cuentan con territorios ideales para el cultivo de la coca para uso ilícito y los corredores de movilidad relacionados con estos negocios. El Bajo Cauca, otro territorio en conflicto, guarda tales características, pero hay una particularidad que lo diferencia: el oro, cuya explotación también se ha convertido en fuente de financiación de las organizaciones violentas. 1 Los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí componen el Bajo Cauca antioqueño, una subregión ubicada en el noreste del departamento de Antioquia, que limita con los de Sucre, Córdoba y Bolívar. Esta ubicación ha permitido que entre los pobladores de estos departamentos se mantengan estrechas dinámicas de intercambio económico y cultural, y que puedan conectarse con facilidad con el centro del país, con la costa Caribe y los puertos de Turbo(en el Urabá antioqueño), Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Se calcula que el Bajo Cauca tiene una población de más de 300.000 habitantes, de los cuales 57% está ubicado en las cabeceras y zona urbanas, mientras que el 43% restante en las áreas rurales. Esta subregión está bañada por dos principales afluentes: los ríos Cauca y Nechí, y está entre las serranías de San Lucas y Ayapel. De acuerdo con datos de la Gobernación de Antioquia, allí hay cinco resguardos indígenas: cuatro de las comunidades zenú y uno de los embera eyábida(katío), ubicados en 1 Este trabajo contó con la colaboración de Jessica Graciano como investigadora. Zaragoza, Cáceres, Tarazá y El Bagre. También se encuentran ocho consejos comunitarios, tres en El Bagre y cinco en Zaragoza, así como organizaciones de comunidades afrocolombianas en todos los municipios de la subregión. El Bajo Cauca tiene un buen potencial agrícola, aunque sus principales actividades económicas tienen que ver con la ganadería, la minería y el cultivo de coca. La extracción de oro de aluvión, de manera formal como informal, permite la subsistencia de buena parte de la población. Sin embargo, este modelo predominante de economía de enclave no genera suficiente empleo en la subregión que, además, presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas y pobreza. De acuerdo con datos de 2016 del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, la mitad de los pobladores del Bajo Cauca (50,64%) viven en pobreza, por lo cual la subregión es la más pobre del departamento. La exclusión histórica de la centralidad antioqueña ha dejado al Bajo Cauca con menor inversión en infraestructura y en lo social, lo que en sí mismo se ha convertido en una de las causas del conflicto armado. Esta subregión es uno de los territorios en donde la guerra ha dejado más víctimas. La violencia fue muy alta en el Bajo Cauca antioqueño entre 1990 y 1996, pero se agudizó entre 1997 y 2002, especialmente en Tarazá, en Cáceres y El Bagre, por el fortalecimiento de los grupos paramilitares, como el bloque Central Bolívar y bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia( AUC ). Entre 2003 y 2006 la violencia se redujo, pero siguió siendo alta en Tarazá y menos, aunque considerable, en Zaragoza, El Bagre y Caucasia. 4

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA A 2017, la agencia del gobierno colombiano Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ( UARIV ) registró 68.726 víctimas en los seis municipios del Bajo Cauca, lo cual corresponde al 22% del total de la población proyectada por el Dane(Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Los principales determinadores de la violencia que persiste en la región son el resultado de la reorganización de los grupos armados que han actuado allí. En la actualidad, son los Caparros, las Autodefensas Gaitanistas, conocidas también como el Clan del Golfo –ambos de origen paramilitar–, así como el Ejército de Liberación Nacional( ELN ) y las disidencias de las Farc(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) las organizaciones que libran una cruel batalla por el dominio de los recursos de la subregión. Con el conflicto entre los grupos herederos de los paramilitares en la última década, la violencia en el Bajo Cauca se intensificó. Estas disputas han aumentado considerablemente el desplazamiento y los asesinatos selectivos, especialmente desde 2017. Según datos de Indepaz, en lo que va corrido de 2020 han sido asesinadas treinta y una personas en ocho masacres: dos en Tarazá, que dejaron ocho muertos; tres en Cáceres, con diez víctimas; una en Zaragoza, con seis personas asesinadas; una en Caucasia con tres víctimas; y una en Nechí con cuatro asesinados. La amenaza más reciente de un grupo armado contra la población se dio el 20 de noviembre de 2020, cuando los Caparrapos anunciaron un paro armado en el Bajo Cauca:“No queremos ver negocios abiertos ni vehículos circulando por las vías”, sentenciaba el panfleto distribuido por el grupo armado en varios municipios de la región. Estas afectaciones, además de otros análisis y conclusiones sobre la persistencia del conflicto en el Bajo Cauca, así como algunas ideas de las comunidades para que la violencia cese, fueron las temáticas discutidas por más de un centenar de personas entre las que había representantes de organizaciones sociales, colectivos artísticos, comunidades étnicas, la institucionalidad, excombatientes, la fuerza pública, la academia, organizaciones internacionales y el sector empresarial, en los Diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto en el Bajo Cauca, organizados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 5

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA 2 LAS URGENCIAS DE UNA REGIÓN DESATENDIDA HISTÓRICAMENTE “Cáceres, Zaragoza y Nechí fueron las primeras poblaciones en el departamento, después de Santa Fe de Antioquia. Este territorio no es nuevo para la geografía nacional, sin embargo, es el prototipo del territorio donde se desarrolla una economía de enclave, y básicamente esa economía empezó con el oro”, explican investigadores del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación( IPC ). El Estado ha dejado que los privados ordenen el territorio, y esos particulares han recurrido al uso de la violencia para ese ordenamiento. Como frontera de colonización vemos que hay una apuesta clara por un tipo de economía que concentra demasiado el uso del suelo como es la ganadería, y que genera muy poca oportunidad de empleo para los pobladores. Es un conflicto territorial que es estructural. Precisamente, la explotación aurífera, el aprovechamiento de las tierras para la agricultura y, más recientemente, con fines de ganadería, han configurado las diferentes etapas de colonización que ha vivido el Bajo Cauca. Con el tiempo, estas actividades económicas se convirtieron casi que en las únicas de la región y, como explica el investigador, empresas mineras y grandes ganaderos asumieron un papel de ordenamiento del territorio: De ese modo, los factores fundamentales que explican los motivos por los cuales persiste el conflicto en el Bajo Cauca son el asunto de la tenencia y uso de la tierra, el abandono de un Estado que ha dejado el ordenamiento del territorio en manos de particulares, además de la ubicación geoestratégica clave que ha generado la disputa entre los grupos armados ilegales por el control de estos corredores. 6

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA 3 UNA PRESENCIA DIFERENCIADA DEL ESTADO De acuerdo con lo relatado por las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que hacen presencia en el Bajo Cauca, este es un territorio en donde hay altos índices de necesidades básicas insatisfechas, desempleo, falta de oportunidades en educación y oferta no acorde con las dinámicas territoriales. Señalaron también la precariedad en el sistema de salud e infraestructura vial, que dificulta la comercialización de productos agrícolas, la movilidad de sus habitantes y la cobertura en seguridad de la fuerza pública.“La no llegada de la institucionalidad con la oferta que debería llegar a las comunidades ha dejado un vacío que ha sido aprovechado por los actores al margen de la ley”, dijo la representante de la Procuraduría para el Acuerdo de paz. La inversión del Estado para atender estas necesidades es escasa; la respuesta es por medio de la presencia esencialmente militar, que si bien el Estado justifica diciendo que es para atender situaciones de orden público o amenazas a la seguridad, en las cuales se incluyen las economías ilegales, también ha repercutido en la estigmatización de la población civil y, en consecuencia, en el aumento de victimizaciones.“En el Bajo Cauca no podemos ir a denunciar públicamente todo lo que está pasando, porque las autoridades locales están involucradas en corrupción o con grupos armados”, informó uno de los representantes de los pueblos indígenas presentes en la subregión. Esta es una situación que incluso reconoce la propia fuerza pública: La característica fundamental de lo que está sucediendo en este momento en el Bajo Cauca es el hecho de que el Estado colombiano es mucho más pequeño que el territorio nacional. La existencia de esos espacios vacíos, donde la tutoría del Estado regulando, soportando la productividad y regulando también la convivencia entre los ciudadanos no alcanza a llegar siempre, es aprovechada por otros actores no estatales. Por esa razón, a pesar de los diferentes acuerdos de paz que se han realizado, ninguno ha sido la solución al problema porque la situación va a persistir por las condiciones estructurales en el campo, en estas regiones apartadas del país. A pesar de las tensiones entre la población, que en buena parte trabaja de manera informal sobre todo en la minería, con el sector empresarial presente en la región, pues los pobladores dicen que la fuerza del Estado pareciera trabajar exclusivamente en pro de estos, para los empresarios el conflicto que azota a la región también es un asunto urgente que se debe solucionar, porque les afecta. “El Bajo Cauca es una zona rica en recursos y es triste saber que compañeros de la zona que tienen sus cultivos de arroz, de maíz, tienen que pagar necesariamente a estos grupos, porque si no, los desalojan o los matan o no los dejan trabajar. Donde tuviéramos seguridad, habría inversión privada y pública. En estos momentos carecemos de todo tipo de inversión y esto lleva al desempleo y la pobreza”, contó un ganadero. Pese a la difícil situación en términos de seguridad relatada por el ganadero, el Bajo Cauca genera una riqueza considerable por medio de las economías de la minería, la ganadería y la coca. El asunto es que estos recursos no se retribuyen a la comunidad: entre los municipios de El Bagre y Zaragoza aportan cerca de 40% del oro nacional, y como explica un investigador del Observatorio de los Derechos Humanos y Paz, de la ONG Instituto Popular 7

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA de Capacitación, en oferta de empleo formal la región no llega ni al 1%. La consolidación de grandes empresas solo llega al 8%. La única empresa grande que podemos identificar en el Bajo Cauca en términos de producción de empleo formal sería Mineros S. A.(dueña del monopolio de extracción de oro en la región). Entonces, ¿dónde termina ese dinero, en qué manos se concentra el dinero que se produce allí? A las dificultades del Estado para hacer presencia integral en el territorio se suma la débil institucionalidad, la corrupción de algunas de las autoridades locales y la poca representación de la región en corporaciones públicas, como el Congreso de la República y la Asamblea Departamental, que ha derivado en la deslegitimación y desconfianza en el sistema político, así como en la poca trascendencia de las demandas sociales que son urgentes de atender para contribuir a la superación de la violencia.“Las comunidades sienten que no hay gobernabilidad en los mandatarios locales. Muchos han ido presos, están involucrados en procesos judiciales. Esto hace que la credibilidad en el Estado se pierda”, explicó la representante de una de las organizaciones internacionales que hacen presencia en el Bajo Cauca. La debilidad de las instituciones en la región ha tenido repercusiones en la implementación del Acuerdo de paz. De acuerdo con lo expresado por uno de los representantes de la academia durante el diálogo con la Comisión de la Verdad, es necesario: que la institucionalidad llegue a la región, porque la gente todavía no entiende bien cómo funciona el Acuerdo y las instituciones que hacen parte de este. Es importante lograr una conexión con los mandatarios locales. Esto es sumar los actores estratégicos para visibilizar y discutir sobre el Acuerdo de paz. En ese sentido, para los excombatientes que habitan en la región el camino a la reincorporación ha estado lleno de obstáculos, pues según dicen el Estado no les ha prestado la seguridad suficiente para permanecer en esta conflictiva región dominada por los grupos paramilitares, y tampoco les ha dado las condiciones que les permitan sacar adelante los proyectos productivos en los que iban a trabajar en el posacuerdo. Cuatro años después de la firma del Acuerdo, en el Bajo Cauca ninguno de los proyectos liderados por reincorporados está en ejecución. “Nosotros seguimos esperando que nos sigan apoyando en el estudio con lo que más puedan y tengan el alcance, para nosotros salir adelante. Yo estoy estudiando, pero de pronto más adelante no se sabe qué va a pasar. Por ahora, lo que no se ha cumplido para nosotros es lo de los proyectos productivos”, dijo uno de los excombatientes que conversó con la Comisión. Este abandono institucional, particularmente en lo que tiene que ver con el acceso a oportunidades en educación y empleo, ha tenido un serio impacto en la juventud del Bajo Cauca. “La falta de oportunidades ha hecho que a muchos jóvenes les guste la vida fácil. Es mucho más fácil delinquir para ellos, porque en ningún lado le pagan más de cinco millones de pesos. De eso se trata, de vivir fácil a costilla del trabajo del otro. Yo creo que por eso ellos no se desmovilizan y buscan otras formas de vivir, porque se acostumbraron a vivir a costillas de lo otro”, relató una lideresa social de la región. Las economías ilegales, así como la naturalización de la presencia de los grupos armados, han fomentado la instalación de órdenes y regulación de la vida de los habitantes del Bajo Cauca. Las alternativas a estas economías y a las formas de vida“ilegales” son escasas. En otras palabras, para lograr la subsistencia parece ser más fácil y accesible la vía de la ilegalidad y las armas. “La región necesita una estrategia integral por parte del Estado que garantice realmente los derechos humanos. Eso generaría la posibilidad de tener unas garantías de que la violencia no se repita”, concluyó una de las asistentes al diálogo que la Comisión de la Verdad mantuvo con instituciones públicas. 8

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA 4 EL ORDEN IMPLANTADO POR LOS VIOLENTOS En la actualidad, en el Bajo Cauca se vive la intensificación de los hechos violentos. Tal como se dijo, una de las intimidaciones más recientes contra la población ocurrió el 20 de noviembre de 2020, cuando la región despertó con la amenaza de un paro armado impuesto por los Caparros. Este anuncio, con el que los violentos declararon un cese de todas las actividades económicas, sociales y de movilidad, se dio como represalia por la baja de Emiliano Alcides Osorio, supuesto líder de tal grupo, por parte de la fuerza pública colombiana. Los llamados y actos violentos se han vuelto cotidianos en una subregión que, como se expuso, tiene una ubicación estratégica que la ha hecho tan apetecida para los grupos violentos. El Bajo Cauca hace parte del corredor de la economía de la cocaína que va desde Catatumbo hacia el golfo de Urabá, en la frontera con Panamá. Por eso, las rutas que lo atraviesan son ideales para el tráfico de las economías ilegales, pues permiten la conexión entre diferentes partes del país y con el exterior. Para los grupos armados ilegales es necesario controlar la región, ya que de ese modo aseguran el dominio de las economías de la cocaína y de la extracción del oro de manera ilegal, que son sus principales fuentes de financiación. Cabe recordar que mientras la minería tiene mucha importancia en El Bagre, la economía de la cocaína es un factor determinante en Tarazá, debido a su conexión con el nudo de Paramillo y el cañón del río Cauca. 4.1 ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES QUE SE DISPUTAN LA TIERRA EN EL BAJO CAUCA? En este caso se ponen en evidencia las dinámicas de la violencia derivadas de los actores armados ilegales y su relación con la geografía del territorio: mientras los paramilitares y los grupos que nacieron de estos se afianzaron en las partes planas o bajas, las guerrillas se arraigaron sobre todo en altitudes medias y altas(norte de Antioquia y sur de Córdoba). Tras la firma del Acuerdo de paz en 2016, las Farc abandonaron estas zonas, cuyo control en la actualidad está en disputa entre las bandas criminales de origen paramilitar, el Clan del Golfo y los Caparros, que tienen de aliados al ELN y a las disidencias de las Farc. Como señalaron varios de los participantes en los diálogos para la no continuidad y la no repetición, en el Bajo Cauca la violencia es cíclica y los grupos se reciclan. “Lo que pasó en 2010 es lo que está pasando en este momento, lo que pasó en ese momento con los Rastrojos, los Paisas y los Urabeños(grupos de narcotraficantes herederos del paramilitarismo), es lo que está pasando en este momento con los Caparrapos, el Clan del Golfo, el ELN y ahora recientemente están entrando las disidencias del frente 36 de las Farc”, explicó la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas( ONU ) en Colombia. De esta manera, más allá de una configuración de grupos armados alrededor de una ideología política, en el Bajo Cauca el objetivo es el control del dinero derivado del narcotráfico y la minería ilegal. 9

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA En los años ochenta empezaron a confluir allí algunas expresiones de narcotraficantes del cartel de Medellín. En los noventa, tales grupos fueron articulados por los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá( ACCU ) de los hermanos Castaño. De allí se derivaron dos estructuras paramilitares que compartieron el control del Bajo Cauca: el bloque Mineros desde el río Cauca hacia el Nudo de Paramillo(sur de Córdoba y norte de Antioquia), y el bloque Central Bolívar desde el río Cauca hacia el Nechí y la Serranía de San Lucas. En medio del proceso de justicia y paz, proceso de justicia transicional nacido de la negociación entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe(2002-2010) y los paramilitares, que culminó con la desmovilización de varios de estos grupos, Carlos Mario Jiménez, Macaco, heredó esas estructuras de control que dejaron los hermanos Castaño y siguió delinquiendo desde la cárcel. Luego fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y esa estructura paramilitar quedó subordinada a lo que desde ese entonces empezó a autodenominarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia( AGC ), comandadas por Daniel Rendón Herrera, don Mario, conocidas también como el Clan del Golfo. Este se convirtió en el principal grupo heredero de los paramilitares de los años noventa y tiene fuerte presencia en varias regiones del país. La organización consolidó su centro de poder en el Bajo Cauca, incluso después de 2009 cuando fue capturado don Mario. “El Clan del Golfo tiene una organización por regiones, y hace dos años la estructura que tenía presencia en Tarazá, Caucasia y Cáceres se desvinculó del Clan por unas rencillas referentes al manejo de dinero de las rentas ilícitas. Entonces se independizó y los empezaron a llamar los Caparros o Caparrapos, porque su líder era del municipio de Caparrapí”, explicó la fuerza pública.“Desde 2018 empezó una guerra entre estas dos estructuras, una guerra en la que el Clan del Golfo, liderado por Otoniel, ha estado reclutando estructuras armadas, reclutando jóvenes y enviándolos a la región para disputarle el control armado a los Caparros del negocio de la coca y de las minas de oro. Los Caparros vienen produciendo dinero también para reclutar más hombres y defenderse del Clan del Golfo y procurar su expansión”, complementa la institución. Esa dinámica de confrontación entre el Clan del Golfo y los Caparros es la responsable de más del 90% de las muertes violentas en la región durante los últimos años. “La violencia en el Bajo Cauca es cíclica y nunca ha acabado. Si bien hay algunos grupos que han cambiado sus nombres, en el centro está el Estado, pero no desde la garantía de derechos. ¿Qué pasa con los cinco mil efectivos que hay en el Bajo Cauca? ¿Con la Policía de Cáceres? Ese es el territorio donde más se violenta a los líderes. El Estado está, pero ¿de qué manera?, porque no está del lado de la población”, dijo la representante de la ONG Corporación Jurídica Libertad. Los objetivos principales de esta violencia han sido los líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría, explican los investigadores del IPC , hacían parte de los procesos de los Programas de desarrollo con enfoque territorial( PDET ), y del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito( PNIS ), derivados del Acuerdo de paz y que“ponen en marcha los instrumentos de la reforma rural integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional”. Según el IPC : Hay un perfil muy marcado que van a tener en común estos líderes comunitarios: le apostaron a la implementación del punto cuatro del Acuerdo de paz, al de la sustitución de cultivos ilícitos, porque la gente sabe que tiene que salir de la ilegalidad, que está a merced de los actores armados en esa cadena de la producción del narcotráfico. Con respecto a lo último, las comunidades en el Bajo Cauca agregan que además de las amenazas y el control armado por parte de estos grupos violentos, el Estado también los persigue.“El monopolio es de los grupos al margen de la ley que se han apoderado de nuestras actividades ancestrales, son ellos quienes los ejercen por sí o por no”, relató uno de los representantes de grupos étnicos durante su diálogo con la Comisión. “La minería la ejercen ellos, el gobierno sabe de eso, pero el gobierno únicamente ataca al barequero(minero artesanal) y se le lleva el motor, pero a las megaminas que hay en el Bajo Cauca, que están en el poder desde 10

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA el púlpito llamado fuerzas ilegales, no les hacen absolutamente nada”, complemento una lideresa afro del territorio. Estas tensiones de los mineros informales con el monopolio minero en el Bajo Cauca han generado también rencillas entre la comunidad y la fuerza pública, que viene ejerciendo una fuerte estigmatización contra quienes se dedican a las economías derivadas de la cocaína y de la minería no formal. “La mayoría de las familias hemos vivido de la minería mal llamada ilegal. Es ilegal porque el gobierno nunca ha querido formalizarla. Cuando mencionan en nuestro territorio la minería ilegal, nos están criminalizando a aquellas personas que de una u otra manera vivimos o sobrevivimos de ella”, comentó uno de los artistas líderes de la región. Estas persecuciones por parte de actores armados y del Estado, como explicó el representante de la ONG Fundación Sumapaz-Por los Derechos Humanos,“viene silenciando el fuerte movimiento social que siempre ha tenido el Bajo Cauca”. También a otras organizaciones, por ejemplo, las comunidades LGBTI del Bajo Cauca, que han sido perseguidas con fines de exterminio, como ocurrió en Caucasia, según lo que contaron líderes sociales de la región durante el diálogo con la Comisión. En general, expresarse por medio del arte e intentar contar la verdad del Bajo Cauca; salirse del control de los grupos armados y sus mandatos; separarse de esta fuerte influencia que la violencia ha ejercido sobre la cultura y la cotidianidad de la región; e intentar no caer en las tácticas de terror y miedo que estas organizaciones ilegales buscan implantar, son motivos de persecución y amenaza. 11

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA 5 EL ASUNTO DE LA TIERRA Las tensiones por la titularidad de la tierra en el Bajo Cauca han sido un factor determinante, no solo en lo que tiene que ver con los reclamos de sectores como los empresarios, los campesinos y las comunidades étnicas, sino con la posibilidad de que actores armados regulen la tenencia, despojen la tierra o emprendan disputas armadas que ocasionan cientos de víctimas. “Muchos territorios son zonas de reserva forestal, la gente no tiene tierra, títulos, y esto les impide hacer su proyecto productivo. Esto, sumado a la ausencia del Estado en zonas rurales, genera desconfianza, y esa es la entrada para los grupos ilegales en la zona y su fortalecimiento”, explicó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Caucasia. En particular las comunidades étnicas, entre las que se cuentan indígenas y consejos comunitarios de afrodescendientes, son las que llevan años reclamando reparaciones colectivas con referencia a la titulación de tierras, y para las cuales es vital tenerlas no solo para tener posibilidades diferentes a la economía extractiva que domina la región, sino como una manera de reivindicar sus derechos. “Acá, en el Bajo Cauca la gran mayoría de esas fincas las quitaron o las compraron por precios irrisorios a los propietarios y están en manos de toda esa gente que está desmovilizada, en manos de testaferros; hay un montón de tierra que en este momento está siendo reclamada y que está administrada por la Unidad para las Víctimas. Si va por aire, usted ve la explotación impresionante de esas tierras y uno dice ¿quiénes están trabajando ahí?, porque los pobres no somos, los dueños se supone que están presos y que eso lo está administrando el gobierno, entonces, ¿quién está haciendo la explotación minera en esos territorios?”, dijo una de las lideresas de un consejo comunitario del Bajo Cauca. La diversidad de comunidades con tensiones por la diferencia de los conceptos de la tenencia de la tierra como tierra productiva, para los campesinos, y como territorio ancestral, para los grupos étnicos, ya genera un conflicto en sí, pero si a ello se le suma la presencia de grupos armados, la situación en la región se complejiza aún más. “La informalidad en la tenencia de la tierra y la urgencia de su explotación generaron en la región un conflicto muy alto, afectando a la comunidad. Los actores armados no están despojando o apropiándose de tierras para usarlas sino que están buscando salidas y tener un control total de la región. Así han hecho los Rastrojos, por ejemplo”, explicó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(Acnur). Se vuelve entonces al asunto del control del territorio y el dominio de los corredores, pero desde la perspectiva de la tenencia de la tierra, una que en el Bajo Cauca sigue perteneciendo a muy pocos. Este asunto fundamental afecta a toda la población: a los grupos étnicos, que ven su proyecto de vida truncado por la falta de tierra para establecer su territorio; a los mineros y campesinos, que no tienen en donde llevar adelante sus actividades de trabajo ni la posibilidad de formalizarlas ante el Estado; a los excombatientes, que no pueden desarrollar sus propuestas de proyectos productivos por la falta de la tierra, y en general a toda la población cuya subsistencia depende de muy pocas fuentes de empleo. 12

EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA 6 RESISTIR CON DIGNIDAD A LA VIOLENCIA A pesar de los problemas sociales provocados por la economía de la cocaína, la minería ilegal, así como la compleja situación social y política atizada por el estigma que recae sobre quienes habitan en una zona de conflicto, los habitantes del Bajo Cauca expresan su resiliencia con fortaleza. Siguen estando orgullosos de su territorio y continúan buscando formas de contar una nueva historia en la que se garantice la no repetición de la violencia y una paz duradera. Es necesario, de esa manera, lograr que los funcionarios acerquen a las comunidades a la justicia, la salud, la educación, la protección, y que ayuden a generar alternativas legales de ingreso digno, sobre todo en las zonas rurales, pero también para la población joven. Esta última, que es la más vulnerable a ser reclutada por los grupos armados ilegales que operan en la región, y para quienes en urgente ofrecer oportunidades y opciones distintas a la guerra. Para que el conflicto armado no persista en la región y contribuir con la construcción de paz y no repetición del conflicto armado, las comunidades del Bajo Cauca consideran que lo más urgente es que el Estado haga presencia integral en el territorio: más allá del apoyo en el aspecto militar, debe haber presencia de las instituciones en materia de justicia, salud, educación, tierras, entre otras, así como una acción interinstitucional articulada, en especial, con los mandatarios locales para que la comunidad no se sienta tan abandonada. Por ello, expresaron los habitantes de la subregión, es importante continuar en la construcción y ejecución de Programas de desarrollo con enfoque territorial en conjunto con las comunidades. Es necesario escuchar las voces del Bajo Cauca porque en muchos procesos de planificación son invisibilizadas. Un trabajo articulado y dialogado ayudará a transformar el territorio y a recuperar la confianza en la institucionalidad. En ese sentido, es clave que existan planes para fortalecer a las comunidades y acompañarlas en su proceso de empoderamiento. Esto es, darles herramientas para que puedan tener diálogos distintos con la institucionalidad e incluso con los actores armados. Pero lo anterior, es importante, como lo señaló incluso la propia fuerza pública, trabajar para conectar la región con el país, mediante la construcción de vías e infraestructura que ayuden a impulsar la producción agrícola y faciliten la movilidad de los habitantes. Finalmente, consideran vital el apoyo a las propuestas productivas que persisten en la región, para que sigan siendo fuente de empleo, desarrollo y una oportunidad más allá del modelo actual centrado en la economía extractiva. Un aspecto clave para fomentar tal desarrollo es que el gobierno avance en la formalización de predios, en particular de las comunidades étnicas: indígenas y afrocolombianos, que necesitan se les reconozcan sus territorios y se les respeten los derechos colectivos sobre ellos. En ese camino, también consideran necesario el cumplimiento del Acuerdo de paz y de los planes que trae consigo, como los Programas de desarrollo con enfoque territorial, teniendo en cuenta las particularidades del Bajo Cauca, como un territorio que tiene tanta riqueza como pobreza. 13

ACERCA DE LA AUTORA Y LA INVESTIGADORA Ginna Santisteban. Periodista por la Universidad del Rosario con más de seis años de experiencia en la investigación y creación de contenidos periodísticos así como en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación corporativa. Trabajó como periodista de salud en Semana.com. Tiene experiencia en agencias de comunicación. Actualmente, se encuentra cursando una especialización en gerencia de multimedia y trabaja como periodista independiente, enfocada en temáticas de salud, medio ambiente, paz y conflicto armado colombiano. Jessica Graciano(Investigadora). Comunicadora social-periodista, egresada de la Universidad Minuto de Dios. Ha trabajado en diferentes entornos comunitarios con campesinos, niños en condición de vulnerabilidad y habitantes de calle. Asimismo, ha participado en diplomados, cursos y charlas sobre comunicación estratégica, derechos humanos y conflicto armado, violencia de género y migraciones. PIE DE IMPRENTA Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Saruy Tolosa Coordinador de proyectos saruy.tolosa@fescol.org.co Bogotá, diciembre de 2020 SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

PANO JU RA A M N A A Y LB D A E R S R A A FÍ C O Í S N D/ E JU LA A V N IO PA LE B N L C O IA M C IL O A N N T E R S A E L/ A M S M AR U G JE A R R ES IT E A N N T A R V ES AR PA R Í O SE D S E DE A A RC M O ÉR/ IC LI A ZE L T A H TIN S A INISTERRA OSSA/ INGE HELENA VALENCIA EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, UNA TIERRA DORADA QUE VIVE EN LA POBREZA à El Bajo Cauca antioqueño vive con la paradoja de ser un territorio del que se extrae la riqueza del oro que baña la región, del que se usan sus tierras para la ganadería y en donde se cultivan sus suelos con coca, pero que subsiste en serias condiciones de pobreza y altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. à Ante esta situación de violencia con la que debe convivir una población atemorizada y silenciada, persisten iniciativas que claman por la reivindicación de los derechos colectivos sobre las fértiles tierras del Bajo Cauca, así como del derecho de hacer parte de un país que no llega con su institucionalidad. Cerca de 22% de su población está registrada como víctima del conflicto armado, que en la actualidad tiene como principales detonadores a las bandas criminales (Bacrim), conocidas como los Caparros y el Clan del Golfo, ambas de origen paramilitar. Estos grupos violentos al margen de la ley libran una guerra por el control de las economías aurífera y de la cocaína, así como de los corredores estratégicos con los que cuenta el territorio. Este informe presenta un panorama de la situación del Bajo Cauca por medio del testimonio de quienes lo habitan: comunidades étnicas, campesinos, líderes sociales, mujeres, víctimas, población LGBTI , jóvenes, excombatientes, y de quienes trabajan allí: académicos, investigadores, organizaciones internacionales, instituciones, fuerza pública. Estas voces también explicaron por qué la violencia persiste en el territorio y cuáles son sus propuestas e ideas para la finalización del conflicto en el Bajo Cauca. 15