ANÁLISIS TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR Lecciones para leer el presente y construir el futuro Clarisa Hardy Noviembre 2020 Bastaron pocas semanas de cuarentenas obligatorias sin un suficiente acompañamien to de protección de ingresos en los hogares, para que reaparecieran como un fantasma del pasado las ollas comunes. Fueron expresión de la vulnerabilidad y desigualdad, agudizadas con la emergencia sanitaria, y del despertar de la antes dormida disposición solidaria y capacidad organizativa. ¿Qué hay en común entre ese ayer y hoy? Formulamos algunas hipótesis para dos grandes definiciones: cómo asegurar el bienestar en una sociedad que transite a la garantía de derechos y cómo fortalecer una democracia que debe hacerse cargo de la ausencia de participación.

TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR Lecciones para leer el presente y construir el futuro Clarisa Hardy Noviembre 2020

Índice Presentación ................................................................................ 4 1 Las organizaciones populares solidarias de subsistencia en la década de 1980 ................................. 6 2 La deuda de treinta años con la sociedad civil y sus organizaciones .................................................. 10 3 Una nueva oportunidad con el proceso constituyente: lecciones para leer el presente y construir el futuro ................................... 17 Referencias ................................................................................. 21 3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR PRESENTACIÓN 1 Desde enero de 2020, la vida cambió para los habitantes además, calificado, así como con un cierto tipo de trabajos del planeta. La aparición de un virus con carácter de pan- que puede realizarse de manera remota. demia ha cobrado millones de vidas humanas a la fecha, 2 tensionando y cuestionando los sistemas de salud, deterioCon un tercio del total del empleo, que es informal, con rando las economías y afectando las actividades económimuchas y muchos trabajadores dependientes de las áreas de cas, destruyendo fuentes de trabajo, aumentando la pobreservicios y de menores niveles de calificación, con millares de za, alterando modos de vida y la misma convivencia. Todo trabajadores de la construcción, restoranes, hoteles, centros esto ha acelerado procesos de transformación que estaban de esparcimiento, del transporte privado y escolar que quegerminando o ya estaban presentes, agregando aún más daron inactivos, no hay teletrabajo ni trabajo alguno. incertidumbre al curso de los próximos acontecimientos. No obstante este escenario, el gobierno reaccionó tarde. Por sobre todo, el virus ha puesto una lupa de aumento a la realidad social de desigualdades que, en mayor o menor medida, padecen los países, y frente a la cual las capacidades estatales y de gobiernos para mitigar los impactos y proporcionar protección social, son más bien la excepción Desde el poder ejecutivo surgieron lentamente algunas iniciativas legislativas que no daban cuenta del universo poblacional realmente afectado por la paralización de buena parte de las actividades económicas, excepto las esenciales y que eran las únicas autorizadas para seguir funcionando. y no la regla. Especialmente, en América Latina, la región más desigual del mundo. La emergencia clamaba por medidas urgentes, la contagiosidad del virus obligaba a pensar creativamente medidas que Dentro de la región latinoamericana, Chile, con su recorrido de progresos de los últimos 30 años de democracia, ha evidenciado sus fragilidades. También, ejemplarmente, algunas fortalezas. impidieran trámites presenciales para acceder a los apoyos monetarios, y los soportes económicos a los hogares debían ser los mismos cualquiera fuese la fuente de ingresos perdida o disminuida. Sin embargo, las medidas se demoraron, los aportes discriminaron según fuentes laborales, benefi Sus fragilidades surgen demasiado pronto y masivamente. Con el comienzo de la pandemia en marzo, para muchos trabajadores –especialmente, para las mujeres trabajadoras–, las restricciones sanitarias han implicado una considerable sobrecarga de trabajo, pues al teletrabajo, que se expande con el confinamiento obligado –y se ha mantenido aun sin cuarentena–, se suma el quehacer doméstico y el cuidado de hijos e hijas con las escuelas cerradas, así como también el cuidado de otros miembros no autovalentes en los hogares. ciando de distinta manera a quienes podían acceder a los requisitos; las exclusiones fueron muchas y los montos que finalmente llegaron a los hogares fueron insuficientes para cubrir necesidades básicas. Todo esto condujo a la inédita medida legislada por una amplia mayoría en el Congreso de autorizar el retiro de un 10% de los ahorros individuales en fondos de pensiones, a pesar de la oposición del gobierno, que se vio sobrepasado incluso por sus propias bancadas parlamentarias. Pocos meses después y justo cuando estamos concluyendo este documento, el Congreso está discutiendo un proyecto para un segundo retiro por la apremiante situación que se mantiene en los hogares. Pero esto no se vive de la misma manera en un país tan desigual. El teletrabajo se relaciona con el empleo formal y Un reciente informe revela que, a octubre de 2020, tras ocho meses de iniciada la pandemia en Chile, son los y las 1 Quiero agradecer el interés de la Fundación Friedrich Ebert trabajadores quienes han concurrido mayoritariamente con por encargarme este trabajo, que surgió a propósito de la resus propios fondos a enfrentar la crisis, con cerca de 17.500 ciente reedición de dos libros de nuestra autoría de la década de 1980 por parte de LOM Ediciones: Hambre+ dignidad= Ollas comunes, PET, 1986; y Organizarse para vivir. Pobreza urbana y organización popular, PET, 1987. Para la reedición millones de dólares(provenientes del primer retiro del 10% de los ahorros individuales en los fondos de pensiones y de sus cuentas del seguro de cesantía a través de la Ley de ambos libros escribí un prólogo que fue posible por este apoyo de la Fundación Ebert. Dicho prólogo, que titulé«La historia nos visita», me permitió reencontrarme con la experiencia de las organizaciones populares surgidas en dictadura de Protección del Empleo), mientras que el fisco ha apor tado menos de un tercio(5.000 millones de dólares), para ayudas sociales directas, tales como: Bono COVID, Ingreso como respuesta a la crisis de aquellos años, para examinar el presente tras un recorrido de más de treinta años de demo cracia, y frente a otra crisis de proporciones aún más severas Familiar de Emergencia(IFE), Bono Clase Media, entre otros (Observatorio PS-Igualdad, 2020). que la de entonces. Este texto retoma el prólogo mencionado y lo problematiza a partir de las exigencias del actual momenBastaron algunas semanas de confinamiento con cuaren to constituyente. tenas obligatorias y drásticas medidas sanitarias sin un su2 Más de 50 millones de personas contagiadas y más de ficiente acompañamiento de protección de ingresos en los 1.200.000 fallecidas al 10 de noviembre de 2020. 4

PRESENTACIÓN hogares, para que reaparecieran las ollas comunes, como un fantasma del pasado que pensamos jamás volveríamos a ver después de la crisis de la década de 1980, en plena dictadura. En el Chile de aproximadamente 25 mil dólares de ingresos per cápita ha reaparecido el hambre, la más básica de las necesidades. No hay cifras actualizadas de pobreza desde 2017, pero no existe mejor indicador de su expansión que el surgimiento de estas organizaciones comunitarias solidarias, que proveen alimentación a millares de hogares a lo largo del país. Estas nuevas ollas comunes representan, por un lado, una expresión de la vulnerabilidad y desigualdad agudizadas con la emergencia sanitaria y su consecuente crisis social y, por el otro, un rostro esperanzador en estas circunstancias: el despertar de la dormida disposición solidaria y capacidad organizativa, especialmente de los sectores populares. A esta realidad hacemos referencia cuando señalamos que hay ejemplos esperanzadores en medio de esta catástrofe sanitaria y económica, una fortaleza social de la que es necesario dar cuenta. Si bien no existe un catastro nacional de ollas comunes, distintos organismos no gubernamentales y fundaciones, así como algunos servicios públicos arrojan datos parciales de su existencia en todo el territorio nacional. 3 En el momento de mayor contagiosidad y en plena cuarentena se llegó a hablar de hasta un millar de ollas comunes a lo largo del país, con más de una cuarta parte de ellas en la Región Metropolitana. Reportajes televisivos y de medios escritos dieron cuenta de muchas de estas experiencias. Testimonios directos de encargadas de ollas comunes mencionando, además, el incremento de raciones diarias en los meses más críticos del invierno por una creciente demanda de vecinos ante la urgencia de contar con un plato de comida caliente en su mesa. Gracias a la existencia de estos catastros parciales, de manera casuística se sabe que, si bien ha disminuido el número de raciones que han estado distribuyéndose desde que se legisló el retiro del 10% del ahorro individual de los fondos de pensiones administrados por las AFP, lo cierto es que aún se mantienen muchas ollas comunes y, en varios casos, algunas de las que han cesado sus actividades de preparación de alimentos, se mantienen como organizaciones para prestar otros servicios sociales en sus respectivas comunidades. Así como en la década de 1980 surgieron estas mismas formas de organización como estrategias organizadas de subsistencia en condiciones de extrema precariedad, en el contexto de una dictadura que desconfiaba y perseguía toda forma de actividad colectiva, treinta años más tarde reaparecen en un contexto democrático y con otra severa crisis, para solventar necesidades básicas. Las ollas comunes de entonces transitaron de la necesidad a la rearticulación del tejido social, como respuesta a la fragmentación impuesta por la represión, trascendiendo la necesidad que les daba origen. Las ollas comunes que nacían producto del hambre se transformaban en espacios de iniciativas colectivas más integrales y con vocación democrática, a partir de la primaria satisfacción alimentaria. Las de hoy, siendo una respuesta espontánea y solidaria frente a la necesidad de la alimentación, tienen a la base un antecedente político reciente, como fueron las respuestas de rearticulación en sectores populares a partir del estallido social de hace un año. Cabildos, conversatorios, encuentros en sedes y plazas a lo largo del territorio y en las comunas debatiendo el inicio de un proceso constituyente acordado el 15 de noviembre del 2019, fueron el detonante de formas de rearticulación social en sectores populares durante todo el verano, hasta que llegó la pandemia. Las ollas comunes de hoy en parte responden a este fenómeno reciente, en parte, a la reactivación de nuevos roles de organizaciones funcionales tradicionales tales como las juntas de vecinos, y también, de manera espontánea, por la iniciativa de algunas familias sin antecedentes organizativos previos. Estos distintos orígenes y su tránsito en estos meses, que surgen de la información casuística de fundaciones y organizaciones que colaboran con las ollas comunes y con otras formas de organización surgidas en esta crisis, deben ser exploradas en mayor profundidad, ameritando estudios en terreno, como aquellos realizados en la década de 1980, y luego recogidos en los dos libros de nuestra autoría, recientemente reeditados para su distribución y disponibilidad gratuita por parte de LOM Ediciones y EUROsociAL: Hambre+ Dignidad= Ollas comunes, y Organizarse para vivir. Pobreza urbana y organización popular. 4 ¿Qué hay en común entre ese ayer y hoy y cuáles son las diferencias? Es necesario formularse dichas preguntas, para extraer algunas conclusiones ante el momento constituyente que estamos viviendo y en que este fenómeno nos interpela. Repensar la sociedad en la que queremos vivir, el nuevo pacto que nos permita(re)construirnos como comunidad, requiere explorar estos fenómenos. Aún con la escasa información disponible de la realidad actual en plena emergencia sanitaria y crisis social, pero con base en las lecciones que nos deja la experiencia de un fenómeno similar en otra crisis, como fue la década de 1980, y la reflexión de la evolución de las organizaciones con posterio ridad a la dictadura, este artículo intenta al menos formular algunas hipótesis e interrogantes para hacernos cargo de las dos grandes definiciones que este momento constituyente nos pone por delante: cómo asegurar el bienestar(“bien común”, dicen algunos) en una sociedad que transite de la desigualdad a la garantía de derechos y cómo fortalecer una democracia que, severamente cuestionada en su representación, debe hacerse cargo de la ausencia de participación. 3 Como el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte; la Fundación Vértice; la organización Cuchara de Palo; la Fundación Todos a la Mesa; www.portodas.cl; en4 En adelante,“Hardy(2020a)” y“Hardy(2020b)”, respectiva tre otras. mente. 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR I LAS ORGANIZACIONES POPULARES SOLIDARIAS DE SUBSISTENCIA EN LA DÉCADA DE 1980 Tanto Hambre+ Dignidad= Ollas comunes, como Organizarse para vivir. Pobreza urbana y organización popular, reeditados este año como libros electrónicos, fueron ela borados y publicados en la década de 1980 por el Programa de Economía del Trabajo, PET, que formaba parte de la Academia de Humanismo Cristiano, entidad que albergó numerosos programas de análisis, reflexión y acción en di versas áreas de la realidad nacional durante los duros años de la dictadura. Proscritas las ideas y la reflexión crítica en las universidades y, por cierto, vetados y expulsados de la vida universitaria sus portadores, el mundo académico democrático construyó sus propios espacios, que pasaron a denominarse Organizaciones No Gubernamentales(ONG). Quienes se quedaron en Chile, sumados a quienes fueron regresando paulatinamente de exilios en diversas partes del mundo, se encontraron en distintos centros de estudios en los que se produjo una riquísima actividad intelectual y de investigación. Para 1988, existían 49 de estos centros privados con 664 profesionales. De estos profesionales, 134 poseían posgrados en Europa y Estados Unidos(Puryear, 2016). Como muy bien recoge el libro ONG en dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta, editado por Cristina Moyano y Mario Garcés, 5 que hace el recuento de las experiencias ONG, hubo dos tipos de estos espacios: los que, siguiendo la tradición académica, centraron sus esfuerzos en la elaboración intelectual más bien clásica, conformando un nutrido grupo de intelectuales que, desde entonces y hasta hoy, han estado presentes en el debate intelectual nacional(FLACSO y CIEPLAN, por mencionar dos centros emblemáticos), y aquellos otros que se inclinaron por una estrategia de construcción analítica y de reflexión crítica de la realidad a partir de la acción en terreno con actores y organizaciones sociales. 6 Su sello característico fue la realización de investigación-acción o investigación participativa que, junto con el análisis de la realidad, colaboraba con actores y organizaciones sociales para el cambio en un horizonte de construcción democrática de base. Este segundo tipo de ONG, a diferencia de las primeras, en opinión de los editores del libro de referencia, jugó un nuevo rol de intelectual colectivo, enlazando la investigación con la promoción social, una experiencia sin precedentes en la actividad intelectual y académica anterior a la dictadura. Experiencia que, me atrevo a agregar, no ha sido replicada tampoco con posterioridad. Si bien todas las ONG tuvieron una importante incidencia en la lucha democrática contra la dictadura y en la elaboración de las bases programáticas para la reconstrucción democrática posdictadura, vinculando el quehacer intelectual con la política –retomando un fenómeno propio de los agitados años universitarios y de la vida académica de la dé cada de 1960, en Chile–, aquellas que, como el PET, dedicaron sus esfuerzos a la investigación-acción, adicionalmente formaron parte de un fenómeno que empezó a gestarse en la segunda mitad de la década de 1980: la reconstrucción de un tejido social comunitario, de base popular, especialmente en las zonas urbanas. El Programa de Economía del Trabajo o PET se fundó en 1978, pero su mayor actividad investigativa y de acción en terreno, así como sus publicaciones, se desarrolló en la década de 1980. Figura clave en el PET fue su director Hum berto Vega Fernández, quien lo encabezó hasta que, en 1990, ingresó al gobierno de Patricio Aylwin. Es imposible hablar del PET sin rendirle un homenaje a Humberto. Falle ció prematuramente, sin poder asistir a este resurgimiento de organizaciones populares y al fortalecimiento del mo5 Investigación de reciente publicación a la que fui invitada como comentarista y que recomiendo porque rescata el interesante fenómeno de producción intelectual y programática que sustentó la lucha democrática en plena dictadura, otorgándole densidad de ideas a los partidos proscritos que, junto con las movilizaciones sociales, promovieron la ofensiva por el 6 Entre otros, PIIE y CENECA, fundados en 1977; PET, en 1978; retorno a la democracia. SUR, en 1979; ECO, en 1980; CED, en 1981. 6

LAS ORGANIZACIONES POPULARES SOLIDARIAS DE SUBSISTENCIA EN LA DÉCADA DE 1980 vimiento sindical, que tanto motivaron su compromiso y pecialmente alimentario, siendo las más masivas las ollas conducción institucional en aquel PET de los ochenta. comunes. 10 Los dos libros reeditados que sirven de antecedente a este análisis, fueron parte de un trabajo más amplio, que se desarrolló en una de las dos áreas de investigación-acción del PET: el área de Organizaciones Económicas Populares, co nocida por sus siglas OEP. 7 Más allá de que se pueda discutir el marco teórico subyacente a las así denominadas OEP, 8 el gran mérito de esta área investigativa fue visibilizar un fenómeno que tradicionalmente quedaba en las sombras: el mundo popular ur bano, pues la política había subestimado hasta entonces(y en eso no varía gran cosa posteriormente, en democracia, hasta muy reciente data) a cualquier actor organizado que emergiera al margen del sindicalismo, considerado el actor del cambio por las ciencias sociales y por los intelectuales desde la temprana industrialización chilena. Sin embargo, los datos son elocuentes. Mientras cerca del 15% de la población que habitaba en áreas urbanas populares en esas fechas participaba de distintas formas de organización social ligadas a la subsistencia, el sindicalismo no lograba afiliar al 10% de los trabajadores sindicalizables (Hardy, 2020b, p. 76). Aun cuando no son comparables ambos tipos de organización, ni estaban sometidas a las mismas restricciones, la evidencia de la década de 1980 apunta en la dirección del surgimiento de un actor social nuevo, de base popular y urbana, relevante cuantitativamente. Y, además, cualitativamente, como lo revelan los contenidos de ambos libros. El catastro realizado en la investigación de las organizaciones populares de los ochentas desplegado en los libros reeditados, muestra que solo en el área metropolitana de la capital 9 existía un total de 1.383 organizaciones de subsistencia en 1986. Sus miembros activos bordeaban las 50 mil personas, con casi 200 mil beneficiados organizados. En menos de cinco años, desde 1982(cuando se desata la crisis económica), hasta la redacción de ambos libros, se triplicó el número de organizaciones de subsistencia y la población integrada a estas experiencias creció más de ocho veces, aumentando el tamaño de las organizaciones y su capacidad de convocatoria. Las organizaciones abandonaron su carácter circunstancial y se fueron consolidando. Entre los distintos tipos de organizaciones catastradas, las que dominaban eran aquellas asociadas al consumo, es7 La otra área de investigación-acción estaba centrada en el mundo del trabajo y sindical. 8 Cuyo principal exponente es el economista Luis Razeto, quien ha producido una vasta literatura de reflexión teórica sobre la economía solidaria y su rol como respuesta al modelo neoliberal. Para un análisis sobre esta materia, ver el capítulo escrito por Enrique Gatica, El Programa de Economía del Trabajo (PET) y las Organizaciones Económicas Populares(OEP), en Moyano y Garcés(2020). 9 Por las restricciones políticas y tecnológicas de esa época, era imposible realizar un catastro de carácter nacional, pero los datos de la Región Metropolitana son suficientemente signifi cativos. Desconocer esa realidad hubiera sido desconocer uno de los fenómenos más interesantes que se produjo durante la dictadura militar. El punto de partida fue la crisis de 1982, que disparó las cifras de desempleo e incrementó los niveles de pobreza, sobre todo, de la pobreza extrema. Recogiendo el análisis de uno de los libros más conocidos y citados en materia económica de la dictadura, escrito por el premio nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Ricardo Ffrench-Davis (2018), hay un punto de inflexión en 1982, en el que se transita del primer período de conducción económica de la dictadura militar a un segundo período, con soporte de economistas civiles, todos ellos entusiastas neoliberales, conocidos como los Chicago boys. Esa segunda fase, iniciada a partir de la crisis de 1982, implicó poner en plena vigencia el tramado neoliberal sancionado por la Constitución Política de 1980, tras un plebiscito fraudulento con todo el poder en manos militares. 11 Liberalización comercial, incremento sustancial de exportaciones y la consiguiente contracción de las manufacturas condujeron a una alta mortalidad de empresas. Junto con la privatización de la seguridad social, la educación y la salud, nacía un sector empresarial modernizado, los triunfadores del modelo, a costa de muchísimos perdedores. Con la muerte de muchas empresas se destruyeron empleos, se produjo un fuerte retroceso distributivo y la desigualdad aumentó. 12 En los años de publicación de la primera edición de am bos libros, según cifras oficiales de las series de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación era de 12,1% en 1986, y de 11,7% en 1987, con una tasa de participación laboral muy baja, en torno al 50%. 13 Datos elaborados en el PET, a partir de información oficial de la época, nos llevaron a afirmar que“la desocupación real(cesantes, PEM y POJH, más trabajadores eventuales en pololitos y empleos marginales) alcanza al 40% de la fuerza de trabajo”(Hardy, 2020a, p. 51). La pobreza, en su mayor parte, por lo demás, pobreza extrema, es decir, con ingresos que ni siquiera alcanzaban para satisfacer las necesidades alimentarias, alcanzaba a más de cinco millones 10 Los tipos de organizaciones populares de subsistencia se agrupaban en: organizaciones laboral-productivas: 30%(que in tentaban generar ingresos, como los talleres artesanales, tan conocidos por sus arpilleras artísticas de denuncia); organizaciones para el consumo, especialmente alimentario: 36.9% (además de las ollas comunes, la experiencia Comprando juntos, los comedores populares); organizaciones de servicios sociales: 29,6%(especialmente, en torno a la vivienda para allegados y de salud comunitaria) y las menos numerosas organizaciones laborales reivindicativas: 3.4%(agrupaciones de trabajadores eventuales). 11 Un análisis acabado, que fundamenta la afirmación de una Constitución fraudulenta, impuesta en dictadura, se puede leer en Claudio Fuentes(2013). El fraude. Santiago de Chile: Hueders. 12 Si el índice de Gini en la década de 1970 era de 0.489, en los ochenta se elevó a 0.567(Ffrench-Davis, 2018, p. 24). 13 Se ha escogido esta serie trimestral para poder comparar más adelante con la última serie del INE del trimestre móvil julio-septiembre de 2020, al momento de redactar este artículo. 7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR de chilenos. Adicionalmente, y como reflejo de su impacto más dramático, se añadía que“de cada diez niños cerca de la mitad padece desnutrición”(Hardy, 2020a, p. 51). Este es el contexto económico que dio origen a las organizaciones populares de subsistencia y la razón de su expansión en la segunda mitad de la década de 1980. Las más masivas, las ollas comunes, fueron capaces de desafiar la vergüenza que provocaba la admisión pública del hambre al tener que recurrir abiertamente a estas iniciativas y, más todavía, de desafiar el miedo que implicaba formar parte y activar organizaciones, consideradas siempre como una amenaza por la dictadura, sobre todo cuando a partir de 1983 comenzaron las protestas sociales que continuaron durante toda la segunda mitad de los ochenta hasta el final del régimen autoritario. Ambos libros recogen testimonios de participantes y dirigentes de estas organizaciones que hacen referencia explícita a ambas condiciones, vergüenza y miedo, hasta que la organización trasforma la vergüenza en orgullo de solventar dignamente las necesidades básicas de los hogares, especialmente asegurando al menos un plato caliente de comida para los más vulnerables, los niños y niñas, y el miedo transita hacia un sentido de identidad comunitaria y pertenencia a un colectivo que rompe la sensación de desaliento e indefensión individual. La proliferación de estas organizaciones y el creciente número de sus miembros, así como su permanencia en el tiempo y los testimonios recogidos en ambos libros, demuestran que estas organizaciones comunitarias y solidarias, nacidas en torno de la necesidad, finalmente trascienden esa esfera, contribuyendo a reconstruir el tejido social que, roto por la fuerza de la represión desde el golpe militar, así como por la desesperanza de la exclusión, logran superar esas barreras para comenzar a restituir un sentido de comunidad. Se produce así, como efecto no previsto, un lento pero consistente proceso de toma de conciencia de factores explicativos más estructurales del empobrecimiento y la exclusión y, por lo mismo, se empieza a dejar atrás la resignación y el fatalismo, para pasar a construir expectativas de que hay algún horizonte o futuro posible y que este, por lo demás, no está escrito, sino que hay que escribirlo. Esa fue la trayectoria de estas organizaciones durante la segunda mitad de la década de 1980, cuyo proceso se narra en ambos libros citados. Había, pues, un lazo entre las organizaciones de subsisten cia y el deseo del cambio, constituyendo este nuevo tejido asociativo comunitario otra forma de luchar por la democracia, distinta a la que inspiraban las organizaciones reivindicativas y contestatarias de la época. Además, estas organizaciones populares fueron una escuela de ejercicio de democracia interna. Las decisiones se adoptaban en asambleas, los liderazgos se elegían periódicamente y se rotaban los cargos, habida cuenta de que ellos no reportaban poder alguno sino tareas y responsabilidades. Se elaboraban reglamentos internos, dándoles seguimiento para su cumplimiento. Había compromisos de aportes o cuotas en dinero, según la capacidad y posibilidad de cada familia, los que se suplían con más trabajo en la organización, cuando los primeros escaseaban. En ausencia de una institucionalidad democrática a nivel nacional, sin debate ni deliberación pública, con severo control estatal de la información y las comunicaciones, la participación en estas organizaciones permitió el intercambio de puntos de vista, deliberar e informarse más allá de las materias propias del quehacer de cada tipo de organización. Otro de los aspectos más destacables de estas experiencias es la centralidad de la participación de mujeres. Su presencia no solo era abrumadoramente mayoritaria, sino decisiva. A diferencia de las organizaciones tradicionales, de carácter más bien reivindicativo y basadas en modelos de representación que convocaban una participación casi exclusivamente masculina, estas nuevas organizaciones de subsistencia eran de gestión y para abordar de manera práctica necesidades del diario vivir, constituyendo un espacio más propicio para la participación de mujeres. Después de todo, eran una especie de extensión de las labores tradicionalmente asumidas como propias de las mujeres en el ámbito doméstico, como son el cuidado y la alimentación. Muchos testimonios recogidos durante el proceso de investigación, que se plasman en ambos libros, apuntan en esa dirección, pero con un agregado que hace la diferencia. Sin duda, cocinar, alimentar, comprar víveres, coser, tejer y bordar son acciones que se realizan en el espacio doméstico como rutina habitual. Salir del encierro y de la privacidad de la casa para hacerlo colectivamente, en el espacio de una organización, con horarios fuera del hogar y teniendo además que tomar decisiones mayores, manejar recursos y administrar dineros, dirigir equipos y grupos de trabajo, genera una tremenda diferencia. El impulso inicial que llevó a las mujeres a tomar la decisión de romper la inhibición del trabajo fuera de la casa, de superar el sentimiento de vergüenza al explicitar su precariedad económica y atreverse a participar de una organización a pesar del miedo, nacía de algo profundamente vital: la imperiosa sobrevivencia de los hijos. Recurrentes fueron los relatos de cómo los hombres se venían abajo, sicológicamente quebrados por el desempleo, que anulaba su papel de proveedor, dañando su autoestima, en tanto ellas pasaban a ser testigos de cómo la cesantía de los hombres los desmoralizaba y los dejaba, en el mejor de los casos, de brazos cruzados y con frecuencia bebiendo alcohol en exceso. En ese cuadro, no cabía otra opción. Era decisivo organizarse para subsistir. Del total de las organizaciones solidarias de subsistencia, en el 93% participaban mujeres y en el 60.4% solo participaban mujeres(solamente en un 6.4% de estas organizaciones había exclusivamente hombres). Pero es en las ollas comunes donde el fenómeno de la feminización de la organización fue más visible. Salvo en una sola olla de las catastradas con mayor participación de hombres, en el 72.9% de las ollas comunes solo participaban mujeres, advirtiéndose una participación mixta en el 26.6% restante. 8

LAS ORGANIZACIONES POPULARES SOLIDARIAS DE SUBSISTENCIA EN LA DÉCADA DE 1980 Tanto o más relevante que su amplia participación, son los roles dirigentes que asumieron las mujeres, quienes fueron construyendo nuevas habilidades y capacidades de gestión, por una parte, permitiendo, por otra, la socialización de ideas atingentes a la situación del país y a la lucha democrática que se desarrollaba más abiertamente en las poblaciones desde 1983. Del total de las directivas constituidas en todas las organizaciones populares de subsistencia, el 82% eran lideradas por mujeres. En el trabajo de terreno me tocó acompañar infinidad de veces a aquellas mujeres, cociné en algunas ollas y me senté en los talleres de artesanía tratando de aprender algo de sus habilidades, asistí a sus asambleas, compartí con sus familias, especialmente, con sus hijos, que eran de la edad de los míos, y concurrí con muchas de ellas a los consultorios de salud, solicitando que se pesara a los niños y niñas para evaluar su estado nutricional. Más de alguna vez nos cuidamos mutuamente cuando advertimos la presencia de automóviles con personal de la CNI 14 tras nuestros desplazamientos, con el propósito de amedrentarnos y hacernos saber que estaban al tanto de nuestras actividades. Además de todo esto, fui testigo de las transformaciones vitales que experimentaron las mujeres a través de su participación en estas organizaciones. Las primeras voces que escuché expresando que un trabajo no remunerado es igualmente un trabajo, pertenecían a muchas de estas mujeres al hacer un balance de su esfuerzo solidario en las ollas comunes. De ahí a revalorizar el trabajo doméstico en igual perspectiva había un corto paso. Hubo un descubrimiento –que no fue el resultado de ninguna declaración feminista ni de ningún marco teórico elaborado por algún intelectual–, de que las tradicionales tareas de cuidado y de labores domésticas tenían igual valor que los trabajos remunerados de sus parejas y que, ahora cesantes, ellos tenían que darse cuenta de la importancia de las mujeres en la sobrevivencia familiar. En la práctica, se alteraron las relaciones intrafamiliares, cambiaron conductas y roles. Si los hombres tuvieron que lidiar con su resentida autoestima por la imposibilidad de proveer, las mujeres crecieron en autoestima por asumir esta nueva responsabilidad de proveedoras, antes reservado en exclusiva al jefe de hogar. Los hijos e hijas apreciaron esos cambios en sus hogares y, como además en ocasiones acompañaban a sus madres a las asambleas de organización de actividades y a la posterior implementación de las mismas, adquirieron una nueva perspectiva sobre los roles de la mujer. No nos sorprendamos por el hecho de que treinta años des pués esa memoria se manifieste en nuevas ollas comunes que surgen en medio de la crisis sanitaria y social producto del COVID-19, y que haya habido un traspaso generacional de experiencias y de valoraciones positivas hacia la organización y el trabajo comunitario solidario. Tanto las organizaciones populares, como las mujeres han sido invisibles en la historiografía de la lucha democrática que se desarrolló en nuestro país durante la dictadura y, en especial, en la segunda mitad de la década de 1980. Tan invisible como la contribución que, hasta el día de hoy, efectúa el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres en las economías familiares y, por extensión, en la economía nacional. Treinta años después, la invisibilidad continúa, así como la ausencia de reconocimiento político protagónico de las organizaciones sociales, especialmente populares, al menos hasta muy recientemente, en que fue potenciado por el estallido social de finales del 2019 y, actualmente, por la pandemia. A pesar de avances innegables, el rol político de las mujeres(cuya participación sigue siendo minoritaria, de todos modos), 15 y su rol en la economía, ha obtenido más un reconocimiento retórico que sustantivo, como lo revela la actual emergencia sanitaria y social con la sobrecarga del cuidado privado, que recae sobre los hombros de las mujeres y también en su trabajo solidario comunitario que, al igual que entonces, tiene a las mujeres de protagonistas en las ollas comunes. Datos y testimonios, cifras y descripciones de actividades, narraciones de modalidades de gestión y de formas de toma de decisiones, liderazgos e iniciativas colectivas transversales, vidas familiares y entornos, han sido recogidos exhaustivamente en los dos libros que abordan la organización popular en la crisis de la década de 1980, intentando socializar la cruda realidad de esa época, pero sobre todo la atmósfera social de esos tiempos duros. En las ollas comunes se cocinaba en fogones a leña, haciendo que los fondos de aluminio se ennegrecieran con el paso de los días. A lo más, algunos techos frágiles protegían de las lluvias, pues se cocinaba a la intemperie y en piso de tierra. Las asambleas se realizaban en sedes facilitadas por iglesias con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad y el frío calaba los huesos en el invierno. Todo este tramado social de energías solidarias emergía en total ausencia de un Estado que, reducido entonces a su mínima expresión en su rol social protector, se hallaba al servicio de la represión de cualquier forma de organización y liderazgo. Organizarse en dictadura y con una precariedad sin límites, es parte de una historia que, por más que se quiera comparar con la realidad actual de las organizaciones populares, es importante conocer en sus diferencias, para poder extraer aquello que sí permita la comparabilidad. 14 Central Nacional de Información, creada en 1977 después de la disolución de la temible DINA(Dirección de Inteligencia Nacional), por presión estadounidense tras el asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en su territorio. La CNI existió hasta 1990 y, al igual que su predecesora, fue la policía política y el organismo de inteligencia de la dictadura responsable de perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer a disidentes y opositores de la dictadura de Augusto Pinochet. 15 Solo alterada recientemente, y de manera excepcional, con la reforma que habilita una convención constitucional paritaria para redactar la nueva Constitución: paridad en la composi ción de dicha convención y no solo en las candidaturas. 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR II LA DEUDA DE TREINTA AÑOS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ORGANIZACIONES Con la llegada del primer gobierno elegido democráticamente al término de la dictadura en 1990, la gran tarea nacional de asegurar el afianzamiento de la democracia ante la amenaza siempre posible de una regresión autoritaria, 16 se acoplaba con la urgencia de enfrentar el feroz legado de pobreza y exclusión heredados del régimen de Pinochet, que golpeaba con especial dureza a los cinco millones de ciudadanos en situaciones de pobreza e indigencia. Replicando iniciativas similares ensayadas en otros países latinoamericanos que comenzaban a dejar atrás regímenes dictatoriales con similares secuelas de empobrecimiento y exclusión social masivos, surgió en 1990 –desde el comienzo del gobierno de Patricio Aylwin–, la iniciativa de constituir el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, con sus conocidas siglas FOSIS, como un instrumento especializado para abordar de manera innovadora respuestas de superación de la pobreza. 17 La innovación estaba pensada en dos sentidos: por una parte, constituir el FOSIS como un servicio público que, con recursos fiscales(en esos momentos, también de la coo peración internacional, que financiaba diversos proyectos para apoyar el proceso democratizador en el país), pudiera actuar de manera ágil y flexible con la propia comunidad, apoyando financiera y técnicamente el desarrollo de pro yectos de superación de la pobreza; por la otra, ensayando iniciativas innovadoras locales y a pequeña escala, para que, una vez probada su eficacia, pudieran ser replicadas más masivamente por los ministerios sociales, como parte de una política pública más universalista. El FOSIS se dedicó a la tarea inmediata, en su primera etapa, de apoyar iniciativas de las propias comunidades en la solución de sus necesidades, a la espera de acumular la suficiente densidad de experiencias como para traspasarlas al sector público y consagrarlas como parte de las políticas sociales. 16 No olvidemos que nuestra transición a la democracia se produjo con Augusto Pinochet presente y activo en su condición de Comandante en Jefe del Ejército, cargo que ejerció hasta 1998, para asumir como senador vitalicio. 17 Todas las referencias que se harán en esta parte al FOSIS y su trayectoria son fruto de mi propia experiencia, habiendo sido parte del equipo fundacional. Sin embargo, no existe documentación de este proceso, de modo que es primera vez que este análisis aparece por escrito. A partir del trabajo del PET y de otras organizaciones no gubernamentales en contacto con las prácticas urbanas y rurales de quienes experimentaban condiciones de pobreza y buscaban respuestas organizadas de solución a sus necesidades, en la creación del FOSIS se plantearon algunos criterios centrales a ser priorizados como parte de una estrategia pública de superación de la pobreza, esta vez con soporte del Estado y recursos fiscales. Esos criterios fueron compartidos por el primer equipo que asumió responsabilidades en esta nueva institución, que dependía del Ministerio de Planificación y Cooperación, conocido como MIDEPLAN. Como punto de partida, cómo entender, conceptualizar y caracterizar la pobreza. Por una parte,“la pobreza constituye un modo de vida, son relaciones de personas entre sí y con sus distintos recursos. La pobreza son pautas culturales que suman percepciones sociales, expectativas de lo deseable y respuestas posibles de confrontación con la diaria subsistencia”(Hardy, 2020b, p. 52). Así mismo, la pobreza en su carácter multidimensional se vive como exclusión integral, en un espacio territorial que, en esas épocas, era el resultado deliberado de una estrategia de segregación espacial que había implementado la dictadura y que dibujó una ciudad segregada, liberando terrenos en ciertas zonas y comunas que adquirían alto valor, al mismo tiempo que concentraba la pobreza en zonas periféricas, fuera de la vista. Ante esta situación, las familias respondían con estrategias individuales o familiares de subsistencia y establecían redes de apoyo informales con sus pares hasta que de ahí derivaban en una mayor formalización a través de estrategias organizadas de subsistencia. Las primeras siendo de carácter defensivas, mientras las colectivas son propositivas (Hardy, 2020b, pp. 56 a 69). De lo anterior, se desprendía la necesidad de promover una acción pública basada en un apoyo no individual como estrategia de superación de la pobreza, sino colectivo, a través de sus organizaciones, con base territorial y, sobre todo, con su activa participación. Subyacía la idea, tal como los estudios e investigaciones en terreno realizados mostraban, de que quienes viven situaciones de exclusión han ensayado en las peores circunstancias estrategias de sobrevivencia, transitando de las frustrantes o limitadas respuestas individuales centradas en 10

LA DEUDA DE TREINTA AÑOS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ORGANIZACIONES las familias, a estrategias más colectivas, organizadas y basadas en la solidaridad, con mejores resultados, siendo valoradas por quienes sustentaban esos esfuerzos colectivos. tes de las comunas más empobrecidas de la capital, fueron atendidas por diligentes mozos que les servían la comida. Era necesario fomentar dicha capacidad de respuesta desde el inicio de la transición a la democracia como un aspecto central de la política pública de superación de la pobreza. Se había constatado en los trabajos de investigación-acción que cuando las iniciativas nacen participativamente se adquiere un mayor compromiso con los procesos, con los recursos y las metas. Si eso había sido posible con escasísimos recursos, cuánto más se podría potenciar esta vez con el soporte fiscal que la dictadura había amputado, retomando el Estado un rol del que había abdicado. Se adhirió así a la decisión de apoyar estrategias de salida de la pobreza con base en la iniciativa organizada de quienes la padecen, forjando sus propios caminos de desarrollo, alcanzando esta mirada, asimismo, el tipo de democracia participativa que se necesitaba reconstruir. Los primeros programas se orientaron a lo que había sido emblemático en el periodo de la dictadura: la obstinada decisión de organizarse ante la más básica y esencial de las necesidades. Se estimularon fiscalmente iniciativas de apoyo alimentario, especialmente destinados a infancia y adultos mayores, en distintas comunas de mayor concentración de pobreza con el trabajo de las mismas ollas comunes, pero esta vez con otra infraestructura y ampliando la cobertura, de modo de abordar el problema de la desnutrición y malnutrición, todo ello como un complemento de los programas alimentarios estatales 18 y como anticipo del posterior apoyo a la reconversión de las ollas comunes en microempresas que pudieran ser parte de la provisión de alimentos elaborados para los estudiantes a través del sistema escolar. Se trataba de convertir las ollas en organizaciones que pudieran prestar servicios y además generar ingresos a las mujeres, las más castigadas con la cesantía. Pero tanto o más que los programas orientados a apoyar a las organizaciones de subsistencia surgidas en los ochenta en sí mismos, lo importante fue haberles dado una señal simbólica como un gesto de la naciente democracia con sus participantes y como reconocimiento a su labor. A los pocos meses de iniciado el primer gobierno de la transición, y organizado por el FOSIS, se invitó a dirigentes de todas las ollas comunes a un almuerzo en el patio de los naranjos del palacio de gobierno, La Moneda. En las mesas redondas desplegadas en dicho patio, se sentaron un centenar de dirigentes, casi todas mujeres; cada mesa incluía, además, a algún ministro u otra autoridad del primer gabinete del gobierno de Aylwin. Se intentaba dar la señal de que la política dialogaba como par con las organizaciones sociales, justo ahí donde el poder está instalado, en la sede de gobierno. Por primera vez en su vida, mujeres provenien18 El Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) del Ministerio de Salud y el Programa de Alimentación Escolar(PAE) del Ministerio de Educación. Probablemente, esa misma señal simbólica fue la que dio origen al programa más exitoso del FOSIS, logrando resultados notables. El programa Entre todos fue una apuesta participativa de desarrollo social con base local, en territorios particularmente rezagados y postergados, con altos niveles de pobreza en el país. Las comunidades debían organizarse, y a través de un proceso participativo en reuniones de asambleas, con una metodología apoyada por el FOSIS, priorizaban sus necesidades, así como los proyectos que debían resolverlas. Los proyectos priorizados y seleccionados democráticamente por las asambleas respectivas, resultantes de la deliberación colectiva serían financiados por el Estado y ejecutados por la propia comunidad o bajo su conducción, si se requirieran apoyos de entes más especializados. Por años se financiaron centenares, si no miles, de proyec tos a lo largo del territorio del país, mientras se fortalecía el trabajo comunitario, la organización ciudadana y el ejercicio democrático deliberativo. Un episodio permite calibrar el impacto real en las vidas de las comunidades a partir de estas iniciativas participativas. En la celebración del primer año de este programa Entre todos y en un diálogo con dirigentes de todo el país que asistieron a una evaluación de la experiencia, uno de ellos narró cómo lo había vivido su comunidad y qué evaluación hacían. Relató que su comunidad había realizado todo el proceso de priorización de sus necesidades, aprobando con amplia mayoría un proyecto para construir una pasarela por sobre sus caminos empedrados y de tierra, pues en el invierno y con las lluvias se anegaban y quedaban aislados. No podían transitar para acudir al servicio de salud más cercano, ni los estudiantes podían asistir a la escuela, que también estaba localizada fuera de la comunidad, agregando que en esas circunstancias tampoco podían salir a vender los productos agrícolas de los cuales subsistían las familias de la comunidad. El FOSIS había financiado esa pasarela y se habían resuelto esos problemas en el invierno que recién había terminado. El dirigente culminó su relato contando que, fruto del resultado del programa Entre todos se habían reunido en asamblea, decidiendo cambiar el nombre de su comunidad. Antes de contar con esa pasarela se llamaban Salsipuedes y ahora, unánimemente, su comunidad había decidido cambiarse el nombre a La Gloria. Una tras otra estas experiencias de respuestas participativas y organizadas para abordar las distintas dimensiones de una pobreza vivida integralmente por las comunidades en zonas urbanas y rurales, mostraban que allí había una riqueza de aprendizajes que debían ser tomados como modelos de estrategia por el conjunto del sistema público. No solo prosperaban las mejores iniciativas de solución a problemas reales, sino que se evidenciaba un fortalecimiento y consolidación de organizaciones sociales y de prácticas democráticas en un país que había pasado por 17 años de dictadura, con fragmentación social y relaciones verticales. 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR Pero este esfuerzo por irradiar más allá del reducido espacio que tenía este pequeño servicio público, no prosperó. Todo el impulso innovador y el entusiasmo participativo con base en la comunidad organizada encontró escollos desde el primer momento. Obviamente, no era esperable que hubiera alguna receptividad desde la derecha civil, que había cohabitado con el régimen militar y estaba desproporcionadamente representada en el Parlamento por el sistema electoral binominal, manteniendo muchos puestos en la administración del Estado, con plantas funcionarias inamovibles implementadas por la dictadura a su término. Al igual que en el período autoritario, esa derecha política observaba con sospecha la mera existencia de las organizaciones y nada le era más ajeno que la deliberación participativa ciudadana, máxime si provenía de sectores populares. Lamentablemente, esta postura no estaba circunscrita al mundo de la derecha. También una parte importante de los partidos de centroizquierda gobernante fue renuente a esta orientación. En ese escenario, el desafío del gobierno y de su coalición, por entonces la Concertación de Partidos por la Democracia –conocida como Concertación– 20 era demostrar que había capacidad para gobernar. Subyacía la idea de que fortalecer a las organizaciones sociales populares podía poner en riesgo la naciente democracia con demandas que desviaban la atención de lo fundamental, que era el tránsito exitoso a la democracia, y que podían poner en peligro la capacidad de conducción económica del gobierno. La desconfianza de ciertos sectores políticos hacia las or ganizaciones, en general, más aún si eran populares, el menosprecio de otros sectores políticos hacia este tipo no tradicional de organización, y las tensiones en las relaciones cívico militares, percibidas como de alto riesgo para el proceso de transición a la democracia, sumadas a la necesidad de legitimar la capacidad de conducción política y económica de la coalición gobernante, frenaron el esfuerzo de incentivar a las organizaciones de la sociedad civil con apoyo público y marcaron el tipo de democracia de baja intensidad participativa que nos ha acompañado por décadas. Aquellos que no habían vivido las experiencias de las ONG, prejuiciadamente les atribuían a estas orientaciones ser parte de una estrategia de la izquierda para orientar sesgadamente el proceso democratizador y acumular fuerzas. A su vez, también al interior de los partidos de la izquierda gobernante existía una corriente dominante, si no de rechazo, de desinterés respecto a estas experiencias, puesto que, a su juicio, estas organizaciones populares eran irrelevantes para el proceso democratizador. Quienes pensábamos que, por el contrario, estas organizaciones podían ser parte del sostén y garante de la democracia y de la nueva estrategia de desarrollo, fuimos minoría y no pudimos llevar adelante la orientación inicial y fundacional del FOSIS. Esto, en lo relativo a cómo se fueron comportando los gobiernos de centroizquierda desde la década de 1990 y cómo marcaron las orientaciones de las políticas públicas. Con el paso de los años y en las sucesivas adminis traciones del poder ejecutivo, el FOSIS fue institucionalizándose y especializándose en el apoyo a financiamientos para Siendo esa la percepción política dominante en cuanto a microemprendimientos, perdiendo su perfil fundacional. las organizaciones sociales, especialmente acerca de las organizaciones populares, haber cerrado la opción de fortalecimiento de las organizaciones y de los procesos de participación constituyó, sobre todo, el resultado de un cierto diagnóstico del contexto político y de las tareas del período adoptado por el conglomerado de partidos gobernantes y por el propio gobierno de esas fechas. Luego también lo sería de los que le siguieron. Junto con esta transformación, las organizaciones sociales también perdieron sustento, mutando y muriendo al amparo de una política social que había abandonado la idea de comunidad y las iniciativas asociativas con base territorial, fomentando la asignación de recursos y beneficios con cri terios de focalización individual y familiar. A la individualización propia de una sociedad mercantilizada inherente al modelo neoliberal, se agregó el ingrediente de una política El temor a una reversión autoritaria –comprensible para esa época, con Pinochet activo en las fuerzas armadas, enviando“mensajes” amenazantes para la naciente democra cia–, 19 y las tensas relaciones cívico-militares derivadas de la siempre presente figura de quien había encabezado el golpe de estado y el régimen dictatorial, formaban parte de pública y social basada en la focalización individual, desconectados los individuos de la comunidad en la que conviven sus pares. Se apoyaba a los individuos y a sus hogares con beneficios estatales, al mismo tiempo que se segmentaba a la sociedad, rompiendo lazos y tejido social, desvalorizando las potencialidades de la solidaridad. un escenario político que pesaba sobre las orientaciones del primer gobierno electo posdictadura y en parte importante de la dirigencia partidaria que lo acompañaba, integrando una coalición plural de partidos que no habían convivido fácilmente en el pasado y entre los cuales había un corto recorrido compartido en los últimos años de la dictadura. 19 Por ejemplo, el ejercicio de enlace en el primer año del gobier no de Patricio Aylwin(el 19 noviembre de 1990) y el llamado “boinazo”, del 28 mayo de 1993. 20 Coalición conformada inicialmente por 13 partidos que con el tiempo irían reduciéndose, desapareciendo varios de ellos. Esta alianza política de partidos de centro, de centroizquierda y de izquierda se mantuvo durante cuatro gobiernos sucesivos, entre 1990 y 2010. Con posterioridad a la entrada del primer gobierno de derecha posdictadura, en 2010(Sebastián Piñera 2010-2014), la Concertación languidece hasta dejar de existir, para dar paso a la Nueva Mayoría, que incorpora por primera vez al Partido Comunista. La Nueva Mayoría fue la coalición que dio sustento al segundo gobierno de Michelle Bachelet(2014-2018) y que, al término de su mandato y siendo relevada nuevamente por un gobierno encabezado por Sebastián Piñera, dejó de existir, sin ninguna otra coalición amplia que la haya reemplazado hasta la fecha. 12

LA DEUDA DE TREINTA AÑOS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ORGANIZACIONES Esta lógica imperante que, si bien discutible, pudiera haber tenido algún sustento político en los difíciles primeros años de la transición, dejó de tener fundamento cuando Pinochet y lo que representaba abandonan la escena política. Para entonces, sin embargo, la inercia estaba instalada, respondiendo a un ordenamiento que también se había producido en la institucionalidad política y al interior de los partidos que, crecientemente, fueron perdiendo nexos con las organizaciones sociales, realidad no muy distinta a la de otros países de América Latina, que transitaron a la democracia después de cruentas dictaduras y con altos niveles de pauperización: desactivación de las organizaciones so ciales o subordinación en tanto“ejecutores” de programas gubernamentales, por una parte, y, por otra, desconexión entre los partidos políticos y la sociedad civil, con especial énfasis en la marginación política; en algunos casos, cooptación de las organizaciones populares. En el balance de la década de 1990, este proceso de desactivación y debilitamiento de las organizaciones y del tejido social coincide con una reducción sostenida de la pobreza y su manifestación más extrema, la indigencia; aumentan las coberturas educacionales y el acceso a la salud, al tiempo que la desnutrición es erradicada. Los niveles de allegamiento y las viviendas precarias disminuyen con agresivos planes de vivienda social, que dan techo y acceso a servicios a miles de familias, si bien en condiciones de habitabilidad muy reducidas. Se extiende además la electrificación y el acceso al agua potable. Las mujeres, aun cuando mantienen brechas de participación laboral e ingresos con sus pares hombres, logran reducir lenta y paulatinamente tales diferencias. A partir del nuevo siglo, sectores en situación de pobreza abandonan masivamente dicha condición y comienzan a integrar nuevos sectores que, equívocamente, algunos califican de sectores medios emergentes, pero que en su ma yoría son vulnerables, dados los bajos ingresos del trabajo en un país con una distribución del ingreso particularmente desigual. Todo ello, en un cuadro de segmentación social y persistente desigualdad que, al igual que la pobreza, es multidimensional y que, así como se expresa en la desigual distribución de los ingresos y en las persistentes brechas de género, se manifiesta además en una de las herencias de la década de 1980 que, lejos de superarse, se ha consolidado, tal es, la segregación social en los territorios. Desigualdades territoriales, tanto al interior de las ciudades, como entre regiones del país. Según los datos más recientes disponibles de la última encuesta de caracterización socioeconómica de hogares, CASEN, realizada en 2017 con la metodología de la CEPAL, el 10.7% de la población se encuentra en situación de pobreza(dentro de ella, solo el 1.4%, en extrema pobreza). Pero, exceptuando un 6.1% de sectores medios altos y un 4.4% de sectores altos o ricos, el resto de nuestra población se encontraría entre la vulnerabilidad y la situación de apenas llegar a fin de mes cubriendo las necesidades. Es decir, el 89.5% de la población se ubicaría entre la extrema pobreza y el ajustado vivir día a día, detallándose la estratificación social de la siguiente forma: 1.4%, extrema po breza; 9.3%, pobreza moderada; 26.5%, estrato bajo no pobre; 29.8%, estrato medio bajo; 22.5%, estrato medio intermedio; 6.1%, estrato medio alto y 4.4%, estrato alto (CEPAL, 2019). Lo anterior tiene de trasfondo la persistente desigualdad del país. Con los mismos datos de la última CASEN 2017, se advierten niveles no muy distantes a la desigualdad que se experimentaba en la década de 1980, con un índice de Gini de 0.501. Las desigualdades están presentes en distintas dimensiones y se reflejan crudamente en los ingresos del trabajo, como lo sistematiza el estudio de Gonzalo Durán y Marco Kremerman, Los verdaderos sueldos de Chile. Panorama actual del valor de la fuerza de trabajo usando la Encuesta Suplementaria de Ingresos ESI(2019). Tal como es descrito por sus autores, poco antes de la pandemia la mitad de los trabajadores tenía ingresos por debajo de 401.000 pesos líquidos y dos de cada tres trabajadores ganaba por debajo de 550.000 pesos líquidos. Considerando una línea de pobreza de 449.652 pesos, por esas fechas, para una familia-tipo de cuatro miembros, esto implica que el 54.5% de los asalariados de jornada completa no podría sacar a una familia promedio de la línea de la pobreza; situación que se agrava en el caso de las mujeres trabajadoras, pues en promedio ellas ganan 28.1% menos que los trabajadores hombres. De modo que hasta antes de la pandemia –que sin duda habrá de alterar drásticamente la situación social en toda Latinoamérica–, Chile se ubicaba como el segundo país con menor nivel de pobreza después de Uruguay, pero como el séptimo país más desigual de América Latina, en la región más desigual del planeta(CEPAL, 2019). Al momento de escribirse este texto, y como anticipo de la realidad social que habremos de afrontar hacia adelante dada la magnitud de la crisis social y económica que se vive con esta prolongada emergencia sanitaria, las cifras de desempleo y la consiguiente pérdida de ingresos ha alcanzado niveles similares a los de 1986, cuando proliferaban las organizaciones populares de subsistencia, alcanzando una tasa de desocupación del 12.3%, es decir, más de un millón de desocupados. Si agregamos a los ocupados ausentes(bajo la Ley de protección del empleo), y a la fuerza de trabajo potencialmente activa, que todavía no puede emplearse por la situación sanitaria imperante, esta tasa más que se duplica, afectando a aproximadamente 2.500.000 personas(INE, 2020). La situación es también dramática para quienes están ocupados puesto que la caída de los ingresos afecta a un tercio de los trabajadores ocupados y a casi la mitad de los informales. En suma, actualmente“el impacto social de la pandemia afecta a no menos de 4 millones de personas, sea por el shock ocupacional o por caída de ingresos”(Ro sales, 2020, p. 1). 13

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR A su vez, estos datos de la realidad social tienen expresión en la subjetividad ciudadana, es decir, en la forma en que la ciudadanía percibe la realidad en la que vive. La tranquilidad social y la pasividad ciudadana caracterizaron a los dos primeros gobiernos de la Concertación (Patricio Aylwin, 1990-1994, y Eduardo Frei, 1994-2000), a la par con avances sociales que permitían enfrentar los altos niveles de exclusión heredados de la dictadura. Aún era muy reciente y vívido el recuerdo de la dictadura y las penurias que esta había supuesto para millares de ciudadanos, mientras la expansión de la economía ofrecía nuevas posibilidades de consumo a amplios sectores sociales que habían estado marginalizados de los bienes a los que ahora se podía acceder, aún si esto ocurría a costa del endeudamiento implicado por la temprana penetración de las tarjetas de crédito en los hogares. El progresivo nivel de endeudamiento alcanza niveles muy altos posteriormente, formando parte del cuadro actual. De los 3.670.000 ocupados en el tramo de edad comprendido entre los 25 y 44 años, es decir, en familias jóvenes con hijos en edad escolar, el 70%(2.490.000) son deudores morosos(Durán y Kremerman, 2020). Pero la paz social deja de ser tal a partir del tercer gobierno de la Concertación, acentuándose el clima de malestar, gobierno tras gobierno, 21 con movilizaciones y protestas sociales que van revelando la lenta rearticulación del movimiento social, si bien sin un impacto comparable en la revitalización de las organizaciones populares. Este lento despertar de una sociedad aplacada fue la respuesta a la incumplida promesa del tácito acuerdo político y social de prosperar sin demandar de los primeros años de la transición a la democracia. Chile exhibía cifras siempre alentadoras de promesas de un futuro mejor, como lo era la sostenida reducción de la pobreza y el ritmo de crecimiento del país, a la par con una expansión de la cobertura educativa. Pero la constatación de que superar la exclusión conducía a formas de integración muy desiguales, 22 comenzó a erosionar la credibilidad en una movilidad social ligada al crecimiento y a la educación. Desde la desesperanza de los años de dictadura, se transitó a las expectativas que en la década de 1990 fomentaron el mito de un crecimiento 21 Desde Ricardo Lagos(2000-2006), pasando por el primer gobierno de Michelle Bachelet(2006-2010) y por el primero de Sebastián Piñera(2010-2014), hasta el segundo gobierno de Bachelet(2014-2018) y el actual segundo mandato de Piñera, todavía en ejercicio desde 2018. 22 Tesis central de nuestro libro Estratificación social en América Latina. Retos de cohesión social, de 2014, en el que, con base al análisis de las encuestas de hogar de 18 países latinoamericanos, elaboramos una tipología que exhibe dinámicamente en la región agrupamiento de países según las variables de exclusión-integración social. De acuerdo con esta clasifica ción, encontramos países en que la exclusión es dominante, países con incipientes formas de integración social y, final mente, aquellos que han logrado ir superando la exclusión pero experimentan una integración social desigual, siendo la desigualdad el patrón común de toda la región. Chile se encuentra entre estos últimos. capaz de generar bienestar para todos(la teoría del“chorreo”), para llegar al inicio del nuevo siglo con la frustra ción de estas ilusiones, las que devinieron en un extendido malestar, considerando las multidimensionales formas de desigualdad que se estaba experimentando. A diferencia de la segunda mitad de la década de 1980, cuando comenzó a ponerse en marcha la sociedad chilena, dando inicio al proceso de rearticulación del tejido social en medio de la dictadura, en que las movilizaciones que demandaban democracia formaban parte de un país que no ofrecía bienestar alguno, el despertar del malestar de las últimas dos décadas, sobre todo en recientes años, no es explicable en la ausencia de mejorías en el bienestar relativo alcanzado por los hogares, sino por su desigual distribución –por origen socioeconómico, condición étnica y de género, residencia y territorio– que anulan la influencia del esfuerzo y los méritos(Hardy, 2014, p. 141). Por mejores salarios y condiciones laborales; contra la colusión de precios; por el fin de los abusos por parte de las casas comerciales, el sistema financiero y el endeudamiento privado; por acceso a viviendas de mejor calidad; bajo la forma de gratuidad en la educación, y por acceso a una educación y salud de calidad; por mayores autonomías regionales; contra la depredación medioambiental y sus efectos en la salud, por parte de proyectos energéticos y mineros; por la diversidad y no discriminación, en materia de orientación sexual; demandas feministas y de reconocimiento de pueblos indígenas; por mejores pensiones y cambios del sistema que las sustenta, una tras otra estas demandas fueron volviéndose parte del escenario político que movilizó a la sociedad chilena a partir del nuevo milenio. Sin embargo, la movilización adquiere masividad y mayor fuerza desde el movimiento estudiantil del año 2011 (durante el primer mandato de Sebastián Piñera), para con densarse definitivamente en el estallido social de octubre del 2019(durante el segundo mandato de Sebastián Piñe ra). Si bien su visibilidad desaparece de la escena pública a partir de marzo 2020, con la pandemia instalada en nuestro país, la movilización continúa latente y forma parte de una realidad social imposible de eludir. Pero no encontramos solo conflictividad y demandas con movilizaciones en las calles de distintas ciudades en todas las regiones del país. Existe también una lenta y poco perceptible revitalización de la sociedad civil, que se reorganiza en diversas formas y tipos de agrupaciones. Una reciente publicación(Irarrázabal y Streeter, 2020), que presenta un exhaustivo catastro de organizaciones de la sociedad civil, registra más de 200 mil activas de una amplia variedad. Entre estas, el 80% constituyen organizaciones de carácter comunitario y funcionales; se trata mayoritariamente de las tradicionales juntas de vecinos y uniones comunales, así como agrupaciones de base ligadas a la problemática habitacional(comités de allegados, de pavimentación, de mejoramiento urbano, etc.). Según reporta dicho informe, “entre 2005 y 2018 la tasa de crecimiento anual de las organizaciones de la sociedad civil más que duplica la creación de empresas… y la mayor parte tiene menos de 10 años” 14

LA DEUDA DE TREINTA AÑOS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ORGANIZACIONES (Irarrázabal y Streeter, 2020, p. 44). 23 Con estos antecedentes, se hace explicable que en medio de la actual crisis proliferen las ollas comunes, muchas de ellas por lo demás ligadas a las organizaciones vecinales existentes. No solo son el fruto de la memoria histórica, sino que también forman parte de una rearticulación silenciosa del tejido social, que habrá de acelerarse con el estallido social del 2019. Proliferan al margen del sistema político y con un modelo de institucionalidad que las mantiene fuera de su campo de acción, creándose una frontera entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de la democracia. A la desigualdad social y a la fragmentación que ella provoca, y que las organizaciones intentan contrarrestar, promoviendo iniciativas más colectivas, basadas en la reciprocidad y la solidaridad, se le adiciona una forma de democracia de escasa densidad participativa. Todos estos hechos van provocando y ahondando uno de los fenómenos más dañinos para la convivencia y el desa rrollo: la desconfianza. América Latina cuenta con el lamentable doble récord de ser la región más desigual del mundo y, a su vez, la más desconfiada, según los informes Barómetro que se aplican en distintas regiones. En tanto en América Latina ocho de cada diez ciudadanos desconfían del otro, en los países nórdicos la situación se invierte y ocho de cada diez ciudadanos confían en el otro(Latinobarómetro, 2015). Pero América Latina no solo es una región biográficamente desconfiada, al menos desde que existen registros con es tos estudios en la primera mitad de la década de 1990, sino que dicha desconfianza ha ido acentuándose con el paso del tiempo. tudios cualitativos realizados en Chile que apuntan a un malestar radicado en la esfera de la desigualdad de trato, en las relaciones de subordinación, en la existencia de privilegios y discriminaciones por razones de origen, así como en las prácticas verticales y abusivas que regulan las relaciones entre quienes tienen y quienes no tienen poder. Todo ello en el contexto de una sociedad fragmentada, con desvalorización de la iniciativa colectiva(PNUD, 2017; Araujo, 2017 y 2019). La desconfianza se instala en el ámbito de lo público asocia da a una creciente percepción de desigual distribución del bienestar y, por lo mismo, percibiéndose el poder político como antagónico al interés ciudadano. No es solo una desigual distribución económica, sino también de poder. La desconfianza en las instituciones se extiende, asimismo, a las relaciones interpersonales, en que los niveles de confiabilidad decrecen a medida que se produce una distan cia del otro, visto como distinto o con poder. Así como los mayores niveles de confiabilidad en las personas se da con los pares(colegas de trabajo, 70%; vecinos, 63%; connacionales, 53%), las mayores desconfianzas se dirigen hacia el distinto(extranjero, 28%; indígena, 45%) y hacia quien ejerce algún grado de poder(funcionario municipal, 33%; telefonista de una central 22%)(Latinobarómetro, 2015). Estos altos niveles de desconfianza en lo público y en las relaciones interpersonales reflejan un fenómeno preocu pante de la actual realidad latinoamericana relativo al debilitamiento de la democracia y de la convivencia. Es esta forma de democracia de escasa densidad participativa la que empieza a perder adhesión, fenómeno que, siendo una constante en América Latina, manifiesta una inquietante vigencia en Chile. En su mejor momento, los partidos políticos, el Congreso, el poder judicial y los gobiernos concitaban la confianza de menos de la mitad de la población en los 18 países latinoamericanos encuestados, 24 teniendo su mejor desempeño al inicio de estos estudios, coincidiendo con la esperanza depositada en los procesos de democratización de la década de 1990. Con el pasar de los años, la confianza hacia estas instituciones de la democracia empezó a declinar, llegando a ser inferior a un tercio de los habitantes en los últimos años, con particular desconfianza hacia los partidos políti cos y el Congreso. De este fenómeno de desconfianza y su relación con las desigualdades, no solo dan cuenta estudios cuantitativos (como la citada serie Latinobarómetro), sino también es23 Para estas mismas fechas, el reporte de sindicatos muestra un peso bastante reducido en el universo total de organizaciones de la sociedad civil: en 2018 hay un total de 11.920 sindicatos a nivel nacional(Dirección del Trabajo, 2020). En todo caso, al igual que la evolución del resto de las organizaciones de la sociedad civil, el sindicalismo crece en los últimos años, desde su punto más bajo en 2001, en que se registraban 7.410 sindicatos a nivel nacional. 24 La serie Latinobarómetro se ha aplicado desde 1995, siendo la última la del año 2018. Por un lado, aumenta la indiferencia hacia la democracia como régimen político y, por otro, la insatisfacción con la democracia. Después de un alto apoyo latinoamericano a la democracia en la década de 1990(en 1997, llegó a tener un respaldo del 63%), este declina hasta llegar al 48%, en 2018: el peor resultado desde que se aplica el estudio Latinobarómetro(Latinobarómetro, 2018). Es decir, menos de la mitad de la población de América Latina expresa su adhesión explícita a la democracia. Al mismo tiempo, aumenta la indiferencia hacia la democracia como régimen político, con su peor resultado desde 1995, con casi uno de cada tres ciudadanos latinoamericanos(28%) indiferentes hacia cualquier régimen político. En Chile, la adhesión al régimen democrático aparece escasamente mayoritaria(54%); la indiferencia hacia cualquier régimen político es menor que en el resto de América Latina(15%), sin embargo, después de Paraguay, el nuestro es el segundo país de la región con mayor preferencia por un régimen autoritario, con 23% de los ciudadanos encuestados. Otro estudio posterior, de alto prestigio académico, realizado en 2019, muestra que en las Américas el apoyo a la 15

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR democracia llega al 57,7%, en un descenso progresivo desde el 67,6% de adhesión, en 2004. Chile se ubica entre los países donde la legitimidad de la democracia es una de las más bajas, después de Honduras, Brasil y Perú. En una es cala de 1 a 100, la legitimidad alcanza 45,4 en Chile(la más alta es 59,2, en Costa Rica, seguida por México y Uruguay) (Zechmeister y Lupu, 2019). Según el mismo informe Latinobarómetro de 2018, derivado de lo anterior se masifica una insatisfacción hacia la democracia. Desde 2008 al 2018, el desencanto con la democracia se ha incrementado en 20 puntos porcentuales, con solo un 20% de los latinoamericanos declarando satisfacción con la democracia. En Chile, si bien algo mejor, casi la mitad de la población está insatisfecha con la democracia. Menos pesimistas, pero igualmente inquietantes son los resultados del estudio LAPOP 2019 también citado: más del 60% de los latinoamericanos se declara insatisfecho con la democracia en sus países. Salvo Uruguay, en donde el 59.6% de los encuestados está satisfecho con la democracia, en los restantes países domina la insatisfacción. En el caso de Chile, solo el 41.2% declara estar satisfecho con la democracia(Zechmeister y Lupu, 2019, p. 20). Los miedos y rabias se canalizan por dos caminos que coexisten: la violencia –ya sea esta individual o grupal–, y la organización solidaria de esfuerzos colectivos. 25 Estas dos vertientes de expresión social se habrán de jugar en cómo abordamos la crisis actual; una crisis que, contando con las proporciones de aquella padecida en los ochenta, enfrenta oportunidades que entonces no había, tras un plebiscito que, de manera contundente, abre la posibilidad de plasmar en una nueva Constitución el tipo de sociedad y de relaciones políticas, económicas y sociales deseables a construir para una sociedad más cohesionada. En suma, debilitamiento de instituciones de la democracia e insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, que se explican por las desconfianzas que crean las desigual dades vigentes. La ausencia de vínculos entre instituciones políticas y sociedad civil, así como la falta de reconocimiento y estímulo a los esfuerzos colectivos o asociativos que deja aislada y librada a su suerte a cada persona, ahonda sentimientos de indefensión que devienen miedos y rabias. De estos últimos hemos tenido bastantes evidencias, especialmente desde el estallido social de octubre 2019. 25 En el plano individual, la inamovible cifra en más de una década de 200 mil niños, niñas y adolescentes que anualmente pasan por las redes del SENAME, víctimas de la violencia ejercida a sus derechos, con una fracción de ellos que responde de igual manera, engrosando las filas de jóvenes infractores de ley(ver estadísticas en www.semane.cl.). En el plano grupal, muy recientemente hemos sido testigos de maneras casi químicamente puras de estos dos caminos: por una parte, un violento enfrentamiento entre civiles en la Araucanía de grupos mestizos con comuneros mapuche que se habían tomado edificios municipales para visibilizar la huelga de hambre por más de 90 días de presos mapuche en distintos recintos carcelarios y, por la otra, la proliferación de ollas comunes en todo el territorio, con apoyos solidarios dentro y fuera de las propias comunidades, que están proveyendo alimentos preparados a millares de familias que no pueden solventar su propia alimentación por la agudización de la crisis en pandemia. 16

UNA NUEVA OPORTUNIDAD CON EL PROCESO CONSTITUYENTE: LECCIONES PARA LEER EL PRESENTE Y CONSTRUIR EL FUTURO III UNA NUEVA OPORTUNIDAD CON EL PROCESO CONSTITUYENTE: LECCIONES PARA LEER EL PRESENTE Y CONSTRUIR EL FUTURO En octubre del 2019, el alza de 30 pesos en el valor del de independientes 28 ), o bien, por una convención mixta pasaje del Metro se convirtió en el detonante de un esta- integrada por parlamentarios y convencionales electos en llido social que, por acumulación, estalló como una válvula igual número. Seis meses después vendría la elección de la de escape. Millones de personas en distintas ciudades del convención responsable de redactar la nueva carta fundapaís coparon los espacios públicos con una multiplicidad de mental y, a su término, con un plazo de nueve a 12 meses, demandas y reclamos que finalmente lograron ser unifica- dicha redacción sería sometida nuevamente a su aprobados en una común respuesta, la necesidad de una nueva ción en un plebiscito de salida, culminando así el proceso Constitución. constituyente con una Constitución escrita, por primera vez en la historia de Chile, fruto de la deliberación democrática La sostenida movilización social y la realización de miles de de los ciudadanos. cabildos y conversatorios en sedes y plazas, restituyeron un sentimiento de comunidad perdido. Encuentros y diálogos Si bien este acuerdo constitucional permitió canalizar la cara a cara reconstruían un sentido de nosotros demasiado protesta social y darle un cauce de salida a la multiplicidad tiempo relegado a un segundo plano. de demandas, la agenda social de cambios y transformaciones ya formaba parte del debate público, amenazando con Precedido por el anuncio de una consulta convocada por acompañar al propio debate constitucional, poniendo a la una amplísima mayoría de alcaldes y alcaldesas del país redesigualdad en el centro de las reformas. ceptivos a la movilización social, para que la población de todas las comunas manifestara su acuerdo o desacuerdo Pero la pandemia arribó al país en marzo, trastocando el itipor una nueva Constitución y sobre el mecanismo para re- nerario planteado. Las demandas de reformas sociales para dactarla, el sistema político reaccionó, con la mayor parte abordar la desigualdad se congelaron ante la imperiosa nede los partidos en el Congreso, suscribiendo un acuerdo cesidad de subsistir. sobre el proceso constituyente, sus mecanismos y plazos. Por otro lado, el plebiscito debió ser postergado para ocUn plebiscito de entrada fijado para abril de 2020 consulta- tubre del 2020, pasando las posteriores elecciones de conría sobre la aprobación o el rechazo a una nueva Constitu- vencionales al año 2021, postergándose también el plazo ción, así como sobre la opción de que esta fuera redactada de redacción de la nueva Constitución, así como su sanción por una convención constitucional enteramente electa(con en un nuevo plebiscito. igual representación de hombres y mujeres, 26 escaños reser vados para pueblos indígenas, 27 además de representación No obstante el congelamiento de las demandas sociales, los resultados obtenidos en el plebiscito del 25 de octubre encarnan un fiel reflejo de lo que movilizó a la sociedad 26 La paridad aprobada no solo compete a las candidaturas, sino también a los convencionales paritarios electos, un hecho sin precedentes en el país, cuya ley de cuotas para candidaturas al Congreso no ha permitido obtener escaños paritarios. 27 Esta iniciativa seguía aún entrampada en el Congreso a la fecha de redacción de este documento. Si bien existe un acuerdo transversal en todas las fuerzas políticas sobre dichos escaños, la falta de acuerdo entre las bancadas opositoras y oficialistas radica en: si dichos escaños son supernumerarios, es decir, adicionales a los 155 convencionales que deben integrar la convención constitucional(postura de las bancadas opositoras) o si se descuentan de los escaños ya acordados(postura oficialista); en el número de escaños(24 escaños reservados, según bancadas opositoras y 15, según las oficialistas); y si los que votan esos escaños son quienes se autodefinen como indígenas al momento de emitir su voto en las urnas especialmente habilitadas(postura opositora) o si deben ser parte de un padrón especial en el que deben inscribirse previamente (postura oficialista). chilena con el estallido, como también lo ha sido la rearticulación del tejido social y la respuesta organizada de las comunidades ante la emergencia. 28 Los requisitos aprobados para que los independientes puedan concurrir con sus listas de candidaturas, al igual que los partidos políticos, si ya eran muy exigentes en tiempos normales, son impracticables en medio de una pandemia en que resulta imposible recolectar firmas de manera presencial y certificar la veracidad de dichas firmas antes notarías, también presen cialmente. Actualmente, sin embargo, se está tramitando una modificación legal para facilitar dicho proceso, pero con des tino incierto en cuanto a las posibilidades de elegibilidad de listas independientes. 17

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR La instauración de ollas comunes ante la crítica situación vivida por la pandemia –no siendo la única forma de organización emergida, es la más visible y masiva–, constituye una expresión de continuidad que, recogiendo memoria histórica y con base en el territorio, tiene el antecedente más inmediato del proceso constituyente nacido del estallido social un año atrás. Movilizaciones masivas dieron lugar a encuentros que reconectaron a las personas en las calles y en los barrios, a una ciudadanía fragmentada que dialogaba a diario en cabildos, conversatorios y reuniones. Esta afirmación es, por ahora, una hipótesis que nace de los es tudios de casos reportados, y que deberá ser profundizada a medida que se produzcan más estudios e investigaciones en terreno, como los que ya se han iniciado. Testimonios en tal sentido han sido transcritos en una investigación para una tesis(Belmar y Luco, 2020), así como en algunos informes preliminares reportados casuísticamente por organizaciones sociales de apoyo a las ollas comunes. Igualmente aleccionadora de esta nueva experiencia organizativa, a diferencia de la década de 1980, es que no es la extrema pobreza, sino la desigualdad la que reúne a familias de distintos niveles de vida, con distintas trayectorias laborales y calidad de viviendas, a compartir la común necesidad de alimentarse. De tal modo, se advierte que hay un universo de precarización en una comunidad heterogénea con necesidades similares y cuyas respuestas no están garantizadas como un derecho. Probablemente, no era posible pensar, ni siquiera en medio del estallido social, que enfrentaríamos como sociedad la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación, en un país cuyos indicadores de obesidad y malnutrición han sustituido a la desnutrición de los ochenta. Y que eso no pasaría en una sociedad que ha reducido la extrema pobreza y la pobreza con la magnitud y velocidad con que lo ha hecho Chile en el concierto latinoamericano. Al igual que en la década de 1980, son las mujeres quienes lideran estos procesos. Al igual que en los ochenta, la distribución de tareas y responsabilidades van rotándose y no generan liderazgos representativos sino de gestión. Al igual que en los ochenta, la solidaridad se expresa en la entrega de tiempo y trabajo gratuito, con donaciones de las propias comunidades y feriantes, si bien ahora hay también donaciones anónimas, que no generan dependencia. Al igual que en los ochenta, la reacción inicial de vergüenza para admitir la necesidad del hambre ha dado paso a la percepción de que no hay responsabilidades individuales en las carencias de los hogares, sino un contexto de desigualdad que con la pandemia ha mostrado su rostro extremo. Al igual que en los ochenta, participar activamente en una olla común termina por ser percibido como una acción que trasciende la necesidad y que reconstruye lazos y sentido de esfuerzo colectivo. Al igual que en los ochenta, es también un proceso de participación que permite desarrollar prácticas democráticas. El análisis de lo que se conserva del pasado en estas experiencias organizativas pero, sobre todo, de sus nuevos sellos, nos permite entender algunos resultados del plebiscito del 25 de octubre, como también iluminar el proceso constituyente que continúa. Veamos de qué manera el surgimiento de este nuevo tejido social y de las organizaciones solidarias populares constituye un anticipo de los fenómenos que se expresan en el plebiscito y que, si es interpretado correctamente, puede acompañar todo el proceso constituyente con su aporte a la democratización y a los caminos para el mayor bienestar de la sociedad. Nuestra hipótesis es que hay un correlato de esta realidad social, tanto con la magnitud de la participación obtenida en el plebiscito(habida cuenta de las limitaciones de un acto electoral en condiciones de pandemia), como con las opciones que mayoritariamente votó la ciudadanía. A diferencia de la década de 1980, destaca ahora la capacidad propia de las organizaciones para tomar la iniciativa y responder a sus comunidades sin mediaciones externas, para usar las tecnologías de la información, las redes sociales, cuentas bancarias, disponer de formación especializada en gestión, administración y gastronomía, cocinar bajo techo y con gas o electricidad, contar con transporte propio para distribuir raciones, conectarse con otras organizaciones a lo largo del país, etc. 29 Todo lo cual remite a alcanzar niveles de autonomía impensables en aquel pasado. En tal sentido, estas formas solidarias de organización conforman una realidad muy distinta de la vivida en dictadura. La difusión de esta realidad en medios y redes habla de una fluidez en la información y en las comunicaciones que rescata a las organizaciones de la invisibilidad y el anonimato que padecieron bajo el régimen autoritario. 29 Testimonio de esto fue la donación de toneladas de pescado de una caleta pesquera a ollas comunes de la comuna de El bosque, como fuera ampliamente informado en medios de comunicación. Respecto de lo primero, en el plebiscito del 25 de octubre se registró un nivel de participación mayor a la anterior elección(2017), si bien todavía persiste una importante abstención. 30 Sin embargo, la composición etaria de quienes asistieron a las urnas permite suponer que, de no haber existido pandemia, dicha participación hubiera sido mucho mayor, pues dejaron de votar los grupos de mayor edad, los mismos que forman parte de la población de mayor riesgo sanitario y que tradicionalmente votan con mayor frecuencia. Por otro lado, se incrementó la participación de electo30 El plebiscito de 2020 evidenció un incremento de participación electoral de 1.9 puntos porcentuales respecto de la segunda vuelta presidencial de 2017. Sin embargo, la distribución regional fue desigual, pues hubo regiones con menor participación que en 2017(Maule, Ñuble y Araucanía), siendo la Región Metropolitana la que contó con la mayor participación del país: con el 39% del padrón electoral, la participación fue del 56.6% del padrón. Carola Garrido(2020). Plebiscito 2020: Principales resultados y análisis preliminar sobre la par ticipación. Documento núm. 33. Santiago de Chile: Instituto Igualdad. 18

UNA NUEVA OPORTUNIDAD CON EL PROCESO CONSTITUYENTE: LECCIONES PARA LEER EL PRESENTE Y CONSTRUIR EL FUTURO res jóvenes, aquellos que se abstenían y que en esta ocasión rompieron la tendencia a la abstención. 31 En efecto, fueron los jóvenes quienes coparon los espacios públicos en el estallido social, los mismos que se mantuvieron movilizados hasta que la pandemia suspendió este activismo social y que muchos analistas consideraban antisistema o indiferentes a los procesos institucionales. El cauce abierto por el proceso constituyente permite contar con una mirada más optimista acerca del comportamiento cívico de la juventud y su apuesta por un cauce institucional de la demanda. Se rejuvenece la demanda democrática y por participación. Pero tan importante como el comportamiento electoral según grupos de edad, lo es la composición socioeconómica de los electores en la participación del plebiscito. Si bien, la participación electoral sigue teniendo un sesgo de clase, 32 en esta ocasión, sin embargo, aumentó la participación en las comunas populares y se redujo la brecha con las comunas de mayores ingresos. Además, el plebiscito mostró un aumento de la participación en comunas urbanas, populares y de mayor densidad poblacional, las mismas en que han proliferado las organizaciones solidarias. Respecto de lo segundo, es decir, de las opciones mayoritarias en el plebiscito que, desafiando todas las expectativas, significaron un contundente 78.27% por la opción“aprue bo una nueva Constitución” y un porcentaje aún superior por una convención constitucional enteramente electa para redactarla, también se hace presente la hipótesis de que el surgimiento de estas organizaciones solidarias y sus actuales características son anticipatorias de tales resultados. Y, como tales, implican un reto para el desarrollo del proceso constituyente. El 80% de adhesión a una nueva Constitución se acerca mucho a la estratificación social que caracteriza a nuestra sociedad, en que casi un 90%, de manera compartida, experimenta los impactos adversos de la pandemia en sus condiciones de vida. A diferencia de la década de 1980, en que las organizaciones populares solidarias para la subsistencia estaban masivamente integradas por sectores de extrema pobreza, en las actuales expresiones organizativas territoriales convive una mayor heterogeneidad de sectores sociales que, al margen de sus fuentes laborales e ingresos, ha acusado recibo de los mismos problemas, creando conciencia de una común dificultad que requiere, por lo mismo, universalizar derechos y no mantener beneficios focalizados. Las comunas con mayor votación favorable a una nueva Constitución son principalmente comunas populares, en el norte del país y en la Región Metropolitana, comunas en las que más se han catastrado estas formas de organización y en las que se superó el 80% nacional del apruebo. 33 Tan elocuente como lo anterior fue la abrumadora mayoría que votó por una convención constitucional enteramente electa, desechando la posibilidad de la convención mixta, con participación de parlamentarios. La lectura que ha acompañado este resultado ha sido inequívocamente una advertencia y una señal de rechazo a la participación de los “políticos de siempre”, a aquellos que encarnan el malestar ante una democracia de baja densidad participativa y en que el protagonismo ciudadano aparece ausente. No obstante, la lectura de esta respuesta electoral no puede ser solamente, como algunos analistas han destacado, el de la crítica a“los políticos de siempre”, si no se acom paña de la otra dimensión: la del reclamo participativo. Esto aparece como evidente ante uno de los fenómenos más interesantes de las nuevas organizaciones solidarias, como la existencia de prácticas organizativas con altos niveles de autonomía. La autonomía es un atributo esencial en las organizacionales populares en curso, el creciente abandono de la dependencia y de las mediaciones, junto con el surgimiento de patrones de comportamiento que destacan las capacidades propias. Sin duda, también se encuentran presentes elementos de desconfianza que hacen que estas reivindi caciones autonomistas tengan un componente defensivo, pero es precisamente a partir de tales desconfianzas que se abren paso prácticas basadas en las confianzas propias. Así como este fenómeno se reivindica en las organizaciones, también se extiende en la percepción de los sectores populares y de sus organizaciones a sus capacidades para ser partícipes del actual momento constituyente y autores de esa nueva Constitución. Dicho de otra forma, la desconfianza en el actual sistema de representación es el resultado de la ausencia de participación. Siendo la participación un aspecto constitutivo de las actuales organizaciones, ella pasa a ser una dimensión crucial para el proceso constituyente que se inicia a partir del plebiscito y, con toda seguridad, un factor determinante en la legitimidad que este obtenga. 31 En comunas con mayor concentración de adultos mayores, la participación tuvo un incremento menor e incluso una disminución, tendencia que también se apreció en las comunas de las tres regiones más pobladas del país: Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Por contraste, a medida que aumenta la concentración de jóvenes en las comunas, aumenta la participación electoral(Garrido, 2020). 32 Tradicionalmente, votan más las comunas de altos ingresos y la participación decrece en las comunas de mayor pobreza. 33 En la Región Metropolitana, y moviéndose entre el 80% y el 85%, las comunas de Renca, Lo Espejo, La Pintana, Puente Alto, Pudahuel, Cerro Navia, La Granja, San Ramón, El Bosque, Quinta Normal, por mencionar algunas de ellas. En el norte, Antofagasta(84.2%), Atacama(86.3%), Coquimbo (84.6%)(Garrido, 2020). 19

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR De ahí que se pueda afirmar que, tan importante como el resultado –la nueva Constitución–, es el proceso que lleva a dicho resultado, cuestión que deberá reflejarse: • En la composición de la convención constitucional: es de cir, cuán expresiva sea de la diversidad social existente y de quienes son protagonistas de esa diversidad. • En el proceso participativo que acompañe la elaboración de la nueva Constitución: qué tan explícitos y normados serán los mecanismos de participación que acompañarán la redacción de la nueva carta fundamental. • Sin duda, en los contenidos centrales de dicha Constitución: cómo se acoge en ella la demanda de bienestar con derechos garantizados universalmente y cómo se precisa un andamiaje político e institucional que corrija la defi ciencia participativa de esta democracia, dotando así de legitimidad a la democracia representativa. El panorama hacia adelante es duro, muy duro. Mundialmente lo es, pero sin duda lo será más aun para una sociedad como la chilena que ahora debe lidiar con una crisis severa, arrastrando una herencia de desigualdades que con la emergencia sanitaria y social se ha agravado. Cuidar ese posible pacto pasa por las condiciones de su suscripción. Lo cual supone un delicado esfuerzo por asegurar que la composición de la convención constitucional satisfaga la representación de la actual diversidad y que se regulen mecanismos participativos en todo el proceso. Si no fuimos capaces de extraer lecciones sobre los fenómenos sociales de la década de 1980, de las organizaciones populares solidarias para abordar la reconstrucción democrática en un Chile más inclusivo posdictadura, hoy estamos ante una segunda oportunidad, que no podemos volver a desperdiciar. En un cuadro político muy distinto del de entonces, pero con un escenario económico alarmante y socialmente devastador, este momento representa un punto de inflexión para interrogarnos acerca de cómo abordar la crisis de desconfianza en la política, en instituciones sen tidas como ajenas y en una democracia a la que ya no se asocia con el bienestar, y también sobre el papel de la comunidad organizada y la solidaridad como principio rector en las formas de solución del bienestar, y en la construcción de una sociedad inclusiva, con una democracia fortalecida. Un informe reciente de CEPAL señala que América Latina enfrenta la peor crisis en los últimos cien años. A fines del 2020, se estima un retroceso de 10 años en el producto interno bruto per cápita y de 14 años en los niveles de po breza, con un agravamiento de la desigualdad. En el caso de Chile, las previsiones son un aumento de entre 5% y 5.9% del índice de Gini, aun considerando que este indicador está subestimado porque el 1% de los que concentran la riqueza subdeclaran sus ingresos. No solo se espera retroceso económico, aumento de la pobreza y agravamiento de la desigualdad, sino pauperización de sectores medios cuya vulnerabilidad los hace particularmente frágiles en esta crisis. 34 Más todavía que con el estallido social de 2019, estas nuevas circunstancias apelan a la necesidad de un nuevo pacto político y social que permita salir de la crisis con un cambio profundo en el modelo que sustenta las relaciones económicas, sociales y políticas de nuestro país, modelo actualmente consagrado en la Constitución política vigente. El nuevo pacto político y social que la ciudadanía suscriba para esta nueva Constitución es lo que está en juego ahora y lo que podrá resolver los grandes déficits que han acom pañado más de tres décadas de una democracia, como ya la hemos definido previamente, de baja densidad participa tiva, que ha convivido con múltiples desigualdades. 34 Alicia Bárcena(24 y 25 de noviembre de 2020). Desafíos sociales y económicos de América Latina y El Caribe en la Post-Pandemia[Seminario Internacional. Cohesión social, garantías de bienestar y protección social: claves para una reconstrucción con igualdad post pandemia en América Latina]. CEPAL. 20

REFERENCIAS REFERENCIAS Araujo, K.(2017). Democracia y transformación social en Chile. ¿Qué significa actuar democráticamente? Análisis núm. 11. Santiago de Chile: Friedrich Ebert. –. Desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos. En K. Araujo (2019). Hilos tensados. Para leer el octubre chileno. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, Colección IDEA. Bárcena, A.(24 y 25 de noviembre de 2020). Desafíos sociales y económicos de América Latina y El Caribe en la Post-Pandemia[Seminario Internacional. Cohesión social, garantías de bienestar y protección social: claves para una reconstrucción con igualdad post pandemia en América Latina]. CEPAL. Belmar, N. y Luco, S.(2020). Solo el pueblo ayuda al pueblo: El surgimiento de las ollas comunes[Investigación para tesis]. Santiago de Chile: Academia Humanismo Cristiano, Facultad de Periodismo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL(diciembre de 2019). Panorama social de América Latina. Santiago de Chile: Cepal. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand le/11362/44969/5/S1901133_es.pdf Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile(marzo de 2020). Indicadores para el Consejo Superior Laboral. Santiago de Chile: Departamento de Estudios. Durán, G. y Kremerman, M.(noviembre de 2020). Los verdaderos sueldos de Chile. Panorama actual del valor de la fuerza de trabajo usando la Encuesta Suplementaria de Ingresos ESI(2019). Santiago de Chile: Fundación Sol. Ffrench-Davis, R.(2018). Reformas económicas en Chile 1973-2017. Neoliberalismo, crecimiento con equidad e inclusión. Sexta edición. Santiago de Chile: Taurus. Fuentes, C.(2013). El fraude. Santiago de Chile: Hueders. Garrido, C.(2020). Plebiscito 2020: Principales resultados y análisis preliminar sobre la participación. Documento núm. 33. Santiago de Chile: Instituto Igualdad. Gatica, E., El Programa de Economía del Trabajo(PET) y las Organizaciones Económicas Populares(OEP). En C. Moyano y M. Garcés (Eds.)(2020). ONG en dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta(pp. 181-204). Santiago de Chile: UAH Ediciones, Colección Historia. Hardy, C.(2014). Estratificación social en América Latina. Retos de cohesión social. Santiago de Chile: LOM. –.(2020a). Hambre+ Dignidad= Ollas comunes(2a ed.). Santiago de Chile: LOM. –.(2020b). Organizarse para vivir. Pobreza urbana y organización popular(2a ed.). Santiago de Chile: LOM. Instituto Nacional de Estadísticas, INE(1987). Encuesta nacional de empleo. Tasa desempleo trimestre móvil julio-septiembre 1986 y 1987. –.(2020). Encuesta nacional de empleo. Tasa desempleo trimestre móvil julio-septiembre 2020. Irarrázaval, I. y Streeter, P.(2020). Mapa de las organizaciones de la sociedad civil 2020. Santiago de Chile: Centro de Políticas Públicas UC, Fundación Chile+Hoy. Latinobarómetro(2015). La confianza en América Latina 1995-2015. Santiago de Chile: Latinobarómetro. –.(2018). Informe 2018. Santiago de Chile: Latinobarómetro. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile(2017). Informe de Desarrollo Social 2017[Informe en proceso de edición]. Recuperado de http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/pdf/upload/IDS2017_2.pdf Moyano, C. y Garcés, M.(Eds.)(2020). ONG en dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta. Santiago de Chile: UAH Ediciones, Colección Historia. Observatorio PS-Igualdad(30 de octubre de 2020). Presupuesto 2021: Ayuda para las empresas y costos para los/as trabajadores/as[Sexto informe de seguimiento]. Santiago de Chile. Recuperado de https:// media.elmostrador.cl/2020/11/Sexto-Informe-PS-Igualdad-Fiscaliza cion-Plan-de-Emergencia-del-Gobierno.pdf Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD(2017). Chile en 20 años: un recorrido a través de los Informes de Desarrollo Humano. Recuperado de https://www.cl.undp.org/content/chile/es/ home/library/human_development/chile-en-20-anos--un-recorrido-atraves-de-los-informes-de-desar.html Puryear, J.(2016). Pensando la política: Intelectuales y democracia en Chile 1973-1988. Santiago de Chile: CIEPLAN. Rosales, O.(31 de octubre de 2020). Por una reactivación justa y sostenible. Presentación al Foro de Desarrollo Justo y Sostenible. Recuperado de https://desarrollojustoysostenible.cl/wp-content/uploads/2020/11/ Sabado-31-10-2020-VF.pdf Zechmeister, E. y Lupu, N.(Eds.)(2019). El pulso de la democracia. Nashville, TN: LAPOP. 21

AUTORA FICHA TÉCNICA Clarisa Hardy Raskovan Presidenta del centro de pensamiento del Partido Socialista, Instituto Igualdad; miembro del Consejo de Orientación del Programa de Cooperación de la Unión Europea para América Latina en Cohesión Social, EUROsociAL; coordinadora del proyecto Renta Básica Universal en el Centro de Estudios del Futuro de la USACH; panelista, autora de numerosos libros y exministra de Estado en el primero gobierno de Michelle Bachelet. Fundación Friedrich Ebert en Chile Hernando de Aguirre 1320| Providencia| Santiago de Chile Responsable Simone Reperger Representante de FES-Chile www.fes-chile.org Edición de contenido: Arlette Gay Directora de proyectos FES-Chile Edición de estilo: Guillermo Riveros Álvarez El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung{o de la organización para la que trabaja el autor}. 23 ISBN 978-956-7630-8990-95

CRISIS Y ORGANIZACIÓN POPULAR Producto de la pandemia, se evidenciaron prontamente y de manera masiva varias de las fragilidades de nuestro país. Bastaron algunas semanas de confinamiento con cuarente nas obligatorias y drásticas medidas sanitarias sin un suficiente acompa ñamiento de protección de ingresos en los hogares, para que reaparecieran las ollas comunes, como un fantasma del pasado que pensamos jamás volveríamos a ver después de la crisis de la década de 1980, en plena dictadura. En el Chile de aproximadamente 25 mil dólares de ingresos per cápita ha reaparecido el hambre, la más básica de las necesidades. Estas nuevas ollas comunes representan, por un lado, una expresión de la vulnerabilidad y desigualdad agudizadas con la emergencia sanitaria y su consecuente crisis social y, por el otro, un rostro esperanzador en estas circunstancias: el despertar de la dormida disposición solidaria y capacidad organizativa, especialmente de los sectores populares. Pero tienen también a la base un antecedente político reciente, como fueron las respuestas de rearticulación en sectores populares a partir del estallido social de hace un año. Cabildos, conversatorios, encuentros en sedes y plazas a lo largo del territorio y en las comunas debatiendo el inicio de un proceso constituyente, fueron el detonante de formas de rearticulación social en sectores populares durante todo el verano, hasta que llegó la pandemia. ¿Qué hay en común entre ese ayer y hoy, y cuáles son las diferencias? Es necesario formularse dichas preguntas, para extraer algunas conclusiones ante el momento constituyente que estamos viviendo y en que este fenómeno nos interpela. Repensar la sociedad en la que queremos vivir, el nuevo pacto que nos permita(re) construirnos como comunidad, requiere explorar estos fenómenos. Este artículo intenta al menos formular algunas hipótesis e interrogantes para hacernos cargo de las dos grandes definiciones que este momento constituyente nos pone por delante: cómo asegurar el bienestar en una sociedad que transite de la desigualdad a la garantía de derechos y cómo fortalecer una democracia que, severamente cuestionada en su representación, debe hacerse cargo de la ausencia de participación.