TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL Prefiguraciones sobre la clase trabajadora pospandemia en América Latina y el Caribe Cecilia Anigstein Natalia Carrau Junio 2020 Transitamos un proceso de reconversión del trabajo en una gama amplia de actividades, a escala planetaria y en un tiempo extremadamente corto. ¿Es posible un retorno a la normalidad? ¿Estamos experimentando una profunda reforma laboral por la vía de los hechos? ¿Cómo está reaccionando el sindicalismo en la pandemia? Este trabajo analiza algunas tendencias observadas en la región en tres grandes áreas: las medidas gubernamentales aplicadas a la producción y el empleo, las medidas de atención a la emergencia social y algunas de las propuestas más sobresalientes que se están imponiendo con vocación de permanecer, como el teletrabajo. 1

TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL Prefiguraciones sobre la clase trabajadora pospandemia en América Latina y el Caribe Cecilia Anigstein Natalia Carrau Junio 2020

Índice INTRODUCCIÓN 1 5 LA RESPUESTA A LA PANDEMIA: TENDENCIAS EN LA REGIÓN 7 Asistencia a la producción y el empleo 8 Asistencia a la emergencia social 13 Implementación del trabajo remoto o teletrabajo 16 1 La base de este artículo fue publicada en La Nación Trabajadora:«El COVID-19 y la política laboral de gobiernos latinoamericanos», el 19 de mayo de 2020. Véase http://lanaciontrabajadora.com.ar/ covid-19-politica-laboral-latam/

INTRODUCCIÓN Una expresión viene resonando con distintas tonalidades: no queremos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. El debate acerca de las características de la pospandemia tiene como punto de partida el convencimiento casi generalizado de la imposibilidad de un retorno a la normalidad. Sin entrar en una reflexión futurista, la pregunta prio ritaria, más inmediata y realista refiere a cuánto de las medidas excepcionales que hoy se están tomando será parte estable de la nueva normalidad. En otras palabras, cuando el covid -19 pase, ¿cuánto de lo resuelto en cuarentena quedará? En un informe de situación con fecha 29 de abril, la Organización Internacional del Trabajo( oit ) 1 revela que el 68% de la fuerza de trabajo mundial vive en países que han previsto el cierre obligatorio o recomendado de los lugares de trabajo. En el corto plazo, alerta, las medidas de confinamiento y distanciamiento asocia das con la crisis del covid -19 están teniendo un impacto desproporcionado sobre los trabajadores y trabajadoras de la economía informal y aquellos que trabajan por su propia cuenta. Estos sectores están expuestos a un elevado riesgo de insolvencia. Traducido al sentido común, están sufriendo o a punto de sufrir hambre. Un contingente humano de 389 millones en todo el mundo. 1 El covid -19 y el mundo del trabajo. Tercera edición. Estimaciones actualizadas y análisis, Observatorio de la oit , 29 de abril de 2020, en https://www. ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/ documents/briefingnote/wcms_743154.pdf ¿Estamos experimentando una profunda reforma laboral por la vía de los hechos? Un proceso de reconversión del trabajo en una gama amplia de actividades, a escala planetaria y en un tiempo extremadamente corto. Las normativas parecen correr por detrás para regular lo que se impone por«razones de fuerza mayor». Las empresas, particularmente las transnacionales, se autoadjudican prerrogativas, elaboran plataformas programáticas, se coordinan colectivamente para hacer cabildeo y obtener de ese modo atención de los gobiernos en una ventanilla privilegiada. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales atraviesan, en cambio, un momento de enorme debilidad y acciones defensivas. En muchos países de la región son víctimas de la criminalización, persecución y represión por gobiernos ultraconservadores, como el de Bolsonaro en Brasil, el de Duque en Colombia, el de Áñez Chávez en Bolivia o el de Piñera en Chile. Las medidas sanitarias han servido como pretexto para exacerbar el autoritarismo, asesinar o perseguir a dirigentes sociales. Todo bajo la aparentemente benigna consigna de#QuedateEnCasa. Al mismo tiempo, es importante señalar que las debilidades de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores no son solo el resultado de una coyuntura socioeconómica y política adversa generada a partir de la pandemia. Existen otros factores de carácter estructural preexistentes en América Latina y el Caribe que erosionan los ámbi5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL. tos clásicos de la acción colectiva de clase y merman significativamente la capacidad de representación de las organizaciones frente a un mundo del trabajo cambiante y escurridizo, tanto para la legislación laboral como para la institucionalidad sindical. El primero de ellos es de carácter histórico, y se vincula con el peso del empleo por cuenta propia y en condiciones de informalidad, tanto urbano como rural, que caracteriza desde el siglo xx a los mercados de trabajo de la mayoría de los países. En efecto, en los países de la región con menor diversificación productiva y desa rrollo industrial, se observa una mayor atomización y menor peso social y político de los sindicatos en relación con otras formas colectivas populares, ancladas en la matriz indígena-campesina y/o comunitaria territorial. Un segundo factor da cuenta de un fenómeno más reciente, en pleno proceso de configuración: la irrupción de la economía digital y de las empresas de plataformas de intermediación que están desdibujando las fronteras entre trabajo dependiente y trabajo autónomo. La forma en que ambos factores se complementan está evidenciando los obstáculos que enfrentan los sindicatos para representar estas formas de trabajo. En tercer lugar, mencionamos otros factores de carácter interno, que tienen que ver con el desfasaje que existe entre los cambios operados en el mundo del trabajo y las formas de representar la diversidad de la clase trabajadora heredadas de otros periodos históricos. Las organizaciones sindicales no han logrado acompañar y responder con éxito a las transformaciones en la organización del trabajo o a la introducción de nuevas tecnologías con la misma velocidad con que estos cambios se han ido evidenciando. En buena medida esto se explica por el impacto de las políticas represivas aplicadas bajo dictaduras militares en los años setenta y ochenta, y por la oleada de reformas laborales inspiradas en la agenda de la flexibilización durante el auge del Consenso de Washington en los años noventa. Ambas experiencias dislocaron la potencia del movimiento obrero latinoamericano de manera estructural en las décadas siguientes. Pero también hay que señalar que son consecuencia de dinámicas internas alimentadas por el retraimiento de las instancias de participación democrática en la vida de las organizaciones y la persistencia de una tradición político-ideológica patriarcal, centrada en la figura masculina del obrero cubierto por negociación colectiva e inserto en el modelo urbano-industrial. Considerando este cuadro de situación, ¿cómo está reaccionando el sindicalismo en la pandemia?, ¿qué capacidad de respuesta ha tenido? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. La cuarentena clausura casi por completo la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza como huelgas o movilizaciones. Las instancias de negociación tripartita no existen, escasean o se crean como puestas en escena. Los esfuerzos se concentran, en el mejor de los casos, en sostener ingresos a trabajadores suspendidos, evitar despidos o garantizar medidas de protección sanitaria para los trabajadores/as considerados esenciales. Los diques que intentan hacer frente al tsunami de destrucción de empleos están repletos de grietas y filtra ciones que no surgieron ahora, vienen de bastante tiempo atrás. En las siguientes páginas se presenta un listado no exhaustivo de las tendencias observadas en la región en tres grandes áreas: las medidas gubernamentales aplicadas a la producción y el empleo, las medidas de atención a la emergencia social y algunas de las propuestas más sobresalientes que se están imponiendo con vocación de permanecer: en este caso analizamos la implementación del teletrabajo. También existen y se multiplican rápidamente las denuncias contra empresas y gobiernos, sea por incumplimiento de las medidas dispuestas, sea por abuso y violación de normativas preexistentes, que impactan en la clase trabajadora. 6

LA RESPUESTA A LA PANDEMIA: TENDENCIAS EN LA REGIÓN Desde el desembarco del covid -19 en la región, hemos presenciado casi a diario anuncios de medidas variadas que buscan atender primero la crisis sanitaria, luego la económica y ahora también la social. La tentación de replicar diagnósticos, pronósticos y políticas implementados en otras latitudes donde el covid -19 v enía haciendo estragos desde antes de llegar a nuestro continente fue y sigue siendo grande. Uno de los principales obstáculos para hacerlo radica en las enormes asimetrías que separan al norte del sur. Saltan a la vista cuando observamos los presupuestos nacionales, los sistemas de protección social, de salud, de educación o en general los niveles de inversión en políticas públicas que se registran en nuestros países. Por no hablar de las distancias que existen en otros campos como el ejercicio de la fuerza represiva, las prácticas autoritarias y de criminalización de la protesta social que ubican a América Latina como la principal región en cuanto a asesinatos de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en general. Particularmente en nuestros países, cobran mayor relevancia los índices de empleo informal, la precariedad, la inestabilidad de las economías, así como también la fuerte dependencia de sectores primarios, extractivos y exportadores y el control que ejerce el capital transnacional sobre las economías y los entramados productivos. Si bien las disposiciones de cuarentena obligatoria, distanciamiento social exhortado y sus variantes se repiten en diferente grado en la enorme mayoría de los países y en todas las regiones del mundo, en América Latina y el Caribe observamos impactos específicos. En muchos casos refuerzan o detonan problemas prepandemia. Las medidas de control de precios y acaparamiento son escasas, voluntarias y sus resultados son magros. Se advierten problemas de abastecimiento y asequibilidad a productos esenciales(alimentos, higiene, salud) en forma temporal o permanente con impactos desiguales dentro de un mismo país, dependiendo de las poblaciones afectadas. La condición de clase es determinante: todos podemos enfermarnos, pero la exposición al virus, su tratamiento y curación dependen de la clase social. También está el enorme beneficio que las empresas del sistema agroalimentario, la salud privada y el comercio minorista de productos alimenticios y de higiene están obteniendo. Además, la cuarentena expone en toda su magnitud la crisis de los cuidados y la extrema vulnerabilidad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia de género. Varones y mujeres teletrabajan en sus casas al mismo tiempo que cuidan de sus hijas e hijos provocando la fusión del mundo laboral y familiar/personal sin cortes, sin horarios de descanso, sin fines de semana. En ausencia de sistemas integrales de cuidados 7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL. o de políticas públicas sustantivas de corresponsabilidad social y colectiva, la suspensión de las clases en instituciones educativas y el cierre de centros de atención a la primera infancia, sumados a las recomendaciones sanitarias que impiden que abuelas y personas mayores asuman su tradicional rol de cuidadoras, dinamitaron el frágil sistema de cuidados del que dependen dramáticamente muchas familias para poder trabajar. El aislamiento acentúa además la sobrecarga y la distribución desigual del trabajo doméstico no remunerado sobre las mujeres y clausura las redes de apoyo familiar y comunitario que son imprescindibles para la reproducción en la mayoría de los hogares populares. En este campo, las medidas son prácticamente inexistentes o tan insuficientes y poco sistemáticas que parecieran no existir, prima la concepción de que los cuidados constituyen una responsabilidad«privada» que las familias«deben resolver». De igual modo, los femicidios y la violencia contra las mujeres, niñas, niños y personas lgtbi se ven exponencialmente aumentados producto del confinamien to obligatorio. La otra pandemia que pone en evidencia de un modo descarnado que los hogares no son espacios seguros para todos/as. Se replican las denuncias de organizaciones sociales y organismos oficiales acerca del aumento de la exposición de mujeres, niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia, acoso y abuso sexual. Frente a esta realidad compleja y multidimensional, se observa que los gobiernos responden en al menos tres frentes: con políticas de asistencia a la producción y el empleo, con políticas de asistencia a la emergencia social y con medidas específi cas, entre las que destaca la implementación del trabajo remoto o teletrabajo. Las variantes, el alcance y la orientación de todas estas medidas no necesariamente tienen o buscan tener los efectos que sus atractivos nombres prometen. Y a pesar de ser informadas como medidas para la atención a las crisis, intuimos que en algunos casos esconden la promoción de nuevas formas de organización del trabajo y la producción, así como también nuevas dinámicas de interacción Estado-mercado-sociedad que podrían significar una trampa artera para quienes subsisten mediante su trabajo. En buena medida, el carácter de urgente«por razones de fuerza mayor» legitima su implementación sin mayores debates públicos o auditorías. En casi todos los análisis y sistematizaciones de información sobre las medidas que se implementan, destaca la invisibilización de las políticas implementadas en Venezuela y Cuba, así como los efectos que estas han tenido. Por mucho que les pese a los países que han practicado un sistemático acoso promoviendo ataques directos a este país, en Venezuela la contagiosidad del covid -19 está controlada, es uno de los países que más testeos han aplicado y se ha apoyado en estructuras horizontales comunitarias para el control de los casos y la prevención de su expansión. No obstante, las sanciones económicas y el bloqueo continúan. Asistencia a la producción y el empleo El foco principal de las medidas observadas se concentra en los sectores productivos y en las empresas de mayor importancia por su peso económico, en que los efectos de las medidas de confinamiento generan mayor impacto en el empleo. Gran parte de las políticas están vinculadas con el salvataje a empresas, pymes en general, pero no únicamente: moratorias, créditos o exenciones fiscales que alcan zan especialmente las obligaciones de las empresas respecto a la plantilla de trabajadores/as registrados. La crisis actual puso en evidencia la debilidad de las estructuras estatales en los 8

países de la región, con servicios públicos dinamitados, privatizados y mercantilizados, sistemas de seguridad social quebrados o abandonados a la especulación fi nanciera y el afán de lucro de empresas administradoras y aseguradoras de fondos de pensión. Además, expuso brutalmente que las empresas transnacionales constituyen un factor de poder en la estructura socioeconómica, con una enorme capacidad para resistir los intentos de control soberano de los Estados, las políticas de redistribución y las políticas impositivas progresistas. Desnudó como nunca que la«normalidad» de la clase trabajadora en América Latina y el Caribe es consecuencia de una desregulación extrema de las relaciones laborales que explica por qué quienes viven de su trabajo tienen como destino la precariedad e informalidad. En promedio, la informalidad a nivel de América Latina y el Caribe alcanzaba al 53 % de los trabajadores/as en actividad( oit , 2019). Sobre esta«línea base» desembarca el covid -19. El parate económico que estamos observando en todo el mundo está reconociendo que el trabajo y los trabajadores y trabajadoras están en el centro de la economía. Sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos de la región no están a la altura de esta afirmación ni se dirigen a proteger la vida y el ingreso de las mayorías. Constatamos una vez más que los empresarios son militantes del diálogo social, el gasto público y el compromiso de clases únicamente cuando se trata de socializar las pérdidas, no así cuando lo que está en discusión son los beneficios. En esos casos, son los principales detractores de lo público y repelen el diálogo en todas sus formas. Vemos en todos los países organizaciones que nuclean empresarios formular planes, conformar comités de emergencia, abrirse espacios vía cabildeo y reclamar intervención estatal. También los vemos promover efusivamente la caridad y la falsa solidaridad como publicidad y marketing gratuito. La Unión Industrial Argentina( uia ) promovió un ambicioso acuerdo salarial con la mayor central sindical del país que supone un recorte del 25% en todas las actividades afectadas por suspensiones. Al mismo tiempo, obtuvo un salvataje colosal del Estado, que asumió el pago del 50% de los salarios del personal para empresas de cualquier tamaño, rama de actividad y nivel de facturación. Como afirmó Al berto Fernández en una entrevista radial, los empresarios están pagando apenas el 25% de los salarios de sus planteles. A pesar de estos acuerdos, el Ministerio de Trabajo reporta que solo en marzo del 2020 se registra la pérdida de 105.000 puestos de trabajo formales. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia( cepb ) se ha reunido con el gobierno golpista para coordinar medidas y ha presentado un pliego de reclamos sectoriales que incluyen el pedido de congelar el salario mínimo nacional. En Bolivia el diálogo social es una mesa para dos: la dictadura y el capital. E n Perú, uno de los países más afectados por la pandemia con epicentro en Lima, mediante decreto presidencial el 13 de abril se puso en vigor la«suspensión perfecta de labores», que autoriza a las empresas que se declaren en esa situación a realizar despidos masivos. Organismos oficiales calculan que la pérdida de empleos ya afecta a la tercera parte de la población activa del país. En lugar de indemnizaciones, los trabajadores son autorizados a utilizar los fondos acumulados individualmente en las cuentas por compensación de tiempo de servicio. Un fondo por paro personal. Por doquier se encuentran estos mecanismos individualizantes en las legislaciones laborales nacionales de los países que han atravesado las primeras dos décadas del siglo con gobiernos neoliberales. La principal central sindical del país, la cgtp , convocó un cacerolazo el 23 de abril para exigir la derogación de la suspensión perfecta de labores, por ser un decreto a 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL. medida de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas( co fiep ). En conjunto con otras organizaciones populares, exigen un bono universal de 1.000 soles(aproximadamente 294 dó lares) y que el Estado asuma el pago de la electricidad, el agua y la telefonía de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. El gobierno respondió con un bono solidario de 760 soles(aproximadamente 223 dólares). 2 Mientras tanto, Perú asiste a un dramático éxodo de miles de trabajadores y trabajadoras en condiciones de informalidad. Ganarse la vida día a día en Lima ya no es posible. Alrededor de 170.000 personas se inscribieron en padrones de gobiernos locales para solicitar ayuda a fin de salir de las ciudades y regresar a sus comunidades de origen. Familias completas con valijas caminan por las rutas de Lima y se montaron campamentos en las terminales de micros de larga distancia. Pero para un artículo del 30 de abril del New York Times el riesgo es la propagación del virus en zonas rurales. En República Dominicana, donde las suspensiones de trabajadores/as son masivas, 3 se ha realizado una suerte de reforma improvisada del sistema de pensiones llamada«devolución de parte de los fondos de pensiones», que supone un recorte de alrededor del 30 % de los fondos acumulados en concepto de cotizaciones al sistema. Las medidas de atención a los/as trabajadores/as suspendidos están siendo sostenidas, básicamente, por los aportes 2 Los valores en dólares son tomados considerando la conversión de 0,294 dólares por cada sol, con fecha 3 de junio de 2020. 3 Al 1.° de mayo las suspensiones alcanzaron los 800.000 trabajadores/as. Sindicatos del país consideran que gran parte de estas suspensiones serán despidos cuando finalice el periodo de sus pensión. Además, un millón de trabajadores/as ya perdieron sus trabajos en condiciones de informalidad. Datos de la Encuesta Nacional del Banco Central de República Dominicana señalaban que más de la mitad de la población ocupada en el país trabaja en condiciones de informalidad(54,8% en el cuatro trimestre de 2019). de los propios trabajadores/as al fondo de pensiones. En respuesta, el 6 de mayo una articulación de 74 organizaciones popula res(que incluye a las tres centrales sindicales nacionales y a las principales organizaciones campesinas) rechazó de manera conjunta el ajuste de los fondos de pensiones y presentó una amplia propuesta de reforma solidaria del sistema jubilatorio. En lo inmediato, reclaman exoneración de cotizaciones a trabajadores/as y pequeñas empresas, y una modificación del esque ma de comisiones de las afp (aseguradoras privadas en régimen de capitalización individual) para que estas empresas, y no los trabajadores, sean quienes paguen los costos de la crisis. La presión ejercida sobre los fondos de seguridad social en la región es desproporcional y será sostenida en el tiempo. Aunque merece un capítulo aparte de análisis, resaltamos que la cepal vaticina que aquellos regímenes basados en modelos de capitalización individual(las afp ) o sistemas mixtos tendrán«una fuerte reducción de los fondos acumulados y el nivel de las prestaciones de quienes estén por pensionarse». En esta situación destacan Bolivia, Chile, El Salvador, México y República Dominicana, pero también Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Estos últimos con sistemas mixtos. 4 En paralelo, también en República Dominicana, distintos sindicatos denuncian suspensiones de contratos y recortes salariales en empresas vinculadas a cadenas globales de producción, entre las cuales se destacan las que abastecen al sector textil vestimenta ubicadas en zonas francas de exportación con casas matrices en Estados Unidos. En las empresas Propper International(que abastece de vestimenta y equipos al ejército de Estados Unidos), Timberland del calzado y la textil Minikin Togs, los trabajadores han sido suspendidos y solo cobran un 70% de su salario garantizado por el Estado. 4 CEPAL, El desafío social en tiempos del co vid -19, 12 de mayo de 2020. 10

Las transferencias de recursos financie ros para atender la debacle económica en muchos países provienen de préstamos de instituciones financieras internacionales. Es decir, suponen endeudamiento público. Cuánto de este nuevo endeudamiento contribuirá efectivamente a atender a las pymes es una pregunta abierta. En El Salvador, el fmi aprobó a mediados de abril un instrumento de financiamien to rápido de 389 millones de dólares, luego de más de tres décadas de no otorgar ningún fondo a ese país. Inmediatamente comenzaron las presiones del fmi para promover una reforma de Estado en ese país. Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay ya han solicitado préstamos a instituciones financieras internacionales. El fmi ya aprobó préstamos a 11 países de América Latina por un monto total mayor de 3.400 millones de dólares. El financiamiento se les ha negado únicamente a Venezuela y Nicaragua. Todo indica que se impondrán condicionamientos(programas de ajuste del gasto público) a los países que recibieron fondos. En el caso de Venezuela, el rechazo a la solicitud de fondos se suma a la negativa de levantamiento de sanciones y bloqueo que ahogan a la economía de ese país. Queda claro que la ayuda financiera de las principales instituciones del capitalismo está disponible solo para aquellos gobiernos que obedezcan los mandatos establecidos. En materia de políticas para el sector productivo, se destacan las medidas que se dirigen a las pymes. Estas son variadas y presentan diferente alcance según los países. Las más sobresalientes y generalizadas en la región son la flexibilización de vencimientos de créditos adquiridos, las rebajas en las tasas de interés, las opciones de financiamiento blandas, la prórroga de los pagos de obligaciones impositivas y de la seguridad social o subsidios para el pago de salarios, que se calculan sobre la base de los salarios mínimos nacionales y oscilan alrededor del 35 % o el 50%, tal como está sucediendo por ejemplo en Argentina, Paraguay, República Dominicana o Perú. Y si bien las pymes parecen ser las niñas mimadas de los titulares y destinatarias de buena parte de los recursos—siempre escasos— disponibles para paliar las crisis, la realidad rompe los ojos cuando vemos quiénes son en muchos casos los verdaderos beneficiarios de estas medidas. En virtud de las definiciones ad hoc para cla sificar a una empresa como pequeña o mediana(cantidad de trabajadores, nivel de facturación, etc.), las políticas adoptadas para este sector terminan muchas veces beneficiando a su vez a empresas transnacionales. Hay que decirlo. No todos pierden con el covid -19. Hay sectores ganadores, que están aprovechando la oportunidad para hacer realidad planes que tenían entre manos desde hace un buen tiempo. En algunas ocasiones, las políticas diseñadas para dinamizar el mercado interno y asistir a las pymes paradójicamente las excluyen, favoreciendo aún más la apropiación de los recursos públicos por los sectores más concentrados. En Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios aplicó una encuesta sobre el impacto económico sobre una muestra de 613 empresas durante la primera quincena de abril. Los resultados indican una caída en los niveles de venta en empresas de todos los tamaños. Las microempresas son las más afectadas. El 60% de las empresas que respondieron la encuesta calificaron de forma negativa las medidas adoptadas por las autoridades con relación al apoyo a medianas y pequeñas empresas: 47,1% las calificaron como insuficientes y para un 11,3% son discordantes con sus necesidades. Dentro de las respuestas que dieron, señalaron que las medidas adoptadas no contemplan a empresas con más de 10 empleados a pesar de ser pequeñas y medianas empresas. 5 5 La pregunta realizada expresa:«¿Cómo calificaría en general las diferentes medidas que las autoridades han adoptado hasta el momento 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL. Las empresas de la economía digital, de las telecomunicaciones y las plataformas de«recados» han encontrado en la cuarentena una oportunidad para expandir sus negocios. Los laboratorios farmacéuticos y las transnacionales de la alimentación que especulan con la desesperación imponen condiciones cada vez más leoninas a los pequeños productores agropecuarios y extorsionan a los gobiernos en las licitaciones públicas realizadas con carácter urgente. Sus trabajadores/as, en la primera línea de exposición y riesgo, no cuentan en muchos casos con equipamientos de protección personal, alcohol en gel, guantes y otros artículos de higiene. Las denuncias se multiplican. En Brasil, trabajadores y trabajadoras de las plataformas Rappi, iFood, Loggi y Uber Eats se movilizaron el 20 de abril reclamando equipos de seguridad personal, derecho a desconexión y mejores tasas. El 22 de abril se realizó un paro internacional de trabajadores de plataformas de recados que contó con la adhesión de agrupaciones y colectivos gremiales en Argentina, España, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Perú. Avaladas o no por las medidas implementadas por los gobiernos, muchas empresas, especialmente algunas transnacionales, son fieles a su comportamiento antisindical y de vulneración de derechos laborales que las caracterizaba antes de la pandemia. Implementación compulsiva del teletrabajo, vacaciones o licencias regulares adelantadas(por ejemplo en Brasil y Paraguay), reducción o extensiones con el objetivo de apoyar a las mipymes afectadas por la crisis sanitaria?». 47,1% respondieron que son«Medidas insuficientes dadas las necesi dades de las empresas», 35,4% entendieron que son«Medidas adecuadas a las necesidades de las empresas», para un 11,3% son«Medidas discordantes con las necesidades de las empresas», 3,6% señalaron que«Ninguna de las anteriores/Otras» y 2,6% afirmaron que las«Medidas se ajustan per fectamente a las necesidades de las empresas». Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Impacto Económico del covid -19, encuesta, segunda edición, abril de 2020. de la jornada laboral, recortes salariales a cambio de estabilidad en el puesto, suspensiones temporales de contratos, autorización para realizar despidos masivos, ampliación de los seguros de desempleo, amparados o no en legislación vigente o sancionada de urgencia, son la tendencia más importante en todos los países de la región. La metalúrgica transnacional Techint, presente en varios países de la región, ha sido denunciada por organizaciones sindicales de Argentina, Guatemala, Colombia e Italia por despedir trabajadores e incumplir los protocolos sanitarios. Antes incluso del covid -19, Techint era mencionada por conflictos con trabajadores/as y prác ticas antisindicales al menos en Colombia y Guatemala. En Chile, se aprobó una ley de falsa protección del empleo que habilitó a las empresas a suspender el pago del salario a trabajadores/as durante el periodo de crisis. La ley—tendemos a pensar que de forma deliberada— no diferenció entre tamaño de empresas. Empresas transnacionales del sector alimentario de gran renombre como Starbucks o Burger King se acogieron a la ley y«protegieron» a sus trabajadores/as suspendiendo el contrato de aproximadamente 4.000 de ellos. El go bierno de Piñera ofreció una norma a la medida del capital transnacional. El sindicato de trabajadores/as de Starbucks subrayaba con la siguiente afirmación la hipocresía de la empresa: el precio del café más barato de Starbucks es más alto que lo que recibe un trabajador/a de la empresa por una hora de trabajo. 6 En Brasil, el gobierno de Bolsonaro aprobó en materia laboral la medida provisoria 936, que habilitó la reducción del salario a cambio de la estabilidad—nunca garantizada— del empleo, por acuerdo 6 Véa nse perfiles del sindicato en redes sociales: https://www.facebook.com/ SindicatoStarbucksChile/ y https://twitter.com/ SindicatoSbux 12

entre trabajador/a-empleador, pasando por alto el marco de la negociación colectiva. Más de un millón de trabajadores/ as ya firmaron este tipo de contratos. Los resultados de las políticas de«protección del empleo» han quedado en evidencia. Durante el primer trimestre de 2020 el desempleo en Brasil se disparó en marzo y alcanzó 12,2%(casi 13 millones de personas), según datos del ibge . En Uruguay, el gobierno de derecha que asumió en marzo tuvo que enfrentar inmediatamente el desembarco de la pandemia. La creación de un Fondo Coronavirus para atender la pandemia, basado en descuentos salariales a empleados públicos, se concretó sin acuerdo previo con los trabajadores/as y mediando una exhortación de distanciamiento social que disuade cualquier expresión de movilización y protesta social. El principal proyecto de gobierno anunciado en campaña electoral era la aprobación de una ley de urgente consideración que impone la modificación de decenas de políticas. Aun en contexto de pandemia, con distanciamiento social, suspensión de clases en la educación y todo, la ley fue ingresada al Parlamento desoyendo los reclamos acerca de un procedimiento que transgrede la tradición democrática del país. En Ecuador, que atraviesa una catástrofe humanitaria en la ciudad de Guayaquil, el gobierno de Lenin Moreno presentó un paquete de medidas de ajuste y reforma laboral en dos proyectos de ley con calidad de urgentes. El denominado«Proyecto de ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas», que contiene las medidas acordadas con el fmi (como límites al gasto y endeudamiento público), y el«Proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid -19». Este último establece ajustes fiscales, la creación de un impuesto a las personas y las utilidades de las empresas denominado«Cuenta Nacional de Emergencia Humanitaria», fondo que recaudará durante tres meses el 5 % de las utilidades de las empresas con una facturación superior a un millón de dólares. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores( fut ), que nuclea a las principales centrales sindicales del país, ha denunciado el carácter engañoso de esta medida, que exonera del pago de este impuesto a todas las empresas que hayan sufrido afectación económica durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. El proyecto incluye además una reforma laboral regresiva con la creación de nuevas modalidades contractuales precarias como los denominados contratos por emprendimiento, el contrato especial emergente o la jornada laboral especial, que habilitan la extensión de la jornada hasta 12 horas diarias y vulneran la estabilidad en el empleo. Ciertamente, en lo que se refiere a las políticas de protección del empleo, Argentina aparece como un oasis en un desierto. Es además el primer país en declarar al covid -19 como enfermedad laboral y otorgar licencias por cuidados al personal con hijos a cargo afectado a tareas esenciales. Mientras tanto, se simplifican el despido y la suspensión de despidos de trabajadores y se habilita el pago en especie en Paraguay, y como pretexto para ingentes reducciones salariales y para imponer condiciones de manera individualizada a las y los trabajadores en Chile y Brasil. Asistencia a la emergencia social En segundo lugar, observamos políticas focalizadas y medidas de refuerzo de transferencias monetarias y/o asistencia alimentaria a los estratos de la economía informal, los más pauperizados, que presentan diferencias entre países y en general resultan insuficientes. No es novedad para casi nadie que el denominado sector informal(el trabajo sin derechos ni acceso a la seguridad social, precario e inestable) es el principal problema del trabajo en el siglo xxi . Lo ponemos en datos de algunos países hermanos: Bolivia 71,6%, Perú 64,6%, 13

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL. Brasil 45%, Argentina 40,2%, Paraguay 61,7%, Uruguay 36,6%, Chile 33%, Ecuador 67,2%, El Salvador 60%, República Dominicana 54,2 %. 7 Podría afirmarse que este extenso y he terogéneo continente laboral constituye el estrato más dinámico del mercado de trabajo, más de la mitad de la fuerza laboral de América Latina y el Caribe, 140 millones de trabajadoras y trabajadores. En efecto, durante la última década se registra en la región una disminución del peso del sector asalariado en favor de categorías ocupacionales por cuenta propia no profesionales e informales. En paralelo, crece el peso de los servicios y el comercio, en detrimento de las actividades industriales y agrícolas. Entre 2015 y 2018 las únicas actividades que experimentaron una expansión constante en la generación de empleo fueron los servicios comunales, sociales y personales, y el comercio. Ambas categorías explican el 64 % de los nue vos empleos en 2018 en la región. 8 Trabajadores/as sin derechos, pero fundamentalmente trabajadores sin sindicatos, o al menos sin sindicatos conformados institucionalmente y reconocidos como interlocutores frente a Estados y empresas. De ahí surgen dos hechos objetivos que tampoco son ninguna novedad: las políticas laborales tradicionales no alcanzan a este enorme continente del trabajo y los sindicatos no lo representan. Por eso, para analizar las políticas sociolaborales en nuestros países, no alcanza con observar aquellas destinadas al mundo formal del trabajo, con relaciones de dependencia más o menos transparentes. Es ineludible prestar atención a las medidas destinadas 7 Los datos corresponden a la suma de las siguientes categorías ocupacionales en cada país para el año 2018: asalariados privados y patrones en establecimientos de cinco o menos trabajadores, cuenta propia no profesionales, técnicos o administrativos, servicio doméstico y trabajadores familiares auxiliares. Fuente: oit , 2019. 8 Fuente: cepal / oit . 2019. Coyuntura laboral en América Latina y Caribe. Mayo 2019, número 20, p. 15. En https://repositorio. cepal .org/bitstream/ handle/11362/44604/1/S1900309_es.pdf a las figuras autónomas, el cuentapropis mo, y a aquellas dirigidas a combatir el hambre y la pobreza, que alcanzan fundamentalmente a los sectores excluidos de la protección social. Para ellos y ellas la cuarentena obligatoria, el alcohol en gel, el distanciamiento social y el#QuedateEnCasa representan simple y llanamente el hambre y la miseria, tener que elegir entre enfermar o comer. En algunos países las transferencias monetarias se combinan con distribución de alimentos, garantía de servicios básicos y/o prohibición de corte de suministro por falta de pago(Argentina, Bolivia, Paraguay) y más excepcionalmente control de precios de alimentos y productos de higiene(Argentina). La principal tendencia en cuanto a medidas para atender a trabajadores/as en condiciones de informalidad es, para decirlo sin rodeos, la no existencia de medidas. Lo que sí hay que recalcar es que en todos los países sin excepción se han dispuesto mecanismos de transferencias monetarias o de alimentos a la población más afectada económicamente por la pandemia. Los Estados se limitan a reforzar la transferencia de ingresos utilizando como vehículo los programas ya existentes de atención a poblaciones vulnerables y a la pobreza. La ayuda a los sectores más vulnerables en países con gobiernos de derecha está desembarcando, paradójicamente, a través de los programas y políticas de transferencias de ingresos heredados del ciclo de gobiernos de izquierda y progresistas en la región. La institucionalidad de protección social que ya estaba instalada desde el 2003-2005 facilita la detección de los hogares donde se concentran las trabajadoras y trabajadores desempleados, en condiciones de informalidad o que trabajan por su cuenta. Pero los programas de emergencia, de asistencia social, de atención a la pobreza no terminan de contener esta situación, porque la realidad previa a la pandemia ya era muy precaria e inherente al sistema capitalista que reproduce la exclusión y la desigualdad. 14

Bolivia implementó el Bono Familia, que consiste en la entrega de 500 bolivianos(aproximadamente 72 dólares) por hijo en edad escolar, la prohibición de corte de suministro de luz, gas y agua por falta de pago y el plan Canasta Familiar Gratuita, un monto de 400 bolivianos (aproximadamente 58 dólares) dirigido a los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad, las madres que reciben el bono Juana Azurduy y personas con discapacidad. Se prevé beneficiar a 1,6 millones de familias en el territorio nacional a nivel rural y urbano. 9 Chile implementó un bono de apoyo de ingresos, 10 que beneficiará a 2 millones de personas sin trabajo formal, y la Ley de Ingreso Mínimo Garantizado. 11 Establece un subsidio mensual de cargo fiscal para tra bajadores dependientes sujetos a jornada que perciban una remuneración mensual bruta inferior a 445 dólares, aproximada mente, y pertenezcan a los nueve primeros deciles. Proyecto discutido con anterioridad a la crisis sanitaria pero promulgado durante esta. Paraguay estableció el subsidio para trabajadores informales, que consiste en el 25% del salario mínimo y puede ser concedido hasta dos veces a cada trabajador. Además, una medida de mantenimiento de arriendo que prohíbe desalojos durante tres meses, siempre que se garantice el pago de al menos el 40% del al quiler mensual. Asimismo, la exoneración del pago del agua potable para sectores y microempresas y la posibilidad de diferir el pago de las telecomunicaciones. Brasil dispuso, luego de protestas y reclamos realizados por un amplio arco de organizaciones, una renta emergencial de 600 reales por tres meses destinada a traba9 Los valores en dólares son tomados considerando la conversión de 0,1445 dólares por cada peso boliviano con fecha 3 de junio de 2020. 10 https://www.diariooficial.interior.gob.cl/ publicaciones/2020/04/02/42622/01/1748257.pdf 11 https://www.diariooficial.interior.gob.cl/ publicaciones/2020/04/03/42623/01/1748493.pdf jadores en las informalidad, microemprendimientos, autónomos y desempleados. En Argentina, medidas de transferencia monetaria como los bonos extraordinarios para la Asignación Universal por Hijo ( auh ) y jubilados, el refuerzo del programa Tarjeta Alimentar o el Ingreso Familiar de Emergencia ( ife ), consistente en 10.000 pesos para desocupados, trabajadores en condiciones de informalidad, trabajadoras domésticas y monotributistas de las categorías inferiores. Argentina sumó la fija ción de precios máximos para un conjunto de productos de primera necesidad 12 durante 30 días con el fin de garantizar el abastecimiento y controlar abusos, con control directo de los gobiernos locales. En Uruguay se han flexibilizado las con diciones de acceso al seguro de desempleo, se ha ampliado su cobertura y se han reforzado los aportes al programa Uruguay Social, así como también el monto para los beneficiarios de los hogares que forman parte del Plan de Equidad, ambos programas focalizados en proteger a personas en situación de pobreza. Adicionalmente, para alcanzar a los trabajadores informales no incluidos en los dos programas anteriores, se introdujo la Canasta de Emergencia Alimentaria por 1.200 pesos uruguayos(aproximadamente 28 dólares). 13 Todas estas medidas se viabilizan a través de los programas y mecanismos del Ministerio de Desarrollo Social ( mides ) creado poscrisis 2002 por la primera administración de la coalición de partidos y sectores de izquierda Frente Amplio. Mientras tanto, trabajadores/as del ministerio, organizaciones sociales y el Frente Amplio, ahora en oposición, denuncian el desmantelamiento de las políticas sociales. Si bien estas medidas tendrán impactos de distintos niveles, las proyecciones disuaden las expectativas sobre sus efectos. La cepal , en un reciente informe publicado 12 https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos 13 Los valores en dólares son tomados considerando la conversión de 0,023 dólares por cada peso uruguayo con fecha 3 de junio de 2020. 15

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL. en mayo de 2020, prevé un deterioro de los principales indicadores socioeconómicos en la región: caída del pib (–5,4% pro medio), aumento de desempleo(al menos +3,4 puntos porcentuales) y aumento de la pobreza en al menos+4,4 puntos por centuales, esto es, 28,7 millones de personas, lo que supone un total de 214,7 millo nes de personas viviendo en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, el 34,7% de la población total. 14 Implementación del trabajo remoto o teletrabajo Por último, uno de los emergentes más llamativos es la habilitación y promoción compulsiva de formas de teletrabajo, también denominado trabajo remoto, desde el hogar, sin ningún tipo de regulación vinculada con el cumplimiento de la jornada laboral, sin ninguna consideración seria relativa a la amplitud y calidad de la conectividad en la mayoría de los hogares de la región, ni del equipamiento y capacitación imprescindibles para llevar adelante las tareas en esta modalidad. Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, entre otros países, hacen parte de un experimento social sin precedentes y de carácter global. Es habilitado de forma predominante vía decretos presidenciales, pero además está tomando forma a partir de nuevas leyes que comienzan a ser debatidas en los parlamentos. No hay que perder de vista que los trabajadores y trabajadoras afectados al teletrabajo(del sector público o privado) son en su mayoría asalariados y en su mayoría formales calificados. El denominador común es el avasallamiento de los derechos adquiridos y de toda regulación protectora del trabajo. En los peores casos, como por ejemplo en Brasil, estas modalidades son aplicadas unilateralmente por voluntad de los empleadores a trabajadores individuales, sin ninguna mediación colectiva. El caso 14 cepal , E l desafío social en tiempos del COVID-19, 12 de mayo de 2020. de Chile es paradigmático: bajo el rótulo de derecho a la desconexión el gobierno pretende enmascarar que el límite de la jornada laboral en la ley puede levantarse por acuerdos individuales entre el empleador y el trabajador/a. Nos parece oportuno recuperar algunas reflexiones presentadas en el pro nunciamiento del Grupo de Trabajo clacso «Apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades» y la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales( riat ), 15 que destacan la disparidad existente entre los países de la región y las naciones productoras de tecnologías en materia de conectividad e infraestructura, expuesta como nunca antes por la virtualización generalizada de la educación, el teletrabajo, la vigilancia digital, el uso de datos personales, el conocimiento abierto y la protección de los saberes locales. De ahí la necesidad de reconocer que internet es un servicio público y un bien común, por eso su acceso universal debe ser considerado un derecho humano. Esto implica poner sobre la mesa las disputas por el costo, el acceso abierto a datos de interés público, el código abierto, la transparencia en el uso de datos y la internet ciudadana, indispensables para la democratización. También implica una discusión en términos de la propiedad de la tecnología, factor de enorme concentración de riqueza y generador de asimetrías entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. En definitiva, afirmar que las medidas para hacer frente a la pandemia provocaron una crisis del empleo es, al menos, tramposo. Esa crisis estaba en pleno desarrollo durante la última década pos-2008. La pandemia lo que hace es profundizarla e instalarla como realidad. Pinceladas gruesas de la nueva narrativa hegemónica del futuro del trabajo encontramos en 15 Consultado en https://www.clacso.org/ pronunciamiento-conjunto-del-grupo-de-trabajo-clacso-apropiacion-de-tecnologias-digitales-e-interseccionalidades-y-riat-red-de-investigadores-sobre-apropiacion-de-tecnologias-digitales/ 16

los documentos conmemorativos del centenario de la oit de 2018 que hablan de personas, ya no de trabajadores, de derecho a la desconexión y soberanía sobre el tiempo en lugar de jornada laboral, que defienden más el diálogo social que la negociación colectiva. La pandemia abrió una gran oportunidad a las élites económicas para poner a prueba e imponer sus nuevas herramientas de disciplinamiento social y laboral. Con la excusa de atender la emergencia sanitaria se han habilitado medidas que destruyen la negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo, la jornada laboral, entre otros. Y lo que es aún peor, se justifican acciones represivas y la escalada de militarización contra movilizaciones pacíficas que se oponen a políti cas que están vulnerando los derechos de millones de trabajadores y trabajadoras. El pasado 1.° de mayo, el gobierno de Piñera volvió a dar la nota, reprimiendo una movilización breve, pacífica y que atendía las medidas sanitarias recomendadas, de la Central Unitaria de Trabajadores, apresando incluso a dirigentes sindicales. Si el análisis de tendencias sirve para algo, es para poder entender el carácter sistémico de las respuestas que vienen del capital transnacional y de las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha que gobiernan en gran parte de los países de la región. Los intereses de estos dos grandes actores son fieles representantes de la lógica y ra cionalidad del capitalismo más feroz cuyo principal cálculo está puesto en el lucro por encima de la vida. Américas( csa ). El 30 de marzo de 2020 se publicó el documento titulado Posición y orientación de la csa frente a la pandemia del covid -19, 16 que contiene y sintetiza las principales propuestas de las organizaciones sindicales para hacer frente a la pandemia. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores y los movimientos sociales, en el plano local, nacional o regional, se encuentran en estado de alerta permanente, en la primera línea, generando respuestas colectivas para hacer frente al hambre o la violencia institucional: reparten víveres, organizan ollas populares o comunes, asisten a víctimas de la represión, convocan cacerolazos y novedosas formas de protestas desde las redes sociales. Enfrentan constantemente el cerco mediático que imponen los medios masivos de comunicación. Pero también elevan propuestas de políticas públicas a los gobiernos y denuncian la violación de derechos humanos y laborales. Todo esto pone de manifiesto la fuerte solidaridad que prevalece en nuestros pueblos, pero también lo imprescindible que sigue siendo la acción colectiva de la clase trabajadora para resistir retrocesos y labrar el suelo donde sembrar otro futuro posible. Frente a una ofensiva global, la respuesta de los pueblos exige sin duda una estrategia programática que combine organización y acción internacionalista con una articulación sociopolítica entre los sindicatos y el conjunto de movimientos que nuclean y expresan, desde el feminismo, la agricultura de subsistencia y la economía popular, a la mayoría de la clase trabajadora. Un esfuerzo en esa dirección viene realizando la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las 16 https://csa-csi.org/2020/03/30/posicion-yorientaciones-de-la-csa-frente-a-la-pandemia-delcovid-19/ 17

SOBRE LAS AUTORAS PIE DE IMPRENTA Natalia Carrau es investigadora, militante social y feminista. Licenciada en Ciencias Políticas, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay y consultora de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Se ha especializado en el estudio de las agendas comerciales, inversiones y cadenas globales de producción. Cecilia Anigstein es investigadora y docente. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento-Instituto de Desarrollo Económico (UNGS-IDES). Participó como asesora de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas en la elaboración de la Plataforma de Desarrollo para las Américas. Friedrich-Ebert-Stiftung Proyecto Sindical Regional América Latina y el Caribe Montevideo, Uruguay Responsable: Uta Dirksen Directora de FES Sindical Regional América Latina y el Caribe Más información: fes-sindical.org| sindical@fesur.org.uy Twitter: @fes_sindical| I nstagram: fes_sindical Edición y corrección de estilo : María Lila Ltaif Diagramación: Laura Sandoval Fundación Friedrich Ebert( fes ) La Fundación Friedrich Ebert ( fes ) fue creada en 1925, y es la fundación política más antigua de Alemania. Es una institución privada y de utilidad pública, comprometida con el ideario de la democracia social. La fundación debe su nombre a Friedrich Ebert, primer presidente alemán democráticamente elegido, y da continuidad a su legado de hacer efectivas la libertad, la solidaridad y la justicia social. Cumple esa tarea en Alemania y en el exterior en sus programas de formación política y de cooperación internacional, así como en el apoyo a becarios y el fomento de la investigación. Para solicitar publicaciones: El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung ( fes ) está prohibido sin previa autorización escrita de la fes . Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la FriedrichEbert-Stiftung(o las de la organización para la que trabajan los/las autores/as o las de las entidades que auspiciaron la investigación). ISBN: 978-9915-9308-0-0

LA«NUEVA NORMALIDAD» DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL Prefiguraciones sobre la clase trabajadora pospandemia en América Latina y el Caribe Es posible un retorno a la normalidad? ¿Cuánto de las medidas excepcionales que hoy se están tomando será parte estable de la llamada nueva normalidad? ¿Estamos experimentando una profunda reforma laboral por la vía de los hechos? ¿Cómo está reaccionando el sindicalismo en la pandemia? ¿Qué capacidad de respuesta ha tenido? En otras palabras, cuando el COVID-19 pase, ¿cuánto de lo resuelto en cuarentena permanecerá? Transitamos un proceso de reconversión del trabajo en una gama amplia de actividades, a escala planetaria y en un tiempo extremadamente corto. Las normativas parecen correr detrás para regular lo que se impone por «razones de fuerza mayor». Las empresas, particularmente las transnacionales, se autoadjudican prerrogativas, elaboran plataformas programáticas, se coordinan colectivamente para hacer cabildeo y obtener de ese modo atención de los gobiernos en una ventanilla privilegiada. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales atraviesan, en cambio, un momento de enorme debilidad y acciones defensivas. En este escrito analizamos algunas de las tendencias observadas en la región en tres grandes áreas: las medidas gubernamentales aplicadas a la producción y el empleo, las medidas de atención a la emergencia social y algunas de las propuestas más sobresalientes que se están imponiendo con vocación de permanecer: en este caso analizamos la implementación del teletrabajo.