ANÁLISIS PAZ Y SEGURIDAD FIN A LA GUERRA Una agenda para la paz, la justicia y los derechos humanos en México Raúl Zepeda Gil Octubre 2020 La élite mexicana ha montado un andamiaje represivo cada vez más sólido: un Estado de derecho de excepción para cumplir con el régimen de drogas, Fuerzas Armadas con mayor presupuesto, más armas a las agencias de seguridad y amplias penas para criminalizar poblaciones marginadas. Sin embargo, hay esperanza. Múltiples resistencias han dado lugar a iniciativas políticas, desde las cuales se ha podido cuestionar el fundamento político del conflicto. Es necesario crear una agenda para darle fin a la guerra contra las drogas en México. Se requiere construir un nuevo Estado que pueda pacificar el país de manera no violenta.

PAZ Y SEGURIDAD FIN A LA GUERRA Una agenda para la paz, la justicia y los derechos humanos en México

Índice INTRODUCCIÓN 3 UN PAÍS EN CONFLICTO: DIAGNÓSTICO SOBRE LAS 5 VIOLENCIAS EN MÉXICO EL TRIUNFO IMPOSIBLE: EL CONFLICTO ARMADO Y EL COLAPSO DEL 5 SISTEMA DE JUSTICIA El régimen de prohibición y sus políticas 5 Estado represor con sistema de justicia colapsado 6 El mercado ilícito y sus integrantes 7 Conservadurismo populista penal 7 Orden masculino violento 8 LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 8 Homicidios y feminicidios 8 Ejecuciones extrajudiciales 10 Desapariciones 12 Desplazados internos 12 Tráfico de migrantes 13 Derechos político 13 Violencias sexuales, de género y laborales 13 Delitos patrimoniales 14 UN PROYECTO CIVILIZATORIO: 15 UN ESTADO PARA LA PACIFICACIÓN EJES TRANSVERSALES 15 Resolución pacífica de conflictos 15 Justicia para todas y todos 15 Empatía como principio ético 15 Fin del patriarcado violento 15 Sin etiquetas y discriminación 15 Estado social robusto 16 EN DEFENSA 16 De los derechos humanos 16 De la igualdad 16 De la justicia transparente 16 Del orden civil 16 POLÍTICAS PARA DETENER EL CONFLICTO 17 Fin al régimen de prohibición de drogas 17 Transformación de la política criminal 17 Misiones de pacificación 17 Justicia transicional 18 Desmilitarización de la vida pública 18 Desarme 18 Desmontar las masculinidades violentas 18 Protección de los más débiles 19 1

LOS MECANISMOS 19 Una reforma del gasto público en seguridad y justicia 19 Una nueva carrera policial 19 Control de la letalidad 19 CAMINO A LA PAZ: ESTRATEGIA POLÍTICA 19 Nuevo discurso público 19 Los rivales políticos 20 Por fases 20 Aliados clave 20 Internacionalización 20 MENSAJE FINAL: LA VIOLENCIA NO ES NATURAL 20 REFERENCIAS 22

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO INTRODUCCIÓN * Desde 2007 se ha revertido el largo proceso civilizatorio que México había experimentado desde el fin de la Revolución Mexicana: el homicidio pasó de estar en franco declive a incrementar de tal manera que llegó a cubrir partes del territorio nacional. Las consecuencias del conflicto que ha causado amplia violencia homicida en México son palpables. En términos de desarrollo, los hombres en nuestro país han visto reducida su expectativa de vida al nacer en dos años y se detuvo el incremento de años de expectativa de vida al nacer de las mujeres. 1 Igualmente, la dinámica violenta entre Estado y organizaciones criminales ha agravado y ampliado violaciones de derechos humanos que México sufría desde antes del mencionado año: desplazamiento forzado interno, desapariciones, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, y violencia política contra oficiales electos y activistas. De estas violaciones cometidas por autoridades y organizaciones criminales, dada su gravedad, algunas pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad. no importando el gobierno y su signo, la clase política ha montado un andamiaje represivo cada vez más sólido: un Estado de derecho de excepción para cumplir con el régimen de drogas, Fuerzas Armadas con mayor presupuesto, más armas proveídas a las agencias de seguridad, y amplias penas para criminalizar poblaciones marginadas. Sin embargo, hay esperanza. Durante ese mismo periodo, múltiples resistencias han dado a lugar a iniciativas políticas y sociales desde las cuales se ha podido cuestionar el fundamento político del conflicto: la reforma del sistema de justicia penal acusatorio permitió revelar las inconsistencias de la criminalización. Ante las violaciones graves de derechos humanos, se han aprobado nuevos estándares que hasta ahora han sido útiles para cuestionar las consecuencias del régimen de prohibición. Incluso, aunque la administración electa en 2018 haya abandonado su agenda de pacificación, la fuerza moral de esta agenda, sostenida por organizaciones de víctimas desde el inicio del conflicto, sigue viva. En 2007, el Estado mexicano inició una nueva fase del régimen internacional de prohibición de drogas, en nuestro caso presionado por el gobierno de los Estados Unidos, 2 en la frágil coyuntura de un país con un sistema de seguridad y justicia colapsados. 3 A pesar de la democratización gradual de México, con sus respectivas alternancias en 1997 y 2000, el sistema de seguridad y justicia que tenemos sigue siendo uno dedicado al control político. 4 En particular, las violencias siguen siendo atendidas por intervenciones centralizadas letales y mediaciones informales en lugar de mediación pacífica. 5 Ante una situación de aumento de violencia y delitos asociados a la misma, mientras los cuerpos militarizados de justicia implementaron políticas agresivas de prohibición, el sistema colapsó y no puede atender las demandas más básicas de protección de la población. Se han agravado prácticas como el uso letal de la fuerza, la tortura, la criminalización y el encarcelamiento masivo, sin resultado alguno en términos de salud pública o reducción de la incidencia delictiva. A pesar de la evidencia contundente en todos los campos sobre las consecuencias de este conflicto armado en México, uno entre organizaciones criminales y el Estado mexicano, Múltiples esfuerzos se han desarrollado para contrarrestar las consecuencias de la fase militarizada del régimen internacional de prohibición de drogas en México. Una red de organizaciones de víctimas, o de organizaciones temáticas en derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos, además de activistas, periodistas y académicos, han puesto esfuerzos por crear agendas, políticas, críticas e ideas para revertir esta tragedia que no sólo afecta a nuestro país, sino a toda Latinoamérica, en particular a Centroamérica, Colombia, Brasil y Venezuela. 6 En este documento se pretende plantear una agenda coherente que refleje todos los esfuerzos aquí mencionados, dirigidos a una misión política de pacificación. Contrario a la idea de que la violencia que se vive es sólo consecuencia de una quimera criminal, sino que es resultado de decisiones políticas que han hecho que dicha quimera exista en primer lugar, es necesario crear una agenda para darle fin a la guerra contra las drogas en México, esperando que mientras ésta se adapta en el terreno, podamos crear un modelo para pacificar a América Latina. Este es un documento político en esencia. Con esta finalidad, se presenta lo siguiente: un breve resumen de las bases políticas y sociales del conflicto armado 3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD que vive el país. Esta sección parte de una idea central: el conflicto armado se alimenta a sí mismo y crea un Estado permanente de ciclos violentos. Posteriormente, se presentan las tendencias más generales del conflicto violento por medio de sus víctimas, con una breve descripción estadística y mención de casos paradigmáticos. Después de este diagnóstico, se expone una serie de políticas bajo la idea general de un proyecto de pacificación civilizatoria para el país. Finalmente, se presenta el bosquejo general de una estrategia política para llevar este plan a cabo. ---------------* Este documento se ha beneficiado de los comentarios generosos de numerosas personas que leyeron un primer borrador muy distinto, pero con el mismo enfoque. En particular agradezco a Mariclaire Acosta, Juan Salgado, Mario Arriagada, Estefanía Vela, David Ramírez de Garay, Carlos Pérez Ricart, Eugenio Weigend, Jorge Javier Romero, Javier Contreras y Jacobo Dayán por sus comentarios. Igualmente agradezco a Elisa Gómez y Mónica Tapia en haberme confiado este documento. Pero, la mayor fuente de inspiración son las víctimas de este conflicto que a pesar del dolor que viven, siguen adelante buscando paz, justicia y verdad. 4

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO UN PAÍS EN CONFLICTO: DIAGNÓSTICO SOBRE LAS VIOLENCIAS EN MÉXICO México vive un conflicto armado no convencional. Las violencias que han aumentado desde 2007 se explican por el conflicto abierto que sostiene el Estado mexicano contra las organizaciones criminales dedicadas primordialmente, aunque no restrictivamente, al tráfico de drogas. 7 Claramente, es un conflicto en las cuales las organizaciones criminales, como actores violentos no estatales, no tienen motivaciones políticas como en las guerras civiles. Sin embargo, implementar el régimen internacional de prohibición de drogas de manera militarizada creó la necesidad de parte de las organizaciones criminales de utilizar la violencia como mecanismo para cabildear contra las políticas represivas de la prohibición. 8 La prohibición, su sostenimiento, y sus actores, son productos de un orden político, y no puede entenderse la dinámica económica del uso de la violencia si no es desde una fuente política: prohibir un mercado de consumo social amplio como son las drogas por presión nacional e internacional. 9 Es una decisión política transferir a un mercado ilícito los beneficios de un producto mediante la prohibición. La violencia en un conflicto armado de esta naturaleza jamás debe ser interpretada como sucesos desorganizados de un mercado inestable: 10 debe ser interpretada como el uso de un instrumento deliberado de transformación del mercado. 11 Con ello, sus consecuencias son parte de una secuencia de transformaciones del mercado causadas por la implementación militarizada del régimen de prohibición. En este caso, la militarización la entendemos no sólo como la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas, sino el uso de la fuerza con fines políticos. 12 Por lo tanto, las consecuencias de este uso de la violencia, entre ellas las violaciones de derechos humanos, son parte integral del conflicto y deben ser entendidas desde el marco conceptual del conflicto armado. En este sentido, el diagnóstico que se presenta aquí hace dos esfuerzos: el primero es describir, con la información que tenemos hasta la fecha, los mecanismos del conflicto armado y cómo estos causan violencia, violaciones de derechos humanos, y la comisión de delitos. Desde un enfoque que privilegia a los derechos humanos como el eje de toda política de seguridad, se busca dirigir esta explicación a sus consecuencias y sus costos sociales. 13 Este contexto de conflicto ha agravado el colapso del sistema de justicia que atiende los otros delitos que no son consecuencias directas del mismo. 14 En general, las políticas del régimen de prohibición refuerzan soluciones de mano dura a problemas sociales de larga data y nuevos problemas derivados. El segundo esfuerzo se concentra en destacar brevemente las tendencias generales de las consecuencias en violencia y violaciones de derechos humanos del conflicto armado y colapso del sistema de justicia. Nos enfocamos en aquellos fenómenos que afectan de manera desproporcionada los derechos humanos y condiciones pacíficas de convivencia cotidiana. Otros delitos que no son foco de este documento deben ser entendidos bajo el colapso del sistema de justicia traído por el régimen de prohibición de drogas. EL TRIUNFO IMPOSIBLE: EL CONFLICTO ARMADO Y EL COLAPSO DEL SISTEMA DE JUSTICIA La dinámica del conflicto armado que vive México se debe a un conjunto de condiciones políticas, sociales y económicas que lo precedieron: una economía política del conflicto armado. 15 EL RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN Y SUS POLÍTICAS Aunque la prohibición tiene orígenes nacionales, 16 la creación de los tratados internacionales sobre control de drogas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) ha cimentado transformaciones profundas en los sistemas jurídicos del mundo. Esencialmente, estableciendo la prohibición de un catálogo de substancias consideradas drogas dañinas a la salud. El propósito de este régimen fue proteger a la población mundial de adicciones problemáticas derivadas del consumo del catálogo de drogas que están contempladas en los tratados. Sin embargo, como lo ha documentado la Comisión Global de Políticas de Drogas en 2011, no sólo no se ha detenido el problema de consumo problemático de drogas, también ha habido consecuencias perniciosas en salud, violencia y derechos humanos. La guerra global a las drogas ha fracasado. 17 El régimen internacional de prohibición de drogas se ha desplegado en México de las siguientes maneras:(1) establecimiento de tipos penales extraordinarios que criminalizan consumidores, reducen los derechos de los imputados y, en particular, afectan a las poblaciones marginadas que 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD se involucran en el tráfico de drogas como ingreso alternativo ante situaciones de marginación socioeconómicas;(2) despliegue de misiones militarizadas en el territorio nacional con fines represivos y violentos que terminan en violaciones de derechos humanos y;(3) políticas de detención y fragmentación de organizaciones criminales que incentivan ciclos de violencia para elegir nuevos liderazgos de organizaciones criminales. 18 El derecho penal extraordinario en el caso mexicano llevó a la extensión de la prisión preventiva de los detenidos y a la detención sin acusación judicial conocida en el derecho mexicano como arraigo. 19 Este mecanismo amplió la oportunidad para las autoridades de justicia en México de implementar prácticas de investigación violatorias de derechos humanos, tales como la tortura y la presentación de pruebas fabricadas. 20 En particular, el tipo penal conocido como delincuencia organizada, que simplemente significa acusar a una persona de asociarse con otras para cometer delitos, permitió usar estas herramientas judiciales a más personas junto con otros delitos, entre ellos narcomenudeo(venta de drogas en pequeñas dosis) y delitos contra la salud(tráfico, producción y distribución de drogas en amplias cantidades). 21 Considerando el perfil sociodemográfico de quienes terminan presos por estos tipos penales, la mayoría son hombres jóvenes de baja escolaridad. El régimen ha criminalizado a una parte importante del bono demográfico mexicano. 22 Las misiones militarizadas en el territorio mexicano han causado ciclos violentos debido al uso de la letalidad por parte de las agencias armadas del Estado. 23 Tanto en la Operación Condor de 1969 como en la declaración de la guerra contra las drogas por parte del presidente Felipe Calderón en 2007, ambas utilizaron medidas de fuerza desmedida para detener y/o asesinar personas que sospecharan estuviesen involucradas en tráfico de drogas o actividades auxiliares a organizaciones criminales. En ambos casos se registraron incrementos importantes de la violencia por parte de las organizaciones criminales en respuesta a las presiones militares de las autoridades que intentaron usar a las agencias armadas como mecanismo de supresión de la oferta de drogas. 24 Aunque estos operativos fueran retirados posteriormente, los efectos en ciclos de violencia continúan hasta la fecha. Sobre las consecuencias de la fase represiva del régimen internacional de drogas abundaremos al hablar de las víctimas de violencia letal. En particular, la política de detenciones de liderazgos criminales ha sido utilizada en el marco del régimen internacional de prohibición de drogas en México con letales consecuencias. Los gobiernos sucesivamente han formulado listas de personas prioritarias para detención y las agencias armadas los han detenido y asesinado, causando ciclos de violencia, ya sea de reacción contra el Estado mexicano, para resolver disputas sucesorias, o para ampliar control sobre rutas comerciales que la organización dañada pueda abandonar. Esta estrategia, conocida como kingpin, 25 se mantiene hasta nuestros días y en lugar de reducir las capacidades de las organizaciones criminales, crea peligrosas fragmentaciones y disputas violentas que mantienen ciclos de homicidios por meses. 26 Aunque los gobiernos han tratado de escapar de algunas de estas estrategias, el gobierno de los Estados Unidos ha presionado al gobierno mexicano a seguir implementándolas, ya sea con la velada amenaza del retiro de cooperación en otros campos de la relación bilateral. Claramente, los límites de la política exterior mexicana están en la integración económica, social y política con los Estados Unidos, y ello ha también dado espacio a las agencias de seguridad de ese país a operar en territorio nacional y contribuir a la implementación represiva del régimen internacional de prohibición de drogas a pesar de sus consecuencias en nuestro territorio. 27 En particular, cargando a México la responsabilidad de detener el tráfico ilícito internacional de drogas en un contexto de crisis de consumo de drogas en ese país. ESTADO REPRESOR CON SISTEMA DE JUSTICIA COLAPSADO El sistema de justicia mexicano ha sido fundado en el control político violento. Aunque como todo sistema de justicia ha procesado casos destacados, su uso ha estado en función de la represión política y el control social. A partir de 2007, es posible notar que el sistema se vio inundado por una ola de delitos que le fue imposible manejar. El sistema de justicia colapsó y hasta la fecha no ha logrado obtener capacidades suficientes para procesar de manera mínima las denuncias de delitos. Tres datos ejemplifican el colapso del sistema judicial. En primer lugar, que la mayor parte de los delitos que suceden en México no se denuncian. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública(ENVIPE) que levanta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática(INEGI) reporta más de 90% de“cifra negra” de denuncias en casi todos los delitos, por excepción de aquellos ligados al mercado de seguros y a los homicidios. En segundo lugar, como han dado cuenta las investigaciones sobre impunidad, más del 90% de los homicidios en México no son investigados. 28 A ello se suma, como indica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI en 2017, más del 50% de la población en contacto con autoridades de seguridad experimentaron actos de corrupción(por ejemplo, petición de dinero a cambio de trámites), más del 25% lo vivió con el ministerio público, y 18% con tribunales o juzgados. El sistema de justicia no puede si quiera atender el mínimo de sus responsabilidades y en los márgenes en que actúa lo hace en un ambiente plagado de corrupción y arbitrariedad. Sin embargo, como se ha documentado, las agencias de seguridad armadas reciben la mayor parte de los aumentos presupuestales mientras que las iniciativas de prevención y el ministerio público han quedado rezagados. Incluso, a pesar de la existencia de fondos presupuestales federales para gobiernos locales, estos sólo han enfocado sus esfuerzos en 6

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO armar a sus corporaciones en lugar de fortalecer las capacidades de procesamiento de investigación. A partir de los casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos, se ha revelado que las autoridades en México son altamente ineficientes para investigar delitos. 29 El reflejo claro de cómo la inversión en recursos humanos y materiales en el sistema de seguridad ha terminado en reproducir el ciclo de violencia ha sido el aumento de la letalidad de las agencias armadas del Estado y la pérdida de armas por parte de autoridades. 30 En este mismo sentido, dado el esquema federal que subsidia a los gobiernos locales, pero los cuales siguen necesitando de la autoridad federal para enfrentar problemáticas de seguridad, el Ejército mexicano ha sido la agencia que ha recibido más presupuesto. En tanto, los gobiernos locales, fiscalmente débiles, no han querido recaudar más para tener policías civiles que reemplacen a las agencias de seguridad militarizadas federales. Estamos ante una centralización militarizada de la seguridad pública vía la debilidad fiscal del Estado federal mexicano, y ante un sistema de justicia que, a pesar de haber pasado por diversas reformas dirigidas a transparentarlo, sigue siendo insuficiente y sigue obedeciendo al régimen penal de la prohibición. El último reflejo del Estado represor mexicano es que mantiene un sistema carcelario con numerosas personas sin sentencias por sus delitos en condiciones de hacinamiento, lejanas totalmente de la aspiración de la rehabilitación. En promedio, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad(ENPOL) de 2016 de INEGI, en promedio el 25% de los presos no tiene sentencia, con una amplia varianza entre entidades. Aunque la Ciudad de México presenta solo 4.29% de su población penitenciaria sin sentencia, hay entidades como Nayarit, Tlaxcala, Quintana Roo, Guerrero y Colima con más del 40% de sus presos sin sentencia. Según los Censos Administrativos de INEGI, apenas en 2019, producto de la reforma del sistema penal acusatorio, hubo menos presos que la capacidad del sistema penitenciario, con más de 176 mil presos versus 181 mil camas disponibles, pero que claramente no implica el fin del hacinamiento dada la distribución desigual de camas y presos entre entidades. Desafortunadamente, con la ampliación del catálogo de delitos que requerirían prisión preventiva, esta tendencia podría revertirse. EL MERCADO ILÍCITO Y SUS INTEGRANTES Contrario a la idea que se ha difundido desde los promotores del régimen internacional de prohibición de drogas, las organizaciones criminales no son tendientes a la violencia. 31 En un contexto de estabilidad y persecución moderada, éstas pueden actuar de manera pacífica, resolviendo sus disputas de mercado mediante mecanismos informales y, extraordinariamente, mediante mecanismos violentos. Sin embargo, la estrategia kingpin ha empujado progresivamente al conflicto entre organizaciones criminales dedicadas principalmente al tráfico de drogas trasnacional a resolver sus disputas internas de manera violenta y, paradójicamente, los esfuerzos militarizados por desmantelarlas han causado el efecto indeseado más violento: organizaciones que reclutaron masivamente jóvenes y emprendieron una carrera armamentista para resistir el embate estatal. Como se ha documentado, los esfuerzos trasnacionales por desmantelar redes criminales terminaron por afectar a los mercados nacionales de tráfico de drogas, lo cual provocó aumentos de homicidios. 32 A esto se suma que es un mercado ilícito que se alimenta lo que sucede en los mercados legales, en particular el mercado de la agricultura y el mercado de las armas. El decrecimiento de las ganancias para los agricultores en México ha provocado la transferencia de muchos de ellos a la agricultura de semillas prohibidas. 33 En el caso del mercado legal de las armas en los Estados Unidos, el levantamiento de la prohibición a la venta de armas de asalto y las ventas masivas de armas se corresponden con aumentos de la violencia criminal. 34 En este sentido, las políticas represivas del régimen de prohibición han sido inefectivas porque no son adaptables a otras políticas de regulación de mercados dado que sus instrumentos son violentos. Estas organizaciones criminales han cabildeado violentamente para enfrentar las políticas militarizadas. En particular, se ha documentado el uso de la violencia contra candidatos, funcionarios públicos, y comandantes de agencias de seguridad. Esto demuestra que no sólo el régimen ha sido ineficaz, sino que ha creado un ambiente de inseguridad para quien quiera desempeñar el servicio público. El cabildeo violento de las organizaciones criminales ha tenido consecuencias terribles. En particular, aquellas que han imitado estrategias y usado armas militares han cometido delitos que pueden ser considerados de lesa humanidad: masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las organizaciones criminales en México han reclutado masivamente a jóvenes marginados para ampliar sus actividades. El perfil de los presos nos da una idea de este perfil. Según la ENPOL de INEGI, el 94.73% de las personas detenidas cuando tenían entre 12 y 29 años por homicidio son hombres, 95.35% de aquellos detenidos por tráfico de armas, y 93.65% en delitos contra la salud. Más del 70% tienen menos de 9 años de escolaridad(es decir, secundaria o menos) y más de 75% ejercía trabajos informales, manuales, del sector agricultura, o asalariados en general. El perfil de los presos en México desde 2007 revela el rostro del reclutado: hombres jóvenes marginados. CONSERVADURISMO POPULISTA PENAL El régimen de prohibición se ha montado en una tendencia más antigua: el conservadurismo populista penal. Esta filosofía política deshumaniza a las personas que cometen delitos y promueve soluciones penales y represivas para todo problema de seguridad, ya sea real o creado mediante el pánico moral mediático(como es el caso del pánico moral alrededor del consumo de drogas). Políticos, organizaciones de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas sostienen que este 7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD conjunto de políticas y visiones conocidas como“mano dura” son la solución a los problemas de seguridad. A partir del conservadurismo populista penal, se deshumaniza a quienes supuestamente cometen delitos, se les juzga previo a que se pueda cerciorar su culpabilidad, y se crean etiquetas discriminadoras que crean una distinción del enemigo. 35 Esto evita incluso que haya solidaridad y empatía con las víctimas de violaciones de derechos humanos, porque se les asocia con ser integrantes de organizaciones criminales, aunque no haya evidencia de ello. 36 Por ello, desde el inicio del conflicto, se ha aumentado las penas, implementado la prisión preventiva oficiosa y la práctica del arraigo. Ello fortalece la posición de organizaciones sociales dedicadas a promover el enfoque punitivo de la seguridad pública. Estas organizaciones buscan fortalecer la persecución punitiva de delitos al ampliar capacidades policiales, penas, y en oponerse a medidas disuasorias alternativas, las cuales puedan ser interpretadas como ceder ante las personas que cometen delitos. El principio que rige a estas organizaciones es la disuasión violenta. Sin embargo, la evidencia internacional apunta que el aumento de penas y detenciones no han tenido efectos en reducir incidencia delictiva. 37 Las soluciones de la“mano dura” refuerzan los ciclos represivos y violentos al crear ambientes de opinión pública adversos a las políticas de prevención, pacificación y resolución alternativa de conflictos al encuadrarlos como si se fuera a ceder ante las organizaciones criminales. Los defensores de la“mano dura” sostienen que toda solución no punitiva es una puerta para una nueva ola de crimen, aunque hasta la fecha no se ha probado que ello suceda. 38 En particular, esta perspectiva descansa en la amplia popularidad de las Fuerzas Armadas en México. 39 más desorganizadas por dentro, el tráfico ilícito de drogas puede terminar en conflictos y riñas contraproducentes que llaman a la intervención estatal. Como en la mayoría de los conflictos armados, la abrumadora mayoría de los integrantes de las organizaciones criminales y los cuerpos armados del Estado son hombres jóvenes. 42 Ello los hace las víctimas de un conflicto, ya que el mercado ilícito y el régimen internacional prohibición de drogas requieren a masas de jóvenes que podrían tener un destino distinto a la guerra y la muerte. No cualquier hombre joven se integra a estas actividades: la marginación, la violencia intrafamiliar, el abandono y la falta de identidad en edades cruciales del desarrollo bifurcan las vidas de los jóvenes de nuestro país a las armas, ya sean del Estado o de las organizaciones criminales. 43 Peor aún, dada la corrupción y falta de cohesión de las Fuerzas Armadas, las prácticas violentas de los ejércitos han pasado a ser repertorio de las estrategias de las organizaciones criminales vía los desertores. Estamos pues, ante la militarización de una guerra que solía ser un conflicto simple entre jóvenes con poco entrenamiento. 44 LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Derivado del conflicto armado antes descrito y del subsecuente colapso del sistema de justicia, múltiples personas han sido víctimas de violencias, violaciones de derechos humanos y crímenes que en ocasiones llegan a ser tan graves que pueden calificar como de lesa humanidad. El enfoque de cualquier política de pacificación y estrategia política debe partir de las víctimas. Atenderlas es parte esencial de cómo desentrañar los mecanismos del conflicto y las políticas para reconstituir al Estado en dimensiones diferentes a las represivas. Se hace una descripción breve de las tendencias generales o de los casos paradigmáticos sobre las violencias que asedian la nación. ORDEN MASCULINO VIOLENTO HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS Las masculinidades violentas se fundan en la agresión como mecanismo de resolución de conflictos. En particular, desde la perspectiva militar, la victoria absoluta se deriva de la guerra total: la eliminación del opositor. Resistir a la eliminación total requiere de poderosos actos de retaliación. En otras palabras, las masculinidades como identidad y estrategia fundamentan los ciclos violentos. 40 El orden masculino violento en que se fundamenta el conflicto armado en México igualmente se despliega cotidianamente en otros delitos y violencias históricas, en particular contra las mujeres. A pesar de que contamos con información sesgada del conflicto entre organizaciones criminales, múltiples relatos han dado cuenta que el uso de la violencia en venganzas entre organizaciones fue parte de lo que dio pie al conflicto criminal, en el que el Estado intervino posteriormente. 41 Se ha documentado que las mafias no son necesariamente violentas, pero que el riesgo de que sus integrantes usen la violencia de maneras no estratégicas es latente. Mientras Sabemos que el conflicto armado en México inició en 2007 por el disparo del homicidio en México. La gráfica 1 nos permite ver las tendencias más importantes del homicidio en México antes y después de dicho año. La tendencia más importante es que pasamos de tener de 10 mil homicidios anuales en promedio a más de 25 mil homicidios anuales. Desde 2007 hasta 2018 han ocurrido más de 278 mil homicidios. Si tan sólo contamos los homicidios con arma de fuego en vías públicas, es decir, una aproximación del homicidio que probablemente se debe al conflicto armado, serían más de 120 mil homicidios en el mismo periodo de tiempo. El aumento se debió sobre todo al aumento de los homicidios con arma de fuego, que eran en promedio 50% de los homicidios antes de 2007 y pasaron a más del 70% en 2018. El homicidio con arma de fuego en la vía pública pasó de 27% previo a 2007 a 40% después de ese año. Pero la tendencia se concentra especialmente en hombres: el 88% de los homicidios en promedio desde 1990 corresponden a homicidios de hombres. Los hombres menores de 29 años representan más del 32% de los homicidios y el 24% de los 8

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Gráfica 1 Homicidios en México de 2004 a 2018(porcentajes con respecto al total) Fuente: Defunciones generales del INEGI. Gráfica 2 Homicidios de mujeres de 2004 a 2018(porcentajes con respecto al total) Fuente: Defunciones generales del INEGI. 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD Gráfica 3 Tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes para paíes selectos(se indican las tasas de México) Fuente: Organización Mundial de la Salud. homicidios con arma de fuego. Si tomamos a las víctimas de homicidio hombres menores de 35 años con respecto al total de los homicidios con arma de fuego, desde 1998 son más del 54% en promedio anual. Esta es la fuente principal de la reducción de la expectativa de vida al nacer de los hombres mexicanos desde 2007. El homicidio de mujeres también ha ido al alza desde el inicio del conflicto, como se ve en la gráfica 2. De un promedio anual de menos de 1200 homicidios se pasó a 2 mil 500, incluso superando la barrera de los 3 mil 500 en 2018. Antes de 2007, la mayor parte de los homicidios de mujeres en México eran sin arma de fuego, pero en 2010, 2017 y 2018, el homicidio de mujeres con arma de fuego superó a los que no eran con arma de fuego. De hecho, aunque históricamente los homicidios de mujeres habían sucedido más en ámbitos domésticos, probablemente por violencia intrafamiliar o feminicidios en espacios de trabajo, en 2018 los homicidios con arma de fuego en vía pública de mujeres superaron a los homicidios en vivienda. Esto nos revela que todos los tipos de homicidios de mujeres incrementaron desde 2007 y que las modalidades más cercanas al conflicto, que son los homicidios con arma de fuego en vía pública, tomaron protagonismo. En 2017 por primera vez más del 50% de los homicidios de mujeres fueron con armas de fuego, y en 2018 superaron el 57%. Esta es la fuente que causó que se detuviera el crecimiento de los años de expectativa de vida al nacer para las mujeres. Comparativamente, México es uno de los veinte países con más homicidios en el mundo. Aun así, como se puede ver en la gráfica 3, antes de 2007, Centroamérica y algunos otros países de América Latina tenían tasas por cada 100 mil habitantes mucho más altas. No obstante, el crecimiento de la tasa de homicidios en México superó a países con violencia postconflicto como Iraq y se ha acercado a las altas tasas históricas de Brasil y Sudáfrica. Mientras que Colombia ha tenido un declive sostenido, México ha tenido un aumento notable. La comparación de las tasas de homicidio entre países puede llevarnos a la conclusión equivocada que México no tiene un problema de violencia tan grave. Al contrario, si vemos de manera subnacional las tasas de homicidio en el mapa 1, podemos notar que tenemos entidades con tasas similares a El Salvador, el país más violento del mundo. Guerrero y Chihuahua persistentemente desde 2007 han tenido tasas de homicidio mucho más altas que la mayor parte de América Latina y similares a todo Centroamérica y el Caribe. La violencia en el país se ha concentrado predominantemente en las entidades fronterizas con los Estados Unidos y las entidades del sur que tienen puertos funcionales con el Océano Pacífico. La violencia se distribuye entre entidades con conexiones con la economía global. Finalmente, como revela la gráfica 4, la mayor parte de las víctimas del conflicto fueron personas de baja escolaridad, lo cual nos da un indicador que la mayor parte de las víctimas de homicidio en México son poblaciones socioeconómicamente marginadas. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, en su dimensión, se deben no sólo a la negación de las autoridades policiales y armadas de poner a disposición del ministerio público a presuntos acusados de delitos, también se debe a la letalidad ejercida por las corporaciones armadas, la cual ha crecido en México desde 2007. 45 Es prudente recordar tres casos paradigmáticos de ejecuciones extrajudiciales y sus lecciones. En el caso de la ejecución extrajudicial de 22 civiles el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, por parte de la 10

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Mapa 1 Tasas de homicidio en México en 2018 Fuente: Defunciones generales, INEGI. Proyecciones de población de CONAPO. Gráfica 4 Escolaridad de las víctimas de homicidio con arma de fuego en la vía púbica desde 2007 Fuente: Defunciones generales, INEGI. N= 112, 798 Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) acreditó el uso desproporcionado de la fuerza mediante el uso de armas de alto calibre y un helicóptero desde el cual se tuvo ventaja desproporcionada contra las víctimas de las ejecuciones. 46 En esto, el abuso de armas de alto poder en toda situación hace extremadamente probable el aumento de ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Apatzingán, se hizo constancia que el 6 de enero de 2015, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Policía Federal abusaron del uso de la fuerza al desplazar a un grupo de personas que ocupaba la presidencia municipal. 47 Esto da constancia que las agencias armadas pueden cometer estos delitos sin diferencia de su conformación civil o militar, dado que tenían instrucciones para actuar de manera conjunta. Finalmente, como lo acreditó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez, hay documentación de la Sedena que revela que la Base de Operaciones Mixtas Militares tenían instrucciones de “abatir”(asesinar) personas en la oscuridad o en flagrancia, 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD Gráfica 5 Personas desaparecidas en México por año y sexo desde 2007 hasta 2016(porcentajes con respecto al total) Fuente: SEGOB. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. que resultó en la ejecución extrajudicial de 15 personas, el 1 de julio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México. 48 DESAPARICIONES estados de Jalisco, Sinaloa, Colima, Sonora y Michoacán. Estos datos se conocen a partir de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, impulsada por los colectivos de familiares buscadores. En el caso de las desapariciones, desde 2007 hasta 2016, han desparecido 22 mil 769 personas según el registro que mantiene la Secretaría de Gobernación. Si agregamos el número de personas no localizadas previo a 2006, la cifra se amplía a 73 mil 201 personas registradas como desparecidas o no localizadas. Como podemos notar en la gráfica 5, el crecimiento ha sido sostenido y la brecha entre desaparecidos hombres y mujeres igualmente ha disminuido, lo cual habla que, a diferencia de la violencia homicida, las mujeres habían sido víctimas de este delito con más frecuencia, pero nuevamente se ha transformado en un problema de hombres jóvenes. Como lo ha reportado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso Ayotzinapa, las fallas en la investigación de la desaparición de los jóvenes normalistas revela cómo el sistema de justicia en México ha fallado sistemáticamente en brindar verdad y justicia, en particular en ausencia total de realizar investigaciones periciales y forenses con estándares mínimos de credibilidad y confianza. 49 Como informó el gobierno mexicano, de 2006 a junio de 2020 se han registrado más de 3, 978 fosas clandestinas en el país y de ellas han sido exhumados 6, 625 cuerpos. 50 Estados como Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora son las entidades con mayor número de fosas clandestinas. La mayoría de los cuerpos exhumados en las búsquedas de personas desaparecidas se concentra en los DESPLAZADOS INTERNOS El fenómeno del desplazamiento forzado interno en México no ha estado en el foco de las autoridades. En la misma línea de desatención, no hay cifras oficiales del número de personas desplazadas. Algunos académicos y organizaciones han hecho cálculos. Viridiana Ríos calculó que entre 2006 y 2010 hubo un desplazamiento de más de 264 mil personas. 51 Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno en Noruega, calculó 160 mil personas. 52 Sólo para Ciudad Juárez, se calculó que en los años de violencia más aguda se desplazaron 230 mil personas. 53 Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos(CMDPDH), de 2016 a 2018 han sido desplazadas más de 54 mil personas, con un promedio de 20 mil personas desplazadas en al menos 25 episodios de desplazamiento anuales. La misma Comisión ha documentado que entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán son las que presentan más casos de desplazamiento forzado interno. Es importante indicar que, aunque la violencia criminal parece ser la causa más relevante del desplazamiento forzado interno, también conflictos políticos interregionales son los causantes de desplazamientos en entidades que no presentan tan frecuentemente violencia de organizaciones criminales. Tal es el caso de Oaxaca y Chiapas, entidades con mayores episodios de conflictos políticos, agrarios y medioambientales. 12

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO TRÁFICO DE MIGRANTES Asociadas a las desapariciones, el tráfico de migrantes se ha transformado en un problema grave en México. Según los datos del registro de la Secretaría de Gobernación, 1558 personas que no son de nacionalidad mexicana han sido reportadas como desaparecidas, desafortunadamente, más del 80% de los registros de personas no mexicanas no están identificados con alguna nacionalidad. Según la CNDH, hasta 2010 se habían registrado 1217 casos de secuestro de personas migrantes en territorio nacional. Claramente, estas cifras presentan subregistros importantes dado que familiares de extranjeros no denuncian en México. Los casos de las personas migrantes desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y en Allende, Coahuila en 2011, son paradigmáticos en este tema. El primer caso fue la masacre de 72 migrantes por parte de la organización de Los Zetas, en su mayoría migrantes centroamericanos. En el segundo caso, se sabe de la desaparición de posiblemente más de 300 personas, aunque no hay fuentes formales que respalden dicha cifra. Ambos casos, como concluye el reporte En el Desamparo de El Colegio de México, el conflicto armado entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, el control de las rutas de tráfico de migrantes centroamericanos por parte de Los Zetas, y la complicidad de agentes del Estado, dio paso a ambas tragedias. 54 En ello, la política migratoria mexicana hostil a los migrantes ha sido denunciada en reportes alternos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como especial contexto de la vulnerabilidad de las personas migrantes, sobre todo centroamericanas, en territorio mexicano. 55 DERECHOS POLÍTICOS México ha demostrado ser un país riesgoso para el ejercicio de los derechos políticos. En particular, libertad de expresión, asociación y a ser electo a cargos públicos. Aunque parte de este escenario se ha agravado por la situación de violencia asociada a las organizaciones criminales, el fenómeno es mucho más amplio, sobre todo de parte de amenazas tanto de gobiernos, actores privados empresariales y élites políticas locales. Desde el año 2000, Artículo 19 ha documentado 133 asesinatos de periodistas en México. Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas son las entidades donde es más riesgoso ejercer el oficio periodístico. 56 La CNDH ha registrado más de 70 quejas anuales en promedio de violaciones del derecho a la libertad de expresión, 20 periodistas desparecidos, 48 ataques a medios de comunicación, y anualmente emite al menos 10 órdenes de medidas cautelares en favor de periodistas y medios de comunicación. 57 En el caso de las personas activistas de derechos humanos, la CNDH registró 523 quejas de parte de activistas de 2005 a 2011. 58 Como lo reportó el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en su visita a México en 2018, las intimidaciones contra activistas de derechos humanos han sucedido en el contexto de su defensa de familiares de víctimas, defensa del medio ambiente y defensa de derechos políticos mediante intimidación, detenciones arbitrarias, injerencia de policías en manifestaciones pacíficas, criminalización de la protesta y crecientes denuncias de daños morales. 59 La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos” registró, de 2012 a 2017, un total de 309 violaciones de derechos humanos de activistas. Al menos 30% relacionados con defensa del territorio, 16% en defensa de derechos laborales, 12% en casos de activistas contra la violencia, 4% de activistas de la diversidad sexual y 3% de activistas en defensa de los migrantes. Según la misma organización, 76 activistas fueron asesinados en dicho periodo. La mayor parte de las violaciones fueron cometidas por autoridades gubernamentales y organizaciones paramilitares. 60 El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado que el mayor número de casos de violaciones de derechos de activistas deriva de situaciones que involucran la industria extractiva y energética. 61 Finalmente, en cuanto a la violencia contra oficiales electos, es necesario enfatizar que el derecho a ser electo es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Como documentaron Trejo y Ley, de 1995 a 2014 hubo 464 ataques contra candidatos, activistas partidistas o autoridades electas, de los cuales 53.4% fueron asesinatos, 24% amenazas, 11.74% amenazas y 10.93% secuestros. El 83% de los ataques fueron contra autoridades municipales, 13.36% contra estatales y solo 3.44% contra federales. En particular, los autores documentaron que la mayor parte de los ataques suceden durante ciclos electorales, lo cual distorsiona claramente el derecho al voto y la representación de los ciudadanos. 62 VIOLENCIAS SEXUALES, DE GÉNERO Y LABORALES En otros delitos, no necesariamente vinculados al tráfico de drogas, enfatizamos los siguientes: tráfico de menores con fines sexuales y trabajo infantil. Ambas prácticas son consideradas formas de esclavitud moderna y son particularmente ominosas en casos de menores de edad. Como se puede ver en la siguiente tabla, en promedio se registran más de 5 mil carpetas de investigación por casos de trata de personas, que incluye trabajo sexual forzado y trabajo infantil. Es importante considerar que estas cifras subestiman el fenómeno dado que sólo son denuncias y, en particular, se denuncian menos casos de los reportados en las cifras delictivas de otras fuentes. En el caso del trabajo infantil, el INEGI estimó, mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2017, que por lo menos 2.1 millones de menores de edad se encontraban ocupados en tareas laborales prohibidas por la Ley Federal del Trabajo. Este fenómeno se concentra principalmente en el sur del país en entidades como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Puebla, aunque el bajío presenta también infantes en trabajo no autorizado como Zacatecas, Nayarit y Guanajuato. 63 En el tema del acceso y la defensa de los derechos laborales, México se ha rezagado por una decreciente tasa de 13

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD Tabla 1 Número de carpetas de investigación por delitos de trata de personas 2015 5472 2016 4919 2017 5299 Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2018 5248 Gráfica 6 Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes 2019 6454 2020 3949 Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI. sindicalización a poco más del 10% de la población económicamente activa, 64 desprotegiendo a los trabajadores de abusos tales como contratos de protección de las empresas, inseguridad en el lugar de trabajo y negociaciones a la baja en términos salariales. En caso de violencia de género y sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares(ENDRH) de 2016 de INEGI, el 41.3% de las mujeres ha reportado incidentes de violencia sexual, 34% de violencia física, 39% de violencia emocional, y 29% de violencia económica, patrimonial o discriminación en el lugar de trabajo. Estos reportes tienen mayor prevalencia en Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y Querétaro. No es casual que la abrumadora mayoría de quienes infligen violencia son hombres y son prácticas desde la infancia. El 25.3% de las mujeres ha reportado violencia en las escuelas, con más del 47% ejercida por sus compañeros hombres y 11% ejercida por sus profesores hombres. En los hogares, los que infligen violencia sobre las mujeres son los hermanos hombres con 25.3% de los casos, y 15.5% de parte de los padres. En especial, la violencia en parejas es abrumadora, el 43.9% de las mujeres a reportado agresiones de toda naturaleza, 17.9% de carácter física, y 6.5% sexual. De todos estos casos, más del 78% no son denunciados. En este campo, 4.4 millones de mujeres reportaron haber sido abusadas sexualmente durante su infancia, en su mayoría por sus tíos (20.1%), un no familiar(vecino, conocido)(16%), un primo (15.7%), una persona desconocida(11.5%) y 8.5% por hermanos. Finalmente, en el caso de violencia obstétrica, 33.4% de las mujeres reportaron que fueron maltratadas en la atención durante su último parto. En el caso de violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales, la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia de la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, desde 2013 hasta 2018 han sido asesinadas 473 personas de esta comunidad, de las cuales 40.6% fueron hombres homosexuales, 1.9% mujeres lesbianas, 55.2% mujeres transgénero y 1.1% hombres bisexuales. Como lo ha documentado esta Comisión, la brutalidad de los homicidios contra esta comunidad es alarmante: 5 víctimas fueron descuartizadas, 12 calcinadas, 12 atadas, 108 apuñaladas y 53 asfixiadas. En 22 casos presentaron violencia sexual y 60 con indicios de tortura. 65 DELITOS PATRIMONIALES Finalmente, desde el inicio del conflicto, como se puede ver en la gráfica 6, la tasa de incidencia delictiva ha aumentado de manera sostenida desde 2010, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI. 14

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO UN PROYECTO CIVILIZATORIO: UN ESTADO PARA LA PACIFICACIÓN México vivió un largo periodo de pacificación desde el fin de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Aunque la violencia política estuvo presente, el siglo XX significó el más estable proceso civilizatorio de nuestra historia. 66 Recuperar la senda pacificadora requiere un esfuerzo de construcción política de los mecanismos en que Estado y sociedad(entre ellos y por sí mismos) resuelven diferendos de toda naturaleza. Se requiere construir un nuevo Estado, el cual pueda pacificar el país de maneras no violentas. Esto es un proyecto civilizatorio de orden mayor. A continuación, se explican los principios de un proyecto para conseguir este objetivo. EJES TRANSVERSALES Este proyecto requiere que todas sus acciones se guíen por ejes fundamentales de acción. Es decir, que en el corazón de sus estrategias, políticas y mecanismos de acción se sigan principios que construyan un Estado civilizador y creador de paz. Se enuncian en esta sección. RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS El conflicto, incluso violento, no tiene que ser resuelto en primera instancia por acciones represivas, violetas, prohibitivas y punitivas. Se debe dar pie a la resolución pacífica de conflictos de parte del Estado mediante la mediación, las medidas de reparación, las garantías de no repetición y la prevención. Esto implica que el derecho penal, el uso de la fuerza y las sanciones administrativas sean retiradas de la primera línea de acción del Estado de manera consistente. En consecuencia, la fuerza del Estado que atienda los conflictos deberá ser desarmada por naturaleza y con entrenamiento en medidas de mediación alternativa de conflictos. los derechos de propiedad de quienes tienen mayor poder económico y político. EMPATÍA COMO PRINCIPIO ÉTICO La desconfianza es el centro del Estado represor. Sin embargo, la humanidad se ha construido en la cooperación y no el miedo. La cooperación se funda en la confianza y la confianza requiere de empatía: las diferencias deben ser vistas por el Estado como parte de la experiencia de la vida y, por lo tanto, como condiciones normales de la vida humana a ser comprendidas. La empatía como política permite entender la experiencia humana, solucionar las disputas violentas, y reconocer las raíces profundas del crimen y la agresión. La empatía como forma ética de actuación implica la humanización de todas y todos sin distingo incluso de haber cometido actos violentos, agresivos o atroces, ya que reconoce la posibilidad del perdón y la aceptación social después de una solución pacífica del conflicto provocado por dichos actos. FIN DEL PATRIARCADO VIOLENTO El patriarcado, conocido como el sistema social de dominación en favor de los hombres, basa su existencia en la agresión como característica masculina. Aunque la agresión se funda en la protección, su uso más allá de la defensa es dominación masculina. Por ello, entendiendo a la dominación masculina como extraordinaria y política, desmontar la agresión como respuesta universal de los problemas públicos implica derribar la idea de que la única manera de convivencia es el miedo impuesto por la fuerza física de los hombres. El humano no es el lobo del humano. JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS SIN ETIQUETAS Y DISCRIMINACIÓN El acceso a la justicia visto más allá del castigo del crimen y, más bien, como la asignación de atención estatal para la resolución de conflictos y resarcimiento de daños, debe ser para todas y todos. Pero el principio de que el acceso sea universal no basta. Se debe implementar de manera proactiva y resarcitoria en los grupos sociales que han sido históricamente privados de acceso a este derecho. Incluso, si es necesario, mediante reparaciones de diversa índole. Se debe redistribuir el derecho a la justicia para que sea auténticamente para todas y todos, no sólo para la protección de El Estado y los propietarios niegan derechos, es decir discriminan, bajo la creación ficticia de etiquetas sociales que atribuyen malignidad y desviación en grupos sociales basados en características que pueden ser materiales o inmateriales, pero que no implican en sí mismas comportamientos definidos. El etiquetamiento crea exclusiones sociales y justifica la criminalización de partes de la población bajo la justificación de que dichos grupos son amenazas sociales. El derecho a la justicia es denegado a partir de la deshumanización violenta de partes de la sociedad. El etiquetamiento crea espacios 15

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD separados que reproducen marginación de clase, raza, género, religión, lengua, etnicidad o color de piel. La eliminación del etiquetamiento criminal de las prácticas policiales y de regulación pública/privada implica derribar el sistema de distinción que sostiene la dominación masculina agresiva y de las clases sociales dominantes. ESTADO SOCIAL ROBUSTO De lo antes mencionado, se desprende la necesidad de que el Estado que intervenga en la sociedad sea, antes que cualquier otra cosa, social. Implica un Estado que proteja a los ciudadanos y les provea de acceso a todos los bienes básicos sociales para la vida digna. 67 En el contexto de las economías de mercado, el Estado debe intervenir no sólo en proveer derechos, también en regular a los privados para proteger los derechos sociales, laborales, culturales y ambientales. No hay justicia en el ámbito del conflicto si el agravio más esencial, la marginación socioeconómica, no sea resuelta. Así mismo, el Estado social robusto implica también la creación de una infraestructura de servicios públicos que protejan a los más débiles de las violaciones de sus derechos y de las violencias. Es decir, un Estado que proteja a los más débiles que son agredidos en la misma sociedad. Como hemos descrito, las víctimas de la mayoría de los delitos, violencias y violaciones de derechos humanos son grupos desprotegidos de la sociedad, a los cuales se les etiqueta como culpables de sus propias victimizaciones. Romper con los ciclos violentos derivados del etiquetamiento violento implica un Estado que intervenga y reconstruya la cooperación comunitaria. EN DEFENSA El Estado ha logrado crear un Estado civilizatorio mediante la creación de instituciones formales e informales que permanecen en nuestros días. Sin embargo, los impulsos del Estado autoritario siguen presentes y amenazan con desmantelar avances substanciales que hasta el momento se han alcanzado. Por ello, este proyecto también está en defensa de lo siguiente. DE LOS DERECHOS HUMANOS El derecho penal del enemigo y las medidas extraordinarias ligadas al régimen internacional de prohibición de drogas y crimen organizado han minado al régimen de derechos humanos. Consecuentemente, han surgido discursos que buscan deslegitimar a los derechos humanos al deshumanizar a las personas que cometen delitos. Estos discursos defienden las vías violentas y punitivas, y que se violen los derechos básicos de acceso a la justicia por considerarlos como un estorbo a la sanción. Es una la lógica basada en la venganza y no la justicia. La lógica de la venganza deshumaniza y justifica el autoritarismo violento, e incluso abre la vía para la reproducción del totalitarismo violento, el cual debe ser descartado de la historia humana. Este proyecto abraza a los derechos humanos como la reivindicación de la humanidad contra sus impulsos más violentos y autoritarios. DE LA IGUALDAD La igualdad humana es la única vía de reconocimiento de la cooperación. Como dice el filósofo John Rawls, 68 la única diferencia humana que debe haber es aquella que esté en beneficio de las personas más desaventajadas de la sociedad. Por ello, las distinciones en el acceso a la justicia y la protección del Estado no pueden justificarse bajo ningún otro propósito que el de proteger a las víctimas de la violencia, del crimen y las violaciones de derechos humanos. A pesar de ello, la deshumanización, el etiquetamiento y el privilegio de clase desvían la atención protectora del Estado en favor de las clases dominantes, el orden violento masculino y de los intereses del régimen internacional de prohibición de drogas y crimen organizado. DE LA JUSTICIA TRANSPARENTE El régimen punitivo de crimen organizado ha permitido el uso desmedido de la arbitrariedad en la aplicación del derecho penal. Esto criminaliza a las personas más desprotegidas. En años recientes se han realizado reformas que permiten reducir la discrecionalidad y la violencia estatal mediante la transparencia y la aplicación mecánica obligatoria de los estándares mínimos de protección de la presunción de inocencia. Sin embargo, los impulsos conservadores buscan desmantelar estas reformas y permitir nuevamente el uso discrecional del derecho penal. Para cualquier proyecto de pacificación, es necesario que la justicia sea transparente. Defender la reforma del sistema de justicia penal acusatorio adversarial es imperativo. DEL ORDEN CIVIL Los Estados modernos han logrado controlar al último recurso de la violencia física que tienen a la mano: sus Ejércitos. Aunque la amenaza del conflicto armado sigue presente, el uso de este recurso es injustificable para resolver problemas sociales que son de carácter civil. Sin embargo, ante la debilidad estatal y la falta de controles, las Fuerzas Armadas en México han absorbido progresivamente facultades, ámbitos de acción y cuerpos armados a su disposición, creando un peligroso escenario que amenaza el orden civil y republicano. El abuso de las Fuerzas Armadas como respuesta a los problemas del conflicto social puede terminar por minar la obediencia de civiles sobre militares al darles más poder sin control alguno. Es comprensible que la violencia criminal puede amenazar la vida de los habitantes en diversas regiones del país. Ante el conflicto, el retiro de las Fuerzas Armadas sin substitutos adecuados puede desproteger comunidades ante la brutalidad de las organizaciones criminales que también violan derechos humanos. Por eso, por cada responsabilidad debe equivaler un control civil funcional y robusto, y por cada pacificación local se debe retirar su presencia, hasta que la situación implique el retiro total de las Fuerzas Armadas de la vida civil democrática que no les corresponde. Un plan de esta naturaleza requiere un compromiso público con la República. 16

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO POLÍTICAS PARA DETENER EL CONFLICTO Con la evidencia mostrada hasta ahora, es posible proponer una serie de políticas destinadas a la pacificación del país. Para ello, este documento no detalla sobre las políticas sino en sus lógicas esenciales. Sus procesos de diseño e implementación pertenecen a los parlamentos y las instituciones de gobierno. Éstas deben estar destinadas y coordinadas a conjuntar la evidencia existente, adaptarse ante los problemas probables de su implementación, y ser defendidas como un plan de largo plazo. FIN AL RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN DE DROGAS TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL A partir del fin del régimen internacional de prohibición de drogas, se requiere transformar las prioridades y estrategias para atender la ocurrencia de delitos. En ello, los delitos que más lastiman a la población y a su dignidad deben pasar al primer orden: tráfico de personas, homicidio, violencias de género y delitos contra menores de edad. Aunque el tráfico de bienes ilícitos sea relevante, éste debe pasar a una estrategia de inteligencia y contención no violenta, con excepción del tráfico de armas que debe ser una prioridad para la reducción de las violencias en México. Es urgente detener la principal motivación política que mantiene el ciclo violento: el régimen de prohibición de drogas. Efectivamente, pasar a un esquema amplio de regulación de sustancias hoy ilícitas con fines lúdicos, religiosos y médicos no detendrá el conflicto, pero sí desmantelar la necesidad de implementar políticas que incentivan ciclos de violencia y que son desplegadas para satisfacer a los agentes internacionales del régimen: el Gobierno de los Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga, el Crimen y el Delito. Al proscribir las políticas del régimen, se permitirá que haya oportunidad de una nueva política de pacificación sin los incentivos violentos derivados de cumplir el régimen de drogas. Es decir, detener la implementación de políticas de crimen organizado trasnacional y prohibición del consumo que han probado en sí mismas ser fallidas en los países en que han sido implementadas. En esencia, es un cambio de enfoque que destina a la política de drogas a la política de salud y social no punitiva, a la violencia criminal al campo de la pacificación postconflicto, y a la justicia a la mediación alternativa. Es decir, desmantelar el régimen implica darles el paso a otras políticas urgentes. El fin del régimen de prohibición de drogas en México debe darse en dos frentes: el fin del derecho penal de la prohibición y el retiro del país de los tratados internacionales del régimen. Al despenalizar el consumo, producción, transporte, comercialización y usos médicos de todas las drogas, se permitirá establecer un nuevo régimen de regulación no punitivo que atienda los consumos problemáticos y permita distribuir las ganancias de los consumos no problemáticos en los campesinos más pobres del país involucrados en su cultivación ilegal. En el frente internacional, el retiro de México de los tratados debe derivar en una campaña abierta por la salida de más países del régimen y la organización de una nueva conferencia de Naciones Unidas que anule la vigencia de dichos tratados y se hagan acuerdos que permitan la administración nacional pacífica del consumo de drogas. Esto implica igual la anulación de los actos de extradición vinculados a los delitos de tráficos de drogas para reducir la presión de agencias nacionales de persecución de drogas, previo a la abolición de estas agencias y su reemplazo por organismos de salud pública. La política de prevención del delito debe tomar protagonismo y su diseño tendrá que estar acorde a las mejores prácticas internacionales, evidencia y recursos disponibles. La prevención debe ser entendida en varios niveles e implementada por diversas agencias: la prevención social no debe caer en manos de agencias policiales. La prevención policial debe estar basada en el des-escalamiento de conflictos y mecanismos alternativos de resolución de controversias, sobre todo en casos de delitos patrimoniales en pequeños montos. Enfatizar una prevención local implica que no se recurra a la puesta al ministerio público y aprisionamiento de las personas que cometen cualquier delito, sino que las agencias de policía y ministerios públicos solo procesen por la vía penal casos de relevancia que no puedan ser resueltos por mecanismos de justicia alternativa. Para hacer esto realidad, se debe abolir la prisión preventiva oficiosa y el delito de delincuencia organizada del Código Penal Federal. MISIONES DE PACIFICACIÓN No se debe tratar a los problemas de violencia criminal generalizados como temas de la justicia penal ordinaria, sino como un conflicto armado que debe ser detenido por la vía política: es decir, antes, durante y después del desmantelamiento del régimen de drogas, se deben establecer misiones mixtas entre fuerzas de mediación y cuerpos armados para iniciar procesos de des escalamiento de conflictos violentos, reducción de la conflictividad social violenta y, en particular, un amplio programa de amnistía que permita el desarme, desmovilización y reintegración de las personas que se han unido a organizaciones criminales. Dado que el tráfico de drogas ya no será un impedimento moral, la negociación para el desmantelamiento de organizaciones dedicas a dichas actividades debe ser un imperativo político en favor de la paz. El uso de la amnistía como mecanismo de pacificación no debe implicar el perdón de delitos de lesa humanidad. En cambio, debe ser un mecanismo accesorio para ser integrados a mecanismos formales de justifica transicional. En particular, los campesinos, traficantes y trabajadores logísticos de las organizaciones criminales que no hayan cometido homicidio o tortura deben ser los primeros incorporados al programa de desmovilización. 17

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD Las misiones de pacificación deben ser dirigidas desde lo local por mediadores civiles capacitados para dicha tarea, y deben tener mandatos amplios en materia de seguridad, política social, e investigación de casos de corrupción, con la finalidad de promover procesos de pacificación y reducción de las violencias. Esta red de mediadores deben ser una fuerza de personas con el reconocimiento social suficiente para crear diálogos amplios de reconciliación social en comunidades gravemente afectadas por la violencia, que en su momento puedan resarcir daños fundamentales, como es el regreso de miles de personas a sus comunidades después de haber sido desplazadas. Un eje fundamental de las misiones de pacificación debe ser el desarme y a la reintegración social. Estas misiones podrán reintegrar a miles a la vida civil después de procesos de perdón y retirar las armas de las calles del país mediante un proceso amplio de desarme de los desmovilizados de las organizaciones criminales. JUSTICIA TRANSICIONAL Como parte del proceso de pacificación, se debe instituir un proceso de justicia transicional con el objetivo de juzgar los delitos más importantes cometidos durante el conflicto armado causado por la intensificación militarizada del régimen internacional de prohibición de drogas. Esto implica la creación de mandatos amplios en una red de instituciones de justicia transicional para investigar crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos: comisiones de la verdad, tribunales especiales, fiscalías y reportes especializados sobre temáticas de especial importancia. de la vida pública. En tanto no se construyan capacidades civiles suficientes, los militares seguirán ocupando la estrategia de seguridad y muchos más espacios de la vida pública. Es tiempo de tomar en serio la consigna del retiro gradual y planeado de los militares de la escena pública. Ello implica necesariamente la construcción de policías civiles mediante una reforma fiscal que obligue a los estados a recaudar para financiarlas. Los gobernadores han recurrido a los militares ante su negligencia recaudatoria y esto no puede continuar. Los procesos de pacificación requerirán de presencia militar en modalidad disuasiva bajo el mando operativo y estratégico de civiles, y en el momento en que se logren establecer procesos duraderos de pacificación local, los militares regresarán a los cuarteles de manera permanente. Es decir, solo hasta que no sea necesaria y subsidiaria su presencia. A la par, el Congreso de la Unión establecerá mecanismos públicos de vigilancia de los militares, además de que fiscalizará los recursos que utilizaron ante la extraordinaria asignación presupuestal que han recibido desde el inicio del conflicto. La desmilitarización también implica retirarlos de las agencias de seguridad civil en todos los ámbitos de gobierno y substituir cualquier doctrina, programa de entrenamiento, manual de operación y prácticas de terreno basadas en sus doctrinas y planes. La militarización ha invadido a las policías vía armas de alto calibre y respuestas violentas, no sólo la simple presencia de exmilitares jubilados dirigiendo corporaciones y agencias de seguridad civil. DESARME A partir de los resultados de los mecanismos de justicia transicional decididos por el Congreso de la Unión, se establecerá un programa real de resarcimiento a las víctimas del conflicto, reparación del daño, memoria de los acontecimientos más relevantes, y el establecimiento de garantías de no repetición en forma de reformas legales y constitucionales. Estos mecanismos deben funcionar con recursos y mandatos amplios, en concordancia con las acciones de pacificación de las misiones mencionadas, y su duración deberá corresponder esencialmente con la resolución de los casos más graves y los juicios contra aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad en México. El proceso de justicia transicional dará pie a la reforma integral de la política de atención a las víctimas en México y ponerlas en el centro de la política de pacificación. Esto implica reformar integralmente la Ley de Víctimas y establecer un mecanismo auténtico de memoria y reparaciones que atienda las demandas de las organizaciones de víctimas. En particular, que reconozca a las víctimas como parte integral del proceso de justicia transicional y pacificación. DESMILITARIZACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA La debilidad del Estado mexicano y la intensificación de las necesidades del régimen han obligado a la militarización Detener el flujo de armas a México es una tarea crucial de la pacificación. Esta empresa requiere analizar todos los flujos de armas legales e ilícitas que llegan a manos de organizaciones criminales. Igualmente, regular las armas que son usadas en eventos letales a manos de los cuerpos de seguridad mexicanos. Cortar estos flujos y regular las armas lícitas requiere esencialmente de enfrentar a los tres proveedores más importantes: las empresas privadas de fabricación de armas, el Gobierno de los Estados Unidos, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los comportamientos de estos tres agentes han llenado de armas al país por la vía de regulaciones fallidas, dirigidas a mantener un negocio letal para la seguridad del país. Para ello, todos los marcos legales de países proveedores, los Estados Unidos y México deben ser reformados y el control de armas debe pasar a ser una tarea fundamental de todos los esfuerzos de las agencias de seguridad del Estado mexicano. DESMONTAR LAS MASCULINIDADES VIOLENTAS Es un error pensar que la única violencia fomentada por el machismo es la sexual y física contra las mujeres. La legitimidad de la agresión como parte integral de la masculinidad enseñada como práctica a los niños en nuestro país vulnera por más de una vía: fomenta una cultura de la agresión contra las mujeres, legitima el reclutamiento 18

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO en organizaciones criminales violentas, y crea prácticas de resolución violenta de conflictos cotidianos. Desmontar las masculinidades violentas es la empresa educativa más importante para detener el conflicto: enseñar mediación pacífica, empatía e igualdad de género es esencial en las escuelas, en los espacios donde jóvenes tienen conflictos con las instituciones de justicia y en las mismas instituciones armadas de nuestro país. Además de una reforma de la educación emocional en México que, aunque en papel no está en las prácticas docentes, se requiere una redistribución del trabajo en el hogar, el fomento de paternidades responsables, la enseñanza de modelos de mediación no agresiva de conflictos en las comunidades con mayores problemas de conflictividad familiar y comunitaria, además de la protección indiscutible del Estado a todas las mujeres y comunidades sexuales diversas que han sido violentadas. En este caso, se requiere igualmente, además del feminicidio, incorporar al crimen de odio como una forma agravante los códigos penales. PROTECCIÓN DE LOS MÁS DÉBILES El sistema de justicia, a la par de las políticas económicas, sociales y ambientales, debe priorizar a las poblaciones más vulnerables de ser víctimas: las y los más débiles, empobrecidos y marginados. Estas poblaciones son las más victimizadas por el conflicto y son las que están en más riesgo de ser involucradas en las organizaciones criminales. El Estado debe proteger por todas las vías, no sólo las policiales, a estas poblaciones. Esto implica necesariamente proteger a los desplazados de la violencia, las mujeres abusadas, los niños traficados sexualmente, los jóvenes de baja escolaridad, las familias de los desaparecidos, los acusados de delitos bajo condiciones de tortura, y los mexicanos que son amenazados patrimonial y violentamente en espacios como el transporte público y sus hogares. LOS MECANISMOS Para implementar las políticas antes mencionadas, es necesario crear condiciones suficientes en diversos ámbitos. Estos cambios que se proponen no son por sí mismos políticas, sino cambios estructurales asociados a las políticas. Se resumen a continuación. UNA REFORMA DEL GASTO PÚBLICO EN SEGURIDAD Y JUSTICIA Es necesario que se financien estas políticas. En el marco de una reforma integral de la política fiscal en México, se debe crear una responsabilidad clara de los gobiernos estatales y municipales con sus propios servicios de seguridad. Mientras los subsidios y la presencia de las Fuerzas Armadas sigan presentes, seguirá el ciclo de reformas policiales locales fallidas. Los gobiernos locales deben financiar sus policías y crear una relación fiscal entre los ciudadanos y sus gobiernos para que estas policías funcionen para ellos, en lugar de que funcionen como guardias temporales para los gobiernos estatales. UNA NUEVA CARRERA POLICIAL Asociada a la reforma fiscal, debe haber una reforma integral a todos los cuerpos de policía del país con un sistema de seguridad social universal para ellos, salarios justos, y estándares dignos de trabajo, a su vez que se montan sistemas de vigilancia y anticorrupción, formación en métodos no violentos de resolución de conflictos, y una solución permanente a los problemas de investigación de delitos entre policías y ministerios públicos. Mientras no haya una policía funcional, cualquier nuevo estándar de seguridad sin violencia después de la pacificación será imposible. CONTROL DE LA LETALIDAD Todos los cuerpos armados en México, militares y policiales han demostrado ser letales, propensos a la tortura, al etiquetamiento violento y el uso discrecional de sus facultades para detener personas. Sus actividades corresponden más a cuerpos de control que de administración de la justicia. Para detener esta tendencia, se deben establecer mecanismos de vigilancia externa y civiles de todos los cuerpos armados que tengan amplias facultades para investigar y procesar casos de ejecuciones extrajudiciales, abuso de la fuerza, desapariciones forzadas, tortura, etiquetamiento discriminatorio y detenciones arbitrarias. No importando el fuero al que correspondan, ninguna fuerza armada en el país debe estar sin vigilancia y controles civiles designados por los congresos del país. En particular, los cuerpos de policía municipales, por la naturaleza de sus funciones, no deben estar armados, y el uso de armas de fuego por parte de todos los cuerpos armados deben estar estrictamente controlados, sobre todo con mecanismos de seguimiento del uso de armas en manos de agentes del Estado. CAMINO A LA PAZ: ESTRATEGIA POLÍTICA Para implementar este proyecto, se requiere una estrategia política que abra las posibilidades al cambio, identifique los problemas posibles, active esfuerzos y alianzas en ámbitos clave, y aspire a ampliar su visión a una perspectiva global. NUEVO DISCURSO PÚBLICO Un nuevo discurso público debe surgir en respuesta directa contra la retórica del populismo penal: un discurso enfocado en la empatía humana, la resolución de conflictos, el perdón como vía para la paz, la justicia restaurativa y la prevención del delito. Este discurso debe ser formulado de tal manera que pueda crear coaliciones sociales amplias por la paz y resista las tentaciones autoritarias que permite el populismo penal. Esto implica que se debe construir desde la perspectiva de las víctimas y de valores universalmente apreciados que humanicen por medio de respaldar la igualdad entre la sociedad, en lugar de etiquetamientos discriminatorios. 19

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD LOS RIVALES POLÍTICOS Son claros los rivales políticos de esta agenda: los militares, las organizaciones criminales, la sociedad civil conservadora, las agencias de seguridad de los Estados Unidos y los gobernadores. Enfrentarlos requiere desmantelar el ciclo de justificaciones populistas que les permite actuar impunemente: en particular, no sólo decir que éstos no han logrado sus objetivos públicos para cumplir el régimen de prohibición de drogas, también en que sus políticas crean más inseguridad y violencia de lo que prometen, y que no hay escalamiento suficiente de sus estrategias que lo logre. Como adversarios políticos, debemos separarlos de las aspiraciones entendibles de la población por protección. POR FASES En el corto plazo, se requiere implementar algunas de las políticas aquí mencionadas, aunque no en su despliegue completo, para demostrar su efectividad en la reducción de las violencias y el delito. Hacer que ciertas políticas adquieran popularidad por sí mismas es una vía concreta para lograr su replicación nacional, además de que sus éxitos puedan ser llevados al esquema general de políticas que se proponen en esta agenda. Estas políticas serán eminentemente más del orden local. En el mediano plazo, se deben desmantelar todos los atamientos del régimen de prohibición y el derecho penal de excepción. Reformar el Código Penal Federal, los locales, derogar leyes específicas del régimen, y establecer un plan transitorio de establecimiento del nuevo marco regulatorio de las drogas y el delito. En este ámbito, se requiere un activismo abierto de México en el mundo, como país que sufrió consecuencias graves del régimen, al denunciar los tratados e impulsar una nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre el tema. Estas políticas serán sobre todo del orden federal. En el largo plazo, las misiones de pacificación, las reformas policiales, y los procesos de justicia transicional en México deben ser implementados con mandatos legales amplios que no puedan ser revertidos por los ciclos electorales, con mecanismos de observación civil nacional e internacional, presupuestos multianuales, y mecanismos de seguimiento y evaluación para su reforma y modificación progresiva. El objetivo central debe ser la reducción de la tasa de homicidios a niveles previos a 2007. Estas políticas deben ser de mandatos estatales, regionales y locales, con un esquema federal de planeación y vigilancia. ALIADOS CLAVE Se debe crear una coalición amplia para esta agenda con las víctimas al centro: sus organizaciones, demandas y esfuerzos deben estar en la primera línea de acción de la agenda. De ellas, sus historias y batallas, debe surgir una reforma constante de la agenda y el impulso moral y dignificador de la pacificación. Debe ser una agenda desde lo local, las víctimas y los movimientos sociales: víctimas de desaparición, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, feminicidios, tortura, detenciones arbitrarias, periodistas, activistas y ciudadanos que buscaban el voto. Las organizaciones de la sociedad civil más organizadas y con financiamiento deben respaldar a estos movimientos y darles el protagonismo: el centro de la lucha no deben ser las organizaciones del centro del país, sino de todas las víctimas locales. En esto mismo, se debe hacer una red de medios de comunicación, activistas políticos y organizaciones civiles de otros países: en particular, una alianza con las víctimas de la violencia con armas en los Estados Unidos y defensores de migrantes centroamericanos. INTERNACIONALIZACIÓN Los esfuerzos de pacificación de México deben aprender de las experiencias internacionales de Centroamérica, África y Colombia, buscar sus luchas y derrotas para promover a México como un país, donde la lucha contra el régimen internacional de prohibición de drogas sea central en el proceso de pacificación. En ello, partidos políticos, organizaciones civiles y activistas por la paz del mundo deben ayudar a respaldar una iniciativa mexicana contra la influencia de los Estados Unidos en los conflictos armados de América. México debe ser líder en los organismos y mecanismos multilaterales americanos e internacionales por esta nueva agenda de pacificación. La solidaridad de México con las víctimas de la violencia, en particular de la violencia armada en los Estados Unidos, es clave para derrumbar el tráfico ilícito de armas, además de crear una coalición global contra las empresas productoras de armas de todo el mundo. En particular, se debe lanzar un mecanismo internacional que fiscalice a todos los productores de armas del mundo, los cuales mantienen la violencia en todos los rincones del planeta. MENSAJE FINAL: LA VIOLENCIA NO ES NATURAL Desde la filosofía política, pasando por partes de las ciencias formales y sociales, plasmado en el derecho y el sistema internacional del derecho de guerra, se ha pretendido presentar al humano como un ser naturalmente violento, individualista y propenso al conflicto. Sin embargo, la evidencia científica desde la biología a las neurociencias ha encontrado que la base de nuestra civilización es la cooperación y la empatía. El Manifiesto de Sevilla de 1989 declara: 69 El hecho de que la guerra haya cambiado de manera tan radical a lo largo de los tiempos prueba claramente que se trata de un producto de la cultura. La filiación biológica de la guerra se establece, principalmente, a través del lenguaje que hace posibles la coordinación entre los grupos, la transmisión de la tecnología y el uso de utensilios. Desde un punto de vista biológico, la guerra es posible pero no tiene carácter ineluctable como lo demuestran las variaciones de lugar y de naturaleza que ha sufrido en el tiempo y en el espacio. Existen culturas que desde hace siglos no han hecho la guerra y otras que en ciertos 20

FIN A LA GUERRA: UNA AGENDA PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO periodos la han hecho con frecuencia y luego han vivido en paz durante mucho tiempo. En favor del mito del Leviatán violento y el establecimiento militar del Estado, se ha ocultado una larga historia de convivencia pacífica en las comunidades humanas. El desarrollo social, tecnológico, científico, humanista y urbano de la civilización no son explicables a partir del individualismo agresivo, sino de la cooperación, la coordinación y la planeación. Las especies sobreviven gracias a su capacidad de cohesionarse en objetivos concretos. La mayor parte de la población vive sin violencia física y en condiciones mínimas, no requiere de violencia para organizarse. Aunque el Estado se haya construido en la violencia, la vida social que un Estado puede permitir al proteger a los ciudadanos más allá del uso de las armas prueba que la paz como sistema de convivencia es posible, deseable y necesario. México puede ser una nueva demostración de este prodigio humano. 21

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FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – ANÁLISIS – PAZ Y SEGURIDAD 24

AUTOR PIE DE IMPRENTA Raúl Zepeda Gil. Sociólogo y politólogo. Investigador Doctoral de la Escuela de Estudios de Seguridad en King’s College London, con estudios en ciencia política por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de México. Actualmente, forma parte del grupo de investigación de Conflicto, Desarrollo y Seguridad de King’s College London, la Red de Estudios sobre Violencia Urbana y la red Noria para México y América Central. Previo a sus estudios doctorales, fue funcionario público estatal y federal, además de investigador legislativo. Coordinó la Segunda Conferencia sobre Violencia de Paz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y El Colegio de México. Cuenta con diversos artículos, capítulos de libro y documentos sobre violencia criminal, relaciones cívico-militares, política exterior, democratización y política de riesgos ante la crisis climática. Fundación Friedrich Ebert en México Yautepec 55| Col. Condesa 06140| México, DF| México Responsable Yesko Quiroga| Representante en México Coordinadora de proyectos Elisa Gómez Teléfono+52(55) 5553 5302 Fax+52(55) 5254 1554 www.fes-mexico.org El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung(o de la organización para la que trabaja el o la autora).

FIN A LA GUERRA: Una agenda para la paz, la justicia y los derechos humanos en México A pesar de la contundente evidencia sobre las consecuencias del conflicto armado entre organizaciones criminales y el Estado mexicano, no importando el gobierno y su signo, la clase política ha montado un andamiaje represivo cada vez más sólido: un Estado de derecho de excepción para cumplir con el régimen de drogas, Fuerzas Armadas con mayor presupuesto, más armas proveídas a las agencias de seguridad y amplias penas para criminalizar poblaciones marginadas. Sin embargo, hay esperanza. Múltiples resistencias han dado lugar a iniciativas políticas, desde las cuales se ha podido cuestionar el fundamento político del conflicto. Ante las violaciones graves de derechos humanos, se han aprobado nuevos estándares que hasta ahora han sido útiles para cuestionar las consecuencias del régimen de prohibición. Aunque el gobierno electo en 2018 haya abandonado su agenda de pacificación, la fuerza moral de esta agenda, sostenida por organizaciones de víctimas, sigue viva. En este documento se pretende plantear una agenda coherente que refleje múltiples procesos de formación de agenda sobre paz, seguridad y justicia, dirigidos a una misión política de pacificación. Contrario a la idea de que la violencia que se vive es sólo consecuencia de una quimera criminal, sino que es resultado de decisiones políticas que han hecho que dicha quimera exista en primer lugar, es necesario crear una agenda para darle fin a la guerra contra las drogas en México. El país vivió un largo periodo de pacificación desde el fin de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Aunque la violencia política estuvo presente, el siglo XX mexicano significó el más estable proceso civilizatorio de su historia. Recuperar la senda pacificadora requiere un esfuerzo de construcción política de los mecanismos en que Estado y sociedad(entre ellos y por sí mismos) resuelven diferendos de toda naturaleza. Se requiere construir un nuevo Estado, el cual pueda pacificar el país de maneras no violentas. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind nicht notwendigerweise die der Friedrich-Ebert-Stiftung. Diese Publikation wird auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt.