ANÁLISIS V PA IO N L O E R N A C M IA A, E Y ST D A E D S O AF Y ÍO S S O D C E IE L D A A V D IO E L N EN A C M IA ÉR C IC O A N L T A R T A IN L A AS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PAZ Y SEGURIDAD EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA-- 2 MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 Lisa María Sánchez Ortega Noviembre 2020 à En México y otros países de América Latina se vive un proceso de militarización de la vida y la seguridad pública, proceso que con la llegada de la covid-19 se acrecentó sin que hubiese un debate público al respecto. à Lejos de tratarse de medidas extraordinarias motivadas por la crisis, estamos frente a una entrega progresiva y, quizá, definitiva de funciones gubernamentales a instituciones castrenses. à El texto busca responder cómo llegamos aquí y qué implicaciones tiene este fenómeno. 1

PAZ Y SEGURIDAD MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 CONTENIDO CONTENTS 1 INTRODUCCIÓN 4 2 DEFINIENDO LA MILITARIZACIÓN 5 3 ANTECEDENTES DE LA MILITARIZACIÓN ACTUAL 7 4 LA PANDEMIA POR COVID-19 Y EL AUMENTO EN LA PRESENCIA DE LAS FFAA 9 CONCLUSIÓN 12 BIBLIOGRAFÍA 13 3

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 1 INTRODUCCIÓN*1 En México, como en otros países de Latinoamérica, estamos viviendo un proceso de militarización de la vida y la seguridad pública que, si bien no es nuevo, en los últimos años se ha acelerado y ha logrado institucionalizarse incluso a costa del orden constitucional. Justificado como una necesidad por los distintos actores que lo promueven –entre ellos los propios gobiernos civiles–, este proceso no cesó ni se atemperó con la llegada de la emergencia sanitaria causada por la covid-19. Por el contrario, la disrupción de la normalidad institucional y social causada por la pandemia sirvió de oportunidad para acrecentar la presencia y competencias de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil, sin que para ello mediara ni el más mínimo debate público. En este contexto, el empoderamiento de los militares hoy día no solo es palpable en el tradicional ámbito de la seguridad pública, sino que se extiende a otros como la salud, la distribución de bienes y servicios, la construcción de infraestructura y la fiscalización del comercio exterior; actividades a las que se suma un aumento considerable de su presencia y exposición en la escena pública que normaliza su actuar también en áreas o momentos en los que debería estar proscrito. ¿Cómo llegamos aquí y qué implicaciones tiene este fenómeno? Estas son algunas de las interrogantes que el presente texto busca responder. Para ello, definiré primero el concepto de militarización, tanto en relación a la seguridad pública como en relación a la política, con el objetivo de explicitar sus diferencias y situar la discusión. Posteriormente, describiré el proceso de militarización de la seguridad pública por el que ha atravesado el país en las últimas décadas con el objetivo de demostrar que es precisamente a partir de su concreción que, tanto civiles como militares, crean y aprovechan nuevas oportunidades de expandir la influencia militar en otros ámbitos del gobierno civil –y por extensión en la política. Finalmente, describiré las nuevas encomiendas dadas a los militares para demostrar que, lejos de tratarse de medidas extraordinarias motivadas por la crisis, estamos frente a una entrega progresiva y, quizá, definitiva de funciones gubernamentales a instituciones castrenses. * Este documento es parte de una serie de insumos para el panel El regreso de los militares a la política, en el marco del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible“Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples”, realizado de manera virtual del 23 al 26 de noviembre de 2020. 4

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 2 DEFINIENDO LA MILITARIZACIÓN El concepto de militarización es polisémico e históricamente se ha estudiado tanto de manera autónoma como en relación a otros conceptos como el militarismo y el pretorianismo(cf. Barrón, 2018; López, 2018; Moloeznik y Suárez de Garay, 2012). Como fenómeno, la militarización se ha estudiado también en sus dimensiones nacionales e internacionales, así como en los ámbitos que afecta, siendo los más representativos la seguridad pública y la política(cf. Alda y Sampó, 2019; Barrón, 2018; Ramalho, Diamint y Sánchez, 2020). En términos de seguridad pública, el consenso académico describe la militarización como la ocurrencia de un aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas( FFAA ) en funciones(de seguridad pública) propias de la autoridad civil, que puede incluir uno o varios de los siguientes elementos: el llamado a la participación e injerencia del Ejército en tareas policiales(ya sea en apoyo a las corporaciones civiles o de forma autónoma); la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar; el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la conducción de la seguridad pública; y la incorporación de características militares a la estructura, organización y cultura de las agencias de seguridad pública(Cano, 2019). Por su parte, en su dimensión política, la militarización implica tanto la pérdida de la primacía y dirección política –civil– respecto de los planes militares y las necesidades del Ejército, como la penetración de los valores e imperativos militares en la esfera de lo civil(cf. Fisas, 1979; Senghaas, 1974; Schoefield, 2007). A partir de la experiencia latinoamericana, Ramalho, Diamint y Sánchez(2020) rescatan tres características claves de la militarización de la política: la integración de funcionarios militares al proyecto político(incluso asumiendo responsabilidades muy disímiles a sus tradicionales misiones constitucionales); la dependencia de las FFAA como amenaza permanente de represión a movimientos populares; y la adjudicación de presupuestos y autonomías desorbitantes a las instituciones castrenses. Sobre este último punto, Verdes-Montenegro(2019) resalta que la excepcionalidad permanente que se asienta con una dinámica de militarización tiene su reflejo en la articulación de espacios de autonomía militar que debilitan la esfera pública y el ordenamiento jurídico que rige al resto de los ciudadanos. Así pues, no es casual que una de sus características más importantes sea la impunidad de la que gozan las FFAA al cometer abusos contra civiles. Dicho esto, dado que suelen ser confundidos, resulta importante distinguir a los procesos de militarización del militarismo como idea política. La militarización, por un lado, se distingue por ser un fenómeno auto-infringido e independiente de las reivindicaciones ideológicas de los gobiernos que lo impulsan(Cano, 2019), mientras que el militarismo, por otro, se caracteriza por ser una postura ideológica que aspira a una mayor militarización de la esfera pública y privada de una sociedad y se ejerce por medio de un proceso intersubjetivo que la institucionaliza(Verdes-Montenegro, 2019). En este sentido, el militarismo sería una postura ideológica encaminada a la habilitación de procesos de militarización. No obstante, no es una condición necesaria de la militarización el que haya una ideología militarista detrás. Es a partir de este marco conceptual que nos aproximaremos al caso de México, un país donde es posible afirmar que ambos procesos de militarización, de la seguridad pública y de la esfera política, se encuentran en curso debido a que: 1) efectivamente las FFAA han sido llamadas a desempeñar cada vez más funciones en ma5

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 teria de seguridad pública; y 2) a partir de ese llamado, estas se han empoderado al punto de demandar –y lograr– tanto la alteración del marco constitucional para acomodar sus nuevas funciones como la ampliación de su esfera de influencia a otras áreas del gobierno. 6

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 3 ANTECEDENTES DE LA MILITARIZACIÓN ACTUAL Si bien la militarización de la vida y la seguridad pública en México es un tema que interesa por la velocidad con la que se ha consolidado y las consecuencias que ha tenido sobre la violencia, la inseguridad y las relaciones cívico-militares, es importante reconocer que, como fenómeno, la participación de las FFAA en asuntos ajenos a su disciplina no es un suceso reciente sino un proceso de larga data que recientemente ha visto acentuado su grado de institucionalización. Como primer punto, es importante decir que el sistema político que emanó de la Revolución mexicana fue inicialmente un sistema regido por militares. No obstante, conforme iba avanzando la institucionalización del régimen por medio de la figura presidencial y del partido oficial( PNR PRM PRI ), se fue reforzando la sujeción de la instrucción militar a la esfera civil. Esto, ya que el partido logró aglutinar prácticamente a la totalidad de los sectores organizados, incluidas las FFAA (Rodríguez y Solís, 2018). En este sentido, dada la incorporación del Ejército al partido como uno más de sus sectores corporativos, los militares se mantuvieron en términos generales al margen de la contienda política. En este sentido, de acuerdo con Benítez(2003), un concepto resume las relaciones cívico-militares en México: la lealtad. Así, podemos decir que la política mexicana se fue desmilitarizando conforme iba avanzando la institucionalización del régimen revolucionario. Por otro lado, con respecto a la participación militar en tareas de seguridad pública, es posible ubicar los primeros ejemplos de la misma en la década de 1940, cuando la Marina y el Ejército empezaron a ayudar a los civiles haciéndose cargo de la erradicación manual de cultivos declarados ilícitos y sus jerarcas comenzaron a ser nombrados a la cabeza de ciertas autoridades civiles(Borjón, 2009; Sierra, 2003). A partir de entonces, Ejército, Marina y Fuerza Armada permanente han asumido un rol cada vez más importante no solo en la realización de distintas actividades ajenas a su competencia, sino en la integración y conducción de corporaciones e instituciones civiles como la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Procuraduría General de la República, y más recientemente la Guardia Nacional. Por si esto fuera poco, han logrado guardar para sí cierto poder de decisión al insertarse en órganos directivos y de coordinación, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública( CNSP ), y obtener la prerrogativa de suscribir convenios bilaterales de colaboración con estados y municipios en los que amplían sus facultades y someten a la autoridad civil(cf. Barrón, 2018; Borjón, 2009; Nexos, 1978; Pérez Verónica, 2019). De manera muy esquemática, la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública puede dividirse en dos momentos. En el primero, que va desde 1940 hasta 2005, Ejército, Marina y Fuerza Armada permanente fueron llamados por los civiles a ejecutar acciones y campañas antidrogas tradicionales en las que sus despliegues eran temporales, sus objetivos puntuales y sus actividades restringidas(a la erradicación de cultivos, la incautación de sustancias o la captura de capos, por ejemplo). En el segundo, que va de 2006 a la fecha, las FFAA no solo participan de las mencionadas acciones, sino que tienen a su cargo la conducción táctica y estratégica de operativos permanentes en ámbitos más amplios, como la delincuencia organizada, en los que su“auxilio” es utilizado tanto para combatir el narcotráfico y otros delitos –como el contrabando, el tráfico de migrantes, el robo de vehículos y la portación de armas prohibidas–, como para sustituir a autoridades civiles locales(Benítez, 2009). 7

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 Esta lógica expansiva de funciones y competencias ha venido aparejada, cuando no antecedida, de una expansión territorial y del número de efectivos desplegados que han llevado a las FFAA de“atender” territorios muy puntuales, como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, a apersonarse en estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Nuevo León o Oaxaca y el resto del país. Y aunque por lo general dicho despliegue no ha sido sustentado en diagnósticos certeros –pese a su demostrado impacto negativo sobre la violencia–, esto no ha impedido que el número de operaciones en las que participan siga creciendo(Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos, 2017: 4). De acuerdo con cifras oficiales, de 2006 a 2018 la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena) pasó de un operativo a ciento cinco, mientras que el número de efectivos castrenses desplegados en el territorio nacional subió de 37.253 en 2006 a 49.650 en 2012 y a 54.980 en 2018(Camacho, 2018; MUCD , 2020; Pérez-Correa, 2015). Es importante resaltar que, durante todo este proceso, el sustento legal por el que se permite la transferencia de competencias de la autoridad civil a las instituciones castrenses casi siempre se ha materializado ex post. Es decir, los gobiernos primero utilizan a las FFAA en actividades para las que no tienen competencia y después activan los procesos legislativos necesarios para legalizarla y perpetuarla. Así sucedió durante la administración de Ernesto Zedillo(1994-2000), cuando primero se utilizó a los militares y luego se modificó la ley para permitir la entrada de las Secretarías de la Defensa Nacional(Sedena) y Marina(Semar) al Sistema Nacional de Seguridad Pública; y con el gobierno de Vicente Fox(2000-2006), cuando la necesidad de legitimar el uso de las FFAA en tiempos de paz llevó a la modificación de la ley de seguridad nacional( LSN ) y en ella se incluyó a la delincuencia organizada como esfera de competencia de la autoridad militar. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien inauguró la era de los operativos permanentes y después pretendió modificar la LSN para legitimar sus acciones y dar aún más facultades a las FFAA ; y con el de Enrique Peña Nieto(2012-2018), quien pese a reducir temporalmente el número de efectivos militares en las calles aprobó una ley de seguridad interior( LSI ) que permitió extender el despliegue militar bajo la forma de operativos permanentes orientados a prevenir y atender amenazas internas. ¿Pasa lo mismo ahora? Sí y no. ¿Por qué? Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador( AMLO )(20182024) parece haber aprendido de sus predecesores y, aunque mantuvo el despliegue militar en funciones de seguridad pública pese a la ausencia de marco legal(recordemos que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrogó la LSI ), tan pronto llegó al gobierno ordenó al Congreso a emitir una reforma constitucional que le permitiera seguir usando a soldados y marinos en estas tareas, ya no solo como miembros de corporaciones supuestamente civiles –como la Guardia Nacional– sino en su capacidad de elementos de instituciones militares(Fuerza Armada permanente). La novedad estuvo en que, para perpetuarla, ordenó que el marco jurídico fuera constitucional de modo que no pudiera controvertirse ante el máximo tribunal(para una explicación detallada de la evolución histórica de estos precedentes legales, cf. Sánchez, 2020). 8

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 4 LA PANDEMIA POR COVID-19 Y EL AUMENTO EN LA PRESENCIA DE LAS FFAA La emergencia sanitaria causada por la covid-19 llega a México en un contexto histórico y político particular. Por un lado, y como se describió en la sección anterior, las FFAA llevan décadas haciendo labores de seguridad pública, lo que significa que en los hechos ejecutan ya un sinfín de funciones(al margen o al amparo de la ley), reciben importantes incrementos presupuestales y, aunque enfrentan un creciente número de denuncias por su altísima letalidad, gozan de buena aceptación popular. Por otro, el cambio de gobierno y la llegada de López Obrador al poder significó un sorpresivo refrendo que, contra sus propias promesas de campaña, no solo los mantuvo realizando labores de seguridad pública, así sin eufemismos, sino que les dio otras más sin importar que para ello debiera modificar u obviar la ley. Según el diario El Universal, en los veintiún meses que lleva la administración de López Obrador las FFAA sumaron al menos una decena de tareas más a las que ya desempeñaban, ninguna de ellas en materia de seguridad pública. Entre ellas, destacan: 1) el combate al robo de combustible(donde se utilizan 2.966 efectivos); 2) el resguardo y custodia de ductos y pipas de distribución de combustible de Pemex; 3) la distribución de gasolina; 4) la entrega de libros de texto gratuitos; 5) el reparto de fertilizantes a los trabajadores del campo; 6) la recolección de sargazo en las costas; 7) el resguardo de las fronteras norte y sur; y 8) la detención de migrantes en tránsito a los Estados Unidos(actividad en la que participan 8.850 efectivos)(Ortiz y Espino, 2020). Además, la llegada de AMLO significó la encomienda de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México“Felipe Ángeles”, obra en la que supervisan a más de 30.000 trabajadores(Secretaría de la Defensa Nacional, 2020); la edificación de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, institución financiera adscrita a la Secretaría de Bienestar creada para dispersar los recursos de los programas sociales, facilitar el ahorro y financiar a personas físicas y morales de las comunidades más distantes del país(López Obrador, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2020); el trazado de dos tramos del Tren Maya, megaproyecto de infraestructura que pretende conectar todo el sureste mexicano mediante la construcción de 1.500 kilómetros de vía férrea para el transporte de pasajeros(López Obrador, 2020); la construcción de todos los cuarteles de la Guardia Nacional( GN ), que según declaraciones del presidente contabilizarán ochenta y uno en todo el país(López Obrador, 2020); y la remodelación de decenas de hospitales abandonados que deberán ser remozados por soldados antes de devolverse a las autoridades de salud(Presidencia de la República, 2020). De igual manera, el cambio de administración les supuso vigilar la entrega física de las ayudas económicas otorgadas por el gobierno federal y participar en al menos dos de sus programas insignia:“Sembrando vida” y“Jóvenes construyendo el futuro”. Al respecto, la Sedena manifestó en su Plan sectorial 2020-2024 que, durante estos años, ayudará en la producción de árboles frutales y maderables en viveros forestales militares, adecuará sus instalaciones para la siembra de plantas y participará en la capacitación laboral de los jóvenes inscritos al segundo programa(Ortiz y Espino, 2020). Pero si todas estas actividades les fueron asignadas antes de la pandemia ¿qué cambió con ella? Fundamentalmente dos cosas: primero, se registró una nueva expansión de su uso en tareas ahora relacionadas con la salud, y segundo, se aprovechó la emergencia sanitaria para modificar el marco legal sin pasar por el Congreso. 9

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 Sobre las funciones, la emergencia sanitaria por covid-19 permitió a las FFAA participar de la reconversión hospitalaria de sus propias unidades, el tratamiento de pacientes civiles y, junto con sus elementos asignados a la GN , del resguardo de hospitales y la contención de posibles agresiones a usuarios y personal médico(Presidencia de la República, 2020). Hasta el momento, se tiene conocimiento que para la atención de la pandemia se cuenta con el apoyo de 47.864 soldados y marinos, entre personal médico, administrativo y operativo(Ortiz y Espino, 2020). Sobre el marco legal, el presidente aprovechó la disrupción de las actividades legislativas causada por la contingencia para publicar un Acuerdo por el que pretendió satisfacer la obligación de regular el actuar de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública que competía al Congreso de la Unión por mandato expreso de la reforma constitucional de GN . En una palabra, el ejecutivo federal invadió las competencias del legislativo y declaró satisfecha la obligación de garantizar que toda intervención militar en la materia fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicando un instrumento que claramente no cumple con dichos criterios( DOF , 2020). Pese a que el Acuerdo acotó las tareas que las FFAA pueden desempeñar mientras son utilizadas como corporaciones policiales, existen riesgos importantes de prescindir de la regulación dispuesta por la reforma constitucional en materia de GN . De entrada, porque hacerlo implicaría validar la mencionada invasión de competencias, pero además porque significaría aceptar que el instrumento satisface los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Alvarado Espinoza y otros vs. México, 2018) sobre uso de militares en tareas ajenas a su disciplina y dejar abierta la posibilidad de que su actuar siga siendo permanente, independiente y sustitutivo de la autoridad civil. Pero como si estas funciones no fueran suficientes, también en el marco de la contingencia la actual administración está en proceso de transferir, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes( SCT ) a la Semar, la facultad de administrar tanto los puertos como las comunicaciones marítimas, incluida la regulación de la marina mercante, en adición a la potestad que ya tenían de proveer seguridad a dichas instalaciones mediante el control de las capitanías de puerto(López Obrador, 2020). Va de suyo decir que dicho traslado de funciones requiere de un cambio legislativo complejo que involucra modificar distintas leyes y debería, por tanto, generar una discusión amplia y basada en evidencia que atendiera las preocupaciones del sector de comercio exterior y las dependencias afectadas. Sin embargo, haciendo honor a su costumbre de actuar primero y legislar después, el presidente anunció en sus conferencias mañaneras del 17 y 20 de julio de 2020 que había nombrado a dos jerarcas de la Marina a cargo de los puertos de Manzanillo, en Colima, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán y que, para hacer lo propio en el resto del país, el Congreso tendría que legislar(López Obrador, 2020). Con ese telón de fondo, y bajo la premisa de combatir la corrupción, el contrabando de mercancías y el tráfico ilícito de drogas, el 1 de octubre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen que formaliza la militarización del mar. Finalmente, y en fechas más recientes, el gobierno federal anunció que la GN participará también de la investigación de los delitos financieros gracias a la creación de una“Guardia Financiera” en el interior de la corporación, que deberá ser completamente funcional para 2024. Según lo reportado en el Segundo Informe de labores de la administración de López Obrador, la creación de esta unidad buscaría“privilegiar las acciones de inteligencia e investigación orientadas a perseguir y afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales”, y complementar la labor que hoy realizan la Unidad de Inteligencia Financiera( UIF ) de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República( FGR ) (Presidencia de la República, 2020). Aunque su puesta en marcha requeriría de la aprobación de una nueva normativa y reglamento interno, la creación de esta unidad podría resultar problemática debido a que abriría la puerta a la ampliación de facultades de la GN y, por lo tanto, de las FFAA . Recordemos que, pese a que en papel la GN es una corporación civil, hoy en día su mando, composición, reclutamiento y formación es militar, e incluso su ejercicio presupuestal se canaliza vía la Sedena (Hope, 2020). 10

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 Como era de esperarse, el aumento en las actividades que deben desempeñar se ha visto reflejado en un aumento de sus presupuestos y su poder para negociarlo. Basta recordar que, como parte de los esfuerzos de austeridad de la actual administración, el presidente López Obrador no solo anunció la desaparición de diez subsecretarías de Estado, sino que aplicó un recorte de 25% a los salarios de todos los funcionarios de la administración pública federal. Todos, menos los militares. Y es que en los dos años que van de esta administración, las FFAA no solo no han visto decrecer sus recursos asignados, sino que han podido aumentarlos. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020( PEF ) la Sedena logró para sí una asignación de 94 mil millones de pesos mientras que la Semar alcanzó un presupuesto de 33 mil millones de pesos. El aumento con respecto al último año del gobierno anterior fue de 16% y 6%, respectivamente. De acuerdo a un análisis preliminar del PEF 2021, el aumento proyectado para la Sedena para el año entrante sería de 15,7%(superando los 112 mil millones de pesos) mientras que para la Semar sería de 2,1%(rebasando los 35 mil millones de pesos). Esto sin contar que la GN crecería su presupuesto en 17,7% y que, de aprobarse la militarización de los puertos y aduanas, la Semar lograría el control de, por lo menos, otros 25 mil millones de pesos(Ortiz y Espino, 2020; Tirado, 2020). 11

MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 CONCLUSIÓN Es un hecho que México vive un proceso de militarización por el que importantes facultades del gobierno civil, que trascienden ya el ámbito de la seguridad pública, se han trasladado a las FFAA . Para acomodarlo, el marco jurídico nacional ha sufrido constantes alteraciones que terminaron por ampliar el poder militar y reducir la capacidad civil para supervisarlo y acotarlo; y distorsionaron la manera en la que se reconocen y distribuyen competencias entre dependencias, instituciones y órdenes de gobierno. El engendro creado es indomable e insostenible. Peor. No podrá crear seguridad ni pacificar definitivamente al país. Primero porque no se entiende y segundo porque diluye la responsabilidad. Hoy en día soldados y marinos tienen un sinnúmero de competencias que varían dependiendo de la corporación que representan y el tipo de convenio de colaboración que impera. Dentro de esos, la soberanía de estados y municipios se gana o se pierde dependiendo las condiciones impuestas por quien les auxilia o sustituye. Luego entonces ¿quién es responsable? ¿Quién supervisa? ¿Qué fuero lo juzga? Todos y ninguno. Por si esto fuera poco, en fechas recientes se ha comenzado a justificar la ampliación de funciones y facultades de las FFAA en áreas tan disímiles como la construcción de infraestructura o el desarrollo de redes de distribución con el argumento de que estas deben intervenir para subsanar la incapacidad civil de gobierno. La lógica es perversa pero perfecta: quien detenta la responsabilidad de atender una necesidad o solucionar un problema cede su poder a quien no la tiene, pero puede hacerse cargo; a cambio los primeros aparecen como los artífices de la única solución posible mientras los segundos les absuelven de encontrar el verdadero arreglo. Cierto es que esta acumulación de poder no ha venido sin un enorme sacrificio por parte de la tropa. Que quede claro que ellos no son el problema principal. El problema es que estamos frente a una decisión política del poder civil en conjunto con los altos mandos militares. Y ahí es donde hay que trabajar. 12

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ACERCA DE LA AUTORA PIE DE IMPRENTA Lisa María Sánchez Ortega. Maestra en gestión pública y gobernanza por la London School of Economics, maestra en ciencia política por la Universidad Sorbona y licenciada en relaciones internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia, organización de la sociedad civil con más de veinte años de experiencia en seguridad ciudadana, justicia y política de drogas. Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Catalina Niño Coordinadora de proyecto catalina.nino@fescol.org.co Bogotá, noviembre de 2020 SOBRE ESTE PROYECTO Este documento es un producto del proyecto de la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ), Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, formada por expertos internacionales provenientes de los ámbitos de la política, la academia, la diplomacia, el sector de seguridad y las organizaciones de sociedad civil. La Red se creó como un espacio permanente de discusión sobre los desafíos a la paz y la seguridad que enfrenta América Latina y sus impactos sobre la democracia en la región. Para alimentar esas discusiones, la Red organizó el segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible“Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples”, realizado de manera virtual del 23 al 26 de noviembre de 2020. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org/fes-seguridad/ El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

V PA IO N L O E R N A C M IA A, E Y ST D A E D S O AF Y ÍO S S O D C E IE L D A A V D IO E L N EN A C M IA ÉR C IC O A N L T A R T A IN L A AS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA MILITARIZACIÓN Y PANDEMIA EN EL MÉXICO DEL 2020 à En México, como en otros países de América Latina, se está viviendo un proceso de militarización de la vida y la seguridad pública que en los últimos años se ha acelerado y ha logrado institucionalizarse incluso a costa del orden constitucional. Justificado como una necesidad por los actores que lo promueven –entre ellos los gobiernos civiles–, este proceso no cesó ni se atemperó con la llegada de la emergencia sanitaria causada por la covid-19. Por el contrario, la disrupción de la normalidad institucional y social causada por la pandemia sirvió de oportunidad para acrecentar la presencia y competencias de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil, sin que para ello mediara debate público alguno. à ¿Cómo llegamos aquí y qué implicaciones tiene este fenómeno? Estas son algunas de las interrogantes que el texto busca responder. Para ello, define el concepto de militarización, tanto en relación a la seguridad pública como en relación a la política, con el objetivo de explicitar sus diferencias y situar la discusión. Posteriormente, describe el proceso de militarización de la seguridad pública por el que ha atravesado el país en las últimas décadas. Por último, describe las nuevas encomiendas dadas a los militares para demostrar que, lejos de tratarse de medidas extraordinarias motivadas por la crisis, estamos frente a una entrega progresiva y, quizá, definitiva de funciones gubernamentales a instituciones castrenses. 17