ANÁLISIS V PA IO N L O E R N A C M IA A, E Y ST D A E D S O AF Y ÍO S S O D C E IE L D A A V D IO E L N EN A C M IA ÉR C IC O A N L T A R T A IN L A AS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PAZ Y SEGURIDAD EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA-- 4 NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO Lilian Bobea Noviembre 2020 à En las últimas dos décadas, los militares dominicanos han ido asumiendo roles administrativos en áreas de tradicional incumbencia civil, debido presumiblemente al carácter profesional y especializado del servicio que ofrecen, pero sobre todo gracias a la función instrumental que les confiere la clase política dominicana. à El elemento agravante de esta reinserción militar es que su ocurrencia se produce en el marco de una cultura clientelar, prebendal y neopatrimonialista que concede espacios de poder, influencia y enriquecimiento ilícito a ese sector militar, posibilitando su reproducción como actor económico, político e incluso criminal. 1

PAZ Y SEGURIDAD NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO CONTENIDO CONTENTS 1 INTRODUCCIÓN 4 2 LOS CAMINOS DEL EMPODERAMIENTO MILITAR 6 3 REPOSICIONAMIENTO DEL ACTOR MILITAR 8 4 RACIONALIDADES MILITARIZANTES 11 5 GESTIÓN MILITAR DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 12 6 MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 14 7 LA SECURITIZACIÓN SANITARIA 16 8 PROTECCIÓN AMBIENTAL 18 9 CONTROL FRONTERIZO 19 10 CONCLUSIONES 21 3

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 1 INTRODUCCIÓN* Desde el inicio de la pandemia covid-19, la República Dominicana pasó a encabezar el listado de los países con más altos niveles de incidencia del virus en América Latina y el Caribe, trayectoria que aún mantiene. En consecuencia, el gobierno dominicano, encabezado por la facción dominante del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD ) en los dos últimos periodos electorales, tomó dos medidas inmediatas: primero, creó una comisión ad hoc de alto nivel, encargada de dar seguimiento al avance del coronavirus y de coordinar medidas para contrarrestarlo. Dicha comisión la integraban los ministros de Salud, Turismo, Migración, Defensa y Policía Nacional. Segundo, y al amparo de esta resolución, rápidamente se movilizó un contingente de seiscientos miembros de las Fuerzas Armadas a la frontera con Haití, equipados con helicópteros, aviones de caza, vehículos todo terreno y drones, que se sumaron a uno de nueve mil soldados estacionados desde finales del año pasado, para prevenir “posibles derrames del virus” y continuar conteniendo presuntos flujos masivos de nacionales haitianos impactados por los disturbios y las protestas contra el gobierno de ese país. También se establecieron puestos de control interprovinciales comandados por militares, para regular los desplazamientos internos. En las zonas urbanas se priorizó una estrategia de encapsulamiento. Se recrudeció el patrullaje mixto, militar-policial, a fin de coaccionar los toques de queda, * Este documento es parte de una serie de insumos para el panel El regreso de los militares a la política, en el marco del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible“Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples”, realizado de manera virtual del 23 al 26 de noviembre de 2020 como parte de los cinco estados de excepción consecutivos decretados entre marzo y julio del presente año por el gobierno y aprobados por el Congreso, en su mayoría constituido también por la facción del partido que controla el Ejecutivo. Hay que mencionar a este punto que la coacción militar de las medidas de confinamiento, lo mismo que los repetidos estados de excepción, tuvieron como trasfondo las elecciones municipales y presidenciales que tendrían lugar en el país en la primera semana del mes de julio, luego de haber sido postergadas por más de un mes, un hecho singular en la historia electoral dominicana desde que su sociedad transitara hacia la democracia a finales de los años setenta. En un gesto pragmático frente a las ostensibles tensiones entre las fuerzas militares desplegadas en la calle y la ciudadanía renuente a acatar las nuevas regulaciones –especialmente los sectores involucrados en el proselitismo electoral–, el secretario de la presidencia reconoció públicamente: La labor ejemplar de las fuerzas armadas para controlar la pandemia en todos sus ámbitos; desde la logística para acomodar enfermos, hasta la seguridad en el toque de queda y el control de fronteras, pasando por el acompañamiento en la entrega de alimentos. Esa ubicuidad operativa fue reconocida por el funcionario como necesaria para, en sus palabras,“(…) librar esta Guerra sanitaria temporal que nos afecta” 1 . 1 Numerosos videos muestran las confrontaciones violentas entre efectivos policiales y militares con residentes, especialmente en las áreas urbanas marginadas, para imponer la cuarentena. 4

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO El escenario descrito devela una serie de tendencias militarizantes que tienden a acentuarse en el marco de condiciones sociopolíticas e institucionales estructurales en la República Dominicana. En este escrito se señalarán los diferentes aspectos de esas tendencias. 5

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 2 LOS CAMINOS DEL EMPODERAMIENTO MILITAR Se destacan dos elementos que configuran esta tendencia: primero, el hecho de que los militares continúan desempeñándose como un actor de importancia en el quehacer cotidiano de la política, práctica reiterada en todos los procesos previos de cambio de regímenes y transiciones políticas. Segundo, la asunción progresiva de roles administrativos, manifiestos por medio de la delegación de responsabilidades en áreas donde el gobierno ha fallado sistemáticamente en proveer servicios. Respecto a lo primero, Wilfredo Lozano sostiene que “la administración de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus se hizo en el país en clave electoral, no solamente política” 2 . Lozano enfatiza esta distinción como fundamental, para entender no solo la gerencia de la crisis sanitaria, sino más bien el hecho de cómo el estado democrático de derecho puede quedar sumamente lacerado en contextos en los cuales, como el que nos ocupa, las medidas de control de la crisis depositaron en el gobierno central un poder excesivo para imponer un proyecto electoral particular, lacerante de los derechos constitucionales individuales 3 . En palabras de Lozano, más allá de la dimensión profesional, sanitaria, la administración de la crisis supuso dos cosas con profundas implicaciones para la política: La primera, la creciente principalía del aparato militar y policial en la gestión y ejecución del control territorial de la población, ante el hecho de que –y aquí viene una segunda mediación– el gobierno central entendió que para operar eficazmente la administración de esa crisis, las políticas que se implementaran deberían darse en un contexto de una gran seguridad de las ejecutorias, y eso implicó aprobarle al gobierno medidas de excepción 4 . En este contexto el Ejército pasó a ser un instrumento fundamental para asegurar el control de la movilidad territorial, no solo del ciudadano ordinario, sino sobre todo de los contingentes que conformaban la oposición política. Rutinariamente, durante los últimos cinco meses, el Ejército dominicano fue desplegado en las calles junto a la Policía, para restringir la circulación de la gente a partir del cierre de la jornada de trabajo cuando retornaba a sus lugares de residencia. Sin embargo,“es aquí donde se destaca la dimensión político-electoral de esta estrategia”, puntualiza Lozano, en la medida en que: Ese control territorial de la movilidad de la gente en las principales ciudades se advertía más bien en los barrios de las clases medias y altas; pero en los barrios más populares ese control era muy flexible, y en consecuencia en los barrios populares las medidas restrictivas –coaccionadas por militares y policías– eran muy relajadas 5 . Lozano advierte que allí es donde se introduce un segundo giro político, donde el elemento militar pasó a tener un papel de facilitador de protección del asistencialismo social propagandístico del partido en el poder. 2 Entrevista a Wilfredo Lozano, sociólogo, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(Flacso) durante el periodo 1996-2000; actual director general del Instituto Nacional de Migración(INMRD). Julio de 2020. 3 Entrevista a Wilfredo Lozano, julio de 2020. 4 Entrevista a Wilfredo Lozano, julio de 2020. 5 Entrevista a Wilfredo Lozano, julio de 2020. 6

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO Los militares facilitaron el movimiento territorial del partido oficial. Protegido por el Ejército, el partido oficial desplegó actividades de asistencia social, precisamente durante los periodos de toque de queda, en los que ningún otro partido tenía permitido hacer campaña proselitista 6 . En suma, en campaña el candidato oficial logró identificarse con las políticas asistenciales del Estado. En ese juego, los militares contuvieron la pandemia, pero además fueron funcionales a la campaña del candidato oficialista Gonzalo Castillo Terrero. 6 Entrevista a Wilfredo Lozano, julio de 2020. 7

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 3 REPOSICIONAMIENTO DEL ACTOR MILITAR La respuesta militar al coronavirus evidencia la fragmentación institucional, administrativa y política que ha experimentado por décadas la sociedad dominicana, y que ha hecho ineficiente la aplicación de políticas de seguridad preventivas, consistentes e inclusivas. Ante estas falencias, los gobiernos dominicanos tienden a administrar las crisis sociales y de seguridad de acuerdo con criterios reactivos, intermitentes y discontinuos, haciendo uso extensivo de facto del recurso militar en escenarios de crisis latentes. Estos agentes militares operan por tanto en contextos de vacíos regulatorios y en ausencia de políticas institucionales; en consecuencia, no hay regímenes que sancionen prácticas inadecuadas o abusivas en el uso de recurso y en la imposición de fuerza. De hecho, una de las implicaciones de la forma centralizada en que se manejaron los recursos fue que el gobierno pasó a controlar los procesos de licitaciones y adquisición de materiales y abastecimientos necesarios en casos de emergencia. Su manejo dio lugar a investigaciones y denuncias por parte de organismos nacionales e internacionales como el Lawyers Council por estar“contaminados por la corrupción”. En síntesis, se priorizó una estrategia de aprovechamiento. Por otro lado, el uso compartimentado de los aparatos de seguridad oblitera las implicaciones que ello tiene para la institucionalidad y para el estado de derecho de la sociedad dominicana, al no existir mecanismos internos o externos que hagan transparente la implementación y el desempeño de políticas públicas. En este contexto, el redimensionamiento del actor militar en el marco institucional y administrativo gubernamental ha sido potenciado con la asunción progresiva de roles de gerencia, manifiestos por medio de la delegación de responsabilidades en áreas donde el gobierno ha fallado sistemáticamente en proveer servicios. La justificación de la clase política respecto a ese uso extensivo de los militares encuentra asidero en los supuestos riesgos que enfrenta el país en los ámbitos nacionales y regionales, es decir: 1) en el alto perfil que ocupa el país en el circuito regional de tránsito de drogas, armas y dinero promovido por el crimen organizado; 2) la hipótesis de conflicto de desestabilización social alrededor de la cuestión haitiana; 3) el auge de la criminalidad común a la que presuntamente la Policía nacional no da abasto, y 4) las situaciones de emergencia nacional, de carácter ambiental o sanitario. Es así como en las últimas dos décadas los militares dominicanos han ido asumiendo poco a poco roles administrativos en áreas de tradicional incumbencia civil, debido presumiblemente al carácter profesional y especializado del servicio que ofrecen, pero sobre todo gracias a la función instrumental que les confiere la clase política dominicana. Lo anterior ha servido para validar una superestructura burocrática de alrededor de 40.000 agentes activos, la mayor fuerza militar en la región del Caribe, comandada por una desproporcional jerarquía de unos 12.000 oficiales superiores, incluyendo ciento treinta y seis generales y 1.324 coroneles y tenientes coroneles que están actualmente fuera de la tabla organizacional del ministerio 7 . En la Armada dominicana( ARD ) existe actualmente 7 Julián Herrera.“En FF . AA . hay 136 generales, que sumados a otros oficiales cuestan RD 7 millones anuales a contribuyentes”. Acento. https://acento.com.do/actualidad/en-fuerzas-armadas-hay-136-generales-que-sumados-a-otros-oficiales-cuestan-rd7-mil-millones-anuales-a-contribuyentes-8435960. html. Esta macrocefalia tiene implicaciones económicas y presupuestales, pero también institucionales y sociales. Respecto a lo primero, esta situación está creando distorsiones impor8

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO un superávit de 9.529 efectivos, más del doble de los que están autorizados a conformar la fuerza. Sostenemos que esta distorsión ha tenido como consecuencia la decisión de la clase política de relocalizar ese capital humano excedente en otros ámbitos de la administración pública, de suerte que actualmente en República Dominicana casi no hay un ámbito del sector público de importancia donde no haya presencia militar. Este proceso no es accidental, por el contrario, le subyacen una serie de racionalidades militarizantes que cubren un espectro de razones, que van: 1) desde el temor a un eventual golpe de estado militar; 2) la presunción de que entre todos los estamentos burocráticos, los militares dominicanos son los que más garantizan la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los servicios requeridos en el sector público; 3) la percepción de que los militares y la institución militar en su conjunto encarnan la disciplina como valor primario y que este es un atributo fundamental en escenarios considerados caóticos por grupos de intereses ligados al poder político. Finalmente, y no menos relevante, 4) la función retributiva que han tenido prácticamente desde su formación en el ámbito político dominicano. En este sentido, las visiones compartidas por dos profesionales entrevistados resultaron reveladoras de la compleja relación cívico-militar en República Dominicana. La posición de Roberto Santana, director por varios años del nuevo modelo penitenciario implementado en el país desde 2004, y la del exdiputado Fidelio Despradel, exguerrillero y comandante de la Revolución de Abril de 1965, son coincidentes en varios aspectos contrastantes. Al ser cuestionado sobre el rol que desempeñan los cuerpos armados dominicanos en la institucionalidad democrática actual, Santana señaló que los cuerpos armados en la actualidad son un reflejo de lo que fuetantes en la estructura orgánica y en la lógica de funcionamiento interno en las ramas del sector. En términos sociales, muchos de estos oficiales de alto rango han ido ocupando posiciones en el sector público como una forma de justificar su permanencia. Hay que anotar que esta cantidad actual refleja sin embargo un de-escalamiento: la situación de macrocefalia era aún más pronunciada una década atrás. ron los cuerpos armados modelados por la intervención estadounidense de 1916 a 1924: en su visión, poco o nada ha cambiado en lo relativo al rol político que siguen desempeñando, pese a que su nivel de centralidad ha disminuido. Para Santana,“Los militares han tenido una participación sustantiva en los procesos electorales, incluyendo en este último(junio 2020), en las que ejecutaron las decisiones políticas(del partido en el poder)”. De hecho, en estas elecciones el partido opositor, el Partido Revolucionario Moderno( PRM ), denunció en los diálogos públicos que el partido en el poder, el PLD , envió militares al frente de la Policía electoral en las diferentes provincias. Al respecto, Santana enfatiza en que: Esos agentes militares fungían como cuadros políticos del PLD , y en virtud de ello persiguieron y apresaron a cuadros políticos de la oposición; facilitaron la repartición de prebendas en los barrios en favor del candidato oficialista, y ejecutaron ordenes políticas que no se corresponden con el papel que les asigna la ley 8 . En la visión de Santana, existe un patrón que se mantiene inalterado, siendo el ejemplo más ilustrativo el documentado caso de los aviones de rastreo Tucano que las Fuerzas Armadas adquirieron del gobierno de Brasil, y por cuya compra los militares involucrados en la transacción recibieron una cuantiosa comisión. En palabras de Santana,“el cobro de comisión es una figura que no es legal pero que se acepta como una especie de código no escrito de beneficios mutuos que ya se institucionalizó, sobre todo dentro de los cuerpos castrenses” 9 . Por su parte, el diputado Despradel destaca también el fenómeno de cómo los militares se insertaron en una dinámica de corrupción, que ya venía gestándose bajo un esquema patrimonialista y prebendal: Los militares entraron en el baile de la corrupción, íntimamente ligado a la droga y al contrabando, sobre todo por su papel en la frontera; las instituciones militares encargadas de combatir la droga, el contrabando de gente y todos los elementos vinculados al negocio de lavado de dinero proveniente de la droga eran parte 8 Entrevista a Roberto Santana, 23 de julio de 2020. 9 Entrevista a Roberto Santana, 23 de julio de 2020. 9

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO de una estructura mafiosa en la cual un militar pagaba millones de pesos para que lo mandaran a la frontera, porque ese dinero lo recuperaba en un año. Eso el presidente lo sabía, y el partido lo sabía, eso estaba vinculado a los planes sociales 10 . Para Despradel ese monopolio militar del control fronterizo ha beneficiado no solo a militares, sino también a políticos y empresarios, en ausencia de políticas institucionales de control migratorio y de desarrollo binacional. Despradel insiste en que: En la frontera dominico-haitiana se ha desarrollado un negocio que no tengo forma de cuantificar, desde los traficantes de personas que cruzan a los haitianos y lo pasan a otros militares, y forman una cadena de corrupción que tiene que ver mucho con los estamentos militares apostados en la frontera 11 . De acuerdo con esta lógica argumentativa, en años recientes en el país se han normalizado procesos de reinserción informatizados o de-institucionalizados –en el caso que nos ocupa, de los actores militares– en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Esto último ha propiciado a su vez la adaptabilidad de dichos escenarios de inserción, los cuales terminan convirtiéndose en “islas” burocráticas de poder, caracterizadas por su opacidad, impunidad e inmunidad. Dos factores de la cultura política dominicana dan cuenta de la reafirmación de este patrón: por un lado, el predominio de un modelo unipartidista de control del poder político que viabilizó la instauración de grupos de interés e interacciones cooptadas. Por otro, la reafirmación de una relación Estado-sociedad de carácter clientelar y patrimonial, en la cual los militares han sido juez y parte. Sostenemos que ambas condiciones han viabilizado estructuras de oportunidades favorables para que sectores de la clase política, grupos empresariales y estamentos del sector militar se hayan readecuado, negociado y concedido espacios de poder e influencia de carácter formal e informal, de mutuo beneficio 12 . Estas islas de poder se autorregulan, de suerte que el actor militar deviene un vector de factorización que garantiza la expansión, adecuación, continuidad y perdurabilidad de su capacidad de acción. A continuación desglosamos las diversas áreas administrativas de expansión estratégica de los cuerpos armados en República Dominicana, resaltando el hecho de que cada vez que se ha designado a un oficial militar en una posición burocrática como las que describimos, los reemplazos tienden a ser militares, perpetuando así el perfil militarizante de esas estructuras de poder y esos espacios de acceso a recursos e influencia. 10 Entrevista a Fidelio Despradel, 23 de julio de 2020. 11 Entrevista a Fidelio Despradel, 8 de julio de 2020. 12 Esta lógica maniquea ha logrado consolidarse en una sociedad como la dominicana, que experimentó su transición democrática a finales de los años setenta, luego de una dictadura de corte militar(1930-1961), un golpe de estado cívico-militar(1963-1963), una guerra civil que enfrentó a grupos militares golpistas y proconstitucionalistas(abril 1965), una segunda intervención estadounidense(1965-1966), y un gobierno totalitario de ascendencia militar(1960-1962, 1966-1978, 1986-1996). 10

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 4 RACIONALIDADES MILITARIZANTES Pese al reconocimiento del papel nefasto que han desempeñado los militares como actor racional en la búsqueda de beneficios políticos y económicos, tanto Roberto Santana como el diputado Fidelio Despradel consideran que son muy necesarios y pueden cumplir un papel determinante en el marco de un gobierno que confronte la corrupción y las prácticas desinstitucionalizantes. Ambos coinciden en señalar que la responsabilidad primaria en la situación de corrupción generalizada que se experimenta en el país es atribuible fundamentalmente al partido que ha permanecido en el poder durante los últimos quince años, y en cuyo contexto los militares han tenido un papel protagónico. En opinión de uno de nuestros entrevistados,“el Partido de la Liberación Dominicana fue el que generalizó la corrupción en el país, utilizó a los militares para eso y permitió que estos se corrompieran”. Similarmente, el diputado Despradel destaca su convicción de que los militares dominicanos pueden y deben tener un papel protagónico positivo, diferente, en el futuro de la democracia dominicana, de la misma manera en que lo hizo la generación de militares constitucionalistas que en la década de los sesenta luchó por restituir el gobierno que el pueblo había elegido y la constitución democrática que dicho gobierno enarboló. Despradel reconoce el papel perjudicial que por años han desempeñado los militares dominicanos, involucrándose en actividades de enriquecimiento ilícito y siendo partícipes y promotores de violaciones a los derechos humanos. Para Santana, esa es parte de las tareas pendientes que tiene la democracia latinoamericana, pero particularmente la dominicana: Porque si hay un presidente que le permite a un comandante recibir comisiones millonarias, es evidente que ese comandante es leal de una manera ciega a quien le permite enriquecerse, hay una lealtad recíproca:‘Yo como presidente te apoyo para que te hagas rico hasta la N generación’. Y ese oficial dice:‘Yo te apoyo porque tú me estas permitiendo enriquecerme’. Eso es lo que ha pasado en los cuerpos armados dominicanos por muchos años 13 . Ante la cuestión de por qué tendrían que ser los militares los responsables del desarrollo fronterizo, la respuesta del diputado Despradel es la siguiente: No vamos a botar ahora la mitad de las Fuerzas Armadas. No vamos a crear un vacío; estos gobiernos han indisciplinado este país. No estoy de acuerdo en disminuir el papel de las Fuerzas Armadas en muchísimas áreas donde ya trabajan, sino en transformar su orientación perjudicial, desde dentro de las Fuerzas Armadas. De suerte que en medio de este ascendente militarizante diversos gobiernos han ido traspasando espacios de decisión a una élite castrense en áreas de alta competencia gerencial. A continuación destacamos los sectores más importantes donde esta presencia ha sido consistente, ininterrumpida en los últimos veinte años. 13 Entrevista a Roberto Santana, 23 de julio de 2020. 11

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 5 GESTIÓN MILITAR DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES Para los fines de este trabajo entrevistamos a Lourdes Meyreles, especialista en la gestión de riesgos y desastres. La especialista destaca la ubicuidad de los militares en el ámbito de la gestión de riesgos:“Los militares están muy involucrados en reforestación, cuidado de áreas protegidas, cuencas y reservas hídricas” 14 . En soporte de esta afirmación constatamos que, en los últimos quince años, las dos instituciones responsables del área: la Defensa Civil y el Centro de Operaciones Especiales( COE ), han estado comandadas por militares, ambos generales de brigada del Ejército Nacional, pese a que en ningún acápite de la ley de gestión de riesgo, la cual data de 2002, se estipula que el organismo de Defensa Civil o el Centro de Operaciones Especiales deban ser liderados por militares. Al respecto, Meyreles enfatiza lo siguiente: Esta tradición comenzó con el primer gobierno socialdemócrata del Partido Revolucionario Dominicano (2000-2004). Defensa Civil estaba comandada por un tecnócrata civil, pero en el organismo había un militar del Ejército Nacional, José Antonio de los Santos. Esa persona logró hacer un arreglo con el nuevo presidente Hipólito Mejía, y fue ascendido a general de Brigada y nombrado como director de la entidad. Al hacer esa maniobra también se manejó la ley, de suerte que el organismo de Defensa Civil pasó a centralizar también a la Comisión Nacional de Emergencia, órgano rector de la gestión de riesgos y manejo de emergencias. Esa centralización del poder quedó tal cual, porque ninguno de los gobiernos posteriores la cambió. Hasta el día de hoy, la institución continúa siendo comandada por militares 15 . 14 Entrevista a Lourdes Meyreles, 13 de julio de 2020. 15 Los cuatro directores siguientes han sido ascendidos al rango de general y comandado la institución. En este intercambio se destaca, en primer lugar, la evidente contraposición entre visiones y lógicas militarizantes y técnicas. La administración militar del riesgo concede predominio a un acercamiento de protección/ prohibición y penalización, en contraposición a uno de gestión, planeación, educación, prevención y administración en el manejo de los recursos naturales, especialmente no renovables. Al respecto, Meyreles reitera: Hasta el mismo concepto de Defensa Civil es anacrónico y también fundamental, porque define el tipo de racionalidad bajo la cual se asume la cuestión de gestión de riesgo. Pese a que hemos discutido en la Comisión la importancia de darle una nueva visión a la institución, su director ha estado totalmente opuesto al cambio 16 . No se trata de una cuestión de semántica: esa visión de defensa respecto a los desastres naturales tiene importantes implicaciones prácticas en la planeación y el manejo de situaciones de riesgo. Como una ilustración de lo dicho, en meses recientes los residentes de Santo Domingo, la capital, experimentaron una emergencia ambiental que produjo el incendio del principal vertedero de basura a cielo abierto, y que mantuvo a los capitalinos inmersos en una crisis de contaminación ambiental con serias secuelas sanitarias por espacio de diez días. Dicha crisis fue ocasionada por intereses económicos contrapuestos entre los dueños privados del vertedero y las instancias reguladoras edilicias. El conflicto se exacerbó debido a la incapacidad de las partes involucradas de llegar a un acuerdo, del que además estuvieron excluidos importantes actores clave de la esfera judicial y de salud pública. Esta inacción derivó en un escenario que desbordó las capacidades de los actores involucrados para 16 Entrevista Lourdes Meyreles, 13 de julio de 2020. 12

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO evitar que la misma alcanzara ribetes de emergencia. La salida fue encarada inicial y principalmente desde una óptica militarista, que comenzó con el acordonamiento del área por más de trescientos soldados, desplegados por el Ministerio de Defensa, para impedir la entrada a personas que viven de la recolección de desechos y para, presuntamente, desarrollar labores de investigación que permitiesen determinar posibles trasfondos criminales en el siniestro. En conclusión, insiste Meyreles, la solución al problema comenzó con un despliegue militar, un desenlace que subsume cualquier lógica y acción proactiva. La especialista destaca como corolario que, Si bien es cierto que en el país se ha avanzado en el fortalecimiento de las respuestas a desastres, en lo relativo a capacitaciones, construcción de albergues, formación de personal civil y militar, aún hay mucho por hacer en el área de prevención, mitigación y reducción de riesgo, y en esos ámbitos la respuesta militarizante en la directiva de las instituciones no es coadyuvante. Otro agravante de la militarización del sector es su reducido entendimiento del manejo de la cooperación internacional, ante la cual la actual dirección(militar) refleja una clara falta de dinamicidad. Como apunta Meyreles, una de las cuestiones más críticas es la que se cierne alrededor de la lucha de poderes e intereses por recursos entre las jefaturas militares de esos organismos. Ella puntualiza, “Esa lucha de poder ha hecho que la institución y el sector no camine”. Resalta que,“El COE debería estar bajo el mando de Defensa Civil, y de acuerdo con la ley de gestión de riesgo 147-02 esta instancia no es permanente. Pese a ello, ni el Centro de Operaciones Especiales coordina con Defensa Civil ni asume su carácter circunstancial. En la práctica ha quedado como una institución permanente, que además concentra muchísimo poder y visibilidad” 17 . Señala además que la lucha interinstitucional de poderes ha implicado el retraso de las reuniones de la Comisión de Emergencia. El Centro de Operaciones Especiales no asiste a las reuniones de la Comisión de Emergencia, lo cual afecta la macro-coordinación. Respecto a la pandemia, agrega: Ahora mismo ha habido una distorsión total con la crisis provocada por el covid-19, porque la ley de gestión de riesgo 147-02 establece que quien debería estar coordinando las acciones es la Comisión Nacional de Emergencias( CNE ), pero esa comisión no ha sido incluida en nada. Defensa Civil dejó incluso de convocar las reuniones y en la práctica es el Centro de Operaciones Especiales, junto a salud pública, el que está liderando la respuesta ante la pandemia, cuando debería ser al revés 18 . En 2010 se sometió un nuevo Proyecto de ley de gestión ambiental, el cual, entre otras cosas, minimizaría la orientación militarizante del sector. Sin embargo, el general Rafael Antonio Carrasco, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y director ejecutivo de la Defensa Civil, instruyó y forzó para que no se produjeran cambios en la ley. Para justificar que todo quedara como está actualmente, acusó a las organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra el Foro Ambiental, una institución autóctona, de ser organismos internacionales“que vienen de fuera a injerirse en las leyes del país”. Esto evidencia la extensión de las funciones militares. 17 Entrevista a Lourdes Meyreles, 13 de julio de 2020. 18 Entrevista a Lourdes Meyreles, 13 de julio de 2020. 13

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 6 MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA El escenario descrito en el sector de prevención de desastres tiende a repetirse en otras áreas administrativas. Las Fuerzas Armadas dominicanas han ido formalizando progresivamente su rol de cogestor de la seguridad pública, mediante actividades de patrullaje conjunto y cateo de armamentos a civiles en la vía pública, así como también de control de protestas sociales y, más recientemente, en los centros de votación en las pasadas elecciones nacionales. Todas esas funciones se fueron transformando paulatinamente de ocasionales a periódicas, hasta quedar constituidas de manera permanente. La participación de los militares en la preservación del orden público no es un fenómeno nuevo en América Latina y el Caribe, y menos aún en República Dominicana, donde la instauración de fuerzas constabularias dio origen a lo que sería más tarde el Ejército dominicano. Lo que sí llama la atención, sin embargo, es el carácter contraproducente de transferir funciones de orden público al sector militar en el momento en que se gestiona una reforma policial que busca optimizar dicho sector. Pese al hecho cierto de que tanto policías como militares comparten el objetivo de garantizar la seguridad, los roles de ambas instituciones son formalmente conflictivos en su naturaleza, alcance y objeto. Una salida acomodaticia surge cuando la función informal ejecutada por los militares, de participar en el mantenimiento del orden público, se mira como“la mejor estrategia” para los actores que no aprueban los resultados generados por las canales formales(que sea la policía la que asuma enteramente el control de la seguridad pública), pero no tienen la posibilidad de cambiar abiertamente las reglas. Es así como el recurso utilizado para“formalizar” este rol fue la creación por parte del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto Metropolitano(Cocom) y el Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas. Por medio de este último, se destaca: El fortalecimiento de las operaciones de orden público para combatir la delincuencia y el crimen organizado; elevar los niveles de listeza operacional y la operatividad conjunta de las fuerzas con la finalidad de dar respuesta oportuna, así como apoyar a la Policía Nacional frente a situaciones adversas que alteren el orden público y elevar los mecanismos de supervisión, a los fines de fortalecer las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de tareas conjuntas 19 . La reafirmación de este rol fue anunciada públicamente en la reciente juramentación de un comandante del Ejército, insistiendo en que: seguirá trabajando arduamente en todo lo relacionado a la seguridad ciudadana; apoyando a la Policía Nacional, siguiendo los lineamientos a ejecutar durante los próximos tres meses, a los fines de desarrollar las actividades de apoyo a la institución del orden de una manera eficaz 20 . Más aún, con la instauración del nuevo gobierno, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, reafirmó que las Fuerzas Armadas continuarán interviniendo los vecindarios con mayor índice delictivo, 19“Ministro de Defensa posesiona nuevo mando del Comando Conjunto Unificado de las FF . AA ”. https://mide.gob.do/detail. aspx?id=5673 20 https://www.ejercito.mil.do/noticias/548-comandante-general-del-ejercito-queda-posicionado-por-el-ministro-de-defensa-como-el-nuevo-comandante-comando-conjunto-unificado-de-las-ff-aa 14

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO como parte de las tareas permanentes del Comando Conjunto Unificado 21 . Como es de suponer, el puesto o asignación crea sus propias necesidades; es así como, tal y como se consigna en la memoria institucional del Ministerio de Defensa(Mide), durante 2017 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron empleados en el patrullaje del territorio nacional aumentó de 1.200 a 2.217, incluyendo sectores urbanos, en conjunción con la Policía Nacional 22 . Este proceso de delegación y traspaso de funciones policiales al sector militar ha sido progresivo, especialmente en las últimas dos décadas, a pesar de los cambios introducidos en la reforma y actualización de la ley orgánica que rige el ministerio 23 . 21 https://www.diariolibre.com/actualidad/ciudad/las-fuerzas-armadas-intervendran-los-barrios-con-mayores-niveles-delincuencia-HG16325750 22 https://memorias.minpre.gob.do/api/documents/691/download 23 En su primer articulado, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de 1978 estipulaba que“El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público y sostener la Constitución y las Leyes”. Este articulado fue modificado por la ley 139-13 del 13 de septiembre de 2013, estableciendo en su artículo 5°, Misión de las FF . AA ,“Concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales y ser parte de la Policía Militar Electoral en las elecciones nacionales bajo el control de la Junta Central Electoral”. 15

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 7 LA SECURITIZACIÓN SANITARIA En su trabajo“La triada de cuarentenas, neohigienismo y securitización en el Sars-Cov2”, el epidemiólogo y salubrista argentino Gonzalo Basile da cuenta de un proceso ampliado de securitización de la salud pública, que tiende a consolidarse en contextos de crisis sanitarias como las producidas por las pandemias del SARS , Ébola, y más recientemente la covid-19. Por esta vía se establece un nuevo nexo entre seguridad y salud, en el cual los problemas relativos a la salud colectiva se enmarcan ahora en una narrativa de la seguridad sanitaria global y la seguridad nacional. Basile sugiere que tanto la conceptualización de las pandemias como sus respuestas, las cuarentenas, deben ser analizadas desde una nueva epistemología en la cual la securitización tiene un papel fundamental. De acuerdo con esta lógica, el autor analiza los supuestos y las respuestas dadas alrededor de lo que él denomina el“engranaje de un flujograma de poder en la pandemia” 24 , que se articula a partir una triada conceptual ente la neohigienización pública, la securitización sanitaria global y la salud global liberal(neoliberalismo sanitario). En el marco de esta conceptualización, las cuarentenas han sido concebidas como proyectos disciplinarios, y, por ende, sujetos de control basados en una lógica binaria de diferenciación socio-espacial. La militarización del control espacial y de los conglomerados deviene en el canal privilegiado para la imposición de la disciplina y la normalización de ese control como una forma de preservar el espacio distanciado entre clases, razas, etnias, contagiados y no contagiados, de la 24 G. Basile.“La triada de cuarentenas, neohigienismo y securitizacion en el SAS -CoV-2: matriz genética de la doctrina del panamericanismo sanitario”. Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, Flacso, República Dominicana, Clacso, Idep, mayo 2020. misma forma en que se manejan las lógicas punitivas de criminalización y penalización. Partiendo de este análisis, insisto en que la entrada en el país de la covid-19 abrió una nueva ventana de oportunidades para la ampliación del accionar militar. La ya establecida normalización del rol policial de las fuerzas militares se tradujo a su vez en la reafirmación de la participación militar por medio de la coacción de las disposiciones de confinamiento durante la pandemia de la covid-19. Tal y como señalamos al inicio de este artículo, los militares fueron desplegados especialmente en las áreas urbanas más marginales y desabastecidas social y económicamente, y se instruyó a los comandantes de los comandos conjuntos metropolitanos de las Fuerzas Armadas, de hacer las coordinaciones de lugar con los directores regionales de la Policía Nacional y los comandantes de Fuerzas de Tareas Conjuntas, para hacer cumplir las disposiciones del toque de queda con el fin de reducir la propagación del coronavirus. El despliegue militar en las zonas urbanas focalizadas acentuó las tensiones de carácter social manifiestas en confrontaciones físicas entre residentes y fuerzas del orden. Estas confrontaciones responden a un patrón de relaciones contenciosas entre, por un lado, las fuerzas de seguridad, en las que se refleja la pérdida de legitimidad policial por ineficiencia, por el uso excesivo de la fuerza y por prácticas inescrupulosas, y, por otro, un gran sector de la ciudadanía que percibe que la pandemia es una nueva excusa de los aparatos de coacción para imponerse en sus territorios, tantas veces intervenidos, y dentro de los cuales esas poblaciones han estado confinadas efectiva y simbólicamente. Durante los dos primeros días fueron detenidas 1.714 personas y apresadas 2.545. Estas operaciones de de16

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO tención y apresamiento fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Fuerza de Tarea Inteligencia FTCI -Ciutran y personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública 25 . 25 https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/ffaa-y-pnapresan-831-ciudadanos-en-segundo-dia-del-toque-de-queda-CL17859597 17

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 8 PROTECCIÓN AMBIENTAL La misma lógica militarista predominante en el manejo de riesgos y desastres naturales se refleja en el sector ambiental. El concepto de seguridad interna ofrece una amplia sombrilla para el accionar y la participación conjunta de las fuerzas castrenses con otras instancias administrativas. De esta suerte, el Ministerio de Defensa cuenta con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) como un cuerpo especializado auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. Su objetivo y razón de ser es“Desarrollar operaciones de vigilancia detección, prevención y control de delitos ambientales en todo el territorio nacional, así como someter a los infractores ambientales bajo el amparo de la ley general sobre medio ambiente y recursos naturales”. Sin embargo, en nuestra entrevista al diputado Fidelio Despradel, miembro de la Comisión del Ejército de la Cámara Baja, se refleja una práctica contraproducente a la misión declarada por el Senpa. Al respecto, Despradel declara: Aquí han destruido el 50% de los ríos de la República Dominicana a pesar de estar protegidos por la Constitución, leyes concretas, ministerios, instituciones y las Fuerzas Armadas. A esos mismos grupos el gobierno y el partido en el poder le permitieron degradar los ríos extrayendo materiales de construcción. ¿Cómo se hizo eso? El Ministerio de Medio Ambiente tiene inspectores en todo el país para evitar la deforestación y el dragado de los ríos. Esa es una realidad dramática del país, yo hice una denuncia diciendo que los militares que supuestamente estaban protegiendo a los ríos estaban permitiendo que las empresas acabaran con esos recursos, tomé fotografías 26 . ¿De qué manera los militares han logrado situarse de manera tan favorable en esos roles? ¿Fueron esas misiones aprobadas por el Congreso? ¿Tiene ello acaso que ver con el hecho de que las comisiones de defensa de las dos cámaras congresales están dominadas por el partido y la facción en el poder? La respuesta de Despradel a estas preguntas es que todo el sistema político, partidario y administrativo está involucrado, desde la presidencia de la república, pasando por los senadores, diputados y gobernadores:“Lo conocen todo y todo lo ven en función de un negocio, son los responsables, no hay exoneración posible”. De acuerdo con Despradel, esa lógica también se extiende al ámbito de la lucha contra el narcotráfico. El diputado lo explica de esta manera: Lo que pasa es que la Dirección Nacional de Control de Drogas( DNCD ), conformada por militares, puede que tenga militares honrosos, que son un modelo, pero su cabeza y su jerarquía siempre han estado al servicio del negocio de la droga y del lavado de dinero. Y el gobierno se ha aliado con los jefes de los negocios de la droga, muchos de ellos extranjeros que han residido en el país por años, protegidos por, y acompañando a los presidentes, aun sabiendo estos últimos quiénes son ellos 27 . Despradel no tiene dudas de la corrupción, el lavado de dinero, el contrabando y el crimen organizado. Sin embargo, nada justifica que ante estos problemas el actor para solucionarlo sean los militares. 26 Entrevista a Fidelio Despradel, 8 de julio de 2020. 27 Entrevista a Fidelio Despradel, 8 de julio de 2020. 18

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 9 CONTROL FRONTERIZO En el ámbito nacional, las Fuerzas Armadas son consideradas como el instrumento de contención primordial de la diáspora haitiana y de respuesta automática a situaciones consideradas de emergencia y crisis percibidas en la línea fronteriza 28 . Su esquema defensivo data desde hace prácticamente un siglo, y a lo largo de ese periodo el Ejército dominicano ha fungido como el ente regulador de los flujos humanos y de mercancías. Este rol regulador le ha sido históricamente transferido en ausencia de una política migratoria efectiva, comprensiva y consistente que preste atención, por un lado, a la condición de respeto de los derechos humanos y, por otro, a la dimensión de las relaciones interestatales con la vecina República de Haití. La constitución dominicana establece como mandato principal de las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía y la independencia de la nación, así como la integralidad de sus territorios 29 , mientras establece como objetivos de alta prioridad nacional el combate a las actividades criminales transnacionales y a la organización de sistemas eficaces de prevención o mitigación de daños provocados por desastres naturales y tecnológicos 30 . Ambos mandatos alcanzaron mayor relevancia cuando el Estado haitiano disolvió su fuerza militar en 1996. Esta situación ha justificado durante los últimos treinta años el papel monopólico que asume el Ejército domini28 Así lo consigna el artículo 8° de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, relativo a la conformación y misión de la fuerza terrestre:“Asegurar, controlar y defender la zona fronteriza terrestre de toda amenaza que atente contra los intereses nacionales de seguridad o que puedan afectar la identidad cultural dominicana”. 29 Artículo 252 de la Carta magna. 30 Artículo 260, capítulo III de la Seguridad y defensa. cano en lo relativo al control fronterizo, enfatizando el carácter estratégico de la seguridad fronteriza, bajo el supuesto de que es esencialmente a través de esa frontera por donde fluyen la mayor parte de las mercancías y transacciones ilícitas, y el espacio alrededor del cual se estructura la criminalidad organizada. El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre(Cesfront) es el organismo responsable de la operatividad de los dispositivos de seguridad y control en los puntos formales de entada y salida de los flujos de personas y mercancías 31 . Para ello cuenta con un número permanente de nueve mil soldados desplegados a lo largo de la línea fronteriza. Pese a la narrativa predominante de que la frontera constituye el principal punto de entrada de flujos ilícitos, las estadísticas del Cesfront muestran que en el presente año solo fueron intersectados tres tipos de flujos: 179,5 libras de marihuana, 8.364 unidades de cigarrillos y 15.951 nacionales haitianos. Con el surgimiento de la covid-19 en el país, al Cesfront le se agregó la nueva misión“de mantener sellados los 391 kilómetros lineales con el vecino país de Haití, a su vez contener y evitar la propagación del coronavirus” 32 . Esta respuesta militarizada de la frontera en el contexto de la expansión del virus responde a una lógica de control del Estado-Nación que, como bien señala Basile, reproduce en el ámbito epidemiológico la conceptualización militar de combatir, controlar y erradicar la enfermedad y sus supuestos vectores o precursores. En 31 Creado mediante decreto presidencial 325 el 8 de agosto de 2006. 32“Sellada la frontera contra el coronavirus”. https://listindiario.com/las-mundiales/2020/05/09/616728/sellada-la-frontera-contra-el-coronavirus 19

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO el plano nacional, se trata de controlar los espacios marginados, que por demás han sido sujetos perennes de múltiples controles, todo lo cual supone más que subterfugio retórico en la convocatoria de los recursos humanos y estratégicos de seguridad. En adición a estas tareas de defensa territorial, las Fuerzas Armadas se han embarcado en una serie de actividades de promoción de imagen, no directamente relacionadas a sus misiones específicas. Por medio de la Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas, el Cesfront ejecuta programas de formación ciudadana“fundamentados en la metodología de instrucción militar, para convertir a los jóvenes de la región en hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo social y económico del país, así como el equipamiento de escuelas vocacionales orientadas a la construcción de capital social y desarrollo local” 33 . En el despliegue de esta retórica militarista, que tiene su asidero en una expandida visión hípernacionalista, la cuestión de los derechos humanos sigue siendo un asunto incontestado cuando se trata de los múltiples abusos que cometen los militares contra nacionales haitianos, avalados por el sistema de justicia dominicano. Un ejemplo de ellos es el caso sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de junio de 2000, relativo al asesinato de seis haitianos cometido por oficiales apostados en la frontera en la persecución de un vehículo que trasportaba ilegalmente a treinta nacionales haitianos hacia territorio dominicano. Varios de los muertos fueron ejecutados por los soldados y enterrados en una fosa común sin que en el proceso interviniese ninguna autoridad judicial. Los oficiales involucrados en el ajusticiamiento de esas personas fueron exculpados por la justicia dominicana, pese a la interpelación de la Corte Interamericana sobre el abuso de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza en una situación en la que el Estado dominicano no enfrentaba un ataque inminente. 33 https://cesfront.mil.do/ 20

NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO 10 CONCLUSIONES Para el ojo no avezado, la impresión determinante es que a lo largo de los sucesivos regímenes y transiciones hacia la democracia, la preponderancia de los cuerpos armados ha ido palideciendo en el Estado y en la sociedad, sin extinguirse totalmente. Sin embargo, esta impresión debe ser matizada. Como lo destaca nuestro entrevistado, Roberto Santana: Una evidencia en nuestra historia reciente, de la vigencia que aún preservan los militares, lo fueron las concesiones otorgadas por el gobierno del presidente Fernández a los altos mandos militares, como una forma de protegerse de un eventual golpe de estado. Este riesgo potencial tenía asidero en el factor adicional de que el control político de los militares estaba aún bajo el poder del partido saliente, el Partido Revolucionario Social Cristiano( PRSC ), comandado por el ex presidente Joaquín Balaguer y que, al igual que los anteriores gobiernos, posibilitó la movilidad social y la acumulación primaria de capitales a ese sector militar 34 . No hay duda de que los estamentos militares dominicanos han logrado reinsertarse intensa y extensivamente en el Estado y la sociedad. Esto ha sido posible gracias al engranaje entre la clase política, sus burocracias y sus sistemas de representación –los partidos políticos– alrededor de la cuestión militar en República Dominicana. Este reposicionamiento se ha materializado por medio de canales formales e informales, generando diversos tipos de lógicas competitivas y sustitutivas. El elemento agravante de este patrón de reinserción militar es el hecho de que su ocurrencia se ha producido en el marco de una cultura clientelar, prebendal y neopatrimonialista que concede espacios de poder, influencia y enriquecimiento ilícito a ese sector militar, posibilitando su reproducción como actor económico, político e incluso criminal en diversos momentos por los que ha transitado el país, dificultando el desarrollo y la concreción de una democracia plena. La autorregulación ha sido una de las concesiones con las que la clase política ha establecido un arreglo de beneficio mutuo, abriendo ventanas de oportunidades a lógicas criminógenas y dinámicas corruptas y abusivas de poder. En lo que respecta a la aceptación de estos arreglos, el arrastre de patrones predemocráticos y desinstitucionalizantes en la conformación de la democracia dominicana continúa validando al sujeto militar, a partir de supuestos atributos de eficiencia y eficacia, muy deseados, pero considerados no consumados en la emergente democracia dominicana. De nuestras entrevistas con individuos que tienen una trayectoria incuestionablemente progresista y democrática se destaca su énfasis de la relevancia del actor militar en la sociedad dominicana, vistos como un recurso con que cuenta la clase gobernante para garantizar dos importantes atributos que presuntamente el país requiere, pero del cual carece en el presente y está compelido a desarrollar en el futuro cercano: orden y disciplina. 34 Entrevista a Roberto Santana, 23 de julio de 2020. 21

ACERCA DE LA AUTORA PIE DE IMPRENTA Lilian Bobea. Socióloga, profesora en la Fitchburg State University, Massachusetts. Miembro del grupo de trabajo de las Naciones Unidas contra mercenarios, como forma de violar los derechos humanos y la determinación de los pueblos. Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Catalina Niño Coordinadora de proyecto catalina.nino@fescol.org.co Bogotá, noviembre de 2020 SOBRE ESTE PROYECTO Este documento es un producto del proyecto de la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ), Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, formada por expertos internacionales provenientes de los ámbitos de la política, la academia, la diplomacia, el sector de seguridad y las organizaciones de sociedad civil. La Red se creó como un espacio permanente de discusión sobre los desafíos a la paz y la seguridad que enfrenta América Latina y sus impactos sobre la democracia en la región. Para alimentar esas discusiones, la Red organizó el segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible“Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples”, realizado de manera virtual del 23 al 26 de noviembre de 2020. Los autores de este documento son miembros de la Red. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org/fes-seguridad/ El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

V PA IO N L O E R N A C M IA A, E Y ST D A E D S O AF Y ÍO S S O D C E IE L D A A V D IO E L N EN A C M IA ÉR C IC O A N L T A R T A IN L A AS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA NUNCA EN LA RETAGUARDIA: EL ETERNO RETORNO DEL ACTOR MILITAR DOMINICANO à Desde hace dos décadas, en República Dominicana los militares se desempeñan como un actor de importancia en el quehacer cotidiano de la política, práctica reiterada en todos los procesos previos de cambio de regímenes y transiciones políticas. Así, poco a poco han ido asumiendo roles administrativos en áreas de tradicional incumbencia civil, debido presumiblemente al carácter profesional y especializado del servicio que ofrecen, pero sobre todo gracias a la función instrumental que les confiere la clase política. Un elemento agravante de esta reinserción militar es que se produce en el marco de una cultura clientelar, prebendal y neopatrimonialista que concede espacios de poder, influencia y enriquecimiento ilícito a ese sector militar, posibilitando su reproducción como actor económico, político e incluso criminal. La clase política justifica ese uso extensivo de los militares en los supuestos riesgos que enfrenta el país en los ámbitos nacionales y regionales, es decir: 1) en el à alto perfil que ocupa el país en el circuito regional de tránsito de drogas, armas y dinero promovido por el crimen organizado; 2) la hipótesis de conflicto de desestabilización social alrededor de la cuestión haitiana; 3) el auge de la criminalidad común a la que presuntamente la Policía nacional no da abasto, y 4) las situaciones de emergencia nacional, de carácter ambiental o sanitario. Dos factores de la cultura política dominicana dan cuenta de la reafirmación de este patrón: el predominio de un modelo unipartidista de control del poder político que viabilizó la instauración de grupos de interés e interacciones cooptadas. Y la reafirmación de una relación Estado-sociedad de carácter clientelar y patrimonial, en la cual los militares han sido juez y parte. Ambas condiciones han viabilizado estructuras de oportunidades favorables para que sectores de la clase política, grupos empresariales y estamentos del sector militar se hayan readecuado, negociado y concedido espacios de poder e influencia de carácter formal e informal, de mutuo beneficio. 23