PERSPECTIVAS V PA IO N L O E R N A C M IA A, E Y ST D A E D S O AF Y ÍO S S O D C E IE L D A A V D IO E L N EN A C M IA ÉR C IC O A N L T A R T A IN L A AS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PAZ Y SEGURIDAD DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR Valeria Arias Suárez/ Carlos Mayorga/ Juan Gómez Noviembre 2020 à La violencia contra las mujeres revela que, por su género, sufren victimizaciones particulares y se agravan las agresiones comunes para quienes abanderan la defensa de los derechos humanos. à La violencia intrafamiliar y política, la coartación de su participación en escenarios de representación social, las afectaciones a sus núcleos familiares y los condicionamientos a los que están sujetas por la mera supervivencia económica son algunos de los retos que asumen las lideresas y defensoras en Colombia. à Ellas proponen iniciativas que garantizarían la seguridad que las acciones adelantadas por el gobierno no han logrado para ellas. 1

PAZ Y SEGURIDAD DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR En colaboración con:

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR CONTENIDO CONTENTS 1 VIOLENCIA MULTILATERAL 4 2(DES)PROTEGIDAS 9 3 LA PROTECCIÓN ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO 15 3

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR 1 VIOLENCIA MULTILATERAL La primera lideresa social asesinada en 2019 fue Maritza Isabel Quiroz Leiva, una mujer víctima del conflicto armado, quien llegó desplazada a la ciudad costera de Santa Marta en el departamento de Magdalena y se convirtió en una lideresa que encabezó procesos de apoyo y asociación de víctimas. El 5 de enero, hombres armados arrebataron su vida mientras se encontraba en casa con su hijo menor, quien logró escapar del lugar. Maritza hace parte de una larga lista de lideresas sociales y defensoras de derechos humanos asesinadas en Colombia que venía de años atrás y desde ese día siguió extendiéndose durante 2019. Según un informe presentado a la Corte Constitucional por la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, los asesinatos contra las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia aumentaron alarmantemente, 45,45% en 2019, mientras que en 2018 habían disminuido 31,25%. Los datos muestran que la violencia contra lideresas sociales y defensoras de derechos humanos no está al margen de la violencia machista y patriarcal a la que están expuestas todas las mujeres. Una realidad histórica y estructural que genera un doble riesgo para las lideresas y defensoras, asediadas por el hecho de ser mujeres y con el objetivo de acallar sus luchas de liderazgo y labores de defensa. Por lo menos veintiséis de las sesenta y cinco mujeres asesinadas registradas en la base de datos tenían hijos o, por lo menos, fue lo que pudo concluirse con la información disponible. Las lideresas, por sus labores asignadas de género, están ligadas al quehacer doméstico y al cuidado de sus hijos. Por esta razón, estos entornos cercanos se vuelven blanco de agresión a los ojos de los actores que pretenden agredirlas. Además, dentro de este impacto familiar, en muchos casos los hijos quedan huérfanos. El proyecto periodístico La Paz en el Terreno elaboró una base de datos con los casos de las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos asesinadas entre 2019 y junio de 2020, construida a partir del cruce de las bases de datos al respecto entregadas por la Defensoría del Pueblo, el Programa Somos Defensores y las organizaciones Misión de Observación Electoral( MOE ), Fundación Paz y Reconciliación(Pares), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento(Codhes) y Marcha Patriótica-Indepaz. A partir de esta base de datos se consolidaron patrones que exponen el comportamiento de la violencia contra las lideresas y defensoras, y contemplan tanto aspectos de los crímenes perpetrados contra ellas, como aspectos de su vida familiar y su liderazgo o labor de defensa (véanse las infografías 1 y 2). Los datos también arrojan que en veinticuatro casos el crimen fue o parece ser feminicidio, lo que ayuda a comprender que la violencia hacia las lideresas en razón de su género ocupa una importante porción dentro del preocupante panorama que las pone en peligro. Es el caso de Yadira Rodríguez Cuadro, una lideresa víctima de esta violencia que hizo parte de la Junta de Acción Comunal ( JAC ) del barrio 7 de Agosto en Cartagena, y fue asesinada por su exesposo el 30 de agosto del año pasado, quien le disparó en tres ocasiones delante de una de sus hijas, al parecer, por negarse a restaurar su relación. Yadira ya había denunciado amenazas por parte de su esposo a las autoridades, otro de los patrones importantes en los asesinatos de las lideresas y defensoras. Como ella, catorce más ya habían denunciado amenazas contra su integridad y su labor de liderazgo social, como 4

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR Infografía 1 Patrones de la violencia contra lideresas Fuente: lapazenelterreno.com Karina García, entonces candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca. Fue asesinada el 1 de septiembre del año pasado, en el corregimiento de Betulia, mientras se desplazaba en la camioneta que le había asignado la Unidad Nacional de Protección( UNP ) en su esquema de seguridad. Hombres armados interceptaron el vehículo, le dispararon indiscriminadamente y posteriormente lo incineraron. Karina había sido personera de su municipio y aspiraba al nuevo cargo, en parte para consolidar los derechos de las mujeres dentro de la formulación e implementación de la política pública. En el marco de violencia política que se agudizó en las regiones debido a las contiendas electorales del año pasado, Karina venía denunciando que la publicidad de su campaña estaba siendo vandalizada y retirada de algunas veredas del municipio. Además, alegaba que algunos candidatos hacían afirmaciones estigmatizantes hacia ella y su campaña. La violencia política se llevó las vidas de más de una. Cristina Bautista Taquinás era gobernadora indígena de la comunidad de Tacueyó, en el municipio de Toribío, también en el Cauca. Tenía 42 años, era trabajadora 5

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR Infografía 2 Violencia contra lideresas según el lugar del crimen y el departamento Fuente: lapazenelterreno.com social y le gustaba el trabajo comunitario y el ejercicio organizativo. Fue asesinada dos meses después, el 30 de octubre de 2019. Como comunidad indígena salieron a atender una supuesta entrega de secuestrados por parte de grupos armados ilegales –dado que la comunidad indígena del norte del Cauca, por medio de la Guardia Indígena, materializa acciones humanitarias en su territorio– y mientras la gobernadora se desplazaba en la camioneta de su esquema de seguridad, un vehículo les interceptó y hombres armados les dispararon con sevicia por unos diez minutos. En los hechos también murieron cuatro guardias. Este no fue el único caso donde la crueldad fue excesiva. Dicha base de datos, disponible en lapazenelterreno.com, arroja que por lo menos dieciocho de los asesinatos de lideresas tuvieron rasgos de sevicia y en muchos también hubo violencia contra los cuerpos de las lideresas. Magdalena Cucunubá fue una de las víctimas. Con 72 años era lideresa de la comunidad indí6

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR gena makaguan en el municipio de Tame, Arauca, y fue una de las fundadoras del partido político Movimiento Alternativo Indígena y Social(Mais). El 3 de septiembre del año pasado fue encontrada en su casa degollada y casi decapitada. La crueldad contra el cuerpo de las mujeres lideresas también busca que el crimen sea ejemplarizante, para así atemorizar a otras que, como ellas, abanderan luchas por los derechos de sus comunidades. Se sobreentiende entonces que arrebatar la vida de una lideresa social implica un evidente impacto familiar y comunitario. En junio del año pasado desde Tierralta, en el sur de Córdoba, se difundió por redes sociales el video de un niño llorando y lamentándose desconsolado en frente del cadáver de su mamá, tendido en la calle, quien hacía pocos minutos había sido asesinada por sicarios en una moto. El cadáver era de María del Pilar Hurtado Montaño, lideresa social que pertenecía a la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza(Funviavor). Se desplazó al municipio de Tierralta tras ser amenazada por denunciar lugares para desapariciones forzadas, asesinatos y torturas que tenían narcotraficantes y paramilitares en el municipio de Puerto Tejada, Cauca. En Tierralta, María del Pilar se asentó en un lote en desuso perteneciente a un terrateniente de la región. Así empezó a liderar el proceso de muchas personas que, como ella en esa invasión, buscaban una vivienda digna. Al parecer, apareció referenciada en un panfleto amenazante firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia( AGC ), a mediados de mayo del mismo año. El asesinato es la materialización de la violencia tajante hacia las lideresas, además de ser la más letal de una larga lista de agresiones y vulneraciones de derechos humanos a las que son sometidas en todo el país. Lideresas de varios territorios, como los departamentos Chocó y Santander, han enfatizado en que la primacía de los hombres en los espacios políticos, de participación y de toma de decisiones, ha arraigado el machismo. Esto ha generado una minimización de la incidencia de los liderazgos de las mujeres y, por ende, de sus derechos en las políticas públicas de las regiones. Además, mencionan que las mujeres son estigmatizadas en los espacios políticos porque“si las mujeres reclamamos somos cansonas, alegonas, histéricas”, lo que frecuentemente no le pasaría a un hombre. A este panorama se suma el hecho de que en las regiones se suele hacer‘politiquería’ con los derechos de las mujeres, pues los candidatos les prometen muchos avances en la política pública que suelen no materializarse al llegar a las administraciones, como afirma Sandra Sáenz, lideresa social, socia-fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas de Barbosa e integrante de la Red de Mujeres de la Provincia de Vélez, en el departamento de Santander. También afirma que muchas mujeres en su región no promueven los derechos de la mujer estando en cargos públicos, donde podrían generar una incidencia importante en el asunto. Adicionalmente, una experimentada funcionaria del Ministerio Público, que habló con La Paz en el Terreno con la condición de mantener su nombre en reserva, afirma que las administraciones locales e instituciones de gobierno son violentas con las mujeres por no reconocer sus necesidades diferenciales. Y que a esto se le suma el desconocimiento de las necesidades con enfoque étnico, que muchas veces hace que las lideresas indígenas y afro no sean apoyadas por desconocer sus costumbres, pensamientos y prácticas ancestrales. Este panorama de violencia contra lideresas sociales y defensoras de derechos humanos evidencia la doble victimización a la que están siendo sometidas, en primer lugar, por el hecho de ser mujeres y, en segundo, para acallar y opacar sus luchas desde el liderazgo social. Esto ha hecho que, a medida que pasa el tiempo, su doble resistencia se vuelva más recia. Los procesos organizativos que asocian a las mujeres en Colombia están trabajando porque sus derechos sean tenidos en cuenta en los diferentes espacios de incidencia y con el tiempo se han ido consolidando espacios importantes para ellas, como la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas o la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos, que se manifiesta multilateralmente, ha venido aumentando preocupantemente. La cuarentena por la pandemia agudizó problemáticas que 7

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR ya las venían asediando. No pueden ejercer sus labores comunitarias al no poder desplazarse libremente en las regiones y muchas se han quedado sin ingresos económicos para sobrevivir en medio de la crisis que azota a todo el país. Las lideresas también cuentan que, aparte de la expansión del actuar de los grupos armados ilegales, la agudización de las violencias basadas en género y la violencia intrafamiliar han complicado el panorama de inseguridad que está impidiendo que ejerzan sus liderazgos con tranquilidad. 8

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR 2 (DES)PROTEGIDAS En medio de estos escenarios de riesgos contra las lideresas y defensoras, donde se conjugan violencias machistas y la violencia del conflicto armado, el movimiento social de mujeres ha logrado grandes avances en la respuesta que el Estado está obligado a darles en materia de protección, pero es evidente que aún falta mucho por hacer. Estas afectaciones exclusivas contra las mujeres han sido reconocidas en instancias internacionales y nacionales. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas( ONU ), mediante la Resolución 1325 sobre Mujeres, paz y seguridad del año 2000, señala los efectos de los conflictos armados en sus vidas y cómo ellas son esenciales para su prevención y para la construcción de paz, además de invitar a los países miembros de la ONU , como Colombia, a aumentar su participación y protección incorporando el enfoque de género. Advertencias que la Corte Constitucional también ha subrayado desde 2008(Auto 092 de 2008, Auto 098 de 2013, Sentencia T-124/15), instando una respuesta integral a las autoridades que deben protegerlas. Sin embargo, mucho se ha quedado en el papel. Por ejemplo, Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, en noviembre de 2019 escribió en Colombia2020 que la inclusión del enfoque de género en todos los puntos del Acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) era un hito y un ejemplo mundial de la aplicación de la Resolución 1325, pero según documentó la Deutsche Welle, a febrero de 2020, de ciento veintidós medidas con enfoque de género que se contemplan en el Acuerdo, solo 5%(seis medidas) habían sido implementadas. En el papel se han quedado también numerosas disposiciones institucionales para la protección de las lideresas y defensoras. Así lo hizo saber la Defensoría del Pueblo en el Informe defensorial: Violencias basadas en género y discriminación(2019): aún no se evidencia un impacto efectivo y contundente que redunde en la reducción de las amenazas y agresiones. Por el contrario, como se evidenció, persisten y se incrementan los casos que afectan a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. A pesar de los esfuerzos, a comienzos de 2019 la Defensoría advirtió una serie de obstáculos, confirmados por lideresas de diferentes territorios que hablaron con La Paz en el Terreno, como la poca claridad sobre las competencias de las entidades territoriales para su protección; la poca adopción del enfoque de género en los análisis de riesgo para la adopción de medidas de protección, así como sus plazos exagerados, y la carencia de resultados en las investigaciones que buscan identificar y judicializar a los agresores, sin contar el vacío para esclarecer el origen de las amenazas. “Los entes gubernamentales no hacen todo lo que deberían hacer, hay una ausencia determinante del Estado frente a estas violencias”, concuerdan Laura Gómez, gerente del Programa Derecho a la Igualdad de Oxfam Colombia, y Carlos Mejía, director de la misma organización. Ante la desprotección del Estado, una sensación generalizada entre las lideresas entrevistadas, algunas afirman que las medidas de autoprotección, individuales y comunitarias, son las únicas que tienen a la mano para contener las amenazas.“No tenemos garantías de nada, ni confianza con las entidades encargadas del tema de seguridad”, asegura Yury Quintero, coordinadora de la 9

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR Red de Derechos Humanos del Putumayo y quien ha sido agredida varias veces. El gobierno actual ha centralizado su respuesta en el llamado Plan de acción oportuna( PAO ), con el“objetivo de aunar esfuerzos para brindar una respuesta a la necesidad de generar mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos”. El PAO está compuesto por tres ejes:“articulación y reingeniería institucional”, para dar cumplimiento a dicho objetivo; actuación“estratégica” y“con carácter focalizado” en los territorios más afectados, y una estrategia de comunicaciones y capacitación para, contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado en las garantías que brinda para el ejercicio de defensa de derechos, así como de dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección, según informó el Ministerio del Interior a una solicitud de información. Allí, el Ministerio del Interior también declara que el PAO ha venido generando avances, como una Ruta única de atención territorial y otras rutas en varios departamentos priorizados y 26.845 acciones preventivas de la Policía durante dos años, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019. Además, habrían adelantado“38 espacios del Plan de acción oportuna con el propósito inicial de socializar el plan de acción y brindar un espacio de diálogo y acciones con los líderes y defensores de derechos humanos en el territorio”. No obstante, las percepciones que ponen en duda la efectividad de dicho Plan también son generalizadas. En estos espacios de articulación donde el gobierno se ha acercado a escuchar a los líderes y lideresas, Mateo Gómez, quien el pasado 25 de septiembre dejó el cargo de director del Sistema de Alertas Tempranas( SAT ) de la Defensoría del Pueblo, identificó dos“brechas”. Primero, que no se pueden promover respuestas efectivas si a cada uno de estos espacios no se les da un momento y lugar particular, pues a veces se superponen varios escenarios de articulación institucional en uno solo, confundiendo sus objetivos y“generando brechas o cuellos de botella”. Y segundo:“la dinámica de los espacios muchas veces no propiciaba la toma de decisiones, se escuchaba, había rendición de cuentas, pero las autoridades tienen la responsabilidad de tomar decisiones”. Por su parte, para organizaciones de mujeres como Limpal, una organización feminista que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, el PAO en realidad“busca fortalecer el posicionamiento de las Fuerzas Militares y no garantizar las labores de liderazgo o fortalecer los procesos organizativos de las mujeres en los territorios”, como asegura su directora, Diana Salcedo. El Ministerio del Interior, por su parte, le aseguró a La Paz en el Terreno estar implementando un enfoque de género dentro del PAO . Al respecto, las debilidades de la respuesta estatal identificadas por diferentes plataformas de derechos humanos son: la persistencia del gobierno nacional en un enfoque de defensa y seguridad basado exclusivamente en la militarización de los territorios, su incapacidad para poner en práctica los mecanismos acordados en el Acuerdo de paz, sus mensajes negativos en torno al respeto y garantías a la protesta social, la falta de voluntad para frenar la violencia en contra de líderes sociales, defensoras de derechos humanos, especialmente indígenas y personas en proceso de reincorporación, como reza un comunicado firmado en noviembre de 2019 por la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombia de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La violencia contra las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos está marcada por la violencia sexual, la agresión hacia sus cuerpos, la violencia doméstica, la minimización de su participación política y la discriminación de la sociedad, incluyendo la que proviene de instituciones y funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo defenderlas? Después de casi diez años, el movimiento social de mujeres logró que el gobierno aprobara el Programa inte10

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR gral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos( PIG ), el cual reconoce que los riesgos y afectaciones que se dirigen hacia ellas“tienen un impacto diferencial y desproporcionado debido a las violencias históricamente perpetradas contra las mujeres en razón de su género”. El PIG , en cuya expedición influyó la incidencia del Ministerio Público, establece medidas de prevención y perspectivas integrales para su protección, busca aumentar las garantías de no repetición y es coordinado por la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, creada por decreto en 2016 y en la que tiene voz un mecanismo de participación para el movimiento de mujeres. Ellas también lograron incluir el PIG en el Plan nacional de desarrollo(2018-2022). El informe Defensoras, voces de vida y resistencia, publicado el pasado septiembre por Somos Defensores, Sisma Mujer y Limpal, reconoce que es un avance del PIG la instalación de las Mesas territoriales de garantías para mujeres defensoras en Putumayo y Montes de María, pero: con corte al trimestre de 2020 solo se registran algunos avances(del PIG o PIGMLD ) debido al liderazgo del movimiento social de mujeres, como la incidencia con las 28 entidades que tienen responsabilidades dentro del PIGMLD para su comprensión de la necesidad de trabajar desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres. El reto en la actualidad es el de acelerar la ejecución de las acciones por parte de cada entidad, incluida la caracterización de las defensoras destinatarias del programa. Algunas lideresas entrevistadas por La Paz en el Terreno manifestaron que el PIG no se ha socializado en sus territorios. Diana Salcedo encuentra que el PIG , que involucra a diecisiete instituciones del Estado, puede ser perfeccionado:“no incorpora el enfoque étnico, ni un enfoque hacia mujeres con orientaciones sexuales y de género diversas”, además alega que se necesita un presupuesto efectivo para su implementación. Dentro de los citados obstáculos que la Defensoría identificó a principios de 2019 tampoco“se observa voluntad política desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para formular e implementar el plan de acción” del PIG . En su último auto de seguimiento a la protección de los derechos de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Interior“para que, en su calidad de presidente de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la puesta en marcha del[ PIG ]”, como señala el informe Defensoras, voces de vida y resistencia. Mateo Gómez, exdirector del SAT , también critica al Ministerior del Interior cuando dice que su participación en los escenarios Ciprat(Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas), cuyo papel es coordinarlo, debe ser más activo y“no puede ser un simple moderador de la palabra y convocador de reuniones”. La Defensoría ha emitido más de ciento cincuenta Alertas Tempranas advirtiendo riesgos contra líderes y lideresas. Otra institución clave en la respuesta del Estado para el cuidado de las lideresas y defensoras es la Unidad Nacional de Protección( UNP ), que desde su creación en 2011 está obligada a incluir un enfoque diferencial para la valoración de los riesgos y la asignación de medidas de protección. Para esto, la Unidad Nacional de Protección implementa chalecos blindados con enfoque de género, los cuales tienen un diseño especial para el busto; además, tienen un peso inferior al del chaleco estándar. Así mismo, se cuenta con mujeres de protección, que se asignan en los esquemas, generalmente en respuesta a las solicitudes que en este sentido nos presentan las mujeres objeto de los programas de protección encabezados por la UNP , indicó la entidad tras un derecho de petición(véase la infografía 3). Como refiere el citado informe de Somos Defensores, Sisma Mujer y Limpal, desde su creación, la UNP “ha sostenido una interlocución permanente con una significativa representación de organizaciones de mujeres, a partir de lo cual se han logrado importantes adecuacio11

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR Infografía 3 Solicitudes de protección para lideresas Fuente: lapazenelterreno.com nes institucionales en distintos aspectos de la protección diferenciada para mujeres defensoras de derechos humanos”, como el establecimiento de un protocolo específico con enfoque de género, el diseño del protocolo de análisis de riesgo para ellas, la ampliación de medidas a grupos familiares, una ruta colectiva, más mujeres de protección y una mesa técnica de trabajo. Sin embargo, dicho informe también reseña numerosas dificultades con la UNP , unas comunes a las personas dedicadas al liderazgo social y otras propias para las mujeres; algunas también fueron mencionadas por las lideresas entrevistadas. Entre las generales exponen la exigencia de la entidad de requisitos formales para acreditar el liderazgo y la labor de defensa de los derechos humanos, cuando a veces no cuentan con eso; el aumento del riesgo por procedimientos irresponsables de los funcionarios, como citar en lugares inseguros y hablar de los casos con personas que pueden estar relacionadas con actores armados, y dificultades en la continuidad de algunas medidas asignadas. 12

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR Sobre los problemas que son exclusivos para ellas, denuncian que si bien el protocolo de análisis de nivel de riesgo para las mujeres lideresas y defensoras existe desde julio de 2018,“aún no se han efectuado los procesos de divulgación e implementación al interior de la institución”. También evidencian que hay retrasos en la aprobación e implementación de las medidas y otra situación sumamente preocupante: han ocurrido hechos de violencia –psicológica, hostigamiento y violencia sexual que va desde el acoso hasta el acceso carnal violento– contra ellas por parte de los hombres escoltas que les asignó la UNP .“Se tiene conocimiento por la información obtenida por Sisma Mujer a través de la Defensoría del Pueblo de 12 casos de violencias basadas en género contra defensoras usuarias de medidas por parte de los hombres encargados de su protección”, reza el informe. Otro avance significativo en el organismo de seguridad ocurrió en 2013, con la creación de un Cerrem de Mujeres(Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas), que incluye la participación de representantes de organizaciones de mujeres. No obstante, en el informe señalan falencias en la entrega de información al respecto. A pesar de que el Cerrem de Mujeres desde hace varios años ha incorporado como buena práctica la asignación de medidas integrales, por lo menos en las áreas de salud y educación las cuales son extensivas a los grupos familiares, algunas mujeres solicitantes desconocen que acudir a este Comité es uno de sus derechos y que solo en esta instancia se evalúa de forma integral cada caso desde un enfoque diferencial de género, incluso si ellas pertenecen a otras poblaciones beneficiarias del Programa de Protección. Una situación que se agravaría aún más, pues también habría limitaciones en la elección del sexo de las personas encargadas de su protección y de aquellas que realizan el análisis del riesgo, cuando han conocido casos en los que se refleja el desconocimiento que funcionarios de la UNP tienen del enfoque diferencial de género. En un cuestionario respondido el pasado julio, la UNP dice que viene adelantando un proceso de cambio, acompañada por USAID ,“con el propósito de reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de protección. Así mismo, estamos desconcentrando la operación en Bogotá, por medio del fortalecimiento de nuestras regionales”. Se ha propendido para que( sic) las mujeres lideresas beneficiarias de medidas de protección por parte del programa de la Unidad Nacional de Protección, cuenten dentro de sus esquemas con el enfoque de género y que este se implemente acorde a sus características y necesidades específicas, afirmó el Ministerio del Interior tras el referido derecho de petición. Por su parte, la UNP , también en respuesta a una solicitud de información, declaró que: para las medidas con enfoque de género se busca la participación de las Secretarías Municipales creadas para tal fin, así mismo a nivel departamental se articula con la Secretaría de la Mujer para que puedan‘Brindar capacitación con enfoque étnico a las mujeres y lideresas de los Resguardos y Cabildos, en temas como son: Derechos de las mujeres, normatividad indígena, leyes ordinarias y derechos fundamentales colectivos con el respectivo enfoque de género’. Los retos, sin embargo, van más allá. Los esquemas como tal, muchas veces son incompetentes, no más basta recordar las masacres contra Cristina Bautista y Karina García. Además, faltan resultados contundentes de los organismos de inteligencia, investigación y judicialización, cuando: la mayoría de los casos(de homicidio de mujeres defensoras de DD . HH ) se encuentran en etapa de indagación y a renglón seguido dichos casos tienen números importantes sin información del caso o en archivo. De igual manera los casos que se encuentran en imputación, juicio, ejecución de penas y condena están en un nivel mucho menor que el promedio general de los casos con solo el 9%, eso quiere decir que los casos de homicidios contra defensoras de derechos humanos se encuentran en un 91% de impunidad. Es determinante evidenciar como existen solo 4 casos de homicidio contra mujeres defensoras que tienen condena en firme, publicó Somos Defensores en 2017. 13

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR En su publicación conjunta, Somos Defensores, Limpal y Sisma Mujer también aseguran que la Fiscalía solo centra sus esfuerzos en casos de homicidios contra defensoras –sin“claridad sobre la aplicación de la hipótesis de feminicidio, según los elementos del tipo penal”–, “pero no ha adoptado medidas suficientes para investigar las amenazas, los hechos de violencia sexual, los casos de desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos contra las defensoras”. Además de que en relación a la generalidad de los crímenes,“la respuesta institucional respecto del acceso a la justicia en algunos casos(está) enmarcada en la interpretación de los hechos como‘crímenes pasionales’”. En el citado auto de seguimiento, la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía y a la UNP presentar en conjunto un informe detallado que indicara cómo han aplicado la presunción del riesgo extraordinario de género y las garantías que han brindado a las defensoras, pero la respuesta de la Fiscalía enmarcó su balance en las acciones adelantadas por la UNP , documentaron en el informe Defensoras, voces de vida y resistencia. En febrero de 2020, las mujeres lograron que el gobierno entregara el Plan de acción 2019-2022 del PIG , para el que las autoras del informe recomiendan, entre otras cosas, la creación de una ruta de protección territorial por parte de las gobernaciones, mayor articulación entre los niveles nacional y territorial, presupuesto suficiente y la consolidación de las Mesas territoriales de garantías para mujeres también en Chocó y Norte del Cauca. Todo un reto con la pandemia actual, cuando, según lideresas entrevistadas por La Paz en el Terreno, se ha dificultado la comunicación entre ellas y las autoridades responsables de su protección, incluso para instaurar denuncias.“Tenemos comunidades incomunicadas, que hemos denunciado que es un factor de riesgo, porque es un factor que los actores armados aprovechan”, aseguró Mateo Gómez poco antes de dejar la dirección del SAT . 14

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR 3 LA PROTECCIÓN ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO Abordar las victimizaciones contra lideresas sociales implica, de entrada, hacerlo bajo un enfoque diferencial. La violencia ejercida contra una mujer dentro de un marco de desigualdades históricas adquiere unas particularidades endémicas que deben reconocerse. Es desde allí que deben enunciarse estas violencias y, más importante aún, atenderse. De esta manera se reconocen aspectos de la vida de las lideresas que van más allá de la defensa de los derechos humanos y que impactan sobre su día a día: no nos ha tocado fácil, como mujeres, mamás, esposas, profesoras –me toca ser de uno de bachillerato y de otro de primaria–, trabajar, ejercer el liderazgo, no es fácil, la carga de estrés y emocional es más alta que la de cualquiera, explica la lideresa Yesenia Moscote, coordinadora de la fundación Flor Amarilla, que brinda apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia basada en género. Al preguntar por lo que necesitan para su labor, las lideresas y defensoras encontraron múltiples factores que podrían mejorar considerablemente su calidad de vida, sus procesos organizativos y su seguridad. Sandra Sáenz, desde Santander, pide una educación desde la más temprana edad que se fundamente en igualdad, derechos y deberes, y que se rompan las asignaciones de roles de género, pues“perpetúan la cultura de violencia de género”. Gloria Luna, desde Chocó, exigió oportunidades laborales estables y diferenciales para las mujeres lideresas, que garanticen la estabilidad económica y seguridad social –de las propias defensoras así como de quienes dependen de su economía– y no tengan que abandonar su ejercicio de liderazgo. También pide, desde la comunidad negra, que se reconozcan la espiritualidad y ancestralidad de las comunidades afro. Luz Elvira Jossa, desde Putumayo, expresa la necesidad de que se reconozcan las creencias, la espiritualidad y las costumbres indígenas, que sean respetadas e incluidas en las políticas públicas. Que la institucionalidad trabaje para conocer cuáles son las necesidades diferenciales de las mujeres indígenas para así garantizar su labor de liderazgo. Yesenia, desde La Guajira, pidió apoyo de las comunidades y del Estado para que las lideresas puedan ser independientes, para que no vivan en condiciones de vulnerabilidad extrema. Roseli Finscué, desde Cauca, exige que el gobierno, las institucionalidades y las comunidades reconozcan la importancia de los liderazgos de las mujeres y todo lo que costó forjarlos y fortalecerlos. Además, pidió la implementación del Programa integral de garantías, pues alega que en su territorio no lo han impulsado. Diana Salcedo, desde Limpal, acota que el PAO debe apuntar a fortalecer las labores de liderazgo de las mujeres y sus procesos organizativos, en vez de únicamente reforzar el posicionamiento de las Fuerzas Militares en los territorios. Carolina Mosquera, desde Sisma, señala que en términos de protección, los esquemas deben estar adaptados a las necesidades y exigencias de vida de las lideresas y defensoras que los necesitan, por ejemplo, con que sus esquemas sean extensivos a sus núcleos familiares. Y concluye: Las defensoras no viven solas en el mundo, a diferencia de un defensor, que si recibe una amenaza, tal vez puede irse al otro día del territorio; la familia de la defensora 15

DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR depende de ella, tiene el cuidado de una adulta mayor a cargo, etcétera, por eso las medidas para las mujeres tienen que ser complementarias. Aunque en muchos casos las lideresas sociales sostienen que la mayor garantía la obtienen mediante la articulación con otras mujeres que fortalezcan los procesos, el informe Defensoras, voces de vida y resistencia busca vincular en sus recomendaciones a las administraciones territoriales con primeros responsables de la seguridad de los liderazgos, dentro de un marco de responsabilidades interinstitucionales que le demanda a los funcionarios públicos estrategias, presupuesto y resultados para defender la vida de los líderes y lideresas sociales. Asimismo, la contribución al ecosistema de garantías debe verse reflejada desde el esclarecimiento de los casos de agresiones y asesinatos, por eso, apunta el informe, se debe establecer: por parte de la Fiscalía General de un mecanismo de registro y seguimiento diferencial de la información relativa a las investigaciones sobre ataques a mujeres defensoras, que incluya variables completas en relación con los tipos de victimizaciones, los riesgos que enfrentan, además de los perfiles de víctimas y presuntos agresores, así como las diferentes medidas de protección adoptadas y su estado progresivo de implementación entre otros. Desde los territorios, en la academia y desde el mismo discurso del gobierno se plantea como una necesidad incentivar la participación de las mujeres en los espacios de liderazgos sociales, para así incidir en las políticas que atañen a las mujeres como al resto de procesos sociales que vinculan la defensa de los derechos humanos. Pero para Gloria Luna, lideresa del Chocó, integrante de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y delegada del Chocó en la Mesa nacional de garantías, un asunto neurálgico es el trabajo por la no estigmatización, tanto de sus causas como de su condición de género, y la visibilización de sus luchas que, como la misma lideresa afirma, es una lucha no solo por los derechos de ellas mismas, sino de todo el país. 16

ACERCA DE LA AUTORA Y LOS AUTORES Valeria Arias Suárez. Periodista de investigación en derechos humanos y conflicto armado. Ganadora del Premio ¡Investiga! 2019 de Consejo de Redacción y de la mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa 2019 como parte del equipo de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano. Trabaja en los portales Rutas del Conflicto y La Paz en el Terreno en investigaciones sobre conflicto armado, violencia contra líderes y lideresas sociales y construcción de paz. Juan Gómez. Periodista de investigación y profesor universitario enfocado en la innovación de narrativas digitales. Utilizando periodismo de datos y periodismo ciudadano, ha investigado el conflicto armado y la reconstrucción de sus memorias. Cofundador y periodista del portal Rutas del Conflicto. En 2019 fue nominado a los Data Journalism Awards(Premios de Periodismo de Datos) a periodista joven de datos del año. Premio ¡Investiga! 2019 por su trabajo en el portal La Paz en el Terreno. Carlos Mayorga. Periodista de investigación en conflicto, construcción de paz y derechos humanos. Trabaja en Rutas del Conflicto, La Paz en el Terreno y Verdad Abierta. Es miembro de la cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas dirigida por Distintas Latitudes de México e integrante de la UPI del Politécnico Grancolombiano. Ganador del premio ¡Investiga! 2019 en categoría estudiante de Consejo de Redacción. PIE DE IMPRENTA Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Saruy Tolosa Coordinador de proyectos saruy.tolosa@fescol.org.co SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reBogotá, noviembre de 2020 flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

V PA IO N L O E R N A C M IA A, E Y ST D A E D S O AF Y ÍO S S O D C E IE L D A A V D IO E L N EN A C M IA ÉR C IC O A N L T A R T A IN L A AS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DOBLE LUCHA: SER MUJER Y LIDERESA. EXIGIENDO GARANTÍAS EFECTIVAS PARA SU LABOR à El 2019 fue un año particularmente violento para las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia. Según datos de la ONU , durante ese año los homicidios en su contra se duplicaron. Los patrones de la violencia contra las mujeres líderes y defensoras, sistematizados y contrastados por la autora y los autores, revelan que por su género sufren violencias particulares y se recrudecen las victimizaciones que son frecuentes para quienes abanderan la defensa de los derechos humanos y propenden al bienestar de las mujeres y sus comunidades. La violencia política, el racismo y la discriminación hacen parte de este difícil panorama, ante el cual resisten organizándose y creando redes de apoyo entre mujeres. La pandemia, además, les ha supuesto riesgos adicionales, como mayor violencia intrafamiliar y el empobrecimiento. Según las mismas lideresas y organizaciones sociales que acompañan su trabajo, las instituciones del Estado no han respondido como deberían para garantizar su labor. El contexto de desprotección para ellas se ha agudizado à por esta precaria respuesta institucional, evidenciada, por ejemplo, en cómo los esquemas de protección que les ofrece la Unidad Nacional de Protección( UNP ) son insuficientes para los riesgos que padecen. Aunque el Programa Integral de Garantías( PIG ) fue creado especialmente para atender sus necesidades particulares, no ha sido adecuadamente socializado e implementado en los territorios. Ante la evidente inoperancia de las políticas que las defienden, ¿qué garantías exigen para su protección? En conversaciones con la autora y los autores, periodistas de La Paz en el Terreno, ellas mismas proponen iniciativas que garantizarían la seguridad que las acciones adelantadas por el gobierno no han logrado para ellas. La Paz en el Terreno es una alianza entre Rutas del Conflicto(Fundación Con Lupa) y Colombia2020( El Espectador), apoyada por la FES en Colombia, que rastrea la implementación del Acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas Farc en dos temas clave: la situación de riesgo contra los líderes y las lideresas sociales y el proceso de reincorporación de las personas firmantes del Acuerdo. 18