PERSPECTIVA PAZ Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS Durante la Pandemia por Covid-19 Otto Argueta Octubre, 2020 La gestión de la pandemia en Honduras privilegió un enfoque de seguridad que profundiza la tendencia autocrática en el país y que implica la represión de las manifestaciones de descontento producido por el hambre y la corrupción. Las medidas tomadas por el gobierno no han afectado las dinámicas de violencia en el país y los datos no reportan cambios en la tendencia a la disminución en las tasas de homicidio. En un escenario preelectoral, la pandemia ha profundizado la impunidad y su protección por parte de la militarización de instituciones y programas aumento las posibilidades de conflictos durante ese proceso.

PAZ Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS Durante la Pandemia por Covid-19

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 INTRODUCCIÓN 1 Si bien la pandemia por COVID-19 ha sido un fenómeno global, la naturaleza e intensidad de sus efectos demuestran las disparidades económicas, políticas y sociales existentes entre los países. Lo que para algunos países ha significado enfrentar un problema de salud pública de gran envergadura, para otros, la pandemia ha implicado manejar una crisis de gobernabilidad que muestra, descarnadamente, las fibras autoritarias que sostienen a las democracias frágiles. Una rápida medición del nivel de democracia/autoritarismo con que los países han abordado la pandemia tendría que observar el conjunto de mecanismos utilizados por el gobierno para reducir el riesgo de contagio y saturación del sistema de salud, además de otros efectos inmediatos como los relacionados con la economía. Se puede trazar una línea en la que en el extremo democrático de la gestión de la pandemia están los países con instituciones especializadas en salud que llamaron al confinamiento voluntario de sus ciudadanos, los cuales obedecieron debido a que existe confianza en las instituciones. En el extremo autoritario están los países que han hecho uso de la represión para obligar al confinamiento a la ciudadanía. En esos casos, la población rechaza las medidas por su necesidad de sobrevivir al hambre y porque el nivel de confianza en las instituciones es tan bajo que se considera contraproducente todo lo que estado dispone. Honduras se encuentra en el segundo de esos extremos. Las medidas tomadas para enfrentar la pandemia han privilegiado la gobernabilidad y el orden social a través de la seguridad más que la salud pública y la economía de la población. Desde el 15 de marzo de 2020 y aún hasta la fecha en que este artículo ha sido escrito, nueve artículos constitucionales relacionados con libertades civiles y políticas están suspendidos a través de un decreto presidencial. Uno de los considerandos de dicho decreto justificó las medidas porque se habían confirmado en el país seis casos de COVID-19 y por considerarse una acción necesaria para preservar el orden en la Nación. 2 El decreto suspendió las labores en el sector público, eventos, transporte, celebraciones religiosas y se cerraron todas las fronteras. También se decretaron 19 excepciones continuar ciertos comercios e industrias y otras para algunos funcionarios relacionados con la atención a la pandemia y las instituciones de seguridad. El decreto entró en vigencia junto con un toque de queda ejecutado por las fuerzas de seguridad(policías y militares) que se desplegaron a través de puestos de registro que hasta el mes de agosto ya reportaban 54,375 personas capturadas y puestas en libertad luego de 24 horas. A pesar del despliegue de fuerzas de seguridad y de las personas capturadas, el confinamiento decretado no logró frenar la actividad económica informal, la cual rápidamente volvió a llenar las calles de las principales ciudades del país con personas en busca de dinero y alimentos para sobrevivir. La población salió a cualquier costo, lo cual es comprensible cuando, según datos de 2017, el 76% de la población está empleada en la economía informal no agrícola. Las ofertas gubernamentales de ayuda como la exoneración de pagos de servicios básicos, créditos y hasta asistencialismo tuvieron poco impacto en reducir la creciente conflictividad. Esas medidas fueron rápidamente percibidas como estrategias clientelistas del Partido Nacional y oportunidades para que la corrupción continuara durante la pandemia. Esa situación abona a la desconfianza que produce en la población el inicio del período electoral y la manipulación de los recursos públicos para financiar la campaña de los partidos. Las medidas tomadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández evidencian que el enfoque dominante en la política gubernamental ante la pandemia ha sido la seguridad. Ese enfoque es el resultado de una trayectoria que opta por 1 Este artículo ha sido escrito con insumos de las ponencias de Leticia Salomón, socióloga y economista; Jennifer Avila, periodista, cofundadora y directora editorial del medio digital Contracorriente y Gustavo Irías, sociólogo y analista social, director del Centro de Estudios para la Democracia(CESPAD) presentadas en el foro virtual Democracia y Seguridad en tiempos del Covid19. ¿Qué pasa en Honduras? organizado como parte de la iniciativa Diálogos Democráticos de la Fundación Friedrich Ebert en Tegucigalpa, Honduras el 27 de julio de 2020. 2 Los derechos suspendidos por el Decreto Ejecutivo número PCM-0212020 incluyen: libre emisión del pensamiento(el único derecho restituido semanas después de emitido el decreto); libertad de asociación; libre circulación; derechos relacionados con el debido proceso penal, allanamiento, intervención de la propiedad privada. 3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 la gestión militar y policial de los problemas y que impone el orden público por encima del diálogo y la mediación pacífica de los conflictos. ¿Cuál ha sido la situación en Honduras durante la pandemia en relación con la seguridad y la democracia? Este artículo analiza tres dimensiones para profundizar en la relación entre seguridad y democracia durante la pandemia. La primera de ellas es la función que los militares ocupan en la política gubernamental frente a la pandemia. Los militares han asumido funciones que distorsionan la naturaleza de la institución ya que consumen recursos que bien podrían ser destinados a otras instituciones. Más que doctores, lo que se desplegó en Honduras sin escatimar recursos fueron militares y policías. En materia de seguridad, la Policía Militar del Orden Público fue creada en el año 2013 con el objetivo de apoyar las tareas de la Policía Nacional, la cual se encontraba en medio de una crisis institucional por su participación en ejecuciones extrajudiciales y en el crimen organizado. La Policía Militar asumió funciones de control de la protesta durante periodos críticos de descontento social lo cual ha resultado en violaciones a los derechos humanos y la percepción de que los militares tienen una función política destinada a defender un gobierno carente de legitimidad(Salomón, 2018). Adicionalmente, los militares forman parte de unidades especiales interinstitucionales como la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, FNAMP-creada en 2012 y reformada en 2018- que es parte de Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA. La segunda dimensión es la situación de seguridad. Se parte del supuesto de que el confinamiento debería haber reducido la delincuencia en la medida en que la población dejara de habitar el espacio público y éste estuviera bajo el control de las fuerzas de seguridad a través del toque de queda. Los datos disponibles demuestran que la pandemia incidió en el reporte de hecho criminales, especialmente del homicidio. Sin embargo, no hay datos que sustenten una correlación entre medidas tomadas y cambios en la dinámica criminal. Finalmente, la tercera dimensión analiza la naturaleza del sistema político hondureño, especialmente la transición de una democracia frágil a una autocracia electoral para explicar las consecuencias de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia en el Estado y la sociedad. GESTIÓN MILITARIZADA DE LA CRISIS Las Fuerzas Armadas de Honduras han ocupado un lugar prioritario en la administración pública durante la pandemia por COVID-19. Su participación es diversa y va desde el despliegue de personal para controlar la movilidad de la ciudadanía durante el toque de queda, entregar la bolsa solidaria destinada por el gobierno para apoyar a las familias pobres, comprar insumos médicos, intervenir hospitales públicos, administrar hospitales adquiridos de forma anómala por el gobierno, hasta usar helicópteros militares para sobrevolar la capital del país con líderes religiosos que realizan ritos aéreos. Ninguna de esas tareas es militar en el sentido estricto de la palabra, es decir, no requieren el uso de material bélico ni tácticas de guerra de defensa para lo cual los militares están entrenados y equipados. Son funciones secundarias de apoyo institucional que pueden ser solicitadas por las autoridades del Ejecutivo cuando la situación lo amerite de manera extraordinaria según lo establece la Constitución Política de la República. Durante los últimos diez años las funciones secundarias han pasado aceleradamente a ser la función primaria de las Fuerzas Armadas de Honduras. La seguridad ha sido el ámbito que justifica el crecimiento y expansión de la institución. Esas funciones se han compartimentado en una compleja red de unidades y dependencias cuya transparencia es limitada dado que están protegidas por el secretismo militar propio de los asuntos de seguridad en democracias frágiles. El efecto de largo plazo que esto ha tenido es que la necesaria división y diferenciación de las funciones policiales y militares que se espera en una sociedad democrática se ha perdido, al punto de considerar que la seguridad en Honduras se encuentra militarizada. La seguridad no ha sido la única tarea en expansión de las FF.AA. El Estado ha delegado a los militares funciones que van desde la administración de instituciones hasta la implementación de programas educativos y agrícolas. Uno de los ejemplos más recientes es que los militares asumieron, a través de una junta interventora, la administración de Inversión Estratégica de Honduras(Invest-h) instancia gubernamental a la que se le adjudicaron 3700 millones de Lempiras(aprox. USD 150 millones) para que, entre otras, realizara la compra de siete hospitales móviles para atender la pandemia. La entidad realizó un fraude y el Estado de Honduras ha recibido hasta el momento dos hospitales móviles que no están aún en funcionamiento. Las FF.AA. han asumido tareas de esos hospitales que habían sido pagadas a empresas privadas(Herrera, 2020). La intervención militar de instituciones que no están relacionadas con las FF.AA. no llegó con la pandemia. Desde el año 2018, el Hospital Escuela Universitario, uno de los más grandes de Tegucigalpa, ha sido administrado por una junta interventora dirigida por un general retirado. La misma situación ocurre con el Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores que desde diciembre de 2019 se encuentran controlados por militares(Avila, 2020). Además de la intervención de instituciones en crisis, las FF. AA. han recibido la dirección de programas que desde su inicio fueron transferidos a esa institución. En 2019 se aprobó un programa para el desarrollo de proyectos agrícolas por un monto de 400 millones de Lempiras(aprox. USD 16.2 millones). De igual manera, en el año 2012 se creó el 4

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 programa educativo Guardianes de la Patria que es implementado por las FF.AA. en escuelas públicas del país ubicadas en barrios y comunidades conflictivas. Es un programa orientado a niños, niñas y adolescentes para inculcar valores militares, cívicos y religiosos(Avila y Silva, 2019). La transparencia de las acciones públicas es un requisito de la democracia para que la ciudadanía confíe en que el gobierno usa los recursos de forma legal y coherente. Sin embargo, cuando en Honduras las FF.AA. asumen la dirección y administración de un programa o institución, la información y el uso de los recursos se bloquea debido a la arbitrariedad e incoherencia con que se utiliza el secreto por motivo de seguridad. El programa Guardianes de la Patria, que es de naturaleza educativa, tiene vedado el acceso a la información al igual que la administración de las prisiones del país(Avila y Silva, 2019). Además de los intereses internacionales, el estado de honduras ha estado limitado por una élite económica rural y sumamente violenta que no tuvo ni interés ni capacidad de expandir sus inversiones y mercados fuera del país sino hasta los años recientes. Debido a lo provincial del modelo de acumulación de riqueza de esas élites, no se requirió de una institucionalidad pública funcional ya que la principal necesidad era disponer del uso de la fuerza en situaciones problemáticas(Guerra-Borges, 1994). Los militares en Honduras han sabido satisfacer las necesidades de las dos fuerzas que definen la política gubernamental. Han sido el aliado estratégico y fiable de los Estados Unidos en sus intereses regionales pero también en la estabilización del país en momentos de crisis. También han sido el soporte de una clase política conflictiva y violenta que se disputa el poder recurrentemente a través de medios no democráticos. Las democracias frágiles permiten a la clase política cometer excesos no democráticos que tergiversan, deforman, violentan o desnaturalizan el orden normativo, pero no producen su ruptura. Los costos de romper el orden institucional suelen ser más altos que los de preservarlo frágil. La institución militar asume nuevas funciones a través de mecanismos jurídicos que pueden ser cuestionados por su legitimidad e incluso justificación, pero que al final de cuentas son legales y sustentados en prerrogativas constitucionales. Durante los años ochenta, los militares tomaban el control de Estado violentando el orden legal e institucional. Ahora, se anteponen procesos jurídicos amañados. El golpe de estado de 2009 interrumpió un gobierno democráticamente electo a través de una serie de justificaciones jurídicas e ideológicas que, de acuerdo a los estándares propios del país, respetaron el orden formal de las instituciones. Ahora bien, eso no ha sido ni es gratuito. Si bien la Constitución Política de la República de 1982 le otorga a las FF.AA. las prerrogativas necesarias para cumplir esas funciones, todas ellas implican la transferencia de fondos públicos a los militares, lo cual ha tenido un efecto negativo en el fortalecimiento de instituciones civiles, que se mantienen en una situación precaria. El presupuesto de la Secretaría de Defensa para el 2020 fue de L. 8,477 millones, un aumento de L. 200 millones respecto de 2019. El aumento del presupuesto de defensa ha sido constante desde el 2001 año en que el monto asignado a las FF.AA. fue de L. 974 millones. A estos montos se debe sumar lo que los militares perciben por las tareas secundarias. Ninguna otra institución en el país tiene ese ritmo de crecimiento presupuestario y tampoco ese nivel de secretividad. Los militares recuperaron su lugar en la política, el histórico papel de definir las pugnas interpartidarias por el poder del Estado y ser el fiel de una balanza que se ha inclinado en beneficio del Partido Nacional. Eso ha ocurrido así no solo debido a una identificación histórica con ese partido que se remonta a su fundación en 1902 por un militar sino a que los beneficios que la institución ha recibido durante la última década solo se comparan con la ayuda y protección que han tenido por los Estados Unidos a lo largo de la historia del país. Honduras no tuvo conflicto armado como sus vecinos centroamericanos, no tanto por falta de razones sino porque desde principios del siglo pasado la conducción política del país ha estado fuertemente influenciada por intereses internacionales, especialmente de Estados Unidos. El país entregó grandes extensiones de su territorio a corporaciones nacionales e internacionales en la lógica de la economía de enclave y otras tantas a bases militares norteamericanas que convirtieron al país en un centro estratégico para la contrainsurgente de la segunda mitad del siglo pasado. La Constitución establece dos límites a las funciones secundarias de las FF.AA.: deben limitarse a la cooperación con otras instituciones y deben ser temporales. Ninguna de esas dos condiciones ha sido respetada. Los militares han asumido funciones de apoyo que terminaron en la dirección administrativa y operativa de las instituciones. Por otro lado, ni las tareas de seguridad asignadas a las FF.AA. ni las de intervención en programas e instituciones han sido transitorias. Al contrario, esa injerencia es expansiva y duradera. Esas funciones dejan de ser legítimas cuando la situación extraordinaria que las justifica ha sido superada o bien se convirtió en una situación endémica. Un ejemplo es la situación de seguridad, que justificó el ingreso de los militares en un momento de crisis que no se superó. Si los militares no lograron estabilizar el problema entonces no eran ellos la solución en el largo plazo. Lo mismo se puede proyectar con la pandemia. 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 PANDEMIA E INSEGURIDAD Al inicio del toque de queda se tuvo la expectativa de que los homicidios se reducirían debido a que las personas no tendrían el ritmo normal de asistencia al espacio público y las fuerzas de seguridad estarían desplegadas para el control de la movilidad pública. En general, la investigación sistemática sobre la violencia y la criminalidad es limitada en Honduras, especialmente durante la pandemia cuando el acceso a fuentes alternativas para contrastar la información pública es aún más difícil que en tiempos normales. El análisis de la situación de seguridad presenta algunas consideraciones necesarias. La primera es que durante los últimos años se ha observado una tendencia a la disminución en las cifras sobre homicidio en el país. No existe información que permita vincular los datos disponibles sobre criminalidad con las políticas de seguridad implementadas por los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández debido a que esas políticas carecen de indicadores de medición de impacto. Otras explicaciones, como el efecto que tiene en esa disminución el cambio de dinámicas criminales, especialmente la transición de las maras y pandillas de la extorsión a la venta de droga al menudeo, es también algo que hasta el momento carece de evidencia sistemática. Existen indicios de que la expansión del control del mercado interno de la droga por parte de las pandillas supone una reducción de las muertes violentas debido a la necesidad de estabilizar el territorio para la prosperidad del negocio ilegal. Supuestamente, eso ha implicado suspender la extorsión como principal fuente de ingresos para esos grupos. De acuerdo al Sistema Estadístico Policial en Línea, SEPOL, los homicidios en Honduras reportan una tendencia al descenso que inició en el año 2012, cuando se reportaron 7,172 homicidios en el año. Desde ese momento, la cantidad reportada de homicidios bajó a 2,199 hasta septiembre 2020. El único año que marcó un incremento fue el 2019 con 345 más homicidios que el año anterior. La tendencia presenta variaciones durante los primeros meses del año 2020. Durante enero y febrero se reportó un aumento de 48 homicidios en comparación con el año anterior 2019. Sin embargo, entre marzo y agosto de 2020 -período de confinamiento- se han reportado 470 homicidios menos que lo reportado durante los mismos meses del año anterior. La diferencia de homicidios reportada durante cada mes de la pandemia podría dar señales de la influencia de las medidas de confinamiento en el reporte de muertes violentas. El mes de marzo reportó 30 homicidios menos que el mismo mes del año anterior tomando en cuenta que durante 15 días de ese mes no hubo confinamiento. Sin embargo, el segundo mes de confinamiento, abril, reportó 148 homicidios menos que el mismo mes del año anterior y casi cuatro veces menos que el mes de marzo de 2020. La misma situación se presenta en el mes de mayo que reportó 104 homicidios menos que el año anterior y es una cantidad similar a la del mes de marzo 2020. En resumen, durante los primeros dos meses de confinamiento hubo menos homicidios, probablemente debido a que las personas acataron más las medidas de confinamiento. La segunda consideración es que la atención se ha centrado en los datos de homicidio los cuales reportan una forma extrema de violencia y proveen información de contexto que limitadamente expone las circunstancias en que se recoge la evidencia de los hechos(hora, género, edad, signos de violencia y localización de los cuerpos). Otras formas de violencia no se reflejan en esos datos lo que deja una amplia gama de hechos violentos sin reporte. La tercera consideración es que la pandemia introdujo cambios en el comportamiento de las instituciones y de la población que han incidido en la criminalidad en el país. Aún está por evaluarse la proporción existente entre las medidas tomadas para enfrentar la pandemia y la reducción de los homicidios durante el período de confinamiento. Se puede argumentar que la reducción debió ser mayor dada la magnitud de las medidas tomadas pero, por otro lado, la obediencia ciudadana al confinamiento no se alcanzó de forma absoluta y continua por lo que la reducción podría ser parte de la tendencia observada desde 2012. Sin embargo, durante junio, julio y agosto, la tendencia de disminución se mantuvo pero en cantidades menores en comparación con los primeros meses de pandemia. En junio 2020 hubo 82 homicidios menos que el mismo mes del año anterior, en julio fueron 17 menos y en agosto 89 menos que en los mismos meses del 2019. Llama la atención que en el mes de julio la reducción fue menor, es decir, hubo más homicidios que en los meses anteriores del confinamiento. Sin poder establecer una relación directa, vale mencionar que en ese mes se hizo el primer ensayo de“reapertura inteligente” de la economía. 6

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 Gráfica 1 Comparación homicidos enero-agosto 2019-2020 Fuente: Elaboración propia con datos de SEPOL Si bien los datos reflejan una disminución, algunos patrones de violencia parecieron no haber sido afectados por la pandemia. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras reportó que entre enero y mayo de 2020, 56 personas fueron asesinadas en 15 homicidios múltiples(masacres) de los cuales 9 ocurrieron durante el confinamiento por la pandemia. Sobre otras formas de criminalidad no se dispone de datos para comparar su aumento o disminución durante la pandemia. La extorsión en Honduras afecta principalmente al sector de transporte. Según datos de la Mesa temática de criminalidad y la Fuerza Nacional Antiextorsión(FNA), ese sector paga aproximadamente 540 millones de lempiras anuales en extorsiones(Irías, 2020). La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas informó en abril de 2020 que la pandemia obligó a las maras y pandillas a buscar otras actividades delictivas para agenciarse de recursos dado que el sector transporte estuvo sin actividad(Irías, 2020). La investigación periodística informó en el mes de abril que representantes del sector de taxis afirmaron que el pago de extorsiones se había interrumpido. Si bien no hay datos suficientes, esas afirmaciones son coherentes con el hecho de que ese delito depende de la actividad comercial formal e informal que es la principal fuente de recursos extraídos a través de ese delito. La proyección lógica es que en la medida en que la actividad económica se reactive, la extorsión retome su ritmo normal ya que no existen estrategias específicas para aprovechar una posible disminución del problema y prevenir su aumento. Por su parte, el mercado de drogas al menudeo podría haber sido también afectado por la pandemia. Se puede suponer que las personas que consumen esos productos han visto seriamente reducidos sus ingresos. La cadena de distribución podría también haber presentado inconvenientes, sin embargo, dado que es una actividad que depende de canales ilegales altamente dinámicos, se puede suponer que la distribución encuentra siempre nuevas formas para surtir el mercado. Ejemplo de ello es la captura de dos personas, supuestamente integrantes de la Pandilla 18, infiltrados en el Hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa que utilizaban una ambulancia para transportar droga desde Colón hacia Tegucigalpa. Finalmente, una de las expresiones de violencia que desde el inicio del confinamiento fue objeto de preocupación, es la violencia sexual y de género. Diversas organizaciones de derechos humanos de las mujeres y población LGBTI advirtieron sobre la posibilidad de que el confinamiento incrementara el riesgo de violencia contra mujeres debido al riesgo de estar encerradas con sus agresores. De acuerdo al Centro de Derechos de Mujeres, CDM, en los primeros siete días del mes de mayo fueron asesinadas cinco mujeres, cuatro de ellas por la pareja o expareja. Hasta el mes de mayo, el Observatorio Nacional de la Violencia reportó un aumento del 4.1% de denuncias de violencia doméstica durante el período de confinamiento. Además, el Observatorio reporta que durante las 11 semanas del año que transcurrieron sin confinamiento(enero a mitad de marzo), fueron reportadas 18,936 denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar. Durante las primeras seis semanas de confinamiento se reportaron 12,544 denuncias. A ese ritmo, la cantidad de denuncias se habría duplicado en las siguientes seis semanas de confinamiento. Esto tomando en cuenta la dificultad que implica para las víctimas el desplazamiento durante un toque de queda para presentar una denuncia. De acuerdo a los datos disponibles se puede afirmar que la pandemia incidió en las dinámicas criminales del país. Sin embargo, no sabemos con exactitud el factor que provocó esa incidencia. La población no hizo el confinamiento como era esperado y las fuerzas de seguridad se enfocaron en retenes para el control de la movilización lo que redujo la 7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 realización de operativos de seguridad o prevención. Es posible que la disminución de los homicidios haya obedecido a la tendencia iniciada con anterioridad. Lo que queda por observar es si se presentará un aumento de la criminalidad luego de que la economía se reactive y con ella la vida social. PANDEMIA Y AUTOCRACIA ELECTORAL Honduras transitó de ser una democracia frágil a ser una autocracia electoral, es decir, un sistema político que preserva procedimientos y normas democráticas que no evitan la concentración y abuso del poder por parte de un gobernante y la obstaculización de cualquier proceso de fiscalización u oposición. La autocracia implica también que el uso arbitrario de los recursos públicos y la impunidad para los agentes del Estado que se benefician de ellos. La autocracia es una forma de dictadura que se caracteriza por preservar procedimientos formalmente democráticos pero inhabilitados en sus funciones primarias produciendo un daño severo a las libertades ciudadanas(V-Dem, 2019). Honduras transitó en los años noventa hacia una democracia electoral, sumamente frágil debido a la larga trayectoria de dos partidos tradicionales, caudillistas, clientelistas y sumamente violentos(Torres Rivas, 1994). Adicionalmente, el país enfrentó los efectos sociales y económicos de fenómenos naturales para los cuales nunca había estado, ni está aún, preparado. La violencia, la pobreza, la migración masiva y la corrupción fueron los rasgos que definieron el perfil de la democratización de Honduras. La incipiente democratización del país sufrió su principal revés en 2009 cuando un presidente democráticamente electo fue depuesto a través de un procedimiento institucional amañado que fue ejecutado por unas Fuerzas Armadas que, además, ya tenían una larga historia de intervenciones en las disputas políticas de los partidos políticos vía el uso de la fuerza(Ruhl, 2012). Desde ese momento, Honduras inició un proceso de transición a la autocracia. Eso no es un regreso al estado previo a la democratización. Las sociedades no retroceden, cambian hacia nuevas configuraciones. Si bien la infraestructura democrática actual es inútil para los objetivos esperados(bien común, libertad, rendición de cuentas, pluralismo) es muy útil para revestir de formalidad jurídica a acciones que son contrarias a la democracia, pero que benefician a las élites políticas y económicas del país. La autocracia hondureña resulta de la combinación de procedimientos electorales democráticos poco fiables, un partido político mafioso en control de las instituciones del Estado y unas Fuerzas Armadas cómplices, protectoras y beneficiadas de ese sistema. El declive democrático en el país se evidencia en la existencia de procesos electorales carentes de legitimidad y transparencia, serias limitaciones a la libertad de expresión, una elevada polarización que recurrentemente conduce a estallidos sociales violentos y una impunidad acorazada frente a las violaciones a los derechos humanos y la corrupción(BTI, 2020). La migración masiva en Honduras es la expresión de una sociedad invivible. Desde el 2018 la migración adquirió la forma de éxodo. Han sido cuatro caravanas integradas por entre dos y tres mil personas. La última de ellas partió del país pocos días después de que en Guatemala se levantara el estado de calamidad por COVID-19 que impedía el paso por ese país. La caravana fue rápidamente disuelta por el Ejército de Guatemala y más de tres mil hondureños fueron deportados. En las caravanas se expresa la desesperación por la falta de empleo y la inseguridad, pero también por una sociedad que reprime la protesta ciudadana por la precariedad y corrupción de las instituciones(Pradilla, 2019). Los derechos laborales de miles de personas han sido violados sin consecuencias legales dado que el gobierno avaló las medidas tomadas por el sector privado. Además, las protestas que exigieron el apoyo gubernamental para afrontar el hambre durante la pandemia han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad(Yanez, 2020). La sociedad civil ha tenido capacidades limitadas para auditar y denunciar las acciones del gobierno que son contrarias a la democracia especialmente después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad fue rechazada por el gobierno en 2019. El toque de queda inhabilitó a las organizaciones de observación y defensa de derechos humanos quienes no fueron autorizadas para ejercer sus labores con libertad. Las organizaciones de sociedad civil que más alertas produjeron fueron las de defensa de derechos humanos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y población LGTBI y las que denuncian la corrupción en el país. Desde el inicio de la pandemia, la organización Cattrachas hizo un conteo de denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en el contexto del confinamiento. El Centro de Derechos de Mujeres denunció el aumento de la violencia contra las mujeres y requirió del Estado una respuesta rápida a esa situación. Por otro lado, el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado sistemáticamente la malversación de los fondos destinados a enfrentar la pandemia e incluso impulsó la campaña“¿Dónde está el dinero?#Hondurasloxige” que no solo se difundió en el país sino además fue apropiada en otros países de la región. La pandemia reafirmó el camino autocrático del Estado mientras la mayoría de la población agotaba todas las opciones existentes para sortear la incertidumbre y sobrevivir. 8

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 CONCLUSIONES El camino autocrático que el país inició en el 2009 no ha sido interrumpido por la pandemia, al contrario, se ha profundizado. La pandemia no fue un parteaguas en la trayectoria política del Estado, no hay hasta el momento acciones que demuestren una voluntad por priorizar la salud pública de las personas y buscar superar la crisis estructural que arrastra el país desde hace décadas. En Honduras no hay fuerza suficiente en actores sociales y políticos que puedan-o quieran- modificar la autocratización del Estado. Está demostrado que algunos países han revertido ese proceso, pero han tenido que emprender reformas profundas en la clase política, en aquella que detenta el poder pero también en la que se constituye como oposición. Para el partido en el gobierno y las instituciones de apoyo (Fuerzas Armadas, Congreso), la pandemia ha sido una oportunidad para encauzar el proceso político hacia las elecciones del 2021. Se profundiza la autocracia con el uso indebido y corrupto de los recursos públicos mientras las acciones de gobierno se comunican como éxitos a una población diezmada por la pandemia pero sobre todo por la falta de empleo. Los militares en Honduras se han nutrido no solo de las debilidades de las instituciones sino también se encargan cada vez más de enderezar lo torcido por la corrupción. Una solución a medias porque los militares no son capaces de resolver la corrupción-en muchos casos es lo contrario- sino también porque asumen tareas que no son las que les corresponden, lo cual se traduce en incapacidad y en el bloqueo al fortalecimiento de otras instituciones. Además, es un doble costo el que paga el Estado, primero, a quien debió hacer las tareas contratadas y no lo hizo y segundo, a los militares que tienen que resolver el problema sin lograrlo, pero que igual cobran al Estado por el intento o por la apariencia de hacerlo. Prestar la imagen o el imaginario, tiene un costo. En ese contexto ¿por qué no colapsa el Estado? Una autocracia electoral se nutre de la formalidad democrática, de las repetidas expectativas ciudadanas de que el voto producirá un cambio. Pero también se nutre del miedo, uno que proviene de la desolación que solo la desesperación produce. La autocracia requiere de unas Fuerzas Armadas que asuman funciones de respaldo institucional y político dentro de unas normas establecidas, ilegitimas, pero legales al fin de cuentas. La cobertura que esto brinda en momentos de estallido social, por ejemplo durante las elecciones, es necesaria para garantizar impunidad en el futuro. Una dictadura tradicional, como las conocidas en la primera mitad del siglo XX, suprimía toda libertad política formal y real, elevando la presión social al punto en que los quiebres violentos eran incontrolables. Ese extremo se evita cuando el poder se centraliza dentro del marco de instituciones democráticas formales que cumplen con requisitos mínimos para merecer llamadas de atención internacionales pero nunca una condena que ponga en riesgo la estabilidad de un régimen en el mercado y la diplomacia internacionales. La pandemia deja una sombra de insatisfacción, miedo y precariedad que el sistema político autocrático podrá absorber en el proceso electoral. La pandemia ha tenido pocos efectos en la democracia porque ésta ha sido paulatinamente desmontada desde el 2009 llevándola a su nivel más alto de fragilidad en la actualidad. Sobre los efectos de la pandemia en la autocracia se pueden hacer varias preguntas. Las más urgentes giran en torno al proceso electoral de 2021. ¿Será posible un cambio de partido político en el gobierno? Y si eso fuera así ¿haría una diferencia en la naturaleza autocrática que ha adquirido el sistema político hondureño? Eso estará por verse en el siguiente periodo considerando que la pandemia, al parecer, ha impulsado la continuidad, no el cambio. 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 REFERENCIAS Avila, Jennifer(2020). Prisiones en Honduras: precariedad, militarización y coronavirus ¿cuál es la pandemia? https://contracorriente.red/2020/05/22/ prisiones-en-honduras-precariedad-militarizacion-y-coronavirus-cual-es-la-pandemia/ Avila, Jennifer y Silva, Fernando(2019). Guardianes de la patria: la huella militar y religiosa en la niñez de un país violento. https://contracorriente. red/2019/12/04/guardianes-de-la-patria-la-huella-militar-y-religiosa-en-laninez-de-un-pais-violento/ BTI(2020). Honduras, country report. Bertelsman Transformation Index 2020. https://www.bti-project.org/en/reports/country-dashboard-HND.html Guerra-Borges, Alfredo(1994) El desarrollo económico. Historia General de Centro América, Tomo 5, De la Posguerra a la Crisis, Capítulo I, 1383 San José de Costa Rica: FLACSO Herrera, Viena(2020). Compra de hospitales móviles fue una estafa, las irregularidades de Invest-H continúan. https://contracorriente.red/2020/06/22/ compra-de-hospitales-moviles-fue-una-estafa-las-irregularidades-de-invest-h-continuan/ Irías, Ana(2020). Las extorsiones cambian su dinámica con la pandemia. https://contracorriente.red/2020/04/18/las-extorsiones-cambian-su-dinamica-con-la-pandemia/ Pradilla, Alberto(2019). Caravana: Cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad. México: Debate. Ruhl, J. Mark(2012). Post-Coup Honduras: The Limits of Stabilization, in Security and Defense Studies Review, Vol. 13, 33-50. Salomón, Leticia(2018). Indignación y crisis política en Honduras. Coyuntura, Nueva Sociedad, NUSO No. 273/Enero-febrero 2018 https:// nuso.org/articulo/indignacion-y-crisis-politica-en-honduras/ Silva, Fernando(2020). Más responsabilidades a cambio de más impunidad: FF.AA. y su rol en la pandemia. https://contracorriente.red/2020/07/29/ mas-responsabilidades-a-cambio-de-mas-impunidad-ff-aa-y-su-rol-en-lapandemia/ Silva, Fernando(2020a). La violencia sigue su curso entre la pandemia. https://contracorriente.red/2020/04/03/la-violencia-sigue-su-curso-entre-la-pandemia/ Torres Rivas, Edelberto(1994). Introducción a la década. Historia General de Centro América, Tomo 6, Historia inmediata, Capítulo I, 11-33. San José de Costa Rica: FLACSO V-Dem(2019). Democracy Facing Global Challenges. V-Dem Annual Global Report 2019. https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf Yanez, Deibi(2020). Desesperación y hambre, un polvorín se calienta en emergencia por#COVID-19(Video). https://www.youtube.com/ watch?v=4UIApB4Xt1E 10

IMPRESIÓN ACERCA DE LOS AUTORES IMPRESIÓN Otto Argueta, historiador y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Actualmente es el Coordinador Regional de Programas de Alianza para la Paz. Sus investigaciones se concentran en temas de criminalidad y violencia con especial énfasis en pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación del Estado. Ha estudiado y participado en procesos de transformación de conflictos en Colombia relacionados con la protesta social y reincorporación de las FARC; procesos de construcción de paz y género con la Policía Nacional de Colombia; en Honduras en prevención terciaria de la violencia con barras deportivas y en El Salvador y Guatemala con pandillas y en sistemas penitenciarios. Su más reciente investigación es sobre la función militar en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua la cual se encuentra ya en proceso de publicación. Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) Honduras honduras@fesamericacentral.org www.fesamericacentral.org Responsable: Ingrid Ross Representante Fundación Friedrich Ebert para Honduras, Guatemala y Nicaragua Coordinadora: Jennifer Erazo j.erazo@fesamericacentral.org Tegucigalpa, octubre de 2020 SOBRE ESTE PROYECTO La Friedrich-Ebert-Stiftung(FES, Fundación Friedrich Ebert) inició actividades en Honduras en el año de 1982. En el transcurso de estos años han variado algunos instrumentos de trabajo, pero siempre se ha mantenido vigente el objetivo principal: el fortalecimiento de la democracia participativa y equitativa junto a la promoción del desarrollo sustentable con justicia social. Nuestros fuertes son el asesoramiento político y la apertura de espacios de diálogo e intercambio político entre nuestras contrapartes nacionales, centroamericanas y de América Latina. Para más información, consulte: https://americacentral.fes.de La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por el autor ni éste compromete a las instituciones con las cuales esté relacionado por trabajo o dirección. ISSN 2413-6603

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EN HONDURAS durante la pandemia por COVID-19 La gestión de la pandemia en Honduras privilegió un enfoque de seguridad que profundiza la tendencia autocrática en el país y que implica la represión de las manifestaciones de descontento producido por el hambre y la corrupción. Desde el 15 de marzo de 2020 se suspendieron garantías constitucionales a través de un toque de queda para restringir la movilidad y uso del espacio público. Los fondos destinados a la pandemia han sido objeto de corrupción y clientelismo. El gobierno privilegió un enfoque de seguridad y orden público antes que la garantía de la salud pública y la estabilidad económica de las personas más vulnerables Las Fuerzas Armadas tomaron el liderazgo de las acciones de gobierno profundizando su rol político en el país. Las medidas tomadas por el gobierno no han afectado las dinámicas de violencia en el país y los datos no reportan cambios en la tendencia a la disminución en las tasas de homicidio. En un escenario pre-electoral, la pandemia ha profundizado la impunidad y su protección por parte de la militarización de instituciones y programas aumento las posibilidades de conflictos durante ese proceso. Se desplegaron grandes contingentes de policías y militares que han llevado a la captura de miles de personas. Las protestas sociales han sido reprimidas. Más información sobre el tema está disponible aquí: https://www.fesamericacentral.org