PERSPECTIVAS TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 Desprotección social y precariedad de derechos Laura Aguirre Noviembre 2020 Las consecuencias socioeconómicas de las medidas para enfrentar la pandemia por COVID-19 han afectado de manera particular a los sectores de trabajos feminizados y precarios como el trabajo doméstico, el comercio informal y el trabajo sexual. La falta de reconocimiento del trabajo sexual como una labor legítima y el estigma social sobre quienes lo ejercen, influyen en que las trabajadoras se vean imposibilitadas de invocar derechos fundamentales. Un modelo de protección social universal debe ser la apuesta del estado para garantizar a las trabajadoras sexuales el acceso a derechos como salud y la seguridad de un mínimo de ingresos .

TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 Desprotección social y precariedad de derechos

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 1 INTRODUCCIÓN El coronavirus COVID-19, que comenzó a propagarse desde China en enero de 2020, había contagiado hasta septiembre a 36 millones de personas en el mundo y más de un millón habían fallecido a raíz de esta enfermedad. En El Salvador las cifras oficiales contabilizaban, hasta ese mes, 29 mil contagios y 877 muertes. Las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño para intentar contener la propagación de este virus, comenzaron el 11 marzo cuando el presidente de la república anunció medidas de aislamiento del país, al impedir la entrada de personas extranjeras. Tres días después comenzaron las medidas de confinamiento domiciliario que a lo largo de 86 días también derivaron en acciones de represión y violación a derechos de parte del estado. El resultado fue una crisis política, el debilitamiento de la institucionalidad y, como en otros países, la paralización de gran parte de la economía. Las consecuencias directas sobre la población ya son evidentes en el país y las personas especialistas prevén consecuencias en el corto y largo plazo. Estas consecuencias han sido especialmente fuertes para las mujeres. En El Salvador, así como en el resto de países, quedó en evidencia la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que recae sobre las mujeres, así como la importancia de estas actividades para el sostén de la economía. Al mismo tiempo otras labores feminizadas también han sido fuertemente afectadas, como los servicios de salud de primera línea de atención y los de limpieza especializada. En este documento se analiza la situación de uno de los sectores de trabajo feminizado con mayores condiciones de vulnerabilidad: el trabajo sexual. Los objetivos principales de los argumentos que se desarrollan son: contextualizar la situación de las mujeres trabajadoras sexuales desde una perspectiva de género y derechos humanos; analizar los impactos diferenciados que la pandemia por COVID-19 y las consecuencias que las medidas gubernamentales están teniendo para esta población; vislumbrar posibles escenarios sobre su situación específica en la post-pandemia y proponer medidas de acción política desde la perspectiva de la protección social como derecho humano universal. 3

MARCO TEÓRICO- CONCEPTOS CLAVES 2 MARCO TEÓRICO- CONCEPTOS CLAVES TRABAJO SEXUAL: PRINCIPALES DISCUSIONES TEÓRICAS Y DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO Tanto para el mundo académico como para las activistas feministas, el trabajo sexual ha sido un tema clave en el análisis de las relaciones de poder y la subordinación de las mujeres, pero también un tema de fuerte controversia. Actualmente, es posible identificar dos enfoques principales que influyen en las políticas públicas de los estados y en los discursos dominantes sobre el tema: el primero habla de “prostitución” 1 y lo propone como un espacio homogéneo formado por mujeres víctimas del sistema patriarcal. Esta victimización se expresa especialmente en el delito de trata de personas, el cual suele ser usado como sinónimo de “prostitución”. Con una fuerte influencia de la corriente del feminismo radical 2 y el feminismo victoriano, este enfoque entiende el trabajo sexual inherentemente como violento y como una violación a los derechos humanos de las mujeres y dentro del cual no es posible la existencia del consentimiento. Por esta razón, las acciones que se proponen están enfocadas en el rescate de las mujeres, que son siempre consideradas víctimas; en las sanciones administrativas y penales a los clientes y a la abolición de esta actividad. El segundo enfoque, desde la economía política, declara que el trabajo sexual es el resultado de procesos de subdesarrollo y de mecanismos de exclusión propios del sistema capitalista. 1 Se usa el término trabajo sexual, siguiendo los trabajos de Kamala Kempadoo, Jo Doezema, Laura Agustín y Dolores Juliano, que abarca una variedad de actividades sexuales y eróticas. Muestra que el sexo comercial depende de factores sociales, económicos y culturales, con la ley, el dinero y la sexualidad desempeñando papeles estructurantes clave. La palabra“prostitución”, se usa solo cuando hace referencia a la connotación estigmatizada que se usan desde los enfoques abolicionistas o de control sobre las mujeres. 2 Feminismo radical se refiere a un movimiento político y perspectiva teórica que surge en Estados Unidos durante la segunda ola feminista, que busca poner fin al sistema de supremacía masculina, en todos los ámbitos sociales. 3 Referencias(MacKinnon 2011)(Pheterson 1989). Por tanto, es una respuesta lógica a la falta de otras alternativas y de otras posibilidades de trabajo. Este planteamiento también propone como acción la abolición de la“prostitución”. Sin embargo, muchas investigaciones han desafiado 3 estos planteamientos, al entender la experiencia de las mujeres dentro de nuestro sistema económico específico condicionado por fuerzas estructurales(procesos históricos, económicos y políticos en los que se cruzan constructos de género, raza, sexualidad y nacionalidad), pero también por factores micro sociales que se expresan en la forma en que las trabajadoras sexuales se organizan y comprenden sus prácticas cotidianas. Las perspectivas tradicionales que buscan la abolición de la “prostitución” suelen centrar la atención principalmente en las mujeres más visibles y en mayores condiciones de vulnerabilidad. En la realidad, aunque la mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual son mujeres, también lo hacen hombres y personas no binarias. Además, las actividades y maneras de ganar dinero a través del uso de la sexualidad son diversas. Algunas personas ofrecen sus servicios en el espacio público, pero muchas otras lo hacen en bares, discotecas, líneas telefónicas, de chats, sitios de video llamadas, servicios de masajes, hoteles, hospedajes. Para unas, la opción es tener relaciones sexuales a cambio de dinero; para otras, es el baile erótico, hacer performance en internet o solo usar su voz en el teléfono. Se puede hacer como trabajo de tiempo completo o parcial, como una actividad estable o de“refugio”, solo cuando existe la necesidad. Los movimientos y organizaciones de trabajadoras sexuales, por eso, abogan por un enfoque desde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Sus reclamos legales suelen ser el reconocimiento del trabajo sexual con el mismo estatus que otro tipo de labores, la autodeterminación, incluidas las condiciones de trabajo decente y la libertad de movimiento. No están de acuerdo con la regulación estatal y comprenden el trabajo sexual dentro de relaciones de poder de género, culturales e históricas. Planteamientos feministas críticos- transnacionales y poscoloniales- consideran el trabajo sexual como una práctica sexual ni subversiva ni inherentemente opresiva. Argumentan a favor de una comprensión más compleja del 4

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 trabajo sexual como un espacio donde interactúan múltiples relaciones de poder, pero en el que las personas aún tienen capacidad de resistencia y agencia individual. No desconocen las violencias hacia las mujeres, pero las entienden no solo como resultado del sistema patriarcal y capitalista, sino también de las relaciones étnicas y de clase. Estas múltiples opresiones encuentran su expresión más clara en la falta de reconocimiento de derechos y la discriminación, en la estigmatización social que suele ir acompañada de la criminalización. PROTECCIÓN SOCIAL El término protección social hace referencia a una serie de políticas y acciones(vinculadas sobre todo a los países en desarrollo), tomadas por los gobiernos para responder a las necesidades más básicas de los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas(ONU), los sistemas de protección social pueden ayudar a las personas a hacer frente a los momentos de crisis y paliar los factores que pueden poner en riesgo su bienestar. Estos pueden implementarse a través de programas de protección laboral, seguridad social y asistencia social. La protección social se entiende como una acción desarrollada desde los estados hacia la ciudadanía.“Se concibe teóricamente como parte del contrato del“estadociudadano”, en el cual los estados y los ciudadanos y ciudadanas tienen derechos y responsabilidades el uno con el otro u otra” 4 . Sin embargo, como señala Escobar 5 , en las últimas décadas ha quedado en evidencia que la protección social por sí sola, no logra un cambio permanente en la vida de las personas más desprotegidas. Esto ha generado un cambio en el enfoque, de uno más restringido, a uno de políticas de inversión en acciones de cobertura para la población a largo plazo. Esta nueva perspectiva reconoce la protección social como un derecho humano y propone un modelo de implementación con base en Pisos de Protección Social. Esta iniciativa, que surgió en el 2009 desde un conjunto de organizaciones internacionales como el Comité de Alto Nivel del Sistema de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) y la Organización Mundial de la Salud(OMS), propone una estrategia que, a escala nacional, pretenden garantizar el acceso universal a una serie de servicios y a un mínimo de ingreso para la población. Aunque no existe una única propuesta para la implementación de un modelo de protección social universal, desde las organizaciones internacionales se ha planteado la implementación de los pisos de protección social de manera progresiva a través de dos dimensiones que deberían actuar simultáneamente: una dimensión horizontal cuyo primer piso garantizaría para todas las personas el acceso a servicios de salud esenciales y a un ingreso mínimo. Al mismo tiempo, la dimensión vertical del modelo buscaría garantizar la implementación gradual de estándares más elevados de protección como prestaciones de seguridad social. En este enfoque cobran especial importancia las mujeres, quienes dentro de las sociedades son las personas que suelen asumir casi todo el trabajo doméstico y de cuidados a cambio de bajos ingresos económicos o de ninguno. Las mujeres son el sector de población que menos pensiones de vejez alcanza y menor posibilidad de protección social tienen. Como lo señala la OIT, la protección social no es un gasto, es una inversión con efectos a corto plazo, pues provee a los países una mayor capacidad de respuesta y resiliencia ante las crisis; pero también en el largo plazo, ya que esas capacidades se mantienen en el tiempo e influyen en un tipo de desarrollo más inclusivo y sostenible. 4 Escobar, Marcela, 2017. Pisos de protección social en El Salvador. Programas, cobertura, inversión gubernamental y sostenibilidad financiera. Consultado el 20 de octubre de 2020. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13764.pdf 5 Escobar, Marcela, 2018. Pisos de protección social en El Salvador. Avances y retos para la equidad de género. Consultado el 20 de octubre de 2020. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/14870.pdf 5

SITUACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES ANTES DEL COVID-19 3 SITUACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES ANTES DEL COVID-19 En El Salvador el trabajo sexual es parte de las actividades que se llevan a cabo en el sector informal de la economía. No es una actividad ilícita. Sin embargo, por el alto estigma social que conlleva, carece de reconocimiento social y legal como labor legítima. Por esta razón, quienes lo ejercen deben hacerlo en condiciones de desprotección que les dificulta, incluso, invocar sus derechos fundamentales. Por el carácter clandestino con el que debe ejercerse es imposible tener un número certero de las personas involucradas. No obstante, como señalan las organizaciones de mujeres, la mayoría de quienes laboran en esta actividad son mujeres. Y en las formas más visibles de esta labor, las mujeres viven en condiciones de vulnerabilidad económica. El informe de la organización Movimiento de mujeres orquídeas del mar 6 , publicado en el 2017, recolectó datos con una muestra no representativa de trabajadoras sexuales que arroja luces sobre los perfiles de quienes integran este sector laboral. El informe indica que las trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios en espacios cerrados(bares, cuarterías, hospedajes) o espacios abiertos(calles, parques u otros espacios). El perfil de las mujeres entrevistadas que trabajan en espacios cerrados mostró que tienen entre 23 y 29 años de edad. La mayoría tiene educación secundaria. Son madres solteras y tienen en promedio 2 hijos o hijas. Respecto a las mujeres que trabajan en espacios abiertos, el informe muestra perfiles con mayores condiciones de vulnerabilidad. Los rangos de edad de estas trabajadoras están entre los 30 y 50 años. La mayoría son madres solteras y tiene en promedio un hijo o hija. Alrededor del 20% de las entrevistadas no sabía leer ni escribir. Ambos grupos, trabajan entre 10 a 20 horas semanales y prefieren hacerlo de noche porque durante el día se dedican a las labores domésticas y de cuidado. Ninguna era beneficiaria de algún plan de protección social del estado. 6 RedTraSex, 2017. El trabajo sexual y la violencia institucional. Vulneración de derechos y abusos de poder. Consultado el 20 de octubre de 2020 https://issuu.com/redtrasex/docs/informe_nacional_el_salvador 7 Orquídeas del mar, Informe sobre la situación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales en El Salvador http://onusidalac.org/1/images/El-Salvador-CEDAW-012017-Final-espanol.pdf 8 Entrevista con Haydee Lainez, 30 de septiembre de 2020. Pese a ser un sector con evidentes condiciones de vulnerabilidad social, el estigma sobre el trabajo sexual y sobre quienes lo ejercen, genera una serie de obstáculos para que las mujeres sean conceptualizadas por el estado como sujetas legítimas para la protección social e incluso para invocar derechos. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, pese a lograr un ingreso económico, no tienen capacidad de acceso a la seguridad social. En eventos de salud o de maternidad no tienen derecho a un subsidio que les permita tener un ingreso mientras no pueden trabajar. Tampoco pueden acceder a una pensión de retiro, ni tampoco inscribir a sus hijos o hijas, ni a sus parejas como beneficiarios de la seguridad social. Otro derecho que les es negado es el de la vivienda. Una trabajadora sexual no puede tener acceso a créditos bancarios o a los programas estatales de vivienda social. Todos estos son derechos a los que las personas en actividades reconocidas como labores legítimas, ya sea en el sector formal o informal de la economía, tienen mayores posibilidades de acceder. Las mujeres en el trabajo sexual, ni siquiera logran acceso pleno a derechos fundamentales como servicios de salud básicos. El informe sobre la situación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales 7 muestra que cuatro de cada diez de las mujeres encuestadas no quisieron ir al hospital o unidades de salud“para no tener que dar explicaciones sobre su trabajo”, y las que sí lo hacen, prefirieron recibir atención lejos de su lugar de trabajo o de su colonia. Una de cada tres fue atendida con hostilidad y a una de cada cinco le negaron la atención por ser trabajadora sexual o las obligaron a hacerse un examen del Virus de Inmunodeficiencia Humana(VIH) para ser atendidas. Esto coincide con lo que Haydee Laínez, fundadora de la organización Guerreras de la noche 8 , explicó sobre su experiencia en los centros de salud cuando ha solicitado una consulta por estar enferma y le ha sido negada por no acceder a hacerse exámenes de VIH y/o Enfermedades de Transmisión Sexual(ETS). A esto hay que añadirle que el no reconocimiento del trabajo sexual como una labor legítima hace casi imposible que, cuando una trabajadora enfrenta algún tipo de violencias, pueda abocarse a las autoridades para denunciar o pedir protección. Los marcos legales en El Salvador se usan más para perseguir que para proteger a las mujeres que ejercen esta labor. 6

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 LA LEY Y EL TRABAJO SEXUAL En la actualidad en El Salvador funcionan varios sistemas jurídicos en relación directa con el trabajo sexual, sin embargo, ningún marco legal nacional menciona el trabajo sexual/“la prostitución” ni para regularla, ni para sancionarla; no está reconocida como trabajo, pero tampoco es un delito. El código penal sí sanciona como crímenes la pornografía y turismo sexual de menores de edad y personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; el lenocinio y la trata de persona(Art. 170,170-A y 171 del Código Penal; Art. 31 de la LEIV; Art. 5 de la Ley Especial contra la Trata de Personas). Existe además una Ley Especial contra la Trata de Personas que está enfocada también en la persecución y sanción de la explotación sexual de la prostitución. Sin embargo, como informes de la Organización Orquídeas del mar han mostrado, a pesar de lo positivo de tener una ley que persigue el delito de trata, termina perjudicando a las personas involucradas en el trabajo sexual, especialmente a las mujeres, porque las autoridades usan como sinónimo el delito de trata con el ejercicio del trabajo sexual autónomo. Al mismo tiempo se aplican ordenanzas municipales contravencionales que prohíben ofrecer servicios sexuales en espacios públicos abiertos. Estos marcos legales locales afectan sobre todo a las mujeres más visibles, las que ofrecen su trabajo en las calles, plazas, paradas de buses, bares, entre otros; y se vuelve la herramienta más usada para justificar la persecución y detención de las trabajadoras sexuales. En el ámbito nacional están vigentes dos leyes específicas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres: la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres(LEI) que y la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres(LEIV). Ambos marcos legales tienen como base la Constitución de la República que establece como principios: la obligación del Estado de “asegurar a todas las personas habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”(Artículo 1) y la igualdad de todas las personas ante la ley(Artículo 3) sin importar las diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. La LEI es reconocida por las organizaciones de trabajadoras sexuales como un avance significativo para mejorar las condiciones laborales y de vida de las mujeres en el trabajo sexual. En específico el capítulo V establece la protección a la igualdad y no discriminación en el acceso a información científica y servicios de salud y salud sexual reproductiva(Artículo 26); la generación de capacidades de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad(Artículo 29); y el cumplimiento de las disposiciones de las leyes laborales y de seguridad social relativas a la protección de las trabajadoras de los sectores formales e informales(Artículo 30). Sin embargo, pese a esos compromisos de estado en materia de derechos humanos, en la puesta en práctica, aún prima la aplicación de los marcos que priorizan la persecución de delitos y que terminan criminalizando y poniendo en situaciones de vulnerabilidad a las trabajadoras sexuales; prácticas legales que van en contra del cumplimiento de las normativas que garantizan el acceso a derechos humanos de las mujeres. Es necesario destacar que El Salvador es signatario de la Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres(CEDAW). 9 RedTraSex,“Situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales de El Salvador”. Consultado: http://onusidalac.org/1/images/ El-Salvador-CEDAW-012017-Final-espanol.pdf 7

TRABAJADORAS SEXUALES Y EL IMPACTO DEL COVID-19 4 TRABAJADORAS SEXUALES Y EL IMPACTO DEL COVID-19 La pandemia del COVID-19 obligó a los Estados a tomar, casi al mismo tiempo, medidas sin precedentes para intentar contener su propagación. Al menos 87 países en el mundo tomaron medidas de confinamiento social, restricciones a la libre circulación y cierre total o parcial del comercio y la industria. De acuerdo a datos del International Monetary Found, la economía global se contrajo de golpe hasta un -3% en lo que va del 2020. En El Salvador, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(UNODC) 10 , se calcula que el Producto Interno Bruto(PIB) caerá entre un 6 y 8 por ciento en 2020. Habrá una reducción de$1,190 millones en exportaciones y la inversión extranjera en$470 millones. También se estima que la pobreza aumentará con alrededor de 550 mil personas. El déficit fiscal podría alcanzar el 17% del PIB y la deuda pública hasta de 98%. En cuanto a los empleos, los datos de cotizantes al sistema de ahorro de pensiones muestran que entre marzo y junio se perdieron 79 mil puestos de trabajo solo en el sector formal. A principios de la pandemia, varias economistas señalaron 11 que la crisis sanitaria y económica estaba marcada por la desigualdad de género. El confinamiento puso una vez más al descubierto, las desigualdades estructurales y tuvo consecuencias directas sobre las vidas de las mujeres en los ámbitos económico, laboral, sanitario, de seguridad y de protección social. En el ámbito laboral, las mujeres también fueron impactadas directamente. Como en el resto de países, en El Salvador las mujeres representan una mayoría en el sector salud que atiende en primera línea a personas enfermas de COVID-19. 10 UNODC, 2020. Desempleo, economía informal y crimen organizado. Una aproximación desde el análisis sistémico, El Salvador. 11 Las economistas hablan. Consultado el 25 de septiembre de 2020: https://www.alhara.ca/category/crisis-covid-19/las-economistas-hablan/ 12 Entre las medidas que tomó el gobierno de Nayib Bukele para enfrentar el paro de gran parte de la actividades económicas estuvieron: la repartición de un bono de$300 dólares para 1.5 millones de habitantes; suspensión del pago del servicio de energía eléctrica, agua, telefonía, internet y cable por tres meses; congelamiento del cobro de créditos hipotecarios, personales y de tarjetas de créditos; la prorrogación de los tiempos de pago; y la repartición de canastas de alimentos casa por casa. También lo son en actividades de alto riesgo sanitario como los servicios de limpieza en hospitales, y en labores feminizadas y precarias como el trabajo doméstico, industria textil, comercio informal y trabajo sexual. Este último sector, el del trabajo sexual, ha sido especialmente afectado por las medidas tomadas por el gobierno para contener al COVID-19. Por las características de la labor contacto físico y sexual directo con clientes- es una actividad de alto riesgo de contagio. Por eso, el cierre repentino de la economía y el confinamiento obligatorio, impactaron de manera directa y particular en la vida de las trabajadoras sexuales. El gobierno central tomó medidas 12 de corte económico y carácter inmediato para ayudar a la población a sostenerse durante el tiempo de confinamiento. El presidente de la república hizo énfasis en que estas disposiciones estaban dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a las personas en labores de economía informal. Sin embargo, la falta de transparencia en la rendición de cuentas, por parte de las instituciones encargadas de aplicar las medidas, ha hecho imposible saber el alcance y resultado que estas han tenido. Puede inferirse, no obstante, que por el carácter a corto plazo y de poca organización en la distribución, fueron más bien acciones paliativas de la crisis y sin un enfoque de sostenibilidad a mediano plazo. Dentro de estas, las trabajadoras sexuales, a pesar de conformar uno de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad social, no aparecieron como una prioridad de atención, ni siquiera en los discursos públicos. El no reconocimiento de esta labor como trabajo y la estigmatización que prevalece sobre las personas que lo ejercen, inhibió a las trabajadoras sexuales de poder invocar derechos, aún en una situación de emergencia como la que supone la pandemia de COVID-19. Muchas tuvieron que suspender de manera repentina su trabajo. La falta de protección social provocó que se encontraran rápidamente en necesidad económica, sin posibilidad incluso de poder proveer las necesidades básicas a sus dependientes. Por esta razón, otras decidieron, pese al riesgo de contagio, seguir laborando para generar los ingresos necesarios para mantenerse ellas y a sus familias. 8

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 Además, la llegada de la pandemia hizo que gran parte de los recursos del estado se dedicaran a la atención de personas enfermas con COVID-19, lo que dejó en desatención o descuido las demás áreas de salud, entre ellas la salud sexual y reproductiva. Según testimonios de mujeres, con el inicio de las medidas de confinamiento, el acceso a anticonceptivos, pruebas de VIH e ITS, y los exámenes de citología disminuyeron o, en algunas localidades, se suspendieron por completo. La reapertura económica que inició en el mes de julio no significó una normalización del trabajo sexual. La afluencia de clientes aún es baja y la situación económica de muchas mujeres sigue siendo muy precaria. 13 13 Entrevista con Haydee Lainez, 30 de septiembre de 2020 9

RETOS Y RECOMENDACIONES 5 RETOS Y RECOMENDACIONES La situación extraordinaria y de emergencia que ha enfrentado El Salvador a raíz de la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera particular al trabajo sexual. El 5 de mayo de 2020, la organización de trabajadoras sexuales, Orquídeas del Mar, publicó un comunicado en el que demandó al gobierno implementar acciones inclusivas que fueran dirigidas también a las personas que ejercen el trabajo sexual para enfrentar los efectos económicos generados por las medidas de confinamiento y poder seguir garantizando a sus familias los derechos a la alimentación, vivienda y salud. Sin embargo, el fuerte estigma social que prevalece sobre el trabajo sexual y sobre quienes laboran en él, ha hecho que las demandas de las organizaciones pasen desapercibidas o simplemente sean desoídas por las autoridades. Para dar respuesta a esta situación es necesario el trabajo conjunto de varios actores de la sociedad. En primer lugar, el gobierno, en representación del estado, debe tomar medidas específicas para salvaguardar la sostenibilidad de la vida de las personas que ejercen el trabajo sexual; ya que forman parte del conjunto de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad social. Esto debe pasar por acciones que garanticen las necesidades básicas a las trabajadoras y sus familias, ya que en su mayoría son ellas el sostén principal de sus hogares y carecen de cualquier tipo de protección social. Por esta razón, una prioridad para el estado, a corto plazo, debería ser el reconocimiento de la protección social como un derecho humano universal y apostar a la implementación de un modelo de pisos de protección social, en sus dimensiones horizontal y vertical. Esto garantizaría a las poblaciones con condiciones de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran las trabajadoras sexuales, el acceso a servicios básicos de salud y un ingreso mínimo, con la perspectiva de un avance gradual hacia la seguridad social. la creación de una política pública para garantizar la no discriminación, la integridad, el acceso a la salud, al trabajo y a la seguridad social. La aprobación de un marco legal como este, permitiría a las trabajadoras sexuales tener garantías de protección social a través del acceso a servicios de salud, educación y seguridad social en igualdad de condiciones que otros sectores laborales y poblacionales. Pero también aumentaría su capacidad para acceder a otros derechos o bienes como la vivienda, créditos bancarios o servicios del estado. Respecto al sistema de justicia y cuerpos de seguridad, son necesarias también actividades de formación para las autoridades y monitoreo de las acciones de persecución. Tanto el personal del Cuerpo de Agentes Municipales(CAM) como de la Policía Nacional Civil(PNC) deben recibir capacitación no solo sobre las leyes existentes, sino también procesos de sensibilización con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, para poder valorar la complejidad de las situaciones que enfrentan las trabajadoras sexuales. Estos cuerpos de seguridad deben dejar de usar y entender como sinónimo el trabajo sexual y el delito de trata de personas. La academia, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil pueden desarrollar investigaciones e informes sistemáticos y rigurosos sobre el trabajo sexual desde un enfoque de género y priorizando la perspectiva de derechos humanos. Desde estos ámbitos puede visibilizarse la complejidad de las realidades que las mujeres trabajadoras sexuales enfrentan, desde su propia perspectiva; al mismo tiempo que visibilizar el papel del estado como corresponsable del bienestar de las trabajadoras sexuales y sus familias. Para este fin, ahora más que nunca es prioritario retomar la iniciativa para lograr el reconocimiento legal del trabajo sexual que las organizaciones vienen impulsando desde hace varios años. En el 2017, Orquídeas del Mar presentó ante la asamblea legislativa, una propuesta de Ley especial de reconocimiento del trabajo sexual autónomo, que pretende 10

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG- TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 ACERCA DE LA AUTORA IMPRESIÓN Laura Aguirre es doctora en sociología por la Universidad Libre de Berlín. Lleva una década investigando la migración de mujeres y el trabajo sexual. Actualmente es directora del medio digital feminista Alharaca. Twitter:@laurabaguirre Instagram:@laurabaguirre nosotras@alharaca.com Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) El Salvador elsalvador@fesamericacentral.org www.fesamericacentral.org Responsable: Mirko Hempel Representante Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica, El Salvador y Panamá Coordinadora: Julia Aguilar j.aguilar@fesamericacentral.org San Salvador, Noviembre, 2020 SOBRE ESTE PROYECTO La Friedrich-Ebert-Stiftung(FES, Fundación Friedrich Ebert) llega a El Salvador en 1989, con el objetivo de apoyar el diálogo entre las fuerzas de izquierda del país, de cara a las negociaciones del acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Adquiere su estatus de“Misión Internacional” en 1995 y, a partir de entonces, ha podido apoyar diversos procesos de investigación, formación, debate y asesoría política en colaboración con diversos actores sociales, políticos y gubernamentales que se identifican con los valores democráticos, el feminismo, los derechos humanos y ambientales y el buen gobierno. Así, la FES apuesta por el fortalecimiento de liderazgos transformadores-con énfasis en las juventudes progresistas- y la conformación de alianzas progresistas para la atención de las problemáticas que más afectan a la población del país. Para más información, consulte http://www.fesamericacentral.org La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por la autora ni ésta compromete a las instituciones con las cuales esté relacionada por trabajo o dirección. ISSN 2413-6603

TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE AL COVID-19 Desprotección social y precariedad de derechos Las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño para intentar contener la propagación del coronavirus COVID-19 han tenido consecuencias directas para las mujeres. Las labores feminizadas y precarias como el trabajo doméstico, comercio informal y trabajo sexual, fueron fuertemente afectadas. Este documento analiza la situación de las trabajadoras sexuales y propone medidas de acción política desde la perspectiva de la protección social como derecho humano universal. En El Salvador el trabajo sexual es parte de las actividades que se llevan a cabo en el sector informal de la economía. No es una actividad ilícita. Sin embargo, por el alto estigma social que conlleva, carece de reconocimiento social y legal como labor legítima. Por esta razón, quienes lo ejercen deben hacerlo en condiciones de desprotección que les dificulta, incluso, invocar sus derechos fundamentales. Una prioridad para el estado, a corto plazo, debería ser el reconocimiento de la protección social como un derecho humano universal y apostar a la implementación de un modelo de pisos de protección social, en sus dimensiones horizontal y vertical. Esto garantizaría a las poblaciones con condiciones de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran las trabajadoras sexuales, el acceso a servicios básicos de salud y un ingreso mínimo, con la perspectiva de un avance gradual hacia la seguridad social. Más información sobre el tema está disponible aquí: https://www.fesamericacentral.org