ANÁLISIS TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS EN CUBA Análisis en clave de género para una ruta con equidad social. Magela Romero Almodóvar Ana Danay Rodríguez Moya Diciembre 2020 El cuidado de la vida es un derecho y un deber ciudadano alrededor del cual ha de organizarse el sistema socioeconómico. Entenderlo como un asunto público resulta urgente para poder garantizar una sociedad justa, con iguales posibilidades de desarrollo para todas/os. La Agenda 2030 resalta la importancia de este tema. Los indicadores sociodemográficos del contexto cubano actual, las investigaciones sociales, el comportamiento del mercado laboral y más recientemente, el impacto de la pandemia por Covid 19 han profundizado las brechas de equidad relacionadas con la desigual distribución de las tareas de cuidado, con peores repercusiones para las mujeres. Cuba ha logrado importantes adelantos en la promoción de equidad social y ha sido pionera en el diseño de políticas para el cuidado corresponsable. Sin embargo, hoy presenta un panorama complejo que supone grandes desafíos para alcanzar mayor corresponsabilidad al respecto y avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.

CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS EN CUBA Análisis en clave de género para una ruta con equidad social. Magela Romero Almodóvar Ana Danay Rodríguez Moya Diciembre 2020 En cooperación con:

Contenido 1. Introducción....................................................................................................2 2. Género, panorama sociodemográfico, mercado de trabajo y desigualdades en relación con la organización social de los cuidados............................................................2 3. Políticas y servicios de apoyo a los cuidados....................................................8 4. Panorama internacional: convenios, pactos y compromisos de Cuba para potenciar la equidad de género, la corresponsabilidad respecto a los cuidados y la protección de cuidadoras/es y trabajadoras/es domésticas/os remuneradas/os.............................................................................14 5. A modo de conclusión: principales debates y recomendaciones para una política sobre el derecho al cuidado.......................................................16 Bibliografía..........................................................................................................18 1

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA 1. INTRODUCCIÓN Cuando se alude al cuidado, se hace referencia al trabajo que permite sostener la vida y garantizar determinados niveles de bienestar dentro de ella. Se refiere a las actividades materiales que implican dedicación de tiempo y un involucramiento emocional y afectivo y puede ser realizado de forma remunerada o no(Aguirre, Batthyány, Genta& Perrotta, 2014). Es a partir de él que los seres humanos pueden alcanzar su desarrollo, autonomía y realización cotidiana o a largo plazo, pues supone la satisfacción de necesidades biológicas, materiales, económicas, educativas, afectivas y espirituales. El cuidado constituye un derecho y un deber ciudadano. Esta concepción implica reconocer que aunque algunas personas por su edad, características físicas y/o mentales, padecimientos u otras condiciones pueden ser más propensas o dependientes del cuidado que otras, todas requerimos de estas labores en algún momento de la vida, por lo que este debe reconocerse y ejercerse en condiciones de igualdad. Los cuidados han sido históricamente asignados a la familia y en especial a las mujeres. Ese encargo se reproduce en los patrones educativos en que se socializan las personas, en sus dinámicas cotidianas, y en el modo en que se diseñan las políticas. Esta realidad condiciona la existencia de marcadas brechas de equidad entre los géneros, comúnmente invisibilizadas en tanto se consideran naturales. El feminismo como movimiento político y teoría crítica ha visibilizado y denunciado esta situación por las consecuencias nefastas que supone para las mujeres(la sobrecarga, la explotación, problemas de salud, etc.) y porque la reproducción de estos valores sociales, culturales, económicos y políticos conlleva al establecimiento de sociedades destinadas a la muerte; en tanto el cuidado de la vida no suele ser entendido como un valor prioritario, por el contrario, tiende a ser desatendido por las políticas públicas(Romero, 2019). La economía feminista 1 ha defendido la centralidad de la vida y la necesidad de“considerar el sistema socioeconómico como un engranaje de diversas esferas de actividad (unas monetarizadas y otras no) cuya articulación ha de ser valorada según el impacto final que tienen en los procesos vitales”(Orozco, 2012). Comprender este principio teórico, metodológico y ético es el comienzo del cambio de necesario. Se requieren luego, transformaciones políticas y subjetivas encaminadas a generalizar una conciencia colectiva que entienda la organización social del cuidado de la vida como un asunto público, urgido de la participación de 1 Corriente de pensamiento con un desarrollo visible a partir de los años setenta del pasado siglo desde la cual se impulsa la crítica metodológica y epistemológica a las tradiciones económicas existentes, como una importante elaboración teórica y análisis empírico. A través de la misma se pretende un cambio radical en el análisis económico que pueda transformar la propia disciplina y permita construir una economía que integre y analice la realidad de mujeres y hombres, teniendo como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas(Benería 1995, Kuiper y Sap 1996, Nelson 1996, Albelda 1997, Carrasco 2001, Picchio 1999, 2005, Pérez 2005)(Carrasco, 2006 1- 5). todos/todas.“Solo de ese modo se podrá garantizar que: toda persona en situación de dependencia tenga acceso a una atención inmediata y de calidad; el cuidado de uno/una no suponga el desgaste o impedimento para el desarrollo de otras/otros; y que hombres y mujeres puedan escoger diferentes combinaciones de vida familiar y laboral remunerada acorde al ciclo de vida familiar que se encuentran” (Romero, 2019). Transitar hacia ese estado, implica conocer mejor las circunstancias de cada país. Por ello, este trabajo mapeará y analizará la organización social de los cuidados en Cuba, teniendo en cuenta el diseño institucional de las políticas destinadas a ese fin, las instituciones que se implican, las normas, los actores y los desafíos. El ejercicio tomará como referencia la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible en el que se refuerce la centralidad del cuidado de la vida como elemento clave para lograr la justicia y la equidad social(con énfasis en la equidad de género). 2. GÉNERO, PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO, MERCADO DE TRABAJO Y DESIGUALDADES EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS Una aproximación a la situación que enfrenta Cuba respecto a los trabajos de cuidados implica partir de sus dinámicas demográficas y su ordenamiento laboral. La población cubana cuenta más de 11 millones de personas distribuidas de forma equilibrada entre hombres y mujeres-49,74% y 50,25% respectivamente-. El envejecimiento de la estructura poblacional, resultado del éxito de los programas encaminados a la protección, seguridad y asistencia social, constituye uno de los procesos de mayor tensión que desde el punto de vista social, económico y demográfico vive el país. En los próximos años, se espera varíe la distribución reflejada en la gráfica, a partir de un mayor crecimiento de la franja de población con 75 años y más; lo cual ya ha venido ocurriendo en los últimos años. Sin embargo, algunas investigaciones pronostican que será el grupo de 80 y más años la que destaque en ese comportamiento. Cuba, junto a Uruguay y Chile se encuentran en la cúspide de la región por el rápido y sostenido incremento de la población senescente. Mientras ya Cuba presenta una suma que supera a la de menores de 15 años, los otros dos países se espera lo hagan en el próximo lustro(Observatorio Demográfico, 2019). En Cuba, la razón entre la población de 60 años y más por cada 100 niños/as y adolescentes se ha mantenido en niveles significativamente bajos desde hace cuatro décadas y desde 1978 no se da el reemplazo generacional de la población. Al cierre del 2019, las personas con 60 o más años habían ascendido al 20,60%, siendo la proyección para el 2030 del 30.1%(ONEI, 2019). 2

INTRODUCCIÓN Gráfico 1: Cuba. Estructura de la Población por edad y sexo, 2018 CUBA 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 6 4 2 0 2 4 6 Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información: Estudios y Datos de la población cubana 2018 en Romero y Ávila, 2020. Un aspecto a resaltar es que, del total de personas adultas mayores en Cuba, alrededor del 15% vive sola. Ello supone un reto significativo para la política social de protección y atención a este grupo etario y para la organización social de los cuidados en las familias. La atención a dependientes suele implicar el desplazamiento de un hogar a otro, lo cual puede resultar complejo ante las dificultades existentes con la transportación, acentuadas ante la actual emergencia sanitaria producto de la Covid 19. Igualmente, creció la relación entre la población dependiente(0-14 y 60+) y en edad laboral(15 a 59 años). En lo que va de la presente década este valor ha ascendido considerablemente: de 540 en 2010 a 571 2 en el 2018(ONEI, 2019). Ello implica una mayor carga sobre la población en edad laboral del país, la que ve tensados sus recursos para cuidar a las personas dependientes. Más preocupa el pronóstico para los próximos años, que anuncia un ascenso sostenido de este valor, el cual puede llegar a ser de 611, 734 y 838, para el 2020, el 2025 y 2030 respectivamente(ONEI, 2019). A esto se suman las tasas del saldo migratorio externo, las que indican una tendencia negativa permanente. Ese hecho condiciona la existencia de vacíos; pues se trata con regularidad de flujos migratorios de rostro femenino(exceptuando las edades de 30 a 44 años), joven y de relativamente elevada calificación(Rodríguez, 2017). En el año 2018, el valor del saldo migratorio externo 3 del país fue de-21 564 personas(ONEI, 2019). Los procesos mencionados, transforman la estructura poblacional del país y de las familias cubanas, también influyen en el debilitamiento de las redes familiares de apoyo directo al cuidado de las personas dependientes. Este hecho repercute en la intensificación del trabajo de quienes se quedan a cargo de estas funciones y en su poca disponibilidad para construir e impulsar, desde el espacio público, cualquier modelo social y económico sin interferir en las lógicas domésticas que garantizan la reproducción de la vida y el bienestar de quienes forman parte de cada hogar. Desconocer este aspecto, puede incidir en un desaprovechamiento de las capacidades instaladas en la población para garantizar su propio desarrollo; sobre todo en el caso de las mujeres, quienes, marcadas por su posición de género y de clase, pueden ver vulnerados sus derechos, posibilidades de realización y de aporte social ante las encrucijadas limitadoras que les impone el mandato social sexista de cuidar a otros/ otras. En un estudio reciente se demostró que en Cuba“el cuidado de hijos/as se considera un asunto fundamentalmente de las mujeres”(Torres, Samuels, Fernández, Solís, Plank& Stavropoulou, 2020, p.30). 3 Saldo migratorio: es la diferencia entre los inmigrantes(entradas) y los emigrantes(salidas) en un territorio dado para un pe2 Dicho valor, refleja la relación entre la población infantil y adulta ríodo de tiempo definido conocido como intervalo de migración, mayor con respecto a la población adulta por cada mil habitantes. y que regularmente es un año. 3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA En Cuba, existe un vacío en el reconocimiento de los recursos que tributan directamente a la economía. Ello se debe a la incomprensión de la articulación entre las tareas productivas y reproductivas, al desconocimiento del aporte económico de las segundas(el trabajo de cuidado y doméstico, sobre todo el no remunerado) al PIB y el no considerar los costos personales que genera el rol protagónico de las mujeres en ambas esferas. Todo ello condiciona la participación de las mujeres en el mercado laboral a las responsabilidades de cuidado que le son atribuidas, provocando dinámicas cotidianas que atentan contra su autonomía y bienestar físico - psicológico. Los datos que se presentan a continuación evidencian la anterior afirmación. En el país, las personas denominadas“activas”–dígase las“que reúnen los requisitos para ser incluidas entre las personas ocupadas o las personas desocupadas”(ONEI, 2019, p.5) – son menos de la mitad del total(un total de 4 559 100 personas, para un 40,67%) y hay una tendencia sostenida hacia su disminución(Aja y Hernández, 2019). El 39,98% de las personas(4 482 700) permanece empleada de manera formal. No obstante, al diseccionar este dato emerge una evidente inequidad de género: de ese número solo el 37% son mujeres(1 658 600) y el 62.99% son hombres(2 824 100). Estas cifras demuestran una diferencia significativa en el acceso al trabajo formal remunerado según el sexo, con peores repercusiones para las mujeres. Al complementar este examen con el reparto por sector, se constata que el 68,41%(3 067 000 personas) de las/ los trabajadoras/es formalizadas/os labora en el estatal; de estos son mujeres solo el 45,77%(1 403 800)(ONEI, 2019). Por su parte, el sector no estatal 4 está compuesto por el 31,58% de la masa trabajadora(1 415 700). Este también exhibe una mayor participación masculina (82,00%), siendo las mujeres solo el 17,99% del total(254 700) 5 (ONEI, 2019). Si bien el sector laboral estatal provee salarios más bajos 6 , ofrece garantías y beneficios sociales básicos como licencias sin sueldo, de maternidad y paternidad, certificados médicos, pago por interrupción laboral, etc., más difíciles de lograr en este. Algunos estudios develan que aunque en el sector no estatal se ofrezcan salarios considerablemente 4 “Cooperativas agropecuarias, no agropecuarias, privados y trabajadores por cuenta propia”(ONEI, 2019, p.11) 5 Los porcentajes son calculados por las autoras a partir de las últimas estadísticas publicadas por la ONEI en el 2019.(Ver: ONEI. (2019). Anuario Estadístico de Cuba 2018 http://www.onei.gob. cu/node/14211) 6 El Anuario Estadístico de Cuba, correspondiente al 2018, publicó como salario medio de entidades estatales y mixtas 777 pesos. En el 2019 se aplicó un aumento salarial al sector presupuestado aumentando a 1065 pesos el salario medio y a 400 el mínimo(Ver Gaceta Oficial extraordinaria No 13 del 18 de julio de 2019 y el balance reflejado en el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central de Partido Comunista de Cuba, disponible en: www.granma.cu/cuba/2020-01-13/de-enero-a-diciembre-empenados-en-seguir-ganando-13-01-2020-22-01-43) más altos 7 y experimenten una mayor flexibilidad horaria, existen menos posibilidades sustantivas de exigir y disfrutar de estos derechos, al contar con menos vías para su regulación y control, sobre todo en este tipo de trabajo que transcurre“puertas adentro” y en los que ellas son mayoría (Romero, 2016). Entre los debates sobre las vulnerabilidades que el ordenamiento de este sector genera, destacan para este tipo de trabajadoras/es los siguientes aspectos: la ausencia de una organización específica de trabajadoras del hogar, domésticas y/o cuidadoras en el país, la escasa inserción de este grupo socio ocupacional en el sindicato y la inexistencia de contratos. En relación con este último elemento, de acuerdo con Torres(2020) quedan en una posición de desprotección al acogerse solo a contratos por tiempo determinado para los que el Código de Trabajo no es específico. Ello significa que“el contrato puede terminarse unipersonalmente por parte del empleador antes de terminar el plazo legal establecido(…) El derecho a vacaciones queda a libre negociación y, como la negociación es desigual, termina afectando derechos o dependiendo de la buena voluntad de quienes tengan más poder. Además, en el sector privado las personas contratadas no tienen derecho a pagos de seguridad social en caso de enfermedad cuya duración sea inferior a seis meses”(Torres, 2020). Estudios realizados con cuidadoras remuneradas que se desempeñan en el sector cuentapropista e informal, develan como principales dificultades asociadas a la inexistencia de este documento: la ausencia de un seguro por desempleo, el no cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas, la existencia de estereotipos y prejuicios entre los/las empleadores/as en detrimento de las mujeres, entre otros(Romero, 2016; Torres, 2020). A lo anterior se suman otros indicadores de desventajas de acceso de las mujeres a los mercados laborales. En el sector privado ellas representan el 50% de quienes figuran en la categoría de contratados/as(Díaz y Echevarría, 2020) y no dueñas de negocio, unido a su sobrerrepresentación en el trabajo informal, según resultados investigativos de los últimos años(Entre estos: Lara, 2015; Gómez, et al. 2017, Torres, 2018; Echevarría, Rojas& Tejuca, 2019). La edad de las personas ocupadas según el sexo, es otra de las variables que arroja luces para comprender la complejidad del contexto actual. El segmento de mayor presencia en la estructura laboral es el grupo ubicado entre los 40 y los 59 años(Ver tabla 1), seguido del situado entre los 30 y los 39. Es en estos períodos vitales donde con mayor frecuen7 Las estadísticas al respecto no se encuentran disponibles, aunque existe consenso en afirmar que tales salarios son altos respecto a los del sector estatal. La economista Teresa Lara declaró en una entrevista realizada en el año 2017:“Quienes trabajan en una cafetería privada pueden ganar hasta 30 cuc[equivalente a 25 pesos si va a ser comprado y a 24 si va a ser vendido] en una semana(…). Es decir; quienes trabajan por cuenta propia ganan en una semana lo que ganan en un mes quienes lo hacen para el Estado”. Abad I(2017, 13 de septiembre). En Cuba, la mayoría de las mujeres cuentapropistas no son dueñas de sus negocios[Entrevista]. Pikara http://www.pikaramagazine. com/2017/09/cuba-empleo-mujeres/ 4

GÉNERO, PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO, MERCADO DE TRABAJO Y DESIGUALDADES EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS cia se acumulan las cargas de cuidado de hijos/as y padres adultos mayores, lo que genera una sobrecarga de roles para la población de mujeres, no sólo la que está ocupada sino la que aparece en las estadísticas sin vínculo laboral. Un análisis de las estadísticas que se presentan a continuación devela que del total de las personas ocupadas en los rangos etarios anteriormente mencionados, ellas constituyen apenas el 27.87%. Tabla 1: “Personas ocupadas por rango de edad” Edades 15-16 17-19 20-29 30-39 40-59 60 y más Total Personas ocupadas por edades en el 2018(Miles de personas) Mujeres 17,5 309,5 360,4 890,6 80,6 1 658,6 % del Total 0,39 6,90 8,03 19,86 1,79 37,00 Hombre 0,6 44,2 495,4 539,2 1 446,5 298,2 2 824,1 % del Total 0,01 0,98 11,05 12,02 32,26 6,65 62,99 Fuente: Realizada por las autoras de acuerdo a información de la ONEI.(Ver ONEI, 2019) Total 0,6 61,7 804,9 899,6 2 366,6 349,3 4 482,7 En relación al nivel educacional de la población económicamente activa, se corrobora que, aún cuando las mujeres son minoría(el 37% del total), tienen un lugar protagónico entre las personas ocupadas que han alcanzado el nivel superior. Este dato se corresponde con la alta calificación alcanzada por las cubanas, quienes representan más del 60% de la fuerza técnica – profesional de país. Tabla 2: Nivel educacional de la población económicamente activa Nivel educacional de la población económicamente activa en el 2018(Miles de personas) Primario o menos Secundario Medio superior Superior Total Mujeres 33,4 191,4 893,4 571,5 1 689,7 % del Total 0,73 4,19 19,59 12,53 37,06 Hombres 167,7 801,6 1472,8 427,3 2 869,4 % del Total 3,67 17,58 32,30 9,37 62,93 Total 201,1 993 2366,2 998,8 4559,1 Fuente: Realizada por las autoras de acuerdo a información de la ONEI.(Ver ONEI, 2019) La conexión de ese dato con los presentados en la Tabla 1, permite inferir el posible desaprovechamiento de una parte de esa fuerza laboral femenina calificada, que no se inserta o no puede insertarse en el espacio formal para desplegar sus capacidades profesionales. Entre las barreras más frecuentes para lograr incorporarse se encuentran las dificultades para conciliar las responsabilidades domésticas y públicas. 5

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA De igual modo, ellas han sido las más afectadas con el proceso de racionalización de los puestos de trabajo en el sector estatal, iniciado hace una década, cuando se expuso la necesidad de disminuir más de un millón de plazas debido a la identificación de sobreempleo en este sector. Con este proceso, de acuerdo con la economista Teresa Lara(2015), resultaron las mujeres las más afectadas. Entre 2010 y 2013 habían salido de empleos estatales casi 62 mil, frente a solo 4 mil hombres. Estas circunstancias repercutieron y repercuten en las barreras estructurales impuestas a las mujeres para ganar en autonomía y trascender situaciones de pobreza o vulnerabilidad. “presencia de ancianos y niños en el núcleo familiar; Familias monoparentales con mujeres jefas de hogar que no trabajan establemente; Altos niveles de fecundidad y de maternidad adolescente; Maternidad temprana y sin apoyo paterno; Ancianos viviendo solos y sin apoyo de otros parientes; Trabajadores del sector estatal tradicional en ocupaciones de baja remuneración; Acceso nulo o muy bajo a ingresos en divisas; Mayor presencia de negros y mestizos; Personas que no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo; Nivel escolar relativamente inferior a la media nacional”(Espina, 2008, p.183). Cuba, desde la década del 90 del pasado siglo ha experimentado un proceso de reestratificación social acentuado, a partir del cual han reemergido situaciones de pobreza y el fortalecimiento de brechas de equidad raciales, de género, territoriales, generacionales(Gómez et al, 2017). Al intentar hacer un examen con mayor profundidad en los planos económico y específicamente salarial, se hace notoria la carencia en la producción de estadísticas nacionales, lo que entorpece el conocimiento y monitoreo relativos a la distribución de la riqueza y el comportamiento de la desigualdad socioeconómica. El coeficiente de Gini, un valor ideado para medir la desigualdad, fue medido por última vez en 1999, cuando puntuaba 0,407; una cifra que, si bien situó a Cuba en una posición intermedia en el panorama mundial, contabilizó un deterioro vertiginoso respecto a la década anterior: 0,22 en 1986 8 . Hoy, más de 20 años después, no es posible calcular el valor de este indicador. Sin embargo, los resultados de diversos estudios(Espina, 2008; Gómez et al, 2017 & Espina y Echevarría, 2020) registran un incremento de las desigualdades en el país. De acuerdo a las particularidades de este tipo de familias, puede entenderse la alta probabilidad de que cuando en ellas existen situaciones de dependencia, ocurra un reforzamiento de las limitaciones para trascenderlas. Ello se debe a la centralidad de la familia en la gestión de los cuidados y el bienestar, un hecho que aunque atraviesa todos los estratos socioeconómicos, potencia la vulnerabilidad de algunas familias pobres y de las mujeres, ante un sistema de cuidados con tendencia a la mercantilización 10 . Lo dicho, guarda relación con la sobrerrepresentación femenina en la pobreza y se refleja en el índice de desigualdad de género11(GII). Medido para los años 2012 y 2014 con un enfoque territorial, se tuvieron en cuenta indicadores como: la tasa de mortalidad materna, la tasa de fecundidad adolescente, el porcentaje de escaños del parlamento ocupados por cada sexo, los niveles de educación secundaria o superior obtenidos y la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. El cálculo realizado, arrojó un GII para Cuba de 0,302 12 . Con estos cambios, también se han dado transformaciones en las familias cubanas, marcadas por un proceso de heterognización social, con visible impacto negativo en las familias de las Capas Bajas 9 . De acuerdo a la académica María del Carmen Zabala, la pobreza en el país está condicionada por: la insuficiencia de ingresos y la situación desfavorable de la vivienda –estado constructivo, déficit habitacional, hacinamiento, personas albergadas, barrios insalubres-(Zabala, 1999). A esto se agregan otros indicadores que conforman un perfil de las familias pobres: Ese índice nacional es mayor para las provincias orientales: Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey y Mayabeque, en ese orden (Esquenazi, Rosales y Velarde, 2017, p.120). Ello refleja niveles más altos de desigualdad en el oriente del país y una situación desventajosa para las mujeres en los indicadores: mortalidad materna, fecundidad adolescente, logros en educación secundaria y superior, representación en parlamento y tasa de actividad económica. 10 Existe una estrecha conexión entre la capa a la que pertenece 8 Cifras tomadas de Mesa-Lago Carmelo, 2012. cada persona, los ingresos que obtienen y el acceso o no que tienen a la moneda libremente convertible(el CUC) y los dólares 9 Una búsqueda de los más recientes estudios sobre desigualdad y pobreza en Cuba, refiere la existencia de tres grupos en relación a los escenarios de empoderamiento existentes en el país. Según el análisis de la Dra. Mayra Espina(2019), experta cubana (USD); lo cual explica el aprovechamiento diferenciado de las distintos servicios para el cuidado que existen en los diferentes regímenes de bienestar, así como el acceso a recursos y útiles de apoyo para el cuidado de manera directa e inmediata. en este campo del saber, pueden constatarse tres capas hacia el interior de la actual sociedad cubana: Capa Alta: rentistas y beneficiarios de frecuentes y altos montos de remesas desde el exterior, dueños de negocios exitoso vinculados a circuitos internacionales de comercio; Capa media: Pequeña burguesía urbana y rural, deportistas y artistas, auto empleados, propietarios de medios de producción, empleados en sector mixto y privado exitoso y Capa baja: estas están vinculadas a sectores 11 “El valor 0, en este índice, refleja una situación en la que mujeres y hombres presentan un comportamiento igualitario en todos los logros de las diferentes dimensiones. Por su parte, el valor 1 representa la mayor desigualdad posible; lo cual ocurre cuando las mujeres o los hombres presentan un comportamiento muy deficitario con respecto al otro grupo en todas las dimensiones” (Esquenazi, Rosales y Velarde, 2017, p.116). “no reanimados”, sector estatal y presupuestado, personas sin empleo o ingreso estable. Directivos, Clase Obrera, Empleados, 12 El valor existe en el intervalo entre cero y uno, donde cero significa Administrativos y Técnicos, Trabajadores intelectuales. una total igualdad de género y uno la mayor desigualdad posible. 6

GÉNERO, PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO, MERCADO DE TRABAJO Y DESIGUALDADES EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS Ahora, aunque se reconoce la existencia de pobreza en el país, especialistas coinciden en hablar del concepto de “pobreza amparada”. Ello se debe al reconocimiento de las garantías sociales con carácter universal existentes y a la presencia de estrategias focalizadas para atender a las personas y los núcleos familiares más vulnerables. En el reciente informe voluntario de Cuba sobre la implementación de la Agenda 2030, se revela la medición del Índice Global de Pobreza Multidimensional. De acuerdo con el documento, el país es el segundo a nivel mundial, de 105 que calculan este índice, con el valor más bajo de 0,0005 y una tasa de pobreza multidimensional de 0,15% de la población en el 2017(Cuba, 2019) 13 . cipios del país se pudo constatar que el tiempo dedicado al cuidado y al trabajo no remunerado mostraba un desequilibrio de género en perjuicio de las mujeres(CEPAL, 2019). De igual modo, más recientemente, el Centro de Estudios de la Mujer de conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, realizó la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género en la que se incluyó esta variable. Sus resultados también demostraron un desbalance respecto al uso del tiempo entre hombres y mujeres. En relación al trabajo no remunerado, se corroboró que ellos dedican 21,76 horas semanales, mientras que ellas superan en 14 horas esa cifra con un aproximado de 35,97(CEM& CEDPE, 2018). Sin embargo, cuando se alude a la pobreza no sólo debe pensarse en recursos económicos, sino en la tenencia o no del recurso tiempo para satisfacer necesidades personales y avanzar en los procesos de realización personal y laboral. Este es un debate que se ha ido instalando en los análisis sobre los cuidados y el trabajo doméstico en el país, ante la marcada diferencia respecto al tiempo que invierten las personas según su sexo en las tareas no remuneradas. Cuba ha realizado tres encuestas de uso del tiempo desde la década de 1980. En la realizada en el 2001, en cinco muniIgualmente, existe una diferencia de tiempo –en ese caso inversa– cuando se analizan la cantidad de horas que cada grupo dedica al trabajo remunerado. Mientras que los hombres destinan alrededor de 36.26 horas semanales a estos quehaceres, ellas sólo lo hacen 22.09 horas. Este resultado demuestra la vigencia de la división sexual del trabajo y de los espacios de actuación: las mujeres continúan más centradas en la vida doméstica y en las tareas que de ella se desprenden; los hombres, en cambio, se dedican al trabajo remunerado en el ámbito público y a cumplir con el tradicionalmente asignado rol de proveedor. Tabla 3: Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo(según sexo) Total Hombres Trabajo remunerado Trabajo no remunerado Trabajo no remunerado para el hogar Trabajo de cuidado no remunerado Fuente: CEM&CEDPE, 2018 28.09 28.97 27.82 5.87 34.26 21.76 20.64 3.38 Mujeres 22.09 35.97 34.80 8.29 La encuesta también reveló que ellas dedican más horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado que ellos: 8.29 horas semanales frente a 3.38 horas, respectivamente (CEM& CEDPE, 2018). 13 En las dimensiones“salud”,“educación” y“condiciones de vida”, de los 10 indicadores estudiados, los de mortalidad infantil, acceso a electricidad y asistencia escolar tienen los menores por cientos de población con privaciones, siendo 0,03%, 0,12% y 0,20% respectivamente. Los mayores porcentajes corresponden a: tenencia de activos(9,43%), tipo de combustible para cocinar(3,51%) y acceso a saneamiento acueducto(3,12%). Dadas las medidas sanitarias ante la pandemia por Covid-19, esta realidad parece haberse agravado durante el período de confinamiento decretado en el país desde marzo del presente año como. Con la limitación de los servicios de cuidados como escuelas, guarderías, etc. se ha delegado, casi exclusivamente a la familia el cuidado de las personas dependientes y ha agregado al espacio doméstico las funciones del trabajo remunerado. Así se ha dispuesto en medidas oficiales como la estimulación del teletrabajo y el mandato de permanecer en los hogares. En un estudio de casos realizado durante estos meses(Rodríguez, 2020) se entrevistó a tres familias nucleares cubanas al cuidado de hijas/os entre cuatro y nueve años. Madres y padres com7

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA binaban las actividades remuneradas y no remuneradas; sin embargo, los hombres solo se encargaron del 9,61%, 12,12% y 25,95% del trabajo doméstico y de cuidados en cada una de las familias. La desproporción extrema en la distribución de este tipo de trabajo es notable, con peores consecuencias para las mujeres. Círculos Infantiles(1961): programa educativo estatal que garantiza la educación de infantes/as de cero a cinco años para su arribo a la educación primaria. Estas instituciones han sido creadas para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, en ellas también se atienden algunos niños con desventaja social(ONEI, 2017). 3. POLÍTICAS Y SERVICIOS DE APOYO A LOS CUIDADOS En Cuba, los cambios políticos acontecidos durante la década del 60 del pasado siglo repercutieron visiblemente en el modo de entender y atender los asuntos relativos al cuidado de la vida. La búsqueda de la igualdad basada en el principio de la atención a las necesidades humanas, se expresó en la universalidad, gratuidad y carácter público de las Políticas Sociales. El nuevo proyecto socialista y su enfoque humanista, condujeron a ubicar el bienestar humano en el centro de los programas y políticas sociales. A partir de este precepto, se crearon estrategias para superar las condiciones de pobreza en que vivía una parte importante de la población. Otro aspecto al que se le prestó especial interés durante este periodo fue la participación de las mujeres en la construcción de la nueva sociedad, lo cual motivó la creación de programas específicos para su educación e inserción laboral. A pesar del impacto notable de esos programas, una barrera para las mujeres continuó siendo la sobrecarga de funciones domésticas y de cuidado. Entonces, se introdujeron gradualmente diversas estrategias para garantizar la conciliación, favorecidas por cambios en el marco jurídico. En la creación e impulso de dichas estrategias tuvo un rol protagónico la Federación de Mujeres Cubanas(FMC), la que tuvo como objetivo, desde su fundación, la creación de instituciones y servicios que facilitaran a la trabajadora la ejecución de las tareas domésticas y el cuidado(Espín, 1990, p.133 y Larguía y Dumoulin, 1983, p.93). Esta concepción no precisaba aparecer explícitamente en los documentos escritos, pues se daba por entendido tanto desde el diseño de la política como su entendimiento social que “las mujeres son las encargadas principales del hogar y de sus hijos”(para ampliar en esta idea y conocer algunas de las estrategias implementadas véase Romero, 2009, p.30 y Romero 2019). También en esta etapa aparecen transformaciones legislativas o programas nacionales destinados a la atención de grupos cuidado-dependientes. A través de los mismos, se puede observar el rol del Estado como decisor y gestor principal de la política social de protección y cuidado de los grupos vulnerables como: personas adultas mayores, con discapacidad e infantes. Para cada uno de estos grupos fueron creados programas de atención y servicios especializados con impacto directo en las lógicas y dinámicas de cuidado. De ellos, se enuncian a continuación los que mayor trascendencia han tenido hasta la fecha(haciendo alusión a los momentos en que han sido perfeccionados) y que por la existencia de estadísticas, permiten hacer un balance de su funcionamiento en el presente: Programa Educa a tu Hijo(1992): dirigido a orientar a la familia a lograr el desarrollo integral de niños/as de cero a seis años que no asisten a instituciones de cuidado infantil. Tiene un carácter comunitario e intersectorial: los organismos y organizaciones sociales que participan en el programa se agrupan en un grupo coordinador nacional presidido por el Ministerio de Educación 14 . Centros educativos internos(becas), tanto en la enseñanza media, pre universitaria y superior. A través de los mismos, se les garantiza a quienes se encuentran matriculados educación, alimento, vestuario y albergue. Ley de Seguridad Social(1963), perfeccionada con la Ley 24/1979 y la Ley 105/2008, tiene como fin asegurar a los trabajadores y sus familias el amparo social en las contingencias de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, vejez y muerte. Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor(1974), perfeccionado en 1984 cuando se estableció la incorporación en el Modelo del Médico y Enfermera de la Familia y en 1997 cuando se establece el actual Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor. Este programa cuenta con tres subprogramas: –– Subprograma de atención comunitaria al adulto mayor: surge a partir de la necesidad de encontrar otras formas de atención a la ancianidad que satisficieran al mismo tiempo las demandas de este grupo etario y las de sus familiares. Bajo este subprograma se ubican las siguientes modalidades: “Hogares de Día o Casas de Abuelos”: institución social que brinda atención integral diurna(durante 8-10 horas) a ancianos/as carentes de amparo filial en absoluto o de familiares que puedan atenderlos/as durante el día. “Círculos de Abuelos”: agrupaciones de adultos/ as mayores de base comunitaria que desarrollan actividades, deportivas, culturales, recreativas, de promoción y prevención que tiendan a un envejecimiento saludable y una longevidad satisfactoria. Su objetivo fundamental es mantenerlos/as activos física y socialmente, garantizando la salud mental; incluye además la realización de ejercicios bajo la orientación profesional de especialistas. 14 Información disponible en la página web oficial del Ministerio de Educación https://www.mined.gob.cu/primera-infancia/no-institucional/ 8

POLÍTICAS Y SERVICIOS DE APOYO A LOS CUIDADOS Subprograma de atención hospitalaria: consiste en enlazar la atención hospitalaria con la comunitaria en aras de mantener internado a la persona adulta mayor durante el tiempo estrictamente necesario y reincorporarla en lo posible a su medio, desarrollando en ambos niveles de atención, labores de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. –– Subprograma de atención en instituciones: su objetivo es realizar acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en ancianos/as cuya única alternativa es permanecer en una institución, pero con el apoyo de la familia, las organizaciones sociales, de masas y comunitarias, para elevar su calidad de vida. En él se integran instituciones como: “Hogares de Ancianos”: Brindan servicios de cuidado de corta, mediana y larga estadía para adultos/as mayores frágiles y en estado de necesidad que no se benefician con otras alternativas en la comunidad. “Centros médico-psicopedagógicos”: son unidades del Sistema Nacional de Salud, en donde se proporciona atención preventiva, curativa y de rehabilitación a través de acciones médicas, psicológicas y sociales calificadas; incluye la atención a personas mayores con retraso mental con el fin de lograr su reinserción social. Decreto- Ley No. 1263“De la Maternidad de la Trabajadora”(1974) fue sustituido por el Decreto- Ley 234 de la Maternidad para la Trabajadora en el 2003. A partir de este momento, se establecieron regulaciones para el otorgamiento de licencias remuneradas tanto a la madre como al padre durante el primer año de vida del menor. A través de la misma también se facilita que la madre y/o el padre con contratos de trabajo formalizados puedan brindar atención especial a hijos e hijas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Tal disposición fue perfeccionada con el Decreto Ley 339 del 2016, mediante el mismo quedaron transformadas algunas de las regulaciones establecidas en los Decretos 234/2003 y 285/2011 y se ampliaron las garantías establecidas previamente para garantizar una mayor integración familiar. Este decreto, como los que le anteceden, se considera verdaderamente revolucionario, en tanto expresa la intención directa de modificar el modo en que se distribuyen las responsabilidades entre madres y padres, dando mayor protagonismo a la figura paterna y estimulando en ellos, un rol más empático y cercano al desarrollo de la descendencia. Sin embargo, algunas cuestiones deben ser perfeccionadas para que este decreto alcance mayor coherencia, pues desde el propio título se excluye a la figura paterna(Decreto Ley de la Maternidad para la Trabajadora) y los derechos contenidos en el Decreto se originan solo por la condición de trabajadora de la madre(artículo 2). Las modificaciones también incluyen la posibilidad de hacer extensivos los beneficios a abuelas o abuelos y otros aspectos como:“La madre que se reincorpora al trabajo puede simultanear el salario con la prestación social hasta que el menor arribe al primer año de vida”(Artículo 27, inciso a) p.120) y“Las cuantías de estas prestaciones mensuales no pueden ser inferiores al salario mínimo vigente en el país; de ser así, se elevan hasta dicha cuantía”(Artículo 6, inciso c) p.116). A pesar de que en el artículo 1 de este Decreto se establece que los/las beneficiarios/as del mismo serán madres y padres trabajadoras/es del sector estatal, uno de los cambios más importantes de este nuevo marco es que se reconocen como posibles beneficiarias a las mujeres pluriempleadas, circunstancia cada vez más frecuentes en el país. Se estipula que“la trabajadora con más de un empleo“tiene derecho a percibir la prestación económica y social por cada uno de los contratos de trabajo”(Artículo 8 p.116). Sin embargo, en el sector por cuenta propia, la mujer contratada solo tiene derecho a recibir una prestación económica durante seis semanas prenatales y doce posnatales. Estas no tienen la posibilidad de disfrutar del resto de los derechos mencionados, pues su situación se regula en solo siete artículos -del 26 al 32- del Decreto-Ley 278 de 2011. Se aclara que, para tener derecho al cobro de dicha prestación económica, debe haber contribuido al régimen especial de seguridad social como mínimo un año antes de la licencia de maternidad; mientras que la empleada estatal solo debe demostrar 75 días trabajados dentro del año anterior(Silva, Pérez y Rodríguez, 2019). Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad(1995), perfeccionado en 2001 y 2006. Se erige para la promoción, coordinación y ejecución de políticas, estrategias, programas y servicios que permitan elevar la calidad de vida, la equiparación de oportunidades, la integración, la participación activa en la vida social y el desarrollo de la autonomía e independencia personal al máximo posible. El Programa Nacional de Servicios Sociales Comunitarios para la atención al adulto mayor y personas con discapacidad, a través del cual se ofrece protección a los Adultos Mayores solos y encamados, uno de los grupos sociales más vulnerables de la población. En él intervienen varios organismos como el MINSAP, la Empresa de Correos de Cuba, el MICONS y el MITRANS e incluye diferentes tipos de apoyo para los ancianos como: • servicio de asistente social a domicilio(ASD) 15 , • servicio de alimentación subsidiado 16 ; • servicio de limpieza del hogar y lavado de ropa; • prestaciones monetarias; 15 Surge en 2002 para ofrecer atención personalizada de carácter doméstico y social al beneficiario en su propio domicilio, al mismo tiempo que se remunera a la persona que lo ejecuta. Los principales beneficiarios de esta iniciativa son los adultos mayores y a las personas con discapacidad que requerían de atención permanente en su vivienda. 16 Surge en el año 2003, consiste en proporcionar alimentos elaborados en comedores o unidades de elaboración de alimentos que puedan garantizar desayuno, almuerzo y comida, a las personas que por su condición de salud o de vida lo requieran. Los usuarios de este servicio son principalmente adultos mayores y discapacitados. El servicio se oferta a precio subsidiado y puede ser sufragado por el beneficiario, su familia o a través de subsidios de la asistencia social a personas con ingresos insuficientes. 9

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA • servicio de teleasistencia 17 ; • reparación de la vivienda; • otorgamiento de prestaciones en especie 18 , • transportación; • servicio de peluquería y barbería; • el pago a domicilio de los beneficiarios de la Seguridad y Asistencia social. Programa de trabajo social con madres solas de hijos con discapacidad severa. A través del mismo se les proporciona a estas mujeres, además de las ya tradicionales prestaciones monetarias en especies y servicios, facilidades para acceder a empleos y capacitaciones de acuerdo con su grado de escolaridad o formación, lo cual constituye un importante paso para elevar sus niveles escolares y posibilidades para el empleo en caso de tener la oportunidad en el futuro. Plan de acción nacional para la atención a las personas con discapacidad, coordinado por el CONAPED(Consejo Nacional de Atención a las personas con discapacidad). Este plan tiene el propósito de atender de forma intersectorial, las necesidades especiales de las personas con discapacidad en Cuba(sistemas de salud, educación, empleo, seguridad y asistencia social, así como por otros organismos rectores de la actividad física y cultural, el ministerio de las comunicaciones, el de transporte y el de la construcción). Se debe señalar que para las personas con discapacidad también se gestionan recursos y servicios para su protección y cuidado, desde la ACLIFIM(Asociación de limitados físico-motores), la ANSOC(Asociación Nacional de Sordos de Cuba) y la ANCI(Asociación Nacional del Ciego). Si bien, los programas de Asistencia Social presentados anteriormente constituyen un logro de trascendental importancia histórica y social, aún carecen del enfoque de género y de familia en la forma en que son concebidos. Siguen siendo pensados y diseñados, de manera general, para las mujeres, limitando la participación de los varones en estas tareas. Por otra parte, algunos tienen la limitación de estar concebidos sólo para las personas adultas y con discapacidad que viven solas, y no para aquellas cuyos familiares trabajan de forma remunerada y no se pueden dedicar a su cuidado a tiempo completo. La focalización de la atención en los grupos sociales en riesgo, sin renunciar al principio de universalidad que siempre ha primado en el país, se hizo más latente durante esta primera década del 2000. El enfoque de atención asumido 17 Extendido a todo el país en 2005, este servicio consiste en un sistema de telecomunicación que posibilita poner en contacto a la persona desde su vivienda con un centro de atención especializado, que cuenta con profesionales para atender sus llamadas. Los beneficiados de este servicio son las personas con discapacidad severa, con riesgo físico o social que vivan solas de forma permanente o durante la mayor parte del día 18 Destacan entre las prestaciones más importantes: medicamentos, productos de aseo, higiene, limpieza, prótesis, aparatos ortopédicos, auditivos y determinados servicios de los beneficiarios que reciben ingresos insuficientes o que no reciben ingresos. por la Política Social, de acuerdo con Añe y Granda(2007) implicó transformaciones en el concepto estado de necesidad-asociado hasta ese momento únicamente con la carencia de ingresos económicos-, para entenderlo también, como necesidades individuales para poder proporcionar una ayuda personalizada en forma de servicios, monetaria o en especie. Vale apuntar que este proceso se hizo acompañar de la revitalización en la formación y existencia de los Trabajadores Sociales. Este grupo de profesionales, tuvieron a su cargo tareas destinadas a la identificación y atención particularizada de grupos vulnerables a nivel nacional, entre los que se encontraban: los/las adultos/as mayores que vivían solos/as, los/las infantes con problemas nutricionales y las personas con discapacidad. Todos los programas anteriormente mencionados, han tenido un impacto positivo en la población cubana y en los niveles de bienestar social alcanzados por las personas beneficiarias. De igual modo, han tenido una repercusión directa en la satisfacción de sus necesidades materiales y médicas según la etapa de su ciclo vital/familiar o situación discapacitante que se presente. La lectura detenida de los documentos rectores de estas iniciativas, permite delimitar al menos tres núcleos fundamentales respecto al tipo de prestaciones y servicios de cuidado a personas dependientes que desde el Estado se han gestado, a saber: A partir de los 1990, tras la desaparición de la URSS, la desintegración del bloque socialista europeo y el fortalecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, Cuba entra en una etapa de crisis aguda. Como consecuencia, muchos de estos servicios se vieron afectados y eso se reflejó negativamente en los avances alcanzados respecto al empoderamiento de las mujeres. Pese a las estrategias establecidas por el Gobierno y la FMC, en 1995 la cifra de mujeres contratadas en el sector estatal civil había descendido a 1 191 500(Aguilar, Popowski y Verdeses, 1996, p.13). Entre los factores que incidieron en este retroceso y que deben ser tenidos en cuenta para una valoración de los obstáculos para la autonomía de ellas asociados al cuidado en ese periodo aparecen: 1. Marcado deterioro de la calidad de vida de la población, ampliación de la diferenciación socioeconómica, producción y reproducción de las brechas de equidad e incremento de la pobreza y la vulnerabilidad. 2. Carencia de productos y servicios de primera necesidad, de útiles del hogar y artículos para garantizar la higiene y la reproducción cotidiana. 3. Tendencia a desaparecer o a deteriorarse las condiciones de las escuelas internas(becas) para adolescentes y jóvenes, los planes vacacionales establecidos en las sedes laborales de los progenitores para el cuidado de las descendencia en períodos de receso docente, los centros creados para el cuidado de ancianas/os en el horario laboral, así como algunos servicios que a precios módicos, servían de apoyo a los quehaceres domésticos; lo cual agudiza la intensidad y la carga de trabajo a desplegar por los integrantes de la familia y en especial por las mujeres. 10

POLÍTICAS Y SERVICIOS DE APOYO A LOS CUIDADOS Gráfico 2: Tipo de prestaciones y servicios para el cuidado de personas dependientes que se gestan desde el Estado cubano Estado Prestaciones en servicios - Servicios de atención médica - Servicios de cuidado institucionalizados - Servicio de asistencia a domicilio Prestaciones en especie - Medicamentos - Productos de aseo, higiene, limpieza - Prótesis, aparatos ortopédicos y auditivos - Servicio de alimentación - Servicio de teleasistencia - Servicio de pago a domicilio - Servicio de lavandería, peluquería, barbería y reparaciones Prestaciones en especie - Medicamentos - Productos de aseo, higiene, limpieza - Prótesis, aparatos ortopédicos y auditivos Prestaciones monetarias (continuas o eventuales) Fuente: Romero, 2019, p.7 4. Las madres y abuelas de quienes tienen a su cargo el cuidado de niñas/os pequeños, son mujeres que no estaban tan dispuestas como sus antecesoras a renunciar a los espacios y desempeños profesionales conquistados para asumir a tiempo completo el rol de cuidadoras de nietos/as, etc.; por tanto, se puede hablar de un debilitamiento de las redes femeninas de apoyo familiar para el ejercicio de estas funciones. 5. Los hombres(en sentido general) siguen rezagados a la hora de compartir las responsabilidades domésticas y las asociadas al cuidado, bajo una excusa distanciadora que muchas veces se esconde tras frases como:“eso es cosa de mujeres”. Según muestran estudios, existe una mayor incorporación de ellos en las tareas relacionadas con el desarrollo psicosocial de la descendencia (ayudarles en las tareas, buscarles información para los trabajos prácticos de la escuela, pasear con ellos, jugar, conversar, entre otras), que en las relacionadas directamente con la satisfacción de sus necesidades biológicas diarias(asearles, darles de comer, vestirles, etc.) y que exigen una dedicación cuasi-permanente(Romero, 2010, p.160). Urgía entonces al Estado crear estrategias para afrontar los efectos negativos de las nuevas circunstancias y proteger las conquistas alcanzadas. En este sentido, se tomaron medidas para proteger el empleo femenino y limitar el crecimiento de la economía informal, resalta: el otorgamiento de subsidios preferenciales a las mujeres jefas de hogar ante el proceso de racionalización de plantillas acontecido en el sector laboral estatal durante los años 90. Pese a la compleja situación económica durante la década de los 90 y la primera mitad de los 2000, con una lenta recuperación de la economía, el Estado optó por ampliar los gastos sociales destinados a la protección social. Entre el 2002 y el 2007 los montos de la Seguridad Social y la Asistencia Social, dados en millones de pesos, incrementaron sus valores de 1.984,8 a 3.7272,0 y de 398,0 a 1.190,2 respectivamente. Es por este periodo que crean nuevos programas de asistencia social y se perfeccionan otros(Añé& Granda, 2008). En 2008 comienza en el país el proceso de actualización del modelo económico, cuyos principios fundamentales se recogen en los“Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” discutidos y aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en abril del 2011(PCC, 2011, p.5). Esta nueva etapa ha tenido una incidencia directa en la organización social y privada de los cuidados. Se ha reforzado el rol de la familia en sus funciones cuidadoras e implementado un modelo de desarrollo que pone en un espacio prioritario la recuperación económica del país en detrimento de programas y aspectos de orden social. Dichos Lineamientos refieren que la racionalidad económica se establece como principio de la política social, lo que conlleva a la reducción significativa de gastos sociales, supeditación de lo social a lo económico, el desplazamiento hacia el mercado de parte del consumo social básico, el reconocimiento de la participación del mercado en la satisfacción de necesidades básicas y desplazamiento de responsabilidades desde el Estado hacia la familia, con respecto a la garantía del bienestar(Gómez et al, p.29). En ese proceso, visible a partir de la segunda década del presente siglo, aparecen circunstancias que tensionan el cuidado en la cotidianidad y depositan en la familia cargas que anteriormente se habían socializado. A continuación, tres situaciones a considerar para entender mejor este proceso: –– Existe una contracción en las prestaciones por concepto de asistencia social y de los servicios de salud. Si se observan las estadísticas de la última década, puede notarse que los fondos de la asistencia social sufrieron un abrupto recorte. De 582,060 personas beneficiadas en 2008 quedaron 181 355 en el 2019, lo que significa una 11

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA deflación al 31,15%(ONEI, 2015 y 2019). Alrededor del 2010 se produjo la caída abrupta de los gastos y el total de personas beneficiarias de la asistencia social, luego ha existido una lenta recuperación de esas cifras(entre el 20122018), focalizada fundamentalmente en la población adulta mayor(Ver Tabla 4). La asistencia directa a quienes presentan alguna discapacidad tendió a disminuir, al igual que la destinada a madres que tienen descendientes con discapacidad severa. Esta realidad apunta a un desplazamiento de responsabilidades del Estado hacia las familias. La drástica reducción de estos fondos recae sobre hogares sobrecargados con tareas de cuidado y tensado por una población envejecida. Tabla 4: Principales Indicadores de la asistencia social PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA DE LA ASISTENCIA SOCIAL Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gastos por la asistencia social (MMP) 53 64 103 216 262 452 572 591 656 652 403 266 249 263 286 350 317 340 315 Beneficiarios de la asistenca social 195129 201014 269495 395821 476512 535134 599505 595181 582060 426390 235482 182492 172385 170674 169778 175106 179796 184613 181355 Núcleos protegidos por la asistenca social 122931 126639 180857 213390 257038 301045 328462 334692 328128 251102 147184 116757 111008 109223 109556 111801 114274 115322 114416 Adultos mayores beneficiarios de la asistenca social 28674 28845 60372 75229 112025 116958 143483 145275 145150 118732 71050 63383 54066 52764 52579 53635 54968 62132 59613 Personas con discapacidad beneficiarias de la asistenca social 9511 12996 31861 70612 80114 85152 97347 98727 109687 71137 46884 42093 41798 39582 40107 38690 37504 36903 36309 Madres de hijos con discapacidad severa beneficiarias de la asistenca social ......... 5082 6645 6670 6741 7789 7621 7599 6301 5471 4338 4200 4074 3931 3815 3573 3452 Beneficiarios del servicio de asistenca social a domicilio ......... 1721 5393 9817 13537 16182 17318 13119 5664 4586 4321 4474 4762 5166 5573 5160 5065 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De igual modo, al comparar las estadísticas de los años 2008 y 2019(ONEI 2009 y 2019) en el ámbito de la salud, se puede observar que el proceso de reordenamiento en este ámbito implicó comprimir el número de hospitales al 69,12%, los policlínicos al 89,97% y los hogares maternos al 39,10%. Este hecho, tensa la cobertura de los servicios de salud para toda la población e intensifica, encarece y hace más complicados los procesos de cuidados. –– Algunos programas como las Escuelas Internas(becas) tienden a desaparecer. Por ejemplo, las Escuelas Secundarias Básicas en el campo entre 2009 y 2015 decrecieron de 175 a 120 escuelas y lo mismo ocurrió con los centros Preuniversitarios en el campo, los cuales disminuyeron de 194 a 38(ONEI, 2015). –– Los planes para la formación de Trabajadores Sociales disminuyen y el programa a gran escala de Escuelas de esta especialidad desaparece en el curso 2009- 2010. Aunque parte de los trabajadores sociales continuaron vinculados directamente al trabajo comunitario, un porcentaje significativo de los que culminaron sus carreras en otras especialidades como Derecho, Historia, Sociología, Psicología, dieron un giro en sus carreras profesionales hacia otras funciones. Esta reducción de las prestaciones y programas está directamente relacionada con lo establecido en los Lineamientos aprobados por el PCC en 2011 y en la actualización de los mismos en 2016. Allí se explicitan los principios de:“Garantizar que la protección de la asistencia social la reciban las personas que realmente la necesitan, estén impedidas para 12

POLÍTICAS Y SERVICIOS DE APOYO A LOS CUIDADOS el trabajo y no cuenten con familiares que brinden apoyo” y “Garantizar la implantación gradual de la política para atender los elevados niveles de envejecimiento de la población”. En el análisis realizado, se puede notar el énfasis que se pone en la protección, cuidado y asistencia a las personas adultas mayores, en detrimento de otros grupos cuidado dependientes. Ese énfasis está directamente relacionada con el proceso de envejecimiento poblacional acelerado que se vive en el país y la prioridad que se le otorga a este grupo como priorizado en las prestaciones que desde el Estado se gestionan. Sin embargo, para estimular la natalidad, por ejemplo, con el fin de acercar el remplazo poblacional en una perspectiva mediata, debe reforzarse la implementación de estrategias dirigidas a asegurar los servicios de cuidado a infantes en todos los sectores de la sociedad, y no solo desde el ámbito familiar. tros de cuidado privado más exclusivos que pueden llegar a costar más de 2000 cup mensuales. Esta realidad quizás pueda resultar bastante común para el resto de los países, pero para Cuba es bastante reciente y marca tristemente un proceso de heterogenización social de los cuidados con un impacto negativo, sobre todo, en las familias y mujeres de las capas bajas. Como en periodos anteriores, la desestatalización parcial de los servicios de cuidado u otras prestaciones asociadas a esta actividad, tiene un reflejo en la reducción de la tasa de actividad económica de las mujeres. Se conoce que la mayor parte de las personas que salen del mercado de trabajo para asumir estas funciones son mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género; de 19 189 personas entrevistadas, 964 declararon que tuvieron que abandonar el empleo para cuidar, de ellas 802 eran mujeres (CEM& CEDPE, 2018). Las plazas existentes para niños y niñas en los círculos infantiles estatales resultan insuficientes respecto a la demanda. Análisis de los datos publicados en el anuario estadístico correspondiente al 2018 muestran que de 592510 infantes entre cero y cinco años existentes en el país, solo 134276 figuraban como matrícula en este tipo de instituciones, lo que representa un 22.66% del total(Torres, 2019). Por otra parte, preocupa lo siguiente: desde el año 2015 no se ofrece más la alternativa de insertar a niños/as menores de un año en este tipo de centros y en el 2do año de vida, que es el momento de recepción institucional de infantes cuyas madres acaban de culminar su licencia remunerada y deben incorporarse a puesto de trabajo(Romero, 2019), el número de plazas decreció de 25 374 en el 2011 a 22 164 en el 2018(ONEI, 2019). En el mercado privado de cuidados los precios tienden a incrementarse, por lo que muchas veces resultan inaccesibles para las familias. En el país, los servicios estatales de cuidado a la primera infancia(círculos infantiles) son subsidiados y tienen un costo mensual de 40 cup, siendo el salario promedio en el país de 740 cup(ONEI, 2019). Por los precios y el prestigio de estas instituciones, son altamente demandadas pero, como se dijo, su oferta es insuficiente. Desde el año 2010 han prosperado considerablemente los servicios de cuidado infantil, que se ofrecen en el mercado privado. Estos se asemejan al modo en que operan los círculos estatales y suelen tener por grupo entre 10 y 20 niñas/ os, a razón de 6 infantes por cuidadora. 19 Los costos de estos pueden oscilar entre los 250 cup hasta los 1000 cup, por lo que a ellos acceden generalmente quienes cuentan con ingresos económicos superiores al salario medio del país(879 cup(ONEI, 2020 a)). Ello, coexiste con otro grupo de familias que tienen la posibilidad de contratar el servicio personalizado de nanas, quienes van a las casas y dedican el 100% del tiempo sólo al cuidado de los niños y las niñas de cada familia u otras que pagan cen19 Aunque esta es la cifra estipulada, investigaciones realizadas corroboran que suelen cuidarse más niños/niñas que el número de los estipulados; fundamentalmente en las casas donde laboran más de una cuidadora. Mas no sólo es preocupante la situación de las que tienen que abandonar el empleo para sumir exclusivamente el cuidado; sino la de aquellas que experimentan una intensificación de sus múltiples jornadas cotidianas ante la carencia de estrategias accesibles que le permitan aliviar dicha carga y la doméstica. Esta es una situación a atender de forma inmediata, pues el modelo de desarrollo del país tiene que pensarse con la participación de las mujeres en el espacio público, no sólo porque es una expresión de las conquistas alcanzadas, sino porque fácticamente ellas representan el 67.2% de la fuerza de trabajo calificada del país, el 62.58% de los estudiantes universitarios y el 48.6% de los cargos decisorios. Cuba es el tercer país del mundo de mayor proporción de asientos femeninos en el parlamento(ONU Mujeres, 2019). No tener en cuenta la brecha de género en la participación laboral, traerá mayores costos sociales y económicos. Antes de culminar este apartado resulta válido retomar una idea que desde la economía feminista se viene defendiendo con fuerza hace más de una década:“Es menos costoso movilizar recursos –institucionales, técnicos y financieros– que no hacerlo…la conciliación con corresponsabilidad social necesariamente tiene un“retorno” que la convierte en inversión-económica social y políticamente rentable(Martínez, 2010: 27)… las consecuencias negativas(de mediano y largo plazo) de falta de este tipo de iniciativas exceden las situaciones individuales; generan costos sociales y amenazas el rendimiento económico de los países, en tres dimensiones: a nivel macroeconómico, de las unidades productivas, y de la calidad de vida individual y familiar(OIT& PNUD, 2009, p.106). El panorama esbozado anteriormente respecto a la política social y el cuidado de grupos dependientes, permite entender que Cuba presenta en la actualidad circunstancias complejas que se explican fundamentalmente en: el incremento acelerado de personas cuidado-dependientes en especial las personas adultas mayores y el proceso de familiarización-feminización acontecido en la organización social de los cuidados. De igual modo, invita al análisis de los vacíos respecto a la figura del cuidador o la cuidadora, respecto a su valoración, visibilización y reconocimiento de los aportes que realiza a la economía y sociedad en sentido general. 13

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA 4. PANORAMA INTERNACIONAL: CONVENIOS, PACTOS Y COMPROMISOS DE CUBA PARA POTENCIAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA CORRESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS CUIDADOS Y LA PROTECCIÓN DE CUIDADORAS/ES Y TRABAJADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS REMUNERADAS/OS Cuba como nación ha suscrito y ratificado los cuatro convenios internacionales de mayor relevancia en relación con la igualdad de género y los cuidados. • El primero es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(1979), uno de los ocho convenios principales de la ONU. 20 A través de ella, se reconoce la responsabilidad social de garantizar la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres y el cuidado como uno de los temas que requiere de corresponsabilidad de género y de los distintos actores sociales. • El segundo es el Programa de Acción de El Cairo(1994) que surgió de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 21 • El tercero es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing(1995), una agenda para la igualdad de género, resultante de la cuarta conferencia mundial sobre 20 En términos de derechos humanos: en esta se declara que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para“modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer(Artículo 2: f);“Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (Artículo 5: a) y Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños(Artículo 11: c). 21 En este se partió del principio de“Promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer”(principio 4). Como punto a destacar, en este documento el tema de los cuidados gana protagonismo y cuenta con una atención más específica. Ello se demuestra al ratificar:“Es preciso que mujeres y hombres participen e intervengan por igual en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos y al mantenimiento del hogar” (p.20). En este programa también se invita a los gobiernos a “hacer mayores inversiones en medidas apropiadas para reducir la carga cotidiana de las responsabilidades domésticas, que en su mayor parte recaen en la mujer”(p.22) y a“apoyar y desarrollar los mecanismos adecuados para prestar asistencia a las familias en el cuidado de sus hijos y de las personas de edad o con discapacidad que estén a su cargo, inclusive las afectadas por el VIH y el SIDA, alentar a que esas responsabilidades sean compartidas por hombres y mujeres y apoyar la viabilidad de las familias constituidas por varias generaciones(p.28). la mujer. 22 En este documento se explicitan las acciones a tomar por los Estados para cumplir con su obligación de lograr la igualdad de género. También para desarrollar herramientas dirigidas a considerar el valor social y económico del cuidado y la importancia de su redistribución como vía indispensable para disolver las desigualdades en este sentido. • Por último, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, donde se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) a ser alcanzados en el 2030. La agenda, con énfasis en la realización de derechos y la igualdad de género, dedica el objetivo 5 a declarar la responsabilidad de los estados miembros de “Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Este marco internacional, al que responde Cuba, converge con una Agenda Regional de Género en la que se ratifica el compromiso del Gobierno cubano y del resto de los gobiernos de Latinoamérica, con el logro de la igualdad y los derechos de las mujeres. La celebración de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina(1977) se realizó en Cuba y marcó con ello su compromiso con la igualdad de género y de manera particular, con la asunción de una distribución justa de los cuidados. En ese evento se establecieron entre las medidas a tomar por los países miembros de la CEPAL: “Combatir la persistencia de las actitudes frente a las funciones tradicionales asignadas a los sexos mediante cambios de los esquemas educacionales y las pautas culturales tradicionales”’(p.11);“Difundir ampliamente la obligación que tiene la pareja humana de compartir las responsabilidades familiares y el derecho y obligación de participar y compartir los esfuerzos, las acciones y las responsabilidades en el desarrollo social, político y económico.”(p.12)“Los gobiernos, empleadores y sindicatos adoptarán medidas para el establecimiento de centros de cuidado infantil de calidad, asegurando la educación infantil de los niños, para facilitar a la mujer su incorporación al trabajo y al estudio.”(p.26); “Los gobiernos alentaran el desarrollo de servicios sociales a la comunidad, como lavanderías y servicios gastronómicos y domésticos, asignando parte del presupuesto nacional a estos programas y fomentando programas de autoayuda en estas áreas.”(p.27). 22 Aquí los Estados se comprometieron a:“Alentar a los hombres a que participen en condiciones de igualdad en el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico(…)(p.13); Tratar de llegar a un conocimiento más completo en materia de trabajo y empleo, entre otras cosas, mediante actividades para medir y comprender mejor el tipo, el alcance y la distribución del trabajo no remunerado, particularmente el trabajo de cuidar de los familiares a cargo(…) (p.122); Hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado, registrando especialmente las actividades que se realizan simultáneamente con actividades remuneradas u otras actividades no remuneradas”(p.151). 14

PANORAMA INTERNACIONAL: CONVENIOS, PACTOS Y COMPROMISOS DE CUBA PARA POTENCIAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA CORRESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS CUIDADOS Y LA PROTECCIÓN DE CUIDADORAS/ES Y TRABAJADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS REMUNERADAS/OS. A esta conferencia le han seguido otras once, realizadas cada tres años, en las que se ha ratificado y actualizado esta agenda. En el Consenso de Quito(2007) por ejemplo, resultado de décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, se reconoce“el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar” y se toman como acuerdos: xx)“Formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género, y reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división sexual del trabajo” (Acuerdo xx). Así como“adoptarlas medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural, para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable(Acuerdo xxvii). En el Consenso de Brasilia(2010) se convino“Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas”(acuerdo 1 b). Es así que en el Consenso de Santo Domingo(2013) se reafirmó:“Promover la mejora del acceso de las mujeres al empleo decente, redistribuyendo las tareas de cuidado entre Estado, mercado y sociedad y entre hombres y mujeres(…)(p.5). También en el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo(2013) se reconoció“la persistente desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, del escaso reconocimiento y valoración social del rol de las mujeres en estas tareas y de que la dinámica demográfica tendrá efectos sobre las necesidades de cuidado”(p.22) y se acordó:“Desarrollar y fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado que estén basados en los estándares más altos de los derechos humanos, con perspectiva de igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas”(p.23). También“Considerar la medición de la economía del cuidado a través de encuestas especializadas y la formulación de cuentas satélites del trabajo no remunerado y su incorporación en el sistema de cuentas nacionales”.(p. 24). Vale señalar que también en la región se han establecido agendas sinérgicas a la agenda global, como la“Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género”. Aprobada en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe convocada por la CEPAL. Entre los nudos estructurales en los que se enfoca esta agenda, se encuentra:“la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado” (p.15), teniendo en cuenta que ambas constituyen muestra de las disímiles barreras que hoy obstaculizan la existencia de una igualdad plena en cuanto a derechos y oportunidades reales entre mujeres y hombres(CEPAL, 2016). La Estrategia comprende 74 medidas a aplicar en diez ejes acordadas por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, entre estos destacan: institucionalidad, participación, financiamiento y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Las medidas insisten en velar por la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, específicamente se dirigen a evitar la sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados y en disminuir los niveles de pobreza de las mujeres. En cuanto a las medidas de ajuste fiscal, sobresale el pacto de asegurar que“se adecuen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, considerando que dichas medidas cubran excepcionalmente el período de crisis y sean de carácter temporal, y evitando especialmente la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres y la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres”(p.30). MARCO LEGAL Y PROTECCIÓN DE PERSONAS CUIDADORAS Y TRABAJADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS REMUNERADAS Este es un grupo socio – ocupacional que aunque ha alcanzado determinados niveles de visibilización y protección desde los años 90 del pasado siglo, sigue estando rezagado en cuanto a derechos se refiere. El sistema de protección existente no tiene en cuenta algunas de las tipicidades de este tipo de empleo y de las relaciones laborales en las que se insertan sus trabajadoras. Especial connotación tuvo la aprobación del Decreto Ley 141/93, a través del cual se ampliaba la actividad por cuenta propia en Cuba, que había existido a niveles poco significativos desde la ofensiva revolucionaria de 1968. Entre las actividades aprobadas para este ejercicio, está la del cuidado de personas enfermas y de niños/ niñas. Ese fue un cambio de trascendental importancia, porque volvió a reconocerse este ejercicio como posible empleo y se abrieron las puertas a la oficialización de su condición como empleadas a un ejército numeroso de mujeres. A través de este Decreto, se estableció no sólo la posibilidad de ejercer este tipo de actividad de manera autorizada sino de disfrutar de una serie de garantías y mecanismos de protección social. Sin embargo, aún falta mucho camino por andar en ese sentido. La mayor parte de la veces las condiciones en que trabajan y el disfrute de sus derechos dependen de las pautas que estipula quien las emplea, existiendo muy pocos mecanismos para velar por sus garantías. Según investigaciones recientes: muchas de estas mujeres no cuentan con los medios de trabajo apropiados para ejercer su trabajo, no cuentan con un adecuado sistema para el monitoreo de su salud y la prevención de enfermedades propias de su ocupación, se ven expuestas a malos tratos y se violan algunos de sus derechos más importantes, como por ejemplo: el de disfrutar de vacaciones(Romero, 2016; Romero, Echevarría y Díaz, 2019). Esta realidad, viene a 15

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CUBA reforzar una idea que aparece en el texto de Laura Pautassi (2007):“…no se trata de garantizar solo el empleo, sino de garantizar los puestos de trabajo en condiciones legales…el solo hecho que se reconozca el derecho al cuidado no garantiza que se provea del mismo, en condiciones de igualdad, calidad y cantidad suficiente”. A inicios de esta década se ampliaron las licencias para el trabajo por cuenta propia y se mantuvo como opción la posibilidad de asumir el cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad, y de dedicarse al trabajo doméstico remunerado. El autorizo o ampliación de esos trabajos Esta ampliación de licencias y mayor visibilidad del sector cuentapropista como alternativa, al igual que en la crisis de los 90, viene a cubrir un vacío que deja el Estado. Se repite un esquema en el cual, el Estado en tiempos de crisis o tensiones económicas trasfiere responsabilidades al mercado, lo cual conduce al reposicionamiento de las relaciones entre los actores que se encargan de esta actividad y la costean, con incidencia en la participación económica de las mujeres. Ellas tienden a suplir el desfase entre los ingresos disponibles y el consumo familiar(tanto de bienes como de servicios). Si en épocas anteriores los roles protagónicos en la gestión del cuidado lo ocupaban el Estado y la Familia, nos movemos hacia un escenario donde entra el Mercado como un actor a contar y ellas(las trabajadoras de los cuidados y del hogar) ganan protagonismo, sin que llegue a romperse el principio familista que siempre ha primado en el diseño de la política y la intervención del Estado, con énfasis en los casos que presentan especial vulnerabilidad. Como se ha podido observar, las posibilidades de protección y de tener ciertas garantías por concepto de seguridad social como cuidadoras/es o trabajadoras/es domésticas/os pasa por haberse adscrito a la condición de cuentrapropistas o empleadas/os estatales; es decir, haber oficializado su condición como trabajadora. Actualmente en Cuba no existe una organización o sindicato específico de cuidadoras/es o trabajadoras/es domésticas/os; sin embargo, en el amplio espectro de sistemas de relaciones laborales y de espacios socio – económicos en que suelen insertarse, podemos encontrar que algunas personas dedicadas a estas labores de forma remunerada pertenecen al sindicato nacional de trabajadores(en el país solo existe un Sindicato Nacional). Este tipo de asociación la establecen fundamentalmente quienes se desempeñan en empresas estatales como Palco, pues quienes laboran en el mercado informal o incluso las que cuentan con una licencia para ejercer estas funciones por cuenta propia, prefieren no establecer este tipo de alianzas. Un estudio realizado recientemente en La Habana, corroboró que a pesar de que el actual Código del Trabajo ratifica el derecho a la libre asociación de los trabajadores/ as en sindicatos que defiendan y representen sus intereses, siempre que estos se establezcan“de conformidad con los principios unitarios fundacionales”(Artículo 13 del Código de Trabajo en ANPP, 2014: 455, citado por Romero, 2016), son pocas las trabajadoras cuidadoras y/o domésticas afiliadas. Entre los argumentos que emiten para explicar su no integración aparecen los siguientes: no tengo tiempo para ello(5), no me interesa(3), experiencias sindicales anteriores no me motivan a insertarme en esa organización nuevamente(2) o no le veo sentido(2). Aunque este no fue un juicio emitido por las trabajadoras entrevistadas, otra limitante que tendrían quienes se dedican al cuidado o al trabajo doméstico en el sector cuentapropista para afiliarse es que probablemente pertenecerían a las mismas organizaciones sindicales de base que sus empleadores/ as. Las secciones sindicales de base se agrupan por centro de trabajo o sector, y no en función de la actividad que desarrollan sus integrantes. Este hecho puede conducir a reuniones contraproducentes en las que ellas/ellos(como cuidadoras/es o personal doméstico) no encuentren un espacio para plantear las problemáticas que las afectan, lo cual entorpece el disfrute de sus derechos. Este resulta un elemento que incide negativamente, de igual modo, en la firma de Convenios Colectivos de Trabajo en el sector no estatal, con repercusión en la regulación de los compromisos entre los empleadores y quienes trabajan, un derecho que les asiste según el artículo 14, inciso d., del citado Código. Esta es una de las problemáticas más serias que atraviesa este colectivo y afecta seriamente las posibilidades de lograr condiciones de trabajo dignas para todas las personas que se dedican a este ejercicio. De hecho, el sindicato es una de las entidades encargadas de velar y exigir el cumplimiento de las normas establecidas, referentes a la seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la ley, y los empleadores están obligados a proporcionar a los inspectores sindicales las informaciones y facilidades que requieran para el mejor desarrollo de su gestión(Artículo 19 del Código de Trabajo). 5. A MODO DE CONCLUSIÓN: PRINCIPALES DEBATES Y RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA SOBRE EL DERECHO AL CUIDADO Hoy parece más cercano el día en que cada país cuente con un Sistema Nacional de Cuidados basado en los principios de equidad y corresponsabilidad. Cuba tiene avances importantes en este sentido, no solo por la presencia de voluntad política para promover la equidad social y de género, sino por la existencia de proyectos y especialistas en centros de investigación y universidades con intereses de apoyar en este sentido. Las alianzas establecidas en el último quinquenio entre la Academia cubana y funcionarios/as de diversos Ministerios que laboran en la implementación del Paquete de Medidas para la atención a la dinámica demográfica ha sido crucial y se espera una mayor consolidación de las mismas para el próximo periodo. En esta agenda se defienden como prioridades: el reconocimiento del cuidado como un trabajo de alto valor social y económico; la reorganización del sistema de cuidados y la necesidad de redistribuir el cuidado al interior de las familias. Tomando como principios de referencia: • Enfoque de género, derechos y de curso de vida • Integralidad del sistema de cuidados y de la atención • Corresponsabilidad 16

A MODO DE CONCLUSIÓN: PRINCIPALES DEBATES Y RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA SOBRE EL DERECHO AL CUIDADO • Articulación • Sostenibilidad • Equidad social • Relación economía y cuidado/ Economía de cuidado (Valoración del aporte socio económico del cuidado, costo de cuidado, impacto económico, oportunidades económicas del cuidado) • Cultura de cuidado Para esta labor, se considera necesario tomar como referencia los resultados de los estudios que sobre cuidados se han desarrollado en el país, las cuales constituyen útiles insumos para monitorear o evaluar las políticas nacionales que tributan a los cuidados y las realidades de quienes asumen este rol(de forma remunerada o no). Este tipo de abordajes ha ido en aumento en la última década. Un estudio concluido recientemente contabilizó 247 publicaciones en este campo del conocimiento(Romero, Echevarría y Proveyer, 2020). Destaca como un hecho de especial trascendencia, la celebración en Febrero del presente año del I Taller Nacional de Estudios sobre el Cuidado, un espacio que permitió el diálogo e intercambio entre especialistas de las tres regiones del país y sentó las bases para la consolidación de la Red Nacional de Estudios sobre el Cuidado. –– Construir un sistema de indicadores que permitan medir de manera permanente lo avances y desafíos respecto a la implementación de las políticas que tributan al cuidado de la vida. –– La creación de mecanismos para incentivar la formalización del servicio de cuidado que un grupo considerable de mujeres brindan hoy en el mercado informal, téngase en cuenta la pertinencia de este hecho para garantizar que estas puedan disfrutar de los derechos y prestaciones de la Seguridad Social. –– La adopción de estrategias para mejorar los servicios de cuidado(institucionalizados o no) integrando tanto a las personas cuidadas como a las que desempeñan la labor de cuidar. –– La transformación de la posición y condición de las mujeres en las cadenas de cuidado teniendo en cuenta: aspectos de corte cultural que establecen que el cuidado de personas dependientes es un asunto de la familia y en especial de las mujeres y las dificultades para la movilidad que muchas veces impone tanto a la persona con discapacidad como a quien lo cuida, la enfermedad o el proceso degenerativo que padece. Tras este encuentro y el análisis realizado por las autoras de este trabajo, se identifican cuestiones trascendentales para impulsar una mayor corresponsabilidad con los cuidado en Cuba, así como la existencia futura de un Sistema Nacional de Cuidados los siguientes aspectos: –– La revisión exhaustiva de las políticas de cuidado desde un enfoque de género y de familia, lo que conllevaría a un análisis particular de sus diseños en aras de identificar los vacíos que se sustentan y tributan a la reproducción de la división sexual del trabajo. Este ejercicio conllevaría a la reflexión respecto a las buenas prácticas existentes en Cuba y a la creación de nuevas estrategias para potenciar los procesos de desfamiliarización y desfeminización del cuidado. –– El análisis de la organización social de los cuidados en aras de alcanzar una mejor orientación de la política social con vistas a establecer la corresponsabilidad respecto al cuidado de la vida como principio explícito que rija el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en un aspecto central del modelo de desarrollo nacional. –– El establecimiento de una mayor articulación entre El Estado –la Familia– el Mercado y la Comunidad para el despliegue de experiencias multiactorales e intersectoriales que garanticen no sólo el aprovechamiento máximo de recursos y experiencias acumuladas, sino la atención integral de las personas cuidado-dependientes. –– El estudio de las desigualdades estructurales que rigen la provisión y recepción(o la ausencia) de cuidados en el país(Romero, Echevarría y Díaz, 2019). Lograr un mayor balance en el diseño de estrategias para grupos cuidado-dependientes, que no entran en la categoría de adultos mayores. –– Definir en el Plan de la Economía y en el Presupuesto del Estado, los recursos necesarios para enfrentar la elevada demanda de cuidados. –– Aumentar el número de instituciones estatales para el cuidado de las personas dependientes, ofreciendo un servicio de calidad y acorde con el salario medio de la población. –– Implementar estrategias para la sensibilización en género de los hombres y garantizar su mayor inserción y responsabilización con este tipo de tareas. –– Promover una política de mayor protección a las personas que cuidan la vida(de forma remunerada o no) y/o se dedican al trabajo doméstico en el país, que favorezca su participación social y el disfrute de sus derechos y garantías. En resumen, democratizar los cuidados y la reproducción de la vida pasa necesariamente por una vuelta a la estatalización de los regímenes de cuidado; bajo un prisma que defiende el enfoque de equidad de género, la corresponsabilidad social y la necesaria articulación entre actores y actrices proveedores/as. Por último, referir uno de los principios más importantes a tener en cuenta: todas y todos somos objeto de cuidados a lo largo del curso de nuestras vidas, al tiempo que debemos tener como principio ético y valor asumido, la responsabilidad que ostentamos con el cuidado de la vida de los otros / las otras, sean o no seres cercanos. Ahí radica la esencia del verdadero progreso, en comprender la centralidad de cuidar la vida y de ponerla en el centro de todo modelo económico, político y social, si se pretende avanzar hacia el desarrollo humano sostenible. ​ 17

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PIE DE IMPRENTA ACERCA DE LOS AUTORES PIE DE IMPRENTA Magela Romero Almodóvar, Graduada de Sociología (2005) y de Derecho(2010), Máster en Estudios de Género (2009), Máster en Sociología(2010) y Doctora en Ciencias Sociológicas(2017). Labora como Profesora Titular del Departamento de Sociología en la Universidad de la Habana desde el 2005, donde coordina el Programa de Maestría en Sociología. En la promoción de la equidad de género ha coordinado, laborado o sido consultora en más de 15 proyectos de desarrollo, tanto nacionales como internacionales. Ha sido compiladora de varios textos feministas y cuenta con más de 70 artículos científicos destinados al abordaje de las inequidades de género en la realidad cubana e internacional. Se ha especializado en el abordaje de problemáticas relativas al mundo del Trabajo, la Violencia de Género, los Cuidados y la transversalización del enfoque de equidad de género en los procesos de Desarrollo. Forma parte de los Grupos de Trabajo de CLACSO“Feminismos, resistencias y emancipación” y“Género,(des)igualdades y derechos en tensión”; además integra el equipo docente del Curso Internacional “Políticas públicas, Justicia y autonomía de las mujeres en América Latina” que se coordina de igual modo desde esta institución. Fundación Friedrich Ebert Edificio Plaza JR, Piso 8 Av.Tiradentes esq. Roberto Pastoriza Santo Domingo www.fescaribe.org Responsable Yesko Quiroga Director FES República Dominicana Tel. 809-221-8261 El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Ana Danay Rodríguez Moya, Graduada de Psicología (2013), Máster en Sexología y Sociedad(2018). Se desempeña como investigadora en el Grupo Estructura Social y Desigualdades del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas desde el 2014. Actualmente cursa la Especialización de CLACSO“Políticas Públicas y Justicia de Género”. Ha estudiado y escrito sobre temáticas vinculadas a las desigualdades sociales: la pobreza, el cuidado y la reproducción de inequidades de género en el sistema educativo. Además, ha diseñado e implementado herramientas orientadas a la transformación de dichas problemáticas, entre ellas: programas de capacitación y talleres de sensibilización dirigidos a funcionarias/os públicos. Actualmente se encuentra trabajando en el Programa Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación:“Promoción de la equidad a escala local-comunitaria, a través de la evaluación participativa de la política social”. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung o de la organización para la que trabajan el y la autor-a. Esta publicación ha sido impresa en papel fabricado bajo los criterios de una gestión forestal sostenible. ISBN: 978-9945-9267-2-9

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS EN CUBA Análisis en clave de género para una ruta con equidad social. El cuidado de la vida es un derecho y un deber ciudadano alrededor del cual ha de organizarse el sistema socioeconómico. Entenderlo como un asunto público resulta urgente para poder garantizar una sociedad justa, con iguales posibilidades de desarrollo para todas/os. La Agenda 2030 resalta la importancia de este tema. Los indicadores sociodemográficos del contexto cubano actual, las investigaciones sociales, el comportamiento del mercado laboral y más recientemente, el impacto de la pandemia por Covid 19 han profundizado las brechas de equidad relacionadas con la desigual distribución de las tareas de cuidado, con peores repercusiones para las mujeres. Cuba ha logrado importantes adelantos en la promoción de equidad social y ha sido pionera en el diseño de políticas para el cuidado corresponsable. Sin embargo, hoy presenta un panorama complejo que supone grandes desafíos para alcanzar mayor corresponsabilidad al respecto y avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.