perspectivas N°9-2019 fesamericacentral.org Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica: La experiencia práctica de la Fundación Neotrópica Bernardo Aguilar González/ Fernando Mora Rodríguez Noviembre 2019 El espacio ambiental en el que hoy se encuentra la Reserva Forestal Golfo Dulce ha sido testigo de diversos conflictos y procesos socioambientales, los cuales permiten reflexionar acerca de su uso y el manejo efectivo y justo. La historia desarrollada en el territorio peninsular permite explicar los contrapuntos de la conflictividad socioambiental, así como destacar los desencuentros entre actores sociales, las dinámicas de poder en el territorio y los procesos inequitativos a falta de una adecuada gobernanza del espacio ambiental. El manejo del espacio ambiental debe permitir el acceso equitativo y justo, para romper con las inequidades en términos de apropiación del territorio y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica Los territorios son espacios socialmente construidos Los territorios son espacios socialmente construidos, donde los acuerdos y desacuerdos de los actores permiten el desarrollo de fenómenos que darán paso a su consolidación como lugar o hito geográfico. Esta construcción social del territorio será definida por el desarrollo histórico. La península de Osa destaca por ser uno de los puntos de mayor riqueza en biodiversidad del país, la cual incluye activos naturales destacados a nivel global como únicos y, por ello, como un espacio de interés para diferentes alianzas y grupos interesados por el aprovechamiento de los recursos naturales, presentes a lo largo del tiempo. Esta situación ha provocado, en diferentes períodos históricos, procesos de conflictividad socioambiental, los cuales han sido determinantes en el acceso al espacio ambiental y en el tejido social que han dado paso a acciones emprendidas en la región, para lograr decisiones en materia de conservación y usos del patrimonio natural. La consolidación de las Áreas Silvestres Protegidas, sin duda, representa uno de los casos históricamente conocidos de conflictividad socioambiental. Específicamente el caso de la Reserva Forestal Golfo Dulce(RFGD), la cual fue constituida con el fin de crear un área de amortiguamiento que protegiera el Parque Nacional Corcovado, uno de los más emblemáticos en Costa Rica, creado a fines de los años 70 en el siglo pasado. La región se caracteriza por indicadores bajos en términos de desarrollo humano, de modo que ubica 12 conglomerados de pobreza en la región Brunca y específicamente en la península(Sánchez y Trejos, 2014). Esta situación ha contribuido a imposibilitar históricamente la armonización de los intereses de la conservación y el desarrollo en esta región del país(Aguilar et al., 2013; Schwartz, 2015). Pese a tal situación, los conflictos socioecológicos se documentan desde hace pocos años a nivel regional, en América Central. El concepto de“conflicto” utilizado coincide con lo que MartínezAlier llama“conflictos ecológico-distributivos” (CED). Se refiere a ellos como las luchas sobre los efectos de la contaminación u otros sacrificios que se hacen para extraer recursos, que se originan en las inequidades de la distribución del espacio ambiental, en el poder, la titularidad, el uso, y los ingresos económicos por parte de actores sociales(Martínez-Alier, 2004; Walter, 2009; Aguilar-González et al., 2018). En este aspecto, la conflictividad resulta en un factor que agrava las relaciones sociales entre sectores y actores, en este caso, son de especial interés aquellos dedicados a la conservación y a actividades de uso y extracción de recursos naturales. Lo que pone en evidencia la necesidad de acciones en el marco de la buena gobernanza de los recursos naturales, resulta necesario atender un elemento de alta relevancia, que destaca en el recuento histórico derivado del uso del espacio, el territorio y el paisaje, así como el desafío de garantizar el acceso inclusivo al paisaje y su espacio ambiental. En este artículo, se ofrece un recuento geohistórico y sociopolítico de las dinámicas en el espacio ambiental peninsular, conformado, conformado en este caso por la RFGD. Además, se reflexiona sobre los procesos sociales y productivos, que dan lugar a la evolución de su espacio y acceso, asimismo, se medita sobre sobre el manejo del territorio y la necesidad de lograr una gestión efectiva y justa y justo del espacio ambiental. Desarrollo histórico-territorial y conflictividad socioambiental en la re gión de Osa La época Precolombina y los primeros colonos La zona del Delta del Diquís(Térraba-Sierpe), así como las actuales llanuras aluviales de Coto y Palmar, se poblaron en tres períodos desde alrededor del año 1500 a.C.(Corrales y Badilla, 2005). Se dio una recurrencia de explosiones demográficas directamente relacionadas con el uso de los recursos naturales. En el año 1000 d.C la zona atraviesa una explosión demográfica que inicia el asentamiento de grandes aldeas y un uso intensivo del humedal, del mar y del suelo. Se tienen evidencias de este tipo de actividad hasta la llegada de los españoles(Borge y Herrera, 2006). 2

Bernardo Aguilar González /Fernando Mora Rodríguez Posteriormente, y con la llegada de los españoles, Barrantes(2005 y 2008) indica que la región aledaña al Golfo Dulce se convirtió en área de refugio durante la colonia. Para 1864, se calcula que hubo 287 pobladores en la localidad de Golfo Dulce. Para 1883, el censo la estima en 392; para 1892, 523; para 1904, 681; y para 1916, 808. Estos últimos censos solo son indiciarios en tanto no existe clasificación étnica de los pobladores. Para 1927, se señala que las poblaciones de la península tienen altos porcentajes de pobladores indígenas(50% o más)(Barrantes, 2005; Barrantes, 2008). Entre 1920 y 1940, se ubica la migración de los pueblos Ngöbe a la península de Osa(Boza, 2005). El establecimiento de grupos culturales, no indígenas, da inicio a un proceso histórico de conflicto socioecológico, que evidencia una serie de condiciones producto del proceso de desposesión y posesión de tierras. En esta lógica, el espacio ambiental y el sentido de arraigo, identidad y pertenencia son esenciales, ya que serán los elementos de necesaria atención para estudiar los procesos de los diferentes grupos de interés presentes en este territorio. Luego de varios proyectos fallidos de colonización agrícola en el siglo XIX, los primeros colonizadores no indígenas con permanencia son de origen predominantemente chiricano, en sistemas de producción ganadera y agrícola a pequeña escala(Aguilar et al., 2013). La llegada de las compañías transnacionales, la orería y los ocupantes campesinos Los años 30, del siglo anterior, se caracterizan por tener indicios del interés de la Osa Productos Forestales(OPF) en el territorio peninsular. Para 1933, el registro identifica un aserradero en Playa Blanca, propiedad de Fernando Castro Barrantes, quien tituló 14 000 hectáreas en la llanura de Corcovado, y quien además perteneció a los predecesores de la United Fruit Company que compraban y acaparaban tierras mediante la Golfo Dulce Land Company(Stephens, 2008; Aguilar et al., 2013). Figura 1- Antigua Draga de la OPF en el Centro de la Fundación Neotrópica en el Centro de Estudios y Empoderamiento Comunal Álvaro Wille, Agua Buena, Rincón de Osa Fuente: Fundación Neotrópica. Desde los años veinte, la United Fruit Company (UFCo) entró en un proceso de concentración de tierras entre la ribera del Golfo Dulce y la desembocadura del río Grande de Térraba(Barrantes, 2005). A finales de la década de los treinta la UFCo establece sus actividades productivas basadas en el monocultivo intensivo del banano en la zona Sur, con significativos cambios en el uso del suelo. La presión sobre los recursos naturales estuvo, asimismo, afectada por una característica propia de la organización empresarial de la actividad bananera dirigida por la UFCo: la inestabilidad laboral y la generación de una población flotante (Aguilar et al., 2013). La inestabilidad laboral, las huelgas y la reducción de la mano de obra por la introducción de cambios tecnológicos en la producción y por la pérdida de rentabilidad en la actividad, ocasionaron el movimiento interno de una población flotante. Esta tenía concepciones éticas y estéticas del desarrollo y estaba acostumbrada a prácticas productivas diversas, de acuerdo a sus culturas de origen (Borge& Herrera, 2006), lo cual los llevó a una utilización no sostenible del espacio ambiental y de los recursos naturales presentes en el territorio, lo que resultó en el impacto sobre los ecosistemas y sus servicios, y en el establecimiento de conflictos con los pobladores. Desde la perspectiva de sus costos biofísicos y ecológicos, el sistema tradicional de la actividad bananera ha sido caracterizado como intensivo y de alto impacto. Caracterización típica de las actividades de plantación en esta época, donde se presenta en esta zona lo que Fallas Baldi(1993) llama la segunda ruptura con la naturaleza(Agui3

Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica lar, 1994; Hernández et al., 2000). La zona provee la capacidad de carga de sus suelos y es utilizada intensivamente con el fin de lograr patrones de exportación a gran escala, que configuran un cuadro de deuda ecológica con un proceso de comercio ecológicamente desigual(MartínezAlier, 2011). Este proceso implica la apropiación inequitativa del espacio ambiental, en tanto se da un intercambio y exportación neta de la capacidad de carga de estos ecosistemas a cambio de ingresos exiguos para el país exportador y acumulación de la ganancia crematística/monetaria en el país sede de la compañía transnacional, que produce y comercializa. La llegada de las organizaciones científi cas y ambientalistas, el inicio de la conflictividad ambiental y la creación del PNC y la RFGD La década que inicia en 1970 es testigo de la creación del Parque Nacional Corcovado, y la Reserva Forestal Golfo Dulce, ambas en la península. Espacio desde donde se configura un proceso de ciclos de conflictividad y conciliación entre los actores y organizaciones que desarrollan actividades productivas y aquellas dedicadas a la conservación, lo cual colocó, además, otro elemento al mosaico territorial es la protección de la naturaleza(Aguilar et al., 2013). Existen antecedentes históricos de visitas de expediciones científicas a la región. El científico suizo Henry Pittier visitó Osa con su colega Adolfo Tonduz en la década de 1890 ellos señalaron que esta remota zona podría convertirse en territorio de interés de investigaciones científicas o de agroexportación en un ambiente político, en el cual los liberales daban fuerte bienvenida a la ciencia, la educación y el comercio(Christen, 2008). Antecedentes más recientes de actividades de conservacionistas sitúan, según Christen(1994), un acuerdo entre la OPF y los científicos del Centro Científico Tropical(CCT) para establecer una estación de campo en sus tierras por un precio simbólico de alquiler en dos hectáreas. Esta se estableció, según lo relatan Leslie Holdridge y Joseph Tosi(en aquel momento, 1962, profesores del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), en Agua Buena de Rincón de Osa, junto a la pista de aterrizaje de la OPF. La OPF esperaba beneficiarse de este trabajo, en tanto Holdridge ya trabajaba en un inventario forestal para ellos. El gerente de OPF, Alvin Wright, visualizaba el manejo selectivo introduciendo especies comerciales(Cedrela odorata, Carapa guianensis) para mantener un rendimiento forestal estable. Cerca del inicio de la década de los ochenta, se constituye la Reserva Forestal, esto sumado a su manejo posterior, dan como resultado procesos críticos para el manejo de la conflictividad en la región, y, además, adicionado el intento de crear un ASP de amortiguamiento alrededor del PNC (creado en 1975), en el área donde muchos de los finqueros fueron reubicados. Estos finqueros eran una mezcla de los antiguos residentes de origen chiricano, población de alguna manera relacionada con la actividad bananera en la región y migrantes de otros lugares del país(Guanacaste, Pérez Zeledón, etc.). El reto de establecer actividades productivas sostenibles de base social quedó planteado desde entonces en un área con un alto porcentaje de propiedad privada o en transición entre pública y privada no solo como condición de supervivencia de la RFGD, sino como condición esencial para la viabilidad del PNC en razón de su importancia bioregional(Ankersen et al., 2006; Aguilar et al., 2013). La creación del PNC resulta de un proceso de contraposición y contraste de intereses entre tres grupos: 1) una alianza desarrollista que apoya la inversión extranjera y agrupa compañías de capital nacional y transnacional en asocio con algunos sectores de gobierno; 2) una alianza conservacionista integrada por científicos nacionales e internacionales y ONG técnicas con el apoyo de donantes internacionales y del gobierno central; y 3) una alianza social compuesta por colonizadores campesinos, sectores políticos asociados a la izquierda del país e instituciones de reforma agraria del Estado. Entre ellos se dilucida el disfrute del espacio ambiental en esta época(Evans, 1999; van den Hombergh, 1999). Cabe resaltar que la orería, la tala ilegal y la cacería furtiva se han mantenido como amenazas en oleadas en la RFGD y el PNC a través de los años. 4

Bernardo Aguilar González /Fernando Mora Rodríguez Esfuerzos desde la sociedad civil por la conciliación de los conflictos por el espa cio ambiental mediante la promoción de actividades productivas sostenibles Es importante señalar, en este apartado, que los usos forestales se presentan como la alternativa inicial y lógica en la reserva forestal. Entre las primeras iniciativas, en el marco de la conciliación de promoción de actividades sostenibles en la RFGD, se encuentra el proyecto BOSCOSA, liderado por la Fundación Neotrópica(FN), iniciativa que comenzó en 1987, y se constituyó como el primer proyecto del programa forestal tropical del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF). Se planteó dentro del cuadro conflictivo con el que llega la península a mediados de los años 80, ante el incumplimiento de las promesas de implementación de proyectos de desarrollo en beneficio comunal, que acompañaron la creación de las áreas protegidas(PNC y RFGD) y la declaratoria de emergencia para expulsar a los oreros a mediados de los 80(Aguilar et al., 2013). Figura 2- Sede del Proyecto Boscosa(circa 1990), hoy día en el Centro Álvaro Wille de la Fundación Neotrópica, Agua Buena de Rincón de Osa Fuente: Fundación Neotrópica. Se suscribió un contrato con la compañía como parte de los Programas de Desarrollo Rural Integral para la región sur del país, con el fin de sembrar 24 000 hectáreas de melina y se concedió a la empresa el Régimen de Zona Franca. Su intención era, además, construir un complejo industrial para el procesamiento de astillas de madera que iban ser utilizadas en la producción de papel, y un muelle con capacidad para recibir buques de hasta 70 000 toneladas, para exportar las astillas. Dicho complejo iba a ser edificado en el corazón del Golfo Dulce y se preveía que iba a ocasionar impactos ambientales drásticos. Asimismo, la siembra de melina generó conflictos sociales y ambientales, como denuncias por drenados de humedales, por siembras en la zona marítimo terrestre, talas en zonas protectoras, siembras en terrenos de aptitud agrícola, entre otras(van den Hombergh, 1999; Sierra et al., 2003; Sierra et al., 2006). La Ston se convirtió en la cabeza de la alianza desarrollista. La alianza conservacionista fue encabezada exitosamente por la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). La campaña que lideraron se extendió entre 1992 y 1994, e incluyó La alianza de grupos locales, de mujeres y estudiantiles. La FN renuente en principio a participar en el conflicto, dado su perfil, más estrictamente técnico en aquel momento, y al potencial efecto de tomar una posición ante sus cooperantes tuvo un papel influyente, ya que su pronunciamiento criticó los fundamentos técnicos del estudio de impacto ambiental que respaldaba el proyecto. Así, formó parte de la coalición que encabezó AECO. También, se atrajo el apoyo de ciertas ONG internacionales como Greenpeace y Rainforest Action Network. Por su parte, el cambio de administración política influyó decisivamente en poner en práctica ciertas soluciones al conflicto(administración Figueres Olsen, 1994 1998). No se le otorgó a la Ston autorización oficial para instalar un muelle en el sitio propuesto originalmente. Tampoco tuvo autorización para construir una planta productora de astillas. La empresa no llevó a cabo su plan de plantaciones tal como lo tenía proyectado(en 1995 se reportaban casi 13 000 ha sembradas con melina, de las 24 000 propuestas)(van den Hombergh, 1999; Sierra et al., 2003; Sierra et al., 2006). Para principios de los 90, el diagnóstico para un, para la RFGD, identificó que el 40% del área de la RFGD se encontraba en usos agrícolas, una tercera parte constituía ganadería concentrada en Mogos y cercanías de Jiménez. También, se registró que el 31,5% de los agricultores valoraba la calidad del suelo como de malos rendimientos, lo que coincide con las características agroecológicas de los suelos dentro de la RFGD, especialmente en las zonas altas con pendientes elevadas y condiciones edafológicas deficientes, con condiciones limitadas para la agricultura y ganadería. 5

Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica La zona de mejores condiciones agrícolas es el Valle de Rancho Quemado, donde se producía entonces maíz y frijol. Asimismo, Mogos y la cercanía de Puerto Jiménez concentraban la producción de arroz, que en esa época era mayormente de autoconsumo y sin uso de insumos químicos. El cacao ya había decaído para esta época. La ganadería se expandía dados los ingresos e incentivos crediticios que se otorgaban. Tres cuartas partes de los productores poseían fincas de 25 hectáreas o menos. El grupo FINCA y el Banco Nacional se destacaron en la provisión de crédito para la ganadería y el arroz. Junto a la ganadería, la cría de cerdos y aves era también común en ese momento(Jones& Castro, 1991). Hemos visto antes que el turismo educativo llegó a la península desde los años sesenta(estudiantes e investigadores) y representó un fuerte punto de apoyo para la alianza conservacionista y el establecimiento del PNC y la RFGD(Evans, 1999; Vaughan, 2012). Sierra, Vartanián y Polimeni (2003), recuerdan que en la década de los cincuenta inversores extranjeros adquirieron tierras en zonas costeras de lo que hoy es ACOSA, con fines de desarrollo turístico o especulación inmobiliaria. En el caso del turismo, se debe indicar que, desde hace casi dos décadas, el estudio de JICA(2001), señaló actividades que amenazan la actividad y degradan los atractivos naturales, los cuales son la base del turismo en la región: • Conversión de bosques en pastos y agricultura, lo que ha degradado los ecosistemas marinos; • Cacería dentro y fuera de áreas protegidas, lo que reduce la vida silvestre; • Contaminación del Golfo Dulce y otras zonas marinas con sedimentos, agroquímicos y aguas servidas domésticas, que han destruido corales y son fuerte amenaza para los mamíferos marinos; • Extracción de arena y grava para la construcción e invasión de hábitats estuarinos para acuacultura y agricultura, que generan erosión de playas y aumento de cargas sedimentarias; • Explotación destructiva e ilegal de peces y otros recursos marinos(captura con redes en manglares, red de arrastre de camarones cerca de la costa) y la pesca con artes prohibidas y sin respetar la normativa vigente; • Potenciales impactos del turismo a gran escala y sin adecuada planificación, dada la fragilidad de los recursos de la zona(JICA, 2001). Sin lugar a duda, estos elementos del espacio ambiental son de alto interés para mantener el equilibrio entre las actividades humanas ligadas al turismo y otras actividades, y la naturaleza. Sin embargo, las diferentes presiones, intereses y patrones de producción y consumo insostenible llevan a un impacto severo del ambiente y con ello al establecimiento de conflictos socioambientales. Un estudio de la conflictividad en la región planteó hace más de una década un estado de estancamiento en razón de la incapacidad del Estado de responder ante las exigencias de los grupos campesinos que demandan equidad en las cargas de la conservación y los beneficios de posibilidades de desarrollo. Asimismo, reclaman la seguridad jurídica en su tenencia y alternativas productivas sostenibles que fueran asequibles. Otra premisa del estudio es que las ONG y la empresa privada se perciben como fuerzas externas, que en realidad no responden a los intereses de los pobladores locales(Franceschi, 2006). La situación descrita no es exclusiva de la RFGD. Es un problema común en las áreas de manejo y propiedad mixta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, desde finales de la primera década del siglo XXI, y que cubren prácticamente la mitad de todo el sistema de áreas protegidas. Este cuadro es reforzado por los dictámenes de la Procuraduría General de la República quien equipara el concepto de patrimonio natural del Estado en todos los modelos de áreas silvestres protegidas y cierran las posibilidades jurídicas, de modo que limita las posibilidades de resolución al desarrollo de los planes de manejo de área protegida, los cuales requieren, para su creación, de la efectiva activación de las instancias participativas creadas por la Ley de Biodiversidad en 1998. Este complejo proceso ha llevado tiempo en su implementación y ha provocado un congelamiento que mantiene la conflictividad viva o latente y a una inmovilización en la implementación de potenciales cambios en el acceso al espacio ambiental de la RFGD que lo hagan más justo. 6

Bernardo Aguilar González /Fernando Mora Rodríguez Es importante señalar que, desde el año 2008, se da un proceso de reenfoque por parte de las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otras instancias, lo cual ha permitido un proceso de empoderamiento de las organizaciones de base, locales y de la promoción de actividades económicas o productivas desde el enfoque sostenible. Desde el Centro de Estudios y Empoderamiento Comunal de la Fundación Neotrópica, con el apoyo de varios cooperantes del sector de la cooperación nacional, internacional y privada, se han desarrollado programas para la promoción del Turismo Rural Comunitario(TRC) que han incluido trabajo de capacitación con guías naturalistas locales, con comunidades indígenas y con emprendimientos turísticos locales. Se registran iniciativas en la promoción de sistemas silvopastoriles y la iniciativa de la Universidad de Stanford, INOGO, que en asocio con la FN realizó una identificación participativa de potenciales mejores prácticas y actividades productivas sostenibles en concordancia con el proyecto de Plan de Manejo y su reglamento de usos, identificando un importante número de actividades como viables desde la perspectiva económica, legal, social, cultural y ambiental(Aguilar et al., 2013). La reorientación del trabajo de las ONG en esta dirección, si se implementan las medidas normativas necesarias como es el caso del Plan de Manejo, sugiere que se está logrando una democratización del acceso al espacio ambiental y una reconciliación entre los diferentes actores sociales que tenían posiciones antagónicas. El modelo de conservación comunitaria,“con la gente”, da muestras de fortalecimiento en términos de la construcción de redes de confianza y trabajo conjunto, paso que luce esencial para la democratización del espacio ambiental(GuerreroRodríguez, 2016; Borge y Esquivel, 2017). Un interesante ejemplo reciente lo constituye el Arboretum Dr. Luis Poveda, establecido mediante el esfuerzo conjunto de la RFGD, las comunidades de la reserva y la Fundación Neotrópica, con el fin de que sea utilizado como atracción recreativa y como una herramienta educativa comunal. Figura 3- Entrada del Arboretum Dr. Luis Poveda, esfuerzo conjunto de la RFGD, grupos comunitarios y la Fundación Neotrópica con fondos del Primer Canje de Deuda por Naturaleza(2015-2017) Fuente: Fundación Neotrópica. La experiencia comunitaria con los recursos marino-costeros El proceso de evolución de la conflictividad socio ecológica, en el territorio peninsular, no había hecho visible el componente marino-costero; sin embargo, este es un elemento de interés a ser incluido dentro de esta perspectiva, de manera que puedan considerarse aquellas áreas de atención especial, las zonas de manglares del Golfo Dulce, donde, parece importante mencionar que, es de utilidad para la implementación del plan de manejo el considerar también estas alternativas como importantes a la hora de comprender el efecto del trabajo desde la sociedad civil, para efectos de democratizar el espacio ambiental. Diversos diagnósticos han documentado la especial significancia y los riesgos por degradación de las zonas de humedales costeros de ACOSA. Tales como el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, el cual es el más importante en términos de extensión en la costa Pacífica costarricense y los manglares del Golfo Dulce, los cuales juegan un importante papel ecológico y de conectividad, como sitios de crianza de diversas especies y proveedores de servicios ecosistémicos(Sierra et al., 2003; González& Herrera, 2010; Aguilar et al., 2013; Chinchilla, 2019). La capacidad de fijación de carbono de estos ecosistemas ha hecho que diversas organizaciones no gubernamentales 7

Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica internacionales y oficinas de cooperación los destaquen, con el fin de instrumentar la posibilidad de venta de licencias negociables por las toneladas fijadas. Es en esta zona donde la experiencia de varios proyectos y programas de apoyo de parte de la empresa privada han permitido, desde el año 2010, el desarrollo del Programa de Carbono Azul Comunitario de la FN. Este ha desarrollado una relación de colaboración con varios países en un esfuerzo por compartir mejores prácticas de restauración, a la par de procesos de construcción de redes de tejido social con organizaciones de pescadores, piangüeros y otros(ASOPEZ, APREMAA, APIAPU, entre otros). Dentro de este proceso, se ha planteado también el desarrollo de actividades productivas sostenibles legales junto a los procesos de conservación del manglar. Entre estas están actividades de extracción y manejo sostenible de moluscos, turismo de humedales, apicultura y otras. El programa, asimismo, realiza labores de educación ambiental con las escuelas de la región. Gracias al apoyo de cooperantes holandeses, suizos y franceses, con el apoyo de empresas con marcas como Ford, Volkswagen, Praxair-United Way, Davines y otras, se ha logrado el mantenimiento del programa por casi una década(Sepúlveda& Aguilar-González, Figura 4-Visita de la bióloga beninesa Claudia Amegankpoe a los sitios del Proyecto Mangle-Benín en Costa Rica, Playa Colibrí, Golfo Dulce, ejecutado en aso cio entre ASOPEZ, la ONG beninesa ECO ECOLO y la Fundación Neotrópica(20092010). Fuente. Fundación Neotrópica. 2015; Aguilar González& Cerdán, 2016; Soto, 2017). El resultado más importante lo constituyen las redes de confianza y el acceso efectivo a los beneficios de este espacio ambiental por parte de los grupos comunitarios(Sattler et al., 2016; Schröter et al., 2018; Schröter et al., 2018). Figura 5- Asociadas de ASOPEZ lideran tours educativos en el Día del Manglar, Playa Blanca, Golfo Dulce, 2019. Fuente: Fundación Neotrópica. El problema de la conflictividad socioam biental en la gobernanza del espacio ambiental Las experiencias, hitos y hechos que son parte de este recuento histórico permiten construir una lectura de lo vivido en el territorio peninsular, lo cual permite observar una serie de contrapuntos que han llevado a la conflictividad socioambiental. Destacando los desencuentros entre actores sociales, las dinámicas de poder en el territorio y los procesos inequitativos por falta de una adecuada gobernanza del espacio ambiental. Toma importancia, entonces, la necesidad de incluir dentro de este territorio la atención urgente de la conflictividad y las dinámicas socioambientales, de manera que se puedan resolver los puntos de desencuentro por medio de instrumentos de gobernanza, rescatando las voces y permitiendo, por un lado, la participación activa de los grupos vulnerabilizados y, por el otro, el derecho al acceso del espacio ambiental. Es decir, incluir el concepto de equidad dentro de las dinámicas territoriales, de modo que la gestión del territorio y de su espacio ambiental pueda tomar el equilibrio adecuado. 8

Bernardo Aguilar González /Fernando Mora Rodríguez Los procesos por la utilización y la conservación de los recursos naturales han llevado a la península a ser lo que es hoy: un mosaico de usos y actividades socioeconómicas que caracterizan a la población que vive sobre el espacio. Esta conceptualización nos lleva a un punto determinante al examinar las relaciones socioespaciales a lo largo del tiempo en las que se ha desarrollado el territorio peninsular, y en el cual destacan elementos de extracción no sostenible y de impacto negativo considerable. Resulta necesario, que este análisis, en retrospectiva, permita la introducción de procesos asociados a cambios transformativos como alternativas a las actividades productivas sostenibles, que no limiten el espacio ambiental y que permitan en esta esfera el acceso inclusivo y el disfrute de los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos, surge la necesidad de la orientación socioecológica que permita, además, que ese disfrute se enmarque dentro de una distribución justa y equitativa, de manera que garantice, el equilibrio real del sistema como un todo, y el bienestar de los actores involucrados. Por ello, la necesidad de incorporar nuevas variables al proceso es conveniente, no solamente que implique el establecimiento de mecanismos de gobernanza inclusiva, integrando a sectores sociales que han sido menos tomados en cuenta o desplazados. Sino también, debe incluir también la equidad y la justicia ambiental como valores de alta importancia para el trabajo por un territorio social y ambientalmente inclusivo, sostenible, bajo una transformación que permita el acceso del espacio ambiental para todas las personas. Las instancias participativas establecidas dentro de la Ley de Biodiversidad deben ser implementadas en toda su extensión. El Consejo Regional de Área de Conservación Osa debe constituirse en un lugar de verdadera democratización del espacio ambiental y no solamente en uno de posicionamiento estratégico con el fin de defender los intereses de una organización en específico. En similar medida, la activación de los consejos locales de área protegida y del comité del Corredor Biológico Osa deben asegurar, en toda su extensión, el principio de desarrollo sostenible democrático implícito en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política, garante del acceso al espacio ambiental(Aguilar-González et al., 2018). Es así como la aplicación del Plan de Manejo, por concluirse, debe reflejar la atención y acción lograda en materia de participación y gobernanza, tal como ha sido representado por el proyecto MAPCOBIO(MAPCOBIO-SINAC-JICA, 2014). De modo que resulta necesario tomar conciencia de la relevancia de la gobernanza participativa como un mecanismo para enfrentar el cambio climático y los efectos del narcotráfico sobre las ASP(ECOEDIT, 2016; Aguilar-González et al., 2017). Perspectivas para el acceso inclusivo al paisaje y su espacio ambiental El espacio ambiental se gesta a través de la utilización por parte de las personas de un espacio definido, conocido en la ciencia geográfica como territorio y, claramente, bajo procesos sociopolíticos, caracterizados por las relaciones de poder y los contrapuntos resultantes de los conflictos y fenómenos en el espacio. Sin lugar a duda, el desarrollo histórico de las diferentes actividades sociales y productivas, así como la constitución de las áreas silvestres protegidas presentes en la península han gestado el paisaje actual y han destacado, por un lado, los elementos icónicos de la biodiversidad y, por otro lado, aquellos mosaicos agroproductivos en las áreas anexas a las declaradas bajo el interés estatal para su protección, caso de la RFGD, del Humedal Nacional Térraba-Sierpe o del Parque Nacional Corcovado. El proceso de evolución del territorio evidencia un fenómeno general de articulaciones sociales y conflictos socioecológicos, donde los contrastes y las diferencias permitieron moldear el territorio, lo cual faculta el desarrollo el desarrollo de diferentes alianzas, entre ellas aquellas más conservacionistas y otras de carácter más social. El fenómeno geohistórico, sin duda, resalta la falta de planificación en su evolución. De modo que produce un espacio fragmentado y conflictivo, en el que el acceso al espacio ambiental es limitado y, además, establece luchas constantes por lograr no solo el acceso por parte de las diferentes alianzas, sino, en uno de los enfoques, garantizar la protección de los activos naturales y sus flujos ecológicos, de manera que la naturaleza se conserve y promueva su manejo desde las áreas silvestres protegidas. Al ser esta una región que hoy requiere de la estabilidad ecológica y la salud de los ecosistemas para 9

Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica el desarrollo de sus esquemas socioproductivos y económicos, claramente la pérdida de recursos reducirá considerablemente su capacidad de seguir ofreciéndose como un espacio dedicado al ecoturismo. A manera de conclusión, resulta indispensable incorporar en las discusiones sobre el manejo del espacio ambiental y del territorio como sistema de interacción socioambiental, la gobernanza que permita un manejo efectivo y justo del espacio, donde se den los balances necesarios entre actores y sectores involucrados, de manera que permita mejores prácticas productivas, mecanismos de conservación con la gente y promueva los acuerdos con valor cultural e identitarios, que permitan la construcción del espacio ambiental y el acceso justo e inclusivo de este. 10

Espacio ambiental en la región de Osa en Costa Rica Autores Bernardo Aguilar González PhD. Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica, San José, Costa Rica; docente adjunto, Northern Arizona University; miembro investigador del Institute for Environmental Diplomacy and Security, University of Vermont. Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo; M.Sc. en Economía Aplicada y Agrícola(Becario Fulbright); Especialista en Derecho Agrario y Ambiental. Miembro de la Junta Directiva de la Refinadora Costarri cense de Petróleo y de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Fernando Mora Rodríguez Agente de Cambio(Graduado en 2013). Docente de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y consultor técnico y en desarrollo de la Dirección Ejecutiva, Fundación Neotrópica. Geógrafo y M.Sc. en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales, ex Viceministro en el Ministerio de Ambiente y Energía de la República de Costa Rica, ex Director de Juntas Directivas CNE e INDER(2014-2018). Pie de Imprenta Fundación Friedrich Ebert San José| Costa Rica Mirko Hempel Representante Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica, Panamá y El Salvador Director del Proyecto Transformación Social Ecológica E-Mail: costarica@fesamericacentral.org Tel.:+506 2296 0736 http://www.fesamericacentral.org En 1965 la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES, Fundación Friedrich Ebert) abre en Costa Rica su primera oficina en la región centroamericana. El 23 de julio de 1965 se firma el Convenio de Coope ración entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El 1° de setiembre de 1980 se aprueba la Ley no. 6454 que lo ratifica. Por más de 50 años la Fundación Friedrich Ebert en Cos ta Rica ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central. Por un lado, El Proyecto Transformación Social Ecológica, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gobierno democrático y social, aportar contenidos y apoyar diálogos hacia una economía social y ecológicamente sostenible, elaborar propuestas de modelos de desarrollo alternativo, y una política fiscal como instrumento de jus ticia social y de igualdad de género. Por otro lado, el Proyecto Juventudes Progresistas, que ofrece espacios de formación y fortalecimiento de liderazgos en las juventudes, e impulsar estos liderazgos para participar de manera más efectiva en procesos de defensa de la democracia y los Derechos Humanos. El concepto de planificación y las actividades de la FES en red de las seis oficinas centroamericanas consiste en la coordinación, el intercambio y la articulación regional con implementación nacional. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-EbertStiftung. PERSPECTIVAS – ISSN 2413-6603