ANÁLISIS PANORAMA Y DESAFÍOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PAZ Y SEGURIDAD CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA Lucía Dammert/ Ariel Ávila/ Percy Medina Enero 2020 à La corrupción es un problema estructural en América Latina y una de las principales preocupaciones en la región. Además de afectar la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad. à Comprenderla requiere de un análisis multidisciplinario de los vínculos entre política y crimen organizado, que tenga en cuenta factores institucionales, socioeconómicos y culturales. à Para combatirla es necesaria una agenda de transformación del ejercicio y la financiación de la política y de la forma en que se persigue al crimen organizado, con frecuencia asociado a ella.

PAZ Y SEGURIDAD CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 2

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA CONTENIDO CONTENTS 1 INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................4 2 LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA CORRUPCIÓN.....................................................................................5 3 RECOMENDACIONES...........................................................................................................................8 3.1 Reforma política...........................................................................................................................................8 3.2 Financiamiento de la política........................................................................................................................9 3.3 Descentralización..........................................................................................................................................9 3.4 Reforma del sistema de justicia criminal....................................................................................................10 REFERENCIAS......................................................................................................................................11 3

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 1 INTRODUCCIÓN Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando imponer sus intereses sobre las agendas ciudadanas es generalizada. Escándalos de corte regional, como Lava Jato, están acompañados de múltiples casos nacionales que cada día evidencian con mayor certeza este matrimonio de interés. Las respuestas al problema han sido tenues en algunos países, generando procesos legales de escasa rigurosidad o agendas de reformas legales que avanzan lentamente. Mientras tanto, los ciudadanos desaprueban cada vez más la gestión política e incluso se alejan de la democracia, y entregan su molestia y sensación de abuso a candidatos que se muestran como outsiders o de mano dura. En la mayoría de los casos, decisiones que constituyen verdaderos saltos al vacío en términos de gobernabilidad y políticas públicas que puedan enfrentar los graves problemas sociales y ambientales que afectan a la región. Sabemos de los costos de la corrupción. Más allá de los esquemas vinculados a las empresas, múltiples señales muestran una cercanía peligrosa entre organizaciones criminales y poder político. Aun cuando hubo situaciones que inicialmente se explicaron por la corrupción en policías locales en países como México, El Salvador y Guatemala, se instaló luego la percepción que se habían generado altos niveles de extorsión a policías, fiscales o jueces que actúan en concordancia con las organizaciones criminales, presionados por la amenaza de violencia. Múltiples son los casos en Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú donde estas situaciones se repiten de forma constante. También hay señales de un posible tercer camino de involucramiento directo de organizaciones criminales en la política, pasando entonces del financiamiento ilegal de candidatos corruptos a la participación directa y la ocupación de puestos de poder que les permiten multiplicar los mercados ilegales e, incluso, legalizar actividades ubicadas en la zona gris entre lo legal y lo ilegal. Este documento presenta algunas aristas de la problemática y propone recomendaciones de política que permitan avanzar con una agenda de transformación que evite la consolidación de verdaderos estados mafiosos en la región. 4

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 2 LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA CORRUPCIÓN 1 La corrupción es un concepto polisémico que apareció y la calidad de las instituciones políticas y sociales(Jo1en la ageEnsdtea appúabrtliacdaolasteineolaabmoeróriccaonnabcaosme oenpDroabmlemmeart y Sahrnmstioent,o2,021001)9.:E1s7te9-m20a4rc.o interpretativo es sugerente de gobernabilidad en las últimas dos o tres décadas. para la realidad latinoamericana que vive un escenario Afecta la economía y el desarrollo social, erosiona los marcado por contextos de alta violencia y riesgo acompilares de la democracia y aumenta la desigualdad, perpañados por procesos de rápido desarrollo económico judicando sobre todo a los más pobres. La literatura vay oportunidades políticas con instituciones débiles. El ría en la definición y metodología utilizada, lo que limita síndrome que llama“corrupción de clanes” se alimenta la comparación; sin embargo, es posible afirmar que los de un contexto marcado por pobreza e inseguridad geproblemas de corrupción adquirieron notoriedad y cenneralizada que torna a miles de ciudadanos en posibles tralidad en las últimas tres décadas, lo que puede estar seguidores con clara necesidad de protección. Es decir, vinculado con una mayor magnitud de los eventos 2 . contextos en los que el Estado de derecho se convierte en una ficción y la línea que separa el crimen organizaComo punto de inicio adoptamos la definición de Nye, do, los funcionarios públicos y los políticos corruptos se según la cual: torna cada vez más débil. la corrupción es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público(electivo o nominativo) debido a ganancias privadas, o viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada, incluyendo soborno, nepotismo y apropiación indebida (Nye, 1967. Traducción de los autores). Si bien puede ser criticada, establece un punto inicial de entendimiento de la problemática. Johnston propone cuatro síndromes de la corrupción definidos a partir de la forma como se intercambian el poder y el dinero, la fortaleza o debilidad del Estado, 1 Este apartado se elaboró con base en Dammert y Sarmiento, 2019: 179-204. 2 Es importante reconocer que no se puede afirmar que en la actualidad haya mayor corrupción que en el pasado dados los cambios en la definición, la tolerancia de la opinión pú2 blica, l E a s ca i p m ac p id o a r d t e a s n ta t t e al r y ec el o r n ol o d c e e lo r s q m u e e di n os o d s e e co . municación. Lo líquido de las fronteras entre lo legal, lo informal y lo ilegal se convierte en campo fértil para el desarrollo de todo tipo de actividades cuyo objetivo es adquirir poder, dinero o ambos. Si bien estas actividades las desarrollan múltiples grupos, el poder no se concentra en su expresión pública o privada sino en su característica personal(Johnston, 2010: 120). De esta forma, no se hace mención a un problema aislado o específico sino, más bien, a uno sistémico centrado en la adquisición de riqueza y poder. Esta situación, paradojalmente, limita la definición de algunos hechos como corruptos, dado que el contexto de debilidad institucional se vincula con el desarrollo de incentivos perversos o zonas de mínima regulación. El crimen organizado se establece a consecuencia de esta coyuntura, pero es también un factor que la sustenta. En este marco de amplia variabilidad se retoma la propuesta de Heidenheimer(1989: 161) que propone una tipología de corrupción en tres tipos: 1) la corrupción negra, que la élite y la opinión pública reconocen debe ser condenada y castigada como un principio básico de 5

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA la sociedad; 2) la corrupción gris, en la cual una parte de la élite quiere que haya castigo aun cuando la opinión pública se muestra ambivalente; 3) y la blanca, en la que ninguno de los actores considera necesario generar un mecanismo de castigo. Es decir que en la definición de lo que merece castigo hay elementos históricos, culturales y simbólicos que desempeñan un rol clave. En el caso latinoamericano, esta propuesta teórica permite reconocer la dificultad de la definición por parte de la opinión pública, dadas sus características variables en lo temporal y geográfico. ¿Es la corrupción intrínseca a la democracia o una manifestación de sus debilidades? Diversos estudios enfatizan en esta interrogante aún pendiente. Sin embargo, en el análisis de la situación comparada de India y China, por ejemplo, se concluyó que la democracia en un país pobre no es más exitosa en combatir la corrupción que en un gobierno autoritario, debido a los elementos estructurales de segregación, precarización e inseguridad mencionados(Sun y Johnston, 2009: 1-19). Teóricamente, al considerar que uno de los rasgos esenciales de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes, esta debería ser una barrera fuerte para que quienes cometen hechos de corrupción no sean reelectos. Pero la práctica muestra otra cosa: así, por ejemplo, 75% de congresistas acusados de corrupción en Estados Unidos son reelegidos a pesar de los procesos judiciales y mediáticos en su contra(Welch y Hibbing, 1997: 226-239). Esta situación se explica en torno a dos hipótesis: 1) falta de información, y 2) la percepción de que las ganancias son mayores que las pérdidas. Los resultados de los estudios son mixtos. En Brasil se encontró que parte importante de esta votación está vinculada a la falta de información, salvo para los sectores socioeconómicos más altos, que tienden a mirar el trade-off de elegir corruptos(Winters y Weitz-Shapiro, 2013: 418-436). No obstante, los ciudadanos no son los únicos que hacen análisis costo-beneficio. En un estudio en Brasil, la hipótesis según la cual los alcaldes que pueden reelegirse evitarían vincularse con actividades ilegales no se verifica, y los elementos que aparecen como más relevantes son el tamaño de la renta que pueden lograr, así como las posibilidades de ser hallado culpable en el proceso judicial o de ser expuesto a la prensa(Pereira, Melo y Figueiredo, 2009: 731-744). En muchos casos, para resolver estas tensiones los actores locales utilizan esquemas de gestión de intereses o lobby. Es importante señalar que por lo general en América Latina no existe un lobbying profesional, en el sentido de que la presión política no se canaliza mediante vías formales como los partidos políticos, sino sobre todo por medio de redes personales. Esto en un contexto en el que los actores corruptos se deciden a actuar no solo en función de un análisis racional costo-beneficio, sino que lo hacen considerando su pertenencia a“un sistema paralelo de poder político, económico y social basado en la solidaridad y compensación entre sus miembros” 3 . Estas redes, además, no se activan en todo momento y no involucran a todos los actores, sino a“algunos funcionarios” que negocian en torno a“ciertos temas” y“en ciertos momentos”, sobre todo, campañas electorales (Mujica, 2014: 37-54). Finalmente, una tercera hipótesis propone que los procesos de descentralización traerían efectos positivos en reducir la corrupción por la cercanía con los votantes, los mayores niveles de control y los vínculos entre la toma de decisiones y la entrega de los beneficios públicos(Fisman y Gatti, 2002: 325-345). No obstante, esta visión se ve nublada por los peligros de corrupción debido a las altas posibilidades de que los gobiernos locales sean capturados por las élites locales(Bardhan y Mookherjee, 2006). De igual forma, la descentralización, entendida como una superposición de niveles de gobierno y empleados públicos con tareas poco coordinadas y complejas estructuras de control, tiende a aumentar la presencia de la solicitud de coima(Fan, Chen Lin y Treisman, 2009: 14-34). La debilidad de los sistemas de control sumada a la ausencia de instituciones que garanticen mecanismos preventivos genera un contexto favorable para el despliegue de las redes de corrupción. El marco analítico descrito reconoce entonces la necesidad de una mirada multidisciplinaria a los vínculos entre 3 J. Hurtado Pozo, citado en A. Figueroa. 2015.“Corrupción y criminalización del Estado: la experiencia de la descentralización en el Perú”. Actualidad penal. 14: 366-381. 6

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA política y crimen organizado, reconociendo los elementos institucionales, económicos y sociales, pero también como categoría cultural con significados y prácticas específicas en cada grupo(Huber, 2005). En general, una institucionalidad democrática frágil, débiles procesos de consolidación política marcados por la crisis de los partidos y la consolidación del caudillismo como forma de ejercicio de poder, y el proceso de descentralización fragmentado son elementos clave para el análisis de la corrupción, sea financiada por empresas o por grupos de la criminalidad organizada. El escenario no es prometedor y en cualquier caso establece limitaciones al desarrollo económico y democrático a mediano plazo. 7

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 3 RECOMENDACIONES Los desafíos son importantes y requieren de cambios estructurales en la forma de organización del Estado. Es decir, no se necesitan cambios sectoriales o puntuales sino una verdadera agenda de transformación de la forma como se hace la política y como se persigue la criminalidad organizada. La mayoría de las propuestas tienen componentes temporales de corto, mediano y largo plazo; sin embargo, los incluimos en una definición inicial reconociendo que su implementación debe ser gradual. Además, aun cuando no todos los países de América Latina enfrentan el mismo escenario, es posible afirmar que en distintos grados pueden retomar las recomendaciones como parte de su agenda política. Para una mejor definición hemos ordenado las propuestas en torno a cuatro ejes, solo con un fin de presentación, dado que en muchos casos están entretejidas. 3.1 REFORMA POLÍTICA La naturaleza de las organizaciones políticas en el mundo entero se está transformando por influencia, entre otros factores, de los cambios en la política, en las comunicaciones y el gran impacto de los avances tecnológicos. Estos cambios no son uniformes ni de igual calado en todos los países, pero visto el fenómeno de manera comparada, es evidente que la idea de partido político que era moneda corriente en el siglo veinte hoy está en crisis. Muchas de las funciones clásicas que cumplían los partidos como, por ejemplo, ser espacios para la información y discusión de asuntos políticos, hoy son cumplidas por otros canales. Sin embargo, hay funciones básicas y de evidente importancia para un sistema democrático que solo pueden ser llevadas a cabo efectivamente por organizaciones políticas, llámense partidos o no. Entre ellas hay dos que interesa subrayar para efectos de frenar la influencia de las redes criminales en la política: la función de agregar intereses diversos en sociedades cada vez más heterogéneas, así como darles una representación política a esos intereses; y proveer cuadros políticos para la gestión pública. En la práctica, en numerosos países los partidos no cumplen estas funciones o lo hacen de manera muy limitada. Y por ello se crea un vacío que debe ser llenado por actores no institucionalizados, como los llamados outsiders. En espacios en los que la organización política es débil o inexistente es mucho más fácil la penetración de intereses privados corruptos o directamente criminales. De ahí que una de las respuestas a los riesgos que para la democracia entraña la penetración criminal sea el fortalecimiento de los partidos políticos. Donde hay organización política sana, con actores comprometidos con un rol público honesto, con pluralismo competitivo, es mucho más difícil la captura de la agenda por parte de intereses privados o la penetración de intereses mafiosos. Sin embargo, para tener una organización política sana no bastará con la buena voluntad de las personas: será necesario un entorno propicio e incentivos para atraer a la mejor gente a la actividad político-partidaria. Hoy, los partidos tienden a repeler a quienes de buena voluntad desean participar en política. Aunque resulta injusto generalizar, muchos son espacios poco democráticos, poco inclusivos, machistas, con alta centralización y prácticas cupulares. En muchos casos incluso, más que asociaciones de ciudadanos iguales en deberes y derechos, se trata de organizaciones con un dueño que decide todos los asuntos relevantes de la vida partidaria. No es extraño entonces que un panorama así no convoque a jóvenes, mujeres ni minorías. 8

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA Resulta entonces de particular importancia atender esta crisis con objetivos ambiciosos. Se trata de crear las condiciones para que los partidos sean expresión de institucionalidad, democracia interna, rendición de cuentas, transparencia sobre sus decisiones y el dinero que administran, etcétera. legales sino representantes de las muy lucrativas economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, etcétera. Esta compleja situación obliga a una mejor coordinación entre las entidades estatales que supervisan el financiamiento político (por lo general los organismos electorales) y las entidades a cargo del combate a las redes ilícitas. 3.2 FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA Hacer política moderna y participar de campañas electorales sin recursos económicos es imposible. El dinero es una herramienta indispensable para la política democrática y no es realista pensar que puede reemplazarse con el trabajo de voluntarios, aunque sumen millares. Los políticos necesitan acceder a recursos para comunicarse con la ciudadanía, para tener información sobre el electorado y ser competitivos en lides electorales. Esta necesidad, por otro lado, lejos de mitigarse ha crecido por la profesionalización de la política. Actualmente, las campañas requieren encuestas, grupos focales y asesores internacionales, para no mencionar los altos costos en publicidad en medios tradicionales y recientemente en medios sociales. Por tanto, el dinero en la política es un asunto de preocupación, aun cuando al no haber muchas alternativas no tiene sentido satanizar el acceso a recursos económicos. Uno de los caminos por los que han optado muchos países es el incremento del financiamiento público como una forma de restar importancia al financiamiento privado. Cerca de dos tercios de los países del mundo entregan financiamiento público directo ya sea a las campañas, al funcionamiento ordinario de los partidos o a ambos. No obstante, salvo limitadas excepciones, el financiamiento privado es el predominante y el financiamiento público solo equilibra parcialmente, cuando no es apenas un agregado al financiamiento privado. Entonces, debido al peso decisivo de los fondos privados, la relación entre dinero y política puede volverse tóxica si no se da con los debidos cuidados. Las campañas son siempre una oportunidad para el acercamiento entre políticos necesitados de recursos y actores privados legales con interés en comprar acceso al poder. La situación puede complejizarse si los donantes no son empresarios Un elemento fundamental a considerar entre las recomendaciones sobre políticas en esta materia es prestar atención a los incentivos y sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de las reglas sobre el financiamiento político. En los países donde hay escasos incentivos al cumplimiento, escasa aplicación de la ley( enforcement) y sanciones benignas o inaplicables, la regulación termina siendo completamente ineficaz. Por el contrario, con incentivos efectivos, haciendo cumplir la ley y con sanciones no solo económicas, sino políticas y penales, aumentan el cumplimiento, la transparencia sobre el origen de los recursos y la rendición de cuentas. 3.3 DESCENTRALIZACIÓN Se recomienda crear un mecanismo de auditoría al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral, auditoría que debe estar enfocada al patrimonio privado de quienes deciden presentarse a un cargo de elección popular, así como a los miembros de su familia. Este mecanismo puede denominarse pasaporte político, y se asemeja al pasaporte biológico utilizado en el ciclismo para evitar el dopaje. Básicamente, es un instrumento para hacer seguimiento al patrimonio económico del político y de su familia cercana, que puede abarcar décadas. Es decir, debe hacerse desde el comienzo de la vida política hasta cuando su participación en política termine. En cuanto a reducir el monopolio de las élites sobre la extracción de rentas municipales y departamentales, es una estrategia que requiere de una serie de reformas y actividades. Otra propuesta es el incremento del capital humano y las capacidades de investigación y seguimiento del organismo electoral, lo cual permitirá una mayor fiscaliza9

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA ción sobre los gastos de campaña y el total de recursos invertidos en la misma. Sobre el terreno esto permitiría un mayor seguimiento a los topes de gastos establecidos por la ley. Finalmente, es necesario exigir la bancarización de las diferentes campañas políticas y de los candidatos. 3.4 REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL A pesar de las múltiples iniciativas de reforma de la policía y la justicia en América Latina, los resultados son limitados. Si bien los desafíos vinculados con crecientes niveles de presencia de criminalidad organizada en prácticamente todos los países de la región son múltiples, no es posible dejar de lado el impacto del delito común sobre los ciudadanos. Los bajos niveles de aprobación de la democracia confirmados por todas las encuestas regionales tienen vínculos claros con altos niveles de inseguridad y de percepción de impunidad transversal de la ciudadanía. Especialmente relacionados con los problemas de corrupción política vinculada con la criminalidad organizada, se requiere que la política criminal le dé prioridad a la lucha contra el crimen organizado. Parece un hecho ya establecido, pero en realidad más allá de la preocupación por las drogas, los mercados ilegales crecen y se desarrollan con una aparente invisibilidad. En consecuencia, se requiere de una verdadera priorización desde el trabajo policial e investigativo. El trabajo colaborativo entre fiscales y policías es eje medular de las iniciativas de respuesta frente al crimen organizado. Esta situación necesita entonces de cambios sustantivos en ambas instituciones, para potenciar la efectividad de las medidas que se están tomando y generar nuevos ejes de trabajo con mayores niveles de transparencia. 10

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA REFERENCIAS Bardhan, P. y D. Mookherjee. 2006.“Decentralization, corruption and government accountability: An overview”. En Susan Rose-Ackerman(ed.). International Handbook of the Economics of Corruption. Edward Elgar Co. Dammert, Lucía y Katherine Sarmiento. 2019.“Corruption, organized crime and regional governments in Peru”. En Robert Rotberg(ed.). Corruption in Latin America. How Politicians and Corporations Steal from Citizens. Springer. Nueva York. Fan, C. Simon, Chen Lin y Daniel Treisman. 2009. “Political Decentralization and Corruption: Evidence from around the World”. Journal of Public Economics. 93 (1-2). https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.001. Fisman, Raymond y Roberta Gatti. 2002.“Decentralization and Corruption: Evidence across Countries”. Journal of Public Economics. 83(3). https://doi. org/10.1016/s0047-2727(00)00158-4. Heidenheimer, Arnold. 1989.“Perspectives on the Perception of Corruption”. En Arnold Heidenheimer y Michael Johnston(eds.). Political Corruption: A Handbook. Transaction. New Brunswick. Huber, Ludwing. 2005. Una interpretación antropológica de la corrupción. Cies. Lima Johnston, Michael. 2010. Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Cambridge University Press. Cambridge. Nye, Joseph S. 1967.“Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis”. The American Political Science Review. 61(2). Junio. Pereira, Carlos, Marcus André Melo y Carlos Mauricio Figueiredo. 2009.“The Corruption-Enhancing Role of Re-Election Incentives?: Counterintuitive Evidence from Brazil’s Audit Reports”. Political Research Quarterly. 62(4). https://doi.org/10.1177/1065912908320664. Sun, Yan y Michael Johnston. 2009.“Does Democracy Check Corruption? Insights from China and India”. Comparative Politics. 42(1). January. https://doi. org/10.5129/001041509x12911362972719. Warren, Mark E. 2004.“What Does Corruption Mean in a Democracy?”. American Journal of Political Science. 48(2). https://doi.org/10.2307/1519886. Welch, Susan y John R. Hibbing. 1997.“The Effects of Charges of Corruption on Voting Behavior in Congressional Elections, 1982-1990”. The Journal of Politics. 59(1). https://doi.org/10.2307/2998224. Winters, Matthew S. y Rebecca Weitz-Shapiro. 2013.“Lacking Information or Condoning Corruption: When Do Voters Support Corrupt Politicians?”. Comparative Politics. 45(4). January. https://doi. org/10.5129/001041513806933583. Mujica, Jarís. 2014.“El lobby en un escenario de agendas fragmentadas. Consideraciones sobre los mecanismos de gestión de intereses en el Parlamento peruano”. Revista de Ciencia Política y Gobierno. 1(1). 11

ACERCA DE LA AUTORA Y LOS AUTORES PIE DE IMPRENTA Lucía Dammert. Socióloga, doctora en ciencia política en la Universidad de Leiden, Holanda. Profesora asociada de la carrera de estudios internacionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Es parte del Consejo Asesor en desarme del secretario general de las Naciones Unidas para el periodo 20172020, siendo la única representante de América Latina. Ariel Ávila Martínez. Subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación, profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista de Semana. com y El País de España. Percy Medina. Jefe de Misión para el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral ( IDEA Internacional). Experto en partidos políticos y procesos electorales. Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Catalina Niño Coordinadora de proyecto catalina.nino@fescol.org.co Bogotá, abril de 2020 SOBRE ESTE PROYECTO Este documento es un producto del proyecto de la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ), Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, formada por expertos internacionales provenientes de los ámbitos de la política, la academia, la diplomacia, el sector de seguridad y las organizaciones de sociedad civil. La Red se creó como un espacio permanente de discusión sobre los desafíos a la paz y la seguridad que enfrenta América Latina y sus impactos sobre la democracia en la región. Para alimentar esas discusiones, la Red organizó el primer Congreso de seguridad incluyente y sostenible, el 18 y 19 de octubre de 2019. Los autores de este documento son miembros de la Red y participaron en el Congreso. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org/fes-seguridad/

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA à La corrupción, un concepto que aparece en la agenda pública como problema de gobernabilidad en las últimas décadas en América Latina, afecta la economía y el desarrollo social, mina la democracia y aumenta la desigualdad, afectando sobre todo a los más pobres. En general, las respuestas al problema han sido tenues, mediante procesos legales poco rigurosos o agendas de reforma legal que avanzan lentamente. Mientras tanto, la ciudadanía desaprueba, cada vez más, la política, e incluso la democracia, apoyando entonces candidatos que se muestran como outsiders o mano duras. En este análisis se toma como punto de inicio la definición de Nye:“la corrupción es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público(electivo o nominativo) debido a ganancias privadas; o viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada, esto incluye soborno, nepotismo y apropiación indebida”. à Entre las recomendaciones de política que permitan avanzar con una agenda de transformación que evite la consolidación de verdaderos Estados mafiosos están: 1) una reforma política ambiciosa, para que los partidos sean expresión de institucionalidad, democracia interna, rendición de cuentas, transparencia sobre sus decisiones y el dinero que administran; 2) cambios estructurales en los modos actuales de financiar las campañas políticas, incluyendo controles rigurosos y sanciones fuertes; 3) controles rigurosos al proceso de descentralización, para cortar las relaciones simbióticas y locales entre políticos y organizaciones criminales; y 4) el trabajo colaborativo entre fiscalías y policías, eje medular de las respuestas frente al crimen organizado. Es decir, cambios sustantivos en ambas instituciones para potenciar la efectividad de las medidas que se están desarrollando así como generar nuevos ejes de trabajo con mayores niveles de transparencia.