ANÁLISIS PAZ Y SEGURIDAD LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA Antonio Jorge Ramalho/ Rut Diamint/ Lisa Sánchez Marzo 2020 à Los sistemas políticos occidentales están en una crisis vinculada a la ineficacia de las instituciones públicas para atender las demandas sociales. El resultado es el descrédito de las instituciones democráticas. En este contexto, los militares emergen como alternativas de estabilidad. Su regreso a la política encuentra incentivos en la inestabilidad crónica y en la incompetencia de las élites políticas. à Es necesario hablar sobre los efectos negativos de la militarización de la seguridad pública y la politización de las fuerzas armadas, alertando sobre sus riesgos para la democracia y los derechos humanos.

PAZ Y SEGURIDAD LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 4 2 LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 5 3 EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 8 4 RECOMENDACIONES 11 REFERENCIAS 12 ANEXO 13

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 1 INTRODUCCIÓN 1 1 Documento preparado para el Congreso de seguridad incluyente y sostenible, organizado por la Friedrich-Ebert-Stiftung. Este texto examina el estadio actual de la militarización de la seguridad pública y el regreso de los militares a la política en América Latina, contextualizando el fenómeno en el ámbito global y subrayando las especificidades regionales, teniendo presentes aspectos históricos de la actuación política de los militares en distintas sociedades. El texto analiza, inicialmente, los aspectos estructurales que incentivan la militarización de la seguridad pública, pasando a discutir la crisis de representación política y la pérdida de legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos, o sea, el contexto al cual regresan los militares en su actuación política. La tercera sección reúne un conjunto de cuestionamientos sobre estos asuntos y de recomendaciones de acción política que sirvan para reflexionar sobre soluciones apropiadas para enfrentar estos desafíos. Bogotá, 18 y 19 de octubre de 2019. 1 Documento preparado para el Congreso de seguridad incluyente y sostenible, organizado por la Friedrich-Ebert-Stiftung. Bogotá, 18 y 19 de octubre de 2019. 4

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 2 LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Actualmente, la militarización de la seguridad pública es un asunto de interés global, frente a los cambios estructurales en las tecnologías del empleo de la violencia y sus impactos sobre los conflictos internacionales. La guerra contemporánea se ha transformado, si no en la substancia, en su forma, con la emergencia de las amenazas cibernéticas, la guerra de información en redes sociales, las tecnologías estratégicas disruptivas(inteligencia artificial, hipervelocidad, etcétera), y la urbanización de los combates, mientras en escenarios específicos se mantienen las formas tradicionales del conflicto. Estos procesos derivarían a su vez en transformaciones y adaptaciones de las fuerzas armadas, mediante nuevas doctrinas, a tareas distintas de las tradicionales para cumplir sus misiones 2 . saria o inevitable; ni que 2) su profundización significa siempre un aumento en la capacidad del Estado para hacer frente a la criminalidad, común u organizada. Además, constatar que la guerra contemporánea incentiva los militares a desarrollar capacidades similares a las de los policías no implica afirmar que ellos estarían impulsando este proceso –de hecho, algunos lo consideran un desvío de sus misiones principales, aunque otros lo ven como un medio para obtener equipamiento y participación en las decisiones políticas 3 . Igualmente complejo y disfuncional es el proceso de militarización de las policías para que desarrollen capacidades similares a las de los ejércitos, por ejemplo, abatimiento del enemigo, operativos disuasivos, utilización de armas de grueso calibre, recurrencia al fuero militar, etcétera. Al tiempo que unos gobiernos utilizan comandos disfrazados de combatientes irregulares y otros recurren a mercenarios, las convenciones de Ginebra parecen cada vez más encapsuladas en el mundo jurídico y ganan fuerza los argumentos sobre guerras híbridas en zonas grises. Poco a poco, los militares han asumido formas de operar en nuevos escenarios, desarrollando capacidades similares a las misiones policiales. En las prácticas de la guerra contemporánea en Afganistán, Iraq, Georgia, Líbano, Libia, Siria y Ucrania, por ejemplo, los estados han sumado un modus operandi del crimen transnacional en su ocurrencia cotidiana en las calles de grandes ciudades. Reconocer esta dimensión del fenómeno no implica afirmar que: 1) la militarización es siempre deseable, neceEn otras palabras, los conflictos entre estados ahora se desarrollan en los mismos espacios donde opera la delincuencia organizada transnacional( DOT ), inclusive, cuando se consideran las actividades de inteligencia, en los mercados ilegales de armas y lavado de dinero. A su vez, la creciente sofisticación de dicha delincuencia es otra dimensión relevante del fenómeno. De hecho, el crimen organizado se ha sofisticado y opera a través las fronteras nacionales con sistemas de gestión empresariales, entrenamiento militar para el uso sistemático de armas más potentes, aparatos de inteligencia y gran capacidad de lavar dinero y corromper autoridades para asegurar sus intereses. Las nuevas tecnologías de gestión y comunicación han reducido sus costos operacionales y les permiten ocultar sus gestiones internas, además de sus movimientos financieros, particularmente mediante el uso de criptomonedas. 2 La excelente compilación organizada por Alda y Sampó (2019) examina este proceso en Latinoamérica. 3 Diamint(2015) examina los dilemas del encuadramiento de los militares en las nuevas democracias de la región. 5

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA Más aún, las organizaciones criminales tienen reglas propias, dominan territorios y no solo han diversificado sus negocios, sino que también actúan en los mercados legales, moviendo las economías locales y dando respuesta a demandas de parcelas marginadas en sociedades carentes, desiguales y estructural e institucionalmente frágiles. El resultado es que los recursos policiales son insuficientes para mantener el orden, ya que las bandas criminales utilizan técnicas y recursos militares en el marco de proyectos económicos –y cada vez más, también políticos– de largo plazo. Sin embargo, la participación de las fuerzas armadas en la promoción del orden interno se percibe de manera distinta, conforme a la experiencia histórica de cada país. En el caso de América Latina, dos sucesos históricos han tornado este fenómeno más sensible y más difícil de enfrentar. El primero es lo que Kurtenbach(2019) titula la paradoja de la paz en América Latina, o sea, la coexistencia de una relativa paz interestatal en paralelo a niveles de violencia social tan altos que Oficina de la las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(Unodc, sigla en inglés) llegó a calificar como“una epidemia”. De hecho, con tasas de homicidios de 25,9 y de 24,2 por 100.000 habitantes en Centroamérica y en Sudamérica, respectivamente, en comparación con la media mundial de 6,1 por 100.000, con apenas 8% de la población global, América del Sur registra el 37% de los homicidios en el mundo. Como resultado, hay casos como los de Colombia y Venezuela, en donde la interoperabilidad funciona en el ámbito institucional y ya no se discute sobre la participación de los militares en el combate a la delincuencia internacional organizada. Para ellos el desafío es operacional, con implicaciones doctrinales. Pero también existen experiencias como las de Argentina, Chile y Uruguay, cuyas sociedades no aceptan el riesgo de volver a lidiar con violaciones sistemáticas de los derechos humanos de sus ciudadanos por parte de quienes tenían la misión de protegerlos. Entre estos extremos, países como Brasil, México, Perú y Ecuador han recurrido al empleo, no siempre excepcional y controlado, de las fuerzas armadas para estas finalidades. El hecho de haber enfrentado malas experiencias con el empleo de los militares en el combate al crimen transnacional y en la promoción del orden interno no les impidió de hacerlo repetidas veces. Esto también tiene implicaciones graves en materia de derechos humanos donde las denuncias contra militares se acrecientan continuamente en materia de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, torturas o violaciones al debido proceso. Los gobiernos suelen justificar el empleo de las fuerzas armadas en la seguridad pública dado que las organizaciones criminales operan con tácticas militares, incluso reclutando militares retirados o activos, sumado a las carencias presupuestarias y profesionales de las policías locales. El segundo hecho histórico fue la participación de los militares en“la guerra contra el enemigo interior” durante la guerra fría, seguida después por la adopción en 2003 del concepto de seguridad multidimensional (OEA, 2003). Bajo la presión de Estados Unidos por avanzar sus propios intereses políticos, y frente a las redefiniciones impuestas por la guerra a las drogas, seguida de la guerra al terror, cada país define a su manera los límites de las responsabilidades entre fuerzas armadas y fuerzas policiales. La necesidad de lidiar con el legado de violaciones de derechos humanos y la forma como se manejó el rol de las fuerzas armadas en los procesos de democratización han influenciado decisivamente en la definición de estos límites, presentando a la región oportunidades de imitación mutua y de cooperación regional. Sin embargo, no está demás resaltar que la excepcionalidad y temporalidad de la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública es fundamental. Primero, para evitar que nuestros países sean juzgados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no limitar la utilización de las fuerzas armadas a los criterios de excepcionalidad, temporalidad, complementariedad, regulación y fiscalización. Segundo, para que esta narrativa no se torne una profecía autocumplida: las policías son débiles y por tanto deben utilizarse los militares, pero su utilización debilita aún más a las policías y dicha debilidad se mantiene como argumento para prolongar la participación militar. Es decir, de acuerdo con la narrativa de insuficiencia policial para hacer frente al crimen organizado, en algunos 6

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA casos se ha dado carta blanca a las fuerzas armadas para participar permanentemente en la persecución de delitos(muchos de ellos del fuero común y no relacionados con el crimen organizado), sustituyendo a las policías. Además, sus operativos tienden a escapar a toda forma de fiscalización civil –sean controles parlamentarios o judiciales o por una cadena de mando civil– y expanden de manera ilegal el fuero militar. Por último, en varios de nuestros países la participación en operaciones de paz de la ONU , tan frecuentes desde las transiciones hacia la democracia, acostumbró las fuerzas armadas a tareas semipoliciales, legitimando su empleo en misiones de garantía de la ley y del orden interno. En síntesis, la militarización creciente de la seguridad pública produce cambios estructurales en dos dimensiones cruciales: de un lado, la concepción de la guerra y la percepción sobre la necesidad de emplear la fuerza en situaciones híbridas; del otro, la sofisticación creciente del crimen organizado, que logró militarizar sus prácticas y profesionalizar su gestión, desarrollando capacidades más sofisticadas para avanzar en sus propósitos económicos y, cada vez más, políticos. El fracaso de la guerra contra las drogas y la resiliencia de las organizaciones criminales, junto con la adopción de conceptos como el de seguridad multidimensional, fortalecen esta tendencia. Sin embargo, en algunos países latinoamericanos atribuir a las fuerzas armadas responsabilidades de promoción del orden interno reaviva temores de retorno a prácticas de violaciones de derechos fundamentales empleadas en los tiempos de las dictaduras. Esto indica que los relativos progresos institucionales alcanzados en las transiciones hacia la democracia, que en muchos casos coinciden con la recuperación del prestigio social de las fuerzas armadas, no han sido suficientes para restablecer la confianza integral de las sociedades en sus militares. Por ello es importante comprender mejor su rol en la política, tema de la próxima sección. 7

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 3 EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA La participación de los militares en la política en los países latinoamericanos es heterogénea. En algunos casos, la idea de regreso puede ser cuestionada, visto que el espectro de su posible interferencia siempre ha estado presente desde el inicio de las transiciones democráticas. De hecho, la interferencia de las fuerzas armadas en momentos clave de la historia política de casi todos los países centro y sudamericanos creó una especie de temor y cuidado especial de las élites ante la posibilidad de un golpe militar. Generalmente, los políticos han actuado con un ojo en sus negociaciones y el otro en las reacciones de la caserna frente a esos acontecimientos, particularmente en lo que concierne a las promociones, al presupuesto de las fuerzas armadas y a su autonomía. Si aún tiene sentido hablar de derecha e izquierda en los tiempos actuales, es posible observar similitudes entre la manera como los gobiernos que se autodenominan progresistas se relacionan con los militares, y el modo como lo hacen los más recientes procesos de militarización de los gobiernos de derecha. En el primer caso, los militares son parte integrante del proyecto político, inclusive asumiendo responsabilidades muy alejadas de sus tradicionales misiones constitucionales. Este es muy claramente el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también, de modo más discreto, de Bolivia y del Ecuador bajo Rafael Correa(2007-2009, 2009-2013, 2013-2017). En el segundo, gobiernos conservadores recurren a las fuerzas armadas no solamente para operar instituciones del Estado, inclusive buscando difundir valores nacionalistas, sino también con el intento de utilizarlas como amenaza veladas en actos de represión a movimientos populares. bia, México, Perú y Uruguay. En estos casos se observa una participación previsible, ocasionalmente afectada por crisis puntales, y en otros por proyectos de armas más ambiciosos que obligan a disputas presupuestarias marcadas por controversias. Las sociedades han establecido relaciones distintas con sus militares, entre otros aspectos con base en la memoria que traen de sus respectivos períodos autoritarios 4 . Asimismo, prácticamente toda la región tiene una experiencia histórica marcada por importante participación de los militares en la política. En muchas ocasiones, las fuerzas armadas han reclamado la potestad de interferir en los procesos políticos y han actuado de manera corporativa, en contextos marcados por tensiones políticas que han creado espacios para su asociación a lo que veían como proyectos nacionalistas. El hecho de que sean instituciones de Estado razonablemente estables y, en muchos casos, bien evaluadas por la sociedad, les permitió crear esa autoimagen de eficiencia y racionalidad, que tienden a proyectar en sus interacciones con otros actores de la sociedad. El riesgo de una aventura como esta se amplía en periodos como el actual, marcado por una profunda crisis de representación de los sistemas políticos. El fenómeno no se restringe a Latinoamérica, pero parece asociarse a las democracias contemporáneas. Es cierto que aquí el panorama muestra tintas más fuertes, como indican los recientes procesos de impeachment y cambios de presidentes, así como las protestas en curso en varios países Es posible pensar en un tercer tipo de militarización, cuando la autonomía o los recursos de los que disponen los militares no se han modificado en democracia, y no es una cuestión en debate, como ilustran Chile, Colom4 La llamada doctrina de seguridad nacional, que favoreció el empleo de una lógica dicotómica(amigo-enemigo) a las interacciones políticas, llevó a confusiones acerca de las funciones principales de las instituciones del estado y a traumáticos conflictos entre segmentos de las sociedades involucradas. 8

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA de la región. En otras palabras, la crisis de los sistemas políticos occidentales está vinculada a procesos de cambio estructural en las sociedades contemporáneas ante las demandas sociales desatendidas y la ineficacia de las instituciones públicas. Peor aún, los líderes políticos parecen no comprender adecuadamente estas nuevas realidades. drían tener la responsabilidad de establecer los regímenes destinados a organizar estos flujos, están desacreditadas, desautorizadas y carentes de presupuesto 5 . Otra característica de este proceso es pues la contradicción entre la necesidad de gobernar economías y sociedades interdependientes ante la ausencia de instituciones que puedan canalizar y organizar las demandas políticas. No es casual que las elecciones y los plebiscitos realizados en los últimos años hayan sido muy disputados y concluido, mayormente, con resultados similares. Además, una vez electos, los líderes ya no cuentan con la paciencia de la gente para esperar resultados. La ciudadanía reclama una gestión efectiva y rápida, pese a la legitimidad adquirida por el procedimiento eleccionario. El reconocimiento de la sociedad de sus derechos amplió el hiato entre las expectativas de la gente y las posibilidades de realización por los gobiernos, los cuales agudizan este proceso con promesas irrealizables al calor de los ciclos electorales. La difusión de informaciones y la percepción de las injusticias y desigualdades de riqueza han sido incentivos para la aparición de revueltas sociales. Las tecnologías de información facilitan la expresión de sentimientos y proyectos políticos y contribuyen a la capacidad de organización para realizar manifestaciones en contra de los gobiernos, incluso cuando no se sabe exactamente qué hacer en lugar de las políticas implementadas. Todos estos procesos engendran un escenario tenso y dinámico, el cual es básicamente el síntoma de un malestar que no encuentra maneras obvias de resolverse. También responde a la mayor complejidad de un mundo a la vez interdependiente y carente de estructuras de gobernanza. Las tensiones están presentes entre los polos de poder, que se han consolidado en las grandes potencias, así como en enormes –y a veces violentos– flujos de bienes, servicios, medios de pago e informaciones que los estados ya no logran regular satisfactoriamente. Este proceso también está marcado por la aceleración de los flujos y de los tiempos en los que se realizan los intercambios. Las economías están interligadas y son mutuamente dependientes. En cuestión de minutos un suceso en cualquier país produce efectos en otras partes del mundo. Pero las organizaciones internacionales, que poUna última dimensión estructural de este fenómeno resulta de la rápida sustitución de la economía industrial por la economía de la información y los servicios. Es cierto que las dos dimensiones económicas coexisten y se refuerzan mutuamente, pero sus dinámicas son distintas y los actores afectados por ellas no siempre tienen conciencia de los procesos que comandan la asignación de los recursos económicos, menos aún de sus implicaciones políticas. Para ilustrar quizá con la democracia más estudiada y observada en el mundo, la mayoría de los electores de Donald Trump(2017-) no están perdiendo sus empleos en manos de migrantes ilegales ni por supuestas trampas orquestadas por China. La sustitución resulta de la modernización de los procesos productivos y de la automatización, así como de la ausencia de iniciativas de recualificación de la mano de obra. Ocurre que estos procesos no son obvios ni se exploran en las campañas electorales. Así, se abre el espacio a líderes populistas que simplifican de manera fantasiosa la realidad para atraer las emociones de la gente marginada en las sociedades, logrando eventualmente éxitos electorales. Tan grave como la explotación de los vacíos políticos por líderes populistas es la ausencia de instituciones políticas que organicen los conflictos entre los nuevos actores socioeconómicos, a fin de evitar que esos intereses conflictivos deriven en mayores tensiones. Los sindicatos patronales y obreros, los partidos políticos y otras organizaciones sociales podrían intermediar ante los conflictos entre los actores relevantes en la economía industrial. Ha sido un largo aprendizaje y ha funcionado por algún tiempo, pero estas instituciones ya no representan la po5 Para que se tenga una idea, el 8 de octubre de 2019 el secretario general de la ONU anunció que la crisis presupuestaria de la organización era severa, al punto de ya no poder pagar los sueldos de los funcionarios al final del mismo mes(Guterres, 2019). 9

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA sibilidad de arbitrar disputas entre actores políticos. En otras palabras, las instituciones de intermediación política vigentes son anacrónicas para representar a los protagonistas de la economía y de la sociedad contemporánea. Y aparentemente esto ha sido percibido por líderes populistas que buscan acumular poder, sin proyectos de largo plazo para las mismas sociedades que dicen querer gobernar. La ausencia de instituciones políticas funcionales para los tiempos actuales sería, pues, una quinta dimensión de este proceso. En el caso de América Latina hay que sumar otras dos dimensiones. La primera tiene raíces históricas y resulta de la relativa inexperiencia de operar procesos democráticos. Robert Dahl ya llamaba la atención acerca de la necesidad de consolidar las instituciones para fortalecerlas, antes de ampliar la participación política. En el caso latinoamericano, la sucesión de golpes de Estado produjo sociedades que no lograron consolidar sus procesos de gobernabilidad democrática. La formación de élites políticas conscientes de sus responsabilidades en sistemas democráticos toma tiempo, un tiempo que la región no pudo procesar con estabilidad. La segunda dimensión resulta de la justificada revuelta contra los altos niveles de corrupción, particularmente después del episodio Odebrecht, corporación que elevó la práctica a niveles suprarregionales. Lo que aquí caracterizamos como dimensiones de un complejo fenómeno político abrió espacio a las crisis observadas en los últimos años en América Latina. Con la excepción de Costa Rica y Uruguay, prácticamente todos los países han experimentado elecciones muy disputadas en medio de profundas tensiones políticas, cuando no han vivido rupturas políticas e institucionales. El resultado es el descrédito de las instituciones democráticas, como indica el más reciente informe de Latinobarómetro sobre la confianza en las instituciones 6 . La caída del apoyo a la democracia: entre 1995 y 2018, la media de apoyo en el total de América Latina se redujo de 58% a 48%. Estos diez puntos porcentuales se han trasladado integralmente a los ciudadanos que dicen preferir un régimen autoritario o ser indiferentes (Latinobarómetro, 2019). En este contexto, los militares emergen como alternativas de estabilidad. Regocijados ante el fracaso de los políticos, la corrupción, la inseguridad, la violencia, reaparecen como una solución inmediata ante la defraudación de la democracia. La peculiaridad de esta reasunción de poder es que ya no es mediante golpes de estado. Tanto resurgen de la mano de políticos populistas, sin partido político, como detrás de figuras políticas de poco valor. Pero no gobiernan directamente, sino que resguardan su prestigio detrás de políticos devaluados, con la esperanza de mantener elevado el prestigio de las instituciones militares. Su regreso a la política encuentra incentivos en la crónica inestabilidad y en la incompetencia de las élites políticas. Es un proceso que pone en riesgo las aún frágiles conquistas democráticas y plantea la cuestión sobre lo que se debe hacer frente a estos desafíos. Si se considera que las democracias necesitan tiempo para consolidar sus instituciones, así como una sociedad apropiadamente educada para sostenerla, este riesgo es aún más importante. 6 Los cuadros 1 y 2, en el anexo 1, contienen las estadísticas de Latinobarómetro, 2019. 10

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 4 RECOMENDACIONES Inicialmente, sugerimos estas cuatro recomendaciones: 1. Difundir los efectos negativos de la militarización de la seguridad pública y la politización de las fuerzas armadas, de forma regional, amplia, constante, alertando sobre sus riesgos para la democracia y los derechos humanos. Comparar los resultados observados en las sociedades que lo han hecho con las dinámicas observadas en las que han evitado hacerlo. 2. Acordar qué mecanismos regionales eficientes e institucionalizados son medios valiosos para diseñar políticas conjuntas al respecto. 3. Advertir sobre la ausencia de pensamiento y doctrinas que encuadren estas nuevas funciones de las fuerzas armadas y de seguridad, lo cual determina el aumento en la autonomía de estas fuerzas. 4. Establecer prácticas de intercambio regular de informaciones y análisis comparables entre los países de la región, para evitar cometer equívocos observados en otras partes e identificar las políticas públicas más efectivas a ser adaptadas en otros contextos. 11

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA REFERENCIAS Alda, Sonia y Carolina Sampó. 2019. La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen organizado. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y Real Instituto Elcano. Lima. Bartolomé, M. 2013.“Una visión de América Latina desde la perspectiva de la agenda de seguridad internacional contemporánea”. Relaciones Internacionales. 23. Junio-Septiembre. GeriUAM . Diamint, Rut. 2015.“A New Militarism in Latin America”. Journal of Democracy. 26(4). Guterres, Antonio. 2019.“Work and reforms of the UN ‘at risk’, Guterres warns Member States, amidst ‘record-level’ cash crisis”. https://news.un.org/en/ story/2019/10/1048782. Acceso el 11 de octubre de 2019. Kurtenbarch, Sabine. 2019.“The Limits of Peace in Latin America”. Peacebuilding. 7(3). Latinobarómetro. 2019.“Informe Latinobarómetro 2018”. Disponible en http://www.latinobarometro.org/ lat.jsp OEA . 2003.“Declaración sobre seguridad en las Américas”. OEA /Ser.K /XXXVIII CES /dec.1/03 rev. 1. 28 octubre de 2003. Disponible en http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf. Acceso el 27 de agosto de 2019. Namihas, S. y F. Novak. 2017. La reconfiguración del fenómeno del narcotráfico en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Ecuador y Perú: red de política de seguridad. IDEI / PUC -Perú y Konrad-Adenauer-Stiftung. Lima. Recuperado de http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/71452 el 19 de julio de 2019. Rojas Aravena, F. 2004.“Seguridad en las Américas, los desafíos post Conferencia: operacionalizar los consensos y articular los conceptos”. Dialogue on Globalization. FES Colombia. Recuperado de http://library.fes.de/ pdf-files/iez/global/02014.pdf UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). World Drug Report 2019. https://wdr.unodc. org/wdr2019/11http://www.lr21.com.uy/wp-content/ uploads/2018/11/confianza.jpg 12

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA ANEXO Cuadro 1 Confianza en las instituciones, países seleccionados P. Hablando en general. ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? Aquí:“Mucha confianza” Más“Algo de confianza” PAÍS Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú R. Dominicana Uruguay Venezuela Latinoamérica la iglesia 52 64 73 27 69 65 62 52 71 75 57 69 78 82 60 68 38 74 63 CONFIANZA EN INSTITUCIONES POR PAÍS 2018 las fuerzas armadas 48 34 58 53 56 61 27 33 35 50 22 41 52 46 40 62 19 44 la policía 38 23 47 48 47 51 46 22 25 33 19 21 34 32 24 59 12 35 C onfianza en la institución electoral el poder judicial 22 24 25 23 26 33 29 26 48 23 56 49 25 23 12 14 24 22 18 25 32 23 14 15 25 21 26 24 33 16 30 21 47 39 18 18 28 24 el gobierno 22 33 7 38 22 33 25 10 15 25 16 20 16 26 13 22 39 17 22 el congreso parlamentario 26 28 12 17 20 27 25 16 17 21 22 15 26 25 8 20 33 20 21 los partidos políticos 14 12 6 14 16 17 18 6 11 13 11 10 11 21 7 14 21 14 13 13

LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA Cuadro 2 Confianza en las fuerzas armadas: total América Latina, 1996-2018, y totales por país, 2018(%) P. Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos instituciones o personas mencionadas en la lista cuanta confianza tiene usted en ellas: mucha, algo, poco o ninguna confianza en? Aquí:“Las Fuerzas Armadas” Aquí:“Mucha”“Más”“Algo”. 60 50 42 42 43 40 38 38 38 51 50 49 45 44 42 45 45 45 46 44 44 39 34 30 20 10 0 Uruguay 62 Ecuador Brasil Colombia 61 58 56 Chile 53 Paraguay 52 México 50 Argentina Perú Panamá República Dominicana Honduras 48 46 41 40 35 Bolivia Guatemala El Salvador Nicaragua 34 33 27 22 Venezuela 19 Costa Rica 0 Latinoamérica 44 0 10 20 30 40 50 60 70 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 14

ACERCA DE LOS AUTORES PIE DE IMPRENTA Rut Diamint. Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas(Conicet). Sus últimos libros son Sin gloria. La defensa en la Argentina democrática(2015) y Liderazgo sudamericano(2018), con Laura Tedesco. Autora de más de cien artículos y capítulos de libros en defensa, integración regional y política exterior. Antonio Jorge Ramalho. PhD, es profesor asociado en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia e investigador en CNP q. Su investigación se centra en seguridad internacional y defensa nacional. Su CV académico actualizado está disponible en http:// lattes.cnpq.br/3919013021808128 Lisa Sánchez. Maestra en gestión pública y gobernanza por la London School of Economics y en ciencia política por la Universidad Sorbona. Licenciada en relaciones internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Directora general de México Unido Contra la Delincuencia. Autora de diversas publicaciones y colaboradora regular de distintos medios de comunicación. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales(Comexi). Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Directora del Proyecto Regional de Seguridad y representante de la FES Colombia Catalina Niño Coordinadora de proyecto catalina.nino@fescol.org.co Bogotá, marzo de 2020 SOBRE ESTE PROYECTO Este documento es un producto del proyecto de la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ), Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, formada por expertos internacionales provenientes de los ámbitos de la política, la academia, la diplomacia, el sector de seguridad y las organizaciones de sociedad civil. La Red se creó como un espacio permanente de discusión sobre los desafíos a la paz y la seguridad que enfrenta América Latina y sus impactos sobre la democracia en la región. Para alimentar esas discusiones, la Red organizó el primer Congreso de seguridad incluyente y sostenible, el 18 y 19 de octubre de 2019. Los autores de este documento son miembros de la Red y participaron en el Congreso. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org/fes-seguridad/ El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

PANORAMA Y DESAFÍOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PANORAMA Y DESAFÍOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TRES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: BRASIL, URUGUAY Y ARGENTINA à à à Actualmente, los conflictos entre esLos sistemas políticos occidentales Es necesario hablar sobre los efectados se desarrollan en los mismos están en una crisis vinculada a protos negativos de la militarización de espacios donde opera la delincuencia cesos de cambio estructural en las la seguridad pública y la politización organizada transnacional, que domisociedades contemporáneas ante de las fuerzas armadas, alertando na territorios y ha diversificado sus las demandas sociales desatendidas sobre sus riesgos para la democranegocios a los mercados legales, moy la ineficacia de las instituciones cia y los derechos humanos; acordar viendo las economías locales y dando públicas. En Latinoamérica, las somecanismos regionales eficientes e respuesta a las demandas sociales ciedades no han logrado consolidar institucionalizados para diseñar poque los gobiernos no atienden. sus procesos de gobernabilidad delíticas conjuntas; entre otras. mocrática. El resultado es el desLas policías se ven sobrepasadas crédito de las instituciones. En este por ese fenómeno, lo que alimencontexto, los militares emergen ta la narrativa de la necesidad de como alternativas de estabilidad. traer a los militares para enfrentar Su regreso a la política encuentra al crimen organizado, que en alguincentivos en la inestabilidad y la innos casos ha dado carta blanca a competencia de las élites políticas. las fuerzas armadas para participar El que en general sean bien evaluapermanentemente en la persecudos por la sociedad, les ha permitición de delitos incluso del fuero codo crear una imagen de eficiencia mún. Los militares han desarrollado que proyectan en sus interacciones capacidades similares a las policiacon otros actores. les. De modo paralelo se ha dado un proceso de militarización de las policías, en las que estas han desarrollado capacidades similares a las de los ejércitos.