fesamericacentral.org apUntEs n° 2-2019 El Derecho al Espacio ambiental en costa rica: Parte Esencial de la Transformación Social Ecológica Fernando mora rodríguez/ bernardo aguilar González S EPTIEMBRE 2019 La sociedad se encuentra ante retos que generan oportunidades para lograr cambios, estos deben bene ciar a las personas y a los ecosistemas dentro del espacio ambiental. El acceso justo y equitativo al espacio ambiental es inherente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en la Constitución Política de Costa Rica. La transformación social ecológica será posible si se asume como una alternativa de cambio de paradigma que incluya el acceso equitativo y justo del espacio ambiental. Introducción El Planeta se encuentra en un proceso de deterioro ecológico y ambiental acelerado, recientemente, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - IPBES(Díaz et al., 2019), ha publicado un informe en el que señala el declive peligroso de la naturaleza y la acelerada extinción de especies sin precedentes que podría darse a nivel global, calculado en un millón de especies de plantas y animales. Estos procesos de pérdida de biodiversidad están relacionados a los modelos de desarrollo actual, los cuales rigen las economías, a los países y a las sociedades; impactan los recursos hídricos, los ecosistemas o el clima global, por citar algunos ejemplos; son cada vez más recurrentes los procesos extractivos no sostenibles de los recursos de la naturaleza y generan conflictos socio ecológicos entre comunidades, gobiernos y sectores económicos. La degradación de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que proveen comienza a generar una escasez de éstos que se manifiesta en la calidad de vida de los secotres más vulnerables de las sociedades. Esos sectores comienzan a manifestar su desconteto de diversas formas. Se generan así conflictos distributivos por la apropiación desproporcionada e inequitativa del espacio ambiental de algunos sectores sociales; en consonancia, existe un llamado a la urgente necesidad de un cambio de paradigmas en el actual modelo de desarrollo. El panorama resultante es una sociedad fragmentada e inequitativa donde se presentan enormes contrastes entre quienes a costa de ese tipo de desarrollo terminan por ser vulnerabilizados y quienes se benefician política y económicamente del mismo, estos últimos son los ganadores. Ello

El Derecho al Espacio Ambiental en Costa Rica se da a contrapelo de los derechos establecidos en la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50, que asegura el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que incluye, según las resoluciones de la Sala Constitucional, el Principio de Desarrollo Sostenible Democrático, según el cual se debe asegurar que el acceso a los recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas que los utilizan se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario también(AguilarGonzález, et al., 2018). La conceptualización del espacio ambiental El espacio ambiental es entendido como“La cantidad máxima de recursos naturales que podemos usar sosteniblemente y sin violar la justicia global”(Hille, 1997; Spangenberg, 2002). Al hablarse de recursos naturales, se refiere tanto a los activos ambientales que configuran los ecosistemas como a los flujos provenientes de sus funciones que conocemos comúnmente como servicios ecosistémicos(Aguilar-González, et al., 2018; Aguilar-González, et al., In review). Sin embargo, es importante resaltar que este concepto se construye desde diferentes percepciones, visiones o cosmovisiones; donde el acervo cultural y social tiende a interrelacionarse con la subjetividad de las personas, su lectura de lo tangible e intangible; lo cual permite la construcción conceptual multidimensional del espacio ambiental. Sin embargo, la característica más importante y necesaria de resaltar en relación con el espacio ambiental es que este es el espacio imprescindible de vivencia de las personas, es decir, es la realidad geográfica próxima que permite a una persona, grupo o sociedad construir su percepción de mundo, establecer vínculos socio-ambientales y construir apego e identidad. Si se analizara desde una óptica geopolítica, este espacio ambiental se convertiría entonces en el lugar de acción de los actores estudiados. El hecho de ser el espacio inmediato de las interacciones y relaciones entre personas debe llevar al entendimiento de que, el espacio ambiental, se convierte en un bien público, por lo que existe una necesidad de acceso y, por tanto, el derecho a que ese acceso sea justo y equitativo para todas las personas. En estos procesos de construcción de imaginarios espaciales o territoriales, cabe mencionar el trabajo de Arrazola(2019), quien aborda“una geografía de los comunes realmente existentes”. El autor destaca que la emergencia de los comunes surge como principio reorientador de muchas prácticas políticas y sociales a partir de los años 70, lo cual contesta a las consecuencias de la expansión capitalista bajo la forma neoliberal, los comunes se tornaron así en diversas esferas como proclama defensiva y analítica a la hora de hablar de luchas que muchos movimientos ecologistas, comunidades, asociaciones y otros colectivos dieron contra los procesos de desposesión comandados por el neoliberalismo. El autor hace énfasis en que el común puede ser entendido como un proceso de producción espacial en el marco de los acercamientos o la disputa por el territorio. Estos grupos de defensa territorial son parte de quienes asumen un rol central en la defensa de ese derecho al espacio ambiental. Otro elemento a señalar son las inequidades en la distribución social de los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos de ese espacio ambiental, los cuales tienen mayores impactos negativos sobre los pobres, las mujeres y las juventudes. Las acciones de inequidad se dan por apropiación desproporcionada directa o indirecta del espacio ambiental, sea por uso o disfrute directo de los recursos o por acciones de uso indirecto, como cuando se da un consumo suntuoso o innecesario en tanto que se requiere el uso del espacio ambiental(energía y materiales) para crear la riqueza que se traduce en la capacidad de consumo mediante los medios de pago (Georgescu-Roegen, 1971). Ello implica que la participación de estos grupos debe tener una consideración especial, una opción preferencial por los descartables y vulnerables, como propone Laudato Si(Francisco, 2015). Esto con el fin de potenciar los roles y las oportunidades, y construir rutas de acción para avanzar sobre los desafíos, las vulnerabilidades y las amenazas de cara a una transformación social y ecológica, justa, equitativa, inclusiva y solidaria. El derecho al acceso al espacio ambiental se convierte en un agente de movilización para la atención de la conflictividad socio ambiental y el aseguramiento de la justicia ambiental(AguilarGonzález, et al., 2018). 2

Fernando Mora Rodríguez- Bernardo Aguilar González Queda establecida la necesidad de acompañar estos procesos de acción, en relación con el espacio ambiental, de mecanismos de gobernanza inclusivos, solidarios y justos; de manera que se permita la suma de las realidades en el análisis colectivo de los fenómenos que suceden en el espacio geográfico, caracterizados por ser el espacio ambiental de esas personas. La Transformación Social y Ecológica(TSE), se basa en la búsqueda de un cambio de orientaciones, principios y reflexiones sensibles a la complejidad de la situación actual de una sociedad, buscando respuestas alternativas a la crisis de los modelos de desarrollo, en el marco de orientaciones como el satisfacer las necesidades fundamentales de la población, bajo el respeto de los equilibrios biosistémicos que hacen posible la diversidad de formas de vida en el planeta y la convivencia horizontal entre diferentes tipos de sociedades humanas(Cálix, 2016). La FES ha iniciado el Proyecto Transformación Social Ecológica en América Latina(FES TRANSFORMACIÓN) promoviendo un debate sobre la situación actual y las opciones alternativas de cambio de la matriz productiva en la región. El Grupo de Trabajo FES Transformación- GdT(2019), ya ha caracterizado este contexto por sus altas tasas de desigualdad, creciente conflictividad socio-ambiental y una fuerte dependencia de los recursos naturales. Así, reconoce la necesidad de un cambio estructural profundo que satisfaga las necesidades fundamentales de todos los ciudadanos en la región, respete los límites ecológicos planetarios y asegure las relaciones sociales incluyentes y dignas. Por ello toma una alta relevancia la discusión de la distribución social actual de los beneficios del uso y aprovechamiento de los activos naturales y los servicios ambientales a nivel nacional, y como tal, relaciona de forma directa la valoración en términos de justicia ambiental, equidad en el acceso al espacio ambiental y la definición de los elementos u orientaciones necesarias para lograr los cambios transformativos necesarios que impulsen a la sociedad costarricense a una real TSE. Es decir, dimensionar desde un diálogo directo y certero entre sectores de la sociedad ¿Cómo medir la equidad socio-ecológica? Cabe mencionar también la necesidad de abordar la economía digital como uno de los elementos de discusión en el proceso de TSE. Ésta se ha presentado como la respuesta inmediata a las necesidades presentes, incluyendo un sin fin de aplicaciones que potencian y facilitan la vida cotidiana y las necesidades de interrelación social y económica. Sin embargo, es claro que los dispositivos que le dan soporte a estas aplicaciones y herramientas son construidos a partir de la extracción de recursos extraídos del espacio ambiental, los cuales podrían estar asociados a conflictos socio ecológicos y a inequidades vinculadas con el acceso al espacio ambiental y la distribución justa de los beneficios derivados. Asimismo, muchas de sus aplicaciones prácticas se traducen en consecuencias sociales donde se usa el espacio ambiental pero se dispensa del trabajo humano(Daum, 2019). Hacia un enfoque transformativo que incluya el espacio ambiental La transformación social-ecológica de Latinoamérica no es una aspiración que pueda darse por generación espontánea, requiere condiciones de viabilidad política en el plano nacional, subregional y regional. Las transiciones hacia un cambio virtuoso en la especialización productiva y la justicia social y ambiental necesitan, como condición sine qua non , amplios acuerdos societales y una capacidad institucional para procesarlos. La democratización experimentada por la región desde las dos últimas décadas del siglo XX permitió, como regla general, escenarios de mayor estabilidad política, pero sin que se sentaran las bases para superar los rezagos históricos y la exclusión(Cálix, 2017). Prueba de esa fragilidad la encontramos en la sacudida de los pactos sociales que experimenta hoy día la región y la viabilidad política que han adquirido los neopopulismos tendientes al autoritarismo e impulsados por el fundamentalismo religioso y los promotores de la posverdad(Vila De Prado, 2018; Semán, 2019). Los Gobiernos deben estar dispuestos a tomar las medidas para favorecer un cambio estructural, es decir, una transformación socialmente justa y ecológicamente sustentable. Así, la región podría dar un paso importante hacia una cultura de igualdad y un desarrollo sostenible, así como ganar más peso en la arena internacional.(Bodemar, 2017). Este proceso transformativo incluye una amplia variedad de desafíos(FES, 2017): 3

El Derecho al Espacio Ambiental en Costa Rica 1. La seguridad alimentaria: Transformar la actual forma de producción agropecuaria convencional en producción agropecuaria agroecológica y garantizar alimentos para toda la población. 2. Inclusión social: Garantizar empleo decente, vivienda digna, acceso a servicios de salud y educación de calidad para todos y todas. 3. Futuro del trabajo: Preparar a las y los trabajadores en general y a las y los jóvenes en particular, para que puedan acceder al mercado laboral en la era de la digitalización y automatización. 4. Estructurar un sistema de salud accesible para todas y todos, particularmente para sectores menos favorecidos de la población. 5. Considerar la migración como un derecho humano y un efecto del modelo depredador de recursos y concentrador de riquezas que no genera oportunidades para los más pobres que son desplazados por la violencia y las guerras, y que además buscan mejores oportunidades en países industrializados. 6. Generar condiciones para que se respete la igualdad de derechos entre ambos sexos. 7. Cambiar las infraestructuras y el sistema de transporte en congruencia con la extinción y agotamiento de algunos recursos y los efectos del cambio climático y el calentamiento global. 8. Diseñar e implementar programas para la protección del medioambiente y los océanos. 9. Diseñar planes de adaptación y de manera coordinada con las comunidades, luchar contra el cambio climático. 10.Rescatar el rol del Estado en la regulación de los mercados financieros, el comercio internacional y las inversiones. 11.Crear y poner en funcionamiento instituciones locales y nacionales eficientes y estructuras de gobernanza y seguridad regionales y mundiales. Estos desafíos sin lugar a duda son esenciales a tomar en cuenta cuando se busca avanzar en una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. Todos tienen fuertes implicaciones en términos de la equidad en el uso del espacio ambiental. Cabe mencionar también que Ceara(2017), señala tres principios constitutivos del desarrollo, como consecuencia de su análisis de centrar las políticas públicas en mejorar la calidad de vida de las personas, que a consideración deben sumarse en la gesta de proyectar un cambio transformativo en las dimensiones de la TSE. En primer lugar, sostiene que el desarrollo se construye socialmente y no individualmente; además, que las capacidades y oportunidades se construyen donde reside la gente, lo cual hace del espacio un elemento integral del desarrollo y, por último, que el desarrollo implica una relación de poder que garantiza los derechos(humanos). El autor señala que para lograr esto, se requieren intervenciones en tres niveles fundamentales: Empoderando a la ciudadanía, lo cual genera confianza, fortalece la voluntad de acción colectiva, construye solidaridad, facilita proyectos comunes, acrecienta la confianza colectiva y robustece la cohesión social y territorial. Construir una nueva dinámica en la capacidad productiva, con el objetivo de brindar oportunidades a las personas y a las familias. Hay que refundar el Estado para que esté al servicio de las personas y de la sociedad, este debe sustituir el clientelismo por los derechos ciudadanos. El objetivo debe ser un Estado concebido como un espacio que brinde protección, seguridad y garantice el cumplimiento de los derechos, así como la independencia, la autonomía y el equilibrio de los poderes del Estado. Costa Rica no está exenta del panorama Latinoamericano, por ello, toma alta relevancia el facilitar espacios progresistas y democráticos enfocados en la construcción de las orientaciones necesarias y que permitan una transformación multidimensional y multinivel de las agendas sociales, económicas y ecológicas que dirigen al país; entre ellas, destaca la utilidad actual del espacio ambiental, sus recursos y sus servicios. Nuestra región es seriamente afectada por los impactos del neo-ex4

Fernando Mora Rodríguez- Bernardo Aguilar González tractivismo donde el espacio ambiental es utilizado con dispendio(Svampa, 2013). Sin embargo, como recurso común esta prevalencia demanda ampliar la discusión en torno al derecho sobre el espacio ambiental, el derecho al acceso, al uso y a la protección, así como el planteamiento de este derecho como motor de la transformación socio ambiental. 5

El Derecho al Espacio Ambiental en Costa Rica Fernando D. Mora Rodríguez Agente de Cambio(Graduado en 2013). Docente de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y consultor técnico y en desarrollo de la Dirección Ejecutiva, Fundación Neotró pica. Geógrafo y M.Sc. en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales, ex Viceministro en el Ministerio de Ambiente y Energía de la República de Costa Rica, ex Director de Juntas Directivas CNE e INDER(2014-2018). Bernardo Aguilar González, PhD. Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica, San José, Costa Rica; docente adjunto, Northern Ari zona University; miembro investigador del Institute for Environmental Diplomacy and Security, University of Vermont. Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo; M.Sc. en Economía Aplicada y Agrícola(Becario Fulbright); Especialista en Derecho Agrario y Ambiental. Miembro de la Junta Directiva de la Refinadora Costarri cense de Petróleo y de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Pie de imprenta Fundación Friedrich Ebert San José| Costa Rica APUNTES ISSN 2413-6298 Responsable Mirko Hempel Representante Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica, Nicaragua y Panamá Tel.:+506 2296 0736 http://www.fesamericacentral.org Contacto E-Mail: costarica@fesamericacentral.org Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-EbertStiftung. 6