El Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina: una década de análisis y propuestas de política pública Catalina Niño Guarnizo J unio 2019 El Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina(OCO) es una iniciativa regional de la Fundación Friedrich Ebert que ha tenido resultados exitosos en el análisis del crimen organizado y la construcción de propuestas de política pública para enfrentarlo. El OCO ha reunido a un grupo selecto de expertos latinoamericanos en temas de seguridad y justicia, con quienes se han analizado y construido diagnósticos y propuestas de política pública en temas concretos como la reforma policial, la reforma a los sistemas de justicia y penitenciarios y la reforma a las políticas de drogas. Se ha buscado la reflexión y la elaboración de propuestas para consolidar Estados de derecho democráticos en la región, capaces de mantener el imperio de la ley y garantizar la seguridad y bienestar de todos sus ciudadanos. Esto no implica eliminar los mercados para bienes y servicios ilegales, sino prevenir y limitar al máximo la violencia y la corrupción asociadas con el crimen organizado. Una de las principales conclusiones del OCO ha sido la necesidad de generar condiciones políticas para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias en el sector de la seguridad, lo que requiere alianzas amplias entre los diversos sectores políticos y sociales interesados en modernizar los Estados, alianzas sobre mínimos programáticos, que resistan los vaivenes electorales.

El Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina: una década de análisis y propuestas de política pública Catalina Niño Guarnizo J unio 2019

© Fundación Friedrich Ebert Representación en México Yautepec 55, Col. Condesa Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140 Ciudad de México Teléfono:+52(55) 5553 5302 http://www.fes-mexico.org Fundación Friedrich Ebert-México @FESMex FES en México Para solicitar publicaciones: fesmex@fesmex.org ISBN: 978-607-8642-13-7 Primera Edición: Junio 2019 Impreso en México Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la FriedrichEbert-Stiftung(FES). El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la FES está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... | Catalina Niño Guarnizo Introducción El Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina (OCO) de la Fundación Friedrich Ebert(FES) se estableció en 2009, 1 con el objetivo de analizar el fenómeno y plantear propuestas de política pública para enfrentarlo, teniendo en cuenta el serio desafío que el crimen organizado representa para la institucionalidad y la democracia de los países de la región. Durante esta década han ocurrido muchas cosas, tanto en el trabajo del Observatorio como en la realidad que éste buscaba atender. En efecto, el crimen organizado se ha hecho aún más complejo por diversas razones: la diversificación de su portafolio de negocios; su capacidad de moverse fácilmente a través de las fronteras, que le ha permitido trasladarse hacia países cuya debilidad institucional facilita sus operaciones; la fragmentación de los diferentes grupos criminales y su recurso a la violencia para luchar por el control de rutas, centros de acopio y plazas de distribución; la tercerización a grupos criminales locales de algunas actividades como el cobro de extorsiones o el microtráfico; y sobre todo su capacidad para tejer lazos no solo con las instituciones, sino también con ciertos sectores políticos principalmente en los niveles locales y regionales, pero a veces también nacionales. Todo esto hace que el problema del crimen organizado siga siendo una de las principales amenazas tanto a la seguridad como a la gobernanza democrática en los países de la región. En ese sentido, proyectos como el OCO siguen siendo relevantes para el análisis del crimen organizado y la construcción de propuestas para enfrentarlo. Precisamente por eso este documento busca sintetizar el trabajo que ha realizado el Observatorio en sus diez años de existencia, haciendo énfasis en las propuestas de política pública que ha hecho en asuntos concretos, y también documentar la experiencia que ha tenido como grupo, en tanto que su estructura y forma de funcionamiento pueden dar elementos útiles para otras iniciativas que requieran trabajo regional, incluso en temas distintos a los de seguridad. 2 Los inicios: la definición de objetivos y temas La primera reunión del Observatorio, realizada en Ciudad de México en marzo de 2009, estableció los lineamientos iniciales del trabajo que realizaría un grupo de 15 especialistas, entre los que se buscaba generar cierto equilibrio geográfico, temático y sectorial. Los objetivos definidos en ese momento fueron: 1) actualizar, ampliar y sistematizar datos cuantitativos y cualitativos sobre el crimen organizado nacional y transnacional en América Latina y entre América Latina y Estados Unidos, y 2) analizar de forma comparativa políticas y mejores prácticas para el combate al crimen organizado en América Latina. Además, en ese primer encuentro, así como en los que se realizaron durante los dos años siguientes, a razón de dos por año, se trabajó en la caracterización del fenómeno para delimitar conceptualmente de qué se estaba hablando. Esas discusiones estuvieron alimentadas por el desarrollo de mapeos subregionales en los que se analizaban las características del crimen organizado en cada subregión, se presentaban los datos disponibles al respecto, se identificaban los actores relevantes, se explicaba la estructura institucional encargada de enfrentar el fenómeno en cada país y se exploraban los nexos entre el crimen organizado, los Estados y otros actores políticos y sociales relevantes. Asimismo, se establecieron cuatro temas transversales que se consideraron fundamentales para la discusión sobre el crimen organizado en América Latina: la reforma policial, el papel de las fuerzas armadas en el combate al fenómeno, los sistemas de justicia y penitenciarios, y la corrupción como mecanismo de erosión institucional, sumada la impunidad histórica de nuestros países, que se convierte en un incentivo perverso a la hora de delinquir. 1. Durante sus primeros tres años de trabajo el Observatorio funcionó con el apoyo financiero de Open Society Foundations. 2. Para la construcción de este documento se usaron como insumos los programas y las relatorías de las casi veinte reuniones que ha tenido el OCO. 1

Catalina Niño Guarnizo | EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... Como veremos, esos temas siguen presentes hasta hoy en la agenda del Observatorio y de la región en general. Sin embargo, los objetivos debieron ajustarse como parte del proceso, de acuerdo con las realidades de la región y las posibilidades del Observatorio como tal. Específicamente, la actualización, ampliación y sistematización de datos cuantitativos resultó una tarea imposible, dada la poca disponibilidad y confiabilidad de las cifras sobre crimen organizado con las que cuentan los países latinoamericanos. De hecho, esta sigue siendo una tarea pendiente de muchos Estados, si aceptamos que para formular políticas públicas eficaces se requiere tener información precisa sobre los fenómenos que se quiere atender. Por otro lado, los análisis cualitativos sobre el crimen organizado en la región –las dinámicas, actores, tendencias– son cada vez más numerosos, lo que en el marco del OCO ha permitido contar con un panorama regional de los problemas y ratificar que la definición inicial de los temas claves de trabajo fue acertada. Una estructura flexible: clave para los resultados En cuanto a la estructura, el grupo inicial de 15 especialistas estaba conformado solamente por hombres, todos mayores de 40 años y casi todos de Suramérica. El punto es relevante porque con el tiempo, se hizo un esfuerzo grande por buscar un mejor balance, ya no solo geográfico, sectorial o temático, sino también de género y edad, y en ese proceso las discusiones del OCO se han enriquecido de manera sustancial. Adicionalmente, el grupo ha crecido de manera flexible, alrededor de un núcleo de expertos con una visión panorámica que se ha mantenido a lo largo de los años, para incluir personas con conocimientos específicos en los temas tratados en cada momento. De esta manera, en cada reunión hay participantes que conocen los temas y la dinámica del Observatorio, y otros que son especialistas en temas como las reformas a los sistemas de justicia, la inserción social del crimen organizado o las políticas de drogas. Todo esto ha permitido que en el marco del OCO se den discusiones amplias, desde diversos puntos de vista, sobre múltiples aristas del fenómeno del crimen organizado y sus impactos en la gobernanza democrática en la región. También ha promovido la producción de múltiples documentos de análisis y de recomendaciones de política, así como capítulos incluidos en los siete volúmenes del Anuario de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe que se publicaron entre 2009 y 2015, escritos de manera individual o colaborativa por miembros del grupo. 3 Además, a partir de los debates en las reuniones, se produjeron tres libros con propuestas concretas en temas claves para enfrentar el crimen organizado en la región: reforma policial, reforma a la política de drogas y reforma a los sistemas de justicia. Las propuestas y la consolidación del Observatorio La estructura flexible del grupo del OCO y la definición clara de los temas de trabajo permitió profundizar en la discusión de asuntos clave, entre ellos las formas de inserción social del crimen organizado; los factores que lo hacen tan poderoso frente a Estados generalmente débiles o ausentes; y los problemas estructurales de las instituciones encargadas de enfrentar estos fenómenos y, en esa línea, las reformas necesarias para mejorar su capacidad para cumplir con sus funciones. A partir de esas discusiones se hizo evidente que el buen funcionamiento de las diversas instituciones que conforman los sistemas de administración de justicia es fundamental para el éxito de cualquier política o estrategia para enfrentar el crimen organizado, así como todo fenómeno de violencia o criminalidad. Esto dado que la incapacidad de las policías, fiscalías, cortes de justicia y sistemas penitenciarios conlleva altos niveles de impunidad, lo que a su vez genera incentivos perversos para la participación en actividades criminales, particularmente entre sectores sociales marginados, con pocas oportunidades 3. Estos documentos, así como los Anuarios de Seguridad Regional, son de libre acceso y se pueden encontrar en www.fes-colombia.org/index.php?id=2307. 2

EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... | Catalina Niño Guarnizo y escazas posibilidades de movilidad social por vías legales. Paralelamente, la debilidad de estas instituciones, que como se dijo genera impunidad, facilita también la corrupción que lleva a un mayor debilitamiento, con lo que se genera un círculo vicioso muy difícil de romper y que causa una profunda desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Por ello el OCO decidió enfocar una parte importante de su trabajo en discutir cuáles deberían ser los elementos centrales de una reforma policial, tanto en términos políticos como operativos; de una reforma a las políticas de drogas, teniendo en cuenta el peso enorme que el narcotráfico tiene en las economías ilegales en la región y su impacto en la gobernanza democrática; y de una reforma a la justicia, dados los problemas de acceso y capacidad de investigación, esclarecimiento y sanción de delitos que tienen los sistemas judiciales en la región. Los resultados de esas discusiones se materializaron en publicaciones dedicadas a cada tema. Reforma policial Puesto que en general la policía es la cara del Estado frente a la comunidad en tanto que es la institución pública con la que los ciudadanos tienen un contacto más directo, su buen funcionamiento es fundamental para generar confianza y facilitar así la denuncia de los delitos, las investigaciones para esclarecerlos y, muy importante, las labores de prevención y resguardo de la convivencia ciudadana que corresponden a las instituciones policiales. En muchos de los países de la región las policías enfrentan múltiples problemas: falta de personal y de recursos tecnológicos y financieros, bajos niveles de profesionalización, capacidades de investigación muy limitadas, corrupción, entre otros. Esto es particularmente grave en aquellos con altas tasas de criminalidad, frecuentemente relacionadas con la presencia de grupos organizados que compiten por el control de los negocios ilegales y de las rentas que estos generan, en espacios con una histórica ausencia del Estado. En el libro“Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas”, 4 se plantea que revertir esas tendencias requiere de procesos profundos, integrales y sostenidos de reforma institucional y se presentan lineamientos para emprender dichos procesos desde una perspectiva progresista que permita modernizar y profesionalizar los cuerpos policiales en la región. La propuesta parte de la definición de un modelo deseable para la policía como una institución desmilitarizada, pública, de carácter civil y no político, con claridad en sus funciones, con un modelo y estructura orgánica apropiados, formada y capacitada adecuadamente, bien equipada, cercana a los gobiernos locales, próxima a la comunidad y con controles internos y externos. El libro dedica una parte también a señalar los obstáculos y las condiciones necesarias para avanzar en la construcción de ese modelo. Al respecto se enfatiza la importancia del liderazgo político para ejercer desde el ámbito civil la conducción de la seguridad pública en sentido amplio, y en ese marco, el diseño y la dirección de los procesos de reforma institucional de la policía. Esto requiere no solo de voluntad política clara, sino también de conocimientos técnicos sobre los asuntos de seguridad pública, incluidos los relativos a las reformas y capacidades operativas para implementar y evaluar las políticas y estrategias de reforma policial. También se plantea que, dado que estos procesos son lentos y complejos y no generan réditos políticos a corto plazo, es fundamental contar con voluntad política y compromiso de largo plazo dentro de la institución misma, en particular de los altos mandos, y enmarcar los objetivos de la reforma como procesos de mejora continua de los servicios y el funcionamiento, en lugar de un intento por comenzar de ceros. Un tercer factor fundamental para adelantar con éxito una reforma seria de las policías es generar las condiciones tanto políticas como operativas para la tarea, lo que requiere, por un lado, acciones para 4. Arias, P., Rosada-Granados, H. y Saín, M.(2012). Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas. Friedrich-Ebert-Stiftung, Programa de Cooperación en Seguridad Regional. Bogotá. Disponible en library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09383.pdf. 3

Catalina Niño Guarnizo | EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... construir las alianzas políticas necesarias entre el ejecutivo, el parlamento, los partidos, las autoridades judiciales, la sociedad civil y demás actores relevantes, y por otro, conseguir apoyos dentro de la institución, tanto con los mandos superiores como con el personal medio y subalterno, que contribuyan a vencer las resistencias al cambio que seguramente se van a presentar. Por último, el libro plantea elementos concretos relativos a la implementación de una reforma en diversos temas claves para el funcionamiento de la institución policial: sus funciones y organización interna, la profesión policial, relacionada también con los criterios de reclutamiento, y la educación y formación de los policías, la infraestructura y el equipamiento, y el control y la evaluación de su desempeño. Reforma a las políticas de drogas El libro“De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas” 5 condensa varios años de discusiones en el marco del OCO y el conocimiento de algunos expertos en la materia. El punto de partida es la convicción de que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado y es urgente encontrar nuevas maneras de abordar tanto los problemas creados por el narcotráfico, como los ocasionados por las mismas políticas prohibicionistas usadas desde hace décadas para combatirlo. Durante los últimos años un número creciente de gobiernos nacionales y locales han reconocido que el modelo prohibicionista y punitivo de lucha contra las drogas no ha logrado sus objetivos y grupos de sociedad civil y de personalidades políticas de todo el mundo 6 han hecho llamados sobre la necesidad de reformas, en particular la descriminalización del uso personal de drogas ilegales y el tratamiento de las adicciones como un asunto de salud pública. Más allá del asunto del consumo, el régimen internacional de control de drogas ha promovido niveles dramáticos de violencia y lucro vinculados con el crimen organizado transnacional. El poder de fuego y corrupción de los grupos criminales dedicados al narcotráfico –y crecientemente a otros negocios legales e ilegales– supera la capacidad de los Estados más afectados por este fenómeno en tanto que el statu quo de prohibición e ilegalidad tiene la consecuencia perversa de crear mercados negros exentos de regulación, en vez de ayudar al Estado a combatir el crimen organizado. Por ello es necesario cambiar el balance de recursos que existe hoy, para eso los Estados deben tomar medidas que le quiten capacidad al crimen organizado. Eso es particularmente urgente para los países de América Latina que han cargado una parte desproporcionada del peso de las políticas antidrogas, focalizadas en la represión de la producción y el tráfico. ¿Cómo hacerlo? La propuesta del libro es la regulación de toda la cadena de valor, no solo el consumo sino también la producción y la comercialización, diferenciada de acuerdo con las características de cada droga, según evidencia científica confiable. Pasar de un modelo represivo como el predominante a uno centrado en la regulación de toda la cadena de valor permitiría reducir los daños a los consumidores, reducir los daños a los no consumidores, minimizar los daños que las políticas antidrogas infligen tanto a los consumidores como a terceros, minimizar los recursos e ingresos vinculados a las drogas que van a parar a manos del crimen organizado y otros actores ilegales, e incluso transferir una porción de los ingresos del negocio al Estado a través de impuestos, por ejemplo, para financiar políticas públicas de salud y combatir el crimen organizado. Para alcanzar esos objetivos las políticas de control de drogas deben tener en cuenta las diferencias entre las drogas. Cada una tiene características específicas en relación con los riesgos de salud asociados al consumo y la probabilidad de adicción, así como a los costos sociales y económicos que conllevan el uso, la adicción y el tratamiento, y también el potencial para usos médicos y de investigación científica. 5. Mathieu, H. y Niño, C. Editores.(2013). De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas. Bogotá. Disponible en library.fes.de/pdf-files/ bueros/la-seguridad/10032.pdf. 6. Sobresalen los informes y declaraciones de la Comisión Global sobre Política de Drogas www.globalcommissionon drugs.org. 4

EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... | Catalina Niño Guarnizo Con respecto al cannabis, los planteamientos del OCO van en la línea de muchos otros que han recomendado regular ese mercado, de manera similar a las regulaciones que existen para el tabaco y el alcohol. De hecho, varios Estados se han movido ya en esa dirección(Uruguay, Canadá y muchos estados en Estados Unidos): los productos del cannabis están disponibles legalmente, sujetos a controles de calidad y con restricciones al consumo en lugares públicos y a la venta a menores de edad. Es de esperarse que esta tendencia hacia la regulación del mercado de marihuana continúe, dada la evidencia creciente sobre los niveles de riesgo y daño del consumo, la facilidad de cultivarla en casi cualquier lugar –lo que limita los incentivos para la aparición de una economía ilegal próspera a su alrededor– y la identificación de su gran potencial para usos medicinales. La cocaína es una sustancia mucho más controversial, lo que se debe en parte al millonario negocio ilegal que se ha generado a su alrededor. Para revertir esa dinámica, el libro propone una cadena de valor regulada con productores, comercializadores/distribuidores/vendedores y consumidores registrados, y abastecimiento a través de farmacias. En cuanto a los cultivos, habría que diferenciar entre los destinados a los usos tradicionales que no deberían estar prohibidos y los que producen la materia prima para la cocaína, que debería regularse por medio del registro de cultivadores. Adicionalmente, sería clave terminar con los programas de erradicación forzada e implementar estrategias de sustitución voluntaria de cultivos atadas a medidas de desarrollo rural integrales que permitan generar ingresos alternativos y sostenibles para los cultivadores. Con respecto al consumo, lo primero que se debe señalar es que la gran mayoría de los usuarios de cocaína no son usuarios problemáticos; lo segundo es que se necesita más investigación sobre los efectos de esta sustancia y otros derivados de la coca en la salud, al tiempo que se fortalece la perspectiva de salud pública para su manejo. Por último, si el negocio de la cocaína estuviera regulado, sería posible abastecer el consumo mediante el comercio directo entre países productores y consumidores, lo que podría reducir la presión que sufren las ya debilitadas instituciones de los países de tránsito. En el caso de la heroína, dado el daño enorme que genera en la salud de los usuarios, la propuesta plantea mantener la prohibición, pero sin criminalizar el consumo y fortaleciendo los programas de reducción de riesgos y daños y los tratamientos para los consumidores que quieran hacer uso de ellos. También se recomiendan programas que faciliten el acceso a medicamentos opiáceos para los tratamientos contra el dolor, muy deficitarios en la mayoría de los países. Es claro que implementar este tipo de regulaciones es una labor muy compleja, sobre todo en contextos marcados por una debilidad institucional histórica. Sin embargo, estas propuestas parten de la base de la urgencia de implementar estrategias que reduzcan la pérdida de vidas por la violencia del crimen organizado y los daños a los usuarios de drogas. En ese sentido, no están pensadas para reducir ni la producción ni el consumo, al menos no en un principio, sino para desviar una porción muy significativa de las economías de las drogas hacia mercados regulados y controlados, reduciendo significativamente la victimización de los consumidores y los ingresos del crimen organizado y otros actores ilegales. Si además se logra establecer un sistema impositivo eficiente, se recogerían parte de esos ingresos para invertirlos en medidas más eficaces de lucha contra el fenómeno y de atención al consumo según principios de respeto a los derechos humanos de los usuarios. Reforma a la justicia Como se dijo, los niveles de violencia y criminalidad que viven los países de América Latina, que están entre los más altos del mundo, responden en gran parte a la incapacidad de las instituciones públicas, en particular las responsables de la administración de justicia, de cumplir eficazmente con sus funciones. Los sistemas de justicia latinoamericanos son poco efectivos, tienen capacidades de investigación y solución de casos muy limitadas y están sobrecargados entre otras por su tendencia al populismo punitivo –abuso de la prisión preventiva, aumento de penas, creación de nuevos delitos– que lleva al uso excesivo del sistema penal. Son también poco accesibles a los ciudadanos y carecen de legitimidad, por lo que no cuentan con la confianza de la 5

Catalina Niño Guarnizo | EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... población. Esto genera incentivos perversos para la criminalidad y espacios geográficos y sociales vacíos de gobernanza que son aprovechados por los grupos ilegales. Por ello, como parte de cualquier proceso de reforma institucional que busque fortalecer al Estado y darle mayor legitimidad frente a la ciudadanía y como una continuación al libro sobre reformas policiales, los trabajos del OCO condujeron a otra publicación,“La reforma a la justicia en América Latina: las lecciones aprendidas”. 7 La administración de justicia es fundamental para garantizar la calidad de la democracia. Una justicia accesible, eficaz y transparente mejora las relaciones sociales, disminuye los incentivos para la criminalidad y la violencia y le da herramientas a las instituciones para enfrentar mejor amenazas complejas como la que representa el crimen organizado. Precisamente por eso los países de la región han hecho esfuerzos importantes en diversos momentos de su historia reciente para emprender procesos de reforma de sus sistemas de justicia, que, sin embargo, aun son muy limitados. El libro da cuenta de lo que la región ha hecho hasta ahora en este tema y de lo que aún está pendiente para cualificar el funcionamiento del sector. Una de las principales conclusiones es que la complejidad y multiplicidad de facetas de los sistemas de justicia representa un reto enorme para la implementación de reformas profundas e integrales. De hecho, el libro se refiere tanto a las reformas a la justicia penal como a las relativas a la justicia no penal, señalando el impacto que pueden tener en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, y en un apartado plantea la situación de la justicia para adolescentes, como una parte claramente diferenciada dentro del sector. Además, se hace referencia explícita a la necesidad de que los Estados desarrollen políticas criminales serias e integrales, puesto que éstas no solo son necesarias para que la justicia funcione mejor, sino también para que la lucha contra la criminalidad, incluido el crimen organizado, sea más eficaz. Al final el libro recoge algunas recomendaciones enunciadas en los capítulos anteriores. Estas tienen que ver con la importancia de que las reformas se entiendan como el desarrollo de políticas públicas, que deben tener objetivos claros e indicadores de evaluación que permitan medir constantemente los avances de la implementación. Esto requiere voluntad política y participación de diversos sectores, no solo del gobierno, también –casi más importante– la transformación de la cultura legal que pasa por la modernización de la formación de los abogados y la alineación de las facultades de derecho con los propósitos amplios de la reforma. Dado que los aparatos de justicia no son tan autocontenidos como las policías(en las que todos los elementos del sistema, desde el reclutamiento hasta el pago de las pensiones del personal retirado, están directamente vinculados con la institución), la gradualidad de las reformas judiciales y la necesidad de comenzar con la formación de quienes serán los operadores del sistema son factores claves para el éxito de estos procesos. Es claro que en este frente se requiere mucho más análisis e investigación para diseñar e implementar reformas que generen cambios positivos significativos y sostenibles. Las recomedaciones hechas en esta publicación son una contribución a esa tarea. Los últimos años: la discusión sobre la necesidad de nuevos acuerdos y formas de hacer política Un factor que desde el comienzo ha surgido en todas las discusiones del Observatorio es el de las formas de hacer política en el sentido de los arreglos institucionales que determinan ciertos modelos de gobernanza en los diferentes países. En América Latina son muy comunes las prácticas y redes clientelistas que privilegian los intereses de algunos grupos por encima del bien común, en línea con la incapacidad de los Estados para cumplir con sus funciones de proveer seguridad y bienestar a todos sus ciudadanos. A los ojos de sectores importantes 7. Benavides, F., Binder, A y Villadiego, C.(2016). La reforma a la justicia en América Latina: las lecciones aprendidas. Bogotá. Disponible en library.fes.de/pdf-files/bueros/ la-seguridad/12574.pdf. 6

EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... | Catalina Niño Guarnizo de la población esa incapacidad es más bien una falta de voluntad, en tanto que hay minorías privilegiadas que sí se benefician de los bienes y servicios públicos, con lo que la legitimidad de los Estados latinoamericanos y sus instituciones es muy baja. Una pregunta crucial entonces es cómo generar cambios en las prácticas políticas para cambiar la dinámica histórica y consolidar Estados democráticos capaces de mantener el imperio de la ley y garantizar la seguridad y bienestar de todos sus ciudadanos. Esto no implica eliminar los mercados para bienes y servicios ilegales, sino prevenir y limitar al máximo la violencia y la corrupción asociadas con el crimen organizado. Lo que se necesita es generar las condiciones políticas para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para eso, lo que requiere alianzas amplias entre los diversos sectores políticos y sociales interesados en modernizar nuestros Estados, alianzas sobre mínimos programáticos, que resistan los vaivenes electorales. ¿Cómo hacerlo? Para eso todavía no hay respuestas ciertas. En ese sentido, esfuerzos de reflexión y análisis como el emprendido por la FES en el marco del Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática siguen siendo claves para hacer propuestas que faciliten tanto las alianzas políticas como las reformas institucionales necesarias para superar los desafíos que plantea el crimen organizado y fortalecer las democracias latinoamericanas. 7

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Perspectivas El Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina: una década de análisis y propuestas de política pública Se terminó de imprimir en junio de 2019 en Sellos, troqueles y carpetas Torres. Calle Palenque 16-3, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, CP 03020, Ciudad de México. El tiraje consta de quinientos ejemplares.

Catalina Niño Guarnizo | EL OBSERVATORIO DE CRIMEN ORGANIZADO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA... Autora Catalina Niño Guarnizo es Coordinadora del proyecto de seguridad regional de la Fundación Friedrich Ebert(FES) desde 2010, proyecto que incluye el Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina(OCO). Pie de imprenta Fundación Friedrich Ebert en México Yautepec 55| Col. Condesa 06140| México, DF| México Responsable Hans Mathieu| Representante en México Teléfono+52(55) 5553 5302 Fax+52(55) 5254 1554 www.fes-mexico.org Fundación Friedrich Ebert en México La Fundación Friedrich Ebert(FES), fundada en 1925 en Alemania, es una institución privada de utilidad pública comprometida con las ideas de la Democracia Social. Lleva el nombre del primer presidente del Estado alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, y es portadora de su legado en cuanto a la configuración política de la libertad, la solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde la Fundación en el interior y exterior de Alemania con sus programas de formación política, de cooperación internacional y de promoción de estudios e investigación. En México, la FES inició sus actividades en 1969 buscando contribuir al fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas mexicanas, apoyando a aquellos agentes comprometidos con el respeto a la democracia, la justicia social y el entendimiento internacional. Actualmente la Fundación Friedrich Ebert en México ofrece plataformas de diálogo, talleres de fortalecimiento de las capacidades públicas de actores progresistas, asesoría institucional, consultorías y análisis político y de políticas. ISBN 978-607-8642-13-7