¿P ueden rendir más? Cinco apuntes sobre los desafíos sindicales en un país que cambia A N A L I S I S Y P R O P U E S T A S FRIEDRICH EBERT R EPRESENTACIÓN EN U RUGUAY

ANALISIS Y PRO PUESTAS OTROS TITULOS ¿Pueden rendir más? Ni premio G ustavo B uquet , E dison L anza , ni castigo 	D avid R abinovich Los sindicalistas y los desafíos del segundo gobierno progresista C orriente S indical A rticulación Hacia una ley de servicios de comunicación audiovisual L ourdes R odríguez La televisión privada comercial en Uruguay E dison L anza G ustavo B uquet Juventud, violencia y ciudadanía en el Uruguay del siglo xxi : Medios, justicia y educación N ilia V iscardi Juventu des arrollo Prioridad política e inversión pública en juventud B olívar M oreira Cómo garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay G ustavo G ómez G ermano Los municipios en marcha. La descentralización local y los desafíos de su implementación A bel O roño Políticas progresistas de juventud. Experiencias y perspectivas al finalizar el primer gobierno de izquierda N icolás A mbrosi R afael S anseviero Democracia, género y equidad: aportes para el debate sobre los mecanismos de acción afirmativa C onstanza M oreira N iki J ohnson El sobreendeudamiento soberano en debate J orge J auri Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo P rograma C ientis Fragmentación socioeconómica y desigualdades: Desafíos para las políticas públicas D anilo V eiga A na L aura R ivoir Cancún y las promesas incumplidas. Los países pobres se rebelan en la omc A lma E spino S oledad S alvador Mercociudades y la IX Cumbre de Montevideo: La emergencia de un nuevo actor de la integración regional D aniel C hasquetti La izquierda uruguaya y la hipótesis del gobierno. Algunos desafíos político-institucionales G erardo C aetano J uan P ablo L una J aime Y affé R afael P iñeiro Uruguay en la región y en el mundo: Conceptos, estrategias y desafíos P rograma de I nserción I nternacional e I ntegración R egional Notas a propósito de los desafíos del movimiento sindical uruguayo C ristina Z urbriggen N atalio D oglio L uis S enatore Políticas públicas de comunicación: El ausente imprescindible G ustavo G ómez Desafíos y dilemas de la izquierda en la antesala del gobierno G abriel P apa La asociación interregional Mercosur-Unión Europea: desafíos del proceso de negociación C ecilia A lemany Pobreza y desigualdad en Uruguay. Claves para el diseño de un programa de superación de la pobreza extrema G ustavo de A rmas

¿P ueden rendir más? Cinco apuntes sobre los desafíos sindicales en un país que cambia diciembre 2012 ANÁLISIS Y PROPUESTAS

Friedrich-Ebert-Stiftung Representación en Uruguay Plaza Cagancha 1145, piso 8 Casilla 10578, Suc. Pluna e-mail: fesur@fesur.org.uy http://www.fes.org.uy http://www.fes-sindical.org Tels.:[++598] 2902 2938/ 39/ 40 Fax:[++598] 2902 2941 Diseño y diagramación: www. gliphosxp .com Depósito legal: 360.820/13 ISBN: 978-9974-7761-8-0 Los trabajos que publicamos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ebert. Se admite la reproducción total o parcial, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar un ejemplar.

Índice Introducción 5 Apunte 1. Retos y potencialidades del sindicalismo internacional ante el nuevo orden capitalista y las globalizaciones 7 Apunte 2. Un Estado eficaz y eficiente ¿para qué proyecto social? 10 Apunte 3. ¿A dónde llegan los hijos de las y los trabajadores en el barco de la educación? La asignatura pendiente 14 Apunte 4. ¿Es preferible ser varón, de mediana edad y con buena presencia? Género, generaciones y desigualdades antiguas 17 Apunte 5. Cuando gobiernan los amigos. Los gobiernos de izquierda y el movimiento sindical 20

Introducción La corriente Articulación del movimiento sindical uruguayo es integrante del espacio social y cultural que dio lugar al acceso del progresismo a los gobiernos durante los últimos 20 años(gobiernos departamentales desde 1990 y nacionales desde 2005). Es un actor de la movilización de trabajadores y trabajadoras; desde ese lugar interviene activamente en el debate político contemporáneo. Durante 2012 impulsó un proceso de debates(con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert) cuyo eje fueron los principales desafíos del sindicalismo en el contexto de un país gobernado por la izquierda, donde se vienen cumpliendo algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento sindical. Articulación, al igual que todo el sindicalismo uruguayo, reconoce los principales significados que tienen siete años de gobierno de izquierda para las y los trabajadores uruguayos: I) éxitos de las políticas tendientes a revertir algunas afrentosas deudas sociales; II) mantenimiento de las condiciones necesarias para el desenvolvimiento de la economía uruguaya; III) las mayores conquistas para las y los trabajadores de toda la historia uruguaya; IV) el espacio abierto para buscar soluciones a antiguos problemas con una mirada nueva.[1] Ello significa que en Uruguay, al igual que en los países más próximos de la región progresista, se rompió uno de los dogmas que dominaron la política sudamericana a partir del consenso de Washington: crecieron las economías y simultáneamente se avanzó en la búsqueda de mayor equidad redistributiva. El progreso y la estabilidad de las economías dejaron de estar asociados a la desigualdad como la sombra al cuerpo. Tales avances permitieron mitigar los efectos de las crisis sufridas a principios del siglo xxi (2001-2002), pero en sustancia no afectan otras desigualdades cuya superación demanda(afirman los sindicalistas)«trascender las políticas basadas en transferencias, porque sus determinantes son estructurales y se anudan a dinámicas trasnacionales de difícil gobierno en clave nacional».[2] Uno de los rasgos más llamativos de la nueva realidad uruguaya es la coincidencia de un tiempo de cambios y éxitos que favorecen a la absoluta mayoría de la población con una subjetividad colectiva dominada por malestares, muy próxima a la frustración. La más elocuente 5

expresión de tal subjetividad es el sentimiento de que la inseguridad es el principal problema del país, más allá de la experiencia directa de las personas y la información formalizada. 1 En un marco así auspicioso, contradictorio y demandante de nuevas respuestas, los sindicalistas de Articulación(se) interrogaban, ya en 2011,«si las mejoras producidas por este gobierno son parte de la construcción de un nuevo modelo o si se sigue reproduciendo la misma matriz, con la diferencia de que ahora la distribución sea menos inequitativa sobre la base de un ciclo económico excepcional en la vida del país».[3] Advertían entonces sobre carencias: miradas de mediano plazo y consensos suficientes para colocar la resolución de algunos problemas todavía graves—inequidades y fragmentación social, redistribución de la riqueza, crisis de la educación, reforma del Estado— en el marco de una propuesta integrada e integradora de la sociedad. Advierten entonces que el progresismo necesita avanzar más allá de lo hecho y pensado hasta ahora, promoviendo un replanteo radical de algunos de los principales temas pendientes. En los debates habidos en el año 2012 se abordaron algunos de los temas que a juicio de los sindicalistas son cruciales: la reforma del Estado, la crisis de la enseñanza, la brecha entre la infraestructura y el país productivo, la persistente primarización de la economía, las consecuencias de la inversión directa y los tratados bilaterales de protección de inversiones, los desafíos de la integración regional. Se identificaron asimismo algunas necesidades de autotransformación que desafían a las izquierdas políticas y sociales cuando sus partidos representativos ejercen el gobierno. La Fundación Friedrich Ebert entiende oportuno publicar los principales contenidos de los debates mencionados, sobre la base de una síntesis y sistematización realizada por Susana Kaufmann. [1]«Los sindicalistas y los desafíos del segundo gobierno progresista 2012», ‹http://library.fes.de/ pdf-files/bueros/uruguay/09086.pdf›. [2] Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno, el crecimiento del producto interno bruto ha sido del 6% promedio, la inversión es la más alta de los últimos tiempos, las exportaciones de bienes y servicios se triplicaron y se produjo una diversificación de mercados y productos. Las políticas sociales redistributivas han provocado mejoras en los indicadores de pobreza, desempleo y salud, con el consiguiente abatimiento de la desigualdad. [3]«Los sindicalistas y los desafíos del segundo gobierno progresista 2012», ‹http://library.fes.de/pdffiles/bueros/uruguay/09086.pdf›. 1«Nueve de cada diez uruguayos están insatisfechos con la seguridad[y] 60% de los encuestados uruguayos consideró que la“falta de seguridad” es el principal problema del país. Esa cifra convierte a Uruguay en el país con más proporción de personas que opinaron que la inseguridad es lo más preocupante.» En ‹http://www.elpais. com.uy/110522/pnacio-568127/nacional/la-gestion-demujica-en-seguridad-no-conforma-a-la-mayoria-de-uruguayos/›. 6

Apunte 1. Retos y potencialidades del sindicalismo internacional ante el nuevo orden capitalista y las globalizaciones La reconversión del orden capitalista en curso y las diferentes formas de globalización impactan en la división internacional del trabajo y especialmente en el crecimiento de la asimetría de poderes entre el nivel económico y financiero global y los ámbitos de decisiones políticas nacionales y aun regionales. El progresismo no solamente necesita demostrar capacidad para sortear las crisis modernas, crecer y dar estabilidad a las economías nacionales, sino que le es clave definir una estrategia de inserción en la globalización, una ruta de desarrollo y un sistema de alianzas para sustentar ese proyecto. Algunas temáticas que Uruguay y los países de la región no podrán dejar de considerar en la definición de sus estrategias de desarrollo guardan relación con las transformaciones productivas y las tecnologías, así como con el uso y reconversión de las energías y los recursos naturales, es decir, las dimensiones ambientales. En la perspectiva de las próximas décadas América Latina y el Cono Sur presentan potencialidades relevantes, tales como la cantidad de tierra con capacidad productiva, la baja concentración poblacional en comparación con otras zonas del mundo, su capacidad de producir alimentos para 10 veces su población y la gran disponibilidad de agua potable. Desde este punto de vista, algunas de las economías de los países de la región pueden competir con los Estados Unidos a nivel, por ejemplo, del complejo agroalimentario. Desde que América del Sur es gobernada por fuerzas de izquierda y progresistas, se han experimentado en varias oportunidades las potencialidades que tienen las alianzas entre esos gobiernos y actores como las centrales sindicales, ong y movimientos sociales para provocar decisiones gravitantes en la agenda de toda la región(por ejemplo el bloqueo a la política de G. W. Bush para incluir la región en el alca ). Si bien en casi todo el continente se han abatido la pobreza y la indigencia, se ha reducido el desempleo y se han llevado a primer plano antiguas reivindicaciones de etnia-raza y género(entre otras), aún no se ha logrado afrontar de una manera sustantiva la intolerable desigualdad, que en algunos países se mantiene a pesar de las políticas redistributivas El contraste entre el crecimiento económico de 7

la sociedades, la orientación progresista y los resultados, medidos en términos de mayor o menor equidad, revelan los límites de los modelos en curso. Las experiencias mencionadas refuerzan la evidencia de que un modelo de desarrollo posible y deseable, en una perspectiva de izquierda, no podrá desplegarse en cada uno de los países por separado, sino integrando un programa y una estrategia común a la región. Ni siquiera aquellos más influyentes y con mejores estándares económicos podrán sostener en soledad las condiciones políticas para un desarrollo progresista en sus propios territorios. Un ejemplo de la magnitud de los desafíos que se mencionan tiene que ver con el debate, y especialmente con las decisiones, acerca del tipo de inversiones necesarias para la promoción de estrategias productivas autónomas y sustentables. Ello supone revisar la tradición neoliberal de apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras directas y los tratados bilaterales que las defienden. Solo en un nuevo marco político, conceptual e institucional respecto de la política de inversiones sería posible definir modernas metas de desarrollo productivo con los consiguientes flamantes beneficiarios para las facilidades de inversión. Es evidente que semejante objetivo supone enfrentar el enorme poder fáctico de las empresas trasnacionales, un poder que se acrecienta en el marco de las crisis. Otro plano en el que resulta evidente la necesidad de confrontación con el poder de las empresas trasnacionales para afianzar una real integración productiva se relaciona con la generación de un modelo de desarrollo industrial propio y la posibilidad de un desarrollo científico tecnológico autónomo. Sería pertinente, por tanto, que los sindicalistas, en tanto actores progresistas, levantaran y articularan demandas reivindicativas para definir políticas regionales que impliquen obligaciones para todas las empresas. En la misma línea, sería apropiado que construyeran un 8 discurso común que influya en las definiciones políticas de mediano y largo plazo referidas a los modelos de desarrollo. Los actores, planos y escenarios a partir de los cuales es posible orientar e influir la integración regional son múltiples y diversos. Las centrales sindicales de la región pueden ser un polo promotor de esa integración que, como no puede ser de otro modo, ocurre con dificultades y vaivenes. La intervención de los actores sociales puede ser clave para contraponer a un poder económico y especialmente mediático que se empeña en reducir los procesos de integración regional a sus dimensiones comerciales y burocráticas. Los tiempos para las integraciones son los medianos y largos plazos; la voluntad política integradora de las elites solo puede sostenerse con un cambio cultural y un convencimiento profundo de las sociedades. Las centrales sindicales del Cono Sur tienen una experiencia acumulada en materia de concertación regional de los sindicalistas(en especial durante el período de redemocratización de los años 80) que puede ser recuperada en el marco de un proyecto integrador común. El desafío de construir un marco político social progresista a escala regional demanda construir confianza y capacidad de articulación y de incidir junto con actores locales y globales. El sindicalismo internacional ha impulsado en los últimos años distintos procesos para responder a estos nuevos desafíos. Un ejemplo de ello es la consecución de la unidad a nivel macro a partir de la creación de la Confederación Sindical Internacional( csi ) como principal organización sindical a nivel mundial. La csi fue fundada en el congreso que se llevó a cabo en Austria en noviembre de 2006 y reúne a las antiguas afiliadas a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres( ciosl ) y a la Confederación Mundial del Trabajo( cmt ), además de otras organizaciones sindicales que no estaban afiliadas a ninguna de las dos internacionales. La regional para nuestro hemisferio de la csi es

la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas( csa ), que se ha transformado en la expresión sindical regional más importante del continente americano. Fue fundada el 27 de marzo de 2008 en la ciudad de Panamá y afilia a 53 organizaciones nacionales de 23 países, que representan a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras. Uno de los temas en los cuales sería conveniente que el sindicalismo uruguayo profundizara su análisis, con una nueva perspectiva, es precisamente el de la pertenencia a federaciones regionales e internacionales. Para las centrales unitarias de Uruguay(la cnt primero y el pit cnt actualmente) la independencia de toda confederación internacional fue la condición para integrar en una misma estructura, concepto y marco jurídico(estatutos) a sindicalistas de todas las corrientes existentes en el país. De esa necesidad surgieron las históricas definiciones(ahora convertidas en tradición) de no pertenencia a ninguna central internacional. De alguna manera es posible señalar la paradoja de que durante décadas la experiencia uruguaya(coexistencia de diferentes corrientes ideológicas unidas bajo una misma bandera) fue caracterizada como excepcional. En la actualidad las centrales continentales e internacionales expresan aquella visión que fuera patrimonio de los sindicalistas uruguayos, pero estos no participan en las nuevas organizaciones. 9

Apunte 2. Un Estado eficaz y eficiente ¿para qué proyecto social? Uno de los rasgos distintivos de la sociedad uruguaya en las dos primeras décadas del siglo xxi es el aumento sostenido de las«exigencias de mayor calidad». 2 Aun cuando los estándares y las apreciaciones sobre la calidad demandada son variables en los diferentes grupos sociales(de clase, etarios, territoriales, entre hombres y mujeres), hay una nueva conciencia que alienta las expectativas de superar lo que en un relato anterior se consideraban trabas estructurales. El arco de demandas abarca desde la efectividad de algunas políticas públicas muy sensibles, como la seguridad, hasta el funcionamiento del Estado y la calidad de los servicios públicos. En las izquierdas políticas y sociales crece la convicción de que el gobierno progresista ha madurado condiciones para avanzar francamente hacia la concreción de temas cruciales de su agenda histórica(mayor justicia en la distribución de la riqueza pura y dura, mayores avances en el campo de los derechos humanos y políticas que democraticen la ca2 El lema del partido ganador de las últimas elecciones nacionales(2009) expresa(y fortalece discursivamente) esa tendencia:«Un gobierno honrado. Un país de primera». 10 pitalización cultural y promuevan una nueva integración social). El optimismo colectivo en las instituciones de la política se ha expresado en la emergencia (exitosa o parcialmente exitosa) 3 de demandas generadas por nuevos actores colectivos que sostienen, muchas veces, antiguas reivindicaciones que permanecían desglosadas de la agenda pública(y también de la izquierda). Tales son los temas relacionados con las injusticias basadas en la raza-etnia, el género, la libertad sexual, las desigualdades que se desarrollan fruto de las diferentes dotaciones territoriales, la inversión extranjera directa, así como todo el empuje de lo climático y ambiental. En la singularidad de la conformación cultural uruguaya, con una fuerte impronta estadocéntrica, muchas de las demandas referidas son canalizadas a nivel de los imaginarios colectivos en clave estatal. Es decir que, antes que 3 Ejemplos son la despenalización incompleta de la interrupción voluntaria del embarazo(2012), las dificultades para consolidar los proyectos de ley relacionados con el autocultivo de la marihuana o el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

en cualquier otro ámbito, las soluciones a antiguas y nuevas necesidades se piensan como un asunto en el que debe intervenir el Estado. Por esa vía aumentan las presiones discursivas sobre la necesidad de transformar tanto la estructura como las prácticas de unas burocracias sobre las cuales hay consenso que no dan cuenta de las necesidades y aspiraciones de una sociedad que se siente capaz de cambiar para«ir a más». Así, se reproducen discursos críticos—hasta la descalificación— sobre los más variados estamentos; desde la justicia y sus auxiliares (policía, inau , entre otros), las y los educadores, los médicos y médicas rapaces(encabezados por los anestésico-quirúrgicos), múltiples funcionariados detentadores de todo tipo de privilegios(encabezados por los municipales y bancarios). Es como si la posible felicidad de una sociedad integrada por sujetos y sujetas absolutamente virtuosos estuviera incautada por la perfidia de diferentes colectivos(corporaciones) que se van alternando en la tarea de frustrar las posibilidades del«bien común». Desde finales de la última década del siglo xx las derechas alimentaron la conciencia«antiEstado» para hacer operativo el dogmatismo neoliberal del Estado mínimo. 4 Las izquierdas sociales y políticas uruguayas—en la oposición— resistieron con éxito la expropiación de los principales instrumentos de intervención política y recaudación de recursos(las empresas estatales). Esa resistencia se basó en la convicción de la necesidad de preservar el potencial interventor y rector del Estado como un componente clave de un programa de transformaciones progresistas. Sin embargo, al llegar a los gobiernos(tanto departamentales como nacional), se deben afrontar las tensiones que producen las demandas sociales de diferente procedencia y 4 Según las prescripciones del llamado«consenso de Washington». similar legitimidad que convergen en un Estado que en lo funcional, humano y de procedimientos no está adecuado para responderlas, porque fue diseñado para un proyecto de sociedad diferente y en un tiempo ya agotado. El desafío para la izquierda y los movimientos sociales en la actualidad es hacer viable un proyecto integrador que se caracterice por construir bienes públicos que la mayor parte de la sociedad disfrute. Se necesita para ello mejorar los servicios, fundamentalmente la educación media, favorecer acciones de convivencia y tolerancia, aumentar el presupuesto destinado a la inversión y el desarrollo sustentable, la diversificación de la matriz productiva y, en lo que atañe a los trabajadores, la promoción de la formación de recursos humanos alineados con esta estrategia. En el mediano plazo el proyecto de izquierda alienta un modelo de desarrollo que se base en la justicia social y la reproduzca, en su sentido más amplio(incluyendo la igualdad de género, de raza-etnia, sexualidad, edades, entre tantas dimensiones). Para la promoción de políticas que faciliten la realización de semejante modelo social es necesaria la extensión de la democracia, la transparencia, la responsabilidad compartida y la participación social, entre otros cambios que involucran la gestión estatal. Se trata de un proceso de transformación profunda y radical que se ha popularizado como reforma del Estado y tiene dos dimensiones diferentes. La primera es la definición política del rol del Estado en los procesos de desarrollo social y económico del país, en la redistribución de la renta y en la provisión de servicios públicos, así como en la definición y ejecución de políticas sociales. La segunda es la reforma administrativa, que debería estar en sintonía con las definiciones adoptadas anteriormente. Con respecto al rol y las funciones del Estado democrático, la mayoría acuerda en que son garantizar los derechos de los ciudadanos y ser expresión institucional de la democracia a la vez que agente económico. Pero en la 11

medida en que el Estado refleja las relaciones de poder y la capacidad de incidencia real de distintos grupos sociales y sus instituciones representativas, requiere proyectar y construir mecanismos que le permitan arbitrar a fin de compensar las desigualdades. Si bien Uruguay presenta el menor índice de desigualdad del continente, aún está muy lejos de la realidad de los países desarrollados, y más lejos aún de lo que la izquierda se ha propuesto. El gobierno del Frente Amplio decidió esforzarse para mejorar la situación, y para ello se analizaron los grupos de factores, tanto de largo como de corto plazo, que estimulan la distribución de la riqueza. Un instrumento clave es la política tributaria, por el papel que juega a corto plazo en la tarea de aumentar el bienestar general. Las metas buscadas hasta ahora son promover la equidad, horizontal y vertical, relacionando la carga tributaria con la capacidad contributiva. Se destacan también las políticas sociales directas por medio de las cuales el Estado distribuye la riqueza por la vía de transferencias directas o indirectas. Al mismo tiempo se propició una mayor eficiencia en la administración para provocar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. En la medida en que la fuente de ingresos de la mayor parte de la población uruguaya es la remuneración por el trabajo, es fundamental el papel del Estado en las políticas públicas laborales como orientador de la redistribución de la riqueza. En este plano puede intervenir indirectamente, influyendo por ejemplo en el nivel de actividad económica a través de la inversión productiva, estimulando la innovación tecnológica o mediante la regulación del mercado de trabajo. La intervención directa se realiza a través de políticas de empleo que brinden un apoyo a la población activa o potencialmente activa que exhibe mayores dificultades en el acceso a 12 puestos de trabajo. Se puede incidir tanto en la calidad de los puestos de trabajo como en la formación de capacidades laborales. En este campo es crucial el rol del Estado como orientador de políticas de empleabilidad articuladas con políticas educativas enmarcadas en un diseño que no siga como una sombra fiel únicamente los movimientos del mercado. En la búsqueda de fortalecer la autonomía de las personas a través del trabajo existe un denso inventario de asuntos realizados y pendientes: I) las políticas de formalización del trabajo y de incremento de su oferta; II) la construcción y articulación de la categoría «trabajo joven decente»; III) la inclusión de las necesidades diferenciales derivadas de desigualdades de género, de generaciones y étnico-raciales; IV) la integralidad de unas políticas que consideren la dimensión territorial y no únicamente la necesidad de«emplear» a las personas; V) la complementariedad sectorial y territorial en la creación de fuentes de trabajo, y VI) el reforzamiento del rol de orientación e intermediación laboral de los centros públicos de empleo. Otro modo de intervención estatal con efectos redistributivos son los servicios; en este caso los impactos se aprecian a mediano y largo plazo. La reivindicación de que los servicios públicos deberían ser universales y gratuitos se complementa con la exigencia de que sean también de buena calidad y no residuales, como ocurrió al final de la dictadura y en los 90. Uno de los ejemplos más logrados de transformaciones profundas en la orientación y gestión del Estado en el progresismo(junto con la reforma tributaria) es la reforma en los servicios de salud y la puesta en práctica del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta reforma se planteó los objetivos de universalización de la atención integrando progresivamente al sistema a aquellos ciudadanos sin cobertura, de equidad en el financiamiento a partir de un aporte familiar por ingresos, y de nivelación de la calidad de atención tanto en el sector público como en el privado. A lo cual se sumaron el fortalecimiento del primer nivel de atención, la

transparencia y democratización de la gestión con participación de trabajadores y usuarios en el proceso de salud, y la libre elección de los usuarios. En este caso la función del Estado es de«facilitador», ya que no brinda todos los servicios por sí mismo, sino que ejerce la rectoría sobre quienes lo hacen, definiendo el sentido deseado, guiando en esa dirección, regulando y determinando las condiciones de articulación entre quienes los proveen. El progresismo en el gobierno exhibe una clara orientación hacia modificar las funciones y roles históricamente atribuidos al Estado uruguayo. En ocasiones como parte de un proyecto articulado, meditado y consensuado (reformas tributaria y de la salud), y en otros momentos como resultado de las tensiones que provoca la aplicación en diferentes campos de la vida pública de proyectos y programas de justicia social o redistribución de la riqueza y el poder. Sin embargo es evidente la ausencia de una reflexión comprehensiva y unitaria sobre el Estado y sus déficits para desplegar un proyecto de transformación social más profunda. Esa carencia se manifiesta en la ausencia de mecanismos razonables de evaluación, rendición de cuentas y rectificación de las políticas en curso. En especial la reforma administrativa fue estudiada, analizada, decidida e iniciada en varios organismos estatales durante los gobiernos progresistas, sin embargo no existen elementos de evaluación ni menos aún una tendencia a generalizarla. Cabe señalar que la parcelación del poder (de los distintos ámbitos del Estado) y la ausencia de un debate franco sobre este punto entre las izquierdas del campo político, social y académico constituyen factores que acumulan malestares y postergan la elaboración e implementación de uno de los reclamos más unánimes de la sociedad uruguaya, sobre la base del cual las izquierdas construyeron buena parte de la expectativa respecto de su gestión. 13

Apunte 3. ¿A dónde llegan los hijos de las y los trabajadores en el barco de la educación? La asignatura pendiente Si bien es indudable que tanto las mejoras en lo que respecta al sistema de salud como el nivel y acceso a la educación tienen un impacto a largo plazo en la distribución de la riqueza, la segunda es fundamental para una visión de izquierda, ya que el sistema productivo se ordena según los niveles de educación de la población. La enseñanza tiene variados cometidos. Uno de los más importantes en el imaginario social es el de contribuir a la movilidad, al ascenso social. Esto sucede por razones históricoculturales, pero fundamentalmente porque el mercado laboral considera los niveles educativos, y específicamente la finalización de cada uno de los ciclos, para disponer y remunerar las diferentes labores. A su vez esta situación es dinámica, se constata un fenómeno denominado fuga hacia arriba, que describe el proceso por el cual con el paso del tiempo se requieren niveles educativos cada vez más altos para acceder a determinadas ocupaciones. Si el sistema educativo de cualquier país muestra índices importantes de fracaso y bajos estándares de desempeño, finalmente se termina comportando como un segmentador de la sociedad. Es por ello que aquella pobla14 ción que no acceda, por diferentes razones, a una educación de buen nivel tiene altas probabilidades de ser pobre toda su vida, hecho provocado no solo por las dificultades de acceso al mercado laboral y a un salario digno, sino también por la posterior limitación para percibir una jubilación que le permita vivir de forma decorosa. Uruguay había sido considerado a lo largo de su historia como uno de los países con mejor nivel educativo dentro de la región; se distinguía por la temprana alfabetización de su población así como por la universalización del acceso a la enseñanza primaria. Sin embargo en las últimas décadas el Uruguay ha progresado en el terreno educativo a un ritmo más lento que sus vecinos, ubicándose en peor posición que Brasil, Argentina y Chile en términos de acceso y de progresión en la enseñanza. Pese a que Uruguay sigue exhibiendo indicadores positivos en los niveles de educación inicial y primaria—al menos en comparación con el resto de los países de la región—, a nivel de la enseñanza media presenta en la actualidad datos muy preocupantes observables tanto por la población en general como por los técnicos. Al examinar la evolución de las tasas

de egreso en los distintos niveles, se advierte claramente una tendencia al estancamiento. La sociedad exige que la educación pública brinde ante todo mayores seguridades. Esto es así puesto que si bien no se ha demostrado efectivamente que el nivel educativo a nivel privado tenga generalizadamente mejor nivel y calidad, de todas maneras esos centros brindan a los progenitores mayor confianza que los públicos. Es por ello que en Montevideo un 30% de la población envía a sus hijos a la educación privada, frente a un 9 o 10% del interior, donde el sistema público aún mantiene su prestigio y seguridad. Una agenda liberal propondría al Estado deshacerse de esos problemas dejándole la resolución al sector privado, es decir, al mercado. En cambio los sindicatos y las izquierdas plantean que el Estado debería jugar un rol fundamental en la educación pública y exigir un muy buen funcionamiento de esta. Durante los dos últimos gobiernos, con el progresismo en el poder se han realizado transferencias directas de recursos al sector público de la educación que han pasado de un 2,2% del producto interno bruto a un 4,5%, y de esta manera se han mejorado, entre otros ítems, los salarios de los docentes. Si bien este aumento no supone necesariamente que se produzcan avances espectaculares e inmediatos, por lo menos deberían notarse líneas de mejora, situación que por el momento no es percibida concretamente por la población. Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, no se ha logrado incrementar significativamente los niveles de egreso de la educación media. En el presente, uno de cada tres adolescentes no logra completar la educación media básica(nueve años de enseñanza) y casi dos de cada tres no logran finalizar la educación media superior, lo que ubica al país por debajo del promedio de los países de similar nivel de desarrollo humano. Es clara la disparidad en los resultados educativos entre adolescentes que pertenecen a distintos estratos económicos y provienen de distintos contextos socioculturales, tanto en lo que refiere a la finalización de la educación media como en los aprendizajes efectivos en las áreas de conocimiento o competencias básicas. En ese sentido, resulta especialmente preocupante que nuestro país presente en algunos indicadores disparidades mayores que otros de la región(Chile, por ejemplo) que se caracterizan por altos niveles de concentración del ingreso y grave desigualdad social. Variadas son las dificultades del sistema público desencadenantes de la situación reseñada. Una de ellas es el ausentismo de los docentes(que se aproxima al 20%), que provoca no solo la pérdida de horas efectivas de clase por los estudiantes, sino fundamentalmente que en ese período los jóvenes se encuentren sin supervisión adulta. Por otro lado, el horario acotado de los liceos públicos no se condice con las modernas exigencias laborales de sus padres, a diferencia de los colegios privados, que cuentan generalmente con una jornada extendida semejante al lapso en que los mayores se encuentran ausentes del hogar. La creación de centros públicos de doble turno permitiría la concurrencia al local de estudio por un período más largo, lo que garantizaría una contención mayor de los jóvenes por un conjunto de adultos. Es por tales razones que la mayor parte de los interesados y de la clase política no visualizan las actuales propuestas curriculares, pedagógicas y didácticas como modernas ni con capacidad de dar respuesta a las nuevas exigencias sociales, compromiso que había asumido el gobierno progresista con la sociedad. Dado que el grado de inequidad en la distribución de los aprendizajes entre los niños, adolescentes y jóvenes tiene correlación con el grado de equidad socioeconómica que las sociedades tendrán en el futuro, se puede concluir que si en nuestro país no se producen cambios profundos se podrían estar comprometiendo los niveles de equidad que nos han distinguido históricamente en la región. Esos cambios implican mejorar los índices del 15

sistema educativo, proseguir la búsqueda de estrategias para reducir las elevadas tasas de desvinculación de la enseñanza media a corto plazo, aumentar el horario de los lugares de estudio, promover trayectorias educativas de calidad, mejorar las calificaciones técnicas, así como estimular la creatividad, la innovación y la capacidad de adaptarse a los cambios. 16

Apunte 4. ¿Es preferible ser varón, de mediana edad y con buena presencia? Género, generaciones y desigualdades antiguas Tanto en la región como en nuestro país las transformaciones en las estructuras familiares y en el mercado de trabajo han provocado el surgimiento de nuevas necesidades sociales acordes con esa realidad, pero hasta ahora las acciones públicas que las atienden no se manifiestan como suficientemente visibles ni viables. Coincidentemente, en el año 2008 las Naciones Unidas introdujeron una nueva meta dentro del primer objetivo de desarrollo del milenio consistente en«lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes». En todos estos países la tasa de actividad femenina aumentó, así como la aspiración a la autonomía económica y al desarrollo personal, pero la división sexual del trabajo sigue asignando a las mujeres la responsabilidad de las tareas de las labores domésticas y de cuidado no remunerado. La cantidad de horas destinadas a ellas lleva a que tengan menos tiempo disponible para trabajar por un salario y de esta manera generar recursos propios. Si bien en el último período se han producido muchas transformaciones en las leyes así como en el acceso a la educación, en el empleo, en la participación, en la cultura e incluso en la presencia de las mujeres en la política en nuestro país y en la región,«en muchos aspectos de la vida cotidiana, pública y privada las cosas siguen funcionando como si la antigua división de tareas fuera un orden natural inalterable»(Batthyány). La segregación laboral y las diferencias salariales entre hombres y mujeres siguen siendo rasgos del mercado laboral uruguayo que se mantienen a pesar de la legislación nacional que prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector de actividad. Es así que las desigualdades sociales de género siguen siendo notorias, producto de la desvalorización del trabajo femenino, la discriminación en el trato en el mercado laboral y de las responsabilidades asumidas en el seno familiar. Como el trabajo no remunerado no es considerado un aporte al desarrollo económico y social, generalmente no es tomado en cuenta cuando se diseñan políticas públicas, ni es reconocido para el acceso a la protección social de quienes lo realizan. De ello resulta que las responsabilidades se distribuyen de forma desigual, las oportunidades e incentivos se 17

reparten inequitativamente y las mujeres subsidian de esta manera al mercado y al Estado. Durante el gobierno del Frente Amplio se ha logrado crecer económicamente distribuyendo con mayor equidad, pero no se ha podido disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que promedia el 30%. Los hombres ganan más en cualquier grupo etario, cualquiera sea su nivel de educación, en todo tipo de empleo, tanto en empresas grandes como en pequeñas, aun cuando las mujeres ocupadas presentan niveles educativos mayores que sus pares varones. Los salarios y cargos femeninos están afectados por la existencia de un«techo de cristal», ya que aún subsisten impedimentos para acceder a las jerarquías superiores que limitan el desarrollo de la carrera laboral. En la parte superior de la pirámide salarial los ingresos femeninos se distancian proporcionalmente aún más de los masculinos, es decir que la brecha aumenta en ese nivel. Asimismo, pese a que en nuestro país ha disminuido la desocupación, se mantienen por encima del promedio las tasas de desempleo, subempleo e informalidad femeninas, lo cual afecta fundamentalmente a las mujeres de los hogares pobres y a las jóvenes. Para que esta situación dé un vuelco definitivo, la mayor parte del movimiento feminista analiza la necesidad de una transformación estructural que requiere tanto de la voluntad política para provocarla como de una modificación cultural profunda. Para ello son imprescindibles políticas públicas que se orienten a modificar la división sexual del trabajo tradicional y promuevan la corresponsabilidad. El impulso efectivo del Sistema Nacional de Cuidados permitiría reducir el cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres, situación que no se visualiza como realmente encaminada. Cabe esperar que el Estado pueda asimismo sensibilizar a la población promoviendo costumbres y valores que produzcan un cambio cultural tendiente a reducir la carga 18 del trabajo doméstico. Por otro lado la promoción de políticas de empleo femenino provocaría un aumento del porcentaje de mujeres con ingresos propios, lo que incrementaría el nivel de autonomía de aquellas y disminuiría su vulnerabilidad. A nivel laboral son igualmente esenciales los controles jurídico-laborales para que quienes poseen la misma calificación y realizan igual tarea reciban el mismo ingreso(a igual tarea, igual salario) y desaparezcan la distinción de empleos de varones y de mujeres así como los avisos clasificados de ofertas laborales diferenciados por sexo. Por su parte, los más jóvenes suelen ubicarse en el tramo de ingresos laborales del salario mínimo. Una encuesta en ese grupo etario en el Mercosur antes del 2010 evidenció que el principal problema que enfrentan es su situación laboral. Coinciden también en que la vinculación entre el sistema educativo de su país y el mercado de trabajo es el motivo principal de esa tensión. Los jóvenes que estudian tienen mayores seguridades respecto de su futuro laboral, pero quienes no lo hacen temen la vulnerabilidad y la inestabilidad en el trabajo. Los que no estudian se preocupan por el acceso a la educación y los estudiantes por la calidad de esta. Sería por tanto conveniente desarrollar políticas diferenciadas para aquellos que se encuentran desempleados y para aquellos que, además de estar desempleados, no estudian. Para los del primer grupo, las políticas podrían enfocarse en buscar la forma de retenerlos en el sistema educativo tradicional o en centros de formación de capacidades para el trabajo para facilitarles la transición al mundo laboral. Para los del segundo grupo es importante desarrollar políticas de empleo juvenil ya que la inserción laboral les permite por un lado acceder a la independencia económica y a mejores estándares de vida, y por otro el hecho de trabajar se convierte para ellos en un mecanismo de reconocimiento social y de inclusión.

En gran medida, las trayectorias familiares determinan los resultados en la búsqueda de trabajo de los jóvenes. En Uruguay la principal vía de ingreso al mercado laboral es particularista, es decir, por amistad o conocimiento, más que por métodos universalistas como los avisos o las publicaciones. Por esa razón, la cartera de activos que moviliza una persona tiene mucho valor al momento de ingresar al mundo del trabajo. Esos activos son tres: 1) capital social, que es el cúmulo de relaciones y vínculos de todo tipo que tiene el individuo que conforman redes de solidaridad y amistad; 2) capital económico, que es el que determina la edad de ingreso al mercado laboral, ya que los individuos cuyas familias tienen un alto poder adquisitivo tienden a demorar el ingreso mientras intentan aumentar su capital educativo; 3) capital cultural o educativo, que es el que determina en qué segmento del campo laboral puede insertarse una persona; los que tienen menor capital educativo generalmente se insertan en contextos de trabajo de peor calidad y con menor remuneración. Los efectos de las redes sociales y el acceso y la calidad de la educación se potencian a la hora de encontrar trabajo. El avance y los resultados favorables en el sistema educativo se asocian con posibles buenos logros en el trabajo. Por otro lado, los contactos personales y las recomendaciones son importantes para acceder a empleos atractivos. Por ello un conjunto de organismos tanto estatales como gremiales, del área social, educativa y laboral realizan experiencias conjuntas para revertir las vulnerabilidades de la exclusión social que padecen muchos jóvenes. Son ejemplo de ello la promoción y sensibilización pública sobre trabajo decente juvenil, los programas Projoven y Nexo, experiencia conjunta de intermediación laboral juvenil desarrollada por Dinae( mtss ) e inju (Mides) dirigida a la captación y derivación de jóvenes que buscan trabajo, orientación laboral, seguimiento educativo-laboral y vinculación con el sector empresarial; Yo Estudio y Trabajo, de primera experiencia laboral formal para jóvenes que estudian tanto en educación formal como no formal, y Jóvenes en Red en atención a los que no estudian ni trabajan, particularmente en situaciones de mayor vulnerabilidad asociadas a los contextos de pobreza y exclusión. Se puede concluir que si bien se ha avanzado en los papeles y en propuestas durante los gobiernos progresistas, en la práctica subsisten variadas carencias. Aunque el desempleo se mantiene a nivel estructural, el aumento del empleo femenino y juvenil de calidad en nuestro país implica necesariamente mejorar las calificaciones de la mano de obra actual y futura, compatibilizar el trabajo con los cuidados y las tareas del hogar, armonizar el trabajo con el estudio y seguir reduciendo el número de trabajadores y trabajadoras sin protección social. 19

Apunte 5. Cuando gobiernan los amigos. Los gobiernos de izquierda y el movimiento sindical La reflexión estratégica y la acción del sindicalismo han sido factores claves en la acumulación histórica para el Uruguay de los cambios. Al cabo de casi un cuarto de siglo de ejercicio del gobierno en Montevideo y en los umbrales de un posible tercer gobierno nacional del progresismo, el sindicalismo está nuevamente desafiado. Desde el pasado y desde el futuro. En este momento convergen como desafío las tradiciones virtuosas del pasado y las necesidades de innovación que disparan las nuevas realidades locales y mundiales. Uruguay tiene ante sí la posibilidad de dar un salto de desarrollo con equidad, para lo cual deberá desafiar importantes problemas estructurales. Aunque en el país se están produciendo transformaciones sin antecedentes, este proceso no afecta de la misma manera a todos sus habitantes. La sociedad históricamente hiperintegrada se había comenzado a resquebrajar en la época de la dictadura y la crisis del 2002 terminó de consolidar la fractura social, marginando social y culturalmente a una importante proporción de su población. Se configuró así lo que algunos estudiosos definen como el país divi20 dido en tres partes. 5 A partir de 2005 un conjunto de políticas y de transformaciones en la economía llevadas a cabo por el Frente Amplio provocaron el mejoramiento en términos sociales de los«tres países», promoviendo sobre todo la recuperación del Uruguay más vulnerado. Se inició un proceso de desfragmentación, moderado, en el que el sector excluido no solo disminuyó sino que ha podido integrarse, en parte, a la matriz de protección social. De todas maneras no se ha logrado revincularlo con los otros sectores, ya que las pautas de 5 Desde la década del 90 del siglo pasado se ha establecido, según el sociólogo Fernando Filgueira, un país dividido en tres: un Uruguay vulnerado, otro fuertemente privatizado y un país del«medio». El primero, marginado, se caracteriza por tener muchos niños, poco acceso a derechos, servicios, beneficios, adultos que no participan en el mercado laboral o lo hacen en forma precaria. El segundo es fuertemente privatista, ni envejecido ni infantilizado, formado por sectores de educación medios-altos, generalmente con buena inserción laboral, muy dinámico, relacionado con el mundo y la sociedad de la transformación. El país del«medio» es un país envejecido, vive de los residuos del viejo Estado social, mantuvo las protecciones básicas del sistema de salud y educación pública, no está tan mal económica y socialmente como el primero ni tan bien como el tercero, y sus adultos tienen empleo formal, con salarios medios y medios-bajos o son jubilados y pensionistas.

convivencia de toda la sociedad cambiaron, se quebraron antiguos códigos. Se le suma a ello no haber podido revertir la segregación espacial, cuyos efectos se sienten no solo en la falta de interacción social sino también en el ordenamiento territorial y en el uso que se les da a los servicios públicos. Si bien el gobierno actual tiene niveles de aprobación importantes para la historia política uruguaya, se han suscitado problemas al responder a las nuevas demandas, y un amplio espectro de frenteamplistas defienden de manera menos espontánea las políticas aplicadas por su propio gobierno, situación que se ve amplificada en lo relativo a la gestión local en algunos departamentos como Montevideo. Se percibe un reclamo cada vez más fuerte de la sociedad civil de que el sistema político contemple las realidades y demandas locales tanto en lo departamental como en lo regional. Parece imprescindible rediscutir las correspondientes agendas, debatir profundamente no solo la gestión, sino el papel de los variados actores políticos y sociales en los diferentes niveles, estimulando la creatividad, proponiendo soluciones diferentes y demostrando en la práctica que es posible ser exitoso con soluciones acordes a cada realidad. El Frente Amplio recuperó protagonismo como actor político a partir de la elección interna de mayo del 2012, pero todavía no logró resolver sus dificultades para armonizar con un gobierno de su mismo signo, situación percibida en general por la población. Si el debate de las fuerzas progresistas se centra en la gestión y no en un programa de izquierda que muestre un cuerpo de ideas coherente con su ideología, queda cuestionada la posibilidad de que la fuerza de izquierda gane nuevamente el gobierno nacional. A nivel local, es necesario analizar los impactos disímiles del proyecto nacional en los distintos territorios así como el balance de poderes de los gobiernos departamentales frenteamplistas con respecto al gobierno nacional del propio partido. Uno de los problemas que se produjeron al asumir el segundo gobierno frenteamplista fue la migración de los recursos humanos experientes de los departamentos en donde el Frente Amplio había ganado las elecciones con la justificación de asumir las tareas correspondientes al gobierno nacional. Un desafío fue incorporar a la promesa de gestión los temas más tradicionales de la agenda local—limpieza, luminaria, tránsito, entre otros—, pero con visión y discurso progresistas. Esto supuso una atención distinta a las realidades y demandas que ya no estaban centradas en Montevideo y con respecto a las cuales se debía considerar la vinculación con las fuerzas vivas locales que contaban con una formación y un discurso diferentes del capitalino tradicional. En el caso del pit cnt , a lo largo de la historia de la central única el movimiento sindical se ha transformado en algo más que un movimiento social, se ha integrado al sistema político uruguayo como un actor político-ideológico caracterizado por sostener posiciones propias, hermanadas o aliadas de las interpretaciones de la izquierda política. Por tanto la central, además de ser una organización reivindicativa que defiende los intereses económicos y de condiciones laborales de los trabajadores, procuró ampliar su perspectiva analizando y tomando posición respecto de los tipos deseables de desarrollo del país, los diferentes proyectos políticos democráticos, la soberanía nacional y el relacionamiento internacional, entre otros. Se comprometió tanto con la temática política como con la reivindicativa buscando, en el momento de decidir, el difícil equilibrio entre la autonomía social y el posicionamiento ideológico. En el período en que la fuerza política de izquierda se encontraba en la oposición, mientras la cúpula de la central cumplía el rol de voz pública y política de la organización, las direcciones sindicales se dedicaban a la lucha reivindicativa habitual; se buscaba armonizar las demandas sectoriales con los objetivos colectivos. 21

Al asumir el Frente Amplio el gobierno, muchos integrantes de aquellas dirigencias sindicales pasaron a tener responsabilidades en la gestión estatal. En la actualidad otro grupo de militantes sindicales que participaban desde la época de la dictadura se encuentra en retirada, mientras se produce al mismo tiempo un fuerte impulso en la incorporación de trabajadores antes no sindicalizados, especialmente aquellos del sector privado. Por ello se advierte en la actualidad un empoderamiento del movimiento sindical, con nuevas pautas de acción colectiva, mientras se van transformando los modos de hacer política y específicamente cambia el tipo de militancia social, sindical y política. En este último período, el movimiento sindical organizado, aunque apoyó y no entregó las banderas del proyecto de largo plazo a la fuerza política gobernante, se concentró más en las reivindicaciones específicas laborales o sectoriales. Faltan en la actualidad los vasos comunicantes entre la sociedad, los sindicatos y los partidos, entre otras causas, por la caída de los paradigmas. Es por esa razón que se ha perdido el vínculo entre la lucha reivindicativa y los temas programáticos, como la reforma del Estado, la vivienda, la salud y la educación. Se han descuidado también las líneas de transmisión entre los dirigentes de la cúpula sindical y las bases. Se produjo una ruptura en la forma de comunicación entre los«viejos dirigentes» y los nuevos militantes, a la vez que se ha producido un cambio en las formas culturales de los actuales dirigentes. El movimiento sindical uruguayo era señalado como un caso singular en el contexto de sus pares latinoamericanos, dada su desconfianza respecto a la inscripción corporativa dentro del poder estatal. Hoy esa posición está siendo desafiada; se señala además que la apetencia de poder y la corrupción no son potestades de la derecha y se cuestiona la excesiva profesionalización de los sindicalistas. En esta circunstancia se anotan indicios de pérdida de la imagen histórica del dirigente y 22 del sindicalismo tanto entre sus afiliados como en la sociedad toda, con lo que se deteriora esa apreciación sobre todo en algunos tramos que antaño los respaldaban mayoritariamente, como los sectores medios urbanos montevideanos. En la percepción de la población se produjo una fuerte mimetización de todo el movimiento con el conjunto de gremios del sector público, señalados como«malamente» corporativizados. Se vislumbra entonces como una necesidad que el movimiento sindical considere seriamente a la opinión pública, incorporando lógicas de opinión. Asimismo es evidente la falta de recambio generacional, ya que no se está produciendo un proceso de acumulación de calidad, sino solamente de cantidad. Nuestro país necesita un movimiento sindical fértil, productivo, además de mayor numéricamente, para seguir avanzando en un proyecto progresista. Un Uruguay que se modifica necesita actores sociales, políticos y sindicales renovados en su forma de pensarse a sí mismos y de pensar la sociedad. Ni la fuerza política de izquierda ni el movimiento sindical se reformaron a la velocidad y profundidad que exigen las circunstancias cambiantes. Muestra de ello es la realidad que viven tanto los jóvenes como las mujeres sindicalistas. Los jóvenes acotan que sería necesario aportar a los adultos una visión más fresca, un cambio del lenguaje, y se quejan de la falta de contención e información cuando se afilian a un sindicato. Si bien se ha creado el Departamento de Jóvenes del pit cnt con el objetivo de capacitar a los militantes, la mayoría de las comisiones juveniles de los sindicatos no tienen funciones precisas ni temas que tratar y no se ha definido el poder y peso que tienen. En el caso de las mujeres, en el año 2003 el VIII Congreso del pit cnt tomó una decisión histórica al aprobar una resolución a favor de la cuotificación, por la que no menos de 30% de trabajadores del mismo sexo deben encontrarse en cargos de dirección, y también se definieron cupos de formación y

de negociación colectiva. Pero la práctica es muy distinta, si las mujeres uruguayas están claramente subrepresentadas en los distintos ámbitos de toma de decisiones, lo mismo sucede en la central sindical. Los hombres son responsables de 13 de las 14 secretarías ejecutivas y departamentos, la única mujer es la coordinadora del Departamento de Género, Equidad y Diversidad. En este marco se anota que a la dirigencia sindical se le presenta un reto inédito, puesto que, sin ser indiferente a la ideología, el movimiento obrero debería volver a asumir un rol desafiante a favor de una nueva agenda. La encrucijada entre la obsecuencia(con el gobierno) para seguir siendo parte del«bloque de poder» o aportar al debate crítico de ideas para ampliar la agenda política no parece dar cuenta de la densidad de los desafíos contemporáneos. Un movimiento social de izquierda no puede desentenderse de la suerte electoral del progresismo, tampoco puede ser indiferente a la orientación programática dominante en el progresismo, y menos aún a los niveles de eficiencia y eficacia, a la ética pública de la burocracia estatal del tiempo progresista. Es decir, nada de lo que suceda podrá quedar fuera del foco de interés, opinión e intervención de los sindicalistas de izquierda. Porque el rol y la orientación del sindicalismo siempre es un territorio de disputa, y en esta época influye(o no) sobre aspectos cruciales del futuro de la sociedad. 23

ANALISIS Y PROPUESTAS OTROS TITULOS N elson V illarreal L iliana P ertuy G erardo C aetano G erardo C aetano M arcel V aillant Á lvaro P adrón H ugo G andoglia R ubén G eneyro G erardo C aetano G abriel P apa N elson V illarreal C ecilia A lemany B eatriz L eandro 	D aniel C hasquetti 	C ecilia A lemany B eatriz L eandro R afael S anseviero R afael S anseviero G erardo C aetano M arcelo P ereira 	E rnst H illebrand J orge L anzaro N icolás A mbrosi A bel O roño J uan M anuel R odríguez D aniel O lesker E duardo B onomi La larga marcha hacia la igualdad social Hacia una nueva ley de negociación colectiva ¿Nuevas? estrategias de relacionamiento entre empresarios y gobierno Los retos de una nueva institucionalidad para el Mercosur ¿Qué Mercosur necesita Uruguay? ¿Qué Uruguay necesita el Mercosur? Desafíos institucionales del Mercosur Mercociudades: una apuesta al Mercosur Apuntes y propuestas para una reforma parlamentaria en el Uruguay La herencia del neoliberalismo en América Latina y los márgenes de maniobra de los gobiernos progresistas Los progresistas y las estrategias de desarrollo social a mediano y largo plazo Análisis y propuestas para la participación ciudadana en el Mercosur El Mercosur y las ciudades Análises e propostas para a participação cidadã no Mercosul El Estado y las organizaciones sociales Atemorizados y armados Parlamento regional y sociedad civil en el proceso de integración. ¿Una nueva oportunidad para«otro» Mercosur? Ser y parecer La izquierda en América Latina y Europa: nuevos procesos, nuevos dilemas Espacio Frontera, jóvenes de izquierda en reflexión, análisis y construcción política Del G-8 al G-19: la izquierda en los gobiernos Dirigentes sindicales de ayer y de hoy ante el desafío progresista

FRIEDRICH EBERT